31.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 199/1

(1)

La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Con el fin de establecer paulatinamente dicho espacio, la Comunidad debe, entre otras cosas, adoptar las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza que sean necesarias para el correcto funcionamiento del mercado interior.

(2)

De conformidad con el artículo 65, letra c), del Tratado, dichas medidas deben incluir la eliminación de obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas procesales civiles aplicables en los Estados miembros.

(3)

A este respecto, la Comunidad ya ha adoptado, entre otras medidas, el Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (3), el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (4), la Decisión no 2001/470/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (5), el Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (6), y el Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (7).

(4)

El Consejo Europeo reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999 invitó al Consejo y a la Comisión a establecer unas normas de procedimiento comunes para la tramitación simplificada y acelerada de litigios transfronterizos relativos a demandas de escasa cuantía en materia de consumo o de índole mercantil.

(5)

El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa conjunto de la Comisión y del Consejo de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (8). El programa se refiere a la simplificación y aceleración de la solución de los litigios transfronterizos de escasa cuantía. Se desarrolló mediante el Programa de La Haya (9), adoptado por el Consejo Europeo el 5 de noviembre de 2004, en el que se abogaba por que se prosiguieran activamente los trabajos relativos al proceso de escasa cuantía.

(6)

El 20 de diciembre de 2002, la Comisión aprobó el Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía. Dicho Libro Verde inició una consulta para la simplificación y aceleración de los litigios de escasa cuantía.

(7)

Numerosos Estados miembros han introducido en su ordenamiento procesos civiles simplificados para las demandas de escasa cuantía, ya que los costes, retrasos y complicaciones relacionados con las acciones judiciales no disminuyen necesariamente de manera proporcional al valor de la demanda. Los obstáculos para la obtención de una sentencia rápida y poco costosa aumentan exageradamente en los asuntos transfronterizos. Por todo ello es necesario establecer un proceso europeo para demandas de escasa cuantía («proceso europeo de escasa cuantía»). El objetivo de dicho proceso debe consistir en facilitar el acceso a la justicia. La distorsión de la competencia en el mercado interior que generan los desequilibrios de los medios procesales de que disponen los acreedores en los distintos Estados miembros hace necesario adoptar una legislación comunitaria que establezca normas uniformes en toda la Unión Europea para acreedores y deudores. Debe exigirse que se tengan en cuenta los principios de simplicidad, rapidez y proporcionalidad cuando se establezcan los costes de tramitación de una demanda con arreglo al proceso europeo de escasa cuantía. Es conveniente que se hagan públicos los pormenores de los costes que han de pagarse y que los medios para establecer dichos costes sean transparentes.

(8)

El proceso europeo de escasa cuantía debe simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía en asuntos transfronterizos, reduciendo los costes mediante un instrumento opcional que se añade a las posibilidades ya existentes en la legislación de los Estados miembros, que deben seguir inalteradas. El presente Reglamento debe hacer, asimismo, más sencillo obtener el reconocimiento y la ejecución de una sentencia dictada en el proceso europeo de escasa cuantía en otro Estado miembro.

(9)

El presente Reglamento trata de promover los derechos fundamentales y tiene en cuenta, en concreto, los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. El órgano jurisdiccional debe respetar el derecho a un juicio justo y el principio contradictorio del proceso, especialmente cuando se pronuncie sobre la necesidad de una vista oral, sobre los medios de práctica de la prueba y sobre el alcance de la práctica de la prueba.

(10)

Para facilitar el cálculo del valor de la demanda, no se deben tener en cuenta los intereses, los gastos y las costas. Ello no debe afectar a la facultad del órgano jurisdiccional de adjudicarlos en el fallo ni a la normativa nacional sobre el cálculo de los intereses.

(11)

Para facilitar el inicio del proceso europeo de escasa cuantía, el demandante debe realizar una solicitud, cumplimentando un formulario de demanda y presentándolo ante el órgano jurisdiccional competente. El formulario de demanda solo debe enviarse a un órgano jurisdiccional que sea competente.

(12)

El formulario de demanda debe ir acompañado, cuando proceda, de todo documento justificativo pertinente. No obstante, ello no impide al demandante presentar, cuando proceda, pruebas adicionales durante el proceso. Idéntico principio debe aplicarse a la respuesta por parte del demandado.

(13)

Los conceptos de «manifiestamente infundada», en el contexto de la no admisión de una demanda, y de «inadmisible», en el contexto de la no admisión de una solicitud, deben determinarse de acuerdo con la legislación nacional.

(14)

El proceso europeo de escasa cuantía debe ser un procedimiento escrito, a menos que el órgano jurisdiccional considere necesario celebrar una vista oral o una de las partes así lo solicite. El órgano jurisdiccional puede rechazar dicha pretensión. Esta decisión no puede impugnarse por separado.

(15)

No debe obligarse a las partes a estar representadas por un abogado u otro profesional del Derecho.

(16)

El concepto de «reconvención» debe interpretarse, según el sentido del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) no 44/2001 como derivado del mismo contrato o hecho en que se fundamentara la demanda inicial. A las reconvenciones deben aplicarse, mutatis mutandis, los artículos 2 y 4, así como el artículo 5, apartados 3, 4 y 5.

(17)

En caso de que durante el procedimiento el demandado oponga una compensación, esta alegación no debe constituir una demanda reconvencional en el sentido del presente Reglamento. Por lo tanto, el demandado no está obligado a utilizar el formulario estándar A que figura en el anexo I para invocar este derecho.

(18)

El Estado miembro requerido a los efectos de la aplicación del artículo 6 debe ser aquel en el que haya de efectuarse la notificación o haya de enviarse el documento. Para reducir los costes y retrasos, los documentos deben notificarse a las partes, principalmente por correo con acuse de recibo que indique la fecha de recepción.

(19)

Una parte puede negarse a aceptar un documento en el momento de la notificación o devolviendo el documento en el plazo de una semana, si no está redactado en la lengua oficial del Estado miembro requerido o va acompañado de una traducción en esta lengua, o, en caso de que existan varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del lugar en el que haya de efectuarse la notificación o haya de enviarse el documento, o en una lengua que el destinatario entienda.

(20)

En el contexto de las vistas orales y la práctica de la prueba, los Estados miembros deben fomentar la utilización de las tecnologías de comunicación actuales, siempre que se respete el Derecho interno del Estado miembro del foro. El órgano jurisdiccional debe utilizar para la práctica de la prueba el método más sencillo y menos oneroso.

(21)

La asistencia práctica que debe ponerse a disposición de las partes debe incluir información técnica sobre la disponibilidad y cumplimentación de los formularios.

(22)

La información sobre cuestiones de procedimiento también puede ser proporcionada por el personal del órgano jurisdiccional de acuerdo con la legislación nacional.

(23)

Dado que el objetivo del presente Reglamento es simplificar y acelerar de los litigios de escasa cuantía en asuntos transfronterizos, el órgano jurisdiccional debe actuar con la mayor brevedad incluso en aquellos casos en que el presente Reglamento no prescriba un plazo límite para una fase concreta del proceso.

(24)

A efectos del cálculo de los plazos establecidos por el presente Reglamento, debe aplicarse lo dispuesto en el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos (10).

(25)

Para acelerar la recuperación de las deudas de escasa cuantía, la sentencia debe ser ejecutiva, sin perjuicio de cualquier posible recurso y sin la condición de constituir garantía, excepto si así lo establece el presente Reglamento.

(26)

Toda referencia realizada en el presente Reglamento a un recurso debe incluir todas las posibles vías de recurso disponibles con arreglo a la legislación nacional.

(27)

El órgano jurisdiccional debe contar con una persona cualificada para ejercer como juez de conformidad con la legislación nacional.

(28)

Siempre que se requiera que el órgano jurisdiccional establezca un plazo, la parte afectada debe ser informada de las consecuencias del incumplimiento de dicho plazo.

(29)

La parte perdedora debe soportar las costas del proceso. Las costas del proceso deben determinarse con arreglo a lo dispuesto por la legislación nacional correspondiente. Habida cuenta de los objetivos de simplicidad y rentabilidad, el órgano jurisdiccional debe ordenar que la parte perdedora quede obligada a pagar únicamente los costas procesales, en particular, por ejemplo, los gastos resultantes del hecho de que la otra parte haya sido representada por un abogado o por otro tipo de profesional del Derecho, o cualquier gasto resultante de la notificación y traducción de documentos, que sean proporcionados al valor de la demanda o que haya sido necesario realizar.

(30)

Con el fin de facilitar su reconocimiento y ejecución, cualquier sentencia dictada en un Estado miembro en el proceso europeo de escasa cuantía debe reconocerse y ejecutarse en otro Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración de ejecutabilidad y sin posibilidad alguna de oponerse a su reconocimiento.

(31)

Deben existir normas mínimas para la revisión de una sentencia en aquellos casos en que el demandado no haya podido oponerse a la demanda.

(32)

Habida cuenta de los objetivos de simplicidad y rentabilidad, a la parte que solicita la ejecución no se le debe exigir que cuente con un representante autorizado o una dirección postal en el Estado miembro de ejecución, salvo los agentes con competencia en el procedimiento de ejecución con arreglo a lo dispuesto por la legislación nacional de dicho Estado miembro.

(33)

El capítulo III del presente Reglamento también debe aplicarse a la liquidación de las costas por el secretario judicial a resultas de una sentencia dictada con arreglo al procedimiento especificado en el presente Reglamento.

(34)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (11).

(35)

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que adopte las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento relativas a actualizaciones o enmiendas técnicas a los formularios que figuran en los anexos. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento o a completar el presente Reglamento añadiendo nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(36)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un proceso para simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía en asuntos transfronterizos y para reducir los costes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos del presente Reglamento, puede lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(37)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda participan en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(38)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la aprobación del presente Reglamento y, por tanto, no queda vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

a)

el estado y la capacidad jurídica de las personas físicas;

b)

los derechos de propiedad derivados de los regímenes matrimoniales, obligaciones de alimentos, testamentos y sucesiones;

c)

la quiebra, los procedimientos de liquidación de empresas o de otras personas jurídicas insolventes, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos;

d)

la seguridad social;

e)

el arbitraje;

f)

el derecho laboral;

g)

los arrendamientos de bienes inmuebles, excepto las acciones sobre derechos pecuniarios, o

h)

las violaciones del derecho a la intimidad y de otros derechos de la personalidad, incluida la difamación.

a)

la lengua oficial del Estado miembro requerido, o la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar en el que deba efectuarse la notificación o al que deba enviarse el documento si existen varias lenguas oficiales en dicho Estado miembro, o bien

b)

una lengua que el destinatario entienda,

a)

solicitará a las partes información complementaria en relación con la demanda, dentro de un determinado plazo que no será superior a 30 días,

b)

recurrirá a la práctica de la prueba con arreglo al artículo 9, o

c)

citará a las partes a una vista oral que se celebrará en un plazo de 30 días a partir de la fecha de recepción de la citación.

a)

b)

el demandado no haya tenido la posibilidad de oponerse a la demanda por causa de fuerza mayor o circunstancias extraordinarias ajenas a su responsabilidad,

a)

copia de la sentencia que cumpla las condiciones necesarias para establecer su autenticidad, y

b)

copia del certificado a que se refiere el artículo 20, apartado 2, y, cuando proceda, la traducción del mismo en la lengua oficial del Estado miembro de ejecución o, si dicho Estado miembro tuviere varias lenguas oficiales, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales de los procedimientos judiciales del lugar en que se haya solicitado la ejecución, conforme al Derecho de dicho Estado miembro, o en otra lengua que el Estado miembro de ejecución haya indicado como aceptable. Cada Estado miembro podrá indicar la lengua o lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea distintas de las propias que pueda aceptar para el proceso europeo de escasa cuantía. El contenido del formulario D será traducido por una persona cualificada para realizar traducciones en uno de los Estados miembros.

a)

un representante autorizado, o bien

b)

una dirección postal

a)

la sentencia anterior tenga el mismo objeto y se refiera a las mismas partes;

b)

la sentencia anterior se haya dictado en el Estado miembro de ejecución o cumpla las condiciones necesarias para ser reconocida en el Estado miembro de ejecución, y

c)

no se haya alegado y no haya podido alegarse la incompatibilidad durante el procedimiento judicial en el Estado miembro en que se haya dictado la sentencia.

a)

limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares;

b)

subordinar la ejecución a la constitución de una garantía que determinará dicho órgano jurisdiccional o autoridad, o bien

c)

suspender, en circunstancias excepcionales, el procedimiento de ejecución.

a)

los órganos jurisdiccionales competentes para dictar resoluciones en el proceso europeo de escasa cuantía;

b)

los medios de comunicación aceptados a los fines del proceso europeo de escasa cuantía y disponibles en los órganos jurisdiccionales de conformidad con el artículo 4, apartado 1;

c)

si su Derecho procesal prevé la posibilidad de recurso de conformidad con el artículo 17 y ante qué órgano jurisdiccional debe interponerse;

d)

las lenguas aceptadas conforme al artículo 21, apartado 2, letra b), y

e)

las autoridades competentes por lo que respecta a la ejecución y las autoridades competentes a efectos de la aplicación del artículo 23.

31.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 199/23

(1)

En las conclusiones del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de los días 28 y 29 de mayo de 2001 se afirmaba, en relación con el análisis común y un mejor intercambio de estadísticas sobre migración y asilo, que es necesario un marco exhaustivo y coherente para la actuación futura en materia de mejora de estadísticas.

(2)

En abril de 2003, la Comisión publicó una Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo con objeto de presentar un plan de acción para la recogida y el análisis de estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración. En dicho plan se incluye una serie de cambios importantes destinados a mejorar la exhaustividad y el grado de armonización de estas estadísticas. Mediante el plan de acción, la Comisión pretendía presentar propuestas legislativas sobre estadísticas comunitarias de migración y asilo.

(3)

El Consejo Europeo de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003 concluyó que hacían falta unos mecanismos más eficaces para la recogida y análisis de la información sobre migración y asilo en la Unión Europea.

(4)

En su Resolución de 6 de noviembre de 2003 (3) sobre la citada Comunicación de la Comisión, el Parlamento Europeo señaló que se debía legislar para garantizar la elaboración de estadísticas exhaustivas necesarias para el desarrollo de unas políticas comunitarias justas y eficaces en materia de migración. Dicha resolución apoya los planes de la Comisión para proponer legislación relativa a estadísticas sobre migración y asilo.

(5)

La ampliación de la Unión Europea ha dado una nueva dimensión geográfica y política a la problemática de la migración. También ha dado un nuevo impulso a la demanda de información estadística precisa, puntual y armonizada. Cabe señalar asimismo una necesidad cada vez mayor de información estadística relativa a la profesión, la educación, las cualificaciones y el tipo de actividad de los migrantes.

(6)

Las estadísticas comunitarias sobre migración y asilo armonizadas y comparables son fundamentales para el desarrollo y seguimiento de la legislación y políticas comunitarias relativas a inmigración y asilo y a la libre circulación de personas.

(7)

Es preciso incrementar el intercambio de información estadística sobre el asilo y la migración, así como mejorar la calidad de la recogida de estadísticas comunitarias y de sus resultados, que, hasta la fecha, se ha realizado sobre la base de una serie de «acuerdos entre caballeros».

(8)

Es esencial disponer de información en toda la Unión Europea a los efectos del seguimiento del desarrollo y la aplicación de la legislación y las políticas comunitarias. En general, la práctica actual no garantiza que la entrega y difusión de datos armonizados se realicen de manera uniforme en cuanto a periodicidad, puntualidad y rapidez.

(9)

El presente Reglamento no cubre las estimaciones relativas al número de personas que residen ilegalmente en los Estados miembros. Los Estados miembros no deben facilitar a la Comisión (Eurostat) estas estimaciones ni datos sobre dichas personas, aunque pueden estar incluidas en los totales de población resultantes de las encuestas.

(10)

En la medida de lo posible, las definiciones utilizadas a los efectos del presente Reglamento se toman de las Recomendaciones de las Naciones Unidas relativas a las Estadísticas sobre Migración Internacional, de las Recomendaciones de las Naciones Unidas para los Censos de Población y Viviendas en la CEPE o de la legislación comunitaria, y deben actualizarse de conformidad con los procedimientos pertinentes.

(11)

Las disposiciones del Reglamento (CEE) no 311/76 del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativo a la elaboración de estadísticas de trabajadores extranjeros han quedado obsoletas a causa de las nuevas necesidades comunitarias en materia de estadísticas sobre migración y asilo (4).

(12)

Por consiguiente, debe derogarse el Reglamento (CE) no 311/76.

(13)

Dado que el objetivo del presente Reglamento de establecer normas comunes para la elaboración de estadísticas comunitarias sobre migración y protección internacional no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a sus dimensiones, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(14)

El Reglamento (CE) no 322/97 del Consejo, de 17 de febrero de 1997, sobre la estadística comunitaria (5), constituye el marco de referencia de lo dispuesto en el presente Reglamento. En concreto, exige conformidad con los estándares de imparcialidad, fiabilidad, objetividad, independencia científica, rentabilidad y secreto estadístico.

(15)

Procede aprobar las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (6).

(16)

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que actualice las definiciones, decida sobre las agrupaciones de los datos y las desagregaciones adicionales y establezca las normas relativas a la precisión y las normas de calidad. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales del presente Reglamento, o a completarlo añadiendo nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(17)

Se ha consultado al Comité del programa estadístico creado en virtud de la Decisión 89/382/CEE, Euratom, del Consejo, de 19 de junio de 1989, por la que se crea un Comité del programa estadístico de las Comunidades Europeas (7), de conformidad con el artículo 3 de dicha Decisión.

a)

la inmigración hacia y la emigración desde los territorios de los Estados miembros, incluyendo flujos desde el territorio de un Estado miembro hacia el de otro Estado miembro y los flujos entre un Estado miembro y el territorio de un tercer país;

b)

la nacionalidad y el país de nacimiento de las personas que residen de manera habitual en el territorio de los Estados miembros;

c)

los procedimientos y procesos administrativos y judiciales de los Estados miembros relativos a la inmigración, la concesión de permisos de residencia, nacionalidad, asilo y otras formas de protección internacional y la prevención de la inmigración ilegal.

a)

«residencia habitual»: lugar en el que una persona pasa normalmente el período diario de descanso, sin contar la ausencias temporales por motivos de ocio, vacaciones, visitas a amigos y parientes, negocios, tratamiento médico o peregrinación religiosa, o, en su defecto, lugar de residencia legal o registrada;

b)

«inmigración»: acción por la cual una persona fija su residencia habitual en el territorio de un Estado miembro por un período que es, o se espera que sea, de al menos doce meses, habiendo sido previamente residente habitual en otro Estado miembro o en un tercer país;

c)

«emigración»: acción por la cual una persona, que habiendo sido previamente residente habitual en el territorio de un Estado miembro, deja de tener su residencia habitual en ese Estado miembro por un período que es, o se espera que sea, de al menos doce meses;

d)

«nacionalidad»: vínculo especial entre una persona y su Estado, adquirido por nacimiento o naturalización, ya sea mediante declaración, opción, matrimonio u otros medios de conformidad con la legislación nacional;

e)

«país de nacimiento»: país de residencia (de acuerdo con las fronteras actuales, si se conoce) de la madre en el momento del nacimiento o, en su defecto, país (de acuerdo con las fronteras actuales, si se conoce) en el cual tuvo lugar el nacimiento;

f)

«inmigrante»: persona que realiza una inmigración;

g)

«emigrante»: persona que realiza una emigración;

h)

«residente de larga duración»: residente de larga duración según la definición del artículo 2, letra b), de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (8);

i)

«nacional de un tercer país»: cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión en los términos del artículo 17, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea incluidos los apátridas;

j)

«solicitud de protección internacional»: solicitud de protección internacional según la definición del artículo 2, letra g), de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (9);

k)

«estatuto de refugiado»: estatuto de refugiado según la definición del artículo 2, letra d), de la Directiva 2004/83/CE;

l)

«estatuto de protección subsidiaria»: estatuto de protección subsidiaria según la definición del artículo 2, letra f), de la Directiva 2004/83/CE;

m)

«miembros de la familia»: miembros de la familia según la definición del artículo 2, letra i), del Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país (10);

n)

«protección temporal»: protección temporal según la definición del artículo 2, letra a), de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (11);

o)

«menor no acompañado»: menor no acompañado según la definición del artículo 2, letra i), de la Directiva 2004/83/CE;

p)

«fronteras exteriores»: fronteras exteriores según la definición del artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (12);

q)

«nacionales de terceros países a quienes se deniegue la entrada»: nacionales de terceros países a quienes se deniegue la entrada por no cumplir las condiciones del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 562/2006, siempre que no pertenezcan a ninguna de las categorías de personas indicadas en el artículo 5, apartado 4, del mismo Reglamento;

r)

«nacionales de terceros países hallados residiendo ilegalmente»: nacionales de terceros países hallados oficialmente en el territorio de un Estado miembro y que no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones para la estancia o residencia en dicho Estado miembro;

s)

«reasentamiento»: transferencia de nacionales de terceros países o apátridas, sobre la base de una evaluación de sus necesidades de protección internacional y de una solución duradera, a un Estado miembro en el que les está permitido residir con un estatuto jurídico seguro.

a)

inmigrantes que se trasladan al territorio del Estado miembro, desagregados de la siguiente manera:

b)

emigrantes que se trasladan desde el territorio del Estado miembro desagregados de la siguiente manera:

c)

personas que tienen su residencia habitual en el Estado miembro al final del período de referencia, desagregados de la siguiente manera:

d)

personas que tienen su residencia habitual en el territorio del Estado miembro y que han adquirido la nacionalidad del Estado miembro durante el año de referencia y que tuvieron anteriormente la nacionalidad de otro Estado miembro o de un tercer país o que tuvieron anteriormente la condición de apátridas, desagregadas por edad y sexo, y por la nacionalidad anterior de las personas afectadas o su condición anterior de apátridas.

a)

personas que han presentado una solicitud de protección internacional o que están incluidas en una solicitud de ese tipo en calidad de miembro de la familia durante el período de referencia;

b)

personas que son objeto de solicitudes de protección internacional examinadas por la autoridad nacional competente al final del período de referencia;

c)

solicitudes de protección internacional que se hayan retirado durante el período de referencia.

a)

personas a las que se refieren las decisiones en primera instancia que desestiman las solicitudes de protección internacional, incluyendo las decisiones que declaren las solicitudes inadmisibles o infundadas, y decisiones adoptadas en el marco de procedimientos prioritarios y acelerados, adoptadas por órganos administrativos o judiciales durante el período de referencia;

b)

personas a las que se refieren las decisiones en primera instancia que conceden o retiran el estatuto de refugiado, adoptadas por órganos administrativos o judiciales durante el período de referencia;

c)

personas a las que se refieren las decisiones en primera instancia que conceden o retiran el estatuto de protección subsidiaria, adoptadas por órganos administrativos o judiciales durante el período de referencia;

d)

personas a las que se refieren las decisiones en primera instancia que conceden o retiran la protección temporal, adoptadas por órganos administrativos o judiciales durante el período de referencia;

e)

personas a las que se refieren otras decisiones en primera instancia que conceden o retiran una autorización de residencia por razones humanitarias, de acuerdo con la legislación nacional en materia de protección internacional, adoptadas por órganos administrativos o judiciales durante el período de referencia.

a)

solicitantes de protección internacional considerados por la autoridad nacional competente como menores no acompañados durante el período de referencia;

b)

personas a las que se refieren las decisiones definitivas de desestimar solicitudes de protección internacional, tales como las decisiones que declaren las solicitudes inadmisibles o infundadas, y las decisiones adoptadas en el marco de procedimientos prioritarios y acelerados, adoptadas por instancias administrativas o judiciales en un procedimiento de recurso o revisión durante el período de referencia;

c)

personas a las que se refieren las decisiones definitivas de conceder o retirar el estatuto de refugiado adoptadas por instancias administrativas o judiciales en un procedimiento de recurso o revisión durante el período de referencia;

d)

personas a las que se refieren las decisiones definitivas de conceder o retirar el estatuto de protección subsidiaria adoptadas por instancias administrativas o judiciales en un procedimiento de recurso o revisión durante el período de referencia;

e)

personas a las que se refieren las decisiones definitivas de conceder o retirar la protección temporal adoptadas por instancias administrativas o judiciales en un procedimiento de recurso o revisión durante el período de referencia;

f)

personas a las que se refieren otras decisiones definitivas adoptadas por instancias administrativas o judiciales en un procedimiento de recurso o revisión para conceder o retirar una autorización de residencia por razones humanitarias de acuerdo con la legislación nacional sobre protección internacional durante el período de referencia;

g)

personas a las que se haya concedido la autorización para residir en un Estado miembro en el marco de un programa nacional o comunitario de reasentamiento durante el período de referencia, cuando dicho programa se aplique en dicho Estado miembro.

a)

el número de solicitudes de readmisión o de asunción de responsabilidad de solicitantes de asilo;

b)

las disposiciones en que se basan las solicitudes mencionadas en la letra a);

c)

las decisiones adoptadas en respuesta a las solicitudes mencionadas en la letra a);

d)

el número de traslados a que dan lugar las decisiones mencionadas en la letra c);

e)

el número de solicitudes de información.

a)

nacionales de terceros países a los que se haya denegado la entrada al territorio del Estado miembro en la frontera exterior;

b)

nacionales de terceros países encontrados en situación ilegal en el territorio del Estado miembro de acuerdo con la legislación nacional relativa a inmigración.

a)

el número de permisos de residencia expedidos a nacionales de terceros países, desagregados de la siguiente manera:

b)

el número de residentes de larga duración al final del período de referencia, desagregados por nacionalidad.

a)

el número de nacionales de terceros países que se encuentren presentes ilegalmente en el territorio del Estado miembro y que estén sometidos a una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial que establezca o declare que su estancia es ilegal y les imponga la obligación de abandonar el territorio del Estado miembro, desagregadas por nacionalidad de las personas afectadas;

b)

el número de nacionales de terceros países que hayan abandonado de hecho el territorio del Estado miembro como consecuencia de una decisión o acto de naturaleza administrativa o judicial, tal como se menciona en la letra a), desagregadas por la nacionalidad de las personas retornadas.

a)

para las estadísticas requeridas en virtud del artículo 4 en su totalidad, desagregaciones por:

b)

para las estadísticas requeridas en virtud del artículo 4, apartado 4, desagregaciones por:

c)

para las estadísticas requeridas en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), desagregaciones por:

d)

para las estadísticas requeridas en virtud del artículo 5, apartado 1, letra b), desagregaciones por:

e)

para las estadísticas requeridas en virtud del artículo 6, desagregaciones por:

f)

para las estadísticas requeridas en virtud del artículo 7, desagregaciones por:

a)

registros de procedimientos administrativos y judiciales;

b)

registros relativos a procedimientos administrativos;

c)

registros de población de personas o de un subgrupo determinado de dicha población;

d)

censos;

e)

encuestas por muestreo;

f)

otras fuentes adecuadas.

a)

actualización de las definiciones que figuran en el artículo 2, apartado 1;

b)

definición de las categorías de grupos de países de nacimiento, grupos de países de residencia habitual anterior y siguiente y grupos de nacionalidades conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1;

c)

definición de las categorías de los motivos para la emisión del permiso conforme a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letra a);

d)

definición de las desagregaciones adicionales y de los niveles de desagregación que se aplicarán a las variables conforme a lo dispuesto en el artículo 8;

e)

establecimiento de normas sobre precisión y de normas de calidad.

31.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 199/30

(1)

El 26 de octubre de 2004, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no 2007/2004 (2) por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea («la Agencia»).

(2)

Un Estado miembro que se vea enfrentado a una situación que exija una asistencia operativa y técnica reforzada en sus fronteras exteriores puede, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 64, apartado 2, del Tratado, y de conformidad con los artículos 7 y 8 del Reglamento (CE) no 2007/2004, pedir a la Agencia que le proporcione asistencia en forma de ayuda a la coordinación, cuando se vean afectados otros Estados miembros.

(3)

La gestión efectiva de las fronteras exteriores mediante la vigilancia y las inspecciones ayuda a combatir la inmigración ilegal y la trata de personas y a prevenir cualquier amenaza para la seguridad interior, el orden público, la salud pública y las relaciones internacionales de los Estados miembros. El control fronterizo no redunda solo en beneficio del Estado miembro en cuyas fronteras exteriores se realiza, sino del conjunto de los Estados miembros que han suprimido los controles en sus fronteras interiores.

(4)

El control de las fronteras exteriores es competencia de los Estados miembros. Ante las situaciones críticas que se producen a veces en sus fronteras exteriores, en particular la llegada a ciertos puntos de estas de un gran número de nacionales de terceros países que intentan entrar ilegalmente en el territorio de los Estados miembros, puede resultar necesario prestar ayuda a un Estado miembro proporcionándole recursos adecuados y suficientes, en particular en materia de personal.

(5)

Las posibilidades actuales de proporcionar una asistencia práctica eficaz en lo que respecta al control de las personas en las fronteras exteriores y a la vigilancia de las fronteras exteriores a escala europea no se consideran suficientes, en particular cuando los Estados miembros han de hacer frente a la llegada de un gran número de nacionales de terceros países que intentan entrar ilegalmente en el territorio de los Estados miembros.

(6)

En vista de ello, conviene que todo Estado miembro pueda pedir que se desplieguen en su territorio, en el marco de la Agencia, equipos de intervención rápida en las fronteras compuestos por expertos de otros Estados miembros con formación especial, encargados de asistir temporalmente a sus agentes de guardia de fronteras nacional. El despliegue de los equipos de intervención rápida en las fronteras contribuirá a aumentar la solidaridad y la asistencia mutua entre los Estados miembros.

(7)

El despliegue de equipos de intervención rápida en las fronteras para prestar ayuda durante un período limitado debe producirse en circunstancias excepcionales y urgentes. Situaciones de este tipo surgen cuando un Estado miembro se enfrenta a una afluencia masiva de nacionales de terceros países que intentan entrar ilegalmente en su territorio, lo que requiere una respuesta inmediata y donde el despliegue de un equipo de intervención rápida en las fronteras contribuiría a dar una respuesta eficaz. Los equipos de intervención rápida en las fronteras no están concebidos para prestar asistencia a largo plazo.

(8)

Los equipos de intervención rápida en las fronteras dependerán de los cometidos proyectados, de la disponibilidad y de la frecuencia de los despliegues. Para garantizar que su actuación sea eficaz, los Estados miembros deben poner a disposición un número adecuado de agentes de guardia de fronteras («contingente de intervención rápida»), en función principalmente del grado de especialización y del tamaño de sus propios cuerpos de guardia de fronteras. Los Estados miembros deben, en consecuencia, crear contingentes nacionales de expertos para contribuir a aumentar la eficacia del presente Reglamento. La Agencia debe tener en cuenta el tamaño de los distintos Estados miembros y la especialización técnica de sus cuerpos de guardia de fronteras.

(9)

Las mejores prácticas de muchos Estados miembros muestran que conocer los perfiles (aptitudes y cualificaciones) de los guardias de fronteras disponibles antes de desplegarlos contribuye de forma significativa a la eficiencia de la planificación y ejecución de las operaciones. La Agencia debe por tanto determinar el perfil y el número total de guardias de fronteras que han de proporcionarse para los equipos de intervención rápida en las fronteras.

(10)

Conviene, pues, establecer un mecanismo que permita crear equipos de intervención rápida en las fronteras, que ofrezca suficiente flexibilidad tanto a la Agencia como a los Estados miembros y que garantice que las intervenciones se lleven a cabo con un alto nivel de eficacia y eficiencia.

(11)

La Agencia debe, entre otras cosas, coordinar la composición, la formación y el despliegue de los equipos de intervención rápida en las fronteras. Procede, pues, introducir en el Reglamento (CE) no 2007/2004 nuevas disposiciones que regulen la función de la Agencia en lo que respecta a estos equipos.

(12)

Cuando un Estado miembro se enfrenta a una afluencia masiva de nacionales de terceros países que intentan entrar ilegalmente en su territorio, o a otra situación excepcional que afecta de manera sustancial a la ejecución de funciones nacionales, puede abstenerse de poner a disposición a sus agentes de guardia de fronteras nacional para su despliegue.

(13)

Para colaborar eficazmente con los agentes de la guardia de fronteras nacional, los miembros del equipo deben poder realizar funciones relacionadas con el control de las personas en las fronteras exteriores y la vigilancia de dichas fronteras cuando estén desplegados en el territorio de un Estado miembro que haya solicitado su asistencia.

(14)

Del mismo modo, debe mejorarse la eficacia de las operaciones conjuntas coordinadas por la Agencia permitiendo que agentes invitados de otros Estados miembros realicen temporalmente funciones relacionadas con el control de las personas en las fronteras exteriores y la vigilancia de dichas fronteras.

(15)

Resulta necesario, por tanto, introducir en el Reglamento (CE) no 2007/2004 nuevas disposiciones relativas a las funciones y competencias de los agentes invitados desplegados en el territorio de un Estado miembro a petición de este en el marco de la Agencia.

(16)

El presente Reglamento contribuye a la correcta aplicación del Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (3). A tal fin, los miembros de los equipos y los agentes invitados, al realizar las inspecciones fronterizas y la vigilancia de fronteras, han de abstenerse de discriminar a las personas por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Todas las medidas que adopten en el ejercicio de sus funciones y competencias deben ser proporcionadas a los objetivos perseguidos por dichas medidas.

(17)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Debe aplicarse respetando las obligaciones de los Estados miembros en materia de protección internacional y no devolución.

(18)

El presente Reglamento debe aplicarse respetando plenamente las obligaciones derivadas del Derecho internacional marítimo, en particular en lo que se refiere a la búsqueda y al rescate.

(19)

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (4), se aplica al tratamiento de datos personales por parte de los Estados miembros en aplicación del presente Reglamento.

(20)

En lo que respecta a Islandia y a Noruega, el presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (5), que están incluidas en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra A, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (6), relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo.

(21)

En lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo firmado por la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que están incluidas en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra A, de la Decisión 1999/437/CE, conjuntamente con el artículo 4, apartado 1, de las Decisiones 2004/849/CE (7) y 2004/860/CE (8) del Consejo.

(22)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento, por lo que no queda vinculada por él ni obligada a aplicarlo. Dado que el presente Reglamento desarrolla el acervo de Schengen con arreglo a lo dispuesto en el título IV de la tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca, de conformidad con el artículo 5 de dicho Protocolo, debe decidir en un plazo de seis meses a partir de la fecha de adopción del presente Reglamento si lo incorpora o no a su Derecho interno.

(23)

El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que el Reino Unido no participa, de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (9). Por consiguiente, el Reino Unido no participa en la adopción del presente Reglamento, por lo que no queda vinculado por él ni obligado a aplicarlo.

(24)

El presente Reglamento desarrolla disposiciones del acervo de Schengen en las que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (10). Por consiguiente, Irlanda no participa en la adopción del presente Reglamento, por lo que no queda vinculada por él ni obligada a aplicarlo.

(25)

Las disposiciones del artículo 6, apartados 8 y 9, del presente Reglamento constituyen, en la medida en que se refieren al acceso al Sistema de Información de Schengen, disposiciones que desarrollan el acervo de Schengen o guardan con él otro tipo de relación en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003 y del artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005.

1)

«la Agencia»: la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea;

2)

«miembros de los equipos»: los agentes de la guardia de fronteras de los Estados miembros que participan en un equipo de intervención rápida de fronteras, excluidos los del Estado miembro de acogida;

3)

«Estado miembro solicitante»: el Estado miembro cuyas autoridades competentes solicitan a la Agencia que despliegue en su territorio equipos de intervención rápida en las fronteras;

4)

«Estado miembro de acogida»: el Estado miembro en cuyo territorio tiene lugar el despliegue de un equipo de intervención rápida de fronteras;

5)

«Estado miembro de origen»: el Estado miembro a cuya guardia de fronteras pertenece un miembro del equipo.

a)

nombre y nacionalidad;

b)

rango, y

c)

una fotografía digitalizada reciente.

1)

En el artículo 1, se suprime el apartado 4.

2)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 1 bis

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

3)

En el artículo 2, apartado 1, se añade la letra siguiente:

4)

En el artículo 8, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:

«3.   La Agencia podrá adquirir equipos técnicos para las inspecciones y la vigilancia de las fronteras exteriores, que serán utilizados por sus expertos y en el marco de los equipos mientras dure su despliegue.».

5)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 8 bis

Equipos de intervención rápida en las fronteras

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 863/2007, la Agencia podrá desplegar, durante un período limitado, uno o varios equipos de intervención rápida en las fronteras [en lo sucesivo, “equipo(s)”] en el territorio del Estado miembro que lo solicite, durante el plazo de tiempo adecuado, por encontrarse este ante una situación de presión urgente y excepcional, en particular la llegada a determinados puntos de las fronteras exteriores de un gran número de nacionales de terceros países que intenten entrar ilegalmente en el territorio de ese Estado miembro.

Artículo 8 ter

Composición de los equipos de intervención rápida en las fronteras

1.   Ante una situación como la descrita en el artículo 8 bis, los Estados miembros comunicarán inmediatamente a la Agencia, cuando esta lo solicite, el número, los nombres y los perfiles de los agentes de la guardia de fronteras de los respectivos contingentes nacionales que pueden poner a su disposición en un plazo de cinco días para que se integren en un equipo. Cuando la Agencia lo solicite, los Estados miembros pondrán a su disposición a los agentes de la guardia de fronteras para su despliegue, salvo en caso de que se enfrenten a una situación excepcional que afecte de manera sustancial a la ejecución de funciones nacionales.

2.   Para determinar la composición de un equipo para su despliegue, el director ejecutivo tendrá en cuenta las circunstancias particulares a que se enfrenta el Estado miembro solicitante. El equipo se constituirá de conformidad con el plan operativo a que se refiere el artículo 8 sexies.

Artículo 8 quater

Formación y ejercicios

La Agencia ofrecerá a los agentes de la guardia de fronteras que formen parte del contingente de intervención rápida a que se refiere el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 863/2007, formación avanzada pertinente para sus funciones y competencias. Asimismo, organizará ejercicios periódicos con dichos agentes conforme a un calendario de formación avanzada y ejercicios establecido en el programa de trabajo anual de la Agencia.

Artículo 8 quinquies

Procedimiento para decidir el despliegue de los equipos de intervención rápida en las fronteras

1.   Las solicitudes de despliegue de equipos con arreglo al artículo 8 bis incluirán una descripción de la situación, de los posibles objetivos y de las necesidades previstas para el despliegue. Si fuere necesario, el director ejecutivo podrá destacar a expertos de la Agencia para que evalúen la situación en las fronteras exteriores del Estado miembro solicitante.

2.   El director ejecutivo informará inmediatamente al consejo de administración de las solicitudes de despliegue de equipos cursadas por los Estados miembros.

3.   Para decidir acerca de la solicitud de un Estado miembro, el director ejecutivo tendrá en cuenta los resultados de los análisis de riesgos efectuados por la Agencia, así como cualquier otra información pertinente proporcionada por el Estado miembro solicitante o por otro Estado miembro.

4.   El director ejecutivo tomará una decisión acerca de la solicitud de despliegue de equipos cuanto antes, y a más tardar cinco días hábiles después de la fecha de recepción de la solicitud. El director ejecutivo notificará su decisión por escrito simultáneamente al Estado miembro solicitante y al consejo de administración. En la decisión se expondrán los principales motivos en que se basa.

5.   Si el director ejecutivo decide desplegar uno o más equipos, la Agencia y el Estado miembro solicitante establecerán inmediatamente un plan operativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 sexies.

6.   En cuanto se haya acordado el plan operativo, el director ejecutivo informará a los Estados miembros del número y los perfiles solicitados de los agentes de guardia de fronteras que vayan a desplegarse en los equipos. Esta información se proporcionará por escrito a los puntos de contacto nacionales establecidos en virtud del artículo 8 septies y mencionará la fecha prevista para el despliegue. También se les proporcionará una copia del plan operativo.

7.   Si el director ejecutivo estuviera ausente o enfermo, será el director ejecutivo adjunto quien adopte las decisiones relativas al despliegue de los equipos.

8.   Cuando la Agencia lo solicite, los Estados miembros pondrán a su disposición para su despliegue a los agentes de la guardia de fronteras, salvo en caso de que se enfrenten a una situación excepcional que afecte de manera sustancial a la ejecución de funciones nacionales.

9.   El despliegue de los equipos tendrá lugar a más tardar cinco días hábiles después de la fecha en que el director ejecutivo y el Estado miembro solicitante hayan acordado el plan operativo.

Artículo 8 sexies

Plan operativo

1.   El director ejecutivo y el Estado miembro solicitante acordarán un plan operativo que indique de manera precisa las condiciones del despliegue de los equipos. El plan operativo incluirá los siguientes elementos:

2.   Toda modificación o adaptación del plan operativo requerirá el acuerdo conjunto del director ejecutivo y del Estado miembro solicitante. La Agencia enviará inmediatamente a los Estados miembros participantes una copia del plan operativo modificado o adaptado.

Artículo 8 septies

Punto de contacto nacional

Los Estados miembros designarán un punto de contacto nacional encargado de la comunicación con la Agencia para todas las cuestiones relativas a los equipos. El punto de contacto nacional deberá estar localizable en todo momento.

Artículo 8 octies

Agente de coordinación

1.   El director ejecutivo designará, de entre el personal de la Agencia, uno o más expertos que serán destacados como agentes de coordinación. El director ejecutivo comunicará esta designación al Estado miembro de acogida.

2.   El agente de coordinación actuará en nombre de la Agencia en todos los aspectos del despliegue de los equipos. En particular, el agente de coordinación:

3.   De conformidad con el artículo 25, apartado 3, letra f), el director ejecutivo podrá autorizar al agente de coordinación para que preste asistencia en la solución de cualquier discrepancia que pueda surgir en torno a la ejecución del plan operativo y al despliegue de los equipos.

4.   En el ejercicio de sus funciones, el agente de coordinación solo recibirá instrucciones de la Agencia.

Artículo 8 nonies

Gastos

1.   La Agencia sufragará en su totalidad los gastos siguientes en que incurran los Estados miembros cuando pongan a su disposición a los agentes de la guardia de fronteras para los fines mencionados en los artículos 8 bis y 8 quater:

2.   El consejo de administración establecerá las normas detalladas relativas al pago de las dietas a los miembros de los equipos.».

6)

El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 10

Funciones y competencias de los agentes invitados

1.   Los agentes invitados estarán facultados para ejercer todas las funciones y competencias necesarias para las inspecciones fronterizas o la vigilancia de fronteras de conformidad con el Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (12), y que sean necesarias para alcanzar los objetivos de dicho Reglamento.

2.   En el ejercicio de sus funciones y competencias, los agentes invitados respetarán la legislación comunitaria y la legislación nacional del Estado miembro de acogida.

3.   Los agentes invitados solo podrán ejercer sus funciones y competencias bajo las instrucciones de los agentes de la guardia de fronteras del Estado miembro de acogida y, como regla general, en su presencia.

4.   Los agentes invitados llevarán su propio uniforme en el ejercicio de sus funciones y competencias. Llevarán en él un brazalete azul con la insignia de la Unión Europea y de la Agencia que los identifique como participantes en una operación conjunta o un proyecto piloto. A efectos de su identificación por las autoridades nacionales y los ciudadanos del Estado miembro de acogida, los agentes invitados llevarán en todo momento un documento de acreditación, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 bis, que presentarán cuando se les solicite.

5.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el ejercicio de sus funciones y competencias, los agentes invitados podrán llevar las armas de servicio, munición y equipo autorizados con arreglo a la legislación nacional del Estado miembro de origen. Sin embargo, el Estado miembro de acogida podrá prohibir que lleven determinados tipos de armas de servicio, munición o equipo, siempre que su propia legislación establezca la misma prohibición para sus propios agentes de guardia de fronteras. El Estado miembro de acogida informará a la Agencia, con antelación al despliegue de los agentes invitados, de las armas de servicio, munición y equipo admisibles y de las condiciones en que está autorizado su empleo. La Agencia pondrá esa información a disposición de los Estados miembros.

6.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2, en el ejercicio de sus funciones y competencias, los agentes invitados estarán autorizados a emplear la fuerza, incluidas las armas de servicio, munición y equipo, con el consentimiento del Estado miembro de origen y del Estado miembro de acogida, en presencia de agentes de la guardia de fronteras de este último y de conformidad con su legislación nacional.

7.   No obstante lo dispuesto en el apartado 6, las armas de servicio, munición y equipo podrán ser utilizados en legítima defensa, propia o de otros agentes invitados u otras personas, de conformidad con la legislación nacional del Estado miembro de acogida.

8.   A efectos del presente Reglamento, el Estado miembro de acogida podrá autorizar a los agentes invitados para que consulten sus bases de datos nacionales y las bases de datos europeas que sean necesarias para las inspecciones fronterizas y la vigilancia de fronteras. Los agentes invitados únicamente consultarán los datos que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones y competencias. El Estado miembro de acogida informará a la Agencia, con antelación al despliegue de los agentes invitados, de las bases de datos nacionales y europeas que pueden ser consultadas. La Agencia pondrá esa información a disposición de todos los Estados miembros que participen en el despliegue.

9.   Las consultas a que se refiere el apartado 8 se realizarán de acuerdo con la legislación comunitaria y la legislación nacional del Estado miembro de acogida en materia de protección de datos.

10.   Solo los agentes de la guardia de fronteras del Estado miembro de acogida podrán adoptar decisiones de denegación de entrada de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (CE) no 562/2006.

Artículo 10 bis

Documento de acreditación

1.   La Agencia, en colaboración con el Estado miembro de acogida, expedirá a los agentes invitados un documento en la lengua oficial de dicho Estado y en otra lengua oficial de las instituciones de la Unión Europea que permita identificarlos y demuestre el derecho del titular a ejercer las funciones y competencias a que se refiere el artículo 10, apartado 1. El documento contendrá los siguientes datos del agente invitado:

2.   El documento se devolverá a la Agencia al término de la operación conjunta o del proyecto piloto.

Artículo 10 ter

Responsabilidad civil

1.   Mientras los agentes invitados estén interviniendo en el Estado miembro de acogida, ese Estado miembro será responsable, de conformidad con su Derecho nacional, de los daños que causen aquellos durante sus operaciones.

2.   Cuando tales daños hayan sido causados por negligencia grave o de forma intencionada, el Estado miembro de acogida podrá dirigirse al Estado miembro de origen para que este último le reembolse las sumas abonadas a las víctimas o a sus derechohabientes.

3.   Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos frente a terceros, todo Estado miembro renunciará a cualquier reclamación frente al Estado miembro de acogida o cualquier otro Estado miembro por los daños que haya sufrido, salvo en el caso de que hayan sido causados por negligencia grave o de forma intencionada.

4.   Todo contencioso entre Estados miembros relativo a la aplicación de los apartados 2 y 3 que no pueda resolverse mediante negociación entre ellos será sometido por ellos al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de conformidad con el artículo 239 del Tratado.

5.   Sin perjuicio del ejercicio de sus derechos respecto a terceros, la Agencia sufragará los costes relativos a los daños causados al equipo de la Agencia durante el despliegue, salvo en el caso de que hayan sido causados por negligencia grave o de forma intencionada.

Artículo 10 quater

Responsabilidad penal

Durante el despliegue de una operación conjunta o de un proyecto piloto, los agentes invitados serán tratados como los agentes del Estado miembro de acogida por lo que respecta a los delitos que puedan cometer o de los que sean víctimas.

31.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 199/40

(1)

La Comunidad se ha puesto como objetivo mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia. Para el establecimiento progresivo de ese espacio, la Comunidad habrá de adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior.

(2)

De acuerdo con lo establecido en el artículo 65, letra b), del Tratado, esas medidas habrán de incluir las que fomenten la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y jurisdicción.

(3)

El Consejo Europeo, en su reunión celebrada en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, secundó el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y otras decisiones de las autoridades judiciales como piedra angular de la cooperación judicial en asuntos civiles e invitó al Consejo y a la Comisión a que adoptaran un programa de medidas para aplicar dicho principio.

(4)

El 30 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó un programa común de la Comisión y del Consejo de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (3). El programa define las medidas relativas a la armonización de las normas de conflicto de leyes como las que facilitan el reconocimiento mutuo de sentencias.

(5)

El programa de La Haya (4), adoptado por el Consejo Europeo de 5 de noviembre de 2004, instaba a seguir trabajando activamente sobre las normas de conflicto de leyes relativas a obligaciones extracontractuales («Roma II»).

(6)

El correcto funcionamiento del mercado interior exige, con el fin de favorecer la previsibilidad del resultado de los litigios, la seguridad jurídica y la libre circulación de resoluciones judiciales que las normas de conflictos de leyes vigentes en los Estados miembros designen la misma ley nacional con independencia del país del tribunal ante el que se haya planteado el litigio.

(7)

El ámbito de aplicación material y las disposiciones del presente Reglamento deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (5) (Bruselas I), y con los instrumentos que tratan sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.

(8)

El Reglamento debe aplicarse con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional que conozca de la demanda.

(9)

Las reclamaciones derivadas del ejercicio de la autoridad soberana (acta iure imperii) deben incluir reclamaciones contra el personal que actúe en nombre del Estado y la responsabilidad por actos de los poderes públicos, incluida la responsabilidad de los cargos públicos. Por ello, estos asuntos deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(10)

Las relaciones familiares deben abarcar parentesco, matrimonio, afinidad y familia colateral. La referencia en el artículo 1, apartado 2, a las relaciones con efectos comparables al matrimonio y otras relaciones familiares deben interpretarse de acuerdo con la legislación del Estado miembro en que se somete el asunto al tribunal.

(11)

El concepto de obligación extracontractual varía de un Estado miembro a otro. Por ello, a efectos del presente Reglamento, la noción de obligación extracontractual deberá entenderse como un concepto autónomo. Las normas de conflicto de leyes contenidas en el presente Reglamento deben aplicarse también a las obligaciones extracontractuales basadas en la responsabilidad objetiva.

(12)

La ley aplicable debe regular también la cuestión de la capacidad de incurrir en responsabilidad por un hecho dañoso.

(13)

Unas normas uniformes que se apliquen cualquiera que sea la ley que designen podrán permitir evitar distorsiones de la competencia entre los litigantes comunitarios.

(14)

La exigencia de seguridad jurídica y la necesidad de hacer justicia en casos individuales son elementos esenciales en un área de justicia. El presente Reglamento establece los factores de conexión más apropiados para conseguir dichos objetivos. Por ello, el presente Reglamento establece una regla general pero también reglas específicas y, en algunas disposiciones, una «cláusula de escape» que permite apartarse de estas reglas cuando se desprenda claramente de todas las circunstancias del caso que el hecho dañoso está manifiestamente más vinculado con otro país. Este conjunto de reglas crea de esta manera un marco flexible de normas de conflicto de ley. Del mismo modo, permite al órgano jurisdiccional competente tratar los casos individuales de forma adecuada.

(15)

Si bien el principio de lex loci delicti commissi constituye la solución básica en cuanto a obligaciones extracontractuales en la casi totalidad de los Estados miembros, la aplicación práctica de este principio en caso de dispersión de elementos en varios países varía. Esta situación es fuente de inseguridad jurídica.

(16)

Unas normas uniformes deben incrementar la previsibilidad de las resoluciones judiciales y garantizar un equilibrio razonable entre los intereses de la persona cuya responsabilidad se alega y los de la persona perjudicada. La conexión con el país donde se produzca el daño directo (lex loci damni) crea un justo equilibrio entre los intereses de la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada, y corresponde también a la concepción moderna del Derecho de responsabilidad civil y al desarrollo de los regímenes de responsabilidad objetiva.

(17)

La legislación aplicable debe determinarse sobre la base del lugar en el que se produzca el daño, independientemente del país o países en los que pudiera haber consecuencias indirectas. En consecuencia, en casos de lesiones personales o daño a la propiedad, el país en el que se produce el daño debe ser el país en el que se haya sufrido la lesión o se haya dañado la propiedad, respectivamente.

(18)

La norma general en el presente Reglamento deberá ser la del lex loci damni mencionada en el artículo 4, apartado 1. El artículo 4, apartado 2, debe considerarse como una excepción a este principio general, creándose una conexión especial cuando las partes tengan su residencia habitual en el mismo país. El artículo 4, apartado 3, debe entenderse como una «cláusula de escape» respecto al artículo 4, apartados 1 y 2, cuando quede claro, a partir de todas las circunstancias del caso, que el daño está manifiestamente más vinculado con otro país.

(19)

Conviene prever normas específicas para ciertos daños para los que la norma general no permite lograr un equilibrio razonable entre los intereses en juego.

(20)

En cuanto a la responsabilidad por productos defectuosos, la norma de conflicto de leyes debe responder a los objetivos que son el justo reparto de los riesgos inherentes a una sociedad moderna caracterizada por un alto grado de tecnicidad, la protección de la salud de los consumidores, el incentivo a la innovación, la garantía de una competencia no falseada y la simplificación de los intercambios comerciales. La creación de un sistema de cascada de factores conexos, combinada con una cláusula de previsibilidad, constituye una solución equilibrada habida cuenta de estos objetivos. El primer elemento que debe tenerse en cuenta es la legislación del país de residencia habitual de la persona perjudicada en el momento de producirse el daño, si el producto se comercializó en ese país. Los otros elementos de la cascada se pondrán en marcha si el producto no se hubiera comercializado en ese país, sin perjuicio del artículo 4, apartado 2, y la posibilidad de una conexión manifiestamente más estrecha con otro país.

(21)

La norma especial del artículo 6 no constituye una excepción a la norma general del artículo 4, apartado 1, sino más bien una aclaración de esta. En materia de competencia desleal, la norma de conflicto de leyes debe proteger a los competidores, los consumidores y al público en general, así como garantizar el buen funcionamiento de la economía de mercado. La conexión con la legislación del país donde se vean o puedan verse afectadas las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores permite por lo general alcanzar estos objetivos.

(22)

Las obligaciones extracontractuales que se derivan de las restricciones a la competencia en el artículo 6, apartado 3, deberán cubrir las infracciones tanto del Derecho nacional como del Derecho comunitario en materia de competencia. La legislación aplicable a esas obligaciones extracontractuales debe ser la del país cuyo mercado se vea o pueda verse afectado. Cuando el mercado resulte o pueda resultar afectado en más de un país, el demandante debe poder, en determinadas circunstancias, optar por basar su demanda en la legislación del órgano jurisdiccional ante el que presenta la demanda.

(23)

A los efectos del presente Reglamento, el concepto de restricción de la competencia debe cubrir las prohibiciones de acuerdos entre empresas, las decisiones adoptadas por asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que tengan por objeto o efecto evitar, restringir o distorsionar la competencia dentro de un Estado miembro o dentro del mercado interior, así como las prohibiciones relativas al abuso de posición dominante dentro de un Estado miembro o dentro del mercado interior, cuando dichos acuerdos, decisiones, prácticas concertadas o abusos estén prohibidos por los artículos 81 y 82 del Tratado CE o por la legislación de un Estado miembro.

(24)

Por «daño medioambiental» debe entenderse el cambio adverso de un recurso natural, como el agua, el suelo o el aire, el perjuicio a una función que desempeña ese recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del público, o un perjuicio a la variabilidad entre los organismos vivos.

(25)

En cuanto a los daños medioambientales, el artículo 174 del Tratado, que contempla un elevado nivel de protección, basado en los principios de cautela y acción preventiva, en el principio de corrección en la fuente misma y en el principio de quien contamina paga, justifica plenamente el recurso al principio de favorecer a la víctima. La cuestión de cuándo la persona que reclama el resarcimiento de los daños podrá elegir el Derecho aplicable debe determinarse de conformidad con la legislación del Estado miembro en que se somete el asunto al órgano jurisdiccional.

(26)

En cuanto a las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, conviene preservar el principio lex loci protectionis que se reconoce universalmente. A efectos del presente Reglamento, la expresión «derechos de propiedad intelectual» debe ser interpretada como referencia a, por ejemplo, los derechos de autor, los derechos afines, el derecho sui generis de la protección de bases de datos y los derechos de propiedad industrial.

(27)

El concepto exacto de acción de conflicto colectivo, ya sea huelga o cierre patronal, varía de un Estado miembro a otro y se rige por las normas internas de cada Estado miembro. Por ello, el presente Reglamento adopta como principio general el de aplicar la legislación del país en el que se lleve a cabo la acción de conflicto colectivo a fin de proteger los derechos y obligaciones de los trabajadores y empresarios.

(28)

La norma especial sobre acción colectiva del artículo 9 se entenderá sin perjuicio de las condiciones relativas al ejercicio de esa acción de acuerdo con la legislación nacional y sin perjuicio de la situación legal o de los sindicatos de las organizaciones representativas de los trabajadores, según prevea la legislación nacional respectiva de los Estados miembros.

(29)

Conviene establecer normas especiales para los casos de daños causados por un hecho distinto de un hecho dañoso, como el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios y la culpa in contrahendo.

(30)

La culpa in contrahendo a efectos del presente Reglamento es un concepto autónomo y no debe interpretarse necesariamente dentro del sentido de la legislación nacional. Debe incluir la violación del deber de información y la ruptura de los tratos contractuales. El artículo 12 cubre únicamente las obligaciones extracontractuales con vínculo directo con los tratos previos a la celebración de un contrato. Esto quiere decir que si durante las negociaciones de un contrato una persona sufriera una lesión personal, se aplicaría el artículo 4 o cualquier otra disposición pertinente del Reglamento.

(31)

Para respetar el principio de autonomía de las partes y reforzar la seguridad jurídica, estas deben poder elegir la ley aplicable a una obligación extracontractual. Dicha elección debe ser expresa o las circunstancias del caso deben mostrarla con una certeza razonable. A la hora de establecer la existencia de un acuerdo, el órgano jurisdiccional debe respetar la voluntad de las partes. Es conveniente proteger a las partes más débiles imponiendo algunas condiciones a esta elección.

(32)

Consideraciones de interés público justifican, en circunstancias excepcionales, el recurso por los tribunales de los Estados miembros a excepciones basadas en el orden público y en leyes de policía. En particular, la aplicación de una disposición de la ley designada por el presente Reglamento que condujera a la asignación de daños e intereses ejemplares o punitivos de naturaleza excesiva, puede, según las circunstancias del caso y el ordenamiento jurídico del Estado miembro del órgano jurisdiccional competente, considerarse contraria al orden público del foro.

(33)

En virtud de las normas actuales sobre la compensación que se concede a las víctimas de accidentes de tráfico, al calcular los daños relativos a lesiones personales cuando el accidente se produce en un Estado distinto del de la residencia habitual de la víctima, el órgano jurisdiccional que conozca del caso debe tener en cuenta todas las circunstancias de hecho pertinentes de la víctima en cuestión. Ello debe incluir, en particular, las pérdidas y los costes efectivos de la convalecencia y atención médica.

(34)

Para obtener un equilibrio razonable entre las partes deben tenerse en cuenta, en la medida de lo posible, las normas de seguridad y comportamiento vigentes en el país en el cual el acto perjudicial se produjo, incluso cuando la obligación extracontractual esté regulada por la ley de otro país. Los términos «normas de seguridad y comportamiento» deben interpretarse como referidos a todas las normas relacionadas de algún modo con la seguridad y el comportamiento, incluso, por ejemplo, las de seguridad vial en caso de accidente.

(35)

Debe evitarse la dispersión de las normas de conflicto de leyes entre varios instrumentos, así como las diferencias entre esas normas. El presente Reglamento, con todo, no debe excluir la posibilidad de incluir normas de conflicto de leyes relativas a obligaciones extracontractuales en disposiciones de la legislación de la Comunidad en relación con materias específicas.

El presente Reglamento no debe perjudicar la aplicación de otros instrumentos que establezcan disposiciones destinadas a contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, en la medida en que no puedan aplicarse junto con la ley designada por las normas del presente Reglamento. La aplicación de las disposiciones de ley aplicable determinadas por las normas del presente Reglamento no debe afectar a la libertad de circulación de bienes y servicios regulada por los instrumentos comunitarios, como la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (6).

(36)

El respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados miembros implica que el presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los convenios internacionales de los que son parte uno o varios Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento. Con el fin de garantizar una mayor accesibilidad de las normas vigentes sobre esta materia, la Comisión debe publicar, basándose en la información transmitida por los Estados miembros, la lista de los convenios pertinentes en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(37)

La Comisión presentará una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los procedimientos y condiciones bajo los que los Estados miembros estarán autorizados, en casos particulares y excepcionales, a negociar y celebrar en nombre propio acuerdos con terceros países relativos a materias sectoriales, con disposiciones sobre la legislación aplicable a las obligaciones extracontractuales.

(38)

Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y por consiguiente, debido a las dimensiones y efectos del presente Reglamento, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para lograr ese objetivo.

(39)

De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda participan en la adopción y aplicación del presente Reglamento.

(40)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y, por tanto, no está vinculada por este ni sujeta a su aplicación.

a)

las obligaciones extracontractuales que se deriven de relaciones familiares y de relaciones que la legislación aplicable a las mismas considere que tienen efectos comparables, incluida la obligación de alimentos;

b)

las obligaciones extracontractuales que se deriven de regímenes económicos matrimoniales, de regímenes económicos resultantes de relaciones que la legislación aplicable a las mismas considere que tienen efectos comparables al matrimonio, y de testamentos y sucesiones;

c)

las obligaciones extracontractuales que se deriven de letras de cambio, cheques y pagarés, así como de otros instrumentos negociables en la medida en que las obligaciones nacidas de estos últimos instrumentos se deriven de su carácter negociable;

d)

las obligaciones extracontractuales que se deriven del Derecho de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, relativas a cuestiones como la constitución, mediante registro o de otro modo, la capacidad jurídica, el funcionamiento interno y la disolución de sociedades, asociaciones y otras personas jurídicas, de la responsabilidad personal de los socios y de los administradores como tales con respecto a las obligaciones de la sociedad u otras personas jurídicas y de la responsabilidad personal de los auditores frente a una sociedad o sus socios en el control legal de los documentos contables;

e)

las obligaciones extracontractuales que se deriven de las relaciones entre los fundadores, administradores y beneficiaros de un trust creado de manera voluntaria;

f)

las obligaciones extracontractuales que se deriven de un daño nuclear;

g)

las obligaciones extracontractuales que se deriven de la violación de la intimidad o de los derechos relacionados con la personalidad; en particular, la difamación.

a)

un hecho generador del daño, incluirá los hechos que puedan producirse que den lugar a cualquier daño, y

b)

el daño, incluirá cualquier daño que pueda producirse.

a)

la ley del país en el cual la persona perjudicada tuviera su residencia habitual en el momento de producirse el daño, si el producto se comercializó en dicho país, o, en su defecto;

b)

la ley del país en el que se adquirió el producto, si el producto se comercializó en dicho país, o, en su defecto;

c)

la ley del país en que se produjo el daño, si el producto se comercializó en dicho país.

3.

a)

la ley del país en el que se haya producido el daño, independientemente del país en el que se haya producido el hecho generador del daño e independientemente del país o países en los que se hayan producido las consecuencias indirectas del hecho en cuestión, o

b)

cuando las partes tengan su residencia habitual en el mismo país en el momento en el que se produjo el hecho generador del daño, la ley de ese país, o

c)

si del conjunto de las circunstancias se desprende que la obligación extracontractual que se derive de los tratos previos a la celebración de un contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en las letras a) y b), se aplicará la ley de este otro país.

a)

mediante un acuerdo posterior al hecho generador del daño,

o bien

b)

cuando todas las partes desarrollen una actividad comercial, también mediante un acuerdo negociado libremente antes del hecho generador del daño.

a)

el fundamento y el alcance de la responsabilidad, incluida la determinación de las personas que puedan considerarse responsables por sus propios actos;

b)

las causas de exoneración, así como toda limitación y reparto de la responsabilidad;

c)

la existencia, la naturaleza y la evaluación de los daños o la indemnización solicitada;

d)

dentro de los límites de los poderes conferidos al tribunal por su Derecho procesal, las medidas que puede adoptar un tribunal para garantizar la prevención, el cese y la reparación del daño;

e)

la transmisibilidad, incluida por herencia, del derecho a reclamar por daños o a solicitar indemnización;

f)

las personas que tienen derecho a la reparación del daño sufrido personalmente;

g)

la responsabilidad por actos de terceros;

h)

el modo de extinción de las obligaciones, así como las normas de prescripción y caducidad, incluidas las relativas al inicio, interrupción y suspensión de los plazos de prescripción y caducidad.

i)

una lista de los convenios a que se refiere el apartado 1,

ii)

las denuncias a que se refiere el apartado 1.

i)

un estudio sobre los efectos de la forma de tratar a la ley extranjera en las diferentes jurisdicciones y sobre la medida en que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros aplican en la práctica la ley extranjera en cumplimiento del presente Reglamento,

ii)

un estudio sobre los efectos del artículo 28 del presente Reglamento respecto del Convenio de La Haya de 4 de mayo de 1971 sobre el Derecho aplicable a los accidentes de tráfico.