ISSN 1725-2512

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 49

European flag  

Edición en lengua española

Legislación

51o año
22 de febrero de 2008


Sumario

 

II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

Página

 

 

DECISIONES

 

 

Comisión

 

 

2008/136/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 22 de junio de 2006, relativa a la financiación ad hoc para los entes públicos de radiodifusión holandeses C 2/2004 (ex NN 170/2003) [notificada con el número C(2006)2084]  ( 1 )

1

 

 

2008/137/CE

 

*

Decisión de la Comisión de 7 de marzo de 2007 — Ayuda estatal C 10/06 (ex N555/05) — Cyprus Airways Public Ltd — Plan de reestructuración [notificada con el número C(2007) 300]  ( 1 )

25

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.


II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

DECISIONES

Comisión

22.2.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 49/1


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 22 de junio de 2006

relativa a la financiación ad hoc para los entes públicos de radiodifusión holandeses C 2/2004 (ex NN 170/2003).

[notificada con el número C (2006) 2084]

(El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/136/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Habiendo invitado a las partes interesadas a presentar sus comentarios de conformidad con las disposiciones citadas anteriormente (1),

Vistos sus comentarios,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO Y ANTECEDENTES

1.   PROCEDIMIENTO

(1)

En 2002 (2) y 2003 (3) la Comisión recibió varias denuncias que señalaban que el sistema público de financiación de los entes públicos de radiodifusión holandeses constituía ayuda estatal ilegal e incompatible en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

(2)

Durante la investigación preliminar de las denuncias, la Comisión recibió información adicional de los denunciantes (4) y de las autoridades holandesas (5).

(3)

Tras la evaluación preliminar de las presuntas medidas de ayuda, la Comisión informó a los Países Bajos por carta de 3 de febrero de 2004 de que había decidido incoar el procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE con respecto a ciertas medidas que podían considerarse ayuda nueva.

(4)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (6). La Comisión invitó a los interesados a presentar observaciones sobre la ayuda.

(5)

Los Países Bajos respondieron a la decisión de incoar el procedimiento por carta de 30 de abril de 2004. Por otra parte, la Comisión recibió comentarios de once partes interesadas (7). Mediante carta de 29 de abril de 2004, la Comisión envió los comentarios a los Países Bajos. Las autoridades holandesas respondieron por carta de 13 de agosto de 2004.

(6)

La Comisión envió preguntas adicionales a las autoridades holandesas mediante cartas de 4 de enero y 25 de mayo de 2005 a las cuales las autoridades holandesas respondieron mediante cartas de 27 de enero y 25 de julio de 2005. Se recibió más información de uno de los denunciantes (De Telegraaf) el 25 de julio de 2005 y de las autoridades holandesas el 2 de septiembre. El 22 de noviembre de 2005 la Comisión pidió a las autoridades holandesas nuevas aclaraciones mediante correo electrónico, al que las autoridades respondieron el 25 de noviembre de 2005. Tras una reunión con las autoridades la Comisión decidió que aún se necesitaba una mayor aclaración. Con este fin, el 22 de diciembre de 2005 se envió una petición de información a las autoridades holandesas a la cual éstas, a las que se había concedido un nuevo plazo, respondieron el 3 de febrero de 2006. En lo que respecta a esta respuesta se intercambiaron otros correos electrónicos entre las autoridades holandesas y la Comisión en febrero y abril de 2006.

(7)

El 24 de septiembre de 2004 se celebró una reunión entre las autoridades holandesas y la Comisión. El 27 de octubre de 2004 tuvo lugar una reunión con De Telegraaf. El 5 de enero de 2005 se celebró una reunión con Broadcast Partners. Los días 27 de julio y 23 de septiembre de 2005 se celebraron sendas reuniones entre la Comisión y RTL y VESTRA respectivamente. La Comisión mantuvo otras reuniones con las autoridades holandesas los días 1 y 14 de febrero de 2006.

(8)

Además de este procedimiento correspondiente a la ayuda nueva, la financiación de los entes públicos de radiodifusión (en lo sucesivo EPR) mediante pagos anuales del Estado y el Fondo de fomento (Stifo, Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties) (8) son objeto de examen en un procedimiento separado de «ayuda existente» (véase la ayuda estatal no E-5/2005). En la presente Decisión la Comisión sólo se refiere a las medidas que son objeto de este procedimiento de «ayuda existente» en la medida en que es necesario para presentar un esbozo general de la financiación de la radiodifusión pública. Sin embargo, no se ocupará del aspecto de la compatibilidad de los pagos periódicos anuales y de los pagos del Fondo de fomento con las normas sobre ayudas estatales.

(9)

Esta decisión también se limita a la evaluación de la financiación de las actividades esenciales de los EPR (las llamadas tareas principales) y por lo tanto quedan excluidas las actividades adyacentes como los nuevos servicios de los medios de comunicación, los servicios de SMS e i-mode. Del mismo modo, esta decisión no se ocupa de la inversión de NOS en el operador de red Nozema, que según algunas denuncias podría no haber sido realizada en condiciones de mercado. Estos aspectos se tratarán por separado.

(10)

Finalmente, la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal abarca el procedimiento a partir de 1992. Sin embargo, parece que los primeros pagos ad hoc no se efectuaron hasta 1994. Además, ahora se dispone de cifras hasta 2005 que deberían tenerse en cuenta. Así pues, el período cubierto por la decisión se extendería de 1994 — cuando se realizó el primer pago ad hoc — a 2005 — que es el último año para el que se dispone de cifras finales. Cabe señalar que las autoridades holandesas invitaron a la Comisión a tener también en cuenta el año 2006. Sin embargo las cifras de 2006 son sólo provisionales y por lo tanto no pueden tenerse en cuenta.

2.   DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN

(11)

En la sección 2.1 de este capítulo se definirán los operadores del sector (público) de la radiodifusión y en la sección 2.2 se presentarán los diferentes elementos del sistema de financiación del sector holandés de la radiodifusión en general. A este respecto, se describirán las disposiciones legales que encomiendan una misión de servicio público a los entes públicos de radiodifusión, se explicará cuáles son los distintos mecanismos de financiación (pagos anuales y pagos ad hoc), y finalmente, se explicarán las reservas que los entes públicos de radiodifusión han constituido y utilizado para el desempeño de su tarea pública. Posteriormente, se examinarán las actividades comerciales de los entes públicos de radiodifusión holandeses (sección 2.5). La sección 2.6 explica la adquisición de derechos de fútbol por NOS y la sección 2.7 trata de la relación entre entes de radiodifusión y operadores de cable. Finalmente, la sección 2.8 determina las medidas que son objeto del presente procedimiento.

2.1.   Operadores del sector (público) de radiodifusión

(12)

El sistema de servicio público de radiodifusión consta de varias organizaciones, que incluyen ocho asociaciones privadas (radiodifusores privados a cuyos miembros les ha sido encomendada una misión de servicio público) y diez fundaciones privadas (radiodifusores privados a cuyos miembros no les ha sido encomendada una misión de servicio público) (9).

(13)

Además de los radiodifusores mencionados en el apartado 12, el sistema de servicio público de radiodifusión incluye otro operador — NOS — que desempeña una doble función. La primera es la de un organismo público de radiodifusión, responsable de programas de TV y de radio (bajo la denominación de «NOS RTV»). La segunda función es la de coordinador de todo el sistema del servicio público de radiodifusión que desempeña el Consejo de administración de NOS (llamado «Publieke Omroep» y en lo sucesivo denominado PO). El PO, cuyas funciones y tareas le han sido encomendadas por la ley de medios de comunicación, fomenta la cooperación entre los entes públicos de radiodifusión, coordina los tres canales públicos de televisión e informa dos veces al año a la Autoridad de medios de comunicación sobre las actividades de los entes públicos de radiodifusión.

(14)

NOS recibe financiación del presupuesto destinado a los medios de comunicación tanto para las tareas realizadas como «PO» como para las realizadas como NOS RTV.

(15)

Los programas de televisión de servicio público son emitidos por los organismos públicos de radiodifusión a través de tres canales públicos (10).

(16)

La Organización holandesa de producción de radiodifusión (Nederlands Omroepbedrijf, en lo sucesivo denominada NOB) también forma parte del sistema público de radiodifusión. La NOB lleva a cabo la grabación, preparación de la transmisión y la transmisión real de sonidos, imágenes en movimiento y datos a todos los canales de distribución posibles. La NOB presta estos servicios a los radiodifusores comerciales y a los organismos públicos de radiodifusión. Los servicios prestados a los organismos públicos de radiodifusión son considerados servicios públicos por el Gobierno holandés y cuentan con financiación pública (11).

(17)

Una fundación separada (Stichting Ether Reclame, en lo sucesivo denominada STER) es responsable exclusivamente de la venta de espacios publicitarios y de la emisión de la publicidad en los canales públicos. La STER es responsable del tiempo de emisión que se le ha asignado. Los ingresos generados por la STER se transfieren directamente al Estado.

(18)

Además de los entes públicos de radiodifusión nacionales, hay varios radiodifusores comerciales que también operan a escala nacional. Estos radiodifusores comerciales son, por ejemplo, RTL (RTL 4, 5 y 7 (todos ellos pertenecientes al grupo CLT-UFA), SBS6, NET5 y Veronica (del grupo SBS Broadcasting) y Talpa (Talpa Media Holding). Sus ingresos proceden principalmente de la publicidad televisiva.

2.2.   Marco aplicable a la radiodifusión de servicio público

(19)

El sector de la radiodifusión se rige actualmente por la ley de medios de comunicación (LM) y el decreto de medios de comunicación (DM). La ley autoriza a los entes públicos de radiodifusión a llevar a cabo cuatro categorías de actividades que se definen en la vigente LM como la «tarea principal», las «tareas adyacentes», las «actividades adyacentes» y las «actividades de la asociación». Los entes públicos de radiodifusión pueden obtener financiación del Estado para la «tarea principal» y las «tareas adyacentes».

2.2.1.   Definiciones legales

(20)

El artículo 13, c), 1 de la LM describe la «tarea principal» del servicio público de radiodifusión del modo siguiente:

(a)

asegurar una oferta pluralista y de alta calidad de programas para la radiodifusión general en las áreas de la información, la cultura, la educación y el entretenimiento a nivel nacional, regional y local y transmitirlos o hacerlos transmitir por canales en abierto;

(b)

realizar todas las actividades necesarias relativas a la oferta de programas y la transmisión;

(c)

difundir programas destinados a países y áreas fuera de los Países Bajos y a los ciudadanos holandeses que residen en el extranjero.

(21)

El artículo 13, c), 2 de la LM establece los requisitos generales para que los programas sean emitidos por los entes públicos de radiodifusión. Los programas deben «presentar una imagen equilibrada de la sociedad y de los intereses y puntos de vista sobre la sociedad, la cultura y la filosofía de la población; y

(a)

los programas tienen que ser accesibles a toda la población en las áreas pertinentes;

(b)

contribuyen al pluralismo y a la diversidad cultural de los Países Bajos (…)».

(22)

Además, el tiempo total de la programación que debe asignarse a las distintas categorías tales como la cultura, la educación, y el entretenimiento, está regulado mediante porcentajes predeterminados (12).

(23)

El artículo 16 de la LM establece que ciertas tareas serán realizadas por NOS RTV y sienta los pormenores de estas tareas. Se contempla la cobertura de acontecimientos deportivos, con inclusión de partidos de competición y de copa así como de acontecimientos internacionales, pero sin limitarse a estos. El porcentaje del tiempo total de radiodifusión que debe dedicarse a tales acontecimientos deportivos no está predeterminado por ley. En la práctica NOS RTV pretende dedicar del 9 % al 11 % del tiempo total de emisión a programas deportivos (13).

(24)

Las asociaciones de radiodifusión tienen derecho a tiempo de radiodifusión para ofrecer programas nacionales de televisión y tienen derecho a recibir financiación del Estado para la ejecución de esta tarea (artículo 31, 4, de la LM).

(25)

De conformidad con el artículo 13, c), 3 de la LM, que se introdujo en 2000, el sistema público de radiodifusión «puede también cumplir su tarea, según lo mencionado en el primer párrafo, proporcionando medios de suministro y distribución de material para programas distintos de los contemplados en el párrafo 1, a)». Es decir, los organismos públicos de radiodifusión pueden difundir el contenido de servicio público mencionado en el apartado 20 como tarea principal, en otras plataformas de medios de comunicación (como por ejemplo en Internet).

(26)

Las llamadas «tareas adyacentes» deben cumplir varias condiciones. Por ejemplo, no deben servir para que terceros obtengan beneficios (art. 55 LM). Ejemplos de estas tareas adyacentes son la explotación de un sitio Internet o de un canal temático.

(27)

También cabe mencionar que la explotación de tareas tanto «principales» como «adyacentes» genera ingresos para los organismos públicos de radiodifusión que se deben usar con fines de servicio público (14).

(28)

Los radiodifusores holandeses de servicio público también pueden realizar actividades que se definen como adyacentes y actividades de la asociación. Las actividades adyacentes (15) deben cumplir varias condiciones por ley. Ejemplos de tales actividades adyacentes son las ventas de guías de programas, el patrocinio, la venta de derechos sobre programas y de materiales relacionados con programas, el arrendamiento de espacio de oficina y la organización de espectáculos «drive-in».

(29)

Otras actividades son las llamadas «actividades de la asociación». Las actividades de la asociación son actividades realizadas por las asociaciones de radiodifusión para sus miembros. Incluyen la publicación de revistas y la organización y venta de viajes.

2.2.2.   Tareas encomendadas y supervisión

(30)

Se encomienda a una autoridad independiente de medios de comunicación (Commissariaat voor de Media) la tarea de velar por el cumplimiento de la programación y de los requisitos financieros de la LM y de la legislación que la desarrolla (artículo 9 LM).

(31)

La Autoridad de medios de comunicación tiene una tarea legal, establecida en el artículo 134 LM, de velar por que los entes públicos de radiodifusión cumplan sus obligaciones, incluida la cuota relativa a los diversos tipos de programas. La Comisión de medios de comunicación puede imponer multas si no se cumplen las obligaciones. Además, la Autoridad de medios de comunicación controla si los radiodifusores respetan las restricciones legales aplicables al patrocinio y a la publicidad.

(32)

La Autoridad controla anualmente, sobre la base de los informes presentados por los contables, si las cuentas de los entes públicos de radiodifusión cumplen los requisitos de la LM, el decreto de medios de comunicación y el manual financiero. Si el resultado es positivo, la Autoridad formaliza las cantidades (presupuestadas) para el suministro periódico de programas (artículos 100 y 101 LM).

2.3.   Fuentes de financiación de los entes públicos de radiodifusión

(33)

Los principales recursos financieros de los EPR son los pagos anuales recibidos del Estado. Para absorber las fluctuaciones presupuestarias, se permite a los EPR disponer de ciertas reservas. Además, desde 1994 los EPR han recibido pagos ad hoc.

(34)

Puesto que la evaluación de la compatibilidad de la financiación ad hoc no puede llevarse a cabo sin tener en cuenta las otras fuentes de financiación pública, la siguiente descripción cubre tanto los pagos anuales como los pagos ad hoc (aunque los pagos anuales y los pagos del Stifo no sean objeto de la presente decisión, sino que se examinarán por separado en el contexto de la investigación pendiente relativa a la «ayuda existente» no E-5/2005).

2.3.1.   Pagos anuales

(35)

Los entes públicos de radiodifusión holandeses reciben anualmente contribuciones financieras procedentes del presupuesto del Estado para medios de comunicación. Durante el período 1994-2005, estos pagos totalizaron aproximadamente 71 000 millones de €. De esta cantidad, aproximadamente 819,6 millones de € se transfirieron al PO en concepto de su función de gestión y coordinación; los restantes 63 000 millones de € se pagaron a los radiodifusores individuales. El presupuesto para medios de comunicación se nutre de varias fuentes: la contribución estatal a la radiodifusión (pagada por los contribuyentes), los ingresos de publicidad de la STER y los ingresos por intereses del Fondo general de radiodifusión (Algemene Omroepreserve, en lo sucesivo denominado AOR) (16). El nivel del presupuesto para los medios de comunicación limita la cantidad de financiación anual que podría abonarse a los entes públicos de radiodifusión (y a otras organizaciones de medios de comunicación).

2.3.2.   Stifo

(36)

Además de los pagos anuales, los entes públicos de radiodifusión recibieron pagos del Stifo (Fondo de fomento para producciones culturales). Los fondos concedidos por el Stifo constituyen una medida de ayuda estatal que fue aprobada por la Comisión (NN 32/91). Por lo tanto hay que considerar que la medida de ayuda del Stifo es una ayuda estatal existente. Los pagos del Stifo a los radiodifusores individuales de servicio público (el PO no recibió ningún pago del Stifo) ascendieron a 155 millones de € durante el período de referencia.

2.3.3.    Pagos ad hoc

(37)

Además de las transferencias mencionadas en los apartados 34 y 35, que se consideran las fuentes regulares de financiación de los EPR, los entes públicos de radiodifusión recibieron varios pagos de carácter ad hoc. Estos pagos se hicieron directamente a los radiodifusores o se canalizaron a través de fondos y reservas especiales.

2.3.3.1.   Pagos de fondos complementarios

(38)

Los fondos complementarios son una parte del presupuesto para medios de comunicación. Durante el período 1996-1998, una cantidad de (17) millones de € se transfirió de los fondos complementarios a NOS RTV. Los fondos complementarios se introdujeron en 1996 para cofinanciar el aumento de precios de los derechos sobre programas. Las condiciones para la distribución de los pagos se adoptaron de mutuo acuerdo entre el Estado y los entes públicos de radiodifusión. Si los entes públicos de radiodifusión no pueden adquirir mediante sus presupuestos ordinarios los derechos que han aumentado de precio excesivamente, el Estado aporta una financiación equivalente, es decir cofinancia a partes iguales, la adquisición de estos derechos.

2.3.3.2.   Pagos FOR

(39)

En 1998 se dio al ministerio de cultura la posibilidad (artículo 106a LM) de transferir dinero con carácter ad hoc del AOR (reserva general para la radiodifusión gestionada por la Autoridad de medios de comunicación) a un fondo destinado a financiar iniciativas específicas del PO. El fondo se creó en 1999 con la denominación de «FOR» y está bajo el control del PO.

(40)

Según el principio aplicable, si el AOR es superior a 90,8 millones de €, cabe la posibilidad de efectuar una transferencia al FOR. Sin embargo, esto no se realiza de forma automática. Cada año el ministro de educación, cultura y ciencia decide si se puede realizar una transferencia y si es así determina la cuantía de la misma. Cuando se aprueba esta transferencia, las normas se establecen en un protocolo. Estos protocolos se establecieron en 1999 y 2001. Sobre la base de la ley de medios de comunicación (artículo 99, 2, d)), el presupuesto también debe explicar cómo se propone gastar el dinero el consejo de administración. Basándose en esta propuesta, el ministro puede poner fondos del FOR a disposición del PO, que pueden utilizarse para los fines establecidos por el ministro al liberar los recursos (18). Aunque el FOR sea un fondo dedicado a iniciativas del PO, no es una reserva que forme parte de los activos del PO.

(41)

Los fondos disponibles en el FOR permiten al PO dar un impulso cualitativo, mejorar la programación e invertir en los entes públicos de radiodifusión en general. Más concretamente, el objetivo del FOR es:

compensar los menores ingresos por publicidad de la STER;

consolidar la variedad y calidad de la programación cuando esto implica unos costes iniciales adicionales; y

financiar inversiones en apoyo del conjunto del servicio público holandés de radiodifusión.

(42)

Antes de 2005 el sistema público de radiodifusión había recibido 191,2 millones de € del FOR, de los cuales 157,4 millones de € se transfirieron a los organismos públicos de radiodifusión individuales y 33,8 millones de € al PO.

2.3.3.3.   Pagos del CoBo

(43)

El fondo para la coproducción (Coproductiefonds Binnenlandse Omroep: en lo sucesivo denominado CoBo) se creó para financiar coproducciones entre entes públicos de radiodifusión holandeses y otros productores de programas. Sus ingresos proceden de los derechos de autor pagados por los operadores de cable belgas y alemanes por la distribución de los tres canales holandeses en Bélgica y Alemania. El fondo fue creado por los entes públicos de radiodifusión y se gestiona a través de una fundación. El consejo de administración del fondo está compuesto por directores de los entes públicos de radiodifusión.

(44)

En 1994, las autoridades holandesas decidieron hacer pagos a dos subfondos gestionados por CoBo, el «Fondo para películas» que financia coproducciones de películas y documentales, y el proyecto «Telefilm» dirigido a fomentar la producción de películas de alta calidad para la televisión.

(45)

Los radiodifusores individuales de servicio público han recibido 31,7 millones de € del dinero público del CoBo durante el período de 1994 a 2005 (el PO no recibió ningún pago del CoBo).

2.4.   Las reservas de los radiodifusores individuales

(46)

Cada organismo público de radiodifusión dispone de ciertas reservas, que son, por lo general, una reserva para programas y una reserva de la asociación o fundación, dependiendo de si el organismo público de radiodifusión es una fundación o una asociación.

2.4.1.   Reservas para programas

(47)

Los radiodifusores individuales de servicio público pueden incrementar sus reservas cuando los ingresos totales superan a los costes totales. Estas reservas para programas pueden utilizarse para cubrir los costes de programas en años venideros.

(48)

Según las autoridades holandesas, el valor de los programas ya producidos pero no emitidos todavía se añade a las reservas para programas (19). De este modo, las reservas para programas también reflejan el valor de los programas ya producidos. En 2005, las reservas totales para programas de los entes públicos de radiodifusión individuales ascendieron a 78,6 millones de €.

(49)

También en 2005, el PO decidió que la parte de las reservas para programas debía transferirse al propio PO, pero se permitió a los radiodifusores disponer de unas reservas de hasta el 5 %-10 % de su presupuesto anual. Los entes públicos de radiodifusión transfirieron al PO una cantidad de 42,457 millones de €.

2.4.2.   Reservas de la asociación

(50)

Las asociaciones de radiodifusión de servicio público se crearon como entidades de derecho privado. Año tras año han aumentado sus propias reservas de la asociación mediante contribuciones y donaciones recibidas de sus miembros. Así pues, las reservas de la asociación proceden de recursos privados. En 1993, el Gobierno holandés decidió «congelar» las reservas de la asociación. A partir de ese momento, en principio (20) los beneficios generados por las actividades de la asociación y otras actividades no públicas debían utilizarse para actividades de servicio público y ya no podían transferirse a las reservas de la asociación. En 2005, el total de reservas de la asociación con que contaban los organismos públicos de radiodifusión de los Países Bajos ascendía aproximadamente a 131,1 millones de €.

2.4.3.   Reserva de la fundación de NOS RTV y de radiodifusores más pequeños

(51)

NOS RTV, NPS y otros radiodifusores más pequeños sin miembros (artículo 39f LM) cuentan con una «fundación de reserva» («stichtingsreserve»). En 2005 el nivel global de las reservas de la fundación era de 42,2 millones de € (21).

2.5.   La actividad de publicidad en los canales de servicio público

(52)

Según se ha mencionado anteriormente, la STER es responsable de la venta de publicidad en los canales de servicio público.

(53)

Las otras principales empresas de ventas de publicidad televisiva activas en el mercado holandés son IP y SBS. IP vende la publicidad en nombre de los radiodifusores comerciales RTL4, RTL5 y Yorin. SBS vende la publicidad para sus radiodifusores comerciales SBS6, Net 5 y Veronica. Además de IP y SBS hay algunos otros radiodifusores comerciales que también venden publicidad (22). Las tarifas aplicadas por la STER se calculan según las previsiones de las agencias de publicidad, las tarifas de los competidores y los precios históricos.

(54)

El siguiente cuadro muestra la evolución de la cuota de pantalla de los organismos públicos de radiodifusión para los cuales la STER gestiona la venta de publicidad. La cuota de pantalla (de espectadores mayores de 13 años) ha disminuido estos últimos años de 38,8 % en 1997 a 35,4 % en 2005. Para la categoría de 20 a 49 años, la cuota de pantalla es incluso más baja, a saber, el 27,2 %.

Cuadro 1

Cuota de pantalla de mayores de 13 años y de 20 a 49 años (18.00 h-24.00 h), 1997-2005

 

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

13+

38,8

39,9

37,8

39,8

38,8

37,9

36,8

38,9

35,4

20-49

34,6

35,8

31,6

33,3

33,0

32,5

30,1

31,8

27,2

Fuente

:

Carta de las autoridades holandesas de 24.2.2006.

(55)

A partir de 1994, los ingresos brutos (basados en las listas de precios) y netos (teniendo en cuenta los descuentos concedidos) generados por los radiodifusores comerciales en el mercado de la publicidad superaron los ingresos generados por los entes públicos de radiodifusión.

Cuadro 2

Ingresos brutos de la publicidad televisiva 1994-2005 (en millones* de €)

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

STER

327

298

225

234

257

290

348

343

383

489

581

471

Radiodifusores comerciales

360

438

532

629

715

887

1 028

1 084

1 310

1 623

2 034

2 327

Total

687

736

757

863

972

1 177

1 376

1 426

1 693

2 112

2 615

2 798

Fuente

:

Carta de las autoridades holandesas de 24.2.2006.

Cuadro 3

Ingresos netos de la publicidad televisiva, 1994-2005 (en millones de €)

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

STER

223

202

153

150

176

187

218

197

197

197

197

169

Radiodifusores comerciales

239

281

324

378

405

448

508

484

520

537

549

599

Total

462

483

477

528

581

635

726

683

717

733

746

768

Fuente

:

Carta de las autoridades holandesas de 24.2.2006.

(56)

Como puede deducirse de estos cuadros, existe una diferencia entre los ingresos brutos de la publicidad televisiva y los ingresos netos después de los descuentos. Según las autoridades holandesas, las tarifas publicadas de los organismos públicos de radiodifusión no sólo son más altas sino que también conceden descuentos más bajos en comparación con los radiodifusores comerciales (23).

2.6.   Adquisición de derechos de fútbol por NOS RTV

(57)

Durante el período objeto de investigación NOS RTV obtuvo los derechos de retransmisión de varios acontecimientos futbolísticos importantes (24). El radiodifusor comercial Canal+ (televisión de pago) obtuvo los derechos de los partidos en directo de la primera división de la liga holandesa. NOS RTV también concedió a Canal + sublicencias parciales sobre los derechos de la liga de campeones. El radiodifusor comercial SBS obtuvo los derechos de retransmisión de dos copas nacionales de fútbol. También obtuvo los derechos para los partidos de la primera división de la liga holandesa y para los partidos de clasificación del equipo holandés para el campeonato de Europa de 2004. Los derechos de retransmisión de distintas competiciones de fútbol extranjeras están en manos de CLT-UFA, el mayor grupo de radiodifusión de Europa (empresa matriz, por ejemplo, de RTL).

2.7.   Relación entre radiodifusores y operadores de cable

(58)

La transmisión tradicional por cable se considera una retransmisión diferente a efectos de derechos de autor conforme a la legislación holandesa. En principio se requiere el permiso de todos los titulares de los derechos de autor y el titular de los derechos de autor puede reclamar un pago al operador de cable por la retransmisión. Desde 1985 existe un acuerdo entre VECAI (que representa a los operadores de cable) y NOS RTV (que representa a los entes públicos de radiodifusión) en virtud del cual los operadores de cable están exentos del pago de derechos de autor a los entes públicos de radiodifusión (los titulares de los derechos de autor) cuando sus programas se transmiten por cable (25). Este acuerdo se celebró a petición del Gobierno holandés, en base a que los ciudadanos ya habían abonado una contribución por la radiodifusión pública. Se consideró que no era conveniente que los operadores de cable pagasen por los derechos de autor ya que esto podía dar lugar a unas cuotas de abono al cable más elevadas. Tampoco los radiodifusores comerciales han reclamado a los operadores de cable el pago de los derechos de autor. Sin embargo, esto no está relacionado con el acuerdo con los organismos públicos de radiodifusión antes mencionado.

(59)

Cabe señalar que los operadores de cable están legalmente obligados a transmitir todos los programas de radio y TV de los entes públicos de radiodifusión («obligación de transmisión») y no pueden cobrar a los radiodifusores por los costes de transmisión.

2.8.   Medidas objeto de la presente Decisión

(60)

Según lo establecido en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal (26), las siguientes medidas son objeto de la presente Decisión:

(1)

Los pagos a los radiodifusores contemplados en los artículos 106a y 170c de la ley de medios de comunicación, clasificados por la Comisión como pagos ad hoc.

(a)

Los pagos se realizan o bien desde los fondos complementarios a los organismos públicos de radiodifusión, o del AOR, a través del FOR, a los entes públicos de radiodifusión. Estos pagos ascendieron durante el período 1994-2005, a una cantidad total de [...] millones de €. Como se ha señalado anteriormente, esta cantidad puede dividirse en pagos realizados desde los denominados fondos complementarios ([...] millones de €) y los pagos del AOR al FOR y posteriormente del FOR a los entes públicos de radiodifusión (191,2 millones de €).

(b)

Pagos del fondo para la coproducción (CoBo). El CoBo consta de dos subfondos específicos, el fondo para películas y el proyecto Telefilm. El Estado concedió a los entes públicos de radiodifusión 31,7 millones de € durante el período 1994-2005 mediante los fondos del CoBo.

(2)

El acceso garantizado al cable llamado «obligación de transmisión» (según se contempla en el artículo 82i de la ley de medios de comunicación)

(3)

Suministro gratuito de instalaciones técnicas por parte de la NOB (según se contempla en los artículos 89 y 90 de la ley de medios de comunicación).

II.   MOTIVOS PARA INCOAR EL PROCEDIMIENTO Y ARGUMENTOS DE LAS PARTES

3.   RESUMEN DE LOS MOTIVOS PARA INCOAR EL PROCEDIMIENTO

(61)

Después de su investigación inicial, la Comisión consideró que ciertas medidas, con la posible excepción de la «obligación de transmisión», constituían ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. La Comisión expresó además dudas relativas a la compatibilidad de tal ayuda estatal con el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE.

(62)

En lo que respecta a la proporcionalidad de la financiación, la Comisión dudaba de que la asignación de costes e ingresos se hubiera realizado con arreglo a principios de contabilidad analítica claramente establecidos. La Comisión dudaba de si se habían tenido plenamente en cuenta los ingresos procedentes de servicios privados al calcular la necesidad de financiación del Estado, con el consiguiente riesgo de que la financiación fuera más allá de los costes netos del servicio público.

(63)

Además, la Comisión consideró que el nivel de fondos en el FOR y las reservas para programas presentaban indicios de un exceso de compensación estructural. La Comisión observó que no se había utilizado un importe de 110 millones de € del total de los pagos ad hoc (según cifras de 2001).

(64)

Por otra parte, la Comisión expresó su intención de investigar si no se había falseado de forma indebida la competencia en los mercados comerciales. La Comisión subrayó que tal falseamiento de la competencia podía ocurrir en los mercados de la publicidad, los derechos de propiedad intelectual para la transmisión por cable y los derechos de retransmisión de partidos de fútbol.

(65)

Finalmente, la NOB no puede cobrar a los entes públicos de radiodifusión por la prestación de servicios, pero recibe directamente del Estado pagos en concepto de esta tarea. La Comisión observó que el suministro gratuito de instalaciones técnicas podía constituir una ayuda a los entes públicos de radiodifusión.

4.   OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS

(66)

Se presentaron los siguientes comentarios pertinentes para esta decisión.

(67)

Los entes públicos de radiodifusión holandeses sostuvieron que las medidas en cuestión debían considerarse ayuda existente, pues forman parte del sistema general de financiación de la radiodifusión pública. Por otra parte, comentaron que la Comisión sólo debía evaluar la financiación de la radiodifusión pública a la luz del protocolo de Amsterdam y no debía aplicar los criterios de la sentencia Altmark  (27) ni el artículo 87, apartado 1, y el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE.

(68)

CLT-UFA observó que hasta 2002 las cuentas del sistema de radiodifusión de servicio público no podían ser verificadas y aprobadas por un contable independiente.

(69)

Los entes públicos de radiodifusión comentaron que el exceso de compensación de 110 millones de € mencionado por la Comisión no existe. En primer lugar, los entes públicos de radiodifusión y el Gobierno utilizan sistemas contables diferentes. El Gobierno se basa en una contabilidad de caja y los entes públicos de radiodifusión se basan en los costes e ingresos que se contabilizan en el momento de la transacción. Esto genera discrepancias. Además, según los entes públicos de radiodifusión, los ingresos del FOR se destinan a objetivos futuros específicos. Por otra parte, los entes públicos de radiodifusión comentaron que el exceso de financiación no puede dar lugar a falseamientos en otros mercados, pues esta financiación solamente puede utilizarse para actividades de servicio público.

(70)

ACT declaró que la STER se comporta de manera anticompetitiva recortando los precios en el mercado de la publicidad. Sostiene que puesto que el tiempo anual total de publicidad de los entes públicos de radiodifusión es más limitado que el de los radiodifusores comerciales, la STER debe aplicar precios más altos que los operadores comerciales.

(71)

SBS Broadcasting confirmó que los precios en el mercado holandés de la publicidad de televisión se fijan para la categoría GRP 20-49. Sin embargo, como los entes públicos de radiodifusión atraen a más espectadores que los radiodifusores comerciales fuera de este grupo de espectadores, los publicistas estarían dispuestos a pagar una prima para la categoría GRP 20-49. Por lo tanto, una comparación de la categoría GRP 20-49 no reflejaría la realidad económica del producto. Por otra parte, SBS comentó que para la categoría GRP 13+ los precios de los entes públicos de radiodifusión son más bajos que los de los radiodifusores comerciales. Para corroborar sus comentarios SBS presentó esquemas de los precios brutos medios de la categoría GRP 13+ para los distintos canales durante el «prime time» en 1995-2004 y mensualmente en 2003 y 2004, que muestran que los de los entes públicos de radiodifusión son más bajos que los de la mayoría de los operadores comerciales.

(72)

Según CLT-UFA, NOS RTV pagó precios excesivos por los derechos de fútbol. Los precios estarían muy por encima de los precios de mercado. CLT-UFA presentó modelos de cálculo (28) para demostrar cómo calculan los precios de los derechos de fútbol, con arreglo a los cuales CLT-UFA concluyó que la oferta hecha por NOS RTV para los derechos de los partidos de la liga de campeones de 2002 era perceptiblemente mayor que la presentada por CLT-UFA. ACT y CLT-UFA consideraron por otra parte que la Comisión no debía llegar a la conclusión de que no hay pruebas suficientes del pago excesivo por los derechos de fútbol basándose en un caso en el que un operador comercial puede haber presentado una oferta excesiva.

(73)

VECAI (la asociación de operadores de cable) plantea dos cuestiones. En primer lugar, considera que los operadores de cable que están sujetos a la obligación de transmisión deberían poder pedir un pago a los radiodifusores correspondientes. Debido a la obligación de transmisión, los entes públicos de radiodifusión no pagan un canon por la transmisión de la señal en las redes de cable.

(74)

En segundo lugar, VECAI sostuvo que los operadores de cable pagan de hecho un canon a las organizaciones de gestión de derechos en nombre de NOS RTV, pero que NOS RTV y el Gobierno holandés consideran que se trata de un canon de gestión. Según VECAI es un canon encubierto sobre los derechos de propiedad intelectual.

5.   COMENTARIOS DE LAS AUTORIDADES HOLANDESAS  (29)

(75)

Las autoridades holandesas declaran que la presunción de la Comisión de que las medidas en cuestión no forman parte de la financiación periódica anual de los entes públicos de radiodifusión como parte de la financiación estatal es errónea. La financiación objeto de la investigación procede del mecanismo regular de financiación y formaba parte integrante de la planificación presupuestaria que dio lugar a los pagos a los entes públicos de radiodifusión. Según las autoridades, el FOR, los fondos complementarios, el CoBo y los pagos a la NOB forman parte del mecanismo financiero periódico anual.

(76)

Las autoridades holandesas indican por último a la Comisión que la evaluación debe tener en cuenta el contexto específico en el que operan los organismos públicos de radiodifusión. Las autoridades piden que la Comisión tenga en cuenta la aplicación del protocolo de Amsterdam. En caso de necesidad, el objeto del presente procedimiento debería considerarse ayuda compatible en el sentido del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE en el contexto de los principios establecidos en el protocolo de Amsterdam.

(77)

La cantidad indicada provisionalmente por la Comisión como posible compensación excesiva es errónea. Dicha cantidad se dedujo de los recursos de los fondos que se cualificaron erróneamente como reservas. Puesto que el uso de estos fondos está predeterminado y sujeto a control no puede existir compensación excesiva. Por otra parte, las autoridades sostienen que en caso de que las medidas en cuestión deban considerarse ayuda estatal, se debe considerar que dicha ayuda es ayuda estatal existente en el sentido del artículo 88 del Tratado CE.

(78)

Las autoridades holandesas señalan que la contabilidad de las asociaciones públicas de radiodifusión individuales siempre ha estado sujeta a la aprobación de un contable independiente.

(79)

Las autoridades holandesas consideran que las retransmisiones de deportes populares y menos populares se ajustan a la definición de las tareas principales de los entes públicos de radiodifusión. Las autoridades holandesas consideran que, al determinar su oferta para los derechos de transmisión, los entes públicos de radiodifusión no pagaron más de lo necesario para garantizarse la adquisición de derechos importantes en relación con su tarea de servicio público y su programación general.

(80)

Las autoridades reiteran que la misión de servicio público de la NOB es una parte integrante del sistema de servicio público. El hecho de no cobrar a los entes públicos de radiodifusión por el servicio prestado por la NOB no supone una concesión de ayuda a los organismos públicos de radiodifusión.

(81)

Las autoridades holandesas declaran que dado que los operadores comerciales tampoco exigen pagos por los derechos de autor a los operadores de cable, podría decirse que NOS RTV actuaba como operador normal de mercado en las circunstancias de este mercado en concreto.

III.   EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS CON ARREGLO A LAS NORMAS SOBRE AYUDAS ESTATALES

6.   EXISTENCIA DE AYUDA EN EL SENTIDO DEL ARTÍCULO 87, APARTADO 1, DEL TRATADO

(82)

El artículo 87, apartado 1, del Tratado fija las siguientes condiciones para la existencia de la ayuda estatal. Primero, debe haber una intervención del Estado o mediante recursos del Estado. En segundo lugar, debe conferir una ventaja al beneficiario. Tercero, debe falsear o amenazar con falsear la competencia. Cuarto, la intervención debe poder afectar al comercio entre los Estados miembros.

6.1.   Presencia de fondos estatales

6.1.1.    Pagos ad hoc

(83)

Los pagos contemplados en los artículos 106a y 170c de la ley de medios de comunicación y considerados por la Comisión pagos ad hoc pueden dividirse en los llamados pagos de los fondos complementarios, pagos FOR y pagos del CoBo.

(84)

En lo que respecta a los fondos complementarios, el dinero se deposita primero en el AOR — que es un fondo cuyos recursos son propiedad del Estado y son gestionados por la Autoridad de medios de comunicación — con el fin de compensar ciertos tipos de gastos de los organismos públicos de radiodifusión superiores a lo previsto. En un momento posterior, los recursos estatales que representan los fondos complementarios del AOR se transfieren a NOS RTV.

(85)

Los pagos del fondo FOR se consideran recursos del Estado. Aunque el FOR sea un fondo administrado y gestionado por el PO, se nutre del AOR, que forma parte del presupuesto de medios de comunicación.

(86)

Lo que es más importante, según se describe en el apartado 2.3.2.2., el PO distribuye los importes sobre la base de los acuerdos previos relativos a la utilización del dinero del FOR. Aunque sea el PO quien propone como debería utilizarse el dinero, es el ministro de educación, ciencia y cultura quien «adopta la propuesta» y establece para qué finalidades pueden utilizarse los recursos. El PO solamente puede adoptar la decisión de gastar el dinero una vez que el ministro ha establecido los criterios para la distribución de los recursos. El PO debe tener en cuenta las normas establecidas por el ministro. Por lo tanto puede considerarse que la transferencia de recursos estatales tiene lugar cuando se hacen los pagos del FOR a los radiodifusores individuales. Se trata de una transferencia de recursos estatales que por otra parte es imputable al Estado (30).

(87)

Los entes públicos de radiodifusión recibieron durante el período objeto de investigación una cantidad de 191,2 millones de € del FOR y una cantidad de [...] millones de € de los fondos complementarios.

(88)

Los pagos del fondo CoBo se consideran recursos del Estado. Según lo descrito en los apartados 43-44, el fondo CoBo se nutre de las contribuciones directas del presupuesto de medios de comunicación y de los ingresos generados por los pagos de los derechos de autor abonados por los operadores de cable belgas y alemanes por la distribución de los tres canales holandeses en Bélgica y Alemania. La Comisión considera que no sólo las contribuciones directas del presupuesto de medios de comunicación, sino también los pagos de los derechos de autor pueden considerarse recursos estatales. Efectivamente, los pagos de los derechos de autor deberían haberse utilizado para financiar los costes de servicio público de los radiodifusores. Al incorporarlos al fondo CoBo, se produce el consiguiente aumento de las necesidades de financiación pública. Los pagos de los derechos de autor son por lo tanto equivalentes a unos ingresos no percibidos por el Estado.

(89)

Por otra parte, aunque el fondo CoBo sea propiedad de una fundación que lo gestiona (cuyo consejo de administración está gobernado por los organismos públicos de radiodifusión), las transferencias del fondo CoBo solamente pueden concederse a los organismos públicos de radiodifusión según unas condiciones determinadas por el Estado.

(90)

Los organismos públicos de radiodifusión recibieron del fondo CoBo una cantidad de 31,7 millones de € durante el período objeto de investigación. Esta cantidad representa una transferencia de recursos estatales a los radiodifusores individuales.

6.1.2.   Acceso libre al cable

(91)

La obligación de transmisión impuesta a los operadores de cable no implica ninguna transferencia de recursos del Estado y los ingresos no percibidos por los operadores de cable no pueden considerarse como una transferencia de recursos del Estado (31). La Comisión carece de indicio alguno en sentido contrario. Por consiguiente, puede confirmarse la opinión preliminar de que esta medida no constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

6.1.3.   Instalaciones técnicas gratuitas de la NOB

(92)

La empresa pública NOB recibe pagos del Estado por los servicios que está obligada a prestar a los entes públicos de radiodifusión. Estos pagos implican la transferencia directa de recursos estatales. En definitiva benefician a los entes públicos de radiodifusión que obtienen los servicios de forma gratuita (32). En efecto, las propias autoridades holandesas han declarado que la NOB actúa simplemente como «vehículo» de la financiación del Estado a los organismos públicos de radiodifusión que reciben los servicios de la NOB.

6.2.   Ventaja económica

(93)

La financiación ad hoc (pagos al FOR y a través de los fondos complementarios), las transferencias al CoBo y el suministro de instalaciones técnicas de forma gratuita proporcionan una ventaja económica a los radiodifusores holandeses de servicio público, en el sentido de que estas medidas los alivian de unos costes de funcionamiento que de lo contrario tendrían que sufragar.

6.2.1.   Aplicabilidad de la sentencia Altmark

(94)

El Gobierno holandés y los entes públicos de radiodifusión han sostenido que las medidas investigadas compensan a los entes públicos de radiodifusión holandeses por el coste neto contraído en el desempeño de la misión de servicio general que tienen encomendada. Esto implicaría por lo tanto que las medidas no proporcionan una ventaja a los organismos públicos de radiodifusión y no constituyen ayuda con arreglo a lo fallado en la sentencia Altmark  (33).

(95)

Las medidas estatales que compensan los costes adicionales netos de un SIEG no se consideran ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE si la compensación se calcula de tal manera que no pueda conferir a la empresa una ventaja efectiva. En la sentencia Altmark el Tribunal de Justicia ha expuesto las condiciones que hay que satisfacer para que la compensación no pueda considerarse ayuda estatal. Estas condiciones son:

en primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben haberse definido claramente;

en segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben haberse establecido previamente de forma objetiva y transparente;

en tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones;

en cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada en medios de transporte para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones.

(96)

La Comisión opina que en el presente caso no se cumplen las tres últimas condiciones mencionadas. Primero, las transferencias de fondos del FOR, los fondos complementarios así como la contribución financiera del CoBo a los EPR no se han basado en parámetros objetivos y transparentes establecidos por adelantado.

(97)

Por otra parte, las medidas de financiación ad hoc así como los pagos del CoBo no tienen en cuenta todos los ingresos pertinentes de los EPR y carecen de las salvaguardias necesarias para impedir el exceso de compensación. Efectivamente, tal y como se examinará con detalle más adelante, la financiación ad hoc dio realmente lugar a un considerable exceso de compensación.

(98)

Finalmente, la elección de los entes públicos de radiodifusión holandeses como suministradores de un SIEG no se ha realizado mediante licitación, ni se ha efectuado análisis alguno para cerciorarse de que el nivel de compensación se determina en base a un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada en medios de producción para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones. Lo mismo cabe decir de la financiación de las instalaciones técnicas puestas a disposición de los EPR por la NOB.

(99)

Por lo tanto, la Comisión considera que en el presente asunto no se cumplen todas las condiciones establecidas en la sentencia Altmark.

6.3.   Falseamiento de la competencia

(100)

La ventaja proporcionada por la financiación ad hoc, las transferencias al CoBo y el suministro gratuito de instalaciones técnicas a los radiodifusores holandeses de servicio público no están al alcance de ninguna otra empresa en una situación comparable. Dado que la competencia se falsea cada vez que la ayuda estatal refuerza la competitividad de la empresa beneficiaria con respecto a sus competidores, la ventaja es capaz de falsear la competencia entre los EPR y las otras empresas (34).

6.4.   Afectar al comercio entre Estados miembros

(101)

Cuando una ayuda financiera estatal refuerza la posición de una empresa frente a otras empresas que compiten con ella en los intercambios intracomunitarios, éstos deben considerarse afectados por la ayuda (35), incluso cuando la propia empresa beneficiaria no realice exportaciones (36). Del mismo modo, cuando un Estado miembro concede ayuda a empresas que operan en los sectores de servicios y distribución, no es necesario que las empresas beneficiarias ejerzan por sí mismas sus actividades fuera de dicho Estado miembro para que las ayudas incidan en los intercambios comunitarios (37).

(102)

En línea con esta jurisprudencia, la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (en lo sucesivo, la Comunicación sobre radiodifusión) (38) explica que:

«Cabe considerar en general que la financiación estatal de los organismos públicos de radiodifusión influye en el comercio entre Estados miembros. Esto es especialmente evidente en el caso de la adquisición y venta de los derechos de difusión de programas, que a menudo se produce en el ámbito internacional. También la publicidad, en el caso de los organismos de radiodifusión públicos autorizados a vender espacios publicitarios, tiene un efecto transfronterizo, en particular en las zonas lingüísticas homogéneas que se extienden a uno y otro lado de las fronteras nacionales. Además, la estructura del accionariado de los organismos de radiodifusión comerciales puede extenderse a varios Estados miembros (39) ».

(103)

En el presente asunto, los propios entes públicos de radiodifusión holandeses operan en el mercado internacional: a través de la Unión Europea de Radiodifusión intercambian programas de televisión y participan en el sistema de Eurovisión. Por otra parte, sus programas se difunden en Bélgica y Alemania. Además, los entes públicos de radiodifusión holandeses compiten directamente con los radiodifusores comerciales que operan en el mercado internacional de la radiodifusión y que tienen una estructura accionarial internacional.

(104)

Por lo tanto, la Comisión concluye que la financiación ad hoc, los fondos aportados al CoBo y el suministro gratuito de instalaciones técnicas pueden afectar al comercio entre Estados miembros en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

6.5.   Conclusión

(105)

Teniendo en cuenta que se cumplen todas las condiciones establecidas en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE y que no se han cumplido en todos sus elementos las condiciones establecidas por el Tribunal de Justicia en la sentencia Altmark, la Comisión concluye que la financiación ad hoc (financiación del FOR y de los fondos complementarios), los fondos concedidos a través del fondo CoBo y el suministro gratuito de servicios e instalaciones técnicas a los entes públicos de radiodifusión holandeses, constituyen ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, CE. Por otra parte, la ventaja derivada del acceso gratuito a la red de cable no implica una transferencia de recursos del Estado y no constituye ayuda estatal.

7.   CALIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS COMO «AYUDA NUEVA»

(106)

De conformidad con el artículo 1, letra b), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (40), se entenderá por «ayuda existente» (entre otras cosas):

«i)

(…) toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del Tratado en el Estado miembro respectivo, es decir, los regímenes de ayuda que fueran aplicables y las ayudas individuales que se hayan llevado a efecto con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado y que sigan siendo aplicables con posterioridad a la misma».

(107)

Según se ha indicado anteriormente, cabe distinguir entre los pagos anuales, que no son objeto de la presente decisión, y los pagos ad hoc.

7.1.   Pagos anuales

(108)

Los pagos anuales se hacen sobre la base del artículo 110 LM que establece que las «entidades a las que se ha concedido tiempo de emisión tienen derecho a la financiación del presupuesto general». El nivel de financiación y su disponibilidad se establecen en la propia LM. Este sistema de financiación existía antes de la entrada en vigor del Tratado y se considera ayuda existente según lo ha reconocido la Comisión en el procedimiento E-5/2005 (41).

7.2.   Pagos ad hoc

(109)

Los llamados pagos ad hoc poseen varias características que los distinguen de los pagos anuales periódicos y son óbice para su calificación como ayuda existente:

El fundamento jurídico de los pagos se estableció después de la entrada en vigor del Tratado. Hasta 1996 el Estado no introdujo mediante los fondos complementarios la posibilidad de compensar los gastos incurridos por los entes públicos de radiodifusión en caso de incremento excesivo de los precios de derechos de programas. Antes de 1996 no existía la posibilidad de compensar los pagos efectuados por los entes públicos de radiodifusión. Del mismo modo, la enmienda de la LM que permite hacer pagos ad hoc del FOR a los radiodifusores individuales se introdujo en 1998. En lo que respecta a la contribución del Estado al CoBo, fue en 1994 cuando el Estado decidió contribuir a este fondo.

Los pagos sólo se hicieron a partir de 1994. Más concretamente, los pagos del fondo CoBo se efectuaron a partir de 1994, los de los fondos complementarios a partir de 1996 y los del FOR desde 1999.

Contrariamente a la financiación anual periódica, los pagos ad hoc no pueden considerarse pagos a los que tienen derecho los organismos públicos de radiodifusión. En este sentido, el pago de la financiación ad hoc no constituye un proceso automático (42). Estos pagos tienen lugar a petición de los radiodifusores individuales de servicio público y se conceden después de una decisión específica e individual tomada por el ministro de cultura con arreglo al artículo 106 de la LM. En el caso del FOR, por ejemplo, el ministro decide teniendo en cuenta el nivel del FOR si los recursos deben transferirse del AOR al FOR. A continuación el PO distribuye los recursos con arreglo a normas establecidas en protocolos.

Las condiciones para la realización de las transferencias se determinan en los llamados «protocolos de transferencia» establecidos en 1999 y en 2002. En cuanto al CoBo, el Estado fija ciertas condiciones para los pagos hacia y desde el fondo que solamente datan de 1994.

Finalmente, la financiación se concede para fines específicos, según lo indicado en el punto 2.3.3. Por ejemplo, se utiliza para estimular a los radiodifusores a producir programas mejores, para absorber las fluctuaciones de los ingresos por publicidad, para adaptarse a los incrementos de precios de los derechos deportivos y para fomentar las coproducciones entre radiodifusores belgas y alemanes.

7.3.   Instalaciones técnicas gratuitas

(110)

La NOB ofrece de forma gratuita a los organismos públicos de radiodifusión las instalaciones técnicas desde la entrada en vigor de la «ley de medios de comunicación» de 1987. A partir de ese año, la NOB empezó a suministrar las instalaciones a los organismos públicos de radiodifusión mientras que originalmente era el NOS quien las suministraba. La NOB tiene encomendado un servicio de interés económico general y suministra gratuitamente las instalaciones a los radiodifusores individuales de servicio público y recibe pagos del Estado directamente. De este modo, esta medida también puede considerarse ayuda nueva.

7.4.   Conclusión sobre la calificación de «ayuda nueva»

(111)

La financiación ad hoc (pagos del FOR a los entes públicos de radiodifusión individuales y de los fondos complementarios), las transferencias del CoBo y el suministro gratuito de las instalaciones técnicas deben considerarse nueva ayuda en vez de ayuda existente.

8.   COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 86, APARTADO 2, DEL TRATADO CE

(112)

Basándose en las características de las medidas, el único argumento posible en pro de la compatibilidad es el artículo 86, apartado 2, CE que declara que: «Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general (...) quedarán sometidas a las normas del presente Tratado, en especial a las normas sobre la competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad».

(113)

El Tribunal de Justicia ha sostenido reiteradamente que el artículo 86, apartado 2, CE puede contemplar una excepción de la prohibición de conceder ayuda estatal para las empresas encargadas de un SIEG. La sentencia Altmark del Tribunal ha confirmado implícitamente que puede considerarse que la ayuda estatal que compensa los costes contraídos por una empresa para la prestación de un SIEG es compatible con el mercado común si cumple las condiciones del artículo 86, apartado 2, CE (43).

(114)

Conforme a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia (44), el artículo 86, apartado 2, CE constituye una excepción que debe interpretarse restrictivamente. El Tribunal ha dejado claro que para que una medida pueda acogerse a dicha excepción es necesario que se cumplan todas las condiciones siguientes:

el servicio en cuestión debe ser un servicio de interés económico general y estar definido claramente como tal por el Estado miembro;

la empresa en cuestión debe haber sido encargada explícitamente por el Estado miembro del suministro de dicho servicio;

la aplicación de las normas de competencia del Tratado debe obstaculizar el cumplimiento de las misiones específicas asignadas a la empresa y la excepción a dichas normas no debe afectar al desarrollo de los intercambios en una medida contraria al interés de la Comunidad.

(115)

La Comunicación sobre radiodifusión establece los principios y métodos que la Comisión se propone aplicar para velar por el cumplimiento de las condiciones mencionadas anteriormente. Así pues, en este caso debe examinar si:

las autoridades holandesas definen de forma clara y precisa las actividades de radiodifusión de los entes públicos de radiodifusión holandeses como servicio de interés económico general (definición);

las autoridades holandesas han encargado oficialmente a los entes públicos de radiodifusión holandeses la prestación de ese servicio (misión encomendada);

la financiación del Estado no excede el coste neto de ese servicio público, tomando también en consideración otros ingresos directos o indirectos derivados del servicio público (proporcionalidad).

8.1.   Definición

(116)

En este contexto, cabe mencionar que la financiación ad hoc y el suministro gratuito de las instalaciones técnicas pretendían prestar apoyo a actividades que forman parte de la misión de servicio público general. Por lo tanto, es preciso evaluar el nivel global de financiación de los organismos públicos de radiodifusión, pero la presente Decisión no se propone examinar el mecanismo y las condiciones para la concesión de los fondos estatales salvo en lo que respecta a las medidas concretas antes mencionadas. La presente Decisión tampoco entra en la organización del sistema de radiodifusión de servicio público en su conjunto.

(117)

Tal como se recoge en el párrafo 33 de la Comunicación sobre radiodifusión, la definición de misión de servicio público de un radiodifusor público incumbe a los Estados miembros. Dada la naturaleza específica del sector de la radiodifusión, la Comisión considera legítima «con arreglo al apartado 2 del artículo 86, una definición “amplia”, que confíe a un operador determinado la tarea de ofrecer una programación equilibrada y variada, acorde con su función, manteniendo al mismo tiempo un cierto nivel de audiencia. Dicha definición sería coherente con el objetivo de garantizar la satisfacción de las necesidades democráticas, sociales y culturales de la sociedad y garantizar el pluralismo, incluida la diversidad cultural y lingüística».

(118)

Sin embargo, aunque la definición pueda ser amplia, debe ser suficientemente clara y precisa para no dejar ninguna duda en cuanto a si el Estado miembro pretende o no incluir en la función de servicio público una determinada actividad realizada por el operador en cuestión. Tal como se recoge en el párrafo 36 de la Comunicación sobre radiodifusión, el papel de la Comisión se limita a controlar los errores manifiestos en la definición del servicio público.

(119)

La principal tarea de los entes públicos de radiodifusión holandeses es suministrar programas variados y de alta calidad para su emisión general en los canales públicos, en aras del interés general, según lo establecido en el artículo 13c LM. La legislación también contiene requisitos específicos de programación relativos a los tipos de contenidos que deben ofrecerse y a la cantidad de tiempo de emisión que debe dedicarse a cada tipo.

(120)

CLT-UFA declaró que los entes públicos de radiodifusión holandeses emitían en general demasiados deportes y en especial demasiado fútbol. Los denunciantes han especificado que NOS RTV difunde la mayoría de los acontecimientos deportivos en los Países Bajos. Como se ha señalado anteriormente, la financiación ad hoc debía en principio financiar las actividades que forman parte de la misión de servicio público general y por lo tanto se destinaba también a la adquisición de derechos deportivos.

(121)

La Comisión opina, sin embargo, que la emisión de programas deportivos, limitada aproximadamente al 10 % del tiempo total de emisión, no constituye un error manifiesto. Los deportes pueden formar parte de la misión de servicio público de los radiodifusores y dedicar a los deportes una proporción del 10 % del tiempo de emisión no es contrario a la misión de ofrecer una combinación equilibrada y variada de programas de servicio público.

(122)

La Comisión opina que la tarea principal según el artículo 13,c,1), está definida de manera bastante laxa, pero se puede considerar que satisface — de conformidad con la redacción del protocolo de Amsterdam — las «necesidades democráticas, sociales y culturales» de la sociedad holandesa. Así pues, la definición contenida en la legislación es suficientemente clara y precisa en relación con la tarea principal y no contiene ningún error manifiesto.

8.2.   Misión encomendada

(123)

El párrafo 40 de la Comunicación sobre radiodifusión establece que a fin de gozar de la excepción contemplada en el apartado 2 del artículo 86, la misión de servicio público debe encomendarse a los entes públicos de radiodifusión holandeses en virtud de un instrumento oficial. La Comisión observa que la ley de medios de comunicación encomienda formalmente a NOS la tarea de prestar la función de servicio público definida en el artículo 13c y en la legislación de desarrollo. El artículo 31 LM confiere a los entes públicos de radiodifusión el derecho a emitir programas en los canales públicos y la Comisión considera que la tarea principal de emitir programas se encomienda a los entes públicos de radiodifusión en virtud de un acto oficial.

8.3.   Proporcionalidad

(124)

El capítulo 6.3 de la Comunicación sobre radiodifusión explica que la evaluación de la proporcionalidad que la Comisión debe llevar a cabo tiene una doble vertiente (45).

(125)

Por una parte, la Comisión tiene que calcular el coste neto de la tarea de servicio público encomendada a los entes públicos de radiodifusión holandeses y verificar si efectivamente este coste ha sido compensado en exceso. Al compensar a una empresa, la ayuda estatal no debe exceder los costes netos de la misión de servicio público. Para obtener el coste neto, también se deberían tener en cuenta otros ingresos directos o indirectos derivados de la misión de servicio público. Por lo tanto, al evaluar la proporcionalidad de la ayuda se tendrá en cuenta el beneficio neto de la explotación de la actividad de servicio público.

(126)

Por otra parte, la Comisión tiene que investigar cualquier información que obre en su poder y que sugiera que los entes públicos de radiodifusión han falseado la competencia en los mercados comerciales más allá de lo necesario para el cumplimiento del servicio público. Un operador de servicio público, en la medida en que su lucro cesante se compense mediante ayuda estatal, podría, por ejemplo, tener interés en provocar una caída de los precios en el mercado de la publicidad a fin de reducir los ingresos de sus competidores. Esta práctica requeriría una financiación adicional del Estado para compensar los ingresos no percibidos por las actividades comerciales y por lo tanto indicaría la presencia de una compensación excesiva de las obligaciones de servicio público.

8.3.1.   Transparencia y asignación de costes

(127)

La Comisión debe determinar en primer lugar el coste del SIEG. Como los entes públicos de radiodifusión holandeses también realizan actividades que no son de servicio público, la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (46), modificada por la Directiva 2000/52/CE de la Comisión (47), les obliga a llevar cuentas separadas para las diferentes actividades efectuadas. Los costes y los ingresos deben asignarse correctamente sobre la base de principios de contabilidad analítica claramente establecidos y objetivos. Los costes enteramente atribuibles a actividades de servicio público y que al mismo tiempo beneficien también a actividades comerciales son los únicos que no tienen por qué repartirse entre ambas actividades y pueden asignarse íntegramente al servicio público (48).

(128)

La Directiva sobre transparencia se ha aplicado en los Países Bajos a través de una enmienda de la ley de competencia («Mededingingswet») (49). Por otra parte, un decreto especial (50), obliga a los entes públicos de radiodifusión a llevar cuentas separadas para todas las actividades adyacentes y las actividades de la asociación. Basándose en lo anterior, las autoridades holandesas han proporcionado información sobre los costes e ingresos de los entes públicos de radiodifusión durante el período 1994-2005.

(129)

Según los requisitos de la Directiva sobre transparencia, los Estados miembros no sólo deben asegurarse de que se llevan las cuentas separadas para las actividades de servicio público y no de servicio público, sino también de que se asignen o distribuyan correctamente todos los costes e ingresos sobre la base de principios de contabilidad de costes aplicados de forma coherente y objetivamente justificables y de que se establezcan claramente los principios de contabilidad de costes con arreglo a los que deban llevarse las cuentas separadas.

(130)

Sin embargo, en este caso, la Comisión observa que el decreto no determina la forma en que los entes públicos de radiodifusión tienen que asignar los costes compartidos por las actividades de servicio público y no de servicio público. La información de las autoridades holandesas confirma además que los entes públicos de radiodifusión utilizan métodos de asignación de costes diferentes. Las autoridades sostienen que, individualmente, la asignación es correcta, pero que debido a las opciones de los radiodifusores individuales relativas a la asignación, esta puede diferir de un radiodifusor a otro. La Comisión considera sin embargo que el hecho de que no haya ninguna coherencia entre los diferentes radiodifusores es una indicación de que el decreto no establece de forma suficiente cómo debe realizarse la asignación de costes.

(131)

Por lo tanto, sobre la base de la información presentada por las autoridades holandesas, no puede concluirse que los costes se asignen correctamente sobre la base de métodos aceptados de asignación de costes. Por lo tanto, la Comisión considera que todos los ingresos netos de las actividades comerciales de los organismos públicos de radiodifusión deben tenerse en cuenta al determinar si la financiación estatal ha sido proporcional a los costes del servicio público. Esto es también coherente con el marco legislativo holandés que se aplica al sistema de radiodifusión de servicio público y que obliga a los radiodifusores a destinar a fines de servicio público todos sus beneficios, incluidos los de las actividades comerciales (51).

8.3.2.   Proporcionalidad de la financiación pública

(132)

Según el párrafo 57 de la Comunicación sobre radiodifusión, es necesario que las ayudas estatales no sobrepasen los costes netos derivados de la función de servicio público contraídos por el radiodifusor. Así pues, una vez determinados los costes netos del servicio público hay que establecer que la cantidad total de la financiación estatal no sobrepasa dicha cifra.

(133)

Según se ha indicado anteriormente, si la asignación de costes no se ha realizado de forma total y exhaustiva, a la hora de calcular los costes netos de servicio público hay que tener en cuenta los ingresos netos de todas las actividades que se han beneficiado directa o indirectamente de financiación pública (52). Los únicos que no se deben tener en cuenta al determinar los costes netos de la misión de servicio público son los ingresos de las actividades comerciales aisladas. Se trata de las actividades que no se han beneficiado directa o indirectamente — por ejemplo gracias a factores de producción más baratos — de la financiación estatal, o de las que han pagado el valor completo de los factores de producción que comparten con la actividad de servicio público o son fruto de esta.

(134)

Como ya se ha señalado, el sistema holandés de radiodifusión de servicio público no incluye el concepto de actividades aisladas ni asigna de forma total y exhaustiva los recursos a las distintas actividades de los radiodifusores. Por otra parte, la ley de medios de comunicación establece que hay que utilizar todos los ingresos netos de las tareas principales y de las adyacentes (53), de las actividades adyacentes (54) y de las de la asociación al cumplimiento de la misión de servicio público (55).

(135)

Por lo tanto, los costes netos de las actividades de servicio público se determinan teniendo en cuenta los ingresos de todas las actividades de los organismos públicos de radiodifusión. Así:

en primer lugar, el coste neto del servicio público se determina deduciendo de los costes totales de la prestación del servicio público los ingresos netos derivados de la explotación del servicio público (tareas principales y adyacentes) (56);

en segundo lugar, se tienen en cuenta los demás ingresos comerciales netos (las actividades adyacentes y de asociación);

en tercer lugar, se suman todas las formas de financiación pública. Primero, la financiación anual del Estado y los pagos del Stifo que se consideran medidas de «ayuda existente». En segundo lugar, la financiación ad hoc (pagos del FOR y de los fondos complementarios) y pagos del CoBo, que se consideran medidas de «nueva ayuda».

(136)

La suma de todos los elementos anteriormente mencionados determina si efectivamente la financiación total del Estado supera los costes netos totales de servicio público o, dicho de otra manera, si ha existido o no una compensación excesiva de las tareas de servicio público.

(137)

Por lo que se refiere al suministro gratuito de servicios e instalaciones técnicas por la NOB, la medida debería, en principio, tenerse en cuenta al evaluar el posible exceso de compensación. Sin embargo, no es necesario incluir explícitamente la medida en los cálculos puesto que los beneficios del servicio técnico gratuito pueden considerarse como una compensación de los costes que de otro modo habría que sufragar. Así pues, el tener que pagar los costes en cuestión habría supuesto un incremento del mismo orden de los costes del servicio público encomendado a los entes públicos de radiodifusión holandeses. Por lo tanto la inclusión de estos costes no alteraría el resultado neto final (57).

8.4.   Decisión de incoación y período objeto de investigación

(138)

En la decisión de incoación, la Comisión había cuantificado con carácter preliminar el exceso de compensación en 110 millones de €. El cálculo se basaba en cifras incompletas sobre la cantidad real de transferencias a las reservas y sobre el nivel de las reservas con que contaba el conjunto del sistema de radiodifusión de servicio público durante los años 1992-2002. En aquel momento, las autoridades no habían proporcionado datos completos sobre los radiodifusores individuales.

(139)

Después de la apertura del procedimiento, la Comisión recibió cifras de los costes e ingresos de los radiodifusores individuales más detalladas que las cifras globales presentadas cuando se incoó el procedimiento. Además, la nueva información facilitaba datos reales hasta el año 2005 y también incluía una estimación para 2006.

(140)

Esta decisión se refiere a los pagos ad hoc abonados desde 1994 hasta 2005. Por lo que se refiere a la fecha del final, las autoridades holandesas invitaron a la Comisión a tener en cuenta también las cifras correspondientes a 2006. Sin embargo, la Comisión considera que esto no es correcto, puesto que las cifras de 2006 no son más que estimaciones para el ejercicio presupuestario en curso.

8.4.1.   Evaluación de la compensación de los radiodifusores individuales de servicio público

(141)

De los 19 organismos públicos de radiodifusión, 14 han recibido una compensación excesiva durante el período 1994-2005. Esta compensación excesiva generó 32 millones de € de beneficios que por lo general se han transferido a sus reservas para programas.

(142)

Sin embargo, en algunos casos la parte de la compensación excesiva se ha utilizado para equilibrar el déficit de compensación del período anterior a 1994. A principios de 1994, algunos radiodifusores tenían una reserva para programas negativa (58). Los radiodifusores sólo podían registrar reservas negativas para programas cuando los costes de servicio público eran superiores a las diversas fuentes de financiación de servicio público. Es decir, las reservas negativas para programas sólo podían ser fruto de un déficit de compensación de los costes de servicio público.

(143)

Por otra parte, cualquier pérdida eventual de las actividades comerciales debía financiarse a través de las reservas de la asociación y no podía reflejarse en las reservas para programas. Según las autoridades holandesas, las reservas de la asociación se constituyeron a partir de fondos privados.

(144)

También existen casos en que el déficit de compensación de los costes de servicio público se financió temporalmente con reservas de la asociación. En 1993, las reservas de la asociación fueron «congeladas» por las autoridades holandesas; a partir de ese momento, los ingresos del servicio público y de las actividades comerciales ya no podían añadirse a estas reservas de la asociación. Sin embargo, se hizo una excepción para el reembolso de pagos efectuados con reservas de la asociación antes de 1994 para cubrir los costes de servicio público no financiados. Según las autoridades holandesas, se trata del único caso en que los fondos se añadieron a estas reservas después de 1994 (59).

(145)

La Comisión considera que los importes negativos registrados en las reservas para programas y las variaciones positivas de las reservas de la asociación después de 1994 solamente fueron fruto del anterior «déficit de compensación» de los costes de servicio público. Por este motivo se considera que el posterior equilibrado de estas cuantías se incluye entre los costes subvencionables de la tarea de servicio público. Por lo tanto, no hay que tener en cuenta las cantidades correspondientes al determinar el exceso de compensación.

(146)

Como se ha señalado anteriormente, por lo general el exceso de compensación ha pasado a las reservas para programas. En 2005, el PO decidió por primera vez, sobre la base del artículo 109a y del artículo 19a,1),h de la LM, que las reservas de los radiodifusores individuales que excediesen del 5 % al 10 % de su presupuesto anual debían transferirse al PO (60). Esta transferencia también se considera parte de las medidas ad hoc y se tiene en cuenta al determinar la proporcionalidad de la compensación. Como consecuencia, esta transferencia ha reducido la compensación global de los radiodifusores individuales de servicio público, aumentando al mismo tiempo el exceso de compensación del PO.

(147)

Al restar — para cada año de 1994 a 2005 — el coste neto del servicio público de la financiación global recibida del Estado, de la manera descrita en el párrafo 135, la Comisión llega a la conclusión de que ninguno de los radiodifusores individuales ha recibido financiación pública superior al 10 % de su presupuesto anual. Puesto que los costes de la radiodifusión pública pueden variar cada año, el Estado puede efectivamente desear por razones presupuestarias reducir al mínimo las fluctuaciones en la financiación del Estado y permitir que cierto porcentaje de la compensación excesiva anual sea transferido al siguiente año. La Comisión ha admitido este principio en el asunto de la radiodifusión pública danesa (61).

(148)

En dicho asunto la Comisión declaró que estas reservas deben crearse para ese propósito concreto y deben regularizarse en momentos predeterminados, es decir, deduciéndolas de la compensación del año siguiente si se determina la existencia de un exceso de compensación. Así pues, si el exceso de compensación no es superior al 10 % de la cantidad de la compensación anual, es compatible con el Tratado CE y puede transferirse al siguiente período anual y deducirse de la cantidad de compensación correspondiente a ese período.

(149)

Como ya se ha indicado antes, las autoridades holandesas han decidido que cada organismo público de radiodifusión sólo puede mantener una reserva específica del 5 % al 10 % como máximo de su presupuesto anual (62). Teniendo en cuenta esta limitación, el PO pidió en 2005 la transferencia de 42,457 millones de € de las reservas de los radiodifusores individuales al PO. Las autoridades también se han comprometido a controlar de forma periódica las reservas y a ordenar el reembolso de las cantidades que superen el 10 % de la compensación anual a partir de 2006 (63). Por lo tanto se estima que se cumplen las condiciones para considerar compatible un exceso de compensación que no supere el 10 % del presupuesto anual de los organismos públicos de radiodifusión (64).

(150)

Puesto que la compensación excesiva no supera el margen del 10 % del presupuesto anual, cabe considerarla justificado para el cumplimiento del servicio público y por consiguiente la ayuda se considera compatible con el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE.

8.4.2.   Compensación excesiva del PO

(151)

El PO también recibió una compensación por su función de gestión y coordinación del sistema de radiodifusión. Esta función es realizada por una organización separada, el PO, que lleva cuentas internas separadas. Las autoridades holandesas han declarado que aunque NOS RTV y el PO forman parte de una única persona jurídica y tienen también unas cuentas consolidadas, en ningún caso pueden tener acceso recíproco a los fondos del otro.

(152)

Sobre la base de las cuentas separadas para el PO y con arreglo al enfoque descrito en el apartado 135, la Comisión llega a la conclusión de que el PO ha recibido un exceso de compensación total de 55,908 millones de €, sin incluir las reservas de los radiodifusores individuales que se transfirieron en 2005. La transferencia de las reservas ascendió a 42,457 millones de €. Si se tiene en cuenta esta transferencia, el exceso de compensación total del PO asciende a 98,365 millones de € (55,908 millones de € +42,457 millones de €).

Cuadro 4

Desglose de la financiación anual del PO (1994-2005) en millones de € (65)

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Costes de la actividad pública

53,1

60,5

61,8

64,6

69,3

77,3

89,0

94,7

100,4

91,2

91,9

95,2

948,9

Ingresos de la actividad pública

0

0

0

0,7

3,3

3,5

2,5

2,6

3,4

0,2

0

0

16,2

Costes netos de la actividad pública

53,1

60,5

61,8

63,9

66,0

73,8

86,4

92,0

97,0

90,9

91,9

95,2

932,7

Resultado neto de la actividad pública

5,7

5,9

6,5

7,3

10,7

16,0

13,7

12,0

10,8

13,1

22,3

9,7

133,7

Necesidad de financiación pública

47,5

54,6

55,3

56,5

55,4

57,8

72,7

80,0

86,2

77,8

69,6

85,5

799,0

Pagos anuales

49,4

55,6

58,3

58,9

62,3

70,7

68,7

74,6

78,6

85,4

78,0

79,3

819,6

Pagos anuales del Stifo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compensación anual total

49,4

55,6

58,3

58,9

62,3

70,7

68,7

74,6

78,6

85,4

78,0

79,3

819,6

Resultado antes de pagos ad hoc

1,9

1,0

3,0

2,3

6,9

12,8

-4,0

-5,4

-7,6

7,6

8,4

-6,2

20,7

Pagos del FOR

0

0

0

0

0

0

7,1

6,1

5,2

7,0

5,6

2,8

33,9

Pagos de fondos complementarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pagos del CoBo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferencia de reservas excesivas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42,5

42,5

Pagos ad hoc totales

0

0

0

0

0

0

7,1

6,1

5,2

7,0

5,6

45,3

76,3

Partidas extraordinarias

0

0

0

0

0

0,9

0

0,2

0,2

0

0

0

1,4

Compensación excesiva o insuficiente total

1,9

1,0

3,0

2,3

6,9

13,7

3,1

0,9

-2,1

14,5

14,0

39,1

98,4

(153)

Se considera que el exceso de compensación de 98,365 millones de € no es necesario para el funcionamiento del servicio público y por lo tanto no puede beneficiarse de la excepción de la prohibición de conceder ayuda estatal del artículo 86, apartado 2. Por lo tanto, el exceso de compensación no se considera ayuda compatible y en principio debe recuperarse del PO.

(154)

Sin embargo, parece que el exceso de compensación es superior a los pagos totales ad hoc aportados al PO. El PO recibió 33,870 millones de € como pagos ad hoc del presupuesto de medios de comunicación del Estado, más una transferencia ad hoc de 42,457 millones de € de los otros radiodifusores. Esto da un total de 76,327 millones de € de pagos recibidos procedentes de medidas ad hoc. Además, los pagos ad hoc también produjeron intereses que deben tenerse en cuenta al determinar la cantidad de fondos que no se recibieron en el contexto de las «medidas de ayuda existente». Por lo tanto habría que limitar la recuperación a 76,327 millones de € más intereses porque el exceso de compensación restante se concedió a través de la ayuda existente y no puede recuperarse.

8.5.   Comportamiento anticompetitivo en los mercados comerciales

(155)

Según se indica en la Comunicación sobre radiodifusión, la Comisión opina que el comportamiento anticompetitivo de los organismos públicos de radiodifusión no puede considerarse inherente a la misión de servicio público. En la decisión de iniciar el procedimiento de investigación formal la Comisión mencionó los siguientes posibles falseamientos del mercado.

8.5.1.   Transmisión por cable

(156)

En el contrato tipo concluido en 1985 entre radiodifusores y operadores de cable, se estipula, a petición del Gobierno holandés, que los operadores de cable no abonarán los derechos de propiedad intelectual por la transmisión de programas públicos de televisión holandeses. Debido a la renuncia al pago de los derechos de propiedad intelectual por parte de los operadores de cable, cabe dudar de que el PO haya actuado como un operador normal de mercado puesto que renunciaba a unos ingresos comerciales.

(157)

Las autoridades holandesas sostienen sin embargo que el hecho de que el PO no cobre un canon por los derechos de propiedad intelectual no supone necesariamente una contradicción con un comportamiento comercial. Al fin y al cabo, los radiodifusores comerciales tampoco cobran un canon a los operadores de cable por la transmisión de sus programas (66).

(158)

En efecto, los acuerdos comerciales entre radiodifusores y operadores de cable pueden adoptar diferentes formas, especialmente teniendo en cuenta que la transacción implica el intercambio, valioso para ambas partes, de unos servicios de transmisión por una disponibilidad de contenidos. Por consiguiente, la Comisión estima que no hay indicios claros de que el PO hubiera actuado de forma contraria al comportamiento comercial y que al renunciar a los ingresos comerciales hubiera aumentado la necesidad de financiación del Estado.

8.5.2.   Mercado de la publicidad

8.5.2.1.   Presunto recorte de precios para la categoría GRP 20-49

(159)

Cuando inició el procedimiento de investigación formal, la Comisión carecía de indicios suficientes de que el STER hubiera realmente recortado los precios. Sin embargo hay que examinar la información presentada por los denunciantes y las autoridades holandesas una vez iniciada la investigación.

(160)

El párrafo 58 de la Comunicación sobre radiodifusión indica que los organismos públicos de radiodifusión podrían tener interés en provocar una caída de los precios en el mercado de la publicidad a fin de reducir los ingresos de sus competidores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los entes públicos de radiodifusión de los Países Bajos no realizan actividades publicitarias directamente, sino que estas se hallan a cargo de un organismo separado denominado STER. La misión del STER consiste en explotar el tiempo de publicidad disponible de tal manera que pueda aportar una contribución óptima a la financiación central de los organismos públicos de radiodifusión. Funciona como intermediario con la misión de maximizar los beneficios de la venta de espacios publicitarios de los entes públicos de radiodifusión. Según se ha mencionado en el apartado 17, el STER transfiere los ingresos de publicidad directamente al presupuesto de los medios de comunicación.

(161)

Un posible comportamiento de recorte de precios por el STER debería reflejarse en alguna o en todas las circunstancias siguientes: precios más bajos del STER en comparación con sus competidores, aumento de la cuota de mercado y pérdida de ingresos para el STER.

(162)

En primer lugar, tal y como también mencionó la Comisión en la decisión de iniciar el procedimiento de investigación formal, una comparación entre los precios de las empresas de venta de publicidad públicas y privadas podría considerarse como sustitutivo de los criterios indicados en el párrafo 58 de la Comunicación sobre radiodifusión.

(163)

Para comparar precios, la categoría de 20-49 años es la más pertinente. Como puede deducirse del siguiente cuadro 5, existen diferentes subgrupos, muchos de los cuales se dirigen a espectadores en la horquilla de edades de 20-49:

Cuadro 5

Porcentaje de objetivos GRP alcanzados por la STER (2004 confidencial)

Objetivo

13+

20-34

35-49

50-64

20-49

Compradores 20-49

Compra-dores 20-49 + niños

Hombre 20-34

Mujer 20-34

Adquirido

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Fuente

:

Carta de las autoridades holandesas de 27.1.2005.

(164)

El cuadro 5 muestra que la STER vende predominantemente publicidad para la categoría de espectadores en la horquilla de 20-49 años. A partir de 1999, la cuota de mercado del STER en publicidad y la cuota de pantalla alcanzada por los organismos públicos de radiodifusión para la categoría 20-49 disminuyó. En este grupo destinatario de 20-49 años, los precios brutos cobrados a los publicistas fueron los siguientes:

Cuadro 6

Precios brutos por GRP 20-49 años (18.00h-24.00h), 1995-2005 en €

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

STER

1 470

1 496

1 499

1 315

1 485

1 541

1 562

1 624

1 816

1 932

1 890

Radiodifusores comerciales

1 337

1 314

1 366

1 399

1 438

1 637

1 667

1 675

1 753

2 055

2 087

Fuente

:

Carta de las autoridades holandesas de 23.2.2006.

(165)

Basándose en la fecha antes facilitada, los precios del STER para la categoría GRP 20-49 sólo eran ligeramente más bajos que los precios de los radiodifusores comerciales. Según las autoridades holandesas, los radiodifusores y STER conceden descuentos muy sustanciales. Los radiodifusores comerciales parecen haber concedido descuentos mucho mayores, especialmente a partir de 1998. Estos descuentos se recogen a continuación.

Cuadro 7

Descuentos reales concedidos en 1994-2005 en %

 

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ster

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Radiodifusores comerciales

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Fuente

:

Carta de las autoridades holandesas de 24.2.2006.

(166)

Aunque el STER tiene una audiencia menos atractiva que los radiodifusores comerciales — tiene una selectividad baja y por ende es menos capaz de ofrecer un grupo destinatario muy específico — y tiene una menor audiencia y una menor cuota de mercado de publicidad (véase el siguiente cuadro 9), sus precios netos son mayores que los aplicados por los radiodifusores comerciales.

Cuadro 8

Precios netos por GRP 20-49 años (18.00h-24.00h), 1995-2005 en €

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ster

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Radiodifusores comerciales

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

(167)

Del cuadro 9 puede deducirse por otra parte que existe una clara correlación entre la disminución de la cuota de pantalla y de la cuota de publicidad de la radiodifusión pública. No hay pruebas de que debido a la posible subcotización de los precios, el STER esté aumentando su cuota de mercado o, al menos, esté manteniendo su cuota de mercado a pesar de la disminución de la cuota de pantalla de sus clientes radiodifusores. Al contrario, el STER está perdiendo cuota de mercado de publicidad a un ritmo similar al de la pérdida de audiencia de los organismos públicos de radiodifusión.

Cuadro 9

Audiencia y cuotas de mercado de publicidad

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Audiencia de CSB

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Publicidad de CSB

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Audiencia de EPR

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Publicidad de EPR

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Fuente

:

Carta de las autoridades holandesas de 03.2.2006.

(168)

Finalmente, no hay pruebas de que el STER haya perdido ingresos de publicidad con objeto de aumentar su cuota de mercado.

Gráfico 1

Evolución de los ingresos brutos y netos

Image

(169)

Del cuadro 7 y el gráfico 1 se deduce que el STER ha ofrecido considerables descuentos. Sin embargo, el gráfico 1 también permite deducir que, a pesar de esos descuentos, los ingresos netos de la publicidad se mantuvieron relativamente constantes. La aplicación de descuentos no ha dado lugar a un cambio importante de los ingresos.

(170)

Por lo tanto, no parece que en el mercado holandés de la publicidad se haya producido ninguna de las circunstancias que suele conllevar el comportamiento de subcotización de precios — es decir: precios más bajos, aumento de la cuota de mercado y pérdida temporal de ingresos. Cabe destacar nuevamente que el STER es una empresa independiente de los organismos públicos de radiodifusión cuyos ingresos van directamente al presupuesto de medios de comunicación. Por consiguiente, la Comisión ha llegado a la conclusión de que no hay indicios de que el STER recortara los precios en una medida tal que llevase a una pérdida indebida de ingresos que a su vez incrementase la necesidad de financiación adicional del Estado para el sistema de radiodifusión de servicio público.

8.5.2.2.   Parámetro de los precios de la publicidad

(171)

SBS Broadcasting BV sostuvo que «la mera comparación de precios entre los precios de la categoría GRP 20-49 pagados al STER o a IP y/o SBS no puede ser un criterio exclusivo para determinar si el STER subcotiza verdaderamente los precios».

(172)

SBS declara además que, en primer lugar, los anunciantes están dispuestos a pagar una prima adicional por la categoría GRP 20-49 ofrecida por el STER debido a que también llega a espectadores no pertenecientes al grupo destinatario. Además, los precios del STER para la categoría GRP 13+ (adolescentes) por llegar al objetivo son realmente muy inferiores a los precios de los competidores comerciales para la categoría GRP 13+. La Comisión comunicó estas observaciones a las autoridades holandesas (67).

(173)

En lo que respecta al primer aspecto, debería quedar claro desde el principio que cuando las empresas de comercialización hacen publicidad de sus productos se proponen llegar a un grupo destinatario. Los espectadores no pertenecientes al grupo destinatario carecen de interés. Uno de los criterios para comprar tiempo de publicidad es la selectividad de la audiencia destinataria. Si la horquilla de publicidad no es selectiva, es decir, si hay una abundancia de lo que se denomina «desperdicio» (publicidad que llega a espectadores no pertenecientes al grupo destinatario), la horquilla de publicidad pasa a ser menos interesante. Debido a que la publicidad vendida por el STER tiene una selectividad baja — atrae una amplia gama de espectadores — según las autoridades holandesas, es realmente difícil que el STER mantenga sus tarifas de publicidad. En segundo lugar, la categoría GRP 13+ es menos importante que la categoría GRP 20-49. La información del cuadro 5 muestra la relativa baja importancia de la categoría GRP 13+ (información confidencial) e indica claramente que la categoría GRP 13+ no es decisiva a la hora de realizar una comparación de precios. Tal y como declararon las autoridades holandesas, la categoría GRP 20-49 es mucho más pertinente. El hecho de que el precio del STER para la categoría GRP 13+ sea más bajo no prueba en sí mismo que los organismos públicos de radiodifusión hayan subcotizado los precios en general.

8.5.2.3.   Conclusión en cuanto a la publicidad

(174)

Por lo tanto, a pesar de que el STER haya ofrecido considerables descuentos, los ingresos totales derivados de la publicidad no disminuyeron sino que se mantuvieron estables. Tras evaluar los otros argumentos y las respuestas de las autoridades holandesas, la Comisión concluye que actualmente no hay pruebas de que el STER no intentara maximizar sus ingresos de publicidad y que su comportamiento hubiera llevado a una necesidad de financiación del Estado cada vez mayor.

8.5.3.   Derechos de fútbol

(175)

Cuando se inició el procedimiento, la Comisión declaró que no había indicios claras que permitieran concluir que los radiodifusores habían pagado por los derechos de retransmisión de fútbol un precio que era estructuralmente superior al valor de mercado. Una de las razones era que los organismos públicos de radiodifusión habían ofrecido durante las negociaciones unas cantidades superiores a las que los radiodifusores comerciales estaban dispuestos a ofrecer. CLT-UFA se quejó de que los entes públicos de radiodifusión holandeses pagaban precios excesivos por los derechos de fútbol. La Comisión indicó que examinaría esta situación con más detenimiento.

(176)

La posterior investigación no aportó pruebas de que los entes públicos de radiodifusión hubieran presentado ofertas superiores a las de los radiodifusores comerciales, ni que los organismos públicos de radiodifusión hubieran adquirido derechos sobre encuentros de fútbol en una medida tal que hubiera podido excluir del mercado a los competidores. Efectivamente, existen ejemplos de derechos importantes de fútbol correspondientes a los radiodifusores comerciales durante el período de investigación (véase el apartado 57).

(177)

Sin embargo, si bien no ha sido posible descubrir prácticas anticompetitivas específicas en el presente procedimiento, el problema de si el sistema como tal ofrece suficientes salvaguardias contra la posibilidad de comportamiento anticompetitivo será objeto del procedimiento E-5/2005 sobre ayuda existente.

9.   CONCLUSIÓN

(178)

Por las razones antes establecidas, la Comisión concluye que ha habido una compensación excesiva de 98,365 millones de € concedidos a través de medidas de ayuda estatal que no pueden considerarse compatibles con el mercado común con arreglo al artículo 86, apartado 2, del Tratado CE y deben por lo tanto recuperarse de NOS por las funciones realizadas en su calidad de PO.

(179)

Sin embargo, debido a que la compensación excesiva supera los pagos ad hoc totales aportados al PO y que ascienden a un total de 76,3 millones de € la recuperación debería limitarse a 76,327 millones de € más intereses, porque la compensación excesiva «restante» se concedió a través de una ayuda existente y no puede recuperarse.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1.   La ayuda estatal ad hoc que los Países Bajos han concedido a NOS por la función que desempeña como PO es incompatible con el mercado común.

2.   NOS deberá reembolsar la ayuda estatal ad hoc incompatible. La cantidad que debe reembolsar asciende a 76,327 millones de €, más intereses.

3.   La ayuda estatal ad hoc concedida a los radiodifusores individuales de servicio público es compatible con el mercado común a condición de que, en la medida en que dicha ayuda da lugar a una compensación excesiva de las misiones de servicio público, el excedente se deposite en una reserva especial, cuyo importe no sea superior al 10 % del presupuesto anual del radiodifusor y a condición de que los Países Bajos controlen periódicamente el cumplimiento de esta limitación.

Artículo 2

1.   Los Países Bajos tomarán todas las medidas necesarias para el reembolso por parte del PO de la ayuda mencionada en el artículo 1 y puesta ilegalmente a disposición del beneficiario.

2.   La recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional, siempre que éstos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión. La ayuda recuperable devengará intereses desde la fecha en que se puso a disposición de los beneficiarios hasta la de su recuperación.

3.   El interés que debe recuperarse en virtud del apartado 2 se calculará de conformidad con el procedimiento fijado en los artículos 9 y 11 del Reglamento (CE) no 794/2004 (68).

4.   En el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, los Países Bajos instarán al beneficiario mencionado en el artículo 1 el reembolso de la ayuda ilegal e incompatible y de los intereses adeudados.

Artículo 3

Los Países Bajos informarán a la Comisión, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, de las medidas ya tomadas y previstas para dar cumplimiento a la presente. Para ello utilizarán el cuestionario que se adjunta en el Anexo I a la presente Decisión. Los Países Bajos presentarán en el mismo plazo todos los documentos que prueben que se ha iniciado el procedimiento de reembolso de la ayuda concedida ilegalmente e incompatible por parte del beneficiario.

Artículo 4

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de los Países Bajos.

Hecho en Bruselas, el 22 de junio de 2006.

Por la Comisión

Neelie KROES

Miembro de la Comisión


(1)  DO C 61, p. 8 de 10.3.2004.

(2)  Mediante carta de 24 de mayo de 2002 de CLT-UFA SA y de las filiales asociadas RTL/Holland Media Groep SA y Yorin TV BV; mediante carta de 10 de octubre de 2002 de SBS Broadcasting; mediante carta de 28 de noviembre de 2002 de VESTRA.

(3)  Mediante carta de 3 de junio de 2003 de la asociación holandesa de editores de periódicos y mediante carta de 19 de junio de 2003 de la empresa editorial De Telegraaf.

(4)  Mediante cartas de 29 de junio de 2002, 28 de octubre de 2002, 21 de febrero de 2003 y dos cartas de 19 de junio de 2003.

(5)  Mediante cartas de 12 de septiembre de 2002 y 18 de septiembre de 2002, en respuesta a una petición de información de la Comisión de 24 de junio de 2002.

(6)  Véase la nota a pie de página 1.

(7)  Asociación de la televisión comercial en Europa (ACT), por carta de 15 de abril de 2004; Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstaltender Bundesrepublik Deutschland (ARD), por fax de 8 de abril de 2004; Broadcast Partners, versión final por carta de 27 de abril de 2004; CLT-UFA, RTL/HMG y Yorin (denominados en lo sucesivo CLT-UFA), por carta de 14 de abril de 2004; De Telegraaf, por carta de 15 de abril de 2004; Groep Nederlandse Dagbladpers, por carta de 21 de abril de 2004; Publieke Omroep, por carta de 21 de abril de 2004; SBS Broadcasting BV, por carta de 26 de abril de 2004; Branchevereniging van Nederlandse kabelbedrijven (VECAI) por carta de 8 de abril de 2004; Vereniging van Commerciële Radio (VCR), por carta de 13 de abril de 2004.

(8)  Asunto NN 32/91 autorizado por la Comisión en julio de 1991.

(9)  Las asociaciones con miembros son KRO, AVRO, NCRV, EO, TROS, BNN, VARA y VPRO. Las organizaciones privadas autónomas son: NPS, Teleac/NO, RVU, VKZ, RKK, HOS, NMO, OHM, NIK y BOS.

(10)  A saber «Nederland 1, 2 y 3».

(11)  Véase el artículo 90 de la ley de medios de comunicación.

(12)  Véanse los artículos 50 y 54 de la LM.

(13)  Véase el programa de acción 2000-2010 de NOS.

(14)  Patrocinio, pero también ingresos de ventas de entradas, suscripciones, servicios SMS, etc. (Véase el manual financiero, versión 2005, p. 18).

(15)  Incorporadas en la ley de medios de comunicación por una ley de 5 de julio de 1997.

(16)  El AOR es una reserva destinada a la radiodifusión pública y gestionada por la Autoridad de medios de comunicación. El AOR sirve para cubrir déficits causados por unos ingresos de publicidad más bajos durante el año presupuestado. También sirve como cobertura en caso de liquidación de un radiodifusor público que no tiene ninguna reserva propia y sirve de cuenta corriente entre el ministro y la Autoridad de medios de comunicación. Finalmente, el AOR cubre en general los costes adicionales contraídos en caso de incremento de precios. Los pagos anuales sólo tienen en cuenta el incremento de precios dos años después de registrarse el aumento. El AOR sirve de parachoques durante ese período.

(17)  Cubierto por la obligación de secreto profesional.

(18)  Carta de 24 de febrero de 2006, p. 3-4.

(19)  Carta de 27 de enero, conversación telefónica de 3 de febrero de 2005 y respuesta a la petición adicional de 25 de julio de 2005.

(20)  Ha habido algunas excepciones a esta regla. Se han hecho algunas transferencias a las reservas de la asociación en los casos en que anteriormente las reservas de la asociación se habían utilizado para la financiación de actividades de servicio público. Véase también el apartado 142 y siguientes.

(21)  Las reservas de la fundación son de 2,288 millones de € (NPS), 832 mil € (NOS) y 39,119 millones de € (PO).

(22)  Como por ejemplo Talpa, Nickelodeon, Jetix, TMF y MTV.

(23)  Véase carta de 23 de febrero.

(24)  Se incluyen aquí, entre otros, la fase final del campeonato mundial de fútbol 2002, la liga de campeones 2002/2003, los derechos sobre resúmenes y momentos destacados de la primera división de la liga holandesa 2003/2004, el campeonato de Europa 2004, la mayoría de los partidos europeos de copa en los que participan clubes holandeses, y el campeonato mundial de fútbol 2006. Algunos de estos acontecimientos forman parte de la lista de acontecimientos contemplada en el decreto sobre medios de comunicación, de conformidad con la Directiva 97/36 (DO L 307 de 30.7.1997, p. 60).

(25)  Carta de las autoridades holandesas de 18.9.2002.

(26)  Véase la nota a pie de página 1.

(27)  Asunto C-280/00, Altmark Trans, Rec. [2003] I-7747.

(28)  Este modelo de cálculo tiene en cuenta varios factores para el cálculo de los ingresos potenciales que pueden obtenerse de los derechos de retransmisión de deportes: crecimiento previsto de los gastos en el conjunto del mercado de la televisión y expectativas relativas a los ingresos potenciales de publicidad tras las reuniones con publicistas; impacto de la radiodifusión de acontecimientos deportivos en la cuota de mercado del radiodifusor comercial (consideraciones de posicionamiento estratégico); número de clubes holandeses (para acontecimientos internacionales tales como la liga de campeones).

(29)  Resumen de la respuesta de las autoridades holandesas a la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, de 30 de abril de 2004.

(30)  Véase asunto C-482/99, República francesa/Comisión, Rec. [2002] I-4397, apartado 55.

(31)  Véase asunto C-379/98, Preussen Elektra, Rec. [2001] I - 2099, apartados 54 y siguientes.

(32)  Véase asunto C-126/01, GEMO, Rec. [2003] I-7747 apartado 44.

(33)  Véase asunto C-280/00, Altmark Trans, op. cit, apartado 95.

(34)  Véase el asunto 730/79, Philip Morris, Rec. [1980] 2671, apartado 11.

(35)  Véase el asunto 730/79 Philip Morris, op. cit., apartado 11 y el asunto 259/85, República Italiana/ Comisión, Rec. [1987] 4393, apartado 24.

(36)  Asunto C-75/97, Bélgica/ Comisión (Maribel bis/ter), Rec. [1999] I-3671 apartado 45.

(37)  Asunto C-310/99, Italia/Comisión, Rec. [2002] I-02289, apartado 66.

(38)  DO C 320 de 15 de noviembre de 2001, p. 11.

(39)  Véase la Comunicación de radiodifusión, apartado 18.

(40)  DO L 83 de 27 de marzo de 1999. El Reglamento ha sido modificado por el Tratado de Adhesión de 2003.

(41)  Para una evaluación completa, véase la carta del artículo 17 enviada por la Comisión a las autoridades holandesas, E-5/2005, de 3 de marzo de 2005.

(42)  Carta de las autoridades holandesas de 13 de mayo de 2004, Véase el capítulo F.6.

(43)  Véase la sentencia Altmark antes citada, apartados 101 a 109.

(44)  Véase por ejemplo el asunto 127/73, BRT/SABAM, Rec. [1974], p. 313, apartados 19 a 22.

(45)  Véase la Comunicación sobre radiodifusión, párrafos 57 y 58.

(46)  DO L 195 de 29.7.1980, p. 35. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2005/81/CE (DO L 312 de 29.11.2005, p. 47).

(47)  DO L 193 de 29.7.2000, p. 75.

(48)  Véanse párrafos 53 — 56 de la Comunicación sobre radiodifusión.

(49)  Véase el artículo 25a de la ley holandesa de competencia.

(50)  Decreto del Secretario de Estado de 13 de junio de 2001, que incluye el anexo «Manual de contabilidad financiera».

(51)  Las cifras proporcionadas por las autoridades holandesas muestran que en el período objeto de investigación las actividades comerciales de los radiodifusores de servicio público fueron globalmente rentables.

(52)  Véase la Comunicación sobre radiodifusión, párrafos 55 y 56.

(53)  Ingresos de los derechos de propiedad intelectual, de sms, de patrocinio, de publicidad, de ventas de entradas, etc. Esto puede deducirse del Manula antes citado que establece las normas y los principios de contabilidad que deben ser aplicados por los radiodifusores públicos individuales (versión 2005, modelo VII, página 18).

(54)  Los ingresos de las actividades de complementarias y de asociación son:

(1)

Ingresos de las actividades de asociación: consisten generalmente en contribuciones de los miembros, ingresos de las revistas de la asociación y donaciones;

(2)

rentas del capital: rentabilidad de intereses, ingresos de arrendamientos y participaciones;

(3)

ingresos de revistas de programación: ingresos por la edición de revistas de programación (revistas con detalles de los programas, reseñas, publicidad, etc.);

(4)

ingresos de otras actividades: ingresos de CD y DVD, ventas de formatos de programas.

(55)  Carta de las autoridades holandesas en el marco del procedimiento E-5/2005, de 2 de junio de 2005, registrada el 7 de junio de 2005.

(56)  Véase el apartado 26.

(57)  Esto coincide con la posición de la Comisión en su decisión relativa al radiodifusor público italiano RAI: Decisión de la Comisión de 15 de octubre de 2003 relativa a las medidas aplicadas por Italia en favor de RAI SpA, DO L 119 de 23.4.2004, p. 1.

(58)  Por ejemplo a comienzos de 1994 VARA tenía una reserva para programas negativa de 8,5 millones de €.

(59)  Esto se aplica a AVRO, KRO, NCRV y VARA. Carta de las autoridades holandesas de 30 de abril, registrada el 13 de mayo de 2004.

(60)  Carta «Publieke Omroep» de 28 de julio de 2005 enviada por las autoridades holandesas el 1 de septiembre de 2005 (registrada el 5 de septiembre de 2005).

(61)  Decisión de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, sobre las medidas C2/2003 (ex NN 22/02) de Dinamarca a favor de TV2/Danmark, C(2004) 1814, apartado 113.

(62)  Es un 5 % ó un 10 % en función del volumen del presupuesto del radiodifusor.

(63)  En el proyecto de propuesta de nueva ley de medios de comunicación (ley de medios de comunicación de 2007), el Gobierno holandés ha introducido una norma que establece que se controlará anualmente la reserva y que hay que volver a transferir cualquier exceso de la reserva (reserva superior al 10 % de la compensación anual) al AOR administrado por la Autoridad de medios de comunicación. El Gobierno holandés se ha comprometido — mediante carta de 4 de mayo de 2006 — a introducir esta norma en la ley presupuestaria de 2006, que garantiza su aplicación hasta la adopción de la ley de medios de comunicación e 2007.

(64)  En la práctica un 5 % ó un 10 %, según lo determinen las autoridades holandesas.

(65)  Las divergencias entre el texto y el cuadro se deben al diferente redondeo.

(66)  Según VECAI (organización de operadores de cable), NOS recibe realmente un pago del VECAI, aunque no se llame así. Sin embargo NOS no consideran que este pago sea un honorario en concepto de derechos de propiedad intelectual.

(67)  Carta de las autoridades holandesas de 4 de enero de 2005.

(68)  DO L 140 de 30.4.2004, p. 1.


ANEXO

INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LA DECISIÓN C 2/2004 DE LA COMISIÓN

1.   Número total de beneficiarios e importe total de la ayuda que debe recuperarse

1.1

Por favor, explique detalladamente cómo se calculará el importe de ayuda que debe recuperarse de cada uno de los beneficiarios

Principal

Intereses

1.2

Importe total de la ayuda ilegal concedida con arreglo a este régimen que se debe recuperar (equivalentes de ayuda brutos; precios de…):

1.3

Número total de beneficiarios de los que se debe recuperar la ayuda ilegal concedida con arreglo a este régimen:

2.   Medidas previstas y ya adoptadas para recuperar la ayuda

2.1

Por favor describa detalladamente qué medidas se han previsto y qué medidas se han tomado ya para proceder a una recuperación inmediata y efectiva de la ayuda. En su caso, indique también el fundamento jurídico de las medidas adoptadas o previstas.

2.2

¿En qué fecha finalizará la recuperación de la ayuda?

3.   Información sobre cada beneficiario

Por favor proporcione detalles de cada beneficiario de quien se deba recuperar la ayuda ilegal concedida con arreglo a este régimen en el siguiente cuadro.

Identidad del beneficiario

Importe de ayuda ilegal concedida (1)

Moneda:....

Importes reembolsados (2)

Moneda:…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Importe de la ayuda puesta a disposición del beneficiario (en equivalente bruto de ayuda) en precios de.....).

(2)  

(°)

Importes brutos reembolsados (incluidos los intereses).


22.2.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 49/25


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 7 de marzo de 2007

Ayuda estatal C 10/06 (ex N555/05) — Cyprus Airways Public Ltd — Plan de reestructuración

[notificada con el número C(2007) 300]

(El texto en lengua griega es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2008/137/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones de conformidad con las disposiciones arriba citadas (1),

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

El 3 de mayo de 2005 la Comisión decidió autorizar una ayuda de salvamento (N69/2005) para Cyprus Airways Public Ltd (Decisión 2005/1322).

(2)

En cumplimiento del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE y de los compromisos dados en relación con esa ayuda, las autoridades chipriotas enviaron a la Comisión una carta, sin fecha, registrada el 9 de noviembre de 2005 (DG TREN A/28405), en la que le informaban de un plan de reestructuración para Cyprus Airways Public Ltd. Esa carta fue registrada el día 14 del mismo mes por la Secretaría General de la Comisión con la referencia SG(05)A10041, y el caso recibió el número N 555/2005.

(3)

El día 18 (D(05)125084), la Comisión pidió a las autoridades chipriotas información complementaria. Dichas autoridades respondieron a las preguntas de la Comisión por carta fechada el 23 de enero de 2006 y registrada al día siguiente (DG TREN A/11819). El 30 de enero, tras la reunión de representantes de la República de Chipre y de la Comisión mantenida en Bruselas el 14 de diciembre del año anterior, se celebró, también en Bruselas, una reunión de alto nivel para revisar la situación del caso.

(4)

Por decisión de 22 de marzo de 2006, notificada a las autoridades chipriotas por carta fechada al día siguiente (SG-Greffe (2006) D/201246), la Comisión inició el procedimiento dispuesto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado. El procedimiento se registró con el número C 10/2004.

(5)

La decisión de la Comisión de iniciar el procedimiento de investigación formal se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2). La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre el caso, y Chipre le envío las suyas por carta de 20 de abril de 2006.

(6)

Dentro del plazo fijado en la publicación del inicio del procedimiento, la Comisión recibió las observaciones de una parte interesada. Estas observaciones se comunicaron a las autoridades chipriotas (D(2006) 213376) para que presentaran las suyas, que fueron recibidas el 28 de julio de 2006 (y registradas el 1 de agosto siguiente con la referencia A/28810). A estas observaciones siguieron después otras aclaraciones, enviadas por las autoridades chipriotas en un fax de 19 de diciembre de 2006 (registrado el día 31 del mismo mes con la referencia A/40766), y el 28 de febrero de 2007 se recibió un segundo fax con nuevas aclaraciones y compromisos.

II.   HECHOS

(7)

Creada en 1947 como empresa pública, Cyprus Airways Public Ltd tiene como actividades principales el transporte aéreo de pasajeros y de carga y otros servicios de aerolínea. El mayor accionista de la empresa es el Estado chipriota (69,62 %), y el resto de las acciones se encuentra en manos de unos 4 200 pequeños inversores privados.

(8)

La compañía Cyprus Airways Public Ltd (en lo sucesivo denominada «Cyprus Airways») forma parte del grupo Cyprus Airways (en lo sucesivo «el Grupo»).

(9)

En la actualidad, Cyprus Airways presta servicios regulares en Europa y Oriente Medio con una flota de 11 aeronaves: dos A319, entregados en 2002, propiedad de Cyprus Airways; siete A320–200, entregados entre mayo de 1989 y marzo de 1993, que son propiedad también de Cyprus Airways y uno de los cuales estuvo antes arrendado con tripulación a la compañía Eurocypria; y dos A330-200, entregados en 2002 y 2003, que están arrendados.

(10)

En el momento de la notificación del plan de reestructuración, éstas eran las otras compañías componentes del Grupo, todas ellas propiedad al 100 % de Cyprus Airways Public Ltd:

(11)

Eurocypria Airlines (en lo sucesivo denominada «Eurocypria») opera vuelos chárter desde algo más de 50 aeropuertos europeos. La flota de Eurocypria se compone de cinco aeronaves: cuatro Boeing 737-800 en arrendamiento, entregados entre febrero y abril de 2003, cada uno de ellos con una capacidad de 189 pasajeros; y un A320 de Cyprus Airways, arrendado con tripulación.

(12)

Esta compañía (en lo sucesivo denominada «HellasJet») se constituyó en Atenas el 1 de julio de 2002, iniciando sus operaciones el 24 de junio de 2004. Concebida como una nueva aerolínea europea con base en Atenas, Hellas Jet comenzó a operar desde el Aeropuerto Internacional de esa ciudad tres Airbus A320 arrendados. Sin embargo, los planes de la compañía no se cumplieron y sus operaciones regulares tuvieron que suspenderse desde mayo de 2005. El fracaso financiero de esta empresa representó para el Grupo un coste acumulado que a junio de 2005 se elevaba a 29,5 millones de CYP (51,4 millones de EUR).

(13)

Esta filial (en lo sucesivo denominada «Zenon») suministra servicios a agencias de viajes chipriotas, facilitándoles y distribuyéndoles información electrónica que les permite despachar billetes, reservar asientos y hacer reservas de hoteles y coches.

(14)

Esta empresa inició sus operaciones en 1996 al hacerse cargo de la explotación de las tiendas libres de impuestos de los aeropuertos de Larnaca y Pafos. En el momento de notificarse el plan de reestructuración, se pretendía que estas tiendas quedaran a cargo del nuevo concesionario y dejaran de formar parte del Grupo, lo que sucedió efectivamente en junio de 2006.

III.   INICIO DEL PROCEDIMIENTO

(15)

La decision de la Comisión de iniciar el procedimiento dispuesto en el artículo 88, apartado 2, se basó en algunos de los resultados del examen del plan de reestructuración. La Comisión expresó sus dudas sobre la compatibilidad de ese plan con el marco comunitario aplicable, a saber, las Directrices de 2004 sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (3) (en lo sucesivo denominadas «Directrices de 2004»).

(16)

El principal elemento del plan de reestructuración era un préstamo comercial de diez años de duración, garantizado por el Gobierno de Chipre, que se utilizaría en primer lugar para reembolsar el préstamo a corto plazo de 30 millones de CYP (51 millones de EUR) obtenido tras la aprobación de la ayuda de salvamento en mayo de 2005. El importe que sobrase tras ese reembolso se destinaría a la reestructuración de la aerolínea.

(17)

Durante los 24 primeros meses del plan de reestructuración, la atención debía centrarse en reducir los costes y en aumentar determinados ingresos. El Gobierno y la Dirección de la compañía calcularon que era preciso reducir el coste total un 13 %. Para ello, había que proceder a una reducción de plantilla de alrededor de un 20 % y, al mismo tiempo, a una reducción salarial del 15 % como media. Esto significa que, de los 1 840 trabajadores que tenía la empresa a 1 de septiembre de 2005, 385 debían ser despedidos en aplicación del plan de reestructuración. Estos despidos permitirían un ahorro anual de aproximadamente 7 millones de CYP (12 millones de EUR), y a él se sumaría un ahorro adicional de unos 4,6 millones de CYP (8 millones de EUR) producido por el recorte de los costes salariales.

(18)

La Comisión expresó sus dudas sobre la capacidad del plan de reestructuración para restablecer de forma rápida y sin necesidad de nuevas ayudas futuras la viabilidad a largo plazo de la compañía. Indicó, asimismo, no disponer de suficiente información para comprobar si el nivel del elemento de ayuda previsto en el plan era o no el mínimo indispensable. Además, puso en duda la necesidad de que el préstamo a largo plazo tuviera que devolverse en diez años y, afirmando no tener datos suficientes para saber si las proyecciones financieras eran razonables o si las presunciones en las que éstas se basaban eran válidas, declaró estar muy interesada en conocer la opinión de los competidores de Cyprus Airways sobre dicho plan.

(19)

El plan de reestructuración preveía la venta de Eurocypria (filial chárter de Cyprus Airways) al Estado por un precio que determinaría un experto independiente. El precio calculado inicialmente era de 15 millones de CYP (26 millones de EUR). Eurocypria se separaría del Grupo Cyprus Airways y operaría como entidad completamente independiente. El producto de la venta (pagado por el Gobierno a Cyprus Airways) sería utilizado por esta compañía para financiar su reestructuración. La Comisión expresó dudas sobre la venta y sobre la forma de calcular el precio de ésta: si el precio pagado por Eurocypria no era un precio de mercado, se trataría entonces de una ayuda estatal.

(20)

Otro elemento del plan de reestructuración -que debía aplicarse 18 meses después de que éste se iniciara- era una ampliación de capital de 14 millones de CYP (24 millones de EUR). Todos los accionistas (públicos y privados) participarían en esta operación proporcionalmente a su número de acciones. El Estado pondría 9,8 millones de CYP (17 millones de EUR) y los accionistas privados contribuirían con un importe aproximado de 4,2 millones de CYP (7,3 millones de EUR). Al iniciar el procedimiento, la Comisión declaró no poder excluir que esa participación del Estado fuera en realidad una ayuda estatal.

(21)

La Comisión expresó también sus dudas en cuanto al hecho de que las contrapartidas propuestas en el plan de reestructuración fueran suficientes para corregir la perturbación del mercado ocasionada por la ayuda. Además de algunas reducciones relativamente pequeñas de la flota y de la red de rutas de Cyprus Airways, el plan preveía la venta de su rama chárter (Eurocypria) así como el cierre de otra filial (HellasJet) y la liberación de sus tres aeronaves. La Comisión manifestó una preocupación especial por el hecho de que se pretendiera vender Eurocypria al principal accionista de Cyprus Airways e invitó así a los competidores de esta compañía a presentar sus observaciones al respecto.

(22)

En el caso de las compañías del tamaño de Cyprus Airways, lo normal es que la contribución propia a los costes de reestructuración se sitúe en torno al 50 %. La Comisión expresó sus dudas sobre el nivel de la contribución de la compañía y sobre el hecho de que ésta pudiera considerarse como contribución propia.

IV.   OBSERVACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO

(23)

Respondiendo al inicio del procedimiento, las autoridades chipriotas enviaron observaciones a la Comisión para tratar de aclarar algunas de las cuestiones planteadas por ella. Dichas observaciones exponían los argumentos que figuran a continuación.

(24)

Por lo que se refiere al restablecimiento de la viabilidad a largo plazo de Cyprus Airways, el plan de reestructuración prevé que los costes de ésta (financiados por el préstamo a largo plazo de 55 millones de CYP y por el producto de la venta de Eurocypria) se repartan de la forma siguiente:

Período

Importe

(millones de CYP)

Descripción

2006

30

Reembolso de la ayuda de salvamento

2006

10,6

Indemnizaciones por despido

2006

2

Otros costes de despido

2006-2008

5

Capital de explotación para Cyprus Airways

2006-2008

13,5

Gastos de capital previstos

2006-2010

10

Déficit de caja

Total

71,1

 

(25)

En relación con el funcionamiento futuro de la compañía, tanto las autoridades chipriotas como Cyprus Airways reconocen que el modelo estratégico y operativo que sirvió en el pasado a la aerolínea ha dejado de ser adecuado en el entorno competitivo en el que ésta opera actualmente. El problema esencial radica en el hecho de que Cyprus Airways funciona con el nivel de costes propio de una compañía tradicional plenamente desarrollada, mientras que la realidad del mercado chipriota —liberalizado y dominado por los viajes de ocio— sólo permite un volumen de ingresos equiparable al de las líneas aéreas chárter y/o de bajo coste, que de hecho son las verdaderas competidoras de Cyprus Airways.

(26)

En el entorno empresarial actual y habida cuenta de la liberalización completa del mercado del transporte aéreo de Chipre, las posibilidades de Cyprus Airways de crecer o de incrementar sus ingresos son más bien limitadas. Si no se toman medidas complementarias, ni siquiera el crecimiento de más del 4 % que se prevé en el mercado de la aviación permitirá a Cyprus Airways salir de su difícil situación actual. Es por ello por lo que la compañía ha emprendido una profunda reestructuración que debe incluir inevitablemente un drástico recorte de gastos.

(27)

Según el plan de reestructuración de la compañía, el total de costes debe reducirse un 13 %, para lo cual es preciso disminuir alrededor de un 20 % los costes de personal y recortar al mismo tiempo los niveles salariales en un 15 % como media.

(28)

Pero, además de esta reducción de costes, es necesario acometer otros elementos del plan de reestructuración en curso, que aboga desde estas primeras fases por la viabilidad a largo plazo de la compañía. Lo que se pretende ahora es que Cyprus Airways sea capaz de reposicionarse de forma que, sin necesidad de nuevas ayudas ni subvenciones, pueda sobrevivir y alcanzar a medio plazo un rendimiento de la inversión que sea aceptable. Se prevé que en 2007 tenga lugar un segundo ejercicio de recorte de gastos y que la atención se centre en la externalización y en las mejores prácticas del sector.

Evolución de los beneficios y pérdidas de Cyprus Airways (previsiones)  (4)

Miles de CYP

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total ingresos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total costes

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Resultados de explotación

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficios (pérdidas) antes de impuestos

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(29)

La futura reconversión de la aerolínea requiere que se consoliden los beneficios derivados de la reducción de costes y que la compañía logre experimentar un crecimiento regular. El plan de reestructuración prevé en este sentido que el tráfico de pasajeros siga entre 2004 y 2010 la evolución siguiente:

Evolución del tráfico de pasajeros de Cyprus Airways (previsiones)  (4)

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Tráfico total de Chipre (millones)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Tráfico de CA (millones)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Cuota de mercado de CA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(30)

En relación con esta venta, las autoridades chipriotas aclaran que, además de la valoración inicial realizada por PricewaterhouseCoopers (PwC) en nombre de Cyprus Airways para establecer el precio de mercado de Eurocypria, se encargó a HSBC que efectuara en nombre del Gobierno una segunda valoración para fijar un precio de venta con arreglo a una metodología ya probada y generalmente reconocida que garantizase la venta de Eurocypria al Estado en condiciones de mercado.

(31)

PwC realizó la valoración de la compañía utilizando el método de los flujos de caja descontados (en inglés DCF) y comparando los múltiplos de valor implícitos con el enfoque de mercado. En esa valoración, se tuvieron en cuenta también las transacciones de compra y venta de compañías comparables efectuadas en el sector.

(32)

PwC señaló que los ingresos de la compañía se derivaban de la venta de billetes a operadores de viajes, que el número de pasajeros transportados por la compañía en 2005 se había elevado a 662 561 y que se esperaba que aumentase a 829 092 en 2006. PwC observó también que los ingresos previstos para 2006 ya habían sido contratados y que los costes de explotación se habían desglosado en 2005 de la forma siguiente: combustible de aviación (30 %), pagos por el arrendamiento de aeronaves (22 %), gastos en aeropuerto y en ruta (15 %), gastos de tripulación (11,5 %) y costes de mantenimiento/ingeniería (9,5 %).

Principales indicadores de resultados

 

2004 (5)

2005 (6) M

2006 (7) E

2007E

2008E

2009E

Total de vuelos operados

[…] (8)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Pasajeros transportados

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total de ingresos (miles de CYP)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficios brutos (miles de CYP)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficios (pérdidas) de explotación (miles de CYP)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Beneficios (pérdidas) antes de impuestos (miles de CYP)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(33)

Para el ejercicio financiero 2005, Eurocypria anunció unos beneficios de alrededor de 440 000 CYP, lo que supone un empeoramiento de los resultados en comparación con ejercicios anteriores y con las cifras proyectadas. La causa fue el brusco aumento que sufrieron en 2005 los precios del combustible, cuyo efecto no pudo trasladarse a los pasajeros debido a las condiciones de los acuerdos con los operadores de viajes.

(34)

El método de los flujos de caja descontados, que es el que utilizó PwC, ofrece una indicación del valor de una empresa basándose en el valor de los flujos de caja libres que puedan esperarse de ella en el futuro. Este método está diseñado para calcular el valor actual de los futuros flujos de caja para los inversores. Los flujos de caja que resulten deben actualizarse al tipo de rendimiento requerido para obtener una estimación del valor actual de la empresa.

(35)

Las proyecciones financieras preparadas por los gestores de Eurocypria para el período 2006-2009 calcularon el «valor terminal» de la empresa, que es el importe que un inversor pagaría hoy por los derechos sobre los flujos de caja de la empresa en los años subsiguientes a ese período. El valor terminal calculado (14,54 millones de CYP) se descontó a un «coste de capital medio ponderado» del 9,35 %, lo que arrojó un «valor neto actual» de la empresa de 14,21 millones de CYP.

(36)

Este valor neto actual se sometió a continuación a una serie de análisis de sensibilidad para tener en cuenta las posibles variaciones de algunos parámetros, como, por ejemplo, los tipos de cambio USD/CYP (muchos de los costes de la compañía son en dólares estadounidenses, mientras que sus ingresos son en otras monedas), las previsiones de crecimiento o los precios del combustible. Estos análisis pusieron de manifiesto la alta sensibilidad de Eurocypria (como de la mayoría de las aerolíneas de la Comunidad) a las fluctuaciones de los tipos de cambio y de los precios del combustible.

(37)

De esos análisis obtuvo PwC una gama de valores indicativos para Eurocypria situados entre 12,5 y 16 millones de CYP.

(38)

PwC realizó también un análisis de mercado comparado del valor de Eurocypria. Este análisis, en el que se comparó la compañía con otras dedicadas a líneas o tipos de negocio similares, se considera un método complementario válido ya que las condiciones y perspectivas de esas otras compañías dependen de factores comunes, entre ellos, la demanda total de sus productos y servicios o su estructura de costes y el entorno en el que operan.

(39)

Dado que no hay compañías chárter que se coticen en bolsa, PwC manejó en sus cálculos una mezcla de transportistas de bajo coste y de compañías que combinan los vuelos regulares con los chárter. Basándose en los BAIIA (en inglés EBITDA), es decir, los beneficios -actuales y previstos- antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, PwC calculó un valor indicativo del capital de la compañía situado entre 12,5 y 13,5 millones de CYP, resultado este que es comparable al obtenido por el método DCF.

(40)

PwC llevó a cabo, asimismo, una tercera y última valoración de Eurocypria apoyándose en las transacciones realizadas recientemente por la compañía. En su opinión, este ejercicio debía servir para comprobar si eran o no razonables los resultados arrojados por los otros dos métodos anteriores. La base teórica de este enfoque es que el precio al que llegan en condiciones de mercado un comprador y un vendedor interesados constituye un buen indicador del valor de una empresa. De esta forma, haciendo uso de los datos de su red mundial, PwC calculó para Eurocypria un valor indicativo de entre 10,5 y 13 millones de CYP, lo que, como señaló el consultor, converge con el resultado arrojado por el método DCF.

(41)

Como resultado final de estos diversos análisis, PwC obtuvo un valor indicativo de Eurocypria situado entre los 12,5 y los 15,5 millones de CYP.

(42)

PwC indicó que esta valoración se había basado en las proyecciones financieras de la compañía en caso de que siguiese manteniendo algún tipo de relación con Cyprus Airways. En opinión de PwC, esa relación impondría a Eurocypria ciertos obstáculos, particularmente a su crecimiento y expansión, y limitaría sus posibilidades de alcanzar precios competitivos en la externalización de servicios. Es probable, además, que, de seguir formando parte del Grupo, le fuera imposible competir con Cyprus Airways en las mismas rutas.

(43)

Basándose en estas previsiones, PwC llegó a la conclusión de que el precio de Eurocypria como entidad separada —y libre, por tanto, de esos obstáculos- podría ser probablemente más alto.

(44)

HSBC, por su parte, realizó una segunda valoración de Eurocypria siguiendo un enfoque similar al aplicado por PwC. Aunque inicialmente calculara un valor de capital total de 13 millones de CYP, HSBC realizó después una valoración comparada con compañías cotizadas en Bolsa que son equiparables a Eurocypria, y el valor obtenido fue de 11,8 millones de CYP.

(45)

HSBC señaló la sensibilidad de la compañía, especialmente a las variaciones del precio del combustible, y situó su valor medio ponderado en una cifra comprendida entre los 12,3 y los 13,8 millones de CYP.

(46)

Con la ampliación de capital, señalan las autoridades chipriotas, lo que se pretende es superar el negativo patrimonio neto que presenta Cyprus Airways como resultado de las pérdidas acumuladas del pasado y de la consiguiente erosión de su capital. Con este fin, se emitirán derechos de suscripción que se ofrecerán a los accionistas proporcionalmente a su participación. El 70 % deberá ir al Estado y, el 30 % restante, a los accionistas privados. En opinión de las autoridades de Chipre, esta ampliación de capital constituirá una inversión similar a la que realiza cualquier inversor en una economía de mercado.

(47)

En lo que atañe a las contrapartidas, las autoridades chipriotas reiteran su opinión de que la reestructuración de las operaciones de la aerolínea viene realizándose efectivamente desde 2004. A finales de ese año, Cyprus Airways redujo su flota en dos aeronaves y, al tiempo que abandonó una serie de rutas, disminuyó en otras la frecuencia de sus vuelos. Teniendo en cuenta que la compañía disponía en 2004 de doce aeronaves, dichas autoridades consideran que esas medidas fueron muy significativas y que cualquier nueva reducción de tamaño en estos momentos tendría un negativo efecto en la viabilidad de la aerolínea a largo plazo.

(48)

Las autoridades chipriotas sostienen también que la decisión de vender HellasJet y de no renovar el arrendamiento de las tres aeronaves que ésta tenía representa una notable reducción de capacidad del Grupo y ha de considerarse por tanto como contrapartida. De la misma forma tiene que considerarse la venta de Eurocypria, dado que con ella la flota del Grupo se reducirá en otras seis aeronaves. Tras su venta, estas dos compañías serán jurídica y financieramente independientes.

(49)

En opinión de esas autoridades, no es posible añadir al proceso actual ninguna otra contrapartida sin poner en peligro el propio objetivo de la reestructuración. Las autoridades destacan que Cyprus Airways ocupa un pequeñísimo espacio en el mercado comunitario de la aviación y que sus actividades difícilmente pueden influir en la competencia.

(50)

El mercado chipriota es principalmente de destino. Está liberalizado desde hace algún tiempo y hay en la actualidad unas 99 aerolíneas que realizan vuelos regulares o chárter hacia y desde Chipre. El 80 % del tráfico tiene lugar dentro de la Comunidad o del EEE y no está sujeto por tanto a ningún tipo de restricción. Otro 8 o 9 % corresponde a servicios chárter de terceros países, que también están totalmente liberalizados, y el 10 u 11 % restante es tráfico procedente de países de Oriente Medio y de la región del Golfo, sujeto a las condiciones aeropolíticas estipuladas en acuerdos bilaterales entre Chipre y esos países. A la vista de estos datos, las autoridades chipriotas piensan que es muy difícil liberalizar más el mercado chipriota de la aviación con medidas adoptadas a nivel nacional.

(51)

En lo referente a la contribución propia, las autoridades chipriotas desean aclarar una serie de puntos. Con relación a la flota de su propiedad, Cyprus Airways no ha podido ofrecerla como garantía para pedir un préstamo a un banco comercial debido a la relativa antigüedad de sus aparatos (los siete A320 de los que es propietaria le fueron entregados entre 1989 y 1993). Pese a sus esfuerzos para que se aceptaran como garantía, la respuesta de los bancos comerciales a los que se ha dirigido ha sido en todos los casos negativa. En igual sentido, las autoridades explican que la venta de parte de la flota no puede contemplarse como una verdadera alternativa dado que ello imposibilitaría a la compañía la continuación normal de sus operaciones. La única alternativa real es, pues, la venta de Eurocypria, cuyo producto ha de considerarse como contribución propia.

(52)

En cuanto a HellasJet, esta compañía cesó sus operaciones como aerolínea regular en mayo de 2005 y, por un acuerdo celebrado con la compañía griega Trans World Aviation, se convirtió en operador chárter y agente de compra y venta de aviones. Las autoridades chipriotas señalan que ya se ha vendido el 51 % del capital de la compañía y que el Gobierno se halla en negociaciones para vender el resto.

(53)

Dichas autoridades consideran, asimismo, que la ampliación de capital prevista para mediados de 2007 forma parte de la contribución propia a la reestructuración y creen que como tal debe considerarse también el producto de tres transacciones por un importe de 7,4 millones de CYP: la venta de un avión en 2005 (5 millones), la de un motor de avión A320 (1,7 millones) y la de diversas piezas de repuesto (0,7 millones).

(54)

Por último, en relación con el nivel de la contribución propia, las autoridades chipriotas remiten a la Comisión al punto 56 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, que dispone:

«No obstante, en el caso de estas regiones subvencionadas y salvo que se indique lo contrario en las normas sobre ayudas estatales sectoriales, las condiciones para la autorización de la ayuda podrán ser menos estrictas en lo que respecta a la introducción de contrapartidas y a la dimensión de la contribución del beneficiario.».

(55)

Dichas autoridades añaden que entre los años 2000 y 2006 todo el territorio de Chipre estuvo considerado como región cubierta por el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado CE y que, por la importancia especial que reviste Cyprus Airways para una economía como la chipriota basada en el turismo, cualquier nueva reducción de la capacidad de la aerolínea —ya sea en forma de contrapartidas o de un porcentaje muy elevado de contribución propia— está abocada a tener repercusiones de gran alcance en el sector del turismo y en el desarrollo general de la región.

(56)

Tras la publicación en el Diario Oficial de la carta dirigida a las autoridades chipriotas, se recibieron dentro del plazo fijado las observaciones de una parte interesada.

(57)

La Comisión toma nota de que no hubiera ningún competidor que presentase observaciones en el marco del inicio del procedimiento.

(58)

Las observaciones recibidas proceden del sindicato Pancyprian Airline Pilots Union (PASYPI), que quiso dar su opinión sobre el plan de reestructuración de Cyprus Airways y sobre la forma de gestionar correcta y eficazmente esta compañía. PASYPI aduce los «muy desastrosos» efectos que podría sufrir la compañía si el plan de reestructuración actual se aprobara sin cambios en la «filosofía de gestión dominante».

(59)

PASYPI afirma también que Cyprus Airways no presentó a sus empleados un plan de empresa idóneo y viable, porque la Comisión había autorizado la concesión a la compañía de una ayuda de salvamento. La gestión de la compañía no se reestructuró, como tampoco sus operaciones, debido a interferencias e intereses políticos.

(60)

Según PASYPI, la aerolínea tiene exceso de personal y los planes que han aplicado sus gestores no han sido capaces de reducir la plantilla a niveles que respondan a los estándares internacionales y a los datos de los estudios comparados. Las presiones y las consideraciones de orden político son los motivos que señala el sindicato para explicar ese fallo.

(61)

PASYPI indica que los accionistas privados de la compañía no ayudan a su supervivencia y que los únicos interesados que contribuyen a la reducción de costes son los propios empleados.

(62)

El sindicato de pilotos critica también a los gestores de la compañía por el trato dado a dos filiales de ésta, Eurocypria y HellasJet. Con relación a la primera, se pregunta si su venta tendrá efectos adversos en Cyprus Airways y si limitará o no su futura expansión. En cuanto a HellasJet, el sindicato pone de relieve que los gestores de la compañía no han revelado nunca al personal las pérdidas sufridas por la filial, ni si ésta sigue siendo operativa.

(63)

Como conclusión, PASYPI declara que la aerolínea, además de necesitar un nuevo plan de empresa, tiene que ser privatizada.

(64)

En respuesta a las observaciones de PASYPI, las autoridades chipriotas aducen que las afirmaciones en ellas contenidas no se justifican ni se sustentan en ninguna lógica o experiencia empresarial sólida.

(65)

Las autoridades chipriotas rechazan categóricamente la alegación de interferencias políticas en la compañía y señalan que, aunque la mayoría de los componentes del consejo de administración sean nombrados por el Gobierno, estos miembros tienen las mismas responsabilidades que los del consejo de administración de cualquier empresa que se cotice en bolsa. Las decisiones que toma el consejo de administración vienen motivadas exclusivamente por el interés de la compañía.

(66)

Por lo que se refiere al plan de reestructuración, las autoridades chipriotas indican que sus previsiones se están aplicando ya y que ya son visibles algunos cambios dentro de la compañía. El ahorro que se consigue anualmente se corresponde con el previsto en el plan (19,5 millones de CYP). Dado que el objetivo fundamental de éste es reducir los costes para que la aerolínea pueda reestructurar sus operaciones ganando competitividad, y habida cuenta de que los costes laborales constituyen una importante partida, es inevitable que el personal se vea afectado por despidos o recortes salariales.

(67)

En lo que respecta al exceso de personal alegado por PASYPI, las autoridades chipriotas rechazan esta alegación y prevén —en el momento de su respuesta al sindicato— que el número de despidos hasta finales de 2006 se eleve a cerca de 414, es decir, una cifra superior a los 385 que contempla el plan de reestructuración.

(68)

En cuanto a la ampliación de capital, las autoridades chipriotas explican que ésta tendrá lugar a mediados de 2007, una vez que se observen resultados tangibles en la aplicación del plan de reestructuración. Para esa operación, se pretende mantener la ratio de accionistas públicos y privados ya existente en la compañía.

(69)

Las autoridades de Chipre comentan, por otra parte, que la venta de Eurocypria se decidió para que Cyprus Airways pudiera cumplir las obligaciones de contribución propia que establecen las Directrices comunitarias sobre ayudas de salvamento y reestructuración. Afirman también —en el momento de su respuesta a las observaciones de PASYPI— que la venta de esa compañía tendrá lugar a principios de agosto de 2006 por un precio (calculado de forma independiente) de 13,425 millones de CYP.

(70)

En lo que atañe a HellasJet, las autoridades indican que, tras un acuerdo tripartito entre Cyprus Airways, HellasJet y Trans World Aviation SA (que opera en Grecia con el nombre de Air Miles), la primera convino en vender la segunda a la tercera por un importe de 2 millones de EUR (1,16 millones de CYP). Lo que se proponía Cyprus Airways con esta venta era mitigar lo máximo posible las pérdidas de explotación de HellasJet y, una vez expiradas las garantías empresariales que debía prestar a la flota de esa compañía, retirarse de la asociación de empresas que había constituido con ella. Las autoridades chipriotas estiman que el producto de esa venta ha de considerarse como contribución propia.

(71)

Por último, rechazan la petición de PASYPI de un nuevo plan de reestructuración, sostienen que el plan de empresa actual no necesita ningún tipo de revisión y no excluyen la posibilidad de que se privatice la compañía en caso de recibirse una oferta atractiva.

(72)

Además de estas observaciones, y a petición de la Comisión, las autoridades chipriotas facilitaron por carta de 19 de diciembre de 2006 información complementaria sobre la ampliación de capital prevista para mediados de 2007. En dicha carta explicaban que, de acuerdo con el Derecho de sociedades chipriota, ninguna empresa pública puede emitir acciones por debajo del valor nominal. En ese momento, las acciones de Cyprus Airways se estaban cotizando en la Bolsa chipriota a un precio de entre 0,15 y 0,16 CYP, mientras que el valor nominal por acción se situaba en 0,50 CYP. Por considerarse que no daría buenos resultados una emisión situada en el valor a la par o por encima de él, se decidió reducir el valor nominal del capital en acciones procediendo a la cancelación de las pérdidas acumuladas (tal y como lo permiten los estatutos de la compañía).

(73)

El procedimiento de reducción de ese valor ha comenzado ya. En su reunión de 12 de diciembre de 2006, el consejo de administración de Cyprus Airways dio el primer paso para la ampliación de capital preparando la garantía de la emisión. Para asegurar el éxito de ésta, el banco de inversiones comercial Cisco (filial del Banco de Chipre, que es propiedad privada) manifestó su disposición a garantizar la emisión propuesta. Cisco recibirá una remuneración por garantizar la ampliación de capital de Cyprus Airways y esta remuneración se le pagará a precios de mercado. Los servicios de la Comisión han recibido una copia de la declaración de intenciones hecha por el citado banco de inversiones.

(74)

El siguiente paso fue la celebración a mediados de enero de 2007 de una asamblea general extraordinaria en la que el 75 % de los accionistas presentes aprobaron por mayoría una Resolución especial para la reducción del capital en acciones. Esta resolución tiene todavía que ser ratificada por el Tribunal de primera instancia de Chipre y ha de ser inscrita en el registro mercantil. Se prevé que este procedimiento dure entre seis y siete meses (incluido un plazo de tres meses para la decisión del Tribunal).

V.   EVALUACIÓN DE LA AYUDA

(75)

Por disposición del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, toda ayuda otorgada por un Estado miembro o con fondos estatales, bajo cualquier forma, que falsee o amenace falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones es incompatible con el mercado común en la medida en que afecte a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

(76)

El concepto de ayuda estatal se aplica a cualquier ventaja o beneficio financiado con recursos estatales y otorgado directa o indirectamente por el propio Estado o por un organismo intermediario que actúe en virtud de los poderes a él conferidos.

(77)

En el marco del inicio del procedimiento, la Comisión detectó tres elementos del plan de reestructuración que podrían hacer pensar en la existencia de una ayuda estatal. La Comisión debe por tanto examinar esos elementos para determinar si son o no constitutivos de una ayuda estatal.

(78)

Los costes de reestructuración de Cyprus Airways se cubrirán parcialmente y de forma temporal con un préstamo de 55 millones de CYP (96 millones de EUR) concedido por un banco comercial en condiciones de mercado. Como se explica en la decisión que inició el procedimiento de investigación, las autoridades chipriotas pretenden conceder a la citada compañía una garantía estatal que cubra ese préstamo.

(79)

La Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía  (9) establece una serie de criterios para asegurarse de que las garantías no encubran ayudas estatales (véase el punto 4.2 de la Comunicación). Hay, en este sentido, dos requisitos de obligado cumplimiento:

a)

que la garantía pueda, en principio, obtenerse de los mercados financieros en condiciones normales y

b)

que por esa garantía se pague el precio de mercado.

(80)

En el presente caso no se cumple ninguno de esos dos requisitos: por un lado, Cyprus Airways no ha pagado al Estado precio alguno por la garantía de la que se beneficia y, por otro, su gravísima situación económica y el hecho de haber recibido ya una ayuda de salvamento hacen muy improbable que la compañía pudiera obtener por sí misma esa garantía.

(81)

Además, la garantía forma parte de los recursos estatales, dado que es el Estado el que la otorga directamente. Se concede a una empresa (Cyprus Airways) que compite con otras aerolíneas comunitarias, particularmente desde la entrada en vigor el 1 de enero de 1993 de la tercera fase de liberalización del transporte aéreo («tercer paquete»). La garantía entra en el ámbito del mercado común pues afecta a los intercambios comerciales entre los Estados miembros al dirigirse a una compañía que ejerce actividades de transporte entre ellos. Puede, en tal sentido, falsear la competencia en ese mercado.

(82)

Por consiguiente, la garantía en cuestión debe considerarse como una ayuda estatal a los efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Esta conclusión, por lo demás, es admitida por las autoridades chipriotas, que han tratado de ajustar la garantía para que cumpla las condiciones establecidas en las Directrices de 2004.

(83)

Aunque el plan inicial preveía que el Gobierno chipriota garantizase íntegramente el préstamo de 55 millones de CYP, en el curso del procedimiento, para reducir la ayuda al mínimo y garantizar que la contribución de la compañía fuera suficiente para cubrir sus propios costes de reestructuración, las autoridades decidieron limitar a un máximo de 45 millones de CYP la parte del préstamo cubierta por la garantía estatal. Determinaron, además, que las dos partes del préstamo, la garantizada y la no garantizada, serían independientes la una de la otra, sin ningún tipo de subordinación de la segunda respecto de la primera. Esto significa que, del préstamo comercial de 55 millones de CYP, al menos 10 millones serán obtenidos por la aerolínea sin garantías ni otras intervenciones del Estado.

(84)

Las autoridades chipriotas han informado de que Eurocypria se vendió al Estado en agosto de 2006 por un precio de 13,425 millones de CYP. La Comisión debe por tanto examinar de qué forma se llegó a ese precio, para comprobar su validez, y ha de determinar si hubo en esa venta alguna forma de ayuda estatal. Según los puntos 59 y siguientes de la decisión que dio inicio al procedimiento de investigación, tal sería el caso si el precio pagado resultara demasiado alto en comparación con el precio de mercado de la compañía.

(85)

A este respecto, la Comisión observa que ese precio se basó en dos valoraciones de expertos realizadas en nombre del vendedor y del comprador. Tras realizar un detenido análisis de ambas valoraciones, la Comisión puede afirmar que el precio en cuestión corresponde a un precio de mercado justo. Constata también que el precio de venta final fue, en todo caso, inferior a los 15 millones de CYP previstos en el plan de reestructuración y al inicio del procedimiento de investigación. Por todo ello, la Comisión concluye que la venta de Eurocypria no constituye una ayuda estatal a Cyprus Airways, dado que esa compañía no se vendió por un precio superior a su verdadero valor.

(86)

La Comisión toma nota, asimismo, de la intención declarada por las autoridades chipriotas de que Eurocypria opere como compañía completamente independiente del Grupo Cyprus Airways. En opinión de la Comisión, sin embargo, dado que Eurocypria sigue siendo propiedad pública, existe el riesgo de que no pueda operar con verdadera independencia de su antigua matriz. Por ello, la Comisión se propone imponer a Chipre ciertas condiciones para garantizar que las dos compañías estén y se mantengan separadas durante un plazo adecuado y que cualquier transacción entre ellas se realice en condiciones de mercado.

(87)

El plan de reestructuración prevé para mediados de 2007, es decir, unos 18 meses después del inicio de la reestructuración, una ampliación de capital de Cyprus Airways por un importe aproximado de 14 millones de CYP. Las autoridades chipriotas pretenden que esta operación se realice proporcionalmente al reparto actual de las acciones y que se mantenga la ratio propiedad pública-propiedad privada existente en la compañía. Esto significa que el Estado contribuirá a la ampliación con un 70 % (9,8 millones de CYP o 17 millones de EUR) y que los otros accionistas aportarán el 30 % restante (4,2 millones de CYP o 7,3 millones de EUR).

(88)

La Comisión tiene, por tanto, que determinar si esa contribución pública a la ampliación de capital propuesta es constitutiva o no de ayuda estatal. Al hacerlo, ha de basar su decisión en el «principio del inversor de mercado», enfoque este que ha sido confirmado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJE) (10). De acuerdo con ella, para decidir si una inyección de capital público equivale a una ayuda estatal, es oportuno determinar qué grado de posibilidades tendría la empresa beneficiaria de obtener recursos financieros similares si recurriera a los mercados de capital. No hay ayuda estatal cuando el nuevo capital público se aporta en condiciones que serían aceptables para un inversor privado que operase en las condiciones normales de la economía de mercado.

(89)

La actitud del inversor público tiene, pues, que compararse con la de un supuesto inversor privado —como una holding privada— o con la de un grupo de empresas privadas que sigan una política estructural, global o sectorial común y que se guíen por unas perspectivas de rentabilidad a largo plazo (11). De acuerdo con ello, la Comisión considera que las contribuciones de capital hechas con fondos públicos no son ayudas estatales, si en la operación participan accionistas privados y esta participación cumple tres condiciones: que al menos sea proporcional al número de acciones de esos accionistas, que se realice en condiciones idénticas a las del inversor público y que tenga un peso económico real. La Comisión considera también que la paridad en la presencia de inversores públicos y privados queda asegurada si un banco comercial se compromete a garantizar por anticipado y en condiciones de mercado la participación de inversores privados en la ampliación de capital y si a estos inversores se les aplican las mismas condiciones que las ofrecidas al inversor público. Este enfoque, que se basa en la concomitancia de las contribuciones, ha sido aplicado regularmente tanto por el TJE como por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) (12).

(90)

En el caso que nos ocupa, un banco de inversiones comercial, Cisco, ha acordado garantizar en condiciones de mercado la participación de los inversores privados hasta el 30 % de la recapitalización propuesta. Las autoridades chipriotas señalan aquí que todos los accionistas comprarán las acciones por el mismo precio —el que determinen conjuntamente Cyprus Airways y Cisco— y en las mismas condiciones de mercado que cualquier inversor privado.

(91)

A este respecto, la Comisión ha recibido una copia de la declaración de intenciones que envió Cisco a Cyprus Airways por carta de 14 de diciembre de 2006. En esa carta, el banco acepta celebrar un contrato para garantizar o hacer garantizar el éxito de la operación de recapitalización. Es preciso señalar que, antes de comprometerse en este sentido, Cisco llevó a cabo un estudio pormenorizado del plan de reestructuración y de la propia operación. Además, como es práctica habitual en el mercado, antes de celebrar el contrato definitivo Cisco realizará (o hará realizar en su nombre) las acciones que impone la diligencia debida, es decir, aquéllas a las que procedería cualquier inversor antes de iniciar la operación. De esta forma, Cisco —que no está controlado ni directa ni indirectamente por el Estado miembro interesado— se rodea de todas las garantías y seguridades necesarias para ajustar su oferta a los riesgos corridos. Debe observarse que el contrato de garantía final con este banco se celebrará en fechas próximas al inicio del período de oferta y contendrá las cláusulas y compromisos normales en este tipo de contratos según las mejores prácticas nacionales e internacionales.

(92)

Los requisitos a los que Cisco sujeta la celebración del contrato de garantía final pueden clasificarse en dos grupos. El primero engloba una serie de condiciones que son relativamente comunes y que no tienen una influencia directa en la evaluación de la Comisión, sino únicamente en su aplicación práctica. Tales condiciones son las siguientes:

a)

la ausencia de acontecimientos extraordinarios que puedan ser desfavorables para llevar la operación a buen término;

b)

la obligación de trasmitir al banco información completa sobre la situación económica y financiera de Cyprus Airways y sobre su gestión;

c)

la participación del banco en la elección del procedimiento que haya de seguirse para la operación.

(93)

En cambio, el segundo grupo de condiciones que establece el banco en su declaración de intenciones sí puede afectar a la evaluación de la Comisión y tiene, por tanto, que analizarse detenidamente. Estas condiciones se relacionan principalmente con:

a)

la diferencia entre el precio de emisión de las acciones y su cotización en bolsa,

b)

las remuneraciones/comisiones que vaya a cobrar el banco por la operación y

c)

el acuerdo del banco y el Estado (principal accionista de Cyprus Airways) de participar ambos en la ampliación de capital.

(94)

Por lo que se refiere, en primer lugar, al precio de emisión de las nuevas acciones, Cisco y Cyprus Airways han acordado fijarlo conjuntamente de acuerdo con las prácticas del mercado y a la vista de las condiciones que reinen en el mercado de valores en el momento de lanzarse la operación. Chipre ha confirmado a la Comisión que se cobrará un mismo precio a todos los suscriptores y que al fiador no se le hará ningún descuento especial.

(95)

En lo que atañe, en segundo lugar, a las comisiones del banco, éstas se basan en el valor de la parte de la emisión (30 %) que ha de ser suscrita por el mercado. Las autoridades chipriotas han indicado que la remuneración que ha de pagarse a Cisco responde a los principios del mercado que rigen en los principales mercados de valores europeos para garantizar el éxito de operaciones de emisión comparables. La Comisión puede así concluir que la transacción entre Cyprus Airways y Cisco se ajusta a las condiciones de mercado aplicables a este tipo de operaciones y no conlleva para el banco ningún tipo de descuento sobre el precio de las acciones que pueda ser llamado a suscribir. Por consiguiente, la remuneración que se pague a Cisco no tendrá el efecto de permitirle participar en la operación en condiciones más favorables que las aplicables al Estado o a los otros accionistas.

(96)

Y, en tercer lugar, en cuanto al acuerdo del Estado y el banco de participar ambos en la ampliación de capital, la Comisión considera que la obligación de participar en el ejercicio impuesta por cada parte a la otra constituye un elemento de importancia fundamental para garantizar el éxito de la operación.

(97)

La Comisión toma nota del compromiso de las autoridades chipriotas de enviarle el contrato final que estipule esas obligaciones de suscripción formales e incondicionales y de efectuar ese envío inmediatamente después de la celebración del contrato y antes de la suscripción de las nuevas acciones por el Estado. Otro compromiso contraído por las autoridades chipriotas con la Comisión es el de presentarle, cuando concluya la operación, un informe que contenga los niveles de suscripción reales que se hayan registrado en esta ampliación de capital. La Comisión considera innecesario aclarar que no podrá haber ningún tipo de acuerdo colateral o implícito por el que el Estado exima al banco de sus obligaciones en caso de que la oferta de recapitalización reciba un número insuficiente de suscripciones. La Comisión vigilará con la máxima atención el estricto cumplimiento de esos compromisos para asegurarse de que los términos de la presente Decisión se respeten oportunamente.

(98)

Se observa, por lo demás, que la operación proyectada permitirá al mercado privado suscribir una parte significativa (30 %) de la emisión en las mismas condiciones que los accionistas públicos. En efecto, el precio de las nuevas acciones y los derechos adscritos a ellas serán iguales para todos los accionistas.

(99)

En resumen, a la vista del análisis que precede y teniendo en cuenta la práctica constante de la Comisión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo en lo que respecta a la calificación de las participaciones estatales en ampliaciones de capital junto con inversores privados, se considera que la ampliación de capital prevista para mediados de 2007 —valorada en sí misma e independientemente de las otras medidas de reestructuración contempladas— es una operación en la que participan de forma concomitante inversores públicos y privados y, por ello, la participación del Estado en esta operación no es constitutiva de una ayuda estatal si se cumplen las condiciones arriba indicadas, a saber, que la ampliación de capital sea garantizada por un banco de inversiones comercial que asegure la participación efectiva en la emisión de accionistas públicos y privados, y que se respete la ratio propiedad pública-propiedad privada.

(100)

La Comisión, no obstante, observa que la jurisprudencia de los tribunales europeos indica que «es cierto que el mero hecho de que una empresa pública haya realizado ya aportaciones de capital calificadas como “ayudas” a su filial no excluye, a priori, la posibilidad de que una aportación de capital posterior pueda calificarse como inversión que se ajusta al criterio del inversor privado en una economía de mercado. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia considera que, en un caso como el de autos, que se refiere a tres aportaciones de capital efectuadas por el mismo inversor durante un período de dos años, de las que las dos primeras no producían rentabilidad alguna, correspondía a la Comisión comprobar si la tercera podía razonablemente disociarse de las dos primeras y ser considerada, a los efectos del criterio del inversor privado, una inversión autónoma.

El Tribunal de Primera Instancia considera que, entre los elementos pertinentes para apreciar si, en el presente asunto, la tercera aportación podía razonablemente disociarse de las dos primeras y ser considerada, a la luz del criterio del inversor privado, una inversión autónoma, figuran, en particular, la cronología de las aportaciones de que se trata, su finalidad y la situación de la empresa filial en el momento en que se tomaron las decisiones de efectuar cada una de las aportaciones de que se trata.» (13).

(101)

En el presente caso, la Comisión observa que, aunque el Estado y los accionistas privados vayan a suscribir al mismo precio la ampliación de capital y aunque todas las nuevas acciones conlleven iguales derechos, el hecho cierto es que el Estado actúa al mismo tiempo como fiador del importante préstamo concedido al beneficiario (y ello durante un largo tiempo posterior al momento de la ampliación) y como comprador de una filial de la misma compañía que es objeto de la reestructuración. Sin embargo, a pesar de la concurrencia de la ampliación de capital con esas dos intervenciones, la Comisión no estima necesario evaluar con detenimiento si la participación estatal en la operación tendrá lugar en iguales términos que la de los accionistas privados, ya que, como se desprende con claridad del análisis que recogen las líneas siguientes, incluso aunque la participación del Estado en la ampliación de capital tuviera que equipararse a una ayuda estatal, esta ayuda se consideraría en cualquier caso compatible con el mercado común.

(102)

Habiendo resuelto que el préstamo a largo plazo de 55 millones de CYP garantizado por el Estado para financiar parte de la reestructuración de Cyprus Airways constituye ciertamente una ayuda estatal y que la participación del Estado en la ampliación de capital puede contener también elementos constitutivos de tal ayuda, la Comisión debe proceder a examinar la compatibilidad de ésta con el mercado común.

(103)

Es preciso, pues, analizar esa compatibilidad en el marco de los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado CE, que prevén excepciones a la norma general de incompatibilidad establecida en el apartado 1 del mismo artículo.

(104)

Las excepciones que contempla el artículo 87, apartado 2, no se aplican al presente caso ya que la medida de ayuda no se concede a consumidores individuales, y no tiene por tanto carácter social, ni se destina tampoco a reparar los perjuicios causados por desastres naturales u otros acontecimientos de carácter excepcional ni favorece la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania afectadas por la división del país.

(105)

Tampoco son aplicables a este caso las excepciones previstas en las letras a), b) y d) del apartado 3 del artículo 87 dado que la medida de ayuda no favorece el desarrollo económico de regiones con un nivel de vida anormalmente bajo o con una grave situación de subempleo, ni fomenta la realización de un proyecto importante de interés común europeo, ni intenta poner remedio a una grave perturbación de la economía de un Estado miembro ni tampoco promueve la cultura y la conservación del patrimonio.

(106)

Por consiguiente, sólo puede aplicarse aquí la excepción dispuesta en la letra c) del apartado 3 del artículo 87, que prevé la posibilidad de autorizar ayudas estatales que, destinándose a facilitar el desarrollo de determinados sectores económicos, no alteren las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común.

(107)

A este respecto, el marco comunitario que debe aplicarse para determinar la compatibilidad de esas ayudas con el mercado común es el constituido por las Directrices de 2004 sobre las ayudas de salvamento y reestructuración y por las Directrices de 1994 antes mencionadas.

(108)

La Comisión tiene por tanto que evaluar si el plan de reestructuración de Cyprus Airways cumple las disposiciones de las directrices aplicables. El «principio básico», que figura en el punto 31 de las Directrices de 2004, es que «sólo se deberían autorizar estas ayudas de reestructuración cuando pueda demostrarse que su concesión no es contraria al interés comunitario, lo que sólo será posible cuando la ayuda cumpla una serie de requisitos estrictos y se tengan garantías de que los posibles falseamientos de la competencia quedarán compensados por las ventajas que implica el mantenimiento de la actividad de la empresa … y, en principio, existan contrapartidas suficientes para los competidores.».

(109)

Tras ese principio básico, las Directrices establecen varias condiciones para la autorización de las ayudas de reestructuración.

(110)

En primer lugar, la Comisión debe determinar si Cyprus Airways puede acogerse a una ayuda de reestructuración respetando las Directrices de 2004. Su punto 9 declara que, aunque no exista una definición comunitaria de «empresa en crisis», «la Comisión considerará que una empresa se encuentra en crisis si es incapaz, mediante sus propios recursos financieros o con los que están dispuestos a inyectarle sus accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una intervención exterior, a su desaparición económica casi segura a corto o medio plazo.».

(111)

El punto 10 aclara que «en principio y sea cual sea su tamaño, se considera que una empresa está en crisis con arreglo a las presentes Directrices, en las siguientes circunstancias: a) tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada, ha desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y se ha perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos 12 meses.».

(112)

En el punto 11 se añade que «aun cuando no se presente ninguna de las circunstancias establecidas en el punto 10, se podrá considerar que una empresa está en crisis en particular cuando estén presentes los síntomas habituales de crisis como el nivel creciente de pérdidas, la disminución del volumen de negocios, el incremento de las existencias, el exceso de capacidad, la disminución del margen bruto de autofinanciación, el endeudamiento creciente, el aumento de los gastos financieros y el debilitamiento o desaparición de su activo neto.».

(113)

Según observó la Comisión en el inicio del procedimiento, Cyprus Airways es una empresa de responsabilidad limitada que ha perdido ya una parte significativa de su capital social autorizado. Mientras éste se situaba a 31 de diciembre de 2003 en 55,5 millones de CYP (95 millones de EUR), la compañía perdió hasta la misma fecha del año siguiente un importe de 26,2 millones de CYP (44,8 millones de EUR), lo que representa cerca del 50 % del capital social.

(114)

La Comisión observó también que las pérdidas del Grupo (imputables principalmente a Cyprus Airways) habían pasado de 20,9 millones de CYP en 2003 a 39,4 millones a finales de 2004 y que el patrimonio neto de Cyprus Airways había descendido así de los 55,6 millones de CYP (95 millones de EUR) de 2003 a 14,4 millones de CYP (25 millones de EUR) en 2004. Dada esta desastrosa situación financiera, era muy improbable que la compañía pudiera obtener de fuentes comerciales la financiación que precisaba.

(115)

Por consiguiente, tanto en su Decisión de 3 de mayo de 2005 sobre Cyprus Airways como al inicio del procedimiento, la Comisión concluyó que esa compañía era realmente una «empresa en crisis» con arreglo a las Directrices de 2004. Cyprus Airways es, pues, apta para acogerse a una ayuda de reestructuración en virtud de esas directrices.

(116)

Otra condición que debe cumplirse (establecida en el punto 35 de las Directrices de 2004) es que «El plan de reestructuración, cuya duración ha de ser lo más breve posible, ha de restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa en un plazo razonable, partiendo de hipótesis realistas por lo que se refiere a las condiciones futuras de explotación.».

(117)

El punto 37, por su parte, dispone que ese plan «debe proponer tal cambio en la empresa que, una vez llevado a cabo, ésta pueda cubrir todos sus costes, incluidos los relativos a la amortización y las cargas financieras. La rentabilidad prevista de los fondos propios de la empresa reestructurada debería bastar para que pueda afrontar la competencia con sus propias fuerzas.».

(118)

En este sentido, adentrándose en el proceso de reestructuración, Cyprus Airways ha reducido sus costes en 19,5 millones de CYP y ha prescindido de más personal que el previsto en el plan de reestructuración. El plan contemplaba una reducción de plantilla de 385 trabajadores (de un total de 1 800) y abría para otros 414 más la posibilidad de dejar la compañía. Esta significativa rebaja de la base de costes, unida a los descensos salariales negociados para el resto del personal y a la mejora de la productividad y de las prácticas laborales, permitirá a la compañía un notable ahorro y le brindará la flexibilidad y la capacidad de adaptación necesarias para alcanzar sus objetivos.

(119)

La Comisión opina que Cyprus Airways podrá llevar a buen término su proceso de reestructuración dentro del plazo fijado. De hecho, aunque sólo hayan transcurrido 18 meses desde la concesión de la ayuda de salvamento (mayo de 2005), los resultados que está obteniendo la compañía son ya algo mejores que los previstos. Para conseguir nuevas mejoras, sería necesario prestar atención a la opinión de los empleados sobre la forma de gestionar la reestructuración de la compañía. En casos como el que nos ocupa, es muy importante la gestión de la reestructuración, y las observaciones enviadas por una parte interesada (antes comentadas) ponen de manifiesto que ello puede ser particularmente cierto en este caso.

(120)

En relación con el préstamo a largo plazo de 55 millones de CYP (96 millones de EUR) garantizado parcialmente por el Estado, las autoridades chipriotas han demostrado que ese importe (junto con el producto de la venta de Eurocypria) se utilizará para reembolsar la ayuda de salvamento destinada a la reestructuración de la compañía en los próximos años. La ampliación de capital de 14 millones de CYP prevista para mediados de 2007 se dedicará a reducir el importe del préstamo que siga pendiente. Además, el plan de reestructuración se ha concebido en estrecha conexión con un plan de recorte de gastos que permita maximizar los ingresos. Lo que se pretende con el tiempo es poder incrementar los ingresos de la compañía para reembolsar al banco con ellos el importe que reste del préstamo.

(121)

La Comisión debe, por otra parte, evaluar si las hipótesis en las que se ha basado el plan de reestructuración son razonables a la vista de las circunstancias del caso y si las previsiones y proyecciones avanzadas se corresponden con lo requerido por las Directrices de 2004. El punto 35 de éstas dispone que «El plan se ha de presentar a la Comisión con todas las precisiones necesarias, entre las que se incluye especialmente un estudio de mercado. La mejora de la viabilidad debe resultar principalmente de las medidas internas contenidas en el plan de reestructuración y sólo podrá basarse en factores externos, como el aumento de los precios o de la demanda, sobre los que la empresa no ejerza gran influencia, cuando las hipótesis sobre el mercado realizadas gocen de reconocimiento general.».

(122)

Se observa a tal respecto que esta parte del plan de reestructuración se ha desarrollado efectivamente de acuerdo con lo previsto. En lo que concierne a los flujos de tráfico y al desarrollo del mercado, la Comisión se remite a los dos estudios independientes realizados para la valoración de Eurocypria, dado que éstos describen adecuadamente la evolución del mercado chipriota de la aviación.

(123)

El plan de reestructuración prevé que durante el período 2005-2010 el tráfico aéreo de Chipre aumente como media un 3,5 % anual. En cambio, las proyecciones realizadas sobre el tráfico de Cyprus Airways indican para ese mismo período un crecimiento medio anual de sólo un 2,4 %. Debe señalarse que el informe elaborado por PwC recoge el crecimiento total del tráfico aéreo chipriota previsto por la IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional), que lo sitúa en un 4,3 % durante el período 2006-2008. Esto hace pensar que las hipótesis que se barajaron en el plan eran razonables y que las previsiones de éste en cuanto a los resultados de Cyprus Airways son posibles si se tienen en cuenta también las otras medidas de racionalización aplicadas por la compañía.

(124)

En definitiva, a la vista de los distintos factores mencionados, la Comisión considera que, como prevé el plan de empresa de Cyprus Airways, esta compañía será capaz de alcanzar su viabilidad financiera dentro de un plazo razonable.

(125)

Las Directrices de 2004 disponen en su punto 38 que «Con objeto de velar por reducir todo lo posible los efectos negativos sobre las condiciones comerciales, de tal modo que los efectos positivos perseguidos sobrepasen a los negativos, es necesario introducir contrapartidas. De lo contrario, la ayuda se considerará “contraria al interés común” y, por consiguiente, incompatible con el mercado común.».

(126)

En su punto 39, añaden que «Estas medidas pueden consistir en la venta de activos, en reducciones de la capacidad o de la presencia en el mercado, y en la disminución de los obstáculos a la entrada en los mercados afectados. Al evaluar si las contrapartidas son adecuadas, la Comisión tendrá en cuenta la estructura del mercado y las condiciones de la competencia con objeto de garantizar que ninguna de estas medidas suponga un deterioro de la estructura del mercado, …».

(127)

La Comisión debe, pues, examinar el proceso de reestructuración y determinar si se han tomado para Cyprus Airways y el Grupo del mismo nombre las medidas necesarias a fin de reducir al mínimo los efectos perturbadores que pueda tener la ayuda en la competencia.

(128)

A finales de 2004 Cyprus Airways emprendió un «plan de acción» aplicando dos primeras medidas: la reducción de su flota en dos aeronaves (una de las cuales fue arrendada después con tripulación a Eurocypria) y el abandono de una serie de rutas a las que la compañía había atendido anteriormente (Varsovia, Budapest y Colombo).

(129)

En el momento de iniciarse la aplicación del plan de reestructuración, Cyprus Airways operaba 10 aeronaves (dos A319, seis A320-200 y dos A330-200) y tenía arrendado a Eurocypria otro A320-200 con tripulación. Este arrendamiento fue cancelado al finalizar la temporada estival de 2006. La Comisión observa que mientras el crecimiento medio anual del tráfico aéreo previsto para el período 2005-2010 se sitúa entre el 3,5 y el 4,3 %, las proyecciones de Cyprus Airways presentan un crecimiento anual de sólo un 2,4 %. Esto reducirá la cuota de mercado de la compañía, que descenderá en el curso de ese período de un 26,6 a un 23,2 % como máximo. En estas condiciones, la Comisión puede admitir que cualquier nueva reducción del tamaño de la flota o de la cuota de mercado podría hacer peligrar las posibilidades de recuperación de la aerolínea, sin abrir tampoco para los competidores oportunidades de mercado significativas.

(130)

La Comisión no ha recibido ninguna observación sobre esta cuestión pese a la invitación expresa en tal sentido que hizo a los terceros interesados al iniciarse el procedimiento.

(131)

Además, la Comisión destaca que el punto 55 de las Directrices de 2004 establece que «la cohesión económica y social es un objetivo prioritario de la Comunidad. … la Comisión ha de tener en cuenta las necesidades de desarrollo regional a la hora de evaluar una ayuda de reestructuración en las regiones subvencionadas.». Destaca también el punto 56, según el cual «en el caso de estas regiones subvencionadas …, las condiciones para la autorización de la ayuda podrán ser menos estrictas en lo que respecta a la introducción de contrapartidas y a la dimensión de la contribución del beneficiario.».

(132)

En este contexto, es preciso recordar que, desde su adhesión a la Unión el 1 de mayo de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2006 (14), todo el territorio de Chipre estuvo considerado apto para acogerse a la excepción que dispone el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE. Para el período 2007-2013, se prevé que dos regiones que agrupan juntas al 50 % de la población chipriota puedan optar al amparo de esa excepción a una ayuda a la inversión regional de una intensidad del 15 %. También debe tenerse en cuenta que Chipre presenta una serie de características territoriales —y, por tanto, permanentes— que tienen un impacto en el desarrollo socio-económico del país. Su situación periférica meridional le plantea problemas de accesibilidad al resto de la Unión Europea y, como resultado de ello, sufre una fuerte dependencia del transporte marítimo y, especialmente, del aéreo. De hecho, el aéreo es el único medio de transporte viable para los viajeros de negocios. Las estadísticas de Eurostat del año 2003, que presentaban lo que se llama la «dependencia aérea» de las economías, demuestran que Chipre es el Estado miembro que mayor dependencia tiene del transporte aéreo (15).

(133)

Visto lo que precede, considerando las particularidades del mercado chipriota del transporte aéreo y teniendo en cuenta que Cyprus Airways ha reducido ya su flota y que su antigua filial Eurocypria operará a partir de ahora como una sociedad jurídica y financieramente independiente de la propiedad y el control de esa compañía, la Comisión puede concluir afirmando que las contrapartidas propuestas por las autoridades chipriotas son suficientes para compensar las perturbaciones del mercado que pueda ocasionar la reestructuración de dicha compañía.

(134)

El punto 43 de las Directrices de 2004 dispone que «El importe y la intensidad de la ayuda deberán limitarse a los costes de reestructuración estrictamente necesarios para permitir la reestructuración en función de las disponibilidades financieras de la empresa, de sus accionistas o del grupo comercial del que forme parte. Su evaluación tendrá en cuenta cualquier ayuda de salvamento concedida por anticipado.». La Comisión considera que se cumple esta condición.

(135)

Debe tenerse en cuenta, en efecto, que los costes de reestructuración de la compañía se elevan a 71,1 millones de CYP y que los recursos utilizados para financiar esta reestructuración tienen diversos orígenes: el préstamo (parcialmente garantizado por el Estado) de 55 millones de CYP, el producto de la venta de Eurocypria por un valor de 13,425 millones y un importe de unos 8,5 millones procedente de otras fuentes, particularmente la cesión de diversos activos. Es preciso señalar aquí que los recursos aportados por la ampliación de capital que se proyecta no se añadirán a los consagrados a la reestructuración, sino que se utilizarán íntegramente para reembolsar parte del préstamo de 55 millones de CYP. Así pues, el importe total dedicado a la reestructuración se eleva a unos 76,9 millones de CYP. Considerando aceptable este importe, la Comisión resuelve que, en el presente caso, los recursos permanentes no exceden de los costes correspondientes, dado que la mayor parte del importe destinado a la reestructuración procede de un préstamo que tendrá que ser reembolsado por la compañía con sus propios recursos. Dicho importe, por tanto, no constituye una financiación permanente ya que Cyprus Airways deberá hacer frente de forma efectiva a los costes de su reestructuración.

(136)

La Comisión observa, además, que el compromiso de las autoridades chipriotas de reducir dentro del préstamo de 55 millones la parte que será cubierta por la garantía del Estado supone una limitación más del elemento de ayuda estatal que conlleva la operación de reestructuración en comparación con lo previsto inicialmente.

(137)

En relación con el nivel de la contribución propia, el punto 43 de las Directrices establece que «Los beneficiarios de la ayuda deberán contribuir de forma importante al plan de reestructuración con cargo a sus propios recursos, incluida la venta de activos que no sean indispensables para la supervivencia de la empresa, o mediante financiación externa obtenida en condiciones de mercado. Esta contribución constituye un indicio de que los mercados creen que es factible el restablecimiento de la viabilidad. La contribución debe ser real, es decir auténtica, sin incluir ningún beneficio previsto en el futuro como puede ser el flujo de tesorería, y debe ser lo más alta posible.». El punto 44, por su parte, indica los niveles de contribución propia que habrán de considerarse adecuados según el caso: en el de una empresa del tamaño de Cyprus Airways, tal nivel sería del 50 %.

(138)

La Comisión ha determinado que los costes de reestructuración de la compañía ascenderán a 71,1 millones de CYP, aproximadamente.

(139)

Dentro de esos costes, los importes que deben considerarse como contribución propia son los siguientes: una suma de al menos 4,2 millones de CYP correspondiente a la parte de la ampliación de capital de 14 millones que será suscrita por los inversores privados; dentro del préstamo comercial de 55 millones de CYP, otra suma de por lo menos 10 millones que será obtenida por la aerolínea en los mercados sin la garantía del Estado ni otras intervenciones públicas; y una última suma de 8,5 millones de CYP procedente de la venta de diversos activos (véase más arriba el punto 53).

(140)

Las autoridades chipriotas aducen que el producto de la venta de Eurocypria debe considerarse también como contribución propia. La práctica de la Comisión a este respecto (16) es que la venta de activos a su valor real (independientemente de quien sea el comprador) no constituye una ayuda estatal a la empresa que vende esos activos. El producto de la venta puede ser utilizado por la empresa para financiar su reestructuración y ha de considerarse parte integrante de la contribución propia. De ello se deduce que el importe obtenido con la venta de Eurocypria (13,425 millones de CYP) debe considerarse en efecto como contribución propia. Esta conclusión viene reforzada, además, en el presente caso por el compromiso de las autoridades chipriotas, y la condición impuesta por la Comisión, de que Eurocypria opere de hecho como entidad separada de Cyprus Airways y compita con ella de forma efectiva.

(141)

Con el producto de la venta de Eurocypria, se llega a una contribución propia total de no menos de 36,2 millones de CYP, lo que equivale al 51 % de los costes de reestructuración. La Comisión puede, por tanto, concluir que en el presente caso se cumple la condición de que las compañías contribuyan a sus costes de reestructuración en la proporción que les corresponda.

(142)

La Comisión destaca también que los costes de reestructuración están cubiertos en su mayor parte por un préstamo de 55 millones de CYP y que, aunque parcialmente garantizado por el Estado, este préstamo tendrá que ser reembolsado por la compañía con sus propios recursos, no con una subvención estatal (17). El esfuerzo que tendrá que hacer la compañía para ir cubriendo con el tiempo los costes de su propia reestructuración equivale a la autofinanciación de ésta. La única diferencia es que, en este caso, el esfuerzo puede repartirse en varios años gracias al préstamo comercial garantizado por el Estado.

A la vista de las consideraciones que anteceden, la Comisión,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La ayuda de reestructuración concedida por Chipre a Cyprus Airways Public Ltd se considera compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 2 a 5.

Artículo 2

Chipre presentará a la Comisión no después del 31 de diciembre de 2007 un informe sobre la marcha del plan de reestructuración y sobre su gestión.

Artículo 3

1.   Chipre garantizará que Cyprus Airways Public Ltd y Eurocypria operen permanentemente como reales competidoras. Ambas compañías serán gestionadas como entidades jurídicas separadas. Ninguna de las dos estará autorizada para adquirir acciones de la otra, ni podrán efectuarse entre ellas operaciones de capital equivalentes, como una fusión. Toda transacción entre Cyprus Airways Public Ltd y Eurocypria deberá realizarse en condiciones de mercado.

2.   El apartado 1 se aplicará hasta que:

a)

se ponga término a la garantía crediticia concedida por Chipre a Cyprus Airways Public Ltd o

b)

Chipre deje de tener una participación y/o un control mayoritario, directo o indirecto, en el capital de ambas compañías.

Artículo 4

Chipre garantizará que la ampliación de capital de 14 millones de CYP (24,3 millones de EUR) prevista por Cyprus Airways Public Ltd para mediados de 2007 respete las condiciones siguientes:

a)

que la ampliación de capital no tenga lugar sin que el banco comercial designado haya firmado antes el compromiso formal e incondicional de garantizar el éxito de la operación (salvo en caso de fuerza mayor, actos de guerra, terrorismo u otras situaciones similares);

b)

que el Estado no pueda suscribir más del 70 % de la emisión;

c)

que, sin perjuicio del calendario propuesto para esa garantía bancaria, el Estado suscriba las nuevas acciones con los mismos derechos, en las mismas condiciones y por el mismo precio que los inversores privados;

d)

que la operación no vaya acompañada de ningún acuerdo colateral o implícito por el que el Estado exima al banco de sus obligaciones en caso de que la oferta de recapitalización no se suscriba suficientemente, o por el que le conceda cualquier descuento especial sobre el precio de emisión.

Artículo 5

Chipre facilitará a la Comisión los informes y documentos que sean pertinentes sobre los niveles de participación del Estado, del banco y de los accionistas privados de Cyprus Airways Public Ltd y, en particular, el contrato final que se firme con el banco y los justificantes de las comisiones y del precio de las acciones que se apliquen en el marco de la ampliación de capital.

Artículo 6

El destinatario de la presente Decisión será Chipre.

Hecho en Bruselas, 7 de marzo de 2007.

Por la Comisión

Jacques BARROT

Vicepresidente de la Comisión


(1)  DO C 113 de 13.5.2006, p. 2.

(2)  Véase la nota de pie de página 1.

(3)  DO C 244 de 1.10.2004, p. 2.

(4)  Secreto comercial.

(5)  Estados financieros auditados.

(6)  M = cuentas de gestión aún no auditadas.

(7)  E = estimación.

(8)  Secreto comercial.

(9)  DO C 71 de 11.3.2000, págs. 14 y ss.

(10)  Véanse la sentencia del TJE de 16 de mayo de 2002 en el asunto C482/99 (Rec. 2002, p. I-4397) y las conclusiones del Abogado General Geelhoed de 27 de septiembre de 2001 en los asuntos acumulados C-328/99 y C-399/00, Italia contra Comisión y SIM 2 Multimedia SpA contra Comisión.

(11)  Véase la sentencia del TJE de 21 de marzo de 1991 en el asunto C-305/89 (Rec. 1991, p. I-1603, punto 20), Italia contra Comisión, «Alfa Romeo».

(12)  Véase la sentencia del TPI de 12 de diciembre de 2000 en el asunto T-296/97 (Rec. 2000, p. II-3871, punto 81), Alitalia contra Comisión.

(13)  Asunto T11/95 BP (Rec. 1998, p. II-3235, puntos 170 y 171), Chemicals Ltd contra Comisión.

(14)  Ayuda estatal CY 14/2003 — Chipre — Mapa de ayudas regionales 2004-2006 (C(2004) 1757/1 de 28.4.2004).

(15)  Chipre tiene una ratio pasajero aéreo-habitante de 8,50 (1,30 en la UE de los Veinticinco).

(16)  Decisiones de la Comisión de 15 de octubre de 2003 (2005/406/CE) sobre RTP (DO L 142 de 6.6.2005, p. 1) y de 7 de julio de 2004 (2005/418/CE) sobre Alstom (DO L 150 de 10.6.2005, p. 24) y, en particular, sus puntos 125 y 215.

(17)  Véase a este respecto la Decisión de la Comisión de 14 de julio de 2004 (2005/346/CE) sobre MobilCom (DO L 116 de 4.5.2005) y, en particular, su punto 173.