5.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 146/1

(1)

El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

5.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 146/3

(1)

El Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra (denominado en lo sucesivo «el Acuerdo de estabilización y asociación»), se firmó en Luxemburgo el 15 de octubre de 2007. Este Acuerdo se halla en proceso de ratificación.

(2)

El 15 de octubre de 2007, el Consejo celebró un Acuerdo interino sobre comercio y asuntos relacionados con el comercio entre la Comunidad Europea, por una parte, y la República de Montenegro, por otra (2) (denominado en lo sucesivo «el Acuerdo interino»), el cual se aprobó mediante la Decisión 2007/855/CE del Consejo, de 15 de octubre de 2007 (3). El Acuerdo interino prevé la pronta entrada en vigor de las disposiciones sobre comercio y asuntos relacionados con el comercio del Acuerdo de estabilización y asociación. El Acuerdo interino entra en vigor el 1 de enero de 2008.

(3)

El Acuerdo de estabilización y asociación y el Acuerdo interino disponen que pueden importarse en la Comunidad con derechos de aduana nulos o reducidos, dentro de unos contingentes arancelarios, determinados pescados y productos de la pesca originarios de la República de Montenegro.

(4)

Los contingentes arancelarios previstos en el Acuerdo interino y en el Acuerdo de estabilización y asociación son anuales y se establecen por un período indeterminado. Es necesario abrir los contingentes arancelarios comunitarios correspondientes a 2008 y los años siguientes y establecer un sistema de gestión común.

(5)

La gestión común debe garantizar el acceso igual y permanente de todos los importadores de la Comunidad a los contingentes y la aplicación sin interrupción de los derechos aplicables a estos contingentes a todas las importaciones de los productos en cuestión en todos los Estados miembros hasta el agotamiento de dichos contingentes. Para garantizar la eficacia del sistema, procede autorizar a los Estados miembros para que utilicen las cantidades necesarias de los contingentes que correspondan a las importaciones reales. Hace falta una estrecha colaboración entre los Estados miembros y la Comisión, la cual deberá poder controlar, en particular, el estado de agotamiento de los volúmenes contingentarios e informar de ello a los Estados miembros. Por razones de rapidez y eficacia, la comunicación entre los Estados miembros y la Comisión debería hacerse, en la medida de lo posible, por vía electrónica.

(6)

Por consiguiente, los contingentes abiertos al amparo del presente Reglamento deben gestionarse conforme al sistema de gestión de las preferencias arancelarias dentro de los contingentes arancelarios destinados a ser utilizados siguiendo el orden cronológico de las fechas de admisión de las declaraciones de aduana que se establece en el Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, por el que se establece el código aduanero comunitario (4).

(7)

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de estabilización y asociación y el Acuerdo interino, los volúmenes de los contingentes arancelarios de las preparaciones y conservas de sardinas y de las preparaciones y conservas de anchoas se aumentarán a 250 toneladas desde el 1 de enero del cuarto año siguiente al de la entrada en vigor del Acuerdo interino, siempre que se haya utilizado, a más tardar el 31 de diciembre de dicho año, el 80 % como mínimo del contingente arancelario precedente. De aplicarse, los volúmenes de los contingentes incrementados seguirán aplicándose mientras las partes en el Acuerdo de estabilización y asociación y en el Acuerdo interino no acuerden otra cosa.

(8)

Puesto que el Acuerdo interino entra en vigor el 1 de enero de 2008, procede que el presente Reglamento se aplique desde la misma fecha y se siga aplicando después de la entrada en vigor del Acuerdo de estabilización y asociación.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del código aduanero.

5.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 146/7

(1)

El Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas (2) establece un control de las importaciones de los productos que se recogen en su anexo XVII. Este control ha de efectuarse con arreglo a lo dispuesto en el artículo 308 quinquies del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (3).

(2)

A efectos de la aplicación del artículo 5, apartado 4, del Acuerdo sobre la Agricultura (4) celebrado en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, y sobre la base de los últimos datos disponibles para 2005, 2006 y 2007, es necesario modificar los volúmenes que activan la imposición de derechos adicionales a los tomates, los albaricoques, los limones, las ciruelas, los melocotones, incluidas las nectarinas, las peras y las uvas de mesa.

(3)

Procede, pues, modificar el Reglamento (CE) no 1580/2007 en consecuencia.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

5.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 146/9

(1)

De conformidad con el artículo 162 del Reglamento (CE) no 1234/2007, los productos que se relacionan en ese artículo para ser exportados con o sin ulterior transformación pueden beneficiarse de las restituciones por exportación si cumplen las condiciones específicas contempladas en el artículo 167 de dicho Reglamento. Por otra parte, el artículo 167, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1234/2007 dispone que la Comisión podrá establecer condiciones adicionales para la concesión de las restituciones por exportación para uno o varios productos. Estas condiciones se establecen actualmente en los reglamentos del Consejo sobre la organización común de mercado de los sectores relacionados en el artículo 162, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007. Dado que estos reglamentos van a ser derogados de conformidad con el artículo 201 del Reglamento (CE) no 1234/2007, conviene prever disposiciones horizontales a partir de las fechas de aplicación del Reglamento (CE) no 1234/2007 previstas en el artículo 204 de dicho Reglamento.

(2)

Ya existen disposiciones horizontales en el Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas (3). Conviene pues adaptar dicho Reglamento con el fin de establecer las condiciones contempladas en el artículo 167, apartado 7, del Reglamento (CE) no 1234/2007.

(3)

Los reglamentos del Consejo sobre la organización común de mercado en el sector de los huevos y las aves de corral, el sector de la carne de cerdo y el sector del arroz permiten beneficiarse de las restituciones por exportación por productos no originarios de la Comunidad que hayan sido importados y posteriormente exportados mientras no hayan sido suficientemente transformados en el sentido del artículo 24 del Reglamento (CEE) no 2913/92, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario (4). Las restituciones están limitadas en este caso a los derechos de importación pagados y, además, el exportador debe probar que el producto importado y exportado es el mismo. En aras de la simplificación y de la armonización, y teniendo en cuenta que la aplicación de la norma es engorrosa y muy poco práctica, esta no debe mantenerse.

(4)

El origen comunitario como requisito previo para beneficiarse de restituciones por exportación es una salvaguarda importante contra la mala utilización del presupuesto comunitario. En particular, se destina a evitar el falseamiento del comercio en forma de operaciones de importación sin fines comerciales de introducción de mercancías en el mercado comunitario, sino exclusivamente motivadas por la posibilidad de obtener restituciones por exportación en el momento de la exportación. Conviene mantener esta salvaguarda que se aplica a los cereales, el arroz, la carne de vacuno, la leche y los productos lácteos, la carne de cerdo, los huevos y la carne de aves de corral. En aras de una protección permanente contra la mala utilización del presupuesto comunitario, es necesario establecer una disposición horizontal aplicable a todos los sectores contemplados en el artículo 162 del Reglamento (CE) no 1234/2007.

(5)

En lo que respecta al azúcar, con objeto de organizar los suministros a las refinerías en toda la Comunidad, se ha establecido en las sucesivas organizaciones comunes de mercado del azúcar un régimen preferente especial de acceso al mercado comunitario, en virtud del cual se ofrece a la industria del refinado la posibilidad de importar en condiciones especiales determinadas cantidades de azúcar de caña en bruto originario de los países ACP que son partes en el Protocolo no 3 del anexo IV del Acuerdo de asociación ACP-CE, y de la India y otros Estados en virtud de acuerdos con los mismos. Este régimen preferente de importación se ha llevado a cabo en el marco de la organización común de mercado del azúcar. Por consiguiente, el artículo 27, apartado 12, letra b), del Reglamento (CE) no 1260/2001, de 19 de junio de 2001, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del azúcar (5), dispone que deben concederse restituciones por los productos importados al amparo de este régimen. Con la misma lógica, el Consejo decidió que la prueba del origen comunitario no debía exigirse para poder beneficiarse de las restituciones en virtud de la organización común de mercado del sector de azúcar establecida por el Reglamento (CE) no 318/2006 del Consejo (6). Por consiguiente, el requisito del origen comunitario no debe aplicarse al sector del azúcar.

(6)

A raíz de la supresión de las restituciones por exportación para algunos productos, se redujo la lista de productos respecto de los cuales deben fijarse las restituciones sobre la base de un componente en el caso de productos compuestos que cumplen las condiciones para la restitución. Por consiguiente, conviene mencionar únicamente los productos restantes a este respecto.

(7)

El requisito del origen comunitario en el sector de los cereales ya se establece en el artículo 12 del Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones a la exportación y a las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (7). En aras de la transparencia y de la racionalización, este requisito debe sustituirse por la disposición horizontal que establece el requisito del origen comunitario.

(8)

Procede, pues, modificar los Reglamentos (CE) no 1501/95 y (CE) no 800/1999 en consonancia.

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la organización común de mercados agrícolas.

1)

El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 1

El presente Reglamento establece, sin perjuicio de las excepciones previstas en la normativa comunitaria específica sobre determinados productos, las disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación, en lo sucesivo denominadas “las restituciones”:

2)

El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 11

1.   Se concederán restituciones por los productos contemplados en el artículo 162, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1234/2007 que, con independencia de la situación aduanera de los envases, estén en libre práctica y sean originarios de la Comunidad.

No obstante, para los productos del azúcar contemplados en el artículo 162, apartado 1, letra a), inciso iii), y letra b), del Reglamento (CE) no 1234/2007, podrán concederse las restituciones cuando se encuentren solo en libre práctica.

2.   Para la concesión de la restitución, se considerarán de origen comunitario los productos que hayan sido obtenidos enteramente en la Comunidad o hayan sufrido su última transformación o elaboración sustancial en la Comunidad, de conformidad con las disposiciones de los artículos 23 o 24 del Reglamento (CEE) no 2913/92.

No obstante, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4, no cumplen las condiciones para la restitución los productos obtenidos a partir de:

3.   Cuando la concesión de la restitución esté supeditada al origen comunitario del producto, el exportador deberá declarar el origen tal como se define en el apartado 2, de conformidad con la normativa comunitaria vigente.

4.   En el momento de la exportación de los productos compuestos que cumplan las condiciones para la restitución fijada en relación con uno o varios de sus componentes, se concederá la restitución correspondiente a este o estos últimos siempre que el componente o componentes cumplan la condición establecida en el apartado 1.

Se concederá igualmente la restitución cuando el componente o componentes, en relación con los cuales se haya solicitado la restitución, tuvieran originalmente origen comunitario o se encuentren en libre práctica tal como se contempla en el apartado 1 y ya no se encuentren en libre práctica debido exclusivamente a su incorporación a otros productos.

5.   A efectos de la aplicación del apartado 4, se considerarán restituciones fijadas en relación con un componente las restituciones aplicables a:

a)

a los sectores de los cereales, la carne de vacuno, la carne de cerdo, la leche y los productos lácteos, los huevos y la carne de aves de corral, a partir del 1 de julio de 2008;

b)

al sector del arroz a partir del 1 de septiembre de 2008;

c)

al sector del azúcar a partir del 1 octubre de 2008.

5.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 146/12

(1)

El 12 de octubre de 2004, la empresa Wacker Chemie presentó una solicitud de autorización de comercialización de α-ciclodextrina como nuevo ingrediente alimentario a las autoridades competentes de Bélgica.

(2)

El 29 de junio de 2005, el organismo competente en materia de evaluación de los alimentos en Bélgica emitió su informe de evaluación inicial. En dicho informe se llegó a la conclusión de que la α-ciclodextrina es segura para el consumo humano.

(3)

El 28 de septiembre de 2005, la Comisión transmitió a todos los Estados miembros el informe de evaluación inicial.

(4)

Durante el plazo de 60 días previsto en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CE) no 258/97, se presentaron objeciones fundamentadas a la comercialización del producto, con arreglo a lo establecido en dicho apartado.

(5)

El 28 de octubre de 2006 se consultó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

(6)

El 6 de julio de 2007, la EFSA aprobó el dictamen de la Comisión Técnica Científica de Productos Dietéticos, Nutrición y Alergias que había solicitado la Comisión con respecto a una petición relativa a la α-ciclodextrina como nuevo alimento.

(7)

En el dictamen se llegaba a la conclusión de que los niveles de uso propuestos y el consumo previsto de α-ciclodextrina no planteaban riesgos de seguridad.

(8)

Sobre la base de la evaluación científica se ha determinado que la α-ciclodextrina se ajusta a los criterios establecidos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 258/97.

(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

5.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 146/16

(1)

En el año 2007 se registraron brotes de fiebre aftosa en Chipre. La aparición de esta enfermedad supone un grave riesgo para la cabaña ganadera de la Comunidad.

(2)

Para atajar la propagación de la enfermedad y contribuir a su erradicación en el plazo más breve posible, la Comunidad debe contribuir a sufragar los gastos subvencionables realizados por el Estado miembro al adoptar medidas contra la enfermedad, tal como se establece en la Decisión 90/424/CEE.

(3)

La ayuda financiera de la Comunidad para medidas de lucha contra la fiebre aftosa está sujeta a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 349/2005 de la Comisión, de 28 de febrero de 2005, por el que se establecen las normas relativas a la financiación comunitaria de las intervenciones de lucha contra ciertas enfermedades animales contempladas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo (2).

(4)

El 7 de enero de 2008, Chipre presentó un cálculo aproximado de los gastos realizados para erradicar la enfermedad.

(5)

Las autoridades chipriotas han cumplido plenamente sus obligaciones técnicas y administrativas en virtud del artículo 11, apartado 2, de la Decisión 90/424/CEE y del artículo 6 del Reglamento (CE) no 349/2005.

(6)

El pago de la ayuda financiera de la Comunidad estará sujeto a la realización de las actividades previstas y a que las autoridades presenten toda la información necesaria dentro de los plazos fijados.

(7)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

5.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 146/17

(1)

En la Decisión 90/424/CEE se establecen los procedimientos por los que se rige la contribución financiera de la Comunidad destinada a medidas veterinarias específicas, incluidas las medidas urgentes. Con arreglo al artículo 3 bis de dicha Decisión, los Estados miembros pueden obtener una contribución financiera de la Comunidad destinada a costear determinadas medidas para erradicar la gripe aviar.

(2)

En el artículo 3 bis, apartado 3, de la Decisión 90/424/CEE, se establecen las normas relativas al porcentaje de los gastos soportados por los Estados miembros que puede sufragarse mediante la contribución financiera de la Comunidad.

(3)

A raíz de la modificación de la Decisión 90/424/CEE mediante la Decisión 2006/53/CE (2), el Reglamento (CE) no 349/2005 de la Comisión, de 28 de febrero de 2005, por el que se establecen las normas relativas a la financiación comunitaria de las intervenciones de urgencia y de lucha contra ciertas enfermedades animales contempladas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo (3), ya no es aplicable a la gripe aviar. En consecuencia, es necesario que en la presente Decisión se establezca expresamente que la concesión de una contribución financiera al Reino Unido está condicionada al cumplimiento de determinadas normas establecidas en el Reglamento (CE) no 349/2005.

(4)

En 2007 se produjeron en el Reino Unido varios brotes de gripe aviar. La aparición de esta enfermedad supone un grave riesgo para la cabaña ganadera de la Comunidad. En virtud del artículo 3 bis, apartado 2, de la Decisión 90/424/CEE, el Reino Unido adoptó medidas para erradicar dichos brotes.

(5)

El Reino Unido ha cumplido plenamente las obligaciones técnicas y administrativas que le incumben de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, y en el artículo 3 bis, apartado 2, de la Decisión 90/424/CEE, así como en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 349/2005.

(6)

El 13 de diciembre de 2007, el Reino Unido envió a la Comisión información sobre los gastos soportados y ha seguido facilitando toda la información necesaria sobre los gastos operativos y de compensación.

(7)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

5.6.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 146/19

(1)

Con motivo del relanzamiento de la Estrategia de Lisboa en 2005, los Jefes de Estado o de Gobierno destacaron el papel clave que podrían desempeñar unas mejores relaciones entre los organismos públicos de investigación —y en concreto, las universidades— y la industria para facilitar la difusión y la utilización de las ideas en una sociedad del conocimiento dinámica y para mejorar la competitividad y el bienestar.

(2)

Es preciso hacer un esfuerzo para convertir mejor los conocimientos en beneficios socioeconómicos. Para ello, los organismos públicos de investigación deben difundir y explotar más eficazmente los resultados de la investigación financiada con fondos públicos a fin de transformarlos en nuevos productos y servicios. Entre los medios para realizar este objetivo cabe citar, en particular, las colaboraciones entre el mundo académico y la industria —investigación en régimen de colaboración o bajo contrato llevada a cabo o financiada conjuntamente con el sector privado—, la concesión de licencias y la creación de empresas derivadas.

(3)

En la práctica, la explotación de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos depende de una gestión adecuada de la propiedad intelectual (es decir, de los conocimientos en el sentido más amplio, incluidos los inventos, los programas informáticos, las bases de datos y los microorganismos, estén o no protegidos por instrumentos jurídicos, como las patentes), del desarrollo de una cultura empresarial y de las cualificaciones conexas en los organismos públicos de investigación, así como de una mejor comunicación e interacción entre los sectores público y privado.

(4)

La participación activa de los organismos públicos de investigación en la gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos es esencial para generar beneficios socioeconómicos, así como para atraer a estudiantes y científicos y más financiación para la investigación.

(5)

En los últimos años, los Estados miembros han adoptado iniciativas para facilitar la transferencia de conocimientos a nivel nacional, pero las significativas discrepancias entre los marcos normativos, las políticas y las prácticas nacionales, así como la variedad de normas aplicadas a la gestión de la propiedad intelectual en los organismos públicos de investigación han impedido o dificultado la transferencia transnacional de conocimientos en Europa y la realización del Espacio Europeo de la Investigación.

(6)

Por lo tanto, tras la Comunicación de 2007 de la Comisión (1), en la que se exponían planteamientos relativos a un marco europeo común para la transferencia de conocimientos, el Consejo Europeo pidió a la Comisión, en junio de 2007, que elaborase directrices sobre la gestión de la propiedad intelectual por los organismos públicos de investigación en forma de Recomendación a los Estados miembros.

(7)

La finalidad de la presente Recomendación es ofrecer a los Estados miembros y sus regiones orientaciones políticas para el desarrollo o la actualización de las directrices y los marcos nacionales, así como un Código de buenas prácticas para los organismos públicos de investigación, a fin de mejorar la manera en que estos gestionan la propiedad intelectual y la transferencia de conocimientos.

(8)

La colaboración en el ámbito de la investigación y el desarrollo así como las actividades de transferencia de conocimientos entre la Comunidad y terceros países deben basarse en recomendaciones y prácticas claras y uniformes que garanticen un acceso equitativo y justo a la propiedad intelectual generada mediante colaboraciones internacionales en el campo de la investigación, en beneficio mutuo de todas las partes interesadas. El Código de buenas prácticas adjunto debería utilizarse como referencia en ese contexto.

(9)

Se han identificado una serie de buenas prácticas que deberían ayudar a los Estados miembros a aplicar la presente Recomendación. Corresponde a cada Estado miembro elegir las prácticas y los procedimientos más idóneos para garantizar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente Recomendación, valorando lo que resultaría más eficaz en el contexto de ese Estado miembro, ya que las prácticas que son eficaces en un Estado miembro pueden no serlo tanto en otro. Deben tenerse en cuenta también las directrices existentes a nivel comunitario y de la OCDE.

(10)

La Comisión y los Estados miembros deben supervisar la aplicación de la presente Recomendación y sus efectos, así como promover el intercambio de buenas prácticas en relación con la transferencia de conocimientos.

1)

se aseguren de que todos los organismos públicos de investigación definen la transferencia de conocimientos como una misión estratégica;

2)

fomenten en los organismos públicos de investigación el establecimiento y la divulgación de las políticas y los procedimientos para la gestión de la propiedad intelectual de conformidad con el Código de buenas prácticas que figura en el anexo I;

3)

apoyen el desarrollo de la capacidad y las técnicas de transferencia de conocimientos en los organismos públicos de investigación, así como las medidas destinadas a aumentar la sensibilización y las cualificaciones de los estudiantes —en particular en el área de la ciencia y la tecnología— en relación con la propiedad intelectual, la transferencia de conocimientos y la iniciativa empresarial;

4)

promuevan una amplia difusión de los conocimientos creados con fondos públicos, tomando medidas para promover el acceso abierto a los resultados de la investigación y para proteger, cuando proceda, la propiedad intelectual correspondiente;

5)

cooperen y tomen medidas para mejorar la coherencia de sus respectivos regímenes de propiedad en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual, de tal manera que se faciliten las colaboraciones transfronterizas y la transferencia de conocimientos en el ámbito de la investigación y el desarrollo;

6)

utilicen los principios enunciados en la presente Recomendación como base para que los organismos públicos de investigación introduzcan o adapten las directrices y la legislación nacionales en materia de gestión de la propiedad intelectual y transferencia de conocimientos, así como para celebrar acuerdos de cooperación en el ámbito de la investigación con terceros países o adoptar cualesquiera otras medidas destinadas a promover la transferencia de conocimientos, o para crear nuevas políticas o planes de financiación conexos, con la debida observancia de las normas sobre ayudas estatales;

7)

tomen medidas para asegurar la aplicación más amplia posible del Código de buenas prácticas, ya sea directamente o por mediación de las normas establecidas por los órganos nacionales y regionales de financiación de la investigación;

8)

velen por que se dé un trato equitativo y justo a los participantes de los Estados miembros y de terceros países en los proyectos internacionales de investigación por lo que respecta a la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y al acceso a ellos, en beneficio mutuo de todas las partes;

9)

designen un punto de contacto nacional, cuyas tareas deberían incluir la coordinación de las medidas relacionadas con la transferencia de conocimientos entre los organismos públicos de investigación y el sector privado, tratando en concreto los aspectos transnacionales, en colaboración con los puntos de contacto similares en otros Estados miembros;

10)

examinen y hagan uso de las buenas prácticas expuestas en el anexo II, teniendo en cuenta el contexto nacional;

11)

informen a la Comisión antes del 15 de julio de 2010, y cada dos años a partir de entonces, de las medidas tomadas con arreglo a la presente Recomendación, y de sus efectos.