ISSN 1725-2512

doi:10.3000/17252512.L_2011.158.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 158

European flag  

Edición en lengua española

Legislación

54o año
16 de junio de 2011


Sumario

 

II   Actos no legislativos

Página

 

 

REGLAMENTOS

 

*

Reglamento (UE) no 566/2011 de la Comisión, de 8 de junio de 2011, por el que se modifican el Reglamento (CE) no 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 692/2008 en lo que respecta al acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos ( 1 )

1

 

*

Reglamento de Ejecución (UE) no 567/2011 de la Comisión, de 14 de junio de 2011, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Porchetta di Ariccia (IGP)]

25

 

*

Reglamento de Ejecución (UE) no 568/2011 de la Comisión, de 14 de junio de 2011, por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Miód drahimski (IGP)]

27

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) no 569/2011 de la Comisión, de 15 de junio de 2011, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

29

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) no 570/2011 de la Comisión, de 15 de junio de 2011, por el que se modifican los precios representativos y los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar fijados por el Reglamento (UE) no 867/2010 para la campaña 2010/11

31

 

 

Reglamento de Ejecución (UE) no 571/2011 de la Comisión, de 15 de junio de 2011, por el que se fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 16 de junio de 2011

33

 

 

DECISIONES

 

 

2011/341/PESC

 

*

Decisión Atalanta/2/2011 del Comité Político y de Seguridad, de 15 de junio de 2011, por la que se nombra al Comandante de la Operación de la UE para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta)

36

 

 

2011/342/UE

 

*

Decisión del Banco Central Europeo, de 9 de mayo de 2011, por la que se modifica la Decisión BCE/2004/3 relativa al acceso público a los documentos del Banco Central Europeo (BCE/2011/6)

37

 

 

IV   Actos adoptados, antes del 1 de diciembre de 2009, en aplicación del Tratado CE, del Tratado UE y del Tratado Euratom

 

*

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 341/09/COL, de 23 de julio de 2009, relativa al régimen notificado de ventajas fiscales para determinadas sociedades cooperativas (Noruega)

39

 

 

Corrección de errores

 

*

Corrección de errores del Reglamento (UE) no 446/2011 de la Comisión, de 10 de mayo de 2011, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinados alcoholes grasos y sus mezclas originarios de la India, Indonesia y Malasia (DO L 122 de 11.5.2011)

54

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.


II Actos no legislativos

REGLAMENTOS

16.6.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 158/1


REGLAMENTO (UE) No 566/2011 DE LA COMISIÓN

de 8 de junio de 2011

por el que se modifican el Reglamento (CE) no 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) no 692/2008 en lo que respecta al acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (1), y, en particular, su artículo 4, apartado 4, su artículo 5, apartado 3, y su artículo 8,

Vista la Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea un marco para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos (Directiva marco) (2), y, en particular, su artículo 39, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CE) no 715/2007 establece requisitos técnicos comunes para la homologación de tipo de los vehículos de motor (en lo sucesivo, «los vehículos») y las piezas de recambio por lo que se refiere a sus emisiones y establece normas sobre la conformidad en circulación, la durabilidad de los dispositivos de control de la contaminación, los sistemas de diagnóstico a bordo (OBD), la medición del consumo de carburante y la accesibilidad de la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.

(2)

En el Reglamento (CE) no 692/2008 de la Comisión, de 18 de julio de 2008, por el que se aplica y modifica el Reglamento (CE) no 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos (3), se exige a la Comisión que introduzca el nuevo procedimiento de ensayo para el número y la masa de partículas emitidas por los vehículos ligeros.

(3)

En la Directiva 76/756/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la instalación de los dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa de los vehículos a motor y de sus remolques (4), se requiere la utilización de luces de circulación diurna por motivos de seguridad. El efecto de estos dispositivos, que están permanentemente encendidos durante el funcionamiento del vehículo, debe quedar adecuadamente reflejado en las emisiones medidas de contaminantes y dióxido de carbono (CO2).

(4)

El riesgo de manipulación y fallos totales de los filtros de partículas diésel (FPD) hace necesaria una supervisión de los FDP en relación con estos incidentes, con independencia de la desviación por exceso de límite umbral del OBD aplicable.

(5)

Debido a su naturaleza permanente, la supervisión de los circuitos eléctricos debe quedar exenta de la transmisión de información resultante de los requisitos de la relación del rendimiento en uso del sistema OBD.

(6)

La limitada frecuencia, en situaciones de conducción, en las cuales pueden operarse los monitores del sistema de control de la sobrealimentación o los monitores que requieran un arranque en frío, exige unos requisitos de rendimiento especiales para estos monitores.

(7)

Deben armonizarse las condiciones estadísticas con las cuales se evalúa por defecto el cumplimiento de los requisitos de la relación del rendimiento en uso.

(8)

Si se detecta una manipulación del sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) mediante la supervisión de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), las condiciones en las que se activa la inducción del conductor de un sistema SCR deben quedar mejor definidas.

(9)

Debe clarificarse el registro de la activación del sistema de inducción del conductor en relación con el posible uso futuro de esta información en inspecciones de aptitud para la circulación.

(10)

La protección del ordenador de control de emisiones contra la manipulación debe estar abierta a mejoras técnicas como consecuencia de la innovación.

(11)

El registro y la transmisión de sus datos son partes esenciales de un monitor OBD obligatorio y no deben dejar de aplicarse si se establecen deficiencias, en particular no de una manera sistemática en los casos en que el fabricante opte por determinadas normas para las comunicaciones entre el vehículo y el exterior del vehículo.

(12)

Con el fin de garantizar una competencia efectiva en el mercado de los servicios de información relativa a la reparación y el mantenimiento de vehículos, así como de clarificar que la información de que se trata también incluya la información que debe proporcionarse a otros agentes independientes distintos de los talleres de reparación y de garantizar que el mercado independiente de los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos pueda competir en su totalidad con los concesionarios autorizados, con independencia de si el fabricante del vehículo transmite esta información directamente a sus concesionarios y talleres de reparación autorizados, se precisan más clarificaciones en relación con la información detallada que debe proporcionarse con arreglo al Reglamento (CE) no 715/2007.

(13)

Si bien, con arreglo al principio de proporcionalidad, no debe obligarse a los fabricantes de vehículos a recoger datos sobre modificaciones de vehículos concretos por terceras partes exclusivamente en el marco del Reglamento (CE) no 715/2007 y sus actos de ejecución, si quiere garantizarse un mercado competitivo de reparación y mantenimiento de vehículos, los agentes independientes deben recibir actualizaciones de los datos sobre componentes de vehículos en la medida en que estén a disposición de los concesionarios autorizados y los talleres de reparación.

(14)

Las unidades de trabajo son una información técnica importante sobre reparación y mantenimiento para los agentes independientes. Se espera que el hecho de clarificar que las unidades de trabajo están contempladas por las disposiciones del artículo 6 del Reglamento (CE) no 715/2007 cree seguridad comercial para los agentes del mercado.

(15)

En los casos en que los fabricantes del vehículo prevean que ya no se guarden los registros sobre reparaciones y mantenimiento en formato físico en el vehículo (que el propietario del vehículo también puede poner a disposición de talleres de reparación independientes a fin de que puedan declarar sobre las tareas de reparación y mantenimiento realizadas) sino en una base de datos central del fabricante del vehículo, el taller de reparaciones independiente también debe poder acceder a estos registros, con el consentimiento del propietario del vehículo, con el fin de que pueda seguir elaborando un registro completo de las tareas de reparación y mantenimiento realizadas y de que el propietario del vehículo pueda tener una prueba en un único documento de todas estas tareas.

(16)

Debe preverse una mayor flexibilidad para la reprogramación de las unidades de control del vehículo y el intercambio de datos entre los fabricantes de vehículos y los agentes independientes con el fin de incorporar las innovaciones y reducir los gastos.

(17)

Debe garantizarse que los vehículos homologados de conformidad con el Reglamento pertinente de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (NU/CEPE) equivalente a los requisitos en materia de emisiones del Reglamento (CE) no 715/2007 y el Reglamento (CE) no 692/2008 y que cumplan los requisitos de dichos reglamentos sobre el acceso a la información sean homologados de conformidad con el Reglamento (CE) no 715/2007 sin ninguna carga administrativa.

(18)

Dado que, en la actualidad, no existe ningún proceso estructurado común para el intercambio de datos sobre componentes de vehículos entre fabricantes de vehículos y agentes independientes, es pertinente elaborar principios sobre este intercambio. El Comité Europeo de Normalización (CEN) debe desarrollar un futuro proceso estructurado común sobre el formato normalizado de los datos intercambiados como norma oficial, por el cual el mandato concedido al CEN no prevea el nivel de detalle que proporcionará esta norma. El trabajo del CEN debe reflejar, en particular, los intereses y las necesidades de los fabricantes de vehículos y los agentes independientes por igual, y también debe investigar soluciones tales como formatos de datos abiertos descritos mediante una serie de metadatos bien definidos con el fin de facilitar la adaptación de la infraestructura de TI existente.

(19)

Procede, por consiguiente, modificar los Reglamentos (CE) no 715/2007 y (CE) no 692/2008 en consecuencia.

(20)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité técnico sobre vehículos de motor.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) no 715/2007 queda modificado como sigue:

1)

El artículo 6 queda modificado como sigue:

a)

el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   La información contemplada en el apartado 1 incluirá:

a)

una identificación inequívoca de los vehículos;

b)

manuales de mantenimiento, incluidos registros de servicio y mantenimiento;

c)

manuales técnicos;

d)

información sobre componentes y diagnóstico (por ejemplo, valores teóricos mínimos y máximos para las mediciones);

e)

diagramas de cableado;

f)

códigos de error de diagnóstico (incluidos los códigos específicos del fabricante);

g)

el número de identificación de la calibración del software aplicable a un tipo de vehículo;

h)

información sobre herramientas y equipos patentados, proporcionada por estos mismos medios;

i)

información sobre registro de datos y datos bidireccionales del seguimiento y los ensayos, y

j)

unidades de trabajo estándar o períodos de tiempo para tareas de reparación y mantenimiento si se ponen a disposición de los concesionarios y talleres de reparación autorizados del fabricante bien directamente o a través de un tercero.»;

b)

se añade el apartado 8 siguiente:

«8.   Cuando se mantengan los registros de las reparaciones y el mantenimiento de un vehículo en una base de datos central del fabricante del vehículo o en su nombre, los talleres de reparación independientes, que hayan sido aprobados y autorizados tal como se requiere en el punto 2.2 del anexo XIV del Reglamento (CE) no 692/2008 de la Comisión (5), deberán tener acceso gratuito a estos registros y en las mismas condiciones que los concesionarios o los talleres de reparación autorizados a fin de que puedan introducir información sobre las reparaciones y el mantenimiento que hayan realizado.

2)

En el artículo 7, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Los fabricantes darán acceso anual, mensual, diario y por horas a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos, incluidos servicios transaccionales tales como la reprogramación o la asistencia técnica, con tasas para acceder a esta información que variarán según los períodos por los que se conceda el acceso. Además de este acceso basado en el tiempo, los fabricantes podrán ofrecer un acceso basado en la transacción, en el cual cobrarán tasas por transacción y no en función del tiempo durante el cual se haya garantizado el acceso. Cuando los fabricantes ofrezcan ambos sistemas, los talleres de reparación independientes podrán escoger el sistema de acceso que prefieran, basado en el tiempo o en la transacción.».

3)

En el anexo I, se suprimen las notas 1 y 2 del cuadro 1 y las notas 1, 2 y 5 del cuadro 2.

Artículo 2

El Reglamento (CE) no 692/2008 queda modificado como sigue:

1)

En el artículo 2, se añade el apartado 33 siguiente:

«33.

“Arranque en frío”, una temperatura del refrigerante del motor (o temperatura equivalente) en el momento del arranque del motor inferior o igual a 35 °C e inferior o igual a 7 K por encima de la temperatura ambiente (en su caso) en el momento del arranque del motor.».

2)

En el artículo 6, apartado 1, se añaden los párrafos cuarto y quinto siguientes:

«Se considerará que se satisfacen los requisitos pertinentes si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a)

se cumplen los requisitos del artículo 13;

b)

el vehículo ha sido homologado con arreglo a los Reglamentos NU/CEPE no 83, serie de modificaciones 06, y no 101, serie de modificaciones 01, y, en el caso de los vehículos de encendido por compresión, el no 24, parte III, serie de modificaciones 03.

En el caso al que se refiere el párrafo cuarto, se aplicará lo dispuesto en el artículo 14.».

3)

En el artículo 10, apartado 1, se añaden los párrafos tercero y cuarto siguientes:

«Se considerará que se satisfacen los requisitos pertinentes si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a)

se cumplen los requisitos del artículo 13;

b)

los dispositivos de control de la contaminación de recambio han sido homologados con arreglo al Reglamento NU/CEPE no 103.

En el caso al que se refiere el párrafo tercero, se aplicará lo dispuesto en el artículo 14.».

4)

El artículo 13, apartado 9, se sustituye por el texto siguiente:

«9.   Se crea el Foro sobre el Acceso a la Información relativa a los Vehículos (en lo sucesivo, “el Foro”).

El Foro estudiará si el acceso a la información afecta a los avances logrados para disminuir el número de robos de vehículos y formulará recomendaciones para mejorar los requisitos relativos al acceso a la información. En particular, el Foro aconsejará a la Comisión sobre la introducción de un proceso de aprobación y autorización de los operadores independientes por parte de organizaciones acreditadas para acceder a la información sobre la seguridad de los vehículos.

La Comisión podrá decidir que los debates y las conclusiones del Foro tengan carácter confidencial.».

5)

Los anexos I, III, IV, VIII, IX, XI, XII, XIV, XVI y XVIII quedan modificados de conformidad con el anexo I del presente Reglamento.

6)

El anexo II se sustituye por el texto que figura en el anexo II del presente Reglamento.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 8 de junio de 2011.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  DO L 171 de 29.6.2007, p. 1.

(2)  DO L 263 de 9.10.2007, p. 1.

(3)  DO L 199 de 28.7.2008, p. 1.

(4)  DO L 262 de 27.9.1976, p. 1.

(5)  DO L 199 de 28.7.2008, p. 1.».


ANEXO I

Modificaciones de determinados anexos del Reglamento (CE) no 692/2008

1.

El anexo I queda modificado como sigue:

a)

el punto 2.3.1 se sustituye por el texto siguiente:

«2.3.1.

Todo vehículo equipado con un ordenador de control de emisiones deberá incluir funciones que impidan cualquier modificación que no haya sido autorizada por el fabricante. El fabricante autorizará las modificaciones siempre que sean necesarias para fines de diagnóstico, mantenimiento, inspección, instalación de accesorios o reparación del vehículo. Los códigos y parámetros de funcionamiento reprogramables del ordenador deberán ser resistentes a las manipulaciones y permitir un nivel de protección al menos tan elevado como las disposiciones de la norma ISO 15031-7; de 15 de marzo de 2001 (SAE J2186 de octubre de 1996). Todos los chips de memoria de calibración extraíbles deberán ir encapsulados, alojados en una caja sellada o protegidos mediante algoritmos electrónicos y no deberán poder sustituirse sin utilizar herramientas y procedimientos especializados. Solo las funciones directamente relacionadas con la calibración de emisiones o la prevención del robo del vehículo podrán estar protegidas de este modo.»;

b)

la figura I.2.4 se sustituye por el texto siguiente:

«Figura I.2.4

Aplicación de los requisitos de ensayo para homologaciones de tipo y extensiones

 

Vehículos con motor de encendido por chispa, incluidos los híbridos

Vehículos con motor de encendido por compresión, incluidos los híbridos

Monocombustible

Bicombustible (1)

Flexifuel (1)

Flexifuel

Monocombustible

Combustible de referencia

Gasolina (E5)

GLP

Gas natural/biometano

Hidrógeno

Gasolina (E5)

Gasolina (E5)

Gasolina (E5)

Gasolina (E5)

Diésel (B5)

Diésel (B5)

GLP

Gas natural/biometano

Hidrógeno

Etanol (E85)

Biodiésel

Contaminantes gaseosos

(ensayo del tipo 1)

 

(ambos combustibles)

(ambos combustibles)

(solo gasolina) (2)

(ambos combustibles)

(solo B5) (2)

Masa de partículas y número de partículas

(ensayo del tipo 1)

 

(solo gasolina)

(solo gasolina)

(solo gasolina) (2)

(ambos combustibles)

(solo B5) (2)

Emisiones en ralentí

(ensayo del tipo 2)

 

(ambos combustibles)

(ambos combustibles)

(solo gasolina) (2)

(ambos combustibles)

Emisiones del cárter

(ensayo del tipo 3)

 

(solo gasolina)

(solo gasolina)

(solo gasolina) (2)

(gasolina)

Emisiones de evaporación

(ensayo del tipo 4)

 

(solo gasolina)

(solo gasolina)

(solo gasolina) (2)

(gasolina)

Durabilidad

(ensayo del tipo 5)

 

(solo gasolina)

(solo gasolina)

(solo gasolina) (2)

(gasolina)

(solo B5) (2)

Emisiones a baja temperatura

(ensayo del tipo 6)

 

(solo gasolina)

(solo gasolina)

(solo gasolina) (2)

(ambos combustibles) (3)

 

 

Control de la conformidad en circulación

 

(ambos combustibles)

(ambos combustibles)

(solo gasolina) (2)

(ambos combustibles)

(solo B5) (2)

Sistemas de diagnóstico a bordo

 

Emisiones de CO2 y consumo de combustible

 

(ambos combustibles)

(ambos combustibles)

(solo gasolina)

(ambos combustibles)

(solo B5) (2)

Opacidad de los humos

 

(solo B5) (2)

c)

en el apéndice 3, el punto 3.4.8 se sustituye por el texto siguiente:

«3.4.8.

Autonomía eléctrica del vehículo: … km (con arreglo al anexo 9 del Reglamento NU/CEPE no 101)»;

d)

el punto 3.2 del apéndice 4 se sustituye por el texto siguiente:

«Términos y condiciones de acceso (es decir, duración del acceso, precio del acceso por hora, día, mes, año o transacción) al sitio web indicado en el punto 3.1: …»;

e)

en el apéndice 6, se añade el texto siguiente a la clave del cuadro 1:

«Norma de emisiones "Euro 5b"= requisitos de emisión completos Euro 5 incluido el procedimiento de medición revisado para partículas, la norma relativa al número de partículas y el ensayo de emisiones a baja temperatura con biocombustible para vehículos flexifuel.

Norma de emisiones "Euro 6b"= requisitos de emisión completos Euro 6 incluido el procedimiento de medición revisado para partículas, la norma relativa al número de partículas y el ensayo de emisiones a baja temperatura con biocombustible para vehículos flexifuel.

Normas OBD "Euro 5"= requisitos básicos OBD Euro 5 excluidos la relación de rendimiento en uso (IUPR), la supervisión de NOx para vehículos de gasolina y límites umbral de materia particulada para diésel estrictos.

Normas OBD "EURO 6"= requisitos OBD Euro 6 completos.».

2.

El anexo III queda modificado como sigue:

a)

el punto 3.1 se sustituye por el texto siguiente:

«3.1.

Los requisitos técnicos serán los especificados en el anexo 4 del Reglamento NU/CEPE no 83, con las excepciones descritas en los puntos 3.2 a 3.12. En lo que respecta a las fechas establecidas en la segunda frase del artículo 10, apartado 6, del Reglamento (CE) no 715/2007, la masa de partículas (MP) y el número de partículas (P) se determinarán con arreglo al procedimiento de ensayo de emisiones establecido en la sección 6 del anexo 4a del Reglamento NU/CEPE no 83, serie 05 de modificaciones, suplemento 07, utilizando el equipo de ensayo descrito en sus secciones 4.4 y 4.5, respectivamente.»;

b)

en el punto 3.4, se añade el texto siguiente:

«para etanol (E75) (C1 H2,61 O0,329)

d = 0,886 g/l»;

c)

el cuadro del punto 3.8 se sustituye por el texto siguiente:

«Combustible

X

Gasolina (E5)

13,4

Diésel (B5)

13,5

GLP

11,9

Gas natural/biometano

9,5

Etanol (E85)

12,5

Etanol (E75)

12,7»;

d)

en el punto 3.10, se añade el texto siguiente:

«QTHC = 0,886 en el caso del etanol (E75)»;

e)

se añade el punto 3.14 siguiente:

«3.14.

En lo que respecta a las fechas establecidas en el artículo 2 de la Directiva 2008/89/CE de la Comisión (4), las luces de circulación diurna, tal como se definen en el apartado 2 del Reglamento NU/CEPE no 48 (5) deberán estar encendidas durante el ciclo de ensayo. El vehículo sometido a ensayo deberá ir equipado con el sistema de luces de circulación diurna que tenga el mayor consumo de energía eléctrica de los sistemas de este tipo que el fabricante instale en los vehículos del grupo representado por el vehículo que ha recibido la homologación de tipo. El fabricante facilitará a los organismos de homologación de tipo la documentación técnica correspondiente a este respecto.

3.

En el anexo IV, el punto 2.2 del apéndice 1 se sustituye por el texto siguiente:

«2.2.

Las relaciones atómicas especificadas en el punto 5.3.7.3 se entenderán como sigue:

 

Hcv = Relación atómica hidrógeno/carbono

para gasolina (E5) 1,89

para GLP 2,53

para gas natural/biometano 4,0

para etanol (E85) 2,74

para etanol (E75) 2,61

 

Ocv = Relación atómica oxígeno/carbono

para gasolina (E5) 0,016

para GLP 0,0

para gas natural/biometano 0,0

para etanol (E85) 0,39

para etanol (E75) 0,329».

4.

En el anexo VIII, el punto 2.3 se sustituye por el texto siguiente:

«2.3.

Los valores límite mencionados en el punto 5.3.5.2 del Reglamento NU/CEPE no 83 están relacionados con los valores límite que se establecen en el cuadro 4 del anexo I del Reglamento (CE) no 715/2007.».

5.

Al final del anexo IX, sección B, el texto «La especificación del combustible de referencia ha de desarrollarse con anterioridad a las fechas mencionadas en el artículo 10, apartado 6, del Reglamento (CE) no 715/2007» se sustituye por el cuadro siguiente:

«Parámetro

Unidad

Límites (6)

Método de ensayo (7)

Mínimo

Máximo

Índice de octano RON

 

95

EN ISO 5164

Índice de octano MON

 

85

EN ISO 5163

Densidad a 15 °C

kg/m3

Informe

EN ISO 12185

Presión de vapor

kPa

50

60

EN ISO 13016-1 (DVPE)

Contenido de azufre (8)  (9)

mg/kg

10

EN ISO 20846

EN ISO 20884

Estabilidad a la oxidación

minutos

360

EN ISO 7536

Contenido de goma existente (lavada por solvente)

mg/100 ml

4

EN ISO 6246

Aspecto. Este se determinará a temperatura ambiente o a 15 °C, de las dos la que sea superior.

 

Claro y brillante, visiblemente libre de contaminantes suspendidos o precipitados

Inspección visual

Etanol y alcoholes superiores (12)

% (V/V)

70

80

EN 1601

EN 13132

EN 14517

Alcoholes superiores (C3-C8)

% (V/V)

2

 

Metanol

 

0,5

 

Gasolina (10)

% (V/V)

Equilibrio

EN 228

Fósforo

mg/l

0,30 (11)

ASTM D 3231

EN 15487

Contenido de agua

% (V/V)

0,3

ASTM E 1064

EN 15489

Contenido de cloruro inorgánico

mg/l

1

ISO 6227-EN 15492

pHe

 

6,50

9

ASTM D 6423

EN 15490

Corrosión de la lámina de cobre (3h a 50 °C)

Calificación

Clase 1

 

EN ISO 2160

Acidez (en ácido acético CH3COOH)

% (m/m)

 

0,005

ASTM D1613

EN 15491

mg/l

 

40

Relación carbono/hidrógeno

 

Informe

 

Relación carbono/oxígeno

 

Informe

 

6.

El anexo XI queda modificado como sigue:

a)

se añade el punto 2.14 siguiente:

«2.14.

A partir del 1 de septiembre de 2011, no obstante lo dispuesto en el punto 3.3.5 del anexo 11 del Reglamento NU/CEPE no 83, siempre se supervisarán los filtros de partículas que estén instalados como una unidad independiente o integrados en un dispositivo de control de las emisiones combinado, como mínimo en lo que respecta al fallo total o la retirada, si esto último superara los límites de emisiones aplicables. También se supervisará en relación con todo fallo que provocara que se superaran los límites umbral del OBD aplicables.»;

b)

el punto 3.3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.3.

El organismo de homologación no aceptará ninguna solicitud con deficiencias que incluyan la ausencia completa de un monitor de diagnóstico exigido o del registro y la comunicación obligatorias de datos relacionados con un monitor.»;

c)

el apéndice 1 queda modificado como sigue:

i)

los puntos 3.1.7 y 3.1.8 se sustituyen por el texto siguiente:

«3.1.7.

El fabricante demostrará al organismo de homologación y, cuando se le solicite, a la Comisión que se cumplen estas condiciones estadísticas para todos los monitores a los que el sistema OBD deba transmitir información conforme a lo dispuesto en el punto 3.6 del presente apéndice, a más tardar, 18 meses después de la introducción en el mercado del primer tipo de vehículo con IUPR en una familia de OBD y, posteriormente, cada 18 meses. Con este fin, para las familias de OBD con más de mil matriculaciones en la Unión y que estén sometidas a muestreo dentro del período de muestreo, se utilizará el proceso descrito en el anexo II sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.1.9 del presente apéndice.

Además de los requisitos establecidos en el anexo II y con independencia del resultado de la comprobación descrita en el punto 2 del anexo II, el organismo que haya expedido la homologación realizará la verificación de la conformidad en circulación de la IUPR que se describe en el apéndice 1 del anexo II en un número apropiado de casos determinados al azar. Por "un número apropiado de casos determinados al azar" se entiende que esta medida tenga un efecto disuasorio en relación con el incumplimiento de los requisitos del punto 3 del presente anexo o con la entrega de datos manipulados, falsos o no representativos para la comprobación. Si no concurren circunstancias especiales y los organismos de homologación de tipo pueden demostrarlo, se considerará que una aplicación aleatoria de la verificación de la conformidad en circulación al 5 % de las familias de OBD que han recibido homologación de tipo es suficiente para cumplir este requisito. Con este fin, los organismos de homologación podrán encontrar soluciones con el fabricante para la reducción de la duplicación de los ensayos de una familia de OBD concreta siempre y cuando estas soluciones no vayan en perjuicio del efecto disuasorio de la verificación de la conformidad en circulación del propio organismo de homologación sobre el incumplimiento de los requisitos del punto 3 del presente anexo. Los datos recogidos por los Estados miembros en el marco de los programas de ensayos de vigilancia de los Estados miembros podrán utilizarse para las verificaciones de la conformidad en circulación. Cuando se les solicite, los organismos de homologación transmitirán a la Comisión y a otras autoridades responsables de la homologación datos sobre las comprobaciones y las verificaciones de la conformidad en circulación que se hayan realizado, incluida la metodología utilizada para identificar los casos que deben someterse a verificación de la conformidad en circulación aleatoria.

3.1.8.

Para la totalidad de la muestra de vehículos de ensayo, el fabricante deberá comunicar al organismo pertinente todos los datos de rendimiento en uso que deba transmitir el sistema OBD de conformidad con el punto 3.6 del presente apéndice, junto con una identificación del vehículo sometido a ensayo y de la metodología utilizada para la selección de los vehículos sometidos a ensayo de la flota. El organismo de homologación que conceda la homologación pondrá a disposición de la Comisión y de otros organismos de homologación, previa petición, estos datos y los resultados de la evaluación estadística.»,

ii)

se añade el punto 3.1.10 siguiente:

«3.1.10.

El incumplimiento de los requisitos del punto 3.1.6 establecidos por los ensayos descritos en los puntos 3.1.7 o 3.1.9 se considerarán como una infracción sometida a las sanciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 715/2007. La presente referencia no limita la aplicación de estas sanciones a otras infracciones de otras disposiciones del Reglamento (CE) no 715/2007, o del presente Reglamento, que no hagan explícitamente referencia al artículo 13 del Reglamento (CE) no 715/2007.»,

iii)

en el punto 3.3.2, se añaden las letras e) y f) siguientes:

«e)

Sin perjuicio de los requisitos para el incremento de los denominadores de otros monitores, los denominadores de los monitores de los componentes siguientes se incrementarán únicamente en caso de que el ciclo de conducción se haya iniciado con un arranque en frío:

i)

sensores de temperatura de los líquidos (aceite, refrigerante del motor, combustible o reactivo de reducción catalítica selectiva),

ii)

sensores de temperatura del aire limpio (aire ambiente, aire de admisión, aire de sobrealimentación o colector de admisión),

iii)

sensores de temperatura del escape (recirculación/refrigeración de gases de escape, turbocompresión del gas de escape o catalizador).

f)

Los denominadores de los monitores del sistema de control de la presión de sobrealimentación se incrementarán si se cumplen todas las condiciones siguientes:

i)

se cumplen las condiciones del denominador general,

ii)

el sistema de control de la presión de sobrealimentación está activo durante un tiempo superior o igual a quince segundos.»,

iv)

la sección 3.6.2 se sustituye por el texto siguiente:

«3.6.2.

Por lo que respecta a los componentes o sistemas específicos que cuenten con múltiples monitores, en relación con los cuales se deba transmitir información con arreglo a lo dispuesto en la presente sección (por ejemplo, es posible que el bloque 1 del sensor de oxígeno cuente con múltiples monitores relacionados con la respuesta del sensor u otras características), el sistema OBD localizará, por separado, los numeradores y denominadores correspondientes a cada uno de los monitores específicos, excepto los que supervisen los fallos de circuito abierto o cortocircuito, y transmitirá información únicamente al numerador y denominador correspondiente al monitor específico cuya relación numérica sea más baja. En el caso de que las relaciones de dos o más monitores específicos sean idénticas, se transmitirá la información relativa al componente específico al numerador y denominador correspondientes al monitor específico cuyo denominador sea mayor.».

7.

El anexo XII queda modificado como sigue:

a)

el punto 2.3 se sustituye por el texto siguiente:

«2.3.

El punto 5.2.4 del Reglamento NU/CEPE no 101 queda redactado como sigue:

1)

Densidad: se medirá en el combustible de ensayo de conformidad con la norma ISO 3675 o un método equivalente. Para la gasolina, el diésel, el biodiésel y el etanol (E85 y E75) se utilizará la densidad medida a 15 °C. En el caso del GLP y el gas natural/biometano, se aplicará la siguiente densidad de referencia:

 

0,538 kg/l para el GLP;

 

0,654 kg/m3 para el gas natural (3).

2)

En la relación hidrógeno/carbono/oxígeno, se utilizarán los siguientes valores fijos:

 

C1H1,89O0,016 para la gasolina,

 

C1H1,86O0,005 para el diésel,

 

C1H2,525 para el GLP (gas licuado de petróleo),

 

CH4 para el gas natural y el biometano,

 

C1H2,74O0,385 para el etanol (E85),

 

C1 H2,61 O0,329 para el etanol (E75).»;

b)

se añade el punto 3.5 siguiente:

«3.5.

Durante el ciclo de ensayo utilizado para determinar las emisiones de CO2 y el consumo de combustible del vehículo, se aplicará la disposición del punto 3.14 del anexo III.».

8.

El anexo XIV queda modificado como sigue:

a)

en el punto 2.1, se añade el texto siguiente:

«Deberá facilitarse información, en una base de datos a la que puedan acceder fácilmente los operadores independientes, sobre todas las piezas del vehículo, con las que el vehículo, identificado por el número de identificación del vehículo (NIV) y por todo criterio adicional tal como la distancia entre ejes, la potencia, el acabado o las opciones, está equipado por el fabricante del vehículo y que puedan ser sustituidas por piezas de recambio ofrecidas por el fabricante del vehículo a sus concesionarios y talleres de reparación autorizados o a terceros mediante referencia al número de las piezas del equipamiento original (EO).

Esta base de datos incluirá el NIV, el número de las piezas del EO, la denominación de estas piezas en el EO, los atributos de la validez (fechas de inicio y fin de la validez), los atributos de instalación y, cuando proceda, las características estructurales.

Deberá actualizarse periódicamente la información de la base de datos. En particular, las actualizaciones deberán incluir todas las modificaciones de los distintos vehículos después de su producción si esta información se encuentra a disposición de los concesionarios autorizados.»;

b)

los puntos 2.2 y 2.3 se sustituyen por el texto siguiente:

«2.2.

El acceso a las características de seguridad del vehículo utilizadas por los concesionarios y talleres de reparación autorizados se pondrá a disposición de operadores independientes bajo la protección de una tecnología de la seguridad con arreglo a los requisitos siguientes:

i)

los datos deberán intercambiarse garantizando la confidencialidad, la integridad y la protección contra la reproducción,

ii)

se utilizará la norma https//ssl-tls (RFC4346),

iii)

se utilizarán certificados de seguridad de conformidad con ISO 20828 para la autenticación mutua de operadores independientes y fabricantes,

iv)

la clave privada del operador independiente deberá estar protegida por un hardware seguro.

El Foro sobre el Acceso a la Información relativa a los Vehículos previsto en el apartado 9 del artículo 13 especificará los parámetros para cumplir estos requisitos con arreglo a la tecnología más avanzada.

Se aprobará y autorizará al operador independiente a tal fin sobre la base de documentos que demuestren que persigue una actividad empresarial legítima y que no ha sido condenado por una actividad delictiva pertinente.

2.3.

La reprogramación de las unidades de control de los vehículos fabricados después del 31 de agosto de 2010 se llevará a cabo de conformidad con la norma ISO 22900 o SAE J2534, con independencia de la fecha de la homologación de tipo. Para la validación de la compatibilidad de la aplicación específica del fabricante y las interfaces de comunicación del vehículo (ICV) que cumplan las normas ISO 22900 o SAE J2534, el fabricante deberá ofrecer bien una validación de las ICV desarrolladas de manera independiente o bien la información y préstamo de cualquier hardware especial, que necesite un fabricante de ICV para realizar él mismo dicha validación. Las condiciones del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) no 715/2007 se aplican a las tasas para esta validación o la información y el hardware.

Para los vehículos fabricados antes del 1 de septiembre de 2010, el fabricante podrá ofrecer bien una reprogramación completa de conformidad con la norma ISO 22900 o SAE J2534, o bien una reprogramación a través de la venta o el alquiler de su propia herramienta de marca. En este último caso, los operadores independientes deberán tener acceso de forma no discriminatoria, rápida y proporcionada, y la herramienta deberá facilitarse de modo que pueda utilizarse. Las disposiciones del artículo 7 del Reglamento (CE) no 715/2007 se aplicarán a las tasas para el acceso a estas herramientas.»;

c)

el punto 2.8 se sustituye por el texto siguiente:

«2.8.

Los fabricantes establecerán tarifas razonables y proporcionadas para el acceso anual, mensual, diario, por horas y por transacción a sus sitios web de información sobre reparaciones y mantenimiento.».

9.

El anexo XVI queda modificado como sigue:

a)

en el punto 6.2, se añade el texto siguiente:

«A efectos de la presente sección, se supone que estas situaciones ocurren si se supera el límite de emisiones de NOx aplicable del cuadro 1 del anexo I del Reglamento (CE) no 715/2007, multiplicado por un factor de 1,5. A título excepcional, para un vehículo homologado con arreglo a los límites umbral provisionales del OBD Euro 6 del punto 2.3.2 del anexo XI del presente Reglamento, se supone que estas situaciones ocurren si se supera el límite de emisiones de NOx aplicable del cuadro 2 del anexo I del Reglamento (CE) no 715/2007 en 100 mg o más. Las emisiones de NOx durante el ensayo para demostrar el cumplimiento de estos requisitos no deberán superar en un 20 % a los valores mencionados en la primera y la segunda frase.»;

b)

el punto 7.1 se sustituye por el texto siguiente:

«7.1.

Cuando se haga referencia a la presente sección, se almacenarán identificadores de parámetros no borrables (PID) que determinen la razón que ha dado lugar a la activación del sistema de inducción y la distancia recorrida por el vehículo durante dicha activación. El vehículo conservará un registro del PID durante al menos 800 días o 30 000 km de funcionamiento del vehículo. El PID estará disponible a través del puerto serie de un conector de diagnóstico estándar a petición de una herramienta de exploración genérica con arreglo a las disposiciones del punto 6.5.3.1 del apéndice 1 del anexo 11 del Reglamento NU/CEPE no 83 y el punto 2.5 del apéndice 1 del anexo XI del presente Reglamento. A partir de las fechas mencionadas en el artículo 17, la información almacenada en el PID deberá estar vinculada al período de funcionamiento del vehículo acumulado durante el cual ha ocurrido, con una precisión que no sea inferior a 300 días o 10 000 km.».

10.

En el anexo XVIII, el punto 3.4.8 se sustituye por el texto siguiente:

«3.4.8

Autonomía eléctrica del vehículo: … km (con arreglo al anexo 9 del NU/CEPE Reglamento no 101)».


(1)  Cuando un vehículo bicombustible se combina con un vehículo flexifuel, son aplicables los dos requisitos de ensayo.

(2)  Esta disposición es temporal, posteriormente se propondrán otros requisitos para biodiésel e hidrógeno.

(3)  El ensayo con gasolina solamente antes de las fechas establecidas en el artículo 10, apartado 6, del Reglamento (CE) no 715/2007. A partir de esas fechas, el ensayo se realizará con ambos combustibles. Se utilizará el combustible de referencia para ensayo E75 especificado en el anexo IX, sección B.»;

(4)  DO L 257 de 25.9.2008, p. 14.

(5)  DO L 135 de 23.5.2008, p. 1.».

(6)  Los valores indicados en las especificaciones son "valores reales". Para establecer los valores límite, se han aplicado los términos de la norma ISO 4259, "Productos petrolíferos. Determinación y aplicación de los datos de precisión en relación con los métodos de ensayo". Para fijar un valor mínimo, se ha tenido en cuenta una diferencia mínima de 2R sobre cero. Para fijar un valor máximo y un valor mínimo, la diferencia mínima es de 4R (R = reproducibilidad). Pese a tratarse de un procedimiento necesario por razones técnicas, el fabricante del combustible procurará obtener un valor cero cuando el valor máximo estipulado sea 2R y un valor medio cuando se indiquen límites máximo y mínimo. Si fuera necesario aclarar si un combustible cumple los requisitos de las especificaciones, se aplicarán los términos de la norma ISO 4259.

(7)  En caso de litigio, los procedimientos para resolverlo y la interpretación de los resultados a los que se ha de recurrir se basarán en la precisión del método de ensayo descrita en la norma EN ISO 4259.

(8)  En casos de litigio nacional concerniente al contenido de azufre, las normas EN ISO 20846 o EN ISO 20884 se considerarán similares a la referencia incluida en el anexo nacional de la norma EN 228.

(9)  Se declarará el contenido real de azufre del combustible utilizado en el ensayo del tipo 6.

(10)  El contenido de gasolina sin plomo puede determinarse como 100 menos la suma del contenido en porcentaje de agua y alcoholes.

(11)  No se añadirán de manera intencionada a este combustible de referencia compuestos que contengan fósforo, hierro, manganeso o plomo.

(12)  A condición de que cumpla la especificación de la norma EN 15376, el etanol es el único compuesto oxigenado que se añadirá intencionadamente a este combustible de referencia.».


ANEXO II

«

ANEXO II

CONFORMIDAD EN CIRCULACIÓN

1.   INTRODUCCIÓN

1.1.   En el presente anexo se establecen los requisitos de conformidad en circulación de las emisiones de escape y el OBD (incluida la IUPRM) aplicables a los vehículos que han recibido la homologación de tipo con arreglo al presente Reglamento.

2.   COMPROBACIÓN DE LA CONFORMIDAD EN CIRCULACIÓN

2.1.   La comprobación de la conformidad en circulación por el organismo de homologación se efectuará sobre la base de cualquier información pertinente que posea el fabricante, con arreglo a los mismos procedimientos que los seguidos para la conformidad de la producción, definidos en el artículo 12, apartados 1 y 2, de la Directiva 2007/46/CE y en el anexo X, puntos 1 y 2, de dicha Directiva. Los informes de seguimiento en circulación suministrados por el fabricante pueden complementarse con información del organismo de homologación y ensayos de vigilancia efectuados por el Estado miembro.

2.2.   La figura a la que se hace referencia en el apéndice 2, punto 9, del presente anexo y la figura 4/2 del apéndice 4 del Reglamento NU/CEPE no 83 (únicamente para emisiones de escape) ilustran el procedimiento para la verificación de la conformidad en circulación. El apéndice 3 del presente anexo describe el proceso para la conformidad en circulación.

2.3.   En el contexto de la información aportada para el control de la conformidad en circulación, a petición del organismo de homologación de tipo, el fabricante informará a dicho organismo sobre las reclamaciones de garantía, las reparaciones relacionadas con la garantía y los defectos del OBD registrados durante el mantenimiento, en el formato acordado durante la homologación. En el caso de los componentes y sistemas relacionados con las emisiones, la información deberá detallar la frecuencia y la naturaleza de los defectos. Los informes relativos a cada modelo de vehículo se presentarán al menos una vez al año y corresponderán al período establecido en el artículo 9, apartado 4, del presente Reglamento.

2.4.   Parámetros que definen las emisiones de escape de la familia de vehículos en circulación

La familia de vehículos en circulación puede definirse mediante parámetros básicos de diseño que serán comunes a los vehículos de una misma familia. Por consiguiente, podrá considerarse que los tipos de vehículos que tengan en común los parámetros descritos a continuación, o que se encuentren dentro de las tolerancias establecidas, pertenecen a la misma familia de vehículos en circulación:

2.4.1.

proceso de combustión (dos tiempos, cuatro tiempos, rotativo);

2.4.2.

número de cilindros;

2.4.3.

configuración del bloque de cilindros (en línea, en V, radial, opuestos horizontalmente, etc.; la inclinación u orientación de los cilindros no es un criterio);

2.4.4.

método de alimentación del motor (inyección directa o indirecta);

2.4.5.

tipo de sistema de refrigeración (aire, agua o aceite);

2.4.6.

método de aspiración (aspiración natural o sobrealimentado);

2.4.7.

combustible para el que está diseñado el motor (gasolina, diésel, gas natural, GLP, etc.); los vehículos bicombustible podrán agruparse con los de combustible específico siempre y cuando uno de los dos combustibles sea común;

2.4.8.

tipo de convertidor catalítico (catalizador de tres vías, filtro de reducción de NOx, reducción catalítica selectiva, catalizador de reducción de NOx, etc.);

2.4.9.

tipo de filtro de partículas (con o sin);

2.4.10.

recirculación de gases de escape (con o sin, enfriada o sin enfriar); y

2.4.11.

cilindrada del motor más potente de la familia menos 30 %.

2.5.   Requisitos de información

El organismo de homologación procederá al control de la conformidad en circulación basándose en la información facilitada por el fabricante. Dicha información incluirá, en particular, lo siguiente:

2.5.1.

el nombre y la dirección del fabricante;

2.5.2.

el nombre, la dirección, los números de teléfono y fax y la dirección de correo electrónico de su representante autorizado en las zonas a las que se refiera la información del fabricante;

2.5.3.

la denominación o denominaciones de los modelos de los vehículos a los que se refiera la información del fabricante;

2.5.4.

si procede, la lista de tipos de vehículos a los que se refiera la información del fabricante, es decir, para emisiones de escape, el grupo de familias de vehículos en circulación de conformidad con el punto 2.4, y para OBD e IUPRM, la familia de OBD de conformidad con el anexo XI, apéndice 2;

2.5.5.

los códigos del número de identificación del vehículo (NIV) correspondientes a estos tipos de vehículos dentro de la familia (prefijo NIV);

2.5.6.

los números de homologación de tipo correspondientes a estos tipos de vehículos dentro de la familia, incluidos, en su caso, los números de todas las extensiones y rectificaciones sobre el terreno/recuperaciones (modificaciones);

2.5.7.

información sobre las extensiones y rectificaciones sobre el terreno/recuperaciones que afecten a las homologaciones de tipo de los vehículos a los que se refiera la información del fabricante (si así lo exige el organismo de homologación);

2.5.8.

el período de tiempo durante el cual se recogió la información del fabricante;

2.5.9.

el período de fabricación del vehículo al que se refiera la información del fabricante (por ejemplo, vehículos fabricados durante el año civil de 2007);

2.5.10.

el procedimiento de verificación de la conformidad de los vehículos en circulación, incluidos:

i)

el método de localización del vehículo,

ii)

los criterios de selección y rechazo de los vehículos,

iii)

los tipos y procedimientos de ensayo utilizados para el programa,

iv)

los criterios del fabricante en relación con la aceptación/el rechazo del grupo de familias,

v)

las zonas geográficas en las que el fabricante haya recogido información,

vi)

el tamaño de la muestra y el plan de muestreo utilizado;

2.5.11.

los resultados del procedimiento de conformidad en circulación del fabricante, incluidos:

i)

la identificación de los vehículos incluidos en el programa (sometidos o no a ensayos); dicha identificación incluirá lo siguiente:

denominación del modelo,

número de identificación del vehículo (NIV),

número de matrícula del vehículo,

fecha de fabricación,

región de utilización (si se conoce),

neumáticos montados (únicamente emisiones de escape),

ii)

la razón o las razones del rechazo de un vehículo de la muestra,

iii)

el historial de servicio de cada vehículo de la muestra (incluida cualquier modificación),

iv)

el historial de reparaciones de cada vehículo de la muestra (si se conoce),

v)

los datos del ensayo, incluidos los siguientes:

la fecha del ensayo/descarga,

el lugar del ensayo/descarga,

la distancia indicada en el cuentakilómetros,

vi)

los datos del ensayo, únicamente para emisiones de escape:

las especificaciones del combustible de ensayo (por ejemplo, combustible de referencia para el ensayo o combustible de mercado),

las condiciones del ensayo (temperatura, humedad, masa de inercia del dinamómetro),

el reglaje del dinamómetro (por ejemplo, reglaje de la potencia),

los resultados del ensayo (de, al menos, tres vehículos diferentes por familia),

vii)

los datos del ensayo, únicamente para la IUPRM:

todos los datos requeridos descargados del vehículo,

para cada monitor sobre el que debe informarse, la relación de rendimiento en uso IUPRM;

2.5.12.

los registros de indicación del sistema OBD;

2.5.13.

para el muestreo de IUPRM, lo siguiente:

la media de las relaciones del rendimiento en uso de la IUPRM de todos los vehículos seleccionados para cada monitor con arreglo a los puntos 3.1.4 y 3.1.5 del apéndice 1 del anexo XI,

el porcentaje de vehículos seleccionados, que tengan una IUPRM superior o igual al valor mínimo aplicable al monitor con arreglo a los puntos 3.1.4 y 3.1.5 del apéndice 1 del anexo XI.

3.   SELECCIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA CONFORMIDAD EN CIRCULACIÓN

3.1.   La información recabada por el fabricante deberá ser lo suficientemente completa como para garantizar que se pueda evaluar la conformidad en circulación en las condiciones normales de utilización. La muestra del fabricante se extraerá de al menos dos Estados miembros en los que las condiciones de funcionamiento del vehículo sean sustancialmente diferentes (salvo en caso de que solamente se vendan en un Estado miembro). En la selección de los Estados miembros se tomarán en consideración factores tales como las diferencias en los combustibles, las condiciones ambientales, las velocidades medias en carretera y la proporción de la conducción urbana y la conducción por carretera.

Para los ensayos de la IUPRM del OBD solamente se incluirán en la muestra los vehículos que cumplan los criterios del punto 2.2.1 del apéndice 1.

3.2.   Al seleccionar los Estados miembros para el muestreo de los vehículos, el fabricante podrá seleccionar vehículos de un Estado miembro que se considere especialmente representativo. En este caso, el fabricante deberá demostrar a la autoridad competente que concedió la homologación de tipo que la selección es representativa (por tratarse, por ejemplo, del mercado de la Unión con mayores ventas anuales de una familia de vehículos). Cuando sea necesario someter a ensayo más de un lote de muestras de una familia, como se especifica en el punto 3.5, las condiciones de funcionamiento de los vehículos del segundo y tercer lote de muestras deberán ser distintas de las de los vehículos seleccionados para el primer lote.

3.3.   Los ensayos de emisiones podrán efectuarse en una instalación de ensayo que esté situada en una región o un mercado distintos de aquellos en los que se hayan seleccionado los vehículos.

3.4.   Los ensayos de conformidad de las emisiones de escape en circulación efectuados por el fabricante se llevarán a cabo de manera continuada, a fin de que reflejen el ciclo de producción de los tipos de vehículos aplicables dentro de una determinada familia de vehículos en circulación. El plazo máximo transcurrido entre el inicio de dos comprobaciones de conformidad en circulación no deberá exceder de dieciocho meses. En el caso de los tipos de vehículos sujetos a una extensión de la homologación de tipo que no exija la realización de un ensayo de emisiones, el plazo podrá ampliarse hasta veinticuatro meses.

3.5.   Tamaño de la muestra

3.5.1.

Al aplicar el procedimiento estadístico definido en el apéndice 2 (por ejemplo, para emisiones de escape), el número de lotes de muestras dependerá del volumen de ventas anual en la Unión de una familia en circulación, según se define en el cuadro siguiente:

Matriculaciones UE

por año civil (para ensayos de emisiones de escape)

de vehículos de una familia de OBD con IUPR en el período de muestreo

Número de lotes de muestras

Hasta 100 000

1

Entre 100 001 y 200 000

2

Más de 200 000

3

3.5.2.

Para la IUPR, el número de lotes de muestras que debe tomarse se describe en el cuadro del punto 3.5.1 y se basa en el número de vehículos de una familia de OBD que son homologados con la IUPR (objeto de muestreo).

Para el primer período de muestreo de una familia OBD, se considerarán objeto de muestreo todos los tipos de vehículo de la familia que estén homologados con IUPR. Para los períodos de muestreo siguientes, solamente se considerarán objeto de muestreo los tipos de vehículo que no hayan sido sometidos previamente a ensayo o que cuenten con homologaciones de las emisiones que hayan sido ampliadas desde el anterior período de muestreo.

En el caso de las familias formadas por menos de cinco mil matriculaciones en la UE y que sean objeto de muestreo dentro del período de muestreo, el número mínimo de vehículos en un lote de muestras es de seis. Para todas las demás familias, el número mínimo de vehículos en un lote de muestras que vaya a someterse a muestreo es de quince.

Cada lote de muestras representará adecuadamente la pauta de ventas, es decir, al menos estarán representados los tipos de vehículo con un gran volumen (≥ 20 % del total de la familia).

4.   Atendiendo a los resultados de la comprobación a la que se hace referencia en el punto 2, el organismo de homologación:

a)

decidirá que la conformidad en circulación de un tipo de vehículo, una familia de vehículos en circulación o una familia OBD de vehículos es satisfactoria y no tomará ninguna medida;

b)

decidirá que los datos suministrados por el fabricante no bastan para tomar una decisión y solicitará más información o datos del ensayo al fabricante;

c)

decidirá que, basándose en los datos del organismo de homologación o de los programas de ensayos de vigilancia del Estado miembro, la información suministrada por el fabricante no basta para tomar una decisión y solicitará más información o datos del ensayo al fabricante, o

d)

decidirá que la conformidad en circulación de un tipo de vehículo que forma parte de una familia en circulación, o de una familia OBD, no es satisfactoria y ordenará que esos tipos de vehículos o de familia OBD sean sometidos a ensayo con arreglo al apéndice 1.

Si, de conformidad con la comprobación de la IUPRM, se cumplen los criterios de ensayo del punto 6.1.2, letras a) o b), del apéndice 1, para los vehículos en un lote de muestras, el organismo de homologación de tipo deberá tomar las medidas adicionales descritas en la letra d) de este punto.

4.1.   Cuando se consideren necesarios los ensayos del tipo 1 para verificar la conformidad de los dispositivos de control de emisiones con los requisitos de rendimiento en circulación, dichos ensayos se realizarán mediante un procedimiento que cumpla los criterios estadísticos establecidos en el apéndice 2.

4.2.   El organismo de homologación seleccionará, en colaboración con el fabricante, una muestra de vehículos con suficiente kilometraje y cuyo uso en condiciones normales se pueda garantizar razonablemente. Se consultará al fabricante sobre la selección de los vehículos para la muestra y se le permitirá asistir a los controles de confirmación de los vehículos.

4.3.   Se autorizará al fabricante, bajo la supervisión del organismo de homologación, a realizar controles, incluso de carácter destructivo, en los vehículos cuyos niveles de emisión sobrepasen los valores límite, a fin de determinar las posibles causas de deterioro que no puedan atribuirse al fabricante (por ejemplo, el uso de gasolina con plomo antes de la fecha del ensayo). Cuando los resultados de los controles confirmen dichas causas, estos resultados se excluirán del proceso de verificación de la conformidad.

Apéndice 1

Verificación de la conformidad en circulación

1.   INTRODUCCIÓN

1.1.

En el presente apéndice se establecen los criterios a los que se refiere la sección 4 relativos a la selección de vehículos que van a someterse a ensayo y los procedimientos para el control de la conformidad en circulación.

2.   CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los criterios para aceptar un vehículo seleccionado se definen por lo que respecta a las emisiones de escape en los puntos 2.1 a 2.8, y para la IUPRM en los puntos 2.1 a 2.5.

2.1.

El vehículo pertenecerá a un tipo homologado con arreglo al presente Reglamento y será objeto de un certificado de conformidad con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2007/46/CE. Para la verificación de la IUPRM, el vehículo deberá estar homologado con arreglo a las normas OBD Euro 5+, Euro 6- plus IUPR o posteriores. Estará matriculado y habrá sido utilizado en la Unión.

2.2.

El vehículo presentará un kilometraje superior o igual a los 15 000 km o habrá circulado al menos durante seis meses (prevalecerá la circunstancia que se produzca en último lugar) y un kilometraje no superior a los 100 000 km o habrá circulado como máximo durante cinco años (prevalecerá la circunstancia que se produzca en primer lugar).

2.2.1.

Para la verificación de la IUPRM, la muestra de ensayo solamente incluirá vehículos que:

a)

hayan recogido suficientes datos de funcionamiento del vehículo para someter a ensayo al monitor.

En el caso de los monitores que deben cumplir la relación del rendimiento en uso del monitor así como localizar y comunicar datos sobre relaciones de conformidad con el punto 3.6.1 del apéndice 1 del anexo XI, se entenderá por suficientes datos de funcionamiento del vehículo que el denominador cumpla los criterios que se presentan a continuación. Para el monitor que va a ser sometido a ensayo, el denominador, tal como se define en los puntos 3.3 y 3.5 del apéndice 1 del anexo XI, deberá tener un valor igual o superior a uno de los valores siguientes:

i)

75 para monitores del sistema de evaporación, monitores del sistema de aire secundario y monitores que utilicen un denominador incrementado de conformidad con el punto 3.3.2, letras a), b) o c), del apéndice 1 del anexo XI (por ejemplo, monitores del arranque en frío, monitores del sistema de aire acondicionado, etc.), o bien

ii)

25 para monitores del filtro de partículas y monitores del catalizador de oxidación que utilicen un denominador incrementado de conformidad con el punto 3.3.2, letra d), del apéndice 1 del anexo XI, o bien

iii)

150 para monitores del catalizador, sensor de oxígeno, EGR, VVT, y todos los otros componentes;

b)

no han sido manipulados ni están equipados con piezas modificadas o añadidas que pudieran provocar que el sistema OBD incumpliera los requisitos del anexo XI.

2.3.

Estará provisto de un registro de mantenimiento que atestigüe que el vehículo ha sido objeto de un mantenimiento correcto (es decir, que las revisiones se han realizado de conformidad con las recomendaciones del fabricante).

2.4.

El vehículo no presentará señales de uso abusivo (por ejemplo, participación en carreras, exceso de carga, uso de combustible inadecuado u otro uso inapropiado), ni de otros factores (manipulación, etc.) que puedan afectar a su nivel de emisiones. Se tendrá en cuenta el código de fallo, así como la información sobre el kilometraje almacenada en el ordenador. No se seleccionará para ensayo un vehículo cuando la información almacenada en el ordenador muestre que ha sido utilizado después de registrarse un código de fallo y que la reparación no se ha llevado a cabo en un plazo razonable.

2.5.

No se habrá efectuado ninguna reparación importante del motor o del vehículo sin autorización.

2.6.

El contenido de plomo y azufre de la muestra de combustible procedente del depósito del vehículo cumplirá las normas aplicables establecidas en la Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y no habrá indicios de que se haya utilizado un combustible inadecuado. Podrán realizarse controles del sistema de escape.

2.7.

No habrá indicios de ningún problema que pudiera poner en peligro la seguridad del personal de laboratorio.

2.8.

Todos los componentes del sistema anticontaminante del vehículo serán conformes a la homologación de tipo aplicable.

3.   DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO

Antes de proceder a la medición de las emisiones de escape, se realizará un diagnóstico, así como cualquier operación necesaria de mantenimiento normal, en los vehículos aceptados para el ensayo, de conformidad con el procedimiento establecido en los puntos 3.1 a 3.7.

3.1.

Se llevarán a cabo los siguientes controles: se verificará la integridad del filtro de aire, de las correas de transmisión, de los niveles de los líquidos, de la tapa del radiador, de los tubos de vacío y de los cables eléctricos relacionados con el sistema anticontaminante; se comprobará, además, el desajuste o el reglaje fraudulentos de los componentes del encendido, la medición del combustible y los dispositivos anticontaminantes; y se anotarán todas las discrepancias.

3.2.

Se verificará el correcto funcionamiento del sistema OBD. Se registrarán todas las indicaciones de mal funcionamiento que contenga la memoria del OBD y se procederá a las reparaciones necesarias. Si el indicador de mal funcionamiento del OBD registra un fallo durante un ciclo de preacondicionamiento, podrá identificarse y remediarse dicho fallo. Podrá repetirse el ensayo y utilizarse los resultados del vehículo reparado.

3.3.

Se verificará el sistema de encendido y se sustituirán los componentes defectuosos, como las bujías, los cables, etc.

3.4.

Se verificará la compresión y, si los resultados no son satisfactorios, se rechazará el vehículo.

3.5.

Se verificarán los parámetros del motor cotejándolos con las especificaciones del fabricante y, si es necesario, se procederá a su ajuste.

3.6.

Si el vehículo presenta un kilometraje 800 km inferior al previsto para la siguiente revisión de mantenimiento, dicha revisión se efectuará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. A petición del fabricante y con independencia del kilometraje, podrá realizarse el cambio de aceite y de filtro de aire.

3.7.

Previa aceptación del vehículo, se sustituirá el combustible por un combustible de referencia apropiado para el ensayo de emisiones, a menos que el fabricante acepte la utilización de combustible disponible en el mercado.

4.   ENSAYOS EN CIRCULACIÓN

4.1.

Cuando se considere necesario proceder al control de los vehículos, los ensayos de emisiones con arreglo al anexo III se llevarán a cabo en vehículos preacondicionados seleccionados de acuerdo con los requisitos de las secciones 2 y 3 del presente apéndice. Este ensayo solo incluirá la medición del número de partículas emitidas en el caso de los vehículos homologados con arreglo a los niveles de emisión Euro 6 en las categorías W, X e Y, según se define en el cuadro 1 del apéndice 6 del anexo I. Solo se permitirán ciclos de preacondicionamiento adicionales a los especificados en el anexo 4, punto 5.3, del Reglamento NU/CEPE no 83 cuando sean representativos de la conducción normal.

4.2.

En los vehículos equipados con un sistema OBD podrá verificarse el funcionamiento adecuado en circulación de la indicación de mal funcionamiento, etc., en relación con los niveles de emisión (véanse los límites de indicación de mal funcionamiento definidos en el anexo XI) para las especificaciones homologadas de tipo.

4.3.

En los sistemas OBD podrán verificarse, por ejemplo, los niveles de emisión que sobrepasen los valores límite aplicables sin indicación de mal funcionamiento, la activación sistemática errónea de la indicación de mal funcionamiento y los componentes del sistema OBD que presenten fallos o estén deteriorados.

4.4.

Si un componente o sistema funciona al margen de lo precisado en el certificado o en el expediente de homologación de tipo para esos tipos de vehículos, y semejante desviación no ha sido autorizada con arreglo al artículo 13, apartados 1 o 2, de la Directiva 2007/46/CE, sin indicación alguna de mal funcionamiento por parte del OBD, dicho componente o sistema no se sustituirá antes del ensayo de emisiones, a menos que se concluya que el componente o sistema ha sido manipulado fraudulentamente de tal modo que el OBD no detecta el mal funcionamiento resultante.

5.   EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE EMISIONES

5.1.

Los resultados de los ensayos se someterán al procedimiento de evaluación con arreglo al apéndice 2.

5.2.

Los resultados de los ensayos no se multiplicarán por los factores de deterioro.

6.   PLAN DE MEDIDAS CORRECTORAS

6.1.

El organismo de homologación solicitará al fabricante que le presente un plan de medidas correctoras para remediar la falta de conformidad cuando:

6.1.1.

Para emisiones de escape, más de un vehículo resulte ser fuente de emisión que excede considerablemente de los valores límite y que o bien:

a)

cumple las condiciones establecidas en el apéndice 4, punto 3.2.3, del Reglamento NU/CEPE no 83 y tanto el organismo de homologación como el fabricante coinciden en que la emisión excesiva se debe a la misma causa, o bien

b)

cumple las condiciones establecidas en el apéndice 4, punto 3.2.4, del Reglamento NU/CEPE no 83 y el organismo de homologación ha determinado que la emisión excesiva se debe a la misma causa.

6.1.2.

Para la IUPRM de un monitor M específico, se cumplen las siguientes condiciones estadísticas en una muestra de ensayo, cuyo tamaño se determina con arreglo al punto 3.5 del presente anexo:

a)

Para los vehículos certificados con una relación de 0,1 de conformidad con el punto 3.1.5 del apéndice 1 del anexo XI, los datos recogidos de los vehículos indiquen, para al menos un monitor M en la muestra de ensayo, bien que la relación de rendimiento en uso media de la muestra de ensayo es inferior a 0,1, o bien que el 66 por ciento o más de los vehículos de la muestra de ensayo tienen una relación de rendimiento en uso del monitor inferior a 0,1.

b)

Para los vehículos certificados con relaciones completas de conformidad con el punto 3.1.4 del apéndice 1 del anexo XI, los datos recogidos de los vehículos indiquen, para al menos un monitor M de la muestra de ensayo, bien que la relación de rendimiento en uso media de la muestra de ensayo es inferior al valor de Ensayomín(M), o bien que el 66 por ciento o más de los vehículos en la muestra de ensayo tienen una relación de rendimiento en uso del monitor inferior a Ensayomín(M).

El valor de Ensayomín(M) será:

i)

0,230 si el monitor M debe tener una relación en uso de 0,26,

ii)

0,460 si el monitor M debe tener una relación en uso de 0,52,

iii)

0,297 si el monitor M debe tener una relación en uso de 0,336,

con arreglo al punto 3.1.4 del apéndice 1 del anexo XI.

6.2.

El plan de medidas correctoras se enviará al organismo de homologación de tipo en un plazo máximo de sesenta días laborables a partir de la fecha de notificación a la que se refiere el punto 6.1. Dicho organismo dispondrá de un plazo de treinta días laborables para declarar si aprueba o desaprueba el plan de medidas correctoras. No obstante, cuando el fabricante pueda demostrar, a satisfacción del organismo de homologación, que necesita más tiempo para investigar la falta de conformidad a fin de presentar el plan de medidas correctoras, se concederá una prórroga.

6.3.

Las medidas correctoras se aplicarán a todos los vehículos con probabilidades de presentar el mismo defecto. Se evaluará la necesidad de modificar los documentos de homologación de tipo.

6.4.

El fabricante facilitará una copia de cualquier comunicación relacionada con el plan de medidas correctoras; llevará asimismo un registro de la campaña de recuperación y presentará informes de situación periódicos al organismo de homologación.

6.5.

El plan de medidas correctoras incluirá los requisitos especificados en los puntos 6.5.1 a 6.5.11. El fabricante asignará un único número o nombre identificador al plan de medidas correctoras.

6.5.1.

Descripción de cada tipo de vehículo incluido en el plan de medidas correctoras.

6.5.2.

Descripción de las modificaciones, alteraciones, reparaciones, correcciones, reglajes u otros cambios específicos que han de realizarse para que los vehículos sean conformes y breve resumen de los datos y estudios técnicos en los que se apoya la decisión del fabricante en cuanto a las medidas concretas que van a adoptarse para corregir la falta de conformidad.

6.5.3.

Descripción del método que utilizará el fabricante para informar a los propietarios de los vehículos.

6.5.4.

Descripción del mantenimiento o uso adecuado, en su caso, que establece el fabricante como condición para que los vehículos puedan ser seleccionados con vistas a su reparación con arreglo al plan de medidas correctoras y explicación de los motivos del fabricante para imponer dicha condición. No podrán imponerse condiciones relativas al mantenimiento o al uso a menos que pueda demostrarse su relación con la falta de conformidad y con las medidas correctoras.

6.5.5.

Descripción del procedimiento que deberán seguir los propietarios de los vehículos para obtener la corrección de la falta de conformidad, que incluirá: la fecha a partir de la cual podrán adoptarse las medidas correctoras, el tiempo estimado para que el taller realice la reparación y el lugar en que esta podrá llevarse a cabo. La reparación se efectuará convenientemente, en un plazo razonable a partir de la entrega del vehículo.

6.5.6.

Copia de la información transmitida al propietario del vehículo.

6.5.7.

Descripción sucinta del sistema que utilizará el fabricante para garantizar el suministro adecuado de componentes o sistemas a la hora de aplicar la medida correctora. Se indicará cuándo habrá un suministro adecuado de componentes o sistemas para poner en marcha la campaña.

6.5.8.

Copia de todas las instrucciones que han de enviarse a las personas que intervienen en la reparación.

6.5.9.

Descripción de las repercusiones que tienen las medidas correctoras propuestas en las emisiones, el consumo de combustible, la facilidad de conducción y la seguridad de cada tipo de vehículo, incluidas en el plan de medidas correctoras con los datos y los estudios técnicos en los que se apoyan tales conclusiones.

6.5.10.

Cualquier otra información, informe o dato en relación con el cual el organismo de homologación de tipo pueda razonablemente determinar que es necesario para evaluar el plan de medidas correctoras.

6.5.11.

Cuando el plan de medidas correctoras incluya una recuperación, se enviará al organismo de homologación de tipo una descripción del método de registro de la reparación. En caso de que se utilice una etiqueta, se remitirá un ejemplar de la misma.

6.6.

Se podrá exigir al fabricante que lleve a cabo ensayos razonablemente diseñados y necesarios en componentes y vehículos en los que se haya realizado un cambio, una reparación o una modificación propuestos, para demostrar la eficacia de dicho cambio, reparación o modificación.

6.7.

El fabricante será responsable de llevar un registro de cada vehículo recuperado y reparado y del taller que efectuó la reparación. El organismo de homologación de tipo tendrá acceso a dicho registro, previa petición, durante un plazo de cinco años a partir de la aplicación del plan de medidas correctoras.

6.8.

La reparación y modificación o la incorporación de nuevos equipos se harán constar en un certificado que facilitará el fabricante al propietario del vehículo.

Apéndice 2

Procedimiento estadístico utilizado en los ensayos de conformidad en circulación de las emisiones de escape

1.

Este procedimiento será el utilizado para verificar los requisitos de conformidad en circulación en el ensayo del tipo 1. Se aplicará el método estadístico establecido en el apéndice 4 del Reglamento NU/CEPE no 83, con las excepciones descritas en las secciones 2 a 9 del presente apéndice.

2.

La nota 1 no será aplicable.

3.

El punto 3.2 se entenderá como sigue:

"Se considera que un vehículo es fuente de emisión que excede considerablemente de los valores límite cuando se cumplen las condiciones del punto 3.2.2".

4.

El punto 3.2.1 no será aplicable.

5.

En el punto 3.2.2, la referencia a la fila B del cuadro del punto 5.3.1.4 se entenderá hecha al cuadro 1 del anexo I del Reglamento (CE) no 715/2007 por lo que respecta a los vehículos Euro 5 y al cuadro 2 del anexo I del Reglamento (CE) no 715/2007 por lo que respecta a los vehículos Euro 6.

6.

En los puntos 3.2.3.2.1 y 3.2.4.2, la referencia al apéndice 3, sección 6, se entenderá hecha al anexo II, apéndice 1, sección 6, del presente Reglamento.

7.

En las notas 2 y 3, la referencia a la fila A del cuadro del punto 5.3.1.4 se entenderá hecha al cuadro 1 del anexo I del Reglamento (CE) no 715/2007 por lo que respecta a los vehículos Euro 5 y al cuadro 2 del anexo I del Reglamento (CE) no 715/2007 por lo que respecta a los vehículos Euro 6.

8.

En el punto 4.2, la referencia al punto 5.3.1.4 se entenderá hecha al cuadro 1 del anexo I del Reglamento (CE) no 715/2007 por lo que respecta a los vehículos Euro 5 y al cuadro 2 del anexo I del Reglamento (CE) no 715/2007 por lo que respecta a los vehículos Euro 6.

9.

La figura 4/1 se sustituirá por la figura siguiente:

Figura 4/1

Image

Apéndice 3

Responsabilidades relativas a la conformidad en circulación

1.

La figura 1 ilustra el proceso de verificación de la conformidad en circulación.

2.

El fabricante recabará toda la información necesaria para cumplir los requisitos del presente anexo. El organismo de homologación podrá tomar en consideración, asimismo, información procedente de los programas de vigilancia.

3.

El organismo de homologación llevará a cabo todos los procedimientos y ensayos necesarios para garantizar que se cumplen los requisitos relativos a la conformidad en circulación (fases 2 a 4).

4.

En caso de discrepancias o desacuerdos en la evaluación de la información suministrada, el organismo de homologación solicitará una aclaración del servicio técnico que efectuó el ensayo de homologación de tipo.

5.

El fabricante establecerá y aplicará un plan de medidas correctoras. Dicho plan será aprobado por el organismo de homologación con anterioridad a su aplicación (fase 5).

Figura 1:

Ilustración del proceso de conformidad en circulación

Image

»

(1)  DO L 350 de 28.12.1998, p. 58.


16.6.2011   

ES

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L 158/25


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 567/2011 DE LA COMISIÓN

de 14 de junio de 2011

por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Porchetta di Ariccia (IGP)]

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 4, párrafo primero,

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Porchetta di Ariccia» presentada por Italia, ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Queda registrada la denominación que figura en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 2011.

Por la Comisión, en nombre del Presidente

Dacian CIOLOŞ

Miembro de la Comisión


(1)  DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.

(2)  DO C 256 de 23.9.2010, p. 10.


ANEXO

Productos agrícolas destinados al consumo humano enumerados en el anexo I del Tratado:

Clase 1.2.   Productos cárnicos (cocidos, en salazón, ahumados, etc.)

ITALIA

Porchetta di Ariccia (IGP).


16.6.2011   

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L 158/27


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 568/2011 DE LA COMISIÓN

de 14 de junio de 2011

por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Miód drahimski (IGP)]

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 4, párrafo primero,

Considerando lo siguiente:

(1)

De conformidad con el artículo 6, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 510/2006, la solicitud de registro de la denominación «Miód drahimski» presentada por Polonia ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 510/2006, procede registrar la denominación citada.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Queda registrada la denominación que figura en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 14 de junio de 2011.

Por la Comisión, en nombre del Presidente

Dacian CIOLOŞ

Miembro de la Comisión


(1)  DO L 93 de 31.3.2006, p. 12.

(2)  DO C 248 de 15.9.2010, p. 8.


ANEXO

Productos agrícolas destinados al consumo humano enumerados en el anexo I del Tratado:

Clase 1.4.   Otros productos de origen animal (huevos, miel, productos lácteos, salvo la mantequilla, etc.)

POLONIA

Miód drahimski (IGP)


16.6.2011   

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L 158/29


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 569/2011 DE LA COMISIÓN

de 15 de junio de 2011

por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1),

Visto el Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas (2), y, en particular, su artículo 138, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XV, parte A, de dicho Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el anexo del presente Reglamento quedan fijados los valores de importación a tanto alzado a que se refiere el artículo 138 del Reglamento (CE) no 1580/2007.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de junio de 2011.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 15 de junio de 2011.

Por la Comisión, en nombre del Presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural


(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

(2)  DO L 350 de 31.12.2007, p. 1.


ANEXO

Valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

(EUR/100 kg)

Código NC

Código país tercero (1)

Valor global de importación

0702 00 00

MA

90,3

MK

31,8

TR

93,0

ZZ

71,7

0707 00 05

TR

112,2

ZZ

112,2

0709 90 70

TR

117,4

ZZ

117,4

0805 50 10

AR

74,7

CL

79,9

TR

63,4

ZA

98,2

ZZ

79,1

0808 10 80

AR

107,8

BR

74,6

CL

95,6

CN

99,6

NZ

114,6

US

178,7

UY

57,7

ZA

99,5

ZZ

103,5

0809 10 00

TR

166,5

ZZ

166,5

0809 20 95

TR

409,3

XS

175,4

ZZ

292,4


(1)  Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 1833/2006 de la Comisión (DO L 354 de 14.12.2006, p. 19). El código «ZZ» significa «otros orígenes».


16.6.2011   

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L 158/31


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 570/2011 DE LA COMISIÓN

de 15 de junio de 2011

por el que se modifican los precios representativos y los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar fijados por el Reglamento (UE) no 867/2010 para la campaña 2010/11

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1),

Visto el Reglamento (CE) no 951/2006 de la Comisión, de 30 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales con terceros países en el sector del azúcar (2), y, en particular, su artículo 36, apartado 2, párrafo segundo, segunda frase.

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (UE) no 867/2010 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2010/11. Estos precios y derechos han sido modificados en último lugar por el Reglamento de Ejecución (UE) no 565/2011 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los precios representativos y los derechos de importación adicionales aplicables a los productos mencionados en el artículo 36 del Reglamento (CE) no 951/2006, fijados por el Reglamento (UE) no 867/2010 para la campaña 2010/11, quedan modificados y figuran en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de junio de 2011.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 15 de junio de 2011.

Por la Comisión, en nombre del Presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural


(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

(2)  DO L 178 de 1.7.2006, p. 24.

(3)  DO L 259 de 1.10.2010, p. 3.

(4)  DO L 156 de 15.6.2011, p. 3.


ANEXO

Importes modificados de los precios representativos y los derechos de importación adicionales del azúcar blanco, el azúcar en bruto y los productos del código NC 1702 90 95 aplicables a partir del 16 de junio de 2011

(EUR)

Código NC

Importe del precio representativo por 100 kg netos de producto

Importe del derecho adicional por 100 kg netos de producto

1701 11 10 (1)

47,19

0,00

1701 11 90 (1)

47,19

0,75

1701 12 10 (1)

47,19

0,00

1701 12 90 (1)

47,19

0,45

1701 91 00 (2)

48,59

2,89

1701 99 10 (2)

48,59

0,00

1701 99 90 (2)

48,59

0,00

1702 90 95 (3)

0,49

0,22


(1)  Importe fijado para la calidad tipo que se define en el anexo IV, punto III, del Reglamento (CE) no 1234/2007.

(2)  Importe fijado para la calidad tipo que se define en el anexo IV, punto II, del Reglamento (CE) no 1234/2007.

(3)  Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.


16.6.2011   

ES

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L 158/33


REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 571/2011 DE LA COMISIÓN

de 15 de junio de 2011

por el que se fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 16 de junio de 2011

LA COMISIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1),

Visto el Reglamento (UE) no 642/2010 de la Comisión, de 20 de julio de 2010, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo en lo que concierne a los derechos de importación en el sector de los cereales (2), y, en particular, su artículo 2, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

(1)

El artículo 136, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007 dispone que el derecho de importación de los productos de los códigos NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (trigo blando de calidad alta), 1002, ex 1005, excepto los híbridos para siembra, y ex 1007, excepto los híbridos para siembra, es igual al precio de intervención válido para la importación de tales productos, incrementado un 55 % y deducido el precio cif de importación aplicable a la remesa de que se trate. No obstante, ese derecho no puede sobrepasar los tipos de los derechos de importación del arancel aduanero común.

(2)

El artículo 136, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1234/2007 establece que, a efectos del cálculo del derecho de importación a que se refiere el apartado 1 de ese mismo artículo, deben establecerse periódicamente precios de importación cif representativos de los productos considerados.

(3)

Según lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) no 642/2010, el precio que debe utilizarse para calcular el derecho de importación de los productos de los códigos NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (trigo blando de calidad alta), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 y 1007 00 90 es el precio representativo de importación cif diario, determinado con arreglo al método previsto en el artículo 5 de dicho Reglamento.

(4)

Procede fijar los derechos de importación para el período que comienza el 16 de junio de 2011, que se aplicarán hasta que se fijen otros.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el anexo I del presente Reglamento, se fijan, sobre la base de los datos que figuran en el anexo II, los derechos de importación contemplados en el artículo 136, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007 aplicables en el sector de los cereales a partir del 16 de junio de 2011.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de junio de 2011.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 15 de junio de 2011.

Por la Comisión, en nombre del Presidente

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural


(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

(2)  DO L 187 de 21.7.2010, p. 5.


ANEXO I

Derechos de importación de los productos contemplados en el artículo 136, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007 aplicables a partir del 16 de junio de 2011

Código NC

Designación de la mercancía

Derecho de importación (1)

(EUR/t)

1001 10 00

TRIGO duro de calidad alta

0,00

de calidad media

0,00

de calidad baja

0,00

1001 90 91

TRIGO blando para siembra

0,00

ex 1001 90 99

TRIGO blando de calidad alta que no sea para siembra

0,00

1002 00 00

CENTENO

0,00

1005 10 90

MAÍZ para siembra que no sea híbrido

0,00

1005 90 00

MAÍZ que no sea para siembra (2)

0,00

1007 00 90

SORGO para grano que no sea híbrido para siembra

0,00


(1)  Los importadores de las mercancías que lleguen a la Unión por el Océano Atlántico o vía el Canal de Suez en aplicación del artículo 2, apartado 4, del Reglamento (UE) no 642/2010 podrán acogerse a las siguientes reducciones de los derechos:

3 EUR/t, si el puerto de descarga se encuentra en el Mar Mediterráneo o en el Mar Negro,

2 EUR/t, si el puerto de descarga se encuentra en Dinamarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Suecia o el Reino Unido o en la costa atlántica de la Península Ibérica.

(2)  Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 3, del Reglamento (UE) no 642/2010 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado de 24 EUR/t.


ANEXO II

Datos para el cálculo de los derechos fijados en el anexo I

31.5.2011-14.6.2011

1)

Valores medios correspondientes al período de referencia previsto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Trigo blando (1)

Maíz

Trigo duro, calidad alta

Trigo duro, calidad media (2)

Trigo duro, calidad baja (3)

Cebada

Bolsa

Minnéapolis

Chicago

Cotización

270,51

205,35

Precio fob EE.UU.

338,30

328,30

308,30

172,34

Prima Golfo

16,15

Prima Grandes Lagos

92,13

2)

Valores medios correspondientes al período de referencia previsto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (UE) no 642/2010:

Fletes/gastos: Golfo de México–Rotterdam:

17,78 EUR/t

Fletes/gastos: Grandes Lagos–Rotterdam:

47,92 EUR/t


(1)  Prima positiva de un importe de 14 EUR/t incorporada [artículo 5, apartado 3, del Reglamento (UE) no 642/2010].

(2)  Prima negativa de un importe de 10 EUR/t [artículo 5, apartado 3, del Reglamento (UE) no 642/2010].

(3)  Prima negativa de un importe de 30 EUR/t [artículo 5, apartado 3, del Reglamento (UE) no 642/2010].


DECISIONES

16.6.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 158/36


DECISIÓN ATALANTA/2/2011 DEL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD

de 15 de junio de 2011

por la que se nombra al Comandante de la Operación de la UE para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (Atalanta)

(2011/341/PESC)

EL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 38,

Vista la Acción Común 2008/851/PESC del Consejo, de 10 de noviembre de 2008, relativa a la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia (1) (Atalanta), y, en particular, su artículo 6,

Considerando lo siguiente:

(1)

En virtud del artículo 6 de la Acción Común 2008/851/PESC, el Consejo autorizó al Comité Político y de Seguridad a que adoptase las decisiones relativas al nombramiento del Comandante de la Operación de la UE.

(2)

El Reino Unido ha propuesto que el Vicealmirante Duncan POTTS releve al General de División Buster HOWES como Comandante de la Operación de la UE.

(3)

El Comité Militar de la UE ha respaldado dicha propuesta.

(4)

De conformidad con el artículo 5 del Protocolo (no 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la elaboración y aplicación de decisiones y acciones de la Unión con implicaciones en el ámbito de la defensa.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se nombra al Vicealmirante Duncan POTTS Comandante de la Operación de la UE para la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el 1 de agosto de 2011.

Hecho en Bruselas, el 15 de junio de 2011.

Por el Comité Político y de Seguridad

El Presidente

O. SKOOG


(1)  DO L 301 de 12.11.2008, p. 33.


16.6.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 158/37


DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

de 9 de mayo de 2011

por la que se modifica la Decisión BCE/2004/3 relativa al acceso público a los documentos del Banco Central Europeo

(BCE/2011/6)

(2011/342/UE)

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, el artículo 12.3,

Vista la Decisión BCE/2004/2, de 19 de febrero de 2004, por la que se adopta el Reglamento interno del Banco Central Europeo (1) y, en particular, el artículo 23,

Considerando lo siguiente:

(1)

Conforme al artículo 127, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo puede encomendar al Banco Central Europeo (BCE) tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras, con excepción de las empresas de seguros. El Consejo ha ejercido esta habilitación y, conforme al artículo 2 del Reglamento (UE) no 1096/2010 del Consejo, de 17 de noviembre de 2010, por el que se encomienda al Banco Central Europeo una serie de tareas específicas relacionadas con el funcionamiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (2), ha encomendado al BCE la tarea de asumir la Secretaría de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y proporcionar así a la JERS apoyo analítico, estadístico, logístico y administrativo. En este contexto, el BCE también redactará o tendrá en su poder documentos relativos a sus actividades, políticas o decisiones vinculadas a la JERS que serán documentos del BCE en el sentido de la Decisión BCE/2004/3, de 4 de marzo de 2004, relativa al acceso público a los documentos del Banco Central Europeo (3).

(2)

Si bien conforme al artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1096/2010 la Secretaría de la JERS garantiza la aplicación de la Decisión BCE/2004/3, que establece las condiciones y los límites con sujeción a los cuales la JERS debe dar acceso a sus documentos, el BCE debe adaptar la Decisión BCE/2004/3 al hecho de que el BCE expedirá o tendrá en su poder documentos relativos a sus actividades, políticas o decisiones vinculadas a la JERS que serán documentos del BCE en el sentido de la Decisión BCE/2004/3.

(3)

Es necesario garantizar que el BCE pueda denegar el acceso a documentos relativos a sus actividades y políticas o decisiones conforme al artículo 127, apartados 5 y 6, del Tratado que el BCE expida o tenga en su poder y afecten a la estabilidad financiera, incluidos los documentos sobre el apoyo del BCE a la JERS, y cuya divulgación perjudique a la protección del interés público respecto de la estabilidad del sistema financiero de la Unión.

(4)

Es preciso además modificar la Decisión BCE/2004/3 para adaptarla a los cambios terminológicos y la nueva numeración de artículos ocasionados por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La Decisión BCE/2004/3 se modificará como sigue:

1)

En el artículo 4, el apartado 1 se modifica como sigue:

a)

se añade el siguiente guion a la letra a):

«—

la estabilidad del sistema financiero de la Unión o de un Estado miembro;»;

b)

las expresiones «de la Comunidad», «comunitaria» y «comunitario» se sustituyen en cada caso por la expresión «de la Unión».

2)

En el artículo 4, apartado 4, se añade la frase siguiente:

«A las solicitudes de acceso a los documentos de la Junta Europea de Riesgo Sistémico les será de aplicación la Decisión JERS/2011/5 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 3 de junio de 2011, sobre el acceso público a los documentos de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (4), adoptada en virtud del artículo 7 del Reglamento (UE) no 1096/2010 del Consejo, de 17 de noviembre de 2010, por el que se encomienda al Banco Central Europeo una serie de tareas específicas relacionadas con el funcionamiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (5)

3)

En el artículo 8, las referencias a los artículos 230 y 195 del Tratado se sustituyen respectivamente por referencias a los artículos 263 y 228 del Tratado.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor el 18 de junio de 2011.

Hecho en Fráncfort del Meno, el 9 de mayo de 2011.

El Presidente del BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  DO L 80 de 18.3.2004, p. 33.

(2)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 162.

(3)  DO L 80 de 18.3.2004, p. 42.

(4)  DO C 176 de 16.6.2011, p. 3.

(5)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 162.».


IV Actos adoptados, antes del 1 de diciembre de 2009, en aplicación del Tratado CE, del Tratado UE y del Tratado Euratom

16.6.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 158/39


DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

No 341/09/COL

de 23 de julio de 2009

relativa al régimen notificado de ventajas fiscales para determinadas sociedades cooperativas (Noruega)

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC (1),

VISTO el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (2) y, en particular, sus artículos 61 a 63 y su Protocolo 26,

VISTO el Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (3) y, en particular, su artículo 24,

VISTOS el artículo 1, apartado 2, de la parte I y el artículo 4, apartado 4, el artículo 6 y el artículo 7, apartado 5, de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (4),

VISTAS las Directrices del Órgano relativas a la aplicación y la interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE (5) y, en particular, el capítulo sobre la fiscalidad de las empresas,

VISTA la Decisión no 195/04/COL, de 14 de julio de 2004, relativa a las medidas de aplicación contempladas en el artículo 27 de la parte II del Protocolo 3 (6),

VISTA la Decisión no 719/07/COL, de 19 de diciembre de 2007, de incoar el procedimiento establecido en el artículo 1, apartado 2, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción en relación con el régimen notificado relativo a las ventajas fiscales para las cooperativas,

TRAS HABER emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones (7) y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   HECHOS

1.   PROCEDIMIENTO

Mediante carta de 28 de junio de 2007 del Ministerio de Administración Pública y Reformas noruego, recibida y registrada por el Órgano el 29 de junio de 2007 (referencia no 427327) y carta del Ministerio de Hacienda de 22 de junio de 2007, recibida y registrada por el Órgano el 4 de julio de 2007 (referencia no 428135), las autoridades noruegas notificaron las modificaciones propuestas de las normas relativas a la fiscalidad de las sociedades cooperativas contempladas en el artículo 10-50 de la Ley fiscal, con arreglo al artículo 1, apartado 3, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

Tras diversos canjes de notas (8), por carta con fecha 19 de diciembre de 2007, el Órgano comunicó a las autoridades noruegas que había decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 1, apartado 2, de la parte I del Protocolo 3 con respecto al régimen notificado relativo a las ventajas fiscales de determinadas sociedades cooperativas. Por carta con fecha 20 de febrero de 2008 (referencia no 465882), las autoridades noruegas hicieron llegar sus comentarios sobre la Decisión no 719/07COL de incoar el procedimiento de investigación formal.

La Decisión no 719/07COL se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea y en su Suplemento EEE (9). El Órgano invitó a las partes interesadas a presentar sus comentarios al respecto.

El Órgano recibió comentarios de diversas partes interesadas (10). Por carta con fecha 23 de mayo de 2008 (referencia no 478026), el Órgano los remitió a las autoridades noruegas, dándoles la oportunidad de comentarlos, pero estas decidieron no formular más observaciones.

2.   DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA

2.1   ANTECEDENTES

En 1992, las autoridades noruegas introdujeron un régimen de deducciones fiscales especiales para determinadas sociedades cooperativas. Con arreglo a dicho régimen, ciertas sociedades cooperativas de los sectores agrícola, forestal y pesquero, así como las cooperativas de consumo, tenían derecho a deducciones fiscales sobre la base de las dotaciones en fondos propios. El régimen no cubría otras formas de cooperativas. La deducción se limitaba a un máximo del 15 % de la renta neta anual y se aplicaba únicamente a la parte de la renta derivada de operaciones con los socios de la cooperativa. Una deducción correspondiente al máximo permitido implicaría una reducción del tipo impositivo habitual del 28 % al 23,8 %. El objetivo del régimen era conceder una ventaja fiscal a las cooperativas por considerarse que tenían más dificultades que otras empresas para acceder a capital propio (11).

El régimen se abolió a partir del ejercicio fiscal 2005. Sin embargo, las autoridades noruegas propusieron volver a introducirlo ligeramente modificado en el Presupuesto del Estado de 2007 (12). Así pues, el régimen fue notificado al Órgano.

2.2   OBJETIVO DEL RÉGIMEN

De acuerdo con la notificación, se ha de respaldar a las cooperativas por el interés público existente en mantener empresas basadas en principios tales como la democracia, la ayuda mutua, la responsabilidad, la igualdad, la equidad y la solidaridad como alternativa a las sociedades de responsabilidad limitada. Por consiguiente, con el fin de garantizar el interés público e intangible en mantener las sociedades cooperativas como alternativa a las sociedades de responsabilidad limitada, es necesario compensar a las cooperativas, pues se encuentran en situación de desventaja frente a otras sociedades. El objetivo del régimen notificado es, de acuerdo con la notificación, contrarrestar algunas de estas desventajas relacionadas con la financiación.

2.3   LA MEDIDA PROPUESTA

La medida notificada está recogida en el nuevo artículo l0-50 de la Ley fiscal, con arreglo al cual las sociedades cooperativas pueden tener derecho a una deducción fiscal. El texto dispone lo siguiente:

«[…] se podrá conceder una deducción para las asignaciones al capital colectivo de hasta el 15 % de la renta. La deducción únicamente se concederá respecto de la renta derivada de operaciones con los socios. Las operaciones con los socios e intercambios equivalentes deberán recogerse en las cuentas y estar motivadas.». (13)

De acuerdo con las autoridades noruegas, la expresión «capital colectivo» no se refiere a un elemento del balance de las cooperativas, sino que es un término puramente fiscal. Por lo tanto, el capital colectivo puede consistir en capital retenido, en fondos de beneficios, que son beneficios de los socios retenidos en la cooperativa en una «reserva de pago posterior» (14), y en fondos individualizados en forma de beneficios transferidos a las cuentas de capitales de los socios de la cooperativa (15).

Las «operaciones equivalentes» se definen en el apartado 3 del artículo 10-50 de la Ley fiscal como las compras de organizaciones de ventas de pescadores realizadas a otras organizaciones de ventas de pescadores, siempre y cuando se satisfagan ciertas condiciones, la compra por una cooperativa agrícola a otra cooperativa con el propósito de regular el mercado, y las compras impuestas por una autoridad estatal (16).

De la disposición propuesta se desprende que, en general, solo se concede una deducción fiscal respecto de los ingresos derivados de operaciones con los socios. Por lo tanto, no se concede deducción sobre los ingresos procedentes de operaciones con otros. El artículo 10-50 de la Ley fiscal propuesto establece que ha de ser posible determinar las operaciones con los socios y las operaciones equivalente basándose en las cuentas de la cooperativa. Así pues, es esencial que la contabilidad relativa a las operaciones con los socios se separe de la correspondiente a las operaciones con terceros. La cooperativa ha de ser capaz de justificar las operaciones con los socios y las operaciones equivalentes.

En la notificación, las autoridades noruegas estimaron que en el ejercicio fiscal 2007 la disminución de los ingresos fiscales resultante del régimen ascendería a una cantidad situada entre 35 y 40 millones de coronas noruegas (NOK) (entre 4 y 5 millones EUR aproximadamente).

2.4   BENEFICIARIOS

El régimen se aplicará a las cooperativas indicadas en los apartados 2 y 4 a 6 del propuesto artículo l0-50 de la Ley fiscal. De estas disposiciones se desprende que el régimen notificado incluye principalmente a determinadas cooperativas de consumo y cooperativas que operan en los sectores agrícola, forestal y pesquero.

Respecto a las cooperativas de consumo, del apartado 2, letra a), del artículo 10-50 de la Ley fiscal propuesto se deduce que solo se beneficiarán del régimen notificado las cooperativas de consumo que obtengan de operaciones con los socios más del 50 % de la cifra de negocios regular.

Por otra parte, las sociedades cooperativas de créditos de vivienda cubiertas por la Ley de cooperativas de créditos de vivienda (17) también se pueden beneficiar de la deducción fiscal. Este hecho constituye una ampliación del régimen respecto del vigente hasta 2005 (véase el apartado I-2.1 más arriba).

Las cooperativas no explícitamente mencionadas en el artículo 10-50 de la Ley fiscal no quedarán cubiertas por el régimen. Según las autoridades noruegas, la selección de las cooperativas que pueden optar a quedar cubiertas por el régimen se basa en la hipótesis de la existencia de una gran necesidad de compensación de los costes adicionales de los sectores cubiertos por el régimen notificado. Según las autoridades noruegas, en general las cooperativas de los sectores que no quedarán cubiertos por el régimen son empresas más pequeñas cuya actividad económica es limitada o que carecen de actividad económica.

2.5   DEFINICIÓN DE COOPERATIVA EN EL DERECHO NORUEGO

En el artículo 1, apartado 2, de la Ley de cooperativas (18), se define una cooperativa como una empresa

«cuyo principal objetivo es la promoción de los intereses económicos de sus socios por los socios que participan en la sociedad como compradores, como proveedores o de otro modo similar, cuando

1.

el rendimiento, aparte del rendimiento normal del capital invertido, se queda en la sociedad o se divide entre los socios basándose en su cuota de comercio con el grupo, y

2.

ninguno de los socios es personalmente responsable de las deudas del grupo, ni íntegramente ni de partes que conjuntamente sumen las deudas totales.». (19)

Además, del artículo 3, apartado 2, de la Ley de cooperativas se deduce que los socios de una cooperativa no están obligados a aportar capital a la cooperativa salvo que se hayan comprometido individualmente por escrito al adquirir la condición de socio o en un acuerdo aparte. Solo se prescinde de este requisito si en los estatutos de la cooperativa se recoge la obligación de pagar una cuota. Por otra parte, de la misma disposición se deduce que cualquier obligación de aportar capital se deberá limitar a una cantidad determinada o de algún otro modo.

2.6   EL MOVIMIENTO NORUEGO DE COOPERATIVAS (20)

En Noruega hay unas 4 000 cooperativas, que suman más de 2 millones de socios. Los sectores que agrupan más cooperativas son el agrícola, el pesquero, el de la vivienda y el del consumo, pero también las hay en otras ramas de la economía, como los seguros, el transporte, el abastecimiento energético, la asistencia sanitaria, los medios de comunicación, etc.

La Federación de Cooperativas Agrícolas de Noruega incluye 14 organizaciones nacionales que desarrollan actividades como la transformación, compra y venta de productos y mercancías agrícolas (fertilizantes, maquinaria, etc.), la ganadería, el crédito y los seguros. Las cooperativas agrícolas cuentan con más de 50 000 socios individuales (agricultores), unos 19 000 empleados y una cifra de negocios anual de 58 000 millones NOK (unos 6 000 millones EUR). Las cooperativas agrícolas son propietarias de algunas de las marcas noruegas más conocidas, como TINE (productos lácteos), Gilde (carne roja) y Prior (huevos y aves de corral). Los principales objetivos de las cooperativas agrícolas son establecer canales de transformación y comercialización de productos agrícolas e insumos de producción para las explotaciones.

De acuerdo con la Ley noruega del pescado crudo (21), las cooperativas de venta tienen derecho exclusivo de comercialización directa del pescado y marisco, excepto del criado en piscifactorías. Hay seis cooperativas de venta en este sector. El área de acción de cada organización está relacionada con una zona geográfica o con unas especies determinadas. Las cooperativas de ventas son propiedad de los pescadores. Además de las funciones de comercialización, estas organizaciones desempeñan funciones de control para la protección de los recursos marinos. El valor de la comercialización directa del pescado y el marisco se aproxima a los 6 000 millones NOK (unos 620 millones EUR). El 90 % del pescado y el marisco se exporta.

La organización central de las cooperativas de consumo noruegas es Coop NKL BA. Coop es una cadena de tiendas de alimentación que cuenta aproximadamente con 1,1 millones de socios individuales organizados en 140 cooperativas. Tiene más de 1 350 tiendas, una cifra de negocios anual que gira en torno a los 34 000 millones NOK (unos 3 600 millones EUR) y unos 22 000 empleados. Su cuota de mercado es del 24 % del mercado de la alimentación. Coop también se dedica a la transformación de alimentos y coopera con las cooperativas de minoristas de los otros países escandinavos en cuestiones de compra y transformación. Los principales objetivos de las cooperativas de consumo son facilitar a los socios productos y servicios buenos y útiles a precios competitivos y funcionar como organizaciones de interés para los socios en las cuestiones relacionadas con los consumidores.

La Federación noruega de asociaciones de cooperativas de viviendas (NBBL) representa a 86 asociaciones de cooperativas de viviendas y cuenta con 772 000 socios individuales y 378 000 viviendas en cerca de 5 100 cooperativas de viviendas afiliadas. Hay asociaciones de cooperativas de viviendas de diferentes tamaños, con un número de socios individuales que oscila entre los 100 y los 190 000. Las cooperativas de viviendas poseen una parte considerable del mercado de la vivienda de las ciudades: en Oslo su cuota de mercado se aproxima al 40 %, mientras que la media nacional es del 15 %. Sus principales objetivos son garantizar a sus socios una residencia segura, de calidad y adecuada a sus necesidades y poder funcionar en condiciones buenas y estables.

2.7   NORMAS NORUEGAS EN MATERIA DE FISCALIDAD DE LAS EMPRESAS Y POSTURA RESPECTO A LAS COOPERATIVAS

En Noruega, el impuesto general de sociedades es actualmente del 28 %. El impuesto se aplica a la renta neta imponible de las entidades empresariales. También se aplica a las dotaciones para fondos propios. No obstante, el Tribunal Supremo noruego ha llegado a la conclusión de que los depósitos de títulos no constituyen base imponible para la empresa receptora (22). La razón es que se considera que las aportaciones ya se han gravado previamente como renta. Por lo tanto, mientras que una empresa ha de pagar un impuesto del 28 % sobre el capital financiado por medio de su propia renta, no se pagan impuestos por los depósitos de los accionistas o del público. De ello se deduce que las empresas establecidas como sociedades limitadas o similares pueden aumentar sus fondos propios recibiendo depósitos de acciones no imponibles de sus accionistas o del público.

En cambio, las cooperativas no tienen esta posibilidad. De acuerdo con la Ley de cooperativas noruega, no pueden ceder participaciones al público ni emitir otros certificados o títulos de capital. Por otra parte, se considera que el principio de participación abierta limita la cuantía de la aportación de capital que las cooperativas pueden solicitar de sus socios.

De acuerdo con la notificación, las autoridades noruegas estiman que las obligaciones y limitaciones que la ley impone a las cooperativas son esenciales e inherentes a los principios de la cooperativa. Por lo tanto, las autoridades noruegas consideran que al levantar estas restricciones se violarían los principios fundamentales de la cooperativa. Las autoridades noruegas señalan que la Ley de cooperativas noruega puede ser más estricta en este punto que la legislación sobre cooperativas de otros Estados europeos. A título de ejemplo las autoridades noruegas mencionan el artículo 64 del Reglamento CE relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (23), con arreglo al cual la cooperativa podría prever la creación de títulos distintos de las participaciones que podrían ser suscritos por socios o por personas ajenas a la cooperativa. Sin embargo, las autoridades noruegas consideran necesarias las restricciones impuestas en Noruega a las cooperativas.

3.   RAZONES PARA LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Mediante la Decisión no 719/07/COL, el Órgano decidió incoar el procedimiento de investigación formal relativo al régimen notificado. En la decisión de incoación, la opinión preliminar del Órgano era que el régimen constituía una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

En primer lugar, el Órgano consideró que la ventaja fiscal propuesta para las cooperativas beneficia a las cooperativas. En segundo lugar, el Órgano consideró que la ventaja fiscal para las cooperativas era selectiva y dudó que estuviera justificada por la estructura y la naturaleza del sistema fiscal noruego. Partiendo de la base de que el régimen reduciría el impuesto de sociedades de las empresas cubiertas, el Órgano expresó su preocupación ante la posibilidad de que el régimen falseara o amenazara con falsear la competencia. Por último, el Órgano expresó sus dudas acerca de si se podría estimar que la medida notificada se ajustaba a alguno de los supuestos de exención previstos en el artículo 61 EEE y, por lo tanto, se podía considerar compatible con las normas sobre ayuda estatal del Acuerdo EEE.

4.   COMENTARIOS DE LAS AUTORIDADES NORUEGAS

Las autoridades noruegas afirman que la deducción fiscal propuesta no confiere una ventaja a las cooperativas. Por una parte, las autoridades noruegas sostienen que la deducción fiscal se debería considerar «parte de un acuerdo por el que el régimen fiscal constituye pagos del Estado a las sociedades cooperativas para adaptarse al marco legal vigente para las cooperativas» (24). De este modo el Estado salvaguarda la forma de la cooperativa como una alternativa a las sociedades limitadas, lo que se considera una ventaja intangible de interés público. Por otra parte, las autoridades noruegas sostienen que la deducción fiscal se debería considerar una compensación por los costes adicionales a que han de hacer frente las cooperativas debido a las restricciones que se les imponen en relación con el acceso al capital para la constitución de fondos propios, consideradas una desventaja estructural para la cooperativa. Las autoridades noruegas suponen que la medida en cuestión simplemente compensa y contrarresta la desventaja fundamental impuesta a las cooperativas en relación con el acceso a fondos propios.

Respecto a ambos argumentos, las autoridades noruegas afirman que el régimen se ajusta al principio del inversor en una economía de mercado. El argumento parece basarse en la opinión de que la ayuda concedida con arreglo al régimen no superará el coste adicional correspondiente al funcionamiento como cooperativa ni el beneficio público de salvaguardar la forma de cooperativa.

Además, las autoridades noruegas mantienen que la aplicación de una medida fiscal no impide la aplicación del principio del inversor en una economía de mercado, pues la forma de ayuda elegida por el Estado debería ser irrelevante.

De la práctica de los Tribunales Europeos y la Comisión Europea se desprende que el hecho de que una medida compense una desventaja de una empresa no significa que no se pueda considerar que la medida confiera una ventaja a la empresa. Según las autoridades noruegas, esta práctica no es de aplicación en el presente caso. Todas las sociedades de responsabilidad limitada tienen la posibilidad de aumentar su capital mediante la recepción de depósitos que constituyen renta no imponible para la empresa. El régimen se limita a compensar la desventaja y a poner a las cooperativas en pie de igualdad con otras empresas. Las autoridades noruegas sostienen además que el presente caso se puede distinguir de la decisión de la Comisión Europea en el asunto OTE (25), pues en el caso que nos ocupa la ventaja fiscal y el coste adicional son simultáneos. Las autoridades noruegas estiman que el apartado 101 del asunto OTE indica que ello podría ser importante para la cualificación como ayuda estatal.

Respecto a la selectividad del régimen, las autoridades noruegas afirman que el régimen da lugar a que se trate a las cooperativas como si el capital hubiera sido financiado por los socios. La ventaja fiscal permite a la cooperativa receptora aportar la misma cantidad como capital sin tener que pagar impuestos, del mismo modo que si hubiera recibido una cantidad similar como depósitos de títulos. Por consiguiente, en opinión de las autoridades noruegas, la norma general relativa a los depósitos de capital se hace aplicable a las cooperativas.

Por otra parte, las autoridades noruegas sostienen que el régimen notificado respeta las normas de ayudas estatales del EEE y los principios expresados en la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas (26). Las autoridades noruegas se refieren en particular al apartado 3.2.6 de la Comunicación de la Comisión, que acoge favorablemente un trato fiscal específico para las cooperativas.

Por último, respecto al falseamiento de la competencia, las autoridades noruegas afirman que en realidad el régimen contrarresta un falseamiento ya existente que perjudica a las cooperativas, y por lo tanto presumiblemente mejora la eficacia de los mercados afectados.

5.   COMENTARIOS DE TERCERAS PARTES

Tras la publicación de la Decisión no 719/07/COL de incoar el procedimiento de investigación formal en relación con la ayuda notificada para ciertas cooperativas, el Órgano de Vigilancia de la AELC ha recibido diversos comentarios de terceras partes.

Los comentarios del Gobierno francés se refieren, en esencia, al carácter especial de las cooperativas, y hacen hincapié en que el régimen notificado solo pretende compensar a las cooperativas por sus desventajas estructurales.

Cooperatives Europe representa a cooperativas de toda Europa y tiene por objetivo desarrollar sociedades cooperativas y prestarles apoyo. Al principio, la organización se refiere a la identidad específica de las cooperativas, reconocida por las autoridades comunitarias. Cooperatives Europe cree que los regímenes específicos de los que se benefician las cooperativas no se deben comparar con los regímenes que se aplican a otras formas de empresas, pues los regímenes son la traducción operativa de los principios de la cooperativa. Además, Cooperatives Europe sostiene que las disposiciones fiscales específicas para las cooperativas no tienen el objetivo o el efecto de establecer una competencia desleal, sino que están pensadas para tener en cuenta y compensar adecuadamente las limitaciones inherentes a la cooperativa. Según Cooperatives Europe, el régimen queda justificado por un principio de igualdad, pues las cooperativas se enfrentan a ciertas desventajas relativas, entre otras cosas, al acceso a capital. Cooperatives Europe considera que las cooperativas están sujetas a un régimen legal autónomo que toma en consideración sus especificidades. Afirma que si un régimen fiscal específico de las cooperativas se ajusta a la lógica del sistema jurídico del Estado miembro, es una consecuencia de los modos de funcionamiento operativo de la cooperativa relacionados con los principios y valores de la cooperativa y es proporcional a las limitaciones impuestas por estos modos de funcionamiento en cooperativa, no se puede considerar que sea una ayuda estatal o una ventaja, sino simplemente un régimen que proviene de una lógica de funcionamiento diferente de la de otras formas de empresa y está justificado por una igualdad de trato entre diferentes formas de empresas. Por último, Cooperatives Europe opina que el régimen compensa las desventajas que sufren las cooperativas y por lo tanto reconoce la lógica del sistema cooperativo y su derecho a competir en pie de igualdad.

Kooperativa Förbundet, una organización sueca de cooperativas de consumo, respalda los argumentos de Cooperatives Europe.

Confcooperative-Confederazione Cooperative Italiane es una organización de cooperativas italianas. Confcooperative destaca los fines de beneficio mutuo de las cooperativas y, al concluir que la legislación noruega es similar a la de otros Estados miembros que intentan reducir las desventajas a que se enfrentan las cooperativas, especialmente en relación con la obtención de capital, hace hincapié en que cualquier cantidad que los socios paguen en exceso a la cooperativa es propiedad de los socios, por lo que no se le puede gravar a la cooperativa.

Legacoop-Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue es una organización de cooperativas italianas de todos los sectores. Legacoop hace referencia al exceso de cooperativas caracterizadas por la renuncia temporal de sus socios a sus dividendos. La organización considera que el régimen respeta la legislación civil y fiscal de las cooperativas europeas y que ayudará a reducir las desventajas de las cooperativas en el ámbito de la financiación.

Coop de France es una organización de cooperativas francesas del sector agrícola. La organización hace referencia al marco legal europeo que ha reconocido el papel específico que desempeñan las cooperativas, independientemente del sector económico en que desarrollen su actividad y de los instrumentos que les confieran seguridad jurídica. Además, la organización sostiene que el régimen no constituye una ayuda, sino que simplemente compensa a las cooperativas por las desventajas inherentes a su forma jurídica. Por otra parte, estima que el régimen entra en la lógica del sistema, y por lo tanto no es selectivo. Esto se basa principalmente en el argumento de que el capital de las cooperativas es indivisible y está formado por los beneficios no distribuidos de sus socios. Coop de France menciona también las dificultades a que se enfrentan las cooperativas para acceder al capital para la constitución de fondos propios, porque no pueden emitir participaciones, porque tienen limitado el número de socios potenciales, debido al objetivo de la cooperativa, o porque no pueden hacer uso de instrumentos financieros.

Landbrugsrådet es una organización de cooperativas del sector agrícola danés. Esta organización sostiene que, gracias al régimen, diferentes tipos de empresas disfrutan de las mismas condiciones, a la vez que se respetan el carácter y los principios de la cooperativa. El régimen no favorece a las cooperativas, sino que ajusta una desventaja estructural.

CECOP-CICOPA-Europe representa a las cooperativas industriales y de servicios. Según esta organización, los regímenes específicos de los que se benefician las cooperativas no se deberían comparar con los regímenes aplicables a otras formas de empresas, pues se basan en los principios que rigen las cooperativas. Además, la organización sostiene que cuando el Órgano compara la situación de las cooperativas con la de otras empresas, parece estar estableciendo una jerarquía entre las formas jurídicas en la que el régimen de las cooperativas se percibe como una excepción. Esto es contrario al Tratado Europeo y al Reglamento del Estatuto sobre la Sociedad Anónima Europea. En referencia a la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas, la organización considera que el régimen notificado tiene en cuenta y compensa de una forma proporcionada las limitaciones inherentes a la forma de cooperativa.

La General Confederation of Agricultural Co-operatives in the EU (COGECA) representa al interés económico general de las cooperativas agrarias, agroalimentarias, forestales y pesqueras de Europa. Esta organización se refiere al papel protagonista que desempeñan las cooperativas en estos sectores, reconocido por muchos Estados miembros de la UE, y al hecho de que las cooperativas hayan integrado en sus estatutos el interés por la comunidad (desarrollo sostenible). La organización expresa su preocupación por la posibilidad de que dispensar un mismo trato fiscal a las cooperativas y a otras empresas pueda dar lugar a que las cooperativas adopten otros tipos de organización jurídica que acabe por dificultar el acceso de los agricultores al mercado.

La Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) respalda los argumentos presentados por COGECA, Coop de France y Cooperatives Europe.

El Groupement National de la Coopération es una organización en pro del movimiento de las cooperativas en Francia. Esta organización sostiene que el trato fiscal ventajoso que reciben las cooperativas francesas y de otros países europeos tiene por objeto garantizar una competencia leal entre las cooperativas y otras empresas y no falsea la competencia. La organización hace referencia a las características distintivas de las cooperativas y destaca que, para existir y evolucionar, las cooperativas necesitan un marco jurídico y fiscal que tenga en cuenta sus peculiaridades y las condiciones en las que llevan a cabo sus actividades. Apoya la opinión noruega de que el régimen no confiere ventaja alguna a las cooperativas y sostiene que el régimen no falseará la competencia, pues sería imposible aplicar las mismas normas a diferentes formas de empresas con diferentes características. Partiendo de esta idea, la organización insiste en que la ayuda no sería desproporcionada.

El Norwegian Standing Committee on Co-operative Affairs (en adelante, «el NSCC») es una organización de cooperativas noruegas. Para empezar, el NSCC afirma que existe una diferencia fundamental entre las cooperativas y otras formas jurídicas de empresas, a saber, que la relación entre la cooperativa y sus socios es diferente de la que existe entre una sociedad de responsabilidad limitada y sus accionistas. Esto afectará también a las medidas fiscales impuestas a las cooperativas.

El NSCC estima en primer lugar que la medida no constituye una ayuda estatal, pues está justificada por la naturaleza del régimen general del sistema fiscal. A este respecto, el NSCC considera que las cooperativas acumulan fondos propios no pagando beneficios a sus socios. Normalmente, este superávit se debe pagar a los socios de la cooperativa, pues en realidad constituye una corrección diferida de los precios que no pertenece a la cooperativa sino a sus socios. Si se efectúa un reembolso, será deducible para la cooperativa. Si el superávit no se reembolsa, constituirá una aportación de capital de los socios de la cooperativa. Por lo tanto, entra dentro de la lógica del sistema que el superávit quede exento del pago de impuestos independientemente de si se considera fondos propios o si se reembolsa a los socios. Además, es aplicable la motivación subyacente de evitar que la cantidad se grave dos veces. Del mismo modo que la sociedad de responsabilidad limitada no tiene que pagar impuestos por las inversiones privadas, pues ya los ha pagado el accionista, la cooperativa no debería pagar impuestos por la aportación de capital por sus socios, pues ya los han pagado estos. Así pues, el NSCC considera que en lugar de evaluar el régimen tomando como referencia las normas sobre el impuesto de sociedades, el marco legal debería venir dado por las normas relativas a la aportación de los accionistas a los fondos propios.

En segundo lugar, el NSCC sostiene que la medida no representa una ventaja, pues únicamente compensa las desventajas estructurales inherentes a la estructura jurídica de las cooperativas. En relación con la decisión de incoación, el NSCC considera que no es pertinente si las desventajas estructurales quedan compensadas por otros elementos del régimen noruego de cooperativas, pero que el criterio jurídico debería ser si la desventaja particular que la medida pretende equilibrar queda compensada por otras medidas.

En tercer lugar, el NSCC alega que la medida no es selectiva, pues las diferencias entre el trato fiscal que reciben las cooperativas y el que reciben otras empresas son un reflejo de las diferencias correspondientes al Derecho de sociedades. Por lo tanto, dado que la medida fiscal que se está analizando únicamente se aplica a entidades organizadas como cooperativas, solo afecta a una forma jurídica de una empresa que está abierta a todo el mundo. Por consiguiente, la medida no es selectiva.

II.   EVALUACIÓN

1.   ÁMBITO DE APLICACIÓN

Tal como se establece en el apartado I-2.4, los beneficiarios potenciales del régimen son principalmente cooperativas activas en los sectores agrícola, pesquero y comercial, ciertas cooperativas de consumo y las sociedades cooperativas de créditos de vivienda.

El artículo 8 del Acuerdo EEE define el ámbito de aplicación del Acuerdo. El apartado 3 del artículo 8 establece que:

«Salvo indicación en contrario, las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán exclusivamente a:

a)

los productos incluidos en los capítulos 25 a 97 del sistema armonizado de designación y codificación de las mercancías, excepto los productos enumerados en el Protocolo 2;

b)

los productos incluidos en el Protocolo 3 y sujetos a los arreglos específicos contenidos en ese Protocolo».

Por lo tanto, los sectores agrícola y pesquero quedan, en gran medida, fuera del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales del Acuerdo EEE.

Así pues, esta Decisión se aplica al beneficio fiscal propuesto para las cooperativas, pero no a las cooperativas que operan en los sectores agrícola y pesquero, en la medida en que estas actividades no se incluyen en el ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales del Acuerdo EEE.

2.   EXISTENCIA DE AYUDA ESTATAL

2.1   INTRODUCCIÓN

El artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE dispone lo siguiente:

«Salvo que el presente Acuerdo disponga otra cosa, serán incompatibles con el funcionamiento del presente Acuerdo, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre las Partes Contratantes, las ayudas otorgadas por los Estados miembros de las CE, por los Estados de la AELC o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

El Órgano recuerda que, por lo general, el sistema fiscal de un Estado de la AELC no está cubierto por el Acuerdo EEE. Corresponde a cada Estado de la AELC diseñar y aplicar un sistema fiscal conforme a sus opciones políticas. Sin embargo, la aplicación de una medida fiscal, como una deducción en el impuesto de sociedades de ciertas cooperativas, puede tener consecuencias que podrían situar esa medida fiscal en el ámbito de aplicación del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. Con arreglo a la jurisprudencia (27), el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE no establece una diferenciación según las causas o los objetivos de las intervenciones estatales, sino que las define en función de sus efectos.

2.2   EXISTENCIA DE FONDOS ESTATALES

Para constituir una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, EEE, la ayuda la debe conceder el Estado o se debe conceder mediante fondos estatales.

El Órgano recuerda que, según jurisprudencia reiterada, la definición de ayuda es más general que la de subvención, pues no solo incluye las prestaciones positivas, como las propias subvenciones, sino también las medidas estatales que, de diferentes formas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos (28).

De acuerdo con el régimen notificado, las cooperativas mencionadas en el artículo 10-50 de la Ley fiscal tendrán derecho a una forma especial de deducción fiscal. Así pues, esas cooperativas podrán deducir de sus ingresos las dotaciones en fondos propios. La deducción fiscal implica una reducción del impuesto que pagarían las cooperativas cubiertas por el régimen. La medida supone una disminución de los ingresos fiscales del Estado noruego que las autoridades noruegas estiman entre 35 y 40 millones NOK (entre 4 y 5 millones EUR) para el año fiscal 2007. Según jurisprudencia reiterada, una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas una exención tributaria que, aunque no implique una transferencia de fondos estatales, coloque a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que a los restantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado o mediante fondos estatales (29). Por lo tanto, el Órgano considera que los fondos estatales intervienen en el régimen notificado.

2.3   FAVORECER A DETERMINADAS EMPRESAS O PRODUCCIONES

2.3.1    Selectividad

En primer lugar, la ayuda debe ser selectiva, en el sentido de favorecer «a determinadas empresas o producciones.».

Las cooperativas que pueden optar al régimen son empresas en el sentido de las normas sobre ayudas estatales del Acuerdo EEE. Según jurisprudencia reiterada, el concepto de «empresa» comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación (30).

Para determinar si una medida es selectiva, resulta adecuado examinar si, en el contexto de un sistema jurídico determinado, esa medida constituye una ventaja para ciertas empresas respecto de otras que se encuentran en una situación de hecho y de derecho comparable (31).

En adelante, el Órgano examinará estos elementos en relación con la deducción fiscal a favor de ciertas cooperativas establecida en el artículo 10-50 de la Ley fiscal.

Para clasificar una medida fiscal como selectiva, el Órgano debe empezar por identificar y examinar el régimen común o «normal» con arreglo al sistema fiscal aplicable que constituye el marco de referencia pertinente (32).

En Noruega, las cooperativas están sujetas al impuesto de sociedades aplicable con carácter general. El objetivo del impuesto de sociedades es gravar los beneficios (ingresos netos) de las sociedades. Sin embargo, de conformidad con el propuesto artículo 10-50 de la Ley fiscal, ciertas cooperativas de consumo, cooperativas activas en los sectores agrícola, pesquero y forestal y cooperativas de créditos de vivienda tienen derecho a una deducción de hasta el 15 % de su renta derivada de operaciones con sus socios. De este modo, la base fiscal de estas empresas se reduce, y por lo tanto también su impuesto de sociedades. Esta norma fiscal se aleja de las que habitualmente se aplican al impuesto de sociedades que pagan las empresas en Noruega.

En la notificación, las autoridades noruegas sostienen que el sistema de referencia pertinente en el caso que nos ocupa es el marco general de financiación. El Órgano disiente. Dado que para ciertas cooperativas la exención fiscal constituye una excepción al impuesto de sociedades aplicable con carácter general, el Órgano considera que la referencia pertinente respecto de la cual se ha de juzgar la medida notificada es el régimen del impuesto de sociedades. Por lo tanto, el impuesto de sociedades constituye el marco de referencia pertinente para la excepción.

Seguidamente, el Órgano debe evaluar si, con arreglo a un régimen jurídico concreto (en este caso, el impuesto de sociedades), una medida estatal puede favorecer a determinadas empresas o producciones, en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, en relación con otras empresas que se encuentren en una situación de hecho y de derecho comparable a la luz del objetivo perseguido por la medida en cuestión (33).

Por consiguiente, el Órgano debe evaluar y determinar si alguna ventaja concedida por la medida fiscal en cuestión puede ser selectiva, demostrando que la medida constituye una excepción a ese régimen común en tanto que la medida distingue entre operadores económicos que, a la luz del objetivo asignado al sistema fiscal del Estado de que se trate, se encuentran en una situación de hecho y de derecho comparable (34).

Por lo tanto, de acuerdo con la jurisprudencia mencionada anteriormente, el Órgano debe evaluar si, con arreglo al impuesto de sociedades, la deducción del 15 % de la renta de las cooperativas derivada de operaciones con sus socios favorece a ciertas cooperativas en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE respecto de otras empresas que se encuentran en una situación de hecho y de derecho comparable a la luz del objetivo perseguido por el impuesto de sociedades.

Como ya se ha mencionado, el objetivo perseguido por el impuesto de sociedades es gravar los beneficios de las empresas.

En este contexto, el Órgano es consciente de las peculiaridades de las cooperativas. En particular, el Órgano señala que, de conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas, «[l]as cooperativas se gestionan en interés de sus socios (que son al mismo tiempo usuarios) y no en el de inversores externos. Los beneficios se distribuyen a los socios en proporción a sus operaciones con la cooperativa, y las reservas y los activos de las mismas son comunes, no distribuibles y se dedican al interés común de sus socios. Dado que, en principio, los lazos personales entre los socios son fuertes e importantes, es necesario aprobar la entrada de nuevos socios, y los derechos de voto no son necesariamente proporcionales a la participación que se posee en la empresa (“una persona, un voto”). La renuncia de un socio le da derecho a un reembolso de participaciones e implica una reducción del capital.» (35).

Por lo tanto, una cooperativa mutua pura se define, en primer lugar, por una relación específica con sus socios, lo que significa que estos participan activamente en la gestión de las actividades de la cooperativa y que existe una gran interacción entre los socios y la cooperativa que supera a una relación puramente comercial. En segundo lugar, los activos de la cooperativa son propiedad común de todos los socios y los beneficios se distribuyen exclusivamente entre los socios de la cooperativa según sus operaciones con esta.

Sobre la base de los principios establecidos más arriba, el Órgano no excluye la posibilidad de considerar que las cooperativas mutuas puras y otras empresas no se encuentran en una situación de hecho y de derecho comparable en lo referente al objetivo del impuesto sobre los beneficios de la empresa.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa resulta que el carácter mutuo puro de algunas de las cooperativas cubiertas por el régimen notificado es dudoso. Una gran parte de las operaciones de ciertas cooperativas cubiertas por el régimen no está relacionada con las operaciones con los socios, sino con las operaciones con otros clientes. A este respecto, el Órgano se refiere a la limitación establecida en el artículo 10-50 de la Ley fiscal, por la que solo las cooperativas de consumo cuya cifra de negocios regular está relacionada en más de un 50 % con las operaciones con los socios se pueden beneficiar del régimen notificado. En opinión del Órgano, estas cooperativas eminentemente mutuas difieren bastante del modelo cooperativo puro descrito en la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas.

Por otra parte, el régimen solo cubre a las cooperativas especificadas en el artículo 10-50 de la Ley fiscal, a saber, ciertas cooperativas de consumo, las cooperativas de los sectores agrícola, pesquero y forestal y las cooperativas de créditos de vivienda. Únicamente estas cooperativas tienen derecho a una deducción de hasta el 15 % en la parte de su renta derivada de las operaciones con sus socios. Por consiguiente, la ventaja fiscal en cuestión se otorga en función de la forma jurídica de la empresa como cooperativa y de los sectores en que esta empresa desarrolla sus actividades. Así pues, está claro que la medida es selectiva en relación con otros operadores económicos comparables.

Al aplicar una fiscalidad diferente a los beneficios obtenidos por ciertas cooperativas de las operaciones con sus socios, dependiendo de su sector de actividad, el Órgano considera que el artículo 10-50 de la Ley fiscal noruega distingue entre operadores económicos que, a la luz del objetivo asignado al régimen del impuesto de sociedades, que es la imposición de los beneficios, se encuentran en una situación de hecho y de derecho comparable.

Según jurisprudencia reiterada, el concepto de ayuda estatal no se refiere a las medidas que establecen una diferenciación entre empresas y que, en consecuencia, son a priori selectivas, cuando esta diferenciación resulta de la naturaleza o de la estructura del sistema en el que se inscriben (36). La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la AELC y de los Tribunales comunitarios ha establecido que una medida fiscal específica destinada a eximir, parcial o totalmente, de las cargas resultantes de aplicar normalmente el sistema general a las empresas de un sector determinado se puede justificar por la lógica interna del sistema fiscal si es coherente con él (37).

Así pues, el Órgano debe determinar si, no obstante, la diferenciación entre ciertas cooperativas y otras empresas no es selectiva porque es el resultado de la estructura y la naturaleza del sistema de cargas en el que se inscriben. Por lo tanto, ha de establecer si las diferenciaciones derivan directamente de los principios básicos o rectores de dicho sistema (38).

De la jurisprudencia se desprende que corresponde al Estado del EEE que ha introducido tal diferenciación demostrar que la estructura y la naturaleza del sistema en cuestión lo justifican (39). Las autoridades noruegas sostienen que la deducción fiscal aplicable a ciertas cooperativas está justificada por la estructura y la naturaleza del régimen, pues significa el acceso de las cooperativas al sistema noruego que permite a las empresas dotarse de fondos propios a través de la recepción de títulos no imponibles. Con otras palabras, el régimen se orientaría a eliminar una desventaja inherente a la forma jurídica de las cooperativas.

En opinión del Órgano, en el caso que nos ocupa no se puede considerar que la justificación facilitada por las autoridades noruegas de que la reducción del tipo del impuesto de sociedades se debería ver como una compensación por los costes adicionales a que se enfrentan las cooperativas debido a sus dificultades de acceso a capital entre en la lógica del régimen del impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades grava la renta que una sociedad obtiene de operaciones normales, mientras que, de conformidad con el derecho noruego, los depósitos de títulos y otros similares no se consideran renta (40). Por lo tanto, aunque el objetivo que persiguen las autoridades noruegas es loable, no parece derivar directamente de los principios básicos o rectores del sistema en que se inscribe la medida, a saber, el sistema fiscal. El Órgano recuerda que, según reiterada jurisprudencia, el objetivo que persiguen las medidas estatales no basta para que estas medidas escapen desde un principio a la calificación de ayuda en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE (41).

Además, en el caso que nos ocupa el Órgano manifiesta que no está previsto aplicar el régimen notificado a todas las cooperativas, que en principio deberían estar sujetas a la misma desventaja estructural señalada por las autoridades noruegas. Por el contrario, el régimen solo cubre las cooperativas de los sectores expresamente mencionados en el proyecto de artículo 10-50 de la Ley fiscal. Las autoridades noruegas no han presentado argumentos que demuestren que la limitación del régimen a estas cooperativas se ajusta al carácter y el régimen general del sistema fiscal. Los documentos preparatorios del artículo 10-50 de la Ley fiscal se refieren simplemente a las cooperativas cubiertas por el régimen como representantes de los sectores cooperativos tradicionales (42), consideración que no es pertinente en el marco de la fiscalidad de las empresas. Por otra parte, según las autoridades noruegas la limitación se basa en la hipótesis de que las cooperativas que está previsto que el régimen cubra necesitan la ayuda más que las de otros sectores. Sin embargo, las autoridades noruegas no han presentado información objetiva que respalde su hipótesis ni razones objetivas y justificadas de esta diferenciación.

De acuerdo con la jurisprudencia (43), el Órgano considera que la necesidad de tener en cuenta ciertas exigencias (en este caso, las particularidades de las cooperativas como organizaciones), por legítimas que sean, no justifica la exclusión de medidas selectivas, aunque sean específicas, del ámbito de aplicación del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, pues en cualquier caso los objetivos dados se tendrán eficazmente en cuenta al apreciar la compatibilidad de la medida de ayuda de Estado de conformidad con el artículo 61, apartado 3, del Acuerdo EEE.

Por otra parte, el Órgano se refiere a los comentarios del Norwegian Standing Committee on Co-operative Affairs y a la observación de que una exención fiscal para las cooperativas se podría justificar basándose en argumentos de doble fiscalidad y por lo tanto corresponde a la naturaleza y la lógica del sistema del impuesto de sociedades. Sin embargo, basándose en la información de que dispone, el Órgano no puede excluir la posibilidad de situaciones en que el capital no se grave a la cooperativa ni a los socios.

Además, respecto del caso que nos ocupa y en ausencia de argumentos convincentes que demuestren lo contrario, el Órgano opina que reservar un trato fiscal faborable a algunas cooperativas sin facilitar ninguna justificación objetiva de esta diferenciación no se puede considerar acorde con la lógica del sistema fiscal (44). Aunque el ámbito de aplicación de la medida fiscal en cuestión se determine sobre la base de criterios objetivos, es de carácter selectivo (45).

Con esta perspectiva, el Órgano considera que la deducción fiscal aplicable a ciertas empresas constituye una excepción al régimen común del impuesto de sociedades, no parece justificada por el carácter o régimen general del sistema y debe, por lo tanto, ser considerada selectiva (46).

2.3.2    Ventaja

En segundo lugar, para determinar si se ha concedido una ventaja económica a las cooperativas cubiertas por el régimen, el Órgano debe evaluar si la medida reduce las cargas que normalmente soportan los beneficiarios en el curso de sus operaciones. El Órgano opina que la cuestión de si el régimen confiere una ventaja a las cooperativas cubiertas se debe estudiar a la luz del régimen del impuesto de sociedades aplicable tanto a las empresas lucrativas como a las cooperativas, incluidas las que no están cubiertas por el régimen.

De acuerdo con el régimen notificado, ciertas cooperativas tienen derecho a una deducción de hasta el 15 % en la parte de su renta derivada de las operaciones con sus socios. Por lo tanto, la base fiscal de estas empresas se reduce, con lo que también disminuye su impuesto de sociedades. De este modo, la medida aligera las cargas que, por regla general, gravan sus presupuestos. Esta norma fiscal se aleja de las que habitualmente se aplican al impuesto de sociedades que pagan las empresas en Noruega.

Las autoridades noruegas y otras terceras partes que han presentado comentarios a la decisión de incoación sostienen que la deducción fiscal propuesta no confiere una ventaja a las cooperativas. En primer lugar, las autoridades noruegas afirman que el régimen es acorde al principio del inversor en una economía de mercado y que debería considerarse un pago a las cooperativas para que mantengan su forma jurídica, que es de interés público. En segundo lugar, la deducción fiscal es una compensación por los costes adicionales a que se enfrentan las cooperativas debido a las restricciones que se les imponen, en particular en relación con el acceso a fondos propios, y no supone una compensación excesiva.

En primer lugar, respecto al principio del inversor en una economía de mercado, la argumentación parece basada en la opinión de que la ayuda concedida con arreglo al régimen no superará los costes adicionales de una empresa que funcione como cooperativa (compensación excesiva) ni el beneficio público de salvaguardar las cooperativas. Las autoridades noruegas sostienen que el principio del inversor en una economía de mercado es de aplicación cuando el Estado adquiere ventajas intangibles de interés público a precios de mercado, al menos cuando la ventaja intangible para el Estado es completamente externa a los intereses de la empresa de que se trate (47).

El Órgano considera que hay diversas razones por las que el principio del inversor en una economía de mercado no es de aplicación en el caso que nos ocupa. Para empezar, el Órgano no está de acuerdo con las autoridades noruegas en que el funcionamiento como cooperativa no presente ninguna ventaja para una empresa. A este respecto, el Órgano se refiere a la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas, en la que la Comisión Europea afirma, entre otras cosas, que el modelo cooperativo puede ser «un medio para construir o aumentar la fuerza económica de las pequeñas y medianas empresas (PYME).» (48).

Además, el Órgano estima que la ventaja intangible que el Estado pretende «adquirir» en este caso es la de mantener el sector de las cooperativas en Noruega en las condiciones actuales en lo que se refiere a las restricciones al acceso a fondos propios. El Órgano opina que en este caso es imposible aplicar el principio del inversor en una economía de mercado por la sencilla razón de ningún inversor privado en una economía de mercado podría jamás realizar una operación similar a la que proponen las autoridades noruegas. En este caso, el Estado no está actuando como inversor de mercado o empresa; al contrario, está desempeñando sus funciones soberanas y administrativas, uno de cuyos componentes más importantes es el cobro de impuestos. Por lo tanto, el Órgano no puede juzgar de aplicación el principio del inversor en una economía de mercado.

Las autoridades noruegas también han afirmado que el régimen no supone una compensación excesiva y que la ayuda concedida no supera el beneficio público de la salvaguardia de las cooperativas. El Órgano señala que las autoridades noruegas no han presentado cifras ni información a este respecto, sino que se limitan a afirmar que es así. El Órgano no puede aceptar este argumento.

En segundo lugar, el Órgano estudiará si se puede concluir que el régimen no supone una ventaja para las cooperativas que cubre, partiendo de la base de que la ayuda se concede para compensar las desventajas estructurales a que se enfrentan las cooperativas. Se ha reconocido que, en determinadas situaciones concretas, las desventajas estructurales se pueden compensar con ayudas (49). Se considera que en algunas situaciones la compensación de una desventaja no constituye una ventaja, en particular en el caso de antiguos monopolios estatales que se reestructuran y se convierten en agentes del mercado cuando el mercado se abre a la competencia. Estos precedentes se refieren a una situación de hecho y de derecho diferente de la que nos ocupa. Por otra parte, ni la jurisprudencia de los Tribunales Europeos ni la práctica de la Comisión Europea parecen de acuerdo con que una medida como la notificada no confiera una ventaja a la empresa en cuestión simplemente porque compense una «desventaja» para la empresa (50).

En estas circunstancias, la conclusión del Órgano es que el beneficio fiscal propuesto confiere una ventaja a las cooperativas cubiertas por el régimen.

2.4   FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA Y EFECTO EN LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES

Respecto a los criterios del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE sobre ayudas que falseen o amenacen con falsear la competencia en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre las Partes Contratantes, de la jurisprudencia se desprende que no es necesario acreditar la incidencia real de las ayudas sobre los intercambios comerciales entre las Partes Contratantes y el falseamiento efectivo de la competencia, sino únicamente examinar si tales ayudas pueden afectar a dichos intercambios y falsear la competencia (51).

Las autoridades noruegas sostienen que el objetivo del régimen es contrarrestar la desventaja competitiva a que se enfrentan las cooperativas en el acceso a fondos propios. Así pues, mantienen que el régimen no falsea la competencia ni amenaza con falsearla. El Órgano señala que el régimen tiene por efecto reducir el impuesto de sociedades de las cooperativas que cubre frente al de otras empresas. De este modo, la situación competitiva de estas empresas se fortalece. El hecho de que, con arreglo al derecho noruego, las cooperativas estén sujetas a ciertas limitaciones que no se imponen, por ejemplo, a las sociedades limitadas, no puede ser decisivo a este respecto.

Además, si la ayuda concedida por el Estado fortalece la posición de una empresa en relación con la de otras que compiten en intercambios comerciales en el EEE, estas se deben considerar afectadas por la ayuda. A la inversa, no es necesario que la empresa receptora participe en dichas operaciones (52). La decisión fiscal propuesta fortalece la posición de las cooperativas en relación con aquellos de sus competidores que están organizados de otro modo. La deducción fiscal se aplica a las principales formas de cooperativas, y al menos algunas de ellas también están activas en los mercados del EEE. A este respecto, el Órgano señala que la cooperativa de consumidores Coop NKL BA tiene una cuota de mercado del 24 % en el mercado noruego de la alimentación. Por otra parte, Coop NKL BA coopera con otras cooperativas minoristas en la compra y la transformación.

Así pues, el Órgano concluye que el régimen notificado puede falsear la competencia y afectar a los intercambios comerciales entre las Partes Contratantes del Acuerdo EEE.

2.5   LA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN SOBRE COOPERATIVAS

Las autoridades noruegas parecen sostener que el régimen notificado no constituye una ayuda estatal, pues es conforme a los principios expresados en la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas. Las autoridades noruegas se refieren en particular al apartado 3.2.6 de la Comunicación de la Comisión, donde la Comisión Europea afirma, entre otras cosas, que se podría acoger favorablemente un tratamiento fiscal específico para las cooperativas. Dicho apartado está redactado en los términos siguientes:

«Determinados Estados miembros (como Bélgica, Italia y Portugal) consideran que las restricciones inherentes a la naturaleza específica del capital de las cooperativas requieren un tratamiento fiscal diferenciado. Por ejemplo, el que las participaciones de las cooperativas no coticen en Bolsa (y, por tanto, no sean negociables) puede implicar que sea casi imposible materializar los beneficios. Además, el hecho de que las participaciones se reembolsen a su valor nominal (no tienen valor especulativo) y las plusvalías sean normalmente limitadas puede disuadir a eventuales socios. Asimismo, las cooperativas a menudo están sujetas a requisitos estrictos en materia de dotación a reservas. Aunque puede aceptarse cualquier tratamiento fiscal específico, en todos los aspectos relativos a la legislación sobre cooperativas debe respetarse el principio que establece que cualquier protección o beneficio concedidos a un tipo específico de entidad debe ser proporcional a las limitaciones jurídicas, al valor social añadido o a las limitaciones inherentes a dicha fórmula y no debe ser una fuente de competencia desleal. Además, cualquier otro “beneficio” no debe servir para que cooperativas ficticias aprovechen la fórmula cooperativa para escapar a sus obligaciones sobre publicidad y gobernanza empresarial. La Comisión invita a los Estados miembros a que, cuando estudien un tratamiento fiscal apropiado y proporcional para el capital social y las reservas de las cooperativas, velen para que dichas normas no creen situaciones que limiten la competencia (…)».

No obstante, el Órgano señala que, en su apartado 3.2.7, la Comunicación de la Comisión añade que «[l]as cooperativas que ejercen una actividad económica se consideran “empresas” con arreglo a los artículos 81, 82, 86, 87 y 88 del Tratado de Roma (CE). Por tanto, están sujetas a la normativa europea sobre competencia y ayudas estatales, y también a las diversas excepciones, límites y normas de minimis.»

Teniendo en cuenta lo anterior, el Órgano considera que, aunque al examinar este caso se han de tener en cuenta las especificidades de las cooperativas, la Comunicación de la Comisión, interpretada en su conjunto, no se puede alegar para sostener que la ayuda estatal concedida a las cooperativas escapa al ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales del Acuerdo EEE.

Por consiguiente, el Órgano estima que la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas, interpretada en su conjunto, no exige que se modifique la conclusión de que el beneficio fiscal propuesto confiere una ventaja a las cooperativas cubiertas por el régimen.

2.6   CONCLUSIÓN RESPECTO DE LA EXISTENCIA DE AYUDA ESTATAL

Partiendo de las consideraciones establecidas anteriormente, el Órgano ha llegado a la conclusión de que el régimen notificado de beneficios fiscales a ciertas cooperativas constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

3.   REQUISITOS DE PROCEDIMIENTO

Con arreglo al artículo 1, apartado 3, de la parte I del Protocolo 3, «el Órgano de Vigilancia de la AELC será informado de los proyectos dirigidos a conceder o modificar ayudas con la suficiente antelación para poder presentar sus observaciones (…). El Estado interesado no podrá ejecutar las medidas proyectadas antes de que en dicho procedimiento haya recaído decisión definitiva».

Las autoridades noruegas notificaron el régimen propuesto relativo a las ventajas fiscales para ciertas cooperativas por cartas de 28 de junio de 2007 y 16 de octubre de 2007 y no han aplicado el régimen, en espera de que el Órgano adopte una decisión definitiva.

Por lo tanto, el Órgano puede concluir que las autoridades noruegas han cumplido sus obligaciones de conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la parte I del Protocolo 3.

4.   COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA

El Órgano señala que las autoridades noruegas no han presentado argumento alguno relativo a la compatibilidad de la ayuda, ni en la notificación del régimen, ni en sus comentarios a la decisión de incoación del Órgano. No obstante, el Órgano ha evaluado la compatibilidad de la medida notificada con el artículo 61 del Acuerdo EEE basándose en la información de que dispone.

El Órgano considera que en este caso no es de aplicación ninguna de las excepciones mencionadas en el artículo 61, apartado 2, del Acuerdo EEE.

En cuanto a la aplicación del artículo 61, apartado 3, del Acuerdo EEE, no se puede considerar que la ventaja fiscal para las cooperativas entre en el ámbito de aplicación del artículo 61, apartado 3, letra a), del Acuerdo EEE, pues no se ha admitido a ninguna región noruega para participar en esta disposición, que exige un nivel de vida anormalmente bajo o una situación de desempleo grave. El régimen tampoco parece promover la ejecución de un importante proyecto de interés común europeo ni poner remedio a una perturbación grave de la economía del Estado noruego, como sería necesario para la compatibilidad de conformidad con el artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE.

Respecto al artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE, la ayuda se podría considerar compatible con el Acuerdo EEE si facilitara el desarrollo de determinadas actividades económicas o de determinadas regiones económicas sin alterar las condiciones de los intercambios comerciales en forma contraria al interés común. El Órgano señala que la medida no se limita a las regiones cubiertas por el mapa noruego de ayuda regional y no se ajusta a las directrices sobre ayuda estatal relativas a la compatibilidad con el Acuerdo EEE con arreglo a su artículo 61, apartado 3, letra c).

Al no haber directrices directamente aplicables al régimen notificado, el Órgano evaluará la compatibilidad del régimen directamente con arreglo al artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE (53). Las excepciones en el sentido del artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE se deben interpretar de manera restrictiva (54) y solo se pueden conceder si es posible establecer que la ayuda contribuirá a alcanzar un objetivo de interés común que no se podría garantizar limitándose a las condiciones normales del mercado. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas aprobó el concepto de «justificación compensatoria» en el asunto Philip Morris (55).

La evaluación de la compatibilidad de las ayudas estatales consiste fundamentalmente en sopesar los efectos negativos de la ayuda sobre la competencia y sus efectos positivos desde el punto de vista del interés común (56). Para que un régimen de ayuda estatal sea declarado compatible con arreglo al artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE debe:

ir encaminado a perseguir un objetivo bien definido de interés común,

estar diseñado de la forma adecuada para alcanzar el objetivo de interés común y, en particular, ser un instrumento adecuado, tener un efecto incentivador y ser proporcionado,

no falsear la competencia y los intercambios comerciales en el EEE en forma contraria al interés común (57).

El Órgano debe valorar si el objetivo perseguido por la medida es necesario y acorde a los objetivos de interés común y, en caso de que lo sea, si es el método menos falseador a la hora de perseguir ese objetivo.

Las autoridades noruegas han sostenido que el objetivo último del régimen notificado es garantizar el mantenimiento de la forma de cooperativa. Las autoridades noruegas afirman que para alcanzar este objetivo es fundamental facilitar el acceso de las cooperativas a fondos propios.

El Órgano reconoce que las cooperativas presentan ciertas características específicas, como se recoge en la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas. La Comunicación de la Comisión establece que, en principio, la promoción del modelo cooperativo puede dar lugar a una mejora del funcionamiento de la economía y tener efectos sociales positivos. La Comunicación de la Comisión parece indicar que, en vista de las grandes mejoras sociales y de igualdad y coordinación que se atribuyen al modelo cooperativo y que de otro modo no estarían disponibles en el mercado, el mantenimiento del modelo cooperativo se podría considerar un objetivo de interés común. Además, se destaca el posible papel del modelo cooperativo como medio para construir o aumentar la fuerza económica de las PYME, prestar servicios que las sociedades lucrativas no prestarían y contribuir a la construcción de una sociedad basada en el conocimiento (58). Sin embargo, conviene tener en cuenta que la definición de cooperativa de la Comunicación de la Comisión parece relativamente estricta, pues en general la Comunicación de la Comisión parece referirse a las cooperativas mutuas puras (59).

Así, el Órgano opina que el régimen se orienta a un objetivo bien definido de interés común, en la medida en que se dirige a las cooperativas mutuas puras.

El segundo paso es valorar si el diseño de la ayuda permite alcanzar el objetivo de interés común perseguido, que en el caso que nos ocupa consiste en garantizar el mantenimiento de la forma cooperativa facilitando el acceso de las cooperativas a fondos propios.

Se podría establecer una diferenciación entre las cooperativas mutuas puras y las que no lo son, sin olvidar que la mutualidad es el sello distintivo de las cooperativas. Cuanto más característica de la cooperativa es la mutualidad, más diferente se puede considerar la cooperativa de las empresas lucrativas. Por lo tanto, el objetivo de interés común de mantener las cooperativas como se definen en la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas se puede alcanzar más fácilmente concediendo ayudas a las cooperativas que verdaderamente son mutuas.

En cuanto al concepto de cooperativas mutuas, el Órgano tiene dudas sobre si para que una cooperativa se considere mutua en el sentido de la Comunicación de la Comisión bastaría que la mayor parte de las operaciones las realizase con sus socios. El Órgano opina que el hecho de que una cooperativa se considere verdaderamente mutua dependería de más factores, como que haya contactos frecuentes entre la cooperativa y sus socios, que los socios participen activamente en la gestión de las actividades de la cooperativa, que los socios participen activamente en la gestión y la toma de decisiones de la cooperativa, que la pertenencia a la cooperativa no sea automática, sino que para ser socio se haya de presentar una solicitud activa y contar con la aprobación de los socios existentes, que los socios reciban una gran parte de los beneficios, que se reserve para los socios una gran parte de los beneficios en comparación con los destinados a los clientes que no son socios, etc. En opinión del Órgano, para valorar si una cooperativa es realmente mutua se deberían tomar en consideración estos criterios y otros similares.

El Órgano señala que algunas de las cooperativas que está previsto que cubra el régimen en cuestión son cooperativas mutuas puras, mientras que otras son cooperativas eminentemente mutuas. Respecto a las cooperativas de consumo, en el proyecto de artículo 10-50 de la Ley fiscal se establece que el régimen solo cubre las cooperativas de consumo eminentemente mutuas (60). Así pues, en el caso que nos ocupa resulta que el carácter mutuo puro de algunas de las cooperativas cubiertas por el régimen notificado es cuestionable. Por ejemplo, una gran parte de las operaciones de algunas cooperativas cubiertas por el régimen, en particular las cooperativas de consumo, no está relacionada con las operaciones con los socios, sino con las operaciones con otros clientes. Además, dado el tamaño de algunas de las cooperativas cubiertas, la participación activa de los socios en la gestión de las actividades y la gestión de la cooperativa estará limitada. Por otra parte, la participación en la cooperativa parece en gran medida automática, al menos en el caso de las cooperativas de consumo y las cooperativas de viviendas. Por lo tanto, el Órgano opina que el régimen no se ha diseñado para cubrir únicamente las cooperativas con una identidad mutua especialmente fuerte.

En cuanto a la valoración de si el régimen está bien diseñado para alcanzar el objetivo del interés común, se ha de tener en cuenta si la actividad prevista conlleva costes adicionales que se compensen con la ayuda. El Órgano señala que las autoridades noruegas no han facilitado datos que le permitan cuantificar, directa o indirectamente, los costes que supone para una empresa asumir la forma de cooperativa. Así pues, tampoco es posible para el órgano valorar si la ayuda es necesaria y proporcionada al objetivo perseguido.

Por otra parte, el Órgano considera positivo que la deducción fiscal propuesta solo se vaya a garantizar, de acuerdo con la notificación, respecto de los ingresos derivados de operaciones con los socios y equivalentes. Además, para que las cooperativas puedan recibir la ayuda prevista en el régimen, el régimen notificado exige contabilidades separadas para las operaciones con los socios y las operaciones con otras partes.

No obstante, por las razones ya mencionadas, el Órgano tiene dudas acerca de si el régimen notificado está bien diseñado para alcanzar el objetivo del interés común de mantener la forma cooperativa, y en particular la de cooperativa mutua pura, facilitando el acceso a fondos propios.

Por último, se ha de valorar si el potencial de falsear la competencia y el comercio en el Espacio Económico Europeo presenta un carácter contrario al interés común.

Respecto al falseamiento potencial de la competencia y los intercambios comerciales, el Órgano señala que el régimen se debe clasificar como ayuda de funcionamiento, pues aligera las cargas que, por lo general, gravan a las empresas en el ejercicio ordinario de sus actividades comerciales (en este caso, el impuesto de sociedades).

La ayuda de funcionamiento puede considerarse compatible con el Acuerdo EEE, solamente de manera excepcional, si permite impulsar un objetivo de interés común que no se podría alcanzar de otro modo. El Órgano se pregunta si el objetivo perseguido por las autoridades noruegas de mantener la forma jurídica de las cooperativas facilitando su acceso a fondos propios no se podría haber alcanzado con otras medidas más proporcionadas. En particular, el Órgano hace hincapié en que algunas de las cooperativas cubiertas por el régimen son grandes empresas que operan en mercados muy competitivos del EEE.

Como ya se ha manifestado, el Órgano considera que el régimen estaría orientado a un objetivo bien definido de interés común, al menos en lo que respecta a las cooperativas mutuas puras. Sin embargo, resulta que algunas de las cooperativas cubiertas carecen de un carácter mutuo puro. Por lo tanto, el Órgano opina que la ayuda no se puede considerar bien enfocada. Además, el Órgano no se encuentra en situación de valorar si la ayuda es necesaria y proporcionada al objetivo perseguido.

Sobre la base de lo anterior, el Órgano estima que, aunque el objetivo del régimen se puede considerar un objetivo bien definido de interés común, las autoridades noruegas no han demostrado que los efectos positivos de la ayuda vayan a superar los efectos negativos de la misma. Por consiguiente, el régimen no se puede considerar compatible con el artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE.

5.   CONCLUSIÓN

Basándose en el examen que antecede, el Órgano considera que la exención fiscal notificada propuesta para ciertas cooperativas es una ayuda estatal incompatible con las normas sobre ayudas estatales del Acuerdo EEE.

El Órgano desearía insistir en que la presente decisión, establecida en el apartado II-1 anterior, no es de aplicación a las cooperativas activas en los sectores agrícola y pesquero en la medida en que las actividades de estas cooperativas quedan fuera del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales del Acuerdo EEE.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El régimen previsto de exenciones fiscales a ciertas cooperativas constituye una ayuda estatal incompatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE en el sentido del artículo 61 de dicho Acuerdo.

Artículo 2

El régimen notificado no podrá aplicarse.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión es el Reino de Noruega.

Artículo 4

La versión en lengua inglesa de la presente Decisión es la única auténtica.

Hecho en Bruselas, el 23 de julio de 2009.

Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

Per SANDERUD

Presidente

Kristján A. STEFÁNSSON

Miembro del Colegio


(1)  Denominado en lo sucesivo «el Órgano».

(2)  Denominado en lo sucesivo «el Acuerdo EEE».

(3)  Denominado en lo sucesivo «el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción».

(4)  Denominado en lo sucesivo «el Protocolo 3».

(5)  Directrices para la aplicación e interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE y del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, adoptadas y publicadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 19 de enero de 1994, publicadas en el DO L 231 de 3.9.1994, p. 1, y en el Suplemento EEE no 32 de 3.9.1994 y denominadas en lo sucesivo «Directrices sobre ayudas estatales».

(6)  Decisión 195/04/COL, de 14 de julio de 2004, publicada en el DO L 139 de 25.5.2006, p. 37, y en el Suplemento EEE no 26 de 25.5.2006, p. 1, en su versión modificada. La versión actualizada de las Directrices sobre ayudas estatales está publicada en el sitio web del Órgano: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/.

(7)  Publicadas en el DO C 96, 17.4.2008, p. 27, y en el Suplemento EEE no 20 de 17.4.2008, p. 44.

(8)  Para información más detallada sobre la correspondencia entre el Órgano y las autoridades noruegas, consúltese la Decisión del Órgano de incoar el procedimiento de investigación formal, Decisión no 719/07COL, publicada en el DO C 96 de 17.4.2008, p. 27, y en el Suplemento EEE no 20 de 17.4.2008, p. 44.

(9)  Véase la referencia del DO en la nota 8.

(10)  Punto I-5 más abajo.

(11)  Punto 12.2 de la Propuesta del Gobierno noruego de 29 de septiembre de 2006 (Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer).

(12)  Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer.

(13)  Traducción no oficial del Órgano. El texto original noruego está redactado en los términos siguientes: «[…] I tillegg kan det gis fradrag for avsetning til felleseid andelskapital med inntil 15 prosent av inntekten. Fradrag gis bare i inntekt av omsetning med medlemmene. Omsetning med medlemmene og likestilt omsetning må fremgå av regnskapet og kunne legitimeres.»

(14)  Artículo 28 de la Ley de cooperativas.

(15)  Artículo 29 de la Ley de cooperativas.

(16)  Las autoridades noruegas han declarado que esta disposición solo es pertinente para las cooperativas cuyas actividades quedan fuera del ámbito de aplicación del Acuerdo EEE. Véase carta de las autoridades noruegas de 6 de julio de 2009 (referencia no 523765), p. 3. Partiendo de esta base, el Órgano no analizará la noción de «operaciones equivalentes».

(17)  Lov 6. juni 2003 No 38 Lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova).

(18)  Lov 29. juni 2007 No 8l Lov om samvirkeforetak (samvirkelova).

(19)  Traducción del texto publicado en el sitio web del Centro noruego de cooperativas, www.samvirke.org.

(20)  La información de este apartado se basa en gran medida en la publicada en el sitio web del Centro noruego de cooperativas, un centro de información, documentación y asesoramiento relativos a las cooperativas que es propiedad de las principales organizaciones de cooperativas de Noruega, www.samvirke.org.

(21)  Lov 14. desember 1951 No 3 om omsetning av råfisk (Råfiskloven). Véase, en particular, el artículo 3.

(22)  Rt. 1917, p. 627, y Rt. 1927, p. 869.

(23)  Reglamento (CE) no 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (DO L 207 de 18.8.2003, p. 1).

(24)  Carta de las autoridades noruegas de fecha 20 de febrero de 2008 (referencia no 465882), p. 2.

(25)  Decisión de la Comisión Europea en el asunto C 2/2006 OTE.

(26)  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre fomento de las cooperativas en Europa COM(2004) 18, de 23 de febrero de 2004, en adelante «la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas» o «la Comunicación de la Comisión».

(27)  Asunto E-6/98, Norway/EFTA Surveillance Authority [1999], EFTA Court Report, p. 76, apartado 34; asuntos acumulados E-5/04, E-6/04 y E-7/04, Fesil and Finnfjord, PIL and others and Norway v EFTA Surveillance Authority [2005], Report of the EFTA Court, p. 121, apartado 76; asunto 173/73, Italia/Comisión (Rec. 1974, p. 709), apartado 13, y asunto C-241/94, Francia/Comisión (Rec. 1996, p. I-4551), apartado 20.

(28)  Véanse, en particular, el asunto C-143/99, Adria-Wien Pipeline y Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (Rec. 2001, p. I-8365), apartado 38, el asunto C-501/00, España/Comisión (Rec. 2004, p. I-6717), apartado 90, y el asunto C-66/02, Italia/Comisión (Rec. 2005, p. I-10901), apartado 77.

(29)  Véanse los asuntos C-387/92, Banco Exterior de España (Rec. 1994, p. I-877), apartado 14, y C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze y otros (Rec. 2006, p. I-289), apartado 132.

(30)  Asunto C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze y otros (Rec. 2006, p. I-289), apartados 107 y siguientes, y jurisprudencia citada.

(31)  Asunto C-487/06 P, British Aggregates Association/Comisión, apartados 82 y siguientes; asunto C-409/00, España/Comisión (Rec. 2003, p. I-1487), apartado 47, y asuntos acumulados C-428/06 a C-434/06, UGT-Rioja y otros, aún sin publicar, apartado 46.

(32)  Asuntos T-211/04 y T-215/04, Government of Gibraltar/Comisión, aún sin publicar, apartado 143.

(33)  Asunto C-75/97, Bélgica contra Comisión (Rec. 1999, p. I-3671), apartados 28 a 31.

(34)  Asuntos T-211/04 y T-215/04, Government of Gibraltar/Comisión, aún sin publicar, apartado 143 con otras referencias.

(35)  Apartado 1.1 de la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas.

(36)  Asunto 173/73, Italia/Comisión (Rec. 1974, p. 709), apartado 33; asunto C-143/99 Adria-Wien Pipeline and Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (Rec. 2001, p. I-8365), apartado 42.

(37)  Asunto E-6/98, Norway v EFTA Surveillance Authority, antes citado, apartado 38; asuntos acumulados E-5/04, E-6/04 y E-7/04, Fesil and Finnfjord, PIL and others and Norway v EFTA Surveillance Authority, antes citados, apartados 84-85; asuntos acumulados T-127/99, T-129/99 y T-148/99, Territorio Histórico de Álava y otros/Comisión (Rec. 2002, p. II-1275), apartado 163; asunto C-143/99 Adria-Wien Pipeline (Rec. 2001, p. I-8365), apartado 42; asunto T-308/00 Salzgitter/Comisión (Rec. 2004, p. II-1933), apartado 42; asunto C-172/03 Wolfgang Heiser (Rec. 2005, p. I-1627), apartado 43.

(38)  Asuntos T-211/04 y T-215/04, Government of Gibraltar/Comisión, aún sin publicar, apartado 144 con otras referencias.

(39)  Asunto C-159/01, Países Bajos/Comisión (Rec. 2004, p. I-4461), apartados 43 a 47.

(40)  Véase el apartado I-2.3.

(41)  Asunto C-241/94, Francia/Comisión (Rec. 1996, p. I-4551), apartado 21, y asunto C-342/96, España/Comisión (Rec. 1999, p. I-2459), apartado 23.

(42)  Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 - lovendringer.

(43)  Asunto C-487/06 P, British Aggregates Association/Comisión, apartado 92.

(44)  A este respecto, el Órgano se refiere a la decisión de la Comisión Europea relativa a un régimen danés de compensación por la tasa del CO2, véase el asunto C 41/06 (ex N 318/04), aún sin publicar. En el apartado 44 de la Decisión, la Comisión afirma que el régimen en cuestión solo cubre algunas de las empresas que se encuentran en la situación fáctica que el régimen, según las autoridades danesas, intenta rectificar. La Comisión considera que ello constituye una excepción a la lógica general que, de acuerdo con las autoridades danesas, se debería aplicar, y concluye que, por consiguiente, el régimen no sigue esta lógica.

(45)  Asuntos acumulados T-92/00 y T-103/00, Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava y otros/Comisión (Rec. 2002, p. II-1385), apartado 58.

(46)  Asunto C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze (Rec. 2006, p. I-289), apartados 134 a 138; asunto C-148/04 Unicredito Italiano (Rec. 2005, p. I-11137), apartados 48 y 49.

(47)  Las autoridades noruegas hacen referencia a las Conclusiones del Abogado General Fennelly en el asunto 251/97, República Francesa/Comisión, para justificar su argumentación. De acuerdo con la argumentación presentada por las autoridades francesas en este asunto, se puede sostener, en esencia, que cuando el Estado adquiere bienes o servicios o beneficios más inmateriales en interés del público en general a precio de mercado, no hay ningún componente de ayuda, o que hay una ayuda que es, al menos potencialmente, compatible (véase el apartado 20 de las Conclusiones). Sin embargo, en este asunto el Abogado General no siguió la argumentación de las autoridades francesas.

(48)  Apartado 2.1.1 de la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas.

(49)  Asunto T-157/01, Danske Busvognmænd contra Comisión (Rec. 2004, p. II-917).

(50)  Asunto 30/59, Gezamenlijke Steenkolenmijnen (Rec. 1961, p. 3), apartados 29 y 30; asunto C-173/73, Italia/Comisión (Rec. 1974, p. 709), apartados 12 y 13; asunto C-241/94, Francia/Comisión (Rec. 1996, p. I-4551), apartados 25 y 35; asunto C-251/97, Francia/Comisión (Rec. 1999, p. I-6639), apartados 41 y 46-47, y decisiones de la Comisión en el asunto C 2/2006 OTE, apartado 92.

(51)  Asunto C-372/97, Italia/Comisión (Rec. 2004, p. I-3679), apartado 44; asunto C-66/02, Italia/Comisión, apartado 111, y asunto C-148/04, Unicredito Italiano (Rec. 2005, p. I-11137), apartado 54.

(52)  Asunto C-66/02, Italia/Comisión, antes citado, apartados 115 y 117, y asunto C-148/04, Unicredito Italiano, antes citado, apartados 56 y 58.

(53)  Asunto T-288/97, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia/Comisión (Rec. 2001, p. II-1169), apartado 72.

(54)  Asunto C-301/96, Alemania/Comisión (Rec. 2003, p. I-9919), apartados 66 y 105.

(55)  Asunto 730/79, Philip Morris contra Comisión (Rec. 1980, p. I-2671).

(56)  Véase el Plan de ayudas estatales de la Comisión de 7 de junio de 2005, COM(2005) 107, apartado 11.

(57)  Véase la decisión de la Comisión de 24 de enero de 2007, C(2006) 6630, en el asunto N 270/06, apartado 67.

(58)  Apartado 2.1.1 de la Comunicación de la Comisión sobre cooperativas.

(59)  Apartado II-2.3.1.

(60)  Esta condición no es aplicable a otras cooperativas, y el Órgano no dispone de información sobre si alguna otra cooperativa no eminentemente mutua de otros sectores queda cubierta por el régimen.


Corrección de errores

16.6.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 158/54


Corrección de errores del Reglamento (UE) no 446/2011 de la Comisión, de 10 de mayo de 2011, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinados alcoholes grasos y sus mezclas originarios de la India, Indonesia y Malasia

( Diario Oficial de la Unión Europea L 122 de 11 de mayo de 2011 )

En la página 61, en el artículo 1, en el apartado 2:

en lugar de:

«VVF Limited, Sion (East), Mumbai»,

léase:

«VVF Ltd., Taloja, Maharashtra».