29.1.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/1

(1)

La crisis sin precedentes que afecta a los mercados financieros internacionales plantea grandes retos para la Comunidad que exigen una reacción rápida para contrarrestar sus efectos sobre la economía en su conjunto, y, en particular, para apoyar las inversiones, de manera que se estimulen el crecimiento y el empleo.

(2)

El marco reglamentario del período de programación 2007-2013 se ha adoptado con el objetivo de incrementar la simplificación de la programación y de la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión, la eficacia de su intervención y la subsidiariedad de su ejecución.

(3)

Es necesario adaptar algunas disposiciones del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (1), a fin de facilitar la movilización de los recursos financieros comunitarios para el comienzo de los programas operativos así como de los proyectos subvencionados en el marco de dichos programas, de manera que se aceleren la ejecución y el impacto de tales inversiones en la economía.

(4)

Conviene reforzar las posibilidades del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) para ayudar a los Estados miembros a preparar y ejecutar los programas operativos.

(5)

Habida cuenta del papel del BEI y el FEI como entidades financieras de la Comunidad en virtud del Tratado, cuando se organicen a través de ellos operaciones de ingeniería financiera como fondos de cartera debe ser posible adjudicarles directamente un contrato.

(6)

Para facilitar el recurso a instrumentos de ingeniería financiera, en particular en el sector del desarrollo urbano sostenible, conviene prever la posibilidad de contribuciones en especie como gastos subvencionables para constituir los fondos y contribuir a ellos.

(7)

En el marco de las ayudas estatales a tenor del artículo 87 del Tratado, para apoyar a las empresas y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas, conviene flexibilizar las condiciones relativas a la parte de los adelantos abonados a los beneficiarios que pueden incluirse en la declaración de gastos.

(8)

Para acelerar la ejecución de grandes proyectos, debe permitirse que los gastos relativos a ellos aún no aprobados por la Comisión puedan incluirse en la declaración de gastos.

(9)

A fin de reforzar la disponibilidad de fondos de los Estados miembros para un comienzo rápido de los programas operativos en un contexto de crisis, conviene modificar las disposiciones relativas a la prefinanciación.

(10)

Los pagos a cuenta efectuados al inicio de los programas operativos deben poder garantizar un flujo regular de efectivo y facilitar los pagos a los beneficiarios durante la ejecución de dichos programas. A tal efecto, deben adoptarse disposiciones para el pago a cuenta de, por lo que se refiere a los Fondos Estructurales, el 7,5 % (para los Estados miembros de la Unión Europea cuya adhesión se produjo antes del 1 de mayo de 2004) y el 9 % (para los Estados miembros cuya adhesión a la Unión Europea se produjo el 1 de mayo de 2004 o posteriormente) a fin de acelerar la ejecución de los programas operativos.

(11)

En virtud de los principios de igualdad de trato y seguridad jurídica, las modificaciones relativas al artículo 56, apartado 2, y al artículo 78, apartado 1, deben poder aplicarse durante la totalidad del período de programación 2007-2013. Por consiguiente, es necesaria una aplicación retroactiva a partir del 1 de agosto de 2006, fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1083/2006. Dado que la crisis sin precedentes que ha afectado a los mercados financieros internacionales requiere una rápida respuesta para contrarrestar sus efectos en el conjunto de la economía, otras modificaciones deben entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(12)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1083/2006 en consecuencia.

1)

En el artículo 44, el párrafo segundo se modifica como sigue:

2)

En el artículo 46, apartado 1, se añade el párrafo segundo siguiente:

«El BEI o el FEI podrán, previa solicitud de los Estados miembros, participar en las actividades de asistencia técnica mencionadas en el párrafo primero.».

3)

En el artículo 56, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las contribuciones en especie, los costes de depreciación y los gastos generales podrán ser considerados como gastos efectuados por los beneficiarios en la ejecución de las operaciones, en las condiciones establecidas en el párrafo tercero del presente apartado.

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, en el caso de los instrumentos de ingeniería financiera y a los efectos del artículo 78, apartado 6, párrafo primero, las contribuciones en especie podrán ser consideradas como gastos abonados para constituir fondos o fondos de cartera o contribuir a ellos en las condiciones establecidas en el párrafo tercero del presente apartado.

Los gastos mencionados en los párrafos primero y segundo deberán cumplir las siguientes condiciones:

4)

El artículo 78 queda modificado como sigue:

5)

En el artículo 82, apartado 1, párrafo segundo, las letras a), b) y c) se sustituyen por el texto siguiente:

29.1.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/4

29.1.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/6

(1)

El Reglamento (CE) no 327/98 abre y establece el modo de gestión de determinados contingentes arancelarios de importación de arroz y arroz partido, repartidos por países de origen y divididos en varios subperíodos conforme a lo indicado en el anexo IX del citado Reglamento.

(2)

El mes de enero constituye el primer subperíodo para los contingentes establecidos en el artículo 1, apartado 1, letras a), b), c) y d), del Reglamento (CE) no 327/98.

(3)

Según se desprende de las comunicaciones efectuadas en aplicación del artículo 8, letra a), del Reglamento (CE) no 327/98, las solicitudes presentadas a lo largo de los diez primeros días hábiles del mes de enero de 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento citado, para los contingentes con los números de orden 09.4148, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 y 09.4166, se refieren a una cantidad superior a la disponible. Por consiguiente, es preciso determinar en qué medida pueden expedirse los certificados de importación, mediante la fijación de un coeficiente de asignación que se aplicará a las cantidades solicitadas para los contingentes en cuestión.

(4)

Además, de las comunicaciones antes mencionadas se desprende que, en el caso de los contingentes con los números de orden 09.4127, 09.4128, 09.4149, 09.4150, 09.4152 y 09.4153, las solicitudes presentadas a lo largo de los diez primeros días hábiles del mes de enero de 2009, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 327/98, se refieren a una cantidad inferior a la disponible.

(5)

Procede, por consiguiente, fijar las cantidades totales disponibles en el subperíodo contingentario siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 327/98, para los contingentes con los números de orden 09.4127, 09.4128, 09.4148, 09.4149, 09.4150, 09.4152, 09.4153, 09.4154, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 y 09.4166.

29.1.2009   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/9

(1)

De conformidad con los Reglamentos (CE) no 950/2006 y/o (CE) no 508/2007 del Consejo, de 7 de mayo de 2007, por el que se abren contingentes arancelarios para la importación en Bulgaria y Rumanía de azúcar de caña en bruto destinado a las refinerías en las campañas de comercialización de 2006/07, 2007/08 y 2008/09 (3), durante el período comprendido entre el 19 al 23 de enero de 2009 se presentaron a las autoridades competentes solicitudes de certificados de importación por una cantidad total igual o superior a la cantidad disponible para el número de orden 09.4332 (2008-2009).

(2)

En tales circunstancias, la Comisión debe fijar un coeficiente de asignación que permita la expedición de los certificados de forma proporcional a la cantidad disponible y notificar a los Estados miembros que se ha alcanzado el límite correspondiente.

29.1.2009   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/14

(1)

En el Protocolo no 2 del Acuerdo Bilateral de Libre Comercio entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega (3), así como en el Protocolo 3 del Acuerdo EEE (4), se fijan los acuerdos comerciales para determinados productos agrícolas y productos agrícolas transformados entre las partes contratantes.

(2)

El Protocolo 3 del Acuerdo EEE, modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 138/2004 (5), establece la aplicación de un derecho cero a determinadas aguas con adición de azúcar u otro edulcorante o aromatizadas, clasificadas con el código NC 2202 10 00, y a determinadas bebidas no alcohólicas con adición de azúcar, clasificadas con el código NC 2202 90 10.

(3)

La aplicación del derecho cero a las aguas y las demás bebidas en cuestión ha sido suspendida temporalmente para Noruega en virtud del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y el Reino de Noruega sobre el Protocolo no 2 del Acuerdo Bilateral de Libre Comercio entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Noruega (6) (en lo sucesivo, «el Acuerdo»), aprobado por la Decisión 2004/859/CE. Con arreglo al punto IV del acta aprobada del Acuerdo, sólo se permiten importaciones libres de derechos de mercancías procedentes de Noruega clasificadas con los códigos NC 2202 10 00 y ex 2202 90 10 dentro de los límites de un contingente libre de derechos, mientras que las cantidades importadas fuera del contingente se gravan con un derecho.

(4)

Mediante el Reglamento (CE) no 93/2008 de la Comisión (7), se retiró la suspensión temporal del régimen libre de derechos para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008 aplicable a la importación en la Comunidad de determinadas mercancías originarias de Noruega con los códigos NC 2202 10 00 y ex 2202 90 10.

(5)

Es preciso abrir el contingente arancelario correspondiente a 2009 para las bebidas no alcohólicas mencionadas. Mediante el Reglamento (CE) no 1795/2006 de la Comisión (8), se abrió el último contingente anual para los productos en cuestión, correspondiente a 2007. Dado que no se abrió ningún contingente anual respecto a 2008, el volumen del contingente de 2009 debe equivaler al establecido para 2007.

(6)

El Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunitario (9), establece normas para la gestión de los contingentes arancelarios. Conviene determinar que el contingente arancelario abierto mediante el presente Reglamento se gestione con arreglo a dichas disposiciones.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de cuestiones horizontales relativas a los intercambios de productos transformados que no figuran en el anexo I.

29.1.2009   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/16

a la Sra. BAKER, nacida en Londres (Reino Unido) el 27 de octubre de 1936,

al Sr. O'DONOVAN, nacido en Londres (Reino Unido) el 26 de septiembre de 1946,

a la Sra. Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, nacida en Amsterdam (Países Bajos) el 25 de junio de 1950,

y

al Sr. Henk VAARKAMP, nacido en Terschuur (Países Bajos) el 22 de junio de 1950.

29.1.2009   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/17

(1)

Las cuentas del Banco Central Europeo (BCE) y de los bancos centrales nacionales son controladas por auditores externos independientes, designados por recomendación del Consejo de Gobierno del BCE y aprobados por el Consejo de la Unión Europea.

(2)

Dado que el mandato de los actuales auditores externos del Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta finalizará tras la auditoría del ejercicio de 2008, es necesario nombrar a un auditor externo para el ejercicio 2009.

(3)

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo ha recomendado designar a KPMG como auditor externo para los ejercicios 2009 a 2013.

(4)

Procede seguir la recomendación del Consejo de Gobierno del BCE y modificar en consecuencia la Decisión 1999/70/CE (2).

29.1.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/18

(1)

Dentro del denominado «proceso Lamfalussy», la Comisión adoptó la Decisión 2001/527/CE, de 6 de junio de 2001, por la que se crea el Comité de responsables europeos de reglamentación de valores (1) (en lo sucesivo, «el Comité»). El Comité asumió sus funciones el 7 de junio de 2001, actuando como órgano independiente de reflexión, debate y asesoramiento de la Comisión en el ámbito de los valores mobiliarios.

(2)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE y 93/6/CEE del Consejo y las Directivas 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE y 2002/87/CE, a fin de establecer una nueva estructura organizativa de los comités de servicios financieros (2), la Comisión llevó a cabo en 2007 una revisión del proceso Lamfalussy y presentó su evaluación en una Comunicación de 20 de noviembre de 2007 titulada «Revisión del proceso Lamfalussy-Mayor convergencia en la supervisión» (3).

(3)

En la Comunicación, la Comisión hacía hincapié en la importancia del Comité de responsables europeos de reglamentación de valores, del Comité de supervisores bancarios europeos y del Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación (en lo sucesivo, «los Comités de supervisores») en un mercado financiero europeo cada día más integrado. Se consideraba necesario un marco claramente definido en el que estos Comités pudieran desarrollar sus actividades en materia de convergencia y cooperación en las prácticas supervisoras.

(4)

Paralelamente a la revisión del funcionamiento del proceso Lamfalussy, el Consejo invitó a la Comisión a aclarar la función de los Comités de supervisores y estudiar la totalidad de las diversas opciones para afianzar la actuación de dichos Comités, sin desequilibrar la actual estructura institucional ni reducir la responsabilidad de los supervisores (4).

(5)

En su reunión de 13 y 14 de marzo de 2008, el Consejo Europeo pidió que se perfeccionara sin demora el funcionamiento de los Comités de supervisores (5).

(6)

El 14 de mayo de 2008 (6), el Consejo instó a la Comisión a revisar sus decisiones por las que se crean los Comités de supervisores, en aras de la coherencia y congruencia de sus mandatos y funciones, así como para afianzar sus contribuciones a la cooperación y convergencia en materia de supervisión. El Consejo apuntó que podían atribuirse explícitamente a los Comités tareas específicas a fin de impulsar la cooperación y la convergencia en materia de supervisión y afianzar su papel en la evaluación de los riesgos que pesan sobre la estabilidad financiera. En consecuencia, resulta oportuno establecer un marco jurídico reforzado con respecto a la función y las tareas del Comité en este contexto.

(7)

Resulta oportuno que el Comité actúe como grupo consultivo independiente de la Comisión en el ámbito de los valores.

(8)

Resulta oportuno, asimismo, que el Comité contribuya a la implementación cotidiana común y uniforme de la legislación comunitaria y a una aplicación coherente de la misma por las autoridades de supervisión.

(9)

El Comité carece de facultades reguladoras a nivel comunitario. Debe realizar evaluaciones inter pares, promover buenas prácticas y emitir directrices, recomendaciones y normas no vinculantes a fin de lograr una mayor convergencia en toda la Comunidad.

(10)

Una cooperación bilateral y multilateral más intensa en el ámbito de la supervisión depende del entendimiento y la confianza mutuos entre autoridades supervisoras. El Comité debe contribuir a mejorar esa cooperación.

(11)

El Comité debe igualmente fomentar la convergencia de las prácticas supervisoras en toda la Comunidad. Con vistas a concretar más este objetivo, procede establecer una lista indicativa y abierta de tareas que el Comité deba realizar.

(12)

Para resolver los litigios de dimensión transfronteriza entre autoridades de supervisión, en particular en los colegios de supervisores, el Comité debe proporcionar un mecanismo voluntario y no vinculante de mediación.

(13)

A fin de aprovechar la experiencia adquirida por el Comité, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades de supervisión, estas han de poder someter cuestiones concretas al Comité con vistas a obtener un dictamen no vinculante del mismo.

(14)

El intercambio de información entre autoridades de supervisión es fundamental para el desempeño de sus funciones. Asimismo, resulta primordial para la supervisión eficiente de los mercados de valores y la estabilidad financiera. Aunque la legislación sobre valores impone claramente a las autoridades de supervisión la obligación jurídica de cooperar e intercambiar información, resulta oportuno que el Comité facilite la labor práctica diaria de intercambio de información entre ellas, sin perjuicio de las pertinentes disposiciones sobre confidencialidad contenidas en la legislación aplicable.

(15)

Con objeto de reducir la duplicación de labores de supervisión, racionalizando así el proceso supervisor, así como de aliviar la carga impuesta a los operadores del mercado, el Comité debe facilitar la delegación de tareas entre autoridades de supervisión, en particular en los casos previstos en la legislación pertinente.

(16)

A fin de fomentar la convergencia y coherencia entre los colegios de supervisores y garantizar así condiciones de competencia equitativas, conviene que el Comité controle su funcionamiento, sin menoscabar la independencia de los miembros del colegio.

(17)

La calidad, la comparabilidad y la congruencia de los informes de supervisión son vitales de cara a la eficiencia de costes de los mecanismos de supervisión comunitarios y la carga que supone para las entidades transfronterizas el cumplimiento de las normas. Resulta oportuno que el Comité contribuya a garantizar que se eliminen los solapamientos y duplicaciones y que los datos de los informes sean comparables y de calidad adecuada.

(18)

Los sistemas financieros de la Comunidad están estrechamente vinculados y lo que suceda en un Estado miembro puede tener importantes repercusiones para las entidades y los mercados financieros de otros Estados miembros. La continua multiplicación de los conglomerados financieros y la difuminación de la línea divisoria entre las actividades de las empresas de los sectores bancario, de valores y de seguros suponen retos adicionales para la supervisión a nivel nacional y comunitario. Con vistas a preservar la estabilidad financiera, se necesita un sistema, dentro del Comité, del Comité de supervisores bancarios europeos y del Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación, para determinar en una fase temprana los posibles riesgos, a nivel transfronterizo e intersectorial, e informar, cuando sea necesario, a la Comisión y a los demás Comités. Por otra parte, es esencial que el Comité se asegure de que los ministerios de Economía y Hacienda y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros sean informados. El Comité tiene una función que desempeñar a este respecto determinando los riesgos que pesan sobre el sector de valores y comunicando periódicamente los resultados a la Comisión. El Consejo debe también ser informado de estas evaluaciones. Asimismo, resulta oportuno que el Comité coopere con el Parlamento Europeo y le proporcione información periódica sobre la situación del sector de valores. En este contexto, el Comité no debe divulgar información sobre entidades supervisadas concretas.

(19)

A fin de tratar adecuadamente las cuestiones intersectoriales, conviene coordinar las actividades del Comité con las del Comité de supervisores bancarios europeos, las del Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación, y las del Comité de supervisión bancaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Esta coordinación es particularmente importante a la hora de hacer frente a posibles riesgos intersectoriales que amenacen la estabilidad financiera.

(20)

Con objeto de evitar la duplicación de los trabajos, impedir cualquier incoherencia, mantener al Comité al día de los progresos y brindarle la posibilidad de intercambiar información con el Comité de supervisores bancarios europeos y el Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación en relación con la supervisión de los conglomerados financieros, procede que el Comité pueda participar en el Comité mixto de conglomerados financieros.

(21)

Habida cuenta de la mundialización de los servicios financieros y de la mayor importancia de las normas internacionales, resulta oportuno también que el Comité intensifique el diálogo y la cooperación con supervisores del exterior de la Comunidad.

(22)

La responsabilidad del Comité ante las instituciones comunitarias reviste enorme importancia y debe ajustarse a normas claramente establecidas, sin por ello afectar a la independencia de los supervisores.

(23)

El Comité debe establecer su propio reglamento interno y respetar plenamente las prerrogativas de las instituciones y el equilibrio institucional que establece el Tratado. El marco perfeccionado en que se desarrollarán las actividades del Comité debe ir unido a mejores procesos de trabajo. A tal fin, en el supuesto de que no pueda haber consenso, las decisiones deben adoptarse por mayoría cualificada, con arreglo a las normas establecidas en el Tratado.

(24)

En aras de la claridad y la seguridad jurídica debe derogarse la Decisión 2001/527/CE.

a)

actuará como mediador o facilitará la mediación entre autoridades de supervisión en los casos indicados en la legislación pertinente o a instancia de una autoridad de supervisión;

b)

proporcionará dictámenes a las autoridades de supervisión en los casos indicados en la legislación pertinente o a instancia de aquellas;

c)

promoverá un intercambio bilateral y multilateral eficaz de información entre autoridades de supervisión, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de confidencialidad;

d)

facilitará la delegación de funciones entre autoridades de supervisión, en particular determinando las funciones que puedan delegarse y promoviendo buenas prácticas;

e)

contribuirá a garantizar un funcionamiento eficiente y coherente de los colegios de supervisores, en particular estableciendo directrices en relación con el funcionamiento operativo de los colegios, comprobando la coherencia de las prácticas de los distintos colegios e intercambiando buenas prácticas;

f)

contribuirá a desarrollar normas comunes y de elevada calidad en materia de informes de supervisión;

g)

examinará la aplicación práctica de las directrices, recomendaciones y normas no vinculantes emitidas por él.

29.1.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/23

(1)

Dentro del denominado «proceso Lamfalussy», la Comisión adoptó la Decisión 2004/5/CE, de 5 de noviembre de 2003, por la que se crea el Comité de supervisores bancarios europeos (1) (en lo sucesivo, «el Comité»). El Comité asumió sus funciones el 1 de enero de 2004, actuando como órgano independiente de reflexión, debate y asesoramiento de la Comisión en el ámbito de la reglamentación y supervisión bancaria.

(2)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE y 93/6/CEE del Consejo y las Directivas 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE y 2002/87/CE, a fin de establecer una nueva estructura organizativa de los comités de servicios financieros (2), la Comisión llevó a cabo en 2007 una revisión del proceso Lamfalussy y presentó su evaluación en una Comunicación de 20 de noviembre de 2007 titulada «Revisión del proceso Lamfalussy-Mayor convergencia en la supervisión» (3).

(3)

En la Comunicación, la Comisión hacía hincapié en la importancia del Comité de responsables europeos de reglamentación de valores, del Comité de supervisores bancarios europeos y del Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación (en lo sucesivo, «los Comités de supervisores») en un mercado financiero europeo cada día más integrado. Se consideraba necesario un marco claramente definido en el que estos Comités pudieran desarrollar sus actividades en materia de convergencia y cooperación en las prácticas supervisoras.

(4)

Paralelamente a la revisión del funcionamiento del proceso Lamfalussy, el Consejo invitó a la Comisión a aclarar la función de los Comités de supervisores y estudiar la totalidad de las diversas opciones para afianzar la actuación de dichos Comités, sin desequilibrar la actual estructura institucional ni reducir la responsabilidad de los supervisores (4).

(5)

En su reunión de 13 y 14 de marzo de 2008, el Consejo Europeo pidió que se perfeccionara sin demora el funcionamiento de los Comités de supervisores (5).

(6)

El 14 de mayo de 2008 (6), el Consejo instó a la Comisión a revisar sus decisiones por las que se crean los Comités de supervisores, en aras de la coherencia y congruencia de sus mandatos y funciones, así como para afianzar sus contribuciones a la cooperación y convergencia en materia de supervisión. El Consejo apuntó que podían atribuirse explícitamente a los Comités tareas específicas, a fin de impulsar la cooperación y la convergencia en materia de supervisión y su papel en la evaluación de los riesgos que pesan sobre la estabilidad financiera. En consecuencia, resulta oportuno establecer un marco jurídico reforzado con respecto a la función y las tareas del Comité en este contexto.

(7)

La composición del Comité debe reflejar la organización de la supervisión bancaria y debe también tener en cuenta el papel de los bancos centrales en la estabilidad del sector bancario en general, tanto a nivel nacional como de la Comunidad. Deben definirse claramente los derechos respectivos de las distintas categorías de participantes. En particular, procede reservar la presidencia y los derechos de voto a las autoridades competentes de supervisión de cada Estado miembro. La participación en debates confidenciales sobre entidades concretas supervisadas debe, en su caso, circunscribirse a las autoridades competentes de supervisión y a los bancos centrales con responsabilidades operativas específicas para la supervisión de las entidades de crédito afectadas.

(8)

Resulta oportuno que el Comité actúe como grupo consultivo independiente de la Comisión en el ámbito de la supervisión bancaria.

(9)

El mandato del Comité debe abarcar la supervisión de los conglomerados financieros. Con objeto de evitar la duplicación de los trabajos, impedir cualquier incoherencia, mantener al Comité al día de los progresos y brindarle la posibilidad de intercambiar información, la colaboración con el Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación en la supervisión de los conglomerados financieros debe llevarse a cabo en el Comité mixto de conglomerados financieros.

(10)

Resulta oportuno, asimismo, que el Comité contribuya a la implementación cotidiana común y uniforme de la legislación comunitaria y a una aplicación coherente de la misma por las autoridades de supervisión.

(11)

El Comité carece de facultades reguladoras a nivel comunitario. Debe realizar evaluaciones inter pares, promover buenas prácticas y emitir directrices, recomendaciones y normas no vinculantes a fin de lograr una mayor convergencia en toda la Comunidad.

(12)

Una cooperación bilateral y multilateral más intensa en el ámbito de la supervisión depende del entendimiento y la confianza mutuos entre autoridades supervisoras. El Comité debe contribuir a mejorar esa cooperación.

(13)

El Comité debe igualmente fomentar la convergencia de las prácticas supervisoras en toda la Comunidad. Con vistas a concretar más este objetivo, procede establecer una lista indicativa y abierta de tareas que el Comité deba realizar.

(14)

Para resolver los litigios de dimensión transfronteriza entre autoridades de supervisión, en particular en los colegios de supervisores, el Comité debe proporcionar un mecanismo voluntario y no vinculante de mediación.

(15)

A fin de aprovechar la experiencia adquirida por el Comité, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades de supervisión, estas han de poder someter cuestiones concretas al Comité con vistas a obtener un dictamen no vinculante del mismo.

(16)

El intercambio de información entre autoridades de supervisión es fundamental para el desempeño de sus funciones. Asimismo, resulta primordial para la supervisión eficiente de los grupos bancarios y la estabilidad financiera. Aunque la legislación bancaria impone claramente a las autoridades de supervisión la obligación jurídica de cooperar e intercambiar información, resulta oportuno que el Comité facilite la labor práctica diaria de intercambio de información entre ellas, sin perjuicio de las pertinentes disposiciones sobre confidencialidad contenidas en la legislación aplicable.

(17)

Con objeto de reducir la duplicación de labores de supervisión, racionalizando así el proceso supervisor, así como de aliviar la carga impuesta a los grupos bancarios, el Comité debe facilitar la delegación de tareas entre autoridades de supervisión, en particular en los casos previstos en la legislación pertinente.

(18)

A fin de fomentar la convergencia y coherencia entre los colegios de supervisores y de garantizar así condiciones de competencia equitativas, conviene que el Comité controle su funcionamiento, sin menoscabar la independencia de los miembros del colegio.

(19)

La calidad, la comparabilidad y la congruencia de los informes de supervisión son vitales de cara a la eficiencia de costes de los mecanismos de supervisión comunitarios y la carga que supone para las entidades transfronterizas el cumplimiento de las normas. Resulta oportuno que el Comité contribuya a garantizar que se eliminen los solapamientos y duplicaciones y que los datos de los informes sean comparables y de calidad adecuada.

(20)

Los sistemas financieros de la Comunidad están estrechamente vinculados y lo que suceda en un Estado miembro puede tener importantes repercusiones para las entidades y los mercados financieros de otros Estados miembros. La continua multiplicación de los conglomerados financieros y la difuminación de la línea divisoria entre las actividades de las empresas de los sectores bancario, de valores y de seguros suponen retos adicionales para la supervisión a nivel nacional y comunitario. Con vistas a preservar la estabilidad financiera, se necesita un sistema, dentro del Comité, del Comité de responsables europeos de reglamentación de valores y del Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación, para determinar en una fase temprana los posibles riesgos, a nivel transfronterizo e intersectorial, e informar, cuando sea necesario, a la Comisión y a los demás Comités. Por otra parte, es esencial que el Comité se asegure de que los ministerios de Economía y Hacienda y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros sean informados. El Comité tiene una función que desempeñar a este respecto determinando los riesgos que pesan sobre el sector bancario y comunicando periódicamente los resultados a la Comisión. El Consejo debe también ser informado de estas evaluaciones. Asimismo, resulta oportuno que el Comité coopere con el Parlamento Europeo y le proporcione información periódica sobre la situación del sector bancario. En este contexto, el Comité no debe divulgar información sobre entidades supervisadas concretas.

(21)

A fin de tratar adecuadamente las cuestiones intersectoriales, conviene coordinar las actividades del Comité con las del Comité de responsables europeos de reglamentación de valores, las del Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación, y las del Comité de supervisión bancaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Esta coordinación es particularmente importante a la hora de hacer frente a posibles riesgos intersectoriales que amenacen la estabilidad financiera.

(22)

Habida cuenta de la mundialización de los servicios financieros y de la mayor importancia de las normas internacionales, resulta oportuno también que el Comité intensifique el diálogo y la cooperación con supervisores del exterior de la Comunidad.

(23)

La responsabilidad del Comité ante las instituciones comunitarias reviste enorme importancia y debe ajustarse a normas claramente establecidas, sin por ello afectar a la independencia de los supervisores.

(24)

El Comité debe establecer su propio reglamento interno y respetar plenamente las prerrogativas de las instituciones y el equilibrio institucional que establece el Tratado. El marco perfeccionado en que se desarrollarán las actividades del Comité debe ir unido a mejores procesos de trabajo. A tal fin, en el supuesto de que no pueda haber consenso, las decisiones deben adoptarse por mayoría cualificada, con arreglo a las normas establecidas en el Tratado.

(25)

En aras de la claridad y la seguridad jurídica debe derogarse la Decisión 2004/5/CE.

a)

actuará como mediador o facilitará la mediación entre autoridades de supervisión en los casos indicados en la legislación pertinente o a instancia de una autoridad de supervisión;

b)

proporcionará dictámenes a las autoridades de supervisión en los casos indicados en la legislación pertinente o a instancia de aquellas;

c)

promoverá un intercambio bilateral y multilateral eficaz de información entre autoridades de supervisión, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de confidencialidad;

d)

facilitará la delegación de funciones entre autoridades de supervisión, en particular determinando las funciones que puedan delegarse y promoviendo buenas prácticas;

e)

contribuirá a garantizar un funcionamiento eficiente y coherente de los colegios de supervisores, en particular estableciendo directrices en relación con el funcionamiento operativo de los colegios, comprobando la coherencia de las prácticas de los distintos colegios e intercambiando buenas prácticas;

f)

contribuirá a desarrollar normas comunes y de elevada calidad en materia de informes de supervisión;

g)

examinará la aplicación práctica de las directrices, recomendaciones y normas no vinculantes emitidas por él.

a)

las autoridades públicas nacionales competentes para la supervisión de entidades de crédito (en lo sucesivo, «las autoridades competentes de supervisión»);

b)

los bancos centrales nacionales con responsabilidades operativas específicas para la supervisión de entidades de crédito concretas en conjunción con una autoridad competente de supervisión;

c)

los bancos centrales que no participan directamente en la supervisión de entidades de crédito, incluido el Banco Central Europeo.

29.1.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/28

(1)

Dentro del denominado «proceso Lamfalussy», la Comisión adoptó la Decisión 2004/6/CE, de 5 de noviembre de 2003, por la que se crea el Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación (1) (en lo sucesivo, «el Comité»). El Comité asumió sus funciones el 24 de noviembre de 2003, actuando como órgano independiente de reflexión, debate y asesoramiento de la Comisión en los ámbitos de seguros, reaseguros y pensiones de jubilación.

(2)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE y 93/6/CEE del Consejo y las Directivas 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE y 2002/87/CE, a fin de establecer una nueva estructura organizativa de los comités de servicios financieros (2), la Comisión llevó a cabo en 2007 una revisión del proceso Lamfalussy y presentó su evaluación en una Comunicación de 20 de noviembre de 2007 titulada «Revisión del proceso Lamfalussy — Mayor convergencia en la supervisión» (3).

(3)

En la Comunicación, la Comisión hacía hincapié en la importancia del Comité de responsables europeos de reglamentación de valores, del Comité de supervisores bancarios europeos y del Comité europeo de supervisores de seguros y de pensiones de jubilación (en lo sucesivo, «los Comités de supervisores») en un mercado financiero europeo cada día más integrado. Se consideraba necesario un marco claramente definido en el que estos Comités pudieran desarrollar sus actividades en materia de convergencia y cooperación en las prácticas supervisoras.

(4)

Paralelamente a la revisión del funcionamiento del proceso Lamfalussy, el Consejo invitó a la Comisión a aclarar la función de los Comités de supervisores y estudiar la totalidad de las diversas opciones para afianzar la actuación de dichos Comités, sin desequilibrar la actual estructura institucional ni reducir la responsabilidad de los supervisores (4).

(5)

En su reunión de 13 y 14 de marzo de 2008, el Consejo Europeo pidió que se perfeccionara sin demora el funcionamiento de los Comités de Supervisores (5).

(6)

El 14 de mayo de 2008 (6), el Consejo instó a la Comisión a revisar sus decisiones por las que se crean los Comités de supervisores, en aras de la coherencia y congruencia de sus mandatos y funciones, así como para afianzar sus contribuciones a la cooperación y convergencia en materia de supervisión. El Consejo apuntó que podían atribuirse explícitamente a los Comités tareas específicas, a fin de impulsar la cooperación y la convergencia en materia de supervisión y su papel en la evaluación de los riesgos que pesan sobre la estabilidad financiera. En consecuencia, resulta oportuno establecer un marco jurídico reforzado con respecto a la función y las tareas del Comité en este contexto.

(7)

Resulta oportuno que el Comité actúe como grupo consultivo independiente de la Comisión en los ámbitos de seguros, reaseguros y pensiones de jubilación. No obstante, si bien procede que, en lo que respecta a las pensiones de jubilación, el Comité considere los aspectos relativos a la regulación y supervisión de tales regímenes, no resulta oportuno que aborde los aspectos relativos al Derecho laboral y social, como la organización de los regímenes de jubilación, y en particular la afiliación obligatoria o los convenios colectivos.

(8)

El mandato del Comité debe abarcar la supervisión de los conglomerados financieros. Con objeto de evitar la duplicación de los trabajos, impedir cualquier incoherencia, mantener al Comité al día de los progresos y brindarle la posibilidad de intercambiar información, la colaboración con el Comité de supervisores bancarios europeos en la supervisión de los conglomerados financieros debe llevarse a cabo en el Comité mixto de conglomerados financieros.

(9)

Resulta oportuno, asimismo, que el Comité contribuya a la implementación cotidiana común y uniforme de la legislación comunitaria y a una aplicación coherente de la misma por las autoridades de supervisión.

(10)

El Comité carece de facultades reguladoras a nivel comunitario. Debe realizar evaluaciones inter pares, promover buenas prácticas y emitir directrices, recomendaciones y normas no vinculantes a fin de lograr una mayor convergencia en toda la Comunidad.

(11)

Una cooperación bilateral y multilateral más intensa en el ámbito de la supervisión depende del entendimiento y la confianza mutuos entre autoridades supervisoras. El Comité debe contribuir a mejorar esa cooperación.

(12)

El Comité debe igualmente fomentar la convergencia de las prácticas supervisoras en toda la Comunidad. Con vistas a concretar más este objetivo, procede establecer una lista indicativa y abierta de tareas que el Comité deba realizar.

(13)

Para resolver los litigios de dimensión transfronteriza entre autoridades de supervisión, en particular en los colegios de supervisores, el Comité debe proporcionar un mecanismo voluntario y no vinculante de mediación.

(14)

A fin de aprovechar la experiencia adquirida por el Comité, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades de supervisión, estas han de poder someter cuestiones concretas al Comité con vistas a obtener un dictamen no vinculante del mismo.

(15)

El intercambio de información entre autoridades de supervisión es fundamental para el desempeño de sus funciones. Asimismo, resulta primordial para la supervisión eficiente de los grupos de seguros y la estabilidad financiera. Aunque la legislación de seguros impone claramente a las autoridades de supervisión la obligación jurídica de cooperar e intercambiar información, resulta oportuno que el Comité facilite la labor práctica diaria de intercambio de información entre ellas, sin perjuicio de las pertinentes disposiciones sobre confidencialidad contenidas en la legislación aplicable.

(16)

Con objeto de reducir la duplicación de labores de supervisión, racionalizando así el proceso supervisor, así como de aliviar la carga impuesta a los grupos de seguros, el Comité debe facilitar la delegación de tareas entre autoridades de supervisión, en particular en los casos previstos en la legislación pertinente.

(17)

A fin de fomentar la convergencia y coherencia entre los colegios de supervisores y garantizar así condiciones de competencia equitativas, conviene que el Comité controle su funcionamiento, sin menoscabar la independencia de los miembros del colegio.

(18)

La calidad, la comparabilidad y la congruencia de los informes de supervisión son vitales de cara a la eficiencia de costes de los mecanismos de supervisión comunitarios y la carga que supone para las entidades transfronterizas el cumplimiento de las normas. Resulta oportuno que el Comité contribuya a garantizar que se eliminen los solapamientos y duplicaciones y que los datos de los informes sean comparables y de calidad adecuada.

(19)

Los sistemas financieros de la Comunidad están estrechamente vinculados y lo que suceda en un Estado miembro puede tener importantes repercusiones para las entidades y los mercados financieros de otros Estados miembros. La continua multiplicación de los conglomerados financieros y la difuminación de la línea divisoria entre las actividades de las empresas de los sectores bancario, de valores y de seguros suponen retos adicionales para la supervisión a nivel nacional y comunitario. Con vistas a preservar la estabilidad financiera, se necesita un sistema, dentro del Comité, del Comité de supervisores bancarios europeos y del Comité de responsables europeos de reglamentación de valores, para determinar en una fase temprana los posibles riesgos, a nivel transfronterizo e intersectorial, e informar, cuando sea necesario, a la Comisión y a los demás Comités. Por otra parte, es esencial que el Comité se asegure de que los ministerios de Economía y Hacienda y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros sean informados. El Comité tiene una función que desempeñar a este respecto determinando los riesgos que pesan sobre los sectores de seguros, reaseguros y pensiones de jubilación y comunicando periódicamente los resultados a la Comisión. El Consejo debe también ser informado de estas evaluaciones. Asimismo, resulta oportuno que el Comité coopere con el Parlamento Europeo y le proporcione información periódica sobre la situación del sector asegurador. En este contexto, el Comité no debe divulgar información sobre entidades supervisadas concretas.

(20)

A fin de tratar adecuadamente las cuestiones intersectoriales, conviene coordinar las actividades del Comité con las del Comité de responsables europeos de reglamentación de valores, las del Comité de supervisores bancarios europeos, y las del Comité de supervisión bancaria del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Esta coordinación es particularmente importante a la hora de hacer frente a posibles riesgos intersectoriales que amenacen la estabilidad financiera.

(21)

Habida cuenta de la mundialización de los servicios financieros y de la mayor importancia de las normas internacionales, resulta oportuno también que el Comité intensifique el diálogo y la cooperación con supervisores del exterior de la Comunidad.

(22)

La responsabilidad del Comité ante las instituciones comunitarias reviste enorme importancia y debe ajustarse a normas claramente establecidas, sin por ello afectar a la independencia de los supervisores.

(23)

El Comité debe establecer su propio reglamento interno y respetar plenamente las prerrogativas de las instituciones y el equilibrio institucional que establece el Tratado. El marco perfeccionado en que se desarrollarán las actividades del Comité debe ir unido a mejores procesos de trabajo. A tal fin, en el supuesto de que no pueda haber consenso, las decisiones deben adoptarse por mayoría cualificada, con arreglo a las normas establecidas en el Tratado.

(24)

En aras de la claridad y la seguridad jurídica debe derogarse la Decisión 2004/6/CE.

a)

actuará como mediador o facilitará la mediación entre autoridades de supervisión en los casos indicados en la legislación pertinente o a instancia de una autoridad de supervisión;

b)

proporcionará dictámenes a las autoridades de supervisión en los casos indicados en la legislación pertinente o a instancia de aquellas;

c)

promoverá un intercambio bilateral y multilateral eficaz de información entre autoridades de supervisión, sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de confidencialidad;

d)

facilitará la delegación de funciones entre autoridades de supervisión, en particular determinando las funciones que puedan delegarse y promoviendo buenas prácticas;

e)

contribuirá a garantizar un funcionamiento eficiente y coherente de los colegios de supervisores, en particular estableciendo directrices en relación con el funcionamiento operativo de los colegios, comprobando la coherencia de las prácticas de los distintos colegios e intercambiando buenas prácticas;

f)

contribuirá a desarrollar normas comunes y de elevada calidad en materia de informes de supervisión;

g)

examinará la aplicación práctica de las directrices, recomendaciones y normas no vinculantes emitidas por él.

29.1.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/33

(1)

El anexo VII del Acuerdo fue modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 50/2008 (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo el Reglamento (CE) no 755/2008 de la Comisión, de 31 de julio de 2008, por el que se modifica el anexo II de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (2).

«—

32008 R 0755: Reglamento (CE) no 755/2008 de la Comisión, de 31 de julio de 2008 (DO L 205 de 1.8.2008, p. 10).».

29.1.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/35

(1)

El anexo XIII del Acuerdo fue modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 119/2008 (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo la Directiva 2008/65/CE de la Comisión, de 27 de junio de 2008, por la que se modifica la Directiva 91/439/CEE del Consejo, sobre el permiso de conducción (2).

«—

32008 L 0065: Directiva 2008/65/CE de la Comisión (DO L 168 de 28.6.2008, p. 36).».

29.1.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/36

(1)

El anexo XIII del Acuerdo fue modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 119/2008 (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo la Decisión 2008/217/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, sobre la especificación técnica de interoperabilidad del subsistema de infraestructura del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo la Decisión 2008/231/CE de la Comisión, de 1 de febrero de 2008, sobre la especificación técnica de interoperabilidad del subsistema explotación del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad adoptado según lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 96/48/CE del Consejo, y por la que se deroga la Decisión 2002/734/CE de la Comisión de 30 de mayo de 2002 (3).

(4)

La Decisión 2008/217/CE deroga la Decisión 2002/732/CE de la Comisión (4), incorporada al Acuerdo, que por consiguiente debe suprimirse del mismo.

(5)

La Decisión 2008/231/CE deroga la Decisión 2002/734/CE de la Comisión (5), incorporada al Acuerdo, que por consiguiente debe suprimirse del mismo.

1)

El texto del punto 37ac (Decisión 2002/732/CE de la Comisión) se sustituye por el texto siguiente:

«32008 D 0217: Decisión 2008/217/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, sobre la especificación técnica de interoperabilidad del subsistema de infraestructura del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (DO L 77 de 19.3.2008, p. 1).».

2)

El texto del punto 37ae (Decisión 2002/734/CE de la Comisión) se sustituye por el texto siguiente:

«32008 D 0231: Decisión 2008/231/CE de la Comisión, de 1 de febrero de 2008, sobre la especificación técnica de interoperabilidad del subsistema explotación del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad adoptado según lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 96/48/CE del Consejo, y por la que se deroga la Decisión 2002/734/CE de la Comisión de 30 de mayo de 2002 (DO L 84 de 26.3.2008, p. 1).».

29.1.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/38

(1)

El anexo XXI del Acuerdo fue modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 126/2008 (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo el Reglamento (CE) no 362/2008 del Consejo, de 14 abril 2008, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), en lo referente a la lista de 2009 de variables objetivo secundarias sobre privaciones materiales (2).

(3)

Debe incorporarse al Acuerdo el Reglamento (CE) no 365/2008 de la Comisión, de 23 de abril de 2008 por el que se adopta el programa de módulos ad hoc, que cubre los años 2010, 2011 y 2012, para la encuesta muestral de población activa establecida en el Reglamento (CE) no 577/98 (3).

(4)

Debe incorporarse al Acuerdo el Reglamento (CE) no 377/2008 de la Comisión, de 25 de abril de 2008, sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 577/98 del Consejo, relativo a la organización de una encuesta muestral sobre la población activa en la Comunidad, en relación con la codificación que deberá utilizarse para la transmisión de datos a partir de 2009, con la utilización de una submuestra para recoger los datos sobre las variables estructurales y con la definición de los trimestres de referencia (4).

(5)

Debe incorporarse al Acuerdo el Reglamento (CE) no 391/2008 de la Comisión, de 30 de abril de 2008 que modifica el Reglamento (CE) no 102/2007 por el que se adoptan las especificaciones del módulo ad hoc de 2008 sobre la situación de los inmigrantes y de sus hijos en el mercado laboral (5).

1)

Después del punto 18w [Reglamento (CE) no 452/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo], se inserta el siguiente punto:

2)

Después del punto 18al [Reglamento (CE) no 207/2008 de la Comisión], se insertan los siguientes puntos:

3)

En el punto 18ak [Reglamento (CE) no 102/2007 de la Comisión], se añade el texto siguiente:

«, modificado por:

29.1.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 25/40

(1)

El anexo XXI del Acuerdo fue modificado por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 126/2008 (1).

(2)

Debe incorporarse al Acuerdo el Reglamento (CE) no 747/2008 de la Comisión, de 30 de julio de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 716/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias sobre la estructura y la actividad de las filiales extranjeras, en lo que respecta a las definiciones de las características y a la aplicación de la NACE Rev. 2 (2).

—

32008 R 0747: Reglamento (CE) no 747/2008 de la Comisión (DO L 202 de 31.7.2008, p. 20).».