ISSN 1725-2512

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 55

European flag  

Edición en lengua española

Legislación

51o año
28 de febrero de 2008


Sumario

 

I   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria

Página

 

 

REGLAMENTOS

 

*

Reglamento (CE) no 171/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008, relativo al mantenimiento del Reglamento (CE) no 71/97, por el que se amplía a las importaciones de determinadas piezas de bicicleta originarias de la República Popular de China el derecho antidumping establecido sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular de China

1

 

*

Reglamento (CE) no 172/2008 del Consejo, de 25 de febrero de 2008, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ferrosilicio originario de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia

6

 

 

Reglamento (CE) no 173/2008 de la Comisión, de 27 de febrero de 2008, por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

21

 

*

Reglamento (CE) no 174/2008 de la Comisión, de 27 de febrero de 2008, que modifica el Reglamento (CE) no 994/2007 por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de ferrosilicio originarias de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia

23

 

 

Reglamento (CE) no 175/2008 de la Comisión, de 27 de febrero de 2008, relativo a la expedición de certificados de importación de arroz en el marco del contingente arancelario abierto para el subperíodo de febrero de 2008 por el Reglamento (CE) no 327/98

25

 

 

II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

 

 

DECISIONES

 

 

Comisión

 

 

2008/166/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 13 de noviembre de 2007, relativa a la ayuda estatal C 39/06 (ex NN 94/05) — Régimen de nuevos accionistas aplicado por el Reino Unido [notificada con el número C(2007) 5398]  ( 1 )

27

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.


I Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación es obligatoria

REGLAMENTOS

28.2.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 55/1


REGLAMENTO (CE) N o 171/2008 DEL CONSEJO

de 25 de febrero de 2008

relativo al mantenimiento del Reglamento (CE) no 71/97, por el que se amplía a las importaciones de determinadas piezas de bicicleta originarias de la República Popular de China el derecho antidumping establecido sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular de China

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) («el Reglamento de base»), y, en particular, su artículo 9, su artículo 11, apartado 3, y su artículo 13, apartado 4,

Previa consulta al Comité consultivo,

Considerando lo siguiente:

A.   PROCEDIMIENTO

1.   Medidas vigentes

(1)

En septiembre de 1993, el Consejo, mediante el Reglamento (CEE) no 2474/93 (2), estableció un derecho antidumping definitivo del 30,6 % sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China («RPC»). El importe de este derecho se aumentó al 48,5 % en la última reconsideración mediante el Reglamento (CE) no 1095/2005 (3) («la medida principal»).

(2)

En enero de 1997, a raíz de una investigación referente a la presunta elusión del mencionado derecho antidumping por medio del uso de piezas originarias de la República Popular China en el montaje de bicicletas en la Comunidad, el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 71/97 (4), amplió a las importaciones de piezas esenciales de bicicleta originarias de la República Popular China, el derecho antidumping sobre las bicicletas originarias de este país, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento de base («la medida antielusión»). Esta medida preveía asimismo el establecimiento de un sistema de exención, a fin de permitir a los ensambladores que no eludían la medida impuesta sobre las bicicletas, importar piezas de bicicleta originarias de China que no estuvieran sometidas al derecho antidumping, otorgándoles una exención de la medida ampliada a las piezas de bicicleta.

(3)

En junio de 1997, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) no 88/97 (5), relativo a la autorización de la exención de las importaciones de determinadas piezas de bicicleta originarias de la República Popular de China de la mencionada ampliación, que estableció así el marco legal para la aplicación del sistema de exención («el sistema de exención»).

(4)

Como resultado de las tres medidas mencionadas, actualmente está en vigor un derecho antidumping del 48,5 % sobre las bicicletas originarias de la República Popular China, y este derecho se ha ampliado a determinadas piezas de bicicleta originarias de este mismo país, pero los ensambladores comunitarios que no eluden la medida pueden estar exentos de esto último, es decir, del derecho sobre las piezas de bicicleta.

2.   Argumentos para la reconsideración

(5)

Desde la ampliación de las medidas a las importaciones de determinadas piezas de bicicleta, la Comisión ha concedido exenciones de la medida antielusión a un elevado número de empresas radicadas en la Comunidad. Además, ha seguido recibiendo solicitudes de exención, por lo que el número de piezas que solicitan una exención ha aumentado considerablemente. Al mismo tiempo, no ha habido indicios aparentes de prácticas de elusión por parte de empresas a las que se ha concedido una exención.

(6)

Además, la Comisión dispone de suficientes pruebas razonables para considerar que si la medida antielusión dejara de aplicarse, no habría ninguna continuación o reaparición de prácticas de elusión.

(7)

Por otro lado, la medida antielusión ha estado en vigor durante diez años y no se ha reconsiderado desde su introducción.

(8)

Habiendo determinado, previa consulta al Comité consultivo, que existían suficientes pruebas para iniciar una reconsideración de conformidad con el artículo 11, apartado 3, y el artículo 13, apartado 4, del Reglamento de base, el 28 de noviembre de 2006 la Comisión inició la mencionada reconsideración de la medida antielusión mediante la publicación de anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea  (6).

3.   Investigación

(9)

El objetivo de la investigación era evaluar la necesidad de mantener la medida antielusión.

3.1.   Período de investigación

(10)

La investigación abarcó el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006 («período de investigación de reconsideración» o «PIR»). El análisis de las tendencias pertinentes para determinar la probabilidad de la continuación o la reaparición de prácticas de elusión abarcó el período que va desde el año 2003 al final del período de investigación de reconsideración («período considerado»).

3.2.   Piezas afectadas por la investigación

(11)

La Comisión notificó oficialmente el inicio de la reconsideración a los ensambladores comunitarios conocidos y a sus asociaciones. Se ofreció a las piezas interesadas la posibilidad de dar a conocer sus puntos de vista por escrito y de solicitar ser oídas en el plazo fijado en el anuncio de inicio del procedimiento.

(12)

Se concedió una audiencia a todas las piezas interesadas que lo solicitaron y que demostraron que existían razones específicas por las que debían ser oídas.

(13)

Habida cuenta del importante número de ensambladores comunitarios implicados en este procedimiento, se consideró adecuado recurrir al muestreo, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base. Para que la Comisión pudiera seleccionar una muestra, se pidió a las citadas partes, de conformidad con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento de base, que se dieran a conocer en un plazo de 15 días a partir del inicio de la investigación y que facilitaran a la Comisión la información solicitada en el anuncio de inicio.

(14)

Un elevado número de ensambladores comunitarios — 158 empresas — cumplimentaron correctamente el impreso de muestreo y aceptaron seguir cooperando en la investigación. De estas 158 empresas, ocho, que se consideraron representativas de la industria de la Comunidad en términos de volumen de montaje y ventas de bicicletas en la Comunidad, fueron seleccionadas para la muestra. Los ocho ensambladores comunitarios de la muestra representaban casi un tercio de la producción total de la industria de la Comunidad durante el período de investigación de reconsideración, mientras que los 158 ensambladores comunitarios citados representaban casi la totalidad de la producción de la Comunidad. Esta muestra suponía el mayor volumen representativo de producción y ventas de bicicletas en la Comunidad que podía investigarse razonablemente dentro del tiempo disponible.

(15)

De conformidad con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento de base, se consultó a las piezas afectadas sobre la muestra elegida y estas no formularon ninguna objeción al respecto.

(16)

Por lo tanto, se enviaron cuestionarios a los ocho ensambladores comunitarios de la muestra; todos ellos remitieron sus respuestas al cuestionario.

(17)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para su investigación, y llevó a cabo visitas de inspección en los locales de los siguientes ensambladores comunitarios de la muestra:

Planet’Fun S.A., Périgny, Francia,

Decathlon Italia SRL, Milano, Italia,

F.lli Masciaghi SPA, Basiano, Italia,

Denver SRL, Dronero-Cuneo, Italia.

B.   PRODUCTO SOMETIDO A RECONSIDERACIÓN

(18)

Los productos objeto de reconsideración son las siguientes piezas esenciales de bicicleta:

cuadros pintados, anodizados, pulidos o laqueados, clasificados actualmente en el código NC ex 8714 91 10,

horquillas pintadas, anodizadas, pulidas o laqueadas, clasificadas actualmente en el código NC ex 8714 91 30,

cambios de marcha, clasificados actualmente en el código NC 8714 99 50,

bielas y platos con biela, clasificados actualmente en el código NC 8714 96 30,

piñones libres, clasificados actualmente en el código NC 8714 93 90, se presenten o no en conjuntos completos,

los demás frenos, clasificados actualmente en el código NC 8714 94 30,

palancas de freno, clasificadas actualmente en el código NC ex 8714 94 90, se presenten o no en conjuntos completos,

ruedas completas con o sin tubos, neumáticos y piñones, clasificadas actualmente en el código NC ex 8714 99 90,

manillares, clasificados actualmente en el código NC 8714 99 10, provistos o no de soporte y palancas de cambio o freno,

originarios de la República Popular China («el producto en cuestión»). Los códigos NC se indican a título meramente informativo.

C.   PRÁCTICAS DE ELUSIÓN DE LAS MEDIDAS ANTIELUSIÓN Y CARÁCTER DURADERO

1.   Marco reglamentario

(19)

A fin de evaluar la necesidad de mantener la medida antielusión que se menciona en el considerando 9, la reconsideración investigó si, durante el PIR, tuvieron lugar prácticas de elusión por medio de operaciones de montaje y si estas circunstancias eran de carácter duradero.

(20)

Más específicamente, se investigó si los criterios relativos a las prácticas de elusión por medio de operaciones de montaje establecidos en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento de base, se cumplían durante el PIR y si era probable que se cumplieran de nuevo en caso de que se retirase la medida antielusión.

(21)

A continuación se exponen estos criterios, a fin de facilitar la consulta:

a)

la operación hubiese comenzado o se hubiese incrementado sustancialmente desde el momento de apertura de la investigación antidumping o justo antes de su apertura y cuando las piezas procedan del país sometido a las medidas;

b)

las piezas constituyan el 60 % o más del valor total de las piezas del producto montado; no obstante, no se considerará que existe elusión cuando el valor añadido conjunto de las piezas utilizadas durante la operación de montaje sea superior al 25 % del coste de producción;

c)

los efectos correctores del derecho estén siendo burlados mediante los precios o volúmenes del producto similar montado y existan pruebas de dumping en relación con los precios normales previamente establecidos para productos similares o parecidos.

2.   Existencia de prácticas de elusión durante el PIR

(22)

Se investigó si durante el PIR los ensambladores comunitarios burlaron las medidas antielusión vigentes.

(23)

Todas las empresas que cooperaron en la investigación eran ensambladores exentos de la medida antielusión, es decir, que para montar sus bicicletas, podían importar y utilizar piezas de bicicleta originarias de China sin derechos antidumping siempre que la proporción de estas piezas originarias de China no excediera del 60 % del valor total de las piezas de las bicicletas ensambladas. La investigación puso de manifiesto que los ensambladores comunitarios de la muestra cumplían esta norma, puesto que no se pudo demostrar que utilizaran piezas originarias de China en una proporción superior al 60 %.

(24)

Después de evaluar a los ocho ensambladores comunitarios de la muestra, así como las 158 respuestas del total del muestreo, se estableció que la proporción media de piezas chinas utilizadas por los ocho ensambladores de la muestra se elevaba a un 37 %, una cifra muy por debajo del umbral del 60 %. La proporción total de todos los ensambladores que cooperaron era incluso más baja, situándose en un 29 % durante el PIR.

(25)

El siguiente gráfico muestra las proporciones mencionadas anteriormente para los años 2003, 2004 y 2005:

Image

(26)

Puesto que uno de los criterios necesarios para determinar la existencia de prácticas de elusión no se cumplía, se consideró que los ensambladores no burlaban las medidas vigentes y que cumplían las condiciones vinculadas a sus exenciones.

(27)

El porcentaje de ensambladores comunitarios que cooperaron fue muy elevado, más de un 90 % en términos de volumen de bicicletas vendidas por ensambladores de la CE; por otro lado, no se encontraron pruebas de que otros ensambladores de bicicletas hubieran burlado la medida principal. Por tanto, y en ausencia de pruebas que indiquen lo contrario, se puede concluir que durante el PIR no hubo prácticas de elusión de la medida principal.

3.   Carácter duradero

(28)

De conformidad con el artículo 11, apartado 3, del reglamento de base, también se examinó si la no existencia de prácticas de elusión tendría un carácter duradero, es decir, si era poco probable que reaparecieran las prácticas de elusión en caso de retirarse la medida antielusión.

3.1.   Inicio o incremento sustancial de las operaciones de montaje

(29)

En primer lugar, se analizó si se iniciarían operaciones de montaje, o se incrementaría el número de las mismas, en caso de suprimirse la medida antielusión. A este respecto, se recuerda que durante la investigación antielusión inicial se puso de relieve que, tras la imposición de las medidas principales a las bicicletas chinas en 1993, el montaje de piezas de bicicleta originarias de China aumentó considerablemente hasta 1997, cuando se impuso la medida antielusión. Se produjeron importantes cambios en las características del comercio: las importaciones de bicicletas originarias de China experimentaron una fuerte caída, mientras que las importaciones de piezas originarias de China aumentaron rápidamente. Esta experiencia apunta a que, en ausencia de una medida antielusión, existe el riesgo de que vuelvan a aumentar sustancialmente las importaciones de piezas originarias de China, así como el montaje de bicicletas con estas piezas.

(30)

Además, de la investigación se deriva que las piezas de bicicleta originarias de China son generalmente más baratas que las piezas de bicicleta procedentes de cualquier otro lugar. Por tanto, es muy probable que, si algunos ensambladores comunitarios incrementaran el uso de piezas originarias de China, los demás también empezarían a utilizarlas, a fin de seguir siendo competitivos.

(31)

En vista de lo expuesto anteriormente, no es posible excluir que la retirada de la medida antielusión conduzca a un incremento sustancial de piezas originarias de China y de operaciones de montaje.

3.2.   Criterio relativo al umbral del 60 % de piezas originarias de China

(32)

Se investigó la probabilidad de que, en caso de retirarse la medida antielusión, la proporción de piezas originarias de China utilizadas por ensambladores comunitarios exceda del 60 % del valor de todas las piezas utilizadas en el montaje de bicicletas.

(33)

Conviene recordar que, como se menciona en el considerando 24, durante el PIR la proporción media total de piezas originarias de China era del 29 %, es decir, muy por debajo del umbral del 60 %. La proporción media correspondiente a los ocho productores de la muestra era de un 37 %, o sea, algo más elevada.

(34)

La investigación puso de relieve que el hecho de que la proporción de piezas originarias de China utilizadas por los ensambladores comunitarios se mantuviera muy por debajo del umbral del 60 % permitido por las normas vinculadas a sus exenciones podría deberse, en cierta medida, a lo siguiente:

en primer lugar, cada modelo procedente de los ensambladores comunitarios que se beneficiaban de una exención debía ajustarse a la norma relativa al 60 %; los modelos de gama alta (en los que se utilizaban muy pocas o ninguna pieza originaria de China) distorsionaban la proporción media de piezas originarias de China utilizadas,

la constante fluctuación de los precios de las piezas importadas, los costes de transporte y los tipos de cambio, así como otros aspectos prácticos, requerían que los ensambladores comunitarios mantuvieran un margen de maniobra para no arriesgarse a perder su derecho de exención.

(35)

Sin embargo, es muy difícil determinar si los argumentos mencionados proporcionan una explicación adecuada de la importante diferencia entre la actual proporción de piezas de bicicleta originarias de China utilizadas por los ensambladores comunitarios y el umbral del 60 % permitido por las normas relacionadas con las prácticas de elusión y con el sistema de exención.

(36)

Además, algunos ensambladores comunitarios alegaron que importaban menos de un 60 % de piezas de bicicleta originarias de China únicamente con objeto de poder cumplir con las obligaciones derivadas de las exenciones de las que se beneficiaban.

(37)

De hecho, como se menciona en el considerando 30, las piezas de bicicleta originarias de China son generalmente más baratas que las piezas de bicicleta procedentes de cualquier otro lugar, por lo que es posible que los ensambladores comunitarios empiecen a utilizar más piezas originarias de China a fin de poder hacer frente a sus competidores.

(38)

Por tanto, el panorama no está del todo claro. Por un lado, vista la sustancial diferencia entre la proporción real y la permitida de piezas originarias de China utilizadas, no parece evidente que los ensambladores de bicicletas sobrepasen el umbral del 60 %.

(39)

Por otro lado, los ensambladores de bicicletas originarias de China seguirán teniendo un fuerte incentivo para importar más del umbral del 60 % permitido y, por tanto, podrían empezar de nuevo a burlar la medida principal, exportando a la UE los denominados kits de piezas casi listas para montar y kits de piezas listas para montar, es decir, bicicletas prácticamente completas en contenedores distintos. De hecho, esto significaría el retorno de las prácticas de elusión que tuvieron lugar en la década de los noventa antes de la introducción de la medida antielusión, y se superaría claramente el umbral del 60 %.

(40)

Considerando todos los factores, habida cuenta de que el incentivo para importar más del 60 % permitido es bastante fuerte, parece que existe un determinado riesgo de que, en caso de retirarse las medidas, se sobrepase el umbral del 60 %.

(41)

Por lo que se refiere a la norma del 25 % del valor añadido, que constituye una excepción al criterio relativo al umbral del 60 %, se ha determinado, sobre la base de las 158 respuestas al cuestionario de muestreo que, durante el PIR, el valor medio añadido por los ensambladores comunitarios era del 20 %. Por lo que se refiere a las ocho empresas de la muestra, la media del valor añadido durante el PIR fue del 22 %. Habida cuenta del bajo nivel de producción de piezas en la Comunidad, no es probable que este valor añadido supere el umbral del 25 %, en caso de que la proporción de piezas originarias de China supere el umbral del 60 %. Por tanto, resulta poco probable que los ensambladores comunitarios añadan más de un 25 % del valor.

3.3.   Neutralización de los efectos correctores del derecho en términos de precios o volúmenes de venta y dumping

(42)

Se debía investigar si se neutralizarían los efectos correctores del derecho antidumping y si reaparecería el dumping en caso de retirarse la medida antielusión. Sin embargo, en las actuales condiciones de mercado, es decir, con la medida antielusión y el sistema de exención relacionado vigentes, no resultaba posible llevar a cabo ningún análisis razonable relativo a si los derechos se neutralizarían en términos de precios de venta y si existiría el dumping, porque para el cálculo, los precios de la CE tendrían que haberse basado en una situación en la que las bicicletas estuvieran compuestas únicamente de piezas originarias de China. Sin embargo, las bicicletas de la CE montadas durante el PIR estaban hechas con piezas originarias de distintos lugares, incluida la CE y la República Popular China, así como otros terceros países.

(43)

No obstante, debe recordarse que durante la investigación que condujo a la introducción de la medida antielusión en 1997 se demostró que el efecto corrector del derecho impuesto sobre las bicicletas chinas quedaba neutralizado en términos de precios de venta, y que existía dumping. En ausencia de precios comparables durante el PIR, los resultados de esta investigación anterior sobre neutralización y dumping, como establecen los considerandos 19 a 24 de la medida antielusión, seguían siendo válidos.

D.   CONCLUSIONES

(44)

La reconsideración ha puesto de manifiesto que actualmente no parecen existir prácticas de elusión. No obstante, también ha puesto de manifiesto que no es posible excluir el riesgo de que reaparezcan estas prácticas. Sobre la base del análisis realizado, parece que existe riesgo –si bien limitado– de que la actual ausencia de prácticas de elusión desaparezca si se retira la medida antielusión, puesto que los ensambladores comunitarios podrían incrementar sustancialmente las operaciones de montaje en las que se utiliza más del 60 % permitido de piezas de bicicleta originarias de China, lo que neutralizaría los efectos correctores del derecho antidumping impuesto sobre las bicicletas originarias de China.

(45)

Por tanto, debe mantenerse la medida antielusión, a fin de garantizar que la medida principal, es decir, el derecho antidumping impuesto sobre las bicicletas, sea eficaz y no se pueda neutralizar con prácticas de elusión por medio de operaciones de montaje.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Se mantiene la ampliación a las importaciones de determinadas piezas de bicicleta originarias de la República Popular China que establece el Reglamento (CE) no 71/97, del derecho antidumping impuesto sobre las bicicletas originarias de la República Popular China, y se considera finalizada la reconsideración relativa a las mencionadas importaciones.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 25 de febrero de 2008.

Por el Consejo

El Presidente

A. VIZJAK


(1)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2117/2005 (DO L 340 de 23.12.2005, p. 17).

(2)  DO L 228 de 9.9.1993, p. 1.

(3)  DO L 183 de 14.7.2005, p. 1.

(4)  DO L 16 de 18.1.1997, p. 55.

(5)  DO L 17 de 21.1.1997, p. 17.

(6)  DO C 289 de 28.11.2006, p. 15.


28.2.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 55/6


REGLAMENTO (CE) N o 172/2008 DEL CONSEJO

de 25 de febrero de 2008

por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de ferrosilicio originario de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) («el Reglamento de base»), y, en particular, su artículo 9,

Vista la propuesta presentada por la Comisión previa consulta al Comité Consultivo,

Considerando lo siguiente:

1.   PROCEDIMIENTO

1.1.   Medidas provisionales

(1)

La Comisión, mediante el Reglamento (CE) no 994/2007 (2) («el Reglamento provisional»), estableció un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de ferrosilicio («FeSi»), clasificado en los códigos NC 7202 21 00, 7202 29 10 y 7202 29 90, originario de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia.

1.2.   Continuación del procedimiento

(2)

Tras la comunicación de los hechos y consideraciones esenciales, en función de los cuales se decidió imponer medidas antidumping provisionales («comunicación provisional»), varias partes interesadas presentaron por escrito sus observaciones sobre las conclusiones provisionales. Se brindó a las partes que lo solicitaron la oportunidad de ser oídas. La Comisión siguió recabando y verificando toda la información que consideró necesaria para llegar a sus conclusiones definitivas.

(3)

La Comisión prosiguió su investigación sobre los aspectos de interés comunitario y analizó los datos incluidos en las respuestas al cuestionario que enviaron algunos usuarios de la Comunidad tras el establecimiento de las medidas antidumping provisionales.

(4)

En el considerando 166 del Reglamento provisional, la Comisión se comprometió a analizar más detalladamente el efecto de las medidas provisionales en la situación de los usuarios, antes de llegar a ninguna determinación final.

(5)

A tal fin, la Comisión se puso en contacto, enviándoles cuestionarios directamente y a través de asociaciones, con unas 500 fundiciones situadas en la Comunidad, ya que esta categoría de usuarios no había mostrado interés específico alguno en este procedimiento antes del establecimiento de las medidas provisionales. Además, se pidió a todos los productores de acero que cooperaron en la fase provisional que facilitaran información adicional para permitir a la Comisión analizar las posibles repercusiones de las medidas provisionales sobre sus actividades.

(6)

Solamente se recibieron respuestas al cuestionario de siete fundiciones e información adicional de ocho productores de acero. Las siete fundiciones y tres de los productores de acero proporcionaron la información necesaria para analizar de forma exhaustiva las repercusiones de las medidas provisionales sobre su situación económica.

(7)

Habida cuenta de la compleja estructura en la que estaba integrado el productor exportador chino al que se había concedido el trato de economía de mercado durante el período de investigación, se pidió información adicional para poder alcanzar las conclusiones definitivas. Además, tal como se señalaba en el considerando 49 del Reglamento provisional, el productor exportador chino adquiría electricidad a un proveedor vinculado, por lo que también se investigaron más en detalle sus costes ligados a la producción de FeSi.

(8)

Habida cuenta de lo anterior, se llevaron a cabo tres inspecciones adicionales in situ en los locales de las siguientes empresas:

Erdos, Ordos (Mongolia Interior), proveedor de electricidad de la República Popular China,

Trompetter Guss, Chemnitz (Alemania), usuario (fundición) de la Comunidad,

Arcelor Mittal, Genk (Bélgica), usuario (productor de acero) de la Comunidad.

(9)

Se tuvieron en cuenta los comentarios orales y escritos presentados por las partes interesadas y, cuando se consideró pertinente, se modificaron las conclusiones en consecuencia.

(10)

Se informó a todas las partes de los hechos y consideraciones esenciales por los que se decidió recomendar el establecimiento de medidas antidumping definitivas sobre las importaciones de FeSi originario de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia, así como la percepción definitiva de los importes garantizados mediante el derecho provisional. También se les concedió un plazo para presentar observaciones tras la comunicación de dicha información.

(11)

Cabe recordar que la investigación sobre el dumping y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de octubre de 2005 y el 30 de septiembre de 2006 («el período de investigación»). En cuanto a las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio, la Comisión analizó datos relativos al período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el fin del período de investigación («el período considerado»).

2.   PRODUCTO AFECTADO Y PRODUCTO SIMILAR

2.1.   Producto afectado

(12)

Tal como se indica en los considerandos 15 y 16 del Reglamento provisional, varios exportadores alegaron que las escorias, que contienen sensiblemente menos de un 45 % de silicio —es decir, el FeSi de baja pureza—, deberían quedar excluidas del ámbito de la investigación al no presentar las mismas características físicas básicas ni estar destinadas a los mismos usos básicos. La Comisión se comprometió a aclarar de forma más concluyente esta cuestión. Tras la comunicación provisional se recibieron observaciones de varias partes interesadas.

(13)

En primer lugar, debe señalarse a este respecto que el producto afectado por la investigación es el FeSi con un 4 % de hierro como mínimo y con más del 8 % y menos del 96 % de silicio. Asimismo, la investigación reveló que las escorias, que contienen menos del 45 % de silicio, pueden utilizarse en la industria siderúrgica en forma de briquetas, al igual que ocurre con el FeSi con un contenido de silicio superior al 45 %. Por tanto, cabe concluir que las escorias presentan las mismas características físicas básicas que otros tipos de FeSi con un contenido de silicio más elevado y que ambos tipos de productos son intercambiables. Habida cuenta de lo expuesto, se confirman las conclusiones provisionales establecidas en el considerando 16 del Reglamento provisional según las cuales el FeSi de baja pureza debe considerarse producto afectado.

(14)

Un importador no vinculado alegó que el polvo de FeSi «atomizado» con un contenido de silicio del 15 % y del 45 % debía quedar excluido de la definición del producto de la presente investigación. Sin embargo, no se justifica la exclusión del «polvo de FeSi atomizado» de la presente investigación, sobre todo porque el FeSi con un contenido de silicio del 15 % y del 45 % entra en el ámbito de la definición del producto afectado. Además, tras una audiencia, este importador no presentó ninguna prueba en apoyo de su alegación pese a una petición de la Comisión en este sentido. Por lo tanto, se desestimó esta alegación.

2.2.   Producto similar

(15)

A falta de observaciones sobre el producto similar, se confirma por la presente el considerando 17 del Reglamento provisional.

3.   DUMPING

3.1.   Trato de economía de mercado

(16)

Tras la comunicación provisional, un productor exportador chino reiteró sus observaciones, descritas en el considerando 26 del Reglamento provisional, relativas al cambio en la estimación de la vida útil de sus activos. Sin embargo, el productor exportador no proporcionó argumentos nuevos que no hubiera alegado en las fases previas de la investigación y que pudieran justificar su alegación de que las conclusiones provisionales sobre el trato de economía de mercado descritas en el considerando 23 del Reglamento provisional no eran correctas.

(17)

No habiéndose recibido otras observaciones en relación con el trato de economía de mercado, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 18 a 26 del Reglamento provisional.

3.2.   Trato individual

(18)

No habiéndose recibido más observaciones sobre el trato individual, se confirma lo expuesto en los considerandos 27 a 31 del Reglamento provisional.

3.3.   Valor normal

3.3.1.   País análogo

(19)

Tras la comunicación provisional, un productor exportador chino alegó que Noruega no es un país análogo apropiado por los elevados costes de la electricidad, que supuestamente no son representativos de la industria mundial, y por las diferencias en el acceso a las materias primas con respecto a los productores chinos. El productor exportador alegó también que los productores noruegos venden sobre todo en mercados de exportación, ya que la mayor parte de su consumo interno es cautivo, y que durante el período de investigación se centraron mayoritariamente en grados especiales de FeSi, mientras que los productores exportadores chinos solo fabricaron grados estándar. Sobre esta base, el productor exportador solicitó que se ajustara el valor normal noruego.

(20)

Ha de señalarse que, si bien es cierto que los productores noruegos venden grandes cantidades en los mercados de exportación, dado el volumen del mercado interno y las condiciones de la competencia que prevalecen en él, tal y como se establece en el considerando 35 del Reglamento provisional, Noruega se considera un país análogo apropiado.

(21)

En relación con las demás alegaciones de la empresa, se concluyó que la proporción que representaba la electricidad en los costes de producción de los productores chinos era mucho mayor que en el caso de las empresas noruegas. Además, el exportador chino no demostró que el precio de la electricidad fuera más alto en Noruega ni que la supuesta dificultad en el acceso a las materias primas tuviera un impacto en el valor normal en Noruega. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(22)

Con todo, se concluyó que los tipos de FeSi vendidos por los productores noruegos en Noruega eran diferentes de los exportados de la República Popular China a la Comunidad en lo que a su pureza se refiere. Por tanto, se consideró que un ajuste estaba justificado, tal como se explica en el considerando 25.

(23)

No habiéndose recibido otras observaciones en relación con el país análogo, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 32 a 36 del Reglamento provisional.

3.3.2.   Metodología para la determinación del valor normal

(24)

En ausencia de comentarios acerca de la metodología aplicada para la determinación del valor normal, se confirma lo expuesto en los considerandos 37 a 47 del Reglamento provisional.

3.3.3.   Determinación del valor normal

A.   REPÚBLICA POPULAR CHINA

(25)

Un productor exportador chino que no obtuvo trato de economía de mercado alegó que se había calculado incorrectamente el valor normal, ya que no reflejaba las diferencias entre los distintos tipos del producto afectado vendido en Noruega y el producto similar exportado de la República Popular China. Una vez examinada esta alegación, se consideró adecuado volver a calcular el valor normal para tomar en consideración las diferencias en las características físicas entre los tipos de producto vendidos en el mercado interno noruego y los exportados de la República Popular China a la Comunidad. El valor normal se calculó por tipos de producto, con los correspondientes ajustes en función de la impureza del titanio y del contenido de FeSi en el caso de los tipos de producto sin correspondencia directa.

(26)

El productor exportador chino que recibió trato de economía de mercado forma parte de un gran grupo chino formado por casi cien empresas vinculadas que operan en varios sectores industriales. Dada la compleja estructura del grupo y las operaciones de consolidación que afectaron a empresas que participan en la producción y venta de FeSi, se pidieron y examinaron más datos actualizados sobre el grupo. Además, se había previsto en el considerando 49 del Reglamento provisional que se investigarían más en detalle los costes asociados a la producción y venta de electricidad.

(27)

La investigación complementaria mostró que debía rechazarse el precio de adquisición de electricidad del productor exportador, ya que no permitía la recuperación de todos los costes en que había incurrido en la producción de la electricidad. Además, se ajustaron los gastos de venta, generales y administrativos soportados por el productor exportador para tomar en consideración el volumen total de los costes financieros asociados a la producción del producto afectado. De hecho, la investigación reveló que algunos de estos costes los soportaban empresas vinculadas y no se habían tenido en cuenta al calcular el valor normal provisional.

(28)

Una vez efectuados los ajustes de los costes indicados de conformidad con el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, se concluyó que los precios de venta en el mercado interno de todos los tipos del producto afectado que se vendieron para su exportación a la Comunidad eran precios no rentables. Como consecuencia de ello, debía determinarse cuál era el valor normal para la empresa. El valor normal se calculó sobre la base de los costes de fabricación de la propia empresa, a los que se añadió un importe razonable en concepto de gastos de venta, generales y administrativos ajustados según lo indicado anteriormente. En lo que respecta al beneficio, a falta de transacciones rentables de la empresa y de la posibilidad de utilizar los beneficios relativos a la misma categoría general de productos de otros productores exportadores chinos, se aplicó un margen de beneficio del 5 % para la determinación del valor normal de conformidad con el artículo 2, apartado 6, letra c), del Reglamento de base. Este margen está en consonancia con el utilizado para calcular el valor normal relativo al productor exportador de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, tal como se indica en el considerando 45 del Reglamento provisional. No se facilitó ninguna información que mostrara que este beneficio excedería del realizado normalmente por otros exportadores o productores sobre las ventas de productos de la misma categoría general en el mercado chino.

B.   EGIPTO

(29)

Tras el establecimiento de medidas provisionales, uno de los productores exportadores egipcios alegó que, para determinar el valor normal sobre la base del valor calculado, debía utilizarse un margen de beneficio menor, en consonancia con el utilizado con respecto al productor exportador de la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

(30)

Ha de señalarse que los valores normales calculados se determinaron en consonancia con la metodología establecida en los considerandos 43 a 45 del Reglamento provisional. El margen de beneficio utilizado refleja la situación del mercado egipcio y se ha aplicado de conformidad con los requisitos del encabezamiento del artículo 2, apartado 6, del Reglamento de base. Así pues, el margen aplicado se basaba en las ventas internas rentables del producto similar realizadas por el propio productor exportador durante el período de investigación. El Reglamento de base no establece que este nivel de beneficio deba sustituirse por otro nivel, tal como sugiere la empresa en cuestión. Por lo tanto, tuvo que rechazarse esta alegación.

C.   KAZAJSTÁN

(31)

A falta de observaciones sobre la determinación del valor normal relativo a Kazajstán, se confirma por la presente el considerando 51 del Reglamento provisional.

D.   ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

(32)

A falta de observaciones sobre la determinación del valor normal relativo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia, se confirma por la presente el considerando 52 del Reglamento provisional.

E.   RUSIA

(33)

A raíz de la comunicación provisional, un productor exportador ruso alegó que los tipos de cambio aplicados en el cálculo del valor normal no correspondían al calendario real de las ventas. Tras una verificación, se concluyó que la alegación estaba justificada, y el cálculo se modificó en consecuencia.

(34)

A raíz de la comunicación provisional, un productor exportador ruso rebatió el ajuste de sus costes de energía aduciendo que los precios de la energía fijados por las autoridades rusas no son precios regulados sino más bien indicativos. Así lo demostraba la alegación de la empresa de que pagaban por encima del precio recomendado y de que su proveedor de electricidad era rentable. La empresa adujo también que el proveedor de electricidad es uno de los pocos proveedores eléctricos independientes en Rusia y no pertenece a United Electricity System of Russia y, por tanto, no participa en ninguna de las prácticas de subvenciones cruzadas señaladas en el informe de la OCDE al que se hace referencia en el Reglamento provisional.

(35)

Habida cuenta de que los argumentos facilitados por la empresa en lo relativo a la electricidad están justificados, se considera que no debe ajustarse el coste de la energía en el cálculo definitivo de su valor normal.

3.4.   Precio de exportación

A.    REPÚBLICA POPULAR CHINA

(36)

A raíz de la comunicación provisional, un productor exportador chino señaló que, al calcular el precio de exportación, el tipo de cambio entre el RMB y el euro que se aplicó fue el vigente al final del período de investigación, que era superior a su valor real. La empresa sugirió que en su lugar se utilizara el promedio del período de investigación. Una vez examinada esta alegación, en el cálculo definitivo se ha decidido utilizar el promedio del tipo de cambio del mes durante el cual tuvieron lugar las transacciones de venta.

(37)

A falta de otras observaciones sobre los precios de exportación chinos, se confirman por la presente los considerandos 55 a 56 del Reglamento provisional.

B.    EGIPTO

(38)

A raíz de la imposición de medidas provisionales, uno de los productores exportadores egipcios alegó que había algunos errores en los tipos de cambio aplicados a las transacciones de exportación a la Comunidad y en la determinación de la media ponderada del valor neto de las exportaciones en relación con algunos tipos del producto afectado. Se concluyó que estas alegaciones estaban justificadas y se revisaron en consecuencia los precios de exportación.

C.    KAZAJSTÁN

(39)

A falta de observaciones sobre los precios de exportación de Kazajstán, se confirma por la presente el considerando 58 del Reglamento provisional.

D.    ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

(40)

A falta de observaciones sobre los precios de exportación de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, se confirma por la presente el considerando 59 del Reglamento provisional.

E.    RUSIA

(41)

A raíz de la comunicación provisional, un productor exportador ruso alegó que el margen de beneficio de su importador vinculado en la CE utilizado en el cálculo del precio de exportación con arreglo al artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base, estaba sobrestimado. Cabe recordar que las cifras de beneficio utilizadas en el cálculo del precio de exportación en la fase provisional eran las del importador vinculado afectado. Sin embargo, en consonancia con la práctica constante de las instituciones, deben utilizarse las cifras del beneficio obtenido por importadores no vinculados. En estas circunstancias, tuvo que corregirse el margen de beneficio utilizado en la fase provisional. El efecto de este cambio fue un ligero aumento del beneficio utilizado, en contra de lo alegado por la empresa, según la cual el beneficio se había sobrestimado.

(42)

A raíz de la comunicación provisional, otro productor exportador ruso alegó que el cálculo provisional de su precio de exportación era incorrecto, ya que, para obtener el precio de fábrica, los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios de su sociedad comercial vinculada establecida en las Islas Vírgenes británicas, así como los costes de transporte, se habían deducido del precio aplicado al primer cliente independiente. La empresa alegaba que, en realidad, la sociedad comercial es el departamento de venta del fabricante. Ambas empresas están bajo control conjunto y ejercen funciones complementarias que normalmente están bajo la responsabilidad de una estructura de gestión unitaria. Además, señaló que la sociedad comercial no comercia con ningún otro producto. Sobre esta base, la empresa alegó que se habían aplicado deducciones excesivas al fijar el precio de fábrica. A este respecto, se constató que la sociedad comercial expedía facturas a clientes en la Comunidad y que la sociedad comercial recibía pagos de los clientes en la Comunidad. Además, hay que precisar que las ventas realizadas por el operador comercial vinculado incluían un margen de beneficio. Por otro lado, las cuentas del operador comercial mostraron que soportaba costes de venta, generales y administrativos. La empresa no demostró que estos costes no se derivaran, entre otras cosas, de las ventas del producto afectado a la Comunidad. Por ello, la alegación de la empresa fue rechazada. En términos similares al ajuste mencionado en el considerando anterior en relación con el nivel de beneficios utilizado en el cálculo del precio de exportación relativo al otro productor exportador ruso, hubo que corregir el margen de beneficio utilizado en la fase provisional. El efecto de este cambio fue que se redujo ligeramente el beneficio utilizado.

3.5.   Comparación

3.5.1.   Gravámenes a la importación

(43)

A raíz de la imposición de medidas provisionales, uno de los productores exportadores egipcios adujo que debía aplicarse un ajuste para tener en cuenta el pago de derechos de aduana sobre las materias primas importadas utilizadas en la producción del producto afectado vendido en el mercado interno.

(44)

En respuesta a esta petición, debe recordarse que, con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra b), del Reglamento de base, se efectuará un ajuste por un importe equivalente a cualesquiera gravámenes a la importación o impuestos indirectos soportados por el producto similar y por materiales incorporados físicamente a él, cuando el producto esté destinado al consumo en el país de exportación y los gravámenes no se recauden o reembolsen si el producto afectado se exporta a la CE.

(45)

Se aceptó la petición de ajuste por los gravámenes a la importación de una materia prima utilizada para la producción del producto afectado vendido en el mercado interno, ya que se demostró que se pagaban derechos de aduana adecuados por la materia prima importada e incorporada físicamente al producto afectado vendido en Egipto. No obstante, tuvo que denegarse la solicitud de ajuste relativa a otras dos materias primas importadas, ya que la investigación reveló que, durante el período de investigación, todas las importaciones en cuestión se utilizaron para las exportaciones del producto afectado. La empresa no demostró que durante el período de investigación hubiera pagado derechos de importación que no hubieran sido reembolsados posteriormente y, por tanto, que fueran soportados por el producto similar cuando se vendía en el mercado interno.

3.5.2.   Fase comercial

(46)

Uno de los productores exportadores egipcios solicitó un ajuste comercial sobre la base de una supuesta diferencia entre las ventas en el mercado interno y las ventas en el mercado de exportación. La empresa alegó que las ventas en el mercado interno se destinaban en su totalidad a usuarios finales, mientras que las ventas a la Comunidad se destinaban a distribuidores. La empresa facilitó información y alegó que debía efectuarse un ajuste especial con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra d), inciso ii), del Reglamento de base.

(47)

A este respecto, ha de señalarse que, con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra d), inciso i), del Reglamento de base, solo puede considerarse una solicitud de ajuste comercial si se demuestra que hay diferencias efectivas y claras en las funciones y en los precios en las distintas fases comerciales del mercado interno.

(48)

En el presente caso, tras la comunicación provisional, se confirmó que todas las ventas en el mercado interno egipcio se destinaron a usuarios finales. De conformidad con el artículo 2, apartado 10, letra d), inciso i), del Reglamento de base, no se pudo cuantificar una diferencia de fase comercial entre las ventas internas y las ventas de exportación debido a la ausencia de fases comerciales pertinentes en el mercado interno egipcio.

(49)

En lo que respecta a las ventas de exportación de esta empresa a la Comunidad, se confirma, una vez analizadas las observaciones de la empresa tras la comunicación provisional, que todas las ventas se destinaron a distribuidores. De conformidad con el artículo 2, apartado 10, letra d), inciso ii), del Reglamento de base, se examinó si había razones para efectuar un ajuste especial en concepto de diferencia de fase comercial, tal como solicitaba la empresa sobre la base de sus propios datos.

(50)

Sin embargo, se consideró que los datos facilitados por la empresa no proporcionaban una base adecuada para cuantificar un ajuste especial. Teniendo en cuenta que el artículo 2, apartado 10, letra d), inciso i), del Reglamento de base establece que «el montante del ajuste se basará en el valor de mercado de la diferencia», se consideró que, si podía demostrarse que había una diferencia de precio en el mercado comunitario entre las ventas a los distintos tipos de clientes, tal diferencia también podía servir de base para cuantificar el valor de mercado de la diferencia en relación con el artículo 2, apartado 10, letra d), inciso ii), del Reglamento de base. A este respecto, se examinó la información recibida de varias partes interesadas en la Comunidad sobre sus ventas a distintos tipos de clientes. Se comprobó que existían diferencias de precio en el mercado comunitario en las ventas de la industria comunitaria a distintos tipos de clientes (en este caso, se examinaron los precios de venta a usuarios finales y a distribuidores). Se consideró que, en consecuencia, debía efectuarse un ajuste especial en el valor normal del exportador egipcio equivalente a las citadas diferencias de precios.

(51)

Tras la comunicación definitiva de los hechos y las consideraciones esenciales por los que se había decidido recomendar el establecimiento de derechos antidumping definitivos, un exportador ruso alegó que el hecho de no concedérsele el ajuste comercial que solicitaba era discriminatorio, ya que a uno de los productores exportadores egipcios se le había concedido un ajuste similar. En el caso de la alegación del exportador ruso, se consideró que tal ajuste no estaba justificado. Sobre la base de los datos que facilitó la empresa, debidamente verificados, no había una diferencia sistemática en los precios de venta de FeSi en las distintas fases comerciales del mercado ruso. Por tanto, no se justificaba un ajuste con arreglo al artículo 2, apartado 10, letra d), inciso i), del Reglamento de base.

(52)

A excepción del ajuste citado en el considerando 50, se confirma lo expuesto en los considerandos 61 a 63 del Reglamento provisional.

3.6.   Márgenes de dumping

3.6.1.   Metodología general

(53)

Un análisis más exhaustivo tras la fase provisional reveló que el nivel de cooperación de Rusia no se había estimado correctamente. De hecho, aunque la cooperación se situó en torno al 100 %, se estimó erróneamente en el 32 % (véase el considerando 76 del Reglamento provisional). Por tanto, el margen de dumping residual debe fijarse en el nivel de la empresa con el margen de dumping más alto (más que con la metodología utilizada en la fase provisional, es decir, a partir de la media ponderada del margen de dumping del tipo de producto más representativo con el mayor margen de dumping).

(54)

A falta de otras observaciones sobre la metodología general del cálculo del margen de dumping, se confirma lo expuesto en los considerandos 64 a 68 (salvo en lo que respecta al cambio descrito en el considerando 46 del Reglamento provisional.

3.6.2.   Márgenes de dumping

A.   REPÚBLICA POPULAR CHINA

(55)

Con respecto a las empresas a las que se concedió el trato de economía de mercado o el trato individual, se comparó la media ponderada del valor normal de cada tipo del producto afectado exportado a la Comunidad con la media ponderada del precio de exportación del tipo del producto afectado correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartados 11 y 12, del Reglamento de base.

(56)

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, los márgenes de dumping definitivos, expresados en porcentaje del precio cif en la frontera de la Comunidad del producto, no despachado de aduana, son los siguientes:

Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, 15,6 %,

Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, 29,0 %.

(57)

La base de cálculo del margen de dumping de ámbito nacional se expuso en el considerando 71 del Reglamento provisional. Habida cuenta de los cambios introducidos en los valores normales y en los precios de exportación chinos, que se han expuesto anteriormente, también se ajustó el margen de ámbito nacional, que debe fijarse en el 55,6 % del precio cif en la frontera de la Comunidad del producto no despachado de aduana.

B.   EGIPTO

(58)

Tras la imposición de medidas provisionales, una de las empresas egipcias se quejó del método del cálculo del derecho antidumping sin aportar más precisiones. En respuesta a esta queja, debe señalarse que la empresa no motivó sus observaciones. Por lo tanto, tuvo que rechazarse esta alegación.

(59)

Los márgenes de dumping definitivos expresados como porcentaje del precio de importación cif en la frontera de la Comunidad del producto no despachado de aduana, son los siguientes:

The Egyptian Ferroalloys Company, El Cairo, 15,4 %,

Egyptian Chemical Industries KIMA, El Cairo, 24,8 %,

todos los demás, 24,8 %.

C.   KAZAJSTÁN

(60)

A falta de cooperación, solo se estableció un margen de dumping de ámbito nacional. El margen de dumping definitivo expresado como porcentaje del precio de importación cif en la frontera de la Comunidad libre de derechos, queda fijado en el 37,1 %.

D.   ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

(61)

El productor exportador que cooperó es el único productor conocido de ferrosilicio en la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Los márgenes de dumping definitivos, expresados como porcentaje del precio de importación cif en la frontera de la Comunidad del producto no despachado de aduana, son los siguientes:

SILMAK DOOEL Export Import, Jegunovce, 5,4 %,

todos los demás, 5,4 %.

E.   RUSIA

(62)

Los dos productores exportadores rusos que cooperaron son los únicos productores conocidos de FeSi en Rusia. Los márgenes de dumping definitivos expresados como porcentaje del precio de importación cif en la frontera de la Comunidad libres de derechos, son los siguientes:

Chemk Group (Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant y Kuznetsk Ferroalloy Works), Chelyabinsk y Novokuznetsk, 22,7 %,

Grupo ICT (Bratsk Ferroalloy Plant, TD North West Ferro Alloy Company y Bakersfield Marketing Ltd), Bratsk y San Petersburgo, 17,8 %,

todos los demás, 22,7 %.

4.   PERJUICIO

4.1.   Definición de industria de la Comunidad

(63)

Algunas partes interesadas alegaron que la evaluación del perjuicio no debía ser una evaluación de conjunto, sino empresa por empresa, habida cuenta de las supuestas tendencias divergentes entre los distintos productores comunitarios en lo que respecta al perjuicio.

(64)

Con arreglo al artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base, el examen del perjuicio debe incluir una evaluación de todos los factores que influyen en la industria comunitaria. El término «industria de la Comunidad» se define en el artículo 4 del Reglamento de base como el conjunto de los productores comunitarios de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción comunitaria total de dichos productos. De esta definición se deduce que el perjuicio debe determinarse a escala de la industria comunitaria en su conjunto, más que sobre la base de la situación individual de cada productor comunitario aisladamente.

(65)

En vista de lo anterior, se rechazaron las alegaciones y se confirman los considerandos 78 a 80 del Reglamento provisional.

4.2.   Consumo comunitario

(66)

Una parte interesada alegó que, en su Reglamento provisional, la Comisión no facilitó datos esenciales para su análisis del perjuicio, tales como un desglose mensual de la demanda de FeSi o la evolución de los precios en el mercado de la UE, incluidos los precios de la industria comunitaria y la evolución de los costes.

(67)

El Reglamento de base no exige a los productores comunitarios ni a otras partes interesadas que proporcionen datos sobre el período considerado desglosados por meses. Se considera que esto supondría una carga excesiva para todas las partes interesadas, y lo habitual en las investigaciones de dumping y perjuicio es solicitar datos anuales. Además, la parte no facilitó pruebas que avalaran que un análisis mensual era necesario en el presente caso para evaluar el perjuicio. De hecho, los cuadros que figuran en los considerandos 81, 85, 96 y 97 del Reglamento provisional reflejan de manera adecuada el consumo comunitario, los precios en el mercado comunitario, el beneficio y, por tanto, la evolución de los costes de la industria comunitaria durante el período considerado. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

4.3.   Importaciones en la Comunidad procedentes de los países afectados

(68)

Una parte interesada alegó que las importaciones procedentes de Rusia no debían acumularse con las de la República Popular China a efectos de la evaluación del perjuicio, ya que supuestamente estas importaciones no estaban sujetas a las mismas condiciones de competencia en el mercado comunitario. En particular, alegó que: i) casi todos los productores exportadores chinos operan en condiciones distintas a las de mercado, ii) las empresas rusas venden a través de empresas vinculadas, mientras que los productores exportadores chinos venden directamente a clientes independientes, iii) los márgenes de dumping y de subcotización de las empresas chinas son mucho más altos que los de las empresas rusas, y iv) el índice de penetración de los productores exportadores chinos en el mercado de la UE es cada vez mayor, habiendo superado en los seis primeros meses de 2006 en un 50 % al de los productores exportadores rusos.

(69)

En lo que respecta a la primera alegación, el hecho de que la mayoría de los productores exportadores chinos operen en condiciones distintas de las de mercado no es una de las razones para una evaluación desagregada previstas en el artículo 3, apartado 4, del Reglamento de base. Por tanto, el hecho de que el producto afectado se produzca o no en condiciones de mercado en el mercado interno no es pertinente para decidir sobre la acumulación de las importaciones.

(70)

En lo que respecta a una segunda alegación referente a la supuesta diferencia en los canales de venta, cabe señalar que, aun cuando los productores exportadores rusos recurren a operadores comerciales vinculados, los productos similares importados tanto de la República Popular China como de Rusia se venden al mismo tipo de clientes finales en la Comunidad, a saber, a usuarios y distribuidores.

(71)

En cuanto a una tercera alegación referente a los márgenes de dumping y de subcotización, se señala que para ambos países se han establecido márgenes de dumping por encima de los niveles mínimos, tal como exige el artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento de base, y se ha constatado que existe subcotización.

(72)

En cuanto a la última alegación sobre los volúmenes de las importaciones, se señala que los volúmenes importados desde Rusia (y la República Popular China) eran significativos, tal como exige el artículo 3, apartado 4, letra a), del Reglamento de base, ya que alcanzaron una cuota de mercado del 18 % y del 21 %, respectivamente, durante el período de investigación.

(73)

Por todas estas razones, la desagregación de las importaciones de Rusia no está justificada y se rechaza la alegación.

(74)

Otra parte interesada alegó que la Comisión no había analizado las condiciones de competencia entre los productos importados desde los países en cuestión y señaló que, en consecuencia, los efectos de las importaciones egipcias objeto de dumping sobre la situación de la industria comunitaria debían evaluarse por separado.

(75)

Tal y como se sugería en los considerandos 83 y 89 del Reglamento provisional, se analizaron las condiciones de competencia entre los productos importados en lo que respecta a la similitud del producto y del comportamiento de los exportadores (es decir, la importancia del volumen de importaciones, la evolución y el nivel de los precios de las importaciones y la subcotización de los precios con respecto a los precios de la industria comunitaria, así como la similitud de los canales de venta). En este análisis se concluyó que se cumplían las condiciones que justificaban la evaluación cumulativa de las importaciones de los países en cuestión. Por tanto, se rechazó esta alegación y se confirma el considerando 84 del Reglamento provisional.

(76)

Un productor exportador egipcio alegó también que su limitado volumen de exportación durante el período de investigación no causó ningún perjuicio a la industria comunitaria y que, por tanto, su situación debía evaluarse por separado. A este respecto, se señala que, con arreglo al artículo 3, apartado 4, del Reglamento de base, el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre la situación de la industria comunitaria ha de evaluarse cumulativamente si, entre otros factores, el volumen de las importaciones de cada país no es insignificante. Al constatarse que las importaciones de Egipto alcanzaron una cuota de mercado del 3,7 % durante el período de investigación, se concluyó que no eran insignificantes con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, apartado 7, del Reglamento de base. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(77)

No habiéndose recibido más observaciones al respecto, se confirma lo expuesto en los considerandos 82 a 89 del Reglamento provisional.

4.4.   Subcotización de los precios

(78)

Una parte interesada alegó que los márgenes de subcotización constatados en el Reglamento provisional debían reducirse entre un 3 % y un 5 % para reflejar el FeSi «de origen local», ya que el productor de acero de la Comunidad pagaría supuestamente una prima por adquirir material de origen local (UE), muestra de fiabilidad, calidad y suministro puntual.

(79)

En los considerandos 38 y 87 a 89 del Reglamento provisional se explica la base de la comparación de los precios aplicados por la industria comunitaria con los practicados por las exportaciones en cuestión. En la comparación se tomaban en consideración las distintas calidades del producto afectado según la definición del considerando 13 del Reglamento provisional. Además, en lo que respecta a la fiabilidad y al suministro puntual, la investigación no demostró que se estuviera pagando tal prima ni que esta posible ventaja competitiva se incluyera en el precio aplicado por la industria comunitaria a los productores de acero. Por último, la parte interesada no facilitó pruebas en apoyo de su alegación, la cual, por tanto, fue rechazada.

4.5.   Situación de la industria comunitaria

(80)

Algunas partes interesadas cuestionaron la metodología utilizada en el considerando 93 del Reglamento provisional para calcular la capacidad de producción de la industria comunitaria. En concreto, sugirieron aplicar una cifra de capacidad que tuviese en cuenta las interrupciones de la producción por mantenimiento y cortes de electricidad, en vez de la «capacidad nominal teórica» utilizada en el Reglamento provisional.

(81)

La investigación ha mostrado que cualesquiera interrupciones de la producción en la industria comunitaria debidas a labores de mantenimiento o cortes de electricidad fueron temporales y no se produjeron de forma regular en el período considerado. Es preciso señalar que, aun si debiera ajustarse la capacidad de producción tal como sugieren estas partes interesadas, las tendencias de la capacidad de producción y de la utilización de la capacidad no variarían. Tampoco variarían las conclusiones alcanzadas en lo relativo al perjuicio importante sufrido por la industria de la Comunidad. En consecuencia, debe rechazarse la petición de aplicar una definición de capacidad de producción diferente.

(82)

Habida cuenta de las consideraciones expuestas, se confirma la conclusión de que la industria de la Comunidad sufrió un perjuicio importante, establecida en los considerandos 107 a 110 del Reglamento provisional.

5.   CAUSALIDAD

(83)

Algunas partes interesadas alegaron que la evaluación del nexo causal entre el perjuicio importante experimentado por la industria de la Comunidad y las importaciones objeto de dumping no debía ser una evaluación de conjunto, sino empresa por empresa, habida cuenta de las supuestas divergencias entre los distintos productores comunitarios en cuanto a los factores de causalidad.

(84)

Como ya se ha señalado en el considerando 64 en relación con el perjuicio, no hay ningún fundamento jurídico en el artículo 3, apartados 5, 6 y 7, del Reglamento de base que sugiera que la causalidad deba evaluarse en función de los productores comunitarios individuales incluidos en la definición de industria de la Comunidad. El término «industria de la Comunidad» se define en el artículo 4 del Reglamento de base como el conjunto de los productores comunitarios de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción comunitaria total de dichos productos.

5.1.   Efecto de las importaciones objeto de dumping

(85)

Cabe recordar que el volumen de las importaciones objeto de dumping de los países en cuestión y su cuota de mercado aumentaron notablemente durante el período considerado. Asimismo, hubo una clara coincidencia en el tiempo entre el aumento de las importaciones objeto de dumping y el deterioro de la situación económica de la industria de la Comunidad. La industria de la Comunidad no logró aumentar sus precios de venta hasta el nivel necesario para cubrir sus costes totales, pues sus precios de venta fueron subcotizados durante el período de investigación por las importaciones objeto de dumping.

(86)

En consecuencia, se confirman las conclusiones de los considerandos 112 a 114 del Reglamento provisional.

5.2.   Fijación de los precios del ferrosilicio

(87)

Algunas partes interesadas alegaron que el FeSi es una mercancía objeto de comercio mundial y que sus precios de mercado se fijan en función de la demanda fluctuante de la industria del acero y no sobre la base de los costes.

(88)

En las economías de mercado y en condiciones normales de mercado, los precios se fijan por lo general en función de la demanda y la oferta del producto en el mercado. No obstante, es posible que haya otros factores, tales como la presencia de importaciones a bajo precio u objeto de dumping, que desempeñen un papel esencial en la fijación del nivel de los precios. En el presente caso, la investigación reveló que, de hecho, los mecanismos de fijación del precio del FeSi venían determinados por la presencia de grandes cantidades de importaciones objeto de dumping. Probablemente sea cierto que la demanda mundial de FeSi, en concreto la procedente de la industria del acero, influyó en la fijación del precio en algunos momentos del período considerado; no obstante, la información disponible ha mostrado que hubo períodos en los que los precios contractuales del FeSi descendieron a pesar de la creciente demanda.

(89)

Las mismas partes interesadas facilitaron datos que mostraban la evolución de la producción de petróleo y de acero inoxidable en la UE y de los precios al contado del FeSi en la UE a partir de 2002. Partiendo de estos datos, las partes interesadas llegaron a la conclusión de que los precios del FeSi solo podían venir determinados por la demanda (fundamentalmente de los productores de acero). Sin embargo, el análisis de esta información confirmó la conclusión expuesta en el considerando 88 de que, incluso a escala de la Comunidad, los precios del FeSi descendieron en algunos períodos pese a la creciente demanda de la industria del acero.

(90)

Por consiguiente, se rechazó la alegación de que los bajos precios del FeSi venían determinados por la demanda y no por las importaciones objeto de dumping.

5.3.   Competitividad de la industria de la Comunidad

(91)

Una parte interesada alegó que el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad debía atribuirse exclusivamente a la supuesta falta de competitividad de los productores comunitarios y no a las importaciones objeto de dumping. En concreto, citó un documento de trabajo (3) en el que se señala que las materias primas y la energía son los factores de competitividad más importantes de la industria metalúrgica de la UE.

(92)

Sin embargo, el análisis de este documento reveló que en el texto no se extrae ninguna conclusión que haga referencia a la falta de competitividad de la industria europea de las ferroaleaciones. Al contrario, en este documento de trabajo se indica que los productores de ferroaleaciones están expuestos a crecientes importaciones de terceros países como la República Popular China, Rusia, Ucrania, Brasil y Kazajstán, y que esta situación podría convertirse en una amenaza a la sostenibilidad a largo plazo de la industria europea de las ferroaleaciones si no se garantiza rápidamente la igualdad de condiciones con los competidores de terceros países (4). Por ello, esta alegación fue rechazada.

(93)

La misma parte interesada alegó que la mayor parte de los productores de la Comunidad ya no eran rentables antes de que tuviera lugar el dumping perjudicial en el mercado comunitario. En consecuencia, señaló que no fueron las importaciones objeto de dumping sino las vulnerables estructuras de costes lo que debilitó la situación económica de la industria comunitaria.

(94)

Tal como se demuestra sin lugar a dudas en el considerando 97 del Reglamento provisional, en 2003 la industria comunitaria fue rentable; su margen de beneficio antes de impuestos se situó en el 2,3 % y aumentó al 2,7 % en 2004. No obstante, en 2005 se produjo una significativa tendencia a la baja en la rentabilidad; las pérdidas alcanzaron el 9,2 % del volumen de negocios. Las pérdidas más elevadas, del 12,9 %, fueron las registradas durante el período de investigación. En este contexto, cabe recordar que el período de investigación abarcó una parte de 2005. En consecuencia, debe rechazarse el argumento de que la industria de la Comunidad ya no era rentable antes de que tuviera lugar el dumping perjudicial.

5.4.   Importaciones de otros terceros países

(95)

En lo que respecta a las importaciones de otros terceros países, a falta de nuevas observaciones se confirma la conclusión expuesta en el considerando 121 del Reglamento provisional de que estas importaciones no contribuyeron en una medida significativa al perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad.

5.5.   Efectos de otros factores

5.5.1.   Observaciones de las partes interesadas

(96)

Varias partes interesadas reiteraron las observaciones que formularon antes de la imposición de las medidas provisionales en el sentido de que el perjuicio importante sufrido por la industria comunitaria estaba causado supuestamente por factores distintos de las importaciones objeto de dumping. Estas alegaciones ya se abordaron debidamente en el Reglamento provisional. Más en concreto, las alegaciones referentes al supuesto perjuicio importante autoinfligido se analizaron en los considerandos 134 a 136 del Reglamento provisional, y las referentes a la contracción de la demanda de acero, en el considerando 124. A pesar de que no se facilitaron elementos nuevos en apoyo de estas alegaciones, a continuación se procede a exponer más detalladamente los resultados y conclusiones principales establecidos en el Reglamento provisional.

5.5.1.1.   Aumento de los costes de producción de la industria de la Comunidad

(97)

Varias partes interesadas alegaron que el perjuicio importante durante el período de investigación vino determinado por el brusco aumento de los costes, en concreto de las materias primas y la electricidad, sufrido por la industria de la Comunidad, y por la reducción de la capacidad de producción de un productor comunitario.

(98)

En lo que respecta a la supuesta reducción de la capacidad de producción de un productor comunitario, se recuerda que se efectuó un ajuste de la capacidad, tal como se menciona en el considerando 93 del Reglamento provisional, para tomar plenamente en consideración esta situación particular.

(99)

En cuanto al aumento de los costes, la industria comunitaria alegó que los incrementos de costes observados en la industria de las aleaciones suelen producirse a escala mundial, afectando en la misma medida a la industria de todo el mundo. Un análisis de la evolución de los precios de los principales factores de coste durante el período considerado muestra que los costes aumentaron (electricidad, cuarcita y pasta de electrodos). No obstante, la investigación ha revelado que, si bien estos aumentos se compensaron en cierta medida por una subida de los precios de venta, la presencia de importaciones a bajo precio y objeto de dumping no permitió a la industria de la Comunidad repercutir el pleno efecto de estos aumentos de costes en sus precios de venta. Se confirman, pues, las conclusiones de los considerandos 131 a 140 del Reglamento provisional.

(100)

Varias partes interesadas alegaron que un productor comunitario específico tuvo problemas con su proveedor de electricidad, como consecuencia de los cuales redujo su volumen de producción en 2005 y 2006. A su juicio, esto explicaba plenamente el descenso del volumen de producción y de ventas por parte de la industria comunitaria y la pérdida de rentabilidad.

(101)

Como ya se ha señalado en el considerando 84, la causa del perjuicio va a analizarse a escala de la industria comunitaria en su conjunto. No obstante, a modo de argumento, incluso si los datos relativos a este productor pudieran excluirse de la evaluación del perjuicio, las tendencias observadas en el resto de la industria de la Comunidad seguirían siendo muy negativas y mostrando un perjuicio importante. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

5.5.2.   Conclusión sobre la causalidad

(102)

A la luz de este análisis, en el que se han diferenciado y separado debidamente los efectos de todos los factores conocidos sobre la situación de la industria de la Comunidad de los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping, se concluye que estos otros factores como tales no permiten refutar la conclusión de que el importante perjuicio constatado debe atribuirse a las importaciones objeto de dumping.

(103)

Por todo ello, se concluye que las importaciones objeto de dumping de FeSi originario de la República Popular China, Kazajstán, Egipto, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia han causado un perjuicio importante a la industria de la Comunidad con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 6, del Reglamento de base.

(104)

No habiéndose recibido más observaciones al respecto, se confirma lo expuesto en los considerandos 137 a 140 del Reglamento provisional.

6.   INTERÉS COMUNITARIO

6.1.   Interés de la industria de la Comunidad y del otro productor comunitario

(105)

Algunas partes interesadas alegaron que el mercado del FeSi se ha recuperado desde el final del período de investigación y que, supuestamente, los precios han alcanzado niveles inéditos. Así pues, la Comunidad ha podido reanudar la producción y elevar su rentabilidad sin necesidad de imponer medidas antidumping. Además, adujeron que los únicos beneficiarios de la imposición de medidas serían los productores exportadores situados en terceros países no afectados por medidas antidumping, en lugar de la industria de la Comunidad.

(106)

De conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base, la información relativa a un período subsiguiente al período de investigación no se tiene en cuenta, por lo general, para llegar a un resultado. En cualquier caso, aunque la información disponible muestra que, en efecto, los precios del FeSi registraron una tendencia al alza en los meses siguientes al período de investigación, los precios de los principales factores de coste también aumentaron en el mismo período. Sobre esta base, no puede concluirse que la industria de la Comunidad se haya recuperado hasta el punto de no justificarse la imposición de medidas. Por tanto, hubo que rechazar este argumento.

(107)

En lo que respecta al argumento de que los únicos beneficiarios de la imposición de medidas, más que la industria de la Comunidad, serían los productores exportadores situados en terceros países no afectados por medidas antidumping, se recuerda que el objetivo de las medidas antidumping consiste en corregir los efectos distorsionadores del dumping sobre el comercio y restablecer la competencia efectiva en el mercado comunitario. Así pues, por un lado, no se impedirá que las importaciones de los países en cuestión entren en el mercado comunitario, donde prevalecerá la competencia efectiva en beneficio de todos los operadores. Asimismo, la industria comunitaria recogerá los frutos del restablecimiento de la competencia efectiva en el mercado comunitario. En consecuencia, se considera que el argumento carece de fundamento y, por tanto, debe rechazarse.

(108)

No habiéndose recibido ninguna otra observación a este respecto, se confirman las conclusiones de los considerandos 143 a 149 del Reglamento provisional.

6.2.   Interés de los proveedores de materias primas

(109)

No habiéndose recibido ninguna observación de proveedores tras la comunicación de las conclusiones provisionales, se confirman los considerandos 150 a 152 del Reglamento provisional.

6.3.   Interés de los importadores

(110)

Una parte interesada que importa FeSi desde la República Popular China y la suministra sobre todo a fundiciones alegó que la imposición de cualesquiera medidas antidumping tendrá repercusiones negativas graves sobre la industria de la fundición de hierro, lo que acarreará el cierre de empresas en este sector y, en consecuencia, la pérdida de empleos en el mercado comunitario.

(111)

No obstante, tal como se señala en el considerando 115, pese a la muy limitada cooperación de las fundiciones, la investigación detallada efectuada tras la imposición de las medidas provisionales mostró que la imposición de medidas probablemente no tendrá repercusiones negativas significativas sobre las fundiciones. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(112)

No habiéndose recibido ninguna otra observación a este respecto, se confirman las conclusiones de los considerandos 153 a 158 del Reglamento provisional.

6.4.   Interés de los usuarios

(113)

Tal como se expone en los considerandos 3 a 5, se examinó con más detenimiento el posible efecto de las medidas provisionales sobre la situación de las industrias usuarias, en concreto las fundiciones y los productores de acero. Pese al envío de más de 500 cuestionarios a partes interesadas, su cooperación fue muy escasa, tal como se explica en el considerando 5.

(114)

El análisis complementario se centró en dos grupos principales de usuarios: los productores de acero y las fundiciones. Sobre la base de la información adicional recibida, se confirmó que el FeSi representa un promedio aproximado del 0,7 % de los costes de producción de los productores de acero. En cuanto a las fundiciones, la proporción resultó ser más alta (1,4 % de los costes de producción).

(115)

Sobre esta base, y tomando en consideración que el promedio del tipo de derecho definitivo es del 23,4 %, no se espera que el impacto de las medidas sobre los productores de acero y las fundiciones sea significativo, ya que alterará sus resultados financieros como máximo en un 0,16 % y un 0,33 %, respectivamente. Esta hipótesis de la situación más desfavorable ha de situarse en el contexto de los efectos beneficiosos que tendrá la corrección de la distorsión del comercio en el conjunto del mercado de la Comunidad. Además, si en este análisis se incluyera el hecho de que las importaciones de los países en cuestión representan aproximadamente el 50 % del consumo en la Comunidad, el efecto de las medidas sobre los resultados financieros de las industrias usuarias sería mucho menor.

(116)

Por todo lo anterior, se confirma lo establecido en el considerando 166 del Reglamento provisional.

6.5.   Procedimiento anterior

(117)

Varias partes interesadas alegaron que, como las medidas antidumping impuestas anteriormente no surtieron el efecto reparador deseado en la industria comunitaria, en 2001 las instituciones decidieron dejar sin efecto las medidas antidumping, para lo que se remite al considerando 129 de la Decisión 2001/230/CE de la Comisión, de 21 de febrero de 2001, por la que se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de ferrosilicio originario de Brasil, la República Popular China, Kazajistán, Rusia, Ucrania y Venezuela (5).

(118)

Sin comentar la pertinencia de esta alegación, el Reglamento de base exige que las decisiones se tomen sobre la base de información recabada y analizada durante la investigación en cuestión y no sobre la base de investigaciones anteriores. Por tanto, la alegación de estas partes interesadas no es pertinente en el presente caso y debe rechazarse.

6.6.   Conclusión sobre el interés comunitario

(119)

Habida cuenta de los resultados de la investigación complementaria de los aspectos de interés comunitario del caso, se confirman los resultados y conclusiones expuestos en los considerandos 141 a 168 del Reglamento provisional.

7.   MEDIDAS ANTIDUMPING DEFINITIVAS

7.1.   Nivel de eliminación del perjuicio

(120)

Varias partes interesadas se mostraron en desacuerdo con la conclusión provisional según la cual el 5 % de margen de beneficio sería el margen de beneficio antes de impuestos que puede obtener razonablemente una industria de este tipo en el sector en condiciones normales de competencia.

(121)

Una parte interesada adujo que el margen de beneficio para la industria de la Comunidad utilizado para determinar el nivel de eliminación del perjuicio debía fijarse en el nivel del beneficio realizado por esta industria en 2003, es decir, en el 2,3 %, y en ningún caso por encima del nivel de 2004, que fue un año excepcionalmente próspero para el sector de las aleaciones.

(122)

La determinación del nivel de eliminación del perjuicio debe basarse en una evaluación del nivel del margen de beneficio que puede prever razonablemente la industria de la Comunidad en ausencia de importaciones objeto de dumping sobre las ventas del producto similar en el mercado comunitario. En una investigación, el margen de beneficio realizado al principio del período considerado puede servir como referencia del beneficio realizado en ausencia de importaciones objeto de dumping. No obstante, cabe recordar también que, durante la reconsideración por expiración que concluyó con la cancelación de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de FeSi originario de Brasil, la República Popular China, Kazajstán, Rusia, Ucrania y Venezuela, los beneficios realizados por la industria comunitaria en ausencia de importaciones objeto de dumping alcanzaron el 11,2 %, para lo que se remite al considerando 105 de la Decisión 2001/230/CE de la Comisión. En consecuencia, el beneficio del 5 % aplicado en la presente investigación, tal como se explica en el considerando 171 del Reglamento provisional, refleja más bien un planteamiento conservador. Por ello, la alegación fue rechazada.

(123)

A falta de otros comentarios sobre el nivel de eliminación del perjuicio, se confirman los considerandos 169 a 171 del Reglamento provisional.

7.2.   Forma y nivel de los derechos

(124)

Habida cuenta de lo anterior y de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, debe establecerse un derecho antidumping definitivo en un nivel suficiente para eliminar el perjuicio causado por las importaciones objeto de dumping sin rebasar el margen de dumping observado.

(125)

A la luz de las observaciones recibidas por algunas partes interesadas tras la comunicación provisional y de las revisiones descritas en el presente Reglamento, se han modificado algunos márgenes.

(126)

El tipo de los derechos definitivos queda fijado con carácter definitivo como sigue:

País

Empresa

Margen de eliminación del perjuicio

Margen de dumping

Tipo del derecho antidumping

RPC

Erdos Xijin Kuang Co., Ltd., Qipanjing Industry Park

21,4 %

15,6 %

15,6 %

Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd., Xicha Village

31,4 %

29,0 %

29,0 %

Todas las demás empresas

31,2 %

55,6 %

31,2 %

Rusia

Chelyabinsk Electrometallurgical Integrated Plant, Chelyabinsk y Kuznetsk Ferroalloy Works, Novokuznetsk

31,3 %

22,7 %

22,7 %

Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk

18,8 %

17,8 %

17,8 %

Todas las demás empresas

31,3 %

22,7 %

22,7 %

Egipto

The Egyptian Ferroalloys Company, El Cairo

27,1 %

15,4 %

15,4 %

Egyptian Chemical Industries KIMA, El Cairo

18,0 %

24,8 %

18,0 %

Todas las demás empresas

18,0 %

24,8 %

18,0 %

Kazajstán

Todas las empresas

33,9 %

37,1 %

33,9 %

Antigua República Yugoslava de Macedonia

Todas las empresas

19,0 %

5,4 %

5,4 %

(127)

Algunas partes interesadas propusieron imponer un precio de importación mínimo en vez de un derecho ad valorem. Sin embargo, no se consideró adecuado imponer un precio de importación mínimo en este caso. Se constató que las importaciones de FeSi abarcan toda una gama de distintos tipos con niveles de precios muy diferentes. Además, todos los exportadores que cooperaron están sujetos a niveles de derechos diferentes (algunos basados en márgenes de dumping y otros en márgenes de perjuicio), lo que requeriría una multitud de precios mínimos de importación diferentes. En estas circunstancias, la imposición de un precio de importación mínimo no sería en absoluto eficaz. Por ello, se rechazó esta propuesta.

(128)

Los tipos de derecho antidumping de cada empresa especificados en el presente Reglamento se establecieron a partir de las conclusiones de la presente investigación. Por tanto, reflejan la situación constatada durante la investigación con respecto a estas empresas. Esos tipos de derecho (por oposición al derecho aplicable a escala nacional a «todas las demás empresas») son aplicables exclusivamente a las importaciones de productos originarios de los países afectados y producidos por esas empresas y, por tanto, por las personas jurídicas citadas específicamente. Los productos importados fabricados por cualquier otra empresa no mencionada específicamente en la parte dispositiva del presente Reglamento con su nombre y dirección, incluidas las entidades jurídicas relacionadas con las mencionadas específicamente, no pueden beneficiarse de estos tipos y deben estar sujetos al tipo de derecho aplicable a «todas las demás empresas».

(129)

Cualquier solicitud de aplicación de estos tipos de derecho antidumping individuales (por ejemplo, a raíz de un cambio de nombre de la entidad o de la creación de nuevas entidades de producción o venta) debe dirigirse inmediatamente a la Comisión (6) junto con toda la información pertinente, en especial cualquier modificación de las actividades de la empresa relacionadas con la producción y las ventas interiores y de exportación derivada, por ejemplo, de un cambio de nombre o del cambio en las entidades de producción y de venta. Si es necesario, el presente Reglamento deberá modificarse en consecuencia, poniéndose al día la lista de empresas que se benefician de los tipos de derecho individuales.

7.3.   Compromisos

(130)

El compromiso ofrecido por el productor exportador de la Antigua República Yugoslava de Macedonia fue aceptado en la fase provisional mediante el Reglamento provisional. Tras la comunicación de las conclusiones definitivas, un productor exportador egipcio, los dos productores de Rusia que cooperaron y un exportador chino ofrecieron compromisos relativos a los precios de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base.

(131)

No obstante, se señala que, desde la imposición de las medidas provisionales, el producto afectado y el producto similar han mostrado una considerable volatilidad en los precios y, por tanto, el FeSi ya no se considera adecuado para un compromiso relativo a un precio fijo. Para resolver este problema, se examinó la posibilidad de aplicar un índice al precio de importación mínimo en referencia al precio del principal factor de coste. No obstante, se concluyó que la volatilidad de los precios registrada en el mercado no puede explicarse solamente por un aumento en el precio del principal factor de coste, de tal modo que no es posible aplicar un índice al precio de importación mínimo en referencia al precio del principal factor de coste. En vista de lo anterior, se concluyó que los compromisos ofrecidos por los exportadores no pueden aceptarse.

(132)

Al examinar si los cuatro compromisos propuestos tras la comunicación de las conclusiones definitivas debían o no aceptarse, la Comisión analizó también si el compromiso del productor exportador de la Antigua República Yugoslava de Macedonia aceptado en la fase provisional era viable en las nuevas circunstancias de volatilidad de los precios. Debido a la elevada volatilidad de los precios, el precio de importación mínimo del compromiso ya no es suficiente para eliminar el efecto perjudicial del dumping establecido por la investigación. De hecho, los precios aumentaron en una medida considerable en los meses siguientes a la aceptación del compromiso. Como no puede aplicarse un índice al precio de importación mínimo, se concluyó que el compromiso en su forma actual, es decir, sobre la base de los precios mínimos fijos, ya no es viable. Por tanto, debe retirarse la aceptación del compromiso ofrecido por el productor exportador de la Antigua República Yugoslava de Macedonia. A este respecto, la Comisión retiró su aceptación del compromiso mediante el Reglamento (CE) no 174/2008 de la Comisión (7).

7.4.   Percepción definitiva de los derechos provisionales y supervisión especial

(133)

Teniendo en cuenta la amplitud de los márgenes de dumping constatados y a la luz del nivel del perjuicio causado a la industria de la Comunidad, se considera necesario que los importes garantizados por el derecho antidumping provisional establecido mediante el Reglamento provisional se perciban definitivamente por el importe de los derechos definitivos establecidos. En los casos en que los derechos definitivos sean más bajos que los provisionales, se liberarán los importes provisionalmente garantizados que sean superiores al tipo de los derechos antidumping definitivos. En los casos en que los derechos definitivos sean más elevados que los provisionales, únicamente se percibirán con carácter definitivo los importes garantizados al nivel de los derechos provisionales.

(134)

Con objeto de minimizar el riesgo de elusión debido a la gran diferencia entre los tipos de los derechos, se considera necesario, en este caso, adoptar disposiciones especiales para garantizar la correcta aplicación de los derechos antidumping. Estas medidas especiales, que solo se aplican a las empresas para las que se introduce un tipo de derecho individual, incluyen la presentación a las autoridades aduaneras de los Estados miembros de una factura comercial válida que cumpla los requisitos establecidos en el anexo. Las importaciones que no vayan acompañadas de dicha factura quedarán sujetas al derecho antidumping residual aplicable a todos los demás exportadores.

(135)

Se recuerda que, si el volumen de las exportaciones de las empresas que gozan de tipos de derecho antidumping individual inferiores aumentase significativamente tras la imposición de las medidas antidumping, tal aumento podría considerarse un cambio de características del comercio debido a la imposición de medidas a tenor del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. En tales circunstancias, y siempre que se reúnan las condiciones, podrá iniciarse una investigación por prácticas de elusión. En la investigación podrá examinarse, entre otros aspectos, la necesidad de suprimir los tipos de derecho individuales y el consiguiente establecimiento de un derecho de ámbito nacional.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

1.   Se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ferrosilicio clasificado en los códigos NC 7202 21 00, 7202 29 10 y 7202 29 90, originario de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia.

2.   Los tipos del derecho antidumping definitivo aplicable al precio neto franco en frontera de la Comunidad, no despachado de aduana, de los productos fabricados por las empresas que, a continuación, se indican, serán los siguientes:

País

Empresa

Tipo del derecho antidumping

(%)

Código TARIC adicional

República Popular China

Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd., Qipanjing Industry Park

15,6

A829

Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Village

29,0

A830

Todas las demás empresas

31,2

A999

Egipto

The Egyptian Ferroalloys Company, El Cairo

15,4

A831

Todas las demás empresas

18,0

A999

Kazajstán

Todas las empresas

33,9

Antigua República Yugoslava de Macedonia

Todas las empresas

5,4

Rusia

Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk

17,8

A835

Todas las demás empresas

22,7

A999

3.   La aplicación de los tipos de derechos individuales especificados para las empresas mencionadas en el apartado 2 estará condicionada a la presentación a las autoridades aduaneras de los Estados miembros de una factura comercial válida, que se ajustará a los requisitos establecidos en el anexo. En caso de no presentarse dicha factura, se aplicará el tipo de derecho aplicable a todas las demás empresas.

4.   Salvo que se disponga lo contrario, serán aplicables las disposiciones vigentes en materia de derechos de aduana.

Artículo 2

Se percibirán definitivamente los importes garantizados por los derechos antidumping provisionales establecidos en el Reglamento (CE) no 994/2007 de la Comisión a las importaciones de ferrosilicio clasificado en los códigos NC 7202 21 00, 7202 29 10 y 7202 29 90, originario de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia. Se liberarán los importes garantizados superiores a los derechos antidumping definitivos. En los casos en que los derechos definitivos sean más elevados que los derechos provisionales, únicamente los importes depositados en concepto de derechos provisionales se percibirán definitivamente.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 25 de febrero de 2008.

Por el Consejo

El Presidente

A. VIZJAK


(1)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2117/2005 (DO L 340 de 23.12.2005, p. 17).

(2)  DO L 223 de 29.8.2007, p. 1.

(3)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Analysis of economic indicators of the EU metals industry: the impact of raw materials and energy supply on competitiveness, Bruselas 2.8.2006, SEC(2006)1069.

(4)  Ibídem, p. 88.

(5)  DO L 84 de 23.3.2001, p. 36.

(6)  Comisión Europea-Dirección General de Comercio-Dirección H-Despacho J-79 4/23, B-1049 Bruselas.

(7)  Véase la página 23 del presente Diario Oficial.


ANEXO

La factura comercial válida a la que se hace referencia en el artículo 1, apartado 3, del presente Reglamento, deberá incluir una declaración firmada por un responsable de la empresa, en el siguiente formato:

1.

Nombre y función del responsable de la empresa que expide la factura comercial.

2.

La siguiente declaración: «El abajo firmante certifica que [el volumen] de ferrosilicio a que se refiere la presente factura, vendido para la exportación a la Comunidad Europea, ha sido fabricado por [nombre y domicilio social de la empresa] [código TARIC adicional] en [país afectado], y declara que la información suministrada en esta factura es completa y correcta.

Fecha y firma»


28.2.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 55/21


REGLAMENTO (CE) N o 173/2008 DE LA COMISIÓN

de 27 de febrero de 2008

por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1580/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establecen disposiciones de aplicación de los Reglamentos (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 y (CE) no 1182/2007 del Consejo en el sector de las frutas y hortalizas (1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 138,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CE) no 1580/2007 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los valores globales de importación a que se refiere el artículo 138 del Reglamento (CE) no 1580/2007 quedan fijados según se indica en el cuadro del anexo.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 28 de febrero de 2008.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 27 de febrero de 2008.

Por la Comisión

Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural


(1)  DO L 350 de 31.12.2007, p. 1.


ANEXO

del Reglamento de la Comisión, de 27 de febrero de 2008, por el que se establecen los valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

(EUR/100 kg)

Código NC

Código país tercero (1)

Valor global de importación

0702 00 00

JO

69,6

MA

47,6

TN

129,8

TR

92,1

ZZ

84,8

0707 00 05

JO

190,5

MA

64,7

TR

203,0

ZZ

152,7

0709 90 70

MA

90,3

TR

142,6

ZZ

116,5

0709 90 80

EG

54,8

ZZ

54,8

0805 10 20

AR

69,8

EG

43,5

IL

52,7

MA

49,3

TN

47,3

TR

73,3

ZA

57,8

ZZ

56,2

0805 20 10

IL

116,5

MA

113,8

ZZ

115,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

84,3

MA

152,0

PK

48,1

TR

73,3

ZZ

89,4

0805 50 10

AR

48,9

EG

85,4

IL

90,4

TR

114,7

UY

52,4

ZA

79,7

ZZ

78,6

0808 10 80

AR

102,3

CA

86,4

CL

63,5

CN

76,6

MK

42,4

US

108,6

UY

89,9

ZA

106,7

ZZ

84,6

0808 20 50

AR

89,9

CL

76,0

CN

113,3

US

123,2

ZA

97,7

ZZ

100,0


(1)  Nomenclatura de países fijada por el Reglamento (CE) no 1833/2006 de la Comisión (DO L 354 de 14.12.2006, p. 19). El código «ZZ» significa «otros orígenes».


28.2.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 55/23


REGLAMENTO (CE) N o 174/2008 DE LA COMISIÓN

de 27 de febrero de 2008

que modifica el Reglamento (CE) no 994/2007 por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de ferrosilicio originarias de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) («el Reglamento de base»), y, en particular, su artículo 8,

Previa consulta al Comité Consultivo,

Considerando lo siguiente:

(1)

El 30 de noviembre de 2006, la Comisión comunicó, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2), el inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones en la Comunidad de ferrosilicio originarias de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia.

(2)

La Comisión, mediante el Reglamento (CE) no 994/2007 (3) (el «Reglamento provisional»), estableció un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de ferrosilicio («FeSi»), clasificado actualmente en los códigos NC 7202 21 00, 7202 29 10 y 7202 29 90, originarias de la República Popular China, Egipto, Kazajstán, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Rusia. Las medidas aplicables a dichas importaciones consisten en un derecho ad valorem, salvo en el caso de un productor exportador de la Antigua República Yugoslava de Macedonia respecto al cual se aceptó un compromiso en el mencionado Reglamento.

(3)

En el contexto del examen sobre si el compromiso relativo a los precios continuaba siendo viable, se observó que los precios del FeSi continuaban fluctuando después de la imposición de las medidas provisionales y la aceptación del compromiso. En general, se constató que los precios del FeSi mostraban una considerable volatilidad. Debido a esta volatilidad de los precios, se concluyó que los precios mínimos de importación (PMI) fijos del compromiso ya no son una forma válida de medida, teniendo en cuenta las conclusiones extraídas durante la investigación.

(4)

Para resolver este problema, se examinó la posibilidad de indizar los PMI al precio del principal factor de coste. No obstante, se concluyó que la volatilidad de los precios registrada en el mercado no puede explicarse solamente por un aumento en el precio del principal factor de coste, de tal modo que no es posible indizar los precios mínimos de importación. Por consiguiente, se concluyó que el compromiso en su forma actual, es decir, con precios mínimos fijos, ya no es viable y que el problema planteado por el carácter fijo del precio mínimo no puede solucionarse mediante una indización de los precios. Por tanto, se concluyó que el FeSi ya no se considera adecuado para un compromiso relativo a un precio fijo [véanse también los considerandos 131 y 132 del Reglamento (CE) no 172/2008 del Consejo (4)] y que debe denunciarse la aceptación del compromiso ofrecido por la empresa.

(5)

Se informó a la empresa sobre las conclusiones de la Comisión y se le dio la oportunidad de presentar sus observaciones.

(6)

La empresa alegó que la justificación de la Comisión para denunciar el compromiso contradice su análisis del interés comunitario, ya que, según declaró en su comunicación a la empresa «aunque la información disponible muestra que, en efecto, los precios del FeSi registraron una tendencia al alza en los meses siguientes al período de investigación, los precios de los principales factores de coste del FeSi también aumentaron en el mismo período».

(7)

A este respecto, hay que señalar que la declaración anterior, como recoge el considerando 106 del Reglamento (CE) no 172/2008, no establece una correlación entre la evolución de los precios del FeSi y el coste de los insumos, sino que estaba destinada a explicar la situación económica de la industria de la Comunidad. En efecto, de acuerdo con la práctica habitual de la Comisión con respecto a la indización de los PMI, estos últimos solo pueden indizarse en casos en los que el precio del producto objeto del compromiso varía en función del insumo principal. En este caso particular, el coste del insumo principal (la electricidad) no presentaba una correlación importante con el incremento del precio del FeSi. Aunque hubiera existido tal correlación, teniendo en cuenta la divergencia de los precios de la electricidad en los diferentes mercados, no hay una fuente de información apropiada con respecto a los precios de la electricidad que pueda servir de base para indizar un PMI, al contrario de lo que sucede con los precios de otros productos básicos como el petróleo. Por otra parte, otras materias primas, tales como el coque y la cuarcita, constituyen también componentes importantes, aunque variables, del coste de producción del FeSi. Por tanto, si se indizaran los PMI al precio de cada uno de estos insumos, deberían establecerse fórmulas de indización complejas que harían que la determinación de los parámetros de indización y la viabilidad de los compromisos fueran extremadamente difíciles. En consecuencia, se concluyó que no es posible indizar los precios mínimos de importación al precio del principal factor de coste, por lo que se rechazó la alegación de la empresa.

(8)

La empresa alegó también que es contrario a la práctica de la Comisión modificar el nivel o la forma de la medida decidida provisionalmente y/o propuesta en la fase definitiva sobre la base de información referida a un período posterior al PI. Conforme a las cláusulas del compromiso, se informó a la empresa de que la Comisión podría denunciar la aceptación del compromiso en cualquier fase de su aplicación si hubieran cambiado las circunstancias predominantes en el momento de la aceptación del compromiso o si el seguimiento y la aplicación de este resultaran no factibles y no se encontrara una solución aceptable para la Comisión. Sobre esta base, se rechazó la alegación.

(9)

La empresa sostuvo también que la Comisión llegó a una conclusión errónea en su evaluación de la eficacia del compromiso, en parte porque utilizó datos no verificados posteriores al período de investigación. A este respecto, hay que señalar que la Comisión siguió su práctica habitual, ya que utilizó sobre todo los datos de Eurostat para su análisis, así como el informe periódico del compromiso presentado por la empresa. Por consiguiente, se rechazó esta alegación.

(10)

Por tanto, de conformidad con el artículo 8, apartado 9, del Reglamento de base y las cláusulas pertinentes del compromiso, que autorizan a la Comisión a denunciar unilateralmente la aceptación de este, la Comisión ha concluido que debe denunciarse la aceptación del compromiso ofrecido por Silmak Dooel Export Import, Jegunovce.

(11)

Paralelamente al actual Reglamento, el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 172/2008, ha establecido un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ferrosilicio originarias, entre otros, de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que será aplicable a las importaciones de este producto fabricado por el productor exportador en cuestión.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Se denuncia la aceptación del compromiso ofrecido por Silmak Dooel Export Import, Jegunovce, en relación con el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de ferrosilicio originarias, entre otros, de la Antigua República Yugoslava de Macedonia.

Artículo 2

Queda derogado el artículo 2 del Reglamento (CE) no 994/2007.

Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 27 de febrero de 2008.

Por la Comisión

Peter MANDELSON

Miembreo de la Comisión


(1)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2117/2005 (DO L 340 de 23.12.2005, p. 17).

(2)  DO C 291 de 30.11.2006, p. 34.

(3)  DO L 223 de 29.8.2007, p. 1.

(4)  Véase la página 6 del presente Diario Oficial.


28.2.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 55/25


REGLAMENTO (CE) N o 175/2008 DE LA COMISIÓN

de 27 de febrero de 2008

relativo a la expedición de certificados de importación de arroz en el marco del contingente arancelario abierto para el subperíodo de febrero de 2008 por el Reglamento (CE) no 327/98

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1785/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece la organización común del mercado del arroz (1),

Visto el Reglamento (CE) no 327/98 de la Comisión, de 10 de febrero de 1998, relativo a la apertura y el modo de gestión de determinados contingentes arancelarios de importación de arroz y arroz partido (2), y, en particular, su artículo 5, párrafo primero,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CE) no 327/98 abrió y estableció el modo de gestión de determinados contingentes arancelarios de importación de arroz y arroz partido, repartidos por países de origen y divididos en varios subperíodos conforme a lo indicado en el anexo IX del citado Reglamento y en el Reglamento (CE) no 60/2008 de la Comisión (3) por el que se abre un subperíodo específico en febrero de 2008, para el contingente arancelario de importación de arroz blanqueado y semiblanqueado originario de los Estados Unidos de América.

(2)

El mes de febrero constituye el segundo subperíodo en 2008 para el contingente con el número de cuota 09.4127 establecido en el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 327/98.

(3)

Según se desprende de las comunicaciones efectuadas en aplicación del artículo 8, letra a), del Reglamento (CE) no 327/98, las solicitudes presentadas a lo largo de los diez primeros días hábiles del mes de febrero de 2008, conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento citado, para los contingentes con el número de orden 09.4127, se refieren a una cantidad inferior a la disponible.

(4)

Procede, por consiguiente, fijar las cantidades totales disponibles en el subperíodo contingentario siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo primero, del Reglamento (CE) no 327/98, para el contingente con el número de orden 09.4127.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

La cantidad total disponible en el marco del contingente con el número de orden 09.4127, contemplado en el Reglamento (CE) no 327/98 para el subperíodo contingentario siguiente, se fija en el anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 27 de febrero de 2008.

Por la Comisión

Jean-Luc DEMARTY

Director General de Agricultura y Desarrollo Rural


(1)  DO L 270 de 21.10.2003, p. 96. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 797/2006 de la Comisión (DO L 144 de 31.5.2006, p. 1). El Reglamento (CE) no 1785/2003 será sustituido por el Reglamento (CE) no 1234/2007 (DO L 299 de 16.11.2007, p. 1) a partir del 1 de septiembre de 2008.

(2)  DO L 37 de 11.2.1998, p. 5. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1538/2007 (DO L 337 de 21.12.2007, p. 49).

(3)  DO L 22 de 25.1.2008, p. 6.


ANEXO

Cantidad por asignar con respecto al subperíodo del mes de febrero de 2008 y cantidad disponible para el subperíodo siguiente, en aplicación del Reglamento (CE) no 327/98

Contingente de arroz blanqueado o semiblanqueado del código NC 1006 30 establecido en el artículo 1, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 327/98:

Origen

Número de orden

Coeficiente de asignación para el subperíodo de febrero de 2008

Cantidades totales disponibles para el subperíodo del mes de abril de 2008

(en kg)

Estados Unidos de América

09.4127

 (1)

12 365 684


(1)  Las solicitudes se refieren a cantidades inferiores o iguales a las cantidades disponibles: todas las solicitudes son, pues, aceptables.


II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

DECISIONES

Comisión

28.2.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 55/27


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 13 de noviembre de 2007

relativa a la ayuda estatal C 39/06 (ex NN 94/05) — Régimen de nuevos accionistas aplicado por el Reino Unido

[notificada con el número C(2007) 5398]

(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/166/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Visto el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (1), y, en particular, su artículo 6, apartado 1, y su artículo 14,

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con las disposiciones arriba citadas (2),

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

Por carta de 15 de junio de 2004, la Comisión fue informada por un ciudadano del Reino Unido de una ayuda ilegal concedida por el Shetland Islands Council, que es la autoridad pública de las islas Shetland de ese país. Por cartas de 24 de agosto de 2004 y de 4 de febrero, 11 de mayo y 16 de diciembre de 2005, la Comisión pidió al Reino Unido que le facilitara información sobre dicha ayuda. El Reino Unido lo hizo así por cartas fechadas el 10 de diciembre de 2004, el 6 de abril y 8 de septiembre de 2005 y el 31 de enero de 2006.

(2)

Por carta de 13 de septiembre de 2006, la Comisión notificó al Reino Unido su decisión de incoar en relación con esa ayuda el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE. El Reino Unido presentó sus observaciones por carta de 16 de octubre de 2006.

(3)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 30 de noviembre de 2006 (3). En esta publicación, la Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la ayuda. No se recibió ninguna observación.

II.   DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

(4)

El Shetland Islands Council efectuó una serie de pagos al sector pesquero en el marco de dos medidas de ayuda generales, denominadas «Aid to the Fish Catching and Processing Industry» (ayuda al sector de la pesca y de la transformación) y «Aid to the Fish Farming Industry» (ayuda al sector de la piscicultura). Estas dos medidas consistían en realidad en varios tipos de regímenes de ayuda que habían estado vigentes desde la década de los 70. Uno de ellos era el llamado «First time shareholders scheme» (régimen de nuevos accionistas) (en lo sucesivo el «régimen»), que estuvo en vigor desde 1982 hasta el 14 de enero de 2005. En virtud del régimen, se podían conceder subvenciones para completar la contribución financiera propia destinada a la compra de una primera participación en buques pesqueros ya existentes o nuevos. La ayuda se concedía únicamente a personas mayores de 18 años que no tuvieran todavía ninguna participación en un buque de pesca.

(5)

El nivel de la ayuda se situaba en el 50 % de los costes de compra de la participación, con un máximo de 7 500 libras esterlinas en el caso de los buques ya existentes y de 15 000 en el de los nuevos. El otro 50 % sólo podía financiarse con la propia contribución del beneficiario, y ésta debía proceder necesariamente de sus ahorros personales o de un préstamo familiar. El importe de la ayuda concedida no podía en ningún caso superar el 25 % del valor del buque.

(6)

La ayuda se concedía a condición de que el buque se utilizara para pescar a tiempo completo durante los cinco años siguientes a la recepción de la ayuda y de que el beneficiario mantuviera durante ese mismo plazo su participación.

(7)

La Comisión tenía serias dudas de que las ayudas concedidas a las personas que adquirieran por primera vez una participación en un buque de segunda mano pudieran ser compatibles con los requisitos establecidos en el punto 2.2.3.3 de las Directrices de 1994, 1997 y 2001 para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (4). La Comisión dudaba que ese régimen cumpliera el requisito de que las ayudas se concedan únicamente para participaciones en buques de no más de 10 (5) o de 20 (6) años que puedan utilizarse durante al menos otros 10. Sus dudas se centraban también en la compatibilidad del tipo de la ayuda ofrecido por el régimen (25 % del coste efectivo de adquisición del buque) con las disposiciones de las Directrices de 2001, que son aplicables a los regímenes de ayuda existentes desde el 1 de julio de ese año y que no permiten un tipo de ayuda superior al 20 % (7).

En cuanto a las ayudas concedidas para la adquisición de participaciones en buques nuevos, la Comisión consideraba que el régimen no hacía mención alguna del nivel de referencia fijado para el tamaño de la flota de pesca, ni de los requisitos de higiene y seguridad ni de la obligación de inscripción de esos buques en el registro de la flota pesquera, tal y como disponen los artículos 6, 7, 9 y 10 y el anexo III del Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (8) modificado por el Reglamento (CE) no 2369/2002, de 20 de diciembre de 2002 (9). Además, el régimen no parecía contener ninguna disposición referente a los requisitos complementarios establecidos en esos Reglamentos.

III.   OBSERVACIONES DEL REINO UNIDO

(8)

En su respuesta de 16 de octubre de 2006, el Reino Unido facilitó más información sobre las ayudas concedidas en virtud del régimen examinado y aclaró que el importe total de esas ayudas se había elevado a 581 750 libras esterlinas, y no a los 8 000 000 indicados por la Comisión en su decisión de incoación del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE. El Reino Unido señaló, asimismo, que desde el 1 de julio de 2001 no se había concedido ninguna ayuda para participaciones en nuevos buques y que, por tanto, era irrelevante la cuestión de la compatibilidad o incompatibilidad del régimen a partir de esa fecha.

(9)

Por lo que se refiere a las ayudas para la adquisición de participaciones en buques de segunda mano, el Reino Unido confirmó que el régimen no contenía ninguna condición referente a la edad de los buques, ni disposición alguna por la que se exigiera que éstos pudieran utilizarse durante al menos 10 años más. El Reino Unido argumentó, sin embargo, que el régimen sí contemplaba un requisito de concesión de cinco años y que este requisito representaba un compromiso implícito de que los buques seguirían utilizándose para la pesca durante al menos ese plazo.

(10)

El Reino Unido facilitó una lista de todas las ayudas individuales que se habían concedido entre el 25 de abril de 1996 y el 15 de julio de 2003 para la adquisición de participaciones en buques de segunda mano. En la lista figuraba un total de 78 ayudas, cada una de ellas por un importe de 7 500 libras esterlinas, y en ella se precisaban el nombre del beneficiario y el nombre y edad del buque. Se indicaba, asimismo, que el tipo de la ayuda había oscilado entre un 0,12 % y un 25 % y que, desde el 1 de enero de 2001, dicho tipo no había superado en ningún momento el 3,75 %.

(11)

El Reino Unido señalaba que, de esas 78 ayudas, 36 parecían no cumplir las condiciones aplicables, pero que 28 de ellas habían estado o estaban sujetas en ese momento a un procedimiento de recuperación como consecuencia de la pérdida, embargo, venta o retirada definitiva de los buques en cuestión. Por otra parte, en dos de los ocho casos restantes, no se había emprendido el procedimiento ya que la pérdida se había producido después de la expiración del período de cinco años exigido para la concesión. El Reino Unido concluía así que el número de ayudas potencialmente no conformes se limitaba a sólo seis, correspondientes a buques que seguían todavía en funcionamiento o a buques a los que se había transferido posteriormente el beneficio de la ayuda.

(12)

Por último, el Reino Unido mantenía que, en caso de que la Comisión adoptara una decisión negativa, no debía exigirse la recuperación de las ayudas concedidas antes del 3 de junio de 2003, dado que ello atentaría contra el principio de protección de las expectativas legítimas. A este respecto, el Reino Unido hacía referencia a las Decisiones de la Comisión 2003/612/CE, de 3 de junio de 2003, relativa a los préstamos para la compra de cuotas de pesca en las islas Shetland (Reino Unido) (10), y 2006/226/CE, de 7 de diciembre de 2005, (sobre las) inversiones de Shetland Leasing y Property Developments Ltd en las Islas Shetland (Reino Unido) (11), y argumentaba que, hasta el 3 de junio de 2003, el Shetland Islands Council había considerado legítimamente que los fondos destinados a esas ayudas no eran públicos sino privados.

IV.   EVALUACIÓN DE LA AYUDA

(13)

Es preciso determinar, en primer lugar, si la medida examinada debe o no considerarse una ayuda estatal y, en caso afirmativo, si es o no compatible con el Mercado Común.

(14)

La ayuda se ha concedido a un número limitado de empresas del sector pesquero y tiene, por tanto, un carácter selectivo. La ayuda ha sido concedida por el Shetland Islands Council con fondos estatales y ha beneficiado a una serie de empresas que compiten directamente con otras empresas del sector pesquero del Reino Unido y de otros Estados miembros. Así pues, la ayuda falsea o puede falsear la competencia y representa así una ayuda estatal según los términos del artículo 87 del Tratado CE.

(15)

El Reino Unido argumenta que las dos medidas de ayuda generales que se mencionan en el considerando 4 habían venido aplicándose ya desde antes de la adhesión del país a la Comunidad Económica Europea. La Comisión observa, sin embargo, que la información facilitada indica que el llamado régimen de nuevos accionistas no comenzó a aplicarse hasta 1982. De hecho, debido a la ausencia de registros anteriores, el Reino Unido no ha podido demostrar que la ayuda existiera ya antes de su ingreso en la Comunidad. Además, el Reino Unido ha confirmado que esas medidas de ayuda han sufrido diversos cambios con el paso de los años y que, en contra de lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3 (antiguo artículo 93, apartado 3), del Tratado CE, esos cambios no se notificaron a la Comisión en ningún momento. El resultado de ello es que tales ayudas deben considerarse como una medida nueva.

(16)

El Reglamento (CE) no 659/1999 no establece ningún plazo limitativo para el examen de una «ayuda ilegal» según los términos de la letra f) de su artículo 1, particularmente cuando se trata de una ayuda aplicada antes de que la Comisión pueda llegar a una conclusión respecto de su compatibilidad con el Mercado Común. No obstante, el artículo 15 del mismo Reglamento dispone que la facultad de la Comisión para exigir la recuperación de una ayuda ilegal se sujete a un plazo de prescripción de diez años que comience a contarse desde la fecha en que la ayuda se conceda al beneficiario y que quede interrumpido por cualquier acción emprendida por la Comisión contra ella. Se considera por tanto que no es necesario examinar aquí las ayudas cubiertas por ese plazo de prescripción, es decir, las concedidas más de diez años antes de que la Comisión emprendiera su acción.

(17)

La Comisión estima que, en este caso, la petición de información que envió al Reino Unido el 24 de agosto de 2004 vino a interrumpir el plazo de prescripción establecido en el citado artículo 15. Por consiguiente, dicho plazo se aplica a las ayudas concedidas a los beneficiarios antes del 24 de agosto de 1994 y, en consonancia con ello, la Comisión ha limitado su evaluación a las ayudas otorgadas entre el 24 de agosto de 1994 y el mes de enero de 2005.

(18)

Las ayudas estatales pueden declararse compatibles con el Mercado Común si responden a alguna de las excepciones previstas en el Tratado CE. En el caso de las ayudas estatales al sector pesquero, tales ayudas se consideran compatibles con el Mercado Común si cumplen las condiciones establecidas en las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura. De conformidad con el párrafo segundo del punto 5.3 de las Directrices de 2004, «Una ayuda ilegal en el sentido de la letra f) del artículo 1 del Reglamento (CE) no 659/1999 se examinará con arreglo a las directrices aplicables en el momento de la entrada en vigor del acto administrativo por el que se establece la ayuda». Este criterio se ajusta también a las reglas generales contenidas en la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (12). Por consiguiente, las ayudas aquí examinadas tienen que evaluarse atendiendo a su compatibilidad con las Directrices de 1994, 1997 y 2001.

(19)

Por lo que se refiere a las ayudas concedidas para la adquisición de una participación en un nuevo buque, la Comisión, en su decisión de incoación del procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, señaló que las ayudas concedidas antes del 1 de julio de 2001 podían considerarse compatibles con el Mercado Común. En cambio, dado que parecía que desde esa fecha habían dejado de cumplirse los requisitos aplicables, la Comisión manifestó tener serias dudas sobre la compatibilidad de las ayudas concedidas con posterioridad a dicha fecha.

(20)

De la información facilitada por el Reino Unido, se desprende que desde el 1 de julio de 2001 no se concedió ninguna ayuda para la adquisición de participaciones en nuevos buques y que el régimen dejó de estar vigente desde el 14 de enero de 2005.

(21)

De conformidad con el punto 2.2.3.3 de las Directrices de 1994, 1997 y 2001, las ayudas sólo pueden considerarse compatibles con el Mercado Común cuando el buque del que se quiera adquirir una participación pueda utilizarse aún durante al menos diez años más. Además, el buque ha de tener como mínimo diez años, según las Directrices de 1994 y 1997, y al menos 20 años, según las de 2001.

(22)

El régimen examinado no establecía, por el contrario, ninguna condición con respecto a la edad de los buques, y el Reino Unido ha confirmado la inexistencia de otros requisitos o medidas que pudieran garantizar el cumplimiento de esa condición. Tampoco exigía al régimen que el buque se utilizara durante al menos otros diez años. Estos hechos ponen claramente de manifiesto la incompatibilidad del régimen con las Directrices de 1994, 1997 y 2001.

(23)

Tal incompatibilidad no puede quedar contrarrestada por el hecho de que el régimen impusiera el requisito de conservar durante al menos cinco años la participación en el buque y de utilizar éste para la pesca durante esos mismos años. Este requisito sólo garantizaba el funcionamiento de los buques durante los primeros cinco años, es decir, la mitad del tiempo exigido por las Directrices.

(24)

En vista de lo que precede, se consideran incompatibles con el Mercado Común las ayudas concedidas en virtud del régimen aplicado a la adquisición de participaciones en buques de segunda mano.

(25)

Por disposición del artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, «Cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda».

(26)

Argumentando que la Comisión no debe requerir la recuperación de una ayuda si ello contraviene el principio de protección de las expectativas legítimas, el Reino Unido sostiene que tal principio se aplica en este caso.

(27)

Los fondos utilizados para la financiación del régimen fueron los mismos que los destinados a financiar las ayudas que se sujetaron a las decisiones negativas citadas en el considerando 12 (Decisiones 2003/612/CE y 2006/226/CE de la Comisión). En tales casos, la Comisión estimó que los fondos debían considerarse como recursos estatales a los efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, pero reconoció al mismo tiempo que, en las circunstancias concretas de esos casos, las autoridades de las islas Shetland y otros organismos interesados habían creado expectativas legítimas respecto del carácter privado de los fondos en cuestión al combinar una serie de elementos que, tomados conjuntamente, impedían la recuperación de las ayudas estatales concedidas.

(28)

En este caso, en cambio, la Comisión considera que no pueden aplicarse de la misma forma los elementos que se tuvieron en cuenta en las Decisiones 2003/612/CE y 2006/226/CE y que no es posible afirmar aquí que se crearan expectativas legítimas. La Comisión observa en especial las acciones y declaraciones hechas por el Reino Unido, todas las cuales demuestran con claridad que, en los distintos momentos en que se concedieron las ayudas, las autoridades responsables tenían plena conciencia de que el régimen era efectivamente una medida de ayuda estatal y que, por tanto, le eran aplicables las normas en materia de ayudas estatales.

(29)

Para llegar a esa conclusión, la Comisión tiene en cuenta que, a diferencia de las ayudas objeto de las Decisiones 2003/612/CE y 2006/226/CE, la medida aquí examinada se estableció como un régimen de ayuda normal que contemplaba la concesión directa por el Shetland Islands Council de ayudas directas a los pescadores. Además, las circunstancias concretas de este caso demuestran con claridad que el Reino Unido consideraba aplicable la normativa de las ayudas estatales, dado que los gastos del régimen fueron incluidos sistemáticamente por el Estado miembro en los informes anuales de ayudas estatales que presentó a la Comisión cumpliendo sus obligaciones comunitarias. De hecho, en la respuesta que diera en su carta de 10 de diciembre de 2004 a las preguntas formuladas por la Comisión, el Reino Unido declaró que los pagos enmarcados en el régimen habían sido incluidos durante muchos años en el inventario de ayudas estatales que debe enviarse anualmente a la Comisión y, en su carta de 6 de abril de 2005, afirmó que sus autoridades habían actuado a lo largo de los años de buena fe y en el convencimiento de que el régimen respetaba las Directrices de las ayudas estatales.

(30)

Teniendo en cuenta lo declarado en esas cartas así como las circunstancias que concurren en este caso, la Comisión estima que la exigencia de recuperación de las ayudas no puede considerarse contraria a ningún principio general del Derecho comunitario. Por ello, de conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 y sin perjuicio de los casos que puedan entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 875/2007 de la Comisión, de 24 de julio de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en el sector pesquero y que modifica el Reglamento (CE) no 1860/2004 (13), la Comisión considera que el Reino Unido debe tomar cuantas medidas sean necesarias para que los beneficiarios del régimen devuelvan las ayudas recibidas (independientemente de las acciones que ya se hayan emprendido).

(31)

Debe señalarse, además, que, con arreglo al artículo 14, apartado 2, del Reglamento (CE) no 659/1999, para poder garantizar el restablecimiento de una competencia efectiva, es preciso que la recuperación incluya también los intereses debidos. Estos intereses deben calcularse como interés compuesto, de conformidad con el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión (14). Por consiguiente, el Reino Unido ha de garantizar que también cumplan esta condición los procedimientos de recuperación ya concluidos o todavía abiertos, tomando las medidas necesarias para que, en los casos en que no se hayan incluido en la recuperación los intereses, su importe sea devuelto asimismo por los beneficiarios.

(32)

La Comisión pide al Reino Unido le devuelva completado el cuestionario adjunto sobre el estado actual del procedimiento de recuperación, acompañándolo de una lista de los beneficiarios a los que éste afecte.

V.   CONCLUSIÓN

(33)

A la vista de la evaluación contenida en la sección IV, la Comisión concluye que el Reino Unido ha infringido el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE al conceder ayudas ilegales en virtud del régimen.

(34)

La Comisión considera que el régimen no es compatible con el Mercado Común en el caso de las ayudas concedidas para la adquisición por primera vez de participaciones en buques pesqueros de segunda mano.

(35)

Dado que desde el 1 de julio de 2001 no se ha concedido ninguna ayuda para la adquisición por primera vez de participaciones en buques pesqueros nuevos, todas las ayudas concedidas con ese fin en virtud del régimen se consideran compatibles con el Mercado Común.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1.   Las ayudas estatales que ha concedido el Reino Unido en el marco del régimen de nuevos accionistas (en lo sucesivo denominado el «régimen») son compatibles con el Mercado Común en la medida en que se hayan destinado a la adquisición por primera vez de participaciones en buques pesqueros nuevos.

2.   Las ayudas estatales que ha concedido el Reino Unido en el marco del régimen son incompatibles con el Mercado Común en la medida en que se hayan destinado a la adquisición por primera vez de participaciones en buques pesqueros de segunda mano.

Artículo 2

Las ayudas individuales contempladas en el artículo 1, apartado 2, de la presente Decisión no serán constitutivas de ayuda si cumplen las condiciones del Reglamento (CE) no 875/2007.

Artículo 3

1.   El Reino Unido adoptará cuantas medidas sean necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas del régimen contempladas en el artículo 1, apartado 2, que no cumplan las condiciones a las que se refiere el artículo 2.

2.   Las sumas por recuperar incluirán los intereses devengados entre la fecha en que las ayudas se hayan puesto a disposición de los beneficiarios y la fecha de su recuperación efectiva.

3.   Los intereses se calcularán como interés compuesto de acuerdo con el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión.

4.   El Reino Unido cancelará con efectos desde la fecha de adopción de la presente Decisión todos los pagos de las ayudas contempladas en el artículo 1, apartado 2, que estén pendientes.

Artículo 4

1.   La recuperación de las ayudas del régimen contempladas en el artículo 1, apartado 2, tendrá carácter inmediato y efectivo.

2.   El Reino Unido garantizará que la presente Decisión comience a aplicarse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de su notificación.

Artículo 5

1.   Dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la presente Decisión, el Reino Unido facilitará a la Comisión la información siguiente:

a)

la lista de los beneficiarios a los que se hayan concedido ayudas contempladas en el artículo 1 de la presente Decisión que no cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 875/2007, y el importe total de la ayuda recibida por cada uno de ellos;

b)

la suma total (importe principal e intereses) que deba recuperarse de cada beneficiario;

c)

una descripción detallada de las medidas que ya se hayan adoptado o se proyecte adoptar para dar cumplimiento a la presente Decisión;

d)

los documentos que prueben la orden de reembolso enviada a los beneficiarios.

2.   Hasta la recuperación completa de las ayudas del régimen a las que se refiere el artículo 1, apartado 2, el Reino Unido mantendrá informada a la Comisión del estado en que se encuentren las medidas nacionales adoptadas para la aplicación de la presente Decisión.

El Reino Unido facilitará inmediatamente la información que pueda pedirle la Comisión con relación a las medidas que ya haya adoptado o proyecte adoptar para dar cumplimiento a esta Decisión.

Asimismo, suministrará información precisa sobre el importe de las ayudas e intereses que ya se hayan recuperado de los beneficiarios.

Artículo 6

El destinatario de la presente Decisión será el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Hecho en Bruselas, el 13 de noviembre de 2007.

Por la Comisión

Joe BORG

Miembro de la Comisión


(1)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1).

(2)  DO C 291 de 30.11.2006, p. 5.

(3)  DO C 291 de 30.11.2006, p. 5.

(4)  DO C 260 de 17.9.1994, p. 3; DO C 100 de 27.3.1997, p. 12 y DO C 19 de 20.1.2001, p. 7.

(5)  Directrices de 1994 y 1997.

(6)  Directrices de 2001.

(7)  Punto 2.2.3.3(c) de las Directrices de 2001 para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura.

(8)  DO L 337 de 30.12.1999, p. 10. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1421/2004 (DO L 260 de 6.8.2004, p. 1).

(9)  DO L 358 de 31.12.2002, p. 49.

(10)  DO L 211 de 21.8.2003, p. 63.

(11)  DO L 81 de 18.3.2006, p. 36.

(12)  DO C 119 de 22.5.2002, p. 22.

(13)  DO L 193 de 25.7.2007, p. 6.

(14)  DO L 140 de 30.4.2004, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1935/2006 (DO L 407 de 30.12.2006).