23.2.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 48/1

(1)

Deben introducirse diversos cambios sustantivos en la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (3). Conviene proceder a la refundición de las disposiciones en cuestión por razones de claridad y racionalización.

(2)

La mayor parte de los bienes y servicios se suministran y prestan en el mercado interior entre agentes económicos o entre agentes económicos y poderes públicos mediante pagos aplazados, de manera que el proveedor concede a su cliente un plazo de pago de la factura, según lo acordado entre las partes, lo establecido en la factura del proveedor o las disposiciones legales.

(3)

En las operaciones comerciales entre agentes económicos o entre agentes económicos y poderes públicos muchos pagos se efectúan después del plazo acordado en el contrato o establecido en las condiciones generales de la contratación. Aunque ya se hayan suministrado los bienes o se hayan prestado los servicios, las facturas correspondientes se pagan con mucho retraso respecto al plazo previsto. Esta morosidad influye negativamente en la liquidez de las empresas, complica su gestión financiera y afecta a su competitividad y rentabilidad cuando se ven obligadas a solicitar financiación exterior. El riesgo de esta influencia negativa aumenta drásticamente en períodos de crisis económica, al hacerse más difícil la obtención de financiación.

(4)

Las acciones judiciales contra la morosidad ya están instrumentadas por el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (4), el Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (5), el Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (6), y el Reglamento (CE) no 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (7). Sin embargo, para desincentivar la morosidad en las operaciones comerciales, es necesario adoptar disposiciones complementarias.

(5)

Las empresas deben poder comerciar en todo el mercado interior en condiciones tales que garanticen que las operaciones transfronterizas no supongan mayores riesgos que las ventas en el mercado nacional. Se podrían producir distorsiones de la competencia si se aplicaran normas sustancialmente diferentes a las operaciones en el mercado nacional y a las transfronterizas.

(6)

En su Comunicación de 25 de junio de 2008, titulada «Pensar primero a pequeña escala — “Small Business Act” para Europa: iniciativa a favor de las pequeñas empresas», la Comisión destacó que debe facilitarse el acceso de las pequeñas y medianas empresas (PYME) a la financiación y desarrollarse un marco jurídico y empresarial que propicie la puntualidad de los pagos en las operaciones comerciales. Debe advertirse que los poderes públicos tienen una responsabilidad especial en este ámbito. Los criterios para la definición de las PYME se fijan en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (8).

(7)

Una de las acciones prioritarias de la Comunicación de la Comisión de 26 de noviembre de 2008, titulada «Un Plan Europeo de Recuperación Económica», consiste en reducir las cargas administrativas y fomentar la iniciativa empresarial, entre otras cosas, asegurándose de que, en principio, las facturas por suministros y servicios, incluidas las correspondientes a las PYME, se paguen en el plazo de un mes con el fin de aliviar sus problemas de liquidez.

(8)

Conviene que el ámbito de la presente Directiva se limite a los pagos efectuados como contraprestación en operaciones comerciales. La presente Directiva no debe regular las operaciones en las que intervienen consumidores, los intereses relacionados con otros pagos como, por ejemplo los efectuados en virtud de la legislación en materia de cheques y letras de cambio, los pagos de indemnizaciones por daños y perjuicios, incluidos los pagos realizados por compañías de seguros. Además, los Estados miembros deben tener la posibilidad de excluir las deudas sometidas a procedimientos concursales, incluidos los procedimientos que tienen por finalidad la reestructuración de la deuda.

(9)

La presente Directiva debe regular todas las operaciones comerciales con independencia de si se llevan a cabo entre empresas públicas o privadas o entre estas y los poderes públicos, teniendo en cuenta que los poderes públicos realizan pagos de un volumen considerable a las empresas. También debe regular todas las operaciones comerciales entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.

(10)

El hecho de que las profesiones liberales queden cubiertas por la presente Directiva no debe obligar a los Estados miembros a tratarlas como empresas o comerciantes en aspectos que no entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(11)

El suministro de mercancías y la prestación de servicios remunerados, a los que se aplica la presente Directiva, también deben incluir el diseño y la realización de obras públicas, así como los trabajos de construcción y de ingeniería civil.

(12)

La morosidad constituye un incumplimiento de contrato que se ha hecho económicamente provechoso para los deudores en la mayoría de los Estados miembros a causa de los bajos intereses aplicados o la no aplicación de intereses a los pagos que incurren en demora o de la lentitud de los procedimientos de recurso. Es necesario un cambio decisivo hacia una cultura de pago sin demora, que prevea, entre otras cosas, que la exclusión del derecho a cobrar intereses sea siempre considerada una práctica o una cláusula contractual manifiestamente abusiva, para invertir esta tendencia y desalentar la morosidad. Este cambio también debe incluir la introducción de disposiciones concretas sobre los plazos de pago y la compensación a los acreedores por los costes en que hayan incurrido así como, entre otras cosas, la indicación de que la exclusión del derecho a una compensación por los costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva.

(13)

En consecuencia, debe preverse que, como norma general, los plazos de pago contractuales entre empresas no excedan de 60 días naturales. No obstante, pueden darse casos en que las empresas necesiten plazos de pago más amplios, por ejemplo cuando las empresas desean conceder créditos comerciales a sus clientes. Por consiguiente, las partes deben seguir teniendo la posibilidad de acordar expresamente plazos de pago superiores a 60 días naturales, siempre que esta ampliación no sea manifiestamente abusiva para el acreedor.

(14)

En aras de la coherencia de la legislación de la Unión, a efectos de la presente Directiva debe aplicarse la definición de «poderes adjudicadores» recogida en la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (9), y en la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (10).

(15)

Debe calcularse diariamente el interés legal de demora como interés simple, de conformidad con el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos (11).

(16)

La presente Directiva no debe obligar al acreedor a reclamar intereses por demora en el pago. En caso de demora en los pagos, la presente Directiva debe permitir al acreedor cobrar intereses de demora sin necesidad de aviso previo de vencimiento o notificación similar que recuerde al deudor su obligación de pagar.

(17)

El pago del deudor se considerará demorado a efectos de tener derecho a intereses de demora cuando el acreedor, habiendo cumplido sus obligaciones legales y contractuales, no disponga del importe debido en la fecha prevista.

(18)

Las facturas equivalen a solicitudes de pago y constituyen documentos relevantes en la cadena de operaciones para el suministro de bienes y servicios, en particular, para determinar el plazo límite de pago. A efectos de la presente Directiva, conviene que los Estados miembros promuevan sistemas que generen seguridad jurídica respecto a la fecha exacta de recepción de las facturas por el deudor, incluido el ámbito de la facturación electrónica donde cabe generar constancia electrónica de la recepción de las facturas, y que está regulado parcialmente por las disposiciones sobre facturación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (12).

(19)

Es necesario compensar adecuadamente a los acreedores por los costes de cobro debidos a la morosidad para desalentar esta práctica. Los costes de cobro deben incluir los costes administrativos y una compensación por los gastos internos derivados de la morosidad, para los que la presente Directiva debe establecer una cantidad fija mínima acumulable con el interés de demora. La compensación en forma de una cantidad fija debe tener como objetivo limitar los costes administrativos e internos ligados al cobro. La compensación por los costes de cobro debe fijarse sin perjuicio de las disposiciones nacionales en virtud de las cuales un tribunal nacional pueda reconocer el derecho del acreedor a una indemnización adicional por los daños y perjuicios relacionados con la morosidad del deudor.

(20)

Además del derecho al pago de una cantidad fija para cubrir los costes internos relacionados con el cobro, los acreedores deben tener igualmente derecho al reembolso de los demás gastos de cobro ocasionados por el retraso en el pago por parte del deudor. Entre estos costes deben figurar, en particular, los gastos en los que haya incurrido el acreedor para la contratación de un abogado o de una agencia para la gestión de cobros.

(21)

La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a establecer cantidades fijas más elevadas como compensación por los costes de cobro y, por consiguiente, más favorables al acreedor, o a aumentar estas cantidades, entre otros aspectos para tener en cuenta la tasa de inflación.

(22)

La presente Directiva no debe impedir los pagos a plazos ni los pagos escalonados. No obstante, cada plazo o pago debe realizarse de conformidad con los términos acordados y debe estar sometido a las normas relativas a la morosidad recogidas en la presente Directiva.

(23)

En general, los poderes públicos disponen de fuentes de ingresos más seguras, previsibles y continuas que las empresas. Además, muchos poderes públicos pueden obtener financiación a unas condiciones más ventajosas que las empresas. Por otra parte, dependen menos que las empresas privadas del establecimiento de relaciones comerciales estables para alcanzar sus objetivos. Los plazos de pago dilatados y la morosidad de los poderes públicos respecto a los bienes y servicios conllevan costes injustificados a las empresas. Procede, por tanto, introducir normas específicas con respecto a las operaciones comerciales en lo que se refiere al suministro de bienes y la prestación de servicios por parte de empresas a los poderes públicos que prevean, en particular, períodos de pago que, como regla general, no superen los 30 días naturales, salvo acuerdo expreso en contrario recogido en el contrato y siempre que esté objetivamente justificado a la luz de la naturaleza o las características particulares del contrato, y que en ningún caso superen los 60 días naturales.

(24)

No obstante, debe tenerse en cuenta la situación específica de los poderes públicos que, en calidad de empresas públicas, realizan actividades económicas de carácter industrial o mercantil consistentes en ofrecer bienes o servicios en el mercado. En este contexto, los Estados miembros deben tener la posibilidad, en determinadas condiciones, de ampliar el plazo legal de pago recogido en el contrato hasta un máximo de 60 días naturales.

(25)

En lo que a la morosidad se refiere, la situación de los servicios sanitarios en numerosos Estados miembros resulta particularmente preocupante. Los sistemas de asistencia sanitaria, en cuanto constituyen una parte esencial de la infraestructura social de Europa, se ven obligados frecuentemente a conciliar las necesidades individuales con los recursos financieros existentes, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población europea, el aumento de la esperanza de vida y los avances médicos. Todos los sistemas deben abordar el reto de establecer las prioridades en el ámbito sanitario de forma que se alcance un equilibrio entre las necesidades de cada paciente y los recursos financieros disponibles. Por lo tanto, los Estados miembros deben tener la posibilidad de conceder a las entidades públicas que prestan servicios de asistencia sanitaria un cierto grado de flexibilidad en el cumplimiento de sus compromisos. En este contexto, los Estados miembros deben tener la posibilidad, en determinadas condiciones, de ampliar el plazo legal de pago recogido hasta un máximo de 60 días naturales. Los Estados miembros, deben, no obstante, hacer todo lo posible para que los pagos en el sector de la asistencia sanitaria se realicen de acuerdo con los plazos legales de pago.

(26)

Para asegurar el cumplimiento del objetivo perseguido con la presente Directiva, los Estados miembros deben velar por que en las operaciones comerciales la duración máxima de un procedimiento de aceptación o de verificación no supere, como regla general, los 30 días naturales. No obstante, un procedimiento de verificación podría superar los 30 días naturales, por ejemplo, en caso de contratos particularmente complejos, cuando se haya acordado expresamente en el contrato y en alguno de los documentos de licitación, y si no resulta manifiestamente abusivo para el acreedor.

(27)

Las instituciones de la Unión se encuentran en una situación comparable a la de los poderes públicos de los Estados miembros en lo que respecta a su financiación y relaciones comerciales. El Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (13), precisa que las operaciones de liquidación, ordenación de pagos y libramiento de pago habrán de realizarse en un plazo determinado que se fijará en las normas de desarrollo. Estas normas de desarrollo las fijan en la actualidad el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (14), y especifican las circunstancias en las que los acreedores a los que se les ha pagado con retraso tienen derecho a recibir intereses de demora. En el contexto de la revisión que se está llevando a cabo en la actualidad de estos Reglamentos, habría que velar por que los plazos límite para que las instituciones de la Unión realicen los pagos estén armonizados con los períodos legales aplicables a los poderes públicos de conformidad con la presente Directiva.

(28)

La presente Directiva debe prohibir el abuso de la libertad de contratación en perjuicio del acreedor. En consecuencia, cuando una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés de demora o la compensación por los costes de cobro no esté justificada sobre la base de las condiciones acordadas al deudor o cuando sirva principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, podrán considerarse factores constitutivos de dicho abuso. Por consiguiente, y de conformidad con el proyecto académico «Marco Común de Referencia», debe considerarse abusiva para el acreedor toda cláusula contractual o práctica que se desvíe manifiestamente de las buenas prácticas comerciales, que sea contraria a la buena fe y a la lealtad contractual. En particular, la exclusión de principio del derecho a cobrar intereses debe considerarse siempre manifiestamente abusiva, mientras que la exclusión del derecho a una compensación por los costes de cobro debe presumirse manifiestamente abusiva. La presente Directiva no debe afectar a las disposiciones nacionales que regulan la manera en que se celebran los contratos o la validez de las condiciones contractuales abusivas para el deudor.

(29)

En el marco de un mayor esfuerzo por evitar el abuso de la libertad de contratación en perjuicio de los acreedores, las organizaciones oficialmente reconocidas como representantes de las empresas y las que tienen un interés legítimo en representarlas deben poder ejercer acciones ante los tribunales nacionales o los órganos administrativos para evitar que sigan aplicándose cláusulas contractuales o prácticas que resulten manifiestamente abusivas para el acreedor.

(30)

Para contribuir a alcanzar el objetivo de la presente Directiva, los Estados miembros deben reforzar la difusión de las buenas prácticas, incluida la promoción de la publicación de una lista de pagadores puntuales.

(31)

Conviene garantizar que los acreedores puedan hacer uso de la cláusula de reserva de dominio con carácter no discriminatorio en toda la Unión, si la cláusula de reserva de dominio es válida con arreglo a las disposiciones nacionales aplicables de conformidad con el Derecho internacional privado.

(32)

La presente Directiva únicamente define el término «título ejecutivo», pero no debe regular los diferentes procedimientos para la ejecución forzosa de dicho título ni las condiciones bajo las cuales se puede detener o suspender la ejecución forzosa del mismo.

(33)

Las consecuencias de la morosidad solo pueden ser disuasorias si van acompañadas de procedimientos de recurso rápidos y eficaces para el acreedor. De conformidad con el principio de no discriminación establecido en el artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tales procedimientos deben estar a disposición de todos los acreedores establecidos en la Unión.

(34)

Con objeto de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, los Estados miembros deben fomentar el recurso a la mediación o a otros medios alternativos de solución de conflictos. La Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (15), establece un marco por lo que respecta a los sistemas de mediación en el ámbito de la Unión, en particular en lo que se refiere a las disputas transfronterizas, sin que ello impida su aplicación a los sistemas internos de mediación. Los Estados miembros también deben animar a las partes interesadas a elaborar códigos voluntarios de conducta cuyo objetivo sea, en particular, contribuir a la aplicación de la presente Directiva.

(35)

Es necesario garantizar que los procedimientos de cobro de créditos no impugnados en caso de morosidad en las operaciones comerciales concluyan en breve plazo, incluso mediante un procedimiento acelerado e independientemente del importe de la deuda.

(36)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, en concreto, la lucha contra la morosidad en el mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo.

(37)

La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación sustantiva respecto a la Directiva 2000/35/CE. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas emana de dicha Directiva.

(38)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y a la aplicación de la Directiva 2000/35/CE.

(39)

De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (16), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Unión, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la correspondencia entre la presente Directiva y sus medidas de transposición a nivel nacional, y a hacerlos públicos.

i)

el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación más recientes, o bien

ii)

el tipo de interés marginal resultante de procedimientos de licitación a tipo variable para las operaciones principales de refinanciación del Banco Central Europeo más recientes;

a)

el acreedor ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales, y

b)

el acreedor no ha recibido la cantidad adeudada a tiempo, a menos que el retraso no sea imputable al deudor.

a)

el primer semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de enero de dicho año;

b)

el segundo semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de julio de dicho año.

a)

el acreedor tenga derecho a un interés de demora a partir del día siguiente a la fecha de pago o al término del plazo de pago que se fije en el contrato;

b)

si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el acreedor tenga derecho a un interés de demora al vencimiento de cualquiera de los plazos siguientes:

a)

el acreedor ha cumplido sus obligaciones contractuales y legales, y

b)

el acreedor no ha recibido la cantidad adeudada a tiempo, a menos que el retraso no sea imputable al deudor.

a)

el primer semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de enero de dicho año;

b)

el segundo semestre del año en cuestión, sea el que esté en vigor el 1 de julio de dicho año.

a)

el plazo de pago no supere ninguno de los plazos siguientes:

b)

la fecha de recepción de la factura no sea objeto de acuerdo contractual entre el deudor y el acreedor.

a)

poderes públicos que realicen actividades económicas de carácter industrial o mercantil y entreguen bienes o presten servicios en el mercado y que, en su calidad de empresas públicas, estén sometidos a los requisitos en materia de transparencia recogidos en la Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (17);

b)

entidades públicas que presten servicios de asistencia sanitaria y que estén debidamente reconocidas para ello.

a)

cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales, contraria a la buena fe y actuación leal;

b)

la naturaleza del bien o del servicio, así como

c)

si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés legal de demora, del plazo de pago estipulado en el artículo 3, apartado 5, el artículo 4, apartados 3, 4 y 6, o de la cantidad fija a la que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1.

a)

los plazos requeridos para notificación;

b)

los retrasos ocasionados por el acreedor, como por ejemplo los plazos para subsanar demandas o recursos no admisibles.

23.2.2011   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 48/11

(1)

A España se le asignó una cuota de pesca de caballa en las zonas VIIIc, IX y X y en las aguas de la UE del CPACO 34.1.1 para el año 2010 mediante el Reglamento (UE) no 53/2010 del Consejo (2) y para el año 2011 mediante el Reglamento (UE) no 57/2011 del Consejo (3).

(2)

La cuota de pesca de caballa para 2010 se redujo tras los cambios efectuados por España con Francia y Portugal, al amparo del artículo 20, apartado 5, del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (4).

(3)

La Comisión detectó incoherencias en los datos comunicados por España sobre la pesquería de caballa en 2010 mediante un control cruzado de dichos datos, tal como habían sido registrados y notificados en diferentes etapas de la cadena de valor, desde la captura hasta la primera venta. Estas incoherencias fueron corroboradas posteriormente a través de varias auditorías, visitas de verificación e inspecciones efectuadas en España, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1224/2009. Las pruebas reunidas en el curso de la investigación permitieron a la Comisión demostrar que dicho Estado miembro había rebasado su cuota de caballa para 2010 en 19 621 toneladas.

(4)

De acuerdo con el artículo 105, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1224/2009, si la Comisión establece que un Estado miembro ha rebasado las cuotas que se le hubieren asignado, efectuará deducciones de las futuras cuotas de dicho Estado miembro.

(5)

Según el artículo 105, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1224/2009, las deducciones de las cuotas de pesca se efectuarán en el año o años siguientes mediante la aplicación de determinados coeficientes multiplicadores previstos en dicho apartado.

(6)

Las deducciones aplicables por la sobrepesca practicada en 2010 son superiores a la cuota asignada a España para 2011 para dicha población.

(7)

La población de caballa en cuestión se encuentra actualmente dentro de los límites biológicos de seguridad y el dictamen científico indica que es probable que se mantenga así a corto plazo. Una aplicación inmediata y total de la deducción de la cuota de caballa de España para 2011 daría lugar a un cierre total de esta pesquería en 2011. En las circunstancias particulares de este caso, un cierre completo puede implicar graves riesgos de consecuencias socioeconómicas desproporcionadas tanto para el sector pesquero como para la industria de transformación asociada. Por consiguiente y teniendo en cuenta los objetivos de la Política Pesquera Común, se considera adecuado, en este caso particular, aplicar las deducciones necesarias para la restitución de las cantidades objeto de sobrepesca a lo largo de un período de 5 años, desde 2011 hasta 2015 y, en caso necesario, aplicar nuevas deducciones de la cuota de caballa asignada para los años inmediatamente siguientes a este período.

23.2.2011   

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L 48/14

23.2.2011   

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L 48/16

(1)

El Reglamento (UE) no 691/2010, de 29 de julio de 2010, que adopta un sistema de evaluación del rendimiento para los servicios de navegación aérea y las funciones de red y que modifica el Reglamento (CE) no 2096/2005, por el que se establecen requisitos comunes para la prestación de servicios de navegación aérea (2) establece la adopción por la Comisión de objetivos de rendimiento para toda la Unión Europea.

(2)

El 27 de mayo de 2010, la Comisión celebró una consulta sobre la estrategia y los procedimientos para establecer los objetivos de rendimiento para toda la Unión Europea en la que participaron todas las partes interesadas enumeradas en el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 549/2004.

(3)

El 29 de julio de 2010, la Comisión, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (UE) no 691/2010, designó un organismo de evaluación del rendimiento que la asistiera en la aplicación del sistema de evaluación del rendimiento.

(4)

El organismo de evaluación del rendimiento, en colaboración con la AESA, elaboró propuestas de objetivos de rendimiento para toda la Unión Europea que el 2 de agosto de 2010 presentó para consulta con las partes interesadas de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) no 691/2010.

(5)

Se ha comprobado, conjuntamente con la AESA, la coherencia con los objetivos prioritarios de seguridad de los objetivos de rendimiento en materia de medio ambiente, capacidad y rentabilidad propuestos por el organismo de evaluación del rendimiento para toda la Unión Europea.

(6)

El 27 de septiembre de 2010, el organismo de evaluación del rendimiento emitió sus recomendaciones sobre los objetivos de rendimiento para toda la Unión Europea para el período 2012-2014 en un informe en el que se justifica cada una de las recomendaciones con una descripción de las hipótesis y el razonamiento seguidos para fijar los objetivos, y en cuyos anexos figura un documento que resume el proceso de consulta, así como un documento de respuesta que resume la forma en que fueron tenidas en cuenta las observaciones.

(7)

Los objetivos de rendimiento para toda la Unión Europea se basan en la información de que disponían la Comisión y el organismo de evaluación del rendimiento a fecha de 24 de noviembre de 2010. Según las previsiones facilitadas por los Estados miembros a la Comisión y a Eurocontrol con arreglo al Reglamento (CE) no 1794/2006 de la Comisión (3), el tipo unitario medio determinado a nivel de la Unión Europea para los servicios de navegación aérea en ruta sería de 55,91 EUR en 2014 (a precios de 2009), con un valor anual intermedio de 58,38 EUR en 2012 y 56,95 en 2013. Estos valores tienen en cuenta los últimos costes previstos por Eurocontrol, incluida una reducción única de 0,69 EUR por unidad de servicio en ruta en 2011. Teniendo en cuenta el informe del organismo de evaluación del rendimiento y las mejoras de eficiencia que se obtendrán con la aplicación gradual y coordinada del segundo paquete del «cielo único europeo», la Comisión considera que el objetivo de rentabilidad puede establecerse para toda la Unión Europea a un nivel inferior al previsto en los últimos planes consolidados de los Estados miembros.

(8)

El Plan Director de Gestión del Tráfico Aéreo, un documento evolutivo que constituye la hoja de ruta común acordada para el desarrollo y la instalación del SESAR, fue refrendado por el Consejo el 30 de marzo de 2009 (4). Este plan presenta la visión política y los principales objetivos de la Comisión en lo que se refiere al cielo único europeo y a su pilar tecnológico en los ámbitos de rendimiento principales, que son la seguridad, el medio ambiente, la capacidad y la eficiencia económica. El establecimiento de los objetivos de rendimiento para toda la Unión Europea debe considerarse parte de un proceso para alcanzar esos objetivos.

(9)

Durante el primer período de referencia del sistema de evaluación, la Comisión, asistida por la AESA, deberá evaluar y validar los indicadores de rendimiento clave en materia de seguridad a fin de garantizar que los riesgos de seguridad se identifiquen, limiten y gestionen adecuadamente. Los Estados miembros deberán supervisar y publicar los indicadores de rendimiento clave y podrán establecer los objetivos correspondientes.

(10)

En aplicación del considerando 18, los artículos 10 y 13, el anexo II, apartado 1.2, y el anexo III, apartado 1, del Reglamento (UE) no 691/2010, los objetivos de rendimiento a escala nacional o de bloque funcional de espacio aéreo no tienen que ser necesariamente iguales a los objetivos de rendimiento para toda la Unión Europea, pero sí deben ser compatibles con los mismos. Los planes de rendimiento a escala nacional o de bloque funcional de espacio aéreo deberán reflejar esa compatibilidad.

(11)

La evaluación de los planes y objetivos de rendimiento a escala nacional o de bloque funcional del espacio aéreo deberá ser global, y la Comisión deberá realizarla sopesando cada objetivo frente a los demás de forma equilibrada, ponderando la posibilidad de compensar unos ámbitos de rendimiento con otros, y teniendo presentes los objetivos primordiales de seguridad. La evaluación deberá tener en cuenta las características locales, en particular en lo que se refiere a los Estados con tipos unitarios bajos o que se benefician del mecanismo de apoyo europeo, como son las medidas de contención ya emprendidas, los costes previstos de programas específicos de mejora del rendimiento en ámbitos de rendimiento dedicados, así como especificidades tales como los logros y los fracasos. En aplicación del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) no 691/2010, la evaluación deberá tener debidamente en cuenta la evolución que haya podido registrar la situación entre la fecha de adopción de esos objetivos de la Unión y la fecha de evaluación del plan de rendimiento. La evaluación también deberá tener en cuenta los progresos registrados por los Estados miembros desde la adopción del Reglamento (CE) no 1070/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) en los distintos ámbitos de rendimiento clave, y en particular en el de la rentabilidad.

(12)

En aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) no 1794/2006, los Estados miembros deberán poder trasladar los beneficios o las pérdidas registradas hasta el año 2011 incluido.

(13)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité del Cielo Único.

1)

El tránsito previsto a nivel de la Unión Europea, expresado en unidades de servicio en ruta: 108 776 000 en 2012, 111 605 000 en 2013 y 114 610 000 in 2014.

2)

Los costes determinados de referencia previstos a nivel de la Unión Europea (en términos reales, en euros de 2009): 6 296 000 000 EUR en 2012, 6 234 000 000 EUR en 2013 y 6 179 000 000 EUR en 2014.