ISSN 1977-0685

doi:10.3000/19770685.L_2011.306.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 306

European flag  

Edición en lengua española

Legislación

54o año
23 de noviembre de 2011


Sumario

 

I   Actos legislativos

Página

 

 

REGLAMENTOS

 

*

Reglamento (UE) no 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro

1

 

*

Reglamento (UE) no 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro

8

 

*

Reglamento (UE) no 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas

12

 

*

Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos

25

 

*

Reglamento (UE) no 1177/2011 del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo

33

 

 

II   Actos no legislativos

 

 

DIRECTIVAS

 

*

Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros

41

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.


I Actos legislativos

REGLAMENTOS

23.11.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 306/1


REGLAMENTO (UE) No 1173/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 16 de noviembre de 2011

sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 136, leído en relación con su artículo 121, apartado 6,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1)

El interés y la responsabilidad de aplicar políticas económicas que contribuyan al buen funcionamiento de la unión económica y monetaria y de evitar políticas que lo comprometan incumben de una manera especial a los Estados miembros cuya moneda es el euro.

(2)

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) permite que, para garantizar el buen funcionamiento de la unión económica y monetaria, en la zona del euro se adopten medidas específicas que vayan más allá de las disposiciones aplicables a todos los Estados miembros.

(3)

La experiencia adquirida y los errores cometidos en el transcurso del primer decenio de la unión económica y monetaria ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la gobernanza económica de la Unión, que debe basarse en una mayor responsabilidad nacional con respecto a las normas y las políticas establecidas de común acuerdo, y en un marco más sólido a escala de la Unión para la supervisión de las políticas económicas nacionales.

(4)

El marco mejorado de gobernanza económica debe basarse en distintas políticas interrelacionadas y coherentes en favor del crecimiento sostenible y del empleo, en particular una estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo centrada, especialmente, en el desarrollo y fortalecimiento del mercado interior, la promoción del comercio internacional y de la competitividad, un semestre europeo de coordinación reforzada de las políticas económicas y presupuestarias, un marco eficaz para la prevención y corrección de los déficits públicos excesivos (el Pacto de estabilidad y crecimiento), un marco sólido para la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, unos requisitos mínimos aplicables a los marcos presupuestarios nacionales, así como en una regulación y supervisión reforzadas de los mercados financieros, incluida la supervisión macroprudencial por la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

(5)

El Pacto de estabilidad y crecimiento y el marco completo de gobernanza económica deben complementar y ser compatibles con la estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo. Las interrelaciones entre los distintos ámbitos no deben dar pie a excepciones a lo dispuesto en el Pacto de estabilidad y crecimiento.

(6)

La consecución y el mantenimiento de un mercado interior dinámico deben considerarse parte del funcionamiento correcto y adecuado de la unión económica y monetaria.

(7)

La Comisión debe desempeñar un papel más importante en el procedimiento de supervisión reforzada por lo que se refiere a las evaluaciones específicas de cada Estado miembro, al seguimiento, a las misiones in situ, a las recomendaciones y a las advertencias. En la adopción de decisiones en materia de sanciones, el papel del Consejo debe limitarse y la votación debe ser por mayoría cualificada inversa.

(8)

A fin de garantizar un diálogo permanente con los Estados miembros destinado a alcanzar los objetivos del presente Reglamento, la Comisión realizará misiones de supervisión.

(9)

La Comisión debe llevar a cabo a intervalos regulares una amplia evaluación del sistema de gobernanza económica, en particular, de la eficacia e idoneidad de las sanciones. Si procede, dichas evaluaciones deben completarse con las propuestas pertinentes.

(10)

Al aplicar el presente Reglamento, la Comisión debe tener en cuenta la situación económica presente de los Estados miembros interesados.

(11)

El fortalecimiento de la gobernanza económica debe conllevar una participación más estrecha y oportuna del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales.

(12)

Puede establecerse un diálogo con el Parlamento Europeo sobre cuestiones económicas, que permita a la Comisión dar a conocer sus análisis y al Presidente del Consejo, la Comisión y si procede, el Presidente del Consejo Europeo o el Presidente del Eurogrupo debatir. Un debate público de estas características podría fomentar que se abordasen los efectos de las decisiones nacionales y permitiría que recayese sobre los actores pertinentes una presión pública entre iguales. Si bien se debe reconocer que los interlocutores del Parlamento Europeo en el marco de este diálogo son las instituciones pertinentes de la Unión y sus representantes, la comisión competente del Parlamento Europeo puede ofrecer al Estado miembro destinatario de una decisión del Consejo adoptada en virtud de los artículos 4, 5 y 6 del presente Reglamento la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista. La participación de los Estados miembros en ese intercambio es voluntaria.

(13)

Resulta necesario establecer sanciones adicionales para que la ejecución de la supervisión presupuestaria en la zona del euro sea más efectiva. Esas sanciones deben potenciar la credibilidad del marco de supervisión presupuestaria de la Unión.

(14)

Las normas establecidas en el presente Reglamento deben garantizar la implantación de mecanismos equitativos, oportunos, graduales y efectivos para el cumplimiento de los componentes preventivo y corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento, en concreto del Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (4), y del Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (5), en el que se examina el respeto de la disciplina presupuestaria sobre la base de los criterios del déficit presupuestario y de la deuda pública.

(15)

Las sanciones impuestas a los Estados miembros cuya moneda es el euro en virtud el presente Reglamento y basadas en el componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento, deben proporcionar incentivos para ajustarse y respetar el objetivo presupuestario a medio plazo.

(16)

A fin de evitar la tergiversación, intencional o debido a negligencia grave, de los datos relativos al déficit público y a la deuda pública, que constituye un elemento esencial de la coordinación de la política económica en la Unión, deben imponerse multas a los Estados miembros responsables.

(17)

A fin de completar las normas relativas al cálculo de las sanciones por la manipulación de estadísticas, así como las normas sobre el procedimiento que debe seguir la Comisión para investigar estas acciones, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la definición de los criterios detallados para fijar la cuantía de la sanción y para la realización de investigaciones por parte de la Comisión. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y redactar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(18)

En el marco del componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento, deben garantizarse el ajuste y el respeto del objetivo presupuestario a medio plazo mediante la imposición de una obligación de constituir con carácter temporal depósitos con intereses a un Estado miembro cuya moneda es el euro y cuyos progresos en materia de saneamiento presupuestario no sean suficientes. Así debe ser el caso si un Estado miembro, incluido el que tenga un déficit inferior al valor de referencia del 3 % del Producto Interior Bruto (PIB), se aparte de manera significativa del objetivo presupuestario a medio plazo o de la vía de ajuste necesaria para lograrlo y no corrija esa desviación.

(19)

El depósito con intereses debe restituirse al Estado miembro interesado, junto con los intereses devengados, una vez que el Consejo se haya cerciorado de que se ha puesto fin a la situación que originó la obligación de constituirlo.

(20)

En el marco del componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento, las sanciones a los Estados miembros cuya moneda es el euro deben plasmarse en la obligación de constituir un depósito sin intereses cuando el Consejo adopte una decisión por la que constate la existencia de un déficit excesivo de haberse impuesto ya al Estado miembro interesado la constitución de un depósito con intereses en el marco del componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento o en casos de incumplimientos especialmente graves de las obligaciones de política presupuestaria establecidas en el Pacto de estabilidad y crecimiento, o en la obligación de pagar una multa en caso de incumplimiento de una recomendación del Consejo con vistas a corregir un déficit público excesivo.

(21)

Con el fin de evitar la aplicación retroactiva de las sanciones establecidas en el presente Reglamento en el marco del componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento, dichas sanciones solo deben aplicarse respecto de las decisiones pertinentes adoptadas por el Consejo en virtud del Reglamento (CE) no 1466/97, tras la entrada en vigor del presente Reglamento. Igualmente, con el fin de evitar la aplicación retroactiva de las sanciones establecidas en el presente Reglamento en el marco del componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento, dichas sanciones solo deben aplicarse respecto de las recomendaciones y decisiones pertinentes para corregir un déficit público excesivo adoptadas por el Consejo tras la entrada en vigor del presente Reglamento.

(22)

La cuantía de los depósitos con intereses, de los depósitos sin intereses y de las multas que establece el presente Reglamento debe fijarse de manera que quede garantizado el carácter gradual y justo de las sanciones en el marco de los componentes preventivo y corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento, y que se proporcionen incentivos suficientes a los Estados miembros cuya moneda es el euro para respetar el marco presupuestario de la Unión. Las multas en virtud del artículo 126, apartado 11, del TFUE que establece el artículo 12 del Reglamento (CE) no 1467/97 están integradas por un componente fijo equivalente al 0,2 % del PIB y por un componente variable. Así pues, el carácter gradual y el tratamiento equitativo a los Estados miembros quedan asegurados si el depósito con intereses, el depósito sin intereses y la multa previstos en el presente Reglamento se sitúan en el 0,2 % del PIB, que es la cuantía del componente fijo de la multa en virtud del artículo 126, apartado 11, del TFUE.

(23)

Debe establecerse la posibilidad de que el Consejo reduzca o cancele las sanciones impuestas a los Estados miembros cuya moneda es el euro sobre la base de una recomendación de la Comisión, previa solicitud motivada del Estado miembro interesado. Asimismo, en el marco del componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento, la Comisión debe tener la facultad de recomendar la reducción de la cuantía de la sanción o su cancelación si se dan circunstancias económicas excepcionales que lo justifiquen.

(24)

Los depósitos sin intereses deben restituirse una vez corregido el déficit excesivo, mientras que los intereses devengados por tales depósitos y las multas percibidas deben asignarse a mecanismos de estabilidad destinados a proporcionar asistencia financiera, creados por los Estados miembros cuya moneda es el euro con objeto de salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto.

(25)

Deben conferirse al Consejo los poderes para adoptar decisiones concretas de aplicación de sanciones establecidas en el presente Reglamento. Habida cuenta de que forman parte de la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros en el Consejo de conformidad con el artículo 121, apartado 1, del TFUE, esas decisiones están íntegramente vinculadas a las medidas adoptadas por el Consejo con arreglo a los artículos 121 y 126 del TFUE y a los Reglamentos (CE) no 1466/97 y (CE) no 1467/97.

(26)

Dado que el presente Reglamento establece las normas generales relativas a la ejecución efectiva de los Reglamentos (CE) no 1466/97 y (CE) no 1467/97, debe adoptarse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario contemplado en el artículo 121, apartado 6.

(27)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber la creación de un sistema de sanciones para potenciar el cumplimiento de los componentes preventivo y corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento en la zona del euro, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.   El presente Reglamento establece un sistema de sanciones para potenciar el cumplimiento de los componentes preventivo y corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento en la zona del euro.

2.   El presente Reglamento será de aplicación a los Estados miembros cuya moneda es el euro.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)   «componente preventivo del Pacto de estabilidad y crecimiento»: el sistema de supervisión multilateral establecido por el Reglamento CE) no 1466/97;

2)   «componente corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento»: el procedimiento para evitar el déficit excesivo de los Estados miembros regulado en el artículo 126 del TFUE y en el Reglamento (CE) no 1467/97;

3)   «circunstancias económicas excepcionales»: las circunstancias en las cuales el exceso del déficit público sobre el valor de referencia se considera excepcional en el sentido del artículo 126, apartado 2, letra a), segundo guión, del TFUE y según lo previsto en el Reglamento (CE) no 1467/97.

CAPÍTULO II

DIÁLOGO ECONÓMICO

Artículo 3

Diálogo económico

A fin de reforzar el diálogo entre las instituciones de la Unión, en particular el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, así como para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad, la comisión competente del Parlamento Europeo podrá invitar al Presidente del Consejo, a la Comisión y, cuando proceda, al Presidente del Consejo Europeo o al Presidente del Eurogrupo a que comparezcan ante la comisión para debatir las decisiones adoptadas de conformidad con los artículos 4, 5 y 6 del presente Reglamento.

La comisión competente del Parlamento Europeo podrá brindar al Estado miembro destinatario de estas decisiones la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista.

CAPÍTULO III

SANCIONES EN EL MARCO DEL COMPONENTE PREVENTIVO DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

Artículo 4

Depósitos con intereses

1.   Si el Consejo adopta una decisión en la que se constata que un Estado miembro no ha adoptado ninguna medida como respuesta a la recomendación del Consejo a que se refiere el artículo 6, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1466/97, la Comisión, en el plazo de veinte días a partir de la adopción de la decisión del Consejo, recomendará que el Consejo, en virtud de una decisión ulterior, obligue al Estado miembro interesado a constituir ante la Comisión un depósito con intereses equivalente al 0,2 % de su PIB correspondiente al ejercicio precedente.

2.   La decisión que obligue a la constitución de un depósito se considerará adoptada por el Consejo a menos que este, por mayoría cualificada, decida rechazar la recomendación de la Comisión en el plazo de diez días a contar desde su adopción por esta.

3.   El Consejo, por mayoría cualificada, podrá modificar la recomendación de la Comisión y adoptar el texto así modificado como una decisión propia.

4.   Previa solicitud motivada del Estado miembro interesado dirigida a la Comisión en el plazo de diez días a partir de la adopción de la decisión del Consejo en la que constate que un Estado miembro no ha adoptado ninguna medida a tenor del apartado 1, la Comisión podrá recomendar que el Consejo reduzca la cuantía del depósito con intereses o lo cancele.

5.   El tipo de interés aplicable al depósito con intereses reflejará el riesgo de crédito de la Comisión y el período de inversión correspondiente.

6.   Si la situación que motivó la recomendación del Consejo a que se refiere el artículo 6, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1466/97 deja de existir, el Consejo, sobre la base de una nueva recomendación de la Comisión, decidirá que el depósito, junto con los intereses devengados, se restituya al Estado miembro interesado. El Consejo, por mayoría cualificada, podrá modificar la nueva recomendación de la Comisión.

CAPÍTULO IV

SANCIONES EN EL MARCO DEL COMPONENTE CORRECTOR DEL PACTO DE ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO

Artículo 5

Depósitos sin intereses

1.   Si el Consejo, de conformidad con el artículo 126, apartado 6, del TFUE, decide que existe un déficit excesivo en un Estado miembro que constituyó un depósito con intereses ante la Comisión de conformidad con el artículo 4, apartado 1, del presente Reglamento, o si la Comisión ha detectado un incumplimiento especialmente grave de las obligaciones de política presupuestaria establecidas en el Pacto de estabilidad y crecimiento, la Comisión, en el plazo de veinte días a partir de la adopción de la decisión del Consejo, recomendará que el Consejo, en virtud de una nueva decisión, obligue al Estado miembro interesado a constituir ante la Comisión un depósito sin intereses equivalente al 0,2 % de su PIB correspondiente al ejercicio precedente.

2.   La decisión que obligue a la constitución de un depósito se considerará adoptada por el Consejo a menos que este, por mayoría cualificada, decida rechazar la recomendación de la Comisión en el plazo de diez días a contar desde su adopción por esta.

3.   El Consejo, por mayoría cualificada, podrá modificar la recomendación de la Comisión y adoptar el texto así modificado como una decisión propia.

4.   Si así lo justifica la presencia de circunstancias económicas excepcionales o previa solicitud motivada del Estado miembro interesado dirigida a la Comisión en el plazo de diez días a partir de la adopción de la decisión del Consejo con arreglo al artículo 126, apartado 6, del TFUE a que se refiere el apartado 1, la Comisión, podrá recomendar que el Consejo reduzca la cuantía del depósito sin intereses o lo cancele.

5.   El depósito se constituirá ante la Comisión. Si el Estado miembro ha constituido un depósito con intereses ante la Comisión con arreglo al artículo 4, el depósito con intereses se convertirá en un depósito sin intereses.

Si la cuantía de un depósito con intereses constituido de conformidad con el artículo 4 y la de los intereses devengados por él excede de la cuantía del depósito sin intereses que ha de constituirse en virtud del apartado 1 del presente artículo, el exceso se restituirá al Estado miembro.

Si la cuantía del depósito sin intereses excede de la cuantía de un depósito con intereses constituido de conformidad con el artículo 4 y de los intereses devengados por él, el Estado miembro abonará la diferencia al constituir el depósito sin intereses.

Artículo 6

Multas

1.   Si el Consejo, de conformidad con el artículo 126, apartado 8, del TFUE, decide que un Estado miembro no ha adoptado medidas efectivas para corregir su déficit excesivo, la Comisión, en el plazo de veinte días a partir de dicha decisión, recomendará al Consejo que imponga, en virtud de una nueva decisión, una multa al Estado miembro equivalente al 0,2 % del PIB del Estado miembro correspondiente al ejercicio precedente.

2.   La decisión de imposición de una multa se considerará adoptada por el Consejo a menos que este, por mayoría cualificada, decida rechazar la recomendación de la Comisión en el plazo de diez días a contar desde su adopción por esta.

3.   El Consejo, por mayoría cualificada, podrá modificar la recomendación de la Comisión y adoptar el texto así modificado como una decisión propia.

4.   Si así lo justifica la presencia de circunstancias económicas excepcionales o previa solicitud motivada del Estado miembro interesado dirigida a la Comisión en el plazo de diez días a partir de la adopción de la decisión del Consejo con arreglo al artículo 126, apartado 8, del TFUE a que se refiere el apartado 1, la Comisión, podrá recomendar que el Consejo reduzca la cuantía de la multa o la cancele.

5.   Si el Estado miembro ha constituido un depósito sin intereses ante la Comisión con arreglo al artículo 5, el depósito sin intereses se convertirá en multa.

Si la cuantía de un depósito sin intereses constituido de conformidad con el artículo 5 excede de la cuantía de la multa, el exceso se restituirá al Estado miembro.

Si la cuantía de la multa excede de la cuantía de un depósito sin intereses constituido de conformidad con el artículo 5, o si no se constituyó ningún depósito con intereses, el Estado miembro abonará la diferencia al pagar la multa.

Artículo 7

Restitución de los depósitos sin intereses

Si el Consejo, con arreglo al artículo 126, apartado 12, del TFUE, decide derogar algunas o la totalidad de sus decisiones, todo depósito sin intereses constituido ante la Comisión se restituirá al Estado miembro interesado.

CAPÍTULO V

SANCIONES POR MANIPULACIÓN DE ESTADÍSTICAS

Artículo 8

Sanciones por manipulación de estadísticas

1.   El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, podrá decidir la imposición de una multa a un Estado miembro que intencionalmente o por negligencia grave tergiverse datos relativos al déficit y a la deuda que sean pertinentes para la aplicación de los artículos 121 o 126 del TFUE y del Protocolo sobre el déficit excesivo anejo al TUE y al TFUE.

2.   Las multas a que se refiere el apartado 1 serán efectivas, disuasorias y proporcionadas a la naturaleza, la gravedad y la duración de la tergiversación. La cuantía de la multa no será superior al 0,2 % del PIB del Estado miembro interesado.

3.   La Comisión podrá realizar todas las investigaciones necesarias para probar la existencia de la tergiversación contemplada en el apartado 1. Podrá decidir iniciar una investigación cuando considere que hay indicios serios de la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de tal tergiversación. La Comisión investigará las supuestas tergiversaciones teniendo en cuenta todos los comentarios presentados por el Estado miembro interesado. Para realizar sus tareas, la Comisión podrá pedir al Estado miembro que facilite información y podrá realizar inspecciones in situ y tener acceso a las cuentas de todos los organismos públicos a nivel central, estatal, local y de la seguridad social. Si la legislación del Estado miembro interesado exige autorización judicial previa a la realización de una inspección in situ, la Comisión presentará las solicitudes necesarias.

Una vez completada su investigación, y antes de someter cualquier tipo de propuesta al Consejo, la Comisión brindará al Estado miembro interesado la oportunidad de ser oído en relación con los asuntos objeto de investigación. La Comisión basará cualquier propuesta al Consejo exclusivamente en hechos sobre los que el Estado miembro interesado ha tenido la ocasión de realizar comentarios.

La Comisión respetará plenamente los derechos de defensa del Estado miembro interesado durante las investigaciones.

4.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 11 en lo referente a:

a)

los criterios concretos en virtud de los cuales se fija la cuantía de la multa a que se refiere el apartado 1;

b)

la normativa concreta relativa al procedimiento de investigación a que se refiere el apartado 3, las medidas conexas y el procedimiento de información sobre las investigaciones;

c)

una normativa clara sobre el procedimiento destinado a garantizar los derechos de defensa, el acceso al expediente, la representación jurídica, la confidencialidad y las disposiciones transitorias, así como el cobro de las multas a que se refiere el apartado 1.

5.   El Tribunal de Justicia de la Unión Europea gozará de competencia jurisdiccional plena para resolver los recursos interpuestos contra las decisiones de imposición de multas adoptadas por el Consejo en virtud del apartado 1. Podrá anular, reducir o incrementar la cuantía de la multa impuesta.

CAPÍTULO VI

NATURALEZA ADMINISTRATIVA DE LAS SANCIONES Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERESES Y DE LAS MULTAS

Artículo 9

Naturaleza administrativa de las sanciones

Las sanciones, multas y otras medidas impuestas de conformidad con los artículos 4 a 8 serán de naturaleza administrativa.

Artículo 10

Distribución de los intereses y de las multas

Los intereses percibidos por la Comisión sobre los depósitos constituidos de conformidad con el artículo 5, así como las multas percibidas de conformidad con los artículos 6 y 8, constituirán otros ingresos, tal como se contemplan en el artículo 311 del TFUE, y se asignarán al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. Cuando los Estados miembros cuya moneda es el euro creen otro mecanismo de estabilidad destinado a prestar asistencia financiera a fin de proteger la estabilidad de la zona del euro en su conjunto, los intereses y las multas se asignarán a dicho mecanismo.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 11

Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en la condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 8, apartado 4, se otorgan a la Comisión por un período de tres años a partir del 13 de diciembre de 2011. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de tres años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 8, apartado 4, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 8, apartado 4, entrarán en vigor únicamente si en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 12

Votación en el Consejo

1.   A los efectos de las medidas contempladas en los artículos 4, 5, 6 y 8, solo votarán los miembros del Consejo que representen a los Estados miembros cuya moneda es el euro, y el Consejo se pronunciará sin tomar en consideración el voto del miembro del Consejo que represente al Estado miembro de que se trate.

2.   La mayoría cualificada de los miembros del Consejo a que se refiere el primer apartado se definirá de conformidad con el artículo 238, apartado 3, letra b), del TFUE.

Artículo 13

Revisión

1.   A más tardar el 14 de diciembre de 2014, y posteriormente cada cinco años, la Comisión publicará un informe sobre la aplicación del presente Reglamento.

El informe evaluará, entre otros elementos:

a)

la eficacia del presente Reglamento, incluida la posibilidad de permitir al Consejo y a la Comisión que adopten medidas para hacer frente a situaciones que podrían poner en peligro el funcionamiento adecuado de la unión monetaria;

b)

los avances realizados para garantizar una coordinación más estrecha de las políticas económicas y una convergencia sostenida de los resultados económicos de los Estados miembros de conformidad con el TFUE.

2.   Si procede, dicho informe irá acompañado de una propuesta de modificación del presente Reglamento.

3.   El informe se transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo.

4.   Antes de que finalice 2011, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la posibilidad de introducir «eurovalores».

Artículo 14

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro, de conformidad con los Tratados.

Hecho en Estrasburgo, el 16 de noviembre de 2011.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

J. BUZEK

Por el Consejo

El Presidente

W. SZCZUKA


(1)  DO C 150 de 20.5.2011, p. 1.

(2)  DO C 218 de 23.7.2011, p. 46.

(3)  Posición del Parlamento Europeo de 28 de septiembre de 2011 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 8 de noviembre de 2011.

(4)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

(5)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.


23.11.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 306/8


REGLAMENTO (UE) No 1174/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 16 de noviembre de 2011

relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 136, leído en relación con su artículo 121, apartado 6,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1)

El marco mejorado de gobernanza económica debe basarse en distintas políticas interrelacionadas y coherentes en favor del crecimiento sostenible y del empleo, en particular, una estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo centrada, especialmente, en el desarrollo y fortalecimiento del mercado interior, la promoción del comercio internacional y de la competitividad, un Semestre europeo de coordinación reforzada de las políticas económicas y presupuestarias, un marco eficaz para la prevención y corrección de los déficits públicos excesivos (el Pacto de estabilidad y crecimiento), un marco sólido para la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, unos requisitos mínimos aplicables a los marcos presupuestarios nacionales, así como en una regulación y supervisión reforzadas de los mercados financieros, incluida la supervisión macroprudencial por la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

(2)

La existencia de datos estadísticos fiables es la base para la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos. A fin de garantizar la elaboración de estadísticas fiables e independientes, los Estados miembros deben asegurarse de la independencia profesional de las autoridades estadísticas nacionales, de conformidad con el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas establecido en el Reglamento (CE) no 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea (4). Por otra parte, la disponibilidad de datos presupuestarios fiables es también relevante para la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos. La garantía de este requisito debe quedar asegurada en las normas establecidas al respecto por el Reglamento (UE) no 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro (5), en particular su artículo 8.

(3)

La coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros en la Unión debe desarrollarse en el marco de las orientaciones generales de política económica y las orientaciones de empleo, tal como contempla el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y debe implicar el respeto de los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y sostenibles, y balanza de pagos estable.

(4)

La experiencia adquirida y los errores cometidos en el transcurso del primer decenio de la unión económica y monetaria ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la gobernanza económica de la Unión sobre la base de una mayor titularidad nacional de las normas y políticas establecidas de común acuerdo y en un marco más sólido a escala de la Unión para la supervisión de las políticas económicas nacionales.

(5)

La consecución y el mantenimiento de un mercado interior dinámico deben considerarse parte del funcionamiento adecuado y correcto de la unión económica y monetaria.

(6)

En especial, la supervisión de las políticas económicas de los Estados miembros debe ampliarse más allá de la supervisión presupuestaria, a fin de incluir un marco más detallado y formalizado con el que se prevengan desequilibrios macroeconómicos excesivos y se ayude a los Estados miembros afectados a establecer planes correctores antes de que las divergencias se arraiguen y de que la evolución económica y financiera adopte un cariz permanente en una dirección excesivamente desfavorable. Esta ampliación de la supervisión de las políticas económicas debe ir a la par con la profundización de la supervisión presupuestaria.

(7)

Para contribuir a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos, es preciso fijar un procedimiento detallado en la legislación.

(8)

Conviene complementar el procedimiento de supervisión multilateral a que se refiere el artículo 121, apartados 3 y 4, del TFUE con normas específicas para la detección de los desequilibrios macroeconómicos, así como para la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos excesivos dentro de la Unión. Es fundamental que el procedimiento se integre en el ciclo anual de supervisión multilateral.

(9)

El fortalecimiento de la gobernanza económica debe conllevar una participación más estrecha y oportuna del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales. Si bien se debe reconocer que los interlocutores del Parlamento Europeo en el marco del diálogo son las instituciones pertinentes de la Unión y sus representantes, la comisión competente del Parlamento Europeo puede ofrecer a un Estado miembro destinatario de una decisión del Consejo que le imponga la constitución de un depósito con intereses o una multa anual al amparo del presente Reglamento, la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista. La participación de los Estados miembros en ese intercambio es voluntaria.

(10)

La Comisión debe desempeñar un papel más importante en el procedimiento de supervisión reforzada, por lo que se refiere a las evaluaciones específicas de cada Estado miembro, al seguimiento, a las misiones in situ, a las recomendaciones y a las advertencias.

(11)

Debe reforzarse la aplicación del Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (6), estableciendo depósitos con intereses en caso de incumplimiento de la recomendación de tomar medidas correctoras. Dichos depósitos deben convertirse en una multa anual en caso de incumplimiento continuado de la recomendación de abordar los desequilibrios macroeconómicos excesivos en el contexto del mismo procedimiento por desequilibrio. Dichas medidas de ejecución deben aplicarse a los Estados miembros cuya moneda es el euro.

(12)

En caso de incumplimiento de las recomendaciones del Consejo, debe imponerse el depósito con intereses o imponerse la multa hasta que el Consejo constate que el Estado miembro ha tomado medidas correctoras para seguir sus recomendaciones.

(13)

Por otra parte, el incumplimiento reiterado de un Estado miembro de su obligación de presentar un plan de medidas correctoras para llevar a efecto la recomendación del Consejo también debe ser objeto, por regla general, de una multa anual, hasta que este constate que el Estado miembro ha presentado un plan de medidas correctoras que se atenga suficientemente a su recomendación.

(14)

A fin de garantizar la igualdad de trato entre los Estados miembros, el depósito con intereses y la multa deben ser idénticos para todos los Estados miembros cuya moneda es el euro e igual al 0,1 % del producto interior bruto (PIB) registrado el año anterior en el Estado miembro de que se trate.

(15)

La Comisión debe estar facultada para recomendar la reducción de la cuantía de una sanción o su cancelación si concurren circunstancias económicas excepcionales.

(16)

El procedimiento de imposición de sanciones a los Estados miembros que no hayan tomado medidas efectivas para corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos debe interpretarse de manera que la imposición de sanciones a dichos Estados miembros sea la regla y no la excepción.

(17)

Las multas contempladas en el presente Reglamento deben constituir otros ingresos en el sentido del artículo 311 del TFUE, y deben asignarse a la financiación de mecanismos de estabilidad destinados a prestar asistencia financiera, creados por los Estados miembros cuya moneda es el euro a fin de proteger la estabilidad de la zona del euro en su conjunto.

(18)

Deben conferirse al Consejo los poderes para adoptar decisiones concretas de aplicación de las sanciones establecidas en el presente Reglamento. Habida cuenta de que forman parte de la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros en el seno del Consejo de conformidad con el artículo 121, apartado 1, del TFUE, dichas decisiones están íntegramente vinculadas a las medidas adoptadas por el Consejo con arreglo al artículo 121 del TFUE y al Reglamento (UE) no 1176/2011.

(19)

Dado que el presente Reglamento establece normas generales relativas a la ejecución efectiva del Reglamento (UE) no 1176/2011, debe adoptarse con arreglo al procedimiento legislativo ordinario contemplado en el artículo 121, apartado 6, del TFUE.

(20)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber la ejecución efectiva de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, debido a la profunda interdependencia comercial y financiera existente entre ellos y a los efectos indirectos de las políticas económicas nacionales en la Unión y en el conjunto de la zona del euro, y, por consiguiente, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

1.   El presente Reglamento establece un sistema de sanciones para la corrección efectiva de los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro.

2.   El presente Reglamento se aplicará a los Estados miembros cuya moneda es el euro.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones que figuran en el artículo 2 del Reglamento (UE) no 1176/2011.

Además, se entenderá por:

«circunstancias económicas excepcionales»: las circunstancias en las cuales el exceso del déficit público sobre el valor de referencia se considera excepcional en el sentido del artículo 126, apartado 2, letra a), segundo guión, del TFUE y según lo previsto en el Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (7).

Artículo 3

Sanciones

1.   Si el Consejo, habiendo adoptado de conformidad con el artículo 10, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1176/2011 una decisión en la que se constate un incumplimiento, concluye que no se han tomado las medidas correctoras recomendadas por él, adoptará una decisión, por recomendación de la Comisión, en la que se imponga un depósito con intereses.

2.   Se impondrá una multa anual en virtud de una decisión del Consejo, por recomendación de la Comisión, cuando:

a)

se adopten sucesivamente dos recomendaciones del Consejo en el mismo procedimiento por desequilibrio de conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) no 1176/2011 y el Consejo considere insuficiente el plan de medidas correctoras presentado por el Estado miembro de que se trate, o

b)

se adopten sucesivamente dos decisiones del Consejo en el mismo procedimiento por desequilibrio en las que se constate el incumplimiento de conformidad con el artículo 10, apartado 4, del Reglamento (UE) no 1176/2011. En este caso, la multa anual se impondrá mediante la conversión del depósito con intereses en una multa anual.

3.   Las decisiones a que se refieren los apartados 1 y 2 se considerarán adoptadas por el Consejo a menos que este decida, por mayoría cualificada, rechazar la recomendación en el plazo de diez días desde su adopción por la Comisión. El Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada, modificar la recomendación de la Comisión.

4.   La recomendación de la Comisión para que el Consejo adopte una decisión se emitirá en un plazo de veinte días a partir de la fecha en que se hayan cumplido las condiciones a que se refieren los apartados 1 y 2.

5.   El depósito con intereses o la multa anual recomendados por la Comisión equivaldrá al 0,1 % del PIB correspondiente al año anterior del Estado miembro de que se trate.

6.   No obstante lo dispuesto en el apartado 5, en caso de circunstancias económicas excepcionales o a raíz de una solicitud motivada del Estado miembro de que se trate dirigida a la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha en que se hayan cumplido las condiciones a que se refieren los apartados 1 y 2, la Comisión podrá proponer la reducción o cancelación del depósito con intereses o de la multa anual.

7.   Si un Estado miembro ha constituido un depósito con intereses o ha pagado una multa anual correspondiente a un año natural determinado y el Consejo llega a la conclusión ulteriormente, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1176/2011, de que el Estado miembro ha tomado las medidas correctoras recomendadas en el curso de dicho año, el depósito constituido para ese año junto con los intereses devengados o la multa pagada para ese año se reembolsarán al Estado miembro pro rata temporis.

Artículo 4

Asignación de las multas

Las multas a que se refiere el artículo 3 del presente Reglamento constituirán otros ingresos en el sentido del artículo 311 del TFUE y se asignarán a la Facilidad Europea de Estabilización Financiera. Cuando los Estados miembros cuya moneda es el euro creen otro mecanismo de estabilidad destinado a prestar asistencia financiera a fin de proteger la estabilidad de la zona del euro en su conjunto, dichas multas se asignarán a tal mecanismo.

Artículo 5

Votación en el Consejo

1.   En las votaciones sobre las medidas contempladas en el artículo 3 participarán únicamente los miembros del Consejo que representen a los Estados miembros cuya moneda es el euro, y en ellas el Consejo se pronunciará sin tomar en consideración el voto del miembro del Consejo que represente al Estado miembro de que se trate.

2.   La mayoría cualificada de los miembros del Consejo a que se refiere el apartado 1 se definirá de conformidad con el artículo 238, apartado 3, letra b), del TFUE.

Artículo 6

Diálogo económico

A fin de reforzar el diálogo entre las instituciones de la Unión, en particular el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y para garantizar mayor transparencia y responsabilidad, la comisión competente del Parlamento Europeo podrá invitar al presidente del Consejo, a la Comisión y, cuando proceda, al presidente del Consejo Europeo o al presidente del Eurogrupo, a comparecer ante dicha comisión para debatir las decisiones adoptadas de conformidad con el artículo 3.

La comisión competente del Parlamento Europeo puede brindar al Estado miembro afectado por tales decisiones la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista.

Artículo 7

Revisión

1.   A más tardar el 14 de diciembre de 2014 y, posteriormente, cada cinco años, la Comisión publicará un informe sobre la aplicación del presente Reglamento.

En ese informe se evaluarán, entre otros elementos:

a)

la eficacia del presente Reglamento, y

b)

los avances realizados para garantizar una coordinación más estrecha de las políticas económicas y una convergencia sostenida de los resultados económicos de los Estados miembros de conformidad con el TFUE.

2.   Si procede, el referido informe irá acompañado de una propuesta de modificación del presente Reglamento.

3.   La Comisión transmitirá el informe, junto con cualquier propuesta de modificación, al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 8

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Estrasburgo, el 16 de noviembre de 2011.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

J. BUZEK

Por el Consejo

El Presidente

W. SZCZUKA


(1)  DO C 150 de 20.5.2011, p. 1.

(2)  DO C 218 de 23.7.2011, p. 53.

(3)  Posición del Parlamento Europeo de 28 de septiembre de 2011 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 8 de noviembre de 2011.

(4)  DO L 87 de 31.3.2009, p. 164.

(5)  Véase la página 1 del presente Diario Oficial.

(6)  Véase la página 25 del presente Diario Oficial.

(7)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.


23.11.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 306/12


REGLAMENTO (UE) No 1175/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 16 de noviembre de 2011

por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 6,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

La coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros en la Unión tal como contempla el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), debe implicar el respeto de los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias saneadas y balanza de pagos estable.

(2)

El Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC) estaba constituido inicialmente por el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (3), el Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (4), y la Resolución del Consejo Europeo sobre el Pacto de estabilidad y crecimiento, de 17 de junio de 1997 (5). Los Reglamentos (CE) no 1466/97 y (CE) no 1467/97 fueron modificados en 2005 por los Reglamentos (CE) no 1055/2005 (6) y (CE) no 1056/2005 (7) respectivamente. Además, el Consejo adoptó el informe de 20 de marzo de 2005 titulado «Mejorar la aplicación del Pacto de estabilidad y crecimiento» (8).

(3)

El PEC se basa en el objetivo de unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de los precios y para un crecimiento sostenible, apoyado en la estabilidad financiera, apoyando de este modo la consecución de los objetivos de la Unión en materia de crecimiento sostenible y de empleo.

(4)

En el componente preventivo del PEC se exige a los Estados miembros que alcancen y mantengan un objetivo presupuestario a medio plazo y que presenten programas de estabilidad o de convergencia al efecto. Dicho componente contaría con formas de supervisión más rigurosas con el fin de asegurar la coherencia y la conformidad de los Estados miembros con el marco de coordinación presupuestaria de la Unión.

(5)

El contenido de los programas de estabilidad y convergencia, así como el procedimiento para examinarlos, deben desarrollarse tanto a nivel nacional como de la Unión, a tenor de la experiencia adquirida con la aplicación del PEC.

(6)

Los objetivos presupuestarios de los programas de estabilidad y convergencia deben tener explícitamente en cuenta las medidas adoptadas en línea con las orientaciones generales de política económica, las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros y de la Unión y, en general, los programas nacionales de reforma.

(7)

Los programas de estabilidad y convergencia han de presentarse y analizarse antes de adoptar decisiones fundamentales a propósito de los presupuestos nacionales para los próximos años. Conviene por tanto fijar un plazo adecuado para la presentación de dichos programas. Habida cuenta de las particularidades del ejercicio presupuestario del Reino Unido, convendría establecer disposiciones especiales en relación con la fecha de presentación de sus programas de convergencia.

(8)

La experiencia adquirida y los errores cometidos durante el primer decenio de la unión económica y monetaria ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la gobernanza económica de la Unión, que debería basarse en una mayor apropiación nacional de las normas y las políticas establecidas de común acuerdo, así como en un marco más sólido a escala de la Unión para la supervisión de las políticas económicas nacionales.

(9)

El marco mejorado de gobernanza económica debe basarse en distintas políticas interrelacionadas y coherentes en favor del crecimiento sostenible y del empleo, en particular una estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo centrada especialmente en el desarrollo y el fortalecimiento del mercado interior, la promoción del comercio internacional y de la competitividad, un Semestre europeo de coordinación reforzada de las políticas económicas y presupuestarias («Semestre europeo»), un marco eficaz para la prevención y la corrección de los déficits públicos excesivos (el PEC), un marco sólido para la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos, unos requisitos mínimos aplicables a los marcos presupuestarios nacionales, así como en una regulación y supervisión reforzadas de los mercados financieros, incluida la supervisión macroprudencial por la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

(10)

El PEC y el marco completo de gobernanza económica complementan y respaldan la estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo. Las interrelaciones entre las diferentes facetas no deben permitir excepciones a las disposiciones del PEC.

(11)

El fortalecimiento de la gobernanza económica debe conllevar una participación mayor y oportuna del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales. Si bien se debe reconocer que los interlocutores del Parlamento Europeo en el marco de este diálogo son las instituciones pertinentes de la Unión y sus representantes, la comisión competente del Parlamento Europeo puede ofrecer a un Estado miembro destinatario de una recomendación del Consejo de conformidad con el artículo 6, apartado 2, o el artículo 10, apartado 2, la posibilidad de participar en un intercambio de opiniones. La participación de los Estados miembros en ese intercambio es voluntaria.

(12)

La Comisión debe desempeñar un papel más importante en el procedimiento de supervisión reforzada por lo que se refiere a las evaluaciones específicas de cada Estado miembro, al seguimiento, a las misiones in situ, a las recomendaciones y a las advertencias.

(13)

Los programas de estabilidad o de convergencia y los programas nacionales de reforma deben prepararse de forma coherente y debe armonizarse el calendario de presentación de los mismos. Dichos programas deben presentarse al Consejo y a la Comisión, y hacerse públicos.

(14)

Durante el Semestre europeo, el ciclo de coordinación y supervisión de las políticas se inicia a principios de año con una revisión horizontal en la cual el Consejo Europeo, basándose en datos aportados por la Comisión y el Consejo, identifica los principales retos a los que se enfrenta la Unión y la zona del euro y ofrece orientaciones estratégicas sobre las políticas. También ha de tener lugar un debate en el Parlamento Europeo al iniciarse el ciclo anual de supervisión con la debida antelación con respecto al debate que se celebre en el seno del Consejo Europeo. Al preparar sus programas de estabilidad o de convergencia y los programas nacionales de reforma, los Estados miembros deben tener en cuenta las orientaciones horizontales del Consejo Europeo.

(15)

Con el fin de reforzar la implicación nacional en el PEC, los marcos presupuestarios nacionales deben alinearse plenamente con los objetivos de supervisión multilateral de la Unión y, en particular, con el Semestre europeo.

(16)

En consonancia con las disposiciones jurídicas y políticas de cada Estado miembro, los Parlamentos nacionales deben tener una adecuada participación en el Semestre europeo y en la preparación de los programas de estabilidad, los programas de convergencia y los programas nacionales de reforma, con el fin de reforzar la transparencia y la implicación y responsabilidad por las decisiones que se adopten. Si procede, en el marco del Semestre europeo debe consultarse al Comité Económico y Financiero, al Comité de Política Económica, al Comité de Empleo y al Comité de Protección Social. Si procede, debe asociarse en el marco del Semestre europeo a las partes interesadas pertinentes, en particular a los interlocutores sociales, acerca de las principales cuestiones políticas, de conformidad con las disposiciones del TFUE y las disposiciones jurídicas y políticas nacionales.

(17)

El hecho de que las situaciones presupuestarias respeten el objetivo a medio plazo debe permitir a los Estados miembros tener un margen de seguridad con respecto al valor de referencia del 3 % del PIB que asegure unas finanzas públicas sostenibles o un rápido avance hacia la sostenibilidad, dejando un margen de maniobra presupuestario, en particular teniendo en cuenta las necesidades de inversión pública. Los objetivos presupuestarios a medio plazo deben actualizarse periódicamente con arreglo a un método consensuado que refleje adecuadamente los riesgos de las obligaciones explícitas e implícitas de las finanzas públicas, como se plasma en los objetivos del PEC.

(18)

La obligación de alcanzar y mantenerse en el objetivo presupuestario a medio plazo debe ponerse en práctica, mediante la especificación de principios para la trayectoria de ajuste hacia el objetivo a medio plazo. Con estos principios se pretende asegurar, entre otras cosas, que los ingresos inesperados, es decir los ingresos que se suman a los que cabe esperar normalmente del crecimiento económico, se destinen a la reducción de la deuda.

(19)

La obligación de realizar y mantener el objetivo presupuestario a medio plazo debe aplicarse por igual a todos los Estados miembros participantes.

(20)

Para evaluar si se ha avanzado lo suficiente hacia el objetivo presupuestario a medio plazo deberá partirse de una valoración general que tome como punto de referencia el saldo estructural, y de un análisis del gasto, una vez excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos. A este respecto, y mientras no se alcance el objetivo presupuestario a medio plazo, la tasa de crecimiento del gasto público no debería exceder normalmente de una tasa de referencia de crecimiento potencial del PIB a medio plazo, contrarrestándose los aumentos que excedan de esa tasa con aumentos discrecionales de los ingresos públicos y compensándose las reducciones discrecionales de los ingresos con reducciones del gasto. La tasa de referencia de crecimiento potencial del PIB a medio plazo debe calcularse con arreglo a un método consensuado. La Comisión debe hacer público el método de cálculo de esas proyecciones y la tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo resultante que sirva de referencia. Especialmente en el caso de los Estados miembros pequeños, debe tenerse en cuenta la variabilidad potencialmente elevadísima del gasto de inversión.

(21)

A aquellos Estados miembros cuya deuda sobrepase el 60 % del PIB o que presenten un riesgo acusado respecto a la sostenibilidad general de su deuda se les debe exigir una trayectoria más rápida de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

(22)

A fin de facilitar la recuperación económica, debe permitirse una desviación temporal de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo cuando dicha desviación se derive de un acontecimiento inusitado que esté fuera del control del Estado miembro afectado y que tenga una gran incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas, o en caso de crisis económica grave en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo. Para permitir una desviación temporal del objetivo presupuestario a medio plazo o de la trayectoria de ajuste hacia él, debe tenerse en cuenta, asimismo, si están poniéndose en práctica reformas estructurales de gran calado, y cerciorarse de que se mantenga un margen de seguridad con respecto al valor de referencia del déficit. En este contexto, debe prestarse especial atención a las reformas de los sistemas de pensiones, en los que la desviación debe reflejar el aumento directo del coste de desviar las contribuciones del pilar administrado por el Estado al pilar de capitalización total. Las medidas por las que se vuelva a transferir los activos del pilar de total capitalización al pilar administrado por el Estado deben ser ocasionales y de carácter temporal y, por tanto, el importe resultante debe quedar excluido del saldo estructural en el que se base la valoración del avance hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

(23)

En caso de que se produzca una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, la Comisión debe dirigir una advertencia al Estado miembro de que se trate, seguida al cabo de un mes de un examen de la situación por el Consejo y de una recomendación sobre las medidas de ajuste necesarias. La recomendación debe fijar un plazo no superior a cinco meses para corregir la desviación. El Estado miembro en cuestión deberá presentar al Consejo un informe sobre las medidas tomadas. Si el Estado miembro interesado no toma las medidas oportunas en el plazo establecido por el Consejo, este debe adoptar una decisión en la que se consigne que no se han adoptado medidas efectivas e informar al Consejo Europeo. Es importante que se determine a tiempo si un Estado miembro no ha tomado las acciones adecuadas, en especial si persiste el incumplimiento. La Comisión debe estar facultada para recomendar al Consejo la adopción de recomendaciones revisadas. La Comisión debe estar facultada para invitar al BCE a participar en una misión de supervisión para los Estados miembros de la zona del euro y para los Estados miembros del Acuerdo, de 16 de marzo de 2006, entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro por el que se establecen los procedimientos de funcionamiento del mecanismo de tipos de cambio de la tercera fase de la unión económica y monetaria (9) (MTC II), si procede. La Comisión debe informar al Consejo del resultado de la misión y, en su caso, poder decidir hacer públicas sus conclusiones.

(24)

Debe conferirse al Consejo los poderes para adoptar decisiones individuales en las que se constate el incumplimiento de las recomendaciones adoptadas por el Consejo sobre la base del artículo 121, apartado 4, del TFUE, que establezcan medidas en el ámbito de las políticas en caso de que un Estado miembro se desvíe de manera significativa de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Habida cuenta de que forman parte de la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros en el seno del Consejo, de conformidad con el artículo 121, apartado 1, del TFUE, dichas decisiones individuales se inscriben plenamente en la continuidad de las recomendaciones mencionadas adoptadas por el Consejo con arreglo al artículo 121, apartado 4, del TFUE. La suspensión de los derechos de voto de los miembros del Consejo que representan a los Estados miembros cuya moneda no es el euro para la adopción por parte del Consejo de una decisión en la que se haga constar un incumplimiento de las recomendaciones dirigidas a un Estado miembro cuya moneda es el euro sobre la base del artículo 121, apartado 4, del TFUE es una consecuencia directa del hecho de que tal decisión se inscriba plenamente en la continuidad de dicha recomendación y la disposición del artículo 139, apartado 4, del TFUE que reserva el derecho de voto sobre tales recomendaciones a los Estados miembros cuya moneda es el euro.

(25)

A fin de asegurar el cumplimiento del marco de supervisión presupuestaria de la Unión para los Estados miembros cuya moneada es el euro, debe establecerse un mecanismo de ejecución específico en virtud del artículo 136 del Tratado para los casos de desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

(26)

Las referencias contenidas en el Reglamento (CE) no 1466/97 deben tener en cuenta la nueva numeración de los artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(27)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1466/97, en consecuencia.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) no 1466/97 queda modificado como sigue:

1)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

El presente Reglamento establece las normas que regulan el contenido, la presentación, el examen y el seguimiento de los programas de estabilidad y de los programas de convergencia en el marco de la supervisión multilateral que realizan el Consejo y la Comisión, para prevenir, en una fase inicial, que se produzcan déficits públicos excesivos e impulsar la supervisión y la coordinación de las políticas económicas, apoyando así la consecución de los objetivos de la Unión en materia de crecimiento y empleo.».

2)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)

“Estados miembros participantes”, los Estados miembros cuya moneda es el euro;

b)

“Estados miembros no participantes”, aquellos cuya moneda no es el euro.».

3)

Se inserta la sección siguiente:

«SECCIÓN 1 BIS

SEMESTRE EUROPEO PARA LA COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS

Artículo 2 bis

1.   Con el fin de garantizar una coordinación más estrecha de las políticas económicas y una convergencia sostenida de los resultados económicos de los Estados miembros, el Consejo efectuará la supervisión multilateral como parte integral del Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas, de conformidad con los objetivos y requisitos establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

2.   El Semestre europeo incluirá:

a)

la formulación y la supervisión de la aplicación de las orientaciones generales de política económica de los Estados miembros y de la Unión (“orientaciones generales de política económica”) de conformidad con el artículo 121, apartado 2, del TFUE;

b)

la formulación y el examen de la aplicación de las orientaciones en materia de empleo que los Estados miembros deberán tener en cuenta de conformidad con el artículo 148, apartado 2, del TFUE (“orientaciones en materia de empleo”);

c)

la presentación y la evaluación de los programas de estabilidad o de convergencia de los Estados miembros, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento;

d)

la presentación y la evaluación de los programas nacionales de reforma de los Estados miembros en apoyo a la estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo y establecidos en consonancia con las orientaciones descritas en las letras a) y b) y con las orientaciones generales dirigidas a los Estados miembros por la Comisión y por el Consejo Europeo al iniciarse el ciclo anual de supervisión;

e)

la supervisión con miras a prevenir y corregir los desequilibrios macroeconómicos mencionados en el Reglamento (UE) no 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011; sobre la prevención y la corrección de los desequilibrios macroeconómicos (10).

3.   En el transcurso del Semestre europeo, y a fin de facilitar un asesoramiento oportuno e integrado sobre las políticas macropresupuestarias y macroestructurales previstas, el Consejo, como norma, tras la evaluación de los referidos programas sobre la base de recomendaciones formuladas por la Comisión, ofrecerá orientaciones a los Estados miembros aprovechando al máximo los instrumentos jurídicos contemplados en los artículos 121 y 148 del TFUE, y de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento y en el Reglamento (UE) no 1176/2011.

Los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta las orientaciones que les hayan sido dirigidas con miras al desarrollo de sus políticas económicas, de empleo y presupuestarias, antes de adoptar decisiones clave sobre los presupuestos nacionales de los años siguientes. Corresponderá a la Comisión controlar los avances en este sentido.

La no adopción de medidas de un Estado miembro frente a las orientaciones recibidas podrá dar lugar a:

a)

nuevas recomendaciones con miras a la adopción de medidas específicas;

b)

una advertencia de la Comisión de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE;

c)

la adopción de medidas de conformidad con el presente Reglamento, el Reglamento (CE) no 1467/97 o el Reglamento (UE) no 1176/2011.

La aplicación de las medidas será objeto de un control reforzado por parte de la Comisión y podrá incluir misiones de supervisión de conformidad con el artículo 11 del presente Reglamento.

4.   El Parlamento Europeo será debidamente asociado al Semestre europeo, con el fin de reforzar la transparencia, la implicación y la responsabilidad por las decisiones que se adopten, en particular por medio del diálogo económico mantenido de conformidad con el artículo 2 bis ter del presente Reglamento. Si procede, se consultará en el marco del Semestre europeo al Comité Económico y Financiero, al Comité de Política Económica, al Comité de Empleo, y al Comité de Protección Social. Si procede, se implicará en el marco del Semestre europeo a las partes interesadas pertinentes, en particular a los interlocutores sociales, acerca de las principales cuestiones políticas, de conformidad con las disposiciones del TFUE y las disposiciones jurídicas y políticas nacionales.

El Presidente del Consejo y la Comisión de conformidad con el artículo 121 del TFUE, y, si procede, el Presidente del Eurogrupo, informarán anualmente al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo acerca de los resultados de la supervisión multilateral. Dichos informes deben ser un componente del diálogo económico contemplado en el artículo 2 bis ter del presente Reglamento.

4)

Se inserta la sección siguiente:

«SECCIÓN 1 BIS BIS

DIÁLOGO ECONÓMICO

Artículo 2 bis ter

1.   A fin de reforzar el diálogo entre las instituciones de la Unión, en particular el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, así como para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad, la comisión competente del Parlamento Europeo podrá invitar al Presidente del Consejo, a la Comisión y, cuando proceda, al Presidente del Consejo Europeo o al Presidente del Eurogrupo a que comparezcan ante la comisión para debatir:

a)

la información facilitada a la comisión parlamentaria por el Consejo sobre las orientaciones generales de política económica, de conformidad con el artículo 121, apartado 2, del TFUE;

b)

las orientaciones generales dirigidas a los Estados miembros por la Comisión al iniciarse el ciclo anual de supervisión;

c)

las conclusiones del Consejo Europeo sobre las orientaciones de políticas económicas en el contexto del Semestre Europeo;

d)

los resultados de la supervisión multilateral llevada a cabo en virtud del presente Reglamento;

e)

las conclusiones del Consejo Europeo sobre las orientaciones de la supervisión multilateral y los resultados de la misma;

f)

cualquier revisión de la ejecución de la supervisión multilateral al término del Semestre Europeo;

g)

las recomendaciones dirigidas por el Consejo a los Estados miembros de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE, en caso de que se produzca una desviación significativa y el informe presentado ante el Consejo Europeo por el Consejo en los términos contemplados en el artículo 6, apartado 2, y el artículo 10, apartado 2, del presente Reglamento.

2.   Se espera que, como norma, el Consejo siga las recomendaciones y propuestas de la Comisión o bien que explique públicamente su posición.

3.   La comisión competente del Parlamento Europeo podrá brindar al Estado miembro al que vaya dirigida una recomendación del Consejo de conformidad con el artículo 6, apartado 2, y el artículo 10, apartado 2, la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista.

4.   El Consejo y la Comisión informarán periódicamente al Parlamento Europeo sobre la aplicación del presente Reglamento.».

5)

El artículo 2 bis se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2 bis

Cada Estado miembro tendrá un objetivo a medio plazo para su situación presupuestaria diferenciado. Estos objetivos presupuestarios a medio plazo específicos de cada país podrán diferir del requisito de alcanzar una situación de proximidad al equilibrio o superávit, ofreciendo a la vez un margen de seguridad con respecto a la proporción de déficit público del 3 % del PIB. Los objetivos presupuestarios a medio plazo garantizarán la sostenibilidad de las finanzas públicas o un rápido avance hacia la sostenibilidad permitiendo un margen de maniobra presupuestario, considerando en particular las necesidades de inversión pública.

Teniendo en cuenta estos factores, para los Estados miembros participantes y para los Estados miembros participantes en el MTC II los objetivos presupuestarios a medio plazo específicos de cada país se enunciarán dentro de una variación definida de entre el – 1 % del PIB y el equilibrio o el superávit ajustado al ciclo y una vez tenidas en cuenta las medidas transitorias y temporales.

El objetivo presupuestario a medio plazo se revisará cada tres años. El objetivo presupuestario a medio plazo de un Estado miembro podrá revisarse, además, en caso de que se lleve a cabo una reforma estructural que tenga una gran incidencia en la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El respeto del objetivo presupuestario a medio plazo se incluirá en los marcos presupuestarios nacionales a medio plazo, de conformidad con el capítulo IV de la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (11).

6)

El artículo 3 queda modificado como sigue:

a)

el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Todos los Estados miembros participantes deberán presentar al Consejo y a la Comisión la información necesaria a efectos de la supervisión multilateral periódica prevista en el artículo 121 del TFUE, en forma de un “programa de estabilidad”, que facilite una base esencial para la sostenibilidad de las finanzas públicas que conduzca a la estabilidad de los precios, a un fuerte crecimiento sostenible y a la creación de empleo.»;

b)

en el apartado 2, se sustituyen las letras a), b) y c) por el texto siguiente:

«a)

el objetivo presupuestario a medio plazo y la trayectoria de ajuste hacia dicho objetivo para el saldo presupuestario de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, la trayectoria de evolución prevista para la proporción de deuda pública, la trayectoria prevista de crecimiento del gasto público, incluida la asignación correspondiente para la formación bruta de capital fijo, en particular teniendo en cuenta las condiciones y los criterios para determinar el crecimiento del gasto con arreglo al artículo 5, apartado 1, la trayectoria prevista de crecimiento de los ingresos públicos en el supuesto de que la política económica no varíe y una cuantificación de las medidas discrecionales previstas en relación con los ingresos;

a bis)

información sobre las obligaciones implícitas relacionadas con el envejecimiento y pasivos contingentes, como garantías públicas, que puedan tener una gran incidencia en las cuentas de las administraciones públicas;

a ter)

información sobre la coherencia del programa de estabilidad con las orientaciones generales de política económica y el programa nacional de reformas;

b)

los principales supuestos sobre la evolución económica esperada y las variables económicas importantes que son relevantes para el cumplimiento del programa de estabilidad, tales como el gasto público en inversión, el crecimiento del PIB en términos reales, el empleo y la inflación;

c)

un análisis cuantitativo de las medidas presupuestarias y otras medidas de política económica adoptadas o propuestas para alcanzar los objetivos del programa, incluido un análisis de coste-beneficio de las reformas estructurales importantes que tengan efectos directos presupuestarios positivos a largo plazo, entre otras cosas incrementando el crecimiento sostenible potencial;»;

c)

se inserta el apartado siguiente:

«2 bis)   El programa de estabilidad se basará en el escenario macropresupuestario más probable o en un escenario más prudente. Las previsiones macroeconómicas y presupuestarias se compararán con las previsiones más actualizadas de la Comisión y, en su caso, con las de otros organismos independientes. Se describirán de manera motivada las diferencias significativas entre el escenario macropresupuestario elegido y las previsiones de la Comisión, en particular cuando el nivel o el crecimiento de las previsiones externas difieran significativamente de los datos mencionados en las previsiones de la Comisión.

La naturaleza exacta de la información mencionada en el apartado 2, letras a), a bis), b), c) y d), se fijará en un marco armonizado que establecerá la Comisión en cooperación con los Estados miembros.»;

d)

el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   La información sobre la trayectoria del saldo presupuestario de las administraciones públicas y el coeficiente de endeudamiento, el crecimiento del gasto público, la trayectoria prevista de crecimiento de los ingresos públicos en el supuesto de que la política económica no varíe, las medidas discrecionales previstas en relación con los ingresos, debidamente cuantificadas, y los principales supuestos económicos a que se refiere el apartado 2, letras a) y b), se facilitarán con periodicidad anual y abarcarán el año precedente, el año corriente y al menos los tres años siguientes.

4.   Cada uno de los programas contendrá información sobre su estado en el contexto de los procedimientos nacionales, en particular sobre si se ha presentado al Parlamento nacional y sobre si el Parlamento nacional ha tenido oportunidad de examinar el dictamen del Consejo sobre el programa anterior y, en su caso, toda recomendación o advertencia al respecto, y sobre si el programa ha recibido aprobación parlamentaria.».

7)

El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 4

1.   Los programas de estabilidad se presentarán cada año en el mes de abril, preferentemente a mediados de mes y a más tardar el día 30.

2.   Los Estados miembros harán públicos sus programas de estabilidad.».

8)

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 5

1.   Basándose en los análisis efectuados por la Comisión y el Comité Económico y Financiero, el Consejo, en el ejercicio de la supervisión multilateral prevista en el artículo 121 del TFUE, examinará los objetivos presupuestarios a medio plazo por los Estados miembros de que se trate en sus programas de estabilidad, evaluará si los supuestos económicos en que se basan los programas son realistas, si la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo es adecuada, incluido el examen de la trayectoria del coeficiente de deuda que lo acompaña, y si las medidas adoptadas o propuestas para seguir la trayectoria de ajuste bastan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo a lo largo del ciclo.

El Consejo y la Comisión, al evaluar la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, examinarán si el Estado miembro de que se trate persigue la mejora anual apropiada de su saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, necesaria para cumplir su objetivo presupuestario a medio plazo, tomando como valor de referencia un 0,5 % del PIB. Respecto de los Estados miembros que se enfrenten a un nivel de deuda que supere el 60 % del PIB o a un riesgo acusado respecto a la sostenibilidad global de su deuda, el Consejo y la Comisión examinarán si la mejora anual del saldo presupuestario ajustado al ciclo, una vez descontadas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, es superior al 0,5 % del PIB. El Consejo y la Comisión tendrán en cuenta si se hace un esfuerzo mayor de ajuste en tiempos de bonanza económica, mientras que el esfuerzo podría ser más limitado en tiempos adversos para la economía. En particular, se tomarán en consideración los ingresos inesperados o las caídas inesperadas de los ingresos.

Se evaluará si se ha avanzado lo suficiente hacia el objetivo presupuestario a medio plazo mediante una valoración general que tome como punto de referencia el saldo estructural e incluya un análisis del gasto excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos. Con este fin, el Consejo y la Comisión evaluarán si la trayectoria de crecimiento del gasto público, tomada conjuntamente con el efecto de las medidas adoptadas o previstas en relación con los ingresos, se ajusta a las siguientes condiciones:

a)

en el caso de los Estados miembros que hayan alcanzado el objetivo presupuestario a medio plazo, el crecimiento anual del gasto no excede de una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo que sirva de referencia, a menos que el exceso se compense con medidas discrecionales relativas a los ingresos;

b)

en el caso de los Estados miembros que no hayan alcanzado aún su objetivo presupuestario a medio plazo, el crecimiento anual del gasto no excede de una tasa inferior a una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo que sirva de referencia, a menos que el exceso se compense con medidas discrecionales en relación con los ingresos; la diferencia entre la tasa de crecimiento del gasto público y una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo que sirva de referencia se establece de tal manera que asegure un ajuste apropiado hacia el objetivo presupuestario a medio plazo;

c)

en el caso de los Estados miembros que no hayan alcanzado aún su objetivo presupuestario a medio plazo, las reducciones discrecionales de las partidas de ingresos públicos se compensan, bien mediante reducciones del gasto, bien mediante aumentos discrecionales de otras partidas de ingresos públicos, o ambas cosas.

El agregado del gasto excluirá los gastos de intereses, los gastos de programas de la Unión que se compensen totalmente con los ingresos de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo.

El exceso en el crecimiento del gasto por encima del valor de referencia a medio plazo no se considerará un incumplimiento de dicho valor en la medida en que se compense plenamente con el incremento de los ingresos establecido por la ley.

La tasa de referencia de crecimiento potencial a medio plazo del PIB se determinará a partir de proyecciones hacia el futuro, o de estimaciones retrospectivas. Dichas proyecciones se actualizarán periódicamente. La Comisión hará públicos el método de cálculo de esas proyecciones y la tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo resultante que sirva de referencia.

Al definir la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo para los Estados miembros que todavía no lo han alcanzado, y al permitir una desviación temporal respecto de dicho objetivo para los Estados miembros que ya lo han alcanzado, siempre que se mantenga un margen de seguridad adecuado con respecto al valor de referencia del déficit y se prevea el retorno de la situación presupuestaria al objetivo presupuestario a medio plazo dentro del período cubierto por el programa, el Consejo y la Comisión tendrán en cuenta la puesta en práctica de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos presupuestarios positivos a largo plazo, entre otras cosas incrementando el crecimiento sostenible potencial, y que tengan por tanto una repercusión comprobable en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

Se prestará especial atención a la reforma de las pensiones mediante la introducción de un sistema multipilar que incluya un pilar obligatorio totalmente financiado. Los Estados miembros que realicen dichas reformas podrán desviarse de la trayectoria de ajuste hacia su objetivo presupuestario a medio plazo o del objetivo mismo, con una desviación que refleje la incidencia del importe del incremento directo de la reforma en el saldo presupuestario de las administraciones públicas, siempre que se mantenga un margen de seguridad adecuado con respecto al valor de referencia del déficit.

El Consejo y la Comisión examinarán asimismo si el programa de estabilidad facilita una convergencia sostenida y real en la zona del euro y una coordinación más estrecha de las políticas económicas, y si las políticas económicas del Estado miembro de que se trate son coherentes con las orientaciones generales de política económica y con las orientaciones en materia de empleo de los Estados miembros y de la Unión.

En caso de acontecimiento inusitado que esté fuera del control del Estado miembro afectado y que tenga una gran incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas, o en períodos de crisis económica grave en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, se podrá permitir a los Estados miembros que se aparten temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo a la que se hace referencia en el párrafo tercero, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

2.   El Consejo y la Comisión examinarán el programa de estabilidad en el plazo máximo de tres meses a partir de su presentación. El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión y tras consultar al Comité Económico y Financiero, adoptará, si es necesario, un dictamen sobre el programa. Si, con arreglo al artículo 121 del TFUE, considera que es preciso reforzar los objetivos y medidas del programa, haciendo particular referencia a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, el Consejo invitará en su dictamen al Estado miembro de que se trate a que ajuste su programa.».

9)

El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 6

1.   Como parte de la supervisión multilateral prevista en el artículo 121, apartado 3, del TFUE, el Consejo y la Comisión vigilarán la aplicación de los programas de estabilidad basándose en la información aportada por los Estados miembros participantes y en las valoraciones efectuadas por la Comisión y el Comité Económico y Financiero, en particular con el propósito de detectar desviaciones importantes, reales o previsibles, de la situación presupuestaria respecto del objetivo presupuestario a medio plazo o de la trayectoria de ajuste apropiada para lograrlo.

2.   En caso de que se perciba una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo mencionada en el artículo 5, apartado 1, párrafo tercero, del presente Reglamento, y para impedir la aparición de un déficit excesivo, la Comisión dirigirá una advertencia al Estado miembro de que se trate de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE.

En el plazo de un mes a partir de la fecha de adopción de la advertencia a la que se hace referencia en el párrafo primero, el Consejo examinará la situación y adoptará una recomendación sobre las medidas políticas de ajuste necesarias, basándose en una recomendación de la Comisión conforme al artículo 121, apartado 4, del TFUE. La recomendación fijará un plazo máximo de cinco meses para resolver la desviación. El plazo se reducirá a tres meses si la Comisión, en su advertencia, considera que la situación es especialmente grave y requiere medidas urgentes. El Consejo, a propuesta de la Comisión, hará pública la recomendación.

Dentro del plazo establecido por el Consejo en la recomendación mencionada en el artículo 121, apartado 4, del TFUE, el Estado miembro de que se trate informará al Consejo de las medidas adoptadas en respuesta a dicha recomendación.

Si el Estado miembro afectado no toma medidas efectivas en el plazo especificado en la recomendación del Consejo prevista en el segundo párrafo, la Comisión recomendará inmediatamente al Consejo que adopte una decisión, por mayoría cualificada, en la que se constate que no se ha tomado ninguna medida efectiva. La Comisión podrá recomendar simultáneamente al Consejo que adopte una recomendación revisada sobre las medidas políticas necesarias, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE.

En caso de que el Consejo no adopte la decisión sobre la recomendación de la Comisión en la que se constate que no se han tomado medidas efectivas, y el Estado miembro de que se trate sigue sin adoptar las medidas oportunas, la Comisión, transcurrido un mes de su primera recomendación, recomendará al Consejo que adopte la decisión en la que se constate que no se ha tomado ninguna medida efectiva. La decisión se considerará adoptada por el Consejo a menos que este decida, por mayoría simple, rechazar la recomendación en el plazo de diez días tras su adopción por la Comisión. La Comisión podrá recomendar simultáneamente al Consejo que adopte una recomendación revisada sobre las medidas políticas necesarias, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE.

En la adopción de la decisión sobre incumplimiento a que se refieren los párrafos cuarto y quinto únicamente votarán los miembros del Consejo que representen a los Estados miembros participantes. El Consejo se pronunciará sin tomar en consideración el voto del miembro del Consejo que represente al Estado miembro afectado.

El Consejo presentará un informe formal al Consejo Europeo sobre la decisión adoptada al respecto.

3.   La evaluación de una desviación del objetivo presupuestario a medio plazo o de la trayectoria de ajuste apropiada para lograr dicho objetivo se realizará partiendo de la base de una valoración general, mencionada en el artículo 5, apartado 1, que tome como punto de referencia el saldo estructural e incluya un análisis del gasto exceptuando las medidas discrecionales previstas en relación con los ingresos.

La valoración de la importancia de la desviación incluirá, en particular, los siguientes criterios:

a)

en el caso de un Estado miembro que no haya alcanzado el objetivo presupuestario a medio plazo, cuando se valore el cambio del saldo estructural, si la desviación es de al menos el 0,5 % del PIB en un solo año o de al menos el 0,25 % del PIB como promedio anual en dos años consecutivos;

b)

cuando se evalúe la evolución del gasto excluyendo las medidas discrecionales relativas a los ingresos, si la desviación tiene una repercusión total en el saldo presupuestario de las administraciones públicas de al menos el 0,5 % del PIB en un solo año o de forma acumulada en dos años consecutivos.

La desviación de la evolución del gasto no se considerará significativa si el Estado miembro de que se trate ha superado el objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta la posibilidad de unos ingresos inesperados significativos y que los planes presupuestarios establecidos en el programa de estabilidad no hagan peligrar dicho objetivo durante todo el período cubierto por el programa.

Igualmente, la desviación podrá no considerarse si se deriva de un acontecimiento inusitado que esté fuera del control del Estado miembro afectado y que tenga una gran incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas, o en caso de crisis económica grave en la zona del euro o en el conjunto de la UE, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.».

10)

El artículo 7 queda modificado como sigue:

a)

el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Todos los Estados miembros no participantes deberán presentar al Consejo y a la Comisión la información necesaria a efectos de la supervisión multilateral periódica prevista en el artículo 121 del TFUE, en forma de un programa de convergencia, que facilite una base esencial para la sostenibilidad de las finanzas públicas propicia a la estabilidad de los precios, a un fuerte crecimiento sostenible y a la creación de empleo.»;

b)

en el apartado 2, las letras a) b) y c) se sustituyen por el texto siguiente:

«a)

el objetivo presupuestario a medio plazo y la trayectoria de ajuste hacia dicho objetivo para el saldo presupuestario de las administraciones públicas como porcentaje del PIB, la trayectoria de evolución prevista para la proporción de deuda pública, la trayectoria prevista de crecimiento del gasto público, incluida la asignación correspondiente para la formación bruta de capital fijo, en particular teniendo en cuenta las condiciones y los criterios para establecer el crecimiento del gasto con arreglo al artículo 9, apartado 1, la trayectoria prevista de crecimiento de los ingresos públicos en el supuesto de que la política económica no varíe y una cuantificación de las medidas discrecionales previstas en relación con los ingresos, los objetivos de política monetaria a medio plazo, la relación de esos objetivos con la estabilidad de los precios y de los tipos de cambio y con el logro de una convergencia sostenida;

a bis)

información sobre obligaciones implícitas relacionadas con el envejecimiento y pasivos contingentes, como garantías públicas, que puedan tener una gran incidencia en las cuentas de las administraciones públicas;

a ter)

información sobre la coherencia del programa de convergencia con las orientaciones generales de política económica y el programa de reforma nacional;

b)

los principales supuestos sobre la evolución económica esperada y las variables económicas importantes que son relevantes para la consecución del programa de convergencia, tales como el gasto público de inversión, el crecimiento del PIB en términos reales, el empleo y la inflación;

c)

un análisis cuantitativo de las medidas presupuestarias y otras medidas de política económica adoptadas o propuestas para alcanzar los objetivos del programa, incluido un análisis de coste-beneficio de las reformas estructurales importantes, que tengan efectos directos presupuestarios positivos a largo plazo, entre otras cosas incrementando el crecimiento sostenible potencial;»;

c)

se inserta el apartado siguiente:

«2 bis.   El programa de convergencia se basará en el escenario macropresupuestario más probable o en un escenario más prudente. Las previsiones macroeconómicas y presupuestarias se compararán con las previsiones más actualizadas de la Comisión y, en su caso, con las de otros organismos independientes. Se describirán de manera motivada las diferencias significativas entre el escenario macropresupuestario elegido y las previsiones de la Comisión, en particular cuando el nivel o el crecimiento de las previsiones externas difieran significativamente de los datos mencionados en las previsiones de la Comisión.

La naturaleza exacta de la información mencionada en el apartado 2, letras a), a bis),b), c y d), se fijará en un marco armonizado que establecerá la Comisión en cooperación con los Estados miembros.»;

d)

el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   La información sobre la trayectoria del saldo presupuestario de las administraciones públicas y la proporción de deuda, el crecimiento del gasto público, la trayectoria prevista de crecimiento de los ingresos públicos en el supuesto de que la política económica no varíe, las medidas discrecionales previstas en relación con los ingresos, adecuadamente cuantificadas, y los principales supuestos económicos citados en el apartado 2, letras a) y b), se facilitarán con periodicidad anual y abarcarán el año precedente, el año corriente y al menos los tres años siguientes.

4.   Cada uno de los programas contendrá información sobre su estado en el contexto de los procedimientos nacionales, en particular sobre si se ha presentado al Parlamento nacional y sobre si el Parlamento nacional ha tenido oportunidad de examinar el dictamen del Consejo sobre el programa anterior y, en su caso, toda recomendación o advertencia al respecto, y sobre si el programa ha recibido aprobación parlamentaria.».

11)

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 8

1.   Los programas de convergencia se presentarán cada año en el mes de abril, preferentemente a mediados de mes y a más tardar el día 30.

2.   Los Estados miembros harán públicos sus programas de convergencia.».

12)

El artículo 9 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 9

1.   Basándose en los análisis efectuados por la Comisión y el Comité Económico y Financiero, el Consejo, en el ejercicio de la supervisión multilateral prevista en el artículo 121 del TFUE, examinará los objetivos presupuestarios a medio plazo y la trayectoria prevista del porcentaje de deuda pública presentados por los Estados miembros de que se trate en sus programas de convergencia, evaluará si los supuestos económicos en que se basa el programa son realistas, si la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo es adecuada, incluido el examen de la trayectoria del ratio de deuda que le acompaña, y si las medidas adoptadas o propuestas para seguir la trayectoria de ajuste bastan para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo a lo largo del ciclo y para lograr una convergencia sostenida.

El Consejo y la Comisión, al evaluar la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, tendrán en cuenta si se hace un esfuerzo mayor de ajuste en tiempos de bonanza económica, mientras que el esfuerzo podría ser más limitado en tiempos adversos para la economía. En particular, se tomarán en consideración los ingresos excedentarios o deficitarios. En el caso de los Estados miembros que se enfrentan a un nivel de deuda superior al 60 % del PIB o en los que la sostenibilidad general de la deuda esté expuesta a riesgos acusados, el Consejo y la Comisión examinarán si la mejora anual del saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, es superior al 0,5 % del PIB. Respecto de los Estados miembros participantes en el MTC II, el Consejo y la Comisión examinarán si el Estado miembro de que se trate persigue la mejora anual apropiada de su saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, una vez excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, necesaria para cumplir su objetivo presupuestario a medio plazo, tomando como valor de referencia un 0,5 % del PIB.

Se evaluará si se ha avanzado lo suficiente hacia el objetivo presupuestario a medio plazo mediante una valoración general que tome como punto de referencia el saldo estructural e incluya un análisis del gasto excluidas las medidas discrecionales relativas a los ingresos. Con este fin, el Consejo y la Comisión evaluarán si la trayectoria de crecimiento del gasto público, tomada conjuntamente con el efecto de las medidas adoptadas o previstas en relación con los ingresos, se ajusta a las siguientes condiciones:

a)

en el caso de los Estados miembros que hayan alcanzado el objetivo presupuestario a medio plazo, el crecimiento anual del gasto no excede de una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo que sirva de referencia, a menos que el exceso se contrarreste con medidas discrecionales relativas a los ingresos;

b)

en el caso de los Estados miembros que no hayan alcanzado aún su objetivo presupuestario a medio plazo, el crecimiento anual del gasto no excede de una tasa inferior a una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo que sirva de referencia, a menos que el exceso se contrarreste con medidas discrecionales en relación con los ingresos; la diferencia entre la tasa de crecimiento del gasto público y una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo que sirva de referencia se establece de tal manera que asegure un ajuste apropiado hacia el objetivo presupuestario a medio plazo;

c)

en el caso de los Estados miembros que no hayan alcanzado aún su objetivo presupuestario a medio plazo, las reducciones discrecionales de las partidas de ingresos públicos se contrarrestan, bien mediante reducciones del gasto, bien mediante aumentos discrecionales de otras partidas de ingresos públicos, o ambas cosas.

El agregado del gasto excluirá los gastos de intereses, los gastos de programas de la Unión que se contrarresten totalmente con los ingresos de los fondos de la Unión, y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo.

El exceso de crecimiento del gasto con respecto a las referencias a medio plazo no debe considerarse un incumplimiento del valor de referencia, en la medida en que se compense totalmente con el aumento de los ingresos autorizado por ley.

La tasa de referencia de posible crecimiento a medio plazo del PIB se determinará a partir de proyecciones hacia el futuro, o de estimaciones retrospectivas. Dichas proyecciones se actualizarán periódicamente. La Comisión hará públicos el método de cálculo de esas proyecciones y la tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo resultante que sirva de referencia.

Al definir la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo para los Estados miembros que todavía no lo han alcanzado, y al permitir una desviación temporal respecto de dicho objetivo para los Estados miembros que ya lo han alcanzado, siempre que se mantenga un margen de seguridad adecuado con respecto al valor de referencia del déficit y se prevea el retorno de la situación presupuestaria al objetivo presupuestario a medio plazo dentro del período de programación, el Consejo y la Comisión tendrán en cuenta la realización de importantes reformas estructurales que tengan efectos directos presupuestarios positivos a largo plazo, entre otras cosas incrementando el crecimiento sostenible potencial, y que tengan por tanto una repercusión comprobable en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

Se prestará especial atención a la reforma de las pensiones mediante la introducción de un sistema multipilares que incluya un pilar obligatorio totalmente financiado. Los Estados miembros que realicen dichas reformas podrán desviarse de la trayectoria de ajuste hacia su objetivo presupuestario a medio plazo o del objetivo mismo, con una desviación que refleje la incidencia del importe del incremento directo de la reforma en el saldo presupuestario general de las administraciones públicas, siempre que se mantenga un margen de seguridad adecuado con respecto al valor de referencia del déficit.

El Consejo y la Comisión examinarán asimismo si el programa de convergencia facilita el logro de una convergencia real y sostenida, y una coordinación más estrecha de las políticas económicas, y si las políticas económicas del Estado miembro de que se trate son coherentes con las orientaciones generales de política económica y con las orientaciones en materia de empleo de los Estados miembros y de la Unión. Además, para los Estados miembros participantes en el MTC II, el Consejo examinará si el programa de convergencia garantiza una participación armoniosa en el mecanismo de tipos de cambio.

En caso de un acontecimiento inusitado que esté fuera del control del Estado miembro afectado y que tenga una gran incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas, o en períodos de crisis económica grave en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, se podrá permitir a los Estados miembros que se aparten temporalmente de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo a la que se hace referencia en el párrafo tercero, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.

2.   El Consejo y la Comisión examinarán el programa de convergencia en el plazo máximo de tres meses a contar desde su presentación. El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión y tras consultar al Comité Económico y Financiero, adoptará, si es necesario, un dictamen sobre el programa. Si, con arreglo al artículo 121 del TFUE, considera que es preciso reforzar los objetivos y medidas del programa, haciendo particular referencia a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, el Consejo invitará en su dictamen al Estado miembro de que se trate a que ajuste su programa.».

13)

El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10

1.   Como parte de la supervisión multilateral prevista en el artículo 121, apartado 3, del TFUE, el Consejo y la Comisión vigilarán la aplicación de los programas de convergencia basándose en la información aportada por los Estados miembros acogidos a una excepción y en las valoraciones efectuadas por la Comisión y el Comité Económico y Financiero, en particular con el propósito de detectar desviaciones importantes, reales o previsibles, de la situación presupuestaria respecto del objetivo presupuestario a medio plazo o de la trayectoria de ajuste apropiada para lograrlo.

El Consejo y la Comisión vigilarán además las políticas económicas de los Estados miembros no participantes a la luz de los objetivos del programa de convergencia para garantizar que dichas políticas se orientan a la estabilidad, evitando así desajustes de los tipos reales de cambio y fluctuaciones excesivas del tipo de cambio nominal.

2.   En caso de que se perciba una desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo mencionada en el artículo 9, apartado 1, párrafo tercero, del presente Reglamento, y para impedir la aparición de un déficit excesivo, la Comisión, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE, dirigirá una advertencia al Estado miembro de que se trate.

En el plazo de un mes a partir de la fecha de adopción de la advertencia a la que se hace referencia en el párrafo primero, el Consejo examinará la situación y adoptará una recomendación sobre las medidas políticas de ajuste necesarias, basándose en una recomendación de la Comisión conforme al artículo 121, apartado 4, del TFUE. La recomendación fijará un plazo máximo de cinco meses para resolver la desviación. El plazo se reducirá a tres meses si la Comisión, en su advertencia, considera que la situación es especialmente grave y requiere medidas urgentes. El Consejo, a propuesta de la Comisión, hará pública la recomendación.

Dentro del plazo establecido por el Consejo en la recomendación al amparo del artículo 121, apartado 4, del TFUE, el Estado miembro de que se trate informará al Consejo de las medidas adoptadas en respuesta a dicha recomendación.

Si el Estado miembro afectado no toma medidas efectivas en el plazo especificado en la recomendación del Consejo prevista en el párrafo segundo, la Comisión recomendará inmediatamente al Consejo que adopte una decisión, por mayoría cualificada, en la que se constate que no se ha tomado ninguna medida efectiva. La Comisión podrá recomendar simultáneamente al Consejo que adopte una recomendación revisada sobre las medidas políticas necesarias, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE.

En caso de que el Consejo no adopte la decisión sobre la recomendación de la Comisión en la que se constate que no se ha tomado ninguna medida efectiva, y el Estado miembro de que se trate sigue sin adoptar las medidas oportunas, la Comisión, transcurrido un mes de su primera recomendación, podrá recomendar al Consejo que adopte una decisión en la que se constate que no se ha tomado ninguna medida efectiva. La decisión se considerará adoptada por el Consejo a menos que este decida, por mayoría simple, rechazar la recomendación en el plazo de diez días tras su adopción por la Comisión. La Comisión podrá recomendar simultáneamente al Consejo que adopte una recomendación revisada sobre las medidas políticas necesarias, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE.

Al adoptar la decisión sobre incumplimiento prevista en los párrafos cuarto y quinto, el Consejo se pronunciará sin tomar en consideración el voto del miembro del Consejo que represente al Estado miembro de que se trate.

El Consejo presentará un informe formal al Consejo Europeo sobre la decisión adoptada al respecto.

3.   La evaluación de una desviación del objetivo presupuestario a medio plazo o de la trayectoria de ajuste apropiada para lograr dicho objetivo se realizará partiendo de la base de una valoración general que tome como punto de referencia el saldo estructural e incluya un análisis del gasto exceptuando las medidas discrecionales previstas en relación con los ingresos, mencionada en el artículo 9, apartado 1.

La valoración de la importancia de la desviación incluirá, en particular, los siguientes criterios:

a)

en el caso de un Estado miembro que no haya alcanzado el objetivo presupuestario a medio plazo, cuando se valore el cambio del saldo estructural, si la desviación es de al menos el 0,5 % del PIB en un solo año o de al menos el 0,25 % del PIB como promedio anual en dos años consecutivos;

b)

cuando se evalúe la evolución del gasto excluyendo las medidas discrecionales relativas a los ingresos, si la desviación tiene una repercusión total en el saldo presupuestario de las administraciones públicas de al menos el 0,5 % del PIB en un solo año o de forma acumulada en dos años consecutivos.

La desviación de la evolución del gasto no se considerará significativa si el Estado miembro de que se trate ha superado el objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta la posibilidad de unos ingresos excedentarios significativos y que los planes presupuestarios establecidos en el programa de convergencia no hagan peligrar dicho objetivo durante todo el período de programación.

Igualmente, la desviación podrá no considerarse cuando derive de un acontecimiento inusitado que esté fuera del control del Estado miembro afectado y que tenga una gran incidencia en la situación financiera de las administraciones públicas, o en caso de crisis económica grave en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, siempre que dicha desviación no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.».

14)

Se inserta la sección siguiente:

«SECCIÓN 3 BIS

PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA ESTADÍSTICA

Artículo 10 bis

A fin de garantizar que la supervisión multilateral se base en estadísticas fiables e independientes, los Estados miembros velarán por la independencia profesional de las autoridades nacionales de estadística, de manera coherente con el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas previsto en el Reglamento (CE) no 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea (12). Se requerirá, como mínimo:

a)

que se apliquen procedimientos transparentes de contratación y despido basados únicamente en criterios profesionales;

b)

que la consignación de créditos presupuestarios sea de carácter anual o plurianual;

c)

que la fecha de publicación de los datos estadísticos clave se establezca con bastante antelación.

15)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 11

1.   La Comisión velará por que exista un diálogo permanente con las autoridades pertinentes de los Estados miembros de conformidad con los objetivos del presente Reglamento. A este fin, la Comisión realizará visitas a todos los Estados miembros para evaluar la situación económica del Estado miembro e identificar los riesgos o dificultades en lo relativo a la consecución de los objetivos del presente Reglamento.

2.   La Comisión podrá llevar a cabo misiones de supervisión reforzada en los Estados miembros que hayan sido destinatarios de recomendaciones emitidas de conformidad con el artículo 6, apartado 2, y el artículo 10, apartado 2, a fin de comprobar la supervisión in situ. Los Estados miembros implicados facilitarán toda la información necesaria para la preparación y realización de la visita.

3.   Cuando el Estado miembro implicado sea un Estado miembro participante o un Estado miembro participante en el MTC II, la Comisión podrá invitar a representantes del Banco Central Europeo, en su caso, a integrarse en la misión de supervisión.

4.   La Comisión informará al Consejo del resultado de las misiones mencionadas en el apartado 2 y podrá decidir, si procede, que se publiquen sus conclusiones.

5.   Cuando organice las misiones mencionadas en el apartado 2, la Comisión remitirá sus conclusiones provisionales a los Estados miembros interesados para que estos puedan formular observaciones.».

16)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 12 bis

1.   A más tardar el 14 de diciembre de 2014 y, a continuación, cada cinco años, la Comisión publicará un informe sobre la aplicación del presente Reglamento.

En ese informe se evaluarán, entre otros elementos:

a)

la eficacia del presente Reglamento, en particular si las disposiciones que regulan el proceso de toma de decisiones han demostrado ser suficientemente sólidas;

b)

los avances realizados para garantizar una coordinación más estrecha de las políticas económicas y una convergencia sostenida de los resultados económicos de los Estados miembros de conformidad con el TFUE.

2.   Si procede, el referido informe irá acompañado de una propuesta de modificación del presente Reglamento, incluidos los procesos de toma de decisiones.

3.   El informe se remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo.».

17)

Todas las referencias al «artículo 99 del Tratado» se sustituyen en todo el Reglamento por referencias al «artículo 121 del TFUE».

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, el 16 de noviembre de 2011.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

J. BUZEK

Por el Consejo

El Presidente

W. SZCZUKA


(1)  DO C 150 de 20.5.2011, p. 1.

(2)  Posición del Parlamento Europeo de 28 de septiembre de 2011 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 8 de noviembre de 2011.

(3)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

(4)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.

(5)  DO C 236 de 2.8.1997, p. 1.

(6)  Reglamento (CE) no 1055/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1).

(7)  Reglamento (CE) no 1056/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1467/97 relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 174 de 7.7.2005, p. 5).

(8)  Véase el documento 7423/3/05 en http://www.consilium.europa.eu/documents.aspx?lang=es.

(9)  DO C 73 de 25.3.2006, p. 21.

(10)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25».

(11)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 41

(12)  DO L 87 de 31.3.2009, p. 164.».


23.11.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 306/25


REGLAMENTO (UE) No 1176/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 16 de noviembre de 2011

relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 121, apartado 6,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1)

La coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros en la Unión debe desarrollarse en el marco de las orientaciones generales de política económica y las orientaciones de empleo, tal como contempla el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y debe implicar el respeto de los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas y sostenibles, y balanza de pagos estable.

(2)

Es necesario aprender de la experiencia adquirida en el transcurso del primer decenio de funcionamiento de la unión económica y monetaria y, en especial, mejorar la gobernanza económica en la Unión sobre la base de un mayor protagonismo nacional.

(3)

La consecución y el mantenimiento de un mercado interior dinámico deben considerarse parte del funcionamiento adecuado y correcto de la unión económica y monetaria.

(4)

El marco mejorado de gobernanza económica debe basarse en distintas políticas interrelacionadas y coherentes en favor del crecimiento sostenible y del empleo, en particular, una estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo centrada, especialmente, en el desarrollo y fortalecimiento del mercado interior, la promoción del comercio internacional y de la competitividad, un Semestre europeo de coordinación reforzada de las políticas económicas y presupuestarias (Semestre europeo), un marco eficaz para la prevención y corrección de los déficits públicos excesivos (el Pacto de estabilidad y crecimiento), un marco sólido para la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, unos requisitos mínimos aplicables a los marcos presupuestarios nacionales, así como en una regulación y supervisión reforzadas de los mercados financieros, incluida la supervisión macroprudencial por la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

(5)

El fortalecimiento de la gobernanza económica debe conllevar una participación más estrecha y oportuna del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales. Si bien se debe reconocer que los interlocutores del Parlamento Europeo en el marco del diálogo son las instituciones pertinentes de la Unión y sus representantes, la comisión competente del Parlamento Europeo puede ofrecer a un Estado miembro destinatario de una decisión o recomendación del Consejo de conformidad con el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, o el artículo 10, apartado 4, del presente Reglamento la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista. La participación de los Estados miembros en ese intercambio es voluntaria.

(6)

La Comisión debe desempeñar un papel más importante en el procedimiento de supervisión reforzada, por lo que se refiere a las evaluaciones específicas para cada Estado miembro, al seguimiento, a las misiones in situ, a las recomendaciones y a las advertencias.

(7)

En especial, la supervisión de las políticas económicas de los Estados miembros debe ampliarse más allá de la supervisión presupuestaria, a fin de incluir un marco más detallado y formalizado con el que se prevengan desequilibrios macroeconómicos excesivos y se ayude a los Estados miembros afectados a establecer planes correctores antes de que las divergencias se arraiguen. Esta ampliación de la supervisión de las políticas económicas debe ir a la par con la profundización de la supervisión presupuestaria.

(8)

Para contribuir a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos, es preciso fijar un procedimiento detallado en la legislación.

(9)

Conviene complementar el procedimiento de supervisión multilateral a que se refiere el artículo 121, apartados 3 y 4, del TFUE con normas específicas para la detección de los desequilibrios macroeconómicos, así como para la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos excesivos dentro de la Unión. Es fundamental que el procedimiento esté en consonancia con el ciclo anual de supervisión multilateral.

(10)

Dicho procedimiento debe crear un mecanismo de alerta que permita detectar rápidamente los desequilibrios macroeconómicos que surjan. Debe basarse en la utilización de un cuadro de indicadores transparente y orientativo que incluya umbrales indicativos, combinado con un análisis económico. Este análisis debe tener en cuenta, entre otras cosas, la convergencia nominal y real dentro y fuera de la zona del euro.

(11)

Para que el cuadro de indicadores funcione con eficacia como elemento del mecanismo de alerta, debe consistir en un conjunto limitado de indicadores económicos, financieros y estructurales pertinentes para la detección de desequilibrios macroeconómicos, con sus correspondientes umbrales indicativos. De ser necesario, los indicadores y los umbrales se deben ajustar a fin de adaptarse a las características cambiantes de los desequilibrios macroeconómicos, debido, entre otras cosas, a las amenazas que puedan surgir para la estabilidad macroeconómica, y a fin de tener en cuenta una mejora en la disponibilidad de estadísticas pertinentes. Los indicadores no deben considerarse objetivos de política económica en sí mismos, sino herramientas para tener en cuenta las características cambiantes de los desequilibrios macroeconómicos en la Unión.

(12)

Es conveniente que la Comisión coopere estrechamente con el Parlamento Europeo y el Consejo en la elaboración del cuadro de indicadores y el conjunto de indicadores macroeconómicos y macrofinancieros relativos a los Estados miembros. La Comisión debe presentar a las comisiones competentes del Parlamento Europeo y al Consejo propuestas sobre los planes de establecimiento y adaptación de los indicadores y umbrales, para que formulen observaciones. La Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier modificación de los indicadores y umbrales y motivar sus propuestas de modificación.

(13)

Es conveniente que, al elaborar el cuadro de indicadores, se tenga también debidamente en cuenta la heterogeneidad de las circunstancias económicas, incluidos los efectos de recuperación.

(14)

El hecho de superar uno o más de los umbrales indicativos no debe implicar necesariamente la aparición de desequilibrios macroeconómicos, ya que la elaboración de la política económica debe tener en cuenta la interdependencia entre las distintas variables macroeconómicas. No se han de sacar conclusiones de una lectura automática del cuadro de indicadores: el análisis económico debe garantizar que se pongan en perspectiva todas las informaciones, procedan o no del cuadro de indicadores, y que se integren en un análisis completo.

(15)

Sobre la base del procedimiento de supervisión multilateral y del mecanismo de alerta, o en caso de evolución inesperada y significativa de las condiciones económicas que requiera un análisis urgente a los efectos del presente Reglamento, la Comisión debe determinar qué Estados miembros han de ser objeto de un examen exhaustivo. Este examen debe llevarse a cabo sin presuponer la existencia de un desequilibrio y debe incluir un análisis completo de las fuentes de los desequilibrios en el Estado miembro objeto de examen, que tenga debidamente en cuenta las condiciones y circunstancias económicas específicas de cada país y un conjunto más amplio de instrumentos analíticos, indicadores y datos cualitativos de carácter específico para cada país. Cuando la Comisión realice el examen exhaustivo, el Estado miembro debe cooperar con ella para garantizar que la información de que dispone la Comisión sea tan completa y correcta como sea posible. Por otra parte, la Comisión debe tener debidamente en cuenta cualquier otra información que el Estado miembro interesado considere pertinente y haya presentado al Consejo y a la Comisión.

(16)

El examen exhaustivo debe debatirse en el seno del Consejo y del Eurogrupo en el caso de los Estados miembros cuya moneda es el euro. El examen exhaustivo debe tener en cuenta, cuando proceda, las recomendaciones o las invitaciones del Consejo dirigidas a los Estados miembros objeto de dicho examen, que se hayan adoptado de conformidad con los artículos 121, 126 y 148 del TFUE y con los artículos 6, 7, 8 y 10 del presente Reglamento, así como las medidas previstas por el Estado miembro examinado, tal como se reflejen en los programas nacionales de reformas, y las mejores prácticas internacionales en materia de indicadores y metodologías. Cuando la Comisión decida llevar a cabo un examen exhaustivo en respuesta a una evolución inesperada y significativa de las condiciones económicas que requiera un análisis urgente, debe informar de ello a los Estados miembros de que se trate.

(17)

En los análisis de los desequilibrios macroeconómicos deben tenerse en cuenta su gravedad y sus posibles efectos indirectos negativos, de índole económica y financiera, que agraven la vulnerabilidad de la economía de la Unión y constituyan una amenaza para el buen funcionamiento de la unión económica y monetaria. En todos los Estados miembros, particularmente en la zona del euro, se requieren medidas destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos y las divergencias de competitividad. Sin embargo, la naturaleza, importancia y urgencia de los desafíos que esas medidas deben atajar pueden diferir significativamente de un Estado miembro a otro. Ante las vulnerabilidades existentes y la magnitud del ajuste precisado, la necesidad de tomar medidas es especialmente apremiante en los Estados miembros que registran de modo persistente altos déficits por cuenta corriente e importantes pérdidas de competitividad. Además, los Estados miembros que acumulan grandes superávits por cuenta corriente, las medidas deben tratar de determinar y aplicar medidas que contribuyan a fortalecer su demanda interna y su potencial de crecimiento.

(18)

Asimismo, deben tenerse en cuenta la capacidad de ajuste económico y la trayectoria del Estado miembro en cuestión en lo que respecta al cumplimiento de recomendaciones anteriores formuladas de conformidad con el presente Reglamento y otras recomendaciones formuladas de conformidad con el artículo 121 del TFUE en el marco de la supervisión multilateral, en particular las orientaciones generales de política económica de los Estados miembros y de la Unión.

(19)

Un procedimiento de control y corrección de los desequilibrios macroeconómicos adversos, con elementos preventivos y correctores, requerirá herramientas de supervisión mejoradas, basadas en las que se utilizan en el procedimiento de supervisión multilateral. En lo anterior podría incluirse la realización, por parte de la Comisión, de misiones de supervisión reforzada en los Estados miembros, en coordinación con el Banco Central Europeo (BCE) en el caso de los Estados miembros cuya moneda es el euro o de los Estados miembros participantes en el Acuerdo de 16 de marzo de 2006 entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro por el que se establecen los procedimientos de funcionamiento del mecanismo de tipos de cambio de la tercera fase de la unión económica y monetaria (4) (MTC II), y la presentación de informes adicionales por los Estados miembros en caso de desequilibrios graves, en particular desequilibrios que comprometan el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria. Cuando proceda, se debe involucrar en el diálogo a los interlocutores sociales y otras partes interesadas a escala nacional.

(20)

Si se detectan desequilibrios macroeconómicos, deben dirigirse recomendaciones al Estado miembro en cuestión, cuando corresponda con la intervención de los comités pertinentes, para orientarle sobre las respuestas políticas adecuadas. La respuesta política del Estado miembro afectado ha de ser rápida y servirse de todos los instrumentos políticos disponibles bajo el control de los poderes públicos. Cuando proceda, también se debe involucrar a las partes interesadas a escala nacional, incluidos los interlocutores sociales, de conformidad con el TFUE y con los regímenes jurídicos y políticos nacionales. La respuesta política debe adaptarse al entorno y las circunstancias específicos del Estado miembro de que se trate y abarcar los principales ámbitos de la política económica, entre ellos, en su caso, las políticas presupuestaria y salarial, los mercados laborales, los mercados de productos y servicios, y la regulación del sector financiero. Deben tenerse en cuenta los compromisos contraídos en virtud del MTC II.

(21)

Las advertencias y recomendaciones de la Junta Europea de Riesgo Sistémico dirigidas a los Estados miembros o a la Unión se refieren a riesgos de naturaleza macrofinanciera. También deben justificar, en su caso, medidas de seguimiento adecuadas por parte de la Comisión en el contexto de la supervisión de los desequilibrios macroeconómicos. La independencia y la confidencialidad de la Junta Europea de Riesgo Sistémico deben respetarse escrupulosamente.

(22)

Si se detectan desequilibrios macroeconómicos graves, en particular desequilibrios que comprometen el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria, debe iniciarse un procedimiento de desequilibrio excesivo que podrá incluir la formulación de recomendaciones al Estado miembro, la exigencia de supervisión reforzada y control, y, en el caso de los Estados miembros cuya moneda es el euro, la posibilidad de adoptar medidas de ejecución de conformidad con el Reglamento (UE) no 1174/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del euro (5), en el supuesto de que sigan sin tomarse medidas correctoras.

(23)

El Estado miembro que sea objeto de un procedimiento de desequilibrio excesivo debe elaborar un plan de medidas correctoras en el que detalle sus políticas destinadas a aplicar las recomendaciones del Consejo. El plan de medidas correctoras debe incluir un calendario de ejecución de las medidas previstas. Debe ser aprobado por una recomendación del Consejo. Esta recomendación se ha de transmitir al Parlamento Europeo.

(24)

Deben conferirse al Consejo los poderes para adoptar decisiones individuales en las que se constate el incumplimiento de las recomendaciones adoptadas por el Consejo en el marco del plan de medidas correctoras. Habida cuenta de que forman parte de la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros en el seno del Consejo de conformidad con el artículo 121, apartado 1, del TFUE, dichas decisiones individuales están íntegramente vinculadas a las recomendaciones adoptadas por el Consejo con arreglo al artículo 121, apartado 4, del TFUE en el contexto del plan de medidas correctoras.

(25)

En la aplicación del presente Reglamento, el Consejo y la Comisión deben respetar plenamente el cometido de los Parlamentos nacionales y de los interlocutores sociales, así como las diferencias entre los sistemas nacionales, como los sistemas de formación de salarios.

(26)

Si el Consejo considera que un Estado miembro ya no presenta un desequilibrio económico excesivo, el procedimiento de desequilibrio excesivo se debe dar por concluido una vez que el Consejo, basándose en una recomendación de la Comisión, haya derogado las recomendaciones pertinentes que haya formulado. Dicha derogación debe basarse en un análisis completo de la Comisión que muestre que el Estado miembro ha actuado de acuerdo con las recomendaciones pertinentes del Consejo y que ya no existen las causas subyacentes y los riesgos asociados señalados en la recomendación del Consejo que haya iniciado el procedimiento de desequilibrio excesivo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la evolución macroeconómica, las perspectivas y los efectos indirectos. El cierre del procedimiento de desequilibrio excesivo debe hacerse público.

(27)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber la elaboración de un marco efectivo para la detección de los desequilibrios macroeconómicos y la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos excesivos, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, debido a la profunda interdependencia comercial y financiera existente entre ellos y a los efectos indirectos de las políticas económicas nacionales en la Unión y en el conjunto de la zona del euro, y, por consiguiente, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto

1.   El presente Reglamento establece disposiciones para la detección de desequilibrios macroeconómicos, así como para la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos excesivos en la Unión.

2.   El presente Reglamento se aplicará en el contexto del Semestre europeo, con arreglo al Reglamento (UE) no 1175/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (6).

3.   En la aplicación del presente Reglamento se respetará plenamente el artículo 152 del TFUE, y las recomendaciones formuladas de conformidad con el presente Reglamento respetarán las prácticas y las instituciones nacionales en lo referente a la formación de salarios. El presente Reglamento tiene en cuenta el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y no afecta por lo tanto al derecho a negociar, celebrar o aplicar convenios colectivos o a emprender acciones colectivas de acuerdo con la legislación y las prácticas nacionales.

Artículo 2

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)   «desequilibrios»: cualquier tendencia que da lugar a una evolución macroeconómica que afecta o puede afectar negativamente al correcto funcionamiento de la economía de un Estado miembro, de la unión económica y monetaria o del conjunto de la Unión;

2)   «desequilibrios excesivos»: desequilibrios graves, en particular los desequilibrios que comprometen o pueden comprometer el correcto funcionamiento de la unión económica y monetaria.

CAPÍTULO II

DETECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS

Artículo 3

Mecanismo de alerta

1.   Se establecerá un mecanismo de alerta con objeto de facilitar la detección rápida y el seguimiento de los desequilibrios. La Comisión elaborará un informe anual con una evaluación económica y financiera de carácter cualitativo, basada en un cuadro con un conjunto de indicadores, cuyos valores se comparen con sus umbrales indicativos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4. El informe anual, incluidos los valores de los indicadores del cuadro, se hará público.

2.   El informe anual de la Comisión contendrá una evaluación económica y financiera que ponga en contexto la variación de los indicadores, recurriendo en caso necesario a otros indicadores económicos y financieros que sean pertinentes al evaluar la evolución de los desequilibrios. No se han de sacar conclusiones de una lectura mecánica de los indicadores del cuadro. La evaluación tendrá en cuenta la evolución de los desequilibrios en la Unión y en la zona del euro. El informe también señalará si la superación de los umbrales en uno o más Estados miembros significa la posible aparición de desequilibrios. La evaluación de los Estados miembros que presentan altos déficits por cuenta corriente puede ser diferente de la evaluación de los Estados miembros que acumulan importantes superávits por cuenta corriente.

3.   El informe anual determinará los Estados miembros que, a juicio de la Comisión, pueden presentar desequilibrios o pueden estar expuestos al riesgo de padecerlos.

4.   La Comisión transmitirá el informe anual en tiempo oportuno al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo.

5.   En el marco de la supervisión multilateral contemplada en el artículo 121, apartado 3, del TFUE, el Consejo debatirá el informe anual de la Comisión y hará una evaluación general de este. El Eurogrupo debatirá el informe en la medida en que se refiera a Estados miembros cuya moneda es el euro.

Artículo 4

Cuadro de indicadores

1.   Como herramienta para facilitar la detección rápida y el seguimiento de los desequilibrios se utilizará un cuadro que incluya un conjunto de indicadores.

2.   El cuadro estará compuesto por una pequeña serie de indicadores macroeconómicos y macrofinancieros que sean pertinentes, de carácter práctico, sencillos, mensurables y disponibles, relativos a los Estados miembros. Este cuadro permitirá detectar rápidamente tanto los desequilibrios financieros que surgen a corto plazo como los desequilibrios que se producen como consecuencia de tendencias estructurales y a largo plazo.

3.   El cuadro englobará, entre otros, indicadores útiles para la detección rápida de:

a)

desequilibrios internos, incluidos los que pueden surgir como consecuencia del endeudamiento público y privado, de la evolución de los mercados financieros y de activos, incluido el sector inmobiliario, de la evolución de los flujos de crédito en el sector privado y de la evolución del desempleo;

b)

los desequilibrios externos, incluidos los que pueden surgir como consecuencia de la evolución de la cuenta corriente y de la posición de inversión neta de los Estados miembros; de los tipos de cambio efectivos reales; de las cuotas en el mercado de exportación; de la evolución de los precios y los costes, y de la competitividad no relacionada con los precios, teniendo presentes los distintos elementos de la productividad.

4.   Al realizar una lectura económica del cuadro en el marco del mecanismo de alerta, la Comisión prestará una atención especial a la evolución de la economía real, incluidos el crecimiento económico, los resultados en lo relativo al empleo y desempleo, la convergencia nominal y real dentro y fuera de la zona del euro, la evolución de la productividad y los factores cruciales al respecto, como las actividades de investigación y desarrollo y la inversión extranjera y nacional, así como la evolución en distintos sectores, incluida la energía, que afectan al PIB y a los resultados por cuenta corriente.

En relación con los indicadores, el cuadro también incluirá umbrales orientativos que sirvan de niveles de alerta. La elección de indicadores y umbrales propiciará el fomento de la competitividad en la Unión.

Salvo que no proceda, el cuadro de indicadores tendrá umbrales superiores e inferiores de alerta, que se desglosarán por Estados miembros pertenecientes a la zona del euro y Estados miembros no pertenecientes a ella, de estar justificado por características específicas de la unión monetaria y por circunstancias económicas pertinentes. Al elaborar el cuadro de indicadores se tendrá debidamente en cuenta la heterogeneidad de las circunstancias económicas, incluidos los efectos de recuperación.

5.   Se tendrá debidamente en cuenta la labor de la Junta Europea de Riesgo Sistémico al establecer indicadores pertinentes respecto de la estabilidad del mercado financiero. La Comisión pedirá a la Junta Europea de Riesgo Sistémico que formule un dictamen sobre los proyectos de indicadores pertinentes respecto de la estabilidad del mercado financiero.

6.   La Comisión hará públicos el conjunto de indicadores y los umbrales del cuadro.

7.   La Comisión evaluará periódicamente la idoneidad del cuadro, incluida la composición de los indicadores, los umbrales fijados y el método utilizado, y los adaptará o modificará de ser necesario. La Comisión hará públicas las modificaciones del método y la composición subyacentes tras el cuadro y los umbrales respectivos.

8.   La Comisión actualizará por lo menos una vez al año los valores de los indicadores del cuadro.

Artículo 5

Examen exhaustivo

1.   Teniendo debidamente en cuenta los debates celebrados en el seno del Consejo y del Eurogrupo a que se refiere el artículo 3, apartado 5, o en caso de evolución inesperada y significativa de las condiciones económicas que requiera un análisis urgente a los efectos del presente Reglamento, la Comisión llevará a cabo un examen exhaustivo sobre cada uno de los Estados miembros que, a su juicio, pueda presentar desequilibrios o pueda estar expuesto al riesgo de padecerlos.

El examen exhaustivo se basará en un análisis detallado de las circunstancias específicas de cada país, incluidas las diferentes posiciones de partida de los Estados miembros, y analizará una amplia gama de variables económicas utilizando instrumentos analíticos y datos cualitativos, específicos de cada país. Tendrá en cuenta las particularidades nacionales relativas a las relaciones laborales y al diálogo social.

La Comisión también tendrá debidamente en cuenta cualquier otra información que el Estado miembro de que se trate considere pertinente y le haya comunicado.

La Comisión realizará su un examen exhaustivo con las misiones de supervisión en el Estado miembro en cuestión, con arreglo al artículo 13.

2.   El examen exhaustivo de la Comisión evaluará si el Estado miembro de que se trate presenta desequilibrios y si estos constituyen desequilibrios excesivos. En él se estudiará el origen de los desequilibrios detectados frente a las circunstancias económicas del momento, incluidos los estrechos lazos comerciales y financieros entre los Estados miembros y los efectos indirectos de las políticas económicas nacionales. Asimismo, ese análisis examinará los cambios pertinentes con respecto a la estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo. En dicho examen se analizará también la pertinencia de la evolución económica en la Unión y en la zona del euro en su conjunto. Se tendrá en cuenta, en particular:

a)

si procede las recomendaciones o invitaciones del Consejo dirigidas a los Estados miembros examinados, adoptadas de conformidad con los artículos 121, 126 y 148 del TFUE y de conformidad con los artículos 6, 7, 8 y 10 del presente Reglamento;

b)

las intenciones de actuación del Estado miembro examinado, reflejadas en sus programas nacionales de reforma y, en su caso, en su programa de estabilidad o de convergencia;

c)

cualquier advertencia o recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico sobre los riesgos sistémicos tratados o que sea pertinente para el Estado miembro examinado. Se respetará el régimen de confidencialidad de la Junta Europea de Riesgo Sistémico.

3.   La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los resultados del examen exhaustivo y los hará públicos.

Artículo 6

Medidas preventivas

1.   Si, sobre la base del examen exhaustivo mencionado en el artículo 5, la Comisión considera que un Estado miembro está experimentando desequilibrios, informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo y al Eurogrupo. El Consejo, sobre la base de una recomendación de la Comisión, podrá dirigir las recomendaciones necesarias al Estado miembro de que se trate, de conformidad con el procedimiento enunciado en el artículo 121, apartado 2, del TFUE.

2.   El Consejo informará de su recomendación al Parlamento Europeo y la hará pública.

3.   Las recomendaciones del Consejo y de la Comisión respetarán plenamente el artículo 152 del TFUE y tendrán en cuenta lo dispuesto en el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

4.   El Consejo revisará anualmente su recomendación en el contexto del Semestre europeo y podrá adaptarla, si procede, de conformidad con el apartado 1.

CAPÍTULO III

PROCEDIMIENTO DE DESEQUILIBRIO EXCESIVO

Artículo 7

Apertura del procedimiento de desequilibrio excesivo

1.   Si, sobre la base del examen exhaustivo a que se refiere el artículo 5, la Comisión considera que el Estado miembro en cuestión presenta desequilibrios excesivos, informará de ello al Parlamento Europeo, al Consejo y al Eurogrupo.

La Comisión también informará a las Autoridades Europeas de Supervisión pertinentes y a la Junta Europea de Riesgo Sistémico, invitada esta última a adoptar las medidas que considere necesarias.

2.   El Consejo, basándose en una recomendación de la Comisión, podrá adoptar, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE, una recomendación en la que constate la existencia de un desequilibrio excesivo y recomiende al Estado miembro de que se trate que tome medidas correctoras.

La recomendación del Consejo establecerá la naturaleza y las implicaciones de los desequilibrios y especificará un conjunto de recomendaciones de actuación que habrá que seguir, junto con el plazo de que dispone el Estado miembro de que se trate para presentar un plan de medidas correctoras. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 121, apartado 4, del TFUE, el Consejo podrá hacer pública su recomendación.

Artículo 8

Plan de medidas correctoras

1.   Todo Estado miembro que sea objeto de un procedimiento de desequilibrio excesivo deberá presentar un plan de medidas correctoras al Consejo y a la Comisión basado en la recomendación del Consejo a que se refiere el artículo 7, apartado 2, y en plazo que se determine en ella. El plan de medidas correctoras indicará las medidas específicas que el Estado miembro en cuestión ha ejecutado o se propone ejecutar, e incluirá un calendario para tales medidas. El plan de medidas correctoras tomará en consideración las repercusiones económicas y sociales de estas medidas y será coherente con las orientaciones generales de política económica y las orientaciones para el empleo.

2.   Basándose en un informe de la Comisión, el Consejo valorará el plan de medidas correctoras en los dos meses siguientes a la presentación de este último. Si, por recomendación de la Comisión, el Consejo considera suficiente el plan de medidas correctoras, lo respaldará mediante una recomendación que enumere las acciones específicas requeridas y los plazos para adoptarlas, y que establezca un calendario para su supervisión, prestando la debida atención a los cauces de transmisión y teniendo presente que, entre la adopción de las medidas correctoras y la solución efectiva de los desequilibrios, puede mediar un lapso de tiempo considerable.

3.   Si, por recomendación de la Comisión, el Consejo considera insuficiente las medidas o el calendario previstos en el plan de medidas correctoras, adoptará una recomendación dirigida al Estado miembro para que presente, como norma general en el plazo de dos meses, un nuevo plan de medidas correctoras. El Consejo estudiará el nuevo plan de medidas correctoras con arreglo al procedimiento establecido en el presente artículo.

4.   Se harán públicos el plan de medidas correctoras, el informe de la Comisión y la recomendación del Consejo mencionados en los apartados 2 y 3.

Artículo 9

Seguimiento de las medidas correctoras

1.   La Comisión hará un seguimiento de la aplicación de la recomendación adoptada por el Consejo de conformidad con el artículo 8, apartado 2. Con este fin, el Estado miembro presentará al Consejo y a la Comisión a intervalos periódicos informes de situación, cuya frecuencia determinará el Consejo en la recomendación mencionada en el artículo 8, apartado 2.

2.   El Consejo hará públicos los informes de situación de los Estados miembros.

3.   La Comisión podrá llevar a cabo misiones de supervisión reforzada en el Estado miembro de que se trate, a fin de supervisar la aplicación del plan de medidas correctoras, en coordinación con el BCE cuando dichas misiones afecten a Estados miembros cuya moneda es el euro o a Estados miembros participantes en el MTC II. Durante esas misiones de supervisión, la Comisión, si procede, asociará a un diálogo a los interlocutores sociales y otras partes interesadas a escala nacional.

4.   Si se producen cambios significativos y pertinentes de las circunstancias económicas, el Consejo, basándose en una recomendación de la Comisión, podrá modificar las recomendaciones adoptadas de conformidad con el artículo 8, apartado 2, siguiendo el procedimiento fijado en dicho artículo. Si procede, el Consejo invitará al Estado miembro de que se trate a que presente un plan de medidas correctoras revisado, y lo evaluará de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 8.

Artículo 10

Evaluación de las medidas correctoras

1.   Sobre la base de un informe de la Comisión, el Consejo evaluará si efectivamente el Estado miembro en cuestión ha tomado las medidas correctoras recomendadas ateniéndose a su recomendación formulada de conformidad con el artículo 8, apartado 2.

2.   La Comisión hará público su informe.

3.   El Consejo procederá a la citada evaluación antes de que finalice el plazo fijado por el Consejo en sus recomendaciones adoptadas de conformidad con el artículo 8, apartado 2.

4.   Si considera que el Estado miembro no ha tomado las medidas correctoras recomendadas, el Consejo, basándose en una recomendación de la Comisión, adoptará una decisión en la que se constate el incumplimiento, junto con una recomendación en la que se fijen nuevos plazos para la adopción de medidas correctoras. En tal caso, el Consejo informará al Consejo Europeo y hará públicas las conclusiones de las misiones de supervisión a que se refiere el artículo 9, apartado 3.

La recomendación de la Comisión en la que se constate el incumplimiento se considerará adoptada por el Consejo a menos que este decida, por mayoría cualificada, rechazarla en el plazo de diez días tras su adopción por la Comisión. El Estado miembro de que se trate podrá solicitar la convocatoria en dicho plazo de una reunión del Consejo con objeto de proceder a una votación sobre la decisión.

5.   Si el Consejo, sobre la base del informe de la Comisión a que se refiere el apartado 1, considera que el Estado miembro ha tomado las medidas correctoras recomendadas de conformidad con el artículo 8, apartado 2, el procedimiento de desequilibrio excesivo se considerará en curso y se dejará en suspenso. No obstante, el seguimiento continuará de conformidad con el calendario fijado en la recomendación a que se refiere el artículo 8, apartado 2. El Consejo hará públicas las razones por las que haya decidido la suspensión del procedimiento y el reconocimiento de las medidas correctoras adoptadas por el Estado miembro de que se trate.

Artículo 11

Cierre del procedimiento de desequilibrio excesivo

El Consejo, por recomendación de la Comisión, derogará las recomendaciones formuladas de conformidad con los artículos 7, 8 o 10 tan pronto como considere que el Estado miembro de que se trate ya no presenta los desequilibrios excesivos indicados en la recomendación a que se refiere el artículo 7, apartado 2. El Consejo hará una declaración pública en este sentido.

Artículo 12

Votación en el Consejo

Para las medidas a que se refieren los artículos 7 a 11, el Consejo se pronunciará sin tomar en consideración el voto del miembro del Consejo que represente al Estado miembro de que se trate.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 13

Misiones de supervisión

1.   La Comisión velará por que exista un diálogo permanente con las autoridades de los Estados miembros de conformidad con los objetivos del presente Reglamento. A tal fin, la Comisión llevará a cabo misiones destinadas a evaluar la situación económica del Estado miembro afectado y a determinar los riesgos o dificultades potenciales que existan para atenerse a los objetivos del presente Reglamento.

2.   La Comisión podrá proceder a misiones de supervisión reforzada de los Estados miembros que sean objeto de una recomendación sobre la existencia de una posición de desequilibrio excesivo, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, con miras a un seguimiento in situ.

3.   Si el Estado miembro afectado es un Estado miembro cuya moneda sea el euro o uno participante en el MTC II, la Comisión, si procede, invitará a representantes del Banco Central Europeo a participar en las misiones de supervisión.

4.   La Comisión informará al Consejo de los resultados de las misiones a que se refiere el apartado 2 y podrá, si procede, decidir hacer públicas sus conclusiones.

5.   Al organizar las misiones a que se refiere el apartado 2, la Comisión remitirá sus conclusiones provisionales al Estado miembro interesado para que este pueda formular observaciones.

Artículo 14

Diálogo económico

1.   A fin de reforzar el diálogo entre las instituciones de la Unión, en particular el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y para garantizar mayor transparencia y responsabilidad, la comisión competente del Parlamento Europeo podrá invitar al presidente del Consejo, a la Comisión o, cuando proceda, al presidente del Consejo Europeo o al presidente del Eurogrupo, a comparecer ante dicha comisión para debatir:

a)

la información facilitada por el Consejo sobre las orientaciones generales de política económica de conformidad con el artículo 121, apartado 2, del TFUE;

b)

las orientaciones generales destinadas a los Estados miembros y formuladas por la Comisión al principio del ciclo anual de supervisión;

c)

las conclusiones del Consejo Europeo sobre las orientaciones de política económica en el contexto del Semestre europeo;

d)

los resultados de la supervisión multilateral efectuada en virtud del presente Reglamento;

e)

las conclusiones del Consejo Europeo sobre las orientaciones en materia de supervisión multilateral y sobre los resultados de dicha supervisión;

f)

una revisión del proceso de supervisión multilateral al final del Semestre europeo;

g)

las recomendaciones adoptadas de conformidad con el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, y el artículo 10, apartado 4, del presente Reglamento.

2.   La comisión competente del Parlamento Europeo podrá brindar al Estado miembro destinatario de una recomendación o decisión del Consejo de conformidad con el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, o el artículo 10, apartado 4, la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista.

3.   El Consejo y la Comisión informarán periódicamente al Parlamento Europeo sobre los resultados de la aplicación del presente Reglamento.

Artículo 15

Informe anual

La Comisión informará anualmente sobre la aplicación del presente Reglamento, incluida la actualización del cuadro de indicadores establecido en el artículo 4, y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo sus conclusiones en el contexto del Semestre europeo.

Artículo 16

Revisión

1.   A más tardar el 14 de diciembre de 2014, y posteriormente cada cinco años, la Comisión revisará la aplicación del presente Reglamento e informará al respecto.

Los informes evaluarán, entre otros elementos:

a)

la eficacia del presente Reglamento, y

b)

los avances realizados para garantizar una coordinación más estrecha de las políticas económicas y una convergencia sostenida de los resultados económicos de los Estados miembros de conformidad con el TFUE.

Si procede, dichos informes irán acompañados de una propuesta de modificación del presente Reglamento.

2.   La Comisión transmitirá los informes a que se refiere el apartado 1 al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 17

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Estrasburgo, el 16 de noviembre de 2011.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

J. BUZEK

Por el Consejo

El Presidente

W. SZCZUKA


(1)  DO C 150 de 20.5.2011, p. 1.

(2)  DO C 218 de 23.7.2011, p. 53.

(3)  Posición del Parlamento Europeo de 28 de septiembre de 2011 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 8 de noviembre de 2011.

(4)  DO C 73 de 25.3.2006, p. 21.

(5)  Véase la página 8 del presente Diario Oficial.

(6)  Véase la página 12 del presente Diario Oficial.


23.11.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 306/33


REGLAMENTO (UE) No 1177/2011 DEL CONSEJO

de 8 de noviembre de 2011

por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 14, párrafo segundo,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (2),

De conformidad con un procedimiento legislativo especial,

Considerando lo siguiente:

(1)

La coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros en la Unión, tal como contempla el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), debe implicar el respeto de los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas y condiciones monetarias saneadas y balanza de pagos estable.

(2)

El Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC) estaba constituido inicialmente por el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (3), el Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (4), y la Resolución del Consejo Europeo, de 17 de junio de 1997, relativa al Pacto de estabilidad y crecimiento (5). Los Reglamentos (CE) no 1466/97 y (CE) no 1467/97 fueron modificados por los Reglamentos (CE) no 1055/2005 (6) y (CE) no 1056/2005 (7), respectivamente. Además, el Consejo adoptó el informe de 20 de marzo de 2005 titulado «Mejorar la aplicación del Pacto de estabilidad y crecimiento» (8).

(3)

El PEC se basa en el objetivo de unas finanzas públicas saneadas y sostenibles como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de los precios y para un crecimiento sostenible, apoyado en la estabilidad financiera, apoyando de este modo la consecución de los objetivos de la Unión en materia de crecimiento sostenible y de empleo.

(4)

La experiencia adquirida y los errores cometidos en el transcurso del primer decenio de la unión económica y monetaria ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la gobernanza económica de la Unión, sobre la base de una mayor titularidad nacional de las normas y políticas establecidas de común acuerdo y en un marco más sólido a escala de la Unión, para la supervisión de las políticas económicas nacionales.

(5)

Debe mejorarse el marco común de gobernanza económica, incluida la mejora de la supervisión presupuestaria, en consonancia con el elevado nivel de integración entre las economías de los Estados miembros dentro de la Unión, y más concretamente en la zona del euro.

(6)

El marco mejorado de gobernanza económica debe basarse en distintas políticas interrelacionadas y coherentes en favor del crecimiento sostenible y del empleo, en particular una estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo centrada, especialmente, en el desarrollo y el fortalecimiento del mercado interior, la promoción del comercio internacional y de la competitividad, un semestre europeo de coordinación reforzada de las políticas económicas y presupuestarias, un marco eficaz para la prevención y corrección de los déficits públicos excesivos (el Pacto de estabilidad y crecimiento), un marco sólido para la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos, unos requisitos mínimos aplicables a los marcos presupuestarios nacionales, así como en una regulación y supervisión reforzadas de los mercados financieros, incluida la supervisión macroprudencial por la Junta europea de riesgo sistémico.

(7)

La consecución y el mantenimiento de un mercado interior dinámico deben considerarse un parte del funcionamiento correcto y adecuado de la unión económica y monetaria.

(8)

El PEC y el marco completo de gobernanza económica deben complementar y apoyar la estrategia de la Unión para el crecimiento y el empleo. Las interrelaciones entre los distintos ámbitos no deben dar pie a excepciones a lo dispuesto en el PEC.

(9)

El fortalecimiento de la gobernanza económica debe conllevar una participación más estrecha y oportuna del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales. Si bien se debe reconocer que los interlocutores del Parlamento Europeo en el marco de este diálogo son las instituciones pertinentes de la Unión y sus representantes, la comisión competente del Parlamento Europeo puede ofrecer a un Estado miembro destinatario de una decisión del Consejo en virtud del artículo 126, apartado 6, del TFUE, de una recomendación en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE, de una advertencia en virtud del artículo 126, apartado 9, del TFUE, o de una decisión en virtud del artículo 126, apartado 11, del TFUE, del Consejo la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista. La participación de los Estados miembros en ese intercambio es voluntaria.

(10)

La Comisión debe desempeñar un papel más importante en el procedimiento de supervisión reforzada, por lo que se refiere a las evaluaciones específicas de cada Estado miembro, al seguimiento, a las misiones in situ, a las recomendaciones y a las advertencias.

(11)

Al aplicar el presente Reglamento, la Comisión y el Consejo deben tener en cuenta, si procede, todos los factores pertinentes y la situación económica y presupuestaria de los Estados miembros de que se trate.

(12)

Conviene reforzar las normas de disciplina presupuestaria, en particular otorgando un papel más destacado al nivel y a la evolución de la deuda y a la sostenibilidad global. También han de reforzarse los mecanismos para garantizar la observancia y la aplicación de dichas normas.

(13)

La aplicación del actual procedimiento de déficit excesivo basado tanto en el criterio de déficit como en el criterio de deuda requiere una referencia numérica que tenga en cuenta el ciclo económico, para evaluar si la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto (PIB) disminuye suficientemente y se aproxima a un ritmo satisfactorio al valor de referencia.

Es oportuno introducir un período transitorio que permita a los Estados miembros objeto de un procedimiento de déficit excesivo en la fecha de adopción del presente Reglamento adaptar sus políticas a la referencia numérica para la reducción de la deuda. Esto también debe aplicarse a los Estados miembros que estén sujetos a un programa de ajuste de la Unión o del Fondo Monetario Internacional.

(14)

El incumplimiento de la referencia numérica para la reducción de la deuda no debe ser razón suficiente para constatar la existencia de un déficit excesivo, para lo que deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes contemplados en el informe de la Comisión elaborado de conformidad con el artículo 126, apartado 3, del TFUE. En concreto, el análisis del efecto del ciclo y de la composición del ajuste entre flujos y fondos sobre la evolución de la deuda puede ser suficiente para evitar que se constate la existencia de un déficit excesivo sobre la base del criterio de la deuda.

(15)

En la constatación de la existencia de un déficit excesivo sobre la base del criterio de déficit y las etapas conducentes a la misma, es preciso tener en cuenta todos los factores pertinentes contemplados en el informe de la Comisión elaborado en virtud del artículo 126, apartado 3, del TFUE, en caso de que la proporción entre la deuda pública y el PIB no rebase el valor de referencia.

(16)

Al tener en cuenta las reformas del sistema de pensiones entre los factores pertinentes, ha de estudiarse sobre todo si tales reformas aumentan la sostenibilidad a largo plazo de todo el sistema de pensiones sin aumentar los riesgos para la situación presupuestaria a medio plazo.

(17)

El informe de la Comisión a que se refiere el artículo 126, apartado 3, del TFUE debe tener debidamente en cuenta la calidad del marco presupuestario nacional, ya que desempeña un papel crucial en el saneamiento presupuestario y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este examen debe incluir los requisitos mínimos establecidos en la Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros (9), y otros requisitos acordados que se juzguen deseables para la disciplina presupuestaria.

(18)

A fin de contribuir al control del cumplimiento de las recomendaciones y advertencias del Consejo encaminadas a la corrección de situaciones de déficit excesivo, es necesario que en ellas se especifiquen objetivos presupuestarios anuales coherentes con la mejora presupuestaria requerida en términos ajustados en función del ciclo y excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal. En este contexto, el valor de referencia anual del 0,5 % del PIB debe entenderse como media anual.

(19)

La evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas saldrá beneficiada de utilizar como referencia el cumplimiento de los objetivos de gasto de las administraciones públicas, junto con la ejecución de las medidas específicas previstas por el lado de los ingresos.

(20)

Al evaluar la procedencia de prorrogar el plazo para la corrección del déficit excesivo, deben considerarse de forma particular las situaciones de grave recesión económica en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, o siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

(21)

Conviene intensificar la aplicación de las sanciones financieras establecidas en el artículo 126, apartado 11, del TFUE, de modo que constituyan un incentivo real para atenerse a las advertencias formuladas de conformidad con su artículo 126, apartado 9.

(22)

A fin de garantizar el cumplimiento del marco de supervisión presupuestaria de la Unión aplicable a los Estados miembros cuya moneda es el euro, deben definirse, sobre la base del artículo 136 del TFUE, sanciones basadas en normas que prevean mecanismos equitativos, oportunos y eficaces para el cumplimiento de las disposiciones del Pacto de estabilidad y crecimiento.

(23)

Las multas contempladas en el presente Reglamento deben constituir otros ingresos a tenor del artículo 311 del TFUE y se deben asignar a los mecanismos de estabilidad para facilitar asistencia financiera creados por los Estados miembros cuya moneda es el euro, a fin de proteger la estabilidad de toda la zona del euro.

(24)

Las referencias que figuran en el Reglamento (CE) no 1467/97 deben tener en cuenta la nueva numeración de los artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la sustitución del Reglamento (CE) no 3605/93 del Consejo (10) por el Reglamento (CE) no 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (11).

(25)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1467/97 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) no 1467/97 queda modificado como sigue

1)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

1.   El presente Reglamento establece las disposiciones para acelerar y clarificar el procedimiento de déficit excesivo. El objetivo del procedimiento de déficit excesivo es disuadir los déficit públicos excesivos y, en caso de que se produzcan, propiciar su pronta corrección, examinando la observancia de la disciplina presupuestaria sobre la base de criterios de déficit y deuda públicos.

2.   A efectos del presente Reglamento, se entenderá por "Estados miembros participantes", los Estados miembros cuya moneda es el euro.».

2)

El artículo 2 queda modificado como sigue:

a)

en el apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Un déficit público superior al valor de referencia se considerará excepcional, a efectos de lo previsto en el artículo 126, apartado 2, letra a), segundo guion, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), cuando obedezca a una circunstancia inusual sobre la cual no tenga ningún control el Estado miembro de que se trate y que incida de manera significativa en la situación financiera de las administraciones públicas, o cuando obedezca a una grave recesión económica.»;

b)

se inserta el apartado siguiente:

«1 bis.   Si rebasa el valor de referencia, se considerará que la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto (PIB) disminuye de manera suficiente y se aproxima a un ritmo satisfactorio al valor de referencia, de conformidad con el artículo 126, apartado 2, letra b), del TFUE, en caso de que la diferencia con respecto al valor de referencia haya disminuido en los tres años anteriores a un ritmo medio de una veinteava parte al año como referencia, sobre la base de los cambios registrados durante los últimos tres años respecto de los que se dispone de datos.

El requisito correspondiente al criterio de la deuda también se considerará cumplido si las previsiones presupuestarias de la Comisión indican que la reducción exigida del diferencial se producirá en el período de tres años que comprende los dos años siguientes al último año respecto del cual se dispone de datos. Para un Estado miembro objeto de un procedimiento de déficit excesivo el 8 de noviembre de 2011 y durante un período de tres años a partir de la corrección del déficit excesivo, se considerará que el requisito correspondiente al criterio de la deuda se ha cumplido si el Estado miembro en cuestión realiza suficientes progresos para su cumplimiento, conforme a la evaluación efectuada en el dictamen que adopte el Consejo sobre su programa de estabilidad o convergencia.

Cuando se aplique la referencia del ajuste de la proporción de la deuda se deberá tener en cuenta la influencia del ciclo en el ritmo de reducción de la deuda.»;

c)

los apartados 3 a 7 se sustituyen por el texto siguiente:

«3.   Para la elaboración del informe previsto en el artículo 126, apartado 3, del TFUE, la Comisión tendrá en cuenta todos los factores pertinentes, tal como indica dicho artículo, en la medida en que afecten de manera significativa a la evaluación del cumplimiento de los criterios de déficit y deuda por el Estado miembro en cuestión. El informe deberá reflejar, si procede:

a)

la evolución de la situación económica a medio plazo, en particular el potencial de crecimiento, incluidas las diferentes contribuciones de la mano de obra, la acumulación de capital y la productividad total de los factores, la evolución cíclica y la situación del ahorro neto del sector privado;

b)

la evolución de la situación presupuestaria a medio plazo, incluidos, en particular, el ajuste alcanzado respecto del objetivo presupuestario a medio plazo, el nivel del saldo primario y la evolución del gasto primario, tanto los gastos corrientes como de capital, la aplicación de políticas en el contexto de la prevención y corrección de desequilibrios macroeconómicos excesivos, la aplicación de políticas en el contexto de la estrategia común de la Unión en favor del crecimiento, y la calidad global de las finanzas públicas, concretamente la eficacia de los marcos presupuestarios nacionales;

c)

la evolución de la situación de la deuda pública a medio plazo, así como su dinámica y sostenibilidad, incluidos, en particular, los factores de riesgo, incluida la estructura de vencimiento de la deuda y las monedas en que esté denominada, el ajuste entre flujos y fondos y su composición, las reservas acumuladas y otros activos financieros; las garantías, especialmente las ligadas al sector financiero, y todos los pasivos implícitos relacionados con el envejecimiento de la población, y la deuda privada, en la medida en que pueda representar un pasivo implícito contingente para el sector público.

La Comisión prestará la debida consideración de manera explícita a cualquier otro factor que, en opinión del Estado miembro de que se trate, sea pertinente para evaluar globalmente la observancia de los criterios en materia de déficit y deuda y que el Estado miembro haya puesto en conocimiento del Consejo y de la Comisión. En ese contexto, deberá prestarse particular atención a lo siguiente: las contribuciones financieras dirigidas a reforzar la solidaridad internacional y a alcanzar los objetivos de las políticas de la Unión; la deuda generada en forma de apoyo bilateral o multilateral entre Estados miembros en el contexto de la salvaguardia de la estabilidad financiera, y la deuda relacionada con las operaciones de estabilización financiera durante las perturbaciones financieras importantes.

4.   El Consejo y la Comisión realizarán una evaluación global equilibrada de todos los factores pertinentes, concretamente, en qué medida afectan a la evaluación del cumplimiento de los criterios de déficit y/o de deuda como factores agravantes o atenuantes. Al evaluar el cumplimiento sobre la base del criterio de déficit, si la proporción entre la deuda pública y el PIB rebasa el valor de referencia, estos factores solo se tendrán en cuenta en las etapas conducentes a la adopción de una decisión relativa a la existencia de un déficit excesivo prevista en el artículo 126, apartados 4, 5 y 6, del TFUE, si se cumple plenamente la doble condición del principio general —a saber, que, antes de tomar en consideración los factores pertinentes, el déficit público general se mantenga cercano al valor de referencia y que la superación de dicho valor tenga carácter temporal.

No obstante, dichos factores se tendrán en cuenta en las etapas conducentes a la decisión sobre la existencia de déficit excesivo al evaluar el cumplimiento sobre la base del criterio de deuda.

5.   Al evaluar el cumplimiento del criterio de déficit y deuda, así como en las fases posteriores del procedimiento de déficit excesivo, el Consejo y la Comisión tendrán debidamente en cuenta la aplicación de reformas de las pensiones que instauran un sistema multipilar que comprende un pilar obligatorio totalmente financiado y el coste neto del pilar gestionado públicamente. En particular, se prestará atención a las características del sistema general de pensiones creado por la reforma, concretamente si promueve la sostenibilidad a largo plazo sin incrementar los riesgos para la situación presupuestaria a medio plazo.

6.   Si, en virtud del artículo 126, apartado 6, del TFUE, el Consejo decide que existe un déficit excesivo en un Estado miembro, en las siguientes etapas del procedimiento contemplado en dicho artículo el Consejo y la Comisión tendrán en cuenta los factores pertinentes a que se refiere el apartado 3 del presente artículo, en la medida en que afecten a la situación del Estado miembro de que se trate, incluidas las indicadas en el artículo 3, apartado 5, y en el artículo 5, apartado 2, del presente Reglamento, especialmente a la hora de fijar un plazo para la corrección del déficit excesivo y, en su caso, ampliarlo. No obstante, dichos factores pertinentes no se tendrán en cuenta en las decisiones que adopte el Consejo en virtud del artículo 126, apartado 12, del TFUE con miras a derogar algunas o la totalidad de sus decisiones mencionadas en los apartados 6 a 9 y 11 del artículo 126 del TFUE.

7.   En el caso de los Estados miembros en los que el exceso de déficit sobre el valor de referencia obedezca a la aplicación de una reforma de las pensiones que instaura un sistema de pilares múltiples que comprende un pilar obligatorio totalmente financiado, el Consejo y la Comisión tendrán en cuenta asimismo el coste de la reforma a la hora de evaluar la evolución de las cifras de déficit en el procedimiento de déficit excesivo, siempre y cuando el déficit no supere significativamente un nivel que pueda considerarse cercano al nivel de referencia y la proporción de deuda no supere el valor de referencia, siempre que se mantenga la sostenibilidad fiscal global. El coste neto deberá tenerse también en cuenta en la decisión que adopte el Consejo en virtud del artículo 126, apartado 12, del TFUE con miras a la derogación de algunas o la totalidad de sus decisiones mencionadas en los apartados 6 a 9 y 11 de dicho artículo, si el déficit ha disminuido de manera importante y continua y ha alcanzado un nivel cercano al valor de referencia.».

3)

Se inserta la sección siguiente:

«SECCIÓN 1 BIS

DIÁLOGO ECONÓMICO

Artículo 2 bis

1.   A fin de reforzar el diálogo entre las instituciones de la Unión, en particular el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, y de garantizar una mayor transparencia y responsabilidad, la comisión competente del Parlamento Europeo podrá invitar al Presidente del Consejo, la Comisión y, si procede, al Presidente del Consejo Europeo o al Presidente del Eurogrupo, a que comparezcan ante ella para debatir decisiones del Consejo en virtud del artículo 126, apartado 6, del TFUE, recomendaciones del Consejo en virtud del artículo 126, apartado 7, del TFUE, advertencias en virtud del artículo 126, apartado 9, del TFUE o decisiones del Consejo en virtud del artículo 126, apartado 11, del TFUE.

Se espera que, como norma general, el Consejo siga las recomendaciones y las propuestas de la Comisión o explique su posición públicamente.

La comisión competente del Parlamento Europeo podrá ofrecer al Estado miembro afectado por tales decisiones, recomendaciones o advertencias la oportunidad de participar en un intercambio de puntos de vista.

2.   El Consejo y la Comisión informarán periódicamente al Parlamento Europeo acerca de la aplicación del presente Reglamento.».

4)

El artículo 3 queda modificado como sigue:

a)

el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Atendiendo plenamente al dictamen a que se refiere el apartado 1 y en el supuesto de que se considere que existe déficit excesivo, la Comisión presentará al Consejo un dictamen y una propuesta con arreglo al artículo 126, apartados 5 y 6, del TFUE e informará al respecto al Parlamento Europeo.»;

b)

en el apartado 3, la referencia al «artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 3605/93» se sustituye por la referencia al «artículo 3, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 479/2009»;

c)

los apartados 4 y 5 se sustituyen por el texto siguiente:

«4.   La recomendación del Consejo formulada conforme al artículo 126, apartado 7, del TFUE, deberá establecer un plazo máximo de seis meses para que el Estado miembro de que se trate tome medidas efectivas. Cuando la gravedad de la situación lo justifique, el plazo para tomar medidas efectivas podrá ser de tres meses. La recomendación del Consejo también establecerá un plazo para la corrección del déficit excesivo, que se completará en el año siguiente a su detección, salvo que concurran circunstancias especiales. En su recomendación, el Consejo instará al Estado miembro a alcanzar objetivos presupuestarios anuales que, sobre la base de las previsiones subyacentes a la recomendación, permitan una mejora anual mínima equivalente al 0,5 % del PIB, como valor de referencia, del saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, tras deducir las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, con el fin de garantizar la corrección del déficit excesivo dentro del plazo establecido en la recomendación.

4 bis.   Como máximo en el plazo fijado en el apartado 4, el Estado miembro de que se trate presentará al Consejo y a la Comisión un informe sobre las medidas tomadas en respuesta a la recomendación del Consejo formulada de conformidad con el artículo 126, apartado 7, del TFUE. El informe incluirá, en relación con el gasto y los ingresos públicos y las medidas discrecionales por el lado tanto del gasto como de los ingresos, objetivos coherentes con la recomendación del Consejo, así como información sobre las medidas adoptadas y la naturaleza de las medidas previstas para el logro de los objetivos. El Estado miembro hará público el informe.

5.   Si se han tomado medidas efectivas para ajustarse a la recomendación formulada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE y, tras la adopción de la recomendación, aparecen factores económicos adversos e inesperados que tienen importantes consecuencias desfavorables sobre la hacienda pública, el Consejo, partiendo de una recomendación de la Comisión, podrá adoptar una recomendación revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE. Esta recomendación revisada, que tendrá en cuenta los factores pertinentes a que se refiere el artículo 2, apartado 3, del presente Reglamento, podrá en particular prorrogar, en principio un año, el plazo para la corrección del déficit excesivo. El Consejo evaluará la existencia de factores económicos adversos e inesperados con importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública basándose en las previsiones económicas contenidas en su recomendación. En caso de grave recesión económica en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, el Consejo también podrá adoptar, partiendo de una recomendación de la Comisión, una recomendación revisada con arreglo al artículo 126, apartado 7, del TFUE, siempre que no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.».

5)

En el artículo 4, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.   Todas las decisiones del Consejo en virtud del artículo 126, apartado 8, del TFUE de hacer públicas sus recomendaciones en las que se constata que no se han tomado medidas efectivas, se adoptarán inmediatamente después de transcurrido el plazo fijado con arreglo al artículo 3, apartado 4, del presente Reglamento.

2.   Al determinar si se han tomado medidas efectivas en respuesta a las recomendaciones formuladas de conformidad con lo previsto en el artículo 126, apartado 7, del TFUE, el Consejo basará su decisión en el informe presentado por el Estado miembro de que se trate de conformidad con el artículo 3, apartado 4 bis, del presente Reglamento y en su aplicación, así como en otras decisiones públicamente anunciadas por el Gobierno del Estado miembro de que se trate.

Cuando, de conformidad con el artículo 126, apartado 8, el Consejo compruebe que el Estado miembro de que se trate no ha tomado medidas efectivas, informará al Consejo Europeo en consecuencia.».

6)

En el artículo 5, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.   Toda decisión del Consejo por la que se formule una advertencia al Estado miembro participante de que se trate para que adopte medidas encaminadas a la reducción del déficit excesivo de conformidad con el artículo 126, apartado 9, del TFUE deberá adoptarse en el plazo de dos meses a partir de la decisión del Consejo en virtud del apartado 8 de dicho artículo que determine no se han tomado medidas efectivas. En la advertencia, el Consejo instará al Estado miembro a alcanzar objetivos presupuestarios anuales que, sobre la base de las previsiones subyacentes a la recomendación, permitan una mejora anual mínima equivalente al 0,5 % del PIB, como valor de referencia, del saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, tras deducir las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, con el fin de garantizar la corrección del déficit excesivo dentro del plazo establecido en la advertencia. El Consejo también indicará las medidas encaminadas al logro de esos objetivos.

1 bis.   Tras una advertencia del Consejo en virtud del artículo 126, apartado 9, del TFUE, el Estado miembro de que se trate presentará al Consejo y a la Comisión un informe sobre las medidas adoptadas en respuesta a ella. El informe incluirá los objetivos relativos al gasto y a los ingresos públicos y las medidas discrecionales por el lado tanto del gasto como de los ingresos, así como información sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones específicas del Consejo, a fin de permitir a este adoptar en caso necesario una decisión de conformidad con el artículo 6, apartado 2, del presente Reglamento. El Estado miembro hará público el informe.

2.   Si se han tomado medidas efectivas para ajustarse a la advertencia formulada con arreglo al artículo 126, apartado 9, del TFUE y tras la adopción de la advertencia aparecen factores económicos adversos e inesperados que tienen importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública, el Consejo, partiendo de una recomendación de la Comisión, podrá adoptar una advertencia revisada con arreglo a dicho apartado. Esta advertencia revisada, que tendrá en cuenta los factores pertinentes a que se refiere el artículo 2, apartado 3, del presente Reglamento, podrá en particular prorrogar el plazo —un año como norma general— para la corrección del déficit excesivo. El Consejo evaluará la existencia de factores económicos adversos e inesperados con importantes efectos desfavorables sobre la hacienda pública basándose en las previsiones económicas contenidas en su advertencia. En caso de grave recesión económica en la zona del euro o en el conjunto de la Unión, el Consejo también podrá decidir, sobre la base de una recomendación de la Comisión, la adopción de una advertencia revisada con arreglo al artículo 126, apartado 9, del TFUE, a condición de que no ponga en peligro la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo.».

7)

Los artículos 6, 7 y 8 se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 6

1.   Al determinar si se han tomado medidas efectivas en respuesta a su advertencia formulada de conformidad con el artículo 126, apartado 9, del TFUE, el Consejo basará su decisión en el informe presentado por el Estado miembro de que se trate de conformidad con el artículo 5, apartado 1 bis, del presente Reglamento y en su aplicación, así como en otras decisiones públicamente anunciadas por el Gobierno del Estado miembro de que se trate. Se tomará en consideración el resultado de la misión de supervisión efectuada por la Comisión de conformidad con el artículo 10 bis del presente Reglamento.

2.   En el supuesto de que se cumplan las condiciones para la aplicación del artículo 126, apartado 11, del TFUE, el Consejo impondrá sanciones conforme a lo dispuesto en dicho artículo. Toda decisión en este sentido se adoptará, a más tardar, cuatro meses después de la adopción por el Consejo en virtud del artículo 126, apartado 9, del TFUE de la decisión de advertencia al Estado miembro participante de que se trate para que tome medidas.

Artículo 7

Si un Estado miembro participante no cumple las sucesivas acciones adoptadas por el Consejo de conformidad con el artículo 126, apartados 7 y 9, del TFUE, la decisión del Consejo en virtud del apartado 11 de dicho artículo de imponer sanciones deberá adoptarse como norma general en un plazo de dieciséis meses a partir de las fechas de notificación establecidas en el artículo 3, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 479/2009. Si se aplica el artículo 3, apartado 5, o el artículo 5, apartado 2, del presente Reglamento, el plazo de dieciséis meses se adaptará en consecuencia. En caso de déficit deliberadamente planificado que el Consejo considere excesivo, se seguirá un procedimiento acelerado.

Artículo 8

Las decisiones del Consejo en virtud del artículo 126, apartado 11, del TFUE, de reforzar las sanciones se adoptarán a más tardar dos meses después de las fechas de notificación a tenor del Reglamento (CE) no 479/2009. Las decisiones del Consejo en virtud el artículo 126, apartado 12, del TFUE de derogar algunas o la totalidad de sus decisiones se adoptarán lo antes posible y, en cualquier caso, a más tardar dos meses después de las fechas de notificación a tenor del Reglamento (CE) no 479/2009.».

8)

En el artículo 9, apartado 3, la referencia al «artículo 6» se sustituye por la referencia al «artículo 6, apartado 2».

9)

El artículo 10 queda modificado como sigue:

a)

en el apartado 1, la frase introductoria se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El Consejo y la Comisión supervisarán periódicamente la aplicación de las medidas adoptadas:»;

b)

en el apartado 3, la referencia al «Reglamento (CE) no 3605/93» se sustituye por una referencia al «Reglamento (CE) no 479/2009».

10)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 10 bis

1.   La Comisión velará por que haya un diálogo permanente con las autoridades de los Estados miembros de conformidad con los objetivos del presente Reglamento. A tal fin, la Comisión efectuará, en particular, misiones para evaluar la situación económica real del Estado miembro y determinar los posibles riesgos o dificultades para cumplir los objetivos del presente Reglamento.

2.   Podrán efectuar una supervisión reforzada los Estados miembros objeto de recomendaciones y advertencias formuladas como consecuencia de una decisión adoptada con arreglo al artículo 126, apartado 8, y decisiones de conformidad con el artículo 126, apartado 11, del TFUE, para los fines de supervisión in situ. Los Estados miembros de que se trate facilitarán toda la información necesaria para la preparación y realización de la misión.

3.   La Comisión podrá, si procede, invitar a representantes del Banco Central Europeo a participar en misiones de supervisión en un Estado miembro cuya moneda es el euro o que participe en el Acuerdo de 16 de marzo de 2006 entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro, por el que se establecen los procedimientos de funcionamiento del mecanismo de tipos de cambio de la tercera fase de la unión económica y monetaria (12) (MTC II).

4.   La Comisión informará al Consejo de los resultados de la misión a que se hace referencia en el apartado 2 y podrá decidir hacerlos públicos.

5.   Al organizar las misiones de supervisión a que se hace referencia en el apartado 2, la Comisión remitirá sus conclusiones provisionales a los Estados miembros interesados para que estos puedan formular observaciones.».

11)

Los artículos 11 y 12 se sustituyen por el texto siguiente:

«Artículo 11

Cuando el Consejo decida en virtud del artículo 126, apartado 11, del TFUE imponer sanciones a un Estado miembro participante, se exigirá, como norma general, una multa. El Consejo podrá decidir completar esta multa mediante las demás medidas establecidas en el artículo 126, apartado 11, del TFUE.

Artículo 12

1.   El importe de la multa abarcará un componente fijo igual al 0,2 % del PIB y un componente variable. El componente variable será igual a la décima parte del valor absoluto de la diferencia entre el saldo expresado en porcentaje del PIB del año anterior y el valor de referencia del saldo de las administraciones públicas, o, si el incumplimiento de la disciplina presupuestaria incluye el criterio de deuda, el saldo de las administraciones públicas expresado en porcentaje del PIB que debería haberse alcanzado ese mismo año con arreglo a la advertencia formulada en virtud del artículo 126, apartado 9, del TFUE.

2.   En cada año subsiguiente al de imposición de una multa, y hasta que se derogue la decisión por la que se declara la existencia de un déficit excesivo, el Consejo evaluará si el Estado miembro participante ha tomado medidas efectivas en respuesta a la advertencia que le formuló en virtud del artículo 126, apartado 9, del TFUE. En esta evaluación anual, el Consejo, de conformidad con el artículo 126, apartado 11, del TFUE decidirá reforzar las sanciones, salvo que el Estado miembro participante haya llevado a efecto la advertencia del Consejo. Si el Consejo decide imponer una multa adicional, esta se calculará de la misma manera que el componente variable de la multa mencionado en el apartado 1.

3.   Ninguna multa individual de las mencionadas en los apartados 1 y 2 podrá ser superior al 0,5 % del PIB.».

12)

Queda derogado el artículo 13 y la referencia a él en el artículo 15 se sustituye por una referencia al «artículo 12».

13)

El artículo 16 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 16

Las multas a que se refiere el artículo 12 constituirán otros ingresos a tenor del artículo 311 del TFUE, y se asignarán al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera. En el momento en que los Estados miembros participantes creen otro mecanismo de estabilidad destinado a prestar asistencia financiera a fin de proteger la estabilidad de la zona del euro en su conjunto, la cuantía de dichas multas s asignará a dicho mecanismo.».

14)

Se inserta el siguiente artículo:

«Artículo 17 bis

1.   A más tardar el 14 de diciembre de 2014 y a continuación cada cinco años, la Comisión publicará un informe sobre su aplicación.

Dicho informe evaluará, entre otros elementos:

a)

la eficacia del presente Reglamento;

b)

los progresos a la hora de garantizar una coordinación más estrecha de las políticas económicas y la convergencia sostenida de los resultados económicos de los Estados miembros con arreglo al TFUE.

2.   Si procede, el informe contemplado en el apartado 1 irá acompañado de una propuesta de enmiendas al presente Reglamento.

3.   El informe se remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo.».

15)

En todo el Reglamento (CE) 1467/97, todas las referencias al «artículo 104 del Tratado» se sustituyen por referencias al «artículo 126 del TFUE».

16)

En el punto 2 del anexo, las referencias en la columna I al «artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 3605/93 del Consejo» se sustituyen por referencias al «artículo 3, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 479/2009 del Consejo».

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 8 de noviembre de 2011.

Por el Consejo

El Presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Dictamen del Parlamento Europeo de 28 de septiembre de 2011 (no publicado aún en el Diario Oficial).

(2)  DO C 150 de 20.5.2011, p. 1.

(3)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

(4)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.

(5)  DO C 236 de 2.8.1997, p. 1.

(6)  Reglamento (CE) no 1055/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (DO L 174 de 7.7.2005, p. 1).

(7)  Reglamento (CE) no 1056/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1467/97 relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 174 de 7.7.2005, p. 5).

(8)  Véase el documento 7423/05 en http://www.consilium.europa.eu/documents.aspx?lang=es.

(9)  Véase la página 41 del presente Diario Oficial.

(10)  Reglamento (CE) no 3605/93 del Consejo, de 22 de noviembre de 1993, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DO L 332 de 31.12.1993, p. 7).

(11)  DO L 145 de 10.6.2009, p. 1.

(12)  DO C 73 de 25.3.2006, p. 21.


II Actos no legislativos

DIRECTIVAS

23.11.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 306/41


DIRECTIVA 2011/85/UE DEL CONSEJO

de 8 de noviembre de 2011

sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 126, apartado 14, párrafo tercero,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Visto el dictamen del Banco Central Europeo (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

Es necesario tomar como base la experiencia adquirida en el transcurso del primer decenio de la unión económica y monetaria. La reciente evolución económica ha planteado nuevos desafíos al ejercicio de la política presupuestaria en toda la Unión y, en concreto, ha puesto de relieve la necesidad de reforzar la responsabilización nacional y de disponer de unos requisitos uniformes con respecto a las normas y los procedimientos que configuran los marcos presupuestarios de los Estados miembros. En concreto, debe precisarse lo que deben hacer las autoridades nacionales para cumplir las disposiciones del Protocolo (no 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, su artículo 3.

(2)

Las administraciones públicas de los Estados miembros y sus subsectores disponen de sistemas de contabilidad pública que incluyen funciones como contabilidad, control interno, presentación de información financiera y auditoría. Estos sistemas deben distinguirse de los datos estadísticos que se refieren a los resultados de las finanzas públicas basados en metodologías estadísticas, y de las previsiones o acciones de presupuestación que se refieren a la evolución futura de las finanzas públicas.

(3)

El mantenimiento de prácticas de contabilidad pública completas y fiables en todos los sectores de las administraciones públicas constituye un requisito previo para la producción de estadísticas de gran calidad que sean comparables entre Estados miembros. El control interno debe garantizar que las normas vigentes se apliquen en todos los sectores de las administraciones públicas. Las auditorías de cuentas independientes realizadas por instituciones públicas como los tribunales de cuentas o por auditores privados deben fomentar las mejores prácticas internacionales.

(4)

La disponibilidad de datos presupuestarios es esencial para el correcto funcionamiento del marco de supervisión presupuestaria de la Unión. La disponibilidad periódica de datos presupuestarios oportunos y fiables constituye la clave para un seguimiento adecuado y a tiempo, lo que a su vez permite actuar con celeridad ante una evolución presupuestaria distinta de lo previsto. Un elemento esencial para garantizar la calidad de los datos presupuestarios es la transparencia, que debe implicar la disponibilidad pública de tales datos con carácter periódico.

(5)

En lo que respecta a las estadísticas, el Reglamento (CE) no 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2009, relativo a la estadística europea (3), estableció un marco jurídico para la producción de estadísticas europeas con vistas a la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas de la Unión. Asimismo, dicho Reglamento estableció los principios que regulan el desarrollo, la elaboración y la difusión de las estadísticas europeas: independencia profesional, imparcialidad, objetividad, fiabilidad, secreto estadístico y rentabilidad, proporcionando definiciones precisas de cada uno de ellos. El Reglamento (CE) no 479/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativo a la aplicación del Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (4), reforzó los poderes de la Comisión para verificar los datos estadísticos utilizados a efectos del procedimiento de déficit excesivo.

(6)

Los conceptos de «público», «déficit» e «inversión» están definidos en el Protocolo (no 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo por referencia al sistema europeo de cuentas económicas integradas (SEC), sustituido por el sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, adoptado en virtud del Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (5) («SEC-95»).

(7)

La disponibilidad y la calidad de los datos del SEC-95 son esenciales para garantizar el correcto funcionamiento del marco de supervisión presupuestaria de la Unión. El SEC-95 se basa en información facilitada según el principio de devengo. No obstante, las estadísticas presupuestarias según el principio de devengo se basan en una recopilación previa de datos según el principio de caja, o su equivalente. Estos últimos pueden contribuir en gran medida a que se mejore la realización de un control presupuestario con la suficiente antelación y se evite así que se detecten tardíamente errores presupuestarios importantes. La disponibilidad de series temporales de datos en términos de caja relativos a la situación presupuestaria puede revelar funcionamientos que justifiquen una supervisión más estrecha. Los datos presupuestarios basados en la contabilidad de caja (o cifras equivalentes de la contabilidad pública si no se dispone de datos presupuestarios basados en la contabilidad de caja) que se publiquen deben incluir, al menos, un saldo general, el total de ingresos y el total de gastos. Si estuviese justificado, por ejemplo cuando haya un gran número de administraciones locales, la publicación puntual de los datos podrá basarse en técnicas de estimación adecuadas, basadas en una muestra de administraciones, con una revisión posterior que utilice datos completos.

(8)

Unas previsiones macroeconómicas y presupuestarias sesgadas y poco realistas pueden obstaculizar considerablemente la efectividad de la planificación presupuestaria y, en consecuencia, pueden debilitar el compromiso con la disciplina presupuestaria, mientras que la transparencia y debate de metodologías de previsión pueden mejorar significativamente la calidad de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias a efectos de la planificación presupuestaria.

(9)

Un elemento crucial para garantizar la utilización de previsiones realistas en el ejercicio de la política presupuestaria es la transparencia, que debe implicar la disponibilidad pública no solo de la previsión macroeconómica y presupuestaria oficial preparada para la planificación presupuestaria, sino también de las metodologías, los supuestos y los parámetros pertinentes en que se basan dichas previsiones.

(10)

Los análisis de sensibilidad y las correspondientes proyecciones presupuestarias que completan el escenario macropresupuestario más probable permiten analizar cómo evolucionarían las variables presupuestarias principales a partir de diferentes supuestos de crecimiento y tipos de interés, por lo que reducen en gran medida el riesgo de que la disciplina presupuestaria se vea comprometida por errores de previsión.

(11)

Las previsiones de la Comisión y la información relativa a los modelos en que se basan pueden proporcionar a los Estados miembros una referencia útil para su escenario macropresupuestario más probable, reforzando la validez de las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria. Sin embargo, el grado de comparación de las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria con las previsiones de la Comisión que cabe esperar de los Estados miembros varía en función del momento de la elaboración de las mismas y de la comparabilidad de las metodologías y supuestos de previsión. Las previsiones de otros órganos independientes pueden facilitar también referencias útiles.

(12)

Se deben describir y motivar las diferencias significativas entre el escenario macropresupuestario elegido y la previsión de la Comisión, en particular si el nivel o el crecimiento de las variables de los supuestos externos se aparta de manera considerable de los valores que figuran en las previsiones de la Comisión.

(13)

Dada la interdependencia entre los presupuestos de los Estados miembros y el presupuesto de la Unión para ayudar a los Estados miembros en la preparación de sus previsiones presupuestarias, la Comisión debe facilitar previsiones de gasto de la Unión basadas en el nivel de gasto programado dentro del marco financiero plurianual.

(14)

Para facilitar la preparación de las previsiones utilizadas para la planificación presupuestaria y aclarar las diferencias entre las previsiones de los Estados miembros y las de la Comisión, cada Estado miembro debe tener la posibilidad de debatir cada año con la Comisión los supuestos subyacentes a la elaboración de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias.

(15)

La calidad de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias oficiales mejora sustancialmente si se hace una evaluación periódica, no sesgada y completa que se base en criterios objetivos. Una evaluación detallada implica el análisis de los supuestos económicos, la comparación con previsiones elaboradas por otras instituciones y la evaluación de la precisión de previsiones anteriores.

(16)

Considerando la eficacia demostrada por los marcos presupuestarios basados en normas de los Estados miembros para mejorar la titularidad nacional de las normas presupuestarias de la Unión de fomento de la disciplina presupuestaria, una de las piedras angulares del marco reforzado de supervisión presupuestaria de la Unión debe ser la existencia de reglas presupuestarias numéricas sólidas que sean específicas para cada Estado miembro y conformes con los objetivos presupuestarios a nivel de la Unión. Las reglas presupuestarias numéricas sólidas deben proporcionar definiciones de objetivos bien precisas y prever mecanismos que permitan un seguimiento efectivo y oportuno. Dichas reglas deben basarse en un análisis fiable e independiente realizado por órganos independientes u órganos dotados de autonomía funcional respecto de las autoridades presupuestarias de los Estados miembros. Además, la experiencia ha demostrado que, para que las reglas presupuestarias numéricas sean eficaces, su incumplimiento debe llevar aparejadas consecuencias, aunque ese coste sea de carácter meramente reputacional.

(17)

En virtud del Protocolo (no 15) sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, anejo al TUE y al TFUE, los valores de referencia mencionados en el Protocolo (no 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anexo a dichos Tratados, no son directamente vinculantes para el Reino Unido. Por lo tanto, no debe aplicarse a este la obligación de instaurar reglas presupuestarias numéricas que fomenten de manera efectiva el cumplimiento de los valores específicos de referencia para el déficit excesivo, ni la correlativa obligación de que los objetivos plurinacionales de los marcos presupuestarios a medio plazo sean coherentes con dichas reglas.

(18)

Conviene que los Estados miembros eviten aplicar políticas presupuestarias procíclicas, y que los esfuerzos de consolidación presupuestaria sean mayores en tiempos de bonanza económica. Unas reglas presupuestarias numéricas bien definidas favorecen la consecución de esos objetivos y deben reflejarse en la legislación presupuestaria anual de los Estados miembros.

(19)

La planificación presupuestaria nacional solo puede ser coherente con los componentes preventivo y corrector del Pacto de estabilidad y crecimiento (PEC) si adopta una perspectiva plurianual y si persigue, en particular, la consecución de los objetivos presupuestarios a medio plazo. La compatibilidad de los marcos presupuestarios de los Estados miembros con la legislación de la Unión solo puede conseguirse estableciendo marcos presupuestarios a medio plazo. En el espíritu del Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (6), y del Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (7), los componentes preventivo y corrector del PEC no deben considerarse aisladamente.

(20)

Si bien la aprobación de la ley de presupuesto anual constituye la etapa primordial del proceso presupuestario en la que los Estados miembros adoptan decisiones presupuestarias importantes, la mayor parte de las medidas adoptadas en ese marco tiene implicaciones presupuestarias que van mucho más allá del ciclo presupuestario anual. Una perspectiva anual proporciona por lo tanto una base deficiente para desarrollar políticas presupuestarias sólidas. A fin de integrar la perspectiva plurianual en el marco de supervisión presupuestaria de la Unión, la planificación de la ley de presupuesto anual debe basarse en una planificación plurianual derivada del marco presupuestario a medio plazo.

(21)

Dicho marco presupuestario a medio plazo debe incluir, entre otras cosas, proyecciones detalladas de cada partida importante de gastos e ingresos relativas al ejercicio presupuestario en cuestión y ejercicios siguientes, basadas en políticas no sujetas a modificaciones. Cada Estado miembro debe poder definir adecuadamente las políticas no sujetas a modificaciones, y tales definiciones deben hacerse públicas junto con los supuestos manejados, las metodologías y otros parámetros pertinentes.

(22)

La presente Directiva no debe impedir a un nuevo gobierno de un Estado miembro actualizar su marco presupuestario a medio plazo para reflejar sus nuevas prioridades políticas. En este caso, el nuevo gobierno debe destacar las diferencias con el marco presupuestario a medio plazo anterior.

(23)

Las disposiciones del marco de supervisión presupuestaria establecido en el TFUE y, en particular, en el PEC, son aplicables al conjunto de las administraciones públicas, que comprenden los subsectores de la administración central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y las administraciones de seguridad social, tal como se definen en el Reglamento (CE) no 2223/96.

(24)

Un buen número de Estados miembros ha llevado a cabo una descentralización considerable en el ámbito presupuestario, con la transferencia de poderes presupuestarios a las administraciones subnacionales. El papel que han desempeñado estas últimas a la hora de garantizar el cumplimiento del PEC se ha incrementado significativamente, por lo que resulta necesario velar por que el alcance de las obligaciones y procedimientos establecidos en los marcos presupuestarios nacionales se extienda debidamente a todos los subsectores de las administraciones públicas, sobre todo —aunque no solo— en dichos Estados miembros.

(25)

Con el fin de promover con eficacia la disciplina presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas, los marcos presupuestarios deben abarcar las finanzas públicas en su integridad. Por este motivo, ha de prestarse una atención particular a las operaciones de dichas administraciones públicas que no forman parte de los presupuestos ordinarios de los distintos subsectores y que inciden de manera inmediata o a medio plazo en la situación presupuestaria de los Estados miembros. Su incidencia combinada en los saldos presupuestarios y la deuda de las administraciones públicas debe darse a conocer en el marco de los procedimientos presupuestarios anuales y de los planes presupuestarios a medio plazo.

(26)

Igualmente, debe prestarse la debida atención a la existencia de pasivos contingentes. Más concretamente, los pasivos contingentes implican posibles obligaciones en el caso de que se produzca un suceso futuro incierto, o entrañan obligaciones en que el pago no es probable o el importe de este no puede cuantificarse de manera fiable. Incluyen, por ejemplo, información pertinente sobre las garantías públicas, los préstamos de dudoso cobro y los pasivos resultantes de la actividad de las corporaciones públicas, y comprenden, en su caso, la probabilidad y la correspondiente posible fecha del gasto derivado de los pasivos contingentes. Debe tenerse debidamente en cuenta la sensibilidad del mercado.

(27)

La Comisión debe supervisar periódicamente la aplicación de la presente Directiva. Deben determinarse y ponerse en común las mejores prácticas en relación con las disposiciones de la presente Directiva relativas a los distintos aspectos de los marcos presupuestarios nacionales.

(28)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la observancia uniforme de la disciplina presupuestaria tal como requiere el TFUE, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(29)

De conformidad con el apartado 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (8), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Unión, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la correspondencia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

OBJETO Y DEFINICIONES

Artículo 1

La presente Directiva establece normas detalladas sobre las características que deben presentar los marcos presupuestarios de los Estados miembros. Estas normas son necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que el TFUE impone a los Estados miembros a efectos de evitar los déficits públicos excesivos.

Artículo 2

A los efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las definiciones de «público», «déficit» e «inversión» establecidas en el artículo 2 del Protocolo (no 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al TUE y al TFUE. Se aplicará asimismo la definición de subsectores de las administraciones públicas establecida en el punto 2.70 del anexo A del Reglamento (CE) no 2223/96.

Además, se entenderá por:

«marco presupuestario»: el conjunto de disposiciones, procedimientos, normas e instituciones que constituyen la base de las políticas presupuestarias de las administraciones públicas, en particular:

CAPÍTULO II

CONTABILIDAD Y ESTADÍSTICAS

Artículo 3

1.   En lo que respecta a los sistemas nacionales de contabilidad pública, los Estados miembros dispondrán de unos sistemas de contabilidad que cubran de manera íntegra y coherente todos los subsectores de las administraciones públicas y contengan la información necesaria para generar datos según el principio de devengo con el fin de preparar datos basados en la norma SEC-95. Los sistemas de contabilidad pública estarán sujetos a control interno y serán objeto de auditorías independientes.

2.   Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad pública, oportuna y periódica, de datos presupuestarios relativos a todos los subsectores de las administraciones públicas según se define en el Reglamento (CE) no 2223/96. En particular, los Estados miembros publicarán:

a)

datos presupuestarios basados en la contabilidad de caja (o la cifra equivalente de la contabilidad pública cuando no se disponga de dichos datos) con la siguiente periodicidad:

mensual para los subsectores de la administración central, las comunidades autónomas y las administraciones de seguridad social, antes de finalizado el mes siguiente, y

trimestral para el subsector de las corporaciones locales, antes de finalizado el trimestre siguiente;

b)

un cuadro de conciliación detallado que muestre el método de transición entre los datos basados en la contabilidad de caja (o las cifras equivalentes de la contabilidad pública cuando no se disponga de dichos datos) y los datos basados en la norma SEC-95.

CAPÍTULO III

PREVISIONES

Artículo 4

1.   Los Estados miembros velarán por que la planificación presupuestaria se base en previsiones macroeconómicas y presupuestarias realistas, utilizando la información más actualizada. La planificación presupuestaria se basará en el escenario macropresupuestario más probable o en un escenario más prudente. Las previsiones macroeconómicas y presupuestarias se compararán con las previsiones de la Comisión más actualizadas y, en su caso, las de otros órganos independientes. Las diferencias importantes entre el escenario macropresupuestario elegido y la previsión de la Comisión deberán describirse de manera motivada, en particular si el nivel o el crecimiento de las variables de los supuestos externos se aparta significativamente de los valores expuestos en las previsiones de la Comisión.

2.   La Comisión hará públicos las metodologías, los supuestos y los parámetros pertinentes en que se apoyen sus previsiones macroeconómicas y presupuestarias.

3.   Con el fin de ayudar a los Estados miembros en la preparación de sus previsiones presupuestarias, la Comisión facilitará previsiones del gasto de la Unión basadas en el nivel de gasto programado dentro del marco financiero plurianual.

4.   En el marco de un análisis de sensibilidad, las previsiones macroeconómicas y presupuestarias permitirán examinar la evolución de las principales variables presupuestarias teniendo en cuenta diferentes supuestos de crecimiento y tipos de interés. El conjunto de supuestos alternativos utilizados en las previsiones macroeconómicas y presupuestarias se basará en los resultados de las previsiones anteriores y tratará de tener en cuenta los correspondientes escenarios de riesgo.

5.   Los Estados miembros especificarán cuál es la institución responsable de presentar las previsiones macroeconómicas y presupuestarias y harán públicas las previsiones macroeconómicas y presupuestarias oficiales preparadas a efectos de la planificación presupuestaria, incluidos las metodologías, los supuestos y los parámetros pertinentes que sostengan dichas previsiones. Al menos una vez al año, los Estados miembros y la Comisión mantendrán un diálogo técnico sobre los supuestos en los que se apoye la preparación de las previsiones macroeconómicas y presupuestarias.

6.   Las previsiones macroeconómicas y presupuestarias a efectos de la planificación presupuestaria estarán sometidas a una evaluación periódica, no sesgada y general que se basará en criterios objetivos, y que incluirá la evaluación ex post. El resultado de dicha evaluación se hará público y se tendrá en cuenta oportunamente en las previsiones macroeconómicas y presupuestarias futuras. Si en el curso de la evaluación se observa un sesgo importante que afecte a las previsiones macroeconómicas en un período de cuatro años consecutivos por lo menos, el Estado miembro de que se trate tomará las medidas necesarias y las hará públicas.

7.   La Comisión (Eurostat) publicará los niveles trimestrales de deuda y de déficit de los Estados miembros cada tres meses.

CAPÍTULO IV

REGLAS PRESUPUESTARIAS NUMÉRICAS

Artículo 5

Cada Estado miembro dispondrá de reglas presupuestarias numéricas que sean específicas para él y que promuevan de manera efectiva el cumplimiento de sus respectivas obligaciones derivadas del TFUE en el ámbito de la política presupuestaria en un contexto plurianual, con respecto al conjunto de las administraciones públicas En particular, tales reglas promoverán:

a)

el respeto de los valores de referencia relativos al déficit y la deuda fijados de conformidad con el TFUE;

b)

la adopción de un horizonte plurianual de planificación presupuestaria que abarque la observancia del objetivo presupuestario a medio plazo del Estado miembro.

Artículo 6

1.   Sin perjuicio de las disposiciones del TFUE sobre el marco de supervisión presupuestaria de la Unión, las reglas presupuestarias numéricas, específicas por país contendrán precisiones sobre los siguientes elementos:

a)

la definición de los objetivos y el ámbito de aplicación de las reglas;

b)

el ejercicio de un seguimiento efectivo y oportuno del cumplimiento de las reglas, basado en análisis fiables e independientes realizados por órganos independientes u órganos dotados de autonomía funcional respecto de las autoridades presupuestarias de los Estados miembros;

c)

las consecuencias en caso de incumplimiento.

2.   En caso de que las reglas presupuestarias numéricas contengan cláusulas de salvaguardia, estas fijarán un número limitado de circunstancias específicas en consonancia con las obligaciones derivadas del TFUE para los Estados miembros en el ámbito de la política presupuestaria y unos procedimientos estrictos en los que se permita el incumplimiento temporal de una norma.

Artículo 7

La ley presupuestaria anual de los Estados miembros reflejará sus reglas presupuestarias numéricas específicas por país, en vigor.

Artículo 8

Los artículos 5, 6 y 7 no se aplicarán al Reino Unido.

CAPÍTULO V

MARCOS PRESUPUESTARIOS A MEDIO PLAZO

Artículo 9

1.   Los Estados miembros establecerán un marco presupuestario a medio plazo creíble y efectivo que incluya la adopción de un horizonte de planificación presupuestaria de tres años como mínimo para garantizar que la planificación presupuestaria nacional se inscribe en una perspectiva plurianual.

2.   Los marcos presupuestarios a medio plazo comprenderán procedimientos para establecer lo siguiente:

a)

objetivos presupuestarios plurianuales globales y transparentes expresados en términos de déficit de las administraciones públicas, deuda pública y otros indicadores presupuestarios sintéticos como el gasto, que garanticen la compatibilidad de estos con cualesquiera reglas presupuestarias numéricas previstas en el capítulo IV que estén vigentes;

b)

proyecciones de cada partida importante de gastos e ingresos de las administraciones públicas con más especificaciones sobre los niveles de la administración central y la seguridad social, para el ejercicio presupuestario en cuestión y ejercicios siguientes, basadas en políticas no sujetas a modificaciones;

c)

una descripción de las políticas previstas a medio plazo que tengan repercusiones en las finanzas de las administraciones públicas, desglosadas por partidas importantes de gastos e ingresos, que muestren cómo se conseguirá el ajuste hacia los objetivos presupuestarios a medio plazo con respecto a las proyecciones basadas en políticas no sujetas a modificaciones;

d)

una evaluación de la manera en que, a la vista de su incidencia a largo plazo sobre las finanzas generales de las administraciones públicas, las políticas previstas puedan afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

3.   Las proyecciones adoptadas en el contexto de los marcos presupuestarios a medio plazo se basarán en previsiones macroeconómicas y presupuestarias realistas, de conformidad con el capítulo III.

Artículo 10

La ley de presupuesto anual será coherente con las disposiciones relativas al marco presupuestario a medio plazo. En concreto, las proyecciones de ingresos y gastos y las prioridades derivadas del marco presupuestario a medio plazo que establece el artículo 9, apartado 2, constituirán la base de la elaboración del presupuesto anual. Toda desviación respecto de dichas disposiciones será debidamente explicada.

Artículo 11

Ninguna disposición de la presente Directiva impedirá a un nuevo gobierno de un Estado miembro actualizar su marco presupuestario a medio plazo a fin de reflejar sus nuevas prioridades políticas. En este caso, el nuevo gobierno indicará las diferencias con el anterior marco presupuestario a medio plazo.

CAPÍTULO VI

TRANSPARENCIA DE LAS FINANZAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN GLOBAL DE LOS MARCOS PRESUPUESTARIOS

Artículo 12

Los Estados miembros garantizarán que todas las medidas adoptadas a efectos del cumplimiento de los capítulos II, III y IV abarquen de manera exhaustiva y coherente todos los subsectores de las administraciones públicas. Esta garantía exigirá, en particular, la coherencia de las normas y los procedimientos contables, así como la integridad de los sistemas subyacentes de recopilación y tratamiento de datos.

Artículo 13

1.   Los Estados miembros establecerán mecanismos adecuados de coordinación entre todos los subsectores de sus administraciones públicas a fin de asegurar la cobertura exhaustiva y coherente de todos los subsectores en la planificación presupuestaria de las administraciones públicas, en las reglas presupuestarias numéricas especificas por país, y en la elaboración de las previsiones presupuestarias y el establecimiento de la planificación plurianual según lo establecido, en particular, en el marco presupuestario plurianual.

2.   A fin de fomentar la rendición de cuentas fiscal, se determinarán con claridad las responsabilidades presupuestarias de las autoridades de los distintos subsectores de las administraciones públicas.

Artículo 14

1.   En el marco de los procedimientos presupuestarios anuales, los Estados miembros harán una relación y presentación de todos los organismos y fondos de las administraciones públicas que no formen parte de los presupuestos ordinarios de los distintos subsectores, junto con cualquier otra información pertinente. La incidencia combinada de dichos organismos y fondos de las administraciones públicas en los saldos y las deudas de las administraciones públicas se presentará en el marco de los procedimientos presupuestarios anuales y de los planes presupuestarios a medio plazo.

2.   Los Estados miembros publicarán información detallada sobre la incidencia de los beneficios fiscales en los ingresos.

3.   Los Estados miembros publicarán, en lo que respecta a todos los subsectores de las administraciones públicas, la información pertinente sobre los pasivos contingentes que puedan incidir de manera significativa en los presupuestos públicos, en particular las garantías públicas, los préstamos morosos y los pasivos resultantes de la actividad de las corporaciones públicas, indicando su magnitud. Los Estados miembros publicarán asimismo información sobre la participación de las administraciones públicas en el capital de sociedades privadas y públicas en el caso de sumas económicamente importantes.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 15

1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 31 de diciembre de 2013. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones. El Consejo alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Unión, sus propios cuadros de correspondencia, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

2.   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

3.   La Comisión preparará un informe provisional de situación sobre la aplicación de las principales disposiciones de la presente Directiva basándose en la información pertinente de los Estados miembros, que será presentada al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 14 de diciembre de 2012.

4.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 16

1.   A más tardar el 14 de diciembre de 2018, la Comisión publicará una revisión de la adecuación de la presente Directiva.

2.   La revisión evaluará, entre otras cosas, la adecuación de:

a)

los requisitos estadísticos para todos los subsectores de la administración;

b)

la concepción y la eficacia de las reglas presupuestarias numéricas en los Estados miembros;

c)

el nivel general de transparencia de las finanzas públicas en los Estados miembros.

3.   A más tardar el 31 de diciembre de 2012, la Comisión evaluará la adecuación de las normas internacionales de contabilidad del sector público para los Estados miembros.

Artículo 17

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 18

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 8 de noviembre de 2011.

Por el Consejo

El Presidente

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  Dictamen del Parlamento Europeo de 28 de septiembre de 2011 (no publicado aún en el Diario Oficial).

(2)  DO C 150 de 20.5.2011, p. 1.

(3)  DO L 87 de 31.3.2009, p. 164.

(4)  DO L 145 de 10.6.2009, p. 1.

(5)  DO L 310 de 30.11.1996, p. 1.

(6)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.

(7)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 6.

(8)  DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.