ISSN 1725-2512

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 327

European flag  

Edición en lengua española

Legislación

51o año
5 de diciembre de 2008


Sumario

 

I   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria

Página

 

 

REGLAMENTOS

 

*

Reglamento (CE) no 1207/2008 del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 639/2004 sobre la gestión de las flotas pesqueras registradas en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad

1

 

 

Reglamento (CE) no 1208/2008 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2008, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

3

 

 

Reglamento (CE) no 1209/2008 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2008, por el que se modifican los precios representativos y los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar fijados por el Reglamento (CE) no 945/2008 para la campaña 2008/2009

5

 

 

DIRECTIVAS

 

*

Directiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores ( 1 )

7

 

*

Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal

9

 

 

II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

 

 

DECISIONES

 

 

Consejo

 

 

2008/903/CE

 

*

Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la Confederación Suiza

15

 

 

2008/904/CE

 

*

Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, por la que se nombra a un miembro y dos suplentes de los Países Bajos del Comité de las Regiones

18

 

 

2008/905/CE

 

*

Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, por la que se modifica el anexo 13 de la Instrucción consular común, sobre el modo de cumplimentar la etiqueta de visado

19

 

 

2008/906/CE

 

*

Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, por la que se nombra a dos miembros y dos suplentes daneses del Comité de las Regiones

21

 

 

Comisión

 

 

2008/907/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 3 de noviembre de 2008, por la que se establecen las garantías sanitarias para el transporte de équidos entre dos terceros países, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 91/496/CEE del Consejo [notificada con el número C(2008) 6296]  ( 1 )

22

 

 

2008/908/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 28 de noviembre de 2008, por la que se autoriza a determinados Estados miembros a revisar su programa anual de seguimiento de la EEB [notificada con el número C(2008) 7288]

24

 

 

III   Actos adoptados en aplicación del Tratado UE

 

 

ACTOS ADOPTADOS EN APLICACIÓN DEL TÍTULO VI DEL TRATADO UE

 

*

Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea

27

 

 

Corrección de errores

 

*

Corrección de errores de la Directiva 93/92/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la instalación de dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa en los vehículos de motor de dos o tres ruedas (DO L 311 de 14.12.1993)

47

 

 

 

*

Nota al lector (véase página tres de cubierta)

s3

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.


I Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria

REGLAMENTOS

5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/1


REGLAMENTO (CE) N o 1207/2008 DEL CONSEJO

de 28 de noviembre de 2008

por el que se modifica el Reglamento (CE) no 639/2004 sobre la gestión de las flotas pesqueras registradas en las regiones ultraperiféricas de la Comunidad

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 37 y su artículo 299, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CE) no 639/2004 (2) establece excepciones a lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (3). Dicho artículo establece un régimen general de gestión de las entradas y salidas de la flota.

(2)

El artículo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) no 639/2004 fija el período de validez de la excepción al régimen de entradas y salidas de la flota para los buques pesqueros que hayan recibido ayuda pública para su renovación. Dicho período se fijó inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2007 y se amplió posteriormente hasta el 31 de diciembre de 2008, tras el acuerdo político alcanzado por el Consejo el 19 de junio de 2006 con respecto al Fondo Europeo de Pesca.

(3)

El acto de la Comisión por el que se autoriza a los Estados miembros en cuestión a conceder ayudas estatales fue adoptado más tarde de lo previsto. Dado que los astilleros afectados cuentan con una capacidad limitada, la plena aplicación del acuerdo político alcanzado por el Consejo el 19 de junio de 2006 resulta imposible dentro del plazo que acaba el 31 de diciembre de 2008.

(4)

Conviene, por tanto, prorrogar hasta 2011 el plazo que fija para la excepción el artículo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) no 639/2004.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 639/2004 en consecuencia.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Reglamento (CE) no 639/2004 queda modificado como sigue:

1)

En el artículo 2, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5)

No obstante el punto 3, a los buques pesqueros que hayan recibido ayuda pública para renovación, la excepción prevista en el punto 1, letra a), dejará de aplicarse tres años después de que se haya concedido la ayuda pública para renovación y, en ningún caso, no más tarde del 31 de diciembre de 2011.».

2)

El artículo 6 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 6

Informe

La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento a más tardar el 30 de junio de 2012.».

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 28 de noviembre de 2008.

Por el Consejo

El Presidente

M. BARNIER


(1)  Dictamen emitido el 21 de octubre de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial).

(2)  DO L 102 de 7.4.2004, p. 9.

(3)  DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.


5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/3


REGLAMENTO (CE) N o 1208/2008 DE LA COMISIÓN

de 4 de diciembre de 2008

por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1),

Visto el Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas (2), y, en particular, su artículo 138, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XV, parte A, de dicho Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el anexo del presente Reglamento quedan fijados los valores de importación a tanto alzado a que se refiere el artículo 138 del Reglamento (CE) no 1580/2007.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 5 de diciembre de 2008.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 4 de diciembre de 2008.

Por la Comisión

Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural


(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

(2)  DO L 350 de 31.12.2007, p. 1.


ANEXO

Valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

(EUR/100 kg)

Código NC

Código país tercero (1)

Valor global de importación

0702 00 00

MA

67,0

TR

79,7

ZZ

73,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,3

TR

89,0

ZZ

105,5

0709 90 70

JO

230,6

MA

79,8

TR

87,5

ZZ

132,6

0805 10 20

BR

44,6

MA

68,4

TR

54,6

UY

34,6

ZA

43,6

ZW

43,5

ZZ

48,2

0805 20 10

MA

64,3

TR

65,0

ZZ

64,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

HR

49,2

IL

85,6

TR

58,9

ZZ

64,2

0805 50 10

MA

64,0

TR

57,7

ZA

79,4

ZZ

67,0

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

80,0

MK

34,8

US

107,7

ZA

113,0

ZZ

82,0

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

41,3

TR

110,3

US

122,0

ZZ

79,1


(1)  Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 1833/2006 de la Comisión (DO L 354 de 14.12.2006, p. 19). El código «ZZ» significa «otros orígenes».


5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/5


REGLAMENTO (CE) N o 1209/2008 DE LA COMISIÓN

de 4 de diciembre de 2008

por el que se modifican los precios representativos y los importes de los derechos adicionales de importación de determinados productos del sector del azúcar fijados por el Reglamento (CE) no 945/2008 para la campaña 2008/2009

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1),

Visto el Reglamento (CE) no 951/2006 de la Comisión, de 30 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo en lo que respecta a los intercambios comerciales con terceros países en el sector del azúcar (2), y, en particular, su artículo 36, apartado 2, párrafo segundo, segunda frase.

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CE) no 945/2008 de la Comisión (3) establece los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar en bruto y determinados jarabes en la campaña 2008/2009. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (CE) no 1149/2008 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión inducen a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los precios representativos y los derechos de importación adicionales aplicables a los productos mencionados en el artículo 36 del Reglamento (CE) no 951/2006, fijados por el Reglamento (CE) no 945/2008 para la campaña 2008/2009, quedan modificados y figuran en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 5 de diciembre de 2008.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 4 de diciembre de 2008.

Por la Comisión

Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural


(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

(2)  DO L 178 de 1.7.2006, p. 24.

(3)  DO L 258 de 26.9.2008, p. 56.

(4)  DO L 309 de 20.11.2008, p. 3.


ANEXO

Importes modificados de los precios representativos y los derechos de importación adicionales del azúcar blanco, el azúcar en bruto y los productos del código NC 1702 90 95 aplicables a partir del 5 de diciembre de 2008

(EUR)

Código NC

Importe del precio representativo por 100 kg netos de producto

Importe del derecho adicional por 100 kg netos de producto

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

1701 11 90 (1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)

23,24

4,49

1701 12 90 (1)

23,24

9,48

1701 91 00 (2)

25,79

12,35

1701 99 10 (2)

25,79

7,82

1701 99 90 (2)

25,79

7,82

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Importe fijado para la calidad tipo que se define en el anexo IV, punto III, del Reglamento (CE) no 1234/2007.

(2)  Importe fijado para la calidad tipo que se define en el anexo IV, punto II, del Reglamento (CE) no 1234/2007.

(3)  Importe fijado por cada 1 % de contenido en sacarosa.


DIRECTIVAS

5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/7


DIRECTIVA 2008/103/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 19 de noviembre de 2008

que modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, por lo que respecta a la puesta en el mercado de pilas y acumuladores

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95, apartado 1,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

Conviene aclarar el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2006/66/CE (3) a fin de que las pilas y acumuladores puestos en el mercado legalmente en cualquier lugar de la Comunidad antes del 26 de septiembre de 2008 y que no satisfagan los requisitos de la citada Directiva puedan seguir en el mercado comunitario después de esa fecha. Esta aclaración aportaría seguridad jurídica en relación con las pilas comercializadas en la Comunidad y garantizaría el correcto funcionamiento del mercado interior. La aclaración se ajusta al principio de minimización de residuos y ayudaría a reducir las cargas administrativas.

(2)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/66/CE en consecuencia.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Modificación de la Directiva 2006/66/CE

En el artículo 6 de la Directiva 2006/66/CE, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las pilas y acumuladores que no cumplan los requisitos de la presente Directiva no sean puestos en el mercado después del 26 de septiembre de 2008.

Las pilas y acumuladores que no cumplan los requisitos de la presente Directiva y puestos en el mercado después de esa fecha, serán retirados del mismo.».

Artículo 2

Incorporación al Derecho interno

1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el 5 de enero de 2009.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

2.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

Artículo 3

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 19 de noviembre de 2008.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

H.-G. PÖTTERING

Por el Consejo

El Presidente

J.-P. JOUYET


(1)  Dictamen emitido el 9 de julio de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial).

(2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 9 de julio de 2008 (no publicado aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 20 de octubre de 2008.

(3)  DO L 266 de 26.9.2006, p. 1.


5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/9


DIRECTIVA 2008/104/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de 19 de noviembre de 2008

relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 137, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (3). En particular, el presente acto tiene por finalidad garantizar el pleno respeto del artículo 31 de dicha Carta, que dispone que todo trabajador tiene derecho a condiciones de trabajo que respeten su salud, su seguridad y su dignidad, a la limitación de la duración máxima del trabajo y a períodos de descanso diarios y semanales, así como a un período de vacaciones anuales retribuidas.

(2)

El apartado 7 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores prevé, entre otras cosas, que la realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europea. Este proceso se efectuará mediante la aproximación, por la vía del progreso, de dichas condiciones, en particular, en lo que respecta a las formas de trabajo como el trabajo de duración determinada, el trabajo a tiempo parcial, la cesión temporal de trabajadores y el trabajo de temporada.

(3)

El 27 de septiembre de 1995, la Comisión consultó a los interlocutores sociales, de conformidad con el artículo 138, apartado 2 del Tratado, sobre la posible orientación de una acción a escala comunitaria relativa a la flexibilidad del tiempo de trabajo y la seguridad de los trabajadores.

(4)

Tras esta consulta, la Comisión consideró que era deseable una acción comunitaria y volvió a consultar el 9 de abril de 1996 a los interlocutores sociales, de conformidad con el artículo 138, apartado 3, del Tratado, sobre el contenido de la propuesta prevista.

(5)

Las partes firmantes, en el preámbulo del acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, indicaron su intención de estudiar la necesidad de un acuerdo similar en materia de trabajo en régimen de cesión por empresas de trabajo temporal y de no incluir a los trabajadores cedidos temporalmente por dichas empresas en la Directiva relativa al trabajo de duración determinada.

(6)

Las organizaciones interprofesionales de carácter general, en particular la Unión de Confederaciones de Industria y de los Empresarios de Europa (UNICE) (4), el Centro Europeo de Empresas Públicas y de Empresas de Interés Económico General (CEEP) y la Confederación Europea de Sindicatos (CES), informaron a la Comisión, mediante carta conjunta de 29 de mayo de 2000, de su voluntad de iniciar el proceso previsto en el artículo 139 del Tratado. A través de otra carta conjunta de 28 de febrero de 2001 solicitaron a la Comisión prorrogar el plazo al que se refiere el artículo 138, apartado 4 en un mes. La Comisión accedió a esta demanda prorrogando el plazo de negociación hasta el 15 de marzo de 2001.

(7)

El 21 de mayo de 2001, los interlocutores sociales reconocieron que sus negociaciones sobre la cesión de trabajadores por empresas de trabajo temporal no habían fructificado.

(8)

En marzo de 2005, el Consejo Europeo consideró que era indispensable reactivar la Estrategia de Lisboa y proceder a una reorientación de sus prioridades en materia de crecimiento y empleo. El Consejo aprobó las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo 2005-2008, que tienen como objetivo, entre otras cosas, promover la flexibilidad, conciliándola con la seguridad del empleo, y reducir la segmentación del mercado laboral, teniendo debidamente en cuenta el papel de los interlocutores sociales.

(9)

De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Social (2005-2010), y de cuyo contenido se congratuló el Consejo Europeo de marzo de 2005 por considerar que contribuye a la realización de los objetivos de la estrategia de Lisboa reforzando el modelo social europeo, el Consejo Europeo consideró que nuevas formas de organización del trabajo y una mayor diversidad de los tipos de contrato, que combinen mejor flexibilidad y seguridad, para los trabajadores y las empresas, contribuirán a mejorar su capacidad de adaptación. Además, el Consejo Europeo de diciembre de 2007 dio su respaldo a los principios comunes acordados en materia de flexiguridad que mantienen un equilibrio entre la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo y contribuyen a que tanto los trabajadores como los empresarios aprovechen las oportunidades que ofrece la globalización.

(10)

Dentro de la Unión Europea, la utilización de las empresas de trabajo temporal y la situación jurídica, el estatuto y las condiciones de trabajo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal se caracterizan por una gran diversidad.

(11)

La cesión de trabajadores por empresas de trabajo temporal responde no solo a las necesidades de flexibilidad de las empresas, sino también a las necesidades de conciliar la vida privada y profesional de los trabajadores. Así pues, contribuye a la creación de puestos de trabajo y a la participación e inserción en el mercado de trabajo.

(12)

La presente Directiva establece un marco de protección no discriminatorio, transparente y proporcionado para los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a la vez que respetuoso con la diversidad de los mercados laborales y las relaciones industriales.

(13)

La Directiva 91/383/CEE del Consejo, de 25 de junio de 1991, por la que se completan las medidas tendentes a promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo temporal (5), establece las disposiciones aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal.

(14)

Las condiciones esenciales de trabajo y de empleo aplicables a los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal deben ser al menos las que se aplicarían a dichos trabajadores si fueran contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.

(15)

La forma general de relación laboral son los contratos de trabajo de duración indefinida. Por consiguiente, en el caso de los trabajadores vinculados a la empresa de trabajo temporal por un contrato indefinido, teniendo en cuenta la protección particular que ofrece este tipo de contrato es preciso prever la posibilidad de contemplar excepciones a las normas aplicables en la empresa usuaria.

(16)

Para hacer frente de manera flexible a la diversidad de los mercados laborales y las relaciones industriales, los Estados miembros podrán permitir a los interlocutores sociales que definan las condiciones de trabajo y empleo, siempre que se respete el nivel general de protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal.

(17)

Además, en algunas circunstancias específicas, los Estados miembros, basándose en un acuerdo celebrado por los interlocutores sociales a escala nacional, deben poder desviarse, con límites, del principio de igualdad de trato, siempre que se ofrezca un nivel de protección adecuado.

(18)

La mejora de la base de protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal debe ir acompañada de una revisión de las restricciones o prohibiciones de que podría ser objeto el recurso a la cesión temporal de trabajadores. Solo pueden justificarse tales restricciones o prohibiciones por el interés general relativo, en particular, a la protección de los trabajadores por cuenta ajena, las exigencias de salud y seguridad en el trabajo y la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo, incluida la necesidad de evitar posibles abusos.

(19)

La presente Directiva no afecta a la autonomía de los interlocutores sociales ni debe afectar a las relaciones entre estos, incluido el derecho a negociar y celebrar convenios colectivos de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, dentro del respeto de la legislación comunitaria vigente.

(20)

Las disposiciones de la presente Directiva relativas a las restricciones o prohibiciones al recurso a la cesión temporal de trabajadores por empresas de trabajo temporal se entienden sin perjuicio de las legislaciones o prácticas nacionales que prohíben sustituir a trabajadores en huelga por trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal.

(21)

Los Estados miembros deben establecer procedimientos administrativos o judiciales para salvaguardar los derechos de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, así como sanciones efectivas, disuasorias y proporcionadas en los casos de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

(22)

La presente Directiva debe aplicarse respetando las disposiciones del Tratado, en materia de libre prestación de servicios y de libertad de establecimiento, y sin perjuicio de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (6).

(23)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, establecer un marco de protección para los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal que esté armonizado a escala comunitaria, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1.   La presente Directiva se aplicará a los trabajadores que tengan un contrato de trabajo o una relación laboral con una empresa de trabajo temporal, y que se pongan a disposición de empresas usuarias a fin de trabajar de manera temporal bajo su control y dirección.

2.   La presente Directiva se aplicará a las empresas públicas y privadas que son empresas de trabajo temporal o empresas usuarias y ejercen una actividad económica, independientemente de si tienen o no fines lucrativos.

3.   Tras consultar a los interlocutores sociales, los Estados miembros podrán disponer que la presente Directiva no se aplique a los contratos de trabajo o relaciones laborales concluidos en el marco de un programa —público específico o apoyado por los poderes públicos— de formación, inserción y reconversión profesionales.

Artículo 2

Objeto

La presente Directiva tiene por objeto garantizar la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y mejorar la calidad de las empresas de trabajo temporal garantizando el respeto del principio de igualdad de trato, según se establece en el artículo 5, en relación con los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal y reconociendo a las empresas de trabajo temporal como empleadores, al tiempo que se tiene en cuenta la necesidad de establecer un marco apropiado de utilización de la cesión de trabajadores por empresas de trabajo temporal para contribuir eficazmente a la creación de empleo y al desarrollo de formas flexibles de trabajo.

Artículo 3

Definiciones

1.   A efectos de lo dispuesto en la presente Directiva, se entenderá por:

a)

«trabajador»: toda persona que, en el Estado miembro en cuestión, esté protegida como trabajador en el marco de la legislación nacional sobre empleo;

b)

«empresa de trabajo temporal»: toda persona física o jurídica que celebre contratos de empleo o establezca relaciones de empleo con trabajadores, con arreglo al Derecho nacional, con vistas a destinarlos a empresas usuarias para que trabajen en ellas temporalmente bajo la dirección y control de estas;

c)

«trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal»: todo trabajador que celebre un contrato de trabajo o que establezca una relación laboral con una empresa de trabajo temporal que le encomiende la misión de trabajar temporalmente en una empresa usuaria bajo el control y dirección esta;

d)

«empresa usuaria»: toda persona física o jurídica para la cual y bajo el control y la dirección de la misma trabaja temporalmente un trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal;

e)

«misión»: el período durante el cual el trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal tiene encomendada la misión de trabajar bajo la dirección y el control de la empresa usuaria;

f)

«condiciones esenciales de trabajo y empleo»: las condiciones de trabajo y empleo establecidas por las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas, convenios colectivos y demás disposiciones vinculantes de alcance general en vigor en las empresas usuarias relativas a:

i)

la duración de la jornada, las horas extraordinarias, las pausas, los períodos de descanso, el trabajo nocturno, las vacaciones pagadas y los días festivos,

ii)

la remuneración.

2.   La presente Directiva no supone menoscabo del Derecho nacional en lo que se refiere a la definición de la remuneración, del contrato de trabajo, de la relación laboral o del trabajador.

Los Estados miembros no podrán excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva a los trabajadores, los contratos de trabajo o las relaciones laborales únicamente por el hecho de que se trate de trabajadores a tiempo parcial, de trabajadores con contrato de duración determinada o de personas que tienen un contrato de trabajo o una relación laboral con una empresa de trabajo temporal.

Artículo 4

Revisión de las prohibiciones o restricciones

1.   Las restricciones o prohibiciones al recurso a la cesión temporal de trabajadores por empresas de trabajo temporal deberán estar justificadas exclusivamente por razones de interés general relativas, sobre todo, a la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a las exigencias en materia de salud y seguridad en el trabajo o a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo y de evitar posibles abusos.

2.   A más tardar el 5 de diciembre de 2011, los Estados miembros, tras consultar a los interlocutores sociales, de conformidad con la legislación nacional, los convenios colectivos y las prácticas nacionales, revisarán las restricciones o prohibiciones establecidas al recurso a la cesión temporal de trabajadores a fin de comprobar si siguen estando justificadas por las razones expuestas en el apartado 1.

3.   En caso de que dichas restricciones o prohibiciones estén establecidas en convenios colectivos, los interlocutores sociales que hayan negociado el acuerdo correspondiente podrán efectuar la revisión a la que se refiere el apartado 2.

4.   Los apartados 1, 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de las exigencias nacionales en materia de registro, concesión de licencias, certificación, garantía financiera o supervisión de las empresas de trabajo temporal.

5   Los Estados miembros informarán a la Comisión de los resultados de la revisión a la que se refieren los apartados 2 y 3 a más tardar el 5 de diciembre de 2011.

CAPÍTULO II

CONDICIONES DE TRABAJO Y DE EMPLEO

Artículo 5

Principio de igualdad de trato

1.   Las condiciones esenciales de trabajo y de empleo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal durante su misión en una empresa usuaria serán, por lo menos, las que les corresponderían si hubiesen sido contratados directamente por dicha empresa para ocupar el mismo puesto.

A efectos de la aplicación del párrafo primero, las normas vigentes en la empresa usuaria relativas:

a)

a la protección de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, y de los niños y jóvenes; así como

b)

a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a las disposiciones adoptadas con vistas a combatir toda discriminación basada en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual,

deberán respetarse, tal como establezcan las disposiciones legislativas, reglamentarias, administrativas, los convenios colectivos y demás disposiciones de alcance general.

2.   Por lo que se refiere a la remuneración, los Estados miembros podrán, tras consultar a los interlocutores sociales, establecer excepciones a las disposiciones contempladas en el apartado 1 cuando los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, vinculados a la empresa de trabajo temporal por un contrato indefinido, continúen siendo remunerados en el período de tiempo comprendido entre la ejecución de dos misiones.

3.   Los Estados miembros, tras consultar a los interlocutores sociales, podrán ofrecerles, al nivel apropiado y observando las condiciones establecidas por los Estados miembros, la posibilidad de mantener o celebrar convenios colectivos que, siempre que respeten la protección global de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, contemplen acuerdos relativos a las condiciones de trabajo y de empleo de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, que puedan ser diferentes de los contemplados en el apartado 1.

4.   Siempre que se ofrezca un nivel de protección adecuado para los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, los Estados miembros en cuya legislación no exista un sistema para declarar la aplicación general de los convenios colectivos, ni exista en su legislación o en la práctica un sistema semejante para extender sus disposiciones a todas las empresas similares en un sector o zona geográfica determinados, podrán, previa consulta de los interlocutores sociales a escala nacional y sobre la base de un acuerdo celebrado por estos, establecer disposiciones relativas a las condiciones esenciales de trabajo y de empleo que constituyan excepciones al principio contemplado en el apartado 1. Dichas disposiciones podrán incluir la fijación de un plazo para alcanzar la igualdad de trato.

Las disposiciones a que se refiere el presente apartado se ajustarán al Derecho comunitario y serán suficientemente precisas y accesibles para permitir a los sectores y empresas afectados identificar y cumplir sus obligaciones. En particular, los Estados miembros especificarán, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, si los regímenes profesionales de seguridad social, incluyendo pensiones, prestaciones económicas por enfermedad o los regímenes de participación financiera, están incluidos en las disposiciones relativas a las condiciones esenciales de trabajo y de empleo a que se refiere el apartado 1. Dichas disposiciones se entenderán, asimismo, sin perjuicio de los acuerdos a escala nacional, regional, local o sectorial que sean menos desfavorables a los trabajadores.

5.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con el derecho o las prácticas nacionales, con vistas a evitar la aplicación abusiva de este artículo y, en particular, que se lleven a cabo cesiones sucesivas con el objetivo de eludir las disposiciones de la presente Directiva, e informarán a la Comisión de dichas medidas.

Artículo 6

Acceso al empleo, a las instalaciones comunes y a la formación profesional

1.   Los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal serán informados de los puestos vacantes existentes en la empresa usuaria para que tengan las mismas oportunidades que los demás trabajadores de dicha empresa usuaria de obtener empleo indefinido. Esta información podrá ser facilitada mediante un anuncio general expuesto en un lugar adecuado de la empresa usuaria a la cual, y bajo cuya supervisión, estén vinculados los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal.

2.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las cláusulas que prohíben o tienen por efecto impedir la formalización de un contrato de trabajo o de una relación laboral entre la empresa usuaria y el trabajador cedido por una empresa de trabajo temporal, tras la expiración de su puesta a disposición, sean nulas o puedan ser declaradas nulas.

El presente apartado se entenderá sin perjuicio de las disposiciones según las cuales las empresas de trabajo temporal reciben un determinado nivel de compensaciones por los servicios proporcionados a las empresas usuarias en materia de misiones, contratación y formación de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal.

3.   Las empresas de trabajo temporal no podrán exigir a los trabajadores el pago de honorarios, a cambio de haber gestionado su contratación por una empresa usuaria o por la celebración de contratos de trabajo o la concertación de relaciones laborales con la empresa usuaria una vez finalizada una misión en esa empresa usuaria.

4.   No obstante lo dispuesto en el artículo 5, apartado 1, los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal disfrutarán del acceso a las instalaciones o a los servicios comunes de la empresa usuaria, en particular los servicios de comedor, guardería y transporte en las mismas condiciones que los trabajadores empleados directamente por la empresa usuaria, a menos que concurran razones objetivas que justifiquen un trato diferente.

5.   Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas o promoverán el diálogo entre los interlocutores sociales, de conformidad con sus tradiciones y prácticas nacionales, con vistas a:

a)

mejorar el acceso de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal a la formación y a los servicios de guardería infantil en las empresas de trabajo temporal, incluso durante los períodos comprendidos entre las misiones, a fin de promover el desarrollo de su carrera profesional y su aptitud para el empleo;

b)

mejorar el acceso de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal a la formación disponible para los trabajadores de las empresas usuarias.

Artículo 7

Representación de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal

1.   Los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal serán tenidos en cuenta, en las condiciones definidas por los Estados miembros, para el cálculo del umbral a partir del cual deben constituirse, en la empresa de trabajo temporal, los órganos de representación de los trabajadores previstos por el Derecho comunitario y nacional y por los convenios colectivos.

2.   Los Estados miembros podrán prever, en las condiciones definidas por ellos, que los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal sean tenidos en cuenta, dentro de la empresa usuaria, como lo son o lo serían los trabajadores empleados directamente por la empresa usuaria con contratos de la misma duración, para el cálculo del umbral a partir del cual pueden constituirse los órganos de representación de los trabajadores, previstos por el Derecho comunitario y nacional y los convenios colectivos.

3.   Los Estados miembros que se acojan a la opción prevista en el apartado 2 no tendrán la obligación de aplicar lo dispuesto en el apartado 1.

Artículo 8

Información de los representantes de los trabajadores

Sin perjuicio de las disposiciones nacionales y comunitarias más restrictivas o más específicas relativas a la información y la consulta y, en particular, la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea (7), la empresa usuaria deberá proporcionar la información apropiada sobre el recurso a la cesión temporal de trabajadores por empresas de trabajo temporal dentro de la empresa cuando transmite información sobre la situación del empleo en la empresa a los órganos representativos de los trabajadores instituidos de conformidad con el Derecho comunitario y nacional.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 9

Requisitos mínimos

1.   La presente Directiva no supondrá menoscabo del derecho de los Estados miembros a aplicar o introducir disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas más favorables a los trabajadores o de favorecer o permitir convenios colectivos o acuerdos celebrados entre los interlocutores sociales más favorables a los trabajadores.

2.   La aplicación de la presente Directiva no constituirá en ningún caso un motivo suficiente para justificar una reducción del nivel general de protección de los trabajadores en los ámbitos cubiertos por la presente Directiva. Las medidas adoptadas para la aplicación de la presente Directiva se entienden sin perjuicio de los derechos de los Estados miembros o de los interlocutores sociales de adoptar, teniendo en cuenta la evolución de la situación, disposiciones legislativas, reglamentarias o contractuales diferentes a las existentes en el momento de la adopción de la presente Directiva, siempre que se respeten las exigencias mínimas previstas en la presente Directiva.

Artículo 10

Sanciones

1.   Los Estados miembros establecerán las medidas adecuadas en el caso de que las empresas de trabajo temporal o las empresas usuarias no cumplan la presente Directiva. En particular, garantizarán que disponen de procedimientos judiciales o administrativos adecuados para hacer cumplir las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

2.   Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Estas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar el 5 de diciembre de 2011. Los Estados miembros notificarán a la Comisión toda modificación ulterior puntualmente. Velarán, en particular, por que los trabajadores o sus representantes dispongan de procedimientos adecuados para ejecutar las obligaciones previstas por la presente Directiva.

Artículo 11

Aplicación

1.   Los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 5 de diciembre de 2011, o velarán por que los interlocutores sociales apliquen las disposiciones necesarias por medio de un acuerdo; los Estados miembros deberán adoptar todas las disposiciones necesarias que les permitan garantizar en todo momento el logro de los objetivos de la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

2.   Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 12

Revisión por la Comisión

A más tardar el 5 de diciembre de 2013, la Comisión, tras consultar con los Estados miembros y los interlocutores sociales a escala comunitaria, revisará la aplicación de la presente Directiva, con el fin de proponer, si fuere necesario, las modificaciones oportunas.

Artículo 13

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 14

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 19 de noviembre de 2008.

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

H.-G. PÖTTERING

Por el Consejo

El Presidente

J.-P. JOUYET


(1)  DO C 61 de 14.3.2003, p. 124.

(2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 21 de noviembre de 2002 (DO C 25 E de 29.1.2004, p. 368), Posición Común del Consejo de 15 de septiembre de 2008 y Posición del Parlamento Europeo de 22 de octubre de 2008 (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3)  DO C 303 de 14.12.2007, p. 1

(4)  En enero de 2007 UNICE ha cambiado de nombre y ha pasado a denominarse Businesseurope.

(5)  DO L 206 de 29.7.1991, p. 19.

(6)  DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

(7)  DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.


II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

DECISIONES

Consejo

5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/15


DECISIÓN DEL CONSEJO

de 27 de noviembre de 2008

relativa a la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la Confederación Suiza

(2008/903/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo») (1), que fue firmado el 26 de octubre de 2004 (2) y entró en vigor el 1 de marzo de 2008 (3), y, en particular, su artículo 15, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

(1)

El artículo 15, apartado 1, del Acuerdo establece que las disposiciones del acervo de Schengen se aplicarán en la Confederación Suiza únicamente en virtud de una decisión del Consejo a tal efecto, previa comprobación del cumplimiento de las condiciones necesarias para la aplicación de dicho acervo.

(2)

El Consejo, tras haber comprobado que la Confederación Suiza cumple las condiciones necesarias para la aplicación de la parte del acervo Schengen relativa a la protección de datos, ha declarado, mediante su Decisión 2008/421/CE (4), aplicables las disposiciones del acervo de Schengen relativas al Sistema de Información de Schengen a la Confederación Suiza a partir del 14 de agosto de 2008.

(3)

El Consejo ha comprobado, de conformidad con los procedimientos de evaluación de Schengen establecidos en la Decisión del Comité Ejecutivo de 16 de septiembre de 1998 relativa a la creación de una Comisión permanente de evaluación y aplicación de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.] (5), que se han cumplido en la Confederación Suiza las condiciones necesarias para la aplicación del acervo de Schengen en todos los demás ámbitos del acervo de Schengen: fronteras terrestres, cooperación policial, el Sistema de Información de Schengen y los visados.

(4)

El 27 de noviembre de 2008, el Consejo llegó a la conclusión de que en la Confederación Suiza se han cumplido las condiciones relativas a cada uno de los ámbitos mencionados.

(5)

Por lo que respecta a la evaluación y aplicación del acervo de Schengen en las fronteras aéreas, en una fase posterior deberán realizarse nuevas visitas de evaluación.

(6)

Por consiguiente, se pueden fijar fechas para la aplicación de la totalidad del acervo de Schengen, por ejemplo fechas a partir de las cuales deberán suprimirse los controles sobre las personas en las fronteras interiores con la Confederación Suiza. Si las nuevas visitas de evaluación en las fronteras aéreas no arrojaran buenos resultados, se debería reconsiderar la fecha fijada para la aplicación del acervo de Schengen que regula la supresión de los controles de las personas en las fronteras aéreas.

(7)

A partir de la primera de estas fechas, deberán levantarse las restricciones que pesan sobre el uso del Sistema de Información de Schengen, dispuestas en la Decisión 2008/421/CE.

(8)

De conformidad con el artículo 15, apartado 4, del Acuerdo y el artículo 14, apartado 1, del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza (6), este Acuerdo debe aplicarse a partir del 12 de diciembre de 2008.

(9)

El Acuerdo entre la Confederación Suiza y el Reino de Dinamarca sobre la generación de derechos y obligaciones entre Dinamarca y la Confederación Suiza en relación con las disposiciones del acervo de Schengen que entran dentro del ámbito del título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea dispone que entrará en vigor, por lo que respecta a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, en la misma fecha en que entre en vigor el Acuerdo.

(10)

De conformidad con el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, del Acuerdo, y como resultado de la aplicación parcial del acervo de Schengen por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte según lo establecido en la Decisión 2004/926/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, sobre la ejecución de partes del acervo de Schengen por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (7), y, en particular, el primer párrafo de su artículo 1, solo parte de las disposiciones del acervo Schengen aplicable a la Confederación Suiza en sus relaciones con los Estados miembros que aplican el acervo Schengen en su totalidad deberán ser aplicadas en las relaciones de la Confederación Suiza con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

(11)

De conformidad con el artículo 15, apartado 1, párrafo tercero, del Acuerdo, y como resultado de la aplicación parcial del acervo de Schengen por parte de Chipre, por una parte, y de Bulgaria y Rumanía, por otra, como queda establecido en el artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003 y en el artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005, respectivamente, solo parte del acervo Schengen aplicable a estos Estados miembros deberá ser aplicada a la Confederación Suiza en sus relaciones con estos Estados miembros.

(12)

El Acuerdo entre la Confederación Suiza y la República de Islandia y el Reino de Noruega relativo a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen y a los criterios y mecanismos por el que se establece el Estado responsable de examinar una solicitud de asilo depositada en Suiza, Islandia o Noruega dispone que entrará en vigor, por lo que respecta a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, en la misma fecha en que entre en vigor el Acuerdo.

DECIDE:

Artículo 1

1.   Todas las disposiciones contempladas en los anexos A y B del Acuerdo y cualquier acto que constituya un desarrollo posterior de una o de varias de estas disposiciones se aplicarán a la Confederación Suiza en sus relaciones con el Reino de Bélgica, la República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, la República de Estonia, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Letonia, la República de Lituania, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República de Polonia, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República de Eslovaquia, la República de Finlandia y el Reino de Suecia a partir del 12 de diciembre de 2008.

En la medida en que dichas disposiciones regulen la supresión de los controles de personas en las fronteras interiores, se aplicarán a partir del 29 de marzo de 2009 a las fronteras aéreas. El Consejo, por mayoría simple de los miembros del Consejo que representan a los Gobiernos de los Estados miembros a los que se aplica las disposiciones del acervo de Schengen que regula la supresión de los controles de personas en las fronteras interiores, podrá decidir aplazar esa fecha. En ese caso, el Consejo, por unanimidad de esos miembros, fijará una nueva fecha.

Todas las restricciones que impongan los países afectados al uso del Sistema de Información de Schengen quedarán levantadas desde el 8 de diciembre de 2008.

2.   Las disposiciones del acervo de Schengen que aplica el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la base del artículo 1 de la Decisión 2004/926/CE y de cualquier acto que constituya un desarrollo ulterior de una o varias de estas disposiciones, se aplicará a la Confederación Suiza en sus relaciones con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a partir del 12 de diciembre de 2008.

3.   Las disposiciones del acervo de Schengen aplicables a Chipre, por una parte, y a Bulgaria y Rumanía, por otra, sobre la base del artículo 3, apartado 1, del Acta de adhesión de 2003 y del artículo 4, apartado 1, del Acta de adhesión de 2005, respectivamente, y cualquier acto que constituya un desarrollo ulterior de una o varias de estas disposiciones, se aplicará a la Confederación Suiza en sus relaciones con Chipre, Bulgaria y Rumanía a partir del 12 de diciembre de 2008.

Artículo 2

No obstante lo dispuesto en el anexo II del Reglamento (CE) no 539/2001 del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (8), se autoriza a Suiza a mantener la exención de visado para los nacionales de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados y San Cristóbal y Nieves desde el 12 de diciembre de 2008 hasta que entre en vigor un acuerdo de exención de visado entre la Comunidad Europea y cada uno de esos países.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2008.

Por el Consejo

La Presidenta

M. ALLIOT-MARIE


(1)  DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.

(2)  Decisiones del Consejo 2004/849/CE (DO L 368 de 15.12.2004, p. 26) y 2004/860/CE (DO L 370 de 17.12.2004, p. 78).

(3)  Decisiones del Consejo 2008/146/CE (DO L 53 de 27.2.2008, p. 1) y 2008/149/JAI (DO L 53 de 27.2.2008, p. 50).

(4)  DO L 149 de 7.6.2008, p. 74.

(5)  DO L 239 de 22.9.2000, p. 138.

(6)  DO L 53 de 27.2.2008, p. 5.

(7)  DO L 395 de 31.12.2004, p. 70.

(8)  DO L 81 de 21.3.2001, p. 1.


5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/18


DECISIÓN DEL CONSEJO

de 27 de noviembre de 2008

por la que se nombra a un miembro y dos suplentes de los Países Bajos del Comité de las Regiones

(2008/904/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 263,

Vista la propuesta del Gobierno de los Países Bajos,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 24 de enero de 2006, el Consejo adoptó la Decisión 2006/116/CE por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2006 y el 25 de enero de 2010 (1).

(2)

Ha quedado vacante en el Comité de las Regiones un puesto de miembro como consecuencia de la dimisión del Sr. Nico SCHOOF. Ha quedado vacante un puesto de suplente como consecuencia de la dimisión del Sr. Lodewijk ASSCHER. Ha quedado vacante un puesto de suplente como consecuencia del nombramiento, en virtud de la presente Decisión, del Sr. Bas VERKERK como miembro del Comité de las Regiones.

DECIDE:

Artículo 1

Se nombra para el Comité de las Regiones por el resto del período de mandato, es decir, hasta el 25 de enero de 2010:

a)

como miembro a:

Sr. Bas VERKERK, alcalde de Delft (cambio de mandato)

y

b)

como suplentes a:

Sr. Job COHEN, alcalde de Amsterdam

Sr. Hans KOK, alcalde de Hof van Twente.

Artículo 2

La presente Decisión surtirá efecto el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2008.

Por el Consejo

El Presidente

L. CHATEL


(1)  DO L 56 de 25.2.2006, p. 75.


5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/19


DECISIÓN DEL CONSEJO

de 27 de noviembre de 2008

por la que se modifica el anexo 13 de la Instrucción consular común, sobre el modo de cumplimentar la etiqueta de visado

(2008/905/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Reglamento (CE) no 789/2001 del Consejo, de 24 de abril de 2001, por el que el Consejo se reserva competencias de ejecución en relación con determinadas disposiciones detalladas y procedimientos prácticos de examen de solicitudes de visado (1), y, en particular, su artículo 1, apartado 1,

Vista la iniciativa de Francia,

Considerando lo siguiente:

(1)

Es necesario actualizar la Instrucción consular común para que recoja la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la Confederación Suiza en virtud de la Decisión 2008/903/CE (2).

(2)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Decisión desarrolla el acervo de Schengen con arreglo a lo dispuesto en el título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 del mencionado Protocolo, decidirá dentro de un período de seis meses a partir de la adopción de la presente Decisión por el Consejo si la incorpora a su legislación nacional.

(3)

Por lo que respecta a Islandia y a Noruega, la presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo, de 17 de mayo de 1999, relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo (3).

(4)

La presente Decisión constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (4). El Reino Unido, por lo tanto, no participa en su adopción y no queda vinculado por ella ni sujeto a su aplicación.

(5)

La presente Decisión desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa, de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (5). Irlanda, por lo tanto, no participa en su adopción y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

(6)

Por lo que respecta a Suiza, la presente Decisión constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (6), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo (7).

(7)

Por lo que respecta a Liechtenstein, la presente Decisión constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo firmado entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión de este último al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (8), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/261/CE del Consejo (9).

(8)

Por lo que se refiere a Chipre, la presente Decisión constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o que de algún modo está relacionado con él, en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003.

(9)

La presente Decisión constituye un acto que desarrolla el acervo de Schengen o que está relacionado con él de otro modo en el sentido del artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En la Instrucción consular común, anexo 13, ejemplos 11 y 14, se añade en la lista de códigos de los países el siguiente código:

«Confederación Suiza: CH».

Artículo 2

La presente Decisión se aplicará a partir de la fecha fijada en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Decisión 2008/903/CE relativa a la plena aplicación de las disposiciones del acervo de Schengen en la Confederación Suiza (10).

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros, de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2008.

Por el Consejo

La Presidenta

M. ALLIOT-MARIE


(1)  DO L 116 de 26.4.2001, p. 2.

(2)  Véase la página 15 del presente Diario Oficial.

(3)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.

(4)  DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

(5)  DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.

(6)  DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.

(7)  DO L 53 de 27.2.2008, p. 1.

(8)  Documento del Consejo 16462/06; disponible en: http://register.consilium.europa.eu

(9)  DO L 83 de 26.3.2008, p. 3.

(10)  Véase la página 15 del presente Diario Oficial.


5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/21


DECISIÓN DEL CONSEJO

de 27 de noviembre de 2008

por la que se nombra a dos miembros y dos suplentes daneses del Comité de las Regiones

(2008/906/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 263,

Vista la propuesta del Gobierno danés,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 24 de enero de 2006, el Consejo adoptó la Decisión 2006/116/CE por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2006 y el 25 de enero de 2010 (1).

(2)

Han quedado vacantes en el Comité de las Regiones dos puestos de miembro tras el término de los mandatos de la Sra. Mona HEIBERG y la Sra. Helene LUND. Han quedado vacantes en el Comité de las Regiones dos puestos de suplente tras el término de los mandatos del Sr. Jens Christian GJESING y la Sra. Tove LARSEN.

DECIDE:

Artículo 1

Se nombra para el Comité de las Regiones por el resto del período de mandato, es decir, hasta el 25 de enero de 2010:

a)

como miembros, a:

 

Sra. Helene LUND, Byrådsmedlem, Furesø Kommune (cambio de mandato),

 

Sra. Mona HEIBERG, 1. Næstformand for Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune (cambio de mandato),

y

b)

como suplentes, a:

 

Sr. Jens Christian GJESING, 1. Viceborgmester, Haderslev Kommune (cambio de mandato),

 

Sra. Tove LARSEN, Borgmester, Aabenraa Kommune (cambio de mandato).

Artículo 2

La presente Decisión surtirá efecto el día de su adopción.

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2008.

Por el Consejo

El Presidente

L. CHATEL


(1)  DO L 56 de 25.2.2006, p. 75.


Comisión

5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/22


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 3 de noviembre de 2008

por la que se establecen las garantías sanitarias para el transporte de équidos entre dos terceros países, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 91/496/CEE del Consejo

[notificada con el número C(2008) 6296]

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/907/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Vista la Directiva 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de terceros países y por la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE (1), y, en particular, su artículo 9, apartado 1, letra c),

Considerando lo siguiente:

(1)

La Decisión 94/467/CE de la Comisión, de 13 de julio de 1994, por la que se establecen las garantías sanitarias para el transporte de équidos entre dos terceros países, de conformidad con el artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 91/496/CEE (2), ha sido modificada en diversas ocasiones (3) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Decisión.

(2)

De acuerdo con las disposiciones del artículo 9, apartado 1, letra c), de la Directiva 91/496/CEE, deben establecerse las garantías sanitarias para el transporte de animales entre dos terceros países. Se han encontrado algunos problemas en lo referente al traslado de équidos de un tercer país a otro.

(3)

La Decisión 92/260/CEE de la Comisión (4) establece las condiciones y los certificados sanitarios animales necesarios para la admisión temporal de caballos registrados. Estas condiciones ofrecen todas las garantías necesarias en cuanto a la situación sanitaria de la Comunidad. Por tanto, conviene tomar como referencia las condiciones sanitarias establecidas en la Decisión 92/260/CEE para definir las garantías sanitarias aplicables al traslado de équidos entre dos terceros países. Entre otros requisitos, dicha Decisión exige un determinado plazo de residencia en el país de expedición. No obstante, para el cómputo de ese plazo puede ser válido el período de residencia en los Estados miembros o en los terceros países recogidos en una lista, siempre que se cumplan las mismas condiciones sanitarias.

(4)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1.   Los équidos procedentes de un tercer país con destino a otro tercer país deberán proceder exclusivamente de uno de los terceros países enumerados en el anexo I de la Decisión 92/260/CEE.

2.   Los équidos contemplados en el apartado 1 deberán ir acompañados de un certificado denominado «Certificado de tránsito para el transporte de équidos de un tercer país a otro tercer país». Dicho certificado deberá incluir los apartados I, II y III del certificado sanitario, excepto el inciso v) de la letra e) correspondiente al tercer país de procedencia establecido en el anexo II de la Decisión 92/260/CEE. Deberá incluir igualmente los apartados siguientes:

«IV.

Équido procedente de: …

(país)

con destino a: …

(país)

V.

Sello y firma del veterinario oficial: … (país)».

3.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2 y, únicamente en lo que respecta a los équidos registrados, la lista de países del tercer guión de la letra d) de la sección III de los certificados A, B, C, D y E del anexo II de la Decisión 92/260/CEE se sustituirá por la lista de terceros países de los grupos A a E del anexo I de dicha Decisión.

Artículo 2

Queda derogada la Decisión 94/467/CE.

Las referencias a la Decisión derogada se entenderán hechas a la presente Decisión y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 3 de noviembre de 2008.

Por la Comisión

El Presidente

José Manuel BARROSO


(1)  DO L 268 de 24.9.1991, p. 56.

(2)  DO L 190 de 26.7.1994, p. 28.

(3)  Véase el anexo I.

(4)  DO L 130 de 15.5.1992, p. 67.


ANEXO I

DECISIÓN DEROGADA CON SUS MODIFICACIONES SUCESIVAS

Decisión 94/467/CE de la Comisión

(DO L 190 de 26.7.1994, p. 28).

 

Decisión 96/81/CE de la Comisión

(DO L 19 de 25.1.1996, p. 53).

Solo el artículo 4

Decisión 2001/662/CE de la Comisión

(DO L 232 de 30.8.2001, p. 28).

 


ANEXO II

TABLA DE CORRESPONDENCIAS

Decisión 94/467/CE

Presente Decisión

Artículo 1

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Anexo I

Anexo II


5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/24


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 28 de noviembre de 2008

por la que se autoriza a determinados Estados miembros a revisar su programa anual de seguimiento de la EEB

[notificada con el número C(2008) 7288]

(Los textos en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca son los únicos auténticos)

(2008/908/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por el que se establecen disposiciones para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (1), y, en particular, su artículo 6, apartado 1 ter, párrafo segundo,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CE) no 999/2001 establece normas para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en los animales. Establece que cada Estado miembro llevará a cabo un programa anual de seguimiento de las EET basado en el seguimiento activo y pasivo, con arreglo a su anexo III.

(2)

En el artículo 6, apartado 1 ter, del Reglamento (CE) no 999/2001 se establece que a petición de un Estado miembro que pueda demostrar que la situación epidemiológica del país ha mejorado, con arreglo a determinados criterios que se establecerán de conformidad con el procedimiento contemplado en dicho artículo, se podrán revisar sus programas anuales de seguimiento.

(3)

En el anexo III, capítulo A, parte I, punto 7, del Reglamento (CE) no 999/2001 se establece la información que han de presentar a la Comisión y los criterios epidemiológicos que deben cumplir los Estados miembros que desean revisar sus programas anuales de seguimiento.

(4)

El 17 de julio de 2008, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria emitió dos dictámenes científicos relativos a la revisión del sistema de seguimiento de la EEB en algunos Estados miembros. En ellos se evalúa el riesgo adicional que presenta para la salud humana y la sanidad animal la aplicación de un régimen revisado de seguimiento de la EEB en los 15 Estados que eran miembros de la Comunidad antes del 1 de mayo de 2004, y se concluye que en dichos Estados miembros dejaría de detectarse anualmente menos de un caso de EEB si se aumentara de 24 a 48 meses la edad de los bovinos sometidos al seguimiento de esta enfermedad.

(5)

El 17 de julio de 2008, Italia presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(6)

El 7 de agosto de 2008, Irlanda presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(7)

El 13 de agosto de 2008, Austria presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(8)

El 13 de agosto de 2008, Dinamarca presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(9)

El 15 de agosto de 2008, el Reino Unido presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(10)

El 20 de agosto de 2008, Luxemburgo presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(11)

El 28 de agosto de 2008, Alemania presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(12)

El 28 de agosto de 2008, los Países Bajos presentaron a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(13)

El 29 de agosto de 2008, Finlandia presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(14)

El 29 de agosto de 2008, Suecia presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(15)

El 4 de septiembre de 2008, Portugal presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(16)

El 8 de septiembre de 2008, Francia presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(17)

El 9 de septiembre de 2008, España presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(18)

El 11 de septiembre de 2008, Bélgica presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(19)

El 17 de septiembre de 2008, Grecia presentó a la Comisión una solicitud de revisión de su programa anual de seguimiento de la EEB.

(20)

El 18 de septiembre de 2008, un grupo de trabajo de expertos ad hoc examinó las solicitudes presentadas por esos 15 Estados miembros y concluyó que los análisis de riesgo presentados por los Estados miembros en apoyo de sus solicitudes eran adecuados para garantizar la protección de la salud humana y la sanidad animal. El grupo estudió, asimismo, todos los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1 ter, párrafo tercero, y todos los criterios epidemiológicos establecidos en el anexo III, capítulo A, parte I, punto 7, del Reglamento (CE) no 999/2001, que los Estados miembros deben cumplir para demostrar que la situación epidemiológica del país ha mejorado, y consideró que se cumplían.

(21)

Por lo tanto, procede autorizar a los 15 Estados miembros cuyas solicitudes se han evaluado favorablemente a que revisen su programa anual de seguimiento y establezcan en 48 meses el nuevo límite de edad para la prueba de la EEB en su territorio.

(22)

Algunos Estados miembros que se adhirieron a la Comunidad a partir del 1 de mayo de 2004 pero habían comenzado a adaptar su normativa en los años de preadhesión también presentaron solicitudes a la Comisión para revisar sus programas anuales de seguimiento de la EEB. Además de la evaluación científica, y para verificar el cumplimiento de los criterios epidemiológicos, se espera que la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV) lleve a cabo una inspección en dichos Estados miembros y también en los que soliciten una revisión de su programa. La Comisión ha recibido solicitudes de revisión de Eslovenia y de Chipre.

(23)

Por razones prácticas, conviene que la fecha de comienzo de los programas anuales revisados de seguimiento coincida con el ejercicio presupuestario comunitario.

(24)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

A partir del 1 de enero de 2009, los Estados miembros enumerados en el anexo de la presente Decisión podrán revisar su programa anual de seguimiento con arreglo a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 999/2001 («los programas anuales revisados de seguimiento»).

Artículo 2

Los programas anuales revisados de seguimiento se aplicarán solamente a la población bovina nacional del Estado miembro en cuestión y cubrirán como mínimo a todos los bovinos de más de 48 meses de edad de las siguientes subpoblaciones:

a)

animales a los que se hace referencia en el anexo III, capítulo A, parte I, punto 2.2, del Reglamento (CE) no 999/2001;

b)

animales a los que se hace referencia en el anexo III, capítulo A, parte I, punto 2.1, del Reglamento (CE) no 999/2001;

c)

animales a los que se hace referencia en el anexo III, capítulo A, parte I, punto 3.1, del Reglamento (CE) no 999/2001.

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán el Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, Irlanda, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Finlandia, el Reino de Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Hecho en Bruselas, el 28 de noviembre de 2008.

Por la Comisión

Androulla VASSILIOU

Miembro de la Comisión


(1)  DO L 147 de 31.5.2001, p. 1.


ANEXO

Lista de Estados miembros

Bélgica

Dinamarca

Alemania

Irlanda

Grecia

España

Francia

Italia

Luxemburgo

Países Bajos

Austria

Portugal

Finlandia

Suecia

Reino Unido


III Actos adoptados en aplicación del Tratado UE

ACTOS ADOPTADOS EN APLICACIÓN DEL TÍTULO VI DEL TRATADO UE

5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/27


DECISIÓN MARCO 2008/909/JAI DEL CONSEJO

de 27 de noviembre de 2008

relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 31, apartado 1, letra a), y su artículo 34, apartado 2, letra b),

Vista la iniciativa de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, respaldó el principio del reconocimiento mutuo, que debe convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial tanto en materia civil como penal en la Unión.

(2)

El 29 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó, de conformidad con las conclusiones de Tampere, un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal (1), pronunciándose a favor de una evaluación de la necesidad de mecanismos modernos de reconocimiento mutuo de las resoluciones definitivas de condena a penas de privación de libertad (medida no 14), así como de la ampliación del principio del traslado de personas condenadas a los residentes en un Estado miembro (medida no 16).

(3)

El Programa de La Haya sobre la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea (2) exige que los Estados miembros completen el programa de medidas, en particular en el ámbito de la ejecución de condenas firmes a penas de prisión.

(4)

Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, de 21 de marzo de 1983. En virtud de dicho Convenio, los condenados pueden ser trasladados para proseguir el cumplimiento de su condena solo si el destino es el Estado de su nacionalidad y se cuenta con el consentimiento del condenado y de los Estados afectados. El Protocolo adicional de ese Convenio, de 18 de diciembre de 1997, que permite, en determinadas condiciones, que dichos traslados se realicen sin el consentimiento del afectado, no ha sido ratificado por todos los Estados miembros. Ninguno de estos dos instrumentos establece una obligación básica de hacerse cargo de los condenados con vistas a la ejecución de una condena u orden judicial de otro tipo.

(5)

Los derechos procesales en los procesos penales son un elemento esencial para garantizar la confianza mutua entre los Estados miembros en la cooperación judicial. Las relaciones entre los Estados miembros, que se caracterizan por una especial confianza mutua en los sistemas jurídicos de los demás Estados miembros, permiten el reconocimiento, por parte del Estado de ejecución, de las resoluciones dictadas por las autoridades del Estado de emisión. Por ello, es oportuno plantear una mayor profundización de la cooperación establecida en los instrumentos del Consejo de Europa relativos a la ejecución de sentencias penales, en particular cuando se haya impuesto una sentencia penal a ciudadanos de la Unión y hayan sido condenados a penas de prisión o a medidas privativas de libertad en otro Estado miembro. Aun reconociendo la necesidad de proporcionar al condenado las garantías adecuadas, su participación en los procedimientos no debe ya prevalecer hasta el punto de que se requiera en todos los casos su consentimiento para la transmisión de una sentencia a otro Estado miembro a efectos de su reconocimiento y de la ejecución de la condena impuesta.

(6)

La presente Decisión Marco debe aplicarse y ejecutarse de modo que puedan respetarse los principios generales de igualdad, imparcialidad y proporcionalidad.

(7)

El artículo 4 contiene en su apartado 1, letra c), una disposición que permite remitir el certificado y la sentencia, con carácter discrecional, en los supuestos no contemplados en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), por ejemplo al Estado de nacionalidad del condenado o al Estado en que viva y haya estado residiendo legalmente de forma continuada al menos durante cinco años, siempre que vaya a mantener el permiso permanente de residencia en el mismo.

(8)

En los casos contemplados en el artículo 4, apartado 1, letra c), la transmisión del certificado y de la sentencia al Estado de ejecución está sometida a la consulta entre las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución, así como al consentimiento de la autoridad competente del Estado de ejecución. Las autoridades competentes deben tener en cuenta cuestiones como la duración de la residencia u otros vínculos con el Estado de ejecución. En aquellos casos en que el condenado pudiera ser trasladado a un Estado miembro y a un tercer país en virtud del Derecho nacional o de instrumentos internacionales, las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución deben consultarse para estudiar si con la ejecución de la sentencia en el Estado de ejecución se cumpliría mejor el objetivo de la reinserción social que ejecutándola en el tercer país.

(9)

El cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución debe incrementar las posibilidades de reinserción social del condenado. Para asegurarse de que el Estado de ejecución hará ejecutar la condena cumpliendo la finalidad de facilitar la reinserción social del condenado, la autoridad competente del Estado de emisión debe tener en cuenta aspectos como la relación del condenado con el Estado de ejecución, por ejemplo si el condenado considera que allí se encuentran sus vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales o económicos, y otros lazos con el Estado de ejecución.

(10)

La opinión del condenado mencionada en el artículo 6, apartado 3, podrá ser útil sobre todo en el momento de aplicar el artículo 4, apartado 4. Las palabras «en particular» van encaminadas a cubrir asimismo los casos en que la opinión del condenado incluyese información que pudiese resultar pertinente para la aplicación de los motivos para el no reconocimiento y la no ejecución. Las disposiciones del artículo 4, apartado 4, y del artículo 6, apartado 3, no constituyen un motivo de denegación relacionado con la reinserción social.

(11)

Polonia necesita más tiempo que otros Estados miembros para hacer frente a las consecuencias prácticas y materiales del traslado de ciudadanos polacos condenados en otros Estados miembros, especialmente teniendo en cuenta el aumento de la movilidad de los ciudadanos polacos dentro de la Unión Europea. Por ello, se ha previsto una excepción provisional, de ámbito limitado y durante un período máximo de cinco años.

(12)

La presente Decisión Marco se aplicará también, mutatis mutandis, a la ejecución de condenas en los supuestos contemplados en el artículo 4, apartado 6, y en el artículo 5, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (3). Ello implica, entre otras cosas, que, no obstante lo dispuesto en dicha Decisión Marco, el Estado de ejecución podrá verificar si existen motivos de denegación conforme a lo previsto en el artículo 9 de la presente Decisión Marco y comprobar la posible doble tipificación, en la medida en que el Estado de ejecución haya formulado una declaración en virtud del artículo 7, apartado 4, de la presente Decisión Marco, como condición para reconocer y ejecutar la sentencia, con vistas a estudiar si opta por entregar al condenado o ejecutar la sentencia en los casos que se ajusten al artículo 4, apartado 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI.

(13)

La presente Decisión Marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su capítulo VI. Nada de lo dispuesto en la presente Decisión Marco debe poder interpretarse como una prohibición de denegar la ejecución de una resolución, cuando existan razones objetivas para suponer que la condena ha sido dictada con el fin de sancionar a una persona por razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual, o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones.

(14)

La presente Decisión Marco no debe impedir a ningún Estado miembro aplicar sus normas constitucionales relativas a las garantías procesales, la libertad de asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación.

(15)

La presente Decisión Marco debe aplicarse de conformidad con el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que les confiere el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

(16)

La presente Decisión Marco debe aplicarse de conformidad con la legislación comunitaria pertinente, incluidas, en particular, la Directiva 2003/86/CE del Consejo (4), la Directiva 2003/109/CE del Consejo (5) y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(17)

En los casos en que se hace referencia en la presente Decisión marco al Estado en el que «vive» el condenado, debe entenderse por tal el lugar en el que posee vínculos, atendiendo a su residencia habitual y a criterios como los lazos familiares, sociales y profesionales.

(18)

Para aplicar el artículo 5, apartado 1, se debe poder remitir una sentencia o una copia certificada de la misma y un certificado a la autoridad competente del Estado de ejecución por cualquier vía que deje constancia escrita del envío, por ejemplo por correo electrónico o fax, en condiciones que permitan al Estado de ejecución determinar su autenticidad.

(19)

En los casos contemplados en el artículo 9, apartado 1, letra k), el Estado de ejecución debe estudiar la posibilidad de adaptar las condenas de conformidad con la presente Decisión Marco antes de rechazar el reconocimiento y ejecución de condenas que supongan medidas de otro tipo que la privación de libertad.

(20)

El motivo de denegación mencionado en el artículo 9, apartado 1, letra k), podrá aplicarse asimismo en los casos en que el condenado no haya sido declarado culpable de haber cometido una infracción penal aunque la autoridad competente haya aplicado la medida de privación de libertad distinta de una pena de prisión a raíz de la comisión de una infracción penal.

(21)

El motivo de denegación relativo a la territorialidad debe aplicarse solo en casos excepcionales y con vistas a lograr la máxima cooperación posible en virtud de lo dispuesto en la presente Decisión Marco, teniendo en cuenta al mismo tiempo su objeto. Toda decisión de aplicar dicho motivo de denegación se basará en un análisis de cada caso y en las correspondientes consultas entre las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución.

(22)

El plazo a que se refiere el artículo 12, apartado 2, debe ser aplicado por los Estados miembros de tal modo que, por regla general, la resolución firme, incluido el procedimiento de recurso, se complete en un plazo no superior a 90 días.

(23)

En el artículo 18, apartado 1, se estipula que, con sujeción a las excepciones mencionadas en su apartado 2, el principio de especialidad se aplica únicamente en los casos en que el condenado haya sido trasladado al Estado de ejecución. Por consiguiente, dicho apartado no debe ser aplicable en los casos en que el condenado no haya sido trasladado al Estado de ejecución, por ejemplo cuando se haya refugiado en dicho Estado.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Definiciones

A efectos de la presente Decisión Marco, se entenderá por:

a)

«sentencia»: la resolución u orden firme de un órgano jurisdiccional del Estado de emisión que impone una condena a una persona física;

b)

«condena»: cualquier pena o medida privativa de libertad, de duración limitada o indeterminada, impuesta por razón de una infracción penal como consecuencia de un proceso penal;

c)

«Estado de emisión»: el Estado miembro en el que se haya dictado una sentencia;

d)

«Estado de ejecución»: el Estado miembro al que se haya transmitido una sentencia con vistas a su reconocimiento y ejecución.

Artículo 2

Designación de las autoridades competentes

1.   Cada Estado miembro comunicará a la Secretaría General del Consejo qué autoridad o autoridades, con arreglo a su legislación nacional, son competentes de conformidad con la presente Decisión Marco, cuando dicho Estado miembro sea el Estado de emisión o el Estado de ejecución.

2.   La Secretaría General del Consejo pondrá a disposición de todos los Estados miembros y de la Comisión la información recibida.

Artículo 3

Objetivo y ámbito de aplicación

1.   La presente Decisión Marco tiene por objeto establecer las normas con arreglo a las cuales un Estado miembro, para facilitar la reinserción social del condenado, reconocerá una sentencia y ejecutará la condena.

2.   La presente Decisión Marco se aplicará cuando el condenado se encuentre en el Estado de emisión o en el Estado de ejecución.

3.   La presente Decisión Marco solo se aplicará al reconocimiento de sentencias y a la ejecución de condenas en el sentido de la presente Decisión Marco. El hecho de que, además de la condena, se haya impuesto multa y/o resolución de decomiso, que todavía no se hayan abonado, cobrado o ejecutado, no impedirá la transmisión de la sentencia. El reconocimiento y la ejecución de dichas multas y resoluciones de decomiso en otro Estado miembro se basarán en los instrumentos aplicables entre Estados miembros, en particular la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (7), y la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (8).

4.   La presente Decisión Marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

CAPÍTULO II

RECONOCIMIENTO DE SENTENCIAS Y EJECUCIÓN DE CONDENAS

Artículo 4

Criterios para la transmisión de una sentencia y un certificado a otro Estado miembro

1.   Siempre que el condenado se encuentre en el Estado de emisión o en el Estado de ejecución, y siempre que haya dado su consentimiento cuando así lo exija el artículo 6, podrá transmitirse una sentencia, acompañada del certificado cuyo formulario normalizado figura en el anexo I, a uno de los siguientes Estados miembros:

a)

el Estado miembro de nacionalidad del condenado en el que este viva, o

b)

el Estado miembro de nacionalidad al que, si no es el Estado miembro en el que vive, el condenado será expulsado una vez puesto en libertad en virtud de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa o cualquier otra medida derivada de la sentencia, o

c)

cualquier Estado miembro, distinto de los Estados miembros mencionados en las letras a) y b), cuya autoridad competente consienta en que se le transmita la sentencia y el certificado a dicho Estado miembro.

2.   Podrá transmitirse la sentencia y el certificado cuando la autoridad competente del Estado de emisión, en su caso después de consultas entre las autoridades competentes del Estado de emisión y del Estado de ejecución, tenga el convencimiento de que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado.

3.   Antes de transmitir la sentencia y el certificado, la autoridad competente del Estado de emisión podrá consultar, por todos los medios apropiados, a la autoridad competente del Estado de ejecución. La consulta será obligatoria en los casos a que se refiere el apartado 1, letra c). En esos casos, la autoridad competente del Estado de ejecución informará inmediatamente al Estado de emisión de su decisión de autorizar o no la transmisión de la sentencia.

4.   En el transcurso de dicha consulta, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá presentar a la autoridad competente del Estado de emisión un parecer motivado, en el que indique que el cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución no contribuiría al objetivo de facilitar la reinserción social ni la reintegración con éxito del condenado en la sociedad.

En los casos en que no haya habido consulta alguna, el dictamen podrá presentarse sin tardanza una vez que se hayan transmitido la sentencia y el certificado. La autoridad competente del Estado de emisión examinará el dictamen y decidirá si retira o no el certificado.

5.   El Estado de ejecución podrá igualmente solicitar, por propia iniciativa, al Estado de emisión la transmisión de la sentencia junto con el certificado. La persona condenada también podrá solicitar a las autoridades competentes del Estado de emisión o del Estado de ejecución que inicien un procedimiento para la transmisión de la sentencia y el certificado en virtud de la presente Decisión Marco. Las solicitudes realizadas en virtud del presente apartado no supondrán la obligación del Estado de emisión de transmitir la sentencia acompañada del certificado.

6.   En la aplicación de la presente Decisión Marco, los Estados miembros adoptarán medidas que tendrán en cuenta especialmente el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado, y que constituirán la base sobre la que sus autoridades competentes adoptarán las decisiones de autorizar o no la transmisión de la sentencia y del certificado en los casos contemplados en el apartado 1, letra c).

7.   Cada Estado miembro podrá, bien cuando se adopte la presente Decisión Marco, bien en una fecha posterior, notificar a la Secretaría General del Consejo que, en sus relaciones con otros Estados miembros que hayan efectuado la misma notificación, no exigirá el consentimiento previo contemplado en el apartado 1, letra c), para la transmisión de la sentencia y el certificado:

a)

cuando el condenado viva y haya estado residiendo legalmente de forma continuada al menos durante cinco años en el Estado de ejecución y vaya a mantener un derecho de residencia permanente en dicho Estado, o

b)

cuando el condenado tenga la nacionalidad del Estado de ejecución en casos distintos de los contemplados en el apartado 1, letras a) y b).

En los casos mencionados en la letra a), se entenderá por «derecho de residencia permanente» el que la persona de que se trate:

tenga un derecho de residencia permanente en el respectivo Estado miembro de conformidad con la legislación nacional de aplicación de la legislación comunitaria adoptada basándose en los artículos 18, 40, 44 y 52 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, o bien

posea un permiso de residencia válido, en calidad de residente permanente o de larga duración, en el respectivo Estado miembro, de conformidad con la legislación nacional de aplicación de la legislación comunitaria adoptada basándose en el artículo 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los Estados miembros en los que es aplicable la legislación comunitaria, o de conformidad con el Derecho nacional por lo que respecta a los Estados miembros para los que no es aplicable.

Artículo 5

Transmisión de la sentencia y del certificado

1.   La autoridad competente del Estado de emisión transmitirá directamente la sentencia o copia certificada de la misma, junto con el certificado, a la autoridad competente del Estado de ejecución por cualquier medio que deje constancia escrita y en condiciones que permitan al Estado de ejecución determinar su autenticidad. Si el Estado de ejecución así lo solicita, se le transmitirá el original de la sentencia, o copia certificada de la misma, así como el original del certificado. Todas las comunicaciones oficiales entre las autoridades competentes mencionadas se harán también de forma directa.

2.   El certificado deberá estar firmado por la autoridad competente del Estado de emisión, que deberá certificar la exactitud de su contenido.

3.   El Estado de emisión transmitirá la sentencia junto con el certificado solo a un Estado de ejecución cada vez.

4.   Si la autoridad competente del Estado de emisión desconoce cuál es la autoridad competente del Estado de ejecución, efectuará todas las investigaciones necesarias, incluso recurriendo a los puntos de contacto de la Red Judicial Europea establecida mediante la Acción Común 98/428/JAI del Consejo (9), a fin de obtener esa información del Estado de ejecución.

5.   Cuando una autoridad del Estado de ejecución que reciba una sentencia junto con un certificado no sea competente para reconocerla y adoptar las medidas necesarias para su ejecución, transmitirá de oficio la sentencia y el certificado a la autoridad competente del Estado de ejecución e informará de ello a la autoridad competente del Estado de emisión.

Artículo 6

Opinión y notificación del condenado

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la transmisión de una sentencia junto con un certificado al Estado de ejecución a efectos de su reconocimiento y de la ejecución de la condena requerirá el consentimiento del condenado de conformidad con la legislación del Estado de emisión.

2.   No será necesario el consentimiento del condenado cuando la sentencia junto con el certificado se trasmitan:

a)

al Estado miembro de nacionalidad en que viva el condenado;

b)

al Estado miembro al que el condenado vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad sobre la base de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa o cualquier otra medida derivada de la sentencia;

c)

al Estado miembro al que el condenado se haya fugado o al que haya regresado ante el proceso penal abierto contra él en el Estado de emisión o por haber sido condenado en el Estado de emisión.

3.   En todos los casos en que el condenado se encuentre aún en el Estado de emisión, se le dará la oportunidad de formular verbalmente o por escrito su opinión. Cuando el Estado de emisión lo considere necesario debido a la edad de la persona condenada o a su estado físico o psíquico, se dará esa oportunidad a su representante legal.

La opinión del condenado se tendrá en cuenta al decidir la cuestión de la transmisión de la sentencia junto con el certificado. Si el condenado se acoge a la oportunidad que le brinda el presente apartado, su opinión se transmitirá al Estado de ejecución, en particular a efectos del artículo 4, apartado 4. Si el condenado emite su opinión verbalmente, el Estado de emisión se encargará de que el Estado de ejecución pueda disponer de la transcripción escrita de dicha declaración.

4.   La autoridad competente del Estado de emisión informará al condenado, en una lengua que comprenda, de que ha decidido transmitir la sentencia junto con el certificado utilizando el formulario normalizado de notificación que figura en el anexo II. Cuando el condenado se encuentre en el Estado de ejecución en el momento de la decisión, dicho formulario se transmitirá al Estado de ejecución, que informará de ello al condenado.

5.   El apartado 2, letra a), no será aplicable a Polonia, cuando este sea el Estado de emisión o el Estado de ejecución, en los casos en que la sentencia haya sido dictada antes de un período de cinco años a partir del 5 de diciembre de 2011. Polonia podrá notificar en cualquier momento a la Secretaría General del Consejo su deseo de no recurrir más a esta excepción.

Artículo 7

Doble tipificación

1.   Darán lugar al reconocimiento de la sentencia y a la ejecución de la condena impuesta, en las condiciones que establece la presente Decisión Marco y sin control de la doble tipificación de los hechos, las infracciones siguientes, siempre que estén castigadas en el Estado de emisión con una pena o una medida privativa de libertad de un máximo de al menos tres años, tal como se definen en el Derecho del Estado de emisión:

pertenencia a organización delictiva,

terrorismo,

trata de seres humanos,

explotación sexual de los niños y pornografía infantil,

tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,

tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos,

corrupción,

fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (10),

blanqueo del producto del delito,

falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro,

delito informático,

delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas,

ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal,

homicidio voluntario, agresión con lesiones graves,

tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos,

secuestro, detención ilegal y toma de rehenes,

racismo y xenofobia,

robo organizado o a mano armada,

tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte,

estafa,

chantaje y extorsión de fondos,

violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercancías,

falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos,

falsificación de medios de pago,

tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento,

tráfico ilícito de materiales nucleares o radiactivos,

tráfico de vehículos robados,

violación,

incendio voluntario,

delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional,

secuestro de aeronaves y buques,

sabotaje.

2.   El Consejo podrá decidir en todo momento, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, en las condiciones previstas en el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, añadir otras categorías de infracciones a la lista contenida en el apartado 1. El Consejo estudiará, a la vista del informe que se le presente en virtud del artículo 29, apartado 5, de la presente Decisión Marco, si procede ampliar o modificar la lista.

3.   Con respecto a las infracciones no contempladas en el apartado 1, el Estado de ejecución podrá supeditar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena a la condición de que la sentencia se refiera a hechos que constituyan infracción en virtud del Derecho del Estado de ejecución, sean cuales fueren sus elementos constitutivos o la calificación de la misma.

4.   Cada Estado miembro podrá declarar, en el momento de la adopción de la presente Decisión Marco o en una fecha posterior, mediante una notificación a la Secretaría General del Consejo, que no tiene intención de aplicar el apartado 1. Esta declaración podrá retirarse en cualquier momento. Estas declaraciones o retiradas de declaraciones se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 8

Reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena

1.   La autoridad competente del Estado de ejecución reconocerá toda sentencia que haya sido transmitida de conformidad con el artículo 4 y mediante el procedimiento previsto en el artículo 5, y adoptará sin dilación las medidas necesarias para la ejecución de la condena, a no ser que decida acogerse a alguno de los motivos de no reconocimiento y de no ejecución que se contemplan en el artículo 9.

2.   En caso de que la condena, por su duración, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá tomar la decisión de adaptar la condena únicamente cuando supere la pena máxima contemplada por su legislación nacional para delitos del mismo tipo. La duración de la condena adaptada no podrá ser inferior a la pena máxima contemplada por la legislación del Estado de ejecución para delitos del mismo tipo.

3.   En caso de que la condena, por su naturaleza, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá adaptarla a la pena o medida contemplada en su propia legislación para delitos similares. Esta pena o medida deberá corresponder siempre que sea posible a la condena impuesta en el Estado de emisión y por consiguiente la condena no podrá transformarse en una sanción pecuniaria.

4.   La condena adaptada no podrá agravar por su naturaleza o por su duración la condena impuesta en el Estado de emisión.

Artículo 9

Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución

1.   La autoridad competente del Estado de ejecución podrá denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena en los siguientes casos:

a)

cuando el certificado a que se refiere el artículo 4 esté incompleto o no corresponda manifiestamente a la sentencia, y no se complete o el error no se subsane dentro de un plazo razonable fijado por la autoridad de ejecución;

b)

cuando no se cumplan los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 1;

c)

si la ejecución de la condena vulnerase el principio ne bis in idem;

d)

cuando, en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 7, apartado 3, y, en caso de que el Estado de ejecución haya formulado la declaración prevista en el artículo 7, apartado 4, en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 7, apartado 1, la sentencia se refiera a hechos no constitutivos de infracción de acuerdo con el Derecho del Estado de ejecución. No obstante, en materia de impuestos o derechos, de aduana y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la sentencia aduciendo que la legislación del Estado de ejecución no impone el mismo tipo de impuestos o derechos o no contiene el mismo tipo de reglamentación en materia de impuestos, de derechos, de aduana o de cambio que la legislación del Estado de emisión;

e)

cuando la ejecución de la condena haya prescrito con arreglo a la legislación del Estado de ejecución;

f)

cuando en virtud del Derecho del Estado de ejecución exista inmunidad que impida la ejecución de la condena;

g)

cuando la condena haya sido impuesta a una persona física que, debido a su edad, no habría podido ser considerada penalmente responsable con arreglo a la legislación del Estado de ejecución por los hechos que hayan motivado la sentencia;

h)

si a la recepción de la sentencia por la autoridad competente del Estado de ejecución, la parte de condena sin cumplir es inferior a seis meses;

i)

si la sentencia se ha dictado en rebeldía, a no ser que en el certificado conste que la persona fue citada personalmente o que se le notificó, por conducto de un representante competente según la legislación nacional del Estado de emisión, la fecha y lugar del procedimiento que dio lugar a la sentencia dictada en rebeldía, o que el interesado haya indicado a una autoridad competente que no impugna la resolución;

j)

si el Estado de ejecución, antes de que se adopte una decisión con arreglo al artículo 12, apartado 1, presenta una solicitud de conformidad con el artículo 18, apartado 3, y el Estado de emisión no da su consentimiento, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, letra g), para que la persona de que se trate sea procesada, condenada o privada de libertad de cualquier otra forma en el Estado de ejecución, por una infracción cometida antes de su traslado distinta de la que hubiere motivado el traslado;

k)

si la condena impuesta incluye una medida de carácter psiquiátrico o sanitario o cualquier otra medida privativa de libertad, que, no obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, el Estado de ejecución no puede ejecutar de conformidad con su sistema jurídico o sanitario;

l)

si la sentencia se refiere a delitos penales que, con arreglo al Derecho interno del Estado de ejecución, se consideran cometidos en su integridad o en su mayor o fundamental parte en su territorio, o en un lugar equivalente al mismo.

2.   En circunstancias excepcionales y atendiendo al caso concreto, será la autoridad competente del Estado de ejecución la que adopte las decisiones contempladas en el apartado 1, letra l), en relación con delitos cometidos en parte en el territorio del Estado de ejecución, o en un lugar equivalente al mismo, habida cuenta de las circunstancias concretas del caso y, en particular, de si una parte importante o fundamental de la conducta en cuestión ha tenido lugar en el Estado de emisión.

3.   En los casos indicados en el apartado 1, letras a), b), c), i), k) y l), la autoridad competente del Estado de ejecución, antes de tomar la decisión de denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena, consultará por cualquier medio apropiado a la autoridad competente del Estado de emisión y, cuando sea oportuno, le pedirá que facilite la información adicional necesaria sin demora.

Artículo 10

Reconocimiento y ejecución parciales

1.   Si la autoridad competente del Estado de ejecución pudiese considerar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena de forma parcial, podrá consultar, antes de decidir que deniega el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena en su totalidad, a la autoridad competente del Estado de emisión con vistas a llegar a un acuerdo con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.

2.   Las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución podrán acordar, caso por caso, el reconocimiento y ejecución parcial de una condena, bajo las condiciones por ellas establecidas, siempre que dicho reconocimiento y ejecución no acarree el aumento de la duración de la condena. A falta de tal acuerdo, el certificado será retirado.

Artículo 11

Aplazamiento del reconocimiento de la sentencia

Cuando el certificado a que se refiere el artículo 4 esté incompleto o manifiestamente no corresponda a la sentencia, el reconocimiento de la sentencia en el Estado de ejecución podrá aplazarse durante un plazo razonable, fijado por el Estado de ejecución, para que el certificado se complete o se corrija.

Artículo 12

Decisión sobre la ejecución de la condena y plazos

1.   La autoridad competente del Estado de ejecución decidirá con la mayor brevedad si reconoce la sentencia y ejecuta la condena, y comunicará al Estado de emisión dicha decisión, así como cualquier decisión de adaptar la condena de conformidad con el artículo 8, apartados 2 y 3.

2.   A menos que exista un motivo para aplazar el reconocimiento de conformidad con el artículo 11 o con el artículo 23, apartado 3, la resolución firme sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena se tomará en un plazo de 90 días a partir de la recepción de la sentencia y el certificado.

3.   Si en casos excepcionales la autoridad competente del Estado de ejecución no puede respetar el plazo fijado en el apartado 2, informará con la mayor brevedad a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio, indicando los motivos de la demora y el plazo que estima necesario para adoptar la resolución firme.

Artículo 13

Retirada del certificado

Mientras no haya comenzado la ejecución de la condena en el Estado de ejecución, el Estado de emisión podrá retirar el certificado a dicho Estado, indicando las razones de su proceder. Una vez retirado el certificado, el Estado de ejecución ya no ejecutará la condena.

Artículo 14

Detención preventiva

En aquellos casos en los que la persona condenada se encuentre en el Estado de ejecución, este podrá, a petición del Estado de emisión y antes de que se reciba la sentencia y el certificado o antes de que se adopte la resolución de reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena, detener al condenado o adoptar cualquier otro tipo de medida destinada a garantizar su permanencia en su territorio hasta que se resuelva sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena. La duración de esta última no se verá aumentada como consecuencia del tiempo de detención motivado por la presente disposición.

Artículo 15

Traslado de los condenados

1.   Si la persona condenada se encuentra en el Estado de emisión, será trasladada al Estado de ejecución en el momento acordado entre las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución, y a más tardar en un plazo de 30 días tras la adopción de la resolución firme del Estado de ejecución sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena.

2.   Si por circunstancias imprevistas no pudiera efectuarse el traslado del condenado en el plazo previsto en el apartado 1, las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución se pondrán en contacto de inmediato. El traslado se realizará tan pronto como desaparezcan esas circunstancias. La autoridad competente del Estado de emisión informará de inmediato a la autoridad competente del Estado de ejecución y acordará con esta una nueva fecha para el traslado. En este caso, el traslado se realizará como máximo en un plazo de 10 días después de la nueva fecha acordada.

Artículo 16

Tránsito

1.   Cada Estado miembro autorizará, de acuerdo con su Derecho interno, el tránsito por su territorio de los condenados que estén siendo trasladados al Estado de ejecución, a condición de que el Estado de emisión les haya remitido una copia del certificado a que se refiere el artículo 4 junto con la solicitud de tránsito. La solicitud de tránsito y el certificado podrán transmitirse por cualquier medio que deje constancia escrita. A petición del Estado miembro que permita el tránsito, el Estado de emisión facilitará una traducción del certificado en una de las lenguas que aquel acepte y que se indicará en la solicitud.

2.   Cuando reciba una solicitud de tránsito, el Estado miembro al que se solicite el tránsito comunicará al Estado de emisión si no puede garantizar que el condenado no será perseguido ni detenido, sin perjuicio de la aplicación del apartado 1, ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad individual en el territorio del Estado miembro que recibe la solicitud de tránsito, por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado de emisión. En ese caso, el Estado de emisión podrá retirar la solicitud.

3.   El Estado miembro al que se solicite el tránsito comunicará su decisión, que deberá adoptarse con carácter prioritario y a más tardar en el plazo de una semana tras la recepción de la solicitud, por el mismo procedimiento. Podrá aplazarse dicha decisión hasta que se envíe al Estado miembro al cual se solicite el tránsito la traducción, cuando esta se exija en virtud del apartado 1.

4.   El Estado miembro al cual se solicite el tránsito podrá mantener detenida a la persona condenada durante el período estrictamente necesario para el tránsito por su territorio.

5.   No se requerirá una solicitud de tránsito cuando el traslado se efectúe mediante transporte aéreo sin escalas previstas. No obstante, si se produjera un aterrizaje imprevisto, el Estado de emisión facilitará la información mencionada en el apartado 1 en un plazo de 72 horas.

Artículo 17

Derecho por el que se regirá la ejecución

1.   La ejecución de una condena se regirá por la legislación del Estado de ejecución. Las autoridades del Estado de ejecución serán, sin perjuicio de los apartados 2 y 3, las únicas competentes para determinar el procedimiento de ejecución y todas las medidas conexas, incluidos los motivos de concesión de libertad anticipada o condicional.

2.   La autoridad competente del Estado de ejecución deducirá del período total de privación de libertad que haya de cumplirse en el Estado de ejecución todo el período de privación de libertad ya cumplido en relación con la condena a la que se refiera la sentencia.

3.   Cuando así se le solicite, la autoridad competente del Estado de ejecución informará a la autoridad competente del Estado de emisión de las disposiciones aplicables en materia de libertad anticipada o condicional. El Estado de emisión podrá dar su acuerdo sobre la aplicación de dichas disposiciones o retirar el certificado.

4.   Los Estados miembros podrán disponer que toda decisión en materia de libertad condicional o anticipada pueda tomar en consideración asimismo las disposiciones del Derecho nacional, que señale el Estado de emisión, en virtud de las cuales la persona tenga derecho a la concesión de libertad anticipada o condicional en una fecha determinada.

Artículo 18

Especialidad

1.   La persona trasladada al Estado de ejecución en virtud de la presente Decisión marco no podrá, sin perjuicio del apartado 2, ser procesada, condenada ni privada de libertad de ninguna otra forma por una infracción cometida antes de su traslado salvo por la que hubiere motivado el traslado.

2.   El apartado 1 no se aplicará en los siguientes casos:

a)

cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado de ejecución, la persona no lo haya hecho en un plazo de 45 días desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del mismo;

b)

cuando la infracción no sea punible con una pena privativa de libertad o un auto de internamiento;

c)

cuando el proceso penal no concluya con la aplicación de una medida que restrinja la libertad individual;

d)

cuando la persona condenada pueda estar sometida a una sanción o medida no privativa de libertad, en particular una sanción pecuniaria o medida sustitutoria de esta, aun cuando dicha sanción o medida sustitutoria pudieren restringir su libertad individual;

e)

cuando el condenado haya dado su consentimiento al traslado;

f)

cuando la persona condenada hubiere renunciado expresamente, después del traslado, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores a su traslado. La renuncia se efectuará ante las autoridades judiciales competentes del Estado de ejecución y se levantará acta de la misma con arreglo al Derecho interno de este. La renuncia se efectuará en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea. Con este fin, la persona detenida tendrá derecho a la asistencia de un abogado;

g)

en los casos no señalados en las letras a) a f), cuando el Estado de emisión dé su consentimiento con arreglo al apartado 3.

3.   Se presentará la solicitud de consentimiento a la autoridad competente del Estado de emisión, acompañada de la información mencionada en el artículo 8, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI y de una traducción tal como se establece en su artículo 8, apartado 2. Se dará el consentimiento siempre que exista una obligación de entrega de la persona en virtud de la citada Decisión Marco. La resolución se adoptará en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud. En las situaciones mencionadas en el artículo 5 de dicha Decisión Marco, el Estado de ejecución deberá dar las garantías que en el mismo se prevén.

Artículo 19

Amnistía, indulto y revisión de la sentencia

1.   Podrán conceder amnistía o indulto tanto el Estado de emisión como el Estado de ejecución.

2.   Únicamente el Estado de emisión podrá decidir sobre un recurso de revisión de la sentencia por la que se haya impuesto la condena que deba ejecutarse en virtud de la presente Decisión marco.

Artículo 20

Información por parte del Estado de emisión

1.   La autoridad competente del Estado de emisión informará de inmediato a la autoridad competente del Estado de ejecución de toda resolución o medida adoptada que tenga por efecto anular, de inmediato o en un plazo determinado, el carácter ejecutorio de la condena.

2.   La autoridad competente del Estado de ejecución suspenderá la ejecución de la condena tan pronto como la autoridad competente del Estado de emisión le informe de la adopción de la resolución o medida contemplada en el apartado 1.

Artículo 21

Información por parte del Estado de ejecución

La autoridad competente del Estado de ejecución informará sin demora a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que deje constancia escrita:

a)

de la transmisión de la sentencia y del certificado a la autoridad competente responsable de su ejecución de conformidad con el artículo 5, apartado 5;

b)

de la imposibilidad práctica de ejecutar la condena, tras la transmisión de la sentencia y del certificado al Estado de ejecución, por no haberse logrado encontrar al condenado en el territorio del Estado de ejecución, en cuyo caso no habrá obligación de ejecutar la condena por parte del Estado de ejecución;

c)

de la resolución firme de reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena, indicando la fecha de la resolución;

d)

de cualquier resolución denegatoria del reconocimiento de la sentencia y de la ejecución de la condena, adoptada con arreglo al artículo 9, y de los motivos de la resolución;

e)

de cualquier resolución de adaptación de la condena de conformidad con el artículo 8, apartados 2 o 3, y de los motivos de dicha resolución;

f)

de cualquier resolución de no ejecutar la condena, por los motivos mencionados en el artículo 19, apartado 1, y de los motivos de la resolución;

g)

del inicio y del fin del período de libertad condicional, cuando así lo indique el certificado del Estado de emisión;

h)

de la fuga de la persona condenada;

i)

de la ejecución de la condena tan pronto como haya finalizado.

Artículo 22

Consecuencias del traslado de la persona condenada

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el Estado de emisión no podrá proseguir la ejecución de la condena una vez iniciada su ejecución en el Estado de ejecución.

2.   El derecho de ejecución de la condena revertirá al Estado de emisión cuando el Estado de ejecución le haya informado de la no ejecución parcial de la condena en virtud del artículo 21, letra h).

Artículo 23

Lenguas

1.   El certificado deberá traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución. Cualquier Estado miembro podrá, bien cuando se adopte la presente Decisión marco o en una fecha posterior, hacer constar mediante declaración depositada en la Secretaría General del Consejo que aceptará una traducción a una o varias de las demás lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea.

2.   Sin perjuicio del apartado 3, no será necesaria la traducción de la sentencia.

3.   Cualquier Estado miembro podrá, bien cuando se adopte la presente Decisión marco o en una fecha posterior, hacer constar mediante declaración depositada en la Secretaría General del Consejo que, como Estado de ejecución, cuando considere que el contenido del certificado es insuficiente para decidir sobre la ejecución de la condena, podrá solicitar en cuanto haya recibido la sentencia y el certificado, que la sentencia o las partes fundamentales de la misma vayan acompañadas de una traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución, o a una o más lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea. La solicitud deberá hacerse tras las consultas oportunas, destinadas a indicar las partes fundamentales de las sentencias que han de traducirse, entre las autoridades competentes del Estado de emisión y las del de ejecución.

La decisión sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena podrá aplazarse hasta que el Estado de emisión haya transmitido la traducción al Estado de ejecución, o bien, si el Estado de ejecución decide correr con los gastos de la traducción de la sentencia, hasta que se haya conseguido la traducción.

Artículo 24

Costes

Los gastos que resulten de la aplicación de la presente Decisión Marco correrán a cargo del Estado de ejecución, con excepción de los gastos de traslado de la persona condenada al Estado de ejecución y los ocasionados exclusivamente en el territorio soberano del Estado de emisión.

Artículo 25

Ejecución de condenas a raíz de una orden de detención europea

Sin perjuicio de la Decisión Marco 2002/584/JAI, lo dispuesto en la presente Decisión Marco se aplicará, mutatis mutandis y en la medida en que sea compatible con lo dispuesto en dicha Decisión Marco, a la ejecución de condenas cuando un Estado miembro se comprometa a ejecutar la condena en virtud del artículo 4, apartado 6, de dicha Decisión Marco, o cuando un Estado miembro, en aplicación del artículo 5, apartado 3, de la citada Decisión Marco, haya impuesto la condición de que la persona condenada sea devuelta para cumplir la condena en el Estado miembro de que se trate, a fin de impedir la impunidad de la persona de que se trate.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26

Relaciones con otros arreglos y acuerdos

1.   Sin perjuicio de su aplicación entre Estados miembros y terceros países y de su aplicación transitoria de conformidad con el artículo 28, la presente Decisión Marco sustituirá, a partir del 5 de diciembre de 2011 las disposiciones correspondientes de los siguientes convenios aplicables en las relaciones entre los Estados miembros:

Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas de 21 de marzo de 1983, y su Protocolo Adicional de 18 de diciembre de 1997,

Convenio Europeo sobre la validez internacional de las sentencias penales de 28 de mayo de 1970,

Título III, capítulo 5, del Convenio de aplicación de 19 de junio de 1990 del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes,

Convenio entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas sobre la ejecución de condenas penales extranjeras de 13 de noviembre de 1991.

2.   Los Estados miembros podrán seguir aplicando los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en vigor después del 27 de noviembre de 2008, en la medida en que estos permitan ir más allá de los objetivos de la misma y contribuyan a simplificar o facilitar en mayor medida los procedimientos de ejecución de condenas.

3.   Los Estados miembros podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales después del 5 de diciembre de 2008, en la medida en que permitan ir más allá de las obligaciones impuestas por esta y contribuyan a simplificar o facilitar en mayor medida los procedimientos de ejecución de condenas.

4.   Los Estados miembros, a más tardar el 5 de marzo de 2009, notificarán al Consejo y a la Comisión los acuerdos y arreglos existentes mencionados en el apartado 2 que deseen seguir aplicando. Los Estados miembros también notificarán al Consejo y a la Comisión todos los nuevos acuerdos o arreglos a que se refiere el apartado 3, en los tres meses siguientes a su firma.

Artículo 27

Aplicación territorial

La presente Decisión Marco se aplicará a Gibraltar.

Artículo 28

Disposición transitoria

1.   Las solicitudes recibidas antes del 5 de diciembre de 2011 seguirán rigiéndose por lo dispuesto en los instrumentos jurídicos vigentes sobre el traslado de condenados. A las solicitudes recibidas después de dicha fecha se les aplicará la normativa adoptada por los Estados miembros en virtud de la presente Decisión Marco.

2.   No obstante, cualquier Estado miembro podrá formular, en el momento de la adopción de la presente Decisión marco, una declaración en la que indique que en los casos en los que la sentencia firme haya sido dictada antes de la fecha que especificará, seguirá aplicando, en su calidad de Estado de emisión y de ejecución, los instrumentos jurídicos vigentes sobre el traslado de condenados aplicables antes del 5 de diciembre de 2011. En caso de efectuarse tal declaración, dichos instrumentos se aplicarán en dichos casos por lo que respecta a todos los demás Estados miembros, con independencia de que hayan formulado o no la misma declaración. La fecha de que se trate no podrá ser posterior al 5 de diciembre de 2011. Dicha declaración se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Podrá ser retirada en cualquier momento.

Artículo 29

Ejecución

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Decisión Marco a más tardar el 5 de diciembre de 2011.

2.   Los Estados miembros transmitirán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones de adaptación de sus legislaciones nacionales en virtud de las obligaciones derivadas de la presente Decisión Marco. Sobre la base de un informe elaborado por la Comisión a partir de esa información, el Consejo verificará, antes del 5 de diciembre de 2012, en qué medida los Estados miembros han cumplido lo dispuesto en la presente Decisión Marco.

3.   La Secretaría General del Consejo notificará a los Estados miembros y a la Comisión las notificaciones o declaraciones formuladas en virtud del artículo 4, apartado 7, o del artículo 23, apartados 1 o 3.

4.   No obstante lo dispuesto en el artículo 35, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea, un Estado miembro que se haya enfrentado a repetidas dificultades en la aplicación del artículo 25 de la presente Decisión Marco, que no se hayan resuelto mediante consultas bilaterales, informará al Consejo y a la Comisión de sus dificultades. Sobre la base de dicha información y de toda otra información de que disponga, la Comisión elaborará un informe, acompañado de todas las iniciativas que considere adecuadas, a fin de resolverlas.

5.   A más tardar el 5 de diciembre de 2013, la Comisión elaborará un informe basado en la información recibida, acompañado de toda iniciativa que considere apropiada. Basándose en cualquier informe de la Comisión o en cualquier iniciativa en tal sentido, el Consejo examinará, en particular, el artículo 25, con vistas a determinar si ha de sustituirse por disposiciones más específicas.

Artículo 30

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2008.

Por el Consejo

La Presidenta

M. ALLIOT-MARIE


(1)  DO C 12 de 15.1.2001, p. 10.

(2)  DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.

(3)  DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.

(4)  DO L 251 de 3.10.2003, p. 12.

(5)  DO L 16 de 23.1.2004, p. 44.

(6)  DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

(7)  DO L 76 de 22.3.2005, p. 16.

(8)  DO L 328 de 24.11.2006, p. 59.

(9)  DO L 191 de 7.7.1998, p. 4.

(10)  DO C 316 de 27.11.1995, p. 49.


ANEXO I

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ANEXO II

NOTIFICACIÓN AL CONDENADO

Se le notifica por la presente la resolución de … (autoridad competente del Estado de emisión) de transmitir la sentencia de … (autoridad competente del Estado de emisión) de fecha … (fecha de la sentencia), … (número de referencia, si lo hubiera) a … (Estado de ejecución) a efectos de su reconocimiento y de la ejecución de la correspondiente condena con arreglo a la legislación nacional de aplicación de la Decisión Marco 2008/909/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea.

La ejecución de la condena se regirá por el Derecho de … (Estado de ejecución). Las autoridades del Estado de ejecución serán competentes para determinar el procedimiento de ejecución y todas las medidas conexas, incluidos los motivos de concesión de libertad anticipada o condicional.

La autoridad competente de … (Estado de ejecución) debe deducir del período total de privación de libertad que haya de cumplirse, todo el período de privación de libertad ya cumplido en conexión con la condena. La autoridad competente de … (Estado de ejecución) podrá adaptar la condena únicamente cuando sea incompatible con el Derecho de dicho Estado en cuanto a su duración o a su naturaleza. La condena adaptada no deberá agravar por su naturaleza o por su duración la condena impuesta en … (Estado de emisión).


Corrección de errores

5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/47


Corrección de errores de la Directiva 93/92/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la instalación de dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa en los vehículos de motor de dos o tres ruedas

( Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 311 de 14 de diciembre de 1993 )

En la página 50, en el anexo V, en el punto 6.1.10:

donde dice:

«6.1.10

Testigo de conexión: optativo»,

debe decir:

«6.1.10

Testigo de conexión: obligatorio».


5.12.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/s3


NOTA AL LECTOR

Las instituciones han decidido no mencionar en sus textos la última modificación de los actos citados.

Salvo indicación en contrario, se entenderá que los actos a los que se hace referencia en los textos aquí publicados son los actos en su versión actualmente en vigor.