25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/1

(1)

Tras estudiar una petición de apoyo del Presidente de la Comisión de la Unión Africana, el Consejo adoptó una Posición Común 2008/187/PESC (2) por la que se imponen medidas restrictivas contra el gobierno ilegítimo de Anjouan y contra algunas personas asociadas. Las medidas restrictivas previstas por la mencionada Posición Común, que incluían, en particular, la congelación de fondos y otros recursos económicos pertenecientes a las personas en cuestión, se aplicaban en la Comunidad mediante el Reglamento (CE) no 243/2008 del Consejo (3).

(2)

Tras la intervención militar del 25 de marzo de 2008 y la restauración de la autoridad del Gobierno de la Unión de las Comoras en la isla de Anjouan, la Posición Común 2008/611/PESC prevé la derogación de las medidas restrictivas impuestas por la Posición Común 2008/187/PESC.

(3)

Por lo tanto, debe derogarse el Reglamento (CE) no 243/2008.

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/2

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/4

(1)

Es posible que azúcar blanco producido por una determinada empresa durante una campaña de comercialización dada se transforme posteriormente en azúcar blanco con requisitos específicos. De conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) no 952/2006 de la Comisión (3), la producción de azúcar se expresa como la cantidad total de azúcar blanco producida por una empresa dada en una campaña de comercialización. Con el fin de evitar todo cómputo doble, es necesario excluir de esa producción el azúcar blanco procedente de una posterior transformación de azúcar blanco.

(2)

El artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) no 952/2006 contempla dos métodos para determinar el contenido de azúcar de los jarabes dependiendo de que estos sean intermedios o no. Considerando que uno de los métodos resulta anticuado, procede simplificar haciendo alusión únicamente al otro método, que se basa en el contenido de azúcar extraíble. No obstante, en el caso específico de los jarabes procedentes de azúcar invertido es necesario remitirse a la cromatografía líquida de alta resolución, que es el único método posible desde un punto de vista técnico. Por último, con el fin de reflejar los progresos técnicos, es conveniente mencionar únicamente el método refractométrico para determinar el contenido de materia seca. Conviene que las modificaciones se apliquen a partir del 1 de octubre de 2008 con el fin de garantizar el respeto de las expectativas legítimas de los productores de azúcar.

(3)

El artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) no 952/2006 define la producción de empresas a efectos de la organización común del mercado del azúcar, en el caso particular en que, en virtud de un contrato de trabajo por encargo, la producción la realiza otra empresa. Las cantidades así producidas se consideran, bajo determinadas condiciones, como producción del comitente, en particular cuando la producción total de azúcar del transformador y del comitente es superior a la suma de sus respectivas cuotas. Esa condición se adaptó a la luz de la retirada preventiva que se decidió para la campaña de comercialización 2006/07, de modo que atañe a la suma de los umbrales de las retiradas preventivas del transformador y del comitente en lugar de a la suma de las cuotas. El Reglamento (CE) no 290/2007 de la Comisión, de 16 de marzo de 2007, que fija, para la campaña de comercialización 2007/08, el porcentaje previsto en el artículo 19 del Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo (4), determina el umbral de retirada preventiva para dicha campaña de comercialización. El Reglamento (CE) no 1260/2007 del Consejo (5), que modifica el Reglamento (CE) no 318/2006, dispone que la Comisión podrá fijar anualmente un umbral de retirada preventiva. Procede, por lo tanto, modificar la condición aplicable a la realización de la producción mediante un contrato de trabajo por encargo prevista en el artículo 6, apartado 3, letra b), del Reglamento (CE) no 952/2006, de modo que se refiera a la suma de los umbrales de las retiradas preventivas del transformador y del comitente en lugar de a la suma de las cuotas.

(4)

Es necesario prever una asistencia mutua entre los Estados miembros para garantizar unos controles eficaces.

(5)

Las importaciones en la Comunidad de azúcar preferencial de países de África, el Caribe y el Pacífico, así como de los países menos desarrollados, aumentarán gradualmente a partir del 1 de octubre de 2009. Se prevé que, para 2012, esas importaciones supondrán más del 25 % del consumo de azúcar comunitario. Conviene, por lo tanto, que el sistema de comunicación de precios recoja los precios y las cantidades de azúcar blanco y azúcar en bruto importadas de esos países, que en la actualidad se hallan disponibles en la base de datos de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas.

(6)

La comunicación de los precios del azúcar al sistema de registro de precios se efectúa mediante un sistema provisional de acuerdo con el cual los agentes económicos autorizados realizan comunicaciones trimestrales a la Comisión. Se ha puesto en marcha un sistema informatizado definitivo de comunicación que hará posible la comunicación mensual de precios por parte de los agentes económicos autorizados a los Estados miembros y una posterior comunicación a la Comisión de los promedios de los precios nacionales por parte de estos. Las disposiciones aplicables al sistema definitivo deben sustituir a las disposiciones aplicables al sistema provisional.

(7)

El Reglamento (CE) no 1234/2007 sustituirá al Reglamento (CE) no 318/2006 a partir del 1 de octubre de 2008. En lugar de incorporar el anexo II del Reglamento (CE) no 318/2006, referente a las condiciones de compra de remolacha, en el Reglamento único para las OCM, el artículo 50 del Reglamento (CE) no 1234/2007 dispone que la Comisión debe establecer esas condiciones mediante normas de desarrollo. Así pues, conviene que las normas que se recogen actualmente en el anexo II del Reglamento (CE) no 318/2006 se añadan al Reglamento (CE) no 952/2006.

(8)

Las existencias comunitarias disponibles al final de cada campaña de comercialización son importantes para evaluar la situación del mercado del azúcar con vistas a una posible toma de decisiones sobre la gestión del mercado, en especial las retiradas. En algunas fábricas, la transformación de azúcar para la nueva campaña de comercialización comienza en verano y la producción nueva aumenta las existencias finales mensuales de los fabricantes de azúcar. Con el fin de conocer las existencias comunitarias exactas al final de la campaña de comercialización, es necesario que los fabricantes de azúcar autorizados y los Estados miembros comuniquen, con respecto a los meses de julio, agosto y septiembre, la parte de sus existencias finales resultante de la producción de la campaña de comercialización siguiente.

(9)

El artículo 18, apartado 1, del Reglamento (CE) no 318/2006 dispone que podrá concederse una ayuda para el almacenamiento privado de azúcar blanco a los fabricantes que tengan asignada una cuota, sobre la base de la tendencia del precio de mercado que reflejen los precios de mercado registrados. Con el fin de aplicar el régimen de ayudas rápidamente y en el momento necesario, es preciso añadir al Reglamento (CE) no 952/2006 normas de desarrollo del régimen de almacenamiento privado en la campaña de comercialización 2007/08.

(10)

La ayuda al almacenamiento privado de azúcar blanco debe determinarse mediante un procedimiento de licitación con el fin de utilizar los recursos existentes con la máxima eficacia posible y de aumentar la transparencia y la competencia entre los fabricantes.

(11)

El período de almacenamiento obligatorio se limita hasta el 31 de octubre de 2008. Por lo tanto, no deben presentarse ofertas después del 31 de julio de 2008 a fin de evitar ayudas para períodos de almacenamiento inferiores a tres meses, considerados insuficientes para que repercutan en los precios de mercado.

(12)

Debe incoarse un procedimiento de licitación cuando los precios medios comunitarios del azúcar blanco sean inferiores al precio de referencia y probablemente se mantengan en ese nivel. Procede determinar un umbral para el precio de mercado por debajo del cual se considere necesario conceder una ayuda al almacenamiento privado. Conviene fijar el umbral del precio medio comunitario en el 85 % del precio de referencia.

(13)

Como consecuencia del proceso de reestructuración del sector azucarero comunitario se han producido diferencias regionales, de modo que algunas regiones son excedentarias (debido a la producción local o a las importaciones) y otras deficitarias. Se prevé que, en las regiones excedentarias, los precios de producción se vean sometidos a una presión a la baja debido a una oferta superior a la demanda. En cambio, en las regiones deficitarias se prevé que esos precios se muestren más firmes como consecuencia de la escasez de la oferta con respecto a la demanda. El precio medio comunitario no reflejará plenamente la caída de precios que experimenten determinados Estados miembros. Por ello es necesario disponer que la apertura del procedimiento de licitación se limite a los Estados miembros en los que los precios medios nacionales caigan por debajo del 80 % del precio de referencia.

(14)

Es necesario especificar los requisitos que debe cumplir el azúcar blanco que dé derecho a la ayuda al almacenamiento privado.

(15)

Las ofertas deben ofrecer toda la información necesaria para evaluarlas y procede disponer el establecimiento de comunicaciones entre los Estados miembros y la Comisión.

(16)

Podrá fijarse una ayuda máxima en función de las ofertas recibidas. No obstante, es posible que se presenten situaciones en las que no pueda aceptarse ninguna de las ofertas recibidas.

(17)

Conviene especificar la información necesaria para celebrar el contrato de almacenamiento, las fechas de principio y fin del período de almacenamiento contractual y las obligaciones contractuales del fabricante de azúcar.

(18)

Una garantía debe permitir cerciorarse de que las cantidades ofrecidas y posiblemente aceptadas se almacenan de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Así pues, conviene adoptar las disposiciones que se habrán de aplicar a la liberación y ejecución de la garantía depositada en virtud del Reglamento (CEE) no 2220/85 de la Comisión, de 22 de julio de 1985, por el que se establecen las modalidades comunes de aplicación del régimen de garantías para los productos agrícolas (6).

(19)

A la luz de la evolución de la situación del mercado en la campaña de comercialización en curso y de las previsiones para la siguiente campaña de comercialización, la Comisión puede ofrecer la posibilidad a las partes contratantes de disponer del azúcar objeto de un contrato antes de que concluya el período de almacenamiento contractual.

(20)

Con el fin de garantizar una correcta gestión del programa es preciso determinar las condiciones de concesión de los anticipos, el reajuste de la ayuda en caso de que la cantidad contractual no se haya respetado totalmente, las comprobaciones del cumplimiento de los derechos a la ayuda, las posibles sanciones y la información que deban facilitar los Estados miembros a la Comisión.

(21)

La asignación de la cantidad máxima de 600 000 toneladas para compras de intervención que se fija en el artículo 18, apartado 2, del Reglamento (CE) no 318/2006 debe adaptarse para la campaña de comercialización 2007/08 habida cuenta de las modificaciones de las cuotas por Estado miembro y de la adhesión de Bulgaria y Rumanía.

(22)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar y del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

1)

El artículo 1 se sustituye por el siguiente:

«Artículo 1

El presente Reglamento establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006 en lo que se refiere a la determinación de la producción, la autorización de los fabricantes y refinerías, el régimen de precios y cuotas, las condiciones de compra y venta de azúcar en régimen de intervención y el almacenamiento privado para la campaña de comercialización 2007/08, entre otros aspectos.».

2)

El artículo 3 se modifica como sigue:

3)

En el artículo 6, apartado 3, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

4)

En el artículo 10, se añade el apartado siguiente:

«6.   Los Estados miembros se prestarán asistencia mutua para garantizar unos controles eficaces y la comprobación de la autenticidad de los documentos entregados o de la exactitud de los datos comunicados.».

5)

Después del artículo 14, se inserta el artículo 14 bis siguiente:

«Artículo 14 bis

Información complementaria

Además de los precios registrados a escala comunitaria de conformidad con el artículo 14 del presente Reglamento, la Comisión deberá comunicar también al Comité de gestión del azúcar los precios y las cantidades de azúcar en bruto y azúcar blanco importadas de países de África, del Caribe y del Pacífico al amparo del régimen previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen Acuerdos de Asociación Económica o conducen a su establecimiento (9) y de los países menos desarrollados que figuran en la columna D del anexo I del Reglamento (CE) no 980/2005 del Consejo (10), sobre la base de las declaraciones aduaneras y la información disponible en la base de datos de la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas.

6)

Después del artículo 15, se inserta el artículo 15 bis siguiente:

«Artículo 15 bis

Disposiciones finales para la comunicación de los datos de precios

Toda empresa supeditada a la obligación que establece el artículo 13 deberá comunicar antes del 15 de cada mes los datos determinados de conformidad con el artículo 13, apartado 1, al Estado miembro que haya otorgado la autorización. La primera comunicación al Estado miembro se efectuará antes del 15 de agosto de 2008 y tendrá por objeto los datos determinados en mayo y junio de 2008.

Cada Estado miembro deberá comunicar a la Comisión antes del término de cada mes los promedios de los precios registrados a escala nacional, así como las cantidades correspondientes totales y las desviaciones típicas. Los promedios y las desviaciones típicas se ponderarán mediante las cantidades comunicadas por las empresas a que se refiere el párrafo anterior.

Los Estados miembros y la Comisión recibirán, tratarán y almacenarán los datos de forma que se garantice adecuadamente su confidencialidad.

Previa petición al Estado miembro, la Comisión podrá tener acceso a los datos facilitados por los agentes económicos autorizados de conformidad con el artículo 13, apartado 1.

Los demás agentes económicos del sector del azúcar, en particular los compradores, podrán comunicar a la Comisión el precio medio del azúcar determinado con arreglo al artículo 13. Los agentes económicos indicarán su nombre, razón social y domicilio.».

7)

Después del artículo 16, se inserta el artículo 16 bis siguiente:

«Artículo 16 bis

Condiciones de compra de remolacha

Los acuerdos interprofesionales y los contratos de suministro mencionados en el artículo 50, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007 deberán ajustarse a las condiciones de compra establecidas en el anexo II del presente Reglamento.».

8)

En el artículo 21, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Antes del 20 de cada mes, los fabricantes de azúcar o las refinerías autorizados comunicarán al organismo competente del Estado miembro en el que tenga lugar la producción o el refinado las cantidades totales de azúcar y de jarabe contempladas en el artículo 3, apartado 1, letras a) a d), expresadas en azúcar blanco:

Dichas cantidades se desglosarán en:

9)

El artículo 23 se modifica como sigue:

10)

Después del artículo 57, se inserta el capítulo VI bis siguiente:

«CAPÍTULO VI BIS

ALMACENAMIENTO PRIVADO EN LA CAMPAÑA DE COMERCIALIZACIÓN 2007/08

Artículo 57 bis

Procedimiento de licitación

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 39, apartado 2, del Reglamento (CE) no 318/2006, la Comisión podrá abrir un procedimiento de licitación de duración limitada mediante un Reglamento de la Comisión, en lo sucesivo denominado “Reglamento por el que se abre un procedimiento de licitación”, con el fin de determinar las ayudas que deban concederse para la celebración de contratos de almacenamiento privado de azúcar blanco.

Artículo 57 ter

Apertura del procedimiento de licitación

1.   El Reglamento por el que se abre el procedimiento de licitación podrá adoptarse hasta el 31 de julio de 2008.

2.   La apertura del procedimiento de licitación podrá decidirse respecto del azúcar almacenado o que se vaya a almacenar, a condición de que:

3.   La apertura del procedimiento de licitación podrá limitarse al azúcar almacenado o que vaya a ser almacenado por fabricantes autorizados en un Estado miembro, a condición de que:

4.   El Reglamento por el que se abre el procedimiento de licitación contendrá la siguiente información:

5.   Las convocatorias de licitación por un período limitado podrán cerrarse antes de la conclusión del período de licitación con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 39, apartado 2, del Reglamento (CE) no 318/2006.

Artículo 57 quater

Requisitos que debe cumplir el azúcar

El azúcar por el que se presente una oferta deberá tener las siguientes características:

Artículo 57 quinquies

Presentación de ofertas

1.   Las ofertas las presentarán los fabricantes de azúcar autorizados a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra a), establecidos y registrados a efectos del IVA en la Comunidad.

2.   Las ofertas se presentarán a la autoridad competente del Estado miembro en el que vaya a almacenarse el azúcar. Cuando la apertura del procedimiento de licitación se limite a uno o varios Estados miembros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 ter, apartado 3, las ofertas se presentarán únicamente en esos Estados miembros.

3.   Las ofertas podrán presentarse por vía electrónica, utilizando el método puesto a disposición de los agentes económicos por el Estado miembro de que se trate. Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán exigir que las ofertas presentadas por medios electrónicos lleven una firma electrónica avanzada, con arreglo a la definición del artículo 2, punto 2, de la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11) En todos los demás casos, las autoridades competentes exigirán una firma electrónica que ofrezca garantías equivalentes en lo que se refiere a las funcionalidades atribuidas a una firma, aplicando las mismas normas y condiciones que las contempladas en las disposiciones de la Comisión sobre documentos electrónicos y digitalizados, establecidas en la Decisión 2004/563/CE, Euratom de la Comisión (12), y en sus disposiciones de aplicación.

4.   La oferta se considerará válida si se cumplen las siguientes condiciones:

5.   Las ofertas no podrán retirarse ni modificarse una vez presentadas.

6.   Se considerará que el fabricante de azúcar autorizado que presente una oferta conoce y acepta las disposiciones aplicables al procedimiento de licitación.

Artículo 57 sexies

Examen de las ofertas

1.   Las autoridades competentes de los Estados miembros examinarán las ofertas sobre la base de los elementos mencionados en el artículo 57 quinquies, apartado 4, y adoptarán una decisión sobre su validez.

2.   Las personas autorizadas para recibir y examinar las ofertas tendrán la obligación de no revelar ningún elemento relativo a dichas ofertas a personas no autorizadas.

3.   En caso de que una oferta no se considere válida, las autoridades competentes del Estado miembro informarán de ello al licitador.

Artículo 57 septies

Notificación de las ofertas a la Comisión

1.   Las autoridades competentes de los Estados miembros notificarán a la Comisión todas las ofertas válidas.

2.   Las notificaciones no contendrán los datos contemplados en el artículo 57 quinquies, apartado 4, letra b).

3.   Las notificaciones se realizarán por vía electrónica, utilizando el método indicado por la Comisión a los Estados miembros, en un plazo específico fijado por el Reglamento de la Comisión por el que se abre el procedimiento de licitación.

La forma y el contenido de las notificaciones se definirán sobre la base de modelos que la Comisión ponga a disposición de los Estados miembros.

4.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión las comunicaciones negativas dentro del plazo contemplado en el apartado 3.

Artículo 57 octies

Decisión sobre la base de las ofertas

1.   Basándose en las ofertas comunicadas de conformidad con el artículo 57 septies, apartado 3, la Comisión decidirá, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 39, apartado 2, del Reglamento (CE) no 318/2006:

2.   Tratándose de las ofertas presentadas al nivel de la ayuda máxima, cuando sea aplicable el artículo 57 ter, apartado 4, letra d), la Comisión fijará un coeficiente aplicable a la adjudicación de las cantidades objeto de la licitación.

No obstante lo dispuesto en el artículo 57 quinquies, apartado 5, el licitador a quien se aplique ese coeficiente podrá decidir retirar su oferta.

3.   La decisión relativa a la ayuda al almacenamiento privado se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 57 nonies

Decisiones sobre las ofertas

1.   Cuando se haya fijado un importe máximo de la ayuda de conformidad con el artículo 57 octies, apartado 1, letra b), las autoridades competentes de los Estados miembros aceptarán las ofertas notificadas con arreglo al artículo 57 septies que sean iguales o inferiores al importe máximo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 octies, apartado 2. Todas las demás ofertas serán desestimadas.

2.   Cuando no se haya fijado un importe máximo, se desestimarán todas las ofertas.

3.   Las autoridades competentes de los Estados miembros adoptarán las decisiones contempladas en los apartados 1 y 2 tras la publicación de la decisión de la Comisión sobre las ayudas a que hace referencia el artículo 57 octies, apartado 1, y notificarán a los licitadores el resultado de su participación en el plazo de tres días hábiles desde la publicación.

4.   Los derechos y obligaciones del adjudicatario no podrán transferirse.

Artículo 57 decies

Información sobre el lugar de almacenamiento

En el plazo de cinco días hábiles desde la recepción de la notificación del Estado miembro, el adjudicatario facilitará a la autoridad competente de aquel:

Artículo 57 undecies

Especificación de los contratos y del período de almacenamiento

1.   Una vez facilitada toda la información mencionada en el artículo 57 decies, la autoridad competente del Estado miembro notificará al adjudicatario que se ha proporcionado toda la información necesaria y que se considera que en ese momento se celebra el contrato.

2.   El contrato deberá incluir las disposiciones del presente capítulo, las del Reglamento por el que se abre el procedimiento de licitación, las de la licitación y la información mencionada en el artículo 57 decies.

3.   La fecha de celebración del contrato será aquella en que la autoridad competente del Estado miembro se lo notifique a la parte contratante de conformidad con el apartado 1.

4.   Con respecto al azúcar que ya estuviese almacenada, el período de almacenamiento contractual comenzará el día siguiente al de celebración del contrato. En el caso del azúcar que no esté almacenado todavía, el período de almacenamiento contractual comenzará el día siguiente a aquel en que se haya almacenado toda la cantidad contractual.

5.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 quaterdecies, el último día del período de almacenamiento contractual será el 31 de octubre de 2008.

Artículo 57 duodecies

Obligaciones de la parte contratante

Los contratos impondrán al menos las obligaciones siguientes a la parte contratante:

Artículo 57 terdecies

Garantías

1.   La garantía depositada según el artículo 57 quinquies, apartado 4, letra e), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2220/85, deberá permitir asegurar en particular:

2.   Cuando una oferta no se considere válida, no se seleccione o se retire con arreglo a lo dispuesto en el artículo 57 octies, apartado 2, la garantía se liberará inmediatamente.

3.   Deberá liberarse la garantía de las cantidades con respecto a las cuales se hayan cumplido las obligaciones que establece el artículo 57 sexdecies, apartado 2.

Artículo 57 quaterdecies

Reducción de la duración de los contratos

Según la evolución del mercado del azúcar, la Comisión, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 39, apartado 2, del Reglamento (CE) no 318/2006, podrá permitir que la parte contratante disponga del azúcar objeto del contrato antes de que concluya el período de almacenamiento contractual.

Artículo 57 quindecies

Anticipos

Después de 60 días de almacenamiento y a petición de la parte contratante, podrá concederse un solo anticipo sobre la ayuda siempre y cuando aquella deposite una garantía igual al importe del anticipo más un 10 %. En tal caso, la garantía contemplada en el artículo 57 terdecies se liberará.

El importe del anticipo no podrá sobrepasar el de la ayuda correspondiente a un período de almacenamiento de tres meses. La garantía mencionada en el párrafo primero se liberará en cuanto se haya abonado el saldo de la ayuda.

Artículo 57 sexdecies

Pago de la ayuda

1.   La ayuda o, cuando se haya concedido un anticipo en virtud el artículo 57 quindecies, el saldo de la ayuda se abonará sobre la base de una solicitud de pago y únicamente cuando se hayan cumplido las obligaciones contractuales. El pago de la ayuda o de su saldo tendrá lugar, una vez efectuada la comprobación final, en un plazo de 120 días a partir del de presentación de la solicitud del pago de la ayuda.

2.   Se considerará que los requisitos relativos a la cantidad contractual se han cumplido únicamente cuando se compruebe la cantidad según lo dispuesto en el artículo 57 septdecies, apartado 5. No obstante, los Estados miembros podrán decidir que los requisitos relativos a la cantidad contractual se consideran cumplidos sobre la base de un margen de tolerancia que no podrá superar el 1 % de la cantidad contractual.

En caso de que la cantidad realmente almacenada durante el período de almacenamiento contractual sea inferior a la cantidad objeto del contrato, habida cuenta del posible margen de tolerancia, pero no inferior al 80 % de dicha cantidad, la ayuda por la cantidad realmente almacenada se reducirá a la mitad.

Si la cantidad efectivamente almacenada durante el período de almacenamiento contractual fuese inferior al 80 % de la cantidad objeto del contrato, no se abonará ayuda alguna.

Artículo 57 septdecies

Comprobaciones

1.   Dentro de los 30 días siguientes a la celebración del contrato, el organismo competente del Estado miembro realizará una comprobación inicial y, en particular:

2.   En caso de que el análisis confirme que el azúcar no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 57 quater, se rechazará toda la cantidad objeto del contrato y se ejecutará la garantía mencionada en el artículo 57 quinquies, apartado 4, letra e).

3.   El plazo previsto en el apartado 1, párrafo primero, podrá ampliarse 15 días más por razones debidamente justificadas por el Estado miembro.

4.   El organismo encargado de realizar las comprobaciones:

5.   Durante el último mes del período de almacenamiento, el organismo encargado de las comprobaciones llevará a cabo una comprobación final para cerciorarse de que la cantidad contractual se halla presente en el lugar de almacenamiento, para lo cual realizará una comprobación sin previo aviso con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4, letra b).

6.   En caso de detectarse irregularidades significativas que afecten al 5 % o más de las cantidades de los productos de un mismo contrato sometidos a comprobación, la verificación se efectuará sobre una muestra más amplia que determinará el organismo responsable de las comprobaciones.

Artículo 57 octodecies

Informes sobre las comprobaciones

Las comprobaciones efectuadas en virtud del artículo 57 septdecies deberán ser objeto de un informe en el que se indiquen:

El informe de control deberá ir firmado por el inspector responsable y refrendado por la parte contratante o, en su caso, el responsable del almacenamiento, y deberá figurar en el expediente de pago.

Artículo 57 novodecies

Sanciones

1.   Cuando se compruebe que un documento presentado por un licitador para la atribución de los derechos derivados del presente capítulo facilita información errónea y cuando esta sea decisiva para la atribución de esos derechos, las autoridades competentes del Estado miembro deberán excluir al licitador de participar en el procedimiento de licitación para la concesión de ayuda al almacenamiento privado de azúcar, por un período de un año a partir de la fecha en que se produzca una decisión administrativa definitiva que establezca la irregularidad.

2.   No obstante, el apartado 1 no se aplicará si el solicitante demuestra, a satisfacción de las autoridades competentes, que la situación contemplada en el apartado 1 no es producto de negligencia grave por su parte o que constituye un caso de fuerza mayor o error manifiesto.

3.   Los Estados miembros informarán a la Comisión de los casos de aplicación del apartado 1. La Comisión pondrá esta información a disposición de los demás Estados miembros.

Artículo 57 vicies

Comunicación a la Comisión

Los Estados miembros notificarán a la Comisión las cantidades de azúcar por las que se hayan aceptado ofertas de conformidad con el artículo 57 nonies, apartado 1, y:

Las notificaciones mencionadas en el párrafo primero indicarán el subperíodo del procedimiento de licitación de que se trate y se realizarán a la mayor brevedad posible y no más tarde del décimo día del mes siguiente al mes en cuestión.

La forma y el contenido de las notificaciones se definirán sobre la base de modelos que la Comisión ponga a disposición de los Estados miembros.

11)

El anexo pasa a ser el anexo I y se sustituye por el texto del anexo I del presente Reglamento.

12)

El texto del anexo II del presente Reglamento se añade como anexo II.

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/18

(1)

El Reglamento (CE) no 1266/2007 de la Comisión (2) establece disposiciones referentes a la fiebre catarral ovina para el control, el seguimiento, la vigilancia y las restricciones en los desplazamientos de los animales, dentro de las zonas restringidas o desde las mismas. Estipula asimismo las condiciones para acogerse a una excepción a la prohibición de salida aplicable a los traslados de animales sensibles, o bien de su esperma, óvulos o embriones, establecida en la Directiva 2000/75/CE.

(2)

Los nuevos datos científicos recientemente recogidos por varios Estados miembros sobre la patogénesis del virus de la fiebre catarral ovina indican que la transmisión transplacentaria del virus de la fiebre catarral ovina es probable, al menos con respecto al serotipo 8. Por tanto, deben mantenerse las medidas preventivas adoptadas para evitar la posible propagación de la enfermedad por hembras preñadas o determinados animales recién nacidos, previstas en el Reglamento (CE) no 1266/2007, modificado por el Reglamento (CE) no 384/2008 de la Comisión (3).

(3)

Se considera que los animales que eran inmunes a la infección por fiebre catarral ovina antes de la inseminación artificial o el apareamiento, por habérseles administrado una vacuna viva modificada o una vacuna inactivada, no presentan ningún riesgo significativo por lo que respecta a esa enfermedad, siempre que haya transcurrido suficiente tiempo entre la vacunación y la inseminación o el apareamiento. El Reglamento (CE) no 1266/2007, modificado por el Reglamento (CE) no 384/2008, sólo contempla los animales vacunados con vacunas inactivas.

(4)

Dado que los datos científicos preliminares obtenidos no indican que haya un riesgo adicional con respecto a las hembras vacunadas con vacunas vivas modificadas al menos sesenta días antes de la inseminación o el apareamiento, debe ser posible eximir a todos los animales inmunizados, vacunados con vacunas inactivadas o vacunas vivas modificadas, de la prohibición de salida, siempre que haya transcurrido suficiente tiempo entre la vacunación y la inseminación o el apareamiento.

(5)

Los animales que pudieran no cumplir todos los requisitos necesarios para desplazarse de una explotación situada en una zona restringida a otra explotación situada fuera de la zona restringida, de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1266/2007, pero que se exporten a un tercer país, no plantean un riesgo adicional para la situación sanitaria de la Comunidad, ya que no están destinados a una explotación de la Comunidad. En consecuencia, los requisitos para su desplazamiento al punto de salida tal como se define en la Decisión 93/444/CEE de la Comisión, de 2 de julio de 1993, relativa a las normas aplicables a los intercambios intracomunitarios de determinados animales vivos y productos destinados a ser exportados a terceros países (4), no deben ser más estrictos que los aplicados a los animales enviados a los mataderos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1266/2007. Por consiguiente, cuando dichos animales vayan acompañados de un certificado establecido de conformidad con la Decisión 93/444/CEE, no debe exigirse ninguna certificación suplementaria relativa a las condiciones establecidas en el anexo III del Reglamento (CE) no 1266/2007. Por tanto, en el anexo III del Reglamento (CE) no 1266/2007 debe suprimirse la referencia a la Decisión 93/444/CEE.

(6)

Si, de acuerdo con las normas sobre bienestar de los animales, está previsto un período de descanso debido a la duración del transporte de los animales que se llevan a un matadero o punto de salida, las excepciones relativas al desplazamiento de dichos animales sólo deben aplicarse si es posible que el período de descanso tenga lugar en un puesto de control situado en la misma zona restringida de la explotación de origen, ya que entonces la interrupción del transporte directo en un puesto de control no implica ningún riesgo adicional.

(7)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 1266/2007 en consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal.

1)

El artículo 8 se modifica del siguiente modo:

2)

La sección A del anexo III se sustituye por el anexo del presente Reglamento.

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/23

(1)

El Reglamento (CEE) no 2077/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, relativo a las organizaciones y acuerdos interprofesionales en el sector del tabaco (2), quedará derogado a partir del 1 de julio de 2008 de conformidad con el artículo 201, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) no 1234/2007 (Reglamento único para las OCM).

(2)

Algunas disposiciones previstas en el Reglamento (CEE) no 2077/92 no se han incorporado en el Reglamento (CE) no 1234/2007. Con objeto de que el sector del tabaco pueda seguir funcionando correctamente y en aras de la claridad y la racionalización, ha de adoptarse un nuevo Reglamento en el que se establezcan dichas disposiciones, así como las disposiciones de aplicación actuales establecidas en el Reglamento (CEE) no 86/93 de la Comisión, de 19 de enero de 1993, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2077/92 del Consejo, relativo a las organizaciones y acuerdos interprofesionales en el sector del tabaco (3).

(3)

Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (CEE) no 86/93.

(4)

Las organizaciones interprofesionales, constituidas por agentes individuales o agrupaciones, que representan a un amplio sector de las distintas categorías que intervienen en la producción, la transformación y la comercialización del tabaco, pueden contribuir a apreciar con mayor claridad la situación del mercado y a facilitar la evolución de los comportamientos económicos con objeto de mejorar el conocimiento y la organización de la producción, la transformación y la comercialización. Algunas de sus actividades pueden contribuir a crear un mayor equilibrio del mercado y, por ende, coadyuvar a lograr los objetivos del artículo 33 del Tratado. Deben definirse las medidas que pueden constituir tal contribución de las organizaciones interprofesionales.

(5)

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, parece conveniente conceder un reconocimiento específico a los organismos que, a escala regional, interregional o comunitaria, demuestren su representatividad y realicen actividades que puedan contribuir a la consecución de los objetivos arriba mencionados. Este reconocimiento debe ser competencia de los Estados miembros o de la Comisión, en función del ámbito de actividad de la asociación comercial.

(6)

Para reforzar determinadas actividades de las organizaciones interprofesionales que presenten especial interés en relación con la normativa actual de la organización común de mercados del sector del tabaco, conviene contemplar la posibilidad de hacer extensivas, en determinadas condiciones, las normas adoptadas para sus miembros por la organización interprofesional al conjunto de los productores y de las agrupaciones, de una o varias regiones, no afiliadas. Los no afiliados deben también sufragar total o parcialmente las cotizaciones destinadas a sufragar los gastos no administrativos derivados de tales actividades. Este procedimiento debe aplicarse de forma que se garanticen los derechos de los círculos socioeconómicos interesados, en particular, los derechos de los consumidores.

(7)

Otras actividades de las organizaciones interprofesionales reconocidas pueden presentar un interés económico o técnico general para el sector del tabaco y, por este motivo, resultar provechosas para el conjunto de los agentes económicos de las ramas profesionales afectadas, aunque no pertenezcan a la organización. En tales casos, parece razonable que los no afiliados deban abonar las cuotas destinadas a cubrir los gastos no administrativos derivados directamente de la realización de esas actividades.

(8)

Con objeto de velar por el correcto funcionamiento del régimen, debe existir una cooperación estrecha entre los Estados miembros y la Comisión. Esta última ha de tener atribuciones de control permanentes, especialmente en lo que respecta al reconocimiento de las organizaciones interprofesionales que operan a nivel regional o interregional y los acuerdos y prácticas concertadas adoptadas por dichas organizaciones.

(9)

Para información de los Estados miembros y de todas las partes interesadas, se debe establecer que se publique, al menos una vez al año, una lista de las organizaciones reconocidas durante el año anterior, una lista de las organizaciones cuyo reconocimiento haya sido retirado durante el mismo período y las normas que hayan sido objeto de una extensión, indicando su ámbito de aplicación.

(10)

Para ser suficientemente representativa de su región, una organización interprofesional debe reunir, como mínimo, un tercio de las cantidades producidas, transformadas o compradas por los miembros de cada una de las ramas afectadas. De igual manera, para evitar desequilibrios entre regiones, debe cumplir este requisito en todas las regiones en las que opere.

(11)

Procede precisar que la actividad del comercio de tabaco abarca, además de la actividad de los que comercian con el mismo, la de la compra del tabaco embalado por parte de sus usuarios finales.

(12)

Para los casos en los que la Comisión sea la responsable del reconocimiento de una organización interprofesional, ha de especificarse la información que esta debe proporcionar a la Comisión.

(13)

La retirada del reconocimiento debe efectuarse, como regla general, con efectos desde el momento en que hayan dejado de cumplirse las condiciones del reconocimiento.

(14)

Conviene precisar que la representatividad mínima de las organizaciones interprofesionales que actúen en el ámbito interregional debe ser la misma que la prevista para las organizaciones interprofesionales regionales.

(15)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

a)

que ejerzan sus actividades a escala regional o interregional dentro de dicho territorio;

b)

que persigan los objetivos mencionados en el artículo 123, párrafo primero, letra c), del Reglamento (CE) no 1234/2007 al desarrollar actividades para:

c)

que no desempeñen ellas mismas tareas de producción, transformación o comercialización de los productos a los que se refiere el artículo 1;

d)

que abarquen una parte importante de la producción o del comercio en relación con la esfera de acción y las ramas profesionales representadas. En caso de que el ámbito de actuación de una organización interprofesional sea interregional, deberá justificar su representatividad en cada una de las ramas agrupadas y cada una de las regiones cubiertas.

a)

si las condiciones establecidas en el presente artículo dejan de cumplirse;

b)

si la organización interprofesional entra en el ámbito de aplicación del artículo 177, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1234/2007;

c)

si la organización interprofesional no cumple su obligación de efectuar la notificación exigida en el artículo 177, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1234/2007.

a)

que desarrollen sus actividades, total o parcialmente, en los territorios de varios Estados miembros o a escala comunitaria;

b)

que se hayan establecido al amparo de la legislación de un Estado miembro;

c)

que cumplan las condiciones enunciadas en el artículo 3, apartado 1, letras b), c) y d).

a)

del cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 123 del Reglamento (CE) no 1234/2007;

b)

del ámbito de sus actividades y del cumplimiento del artículo 3, apartado 1;

c)

del ámbito geográfico de sus actividades;

d)

de que se hayan establecido al amparo de la legislación de un Estado miembro;

e)

de que cumplen las condiciones de representatividad pertinentes a que se refiere el artículo 3, apartado 2.

a)

impediría, restringiría o falsearía la competencia en una parte importante del mercado común;

b)

atentaría contra la libertad del comercio, o

c)

comprometería los objetivos de la política agrícola común o de cualquier otra normativa comunitaria.

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/28

(1)

El precio comunitario de mercado del cerdo sacrificado a que se hace referencia en los artículos 17 y 37 del Reglamento (CE) no 1234/2007 debe fijarse ponderando los precios registrados en cada Estado miembro mediante unos coeficientes que expresen la importancia relativa del censo porcino de cada Estado miembro.

(2)

Es conveniente determinar dichos coeficientes a partir de los efectivos de ganado porcino registrados a principios de diciembre de cada año, en aplicación de la Directiva 93/23/CEE del Consejo, de 1 de junio de 1993, relativa a la realización de encuestas estadísticas en el sector porcino (2).

(3)

Sobre la base de los resultados del censo del mes de diciembre de 2007, procede fijar de nuevo los coeficientes de ponderación para el ejercicio 2008/09 y derogar el Reglamento (CE) no 846/2007 de la Comisión (3).

(4)

Puesto que la campaña de comercialización 2008/09 comienza el 1 de julio de 2008, conviene que el presente Reglamento se aplique a partir de esa fecha.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/30

(1)

El artículo 32 del Reglamento (CE) no 318/2006 dispone que la diferencia entre los precios del mercado mundial de los productos enumerados en el artículo 1, apartado 1, letra b), del citado Reglamento y los precios de esos productos en el mercado comunitario podrá compensarse mediante una restitución por exportación.

(2)

Habida cuenta de la situación actual del mercado del azúcar, conviene que las restituciones por exportación se fijen de acuerdo con las normas y determinados criterios que se establecen en los artículos 32 y 33 del Reglamento (CE) no 318/2006.

(3)

El artículo 33, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 318/2006 contempla la posibilidad de que las restituciones varíen en función del destino, cuando la situación del mercado mundial o las necesidades específicas de determinados mercados así lo exijan.

(4)

Las restituciones sólo deben concederse por los productos autorizados a circular libremente en la Comunidad y que cumplan los requisitos del Reglamento (CE) no 318/2006.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/32

(1)

El artículo 32 del Reglamento (CE) no 318/2006 dispone que la diferencia entre los precios del mercado mundial de los productos enumerados en el artículo 1, apartado 1, letras c), d) y g), del citado Reglamento y los precios de esos productos en el mercado comunitario podrá compensarse mediante una restitución por exportación.

(2)

Habida cuenta de la situación actual del mercado del azúcar, conviene que las restituciones por exportación se fijen de acuerdo con las normas y determinados criterios que se establecen en los artículos 32 y 33 del Reglamento (CE) no 318/2006.

(3)

El artículo 33, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 318/2006 contempla la posibilidad de que las restituciones varíen en función del destino, cuando la situación del mercado mundial o las necesidades específicas de determinados mercados así lo exijan.

(4)

Las restituciones solo deben concederse por los productos autorizados a circular libremente en la Comunidad y que cumplan los requisitos del Reglamento (CE) no 951/2006 de la Comisión, de 30 de junio de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 318/2006 en lo que respecta a los intercambios comerciales con terceros países en el sector del azúcar (2).

(5)

Las restituciones por exportación se pueden establecer para salvar la distancia competitiva existente entre las exportaciones de la Comunidad y las de terceros países. Las exportaciones comunitarias a determinados destinos próximos y a terceros países que otorgan a los productos comunitarios un tratamiento preferencial en la importación se encuentran actualmente en una posición competitiva favorable particular. Por ello, deben suprimirse las restituciones por exportación a estos destinos.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/34

(1)

El Reglamento (CE) no 900/2007 de la Comisión, de 27 de julio de 2007, relativo a una licitación permanente hasta el final de la campaña de comercialización 2007/08 para determinar las restituciones por exportación de azúcar blanco (2), exige que se realicen licitaciones parciales.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) no 900/2007 y tras un examen de las ofertas presentadas en respuesta a la licitación parcial que concluye el 24 de julio de 2008, procede fijar el importe máximo de la restitución por exportación para esa licitación parcial.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/35

(1)

El Reglamento (CE) no 1060/2007 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2007, por el que se abre una licitación permanente para la reventa destinada a la exportación de azúcar en poder de los organismos de intervención de Bélgica, República Checa, España, Irlanda, Italia, Hungría, Polonia, Eslovaquia y Suecia (2), exige que se realicen licitaciones parciales.

(2)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1060/2007 y tras un examen de las ofertas presentadas en respuesta a la licitación parcial que concluye el 23 de julio de 2008, procede fijar el importe máximo de la restitución por exportación para esa licitación parcial.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/36

(1)

El Reglamento (CE) no 474/2006 de la Comisión, de 22 de marzo de 2006, estableció la lista comunitaria de las compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad, prevista en el capítulo II del Reglamento (CE) no 2111/2005 (2).

(2)

De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2111/2005 y con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 473/2006 de la Comisión, de 22 de marzo de 2006, por el que se establecen las normas de aplicación de la lista comunitaria de las compañías aéreas objeto de una prohibición de explotación en la Comunidad, prevista en el capítulo II del Reglamento (CE) no 2111/2005 (3), un Estado miembro ha solicitado la actualización de la lista comunitaria.

(3)

De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2111/2005, algunos Estados miembros transmitieron a la Comisión la información pertinente en el contexto de la actualización de la lista comunitaria. Algunos terceros países también comunicaron información pertinente. Sobre esta base, procede actualizar la lista comunitaria.

(4)

La Comisión informó a todas las compañías aéreas afectadas, directamente o, de no haber sido esto posible, a través de las autoridades responsables de la supervisión normativa, de los hechos y argumentos esenciales en los que podría basarse la decisión de imponerles una prohibición de explotación dentro de la Comunidad o de modificar las condiciones de una prohibición de explotación impuesta a una compañía aérea incluida en la lista comunitaria.

(5)

La Comisión dio a las compañías aéreas afectadas la oportunidad de consultar los documentos facilitados por los Estados miembros, de comunicar por escrito sus observaciones y de hacer una presentación oral en un plazo de diez días hábiles ante la Comisión y ante el Comité de Seguridad Aérea, instaurado en virtud del Reglamento (CEE) no 3922/91 del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil (4).

(6)

Las autoridades responsables de la supervisión normativa de las compañías aéreas afectadas han sido consultadas por la Comisión, así como por algunos Estados miembros en determinados casos.

(7)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE) no 474/2006 en consecuencia.

(8)

Con arreglo a lo previsto en el considerando 41 del Reglamento (CE) no 331/2008 de la Comisíon y a invitación de la compañía Mahan Air, un equipo de expertos europeos efectuó una visita de información a la República Islámica de Irán del 16 al 20 de junio de 2008 para comprobar la aplicación, por parte de dicha compañía, de las acciones correctoras destinadas a subsanar las deficiencias de seguridad detectadas anteriormente. El informe muestra que la compañía ha realizado notables progresos tras su inclusión en la lista comunitaria y confirma que ha llevado a cabo las acciones correctoras necesarias para subsanar todas las deficiencias de seguridad que condujeron a la prohibición.

(9)

Asimismo, el informe señala que otras deficiencias podrían seguir afectando a la aeronavegabilidad continuada de una parte de la flota de la compañía, a excepción de dos aeronaves Airbus A-310 matriculadas en Francia (F-OJHH y F-OJHI). Se han adoptado algunas medidas, como la introducción de un nuevo programa informático o el nombramiento de un nuevo director técnico y de un nuevo gestor de la calidad, para evitar que dichas anomalías se repitan en el futuro. La Comisión también tomó nota de la intención de la compañía de explotar en la Comunidad únicamente las dos aeronaves matriculadas en Francia.

(10)

Sobre la base de los criterios comunes, se considera que Mahan Air ha ejecutado todas las medidas necesarias para ajustarse a las normas de seguridad pertinentes y que, por lo tanto, puede ser retirada de la lista del anexo A. La Comisión seguirá supervisando de cerca el funcionamiento de la compañía. Los Estados miembros verificarán sistemáticamente el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad aplicables concediendo prioridad a las inspecciones en pista de las aeronaves de dicha compañía, de conformidad con el Reglamento (CE) no 351/2008 de la Comisión, de 16 de abril de 2008, por el que se aplica la Directiva 2004/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la asignación de prioridad en las inspecciones en pista de las aeronaves que utilizan los aeropuertos de la Comunidad (5).

(11)

Hay pruebas fehacientes de que algunas compañías aéreas certificadas en la República de Gabón incurren en deficiencias de seguridad graves. La OACI llevó a cabo en 2007 su Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional y detectó la existencia de numerosas deficiencias importantes en relación con la capacidad de las autoridades de aviación civil de la República de Gabón de ejecutar sus tareas de supervisión de la seguridad aérea. En el momento de finalizar la auditoría, más del 93 % de las normas de la OACI no se aplicaban.

(12)

Hay pruebas fehacientes de que compañías aéreas certificadas en la República de Gabón y que operan en la Comunidad han incurrido reiteradamente en deficiencias de seguridad graves. Estas deficiencias fueron detectadas por las autoridades competentes de Francia durante inspecciones en pista realizadas en el marco del programa SAFA (6).

(13)

El Reino Unido notificó a la Comisión que, a la luz de los resultados del informe de auditoría de la OACI, el 4 de abril de 2008 había denegado la autorización de explotación a Gabon Airlines Cargo, sobre la base de los criterios comunes, en aplicación del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 2111/2005. Además, teniendo en cuenta las dudas planteadas por la OACI sobre la capacidad de la República de Gabón de ejercer debidamente sus tareas de supervisión de la seguridad de las compañías con licencia de dicho país, el Reino Unido solicitó a la Comisión el 7 de abril de 2008 que se actualizara la lista comunitaria, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 2111/2005 y con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 473/2006, con el fin de imponer una prohibición de explotación a todas las compañías certificadas por las autoridades competentes de la República de Gabón.

(14)

La Comisión, considerando los resultados de la auditoría de la OACI y la petición del Reino Unido, consultó a las autoridades competentes de Gabón sobre las medidas adoptadas para subsanar las deficiencias detectadas por la OACI y por los Estados miembros. Las autoridades competentes de Gabón reaccionaron rápidamente a las cuestiones planteadas y manifestaron su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar las normas aplicables de la OACI y para garantizar su cumplimiento lo antes posible. Además, las autoridades competentes de Gabón facilitaron pruebas a la Comisión de la adopción de un nuevo código de aviación civil en mayo de 2008 y de la elaboración de normas de explotación específicas en materia de aeronavegabilidad y operaciones, y comunicaron que se había decidido crear un organismo independiente de aviación civil (ANAC) y que la decisión se adoptaría en julio de 2008. Estas importantes iniciativas, emprendidas de manera rápida y eficaz por la República de Gabón, prevén un sistema totalmente nuevo de aviación civil, que podría implantarse para diciembre de 2008. Asimismo, las autoridades competentes de Gabón informaron a la Comisión y al Comité de Seguridad Aérea de la firma de un contrato con la OACI a partir de julio de 2008 y de un año de duración para que les ayudara a desarrollar su nuevo sistema de supervisión de la aviación civil.

(15)

En el ínterin, antes de que el ANAC sea plenamente operativo y las compañías aéreas reciban una nueva certificación en el nuevo marco legislativo e institucional, la República de Gabón comunicó a la Comisión y al Comité de Seguridad Aérea que se habían adoptado una serie de medidas inmediatas, a saber: la retirada del certificado de operador aéreo («AOC», por sus siglas en inglés) a Gabon Airlines Cargo el 13 de junio de 2008; la imposición de restricciones de explotación a las compañías gabonesas que vuelan a la Comunidad, con el fin de prohibir que utilicen aeronaves matriculadas fuera de la República de Gabón; la obligación de realizar inspecciones prevuelo de todas las aeronaves que despeguen de aeropuertos de Gabón con destino a la Comunidad, manteniendo en tierra las que no estén en condiciones satisfactorias hasta que se subsanen las deficiencias en materia de seguridad.

(16)

Un estudio de la Comisión sobre la situación de los certificados de operador aéreo de las compañías Solenta Aviation Gabon, Sky Gabon, Nouvelle Air Affaires Gabon, SCD Aviation, Nationale et Régionale Transport, Air Services SA, Air Tourist (Allegiance) revela problemas respecto a las especificaciones de operaciones. En particular, se autorizan operaciones en todo el mundo, aunque las autoridades competentes de Gabón afirman que éstas se limitan a Gabón y/o a la subregión. Por otro lado, las operaciones parecen limitarse a las Reglas de Vuelo Visual (VFR), que serían inadecuadas para volar en condiciones de seguridad en Europa. Las autoridades competentes de Gabón indicaron que se proponen aclarar la situación rápidamente. La Comisión considera que, hasta que no se examine la situación de la República de Gabón en materia de seguridad en la próxima reunión del Comité de Seguridad Aérea y tras la nueva certificación de conformidad con las normas de la OACI, estas compañías deben ser objeto de una prohibición de explotación e incluirse por tanto en la lista del anexo A, sobre la base de los criterios comunes.

(17)

Teniendo en cuenta los resultados de las inspecciones en pista llevadas a cabo en aeropuertos comunitarios en el marco del programa SAFA, así como el compromiso de las autoridades competentes de Gabón de contratar inspectores externos para proceder a inspecciones sistemáticas en pista antes de la salida de vuelos internacionales a la Comunidad, y la decisión del Gobierno de Gabón de prohibir los vuelos de este tipo en caso de que se observen deficiencias de seguridad, la Comisión considera que deben autorizarse los vuelos a la Comunidad de las dos compañías aéreas restantes (Gabon Airlines y Afrijet), a condición de que se limiten estrictamente a su nivel actual con las aeronaves utilizadas actualmente. Sobre la base de los criterios comunes, deben por tanto incluirse en la lista del anexo B.

(18)

La Comisión continuará supervisando de cerca el funcionamiento de estas dos compañías. Los Estados miembros verificarán sistemáticamente el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad aplicables concediendo prioridad a las inspecciones en pista de las aeronaves de dichas compañías, de conformidad con el Reglamento (CE) no 351/2008. La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, se propone comprobar si las medidas anunciadas se ejecutan satisfactoriamente realizando en su momento una visita sobre el terreno.

(19)

Las autoridades de la República Kirguisa informaron a la Comisión de que han expedido certificados de operador aéreo a las siguientes compañías: Valor Air y Artik Avia. Puesto que dichas autoridades han demostrado una falta de capacidad para llevar a cabo la supervisión adecuada de la seguridad de las compañías certificadas, ambas compañías deben ser incluidas en la lista del anexo A.

(20)

Las autoridades de la República Kirguisa facilitaron a la Comisión pruebas de la retirada del certificado de operador aéreo a las compañías siguientes: Botir Avia, Intal Avia y Air Central Asia. Dado que, en consecuencia, estas compañías han cesado sus actividades, procede retirarlas de la lista del anexo A.

(21)

De conformidad con el considerando 24 del Reglamento (CE) no 331/2008, las autoridades competentes de la República de Cuba comunicaron a la Comisión el 19 de junio de 2008 que se ha instalado el sistema E-GPWS en las aeronaves de tipo Ilyushin IL-62, con marcas de matrícula CU-T1284 y CU-T1280, de la compañía Cubana de Aviación. La aeronave del tipo IL-62 con matrícula CU-T1283 se retiró del servicio al haber llegado al final de su vida útil. Por otra parte, las autoridades competentes de la República de Cuba comunicaron a la Comisión que han comprobado que dicha compañía ha corregido efectivamente todas las deficiencias de seguridad anteriormente detectadas.

(22)

Tras examinar esta información, la Comisión considera que las medidas son adecuadas para subsanar todas las deficiencias de seguridad detectadas en las aeronaves explotadas por Cubana de Aviación en la Comunidad. Los Estados miembros verificarán sistemáticamente el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad aplicables concediendo prioridad a las inspecciones en pista de las aeronaves de dicha compañía, de conformidad con el Reglamento (CE) no 351/2008.

(23)

Hay pruebas fehacientes de que la compañía Iran National Airlines («Iran Air») está incumpliendo normas de seguridad específicas establecidas por el Convenio de Chicago al operar en la Comunidad. Estas deficiencias han sido detectadas por las autoridades competentes de Alemania, Austria, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza durante la realización de inspecciones en pista en el marco del programa SAFA (7).

(24)

La compañía presentó una serie de medidas correctoras, que fueron propuestas a las autoridades competentes de los Estados miembros mencionados, así como un plan de medidas correctoras dirigidas a subsanar sistemáticamente las deficiencias detectadas, que afectaban a diversos ámbitos de responsabilidad de la compañía. A invitación de la compañía y de las autoridades competentes de la República Islámica de Irán, un equipo de expertos europeos efectuó una visita de información del 16 al 20 de junio de 2008 para comprobar la aplicación, por parte de dicha compañía, de las diversas medidas correctoras. El informe muestra que la compañía ha creado, dentro de su departamento de aseguramiento de la calidad, una división encargada de controlar y rectificar las deficiencias de seguridad detectadas y de analizar las causas profundas para evitar que se repitan.

(25)

Sobre la base de los criterios comunes, se concluye que Iran Air va aplicando todas las medidas necesarias para resolver satisfactoriamente todas las deficiencias de seguridad detectadas, en cumplimiento de las normas de seguridad aplicables. Por consiguiente, en este momento no es necesario adoptar nuevas medidas. La Comisión continuará supervisando de cerca el funcionamiento de la compañía. Los Estados miembros verificarán sistemáticamente el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad aplicables concediendo prioridad a las inspecciones en pista de las aeronaves de dicha compañía, de conformidad con el Reglamento (CE) no 351/2008.

(26)

Hay pruebas fehacientes de que la compañía Yemenia — Yemen Airways está incumpliendo normas de seguridad específicas establecidas por el Convenio de Chicago cuando opera en la Comunidad. Estas deficiencias fueron detectadas por las autoridades competentes de Francia, Alemania e Italia durante inspecciones en pista realizadas en el marco del programa SAFA (8).

(27)

Yemenia ha firmado un contrato con el fabricante de aeronaves Airbus en virtud del cual esta empresa proporcionará expertos técnicos y auditores para formar al personal (pilotos e ingenieros) y para supervisar la actuación de la compañía en dos ámbitos concretos: mantenimiento e ingeniería y explotación técnica de aeronaves. La compañía fue auditada por Airbus en estos dos ámbitos en noviembre y diciembre de 2007 y presentó a continuación una serie de medidas correctoras para mejorar la seguridad y subsanar de manera sistemática las deficiencias a este respecto detectadas durante las inspecciones en pista. El 26 de mayo de 2008 se presentó un plan de medidas correctoras.

(28)

La Comisión considera que este plan de medidas correctoras no resuelve satisfactoriamente todos los problemas de seguridad detectados. Aunque la compañía ha demostrado que su estructura y su organización son eficaces y pueden garantizar el pleno cumplimiento de una política de seguridad, sigue habiendo problemas pendientes. En el ámbito de la explotación técnica, en particular la formación en tierra y en vuelo, no se demuestra debidamente si se aplicarán medidas correctoras ni de qué forma, ya que no se facilita información sobre las cualificaciones y la experiencia necesarias del personal asignado. En cuanto al mantenimiento y la ingeniería, el plan de acción deja muchos cabos sueltos, como ETOPS, la ingeniería o la biblioteca técnica, que son condiciones básicas elementales para la seguridad de los vuelos o para el correcto funcionamiento del mantenimiento. No es posible realizar una evaluación global del plan de acción en este ámbito, debido a las respuestas incompletas facilitadas por la compañía. El 12 y el 25 de junio de 2008 también se envió documentación complementaria a la Comisión. Esta documentación contiene un plan revisado de medidas correctoras tras nuevas conversaciones con Airbus. La documentación de apoyo de este plan se presentó a la Comisión el 7 de julio de 2008.

(29)

Con objeto de que la Comisión y los Estados miembros puedan completar la evaluación de dicha documentación, la Comisión pedirá a Yemenia otras clarificaciones relativas a la revisión del plan de medidas correctoras, habida cuenta de las conversaciones entre la compañía y Airbus.

(30)

La Comisión reconoce los esfuerzos de Yemenia por corregir las deficiencias de seguridad detectadas. Por otra parte, las últimas inspecciones en pista realizadas en la Comunidad no han revelado deficiencias importantes. Sin embargo, la Comisión considera que las medidas correctoras presentadas por Yemenia deben ejecutarse en su totalidad y supervisarse de cerca, y que los Estados miembros deben comprobar sistemáticamente el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad aplicables, dando prioridad a las inspecciones en pista de las aeronaves de esta compañía, de conformidad con el Reglamento (CE) no 351/2008.

(31)

Por consiguiente, en este momento, la Comisión considera que la compañía no debe ser incluida en la lista del anexo A. Una vez finalizada la evaluación del plan revisado de medidas correctoras y de la documentación de apoyo, la Comisión decidirá las medidas que deben tomarse.

(32)

Hay pruebas fehacientes de que todas las compañías aéreas certificadas en Camboya incurren en deficiencias de seguridad graves. Este Estado fue objeto de una auditoría de la OACI en noviembre y diciembre de 2007, que reveló numerosos incumplimientos de las normas internacionales. Además, la OACI comunicó a todas las partes contratantes la existencia de importantes problemas de seguridad en relación con la capacidad de las autoridades de aviación civil de Camboya de desempeñar su misión de supervisión de la seguridad aérea.

(33)

Las autoridades competentes de Camboya mostraron una capacidad insuficiente de ejecutar y hacer cumplir las normas de seguridad de la OACI. En particular, Camboya expidió nueve AOC sin haber establecido un sistema de certificación de sus operadores aéreos. El personal técnico y de operaciones de la Secretaría de Estado de Aviación Civil (en lo sucesivo «SEAC») no participó en el proceso de autorización de los solicitantes. La SEAC no puede garantizar que los titulares de AOC cumplan las disposiciones del anexo 6 de la OACI y los requisitos nacionales aplicables. Además, no es posible determinar de manera fiable el estado actual de aeronavegabilidad de las aeronaves matriculadas en Camboya.

(34)

La Comisión consultó a las autoridades competentes de Camboya sobre las medidas adoptadas para subsanar las deficiencias detectadas por la OACI. La SEAC ha mostrado su voluntad de mejorar la situación y ha emprendido una serie de medidas correctoras importantes, entre ellas la creación de un registro de aeronaves, la cancelación de la matrícula de una parte significativa de la flota, la suspensión de cuatro de los nueve AOC, y la publicación de varios reglamentos que entrarán plenamente en vigor en noviembre de 2008. La Comisión considera que estas primeras medidas correctoras son alentadoras y que los problemas de seguridad detectados por la OACI podrían quedar resueltos en cuanto se apliquen íntegramente todas las medidas.

(35)

La Comisión insta a la SEAC a tomar medidas decisivas para subsanar las deficiencias en materia de seguridad, en particular por lo que se refiere a la nueva certificación completa de los operadores con licencia de Camboya, para cumplir plenamente las normas de la OACI. Con este fin, la SEAC debe facilitar, antes de la próxima reunión del Comité de Seguridad Aérea de noviembre de 2008, toda la información pertinente relativa a la ejecución de las medidas destinadas a corregir las deficiencias de seguridad detectadas por la OACI; de lo contrario, la Comisión se verá obligada a decidir la inclusión en la lista del anexo A de todas las compañías aéreas con licencia de Camboya.

(36)

Las autoridades competentes de Sierra Leona comunicaron a la Comisión que han tomado medidas para proceder a la cancelación de las matrículas de todas las aeronaves registradas en Sierra Leona y han pedido que se eliminen de la lista del anexo A todas las compañías con licencia de Sierra Leona. Además, notificaron a la Comisión que la compañía Bellview Airlines (SL) ya no es titular de un AOC y que debía, por tanto, suprimirse de la lista del anexo A.

(37)

Por lo que se refiere a la retirada de esta lista de todas las compañías con licencia de Sierra Leona, en particular Bellview Airlines (SL), la Comisión estima que esta medida no se justifica, ya que no existen pruebas de que estas compañías hayan cesado sus actividades. Por consiguiente, deben seguir estando incluidas en la lista del anexo A.

(38)

Por lo que se refiere al esquema del plan de medidas correctoras enviado a la OACI por las autoridades competentes de Sierra Leona, la Comisión no ha recibido pruebas (documentación pertinente) de que se hayan subsanado las deficiencias detectadas en materia de supervisión de la seguridad y de las normas y prácticas recomendadas en el ámbito de la aviación civil con los plazos fijados de cumplimiento.

(39)

El 16 de mayo, la Comisión recibió una actualización de los progresos registrados en la ejecución del plan de medidas correctoras por las autoridades competentes de Indonesia. Las pruebas documentales pertinentes, recibidas por la Comisión el 16 de junio de 2008, demuestran que las autoridades nacionales son, en este momento, incapaces de garantizar la supervisión de las compañías aéreas que certifican, en particular por lo que se refiere a la supervisión de las operaciones de vuelo.

(40)

Asimismo, el 2 de junio de 2008 la Comisión recibió de las autoridades competentes de Indonesia información sobre la planificación y la ejecución de las actividades de supervisión de las compañías Garuda Indonesia, Ekpres Transportasi Antar Benua, Airfast Indonesia y Mandala Airlines. Las pruebas documentales pertinentes, recibidas por la Comisión el 16 de junio de 2008, demuestran que la supervisión de las operaciones de vuelo en las compañías mencionadas es insuficiente.

(41)

Las autoridades competentes de Indonesia presentaron observaciones al Comité de Seguridad Aérea el 10 de julio de 2008 en relación con las medidas correctoras dirigidas a subsanar las deficiencias de seguridad detectadas por la OACI. Sus observaciones reflejaban la documentación de apoyo relativa a la aplicación del plan de medidas correctoras presentado por Indonesia el 1 de julio de 2008. Las autoridades competentes de Indonesia han realizado considerables esfuerzos para rectificar la situación de la seguridad en su país y han empezado a aplicar una serie de medidas correctoras globales, que deberían completarse en los próximos meses. Estas autoridades también confirmaron que la OACI todavía no ha decidido dar por cerrado ninguno de los problemas constatados en sus últimas auditorías de noviembre de 2000, abril de 2004 y febrero de 2007.

(42)

Garuda Indonesia presentó el 7 de mayo de 2008 la información complementaria solicitada por la Comisión durante la audiencia de la compañía por el Comité de Seguridad Aérea, celebrada el 3 de abril de 2008, en lo que respecta a las medidas correctoras emprendidas en los ámbitos de los sistemas de control interno y de la instalación de E-GPWS en la flota de B-737. Del análisis de la documentación parece desprenderse que Garuda Indonesia ha llevado a cabo las medidas necesarias para atenerse a las normas de la OACI. Sin embargo, sigue suscitando inquietud el problema de las operaciones de vuelo a raíz de dos incidentes similares ocurridos el 9 y el 28 de mayo de 2008.

(43)

Sobre la base de los criterios comunes, y teniendo en cuenta que, hasta la fecha, la OACI no ha decidido dar por cerrado ninguno de los problemas constatados en sus auditorías, se concluye que, en este momento, las autoridades competentes de Indonesia no han demostrado haber ejercido sus responsabilidades en materia de regulación y supervisión, de conformidad con las normas de la OACI, respecto a todas las compañías que certifican. Por consiguiente, actualmente no puede eliminarse de la lista comunitaria a ninguna compañía indonesia.

(44)

La Comisión mantendrá estrechos contactos con la OACI a efectos de su evaluación de la capacidad de las autoridades competentes de Indonesia para ejecutar y hacer cumplir las normas de seguridad internacionales. La Comisión se propone realizar una visita a Indonesia antes de proceder a cualquier modificación de las medidas en vigor.

(45)

Las compañías Airfast Indonesia, Garuda Indonesia y Mandala Airlines solicitaron individualmente presentar sus comentarios de forma oral ante el Comité de Seguridad Aérea. Las audiencias tuvieron lugar el 9 y 10 de julio de 2008.

(46)

Las autoridades competentes de Indonesia han facilitado a la Comisión pruebas de la retirada del certificado de operador aéreo a la compañía Adam Sky Connection Airlines. Dado que esta compañía ha cesado en consecuencia sus actividades, conviene retirarla de la lista del anexo A.

(47)

Las autoridades competentes de Indonesia han facilitado a la Comisión una lista actualizada de las compañías aéreas titulares de un certificado de operador aéreo. Actualmente, las compañías certificadas en Indonesia son las siguientes: Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, Kartika Airlines, Mandala Airlines, Trigana Air Service, Metro Batavia, Pelita Air Service (AOC 121-008 y 135-001), Indonesia Air Asia, Lion Mentari Airlines, Wing Adabi Nusantara, Riau Airlines, Transwisata Prima Aviation, Tri MG Intra Airlines (AOC 121-018 y 135-037), Ekspres Transportasi Antar Benua, Manunggal Air Service, Megantara Airlines, Linus Airways, Indonesia Air Transport, Sriwijaya Air, Travel Expres Airlines, Republic Expres Airlines, Airfast Indonesia, Helizona, Sayap Garuda Indah, Survei Udara Penas, Travira Utama, Derazona Air Service, National Utility Helicopter, Deraya Air Taxi, Dirgantara Air Service, SMAC, Kura-Kura Aviation, Gatari Air Service, Intan Angkasa Air Service, Air Pacific Utama, Transwisata Prima Aviation, Asco Nusa Air, Atlas Deltasatya, Pura Wisata Baruna, Panarbangan Angkasa Semesta, ASI Pujiastuti, Aviastar Mandiri, Dabi Air Nusantara, Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Sampurna Air Nusantara, y Eastindo. La lista comunitaria debe actualizarse en consecuencia e incluirse a estas compañías en la lista del anexo A.

(48)

Además, las autoridades competentes de Indonesia han informado a la Comisión de la suspensión del AOC de las compañías Helizona, Dirgantara Air Service, Kura-Kura Aviation, Asco Nusa Air y Tri MG Intra Airlines. Puesto que estas medidas son de carácter temporal, la Comisión considera que no se justifica su retirada de la lista del anexo A.

(49)

En su programa IASA (International Aviation Safety Assessment Program), la Administración de Aviación Civil (FAA) del Ministerio Federal de Transportes de los Estados Unidos rebajó la clasificación de seguridad de la República de Filipinas por no respetar las normas internacionales de seguridad establecidas por la OACI. Por consiguiente, las compañías de la República de Filipinas sólo pueden continuar operando a los niveles actuales bajo una mayor vigilancia de la FAA. No se autoriza la ampliación o la modificación de los servicios prestados por estas compañías en los Estados Unidos.

(50)

La OACI ha comunicado que en noviembre de 2008 procederá a una inspección completa de la Air Transportation Office de la República de Filipinas en el marco de su Programa Universal de Auditoría de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP).

(51)

La Comisión entabló consultas con las autoridades competentes de Filipinas para transmitirle sus inquietudes respecto a la seguridad operacional de las compañías con licencia de ese país. Las autoridades filipinas indicaron que en marzo de 2008 se adoptó una nueva ley relativa a la autoridad de aviación civil y que la autoridad competente se ha reestructurado para convertirse en un organismo totalmente independiente; este organismo inició sus actividades el 7 de julio de 2008. Sin embargo, todavía no se ha presentado un plan detallado de medidas correctoras.

(52)

La Comisión considera que debe aplazarse la decisión sobre la posible inclusión de todas las compañías certificadas en la República de Filipinas en la lista comunitaria hasta que no se conozcan los resultados de la auditoría de la OACI. Mientras tanto, la Comisión y los Estados miembros continuarán controlando la situación de estas compañías en materia de seguridad.

(53)

Tras la adopción del Reglamento (CE) no 331/2008, las 13 compañías rusas sujetas a restricciones de explotación en virtud de una decisión de las autoridades competentes de la Federación de Rusia presentaron oralmente a la Comisión y algunos Estados miembros sus observaciones entre el 21 y el 23 de abril de 2008. La documentación remitida por estas compañías y las presentaciones de las autoridades responsables de la supervisión permitieron aclarar su situación en términos de seguridad y su conformidad con las normas de la OACI aplicables a los vuelos internacionales. Las audiencias también permitieron concluir que, según los documentos facilitados por las autoridades de aviación de la Federación de Rusia, algunas aeronaves no cuentan con los equipos necesarios para realizar vuelos internacionales, conforme a las normas de la OACI, puesto que carecen en particular de los equipos obligatorios TAWS y E-GPWS. Estas autoridades se comprometieron a adoptar las medidas necesarias en el marco de la legislación rusa para prohibir la explotación de estas aeronaves en rutas de entrada o salida del territorio comunitario, o situadas en el interior del mismo, así como de Islandia, Noruega y Suiza, y a revisar los AOC y las especificaciones de operaciones de las compañías aéreas afectadas. Antes de cualquier vuelo de estas aeronaves en el espacio aéreo comunitario, se notificará a la Comisión el AOC revisado, junto con las especificaciones completas de operaciones. El 25 de abril de 2008 las autoridades competentes de la Federación de Rusia adoptaron una decisión que entró en vigor el 26 de abril de 2008.

(54)

Según esa decisión, las siguientes aeronaves no pueden operar en rutas de entrada o salida del territorio comunitario, o situadas en el interior del mismo:

(55)

No se encontraron estos tipos de aeronaves en las compañías Airlines 400 JSC y Atlant Soyuz.

(56)

Las autoridades competentes de la Federación de Rusia y la Comisión mantienen su compromiso de continuar su estrecha colaboración y de intercambiar toda la información necesaria en relación con la seguridad de sus compañías aéreas. Los Estados miembros verificarán sistemáticamente el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad aplicables concediendo prioridad a las inspecciones en pista de las aeronaves de dichas compañías, de conformidad con el Reglamento (CE) no 351/2008.

(57)

Como se indica en el considerando 18 del Reglamento (CE) no 331/2008, la compañía Ukraine Cargo Airways presentó el 1 de abril de 2008 un plan revisado de medidas correctoras que reflejaba los cambios exigidos por las autoridades competentes de Ucrania a raíz de una auditoría de la empresa. El 11 de abril de 2008 la Comisión pidió a las autoridades competentes de Ucrania que presentaran, a más tardar el 10 de mayo de 2008, pruebas de que habían comprobado la aplicación efectiva del plan revisado de medidas correctoras.

(58)

El 19 de junio de 2008 las autoridades competentes de Ucrania informaron a la Comisión de que no estaban en condiciones de confirmar el cumplimiento de las medidas correctoras por parte de la compañía Ukraine Cargo Airways. Señalaron además que consideraban ineficaces algunas de dichas medidas. El 27 de junio estas autoridades presentaron documentación de apoyo en la que notificaban a la Comisión que aunque la compañía había hecho progresos esenciales en la mejora de las condiciones técnicas de su flota, la documentación, la política y los procedimientos, así como la formación de las tripulaciones, el operador, por problemas de tiempo y por otras circunstancias, en particular los retrasos causados por las organizaciones de mantenimiento, no podía finalizar todos los trabajos en todas las aeronaves y mejorar la formación del personal de vuelo. Las autoridades competentes de Ucrania confirmaron estar preparadas para continuar la supervisión global de Ukraine Cargo Airways y su compromiso de entregar al Comité de Seguridad Aérea la decisión completa sobre la aplicación efectiva por la compañía de su plan de medidas correctoras. El 8 de julio las autoridades competentes de Ucrania presentaron a la Comisión su decisión de suprimir las restricciones de explotación impuestas a determinadas aeronaves de la compañía Ukraine Cargo Airways tras comprobar la aplicación por la misma del plan de medidas correctoras.

(59)

Según las observaciones presentadas al Comité de Seguridad Aérea el 10 de julio de 2008 por las autoridades competentes de Ucrania y de Ukraine Cargo Airways, los controles en pista de 15 aeronaves de la compañía revelaron que el plan de medidas correctoras se había aplicado solamente en el caso de 6 aeronaves que cumplían las normas de la OACI; se decidió suprimir cualquier restricción que estas autoridades hubieran impuesto previamente a estas aeronaves. Además, según estas autoridades, se comprobó que las nueve aeronaves restantes no cumplían las medidas requeridas para garantizar la aplicación de las normas de la OACI, por lo que seguían sujetas a restricciones de explotación en Ucrania.

(60)

La Comisión reconoce que la compañía ha demostrado su voluntad de adoptar medidas correctoras para subsanar las deficiencias de seguridad que afectaban a toda su flota. Sin embargo, considera que, sobre la base de las pruebas documentales relativas a los resultados de las verificaciones efectuadas hasta la fecha por las autoridades competentes de Ucrania, así como de las observaciones presentadas al Comité de Seguridad Aérea por estas autoridades, el plan no ha sido aplicado en su integridad por la compañía, ya que las verificaciones efectuadas por la autoridad competente de Ucrania indican que, por ahora, estas medidas no son ni idóneas ni eficaces. De hecho, a la Comisión le sigue preocupando que la compañía sólo haya podido garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad de una parte de su flota, mientras que, según este plan, la empresa debía instaurar un sistema de gestión de la flota que garantizara que todas las medidas se aplicarían por igual a todas sus aeronaves. Por consiguiente, sobre la base de los criterios comunes, esta compañía no puede por el momento ser retirada de la lista del anexo A.

(61)

Según lo previsto en el considerando 21 del Reglamento (CE) no 331/2008, la Comisión solicitó el 11 de abril de 2008 a las autoridades competentes de Ucrania que presentaran a más tardar el 10 de mayo de 2008 un plan de medidas para mejorar las actividades de supervisión de la seguridad de las compañías sometidas a su control normativo y de las aeronaves matriculadas en Ucrania. El 22 de mayo de 2008, durante las consultas celebradas con las autoridades competentes de Ucrania de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) no 473/2006, la Comisión volvió a solicitar esta información. Las autoridades competentes de Ucrania presentaron este plan el 31 de mayo de 2008. En él se abordan los aspectos siguientes: la legislación relativa al desarrollo, la aplicación y el control del cumplimiento de la legislación y de las normas precisas, vinculantes y claramente identificables, en materia de seguridad, utilizadas en Ucrania para la aprobación y la supervisión de las organizaciones, las aeronaves y el personal; los recursos de la Administración de la Aviación del Estado, incluidas las cualificaciones y la formación del personal para garantizar que el número, las cualificaciones y la experiencia de dicho personal, en particular la formación inicial y periódica, son adecuados para hacer frente a la carga de trabajo que implica la supervisión de la seguridad de los operadores, las aeronaves y el personal en Ucrania; y, por último, la supervisión de la aeronavegabilidad continuada y el mantenimiento de las aeronaves, indicando de qué forma las autoridades competentes de Ucrania garantizan la aeronavegabilidad continuada de las aeronaves sujetas a su responsabilidad normativa, así como su mantenimiento, de conformidad con programas de mantenimiento homologados, que se revisan periódicamente.

(62)

Igualmente, las autoridades competentes de Ucrania presentaron pruebas de las medidas legislativas aplicables hasta que se adopte el nuevo código de aviación que regula también aspectos de la seguridad.

(63)

La Comisión considera que el plan de acción presentado contiene medidas destinadas a aumentar y reforzar las actividades de supervisión de la seguridad en Ucrania. No obstante, actualmente no puede evaluarse la eficacia de este plan, debido a que el plazo de aplicación de las medidas correctoras no finaliza hasta 2011, aunque la mayoría de las medidas relativas a la supervisión de la aeronavegabilidad continuada y el mantenimiento deben introducirse para finales de 2008.

(64)

A tenor de lo anterior, la Comisión considera que es necesario supervisar de cerca la aplicación progresiva de este plan. Las autoridades competentes de Ucrania deben presentar un informe de ejecución sobre una base trimestral. Por consiguiente, la Comisión tiene la intención de realizar una visita a la autoridad competente de Ucrania para verificar la ejecución efectiva de las medidas que han de entrar en vigor a más tardar a finales de 2008. Por otro lado, los Estados miembros verificarán sistemáticamente el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad aplicables concediendo prioridad a las inspecciones en pista de las aeronaves de las compañías con licencia de Ucrania, de conformidad con el Reglamento (CE) no 351/2008.

(65)

Pese a las peticiones específicas de la Comisión, ésta no ha recibido hasta el momento pruebas de la plena aplicación de medidas correctoras adecuadas por parte de las demás compañías incluidas en la lista comunitaria actualizada el 16 de abril de 2008 y de las autoridades responsables de la supervisión normativa de dichas compañías. Por consiguiente, sobre la base de los criterios comunes, se considera que dichas compañías aéreas deben seguir sujetas a una prohibición de explotación (anexo A) o a restricciones de explotación (anexo B), según proceda.

(66)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de Seguridad Aérea.

1)

Se sustituye el anexo A por el anexo A del presente Reglamento.

2)

Se sustituye el anexo B por el anexo B del presente Reglamento.

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/52

(1)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 318/2006 se puede compensar la diferencia entre los precios en el mercado internacional y los precios en la Comunidad de los productos mencionados en el artículo 1, apartado 1, letras b), c), d) y g), de dicho Reglamento mediante una restitución a la exportación cuando estos productos se exportan en forma de mercancías que figuran en el anexo VII de dicho Reglamento.

(2)

En el Reglamento (CE) no 1043/2005 de la Comisión, de 30 de junio de 2005, por el que se aplica el Reglamento (CE) no 3448/93 del Consejo en lo que se refiere al régimen de concesión de restituciones a la exportación para determinados productos agrícolas exportados en forma de mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado, y los criterios para la fijación de su importe (2), se determina para cuáles de estos productos es preciso fijar un tipo de restitución para aplicarlo a su exportación en forma de mercancías incluidas en el anexo VII del Reglamento (CE) no 318/2006.

(3)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1043/2005, es preciso fijar cada mes el tipo de la restitución por 100 kilogramos de cada uno de los productos de base de que se trate.

(4)

En el artículo 32, apartado 4, del Reglamento (CE) no 318/2006 se establece que la restitución concedida a la exportación para un producto incorporado en una mercancía no puede ser superior a la aplicable al mismo producto exportado sin transformar.

(5)

Las restituciones fijadas en el presente Reglamento pueden ser objeto de fijación anticipada, ya que la situación del mercado en los meses venideros no puede determinarse en la actualidad.

(6)

Los compromisos adquiridos en materia de restituciones que pueden concederse a la exportación de productos agrícolas incorporados en mercancías no incluidas en el anexo I del Tratado pueden peligrar por la fijación anticipada de tipos de restitución elevados. En consecuencia, conviene adoptar medidas de salvaguardia en estas situaciones sin impedir por ello la celebración de contratos a largo plazo. La fijación de un tipo de restitución específico para la fijación anticipada de las restituciones es una medida que permite alcanzar estos diferentes objetivos.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/54

(1)

El Reglamento (CE) no 1451/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, relativo a la segunda fase del programa de trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la comercialización de biocidas (2) establece una lista de sustancias activas que deben evaluarse con vistas a su posible inclusión en los anexos I, IA o IB de la Directiva 98/8/CE. Dicha lista incluye el dióxido de carbono.

(2)

Con arreglo al Reglamento (CE) no 1451/2007, el dióxido de carbono se ha evaluado conforme a lo dispuesto en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE para su uso en el tipo de producto 14, rodenticidas, conforme a la definición del anexo V de la Directiva 98/8/CE.

(3)

Francia fue designada Estado miembro ponente y el 15 de mayo de 2006 presentó a la Comisión el informe de la autoridad competente, junto con una recomendación, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, apartados 4 y 6, del Reglamento (CE) no 1451/2007.

(4)

Los Estados miembros y la Comisión examinaron el informe de la autoridad competente. Conforme a lo dispuesto en el artículo 15, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1451/2007, las conclusiones del examen se incorporaron a un informe de evaluación en la reunión del Comité permanente de biocidas de 21 de junio de 2007, junto con una propuesta para incluir el dióxido de carbono en el anexo IA de la Directiva 98/8/CE, solo para su utilización en cartuchos de gas listos para el uso y provistos de un dispositivo de retención.

(5)

Toda sustancia activa enumerada en el anexo IA debería normalmente estar también enumerada en el anexo I. La inclusión en el anexo I cubriría aquellos usos para los cuales puede esperarse que los productos satisfagan las exigencias del artículo 5 de la Directiva 98/8/CE, pero no las aplicables a los productos de bajo riesgo. Este es el caso de ciertos biocidas utilizados como rodenticidas y que contienen dióxido de carbono. Por tanto, procede incluir el dióxido de carbono en el anexo I para el tipo de producto 14, con objeto de asegurar que se concedan, modifiquen o suspendan en todos los Estados miembros las autorizaciones de los biocidas utilizados como rodenticidas que contienen dióxido de carbono, conforme a lo dispuesto en el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 98/8/CE.

(6)

El informe de evaluación se modificó en consecuencia y fue revisado por el Comité permanente de biocidas el 29 de noviembre de 2007.

(7)

El examen acerca del dióxido de carbono no ha puesto de manifiesto ninguna cuestión pendiente o preocupación que tenga que abordar el Comité científico de los riesgos sanitarios y medioambientales.

(8)

La evaluación a nivel comunitario se efectuó para un uso específico. Además, de conformidad con el artículo 8, apartado 5, de la Directiva, no se presentó, y por tanto no se evaluó, alguna información. Por consiguiente, es procedente que todos los Estados miembros evalúen los riesgos para los compartimentos del medio ambiente y las poblaciones a los que no se haya referido de manera representativa la evaluación de riesgos a nivel comunitario y que, al conceder autorizaciones para los productos, se aseguren de que se tomen medidas adecuadas o se impongan condiciones específicas a fin de mitigar los riesgos detectados reduciéndolos a niveles aceptables.

(9)

Es importante que las disposiciones de la presente Directiva se apliquen simultáneamente en todos los Estados miembros para garantizar la igualdad de trato de los biocidas que contienen dióxido de carbono como sustancia activa y asimismo para facilitar el correcto funcionamiento del mercado de los biocidas en general.

(10)

Debe permitirse que, antes de la inclusión de una sustancia activa en el anexo I, transcurra un plazo razonable de manera que los Estados miembros y las partes interesadas puedan prepararse para cumplir los nuevos requisitos consiguientes y para que los solicitantes que tengan preparados expedientes puedan aprovechar plenamente el período de diez años de protección de los datos, que comienza en la fecha de inclusión, de conformidad con el artículo 12, apartado 1, letra c), inciso ii), de la Directiva 98/8/CE.

(11)

Tras la inclusión, debe permitirse que transcurra un plazo razonable para que los Estados miembros apliquen el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 98/8/CE y, en particular, para que concedan, modifiquen o suspendan las autorizaciones de biocidas en productos de tipo 14 que contengan dióxido de carbono, al efecto de garantizar que cumplen la Directiva 98/8/CE.

(12)

Por tanto, la Directiva 98/8/CE debe modificarse en consecuencia.

(13)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de biocidas.

25.7.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 197/57

(1)

La Decisión 2008/155/CEE de la Comisión, de 14 de febrero de 2008, por la que se establece una lista de equipos de recogida y producción de embriones autorizados en terceros países para las importaciones de embriones de la especie bovina en la Comunidad (2), dispone que los Estados miembros importarán embriones procedentes de terceros países únicamente si han sido recogidos, transformados y almacenados por un equipo de recogida de embriones o un equipo de producción de embriones que figuren en la lista del anexo de dicha Decisión.

(2)

Canadá y Estados Unidos han solicitado que se modifiquen las listas de estos países con respecto a determinados equipos de recogida de embriones.

(3)

Canadá y Estados Unidos han aportado garantías en relación con el cumplimiento de las normas pertinentes establecidas en la Directiva 89/556/CEE, y los equipos de recogida de embriones en cuestión han sido autorizados oficialmente por los servicios veterinarios de dichos países a efectuar exportaciones a la Comunidad.

(4)

Procede, por tanto, modificar la Decisión 2008/155/CE en consecuencia.

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.