26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/1

(1)

El fraude fiscal en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (IVA) provoca pérdidas presupuestarias considerables y afecta a las condiciones de competencia y, por ende, al funcionamiento del mercado interior. Recientemente, han surgido modalidades específicas de fraude fiscal repentino y masivo, especialmente a través de la utilización de medios electrónicos, que facilitan el comercio ilícito rápido a gran escala.

(2)

La Directiva 2006/112/CE (3) autoriza a los Estados miembros a solicitar excepciones a lo dispuesto en la Directiva para impedir ciertos tipos de evasión o elusión fiscal.

(3)

La experiencia reciente ha demostrado que el procedimiento previsto en el artículo 395 de la Directiva 2006/112/CE no permite responder con suficiente prontitud a las solicitudes de medidas urgentes presentadas por los Estados miembros.

(4)

La experiencia ha demostrado también que la designación del destinatario como deudor del IVA (inversión del sujeto pasivo) es en ciertos casos una medida efectiva para atajar el fraude en el ámbito del IVA en determinados sectores.

(5)

Las disposiciones sobre inversión del sujeto pasivo, recogidas en los artículos 199 y 199 bis de la Directiva 2006/112/CE, no ofrecen a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para responder con rapidez a fenómenos de fraude repentino y masivo en relación con categorías de bienes y servicios excluidos del ámbito de aplicación de dichos artículos. Es necesario por ello establecer disposiciones específicas que permitan hacer frente a esas circunstancias.

(6)

El examen de los fraudes masivos que se han registrado indica que la mejor manera de garantizar una respuesta rápida y excepcional a nuevos casos de fraude repentino es una medida especial que instaure un mecanismo de reacción rápida en virtud del cual el Estado miembro interesado tenga la opción de aplicar durante un breve periodo una inversión del sujeto pasivo, tras haber realizado la notificación correspondiente. Para garantizar que el ejercicio de esta opción es una solución proporcionada al problema, la Comisión, una vez obtenida la información pertinente, debe disponer de un breve periodo para evaluar la notificación y confirmar si se opone o no a la medida especial. Los demás Estados miembros deben tener ocasión de expresar sus opiniones para que la Comisión pueda tenerlas en cuenta, por lo que deben ser plenamente informados de la notificación y de cualquier información adicional facilitada durante este proceso. Además, debe ser el Consejo quien decida después sobre cualquier aplicación ulterior de la inversión del sujeto pasivo, mediante una decisión de ejecución en virtud del artículo 395 de la Directiva 2006/112/CE.

(7)

Los Estados miembros que hayan notificado su intención de aplicar la medida especial de instauración del mecanismo de reacción rápida pueden aplicarla una vez que la Comisión haya notificado que no formulará objeciones.

(8)

A fin de posibilitar la aplicación ulterior de la inversión del sujeto pasivo, debe establecerse lo antes posible, y antes de que caduque la medida especial de instauración del mecanismo de reacción rápida, un plazo más corto para el procedimiento previsto en el artículo 395 de la Directiva 2006/112/CE.

(9)

La tramitación rápida de las notificaciones de los Estados miembros se verá facilitada si se establece un formulario normalizado para ellas y para la presentación de información adicional a la Comisión en el contexto del mecanismo de reacción rápida. Deben conferirse por tanto a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta al formulario normalizado.

(10)

Dado que todo mecanismo de reacción rápida ha de ser necesariamente una solución a corto plazo, en espera de soluciones legislativas más duraderas que den al sistema del IVA mayor resistencia ante casos de fraude en el ámbito de este impuesto, el mecanismo de reacción rápida debe aplicarse solo durante un periodo de tiempo limitado.

(11)

Para poder valorar la eficacia del mecanismo de reacción rápida, la Comisión debe preparar un informe global de evaluación del efecto del mecanismo en la lucha contra los casos de fraude repentino y masivo.

(12)

Habida cuenta de que el objetivo de la acción prevista, a saber, combatir los fenómenos de fraude repentino y masivo en el ámbito del IVA —fenómenos que muy a menudo tienen dimensión internacional—, no puede ser alcanzado de forma suficiente por los Estados miembros, ya que estos últimos no están en condiciones de hacer frente a título individual a los circuitos de fraude vinculados con nuevas formas de comercio que afectan simultáneamente a varios países, y de que dicho objetivo puede por tanto lograrse de forma más eficaz a escala de la Unión, puesto que esta garantiza una respuesta más rápida y por consiguiente más efectiva y apropiada ante los fenómenos mencionados, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad, tal como establece el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(13)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.

1)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 199 ter

1.   Todo Estado miembro podrá, en casos de urgencia imperiosa y de conformidad con los apartados 2 y 3, designar al destinatario de determinadas entregas de bienes o prestaciones de servicios como deudor del IVA que grave dichas entregas o prestaciones, no obstante lo dispuesto en el artículo 193, como medida especial de instauración de un mecanismo de reacción rápida para combatir modalidades de fraude repentino y masivo que puedan generar pérdidas económicas significativas e irreparables.

El Estado miembro someterá la medida especial a los oportunos controles por lo que respecta a los sujetos pasivos que entreguen los bienes o presten los servicios a los que esta se aplique, y la mantendrá en vigor por un periodo que no exceda de nueve meses.

2.   Cuando un Estado miembro desee adoptar una medida especial como la contemplada en el apartado 1, enviará una notificación a la Comisión empleando el formulario normalizado establecido de conformidad con el apartado 4, remitiendo dicha notificación simultáneamente a los demás Estados miembros. El Estado miembro deberá facilitar a la Comisión información relativa al sector afectado, el tipo y las características del fraude observado, la existencia de motivos imperiosos de urgencia, el carácter repentino y masivo del fraude y sus consecuencias en cuanto a la generación de pérdidas económicas significativas e irreparables. En caso de que la Comisión considere que no dispone de toda la información necesaria, se pondrá en contacto con el Estado miembro en cuestión en un plazo de dos semanas a partir de la recepción de la notificación, especificando la información adicional que requiere. Toda información adicional facilitada por dicho Estado miembro a la Comisión se remitirá al mismo tiempo a los demás Estados miembros. Si la información adicional facilitada no resulta suficiente, la Comisión informará de ello al Estado miembro interesado en el plazo de una semana.

El Estado miembro que desee adoptar una medida especial como la contemplada en el apartado 1 enviará al mismo tiempo a la Comisión una solicitud con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 395, apartados 2 y 3.

3.   Una vez que la Comisión tenga toda la información que considere necesaria para evaluar la notificación mencionada en el párrafo primero del apartado 2, lo comunicará al Estado miembro. En caso de que se oponga a la medida especial, la Comisión emitirá un dictamen negativo en un plazo de un mes a partir de dicha comunicación e informará de ello al Estado miembro interesado y al Comité del IVA. Si la Comisión no se opone a la medida, lo confirmará por escrito al Estado miembro interesado y al Comité del IVA dentro del mismo plazo. El Estado miembro podrá adoptar la medida especial a partir de la fecha de recepción de esa confirmación. Al evaluar la notificación la Comisión tendrá en cuenta las opiniones que cualquier otro Estado miembro le haya comunicado por escrito.

4.   La Comisión adoptará un acto de ejecución en el que se establezca un formulario normalizado para la presentación de la notificación relativa a la medida especial contemplada en el apartado 2 y de la información contemplada en el párrafo primero de dicho apartado. Este acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el apartado 5.

5.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), y el comité competente será el establecido en el artículo 58 del Reglamento (UE) no 904/2010 del Consejo (5).

2)

En el artículo 395 se inserta el apartado siguiente:

«5.   En los casos de urgencia imperiosa a que se refiere el artículo 199 ter, apartado 1, el procedimiento establecido en los apartados 2 y 3 deberá concluirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la Comisión haya recibido la solicitud.».

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/4

(1)

La Directiva 2006/112/CE del Consejo (3) especifica que cualquier sujeto pasivo que realice entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto sobre el valor añadido (IVA) estará obligado al pago del impuesto. No obstante, cuando se trate de operaciones transfronterizas y en el caso de determinados sectores nacionales de elevado riesgo, está previsto el traspaso de la obligación de pagar el IVA a la persona destinataria de la entrega o prestación (mecanismo de inversión del sujeto pasivo).

(2)

Dada la gravedad del fraude en el ámbito del IVA, procede permitir que los Estados miembros apliquen, con carácter temporal, un mecanismo en virtud del cual la obligación de pagar el IVA se traspase a la persona destinataria de la entrega de bienes o prestación de servicios en relación con determinadas categorías de bienes y servicios, aun cuando dichas categorías no estén enumeradas en el artículo 199 de la Directiva 2006/112/CE ni sean objeto de excepciones específicas que los Estados miembros hayan sido autorizados a establecer.

(3)

Para ello, la Comisión presentó en 2009 una propuesta en la que se enumeraban los bienes y servicios a los que durante un período limitado se podría aplicar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. El Consejo optó por separar la propuesta en dos partes y adoptó la Directiva 2010/23/UE del Consejo (4) limitada a los derechos de emisión de gases de efecto invernadero únicamente ya que la situación del fraude en ese sector exigía una reacción inmediata. Simultáneamente, el Consejo asumió el compromiso político de continuar negociando la parte restante de la propuesta de la Comisión.

(4)

Desde entonces, se han producido fraudes en otros sectores, por lo que conviene añadir nuevos bienes y servicios a la parte restante de la propuesta inicial de la Comisión en lo que se refiere a la lista predefinida de bienes y servicios a los que podría aplicarse el mecanismo de inversión del sujeto pasivo. En particular, se ha advertido que se han producido fraudes en relación con el suministro de gas y de electricidad, los servicios de telecomunicaciones, las consolas de videojuegos, los ordenadores portátiles y las tabletas digitales, los cereales, los cultivos industriales como las semillas oleaginosas y la remolacha azucarera, y metales en bruto y los metales semiacabados, incluidos los metales preciosos.

(5)

La introducción de un mecanismo de este tipo, dirigido de forma selectiva a las mencionadas categorías de bienes y servicios —que, según la experiencia reciente, son particularmente vulnerables al fraude—, en lugar de un mecanismo de aplicación general, no debe ir en detrimento de los principios fundamentales del sistema del IVA, tales como el pago fraccionado.

(6)

La lista predefinida, dentro de la cual pueden elegir los Estados miembros, debe limitarse a las entregas de bienes y prestaciones de servicios que, según la experiencia reciente, son especialmente susceptibles de fraude.

(7)

Los Estados miembros que apliquen el mecanismo de inversión del sujeto pasivo pueden establecer de manera discrecional las condiciones de su aplicación, incluido el establecimiento de umbrales, las categorías de proveedores o de destinatarios a las que puede aplicarse el mecanismo y la aplicación parcial del mecanismo dentro de cada categoría.

(8)

Dado que todo mecanismo de inversión del sujeto pasivo es una solución a corto plazo, en espera de soluciones legislativas más duraderas que den al sistema del IVA mayor resistencia ante casos de fraude en el ámbito de este impuesto, el mecanismo de inversión del sujeto pasivo establecido en virtud del artículo 199 bis de la Directiva 2006/112/2006 debe aplicarse solo durante un periodo limitado

(9)

Para garantizar que el mecanismo de inversión del sujeto pasivo pueda aplicarse durante un período suficientemente largo como para resultar eficaz y permitir su evaluación posterior, es necesario ampliar el plazo actual de 30 de junio de 2015. De igual modo, deben posponerse la fecha prevista para el período de evaluación y la fecha final del período durante el cual debe informarse del desplazamiento de las actividades fraudulentas.

(10)

Con vistas a ofrecer a todos los Estados miembros la opción de aplicar el mecanismo de inversión del sujeto pasivo como queda expuesto, es precisa una modificación específica de la Directiva 2006/112/CE.

(11)

Dado que el objetivo de la acción propuesta, a saber, luchar contra el fraude en el IVA a través de medidas temporales que constituyen una excepción a las normas de la Unión vigentes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel de la Unión, ésta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(12)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.

1)

En el artículo 193, la referencia a los «artículos 194 a 199» se sustituye por una referencia a los «artículos 194 a 199 ter».

2)

El artículo 199 bis se modifica como sigue:

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/7

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/8

(1)

Es competencia del Consejo establecer el total admisible de capturas (TAC) por pesquería o grupo de pesquerías. Las posibilidades de pesca deben distribuirse entre los Estados miembros de tal modo que se garantice la estabilidad relativa de las actividades pesqueras de cada Estado miembro con respecto a todas las poblaciones o grupos de poblaciones de peces y atendiendo a los objetivos de la política pesquera común establecidos en el Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo (1).

(2)

En aras de la simplificación y de una gestión adecuada de la población de anchoa, procede que, en lo que respecta a la población de anchoa del Golfo de Vizcaya (subzona CIEM VIII), el período de gestión para el que se fijan el TAC y las cuotas de los Estados miembros sea una campaña anual comprendida entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente y no un año civil. La pesquería debe, sin embargo, seguir sujeta a las disposiciones generales del Reglamento (UE) no 39/2013 del Consejo (2) en lo que respecta a las condiciones de uso de las cuotas.

(3)

El TAC de anchoa del Golfo de Vizcaya para la campaña de pesca 2013/2014 debe establecerse sobre la base de los dictámenes científicos disponibles, teniendo en cuenta los aspectos biológicos y socioeconómicos y garantizando un trato justo a los sectores de la pesca.

(4)

A fin de prever una gestión plurianual de la población de anchoa del Golfo de Vizcaya, el 29 de julio de 2009, la Comisión presentó una propuesta de reglamento para establecer un plan a largo plazo para la población de anchoa del Golfo de Vizcaya y las pesquerías de esta población. Considerando que la evaluación de impacto en la que se basa la propuesta constituye la evaluación de impacto más reciente de las decisiones relativas a la gestión de la población, procede fijar un TAC adecuado para la anchoa en el Golfo de Vizcaya. El dictamen emitido por el Comité Científico, Técnico y Económico de la pesca (CCTEP) en julio de 2013 calculaba que la biomasa reproductora de la población era de aproximadamente 56 055 toneladas. A la luz de la última evaluación disponible del impacto que tienen en la población las decisiones de gestión, el TAC para la campaña de pesca que abarca desde el 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014 debe fijarse en 17 100 toneladas.

(5)

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 847/96 del Consejo (3), es necesario determinar en qué medida la población de anchoa del Golfo de Vizcaya está sujeta a las medidas previstas en dicho Reglamento.

(6)

Habida cuenta del inicio de la campaña de pesca 2013/2014 y a los efectos del informe anual de capturas, el presente Reglamento debe entrar en vigor lo antes posible después de su publicación, y ha de aplicarse a partir del 1 de julio de 2013.

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/10

(1)

El 10 de diciembre de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) no 1169/2012 (2) por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001, el cual establece una lista actualizada de personas, grupos y entidades a los que se aplica el Reglamento de Ejecución (CE) no 2580/2001.

(2)

El Consejo expuso a todas las personas, grupos y entidades para quienes fue posible hacerlo los motivos que explican su inclusión en la lista que figura en el Reglamento de Ejecución (UE) no 1169/2012.

(3)

Mediante notificación publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Consejo informó a las personas, grupos y entidades que se enumeran en el Reglamento de Ejecución (UE) no 1169/2012 de su decisión de mantenerlos en la lista. El Consejo también informó a las personas, grupos y entidades afectados de la posibilidad de solicitar una exposición de los motivos del Consejo para incluirlos en la lista, en caso de que aún no se les hubiera comunicado.

(4)

El Consejo ha procedido a una revisión completa de la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica el Reglamento (CE) no 2580/2001, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, de dicho Reglamento. Al hacerlo, ha tenido en cuenta las observaciones que presentaron al Consejo las partes afectadas.

(5)

El Consejo ha concluido que las personas, grupos y entidades que se enumeran en el anexo del presente Reglamento han intervenido en actos terroristas a tenor del artículo 1, apartados 2 y 3, de la Posición Común 2001/931/PESC del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (3), que una autoridad competente en el sentido del artículo 1, apartado 4, de dicha Posición Común ha adoptado una decisión al respecto, y que se les deben seguir aplicando las medidas restrictivas específicas establecidas en el Reglamento (CE) no 2580/2001.

(6)

El Consejo ha establecido además que otro grupo ha intervenido en actos terroristas a tenor del artículo 1, apartados 2 y 3, de la Posición Común 2001/931/PESC; que una autoridad competente en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la citada Posición Común ha adoptado una decisión a su respecto, y que dicho grupo debe añadirse a la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la misma Posición Común. La decisión de mencionar al grupo no afecta a las transferencias financieras legítimas al Líbano ni al suministro de asistencia, incluida la asistencia humanitaria, de la Unión Europea y sus Estados miembros en Líbano.

(7)

La lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica el Reglamento (CE) no 2580/2001 debe actualizarse en consecuencia y el Reglamento de Ejecución (UE) no 1169/2012 debe derogarse.

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/14

(1)

Una evaluación realizada en relación con varios flujos de residuos concluye que para los mercados del reciclado de chatarra de cobre sería beneficioso que se elaboraran criterios específicos para determinar cuándo la chatarra de cobre obtenida de residuos deja de ser residuo. Esos criterios deben garantizar un nivel elevado de protección del medio ambiente y no impedir que la chatarra de cobre valorizada pueda clasificarse como residuo en terceros países.

(2)

Una serie de informes del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ha puesto de manifiesto que existe mercado y demanda de chatarra de cobre para su utilización como materia prima en la industria de producción de metales no férreos. La chatarra de cobre debe, por tanto, ser suficientemente pura y cumplir las normas y especificaciones que exige la industria de la producción de metales no férreos.

(3)

Los criterios para determinar cuándo la chatarra de cobre deja de ser residuo deben garantizar que ese tipo de chatarra resultante de una operación de valorización cumpla los requisitos técnicos de la industria de la producción de metales no férreos, así como la legislación y las normas vigentes aplicables a los productos, y no dé lugar a impactos globales negativos para el medio ambiente o la salud humana. En informes del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea se demuestra que los criterios propuestos en relación con los residuos utilizados como materia prima en la operación de valorización y con los procesos y técnicas de tratamiento, así como en relación con la chatarra de cobre resultante de la operación de valorización, cumplen esos objetivos, ya que deben conducir a la producción de chatarra de cobre sin características peligrosas y suficientemente exenta de metales distintos del cobre y de compuestos no metálicos.

(4)

Para garantizar el cumplimiento de los criterios, conviene prever la publicación de información sobre la chatarra de cobre que ha dejado de ser residuo y la aplicación de un sistema de gestión.

(5)

Puede resultar necesario revisar los criterios si, tras seguir la evolución de las condiciones de mercado para la chatarra de cobre, se observan efectos adversos sobre lo mercados del reciclado de ese tipo de chatarra, en particular por lo que se refiere a su disponibilidad y acceso.

(6)

Para que los operadores puedan adaptarse a los criterios que determinan cuándo la chatarra de cobre deja de ser residuo, conviene prever que transcurra un período de tiempo razonable antes de que sea aplicable el presente Reglamento.

(7)

El Comité establecido en virtud del artículo 39 de la Directiva 2008/98/CE no emitió ningún dictamen sobre las medidas previstas en el presente Reglamento y, por consiguiente, la Comisión presentó al Consejo una propuesta en relación con las medidas que deben adoptarse y la transmitió al Parlamento Europeo. El Consejo no se pronunció en el plazo de dos meses contemplado en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (2), y en consecuencia la Comisión presentó sin demora la propuesta al Parlamento Europeo. Este no se opuso a las medidas en el plazo de cuatro meses desde la fecha de la citada transmisión.

1)

«chatarra de cobre», la chatarra compuesta principalmente por cobre y aleaciones de cobre;

2)

«poseedor», la persona física o jurídica que posee la chatarra de cobre;

3)

«productor», el poseedor que transfiere chatarra de cobre a otro poseedor por primera vez como chatarra de cobre que ha dejado de ser residuo;

4)

«importador», la persona física o jurídica establecida en la Unión que introduce en el territorio aduanero de la Unión chatarra de cobre que ha dejado de ser residuo;

5)

«personal cualificado», el personal cualificado por su experiencia o formación para controlar y evaluar las propiedades de la chatarra de cobre;

6)

«inspección ocular», la inspección de todas las partes de un envío de chatarra de cobre utilizando los sentidos humanos o cualquier equipo no especializado;

7)

«envío», un lote de chatarra de cobre que un productor destina a otro poseedor y que puede estar contenido en una o varias unidades de transporte, por ejemplo contenedores.

1)

la chatarra de cobre resultante de la operación de valorización cumple los criterios establecidos en la sección 1 del anexo I;

2)

el residuo utilizado como materia prima en la operación de valorización cumple los criterios establecidos en la sección 2 del anexo I;

3)

el residuo utilizado como materia prima en la operación de valorización se ha tratado de conformidad con los criterios establecidos en la sección 3 del anexo I;

4)

el productor ha satisfecho los criterios establecidos en los artículos 4 y 5.

a)

control de la calidad de la chatarra de cobre resultante de la operación de valorización como se establece en la sección 1 del anexo I (muestreo y análisis incluidos);

b)

efectividad del control de las radiaciones como se establece en la sección 1.5 del anexo I;

c)

control de la admisión de los residuos utilizados como materia prima en la operación de valorización como se establece en la sección 2 del anexo I;

d)

supervisión del proceso y las técnicas de tratamiento descritas en la sección 3.3 del anexo I;

e)

observaciones de los clientes sobre el cumplimiento de los requisitos de calidad de la chatarra de cobre;

f)

registro de los resultados de los controles realizados con arreglo a las letras a) a d);

g)

revisión y perfeccionamiento del sistema de gestión;

h)

formación del personal.

a)

* Código NACE 38 (Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; valorización), o

b)

* Código NACE 24 (Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones), incluyendo, especialmente, el subcódigo 24.44 (Producción de cobre).

a)

bien por un organismo de acreditación que, en relación con esta actividad, haya superado con éxito una evaluación por pares a cargo del organismo reconocido en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 765/2008;

b)

bien por un verificador medioambiental que esté acreditado o autorizado por un organismo de acreditación o autorización con arreglo al Reglamento (CE) no 1221/2009 que también esté sujeto a una evaluación por pares con arreglo al artículo 31 de ese Reglamento.

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/21

(1)

A fin de aclarar determinadas disposiciones del Reglamento (CE) no 110/2008 y garantizar su aplicación uniforme en los Estados miembros, conviene adoptar disposiciones específicas, en particular en lo que se refiere al empleo de términos compuestos, alusiones, denominaciones de venta e indicaciones geográficas de la presentación de bebidas espirituosas.

(2)

De conformidad con el artículo 10, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 110/2008, una bebida espirituosa u otro producto alimenticio pueden, en determinadas condiciones, llevar en su presentación un término compuesto que incluya el nombre de una de las categorías enumeradas en el anexo II del Reglamento (CE) no 110/2008 o una de las indicaciones geográficas enumeradas en el anexo III de dicho Reglamento, o llevar una o varias alusiones que incluyan una o varias de estas categorías o indicaciones geográficas. Con el fin de garantizar una utilización uniforme de términos compuestos y alusiones en los Estados miembros, es necesario establecer normas detalladas de su utilización para la presentación de las bebidas espirituosas y otros productos alimenticios.

(3)

Cuando se haga referencia a una determinada bebida espirituosa en la presentación de un producto alimenticio, la bebida espirituosa deberá cumplir plenamente lo establecido en el Reglamento (CE) no 110/2008 y no estar diluida. Es necesario aclarar el significado del término «dilución» en las bebidas espirituosas, dado que algunos procesos de fabricación no deben considerarse dilución.

(4)

A fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones para el registro de indicaciones geográficas que se establecen en el Reglamento (CE) no 110/2008, las solicitudes de registro deben ser examinadas por la Comisión y es preciso establecer disposiciones de aplicación detalladas en relación con los procedimientos de solicitud, examen, oposición y cancelación de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas. Con objeto de asegurar la aplicación uniforme de esas normas, conviene preparar modelos de la solicitud de registro, el expediente técnico, la declaración de oposición, la modificación del expediente técnico y la cancelación de una indicación geográfica.

(5)

Para facilitar la comunicación entre la Comisión y los Estados miembros y terceros países en relación con las denominaciones geográficas registradas, es conveniente que los Estados miembros y los terceros países comuniquen a la Comisión las especificaciones principales de los expedientes técnicos de sus indicaciones geográficas, junto con los expedientes técnicos completos.

(6)

Las restricciones relativas al envasado de una bebida espirituosa con una indicación geográfica, tales como la obligación de envasar la bebida espirituosa en una zona geográfica definida, constituyen restricciones a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios. Estas restricciones solo deben autorizarse si son necesarias, proporcionadas y convenientes para proteger la reputación de la indicación geográfica.

(7)

Es necesario establecer un símbolo de la Unión para las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas con el fin de que el consumidor pueda identificar determinadas bebidas espirituosas cuyas características están relacionadas con el origen de las bebidas.

(8)

Teniendo en cuenta el tiempo que necesitan los Estados miembros para aplicar las medidas relativas a la utilización de los términos compuestos y las alusiones, conviene posponer la aplicación de dichas medidas.

(9)

Las medidas establecidas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Bebidas Espirituosas.

a)

la utilización de términos compuestos y alusiones a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (CE) no 110/2008 para la designación, presentación y etiquetado de un producto alimenticio;

b)

las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas a que se refiere el artículo 15 del Reglamento (CE) no 110/2008 y la utilización de un símbolo de la Unión para las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas.

a)

el formulario de solicitud, según el modelo que figura en el anexo I del presente Reglamento;

b)

el expediente técnico, según el modelo que figura en el anexo II del presente Reglamento;

c)

las especificaciones principales del expediente técnico contemplado en la letra b).

a)

la prueba de la protección en los terceros países de que se trate, y

b)

un documento de cada uno de los otros terceros países en el que se autorice al tercer país que presenta la solicitud a actuar en su nombre.

a)

la prueba de la protección en los terceros países de que se trate, y

b)

un documento, de cada uno de los Estados miembros o terceros países considerados en el que se autorice a la parte que presenta la solicitud a actuar en su nombre.

a)

el número de expediente;

b)

el nombre que va a registrarse;

c)

el número de páginas recibidas;

d)

la fecha de recepción de la solicitud.

a)

el número de expediente;

b)

el número de páginas recibidas;

c)

la fecha de recepción de la declaración de oposición.

a)

el número de expediente;

b)

el número de páginas recibidas, y

c)

la fecha de recepción de la solicitud.

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/31

(1)

El Reglamento (UE) no 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y de la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a determinadas muestras y unidades exentas de los controles veterinarios en la frontera en virtud de la misma (2), dispone que los envíos de subproductos animales y productos derivados para su importación en la Unión o tránsito por ella deben ir acompañados de certificados sanitarios conformes a los modelos que figuran en su anexo XV.

(2)

En algunos modelos de certificado que figuran en el anexo XV del Reglamento (UE) no 142/2011 se dispone que el veterinario oficial debe certificar el cumplimiento de las normas sobre bienestar de los animales que establece la Directiva 93/119/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1993, relativa a la protección de los animales en el momento de su sacrificio o matanza (3).

(3)

El Reglamento (CE) no 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza (4), derogó y sustituyó a la Directiva 93/119/CE. El Reglamento (CE) no 1099/2009 es aplicable desde el 1 de enero de 2013.

(4)

En aras de la claridad, es preciso actualizar las declaraciones sobre el bienestar de los animales en los modelos de certificados veterinarios que figuran en el capítulo 3, letra D; en el capítulo 3, letra F, punto II.1.3, letra b), inciso iv); y en el capítulo 8, punto II.2.2, letra b), inciso iv) del anexo XV del Reglamento (UE) no 142/2011.

(5)

Para evitar cualquier perturbación del comercio, debe autorizarse durante un período transitorio el uso de los certificados expedidos de conformidad con el Reglamento (UE) no 142/2011 antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/49

(1)

A raíz del dictamen del Comité Científico de la Alimentación Humana de 26 de septiembre de 2002 (2) y para garantizar que los consumidores reciban información adecuada al comprar alimentos e ingredientes alimentarios con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles y ésteres de fitostanol añadidos, el Reglamento (CE) no 608/2004 de la Comisión, de 31 de marzo de 2004, relativo al etiquetado de alimentos e ingredientes alimentarios con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles o ésteres de fitostanol añadidos (3), establece que en el etiquetado de dichos alimentos figuren ciertas indicaciones obligatorias además de las enumeradas en el artículo 3 de la Directiva 2000/13/CE.

(2)

El Reglamento (CE) no 608/2004 establece que el etiquetado de dichos alimentos e ingredientes alimentarios debe incluir, entre otras cosas, una indicación de que el producto está destinado exclusivamente a las personas que desean reducir su colesterolemia. La finalidad de esta indicación obligatoria es garantizar que el producto llegue a su grupo destinatario, evitando así un consumo innecesario por parte de grupos a los que no va destinado el producto.

(3)

La inclusión voluntaria de declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en las etiquetas de los alimentos se rige por el Reglamento (CE) no 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos (4). Por consiguiente, el Reglamento (CE) no 983/2009 de la Comisión, de 21 de octubre de 2009, sobre la autorización o la denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños (5), el Reglamento (UE) no 384/2010 de la Comisión, de 5 de mayo de 2010, sobre la autorización o denegación de autorización de determinadas declaraciones de propiedades saludables en los alimentos relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños (6), y el Reglamento (UE) no 432/2012 de la Comisión, de 16 de mayo de 2012, por el que se establece una lista de declaraciones autorizadas de propiedades saludables de los alimentos distintas de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños (7), han autorizado, con determinadas condiciones de uso, declaraciones de propiedades saludables relativas a la reducción y el mantenimiento de la colesterolemia con respecto a alimentos que contienen fitosteroles y fitostanoles.

(4)

El Reglamento (CE) no 983/2009 autorizó, con determinadas condiciones de uso, las siguientes declaraciones de propiedades saludables: «Se ha demostrado que los fitoesteroles disminuyen/reducen la colesterolemia. Una tasa elevada de colesterol constituye un factor de riesgo en el desarrollo de cardiopatías coronarias» y «Se ha demostrado que los ésteres de fitoestanol disminuyen/reducen la colesterolemia. Una tasa elevada de colesterol constituye un factor de riesgo en el desarrollo de cardiopatías coronarias».

(5)

El Reglamento (UE) no 384/2010 autorizó, con determinadas condiciones de uso, la siguiente declaración de propiedades saludables: «Se ha demostrado que los fitoesteroles y los ésteres de fitoestanol disminuyen/reducen el colesterol sanguíneo. Una tasa elevada de colesterol constituye un factor de riesgo en el desarrollo de cardiopatías coronarias».

(6)

El Reglamento (UE) no 432/2012 autorizó, con determinadas condiciones de uso, la siguiente declaración de propiedades saludables: «Los fitosteroles y los fitostanoles contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo».

(7)

La redacción de las declaraciones de propiedades saludables autorizadas, combinada con la indicación obligatoria relativa al grupo destinatario que figura en el Reglamento (CE) no 608/2004, podría inducir a los consumidores que no necesiten controlar su colesterolemia a utilizar el producto. Por tanto, para garantizar la coherencia de la información facilitada en el etiquetado de los alimentos y los ingredientes alimentarios con fitosteroles, ésteres de fitosterol, fitostanoles y ésteres de fitostanol añadidos, procede modificar la indicación obligatoria que figura en el Reglamento (CE) no 608/2004, garantizando al mismo tiempo que su redacción sea adecuada para cumplir la finalidad informativa por la que se introdujo inicialmente.

(8)

A fin de permitir a los explotadores de empresas alimentarias adaptar el etiquetado de sus productos a los requisitos introducidos por el presente Reglamento, es importante establecer períodos transitorios adecuados para la aplicación del presente Reglamento.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal y ni el Parlamento Europeo ni el Consejo se han opuesto a ellas.

«3)

Se indicará que el producto no está destinado a las personas que no necesitan controlar su colesterolemia.».

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/51

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XVI, parte A, de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 543/2011, el valor de importación a tanto alzado se calcula cada día hábil teniendo en cuenta datos que varían diariamente. Por lo tanto, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/53

(1)

El Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011 abre y establece el modo de gestión de determinados contingentes arancelarios de importación de arroz y arroz partido, repartidos por países de origen y divididos en varios subperíodos conforme a lo indicado en el anexo I del citado Reglamento de Ejecución.

(2)

Julio constituye el tercer subperíodo para el contingente establecido en el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011 y el segundo subperíodo para los contingentes establecidos en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) y d), de dicho Reglamento de Ejecución.

(3)

Según se desprende de las comunicaciones efectuadas en aplicación del artículo 8, letra a), del Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, las solicitudes presentadas a lo largo de los diez primeros días hábiles del mes de julio de 2013, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, de dicho Reglamento de Ejecución, para los contingentes con los números de orden 09.4154 – 09.4166, se refieren a una cantidad superior a la disponible. Por consiguiente, es preciso determinar en qué medida pueden expedirse los certificados de importación, mediante la fijación de un coeficiente de asignación que se aplicará a las cantidades solicitadas.

(4)

De estas comunicaciones también se desprende que, en el caso de los contingentes con los números de orden 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, las solicitudes presentadas a lo largo de los diez primeros días hábiles del mes de julio de 2013, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, se refieren a una cantidad inferior a la disponible.

(5)

Procede, además, fijar la cantidad total disponible en el subperíodo siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo primero, del Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, para los contingentes con los números de orden 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 – 09.4148 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166.

(6)

A fin de garantizar una gestión eficaz del procedimiento de expedición de certificados de importación, el presente Reglamento debe entrar en vigor inmediatamente después de su publicación.

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/57

(1)

El 27 de diciembre de 2001, el Consejo adoptó la Posición Común 2001/931/PESC, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (1).

(2)

El 10 de diciembre de 2012, el Consejo adoptó la Decisión 2012/765/PESC por la que se actualiza la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC (2).

(3)

De conformidad con el artículo 1, apartado 6, de la Posición Común 2001/931/PESC, es necesario realizar una revisión completa de la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplica la Decisión 2012/765/PESC.

(4)

La presente Decisión recoge los resultados de la revisión que el Consejo ha llevado a cabo con respecto a las personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC.

(5)

El Consejo ha concluido que las personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC han intervenido en actos terroristas a tenor del artículo 1, apartados 2 y 3, de la Posición Común 2001/931/PESC, que una autoridad competente ha adoptado una decisión al respecto en el sentido del artículo 1, apartado 4, de dicha Posición Común, y que se les deben seguir aplicando las medidas restrictivas específicas establecidas en ella.

(6)

El Consejo ha establecido además que otro grupo ha intervenido en actos terroristas a tenor del artículo 1, apartados 2 y 3, de la Posición Común 2001/931/PESC; que una autoridad competente en el sentido del artículo 1, apartado 4, de la citada Posición Común ha adoptado una decisión a su respecto, y que dicho grupo debe añadirse a la lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la misma Posición Común. La decisión de mencionar al grupo no afecta a las transferencias financieras legítimas al Líbano ni al suministro de asistencia, incluida la asistencia humanitaria, de la Unión Europea y sus Estados miembros en Líbano.

(7)

La lista de personas, grupos y entidades a los que se aplican los artículos 2, 3 y 4 de la Posición Común 2001/931/PESC debe actualizarse en consecuencia y la Decisión 2012/765/PESC debe derogarse.

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/60

(1)

La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, entre otras cosas facilitando el acceso a la justicia, así como el objetivo de garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores.

(2)

La economía moderna crea a veces situaciones en las que numerosas personas pueden resultar perjudicadas por las mismas prácticas ilegales consistentes en la violación de derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, por parte de uno o más operadores económicos u otras personas («daños masivos»). En consecuencia, estas personas pueden tener un motivo suficiente para solicitar la cesación de tales prácticas o para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

(3)

La Comisión adoptó el Libro Verde sobre reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia en 2005 (1) y el Libro Blanco correspondiente en 2008, que incluían propuestas sobre recursos colectivos específicos contra las prácticas contrarias a las normas de competencia (2). En 2008, la Comisión publicó el Libro Verde sobre recurso colectivo de los consumidores (3) y en 2011 celebró la consulta pública «Hacia un planteamiento europeo más coherente del recurso colectivo» (4).

(4)

El 2 de febrero de 2012, el Parlamento Europeo adoptó la Resolución «Hacia un planteamiento europeo coherente del recurso colectivo», en la que pedía que cualquier propuesta en materia de recurso colectivo se estableciera en forma de marco horizontal que incluyese un conjunto de principios comunes que permitan el acceso uniforme a la justicia a través de un recurso colectivo en la Unión, y que regulase específica, aunque no exclusivamente, la infracción de los derechos de los consumidores. El Parlamento también subrayó la necesidad de tener debidamente en cuenta las tradiciones jurídicas y los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y de aumentar la coordinación de buenas prácticas entre los Estados miembros (5).

(5)

El 11 de junio de 2013, la Comisión publicó la Comunicación «Hacia un marco europeo horizontal del recurso colectivo» (6), que hacía balance de las acciones realizadas hasta la fecha y de las opiniones de los interesados y del Parlamento Europeo, y presentaba la posición de la Comisión sobre algunos temas centrales relativos al recurso colectivo.

(6)

La prevención y el castigo de las violaciones de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión forman parte esencial de la función ejecutiva de las autoridades públicas. La posibilidad de que los particulares interpongan demandas por violación de tales derechos es un complemento de dicha acción ejecutiva. La presente Recomendación, en sus referencias a la violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, abarca todas las situaciones en que la infracción de las normas establecidas al nivel de la Unión ya ha causado o pueda causar un perjuicio a las personas físicas y jurídicas.

(7)

Los ámbitos en que se ejerce la acción privada complementaria para hacer valer los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, en forma de recurso colectivo, son la protección de los consumidores, la competencia, la protección del medio ambiente, la protección de los datos personales, la normativa sobre servicios financieros y la protección de los inversores. Los principios establecidos en la presente Recomendación deben aplicarse de forma horizontal y uniforme a dichos ámbitos, pero también a cualesquiera otros en los que las demandas colectivas de cesación o de indemnización por daños y perjuicios derivados de la violación de derechos reconocidos por el Derecho de la Unión sean pertinentes.

(8)

Las acciones individuales, como el proceso de escasa cuantía en materia de consumo, son los medios habituales para resolver los conflictos, evitar daños y reclamar una indemnización.

(9)

Además del recurso individual, todos los Estados miembros han introducido diferentes mecanismos de recurso colectivo. Estas medidas están destinadas a prevenir y poner fin a las prácticas ilegales, así como a garantizar la obtención de una indemnización por los daños causados en caso de «daños masivos». La posibilidad de agrupar las demandas e interponerlas de forma colectiva puede ser una manera mejor de acceder a la justicia, especialmente cuando el coste de las acciones individuales disuada a los perjudicados de acudir a los tribunales.

(10)

El objeto de la presente Recomendación es facilitar el acceso a la justicia en relación con las violaciones de derechos recogidos en el Derecho de la Unión y, a tal fin, recomendar que todos los Estados miembros dispongan de sistemas de recursos colectivos a nivel nacional que respeten los mismos principios básicos en toda la Unión, teniendo en cuenta las tradiciones jurídicas de los Estados miembros y la protección frente a los abusos.

(11)

En materia de medidas cautelares, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 2009/22/CE, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (7). No obstante, el procedimiento de cesación introducido por la Directiva no permite obtener una indemnización a las personas que aleguen haber sufrido un perjuicio como resultado de una práctica ilícita.

(12)

En algunos Estados miembros se han establecido, con diverso alcance, procedimientos de demanda colectiva para reclamar indemnizaciones. Ahora bien, los procedimientos existentes de recurso colectivo varían considerablemente según los Estados miembros.

(13)

La presente Recomendación presenta un conjunto de principios relativos al recurso colectivo, tanto judicial como extrajudicial, que deberían ser comunes en toda la Unión, dentro del respeto de las diferentes tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Estos principios deben garantizar los derechos procesales fundamentales de las partes y evitar los abusos mediante unas garantías adecuadas.

(14)

La presente Recomendación trata del recurso colectivo de indemnización y —en la medida en que resulte oportuno y pertinente para cada principio— del recurso colectivo de cesación. Se entiende sin perjuicio de los actuales mecanismos sectoriales de medidas cautelares previstos en el Derecho de la Unión.

(15)

Los mecanismos de recurso colectivo deben mantener las garantías procesales y las de las partes en las acciones civiles. Con el fin de evitar que se extienda la práctica de litigios abusivos en los casos de daños masivos, los mecanismos nacionales de recurso colectivo deben incluir las garantías fundamentales recogidas en la presente Recomendación. Elementos como las indemnizaciones punitivas, los procedimientos invasivos de comunicación de documentos antes del juicio y las indemnizaciones punitivas concedidas por los jurados, que en su mayoría son ajenos a las tradiciones jurídicas de gran parte de los Estados miembros, deben evitarse, por regla general.

(16)

Los procedimientos alternativos de solución de conflictos pueden ser un medio eficaz para obtener reparación en caso de daños masivos. Deberían estar siempre disponibles junto con el recurso judicial colectivo, o como elemento facultativo de este.

(17)

La capacidad legal para ejercitar una acción colectiva en los Estados miembros depende del tipo de mecanismo de recurso colectivo. En determinados tipos de acciones colectivas, como las acciones de grupo que pueden interponerse conjuntamente por quienes aleguen haber sufrido daños, la cuestión de la capacidad está más clara que en el caso de las acciones de representación, en que debe clarificarse.

(18)

En las acciones de representación, la capacidad legal para ejercitarlas debe limitarse a entidades acreditadas ad hoc, a entidades representantes designadas que cumplan determinados criterios establecidos por ley o a las autoridades públicas. Se debería obligar a la entidad representante a demostrar que posee la capacidad administrativa y financiera suficiente para representar los intereses de los demandantes de forma adecuada.

(19)

Se adoptarán las medidas adecuadas para que la financiación de los recursos colectivos no pueda dar lugar a abusos del sistema ni a conflictos de intereses.

(20)

Para evitar un uso abusivo del sistema, y en interés de la buena administración de la justicia, no debe permitirse que prospere ninguna acción colectiva ante la justicia que no cumpla las condiciones de admisibilidad establecidas por la ley.

(21)

A los órganos jurisdiccionales se les debe atribuir la función esencial de protección de los derechos e intereses de todas las partes interesadas en una acción colectiva, así como la tramitación eficaz de la acción colectiva.

(22)

En los ámbitos del Derecho en que una autoridad pública esté facultada para adoptar una decisión que declare que se ha producido una violación del Derecho de la Unión, es importante garantizar la coherencia entre la decisión definitiva sobre dicha violación y el resultado de la acción colectiva de recurso. Además, en el caso de las acciones colectivas interpuestas como consecuencia de una decisión de una autoridad pública (acciones consecutivas), se supone que la autoridad pública, al constatar la violación del Derecho de la Unión, ya ha tenido en cuenta el interés público y la necesidad de evitar los abusos.

(23)

En lo que respecta a la normativa de medio ambiente, la presente Recomendación tiene en cuenta las disposiciones del artículo 9, apartados 3, 4 y 5, de la Convención de la CEPE de la ONU sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales («Convención de Aarhus») que, respectivamente, fomentan un amplio acceso a la justicia en asuntos ambientales, establecen los criterios que deben aplicarse a los procedimientos, incluidos los criterios de celeridad y costes razonables, y prevén la información al público y la introducción de mecanismos de ayuda.

(24)

Los Estados miembros deberían adoptar las medidas necesarias para aplicar los principios establecidos en la presente Recomendación, a más tardar, dos años después de su publicación.

(25)

Los Estados miembros deberían informar a la Comisión de la aplicación de la presente Recomendación. Tomando como base esta información, la Comisión debe supervisar y evaluar las medidas adoptadas por los Estados miembros.

(26)

En el plazo de cuatro años desde la publicación de la presente Recomendación, la Comisión deberá evaluar la necesidad de adoptar nuevas acciones, incluidas medidas legislativas, para garantizar el pleno cumplimiento de los objetivos de la presente Recomendación. En particular, la Comisión deberá evaluar la aplicación de la presente Recomendación y su repercusión en el acceso a la justicia, el derecho a obtener una indemnización, la necesidad de prevenir los litigios abusivos, el funcionamiento del mercado único, la economía de la Unión Europea y la confianza de los consumidores.

1.

La finalidad de la presente Recomendación es facilitar el acceso a la justicia, poner fin a las prácticas ilegales y permitir a las partes perjudicadas obtener una indemnización en caso de daños masivos causados por infracciones de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, estableciendo al mismo tiempo las garantías procesales necesarias para evitar los litigios abusivos.

2.

Los Estados miembros deberían disponer de mecanismos de recurso colectivo a nivel nacional, tanto de cesación como de indemnización, que respeten los principios básicos establecidos en la presente Recomendación. Estos principios deben ser comunes a toda la Unión y respetar al mismo tiempo las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Los Estados miembros deben velar por que los procedimientos de recurso colectivo sean justos, equitativos, oportunos y no excesivamente onerosos.

3.

A los efectos de la presente Recomendación, se aplicarán las siguientes definiciones:

a)   «recurso colectivo»: i) mecanismo jurídico que garantiza la posibilidad de solicitar la cesación de un comportamiento ilegal, de forma colectiva por dos o más personas físicas o jurídicas o por una entidad capacitada para entablar una acción de representación (recurso colectivo de cesación), ii) mecanismo jurídico que garantiza la posibilidad de reclamar una indemnización de forma colectiva por dos o más personas físicas o jurídicas que afirmen haber sido perjudicadas en caso de daños masivos o por una entidad capacitada para entablar una acción de representación (recurso colectivo de indemnización);

b)   «daños masivos»: situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas afirman haber sufrido un perjuicio como consecuencia de una pérdida causada por una misma actividad ilegal de una o varias personas físicas o jurídicas;

c)   «acción por daños y perjuicios»: acción por la que se interpone una demanda por daños y perjuicios ante un órgano jurisdiccional nacional;

d)   «acción de representación»: acción interpuesta por una entidad representante, una entidad acreditada ad hoc o una autoridad pública, en representación y en nombre de dos o más personas físicas o jurídicas que declaren correr el riesgo de sufrir daños o haber sufrido daños como consecuencia de daños masivos, cuando dichas personas no sean partes del procedimiento;

e)   «acción colectiva consecutiva»: acción de recurso colectivo que se interpone después de que una autoridad pública haya adoptado una decisión definitiva en la que se constate una infracción del Derecho de la Unión.

La presente Recomendación expone los principios comunes que deberían aplicarse en todos los procedimientos de recurso colectivo, así como los principios específicos propios del recurso colectivo de cesación y del recurso colectivo de indemnización.

4.

Los Estados miembros deberían designar a las entidades representantes que podrán interponer acciones de representación con arreglo a unas condiciones de admisión claramente definidas. Estas condiciones deberían incluir, como mínimo, los siguientes requisitos:

5.

Los Estados miembros deberían asegurarse de que la entidad designada pierda su condición de representante si deja de cumplir uno o varios requisitos.

6.

Los Estados miembros deberían asegurarse de que las acciones de representación solo puedan ser interpuestas por entidades previamente designadas oficialmente, tal como se recomienda en el punto 4, o por entidades que hayan sido acreditadas ad hoc por las autoridades nacionales de un Estado miembro o por los órganos jurisdiccionales para una determinada acción de representación.

7.

Además, o como alternativa, los Estados miembros deberían facultar a las autoridades públicas para interponer acciones de representación.

8.

Los Estados miembros deberían proceder a verificar, en la fase más temprana posible, que los casos que no cumplan los requisitos de la acción colectiva y los casos manifiestamente infundados, no sigan su curso.

9.

A tal fin, los órganos jurisdiccionales deberían proceder de oficio a las necesarias comprobaciones.

10.

Los Estados miembros deberían garantizar que la entidad representante o el grupo de demandantes puedan difundir información sobre la presunta violación de derechos reconocidos por el Derecho de la Unión y su intención de interponer una acción de cesación, así como sobre un caso de daños masivos y su intención de interponer una acción por daños y perjuicios en forma de recurso colectivo. A la entidad representante ad hoc, la entidad acreditada, la autoridad pública o el grupo de demandantes se les garantizarán las mismas posibilidades de información sobre las acciones de indemnización en curso.

11.

Los métodos de difusión de información deberían tener en cuenta las circunstancias particulares del caso de daños masivos de que se trate, la libertad de expresión, el derecho a la información, y el derecho a la protección de la reputación o del valor de la empresa del demandado antes de que se le declare responsable de la presunta violación o de los daños en virtud de sentencia firme de un órgano jurisdiccional.

12.

Los métodos de difusión se entienden sin perjuicio de las normas de la Unión sobre abuso de información privilegiada y manipulación del mercado.

13.

Los Estados miembros deberían asegurarse de que la parte perdedora en una acción de recurso colectivo reembolse las costas judiciales necesarias soportadas por la parte ganadora (principio de «quien pierde, paga»), siempre que se cumplan las condiciones previstas en la legislación nacional aplicable.

14.

La parte demandante debería declarar al órgano jurisdiccional, al iniciarse el procedimiento, el origen de los fondos que va a utilizar para sufragar la acción judicial.

15.

El órgano jurisdiccional debería suspender el procedimiento cuando, en el caso de que se utilicen recursos financieros aportados por un tercero,

16.

Los Estados miembros deberían garantizar que, cuando una acción de recurso colectivo esté financiada por un tercero privado, este tendrá prohibido:

17.

Los Estados miembros deberían garantizar que, cuando un conflicto afecte a personas físicas o jurídicas de varios Estados miembros, las normas nacionales sobre la admisibilidad y capacidad legal de los grupos de demandantes extranjeros o de las entidades representantes pertenecientes a otros sistemas jurídicos nacionales, no impidan la introducción de una acción colectiva única ante una misma jurisdicción.

18.

Cualquier entidad representante designada previa y oficialmente por un Estado miembro para ejercer acciones de representación debería estar autorizada a actuar ante el órgano jurisdiccional nacional competente para pronunciarse en los casos de daños masivos.

19.

Los órganos jurisdiccionales y las autoridades públicas competentes deberían tramitar las demandas de medidas cautelares que soliciten la cesación o la prohibición de una violación de derechos reconocidos por el Derecho de la Unión con la debida celeridad y, en su caso, por el procedimiento abreviado, con el fin de evitar daños o nuevos perjuicios derivados de la pérdida causada por tal violación.

20.

Los Estados miembros deberían establecer sanciones adecuadas contra el demandado perdedor, con el fin de garantizar el cumplimiento efectivo de la medida de cesación, incluido el pago de un importe fijo por cada día de retraso o de cualquier otro importe previsto en la legislación nacional.

21.

La parte demandante debería constituirse por consentimiento expreso de las personas físicas o jurídicas que afirmen haber sufrido daños (principio opt-in). Las excepciones a este principio, en virtud de disposiciones legales o de una resolución judicial, deberían justificarse debidamente por razones de buena administración judicial.

22.

Todo miembro de la parte demandante debería poder retirarse de esta parte en cualquier momento antes de que se dicte la resolución definitiva o de que el asunto se resuelva válidamente de otra manera, siempre que se cumplan las mismas condiciones que se aplican a la retirada en las acciones individuales, sin que se le prive de la posibilidad de proseguir con su demanda de otra forma, si ello no perjudica a la buena administración de la justicia.

23.

Las personas físicas o jurídicas que aleguen haber sufrido daños en un mismo caso de daños masivos deberían poder adherirse a la parte demandante en cualquier momento antes de que se dicte la resolución definitiva o de que el asunto se resuelva válidamente de otra manera, si ello no perjudica a la buena administración de la justicia.

24.

El demandado debería estar informado de la composición de la parte demandante y de cualquier modificación de la misma.

25.

Los Estados miembros deberían asegurarse de que se anime a las partes de los litigios surgidos en casos de daños masivos a resolver la cuestión de la indemnización de forma consensuada o extrajudicial, tanto en la fase previa al juicio como durante el juicio civil, teniendo asimismo en cuenta los requisitos de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (8).

26.

Los Estados miembros deberían garantizar que los mecanismos judiciales de recurso colectivo incluyan la posibilidad de que las partes, antes y durante el litigio, puedan acceder a las modalidades alternativas de solución colectiva de conflictos. El recurso a tales modalidades dependerá del consentimiento de las partes en el asunto.

27.

El eventual plazo de prescripción aplicable a las demandas debería suspenderse durante el período comprendido entre el momento en que las partes acuerden resolver el conflicto por un procedimiento de resolución alternativa de conflictos hasta, como mínimo, el momento en que una o ambas partes se retiren expresamente de dicho procedimiento.

28.

La legalidad de toda decisión obligatoria resultante de una transacción colectiva debería ser controlada por los órganos jurisdiccionales, que velarán por la adecuada protección de los intereses y derechos de todas las partes implicadas.

29.

Los Estados miembros deberían garantizar que los honorarios de los abogados y su método de cálculo no creen ningún incentivo para emprender acciones judiciales que sean innecesarias desde el punto de vista de los intereses de cualquiera de las partes.

30.

Los Estados miembros no deberían permitir los honorarios condicionales que puedan generar un incentivo de este tipo. Los Estados miembros que, excepcionalmente, permitan honorarios condicionales, deberían establecer una normativa nacional adecuada sobre estos honorarios en casos de recursos colectivos, teniendo especialmente en cuenta el derecho de los miembros de la parte demandante a obtener una reparación íntegra de los daños.

31.

La indemnización concedida a las personas físicas o jurídicas perjudicadas en caso de daños masivos no debería ser superior a la indemnización que se habría concedido si la demanda se hubiera tramitado mediante acciones individuales. Deberían prohibirse, en particular, las indemnizaciones punitivas que conceden a la parte demandante una indemnización superior al daño sufrido.

32.

Los Estados miembros deberían velar por que, además de los principios generales de financiación, en los casos de financiación de los recursos colectivos de indemnización por un tercero privado, se prohíba calcular la remuneración o los intereses que percibirá el proveedor de fondos a partir del importe fijado en el acuerdo alcanzado o la indemnización concedida, salvo que este acuerdo financiero esté regulado por una autoridad pública para garantizar los intereses de las partes.

33.

Los Estados miembros deberían asegurarse de que, en las materias legislativas en que una autoridad pública es competente para adoptar una decisión que constate una violación del Derecho de la UE, las acciones de recurso colectivo no se interpongan, por regla general, en tanto la autoridad pública no haya concluido definitivamente el procedimiento que inició con anterioridad a la acción privada. Si el procedimiento de la autoridad pública se incoara tras la interposición de la acción de recurso colectivo, el órgano jurisdiccional debería evitar dictar cualquier resolución contraria a la decisión prevista por la autoridad pública. A tal fin, el órgano jurisdiccional podrá suspender el recurso colectivo hasta la conclusión del procedimiento de la autoridad pública.

34.

Los Estados miembros deberían garantizar que, en caso de acciones consecutivas, a las personas que aleguen haber sufrido daños no se les impida reclamar una indemnización por el hecho de que hayan expirado los plazos de prescripción o caducidad antes de la conclusión definitiva del procedimiento por la autoridad pública.

35.

Los Estados miembros deberían establecer un registro nacional de recursos colectivos.

36.

El registro nacional debería ser accesible gratuitamente, a través de medios electrónicos o de otro tipo, a cualquier persona interesada. Los sitios web del registro deberían permitir acceder a información completa y objetiva sobre los métodos disponibles para obtener una indemnización, incluidos los extrajudiciales.

37.

Los Estados miembros, asistidos por la Comisión, deberían garantizar la coherencia de la información recogida en los registros y la interoperabilidad de estos.

38.

Los Estados miembros deberían aplicar los principios establecidos en la presente Recomendación a sus sistemas nacionales de recursos colectivos el 26 de julio de 2015, a más tardar.

39.

Los Estados miembros deberían recopilar estadísticas anuales fiables sobre el número de procedimientos de recursos colectivos judiciales y extrajudiciales, así como información sobre las partes, el objeto de los litigios y las soluciones aplicadas.

40.

Los Estados miembros deberían comunicar anualmente a la Comisión la información recogida con arreglo al punto 39 y por primera vez el 26 de julio de 2016, a más tardar.

41.

La Comisión debería evaluar la aplicación de la Recomendación según la experiencia práctica el 26 de julio de 2017, a más tardar. En este contexto, la Comisión debería evaluar, en particular, sus repercusiones en el acceso a la justicia, en el derecho a obtener una indemnización, en la necesidad de prevenir los litigios abusivos y el funcionamiento del mercado único, en las PYME, la competitividad de la economía de la Unión Europea y la confianza de los consumidores. La Comisión también debería evaluar la necesidad de proponer nuevas medidas para consolidar y reforzar el enfoque horizontal adoptado en la Recomendación.

42.

La Recomendación debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

26.7.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 201/66

(1)

El Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Gobierno de Canadá sobre medidas sanitarias para proteger la salud pública y la sanidad animal en el comercio de animales vivos y de productos de origen animal (en lo sucesivo, «el Acuerdo») contempla la posibilidad de reconocer la equivalencia de las medidas sanitarias una vez que la Parte exportadora haya demostrado objetivamente que sus medidas garantizan un nivel de protección considerado adecuado por la Parte importadora. Este Acuerdo fue aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 1999/201/CE.

(2)

Se efectuó y se convino con Canadá la determinación de la equivalencia relativa a las medidas de salud pública aplicables a los productos de la pesca. La equivalencia se ha reconocido recíprocamente.

(3)

El Comité Conjunto de Gestión creado en virtud del Acuerdo («el Comité Conjunto de Gestión»), en su reunión celebrada los días 5 y 6 de octubre de 2006, formuló una recomendación relativa a la determinación de la equivalencia de las normas de higiene aplicables a los productos de la pesca. Dicha recomendación se complementó con otra recomendación específica relativa a la equivalencia de los criterios microbiológicos aplicables a los productos de la pesca emitida en la reunión del Comité Conjunto de Gestión celebrada los días 3 y 4 de octubre de 2007.

(4)

El Comité Conjunto de Gestión, en su reunión celebrada los días 5 y 6 de octubre de 2006, formuló una recomendación relativa al establecimiento de normas aplicables a las importaciones en la Comunidad Europea del pescado capturado con arreglo a una licencia de pesca recreativa expedida por Canadá. El Comité Conjunto de Gestión, en su reunión celebrada los días 5 y 6 de octubre de 2006, emitió una recomendación relativa a la carne fresca con el fin de actualizar la base jurídica de las normas canadienses y de la UE.

(5)

El Comité Conjunto de Gestión, en su reunión celebrada los días 5 y 6 de octubre de 2006, emitió una recomendación relativa a la carne picada con el fin de actualizar la base jurídica de las normas de la UE.

(6)

El Comité Conjunto de Gestión, en su reunión celebrada los días 3 y 4 de octubre de 2007, formuló una recomendación sobre la determinación de la equivalencia relativa a los requisitos post mortem aplicables a la carne de aves de corral.

(7)

El Comité Conjunto de Gestión, en su reunión celebrada los días 27 y 28 de abril de 2005, formuló una recomendación en la que se contemplaba la posibilidad de importar desde Canadá moluscos bivalvos vivos que no han alcanzado la talla de mercado destinados al almacenamiento en humedad, la reimplantación o la depuración en la Comunidad, de conformidad con la legislación comunitaria.

(8)

Como consecuencia de dichas recomendaciones, procede modificar las partes pertinentes del anexo V del Acuerdo.

(9)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, del Acuerdo, las modificaciones de los anexos deben adoptarse mediante un canje de notas entre las Partes.

(10)

En consecuencia, las modificaciones recomendadas del anexo V del Acuerdo deben aprobarse en nombre de la Comunidad.

(11)

La Decisión C(2008) 2633 de la Comisión, de 19 de junio de 2008, que no se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea, introdujo determinadas modificaciones en el anexo V del Acuerdo.

(12)

Es necesario realizar ciertas adaptaciones de carácter diplomático en el texto de las notas que figuran en el anexo de la Decisión C(2008) 2633. En aras de la claridad, dicha Decisión debe anularse y sustituirse por la presente Decisión.

(13)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.