ISSN 1725-2512

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 275

European flag  

Edición en lengua española

Legislación

51o año
16 de octubre de 2008


Sumario

 

I   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria

Página

 

 

REGLAMENTOS

 

*

Reglamento (CE) no 1000/2008 del Consejo, de 13 de octubre de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ácido sulfanílico originarias de la República Popular China y de la India tras una reconsideración por expiración en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96

1

 

*

Reglamento (CE) no 1001/2008 del Consejo, de 13 de octubre de 2008, por el que se aplica un derecho antidumping definitivo a las importaciones de determinados accesorios de tubería, de hierro o de acero, originarias de la República de Corea y de Malasia tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96

18

 

 

Reglamento (CE) no 1002/2008 de la Comisión, de 15 de octubre de 2008, por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

32

 

 

Reglamento (CE) no 1003/2008 de la Comisión, de 15 de octubre de 2008, por el que se fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 16 de octubre de 2008

34

 

*

Reglamento (CE) no 1004/2008 de la Comisión, de 15 de octubre de 2008, que modifica el Reglamento (CE) no 1725/2003, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la norma internacional de contabilidad 39 y a la norma internacional de información financiera 7 ( 1 )

37

 

 

II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

 

 

DECISIONES

 

 

Comisión

 

 

2008/799/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 10 de octubre de 2008, por la que se fijan para el ejercicio financiero de 2008 las asignaciones financieras definitivas a los Estados miembros, para un determinado número de hectáreas, con vistas a la reestructuración y reconversión de viñedos en virtud del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo [notificada con el número C(2008) 5738]

42

 

 

IV   Otros actos

 

 

ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

 

 

Comité Mixto del EEE

 

*

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC no 318/05/COL, de 14 de diciembre de 2005, por la que se concluye el procedimiento formal de investigación previsto en el artículo 1, apartado 2, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, relativo a la exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro en relación con la constitución de la empresa Entra Eiendom AS (Noruega)

45

 

*

Recomendación del Órgano de Vigilancia de la AELC no 119/07/COL, de 16 de abril de 2007, relativa al control de los niveles de base de las dioxinas, los PCB similares a las dioxinas y los PCB no similares a las dioxinas en los productos alimenticios

65

 

 

 

*

Nota al lector (véase página tres de cubierta)

s3

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.


I Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria

REGLAMENTOS

16.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 275/1


REGLAMENTO (CE) N o 1000/2008 DEL CONSEJO

de 13 de octubre de 2008

por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ácido sulfanílico originarias de la República Popular China y de la India tras una reconsideración por expiración en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1), denominado en lo sucesivo «el Reglamento de base», y, en particular, su artículo 9 y su artículo 11, apartado 2,

Vista la propuesta presentada por la Comisión previa consulta al Comité consultivo,

Considerando lo siguiente:

A.   PROCEDIMIENTO

1.   Medidas vigentes

(1)

En julio de 2002, mediante el Reglamento (CE) no 1339/2002 (2), el Consejo estableció un derecho antidumping definitivo, denominado en lo sucesivo «las medidas existentes», del 21 % sobre las importaciones de ácido sulfanílico clasificado en los códigos NC ex 2921 42 10 (Código TARIC 2921421060) originarias de la República Popular China, denominada en lo sucesivo «la RPC», y un tipo de derecho residual del 18,3 % sobre las importaciones originarias de la India. Las medidas impuestas se habían basado en los resultados de un procedimiento antidumping iniciado de conformidad con el artículo 5 del Reglamento de base, denominado en lo sucesivo «la investigación original».

(2)

Al mismo tiempo, en virtud del Reglamento (CE) no 1338/2002 (3), el Consejo estableció un derecho compensatorio definitivo del 7,1 % sobre las importaciones del mismo producto originarias de la India.

(3)

En el marco de dichos procedimientos antidumping y compensatorios, la Comisión, mediante la Decisión 2002/611/CE (4), aceptó un compromiso relativo a los precios ofrecido por un productor exportador indio, Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd, denominado en lo sucesivo «Kokan».

(4)

En febrero de 2004, tras una nueva investigación antiabsorción de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de base, el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 236/2004 (5), aumentó el tipo del derecho antidumping definitivo aplicable a las importaciones de ácido sulfanílico originarias de la RPC del 21 % hasta un 33,7 %.

(5)

En diciembre de 2003, Kokan informó a la Comisión de que deseaba retirar su compromiso voluntariamente. Así pues, la Decisión de la Comisión por la que se aceptaba el compromiso fue derogada mediante la Decisión 2004/255/CE de la Comisión (6).

(6)

En abril de 2005, tras una petición presentada por Kokan, la Comisión inició (7) una reconsideración provisional parcial de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base y con el artículo 19 del Reglamento (CE) no 2026/97, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (8), denominado en lo sucesivo «el Reglamento de base antisubvenciones», limitada a examinar la aceptabilidad de un compromiso ulterior que debía ofrecer Kokan.

(7)

Mediante la Decisión 2006/37/CE (9), la Comisión aceptó el compromiso ulterior ofrecido por Kokan con respecto a los procedimientos antidumping y compensatorios referentes a las importaciones de ácido sulfanílico originarias de la India.

(8)

Al mismo tiempo, el Reglamento (CE) no 1338/2002, por el que se establece un derecho compensatorio definitivo y se percibe definitivamente el derecho compensatorio provisional establecido sobre las importaciones de ácido sulfanílico originarias de la India, y el Reglamento (CE) no 1339/2002, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ácido sulfanílico originarias, entre otros, de la India, fueron modificados por el Reglamento (CE) no 123/2006 del Consejo (10), para tener en cuenta la aceptación de dicho compromiso.

2.   Solicitud de reconsideración

(9)

A raíz de la publicación de un anuncio de próxima expiración (11), la Comisión recibió el 24 de abril de 2007 una solicitud de reconsideración provisional, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base. La solicitud fue presentada por dos productores comunitarios, denominados en lo sucesivo «los solicitantes», que representan el 100 % o la totalidad de la producción comunitaria de ácido sulfanílico.

(10)

Los solicitantes alegaron, y lo corroboraron con suficientes pruebas a primera vista, que existía una probabilidad de que continuase o reapareciese el dumping y el perjuicio para la industria de la Comunidad derivado de las importaciones de ácido sulfanílico originarias de la RPC y de la India, denominados en lo sucesivo «los países afectados».

(11)

El 24 de julio de 2007, tras determinar, previa consulta al Comité Consultivo, que existían suficientes pruebas, la Comisión anunció el inicio de una reconsideración por expiración, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, mediante la publicación de un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea  (12).

3.   Investigaciones paralelas

(12)

Mediante un anuncio de inicio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 24 de julio de 2007 (13), la Comisión también inició una investigación de reconsideración por expiración, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base antisubvenciones, sobre las medidas compensatorias vigentes aplicables a las importaciones de ácido sulfanílico originarias de la India. Esta investigación aún sigue abierta.

(13)

Mediante un anuncio de inicio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 29 de septiembre de 2007 (14), la Comisión inició por su propia iniciativa una reconsideración provisional parcial limitada a las subvenciones, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento de base antisubvenciones, dado que la Comisión disponía de suficientes pruebas a primera vista en el sentido de que las circunstancias relativas a las subvenciones sobre las que se habían establecido las medidas habían cambiado y que estos cambios eran duraderos. Esta investigación aún sigue abierta.

4.   Investigación

4.1.   Período de investigación

(14)

La investigación sobre la continuación o reaparición del dumping abarcó el período del 1 de abril de 2006 al 31 de marzo de 2007, denominado en lo sucesivo «el período de investigación de reconsideración» o «PIR». El análisis de las tendencias pertinentes para determinar la probabilidad de una continuación o reaparición del perjuicio abarcó el período que va del año 2003 al final del período de investigación de reconsideración, denominado en lo sucesivo «el período considerado».

4.2.   Partes afectadas por la investigación

(15)

La Comisión informó oficialmente del inicio de la reconsideración por expiración a los productores exportadores, los importadores y los usuarios notoriamente afectados, a los representantes de los países exportadores y a los solicitantes. Se brindó a las partes interesadas la oportunidad de dar a conocer sus opiniones por escrito y de solicitar ser oídas en el plazo fijado en el anuncio de inicio de la reconsideración.

(16)

Se concedió audiencia a todas las partes interesadas que lo solicitaron y demostraron que existían razones específicas por las que debían ser oídas.

(17)

Se enviaron cuestionarios a todas las partes interesadas, a saber, a los dos productores comunitarios y a todos los productores exportadores, importadores y usuarios conocidos.

(18)

Se recibieron respuestas a los cuestionarios por parte de los dos productores comunitarios y de un productor exportador de la India, así como de cuatro usuarios. Ninguno de los productores exportadores de la RPC y ni ninguno de los importadores respondieron al cuestionario ni se dieron a conocer en el curso de esta investigación.

(19)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para determinar la probable continuación o reaparición del dumping, y el consiguiente perjuicio, y el interés para la Comunidad. La Comisión realizó visitas de inspección a los locales de las siguientes empresas:

a)

productor exportador en la India:

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd., Mumbai, India;

b)

productores comunitarios:

Ardenity, Givet, Francia, y

CUF Químicos Industriais, Estarreja, Portugal;

c)

usuarios:

Kemira Germany GmbH, Leverkusen, Alemania, y

Robama SA, Palafolls, España.

B.   PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

1.   Producto afectado

(20)

El producto objeto de reconsideración es el mismo que el de la investigación original, es decir, el ácido sulfanílico actualmente clasificable en el código NC ex 2921 42 10. Existen básicamente dos grados de ácido sulfanílico, en función de su pureza: un grado técnico y un grado purificado. Además, el grado purificado se comercializa a veces en forma de sal de ácido sulfanílico. El ácido sulfanílico se utiliza como materia prima en la producción de blanqueadores ópticos, aditivos del hormigón, colorantes alimentarios y tintes especiales. Aunque existen distintas aplicaciones del ácido sulfanílico, los usuarios consideran que todos los grados y formas son razonablemente sustituibles y que se utilizan indistintamente en la mayor parte de las aplicaciones; por consiguiente, han de tratarse como un único producto, al igual que en la investigación original.

2.   Producto similar

(21)

Como ya determinó la investigación inicial, esta investigación de reconsideración confirmó que el ácido sulfanílico es un producto básico puro de idéntica calidad y características físicas básicas, independientemente del país de origen. Se ha comprobado que el producto afectado y los productos manufacturados y vendidos por el productor exportador de la India en su mercado nacional y a terceros países, así como los manufacturados y vendidos por los productores comunitarios en el mercado comunitario, tienen las mismas características físicas y químicas básicas y esencialmente las mismas aplicaciones y, por lo tanto, se consideran productos similares en el sentido del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de base.

C.   PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN DEL DUMPING

(22)

De conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, se examinó si el dumping proseguía durante el PIR y si la expiración de las medidas podría dar lugar a su continuación o reaparición.

1.   Observaciones preliminares

(23)

Debe considerarse que, dado que la Comunidad se amplió a 25 Estados miembros en 2004 y a 27 en 2007, los volúmenes de exportación y las cuotas de mercado de las importaciones en la investigación previa y en la actual reconsideración por expiración no pueden compararse directamente.

1.1.   India

(24)

A fin de respetar la información empresarial confidencial y teniendo en cuenta que Kokan representa el 100 % de las importaciones originarias de la India, ha sido necesario presentar la información pertinente en horquillas o indexada.

(25)

Este examen se basó en la verificación de la respuesta al cuestionario por parte del productor exportador de la India, que cooperó plenamente con la investigación. Con arreglo a la información proporcionada por la empresa y los datos disponibles de Eurostat, se desprende que todas las importaciones del producto afectado durante el PIR tuvieron su origen en este productor exportador.

(26)

Se constató que durante el PIR, en la Comunidad se importaron entre 800 y 1 000 toneladas de ácido sulfanílico de la India, es decir, aproximadamente 8-10 % del consumo comunitario. En la investigación original, las importaciones procedentes de la India ascendieron a 1 712 toneladas.

1.2.   República Popular China

(27)

Debido a la falta de cooperación de los productores exportadores chinos, el examen de si se estaba produciendo dumping tuvo que basarse en la información disponible para la Comisión procedente de otras fuentes. A este respecto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de base, se utilizaron datos oficiales de Eurostat para determinar cantidades y precios de importación.

(28)

Según los datos disponibles, se concluyó que, durante el período de investigación, se habían importado en la Comunidad procedentes de la República Popular China 1 482 toneladas de ácido sulfanílico, es decir, aproximadamente el 15 % del consumo comunitario. En el período de investigación original, las importaciones procedentes de la RPC ascendieron a 2 950 toneladas.

2.   Probabilidad de continuación del dumping

2.1.   India

(29)

De conformidad con el artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base, para determinar el margen de dumping se utilizaron los mismos métodos que en la investigación original. Se recuerda que, en la investigación original, se estableció un margen de dumping del 24,6 %.

a)   Valor normal

(30)

Con el fin de determinar el valor normal se empezó estableciendo, para cada productor exportador, si el total de sus ventas nacionales del producto afectado eran representativas en comparación con sus exportaciones totales a la Comunidad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base, las ventas nacionales se consideran representativas siempre que el volumen total de ventas en el mercado nacional represente como mínimo el 5 % del volumen total de las ventas de exportación a la Comunidad. La investigación mostró que las ventas nacionales eran representativas.

(31)

A continuación, se determinaron los tipos del producto afectado vendidos en el mercado nacional por los productores exportadores con ventas totales representativas en dicho mercado, que fueran idénticos o directamente comparables a los tipos vendidos para su exportación a la Comunidad. Los criterios utilizados para la identificación de los distintos tipos de producto fueron el grado (puro o técnico), la forma (polvo ácido o sal de sodio) y la concentración de ácido.

(32)

Por cada tipo de producto vendido por los productores exportadores en su mercado interno que se consideró directamente comparable al tipo vendido para exportación a la Comunidad, se determinó si las ventas interiores eran lo bastante representativas a efectos de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base, y se consideró que lo eran cuando su volumen total durante el período de investigación era igual o superior al 5 % del volumen total de ventas del tipo de producto comparable exportado a la Comunidad. La investigación mostró que de los tres tipos exportados por el productor exportador en cuestión, dos se vendieron en cantidades representativas en el mercado nacional.

(33)

Asimismo, se examinó si las ventas interiores de la empresa podían considerarse efectuadas en el curso de operaciones comerciales normales, de conformidad con el artículo 2, apartado 4, del Reglamento de base.

(34)

Esto se hizo determinando la proporción de ventas nacionales a clientes independientes de cada uno de los dos tipos vendidos en cantidades representativas, no vendidos con pérdidas, durante el PIR. Para los tipos de producto en los que más del 80 % del volumen de ventas en el mercado interior no se realizó con pérdidas y la media ponderada de los precios de venta fue igual o superior a la media ponderada de los costes de producción, el valor normal del tipo de producto en cuestión, por tipo de producto, se calculó como la media ponderada de todos los precios de venta pagados o por pagar por clientes independientes en el mercado interior durante el período de investigación, según lo establecido en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de base.

(35)

Por lo que respecta al tipo de producto no vendido en cantidades representativas en el mercado interior, hubo que establecer el valor normal. Para establecer el valor normal calculado, las ventas propias del productor exportador que cooperó, los costes generales y administrativos contraídos y el beneficio medio ponderado obtenido en las ventas interiores del producto similar, en el curso de operaciones comerciales normales, durante el período de investigación, se añadieron al coste medio de fabricación durante el período de investigación, de conformidad con el artículo 2, apartado 3 y el artículo 2, apartado 6, del Reglamento de base.

b)   Precio de exportación

(36)

La investigación puso de manifiesto que las ventas de exportación del productor exportador de la India se realizaron directamente a clientes no vinculados en la Comunidad.

(37)

Por lo tanto, la determinación del precio de exportación se basó en el precio de exportación realmente pagado o pagadero, de conformidad con el artículo 2, apartado 8, del Reglamento de base.

c)   Comparación

(38)

El valor normal y el precio de exportación se compararon franco fábrica. Con el fin de garantizar una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación, se realizaron los debidos ajustes para tener en cuenta las diferencias que influyan en los precios y en la comparabilidad de estos, de conformidad con el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base. Estos ajustes se hicieron por lo que se refiere a los costes de transporte y seguro.

d)   Margen de dumping

(39)

Tal como se establece en el artículo 2, apartados 11 y 12, del Reglamento de base, el valor normal medio ponderado de cada tipo del producto afectado exportado a la Comunidad se comparó con la media ponderada del precio de exportación de cada tipo correspondiente del producto afectado.

(40)

Esta comparación reveló la ausencia de dumping para el productor exportador indio que cooperó y que exportó a la Comunidad durante el PIR.

(41)

Por lo que se refiere a la ausencia de dumping del exportador que cooperó en el PIR, cabe señalar que, según lo mencionado en el considerando 7, durante el PIR estaba vigente un compromiso relativo a los precios con arreglo al cual dicho productor debía respetar un cierto nivel de precios para las exportaciones a la Comunidad. Se descubrió que algunas transacciones eran ligeramente más altas que el nivel de los precios de importación mínimos, denominados en lo sucesivo «PIM», del compromiso, pero la mayoría de las ventas se realizó aplicando el precio de importación mínimo.

2.2.   República Popular China

(42)

De conformidad con el artículo 11, apartado 9, del Reglamento de base, para determinar el margen de dumping se utilizaron los mismos métodos que en la investigación original. Se recuerda que, en la investigación original, se estableció un margen de dumping del 21 %. Sin embargo, tras una nueva investigación antiabsorción iniciada en junio de 2003, el margen de dumping se evaluó de nuevo y se descubrió que había aumentado a un 33,7 %, según lo descrito en el Reglamento (CE) no 236/2004.

e)   País análogo

(43)

De conformidad con el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base, la RPC no es un país de economía de mercado, y por tanto, el valor normal para las importaciones procedentes de la RPC hubo de basarse en datos de un tercer país con economía de mercado.

(44)

En el anuncio de inicio se propuso a la India como tercer país con economía de mercado apropiado con respecto a las exportaciones de China a la Comunidad. La India también se había utilizado como país análogo en la investigación original.

(45)

Los solicitantes sugirieron, sin embargo, que sería más adecuado utilizar a Estados Unidos como país análogo en este caso ya que, contrariamente a la India, los precios del ácido sulfanílico en EE.UU. se regirían por fuerzas normales del mercado sin distorsión. Por otra parte, se alegó que el proceso de producir ácido sulfanílico en EE.UU. es comparable con el de la RPC, y que las cantidades producidas y vendidas en EE.UU. son representativas. Además, los solicitantes también alegaron que el acceso a materias primas en la India no es comparable con el acceso a materias primas en la RPC, pues los productores indios, debido al sistema de licencias previas, prefieren materias primas de importación en vez de comprar materias primas nacionales.

(46)

Por lo que se refiere a la sugerencia de utilizar EE.UU. como país análogo, se observa que EE.UU., durante varios años, ha adoptado medidas protectoras en forma de medidas antidumping frente a las importaciones procedentes de la RPC y de la India, así como medidas compensatorias frentes a las importaciones procedentes de la India. Por esta razón, no puede excluirse que los precios se hayan visto influenciados por estas medidas de defensa comercial.

(47)

Con respecto al acceso a las materias primas, también se constató que los fabricantes indios de ácido sulfanílico compran materias primas en el mercado interior. Por consiguiente, no puede alegarse que el acceso a las materias primas haga que la India sea un país análogo inadecuado. Por otra parte, en la India hay varios productores de ácido sulfanílico y también importaciones, por ejemplo de la RPC. No hay por tanto pruebas que sugieran una falta de competencia en la India.

(48)

A la luz de lo anterior, y a falta de otros argumentos convincentes sobre el cambio de circunstancias desde la investigación original, se concluye que la India constituye un país análogo adecuado a efectos de establecer el valor normal, de conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base en el contexto de esta reconsideración por expiración.

f)   Determinación del valor normal

(49)

De conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base, el valor normal se estableció sobre la base de información verificada recibida del productor exportador que cooperó en el país análogo. Más específicamente, el valor normal se basó en el precio pagado o pagadero en la India por clientes no relacionados y por tipos comparables de producto, ya que se comprobó que correspondían a operaciones comerciales normales.

g)   Precio de exportación

(50)

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, al no cooperar los productores exportadores chinos, los resultados se basaron en los datos disponibles. Las cifras oficiales de Eurostat se eligieron como la base apropiada para establecer el precio de exportación.

h)   Comparación

(51)

A efectos de una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación, se realizaron ajustes para tener en cuenta las diferencias que podrían afectar a la comparabilidad de los precios. Estos ajustes se hicieron por lo que se refiere a los costes de transporte y seguro de conformidad con el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base. El valor normal franco fábrica indio se comparó entonces con el precio de exportación chino ajustado al mismo nivel.

i)   Margen de dumping

(52)

La comparación del valor normal y del precio de exportación mostró la existencia de dumping, siendo el margen de dumping igual a la cantidad en la que el valor normal excede el precio de exportación a la Comunidad. El margen de dumping hallado, expresado en porcentaje del precio en la frontera de la Comunidad, con coste, seguro y flete pagados, es del 15-20 %.

3.   Evolución de las importaciones en caso de que se deroguen las medidas

3.1.   India

j)   Observaciones preliminares

(53)

A falta de dumping durante el PIR, se examinó si sería posible que el dumping de la India se repitiera en caso de que se deroguen las medidas. Para evaluar si había probabilidad de reaparición del dumping, se examinó la política de precios de Kokan, en particular los aplicados en otros mercados de exportación en comparación con sus precios de exportación a la Comunidad y con sus precios internos, así como su producción, su capacidad de producción y sus existencias. El análisis se basó en la información proporcionada en la respuesta al cuestionario y se verificó en los locales de Kokan durante la investigación.

k)   Relación entre los precios en la Comunidad y los precios en la India

(54)

Los precios en el mercado comunitario fueron más elevados que los alcanzados por Kokan en su mercado interior durante el PIR. Este hecho, sin embargo, debe considerarse a la luz del hecho de que los precios de exportación de esta empresa estaban sujetos a la disciplina de los PIM del compromiso.

l)   Relación entre los precios de exportación a terceros países, los precios de exportación a la Comunidad y los precios internos en la India

(55)

Se observó que el precio de exportación medio aplicado por Kokan a los terceros países era considerablemente inferior a su precio de exportación medio a la Comunidad. También se observó que estos precios eran objeto de dumping, pues se descubrió que eran muy inferiores a los precios aplicados por Kokan en su mercado interior.

(56)

Según lo mencionado anteriormente en los considerandos 7 y 41, Kokan estaba sujeto a un compromiso de precios mínimos para sus exportaciones a la Comunidad durante el PIR, mientras que los precios aplicados a los clientes en otros terceros países se establecieron libremente. En estas circunstancias, estos últimos precios son un indicio del probable nivel de precios para la exportación a la Comunidad en caso de que se permita que las medidas expiren. Se concluyó por tanto que es probable que Kokan reduzca sus precios de exportación a la Comunidad y que el dumping se repita en el mercado comunitario en caso de que se deroguen las medidas.

m)   Relación entre los precios de exportación a terceros países y el nivel de precios en el mercado comunitario

(57)

También se observó que los precios de exportación a terceros países eran por término medio inferiores a los precios de venta de la industria de la Comunidad en el mercado comunitario. Esto significa que el nivel de precios existente para el producto afectado en el mercado comunitario podría hacer muy atractivo este mercado para el productor exportador indio. Por ello se consideró que, efectivamente, en caso de derogarse las medidas vigentes, existiría un incentivo económico para que las exportaciones actuales a terceros países se reorientaran al mercado comunitario por ser este más rentable.

n)   Capacidades no utilizadas y existencias

(58)

La investigación puso de manifiesto que el productor exportador que cooperó no acumuló existencias durante el PIR. Sin embargo, se constató que podría aumentar su producción, pues su índice de utilización de la capacidad fue de cerca del 65 % durante el PIR. Se observa a este respecto que su capacidad de producción no utilizada correspondía a más del 30 % del consumo comunitario.

o)   Conclusión sobre la India

(59)

La investigación mostró claramente que el nivel de precios en la India y en otros mercados de terceros países era considerablemente más bajo que el nivel de precios en el mercado comunitario. Si se derogan las medidas antidumping existentes, habrá un fuerte incentivo para que el productor exportador indio que cooperó despliegue capacidades no utilizadas, pero también para que desplace más ventas al mercado comunitario y por tanto continúe exportando, incluso en cantidades cada vez mayores. La evaluación anterior indica que las mayores cantidades de exportaciones a la Comunidad se harían a precios de dumping.

3.2.   República Popular China

p)   Observaciones preliminares

(60)

Además de constatar la existencia de dumping durante el PIR, también se examinó la probabilidad de que continuara en caso de que se deroguen las medidas. A falta de cooperación de los productores exportadores chinos, las conclusiones que figuran a continuación se basan en datos disponibles, a saber, en la información presentada por los solicitantes, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, así como en datos extraídos de Eurostat.

q)   Capacidad de producción

(61)

Los datos disponibles públicamente muestran que el volumen de producción chino es de unas 22 000 toneladas, lo que equivale a más del doble del consumo en la Comunidad durante el PIR. A falta de cooperación de los productores exportadores chinos, no hay información en cuanto a si en la RPC hay capacidad excedentaria. Sin embargo, según la información disponible, los productores chinos pueden utilizar el relativamente sencillo proceso discontinuo que se utiliza actualmente para producir sustancias químicas y tintes especiales, para producir ácido sulfanílico. Por otra parte, según se menciona en el considerando 63, el mercado comunitario lleva muchos años siendo un mercado atractivo para los exportadores chinos. Es por tanto razonable suponer que cualquier capacidad de producción excedentaria que pudiera existir en la RPC se utilizaría para canalizar cantidades adicionales al mercado comunitario o que la producción existente, incrementada por el cambio de la producción de tintes especiales a sustancias químicas, se reorientaría a la Comunidad, en caso de que se derogaran las medidas antidumping existentes.

r)   Relación entre los precios de exportación a terceros países y a la Comunidad

(62)

Según los datos disponibles, los precios de exportación chinos a terceros países fueron inferiores a los precios de exportación chinos a la Comunidad durante el PIR. Hay una gran probabilidad, por tanto, de que si se derogasen las medidas, los exportadores chinos reorientarían sus exportaciones actuales a terceros países al mercado comunitario, y que estas exportaciones continuarían realizándose a precios de dumping.

s)   Prácticas de absorción

(63)

Según lo establecido por el Reglamento (CE) no 236/2004, se constató que la absorción del derecho antidumping había tenido lugar por lo que se refiere a las exportaciones de la RPC a la Comunidad. Esta práctica demostraba el continuo atractivo del mercado comunitario para los productores exportadores chinos. Dado que se descubrió que las exportaciones se hacían a precios de dumping durante el PIR, puede concluirse que, si se permite que las medidas expiren, es probable que el dumping continúe y que aumenten los volúmenes de exportación.

t)   Conclusión sobre la RPC

(64)

La investigación puso de manifiesto que los exportadores chinos continuaron sus prácticas de dumping durante el PIR en un nivel significativo. Sobre la base de lo constatado en los considerandos 62 y 63, se concluye que es probable que continúe un dumping significativo si se derogan las medidas existentes. También es probable que el volumen de importaciones objeto de dumping aumente considerablemente a falta de medidas.

4.   Conclusión sobre la probabilidad de continuación o reaparición del dumping

(65)

Sobre la base de lo anterior, se concluye que es probable que el dumping continúe por lo que respecta a los exportadores chinos y que se repita por lo que se refiere a los productores exportadores indios, en caso de que se deroguen las medidas existentes.

D.   DEFINICIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD

(66)

En la Comunidad, el producto similar es fabricado por dos productores, cuya producción constituye la producción comunitaria total del producto similar a tenor del artículo 4, apartado 1, del Reglamento de base.

(67)

Cabe señalar que con respecto a la investigación original, las empresas Sorochimie Chimie y Quimigal SA, han cambiado sus nombres por Ardenity y CUF Químicos Industriais, respectivamente.

(68)

Ambos productores cooperaron en la investigación y apoyaron la petición de una reconsideración. Estas empresas constituyen la «industria de la Comunidad» a efectos del artículo 4, apartado 1, y del artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base.

E.   SITUACIÓN EN EL MERCADO COMUNITARIO

1.   Consumo en el mercado comunitario

(69)

El consumo comunitario aparente se estableció sobre la base de:

las importaciones del producto afectado en el mercado comunitario, según datos de Eurostat,

las ventas totales de la industria de la Comunidad en el mercado comunitario, según las respuestas a los cuestionarios.

(70)

El consumo comunitario de ácido sulfanílico en el PIR fue de cerca de 10 000 toneladas. Durante el período considerado se observó una disminución del consumo del 6 %.

Cuadro 1

Consumo en el mercado comunitario

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Consumo (en toneladas)

10 684

10 443

10 899

9 939

9 997

Índice

100

98

102

93

94

2.   Importaciones actuales procedentes de los países afectados

(71)

A fin de respetar la información comercial confidencial, teniendo en cuenta que Kokan representa el 100 % de las importaciones originarias de la India y que la industria de la Comunidad consiste solamente en dos productores, ha sido necesario presentar la información de los cuadros 2 a 5 de forma indexada.

2.1.   Volumen de importaciones y cuota de mercado de las importaciones afectadas durante el período de investigación

(72)

Los volúmenes y las cuotas de mercado de las importaciones procedentes de la RPC y de la India evolucionaron según lo establecido en los cuadros que figuran a continuación. Los datos sobre el volumen de importación proceden de Eurostat.

Cuadro 2

Importaciones procedentes de los países afectados

Importaciones (índice)

2003

2004

2005

2006

PIR

RPC

100

106

128

86

84

India

100

54

59

56

60

Total de los países afectados

100

81

95

72

73

Fuente: Eurostat.

Cuadro 3

Cuota de mercado de los países afectados

Cuota de mercado (índice)

2003

2004

2005

2006

PIR

RPC

100

109

126

92

90

India

100

55

58

60

64

Total de los países afectados

100

83

94

77

78

(73)

Las importaciones procedentes de los países afectados se redujeron en un 27 % durante el período considerado. La cuota de mercado de los países afectados descendió un 22 % entre 2003 y el período de investigación.

(74)

Considerando a cada país por separado, los volúmenes de importación procedentes de la India disminuyeron un 40 % entre 2003 y el PIR, y la cuota de mercado de las importaciones indias disminuyó un 36 %.

(75)

El volumen de las importaciones originarias de la RPC disminuyó un 16 % durante el período considerado y su cuota de mercado disminuyó un 10 % durante el mismo período.

2.2.   Evolución y comportamiento de los precios de las importaciones del producto afectado

Cuadro 4

Precios de las importaciones en cuestión

Precios unitarios (EUR/tonelada)

2003

2004

2005

2006

PIR

RPC

773

876

1 138

1 128

1 040

Índice

100

113

147

146

135

India (indexado)

100

85

96

110

111

Total de los países afectados

956

910

1 131

1 180

1 138

Índice

100

95

118

123

119

Fuente: Eurostat.

(76)

El precio medio de las importaciones afectadas originarias de la RPC aumentó un 35 % durante el período considerado. Durante el mismo período, el precio medio de las importaciones afectadas originarias de la India aumentó en un 11 %.

(77)

A efectos del cálculo del nivel de subcotización de los precios durante el período de investigación de reconsideración, se han comparado los precios franco fábrica de la industria de la Comunidad a clientes no vinculados con los precios cif de importación en la frontera de la Comunidad de los países afectados, debidamente ajustados para reflejar un precio puesto en destino. Este ajuste se hizo aumentando los precios con los derechos de aduana normales y los costes posteriores a la importación, tanto para la RPC como para la India, e incrementando los precios chinos con el derecho antidumping. La comparación mostró que los precios chinos e indios ajustados no subcotizaban los precios de la industria de la Comunidad.

3.   Importaciones de otros terceros países

Cuadro 5

Importaciones procedentes de otros terceros países

Resto del mundo

2003

2004

2005

2006

PIR

Importaciones (índice)

100

80

100

97

97

Cuota de mercado (índice)

100

82

98

104

104

Precios medios (EUR/tonelada)

935

927

1 100

1 255

1 285

Índice

100

99

118

134

137

Fuente: Eurostat.

(78)

El volumen de las importaciones de otros terceros países decreció ligeramente, en un 3 %, durante el período considerado. Sin embargo, en vista de la contracción de la demanda, su cuota de mercado aumentó un 0,7 %. Al principal país exportador, EE.UU., correspondieron la mayoría de estas importaciones durante el período considerado.

(79)

Los precios del ácido sulfanílico de otros terceros países fueron ligeramente más bajos que los de la industria de la Comunidad y siguieron la evolución de los precios de la India desde 2005.

4.   Situación económica de la industria de la Comunidad

a)   Observaciones preliminares

(80)

A fin de respetar la información comercial confidencial, ha sido necesario presentar la información referente a las dos empresas que constituyen la industria de la Comunidad de forma indexada.

(81)

De conformidad con el artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base, se examinaron todos los factores económicos e índices pertinentes relativos a la industria de la Comunidad.

b)   Datos relativos a la industria de la Comunidad

—   Producción, capacidad de producción instalada e índice de utilización de la capacidad

Cuadro 6

Producción, capacidad de producción instalada e índice de utilización de la capacidad

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Capacidad en toneladas (índice)

100

100

100

105

112

Producción en toneladas (índice)

100

119

115

115

117

Utilización de la capacidad (índice)

100

119

115

109

105

Fuente: Respuestas de la industria de la Comunidad al cuestionario.

(82)

El nivel de producción de la industria de la Comunidad en el PIR fue un 17 % más alto que el nivel registrado al comienzo del período considerado. Su capacidad de producción también aumentó durante el período considerado en un 12 %, en la medida en que un productor comunitario aumentó su capacidad invirtiendo en equipo con el fin de producir ácido sulfanílico de grado puro. La combinación de estos dos factores llevó a un aumento general de su índice de utilización de la capacidad durante el período considerado. Cabe también señalar que la industria de la Comunidad alcanzó un nivel satisfactorio de utilización de la capacidad (del orden del 75-80 %) en el PIR.

—   Existencias

(83)

El nivel de existencias de la industria de la Comunidad a finales de año registró una caída del 22 % durante el período considerado. Los niveles de existencias disminuyeron considerablemente en 2004 y 2005, pero aumentaron progresivamente en 2006 y durante el PIR.

Cuadro 7

Volumen de existencias al cierre

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Toneladas de existencias (índice)

100

35

38

64

78

Fuente: Respuestas de la industria de la Comunidad al cuestionario.

—   Volumen de ventas, cuota de mercado y crecimiento

(84)

Los volúmenes de ventas de la industria de la Comunidad en el PIR fueron un 5 % más altos en comparación con el inicio del período considerado. Mientras el consumo comunitario disminuyó un 6 % durante el período considerado (véase considerando (70)), la cuota de mercado de la industria de la Comunidad aumentó un 12 % durante dicho período, incrementándose en aproximadamente 7 puntos porcentuales durante el período considerado y manteniéndose por encima del 50 % durante el período considerado.

Cuadro 8

Volumen de ventas y cuota de mercado

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Volumen de ventas-toneladas (índice)

100

114

107

105

105

Cuota de mercado % (índice)

100

116

105

113

112

Fuente: Respuestas de la industria de la Comunidad al cuestionario.

(85)

Cabe señalar que la disminución del consumo comunitario en 2006 y en el PIR afectó un tanto al crecimiento de la industria de la Comunidad. El aumento de la cuota de mercado se explica casi igualmente por un aumento de los volúmenes de ventas y por un menor consumo hacia el fin del período considerado.

—   Factores que influyen en los precios comunitarios

(86)

Los precios de venta medios de la industria de la Comunidad aumentaron un 26 % durante el período considerado. Las evoluciones observadas a partir de 2005 parecen reflejar en especial los efectos de las medidas antiabsorción impuestas en 2004. Los precios de venta medios de la industria de la Comunidad aumentaron considerablemente entre 2004 y 2005, y posteriormente se mantuvieron bastante estables. Sin embargo, este aumento tuvo lugar a un ritmo más bajo que el aumento del precio de la anilina, que es la materia prima más importante para la producción del ácido sulfanílico. Efectivamente, la anilina, que es un derivado del benceno, representó alrededor del 50 % del coste de fabricación total durante el PIR, y marcó un incremento de los precios de alrededor del 45 % entre 2003 y el PIR.

Cuadro 9

Precios de venta

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Precio medio de venta (índice)

100

104

124

125

126

Fuente: Respuestas de la industria de la Comunidad al cuestionario.

—   Empleo y productividad

(87)

El nivel de empleo disminuyó un 9 % entre 2003 y el PIR, mientras que la producción aumentó, reflejando por tanto un aumento de la productividad y competitividad de la industria comunitaria. El coste medio por empleado, sin embargo, aumentó durante el mismo período en un 15 %.

Cuadro 10

Empleo y productividad

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Empleo (índice)

100

96

96

98

91

Productividad (índice)

100

125

120

117

129

Coste medio de la mano de obra (índice)

100

82

94

106

115

Fuente: Respuestas de la industria de la Comunidad al cuestionario.

—   Rentabilidad

Cuadro 11

Rentabilidad

 

2003

2004

2005

2006

PIR

Índice

100

–1 286

1 519

335

191

Fuente: Respuestas de la industria de la Comunidad al cuestionario.

(88)

La rentabilidad de la industria de la Comunidad, con excepción del año 2005, estuvo alrededor o por debajo del 1 % de su volumen de negocios. En 2004 registró pérdidas importantes, mientras que en 2005, 2006 y durante el PIR obtuvo beneficios. Dado que la rentabilidad de la industria de la Comunidad fue extraordinariamente baja en 2003, el aumento aparente mostrado en el período considerado llevó a un nivel de rentabilidad todavía muy por debajo del nivel que podía ser aceptable en este tipo de industria.

(89)

Cabe también señalar que la rentabilidad de la industria de la Comunidad se vio influida por la evolución de los precios de las materias primas. El coste de producción medio aumentó un 25 % entre 2003 y el PIR. Según se ha mencionado en el considerando 86, la anilina es la materia prima clave en la producción de ácido sulfanílico, y supone aproximadamente la mitad del coste de fabricación. Dado que los precios de la anilina aumentaron considerablemente en 2004, la industria de la Comunidad no fue capaz de trasladar este aumento a sus clientes e incurrió en pérdidas, aunque su situación mejoró en 2005 a medida que se estabilizaron los precios de la anilina y pudo aumentar sus precios del ácido sulfanílico hasta el nivel necesario para cubrir el aumento de los costes de la materia prima. En 2006 y en el PIR, frente a la nueva subida de precios de la anilina, la rentabilidad de la industria de la Comunidad disminuyó por debajo del 1 % en relación con el volumen de negocios.

—   Inversiones, rendimiento de las inversiones y capacidad de reunir capital

Cuadro 12

Inversiones y rendimiento de las inversiones

 

2003

2004

2005

2006

PIR

IInversiones (índice)

100

39

57

255

305

Rendimiento de las inversiones (índice)

100

–1 779

2 498

420

224

Fuente: Respuestas de la industria de la Comunidad al cuestionario.

(90)

La industria de la Comunidad continuó invirtiendo en sus actividades de ácido sulfanílico durante el período considerado. En 2006 y en el PIR, además de inversiones relacionadas fundamentalmente con el mantenimiento de los activos fijos existentes, un productor comunitario hizo inversiones con el fin de aumentar su capacidad de producción de ácido sulfanílico de grado puro. Cabe sin embargo señalar que se espera que esta nueva capacidad esté completamente operativa solamente a partir de 2008.

(91)

Como la industria de la Comunidad registró escasos beneficios durante el período considerado, la cifra correspondiente al rendimiento de las inversiones, que expresa el resultado antes de impuestos como porcentaje del valor contable neto medio de los activos empleados en la producción de ácido sulfanílico al inicio y al cierre del ejercicio, también se ha mantenido muy baja, alrededor del 2 % durante el PIR.

(92)

La investigación puso de manifiesto que las necesidades de capital de la industria comunitaria se han visto negativamente afectadas por la difícil situación financiera. Aunque uno de los productores comunitarios forma parte de un grupo grande, sus necesidades de capital no siempre están cubiertas al nivel deseado, ya que en ese grupo los recursos financieros se asignan generalmente a las entidades más rentables.

—   Flujo de caja

(93)

El flujo de caja disminuyó considerablemente, en un 85 % entre 2003 y el PIR, pero se mantuvo positivo. El flujo de caja no sigue la tendencia de la rentabilidad, pues estuvo influenciado por factores no monetarios tales como los movimientos de depreciación e inventario.

Cuadro 13

Flujo de caja

Flujo de caja

2003

2004

2005

2006

PIR

Índice

100

41

64

32

15

Fuente: Respuestas de la industria de la Comunidad al cuestionario.

5.   Conclusión

(94)

Entre 2003 y el PIR, la mayoría de los indicadores relativos a la industria de la Comunidad evolucionaron de manera positiva: volúmenes de ventas, utilización de la capacidad, volumen de producción, existencias de cierre, productividad, inversiones y rendimiento de las inversiones. Sin embargo, la rentabilidad se mantuvo por debajo del 1 % del volumen de negocios durante el PIR.

(95)

La industria de la Comunidad se benefició de una subida de su precio de ácido sulfanílico especialmente desde 2004 hasta el fin del PIR. Sin embargo, el aumento del precio de venta no pudo compensar plenamente la subida del coste de producción, y por tanto los márgenes de beneficio disminuyeron.

(96)

Además, la disminución del consumo comunitario en 2006 y en el PIR obstaculizó en cierta medida la recuperación de la industria de la Comunidad.

(97)

En conjunto, está claro que la introducción de las medidas antidumping permitió que la industria de la Comunidad se estabilizara, pero no que se recuperase plenamente de su situación perjudicial, debido a la continua presencia de importaciones objeto de dumping procedentes de la RPC, así como al aumento de los costes de las materias primas que no pudo trasladar a sus clientes. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que la industria de la Comunidad empezó a invertir en equipo nuevo durante el período considerado.

(98)

A la luz del análisis anterior, se puso de manifiesto que los indicadores de volumen evolucionaron positivamente durante el período considerado y que los indicadores financieros de la industria de la Comunidad, tales como la rentabilidad y el flujo de caja, mostraron que seguía en una situación económica vulnerable. Por tanto, se concluye que la industria de la Comunidad no podía recuperarse plenamente de los efectos del dumping perjudicial.

F.   PROBABILIDAD DE REAPARICIÓN DEL PERJUICIO

1.   Generalidades

(99)

De conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, se realizó un análisis de la probabilidad de reaparición del perjuicio en caso de derogación de las medidas existentes, examinándose en particular la probable evolución de los volúmenes y precios de exportación de los países afectados, así como sus probables efectos en la situación de la industria de la Comunidad en caso de que no se adoptasen medidas.

2.   Evolución de los volúmenes y precios de importación de los países afectados en caso de que se deroguen las medidas

(100)

Cabe recordar que incluso con las medidas antidumping vigentes, las importaciones de los países afectados tenían una cuota de mercado del 24,6 % durante el PIR.

(101)

La investigación mostró que el productor exportador indio que cooperó tiene una gran capacidad disponible, correspondiente a más del 30 % del consumo comunitario. Además, la información de que dispone la Comisión puso de manifiesto que la producción existente de ácido sulfanílico en la RPC es de cerca de 22 000 toneladas, lo que corresponde a más del doble del consumo comunitario. Sobre la base de la misma información, también resulta que los productores chinos pueden pasar fácilmente de la producción de tintes especiales y sustancias químicas al ácido sulfanílico. Estas potenciales capacidades en los países afectados indican que los productores exportadores tienen la posibilidad de aumentar su producción actual y por tanto también de aumentar sus exportaciones de ácido sulfanílico a la Comunidad.

(102)

También se observa que el consumo comunitario disminuyó ligeramente durante el período considerado y no se espera que la demanda en los próximos años pueda absorber el aumento potencial de las importaciones procedentes de la RPC y de la India en caso de que se deroguen las medidas. En esta situación, las exportaciones de ácido sulfanílico procedentes de la RPC y de la India sustituirían muy probablemente a una gran parte de las ventas realizadas por la industria de la Comunidad, pues es probable que los precios de las importaciones sean más bajos.

(103)

La investigación determinó que el mercado comunitario sigue siendo atractivo tanto para los productores exportadores chinos como para los indios. Efectivamente, según se ha mencionado en los considerandos 57 y 62, se constató que el precio de exportación medio de las ventas indias y chinas a otros terceros países era considerablemente inferior al precio de exportación medio a la Comunidad. A pesar de que no se descubrió que existiera ninguna subcotización para los precios de exportación chinos e indios al ser ajustados por los actuales derechos antidumping y los derechos de aduana normales, resultó que los precios de exportación cif chinos e indios, por término medio, eran considerablemente más bajos (alrededor del 18 %) que el precio medio de la industria de la Comunidad. Por tanto, en caso de ausencia de medidas, es probable que las importaciones en la Comunidad de ácido sulfanílico de los países afectados aumenten considerablemente habida cuenta de: i) las capacidades no utilizadas (especialmente en la India); ii) la reorientación de las exportaciones a otros terceros países en el mercado comunitario; iii) la posibilidad de pasar de la producción de tintes especiales y sustancias químicas al ácido sulfanílico (especialmente en la RPC), a niveles de precios muy inferiores a los niveles de precio actuales de la Comunidad.

3.   Conclusión sobre la probabilidad de reaparición del perjuicio

(104)

Sobre la base de lo anterior, puede concluirse que, en caso de que las medidas expiren, las importaciones en el mercado comunitario procedentes de los países afectados se producirían muy probablemente en volúmenes considerables y a precios de dumping que serían inferiores a los precios de la industria de la Comunidad. Todo indica que ello favorecería una tendencia a la baja de los precios en el mercado y tendría un previsible impacto negativo en la situación económica de la industria de la Comunidad. En particular, comprometería la recuperación financiera lograda durante el período considerado y, probablemente, volvería a perjudicar a la industria de la Comunidad.

G.   INTERÉS DE LA COMUNIDAD

1.   Introducción

(105)

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de base, se examinó si el mantenimiento de las medidas antidumping vigentes iría en contra del interés general de la Comunidad. La determinación del interés comunitario se basó en una estimación de los diferentes intereses en juego.

(106)

Además, el hecho de que la actual investigación sea una reconsideración, en la que se analiza, por tanto, una situación en la que ya han estado en vigor medidas antidumping, permite evaluar cualquier efecto negativo de estas para las partes afectadas.

(107)

Sobre esta base se examinó si, a pesar de las conclusiones acerca de la probabilidad de reaparición del dumping, existían razones de peso para pensar que, en este caso particular, el mantenimiento de las medidas afectaría negativamente a los intereses de la Comunidad.

2.   Interés de la industria de la Comunidad

(108)

Cabe razonablemente esperar que la industria de la Comunidad seguirá beneficiándose de las medidas impuestas actualmente y seguirá recuperándose, ganando cuota de mercado y aumentando su rentabilidad. Si no se mantuvieran las medidas, probablemente la industria de la Comunidad volvería a verse perjudicada por un aumento de las importaciones procedentes de los países en cuestión a precios objeto de dumping y su situación financiera, actualmente frágil, se deterioraría.

(109)

En conjunto, cabe concluir que el mantenimiento de las medidas redundaría en favor de la industria de la Comunidad.

3.   Interés de los importadores

(110)

Se recuerda que en la investigación original se constató que la imposición de medidas no tendría un impacto importante en los comerciantes comunitarios de ácido sulfanílico. Como ya se ha dicho, ningún importador cooperó en la presente investigación; por tanto, no se presentaron razones de peso en el sentido de que la imposición de medidas fuera contraria al interés de los importadores.

4.   Interés de los usuarios

(111)

La Comisión envió cuestionarios a los 31 usuarios conocidos, de los cuales solamente cuatro contestaron (tres empresas comunitarias productoras de blanqueadores ópticos y una de una empresa productora de tintes). Sin embargo, la información proporcionada por estos usuarios respecto al efecto de las medidas y la proporción que el ácido sulfanílico representaba en sus costes de fabricación no fue significativa.

(112)

Los volúmenes del producto afectado importado por estos cuatro usuarios representaban el 47,3 % de las importaciones totales en la Comunidad. Por otra parte, estos cuatro usuarios compran volúmenes significativos de ácido sulfanílico a la industria de la Comunidad y suponían en conjunto alrededor del 40 % del consumo comunitario durante el PIR.

(113)

Tres usuarios hicieron los mismos comentarios, oponiéndose al mantenimiento de las medidas debido a que la capacidad de producción actual de la industria de la Comunidad es insuficiente para cubrir la demanda nacional y que las medidas perjudican su competitividad en los productos que fabrican. El cuarto usuario no se pronunció respecto a si estaba a favor o en contra del mantenimiento de las medidas.

(114)

En lo que respecta a la situación de la oferta en el mercado comunitario, cabe señalar que la capacidad de producción actual de la industria de la Comunidad podía satisfacer cerca del 80 % del consumo comunitario. Cabe también subrayar que la industria de la Comunidad ha invertido en nuevas instalaciones para aumentar su producción de ácido sulfanílico de grado puro. En cualquier caso, la finalidad de las medidas no es impedir que las importaciones de los países afectados entren en el mercado comunitario, sino garantizar que se hacen a precios que no sean objeto de dumping y no perjudiciales. Por tanto, se espera que las importaciones de los países afectados sigan entrando en el mercado, tal y como ha ocurrido tras la imposición de medidas en 2002.

(115)

Cabe también señalar que la producción mundial de ácido sulfanílico fuera de la Comunidad está actualmente restringida a algunos países, tales como la India, la RPC y EE.UU. Es por tanto importante que la industria de la Comunidad pueda actuar en condiciones de competencia efectiva de modo que la oferta interior del producto continúe estando disponible para todos los usuarios de la Comunidad.

(116)

En lo que respecta a la competitividad de los usuarios, debe considerarse que, a pesar de la falta de información obtenida de los usuarios en el marco de la presente investigación, la investigación original puso de manifiesto que las medidas antidumping aumentarían los costes totales de los blanqueadores ópticos y de los tintes que contienen ácido sulfanílico en menos del 1 %.

(117)

Sobre la base de lo anterior, en el marco de la presente investigación de reconsideración por expiración se considera igualmente que el mantenimiento de las medidas no tendría un impacto negativo importante en la situación de los usuarios.

5.   Conclusión sobre el interés de la Comunidad

(118)

Por todo lo expuesto, se concluye que no existen razones de peso para no mantener las medidas antidumping actualmente en vigor.

H.   MEDIDAS ANTIDUMPING DEFINITIVAS

(119)

Se informó a todas las partes de los principales hechos y consideraciones en que se pretendía basar la recomendación de mantener las medidas vigentes. También se concedió un plazo para formular observaciones. No se recibieron observaciones que justificaran una modificación de las citadas conclusiones.

(120)

Teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas por lo que se refiere a la probabilidad de la continuación del dumping respecto de las importaciones de ácido sulfanílico procedentes de la RPC, a la probabilidad de reaparición del dumping con respecto a las importaciones procedentes de la India, a la probabilidad de reaparición del perjuicio y el interés comunitario, las medidas antidumping sobre las importaciones de ácido sulfanílico deben mantenerse para impedir una reaparición del perjuicio causado a la industria de la Comunidad por las importaciones objeto de dumping.

(121)

El tipo del derecho no será aplicable a las importaciones del producto afectado que sean fabricadas y vendidas para su exportación a la Comunidad por una empresa india cuyo compromiso fue aceptado mediante la Decisión 2006/37/CE de la Comisión,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1.   Se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ácido sulfanílico del código NC ex 2921 42 10 (código TARIC 2921421060), originarias de la República Popular China y de la India.

2.   El tipo del derecho antidumping definitivo aplicable al precio neto franco frontera de la Comunidad del producto descrito en el apartado 1, antes del despacho de aduana, será el siguiente:

País

Derecho definitivo (%)

República Popular China

33,7

India

18,3

3.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el derecho antidumping definitivo no se aplicará a las importaciones despachadas a libre práctica, de conformidad con el artículo 2.

4.   Salvo que se disponga lo contrario, serán aplicables las disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana.

Artículo 2

1.   Las importaciones objeto de una declaración de despacho a libre práctica facturadas por empresas cuyos compromisos han sido aceptados por la Comisión y cuyos nombres figuran en la Decisión 2006/37/CE, modificada varias veces, estarán exentas del derecho antidumping previsto en el artículo 1, a condición de que:

hayan sido fabricadas, enviadas y facturadas directamente por las citadas empresas al primer cliente independiente en la Comunidad, y

vayan acompañadas de un documento de compromiso, que es una factura comercial que contiene, como mínimo, los elementos y la declaración establecidos en el anexo del presente Reglamento, y que

las mercancías declaradas y presentadas en aduana correspondan de manera precisa a la descripción que figura en el documento de compromiso.

2.   Se originará una deuda aduanera en el momento de la aceptación de la declaración de despacho a libre práctica cuando se determine, con respecto a las mercancías descritas en el artículo 1 y exentas de derechos en las condiciones enumeradas en el apartado 1, que no se cumplen una o varias de esas condiciones. Se considerará que no se cumple la segunda condición establecida en el apartado 1 cuando se compruebe que la factura de compromiso no cumple las disposiciones del anexo, cuando se constate que no es auténtica o cuando la Comisión haya retirado la aceptación del compromiso de conformidad con el artículo 8, apartado 9, del Reglamento (CE) no 384/96, o el artículo 13, apartado 9, del Reglamento de base antisubvenciones, en un Reglamento o una Decisión que haga referencia a una transacción particular y que declare inválida la correspondiente factura de compromiso.

3.   Los importadores aceptarán como un riesgo comercial normal que el incumplimiento por alguna de las partes de una o varias de las condiciones enumeradas en el apartado 1 y definidas con mayor precisión en el apartado 2 pueda dar origen a una deuda aduanera de conformidad con el artículo 201 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (15). La deuda aduanera originada se cobrará previa retirada por la Comisión de la aceptación del compromiso.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Luxemburgo, el 13 de octubre de 2008.

Por el Consejo

El Presidente

B. KOUCHNER


(1)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 1.

(2)  DO L 196 de 25.7.2002, p. 11.

(3)  DO L 196 de 25.7.2002, p. 1.

(4)  DO L 196 de 25.7.2002, p. 36.

(5)  DO L 40 de 12.2.2004, p. 17.

(6)  DO L 80 de 18.3.2004, p. 29.

(7)  DO C 101 de 27.4.2005, p. 34.

(8)  DO L 288 de 21.10.1997, p. 1.

(9)  DO L 22 de 26.1.2006, p. 52.

(10)  DO L 22 de 26.1.2006, p. 5.

(11)  DO C 272 de 9.11.2006, p. 18.

(12)  DO C 171 de 24.7.2007, p. 18.

(13)  DO C 171 de 24.7.2007, p. 14.

(14)  DO C 229 de 29.9.2007, p. 9.

(15)  DO L 302 de 19.10.1992, p. 1.


ANEXO

En la factura comercial que acompañe a las ventas de ácido sulfanílico de la empresa a la Comunidad, que sean objeto de un compromiso, constarán los siguientes datos:

1.

El encabezamiento «FACTURA COMERCIAL QUE ACOMPAÑA A LAS MERCANCÍAS OBJETO DE UN COMPROMISO».

2.

El nombre de la empresa, mencionada en el artículo 1 de la Decisión 2006/37/CE de la Comisión por la que se acepta el compromiso, que expide la factura comercial.

3.

El número de la factura comercial.

4.

La fecha de expedición de la factura comercial.

5.

El código TARIC adicional con el que se despacharán a libre práctica en la frontera de la Comunidad las mercancías contempladas en la factura.

6.

La descripción exacta de las mercancías, concretamente:

el número de código de producto (NCP) utilizado a efectos del compromiso (por ejemplo, «PA99», «PS85» o «TA98»),

las especificaciones técnicas/físicas del NCP, es decir, para «PA99» y «PS85» polvo libre blanco y para «TA98» polvo libre gris,

el número de código del producto de la empresa (si procede),

el código NC,

la cantidad (en toneladas).

7.

La descripción de las condiciones de venta, concretamente:

el precio por tonelada,

las condiciones de pago aplicables,

las condiciones de entrega aplicables,

los importes totales de los descuentos y rebajas.

8.

El nombre de la empresa importadora en la Comunidad, a la que la empresa expide directamente la factura comercial que acompaña a las mercancías objeto del compromiso.

9.

El nombre del responsable de la empresa que haya extendido la factura comercial y la siguiente declaración firmada:

«El abajo firmante certifica que la venta para la exportación directa a la Comunidad Europea de las mercancías que figuran en la presente factura se realiza en el ámbito y de acuerdo con las condiciones del compromiso ofrecido por [EMPRESA] y aceptado por la Comisión Europea mediante la Decisión 2006/37/CE. Declaro que la información facilitada en la presente factura es completa y correcta.».


16.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 275/18


REGLAMENTO (CE) N o 1001/2008 DEL CONSEJO

de 13 de octubre de 2008

por el que se aplica un derecho antidumping definitivo a las importaciones de determinados accesorios de tubería, de hierro o de acero, originarias de la República de Corea y de Malasia tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1), denominado en lo sucesivo «el Reglamento de base», y, en particular, su artículo 9 y su artículo 11, apartado 2,

Previa consulta al Comité consultivo,

Considerando lo siguiente:

A.   PROCEDIMIENTO

1.   Medidas vigentes

(1)

En agosto de 2002, el Reglamento (CE) no 1514/2002 del Consejo, denominado en lo sucesivo «la investigación original» (2), impuso medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de determinados accesorios de tubería, de hierro o de acero, denominado en lo sucesivo «el producto afectado», originarias, entre otros, de la República de Corea y de Malasia, denominados en lo sucesivo «los países afectados». Los derechos antidumping en vigor para Malasia son: un 59,2 % en el caso de Anggerik Laksana Sdn Bhd y un 75 % en el caso de las demás empresas; en el caso de la República de Corea, el derecho es del 44 % para todas las empresas.

(2)

Fuera del ámbito de aplicación del presente procedimiento, en virtud del Reglamento (CE) no 964/2003 (3) hay actualmente medidas antidumping en vigor sobre las exportaciones procedentes de la República Popular China (58,6 %) y Tailandia (58,9 %), con la excepción de dos empresas de Tailandia, y las exportaciones procedentes de Taiwán, tanto si se declaran originarias de Taiwán como si no. Las medidas destinadas al producto afectado originario de China se ampliaron a las importaciones del mismo producto procedentes de Indonesia, Sri Lanka y Filipinas, tanto si se declaran originarias de dichos países como si no, en virtud, respectivamente, de los Reglamentos (CE) no 2052/2004 (4), (CE) no 2053/2004 (5) y (CE) no 655/2006 (6) del Consejo.

2.   Solicitud de reconsideración

(3)

Tras la publicación de un anuncio relativo a la próxima expiración (7) de las medidas antidumping en vigor sobre las importaciones del producto afectado originario de la República de Corea y de Malasia, la Comisión recibió una solicitud de reconsideración de las medidas de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

(4)

La solicitud fue presentada el 23 de mayo de 2007 por el Comité de defensa de la industria comunitaria de accesorios de tubería de acero, denominado en lo sucesivo «el solicitante», en nombre de productores que representan una proporción importante, en este caso más del 50 %, de la producción comunitaria total de determinados accesorios de tubería.

(5)

La solicitud se basaba en el hecho de que la expiración de las medidas probablemente conllevaría una continuación o reaparición del dumping y un perjuicio para la industria de la Comunidad.

(6)

Habiendo determinado, previa consulta al Comité consultivo, que existían suficientes pruebas para iniciar una reconsideración, la Comisión abrió una reconsideración por expiración (8) de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

3.   Investigación

(7)

La Comisión notificó oficialmente el inicio de la reconsideración a los productores de la Comunidad solicitantes, a los demás productores de la Comunidad, a los productores exportadores de los países afectados, a los importadores/operadores comerciales, a los usuarios y a sus asociaciones notoriamente afectados, así como a los representantes de los gobiernos de ambos países exportadores.

(8)

La Comisión envió cuestionarios a todas estas partes y a las que se dieron a conocer en el plazo establecido en el anuncio de inicio.

(9)

La Comisión dio asimismo a las partes interesadas la posibilidad de presentar sus observaciones por escrito y de solicitar una audiencia en el plazo fijado en el anuncio de inicio.

(10)

Ante el elevado número observado de productores exportadores de la República de Corea, de importadores/operadores comerciales del producto afectado y de productores de la Comunidad, en el anuncio de inicio se previó realizar un muestreo, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base. Con el fin de decidir si el muestreo sería necesario y, en ese caso, seleccionar una muestra, la Comisión envió formularios de muestreo en los que se pedía información específica sobre el volumen medio de ventas y los precios de cada productor de la Comunidad, productor exportador e importador afectados. No se recibió respuesta alguna de ningún productor exportador coreano y se recibieron once respuestas de los importadores. Solo cuatro productores de la Comunidad respondieron al formulario de muestreo. Por lo tanto, se decidió que el muestreo no era necesario.

(11)

Cuatro productores de la Comunidad respondieron al cuestionario, pero uno envió una respuesta parcial y no contestó a una carta sobre las deficiencias que se le envió. En cuanto a Malasia, se recibieron dos respuestas al cuestionario, una de ellas de una empresa nueva en el sector y la otra de una empresa que posteriormente se negó a la realización de la visita de inspección. Ningún productor exportador coreano contestó al cuestionario. Dos importadores contestaron al cuestionario.

(12)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y del perjuicio, así como el interés comunitario. Se llevaron a cabo inspecciones in situ en los locales de las siguientes empresas:

a)

Productores comunitarios solicitantes

Erne Fittings GmbH, Schlins, Austria

Interfit SA, Maubeuge, Francia

Virgilio Cena & Figli S.p.A, Brescia, Italia

b)

Productor malayo nuevo en el sector

Pantech Steel Industries SDN. BHD., Selangor, Malasia.

4.   Período de investigación

(13)

La investigación sobre la continuación o la reaparición del dumping abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2006 y el 30 de junio de 2007, denominado en lo sucesivo «el PI». El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar la probabilidad de continuación del dumping y de reaparición del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el final del PI, denominado en lo sucesivo «el período considerado».

B.   PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

1.   Producto afectado

(14)

El producto sujeto a reconsideración consiste en accesorios de tubería (con excepción de los accesorios moldeados, las bridas y los roscados), de hierro o de acero (excluido el acero inoxidable), cuyo diámetro exterior no excede de 609,6 mm, de una clase utilizada para la soldadura a tope u otros fines, originario de la República de Corea y de Malasia, actualmente clasificado en los códigos NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 y ex 7307 99 90.

(15)

El producto afectado se fabrica normalmente cortando y moldeando tubos. Se utiliza para unir tubos y tuberías y presenta varias formas: codos, tubos en «T», reductores y tapones, así como diversos tamaños y calidades de material. Se utiliza principalmente en la industria petroquímica, la construcción, la generación de energía, la construcción naval y las instalaciones industriales. Cuando se vende para su uso en la industria petroquímica, la norma utilizada generalmente es la del ANSI. Para otros fines, la norma más utilizada en la Comunidad es la del DIN.

2.   Producto similar

(16)

Al igual que en el procedimiento original, la investigación ha mostrado que el producto afectado producido en los países de que se trata, vendido en el mercado interior o exportado a la Comunidad, tiene las mismas características físicas, técnicas y químicas básicas y los mismos usos finales que los productos vendidos en la Comunidad por los productores comunitarios solicitantes y se considera, por lo tanto, que es un producto similar en el sentido del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de base.

C.   PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN DEL DUMPING

(17)

De conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, se examinó si era probable que la expiración de las medidas llevase a una continuación del dumping.

1.   Observaciones preliminares

(18)

Como ya se ha mencionado, dado que ninguno de los productores exportadores de Corea y Malasia cooperó, excepto una empresa nueva en el sector, este análisis tuvo que basarse en la información de otras fuentes que obraba en poder de la Comisión. En este aspecto, y de conformidad con las disposiciones del artículo 18 del Reglamento de base, se utilizaron los datos de Eurostat correspondientes al código NC de ocho cifras, cotejados con otras fuentes, para establecer las cantidades y los precios de importación. Para calcular el margen de dumping, se utilizaron los hechos disponibles, a saber, en este caso, la información contenida en la solicitud y las estadísticas de los Estados Unidos.

(19)

Debido al pequeño volumen actual de importaciones en la UE del producto afectado procedentes de Corea y Malasia, la Comisión tuvo que emplear datos de otro país. Los Estados Unidos de América se consideraron apropiados, ya que el mercado es de un tamaño similar, con muchos productores nacionales pero también con una gran proporción de importaciones, lo que convierte a este mercado en muy competitivo. Además, los Estados Unidos son el principal destino de las exportaciones de Corea y Malasia.

2.   Importaciones objeto de dumping durante el período de investigación

a)   Valor normal

(20)

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, y ante la falta de cooperación de los productores exportadores de Corea o Malasia, excepto el caso de una empresa nueva en el sector, el valor normal se basó en los datos proporcionados en la solicitud, es decir, el coste estimado de fabricación, al que se añadió un 12,3 % y un 15,1 % de gastos de venta, generales y administrativos, y un 5,6 % y un 6 % de beneficio, respectivamente, para Corea y Malasia, ambos expresados en porcentaje del volumen de negocios. Se considera que estos porcentajes son bastante prudentes.

b)   Precio de exportación

(21)

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, y ante la falta de cooperación de los productores exportadores de Corea o Malasia, excepto el caso de una empresa nueva en el sector, el precio de exportación se calculó utilizando los precios de exportación a los Estados Unidos de Corea y Malasia correspondientes al producto afectado, procedentes de las estadísticas sobre importaciones de los Estados Unidos. Estas cifras se ajustaron por tipos de producto proporcionalmente al tonelaje de cada tipo de producto a partir de la información proporcionada en la solicitud.

c)   Comparación

(22)

El valor normal medio ponderado se comparó con la media ponderada del precio de exportación del producto afectado, de conformidad con el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, ambos a precio de fábrica.

(23)

A fin de garantizar una comparación ecuánime entre el valor normal y el precio de exportación, se tuvieron en cuenta las diferencias en los factores que afectaban a los precios y a su comparabilidad, de conformidad con el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base. A este respecto, se realizaron ajustes en concepto de transporte interior y marítimo, seguros, manipulación, carga y costes accesorios.

d)   Margen de dumping

(24)

La comparación del valor normal calculado y del precio de exportación calculado mostró la existencia de dumping en los dos países afectados, siendo el margen de dumping igual a la cantidad en la que el valor normal determinado excede el precio de exportación. El margen de dumping constatado, expresado como porcentaje del precio de importación cif en la frontera comunitaria, era del 15,1 % en el caso de Corea y del 61,3 % en el caso de Malasia.

3.   Evolución de las importaciones en caso de derogarse las medidas

a)   Observaciones preliminares

(25)

Tras analizar la existencia de dumping durante el PI, se examinó también la probabilidad de continuación del dumping. Ante la falta de cooperación de los productores exportadores de Corea o Malasia, excepto el caso de una empresa nueva en el sector, dada la falta de información públicamente disponible sobre la industria del producto afectado, las conclusiones que figuran más adelante se basan principalmente en los hechos disponibles, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, a saber los datos de Eurostat, la solicitud de reconsideración y las estadísticas de los Estados Unidos de América.

b)   Capacidad de producción de Corea y de Malasia

(26)

Se estima que la capacidad disponible de Corea y Malasia es de 35 300 toneladas y que su capacidad de exportación se sitúa en 20 000 toneladas. Esto representa más de una cuarta parte del consumo de la Comunidad.

c)   Precios de exportación a la Comunidad de Corea y Malasia

(27)

Como ya se ha mencionado en las observaciones preliminares, las exportaciones del producto afectado procedentes de los dos países afectados hacia el mercado de la Comunidad son casi inexistentes. Con respecto a las exportaciones a otros terceros países, en la solicitud se ha declarado que las exportaciones del producto afectado hacia los Estados Unidos se hacen a precios objeto de dumping.

d)   Conclusión sobre la probabilidad de continuación del dumping

(28)

A la vista de lo anterior, es decir, los elevados márgenes de dumping, la extraordinaria capacidad excedentaria disponible en dichos países y sus elevadas capacidades de exportación, cabe concluir que las importaciones objeto de dumping procedentes de ambos países se reanudarían en caso de que las medidas dejaran de tener efecto. Además, pese a lo elevado de los derechos antidumping aplicado a sus exportaciones, que prácticamente cesaron, ninguno de los productores exportadores de Malasia solicitó una reconsideración provisional. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las empresas exportadoras coreanas no cooperaron nunca en la investigación original. La ausencia de cooperación en esta investigación también sugiere que estos productores exportadores no estaban dispuestos a demostrar, o no podían hacerlo, que no habría dumping si las medidas dejaran de tener efecto.

D.   DEFINICIÓN DE INDUSTRIA DE LA COMUNIDAD

(29)

Tres empresas cooperaron plenamente en la investigación. Dichas empresas se hallan en Francia (Interfit), Austria (Erne Fittings) e Italia (Virgilio Cena). El grupo austriaco también tiene una empresa vinculada en Alemania (Siekmann Fittings). La investigación determinó que los tres productores de la Comunidad solicitantes que cooperaron totalmente representaban más del 50 % de la producción comunitaria del producto afectado y, por lo tanto, constituían la industria de la Comunidad en el sentido del artículo 4, apartado 1, y del artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base.

E.   SITUACIÓN EN EL MERCADO COMUNITARIO

1.   Consumo en el mercado comunitario

(30)

El consumo comunitario se basó en el volumen combinado de las ventas realizadas por los productores comunitarios solicitantes y otros productores de la Comunidad, obtenido a partir de la información de la solicitud, y en las importaciones procedentes de los países afectados y de otros terceros países, según los datos de Eurostat.

(31)

Sobre esta base, durante el período considerado el consumo comunitario aumentó un 26 %, de 58 561 toneladas en 2002 a 73 519 toneladas durante el PI. Los accesorios de tubería se utilizan principalmente en la industria petroquímica, la construcción, la generación de energía, la construcción naval y las instalaciones industriales, lo que, junto con la recuperación de la industria siderúrgica, puede explicar dicho aumento.

(32)

Cuadro 1

Consumo comunitario

Consumo comunitario

2002

2003

2004

2005

2006

PI

Toneladas

58 561

62 122

64 480

56 255

65 667

73 519

Índice

100

106

110

96

112

126

Tendencia interanual

100

6

4

–14

16

13

Fuente: Eurostat, solicitud y respuestas comprobadas de la industria de la Comunidad a los cuestionarios.

2.   Importaciones procedentes de los países afectados

a)   Volumen y cuota de mercado

(33)

El volumen de las importaciones procedentes de Malasia y Corea descendieron drásticamente de 404 a 11 toneladas. Este fenómeno parecer ser resultado de las medidas antidumping en vigor desde febrero de 2002. Su cuota de mercado es mínima.

(34)

Cuadro 2

Importaciones procedentes de los países afectados

Importaciones procedentes de los países afectados

2002

2003

2004

2005

2006

PI

Toneladas

404

22

54

94

17

11

Índice

100

5

13

23

4

3

Tendencia interanual

100

–95

8

10

–19

–1

Cuota de mercado en % del consumo comunitario

1

0,04

0,08

0,17

0,03

0,01

Fuente: Eurostat

b)   Evolución de los precios de las importaciones y subcotización

(35)

Debido al carácter muy limitado de las importaciones procedentes de los países afectados y a la gran variedad de distintos tipos de productos, los precios facilitados por Eurostat no pueden considerarse una fuente fiable para proceder a un análisis detallado.

(36)

Ante la falta de cooperación de los países afectados, los márgenes de subcotización se calcularon con el mismo método que en la solicitud, a saber, comparando los precios de exportación a los Estados Unidos de los países afectados con los precios que los solicitantes aplican en el mercado de la Comunidad. El margen de subcotización es del 25,2 % en el caso de Corea, y del 53,3 % en el caso de Malasia.

3.   Situación económica de la industria de la Comunidad

a)   Producción, capacidad de producción y utilización de la capacidad

(37)

La producción de la industria de la Comunidad y el consumo de la Comunidad aumentaron un 5 % y un 26 % respectivamente.

(38)

Cuadro 3

Volumen de producción

Volumen de producción

2002

2003

2004

2005

2006

PI

Toneladas

46 454

43 504

47 155

40 881

49 300

48 922

Índice

100

94

102

88

106

105

Tendencia interanual

100

–6

8

–14

18

–1

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

(39)

Durante el período considerado, la capacidad de producción de la industria de la Comunidad aumentó un 6 %, pese a que, en 2003, se registró un ligero descenso.

(40)

Cuadro 4

Capacidad de producción

Capacidad de producción

2002

2003

2004

2005

2006

PI

Toneladas

89 400

87 800

89 700

90 300

94 800

95 000

Índice

100

98

100

101

106

106

Tendencia interanual

100

–2

2

1

5

0

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

(41)

Durante el período considerado, la utilización de la capacidad disminuyó un 1 %.

(42)

Cuadro 5

Utilización de la capacidad

Utilización de la capacidad

2002

2003

2004

2005

2006

PI

%

52

50

53

45

52

51

Índice

100

95

101

87

100

99

Tendencia interanual

100

–5

6

–14

13

–1

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

b)   Volumen de ventas y precios de venta

(43)

Las ventas de la industria de la Comunidad a clientes no vinculados en el mercado comunitario aumentaron un 11 % entre 2002 y el PI.

(44)

Cuadro 6

Ventas de la industria de la Comunidad a partes no vinculadas

Ventas de la industria de la Comunidad a partes no vinculadas

2002

2003

2004

2005

2006

PI

Toneladas

34 968

34 893

38 401

32 841

36 908

38 750

Índice

100

100

110

94

106

111

Tendencia interanual

100

–0,2

10

–16

12

5

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

(45)

Durante el período considerado, los precios de venta medios aplicados por la industria de la Comunidad en el mercado comunitario aumentaron paulatinamente. El incremento total entre 2002 y el período de investigación fue del 63 %. Dicho aumento se explica parcialmente por el incremento del coste de la materia prima principal, los tubos de acero, y en parte por el hecho de que dos productores comunitarios centraron su producción en tipos especiales más caros.

(46)

Cuadro 7

Precios de venta de la industria de la Comunidad

Precios de venta de la industria de la Comunidad

2002

2003

2004

2005

2006

PI

EUR/tonelada

1 553

1 652

1 783

2 133

2 217

2 528

Índice

100

106

115

137

143

163

Tendencia interanual

100

6

8

23

5

20

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

c)   Cuota de mercado

(47)

La cuota de mercado global correspondiente a la industria de la Comunidad descendió 7 puntos porcentuales entre 2002 y el PI.

(48)

Cuadro 8

Cuota de mercado correspondiente a las ventas de la industria de la Comunidad

Cuota de mercado correspondiente a las ventas de la industria de la Comunidad

2002

2003

2004

2005

2006

PI

Porcentaje del mercado

60 %

56 %

60 %

58 %

56 %

53 %

Fuente: Eurostat y respuestas comprobadas a los cuestionarios de la industria de la Comunidad

d)   Crecimiento

(49)

Mientras que el consumo comunitario aumentó un 26 % durante el período considerado, el volumen de ventas de la industria de la Comunidad en el mercado aumentó solo un 11 %, y la cuota de mercado de dicha industria descendió 7 puntos porcentuales. Así pues, la tendencia al aumento del consumo comunitario no estuvo acompañada de un aumento correspondiente de las ventas de la industria de la Comunidad.

e)   Rentabilidad y rendimiento de las inversiones

(50)

Durante el período considerado, la rentabilidad expresada como porcentaje del valor neto de las ventas a partes no vinculadas presentó la siguiente evolución:

(51)

Cuadro 9

Rentabilidad

Rentabilidad

2002

2003

2004

2005

2006

PI

Porcentaje del valor neto de las ventas

2 %

1 %

4 %

1 %

6 %

10 %

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

(52)

La rentabilidad de la industria de la Comunidad siguió una tendencia positiva, en línea con el aumento de los precios de venta de dicha industria. Pese a una reducción significativa en 2003 y 2005, la rentabilidad global alcanzó el 10 %. Ello se debió al paso a una producción de productos con un valor añadido más elevado durante el período considerado, cuando el beneficio medio realizado por la industria de la Comunidad era del 4 %.

(53)

El rendimiento de las inversiones, expresado como beneficios/pérdidas en relación con el valor contable neto de las inversiones, siguió la misma tendencia que la rentabilidad.

(54)

Cuadro 10

Rendimiento de las inversiones

Rendimiento de las inversiones

2002

2003

2004

2005

2006

PI

%

6

2

11

4

18

37

Índice

100

37

184

62

310

618

Tendencia interanual

100

–63

147

– 122

248

309

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

f)   Flujo de caja

(55)

Se produjeron fluctuaciones importantes del flujo de caja entre 2002 y 2005, así como un aumento espectacular en 2006 y durante el PI. Dicho aumento del flujo de caja también indica que la industria estaba recuperándose. Este nivel de flujo de caja permite que las empresas inviertan de nuevo en el negocio del producto afectado, después de períodos de baja inversión.

(56)

Cuadro 11

Flujo de caja

Flujo de caja

2002

2003

2004

2005

2006

PI

EUR

1 310 693

3 826 570

2 378 520

1 233 797

7 559 501

10 040 180

Índice

100

292

181

94

577

766

Tendencia interanual

100

192

– 110

–87

483

189

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

g)   Inversiones y capacidad de reunir capital

(57)

Las inversiones de la industria de la Comunidad aumentaron un 65 % durante el período considerado. La mayoría de ellas se concentraron en maquinaria, a fin de aumentar la productividad. Ninguna de las empresas investigadas mencionó que tuviera dificultades actualmente para reunir capital.

(58)

Cuadro 12

Inversiones

Inversiones

2002

2003

2004

2005

2006

PI

EUR

5 839 416

5 824 908

3 438 352

7 422 926

9 986 636

9 643 822

Índice

100

100

59

127

171

165

Tendencia interanual

100

–0,2

–41

68

44

–6

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

h)   Existencias

(59)

El cuadro que figura a continuación muestra que las existencias al cierre mantuvieron una curva estable; no obstante, en el período considerado se produjo una ligera reducción de aproximadamente un 1 %.

(60)

Cuadro 13

Existencias

Volumen de existencias al cierre

2002

2003

2004

2005

2006

PI

Toneladas

7 233

7 115

7 449

7 206

7 580

7 190

Índice

100

98

103

100

105

99

Tendencia interanual

100

–2

5

–3

5

–5

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

i)   Empleo, productividad y costes de personal

(61)

Después de una reducción del 5 % en 2003, durante el período considerado el número global de empleados descendió un 2 %.

(62)

Cuadro 14

Empleo

Empleo

2002

2003

2004

2005

2006

PI

Número de empleados

760

725

719

692

729

741

Índice

100

95

95

91

96

98

Tendencia interanual

100

–5

–0,8

–3

5

2

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

(63)

De acuerdo con el aumento de la producción y la reducción del empleo, la productividad aumentó un 8 % durante el período considerado.

(64)

Cuadro 15

Productividad

Productividad

2002

2003

2004

2005

2006

PI

(Toneladas/empleado)

61

60

66

59

68

66

Índice

100

98

107

97

111

108

Tendencia interanual

100

–2

9

–11

14

–3

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

(65)

Durante el período considerado, los costes de personal de la industria de la Comunidad aumentaron paulatinamente. El aumento total del coste de personal durante el período considerado fue del 22 %. El mayor aumento de los costes de personal se produjo en una empresa que cambió su gama de productos, que pasó de productos básicos a productos especializados, lo que requirió cualificaciones profesionales más elevadas.

(66)

Cuadro 16

Costes de personal

Costes de personal Salarios

2002

2003

2004

2005

2006

PI

EUR

28 941 652

28 436 139

29 607 915

29 754 664

33 069 402

35 312 821

Índice

100

98

102

103

114

122

Tendencia interanual

100

–2

4

1

11

8

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

4.   Efecto de otros factores

a)   Actividad exportadora de la industria de la Comunidad

(67)

Las exportaciones del producto afectado de la industria de la Comunidad durante el período considerado no fueron muy estables y mostraron grandes fluctuaciones. Globalmente, las exportaciones a terceros países se redujeron un 15 % debido, principalmente, al tipo de cambio desfavorable entre el euro y el dólar estadounidense.

(68)

Cuadro 17

Exportaciones de la industria de la Comunidad

Exportaciones de la industria de la Comunidad

2002

2003

2004

2005

2006

PI

Toneladas

10 893

8 003

9 358

8 410

11 890

9 278

Índice

100

73

86

77

109

85

Tendencia interanual

100

–27

12

–9

32

–24

Fuente: Respuestas comprobadas al cuestionario de la industria de la Comunidad

b)   Volúmenes y precios de importación de otros terceros países

(69)

El Reglamento (CE) no 964/2003 del Consejo estableció derechos antidumping sobre las importaciones del producto afectado procedentes de la República Popular China (58,6 %) y Tailandia (el 58,9 %). Las medidas son aplicables al producto afectado originario de China y procedente de uno de los países siguientes: Filipinas, Indonesia, Sri Lanka y Taiwán. Pese a las medidas en vigor contra las importaciones procedentes de China, sus exportaciones a la UE aumentan constantemente.

(70)

Los volúmenes totales de importación del producto afectado procedente de terceros países distintos de los países afectados se duplicaron, y más, durante el período considerado, aumentando de 9 654 toneladas en 2002 a 24 105 toneladas al término del PI.

(71)

Los volúmenes de importación del producto afectado en la Comunidad procedentes de países distintos de Corea y Malasia evolucionaron tal como se recoge a continuación:

(72)

Cuadro 18

Importaciones de otros terceros países

Importaciones procedentes de otros terceros países

2002

2003

2004

2005

2006

PI

Toneladas

9 654

12 453

11 488

13 344

19 020

24 105

Índice

100

129

119

138

197

250

Tendencia interanual

100

29

–10

19

59

53

Fuente: Eurostat

(73)

La cuota de mercado correspondiente a las importaciones originarias de terceros países distintos de los países afectados alcanzó el 33 % del consumo de la UE. Ello representa un aumento del 99 % en el período considerado, del 16 al 33 %.

(74)

Cuadro 19

Cuota de mercado de las importaciones de otros terceros países

Cuota de mercado de las importaciones de otros terceros países

2002

2003

2004

2005

2006

PI

Porcentaje del mercado

16 %

20 %

18 %

24 %

29 %

33 %

Índice

100

122

108

144

176

199

Tendencia interanual

100

22

–14

36

32

23

Fuente: Eurostat e información de mercado proporcionada por los productores solicitantes

(75)

Cuadro 20

Principales importaciones en la UE

Importaciones de otros terceros países en toneladas

2002

2003

2004

2005

2006

IP

China

859

1 428

1 772

2 236

5 846

8 339

Taiwán

1 101

2 372

1 894

2 540

4 774

5 854

Vietnam

1 835

1 214

767

694

1 224

1 475

India

1 522

1 569

1 537

1 763

1 552

2 096

Tailandia

676

1 508

778

558

1 622

2 334

c)   Recuperación de los efectos del dumping

(76)

Tal como lo indica la evolución positiva de la mayoría de los indicadores que aparecen más arriba, la situación económica de la industria de la Comunidad se recuperó parcialmente del efecto perjudicial de las importaciones objeto de dumping originarias de los dos países afectados en el período comprendido entre 2002 y mediados de 2007.

5.   Conclusión sobre la situación de la industria de la Comunidad

(77)

Las medidas vigentes han dado lugar a una recuperación parcial de la industria de la Comunidad desde 2002. La industria de la Comunidad ha conseguido aumentar sus volúmenes de venta y sus precios. Determinados indicadores del perjuicio como la producción, la capacidad de producción, la rentabilidad, las inversiones, el rendimiento de las inversiones y la productividad también presentaron una evolución positiva. Ello demuestra que la industria de la Comunidad realizó esfuerzos por mejorar su competitividad. Por lo tanto, las ventas de la industria de la Comunidad en la Comunidad son rentables desde 2002.

(78)

No obstante, la industria de la Comunidad no consiguió aprovechar el crecimiento significativo del consumo en la Comunidad, y algunos de los factores positivos son también fruto de la desaparición de un productor significativo de la Comunidad del Reino Unido, cuyas actividades fueron absorbidas por dos de las empresas que apoyaban la solicitud.

(79)

No obstante, puede concluirse que la imposición de medidas contra Corea y Malasia tuvo un efecto positivo en la situación económica de la industria de la Comunidad.

(80)

En vista de la incipiente recuperación de la industria de la Comunidad, no se pudo comprobar la continuación del perjuicio ocasionado por las importaciones objeto de dumping. En consecuencia, se analizó si podría reaparecer el perjuicio en caso de expiración de las medidas.

F.   PROBABILIDAD DE REAPARICIÓN DEL PERJUICIO

(81)

Como ya se ha mencionado, los productores coreanos y malayos son capaces de redirigir grandes volúmenes de exportación al mercado de la Comunidad si las medidas expiran. Según la solicitud, dichos países dependen enormemente de los mercados de exportación: el 75 % en el caso de Corea y el 84 % en el caso de Malasia. Además, parece que otros mercados de exportación, como los Estados Unidos y Japón, no podrían absorber la capacidad disponible, ya que los volúmenes de exportación a dichos países ya son significativos, por lo que estos se destinarían al mercado de la Comunidad. Además parece que existe un exceso de capacidad general en el mercado asiático.

(82)

En cuanto a los precios, las estadísticas estadounidenses muestran que los precios de exportación malayos y coreanos a los Estados Unidos eran inferiores a los de la industria de la Comunidad. Aunque no se pudo realizar un análisis minucioso debido a la multitud de distintos tipos de productos, es probable que dichos exportadores alineen sus precios con los muy bajos de los demás países asiáticos a fin de recuperar su cuota de mercado perdida. Este comportamiento a la hora de fijar los precios, reflejado por su falta de cooperación, además de su capacidad de suministrar cantidades significativas del producto afectado al mercado de la Comunidad, sugiere una incidencia negativa en la industria de la Comunidad.

(83)

Además, debe tenerse en cuenta que la industria de la Comunidad necesita seguir siendo competitiva para producir un determinado volumen de productos estándar, que, por lo tanto, compiten directamente con las importaciones de Corea y Malasia, a fin de realizar economías de escala.

(84)

En vista de lo anteriormente expuesto, se concluye que permitir que las medidas dejen de tener efecto acarreará como resultado más probable la reaparición del perjuicio para la industria de la Comunidad causado por las importaciones objeto de dumping.

G.   INTERÉS DE LA COMUNIDAD

1.   Introducción

(85)

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de base, se examinó si la prórroga de las medidas antidumping vigentes sería contraria al interés general de la industria de la Comunidad. La determinación del interés de la Comunidad se basó en una estimación de los diversos intereses implicados, es decir, los de la industria de la Comunidad, los importadores/operadores comerciales, así como los usuarios del producto afectado. No se recibieron observaciones de los usuarios.

(86)

Para evaluar la probable incidencia de la prórroga o la ausencia de prórroga de las medidas, la Comisión solicitó información de todas las partes interesadas mencionadas anteriormente. La Comisión envió cuestionarios de muestreo a 64 importadores del producto afectado y recibió once respuestas. La Comisión envió un cuestionario a estas once empresas y solo recibió dos respuestas parciales, que no proporcionaron prueba alguna de que las medidas en vigor les hubiesen afectado de manera importante. Está claro que los importadores han hallado otras fuentes de suministro, como puede verse por la cuota de mercado significativa (33 %) que poseen otros terceros países, lo que mostró que se garantizan las condiciones de competencia en el mercado de la Comunidad.

(87)

Además, el hecho de que la actual investigación sea una reconsideración, en la que se analiza, por tanto, una situación en la que ya han estado en vigor medidas antidumping, permite evaluar cualquier efecto negativo excesivo de estas para las partes afectadas.

(88)

Sobre esta base se examinó si, a pesar de las conclusiones sobre la continuación del dumping y la probabilidad de reaparición del perjuicio, existían razones convincentes para concluir que a la Comunidad no le interesa mantener las medidas en este caso concreto.

2.   Interés de la industria de la Comunidad

(89)

La industria de la Comunidad ha demostrado ser una industria estructuralmente viable. Esto se vio confirmado por la evolución positiva de su situación económica en un momento en que se había restaurado la competencia efectiva después de la imposición de las medidas antidumping actualmente en vigor. Los esfuerzos realizados por la industria de la Comunidad para racionalizar su producción y mejorar su competitividad han dado lugar a un beneficio razonable en los últimos dos años del período considerado.

(90)

En vista de todo lo anterior, parece necesario mantener las medidas existentes para detener los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping, los cuales podrían amenazar el proceso de recuperación de la industria de la Comunidad y, en última instancia, su propia existencia. Asimismo, debe tenerse en cuenta que, si desapareciese esta industria, ello también incidiría negativamente en la industria transformadora, puesto que esta última vería reducirse significativamente sus posibilidades de elección de proveedores.

3.   Interés de los importadores/operadores comerciales

(91)

Tal y como se menciona más arriba, solo dos de los 64 importadores no vinculados contestaron al cuestionario de la Comisión. No obstante, no expresaron opiniones negativas sobre una posible continuación de las medidas. La falta de cooperación constituye en sí misma una indicación de que este sector no sufrió ningún efecto negativo importante en su situación económica a consecuencia de las medidas. Ello se ve confirmado por el hecho de que los importadores siguieron comercializando volúmenes importantes del producto afectado, e incluso incrementaron el volumen importado durante el período considerado.

(92)

Por lo tanto, se concluye que la situación económica de los importadores del producto afectado no se ha visto influida negativamente por la imposición de las medidas antidumping actualmente en vigor. Por los mismos motivos, es también poco probable que una continuación de las medidas genere un deterioro de su situación económica en el futuro.

4.   Interés de los usuarios

(93)

En la investigación actual, los usuarios no se han manifestado. Los usuarios del producto afectado son principalmente las industrias petroquímica y de la construcción. Su falta de cooperación parece confirmar que los accesorios de tubería representan una parte muy pequeña de sus costes de producción totales y que las medidas actualmente en vigor parecen no haberles causado una pérdida de competitividad.

(94)

Por tanto se concluyó que mantener las medidas al mismo nivel no implicaría un deterioro de la situación de los usuarios.

5.   Conclusión sobre el interés de la Comunidad

(95)

La investigación ha demostrado que las medidas antidumping existentes han permitido a la industria de la Comunidad recuperarse en parte. Si se permitiera la expiración de las medidas, ello pondría en peligro el proceso de recuperación de dicha industria y, posiblemente, conduciría a su desaparición. Por tanto, el mantenimiento de las medidas es favorable al interés de la industria de la Comunidad.

(96)

Asimismo, en el pasado, las medidas vigentes parecen no haber tenido un efecto negativo importante sobre la situación económica de usuarios e importadores. Por tanto, se concluye que no existen razones convincentes para no mantener las medidas antidumping actuales.

H.   MEDIDAS ANTIDUMPING

(97)

Se informó a todas las partes afectadas de los principales hechos y consideraciones en los que se tiene intención de basar la recomendación de mantener las medidas vigentes. También se les concedió un plazo para presentar sus observaciones tras la comunicación de la información. No se recibieron observaciones de Corea; se recibieron observaciones de una compañía malaya, que no bastaron para modificar las conclusiones antes mencionadas.

(98)

De lo anterior se desprende que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, deben mantenerse las medidas antidumping aplicables a las importaciones de accesorios de tubería originarias de la República de Corea y de Malasia, impuestas en virtud del Reglamento (CE) no 1514/2002.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1.   Se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de accesorios de tubería (distintos de los accesorios moldeados, las bridas y los roscados), de hierro o de acero (excluido el acero inoxidable), con un diámetro exterior que no exceda de 609,6 mm, de una clase utilizada para la soldadura a tope u otros fines, actualmente clasificados en los códigos NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 y ex 7307 99 90 (códigos TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307993092, 7307993093, 7307993094, 7307993095, 7307993098, 7307999092, 7307999093, 7307999094, 7307999095, 7307999098).

2.   El tipo del derecho antidumping definitivo aplicable al precio neto franco en la frontera de la Comunidad, antes del despacho de aduana, de los productos descritos en el apartado 1 y producidos por las empresas enumeradas a continuación será el siguiente:

País

Empresa

Tipo del derecho

(%)

Código TARIC adicional

Malasia

 

Anggerik Laksana Sdn Bhd,

Selangor Darul Ehsan

59,2

A324

 

Todas las demás empresas

75

A999

República de Corea

 

Todas las empresas

44

3.   Salvo que se disponga lo contrario, serán aplicables las disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Luxemburgo, el 13 de octubre de 2008.

Por el Consejo

El Presidente

B. KOUCHNER


(1)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 1.

(2)  DO L 228 de 24.8.2002, p. 1.

(3)  DO L 139 de 6.6.2003, p. 1.

(4)  DO L 355 de 1.12.2004, p. 4.

(5)  DO L 355 de 1.12.2004, p. 9.

(6)  DO L 116 de 29.4.2006, p. 1.

(7)  DO C 286 de 23.11.2006, p. 8.

(8)  DO C 192 de 18.8.2007, p. 15.


16.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 275/32


REGLAMENTO (CE) N o 1002/2008 DE LA COMISIÓN

de 15 de octubre de 2008

por el que se establecen valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1),

Visto el Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas (2), y, en particular, su artículo 138, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores de importación a tanto alzado de terceros países correspondientes a los productos y períodos que figuran en el anexo XV, parte A, de dicho Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el anexo del presente Reglamento quedan fijados los valores de importación a tanto alzado a que se refiere el artículo 138 del Reglamento (CE) no 1580/2007.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de octubre de 2008.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 15 de octubre de 2008.

Por la Comisión

Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural


(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

(2)  DO L 350 de 31.12.2007, p. 1.


ANEXO

Valores de importación a tanto alzado para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

(EUR/100 kg)

Código NC

Código país tercero (1)

Valor global de importación

0702 00 00

MA

73,5

MK

51,9

TR

86,7

ZZ

70,7

0707 00 05

MK

81,9

TR

100,5

ZZ

91,2

0709 90 70

TR

117,4

ZZ

117,4

0805 50 10

AR

77,7

TR

104,7

UY

95,7

ZA

84,1

ZZ

90,6

0806 10 10

BR

261,2

TR

97,8

US

224,7

ZZ

194,6

0808 10 80

AR

67,2

CL

64,0

CN

53,8

MK

37,6

NZ

89,9

US

121,5

ZA

82,2

ZZ

73,7

0808 20 50

CL

60,3

CN

50,9

TR

128,9

ZA

83,4

ZZ

80,9


(1)  Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 1833/2006 de la Comisión (DO L 354 de 14.12.2006, p. 19). El código «ZZ» significa «otros orígenes».


16.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 275/34


REGLAMENTO (CE) N o 1003/2008 DE LA COMISIÓN

de 15 de octubre de 2008

por el que se fijan los derechos de importación aplicables en el sector de los cereales a partir del 16 de octubre de 2008

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (1),

Visto el Reglamento (CE) no 1249/96 de la Comisión, de 28 de junio de 1996, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que concierne a los derechos de importación en el sector de los cereales (2), y, en particular, su artículo 2, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

(1)

El artículo 136, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007 dispone que el derecho de importación de los productos de los códigos NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (trigo blando de calidad alta), 1002, ex 1005, excepto los híbridos para siembra, y ex 1007, excepto los híbridos para siembra, es igual al precio de intervención válido para la importación de tales productos, incrementado un 55 % y deducido el precio cif de importación aplicable a la remesa de que se trate. No obstante, ese derecho no puede sobrepasar los tipos de los derechos de importación del arancel aduanero común.

(2)

El artículo 136, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1234/2007 establece que, a efectos del cálculo del derecho de importación a que se refiere el apartado 1 de ese mismo artículo, deben establecerse periódicamente precios de importación cif representativos de los productos considerados.

(3)

Según lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1249/96, el precio que debe utilizarse para calcular el derecho de importación de los productos de los códigos NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (trigo blando de calidad alta), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 y 1007 00 90 es el precio representativo de importación cif diario, determinado con arreglo al método previsto en el artículo 4 de dicho Reglamento.

(4)

Procede fijar los derechos de importación para el período que comienza el 16 de octubre de 2008, que se aplicarán hasta que se fijen otros.

(5)

No obstante, la aplicación de determinados derechos fijados por el presente Reglamento ha sido suspendida por el Reglamento (CE) no 608/2008 de la Comisión, de 26 de junio de 2008, por el que se suspenden temporalmente los derechos de aduana aplicables a la importación de determinados cereales en la campaña de comercialización 2008/09 (3), l'application de certains droits fixés par le présent règlement est suspendue,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el anexo I del presente Reglamento, se fijan, sobre la base de los datos que figuran en el anexo II, los derechos de importación contemplados en el artículo 136, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007 aplicables en el sector de los cereales a partir del 16 de octubre de 2008.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 16 de octubre de 2008.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 15 de octubre de 2008.

Por la Comisión

Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural


(1)  DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.

(2)  DO L 161 de 29.6.1996, p. 125.

(3)  DO L 166 de 27.6.2008, p. 19.


ANEXO I

Derechos de importación de los productos contemplados en el artículo 136, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007 aplicables a partir del 16 de octubre de 2008

Código NC

Designación de la mercancía

Derecho de importación (1)

(EUR/t)

1001 10 00

TRIGO duro de calidad alta

0,00 (2)

de calidad media

0,00 (2)

de calidad baja

0,00 (2)

1001 90 91

TRIGO blando para siembra

0,00

ex 1001 90 99

TRIGO blando de calidad alta que no sea para siembra

0,00 (2)

1002 00 00

CENTENO

19,11 (2)

1005 10 90

MAÍZ para siembra que no sea híbrido

0,00

1005 90 00

MAÍZ que no sea para siembra (3)

0,00 (2)

1007 00 90

SORGO para grano que no sea híbrido para siembra

19,11 (2)


(1)  Los importadores de las mercancías que lleguen a la Comunidad por el Océano Atlántico o vía el Canal de Suez en aplicación del artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a las siguientes reducciones de los derechos:

3 EUR/t, si el puerto de descarga se encuentra en el Mediterráneo,

2 EUR/t, si el puerto de descarga se encuentra en Dinamarca, Estonia, Irlanda, Letonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Suecia o el Reino Unido o en la costa atlántica de la Península Ibérica.

(2)  De conformidad con el Reglamento (CE) no 608/2008, la aplicación de este derecho queda suspendida.

(3)  Los importadores que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 2, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1249/96 podrán acogerse a una reducción a tanto alzado de 24 EUR/t.


ANEXO II

Datos para el cálculo de los derechos fijados en el anexo I

1.10.2008-14.10.2008

1)

Valores medios correspondientes al período de referencia previsto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Trigo blando (1)

Maíz

Trigo duro, calidad alta

Trigo duro, calidad medi (2)

Trigo duro, calidad baja (3)

Centeno

Bolsa

Minnéapolis

Chicago

Cotización

195,25

123,95

Precio fob EE.UU.

281,83

271,83

251,83

116,56

Prima Golfo

15,20

Prima Grandes Lagos

4,76

2)

Valores medios correspondientes al período de referencia previsto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1249/96:

Fletes/gastos: Golfo de México–Rotterdam:

22,09 EUR/t

Fletes/gastos: Grandes Lagos–Rotterdam:

21,36 EUR/t


(1)  Prima positiva de un importe de 14 EUR/t incorporada [artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1249/96].

(2)  Prima negativa de un importe de 10 EUR/t [artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1249/96].

(3)  Prima negativa de un importe de 30 EUR/t [artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1249/96].


16.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 275/37


REGLAMENTO (CE) N o 1004/2008 DE LA COMISIÓN

de 15 de octubre de 2008

que modifica el Reglamento (CE) no 1725/2003, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la norma internacional de contabilidad 39 y a la norma internacional de información financiera 7

(Texto pertinente a efectos del EEE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad (1), y, en particular, su artículo 3, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 1725/2003 de la Comisión (2), se adoptaron una serie de normas internacionales e interpretaciones existentes a 14 de septiembre de 2002.

(2)

El 13 de octubre de 2008, el Consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB) aprobó una serie de modificaciones de la norma internacional de contabilidad 39, «Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración», y de la norma internacional de información financiera 7, «Instrumentos financieros: Información a revelar», en lo sucesivo denominadas «las modificaciones de la NIC 39 y la NIIF 7». Las modificaciones de la NIC 39 y la NIIF 7 permiten, en circunstancias excepcionales, reclasificar determinados instrumentos financieros, detrayéndolos de la categoría «mantenidos para negociar». Cabe considerar que la actual crisis financiera constituye una circunstancia excepcional que justifica el recurso a tal posibilidad por parte de las empresas.

(3)

De conformidad con las modificaciones de la NIC 39 y la NIIF 7, procede autorizar a las empresas a reclasificar determinados instrumentos financieros con efectos a partir del 1 de julio de 2008.

(4)

La consulta con el Grupo de expertos técnicos (TEG) del Grupo consultivo europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) confirma que las modificaciones de la NIC 39 y la NIIF 7 cumplen los criterios técnicos para su adopción, establecidos en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1606/2002. De conformidad con la Decisión 2006/505/CE de la Comisión, de 14 de julio de 2006, por la que se crea un grupo de estudio del asesoramiento sobre normas contables que orientará a la Comisión sobre la objetividad y neutralidad de los dictámenes del Grupo consultivo europeo en materia de información financiera (EFRAG) (3), dicho grupo de estudio del asesoramiento sobre normas contables ha examinado el dictamen del EFRAG referente a la incorporación y ha asesorado a la Comisión acerca de su carácter equilibrado y objetivo.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1725/2003 en consecuencia.

(6)

Atendiendo al contexto actual de agitación financiera, y al hecho de que ciertos instrumentos financieros ya no se negocian o los mercados correspondientes han pasado a estar inactivos o verse en serias dificultades, es preciso hacer efectivas de inmediato las modificaciones por las que se autoriza la reclasificación de determinados instrumentos financieros y, por consiguiente, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter urgente.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de reglamentación contable,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

En el anexo del Reglamento (CE) no 1725/2003, la norma Internacional de contabilidad 39, «Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración», y la norma internacional de información financiera 7, «Instrumentos financieros: Información a revelar», quedan modificadas con arreglo a lo previsto en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 15 de octubre de 2008.

Por la Comisión

Charlie McCREEVY

Miembro de la Comisión


(1)  DO L 243 de 11.9.2002, p. 1.

(2)  DO L 261 de 13.10.2003, p. 1.

(3)  DO L 199 de 21.7.2006, p. 33.


ANEXO

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

NIC 39

Modificaciones de la NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración

NIIF 7

Modificaciones de la NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar

Reproducción permitida en el Espacio Económico Europeo. Todos los derechos reservados fuera del EEE, a excepción del derecho de reproducción para uso personal u otra finalidad lícita. Puede obtenerse más información del IASB en www.iasb.org

Reclasificación de activos financieros (modificaciones de la NIC 39, «Instrumentos financieros: reconocimiento y valoración», y la NIIF 7, «Instrumentos financieros: información a revelar»)

Modificaciones de la NIC 39

Se modifica el párrafo 50 y se añaden los párrafos 50B a 50F y 103G.

VALORACIÓN

Reclasificaciones

50

Una entidad:

a)

no reclasificará un derivado detrayéndolo de la categoría de los contabilizados al valor razonable con cambios en resultados mientras esté en su poder o continúe emitido;

b)

no reclasificará ningún instrumento financiero detrayéndolo de la categoría de los contabilizados al valor razonable con cambios en resultados si, en el momento del reconocimiento inicial, la entidad lo ha designado como contabilizado al valor razonable con cambios en resultados;

c)

podrá, cuando un activo financiero no se mantenga ya con la intención de venderlo o recomprarlo en un futuro inmediato (aun cuando el activo financiero haya podido adquirirse o se haya incurrido en él principalmente con el objetivo de venderlo o volver a comprarlo en un futuro inmediato), reclasificar ese activo financiero detrayéndolo de la categoría de los contabilizados al valor razonable con cambios en resultados si se cumplen los requisitos establecidos en el párrafo 50B o 50D.

Una entidad no reclasificará ningún instrumento financiero incluyéndolo en la categoría de los contabilizados al valor razonable con cambios en resultados con posterioridad al reconocimiento inicial.

50B

Un activo financiero al que se aplique el párrafo 50, letra c) (salvo los activos financieros del tipo descrito en el apartado 50D), solo podrá reclasificarse mediante detracción de la categoría de los contabilizados al valor razonable con cambios en resultados en circunstancias excepcionales.

50C

Si una entidad reclasifica un activo financiero detrayéndolo de la categoría de los contabilizados al valor razonable con cambios en resultados de conformidad con el párrafo 50B, el activo financiero deberá reclasificarse a su valor razonable en la fecha de reclasificación. No se revertirá ninguna pérdida o ganancia ya reconocida en los resultados. El valor razonable del activo financiero en la fecha de reclasificación pasará a ser su nuevo coste o coste amortizado, según proceda.

50D

Un activo financiero al que se aplique el párrafo 50, letra c), y que se hubiera ajustado a la definición de préstamos y partidas a cobrar (de no haberse tenido que clasificar el activo financiero como mantenido para negociar en el momento del reconocimiento inicial) podrá reclasificarse mediante detracción de la categoría de los contabilizados al valor razonable con cambios en resultados si la entidad tiene la intención y, además, la capacidad de conservar el activo financiero en un futuro previsible o hasta el vencimiento.

50E

Un activo financiero clasificado como disponible para la venta y que se hubiera ajustado a la definición de préstamos y partidas a cobrar (de no haberse designado como disponible para la venta) podrá reclasificarse mediante detracción de la categoría de los disponibles para la venta e inclusión en la categoría de los préstamos y partidas a cobrar si la entidad tiene la intención y, además, la capacidad de conservar el activo financiero en un futuro previsible o hasta el vencimiento.

50F

Si una entidad reclasifica un activo financiero detrayéndolo de la categoría de los contabilizados al valor razonable con cambios en resultados de conformidad con el párrafo 50D o detrayéndolo de la categoría de los disponibles para la venta de conformidad con el párrafo 50E, reclasificará el activo financiero a su valor razonable en la fecha de reclasificación. Cuando se trate de un activo financiero reclasificado de conformidad con el párrafo 50D, no se revertirá ninguna pérdida o ganancia ya reconocida en los resultados. El valor razonable del activo financiero en la fecha de reclasificación pasará a ser su nuevo coste o coste amortizado, según proceda. Cuando se trate de un activo financiero reclasificado mediante detracción de la categoría de los disponibles para la venta de conformidad con el párrafo 50E, cualquier pérdida o ganancia anterior en ese activo que se haya reconocido en otro resultado global de conformidad con la letra b) del párrafo 55 se contabilizará con arreglo al párrafo 54.

FECHA DE VIGENCIA Y PERÍODO TRANSITORIO

103G

El documento denominado Reclasificación de activos financieros (modificaciones de la NIC 39 y la NIIF 7), emitido en octubre de 2008, modificó los párrafos 50 y AG8 y añadió los párrafos 50B a 50F. La entidad aplicará dichas modificaciones a partir del 1 de julio de 2008. La entidad no reclasificará un activo financiero de conformidad con los párrafos 50B, 50D o 50E antes del 1 de julio de 2008. Toda reclasificación de un activo financiero efectuada en los ejercicios que comiencen a partir del 1 de noviembre de 2008 surtirá efecto únicamente a partir de la fecha en la que se efectúe la reclasificación. La reclasificación de un activo financiero de conformidad con los párrafos 50B, 50D o 50E no podrá aplicarse retroactivamente a ejercicios que hayan finalizado antes de la fecha de vigencia establecida en el presente párrafo.

En el apéndice A, Guía de aplicación, se modifica el párrafo GA8.

Tipo de interés efectivo

AG8

Si una entidad revisa sus estimaciones de pagos o cobros, ajustará el importe en libros del activo financiero o pasivo financiero (o grupos de instrumentos financieros) para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. La entidad volverá a calcular el importe en libros computando el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, utilizando el tipo de interés efectivo original del instrumento financiero. El efecto del ajuste se reconocerá como ingreso o gasto en los resultados. Si un activo financiero se reclasifica de conformidad con los párrafos 50B, 50D o 50E, y la entidad incrementa posteriormente sus estimaciones de los flujos de efectivo futuros como resultado de la mayor recuperabilidad de esos flujos de efectivo, el efecto de dicho incremento se reconocerá como ajuste del tipo de interés efectivo a partir de la fecha en que se modifique la estimación, y no como ajuste del importe en libros del activo en la fecha en que se modifique la estimación.

Modificaciones de la NIIF 7

Se modifica el párrafo 12 y se añaden los párrafos 12A y 44E.

RELEVANCIA DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Y EL RENDIMIENTO

Estado de situación financiera

Reclasificación

12

Si la entidad hubiese reclasificado un activo financiero (de conformidad con los párrafos 51 a 54 de la NIC 39) como una partida que se valora:

a)

al coste o al coste amortizado, en lugar de al valor razonable, o

b)

al valor razonable, en lugar de al coste o al coste amortizado,

informará del importe reclasificado y detraído de cada una de esas categorías, así como la razón para efectuar dicha reclasificación.

12A

Si la entidad hubiese reclasificado un activo financiero detrayéndolo de la categoría de los contabilizados al valor razonable con cambios en resultados, de conformidad con los párrafos 50B o 50D de la NIC 39, o de la categoría de los disponibles para la venta, de conformidad con el párrafo 50E de la NIC 39, informará de lo siguiente:

a)

el importe reclasificado en cada una de esas categorías, o detraído de ellas;

b)

para cada ejercicio hasta el momento de la baja en cuentas, el importe en libros y el valor razonable de todos los activos financieros que hayan sido reclasificados en el ejercicio corriente y ejercicios precedentes;

c)

si el activo financiero hubiese sido reclasificado de conformidad con el párrafo 50B, la situación excepcional, y los hechos y circunstancias que demuestren que la situación era excepcional;

d)

para el ejercicio en el que se haya reclasificado el activo financiero, las pérdidas o ganancias al valor razonable del activo reconocido en los resultados o en otro resultado global en ese ejercicio y en el ejercicio precedente;

e)

para cada ejercicio posterior a la reclasificación (incluido el ejercicio en el que se hubiese reclasificado el activo financiero) hasta la baja en cuentas del activo financiero, las pérdidas o ganancias al valor razonable que hubiesen sido reconocidas en los resultados o en otro resultado global si el activo financiero no hubiese sido reclasificado, así como las ganancias, las pérdidas, los ingresos y los gastos reconocidos en los resultados, y

f)

el tipo de interés efectivo y los importes estimados de flujos de efectivo que la entidad prevea recuperar, en la fecha de reclasificación del activo financiero.

FECHA DE VIGENCIA Y TRANSICIÓN

44E

El documento denominado Reclasificación de los activos financieros (modificaciones de la NIIF 39 y la NIIF 7), emitido en octubre de 2008, modificó el párrafo 12 y añadió el párrafo 12A. La entidad aplicará dichas modificaciones a partir del 1 de julio de 2008.


II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

DECISIONES

Comisión

16.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 275/42


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 10 de octubre de 2008

por la que se fijan para el ejercicio financiero de 2008 las asignaciones financieras definitivas a los Estados miembros, para un determinado número de hectáreas, con vistas a la reestructuración y reconversión de viñedos en virtud del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo

[notificada con el número C(2008) 5738]

(Los textos en lenguas alemana, búlgara, checa, eslovaca, eslovena, española, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, maltesa, portuguesa y rumana son los únicos auténticos)

(2008/799/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (1), y, en particular, su artículo 14, apartado 2,

Considerando lo siguiente:

(1)

Las normas relativas a la reestructuración y reconversión de los viñedos se establecen en el Reglamento (CE) no 1493/1999 y en el Reglamento (CE) no 1227/2000 de la Comisión, de 31 de mayo de 2000, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola en lo relativo al potencial de producción (2).

(2)

Las disposiciones de aplicación relativas a la planificación financiera y a la participación en la financiación del régimen de reestructuración y reconversión previstas en el Reglamento (CE) no 1227/2000 establecen que las referencias a un ejercicio financiero determinado deben aludir a los pagos efectivamente realizados por los Estados miembros entre el 16 de octubre y el 15 del octubre del año siguiente.

(3)

De conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1493/1999, la Comisión asigna anualmente a los Estados miembros un primer tramo de créditos basándose en criterios objetivos y teniendo en cuenta las situaciones y necesidades específicas y el esfuerzo que deba realizarse teniendo en cuenta el objetivo del régimen.

(4)

La Comisión ha fijado las asignaciones financieras indicativas para la campaña 2007/08 mediante la Decisión 2007/719/CE (3).

(5)

De conformidad con el artículo 17, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1227/2000 debe imponerse una sanción cuando los gastos reales por hectárea de un Estado miembro sean superiores a los previstos en la dotación inicial. En el ejercicio financiero de 2008, la sanción es aplicable a Eslovaquia por un importe de 6 169 EUR.

(6)

En virtud del artículo 16, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1227/2000, los Estados miembros pueden presentar una solicitud posterior durante el ejercicio en curso. Así lo han hecho en el ejercicio financiero de 2008 la República Checa, España, Italia, Hungría y Rumanía.

(7)

En virtud del artículo 17, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1227/2000, las solicitudes de financiación posterior notificadas a la Comisión por los Estados miembros deben aceptarse proporcionalmente, utilizando los créditos disponibles tras deducir del importe total asignado a los Estados miembros la suma, correspondiente a todos los Estados miembros, de los importes notificados en virtud del artículo 16, apartado 1, letras a) y b), de dicho Reglamento. En el ejercicio de 2008 esta disposición es aplicable a la República Checa, España, Italia, Hungría y Rumanía. Dado que las solicitudes de financiación posterior presentadas por estos Estados miembros han sido inferiores al importe disponible para reasignación, se ha podido satisfacer la totalidad de las solicitudes de dichos Estados miembros.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el anexo de la presente Decisión figuran las asignaciones financieras definitivas de la campaña 2007/08 a los Estados miembros interesados, para un determinado número de hectáreas, con vistas a la reestructuración y reconversión de viñedos en virtud del Reglamento (CE) no 1493/1999, para el período correspondiente al ejercicio financiero de 2008.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán la República de Bulgaria, la República Checa, la República Federal de Alemania, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Austria, la República Portuguesa, Rumanía, la República de Eslovenia y la República Eslovaca.

Hecho en Bruselas, el 10 de octubre de 2008.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión


(1)  DO L 179 de 14.7.1999, p. 1.

(2)  DO L 143 de 16.6.2000, p. 1.

(3)  DO L 289 de 7.11.2007, p. 59.


ANEXO

ASIGNACIONES FINANCIERAS DEFINITIVAS DE LA CAMPAÑA 2007/08

(ejercicio financiero de 2008)

Estado miembro

Superficie (ha)

Asignación financiera (EUR)

Bulgaria

1 200

9 013 796

República Checa

706

11 883 827

Alemania

1 406

12 097 072

Grecia

647

6 360 118

España

21 154

169 516 302

Francia

8 977

69 071 668

Italia

12 358

101 761 476

Chipre

150

2 131 684

Luxemburgo

5

38 001

Hungría

1 852

14 813 090

Malta

3

38 157

Austria

888

5 068 342

Portugal

2 711

23 511 590

Rumanía

4 205

35 050 228

Eslovenia

124

2 401 900

Eslovaquia

228

863 646

Total

56 614

463 620 897


IV Otros actos

ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

Comité Mixto del EEE

16.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 275/45


DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

N o 318/05/COL

de 14 de diciembre de 2005

por la que se concluye el procedimiento formal de investigación previsto en el artículo 1, apartado 2, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, relativo a la exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro en relación con la constitución de la empresa Entra Eiendom AS (Noruega)

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1) y, en particular, sus artículos 61 a 63 y su Protocolo 26,

Visto el Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (2) y, en particular, su artículo 24 y el artículo 1 de la parte I de su Protocolo 3,

Vistas las Directrices del Órgano de Vigilancia relativas a la aplicación e interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE (3),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con las disposiciones anteriormente citadas (4) y teniendo en cuenta dichas observaciones,

CONSIDERANDO LO SIGUIENTE:

I.   HECHOS

1.   Procedimiento e intercambio de correspondencia

Por carta de 22 de mayo de 2002 (doc. no: 02-3856 D), el Órgano de Vigilancia solicitó al Gobierno noruego que le facilitará la información pertinente sobre la constitución de la empresa Entra Eiendom AS (en lo sucesivo, «Entra») para poder evaluar si la constitución de dicha empresa cumplía las normas sobre ayudas estatales. Las autoridades noruegas respondieron por carta de su Representación ante la Unión Europea de 25 de junio de 2002, en la que se incluía una carta de 20 de junio de 2002 del Ministerio de Trabajo y Administración Pública. El Órgano de Vigilancia recibió y registró ambas cartas el 26 de junio de 2002 (doc. no: 02-4850 A).

Por carta de 10 de octubre de 2002 (doc. no: 02-7036 D), el Órgano de Vigilancia solicitó más información. En esta carta se hacía referencia, en su punto 1, a la exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro devengados por el cambio de propietario de los bienes inmuebles y, en el punto 2, a la disminución del valor estimado de los bienes como consecuencia de las condiciones especiales de resolución. Las autoridades noruegas presentaron información adicional por carta de su Representación ante la Unión Europea de 14 de noviembre de 2002, en la que se incluía una carta del Ministerio de Industria y Comercio de 7 de noviembre de 2002. El Órgano de Vigilancia recibió y registró ambas cartas el 14 de noviembre de 2002 (doc. no: 02-8219 A).

Por fax del Ministerio de Industria y Comercio de 9 de diciembre de 2002, que el Órgano de Vigilancia recibió y registró ese mismo día (doc. no: 02-8912 A), el Gobierno noruego pidió al Órgano de Vigilancia que le transmitiera sus conclusiones sobre la constitución de la empresa Entra. Por carta de 17 de diciembre de 2002 (doc. no: 02-9062 D) dirigida a la Representación de Noruega ante la Unión Europea, el Órgano de Vigilancia informó a las autoridades noruegas que podría archivar la parte del procedimiento relativa a la disminución del valor estimado derivado de las condiciones especiales de resolución, si se le facilitaba más documentación concreta y detallada sobre esta cuestión.

El Ministerio de Industria y Comercio noruego transmitió esa documentación detallada por fax de 23 de enero de 2003, que el Órgano de Vigilancia recibió y registró ese mismo día (doc. no: 03-424 A). Por carta de 31 de enero de 2003, dirigida a la Representación de Noruega ante la Unión Europea (doc. no: 03-588 D), el Órgano de Vigilancia informó a las autoridades noruegas que —puesto que no parecía que se hubieran concedido ayudas— «no formularía objeciones a la valoración de las propiedades transferidas por el Estado noruego a Entra Eiendom AS realizada en el balance de apertura». Sin embargo, el Órgano de Vigilancia subrayó que esta declaración no afectaba en modo alguno a la cuestión del pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro.

Por carta de 2 de abril de 2003 (doc. no: 03-1827 D), el Órgano de Vigilancia abordó una vez más el problema de la exención de las tasas de registro e impuestos especiales y solicitó a las autoridades noruegas que le proporcionaran más información para clarificar la cuestión. El Gobierno noruego transmitió más información por carta de su Representación ante la Unión Europea de 5 de junio de 2003, en la que se incluía una carta del Ministerio de Industria y Comercio de 4 de junio de 2003. El Órgano de Vigilancia recibió y registró ambas misivas el 10 de junio de 2003 (doc. no: 03-3631 A).

El 16 de junio de 2004, el Órgano de Vigilancia decidió incoar el procedimiento formal de investigación (Decisión no 132/04/COL). La decisión de incoar el procedimiento formal de investigación se publicó el 23 de diciembre de 2004.

Por fax de 13 de agosto de 2004 (Doc. no 290206) y carta de la Representación de Noruega ante la Unión Europea de 17 de agosto de 2004, documentos recibidos y registrados por el Órgano de Vigilancia el 18 de agosto de 2004 (doc. no 290456), las autoridades noruegas solicitaron que se ampliara un mes el plazo para presentar sus comentarios.

Por carta de 17 de agosto de 2004 (doc. no 290305), el Órgano de Vigilancia aceptó ampliar un mes dicho plazo.

Por fax de 16 de septiembre de 2004 (doc. no 292867) y carta de la Representación de Noruega ante la UE de 20 de septiembre de 2004, en la que se incluía una carta del Ministerio de Industria y Comercio de 16 de septiembre de 2004, documentos que el Órgano de Vigilancia recibió y registró el 21 de septiembre de 2004 (doc. no: 293392), las autoridades noruegas presentaron sus comentarios sobre la decisión de incoar el procedimiento. En opinión del Gobierno noruego la exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro prevista en la constitución de Entra no constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

El Órgano de Vigilancia no recibió observaciones sobre la decisión de incoar el procedimiento de ninguna otra parte interesada dentro del plazo estipulado de un mes desde la publicación de la invitación a presentarlas en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Por carta de 4 de mayo de 2005, recibida y registrada por el Órgano de Vigilancia el 9 de mayo de 2005 (Ref. no 318691), el bufete de abogados Selmer, representante legal de Entra, presentó una serie de observaciones sobre la decisión del Órgano de Vigilancia de incoar el procedimiento formal de investigación (véase el apartado 3.4).

El caso se analizó en una reunión celebrada en Oslo, el 19 de mayo de 2005, entre representantes de diversos ministerios noruegos y representantes del Órgano de Vigilancia.

Por fax del Ministerio de Modernización de 26 de julio de 2005 (doc. no 327938) y carta de la Representación de Noruega ante la UE de 1 de agosto de 2005, con la que se incluía una carta de 30 de junio de 2005 del Ministerio de Industria y Comercio, documentos recibidos y registrados el 3 de agosto de 2005 (doc. no 329110), las autoridades noruegas presentaron más información sobre si la exención suponía o no una ventaja económica para Entra. La conclusión a la que llegó el Ministerio de Industria y Comercio fue que la exención no suponía una ventaja para Entra.

2.   Constitución de Entra

2.1.   Propuesta de constitución de una nueva sociedad de responsabilidad limitada

El 4 de junio de 1999, el Gobierno noruego presentó la reorganización del organismo público, Dirección de la Propiedad y Obras Públicas («Statsbygg»), y la constitución de la empresa Entra (5). Ese mismo día, el Gobierno noruego presentó una ley especial relativa a la conversión de parte de las actividades inmobiliarias del Statsbygg en una sociedad de responsabilidad limitada con el fin de resolver algunas cuestiones transitorias relativas a su transformación y a la constitución de Entra (6). En el artículo 3 de esta Ley (en lo sucesivo, «la ley impugnada») se establece que la nueva inscripción de los bienes en el Registro de la Propiedad y en otros registros públicos debía realizarse como cambio de nombre, por lo que Entra no estaba obligada a pagar ni el impuesto sobre actos jurídicos documentados ni las tasas de registro, a pesar de figurar como tenedor del título de propiedad en el Registro de la Propiedad.

El Statsbygg es un organismo administrativo («Forvaltningsbedrift»), dependiente del Ministerio de Modernización. El Statsbygg actúa en nombre del Gobierno noruego como gestor y consejero en asuntos inmobiliarios, poniendo a disposición de los organismos gubernamentales diferentes tipos de edificios. El Statsbygg ha seguido ocupándose de la gestión de las propiedades que no se transfirieron a Entra. El Statsbygg gestiona actualmente alrededor de 2,2 millones de m2 en Noruega y el extranjero. Su cartera inmobiliaria está compuesta por edificios de oficinas, escuelas, edificios de viviendas y edificios para usos específicos en Noruega y por embajadas y residencias en el extranjero. El presupuesto anual para construcción asciende a, aproximadamente, 2,3 millones de coronas noruegas (unos 288 millones de euros). El Statsbygg tiene 669 empleados (octubre de 2005) (7).

En la St. prp nr 84 (1998-1999) se establece, entre otras cosas, que la finalidad de la reorganización es delimitar con claridad las diferentes funciones del Statsbygg y lograr un uso más eficiente de los edificios de propiedad estatal. Para garantizar unas mejores condiciones generales de actuación a la parte del Statsbygg que debía competir con otras empresas privadas había que separar los edificios gestionados en el mercado competitivo («konkuranseutsatte bygg») de los edificios dedicados a funciones específicas e incluirlos en la nueva cartera inmobiliaria de Entra. El Gobierno indicó que, en una fase posterior, una alternativa podría ser vender parte de la empresa a inversores privados.

De acuerdo con sus estatutos, Entra tiene el siguiente objetivo: «El objetivo principal de la empresa es proporcionar locales y edificios a los organismos públicos. La empresa puede poseer, comprar, vender, explotar y administrar bienes inmuebles así como llevar a cabo otras actividades empresariales relacionadas con las anteriores. La empresa también puede poseer acciones o intereses en otras empresas que lleven a cabo actividades como las mencionadas anteriormente» (traducción al castellano a partir de la traducción no oficial al inglés del texto original en noruego realizada por el Órgano de Vigilancia).

2.2.   Balance de apertura de Entra

En la propuesta presentada al Parlamento, el Gobierno noruego sentó los principios básicos sobre los que se asentaba la transmisión de activos a la nueva empresa. En ella propuesta no se llegaba a ninguna conclusión en cuanto al valor real de los activos que deberían transferirse y se optaba por señalar que esta cuestión tendría que abordarse posteriormente, afirmándose que: «el balance de apertura definitivo de la empresa se presentará con el presupuesto del año 2000» (8). Tampoco se establecía un método específico para determinar este valor.

En el período comprendido entre el 4 de junio de 1999 y el 22 de junio de 2000, fecha en que un real decreto fijó su valoración final, el valor de los activos que debían transferirse fue objeto de un cuidadoso y pormenorizado examen. El objetivo era establecer el precio de transacción correcto de conformidad con los principios de la Propuesta no 84 (1998-99) para la transmisión de los activos. Para llegar a ese precio se tomaron en consideración varios métodos y supuestos.

En primer lugar, el Statsbygg pidió al consultor independiente Catella Eiendom Consult AS (CCE) que calculara el valor de las propiedades que iban a transferirse. Esta estimación se llevó a cabo de conformidad con las normas de tasación de la Asociación Noruega de Tasadores y Topógrafos (NTF), tasando cada propiedad individualmente y sumando el valor de cada una de ellas para obtener el valor total de la cartera. El resultado al que se llegó fue de 3 852 110 000 coronas noruegas. La NTF auditó posteriormente esa valoración y concluyó que la tasación podía aceptarse, aunque fuera un tanto cautelosa.

En segundo lugar, el Statsbygg llevó a cabo su propia valoración de los activos, para lo que utilizó un método diferente. El Statsbygg utilizó el método del valor actualizado neto de toda la cartera para realizar sus cálculos, en lugar de tasar cada propiedad por separado y sumar el valor de cada una de ellas para obtener el valor total. El resultado de la estimación del Statsbygg fue de 3 137 500 000 coronas noruegas.

En tercer lugar, el Ministerio de Administración Pública llevó asimismo a cabo una valoración basada en los mismos principios que la del Statsbygg, pero partiendo de diferentes supuestos. El resultado al que llegó fue de 3 337 500 000 coronas noruegas.

La diferencia entre la valoración más alta y la más baja era en ese momento de 714 610 000 coronas, es decir una diferencia de un 22 % con respecto al precio estimado más bajo. Sin entrar en mayores detalles, debe mencionarse que los métodos de cálculo utilizados difieren considerablemente. Esta observación también consta en una auditoria independiente realizada por PricewaterhouseCoopers (PwC) en la que se evaluaron los tres resultados anteriormente mencionados.

PwC concluyó que teniendo en cuenta las notables diferencias metodológicas, una comparación detallada de las tres valoraciones sería a la vez compleja y, lo que era más importante, de escasa utilidad. PwC llegó a la conclusión siguiente: «En nuestra opinión, las tres valoraciones se inscriben dentro de unos márgenes razonables». Además, PwC subrayó el hecho de que era imposible llegar a una cifra concreta que pudiera considerarse como «la correcta». Ese precio sería más bien objeto de negociaciones entre las partes y podría, por lo tanto, fluctuar en función de los supuestos utilizados.

En cuarto lugar, el Ministerio decidió realizar una nueva valoración. Tras un intenso debate sobre si el hecho de que los organismos públicos pudieran resolver sus contratos de alquiler con un preaviso de doce meses afectaría o no al valor de mercado de las propiedades, éste se cifró en 283 755 000 coronas noruegas. Esta estimación se sometió al Parlamento (Stortinget) (9) junto con los Presupuestos del Estado para 1999-2000. No obstante, la propuesta preveía la posibilidad de que el Gobierno introdujera unas correcciones finales.

En quinto lugar, el Ministerio de Administración Pública ejerció ese derecho y tras ajustar, entre otras cosas, algunos de los contratos de alquiler de Entra, modificando así, una vez más, los supuestos utilizados en el modelo, llegó a un valor más elevado. Un real decreto fijó el valor definitivo en el balance de apertura en 3 222 871 000 coronas noruegas.

Todo este proceso se resume a continuación. Como puede observarse, los valores propuestos oscilan entre 3 852 110 000 y 2 837 550 000 coronas noruegas. La diferencia de 1 014 560 000 coronas, es decir de un 35,8 % con respecto al precio más bajo, puede explicarse tanto por las diferencias en la metodología aplicada como por los supuestos utilizados en los diversos modelos.

Valoración de Catella Eiendoms Consult (CEC) (10)

NOK 3 852 110 000

Recomendación del Statsbyg

NOK 3 137 500 000

Valoración del Ministerio

NOK 3 337 500 000

Nueva valoración del Ministerio (motivada por las condiciones especiales de resolución) (11)

NOK 2 837 550 000

Balance de apertura definitivo (12)

NOK 3 222 871 000

El balance de apertura definitivo se calculó a partir del valor actualizado neto de toda la cartera, tal como se hacía en la recomendación inicial del Statsbygg, pero mediando algunas modificaciones en los supuestos utilizados.

En principio, Entra se constituyó como una sociedad «mínima» basada en aportaciones en efectivo. Posteriormente, las propiedades inmobiliarias, el capital y el personal (activo y pasivo) se transfirieron del Estado a Entra a cambio de la emisión de acciones, con efecto a partir del 1 de julio 2000. El título y el derecho de propiedad se transmitieron del Estado noruego a Entra, registrándose a nombre de Entra. De conformidad con la Ley por la que se constituyó Entra, no se pagaron ni el impuesto sobre actos jurídicos documentados ni las tasas de registro. La empresa es una sociedad de responsabilidad limitada propiedad al cien por cien del Estado noruego.

En 2004, la empresa [el grupo (13)] tuvo unos ingresos de explotación de 1 072 millones de coronas noruegas [aproximadamente 128 millones de euros (14)] y unos beneficios antes de impuestos de 134 millones de coronas (unos 16 millones de euros). El balance consolidado del grupo (valor contable) a 31 de diciembre de 2004 era de 1 288 millones de coronas (unos 154 millones de euros). A finales de año, la cartera inmobiliaria del grupo (valor contable) ascendía a 8 768 millones de coronas (aproximadamente 1 047 millones de euros). A 31 de diciembre de 2004, Entra tenía 133 empleados. La cartera inmobiliaria consta en total de unas 150 propiedades y una superficie total de aproximadamente 900 000 m2  (15).

Según las estimaciones de las autoridades noruegas, el importe acumulado del impuesto sobre actos jurídicos documentados asciende a 80 571 775 coronas noruegas y el de las tasas de registro a 147 300 coronas noruegas (982 coronas noruegas por cada una de las 150 propiedades), lo que hace un total de 80 719 075 coronas noruegas (unos 9,87 millones de euros) (16).

3.   Evaluación del Gobierno noruego sobre la compatibilidad de la exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro con las disposiciones sobre ayudas estatales del Acuerdo EEE

3.1.   Evaluación presentada por el Gobierno en relación con la constitución de Entra

El Gobierno noruego incluyó una evaluación de la compatibilidad de la exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro con las disposiciones sobre ayudas estatales del Acuerdo EEE en el capítulo 7.6.1 de la Propuesta no 84 (1998-99), El texto establece lo siguiente (traducción al castellano a partir de la traducción no oficial al inglés del texto original en noruego realizada por el Órgano de Vigilancia):

«La siguiente cuestión que se plantea es si se puede eximir a la empresa de las tasas que conlleva la inscripción registral de la transmisión del título de propiedad del Statsbygg a Statens utleiebygg AS y, por lo tanto, que no tenga que abonar ni tasas de registro ni impuestos especiales. De acuerdo con lo establecido en el capítulo 6 de la Ley sobre tasas judiciales y en el artículo 7 de la Ley del impuesto sobre actos jurídicos documentados, los gravámenes relativos al registro de documentos por los que se transfieren derechos de propiedad deben abonarse al Tesoro Público. Por consiguiente, la obligación de pagar sólo nace cuando se registra la transmisión del título de propiedad en el Registro de la Propiedad. El pago de impuestos especiales no se exige cuando se trata de registrar un cambio de nombre.

El Ministerio considera sumamente improbable que la división de los bienes entre el Estado y Statens utleiebygg AS suponga una transmisión del título de propiedad que deba inscribirse en el Registro de la Propiedad. Parece más lógico considerar la situación como un cambio organizativo en la cartera inmobiliaria del Estado en virtud del cual el Estado conserva los derechos registrales sobre las propiedades. No se trata de una transmisión del título de propiedad, sino simplemente de un cambio del nombre inscrito en el Registro, por lo que no se exige el pago del impuesto especial. Así pues, la empresa no tiene que pagar ni las tasas de registro ni el impuesto especial. No obstante, el Ministerio también sugiere, en una propuesta separada presentada al Odelsting, que las nuevas inscripciones ligadas a cambios organizativos se realicen como simples cambios de nombre. Por lo que se refiere al Registro de la Propiedad esto significa que no es necesario transmitir el título de propiedad. La disposición implica que no será ciertamente necesaria la transmisión del título de propiedad. La Propuesta sigue las normas aplicadas con ocasión de otras reorganizaciones de empresas de propiedad estatal, como, por ejemplo, la Ley no 45, de 24 de junio de 1994, sobre la constitución de la empresa Televerket como sociedad de responsabilidad limitada y el artículo 73 de la Ley no 65, de 22 de noviembre de 1996, sobre la constitución de la empresa de correos pública. La cuestión consiste en saber si desde el punto de vista de la competencia esta práctica coloca a las empresas de responsabilidad limitada de propiedad estatal en una posición diferente a la de las sociedades privadas que segregan una parte de su actividad inmobiliaria confiándola a una empresa de responsabilidad limitada cuyo capital poseen íntegramente.

El Órgano de Vigilancia de la AELC publicó unas directrices relativas a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales del artículo 61 del Acuerdo EEE en relación con las operaciones financieras entre las empresas estatales y las autoridades públicas (véanse los capítulos 19 y 20 de las Directrices sobre ayudas estatales). De acuerdo con estas Directrices, el principal criterio de evaluación para determinar si efectivamente existe una ayuda estatal es el denominado “principio del inversor privado en una economía de mercado”. Este principio implica que a la hora de adoptar medidas de índole económica, el Estado debe comportarse como lo haría un inversor privado en la misma situación frente a una empresa privada similar o comparable.

La base de la que parte el ordenamiento noruego es que la transmisión del derecho de propiedad de una persona jurídica a otra debe registrarse para que surta efectos frente a terceros. Por lo tanto, los inversores privados están, en principio, obligados a registrar la transmisión del título de propiedad y pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Análogamente, una empresa de responsabilidad limitada de titularidad estatal está asimismo obligada a registrar la transmisión del título de propiedad del Estado.

Por otra parte, resulta poco probable que un inversor razonable optase, en el caso de separar una parte de sus actividades inmobiliarias, por registrar la transmisión del título de propiedad con el consiguiente pago de un impuesto especial. Como esa transmisión resultaría onerosa para la empresa, parece poco probable que un inversor razonable eligiera esa vía. Parece más lógico que optara por una solución que le permitiese eludir el pago de gravámenes, como, por ejemplo, que la empresa madre conservara el título de propiedad o la creación de una sociedad de cartera. El Estado no puede recurrir a estas soluciones. Cuando el Estado decide participar en el mercado resulta más conveniente separar esa parte de su actividad y canalizarla a través de una empresa separada. Así pues, el Estado se encuentra en una situación en la que debe transferir sus propiedades a otra persona jurídica. Ello induce seriamente a pensar que la inscripción de los derechos de propiedad en el Registro no es incompatible con las normas sobre ayudas estatales.

Por consiguiente, el Ministerio concluye que la exención de la obligación de registrar la transmisión de derechos no sitúa a Statens utleiebygg AS en una posición diferente desde el punto de vista competitivo de la de un inversor privado en el mercado. La exención no se considera incompatible con las normas sobre ayudas estatales del Acuerdo EEE.

Además, en general se admite que la valoración de las propiedades destinadas a Statens utleiebygg AS se ajusta a los precios del mercado y que cualquier posible aportación posterior de capital por parte del Estado a Statens utleiebygg AS se realizará de la misma manera que lo haría un inversor privado.».

3.2.   Argumentos presentados por las autoridades noruegas antes de que el Órgano de Vigilancia decidiera incoar el procedimiento formal de investigación

Por carta de 20 de junio de 2002, el Ministerio de Trabajo y Administración Pública proporcionó información sobre las condiciones generales aplicables a Entra y la elaboración de su balance de apertura. El Ministerio describió el método del valor actual neto utilizado para calcular el valor total de la cartera inmobiliaria y declaró que este método se había utilizado «porque se adaptaba mejor a las condiciones estipuladas de la Propuesta no 84 presentada al Storting (1998-99) con el fin de garantizar a la empresa unas condiciones generales de actuación similares a las de otras empresas del mismo sector». La carta no indicaba si el hecho de no pagar derechos especiales había influido, y en ese caso en qué medida, en el balance de apertura. Tampoco se analizaba en ella si el artículo 3 de la ley impugnada exigía que la exención de los impuestos especiales se compensara con un aumento del valor de la cartera equivalente a la suma que se habría pagado en el caso de que la inscripción en el Registro de la Propiedad se hubiera considerado como una modificación del título de propiedad y no como un cambio de nombre.

Por carta de 7 de noviembre de 2002, el Ministerio de Industria y Comercio expuso más detenidamente el argumento, que ya había presentado en los trabajos preparatorios, según el cual, los inversores privados tenían a su alcance soluciones para evitar una transmisión oficial del título de propiedad y, por lo tanto, tener que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro. Como la inscripción de la transmisión del título de propiedad no era obligatoria, las empresas podían, con independencia de que fueran públicas o privadas, evitar legalmente el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro, limitándose a no registrar la transmisión del título de propiedad. Permitir que el propietario original conservase el título de propiedad suponía un riesgo para el nuevo propietario, ya que podía perder la condición de tenedor «de buena fe» frente a terceros. Sin embargo, ese riesgo se podía eliminar anotando en el registro una «restricción del derecho de propiedad». La anotación en el registro de la restricción del derecho de propiedad no excluía el riesgo de una posible extinción de los derechos del nuevo propietario sobre los bienes inmuebles como consecuencia de las acciones emprendidas en el marco de un procedimiento concursal (quiebra o concurso de acreedores). Según las autoridades noruegas, las empresas de propiedad privada han utilizado este método en numerosas ocasiones, en especial entre empresas relacionadas.

Según el Ministerio, en el supuesto de que el Statsbygg, hubiera estado en manos de un propietario privado, lo más probable es que éste hubiera dividido en partes el Statsbygg eludiendo el pago de las tasas de registro y el impuesto especial. En el caso de la constitución de Entra, este método no era una opción realista, entre otros motivos, por el obstáculo que suponía el que el Statsbygg estuviera sometido a un control público y político. Si el Statsbygg hubiera conservado la titularidad de las propiedades, Entra habría dependido de la aprobación de un organismo público para llevar a cabo cualquier transacción que afectase a las propiedades y el Estado sería tanto el arrendatario como el propietario oficial de los bienes. Emplear este método en el caso del Statsbygg/Entra borraría la distinción entre las diferentes misiones encomendadas a las dos entidades; la del Statsbygg, poseer y gestionar edificios públicos no comerciales y la de Entra, actuar con arreglo a criterios de mercado.

En la carta de 7 de noviembre de 2002, el Ministerio también presentó un argumento contra la aplicación del artículo 61 del Acuerdo EEE que no se había esgrimido en los trabajos preparatorios a los que se ha hecho referencia anteriormente. El Ministerio reiteró que el valor de la cartera inmobiliaria se había calculado utilizando el método de «capitalización neta». En pocas palabras, este método supone la actualización de los flujos de caja futuros generados por las propiedades (la renta neta de los contratos vigentes más la estimación de la renta neta futura tras el vencimiento de los contratos vigentes), aplicando un factor que tenga en cuenta una elevada tasa de rentabilidad. En el caso de Entra, esta tasa se fijó en un 9,5 %, que era el tipo de referencia utilizado por las empresas privadas similares del sector. Según el Ministerio, si el impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro se hubieran tenido que pagar, los costes se habrían considerado como activos, mientras que el valor de las propiedades se habría reducido en consecuencia. Así pues, no habrían disminuido ni el balance total de Entra ni la estimación total de sus activos. En cambio, si se hubiera introducido el impuesto especial sin corregir el valor de los bienes inmuebles, «el valor total de los activos, habría sido más elevado, lo que habría dado lugar a una tasa de rentabilidad de sólo un 9,1 %, muy inferior al nivel exigido por Entra Eiendom AS. Esto supondría una considerable desventaja para Entra Eiendom AS con respecto a los operadores privados.».

Por carta de 4 de junio de 2003, el Ministerio de Industria y Comercio presentó más información y nuevos argumentos referentes, entre otras cosas, a las medidas utilizadas por las empresas privadas. Además, el Ministerio reiteró los argumentos esgrimidos en su carta de 7 de noviembre de 2002 para considerar que el impago del impuesto no afectaba a la estructura del capital, la solidez y el valor total de la empresa.

Como tercer argumento en apoyo de su tesis según la cual la exención del impuesto especial no constituye una ayuda estatal, el Ministerio hacía referencia al denominado «principio de continuidad» recogido en el ordenamiento jurídico noruego. En su opinión, este principio inspira una serie de normas que presuponen que la empresa adquirente asume la posición jurídica de la empresa transferente. La finalidad del principio de continuidad es facilitar las fusiones y las escisiones. Con arreglo al principio de continuidad, la situación jurídica de la empresa transferente es asumida por la empresa adquirente. Según el Ministerio, la continuidad a efectos de las obligaciones fiscales es un aspecto importante de ese principio. En efecto, la Ley del Registro, interpretada a la luz del Derecho de sociedades, parece prever que, en numerosos casos, la reorganización de actividades privadas puede realizarse sin que nazca la obligación de pagar tasas de registro y el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Sobre esta base, el Ministerio mantenía que la exención era una medida general, que no era una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. El punto 9 (Conclusión) de la carta de 4 de junio de 2003 reza como sigue:

«Con arreglo al régimen común relativo al impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro, el principio de continuidad determina si los procesos de transformación, tanto públicos como privados, pueden ser considerados como un cambio de nombre a efectos, por ejemplo, de las normas relativas a dichos gravámenes. La finalidad del principio de continuidad es facilitar la realización de fusiones, escisiones y reestructuraciones, lo que desde un punto de vista socioeconómico se considera deseable. Fruto de esas mismas consideraciones son la normativa especial relativa a la reorganización de las empresas hidroeléctricas y el consiguiente reembolso del impuesto sobre actos jurídicos documentados devengado como consecuencia de la misma. Así pues, la medida es de índole general, lo que según una jurisprudencia reiterada no constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 61 del Acuerdo EEE.».

3.3.   Argumentos presentados por las autoridades noruegas después de que el Órgano de Vigilancia incoara el procedimiento formal de investigación

En la carta del Ministerio de Industria y Comercio de 16 de septiembre de 2004, las autoridades noruegas formularon algunos comentarios sobre la decisión del Órgano de Vigilancia de incoar el procedimiento formal de investigación. En opinión del Gobierno noruego no se cumplía ninguna de las condiciones previstas en el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. Por lo tanto, el impago por parte de Entra del impuesto especial no constituía una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

El Ministerio aducía, en primer lugar, como ya lo había hecho con anterioridad, que la medida no confería una ventaja a Entra, puesto que no modificaba ni la estructura de su capital, ni su solidez, ni su valor total. Si el impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro se hubieran tomado en consideración en el balance de apertura, éste habría sido diferente. Según el Ministerio, el Gobierno noruego consideraba que la medida fiscal en cuestión no debía separarse del balance de apertura de la empresa. Además, el objetivo principal del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro es gravar las transmisiones reales entre entidades económicas diferentes. Cuando la transmisión es sólo aparente y las empresas transferente y adquirente son en esencia la misma, el ordenamiento noruego aplica el principio de continuidad en virtud del cual la empresa adquirente asume la posición jurídica de la empresa transferente. En opinión del Ministerio, el principio de continuidad no se aplica únicamente a transmisiones concretas, sino que constituye la norma general cuando la empresa transferente y la empresa adquirente son sustancialmente la misma. Por lo tanto, según las autoridades noruegas, no se había liberado a Entra de una carga que normalmente debería haber soportado.

En segundo lugar, el Ministerio señalaba que en el presente caso la transmisión del título de propiedad en el sentido del artículo 3 de la ley impugnada había adoptado la forma de un cambio de nombre y no de una transmisión del título propiamente dicha. Así pues, nunca se eximió a Entra de la obligación de pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados y no se produjo, según las autoridades noruegas, pérdida de ingresos fiscales y, por lo tanto, consumo de recursos del Estado.

En tercer lugar, las autoridades noruegas sostenían que la medida en cuestión no afectaba a los intercambios entre las Partes Contratantes. Según el Ministerio, un estudio de mercado revelaría si el mercado noruego de edificios comerciales urbanos tenía una dimensión puramente nacional y no estaba sometido a la competencia extranjera. En opinión del Ministerio, a excepción de las inversiones extranjeras en instituciones financieras, los inversores extranjeros no participaban en el mercado inmobiliario noruego.

En cuarto lugar, el Ministerio afirmaba que la exención del pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro no era una medida selectiva. El Ministerio aludía al hecho de que un criterio muy importante a la hora de aplicar el artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE a una medida fiscal es que ésta establezca una excepción a la aplicación del sistema fiscal a favor de determinadas empresas de un Estado de la AELC. Por lo tanto, conviene determinar, en primer lugar cuál es el régimen general aplicable. Si la medida fiscal constituye una excepción al régimen general, debe examinarse si la exención está justificada por la naturaleza o la economía del sistema fiscal. En opinión del Ministerio la práctica de cambiar de nombre como procedimiento para transferir el título de propiedad de una empresa no supone una excepción al sistema fiscal. En el supuesto de que el Órgano de Vigilancia estimara lo contrario, el Ministerio consideraría la exención justificada por la naturaleza o la economía del sistema fiscal noruego.

Por último, el Ministerio mencionaba la Decisión C 27/99 de la Comisión, de 5 de junio de 2002 (17) en lo tocante a la exención de los derechos de aportación en el caso de la transformación de determinadas empresas publicas en sociedades anónimas en Italia. Según el Ministerio, la situación de hecho en el caso italiano era similar a la del presente caso y, por lo tanto, podían hacerse las mismas consideraciones. En opinión del Ministerio la exención estaba justificada por la naturaleza o la economía del sistema y no constituía una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

Por carta de 30 de junio de 2005, el Ministerio de Industria y Comercio presentó nuevos argumentos en apoyo de su tesis según la cual la exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro no suponía una ventaja económica para Entra. El Ministerio señalaba que el balance de apertura de Entra se había elaborado utilizando el método del valor actual neto (VAN). El flujo de caja futuro de cada edificio se había calculado y actualizado aplicando la tasa de rendimiento exigida. Esa tasa se estableció utilizando el modelo de valoración de activos financieros por cartera de mercado («Capital Asset Pricing Model») tras haber analizado el caso de otras empresas competidoras del sector inmobiliario. El patrimonio neto se fijó en aproximadamente un 40 %, un nivel comparable al de otras empresas similares.

Según el Ministerio, el valor estimado de las propiedades correspondía a la previsión más optimista de lo que un inversor «que no tuviera que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados y tasas de registro» estaría dispuesto a desembolsar por la cartera. Si el comprador de la cartera (en este caso Entra) hubiera tenido que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro, el precio que habría estado dispuesto a pagar habría disminuido en una cuantía equivalente a la de ese impuesto y esas tasas. El valor de los activos inmovilizados en el balance habría disminuido en la misma cantidad, mientras que los activos fijos financieros habrían aumentado también en la misma medida, de modo que el valor total de los activos habría sido idéntico. Por lo que se refiere al pasivo, el patrimonio y la deuda total no habrían sufrido variación aunque la deuda a corto plazo habría aumentado en una cuantía igual a la del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro. El Ministerio concluyó que la posición financiera de Entra no habría cambiado como consecuencia de la exención del pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro.

El Ministerio reconocía que no se podía extraer la conclusión general de que siempre es el vendedor de una propiedad el que de hecho asume la carga del impuesto especial, puesto que esto depende de circunstancias particulares. Sin embargo, en esta ocasión, fue el vendedor el que soportó esa carga, puesto que en el caso de Entra el método utilizado para calcular el valor de la cartera inmobiliaria en el balance de apertura implicaba que (traducción al castellano a partir de la traducción no oficial al inglés del texto original en noruego realizada por el Órgano de Vigilancia): «En tal caso, cuando se utilice el método del VAN, todos los tipos de costes vinculados a la adquisición se deducirán del precio de compra, ya que todos los elementos forman parte del propio método de valoración, pues de otro modo el comprador no obtiene la tasa de rendimiento exigida … .».

3.4.   Observaciones de los interesados

Por carta de 4 de mayo de 2005, el bufete de abogados Selmer presentó, en nombre de Entra, una serie de comentarios sobre la decisión del Órgano de Vigilancia de incoar el procedimiento formal de investigación. Según Selmer la exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro no confería una ventaja a Entra y se inscribía en la naturaleza y la economía del sistema noruego.

En primer lugar, Selmer se refería a la decisión de constituir la empresa dotándola de un patrimonio neto equivalente al 40 % del capital total. Por consiguiente, si Entra hubiera tenido que pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro, el valor de las propiedades habría disminuido en una cantidad equivalente a la de dichos gravámenes y el Estado noruego habría tenido que inyectar idéntica suma en la empresa para que su patrimonio neto siguiera siendo equivalente al 40 % del capital total. Según Selmer la situación económica de la empresa no varió y Entra no recibió ninguna ventaja económica.

En segundo lugar, Selmer afirmaba que todas las reorganizaciones de empresas estatales se habían realizado de forma análoga, sobre la base del principio de continuidad, y citaba como ejemplos las reorganizaciones de las siguientes empresas: Radiotelevisión noruega (NRK), Telenor, Compañía Nacional de Ferrocarriles (NSB), Posten Norge, Avinor, Mesta y Statkraft. En consecuencia, Selmer consideraba que la exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro se inscribía en la naturaleza y la economía del sistema noruego.

4.   Normativa noruega en materia del impuesto sobre actos jurídicos documentados y tasas de registro por la inscripción de la transmisión de bienes inmuebles en el Registro de la Propiedad

4.1.   Nacimiento de la obligación de pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro

En Noruega, todos los inmuebles se inscriben en el Registro de la Propiedad («Eiendomsregisteret»), que, desde 1995, reúne la información del «Tinglysingsregisteret/Grunnboken» y del «Gab-registeret (Grunneiendommer, Adresser og Bygninger (18).

El Tinglysingsregisteret se creó de conformidad con la Ley no 2/1935 del Registro («Lov OM tinglysing»). Todos los bienes se identifican a través de su inscripción registral en la que se pueden anotar informaciones relativas a la propiedad, al título de propiedad, a las posibles cargas, etc. El registro contiene, por ejemplo, información sobre diversos derechos y obligaciones referentes a la propiedad en cuestión. Los terceros interesados de buena fe pueden invocar la información incluida en el Registro de la Propiedad.

De conformidad con la sección 7(1) de la Ley 59/1975, del impuesto sobre actos jurídicos documentados («Lov OM dokumentavgift»), la inscripción registral de la transmisión del título de propiedad de un bien inmueble («hjemmelsoverføring») da lugar al nacimiento de la obligación de pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados («dokumentavgift»). El tipo impositivo aplicado es del 2,5 % del valor de venta del bien. Con arreglo a lo dispuesto en la sección 2(6) del Reglamento sobre el impuesto sobre actos jurídicos documentados del Ministerio de Hacienda, de 16 de septiembre de 1975, y en sus modificaciones posteriores, la obligación del pago del impuesto recae sobre el nuevo tenedor de título de propiedad.

Además, la inscripción de la transmisión del título de propiedad en el Registro de la Propiedad conlleva el pago de una tasa de registro («tinglysingsgebyr») de conformidad con la Ley 86/1982 sobre tasas judiciales («Rettsgebyrloven»). Cuando se constituyó Entra, esta tasa se fijó en 982 coronas (unos 123 euros) por documento registrado. Las disposiciones referentes a las condiciones de recaudación del impuesto sobre actos jurídicos documentados y de las tasas de registro son idénticas.

Como se ha indicado anteriormente, la obligación de pagar el impuesto especial nace al inscribir en el Registro la transmisión del título de propiedad a otra persona jurídica («hjemmelsoverføring»). Por lo tanto, si no hay transmisión del título a otra persona jurídica, sino simplemente un cambio del nombre de la misma persona jurídica en el Registro («grunnboken») no es exigible el pago del impuesto especial.

La inscripción registral («tinglyse») de los derechos relativos a los bienes inmuebles (propiedad, etc.) no es obligatoria. Tampoco lo es registrar la transmisión del título de propiedad para que la transmisión sea efectiva. No obstante, el tenedor de esos derechos puede registrarlos para protegerlos frente a terceros.

4.2.   ¿Cuándo se puede cambiar el nombre del tenedor de título sin que ello conlleve el pago del impuesto especial?

La práctica relativa al pago de impuestos especiales entre 1990 y el 1 de julio de 2005 —es decir, en la época en que se constituyó Entra— se recoge en dos series de circulares, la Circular G-37/90 del Ministerio de Justicia noruego, de 25 de mayo de 1990, y las Circulares anuales de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales de Noruega («Toll-og Avgiftsdirektoratet») (19). De conformidad con el punto 1.1 de estas últimas Circulares, no se concederá una exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados a menos que haya una base legal directa en la Ley del impuesto sobre actos jurídicos documentados o una decisión en tal sentido del Parlamento (20).

i)   Fusiones

En el caso de las fusiones, no existe, según el Ministerio de Justicia noruego, transmisión del título a los efectos de la Ley del impuesto sobre actos jurídicos documentados. Por consiguiente, basta con inscribir la fusión en el Registro de la Propiedad, demostrando que la sociedad en cuestión se ha fusionado con otra. Esa confirmación la puede proporcionar el Registro mercantil y no conlleva la obligación de pagar ni tasas de registro ni un impuesto especial. Así sucede en el caso de las fusiones entre empresas de responsabilidad limitada definidas en la sección 14 (7) de la Ley 59/1976, de 4 de junio («Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada») (21), también en el de otras fusiones realizadas sobre la base del capítulo 14 de esa misma Ley y en el de las fusiones entre cajas de ahorros (capítulo 8 de la Ley 1/1961, de 24 de mayo, «Ley de Cajas de Ahorros») (22).

ii)   Escisiones de empresas de conformidad con la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de 1976

En el caso de las escisiones, cuando la propiedad de un bien se transfiere de la empresa original («A») a la empresa escindida («B»), tanto la Circular G-37/90 como el punto 1.4 de las Circulares anuales de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales de Noruega estipulan que deben liquidarse las tasas de registro y el impuesto sobre actos jurídicos documentados (23).

En cambio, en el caso de que los bienes inmuebles sigan perteneciendo a la empresa original (A) de la que una parte (B) se ha escindido, no hay obligación de pagar ni el impuesto sobre actos jurídicos documentados ni las tasas de registro (24), porque en este caso los bienes inmuebles no se transmiten a una nueva persona jurídica (a diferencia de lo que habría sucedido en el caso de que se hubiera transmitido la propiedad a la empresa escindida).

iii)   Transmisión de la propiedad de una sociedad de propiedad conjunta a otra forma de sociedad

En el período de referencia, la transmisión de la propiedad de un bien inmueble de una sociedad de propiedad conjunta a una empresa colectiva o a una sociedad limitada (o viceversa) implicaba una transmisión de una persona jurídica a otra persona jurídica. Así pues, tanto la Circular G-37/90 como el punto 1.5 de las Circulares anuales de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales de Noruega establecían que esa transmisión daba nacimiento a la obligación de pagar un impuesto especial.

iv)   Transformación de una forma societaria en otra

Un supuesto no contemplado por la Circular es el de la transformación de una sociedad organizada de una forma determinada en una sociedad de otra forma. En la carta del Gobierno noruego de 4 de junio de 2002 se decía, que la regla principal en tales situaciones era que «debía haber una transferencia del título. Por consiguiente, las tasas de registro y el impuesto sobre actos jurídicos documentados son exigibles. Así es como se ha aplicado la normativa.» Sin embargo, el Gobierno noruego sostiene que debe ser posible prever excepciones a esta norma sobre la base de consideraciones ligadas al principio de continuidad (25).

Sobre este particular, el Órgano de Vigilancia observa que el tribunal de apelación (Frostating Lagmannsrett), en una resolución de 9 de octubre de 1997, publicada en LF-1997-671 sostuvo que la conversión de una «kommandittselskap» en una «aksjeselskap» («North West Terminalen AS») daba nacimiento a la obligación de pagar el impuesto especial. A este respecto, el Lagmannsrett hacía referencia a las circulares anteriormente mencionadas del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales y afirmaba que de acuerdo con la Ley del impuesto sobre actos jurídicos documentados había que pagar ese gravamen a menos que en la propia Ley o en las disposiciones adoptadas en virtud de la misma se declarase expresamente lo contrario. Como la nueva sociedad era una persona jurídica distinta a la original, carecía de importancia el que los propietarios de la nueva empresa fueran los mismos que los de la original y, por lo tanto, el único cambio verdadero era la forma que había adoptado la empresa.

Además, cabe referirse a un caso mencionado en el anexo 1 de la carta del Gobierno noruego de 4 de junio de 2002 en el que las autoridades noruegas se negaron a eximir del impuesto la transformación de una «selveiende institusjon» en una «allmenaksjeselskap».

v)   Transmisión de la propiedad de un municipio a una persona jurídica separada propiedad al cien por cien de ese municipio.

En la reunión celebrada el 19 de mayo de 2005 entre las autoridades noruegas y el Órgano de Vigilancia, aquéllas indicaron que con toda probabilidad, de acuerdo con las circulares vigentes en el momento de la constitución de Entra, se habría exigido el impuesto sobre actos jurídicos documentados en el caso de una reorganización en la que se hubiera transmitido la propiedad de un edificio de un municipio a una empresa de responsabilidad limitada propiedad de ese municipio. Sin embargo, durante algún tiempo, la práctica habitual fue no exigir el pago de ese impuesto por la transmisión de títulos con ocasión de una reorganización efectuada con arreglo a la Ley de 29 de enero de 1999 sobre empresas intermunicipales (26).

vi)   La práctica después del 1 de julio de 2005

Como la inscripción del cambio de nombre en el Registro de la Propiedad se produjo en el contexto de la constitución de Entra, las normas descritas anteriormente constituyen una fuente de comparación adecuada con la disposición del artículo 3 de la ley impugnada. Sin embargo, debe señalarse que el 21 de junio de 2005, el Ministerio de Justicia aprobó una nueva circular (G-6/05), relativa al procedimiento para la transmisión de bienes inmuebles con ocasión de fusiones, escisiones y transformaciones de empresas (27). La nueva Circular introdujo, con efectos a partir del 1 de julio de 2005, una nueva práctica por lo que se refiere a las situaciones en las que el nombre del tenedor del título puede cambiarse sin que ello se considere una transmisión del título de propiedad. Según la nueva circular, las inscripciones en el Registro realizadas con ocasión de una escisión basada en el principio de continuidad se tratarían a partir de entonces de la misma manera que las realizadas con ocasión de una fusión a efectos de las normas sobre impuestos especiales, no estando, por lo tanto, sujetas al pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados. Lo mismo se aplicaría a las transformaciones llevadas a cabo sobre la base de las disposiciones de los capítulos 13, 14 y 15 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y de la Ley de Sociedades Públicas de Responsabilidad Limitada.

En cambio, según la nueva Circular, habría que seguir pagando el impuesto especial cuando la transmisión del bien inmueble se realizase con arreglo a normas no basadas en el principio de continuidad [por ejemplo en el caso de una fusión de sociedades generales («ansvarlige selskaper»)]. El paso de una forma de sociedad a otra, por ejemplo de una sociedad general a una empresa de responsabilidad limitada, también seguiría estando sujeto al impuesto especial.

5.   Otras reorganizaciones de empresas públicas

Tal como se afirma en la carta de las autoridades noruegas de 4 de junio de 2003, se adoptaron disposiciones similares a la prevista en la ley impugnada con ocasión de otras reorganizaciones (Posten AS, NSB AS, Mesta AS, Avinor AS, Telenor AS y empresas del sector sanitario) (28).

El Órgano de Vigilancia hace constar que también se llevaron a cabo otras reorganizaciones en las que no se adoptaron disposiciones similares a la prevista en la ley impugnada. Entre las reorganizaciones de este tipo conocidas por el Órgano de Vigilancia se incluyen la constitución de las siguientes empresas: BaneTele AS, Secora AS y Statkraft AS.

BaneTele AS es un proveedor de red de fibra óptica de banda ancha a escala nacional. Bane Tele AS se constituyó como empresa de responsabilidad limitada el 1 de julio de 2001. Antes de esta fecha, las actividades de BaneTele AS competían al Gestor de Infraestructuras Ferroviarias («Jernbaneverket»). BaneTele es una empresa de responsabilidad limitada propiedad al cien por cien del Estado noruego, representado por el Ministerio de Industria y Comercio. El Gestor de Infraestructuras Ferroviarias gestiona en nombre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones la red ferroviaria nacional. La constitución de la empresa de responsabilidad limitada BaneTele se planteó al Parlamento en las propuestas St.prp. nr. 80 (2000-2001) Omdanning av BaneTele til aksjeselskap  (29) y Ot.prp. nr. 93. (2000-2001) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap  (30). La propuesta Ot.prp. nr. 93 (2000-2001) y la ley subsiguiente (ley de 15 de junio de 2001) no contienen ninguna disposición similar a la del artículo 3 de la ley impugnada.

Secora AS es una empresa especializada en la concepción y construcción de puertos y canales costeros seguros y eficientes. Esta empresa de responsabilidad limitada se constituyó el 1 de enero de 2005. Las actividades que realiza Secora AS corrían anteriormente a cargo de la sección de obras del Departamento de Costas de Noruega («Kystverket»). Secora AS es propiedad al cien por cien del Estado noruego representado por el Ministerio de Pesca y Costas. El Departamento de Costas de Noruega es el organismo público encargado de la gestión de las costas y de la seguridad y comunicación marítimas. La creación de Secora AS se propuso en la St.prp. nr. 1 (2004-2005) Om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap m.m.  (31) y en la Ot.prp. nr. 20 (2004-2005) Om lov om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap  (32). La Ot.prp. nr. 20 (2004-2005) y la ley subsiguiente (Ley de 17 de diciembre de 2004) no contienen ninguna disposición similar a la del artículo 3 de la ley impugnada.

Statkraft AS es la mayor empresa eléctrica de Noruega. Esta empresa de responsabilidad limitada se constituyó el 1 de octubre de 2004. Antes de esa fecha era una empresa pública [«Statsforetak (SF)»] que todavía hoy sigue siendo la propietaria oficial de Statkraft AS. La primera propuesta de constituir la sociedad de responsabilidad limitada se propuso al Parlamento en la St.meld. nr. 22 (2001-2002) Et mindre og bedre statlig eierskap  (33) y posteriormente en la St.prp. nr. 53 (2003-2004) Statens eierskap i Statkraft SF  (34) y en la Ot.prp. nr. 63 (2003-2004) Om lov om omorganisering av Statkraft SF  (35). En la St. prp. nr. 53 (2003-2004), el Gobierno declaró que la reorganización acarreaba el pago de impuestos especiales por parte de Statkraft AS (traducción al castellano a partir de la traducción no oficial al inglés del texto original en noruego realizada por el Órgano de Vigilancia) «de conformidad con las normas generales previstas en la Ley» de impuestos especiales y que dichos costes reducirían los beneficios de la empresa y, por lo tanto, también la base para el cálculo de los dividendos. Esos impuestos especiales se cifraron en 1 500 millones de coronas noruegas (aproximadamente 188 millones de euros) (36).

II.   EVALUACIÓN

1.   Existencia de ayudas estatales

El artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE establece lo siguiente:

«Salvo que el presente Acuerdo disponga otra cosa, serán incompatibles con el funcionamiento del presente Acuerdo, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre las Partes Contratantes, las ayudas otorgadas por los Estados miembros de las CE, por los Estados de la AELC o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones.».

Para que una medida pueda considerarse una ayuda estatal conforme al artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, debe cumplir los cuatro criterios siguientes:

1)

la ayuda debe ser concedida por el Estado o mediante fondos estatales;

2)

la ayuda debe conferir a sus beneficiarios una ventaja que reduzca los costes que normalmente han de soportar en el ejercicio de su actividad;

3)

la ventaja debe ser específica o selectiva en el sentido de favorecer a determinadas empresas o producciones;

4)

la ayuda tiene que falsear o amenazar con falsear la competencia y afectar a los intercambios entre las Partes Contratantes.

Mientras que el Órgano de Vigilancia, en su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, llegó a la conclusión preliminar de que se cumplían todas las condiciones, el Gobierno noruego sostiene que no se cumple ninguna de ellas (37). Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia debe examinar la exención del impuesto especial a la luz de la jurisprudencia pertinente para determinar si la misma constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

1.1.   La ayuda debe ser concedida por el Estado o mediante fondos estatales

En cuanto a la primera de las condiciones mencionadas anteriormente, según reiterada jurisprudencia (38) la misma se cumple si la medida supone, directa o indirectamente, algún tipo de carga financiera para la Hacienda pública.

En su decisión de incoar el procedimiento formal de investigación, el Órgano de Vigilancia llegó a la conclusión preliminar de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 de la ley impugnada no había que pagar un impuesto que de otro modo hubiera debido liquidarse. Esta exención del pago del impuesto especial implicaba una pérdida directa de ingresos fiscales para el Estado noruego equivalente al consumo de recursos del Estado. Así pues, el Órgano de Vigilancia llegó a la conclusión preliminar de que se cumplía la primera condición.

Sin embargo, en sus comentarios sobre la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación, las autoridades noruegas, arguyeron (37) que como nunca se eximió a Entra de la obligación de pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados (porque «la transmisión del título en este caso se realizó como un cambio de nombre y no como una transmisión del título»), no había habido pérdida de ingresos fiscales y, por lo tanto, consumo de recursos del Estado.

El Órgano de Vigilancia no puede aceptar ese argumento. Las ayudas en forma de exenciones fiscales, cubiertas por el artículo 61, apartado 1, suelen revestir la forma de una exención expresa. Sin embargo, como el artículo 61, apartado 1, se centra en los efectos y no en los aspectos formales del ordenamiento jurídico nacional, también cubre las situaciones en las que la desgravación fiscal se obtiene indirectamente por referencia a un concepto jurídico concreto (en el presente caso«el cambio de nombre») que tiene por efecto la exención del pago de impuestos. Tanto en un como en otro caso, y por lo que se refiere al presente asunto, el efecto es que una inscripción en el Registro de la Propiedad pudo realizarse sin que ello hiciera nacer la obligación de pagar impuestos especiales simplemente a causa de una disposición legal concreta. La inscripción exenta de impuestos en el Registro de la Propiedad no se habría podido realizar de no ser por la norma especial.

En la propuesta al Parlamento (39), el Gobierno noruego afirmaba que era sumamente improbable que la transmisión de bienes inmuebles del Statsbygg a Entra diera lugar al pago del impuesto especial. Sin embargo, como se indica en el apartado 1.2, el Gobierno noruego no ha demostrado de forma convincente que el registro de la transmisión de bienes inmuebles del Estado a Entra hubiera podido beneficiarse de la exención del pago del impuesto de no existir la disposición particular del artículo 3 de la Ley de 18 de febrero de 2000. Ninguna otra disposición del ordenamiento noruego establece de forma explícita que una transacción de este tipo esté exenta de la norma general que obliga al pago de impuestos especiales al registrar un cambio de titularidad. Por otra parte, el Órgano de Vigilancia no ve cómo la reorganización del Statsbygg —de no existir la disposición del artículo 3 de la Ley de 18 de febrero de 2000 —hubiera podido beneficiarse de la exención de conformidad con la Ley del Registro tal y como entonces se interpretaba.

Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia considera que se cumple la primera condición.

1.2.   La ventaja debe ser específica o selectiva en el sentido de favorecer a «determinadas empresas o producciones»

1.2.1.   Selectividad material

En su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, el Órgano de Vigilancia llegó a la conclusión preliminar de que la aprobación de una ley especial que eximía de la obligación de pagar el impuesto especial [ventaja de la que sólo se beneficia una empresa (Entra)] se debía considerar como una medida selectiva.

En cambio, por lo que se refiere a los argumentos relativos al principio de continuidad expuestos anteriormente, las autoridades noruegas sostienen que la práctica de cambiar de nombre como procedimiento para transmitir el título de propiedad no constituye una exención de facto del sistema fiscal común y que, por lo tanto, se trata de una medida de carácter general.

El Órgano de Vigilancia hace la referencia al capítulo 17B.3.1 de las Directrices del Órgano de Vigilancia sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas en lo referente a la especificidad o selectividad de las medidas fiscales, que establece lo siguiente:

«En principio, las medidas fiscales abiertas a todos los agentes económicos que actúan en el territorio de un Estado de la AELC constituyen medidas generales. Deben estar realmente abiertas a cualquier empresa sobre la base de la igualdad de acceso y su alcance no puede ser reducido de facto, por ejemplo, a causa de la discrecionalidad del Estado en su concesión o debido a otros factores que puedan restringir su efecto práctico.».

La ley impugnada sólo se aplica a una transacción particular entre el Statsbygg y Entra. Es cierto que se han adoptado actos similares con ocasión de la constitución de otras empresas de responsabilidad limitada de propiedad estatal (véase la parte I). Sin embargo, el hecho de que se hayan adoptado normas similares en relación con algunas otras privatizaciones de organismos estatales no implica que la lex specialis de que se trata no sea selectiva.

En primer lugar, no se debe pasar por alto el hecho de que en otras reorganizaciones no se adoptaran disposiciones similares a la de la ley impugnada. Por ejemplo, cuando se constituyó BaneTele AS (40) no se eximió a la nueva empresa de responsabilidad limitada del pago de los impuestos especiales. Otro tanto sucedió cuando se creó Secora AS (41). En el caso de la reorganización de Statkraft, el Gobierno noruego estableció que la empresa debía pagar impuestos especiales de conformidad con las normas generales (42).

En segundo lugar y en cualquier caso, toda normativa fiscal que aplicase a las reorganizaciones de empresas estatales unas condiciones más favorables que las aplicadas a las reestructuraciones de empresas privadas sería selectiva en el sentido del artículo 61, apartado 1. Sin embargo, de conformidad con la ley del Impuesto sobre actos jurídicos documentados toda transmisión de títulos entre personas jurídicas diferentes genera el impuesto especial con independencia de que el nuevo propietario continúe con la misma actividad que desarrollaba el anterior. Tal como se ha indicado anteriormente, hasta julio de 2005, tanto la Circular de 1990 del Ministerio de Justicia como una serie de circulares sucesivas de la Dirección General de Aduanas e Impuestos Espaciales contemplaban una sola excepción a esa regla, al establecer inequívocamente que sólo en el caso de que la propiedad se transmitiese en el contexto de una fusión entre empresas de responsabilidad limitada, el principio de continuidad justificaría que la inscripción en el Registro de la Propiedad por el nuevo tenedor del título pudiera realizarse mediante un cambio de nombre y no a través de una transmisión del título de propiedad con la consiguiente obligación de abonar el impuesto especial. En cambio, la obligación de pagar el impuesto nacía en el caso de que la inscripción en el Registro de la Propiedad de una transmisión del título de propiedad se realizara con ocasión de una escisión, de la transformación de una forma societaria en otra, de la transmisión de la propiedad de una sociedad comanditaria a una sociedad colectiva y de la transmisión de la propiedad de un municipio a una persona jurídica diferente propiedad al cien por cien de ese municipio (43). Este punto quedó asimismo aclarado en la sentencia del Frostating Lagmannsrett, anteriormente citada, en virtud de la cual el impuesto especial debe pagarse en el caso de que una empresa de tipo personalista («kommandittselskap») se convierta en una empresa de responsabilidad limitada incluso en el caso de que los propietarios sean los mismos y el único cambio real sea la forma jurídica adoptada por la empresa.

El Órgano de Vigilancia estima que la constitución de Entra no puede considerarse una fusión y que, por el contrario, presenta muchas más similitudes tanto con una escisión como con una transformación de una forma societaria en otra o con una segregación de parte de la actividad de un municipio para formar una persona jurídica separada. Así pues, en la época en que se constituyó Entra, otras transacciones comparables no podían beneficiarse de exenciones de impuestos especiales análogas a la contemplada en el artículo 3 de la ley impugnada.

Por lo tanto, no puede considerarse que el artículo 3 de la ley impugnada constituya una medida de aplicación de una norma general (no selectiva) relativa a una exención de pago en relación con determinados tipos de transmisión del título de propiedad en el Registro de la Propiedad. En consecuencia, la medida debe ser considerada como selectiva.

1.2.2.   Justificación de la exención del pago del impuesto especial por la naturaleza o la economía del sistema fiscal

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (44) es posible establecer una distinción entre:

las diferencias que son resultado de la aplicación, a situaciones particulares, de los mismos principios que inspiran las normas comunes (no hay ayuda);

las diferenciaciones que, favoreciendo a algunas empresas, se apartan de la lógica interna que preside el régimen común (hay ayuda) (45)

Esta distinción también se describe en el capítulo 17B.3.4 (1) de las Directrices del Órgano de Vigilancia sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, referente a la justificación de la aplicación de una excepción por la naturaleza o la «organización general del sistema»: «El carácter diferencial de determinadas medidas no implica necesariamente que sean ayudas estatales. Tal es el caso de las medidas cuya racionalidad económica las hace necesarias o funcionales con respecto a la eficacia del sistema fiscal. No obstante, corresponde al Estado de la AELC ofrecer tal justificación.». El Tribunal de Justicia ha confirmado esta última regla (46).

Las autoridades noruegas sostienen que «incluso en el caso de que el Órgano de Vigilancia considerase que esta práctica (el cambio de nombre como procedimiento para transmitir el título de propiedad sin que haya obligación de pagar el impuesto especial) constituye una excepción a la regla general, la misma estaría justificada por la naturaleza o la economía del sistema fiscal». En apoyo de esta tesis, las autoridades noruegas arguyen que el principio de continuidad y los factores que se tuvieron en cuenta para aplicarlo en el caso de Entra y que tuviera repercusión, por ejemplo, a los efectos del pago del impuesto especial, implican que esta exención del impuesto especial entra en la lógica y la naturaleza de la pertinente normativa noruega. En su opinión, la ley impugnada refleja el principio de continuidad y cumple las normas generales que rigen las reestructuraciones.

A propósito de este argumento, el Órgano de Vigilancia señala que, en el presente caso, el quid de la cuestión es el alcance del principio de continuidad en relación con la obligación de pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados y no el alcance del principio de continuidad en cuanto tal, en virtud de su aplicación en el Derecho de sociedades.

A partir del análisis de la normativa sobre impuestos especiales realizado en el apartado I.4, el Órgano de Vigilancia considera que aunque el principio de continuidad hubiera podido tener un papel fundamental en el ordenamiento jurídico noruego en el momento de la constitución de Entra, no era, en aquel entonces consustancial a las normas y la práctica relativas a los impuestos especiales aplicables en el caso de otros tipos de reorganizaciones empresariales.

Como ya se ha indicado, hasta julio de 2005, sólo en el caso de que la transmisión de la propiedad se realizara en el contexto de una fusión entre empresas de responsabilidad limitada, el principio de continuidad implicaba que la inscripción en el Registro de la transmisión a favor del nuevo tenedor del título podía hacerse mediante un cambio de nombre y no a través de un cambio del título de propiedad, con el consiguiente pago del impuesto especial.

En cambio, la obligación de pagar el impuesto especial nacía como consecuencia de la inscripción en el Registro de la transmisión del título de propiedad en el caso de escisiones, transformaciones de una forma societaria en otra, transmisiones de la propiedad de una sociedad comanditaria a una colectiva o transmisiones de la propiedad de un municipio a una persona jurídica separada propiedad al cien por cien del municipio (47).

Las autoridades noruegas han explicado que la razón de las exenciones de la norma general relativa a los impuestos especiales hay que buscarla en el principio de continuidad. Sin embargo, no han explicado la razón del diferente trato dado a los distintos tipos de transmisión mencionados. El Gobierno noruego se ha limitado a afirmar que efectivamente sería más lógico tratar las fusiones y algunos otros tipos de reorganización empresarial de la misma manera. Sin embargo, solamente a partir de julio de 2005, aproximadamente cinco años después de la constitución de Entra, se dio un giro a la interpretación de la Ley del impuesto sobre actos jurídicos documentados para homogeneizar en mayor medida el trato aplicado a las diversas situaciones. Sobre esta base, el Órgano de Vigilancia ve difícil encontrar otros motivos distintos de los señalados en las Circulares anteriormente citadas para interpretar la Ley del impuesto sobre actos jurídicos documentados de la manera en que se interpretaba en el momento de la constitución de Entra, es decir, que sólo las fusiones entre sociedades de responsabilidad limitada podían beneficiarse de la exención del pago del impuesto. La aplicación del principio de continuidad a la Ley del impuesto sobre actos jurídicos documentados se circunscribía a tales casos y no se extendía, contrariamente a lo afirmado, a otros casos.

Como se ha señalado en el apartado 1.2.1, el Órgano de Vigilancia considera, en cualquier caso, que la constitución de Entra se asemeja mucho más a otros actos cuya inscripción en el Registro de la Propiedad conllevaba en aquella época la obligación de pagar el impuesto especial que a aquellos otros cuya inscripción registral no conllevaba tal obligación. Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia no considera que la exención prevista en la ley impugnada esté justificada por la naturaleza y la lógica interna de la normativa noruega relativa al impuesto sobre actos jurídicos documentados vigente en el período en que se aplicó la exención. El hecho de que reorganizaciones similares de otros organismos públicos también se beneficiaran de la exención no altera esa evaluación. El cumplimiento de los objetivos subyacentes al principio de continuidad no puede justificar el que una exención de la norma general en materia de impuestos especiales se aplique a determinadas reorganizaciones, si las reorganizaciones de empresas privadas comparables no se benefician de exenciones similares.

1.2.3.   El «caso italiano»

Las autoridades noruegas han hecho referencia a una decisión de la Comisión Europea y sostienen que la situación de hecho en ese caso es similar a la del caso Entra.

En su Decisión de 5 de junio de 2002 (48), la Comisión examinó la normativa italiana que preveía un régimen fiscal especial para las sociedades anónimas con accionariado mayoritariamente público constituidas de conformidad con una ley concreta. La norma en cuestión establecía más precisamente la exención de todos los derechos de aportación relativos a la transformación de empresas especiales y empresas municipales en sociedades anónimas («la exención de los derechos de aportación»). Con arreglo al sistema fiscal italiano, los derechos de aportación se aplican habitualmente a la constitución de una nueva entidad económica o bien a la transferencia de activos entre diversas entidades económicas. Sin embargo, las autoridades italianas explicaron que, en general, la legislación italiana aplica el principio de neutralidad fiscal (lo que significa que no se aplica ningún impuesto), en el caso de la transformación de la forma jurídica de una empresa («o sea cuando una empresa cambia de forma jurídica, pero sigue siendo la misma desde el punto de vista económico») (49).

La Comisión consideró que aunque, debido a las formalidades del ordenamiento jurídico italiano, pareciera que la liquidación de la empresa municipal y la creación de una «nueva» sociedad anónima equivalían a la creación de una nueva entidad económica, esto sólo era así en apariencia. En realidad la nueva sociedad anónima y la empresa municipal eran la misma entidad económica aunque desarrollase sus actividades bajo una forma jurídica diferente. Por todo ello, la Comisión aceptó que el principio general de neutralidad fiscal del ordenamiento italiano se había aplicado del mismo modo a las situaciones que entraban dentro del campo de aplicación del régimen fiscal especial. En consecuencia, no hubo que pagar derechos de aportación (50).

El Órgano de Vigilancia cree que el razonamiento de la Comisión consiste en considerar que la legislación nacional relativa al impuesto sobre actos jurídicos documentados en relación con las reorganizaciones de empresas privadas se basa en el principio general de neutralidad fiscal —poniendo, por lo tanto, el acento en la continuidad de la misma entidad económica en lugar de en el mantenimiento de su forma jurídica—. Dentro de la lógica de un régimen fiscal de este tipo cabe extender tal principio a los casos en los que el Estado o un municipio transforman una entidad económica gestionada hasta ese momento como parte del Estado o del municipio, en una persona jurídica separada.

El Órgano de Vigilancia está completamente de acuerdo con tal planteamiento. Sin embargo, la lógica de cada sistema fiscal debe evaluarse en función de sus propias características. La Decisión de la Comisión se basó en el hecho de que el ordenamiento jurídico italiano preveía la posibilidad de aplicar una exención de los derechos de aportación en el contexto de la transformación de una forma societaria en otra. En cambio, la legislación noruega, tal como la interpretaron y aplicaron las autoridades fiscales, no contemplaba esa posibilidad. De hecho, como ya se ha indicado, constituciones de empresas privadas comparables a la de Entra (realizadas con ocasión de escisiones o transformaciones de una forma societaria en otra) no se beneficiaron de la exención del pago de los impuestos especiales. En opinión del Órgano de Vigilancia, las situaciones de hecho en uno y otro caso son, por lo tanto, diferentes. El hecho de que el principio de continuidad pudiera existir en otros ámbitos del ordenamiento jurídico noruego, incluidos, en particular, el del Derecho de sociedades y el de la legislación sobre la fiscalidad directa aplicable a la entidad en cuestión, no puede tomarse en consideración a la hora de evaluar las semejanzas entre las situaciones italiana y noruega.

1.2.4.   Conclusión sobre la selectividad

En conclusión, la medida debe ser considerada selectiva en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, sin que pueda escapar a tal calificación por a la naturaleza y la economía de la legislación noruega sobre impuestos especiales.

1.3.   La ayuda debe conferir a sus beneficiarios una ventaja que reduzca los costes que normalmente han de soportar en el ejercicio de su actividad

Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) (51) y a lo establecido en el capítulo 17B.3. (2) de las Directrices sobre ayudas estatales del Órgano de Vigilancia, «la medida debe ofrecer a sus beneficiarios una ventaja que aligere las cargas que, por regla general, gravan sus presupuestos. Tal ventaja puede obtenerse al reducir la carga fiscal de la empresa de diferentes maneras y, en particular, mediante: […] la reducción total o parcial de la cuantía del impuesto (exención, crédito fiscal, etc.)».

Gracias a la adopción de la disposición prevista en artículo 3 de la ley impugnada, Entra se ahorro aproximadamente 81 millones de coronas noruegas (unos 10 millones de euros) en concepto de impuestos especiales. Tal como se ha explicado en los apartados 1.1 y 1.2, esos impuestos habrían supuesto una carga para su presupuesto. Por esta razón, el Órgano de Vigilancia en su decisión de incoar el procedimiento formal de investigación concluyó con carácter preliminar que a Entra se le había conferido una ventaja en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

Por el contrario, las autoridades noruegas afirman que no se cumple esta condición por dos razones: en primer lugar, porque la exención no confirió a Entra una ventaja competitiva con respecto a los inversores privados y, en segundo lugar, porque la estructura del capital, la solidez y el valor total de la empresa no habrían cambiado si Entra hubiera pagado el impuesto especial. El Órgano de Vigilancia rebatirá estos argumentos en las páginas que siguen.

1.3.1.   Comparación con empresas privadas

Tal como se indicó en el apartado I.3.1, en su propuesta al Parlamento, el Gobierno noruego declaró que en el caso de la constitución de una nueva sociedad, un inversor privado probablemente habría optado por no transmitir el título de propiedad, sino, por ejemplo, por crear una sociedad de cartera que sería el titular de la propiedad. El Estado, según las autoridades noruegas, debe transmitir la propiedad a una nueva persona jurídica. Así pues, según las autoridades noruegas, el hecho de que Entra se beneficiara de la exención no supuso una distorsión de la competencia.

Según el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, no existe una ventaja, en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE (que corresponde al artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE) en todos los casos en que se adopta una medida para liberar a una empresa pública de una desventaja estructural con respecto a sus competidores privados (52). El artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE tiene como único objeto prohibir las ventajas que favorezcan a determinadas empresas y el concepto de ayuda sólo abarca las intervenciones que reduzcan los costes normalmente incluidos en el presupuesto de una empresa que puedan considerarse una ventaja económica que la empresa beneficiaria no hubiera obtenido en condiciones normales de mercado. Sin embargo, el Órgano de Vigilancia no comparte la opinión de las autoridades noruegas de que una comparación con las empresas privadas demostraría que Entra no recibió una ventaja por el hecho de estar exenta del pago de impuestos especiales.

Los métodos de que dispone un propietario privado para no tener que pagar el impuesto especial también están a disposición de las empresas constituidas en el marco de privatizaciones de empresas públicas. La desventaja estructural que las autoridades noruegas aducen haber intentado eliminar no era de índole jurídica. El ordenamiento noruego no habría impedido la constitución de Entra y la transmisión a ésta de la propiedad sin inscripción en el Registro de la Propiedad. Si Entra y las autoridades noruegas no siguieron los pasos que habría dado un inversor privado y no recurrieron a esos métodos en relación con el Statsbygg y Entra fue exclusivamente por los graves inconvenientes políticos, de gestión y prácticos que presentaban esos métodos. Por esa única razón Entra se convirtió en el titular de la propiedad.

Según el Órgano de Vigilancia, de estas consideraciones no se puede extraer la conclusión de que Entra no recibió una ventaja al eximirla del pago del impuesto especial. Así se desprende del hecho de que todos los métodos disponibles para eludir el pago del impuesto especial se basan en la no inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad (retención del título de propiedad). Si el título («grunnbokshjemmel»), no se transmite no hay obligación de pagar el impuesto especial. Ahora bien, si un propietario privado hubiera optado por no transferir el título de propiedad no habría disfrutado de la protección que ofrece el Registro mientras que Entra si que gozó de esa protección. Tales métodos no son por lo tanto equivalentes al procedimiento seguido en el presente caso, en el que Entra se convirtió en el nuevo tenedor del título.

Además, incluso si hubiera sido así, el Órgano de Vigilancia no cree que el problema estructural argüido por el Estado noruego sea fundamentalmente diferente de aquél al que tienen que hacer frente los inversores privados. Podría ser cierto que, en la práctica, la no transmisión del título de propiedad pudiera, en cierto modo, suponer mayores inconvenientes para una entidad de propiedad estatal que para una empresa de propiedad privada. Sin embargo, el Órgano de Vigilancia estima que las cuestiones relativas a las relaciones inter partes, entre el propietario precedente y el actual de un bien inmueble deben quedar al margen de las cuestiones relativas a la inscripción en el Registro de la Propiedad. En general, esta inscripción no afecta a la relación inter partes entre las dos personas jurídicas, teniendo únicamente importancia respecto a terceros. Así pues, la inscripción registral puede ser importante para que el adquirente pueda hacer prevaler sus derechos, en el caso de que, con posterioridad, un tercero adquiera de buena fe la propiedad al propietario precedente. También reviste importancia por lo que se refiere a la protección del adquirente frente a los acreedores del trasmitente, de la misma manera que puede influir en la capacidad del adquirente para constituir una hipoteca u obtener un crédito. En todos estos casos, las desventajas que acarrea el hecho de no haber realizado la inscripción en el Registro de la Propiedad son en esencia las mismas para una empresa privada que para una empresa pública. De hecho, desde algunos puntos de vista, los métodos descritos pueden ser menos favorables para las empresas privadas que para las públicas, puesto que la inscripción de una restricción del derecho propiedad no excluye el riesgo de una posible extinción de los derechos del nuevo propietario sobre los bienes inmuebles como consecuencia de las acciones emprendidas en el marco de un procedimiento concursal (quiebra o concurso de acreedores).

Por último, el Órgano de Vigilancia subraya que las autoridades noruegas no han demostrado que un inversor privado hubiera optado a ciencia cierta por no transmitir el título. Noruega se ha limitado a afirmar que lo más probable, en similares circunstancias, era que un operador privado hubiera decidido no transferir el título en el Registro de la Propiedad.

1.3.2.   El argumento relativo al balance de apertura

Como se dijo anteriormente, las autoridades noruegas aducen (53) que la exención del impuesto especial no debe analizarse independientemente del balance de apertura de la empresa. En tal sentido, sostienen que la medida en cuestión no modificó la estructura del capital, la solidez y el valor total de la empresa. En teoría, si los impuestos especiales se hubieran tenido en cuenta en el balance de apertura, éste habría sido diferente y el valor de los bienes se habría reducido en una cuantía idéntica a la del impuesto especial.

Tal y como se puso de manifiesto en el apartado 1.2, con arreglo al sistema fiscal común noruego, Entra estaba obligada a pagar el impuesto especial. Por lo tanto, con independencia de la forma en que se estableciera el balance de apertura, el valor de la transacción entre el vendedor y el comprador constituye la base imponible del impuesto especial. Cualesquiera que sean los motivos del comprador (Entra) o del vendedor (el Estado) para fijar el precio acordado, es este precio y ninguno otro, el que las autoridades fiscales usan para calcular el impuesto especial que debe pagarse.

Por una cuestión de principio, el Órgano de Vigilancia no puede compartir la opinión de las autoridades noruegas de que la existencia de esta reducción de la carga fiscal no constituye una ventaja en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, puesto que la exención del impuesto especial influyó en la elaboración del balance de apertura de Entra de una manera que, teóricamente, neutralizó la ventaja que confería la exención fiscal. Según la legislación noruega, de no existir la disposición del artículo 3 de la ley impugnada, Entra hubiera tenido que pagar a las autoridades fiscales el impuesto especial, calculado sobre la base del precio de transacción acordado, exigible por la inscripción, siendo irrelevante que el precio de transacción pudiera haber sido diferente. El impuesto no se liquidó y es esa falta de pago lo que se está evaluando en el presente caso. El resultado final del balance de apertura de Entra, al que contribuyeron otras circunstancias, en especial si el vendedor habría aceptado un valor inferior de los edificios si Entra hubiera pagado el impuesto especial, es un factor que no puede tenerse en cuenta a la hora de determinar si la empresa recibió o no una ventaja.

El argumento de las autoridades noruegas de que la exención fiscal debe evaluarse conjuntamente con el hecho de que el valor de los bienes inmuebles habría sido diferente sin aquélla, se basa en la idea de que la ayuda conferida mediante la exención fiscal hizo que Entra sufriera una pérdida neta al tasarse a un precio superior los bienes inmuebles que se le habían adjudicado. Sin embargo, tener en cuenta todas las consecuencias económicas más o menos directas que se desprenden de una medida de ayuda para el beneficiario (concreto/privado) de la misma, sería, en opinión del Órgano de Vigilancia, incongruente con el planteamiento normalmente aplicado en los casos de ayudas estatales. En esa misma línea, no puede en general admitirse que los efectos económicos de la ayuda sobre las relaciones contractuales entre su beneficiario y otra persona jurídica deban tenerse en cuenta al evaluar si la medida de ayuda constituye una ventaja con arreglo al artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. A este respecto, el Órgano de Vigilancia hace hincapié en que, por su doble condición de recaudador fiscal y vendedor de propiedades inmobiliarias, el Estado noruego debe ser considerado como dos entidades distintas a los efectos de evaluar el régimen de ayudas.

Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia no puede aceptar la tesis del Gobierno noruego de que Entra no recibió una ventaja en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE al eximírsele del pago del impuesto especial y seguir, no obstante, recibiendo la protección ofrecida por el Registro de la Propiedad.

En su carta de 4 de junio de 2003, el Ministerio de Industria y Comercio afirma que: «En teoría, si el impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro se hubieran tenido que contabilizar en el balance de apertura, el balance de apertura corregido habría sido el descrito en el anexo 2»). En el anexo 2 se describe un balance de apertura alternativo en el que el activo total y el pasivo/activo neto coinciden, pero en el que, entre otras cosas, el valor de las propiedades se reduce en la misma cuantía que la del impuesto especial. El Ministerio concluye que Entra no se benefició de ninguna ventaja económica como consecuencia de la exención de los impuestos especiales.

El hipotético balance de apertura elaborado por las autoridades noruegas se basa en los supuestos de que el adquirente (Entra) no habría aceptado una reducción de la tasa de rendimiento exigida (9,5 %) y del coeficiente de fondos propios (40 %) en el caso de que hubiera tenido que pagar el impuesto especial. Esto implica que el hipotético balance de apertura se basa en la doble hipótesis de que el vendedor siempre paga el 100 % del impuesto especial y de que el valor de los edificios en un balance de apertura alternativo se reduce en la misma cuantía que la del impuesto especial.

El Órgano de Vigilancia no tiene ninguna razón para poner en tela de juicio la legitimidad del método del valor actual neto utilizado para elaborar el balance de apertura de Entra. Sin embargo, como ponen de manifiesto los intentos del Gobierno noruego de establecer el valor real de la cartera inmobiliaria (véase el punto I 2.2 y las diferencias considerables entre las diferentes tasaciones realizadas), podrían haberse utilizado otros métodos. De la misma manera, se podría haber partido de otros supuestos. Esos métodos y supuestos alternativos podrían haber desembocado en una situación en la que la carga del impuesto no habría recaído al 100 % sobre el vendedor. En una situación de mercado normal, con más compradores potenciales, la carga adicional del impuesto especial resultante del precio de transacción acordado se habría repartido entre el vendedor y el comprador.

El Órgano de Vigilancia no cree posible establecer una regla general en virtud de la cual el precio de mercado de un edificio aumente siempre en una cuantía idéntica a la que el comprador debe normalmente pagar en concepto de impuestos indirectos por la inscripción del edificio en el Registro en los casos en que ya se hayan liquidado o no haya obligación de hacerlo debido a una exención legal. Efectivamente, en su carta de 30 de junio de 2005, el Ministerio de Industria y Comercio, reconoce que no se puede extraer una conclusión tan radical y que el argumento del Gobierno sobre el efecto neto del impago del impuesto especial se basa pura y simplemente en el método de tasación utilizado en el caso de Entra.

En el presente caso, Noruega optó por no gravar con el impuesto especial a Entra y especificó que la tasación posterior de la cartera inmobiliaria estuvo determinada por esa decisión. Por lo tanto, Noruega sostiene básicamente que en la hipótesis de que hubiera decidido que Entra debía pagar el impuesto especial normalmente exigible, habría elegido igualmente el método del valor actual neto y habría utilizado los mismos supuestos para calcular el precio de venta. Aceptar este argumento supondría dejar que el alcance del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE dependiera de la capacidad de un Estado EEE para persuadir al Órgano de Vigilancia y al Tribunal de la AELC de que habría tomado unas supuestas medidas en una situación hipotética.

Por último, el Órgano de Vigilancia subraya que en los pocos casos en los que el Tribunal de Justicia —en situaciones de naturaleza diversa— ha aceptado el argumento de la contrapartida, la decisión de adoptar el mecanismo compensatorio siempre se había tomado previamente, de forma objetiva y transparente, y no a posteriori  (54). Sin embargo, en los trabajos preparatorios para la adopción de la legislación impugnada nunca se especificó, como condición previa para conferir la ventaja derivada de la exención del pago del impuesto especial, que tal ventaja debería compensarse con una tasación de los activos inmobiliarios transmitidos superior al precio que habría pagado un inversor privado en una transacción abierta. Por el contrario, el argumento de las autoridades noruegas de que Entra no recibió una ventaja por el hecho de no tener que pagar el impuesto especial, parece ir en contra del objetivo explícitamente declarado de la concesión de esa exención. Como se dijo en el apartado I.3.1, en la propuesta del Gobierno al Parlamento se explicaba que el propósito de la cláusula de exención era que Entra no soportara la carga económica del impuesto especial, puesto que las empresas competidoras privadas podían, en gran medida, librarse de esa carga por otros medios. Es decir, en la propuesta al Parlamento, subyace la hipótesis de que el pago del impuesto especial realmente colocaría a Entra en una situación económica menos ventajosa de la que tendría en caso contrario. Además, el Parlamento pretendía que no se colocara a Entra en esa posición desventajosa.

1.3.3.   Conclusión sobre la ventaja

En conclusión, el Órgano de Vigilancia mantiene su opinión de que el artículo 3 de la ley impugnada confirió a Entra una ventaja en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

1.4.   La medida tiene que falsear o amenazar con falsear la competencia y afectar a los intercambios entre las Partes Contratantes

En su Decisión de incoar el procedimiento, el Órgano de Vigilancia llegó a la conclusión preliminar de que la medida amenazaba con falsear la competencia y afectar al comercio en el EEE en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. En cambio, las autoridades noruegas sostienen que la medida en cuestión «no afectará a los intercambios comerciales entre las Partes Contratantes» y que el Órgano de Vigilancia debe evaluar el mercado de referencia. Además, las autoridades noruegas arguyen que «en el mercado inmobiliario noruego no participan inversores extranjeros» (55).

Según la jurisprudencia del TJC (56), la competencia se falsea desde el momento en que la ayuda financiera del Estado refuerza la posición de una empresa frente a la de otras empresas competidoras. La concesión de la ayuda reduce costes y por ello confiere a sus beneficiarios una ventaja competitiva frente a los que tienen que sufragar por sí mismos todos los costes. Sobre esta base, el Órgano de Vigilancia considera que la ayuda en forma de exención del pago de impuestos especiales concedida a Entra falsea la competencia en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. De hecho, las autoridades noruegas no aducen que la competencia no se haya falseado (sino sólo que la medida no afecta al comercio).

Por lo que atañe a la cuestión del efecto sobre el comercio, debe examinarse si la ayuda refuerza la posición de una empresa frente a la de otras empresas competidoras del EEE (57). De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de la AELC, el Órgano de Vigilancia considera que no tiene que demostrar que la ayuda tiene un efecto apreciable sobre el comercio entre las Partes Contratantes, sino sólo evaluar si la ayuda puede tener tal efecto (58). Por lo tanto, el criterio del efecto sobre el comercio se ha interpretado tradicionalmente de manera no restrictiva, de manera que, en general, se considera que una medida constituye una ayuda estatal si es capaz de afectar a los intercambios entre los Estados del EEE (59).

De conformidad con el capítulo 17B.3 (4) de las Directrices sobre ayudas estatales del Órgano de Vigilancia: «Según jurisprudencia reiterada y a efectos de esta disposición, la condición de que la ayuda repercuta en los intercambios comerciales se cumplirá a partir del momento en que la empresa beneficiaria ejerza una actividad económica que sea objeto de intercambios entre las Partes Contratantes». Sin embargo, la ayuda puede afectar a los intercambios comerciales en el EEE aunque la propia empresa beneficiaria no participe en las actividades transfronterizas (60). Ello es así porque la concesión de una ayuda estatal a una empresa puede hacer que la oferta interior se mantenga o aumente, con la consecuencia de que disminuyan con ello las posibilidades de las empresas establecidas en otros Estados del EEE de ofrecer sus servicios en el mercado de dicho Estado (61).

Según las propias cuentas anuales de Entra de 2001, Entra participaba en «la promoción, el alquiler, la gestión, el funcionamiento y la compraventa de bienes inmuebles en Noruega».

Entra es miembro de la «Asociación Noruega de Promotores Inmobiliarios» («Foreningen Næringseiendom») (62), cuyos miembros desarrollan total o parcialmente el mismo tipo de actividades que Entra. La Asociación de Promotores Inmobiliarios cuenta con 74 miembros (octubre de 2005). Entre sus miembros figuran ABB AS-Eiendom, Aberdeen Property Investors, Avantor AS, ICA Eiendom Norge AS, KLP Eiendom AS, Linstow ASA, Mustad Eiendom AS, NCC Property Develpoment AS, Reitan Eiendom AS, Skanska Eiendomsutvikling AS, Smedvig Eiendom AS, Steen & Strøm ASA, Storebrand Eiendom AS, Umoe Sterkorder AS, Veidekke Eiendom AS, Vesta Forsikring AS-Eiendom y Vital Eiendomsforvaltning AS (63).

La mayor empresa inmobiliaria noruega de propiedad estatal (o grupo de empresas) es el Olav Thon Gruppen. Este grupo ya existía en 2000 cuando se constituyó Entra. Olav Thon Gruppen posee actualmente 320 propiedades en Noruega y 18 en el extranjero (principalmente en Bruselas). La primera propiedad en Bruselas se adquirió en 1988 (Thon Bélgica SA). El grupo da empleo a unas 3 400 personas. Además de en el alquiler de oficinas, el grupo también tiene intereses en hoteles, restaurantes y centros comerciales (64).

Una de las empresas citadas más arriba, Linstow AS, posee y promueve promociones inmobiliarias en Noruega así como en los Estados bálticos, Portugal y Suecia. Linstow AS es propiedad al cien por cien del grupo Anders Wilhelmsen que la adquirió y retiró de la cotización de la Bolsa de Oslo en 1999. El grupo Anders Wilhelmsen es uno de los propietarios de la empresa naviera Royal Caribbean Cruise (RCCL). Linstow AS gestiona, entre otras, la cartera de propiedades en Noruega (Nordea Portfolio) de Curzon Global Partners. Esa cartera consiste en 31 propiedades (antes de noviembre de 2005) esparcidas por toda Noruega. Curzon Global Partners es una sociedad de gestión de inversiones con sede en Londres cuyo propietario es IXIS AEW Europa (IAE). IAE es una sociedad europea de gestión de inversiones inmobiliarias propiedad a su vez del grupo Caisse d'Epargne y Caisse des Dépôts en Francia. IAE gestiona activos por un valor aproximado de 11 000 millones de euros (65).

Otra de las empresas citadas, ICA Eiendom Norge AS, es una filial de ICA Fastigheter AB, una empresa sueca. ICA Fastigheter AB es una filial de propiedad exclusiva de ICA AB. ICA Fastigheter AB edifica, gestiona y vende propiedades inmobiliarias en Escandinavia y los países bálticos. El valor contable de su cartera inmobiliaria, compuesta fundamentalmente por locales comerciales y almacenes, asciende a 5 700 millones de coronas suecas. Además de a los establecimientos comerciales y las empresas de ICA, la empresa también oferta propiedades inmobiliarias a clientes que no pertenecen al grupo. El grupo ICA (ICA AB) es una de las principales empresas al por menor de los países nórdicos, con más de 2 600 tiendas propias y tiendas afiliadas en Escandinavia y los países bálticos (66).

En la misma época en que se constituyó Entra, (año 2000), también se creó Aberdeen Property Investors Norway AS, empresa filial de Aberdeen Property Investors. Esta última forma parte de Aberdeen Asset Management PLC, un grupo independiente de gestión de fondos de inversión que cotiza en la Bolsa de Londres. En la actualidad, Aberdeen Property Investors gestiona inversiones inmobiliarias por un valor de 7 800 millones de euros en Europa septentrional, de los que unos 1 100 millones de euros (9 000 millones de coronas noruegas) corresponden a inversiones en Noruega. En 2001, Aberdeen Property Investors Norway AS compró Norske Liv Eiendom, otra compañía inmobiliaria noruega. La empresa gestiona actualmente las carteras inmobiliarias de, entre otras sociedades, NSN, Nordea Liv y API Eiendomsfond. Aberdeen Property Investors cuenta con 200 empleados en Noruega (67).

Al pasar revista a las empresas mencionadas anteriormente que desarrollan su actividad en el mismo mercado que Entra («la promoción, el alquiler, la gestión, el funcionamiento y la compraventa de bienes inmuebles en Noruega») y que ya existían en el año en que se constituyó Entra (2000), salta a la vista que varias de esas empresas no estaban en manos de propietarios noruegos; que varias de ellas desarrollaban sus actividades tanto en Noruega como en el extranjero y que algunas de ellas gestionaban carteras inmobiliarias propiedad de clientes extranjeros.

De la descripción efectuada en la parte I de la presente Decisión se desprende que los activos y actividades transferidos a Entra estaban expuestos a la competencia. Por consiguiente, Entra compite con otras empresas inmobiliarias. Esto se aplica a Entra en su condición de propietario, comprador, vendedor, promotor y gestor de bienes inmuebles. Entra desarrolla sus actividades por toda Noruega, en un mercado en el que también lo hacen agentes económicos de otros Estados del EEE. Por lo tanto, también se cumple la cuarta condición, dado que la medida afecta o amenaza con afectar a la competencia y a los intercambios comerciales entre las Partes Contratantes.

2.   Compatibilidad de la ayuda

Habida cuenta de las consideraciones precedentes, el Órgano de Vigilancia considera que las exenciones fiscales en cuestión constituyen una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

Las autoridades noruegas afirman, por el contrario, que la medida no contiene elementos de ayuda y no han presentado ningún argumento referente a la compatibilidad. Una vez establecida la posible existencia de una ayuda estatal, procede analizar si dicha ayuda es compatible con el Acuerdo EEE en virtud de lo dispuesto en su artículo 61, apartados 2 y 3.

La aplicación de las excepciones previstas en el artículo 61, apartado 2, no parece apropiada en el presente caso. En efecto, la constitución de Entra no implica una ayuda de carácter social concedida a los consumidores individuales o una ayuda destinada a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.

De conformidad con el artículo 61, apartado 3, letra a), una ayuda puede considerarse compatible con el Acuerdo EEE cuando esté destinada a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo. Puesto que la medida en cuestión no se limita a tales regiones, esta disposición no es aplicable. Tampoco lo es la exención prevista en el artículo 61, apartado 3, letra b). Por último, en cuanto a la exención establecida en el artículo 61, apartado 3, letra c), el Órgano de Vigilancia no considera que la ayuda contribuya a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas o de determinadas regiones económicas. Por lo tanto, la ayuda no puede beneficiarse de ninguna de las exenciones previstas en el artículo 61, apartado 3, del Acuerdo EEE.

3.   Requisitos procedimentales y carácter de la ayuda

3.1.   Obligación de notificación

De conformidad con el artículo 1, apartado 3, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción: «el Órgano de Vigilancia de la AELC deberá ser informado, con suficiente antelación para poder presentar sus observaciones, de cualquier intención de conceder o modificar la ayuda». Las ayudas concedidas sin haber sido notificadas previamente o habiéndolo sido con retraso, es decir, después de haber sido «ejecutadas», se considerarán ilegales.

La exención de impuestos especiales prevista en la constitución de Entra no se notificó al Órgano de Vigilancia y fue ejecutada.

3.2.   Recuperación de la ayuda

El Órgano de Vigilancia llama la atención del Gobierno noruego sobre el artículo 1 de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. Habida cuenta de que la exención de impuestos especiales se aprobó con posterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo EEE, toda ayuda concedida en el presente caso debe calificarse como ayuda nueva. Como se ha señalado anteriormente, el Órgano de Vigilancia no fue informado de la ayuda. Así pues la ayuda debe ser considerada ilegal de conformidad con el artículo 1, letra f), de la parte II del protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

De conformidad con el artículo 14 de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, en el caso de que una ayuda se haya concedido ilegalmente y sea incompatible con el Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia debe en general ordenar al Estado de la AELC de que se trate que reclame al beneficiario de la ayuda su devolución.

El Órgano de Vigilancia considera que ningún principio general impide la recuperación en el presente caso. Según una jurisprudencia reiterada, la supresión de una ayuda estatal concedida ilegalmente mediante su recuperación es la consecuencia lógica de la declaración de su ilegalidad. Por lo tanto, la recuperación de la ayuda estatal concedida ilegalmente con el fin de restablecer la situación anterior no puede considerarse en principio desproporcionada en relación con los objetivos del Acuerdo EEE en lo referente a las ayudas estatales. Al devolver la ayuda, el beneficiario pierde la ventaja que injustamente había obtenido sobre sus competidores y se restablecen las condiciones de competencia que existían antes del pago de la ayuda (68). De esa función de devolución resulta asimismo que, como norma general, salvo circunstancias excepcionales, la Comisión no puede rebasar los límites de su facultad discrecional, reconocida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 24 de febrero de 1987, Deufil/Comisión, 310/85, apartado 24, Rec. p. 901), cuando pide al Estado miembro que recupere las sumas concedidas en concepto de ayudas ilegales, ya que lo único que hace es restablecer la situación anterior (69). Por otra parte, habida cuenta del carácter imperativo del control de las ayudas estatales que efectúa el Órgano de Vigilancia con arreglo al Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, las empresas beneficiarias de una ayuda sólo pueden, en principio, depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda cuando ésta se haya concedido observando el procedimiento que prevé dicho Protocolo (70).

4.   Conclusión

A la vista de cuanto precede, el Órgano de Vigilancia considera que la exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados y las tasas de registro prevista en la constitución de Entra es una ayuda estatal incompatible con el funcionamiento del Acuerdo del EEE. Por lo tanto, el Órgano de Vigilancia da por concluido el procedimiento previsto en el artículo 1, apartado 2, de la parte I del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción con una decisión negativa y exige a las autoridades noruegas que obtengan de Entra la devolución del importe de la ayuda estatal más los intereses devengados.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

1)

La exención del impuesto sobre actos jurídicos documentados y de las tasas de registro prevista en la constitución de Entra Eiendom AS (Ref. artículo 3 de la ley 11/2000 de 18 de febrero) constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE. Además, la ayuda se concedió incumpliendo los requisitos procesales del artículo 1, apartado 3, del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, y no puede optar a las exenciones del artículo 61, apartados 2 y 3, de dicho Acuerdo. Por tanto, la ayuda es incompatible con el funcionamiento del Acuerdo.

2)

El Gobierno noruego tomará todas las medidas necesarias para que Entra devuelva el importe del impuesto sobre actos jurídicos documentados y de las tasas de registro así como los intereses que hayan devengado desde la fecha en que comenzaron a ser pagaderos hasta la de su recuperación, calculados sobre la base del tipo de referencia pertinente.

3)

Se informará al Gobierno noruego mediante carta, a la que se adjuntará una copia de la presente Decisión.

4)

El Gobierno noruego informará al Órgano de Vigilancia, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.

5)

Se informará a la Comisión Europea, de conformidad con el Protocolo 27, letra d) del Acuerdo EEE, mediante una copia de la presente Decisión.

6)

Se informará a los restantes Estados de la AELC, a los Estados miembros de la CE y a las partes interesadas mediante la publicación, en su versión lingüística auténtica, de la presente Decisión en la sección del EEE del Diario Oficial de la Unión Europea, así como en el suplemento EEE.

7)

El texto en lengua inglesa de la Decisión es el único auténtico.

Hecho en Bruselas, el 14 de diciembre de 2005.

Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

Einar M. BULL

Presidente

Kurt JÄGER

Miembro del Colegio


(1)  En lo sucesivo, el Acuerdo EEE.

(2)  En lo sucesivo, el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

(3)  Normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales (Directrices sobre ayudas estatales), adoptadas y promulgadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 19 de enero de 1994. Publicadas en el Diario Oficial L 231 de 3.9.1994. Las Directrices sobre ayudas estatales pueden consultarse en el sitio Internet del Órgano de Vigilancia: www.eftasurv.int

(4)  Dec. no: 132/04/COL. La decisión de incoar el procedimiento formal de investigación se publicó en el DO C 319 de 23.12.2004, p. 17, y en el Suplemento EEE no 64, de la misma fecha, p. 46. La Decisión también puede consultarse en el sitio Internet del Órgano de Vigilancia: http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldstateaid/stateaidregistry/sadecinor04/132_04_entra.DOC

(5)  «St prp nr 84 (1998-99) Om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS». El nombre original de la empresa era «Statens utleiebygg AS». En lo sucesivo se utilizará «Entra» para designar a Entra Eiendom AS y a Statens utleiebygg AS.

(6)  «Ot prp nr 83 (1998-99) Om omdanning lov om omdanning av deler av Statsbyggs eiendomsvirksomhet til aksjeselskap». Ley 11/2000, de 18 de febrero.

(7)  Fuente: http://www.statsbygg.no/english/

(8)  Traducción no oficial del Órgano de Vigilancia.

(9)  «St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 10 (1999-2000) Om etablering av Statens utleiebygg AS».

(10)  «Porteføljevurdering konkurransebyggene Statsbygg» Carta al Statsbygg de 10.8.99 con la que se adjuntaba la tasación de CEC.

(11)  «St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 10 (1999-2000) Om etablering av Statens utleiebygg AS».

(12)  «Statens utleiebygg AS — Fastsettelse av åpningsbalanse og endelige bevilgninger til egenkapital og lån». Kongelig resolusjon av 22.6.2000.

(13)  El grupo está compuesto, además por Entra eiendom AS, Entra Service AS, Universitetsgaten 2 AS, Biskop Gunnerus gate 14 AS, Instituttveien 24 AS, Entra Kultur 1 AS, Langkaia 1 AS, Kr Augustgate 23 AS, Nonnen utbygging AS and Krambugt 3 AS. Fuente: Informe anual 2004. Véase http://www.entraeiendom.no/files/Entra_Eiendom_Arsrapport_2004.pdf

(14)  Tipo de cambio medio en 2004: 1 EUR = 8,3715 NOK.

(15)  Fuente: Informe anual 2004 de Entra.

(16)  Tipo de cambio a 30 de junio de 2000: 1 EUR = 8,1815 NOK.

(17)  DO L 77 de 24.3.2003, p. 21.

(18)  Fuente: Statens Kartverk — Tinglysingen, véase: http://www.statkart.no/IPS/tinglysing/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=2207

(19)  Véase entre otros Dokumentavgift 2000 — S12-DOK-2001 y Rundskriv nr. 12/2005 S, al que se hace referencia posteriormente. Véase también http://www.toll.no/upload/dokumentavgift1_1.pdf

(20)  El texto dice en noruego: «Det gis ikke fritak for dokumentavgift med mindre det er direkte hjemmel i loven eller stortingsvedtak».

(21)  También se hace referencia a las leyes 44/97 y 45/97, de 13 de junio de 1997, relativas, respectivamente, a las empresas de responsabilidad limitada y a las empresas públicas de responsabilidad.

(22)  En la Circular G-37/90, página 1, se hace referencia al punto 1.3. de Dokumentavgift 2000 y al punto 1.3 de Rundskriv nr. 12/2005 S.

(23)  El Órgano de Vigilancia toma nota de la observación formulada por el Gobierno noruego en el punto 4.3 de su carta de 4 de junio de 2003 de que podía discutirse «si todavía puede exigirse la inscripción de un documento en el Registro como expresión de la transferencia del título. El Ministerio de Justicia está analizando esta cuestión». Sin embargo, ello no obsta para que en las circulares posteriores del Gobierno se mantuviera esa posición hasta junio de 2005 y que sólo cambiara la práctica de la inscripción registral después de esa fecha.

(24)  Esto es así incluso si la empresa escindida (B) toma el nombre de la empresa original (A) puesto que la realidad es que el propietario del bien inmueble sigue siendo el mismo, a saber la empresa original (A). Esto se considerará como un simple cambio de nombre. Véase asimismo la opinión del Ministerio de Justicia noruego publicada en U87-4.

(25)  Véase el punto 7, h) de la carta.

(26)  Véase, por ejemplo, el punto 3.9 de Rundskriv nr. 12/2005 S.

(27)  «Rundskriv G-6/05: Den tinglysingsmessige fremgangsmåten når fast eiendom blir overført i forbindelse med fusjon, fisjon og omdanning». La circular puede encontrarse en el sitio Internet del Ministerio de Justicia: http://odin.dep.no/jd/norsk/dok/regelverk/rundskriv/012081-250018/dok-bn.html

(28)  En el caso de algunas de esas reorganizaciones no se dieron razones para justificar la exención en los trabajos preparatorios. En otros, la disposición se considera como una desviación de las normas habituales sobre impuestos especiales. Además, se afirma que la disposición se corresponde con disposiciones similares adoptadas con ocasión de otras transformaciones de empresas públicas en sociedades de responsabilidad limitada públicas. Por último, suele afirmarse que la disposición impugnada es coherente con el planteamiento para la transmisión de bienes inmuebles en el caso de las fusiones entre sociedades públicas de responsabilidad limitada y entidades bancarias.

(29)  Véase http://www.odin.dep.no/repub/00-01/stprp/80

(30)  Véase http://www.odin.dep.no/repub/00-01/otprp/93

(31)  Véase http://www.odin.dep.no/filarkiv/226433/STP0405001-T06-TS.pdf

(32)  Véase http://www.odin.dep.no/repub/04-05/otprp/20

(33)  Véase http://odin.dep.no/nhd/norsk/dok/regpubl/stmeld/024001-040006/dok-bn.html

(34)  Véase http://www.odin.dep.no/filarkiv/208116/STP0304053-TS.pdf

(35)  Véase http://odin.dep.no/filarkiv/207892/OTP0304063-TS.pdf

(36)  El texto en noruego: reza «Den foreslåtte omorganiseringen av Statkraft vil medføre at det påløper dokumentavgift til staten, jf Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1 første ledd. Utgiften vil være i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner. Departementet legger til grunn at Statkraft betaler dokumentavgift i tråd med lovens normalordning. Utgifter til dokumentavgift vil redusere overskuddet til selskapet og dermed også utbyttegrunnlaget».

(37)  Carta de 16 de septiembre de 2004 del Ministerio de Industria y Comercio.

(38)  Véanse los asuntos acumulados 67/85, 68/85 y 70/85, Van der Kooy/Comisión, Rec. 1988, p.219; el asunto C-290/83, Comisión/Francia, Rec. 1985, p. 439; el asunto C-482/99, República Francesa/Comisión, Rec. 2002, p. I-4397; el asunto C-379/98, Preussen Elektra AG/Schleswag AG, Rec. 2001, p. I-2099.

(39)  St.prp.nr.84 (1998-99) «Om ny strategi for Statsbygg og etablering av Statens utleiebygg AS». Presentada el 4 de junio de 1999.

(40)  Lov av 15.6.2001«Om omdanning av Jernbaneverkets kommersielle televirksomhet til aksjeselskap».

(41)  Lov av 17.12.2004«Om omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statsaksjeselskap».

(42)  El texto dice lo siguiente en noruego: «Departementet legger til grunn at Statkraft betaler dokumentavgift i tråd med lovens normalordning».

(43)  Véase el apartado I.4 anterior.

(44)  Véase en este contexto: asunto 173/73 Italia/Comisión, apartado 33, Rec. 1974 p. 709 y asunto C-75/97, Reino de Bélgica/Comisión, Rec. 1999, p. I-3671.

(45)  Véanse, por ejemplo, la sentencia de 21 de julio de 2005 en los asuntos acumulados E-7/04, E-6/04, y E-7/04, Fesil, Pil y Reino de Noruega/Órgano de Vigilancia de la AELC, apartados 82 a 85; y los asuntos C-173/73, Italia/Comisión, apartado 33, Rec. 1974, p. 709, C-143/99, Adria Wien Pipeline, apartado 42, Rec. 2001, p. I-8365; C-157/01, Reino de los Países Bajos/Comisión, apartado 42, antes citado y C-308/01, GIL Insurance Ltd, citado anteriormente.

(46)  Véase, por ejemplo, el asunto C-157/01, Reino de los Países Bajos/Comisión, apartado 43, citado anteriormente.

(47)  Véase el punto I.4 anterior.

(48)  Caso C 27/99, publicado en el DO L 77 de 24.3.2003, p. 21.

(49)  Véase el apartado 37 de la Decisión.

(50)  Véanse los apartados 76 a 81 de la Decisión.

(51)  Véase el asunto 173/73, Italia/Comisión, Rec.1974, p.709.

(52)  Véase la sentencia de 16 de marzo de 2004 en el asunto T-157/01, Danske Busvognmænd/Comisión, apartado 57.

(53)  Cartas de 4 de junio de 2003, 16 de septiembre de 2004 y 30 de junio de 2005 del Ministerio de Industria y Comercio.

(54)  Véase para un planteamiento análogo en un ámbito afin de las ayudas estatales, el asunto C-280/00, Altmark trans GMBH, apartados 83 a 95, Rec. 2003, p. I-7747. Véanse asimismo los apartados 117 a 129 de las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto C-126/01 GEMO, Rec. 2003, p. I-13769.

(55)  Véase la carta de 16 de septiembre de 2004 del Ministerio de Industria y Comercio.

(56)  Asunto 730/79 Philip Morris Holland BV/Comisión, apartado 11, Rec. 1980, p. 2671.

(57)  Véase, por ejemplo, la sentencia de 20 de noviembre de 2003 en el asunto C-126/01, Gemo, el asunto E-6/98, Gobierno de Noruega/Órgano de Vigilancia de la AELC, 1999, Informe del Tribunal de la AELC, página 76, apartado 59; Asunto 730/79, Philip Morris/Comisión, apartado 11, Rec. 1980, p. 2671.

(58)  Sentencia de 21 de julio de 2005 en los asuntos acumulados E-5/04, E-6/04 y E-7/04, Fesil, Pil y Reino de Noruega/Órgano de Vigilancia de la AELC, apartado 94.

(59)  Asuntos acumulados T-298/97 y T-312/97, Alzetta a.o./Comisión, apartados 76 a 78, Rec. 2000, p. 2319.

(60)  Asunto T-55/99, CETM/Comisión, apartado 86, Rec. 2000, p. II-3207.

(61)  Asunto C-303/88, Italia/Comisión, apartado 27, Rec.1991, p. I-1433; asuntos acumulados C-278/92 a C-280/92, España/Comisión, apartado 40, Rec.1994, p. I-4103.

(62)  La Asociación Noruega de Promotores Inmobiliarios forma parte de la Federación de Constructoras de Noruega [«Byggenæringens Landsforening (BNL)»]. BNL forma parte de la confederación de la empresa noruega (NHO).

(63)  Fuente: http://www.foreningen-naringseiendom.no/medlemsbedriftene

(64)  Fuente: http://www.olavthon.no/

(65)  Fuente: http://www.ne.no/linstow

(66)  Fuente: http://www.ica.no/FrontServlet?s=eiendom&state=eiendom_dynamic&viewid=919&expand=1

(67)  Fuente: http://www.aberdeenpropertyinvestors.no

(68)  Véase el asunto C-350/93 Comisión/Italia, apartado 22, Rec. 1995, p. I-699.

(69)  Véanse. el asunto C-75/97 Bélgica/Comisión, apartado 66, Rec. 1999, p. I-3671 y el asunto C-310/99, Italia /Comisión, apartado 99, Rec. 2002, p. I-2289.

(70)  Véase el asunto C-169/95, España/Comisión, Rec. 1997, p. I-135, apartado 51.


16.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 275/65


RECOMENDACIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

N o 119/07/COL

de 16 de abril de 2007

relativa al control de los niveles de base de las dioxinas, los PCB similares a las dioxinas y los PCB no similares a las dioxinas en los productos alimenticios

EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,

VISTO el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE), y en particular el artículo 109 de su Protocolo 1,

VISTO el Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, y, en particular, su artículo 5, apartado 2, letra d), y su Protocolo 1,

VISTO el Acto mencionado en el punto 54zn del capítulo XII del Anexo II del Acuerdo EEE, es decir, el

Reglamento (CE) no 466/2001, de la Comisión, de 8 de marzo de 2001, por el que se fija el contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios  (1),

tal como fue modificado y adaptado al Acuerdo EEE por el Protocolo 1 de dicho Acuerdo,

VISTO el Acto mencionado en el punto 54zzc del capítulo XII del anexo I del Acuerdo EEE, es decir, la

Directiva 2002/69/CE de la Comisión del 26 de julio de 2002 por la que se establecen los métodos de muestreo y de análisis para el control oficial de las dioxinas y la determinación de PCB similares a las dioxinas en los productos alimenticios  (2),

tal como fue modificado y adaptado al Acuerdo EEE por el Protocolo 1 de dicho Acuerdo,

VISTA la Decisión 37/07/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 27 de febrero de 2007, por la que se encarga al Miembro del Colegio competente que adopte la Recomendación si el proyecto de Recomendación se ajusta al dictamen del Comité de productos alimenticios de la AELC,

CONSIDERANDO que el Reglamento (CE) no 466/2001 de la Comisión establece el contenido máximo de dioxinas y de la suma de dioxinas y policlorobifenilos similares a las dioxinas (PCB) en los alimentos,

CONSIDERANDO que es necesario generar datos fiables en toda la Comunidad Europea sobre la presencia de dioxinas, furanos y de PCB similares a las dioxinas en la más amplia gama posible de productos alimenticios, con el fin de tener una idea clara de la evolución en el tiempo en cuanto a la presencia de estas sustancias en los productos alimenticios,

CONSIDERANDO que la Recomendación 144/06/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 11 de mayo de 2006, relativa a la reducción de la presencia de dioxinas, furanos y PCB en los piensos y los alimentos, aconseja que los Estados miembros que lleven a cabo un control aleatorio de la presencia de dioxinas, PCB similares a las dioxinas y, si es posible, PCB no similares a las dioxinas en los productos alimenticios, de conformidad con la Recomendación 2004/705/CE (3) de la Comisión,

CONSIDERANDO que en la Recomendación 2004/705/CE se aconseja a los Estados miembros sobre la frecuencia mínima de muestras que deben ser analizadas anualmente para las diferentes categorías de productos alimenticios, así como sobre el formato de la notificación de los resultados para el control de la presencia de dioxinas, furanos y PCB similares a las dioxinas en los productos alimenticios,

CONSIDERANDO que es preciso modificar el programa de control actual establecido en la Recomendación 2004/705/CE teniendo en cuenta las experiencias adquiridas y que los Estados del EEE-AELC participen en la investigación sobre los niveles de dioxinas de los, PCB similares a las dioxinas y PCB no similares a las dioxinas en los productos alimenticios,

CONSIDERANDO que es importante que se informe regularmente al Órgano de Vigilancia de la AELC de los datos recopilados conforme a esta Recomendación y que, de conformidad con el artículo 2, apartado 1 del Protocolo 1 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC transmita dicha información a la Comisión Europea, que recopilará estos datos en una base de datos. También deberán comunicarse los datos obtenidos en años recientes siguiendo un método de análisis que se ajuste a los requisitos indicados en la Directiva 2002/69/CE de la Comisión,

CONSIDERANDO que las medidas previstas en la presente Recomendación se ajustan al dictamen del Comité de productos alimenticios de la AELC que asesora al Órgano de Vigilancia de la AELC,

RECOMIENDA A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA AELC:

1.

Que los Estados miembros lleven a cabo, a partir del año 2007 y hasta el 31 de diciembre de 2008, el control de la presencia de dioxinas, furanos y policlorobifenilos (PCB) similares a las dioxinas en los productos alimenticios, de conformidad con la frecuencia mínima recomendada de las muestras que deben analizarse anualmente, tal como se establece en el cuadro del anexo I a título orientativo.

2.

Que, si fuera posible, lleven a cabo también el análisis de los PCB no similares a las dioxinas en las mismas muestras.

3.

Proporcionen regularmente al Órgano de Vigilancia de la AELC los datos del control con la información y en el formato previsto en el anexo II para ser compilados en una base de datos. También deberán proporcionarse los datos de los últimos años obtenidos siguiendo un método de análisis que se ajuste los requisitos, establecidos por la Directiva 2002/69/CE y reflejen los niveles de base.

4.

Las referencias a la Recomendación 2004/705/CE en la Recomendación 144/06/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 11 de mayo de 2006, se entenderán hechas a la presente Recomendación.

Hecho en Bruselas, 16 de abril de 2007.

Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

Kristján Andri STEFÁNSSON

Miembro del Colegio

Niels FENGER

Director


(1)  DO L 77 de 16.3.2001, p. 1.

(2)  DO L 209 de 6.8.2002, p. 5.

(3)  DO L 321 de 22.10.2004, p. 45.


ANEXO I

Cuadro:

Perspectiva general del número mínimo recomendado de muestras de alimentos que deben analizarse anualmente. La distribución de las muestras se basa en la producción en cada país. Se presta especial atención a los productos alimenticios en los que se espera una variación importante de los niveles de base de dioxinas, furanos y PCB similares a las dioxinas. En concreto, este es el caso del pescado.


Producto, también incluidos productos derivados

Acuicultura

(*)

Pescado capturado silvestre:

(**)

Carne

(***)

Leche

(****)

Huevos

(*****)

Otros

(******)

Total

No de muestras

 

 

 

 

 

 

 

Noruega

 

 

 

 

 

 

 

Islandia

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios relativos al cuadro

Las cifras mencionadas en el cuadro son cifras mínimas. Se invita a los Estados del EEE-AELC a recoger más muestras.

(*)   Acuicultura: Las muestras para la acuicultura deben dividirse entre las especies de pescado de forma proporcional a la producción.

(**)   Pescado capturado silvestre: Las muestras para el pescado capturado silvestre deben dividirse entre las especies de pescado de forma proporcional a la captura. Debe prestarse especial atención a las anguilas capturadas silvestres.

(***)   Carne: Además de la carne y los productos cárnicos procedentes de bovinos, porcinos, aves de corral y ovinos, deben tomarse un número significativo de muestras de carne de caballo, de reno, de cabra, de conejo, de venado y de caza.

(****)   Leche: Un elevado porcentaje de las muestras lácteas deben tomarse de leche de granja (fundamentalmente, leche de vaca). Conviene también tomar muestras adicionales de leche y productos lácteos que no sean de vaca (leche de cabra, etc.).

(*****)   Huevos: Debe prestarse especial atención a los huevos de gallinas camperas y también deben tomarse muestras de huevos de pato, ganso y codorniz.

(******)   Otras: Dentro de esta categoría debe prestarse especial atención a:

los complementos alimenticios (en particular los basados en aceite marino)

los alimentos destinados a lactantes y niños de corta edad

los productos alimentarios procedentes de regiones en las que, por ejemplo, debido a unas condiciones climáticas que provocan inundaciones, se han producido cambios en las condiciones de producción que podrían afectar a las concentraciones de dioxinas y PCB similares a las dioxinas en los productos alimentarios de la región.


ANEXO II

A.   Notas explicativas correspondientes al formulario relativo a los resultados de los análisis de las dioxinas, los furanos, los PCB similares a las dioxinas y otros PCB presentes en los alimentos

1.   Información general sobre las muestras analizadas

Código de la muestra: código de identificación de la muestra.

País: nombre del Estado miembro donde se ha llevado a cabo el control.

Año: el año en el que se llevó a cabo el control.

Producto: alimento analizado — se debe describir con la mayor precisión posible.

Fase de comercialización: lugar en el que se recogió el producto (la muestra).

Tejido: parte del producto analizada.

Expresión de los resultados: los resultados deben expresarse sobre la base en la que se hayan establecido los niveles máximos. En el caso del análisis de los PCB no similares a las dioxinas, se recomienda encarecidamente que los niveles se expresen sobre la misma base.

Tipo de muestreo: muestreo aleatorio — se pueden comunicar también los resultados de los análisis de los muestreos específicos, pero se debe indicar claramente que el muestreo era específico y no refleja necesariamente los niveles de base normales.

Número de submuestras: si la muestra analizada es una muestra colectiva, se debe notificar el número de submuestras (número de componentes). Si el resultado del análisis se basa en una sola muestra, se debe poner 1. El número de submuestras que integran una muestra colectiva puede variar, por lo que se debe especificar para cada muestra.

Método de obtención: convencional/biológica (lo más detallado posible).

Superficie: en la medida en que sea pertinente, el distrito o la región en la que se haya recogido la muestra, si es posible con una indicación de si se trata de una zona rural, urbana, industrial, un puerto, mar abierto, etc. Por ejemplo, Bruselas — zona urbana, Mediterráneo — mar abierto. Es especialmente importante que se indique claramente la zona en caso de que la muestra proceda de alimentos producidos en regiones que hayan sufrido una inundación.

Contenido en materia grasa (%): el porcentaje de contenido en materia grasa de la muestra.

Contenido de humedad (%): el porcentaje de contenido de humedad en la muestra (si se dispone de él).

2.   Información general sobre el método de análisis utilizado

Método de análisis: debe hacerse referencia al método utilizado.

Acreditación: debe especificarse si el método de análisis está acreditado o no.

Incertidumbre: el límite de decisión o el porcentaje de la incertidumbre ampliada de medición inherente al método de análisis.

Método utilizado para la extracción de lípidos: debe especificarse el método de extracción de lípidos utilizado para determinar el contenido en materia grasa de la muestra.

3.   Resultados analíticos

Dioxinas, furanos, PCB similares a las dioxinas: deben notificarse los resultados de cada congénere en ppt — picogramos/gramo (pg/g).

PCB no similares a las dioxinas: deben notificarse los resultados de cada congénere en ppb — nanogramo/gramo o microgramo/kilo (ng/g o μg /kg).

LDC: Límite de cuantificación en pg/g (para dioxinas, furanos y PCB similares a las dioxinas) o μg/kg — ng/g (para PCB no similares a las dioxinas).

Para los congéneres determinados que estén por debajo del LDC (límite de cuantificación) los resultados deben registrarse como < LDC (el LDC debe notificarse como valor).

Para los congéneres de PCB analizados además de los PCB-6 y los PCB similares a las dioxinas, debe incluirse en el formulario el número del congénere de los PCB, p. ej. 31, 99, 110, etc. En el caso de que en la muestra se analicen más congéneres de los PCB que filas previstas al efecto, pueden añadirse nuevas filas al final de formulario.

4.   Observaciones generales sobre el cuadro

Comunicación de la tasa de recuperación

La comunicación de la tasa de recuperación es opcional si ésta, en el caso de los congéneres individuales, se encuentra entre el 60 % y el 120 %. En caso de que la tasa de recuperación de algunos congéneres individuales no entre dentro de estos límites, es obligatorio comunicarla.

Comunicación del LDC

No es obligatorio comunicar el LDC, pero, en la columna de resultados, deben comunicarse los congéneres no cuantificados como < LDC (cifra efectiva).

Comunicación del valor EQT para congéneres individuales

La columna de los valores EQT para congéneres individuales es opcional.


ANEXO III

B.   Formulario para notificar los resultados de los análisis específicos de los congéneres de dioxinas, furanos, PCB similares a las dioxinas y otros PCB presentes en los alimentos

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16.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 275/s3


NOTA AL LECTOR

Las instituciones han decidido no mencionar en sus textos la última modificación de los actos citados.

Salvo indicación en contrario, se entenderá que los actos a los que se hace referencia en los textos aquí publicados son los actos en su versión actualmente en vigor.