5.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 95/1

(1)

Algunos Estados miembros se están enfrentando con especiales dificultades en la financiación de sus programas de desarrollo rural en virtud del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (1). A fin de reforzar sus políticas de desarrollo rural, es preciso ofrecer a estos Estados miembros la posibilidad de aplicar un sistema de modulación facultativa. Esta posibilidad se ofrecerá a aquellos Estados miembros en los que ya se aplica la modulación facultativa conforme al Reglamento (CE) no 1655/2004 de la Comisión, de 22 de septiembre de 2004, por el que se establecen normas para la transición del sistema de modulación facultativa, establecido por el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1259/1999 del Consejo, al sistema de modulación obligatorio establecido por el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo (2); o a los que se les concedió una excepción, en virtud del artículo 70, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) no 1698/2005, al requisito de cofinanciación de la ayuda comunitaria. La modulación facultativa debe adoptar la forma de una reducción de los pagos directos según se definen en el artículo 2, letra d), del Reglamento (CE) no 1782/2003 (3) y los fondos procedentes de esta reducción se dedicarán a la financiación de programas de desarrollo rural, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1698/2005. La reducción de los pagos directos aplicada con respecto a la modulación facultativa debe añadirse a la reducción resultante de la aplicación de la modulación obligatoria prevista en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1782/2003.

(2)

Con el fin de facilitar su aplicación administrativa, las normas aplicables a la modulación facultativa deben alinearse con las aplicables a la modulación obligatoria en virtud del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1782/2003, incluida la base de cálculo.

(3)

A fin de tener en cuenta la situación particular de los pequeños agricultores, debe concederse una ayuda adicional en caso de aplicación de la modulación facultativa, igual que ocurre con la modulación obligatoria. Dicha ayuda adicional debe ser equivalente al importe resultante de la aplicación de la modulación facultativa a los primeros 5 000 EUR de pagos directos, dentro de los límites máximos que debe fijar la Comisión.

(4)

Respecto de los Estados miembros que ya usan la modulación facultativa, las nuevas disposiciones sobre esta que establece el presente Reglamento deben, en la medida de lo posible, evitar desviarse del mecanismo vigente, para no crear una carga administrativa innecesaria ni interferir con unas disposiciones de aplicación que llevan vigentes varios años y a las que los agricultores se han adaptado en la práctica y en lo económico. Por tanto, parece adecuado que los Estados miembros que ya estén aplicando la modulación facultativa en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento obtengan el derecho de mantener ciertas prácticas establecidas de su sistema actual, al tiempo que se evita un trato desigual injustificado entre agricultores. Además, para garantizar que las nuevas disposiciones sean compatibles con las prácticas de la aplicación del régimen de pago único, la aplicación de porcentajes de modulación facultativa diferenciados por regiones sólo les será posible a los Estados miembros que apliquen el régimen de pago único en las regiones, como dispone el artículo 58 del Reglamento (CE) no 1782/2003.

(5)

El uso de los fondos procedentes de la aplicación de la modulación facultativa no puede verse limitado por los importes máximos establecidos para la contribución del Feader, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1698/2005, por lo que es preciso establecer las excepciones correspondientes a dicho Reglamento. No deben ser aplicables al Feader las disposiciones relativas al abono de la prefinanciación contenidas en el Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (4).

(6)

Para adoptar decisiones con conocimiento de causa en relación con la aplicación de la modulación facultativa, los Estados miembros deben realizar evaluaciones exhaustivas de las posibles repercusiones de dicha modulación, en particular en lo que respecta a la situación económica de los agricultores sometidos a dicha modulación y al efecto sobre su posición relativa en el sector agrícola. Los Estados miembros que apliquen la modulación facultativa deben vigilar estrechamente sus efectos. Debe informarse a la Comisión sobre la evaluación de las repercusiones y los resultados de la vigilancia, a los fines de la evolución de las correspondientes políticas.

(7)

La modulación facultativa debe considerarse en el contexto más amplio de la financiación comunitaria del desarrollo rural. Su contribución debe analizarse junto con otras a la luz de las evaluaciones de las repercusiones realizadas por los Estados miembros. A partir de ese análisis, la Comisión presentará antes de fines de 2008 un informe al Parlamento Europeo y al Consejo exponiendo la experiencia adquirida hasta entonces en su aplicación.

(8)

Las disposiciones necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben aprobarse con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

(9)

Los importes resultantes de la aplicación de la modulación facultativa deben tomarse en consideración a la hora de fijar el límite máximo anual aplicable a los gastos financiados por el Fondo Europeo de Garantía Agrícola y, por otro lado, debe establecerse en el Reglamento (CE) no 1290/2005 la posibilidad de adoptar las disposiciones relativas a la modulación facultativa.

(10)

Por consiguiente, es preciso modificar el Reglamento (CE) no 1290/2005 en consecuencia.

a)

todo Estado miembro en el que, en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, se aplique el sistema de reducciones adicionales de los pagos directos a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1655/2004, o

b)

todo Estado miembro al que se le haya concedido una excepción, en virtud del artículo 70, apartado 4 bis, del Reglamento (CE) no 1698/2005, al requisito de cofinanciación de la ayuda comunitaria,

a)

no obstante lo dispuesto en el artículo 1, apartado 3, no aplicar las disposiciones del párrafo segundo de dicho apartado, y/o

b)

no obstante lo dispuesto en el artículo 1, apartado 4, aplicar porcentajes diferenciados por regiones ateniéndose a criterios objetivos. El porcentaje máximo para cualquiera de las regiones de cada Estado miembro afectado será de 20 %.

a)

los porcentajes anuales de la modulación facultativa para cada región y para todo el territorio;

b)

los importes totales anuales que se reducirán en virtud de la modulación facultativa;

c)

cuando proceda, los importes adicionales totales anuales necesarios para cubrir el importe adicional de ayuda a que se refiere el párrafo segundo del artículo 1, apartado 3;

d)

los datos estadísticos y otros datos de apoyo utilizados para establecer los importes a que se refieren las letras b) y c).

a)

un cálculo, cuando se aplique un porcentaje nacional único de modulación facultativa;

b)

en el caso de los Estados miembros que aplican porcentajes diferenciados por regiones, los importes que comuniquen los Estados miembros en su solicitud, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 2, o los importes actualizados, conforme a lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3.

a)

el procedimiento mencionado en el artículo 90, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1698/2005, especialmente en lo que atañe a las disposiciones relativas a la integración de la modulación facultativa en la programación del desarrollo rural, o, según proceda,

b)

el procedimiento mencionado en el artículo 41, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1290/2005, especialmente en lo que atañe a las disposiciones relativas a la gestión financiera de la modulación facultativa y a la incorporación del sistema de reducciones adicionales de los pagos directos a que se refiere el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1655/2004 en el régimen dispuesto por el presente Reglamento.

1)

En el artículo 12, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   La Comisión fijará los importes que se pondrán a disposición del Feader en aplicación del artículo 10, apartado 2, y de los artículos 143 quinquies y 143 sexies del Reglamento (CE) no 1782/2003 y del artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 378/2007 (6) del Consejo.

2)

En el párrafo introductorio del artículo 42, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:

«Dichas disposiciones incluirán en particular:».

5.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 95/5

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

5.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 95/7

(1)

La contabilización contemplada en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 950/2006 ha revelado que todavía están disponibles cantidades de azúcar para el contingente previsto en el artículo 24 del Reglamento (CE) no 950/2006 con el número de orden 09.4318.

(2)

Dadas estas circunstancias, la Comisión debe indicar que han dejado de alcanzarse los límites correspondientes.

5.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 95/8

(1)

El Reglamento (CE) no 2012/2006 del Consejo (2) modifica la definición de hectárea admisible en el marco del régimen de pago único establecido en el artículo 44 del Reglamento (CE) no 1782/2003, de forma que ahora todas las superficies con olivos son admisibles.

(2)

El artículo 20 del Reglamento (CE) no 1782/2003, modificado por el Reglamento (CE) no 2012/2006, deja a la discreción de los Estados miembros que no apliquen la ayuda a los olivares según el título IV, capítulo 10 ter, de ese Reglamento el uso del sistema de información geográfica oleícola. A raíz de esta enmienda, procede modificar el artículo 12 del Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión (3) sobre el contenido de la solicitud única en lo relativo a las parcelas de olivos y el anexo XXIV, puntos 1 y 3, del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión (4), en lo que se refiere a la definición de los olivos admisibles y el cálculo del número de hectáreas admisibles para el uso de los derechos de ayuda.

(3)

El artículo 33 del Reglamento (CE) no 796/2004 establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1782/2003 en lo relativo a las condiciones de la verificación del contenido de tetrahidrocannabinol del cáñamo. A partir de 2007, la producción de cáñamo para todos los usos excepto la producción de fibras se autorizará, de conformidad con el título III, capítulo 4, del Reglamento (CE) no 1782/2003, como utilización de las tierras con arreglo al régimen de pago único. Por consiguiente, el artículo 33 y el anexo II del Reglamento (CE) no 796/2004 deben adaptarse en consonancia.

(4)

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 33, apartado 2, del Reglamento (CE) no 796/2004, los Estados miembros han notificado a la Comisión los resultados de las pruebas para determinar los niveles de tetrahidrocannabinol en las variedades de cáñamo sembradas en 2006. Estos resultados deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar la lista de variedades de cáñamo que pueden recibir pagos directos en las próximas campañas de comercialización y la lista de variedades autorizadas temporalmente para la campaña de comercialización 2007/08. Para verificar el contenido de tetrahidrocannabinol, algunas de estas variedades deben someterse al procedimiento B previsto en el anexo I del Reglamento (CE) no 796/2004.

(5)

A partir de 2007, la ayuda a los cultivos energéticos contemplada en el título IV, capítulo 5, del Reglamento (CE) no 1782/2003 se aplicará en los nuevos Estados miembros que apliquen el régimen de pago único por superficie. Las normas que rigen los grupos de cultivos en relación con la ayuda a los cultivos energéticos deben aplicarse también a esos nuevos Estados miembros.

(6)

El Reglamento (CE) no 263/2006 de la Comisión (5) deroga el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) no 796/2004. Procede adaptar en consonancia el artículo 136 del Reglamento (CE) no 1973/2004.

(7)

El Reglamento (CE) no 270/2007 modifica las normas sobre los posibles usos de la remolacha azucarera para la producción de productos energéticos. Por consiguiente, procede adoptar condiciones idénticas para el cultivo de esas plantas en las tierras que pueden acogerse a los derechos de retirada de tierras de la producción.

(8)

Procede modificar en consecuencia los Reglamentos (CE) no 796/2004 y (CE) no 1973/2004.

(9)

Las modificaciones introducidas por los Reglamentos (CE) no 953/2006 del Consejo (6), (CE) no 2012/2006 y (CE) no 270/2007 son aplicables a partir del 1 de enero de 2007. Por consiguiente, las modificaciones correspondientes contempladas en el presente Reglamento deben aplicarse desde la misma fecha.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de pagos directos.

1)

En el artículo 12, apartado 3, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«En los Estados miembros que incluyan el sistema de información geográfica oleícola en el sistema de identificación de las parcelas agrarias contemplado en el artículo 20 del Reglamento (CE) no 1782/2003, el material gráfico facilitado al agricultor en lo que respecta a las parcelas de olivos incluirá, para cada parcela de olivos, el número de olivos subvencionables y su ubicación en la parcela, así como la superficie oleícola expresada en ha-SIG oleícola, de conformidad con el anexo XXIV, punto 3, del Reglamento (CE) no 1973/2004.».

2)

En el artículo 33, apartado 4, se suprimen las palabras «cultivadas para la obtención de fibras», y en el apartado 5, párrafos primero y segundo, se suprimen las palabras «destinado a la producción de fibras».

3)

El anexo II se sustituye por el texto que figura en el anexo del presente Reglamento.

1)

El artículo 136 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 136

Aplicación del Reglamento (CE) no 796/2004

No obstante lo dispuesto en el artículo 143 ter, apartado 6, párrafo tercero, del Reglamento (CE) no 1782/2003, se aplicará el Reglamento (CE) no 796/2004 al régimen de pago único por superficie, excepto su artículo 7; su artículo 8, apartado 2, letras b) y c); su artículo 12, apartado 1, letra c), y apartado 2; su artículo 13, apartados 2 a 8; su artículo 14, apartados 2 y 3; sus artículos 16 y 17; su artículo 21, apartado 3; su artículo 24, apartado 1, letras b), d) y e); su artículo 26, apartado 1, letras a), b) y c), y apartado 2, letras b), c) y d); su artículo 27, apartado 2, letras g), h), i) y j); su artículo 28, apartado 1, letra d); su artículo 30, apartado 3; su artículo 31; sus artículos 34 a 40; su artículo 49, apartado 2; su artículo 50, apartados 2, 4, 5 y 6; sus artículos 51 a 64; su artículo 69 y su artículo 71, apartado 1.».

2)

En el artículo 143, apartado 2, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:

3)

El anexo XXIV queda modificado como sigue:

5.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 95/12

(1)

Con motivo de la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea deben introducirse algunas modificaciones en el Reglamento (CE) no 753/2002 de la Comisión (2).

(2)

El artículo 28 del Reglamento (CE) no 753/2002 establece normas específicas para los vinos de mesa con indicación geográfica y enumera las menciones utilizadas para designar tales vinos en las distintas regiones de los Estados miembros. Esa lista ha de ser adaptada mediante la inclusión de las menciones adecuadas utilizadas en Bulgaria y Rumanía.

(3)

Es preciso incorporar en las listas de las menciones específicas tradicionales que figuran en el artículo 29 del Reglamento (CE) no 753/2002 y de las menciones tradicionales complementarias previstas en el artículo 23 de dicho Reglamento las menciones adecuadas utilizadas en Bulgaria y Rumanía.

(4)

En el anexo II del Reglamento (CE) no 753/2002 se enumeran las variedades de vid y sus sinónimos que contienen una indicación geográfica y que pueden figurar en el etiquetado de los vinos. Es preciso modificar este anexo para incorporar las menciones adecuadas utilizadas en Bulgaria y Rumanía en la fecha de aplicación del presente Reglamento.

(5)

El nombre «Tokaj» designa un «vino de calidad producido en una región determinada» originario de una región transfronteriza de Hungría y Eslovaquia y también forma parte de las denominaciones de variedades de vides italianas y francesas: «Tocai italico», «Tocai friulano» y «Tokay pinot gris». La coexistencia de estas tres denominaciones de variedades de vid y la indicación geográfica tiene un plazo límite, hasta el 31 de marzo de 2007, y es el resultado del acuerdo bilateral de 23 de noviembre de 1993 entre la Comunidad Europea y la República de Hungría, que ha pasado a formar parte del acervo desde el 1 de mayo de 2004. A partir del 1 de abril de 2007, estas tres denominaciones de variedades de vid se eliminarán del anexo II del Reglamento (CE) no 753/2002 y, por lo que respecta a la denominación de variedad de vid «Tocai friulano», se sustituirá por la nueva designación de variedad de vid «Friulano».

(6)

Por último, el anexo III del Reglamento (CE) no 753/2002 enumera las menciones tradicionales que figuran o que pueden figurar en el etiquetado de los vinos. Dicho anexo ha de ser adaptado para incorporar, por una parte, nuevas menciones tradicionales de Chipre y, por otra, las menciones tradicionales utilizadas por Bulgaria y Rumanía.

(7)

Procede, por consiguiente, modificar el Reglamento (CE) no 753/2002 en consecuencia.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del vino.

1)

En el artículo 28, el apartado 1 se modifica como sigue:

2)

El artículo 29 se modifica como sigue:

3)

El anexo II se sustituye por el anexo I del presente Reglamento.

4)

El anexo III se modifica con arreglo a lo dispuesto en el anexo II del presente Reglamento.

5.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 95/21

(1)

A fin de instaurar un planteamiento más armonizado en materia de recursos humanos dentro de una función pública europea, procede adaptar las disposiciones del Estatuto del personal de la Agencia Europea de Defensa para ponerlas en consonancia con las disposiciones equivalentes del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, en especial por lo que atañe a las disposiciones sobre la indemnización de reinstalación, la indemnización por cese en el servicio, la asignación por hijo a cargo, el respeto del principio de no discriminación y los complementos salariales previstos para los agentes que sean nombrados jefes de unidad, director o director general. Por el mismo motivo, es menester tener en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación de dichas disposiciones del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas.

(2)

Procede poner en consonancia las disposiciones del Estatuto del personal de la Agencia Europea de Defensa con las disposiciones equivalentes del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas, al tiempo que se respetan los derechos adquiridos por el personal de dicha Agencia antes de la entrada en vigor de las presentes modificaciones y teniendo presentes sus expectativas legítimas.

(3)

Desde la adopción inicial del Estatuto del personal de la Agencia Europea de Defensa en 2004 se han descubierto varias incoherencias en el texto, que es preciso corregir.

(4)

Procede, por consiguiente, modificar el Estatuto del personal de la Agencia Europea de Defensa establecido en la Decisión 2004/676/CE.

1)

En el artículo 5, apartado 4, se sustituye el párrafo primero por el texto siguiente:

«4.   A efectos de lo previsto en el apartado 1, se considerarán discapacitadas aquellas personas que presenten una deficiencia física o psíquica que sea o pueda ser permanente. Esta deficiencia se determinará con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 37.».

2)

En el artículo 10, se sustituye el apartado 2 por el texto siguiente:

«2.   Sin la autorización de la AFCC, el agente temporal no podrá aceptar de ningún Gobierno ni de ninguna otra fuente ajena a la Agencia ninguna distinción honorífica, condecoración, merced, donativo o remuneración, sea cual fuere su naturaleza, salvo por razón de servicios prestados antes de su nombramiento o durante el transcurso de la excedencia especial por servicio militar o nacional, y sólo por causa de tales servicios.».

3)

En el artículo 21, se sustituye el segundo segundo por el texto siguiente:

«Las disposiciones del párrafo anterior no serán aplicables al agente temporal o antiguo agente temporal que testifique ante la Comisión de Recursos o el Consejo de Disciplina en un asunto que afecte a un agente temporal o un antiguo agente temporal.».

4)

En el artículo 27, apartado 1, se sustituye la letra b) por el texto siguiente:

5)

El artículo 36 queda modificado como sigue:

6)

El artículo 39 queda modificado como sigue:

7)

En el artículo 40, se suprime el párrafo segundo.

8)

En el artículo 59, se suprime el apartado 9.

9)

En el artículo 63, se sustituye el apartado 2 por el texto siguiente:

«2.   La indemnización por gastos de reinstalación prevista en el artículo 6 del anexo V será concedida al agente temporal que haya cumplido cuatro años de servicio. El agente temporal que haya cumplido más de un año de servicio y menos de cuatro tendrá derecho a una indemnización por gastos de reinstalación cuya cuantía será proporcional a la duración del servicio prestado; no se tomarán en cuenta las fracciones.».

10)

En el anexo V, se añade el artículo siguiente:

«Artículo 2 bis

No obstante lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, durante los siguientes períodos la cuantía de la asignación por hijo a cargo se sustituirá por las siguientes cuantías:

El baremo anterior será revisado cada vez que se examine el nivel de las retribuciones en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto.».

11)

En el anexo V, el apartado 2 del artículo 3, sustituye por el texto siguiente:

«2.   Por cada hijo a cargo en el sentido artículo 2, apartado 2, que tenga menos de cinco años de edad o no acuda aún con regularidad y a tiempo completo a un centro de enseñanza primaria o secundaria, la cuantía de la asignación queda fijada como sigue:

El baremo anterior será revisado cada vez que se examine el nivel de las retribuciones en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59 del Estatuto.».

12)

En el anexo VI, se sustituye el artículo 1 por el texto siguiente:

«Artículo 1

1.   Un agente que cese definitivamente en sus funciones por causa que no sea el fallecimiento o la invalidez tendrá derecho en el momento de su cese:

2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, letra b), todo agente que, desde la toma de posesión de su cargo, haya efectuado pagos, con vistas a la constitución o el mantenimiento de sus derechos a pensión, a un régimen de pensiones nacional, o a un seguro privado o un fondo de pensiones de su elección que cumpla los requisitos mencionados en el apartado 1, que cese definitivamente en sus funciones por causa que no sea el fallecimiento o la invalidez, tendrá derecho, al cesar en sus funciones, a la entrega de una indemnización por cese en el servicio igual al equivalente actuarial de sus derechos a pensión adquiridos durante sus funciones en la Agencia. En tal caso, los importes abonados para la constitución o el mantenimiento de sus derechos a pensión en el régimen de pensiones nacional en aplicación de los artículos 90 o 131, serán deducidos de la indemnización por cese en el servicio.

3.   No obstante, cuando el agente cese definitivamente en sus funciones a raíz de su separación del servicio, la indemnización por cese que le será entregada o, en su caso, el equivalente actuarial que será transferido se determinará en función de la decisión adoptada en virtud del artículo 146 del Estatuto.».

5.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 95/24

5.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 95/25

(1)

A raíz de la denuncia de un competidor, se informó a la Comisión de que Francia había ejecutado ayudas estatales en favor del Laboratoire national de métrologie et d’essais [Laboratorio Nacional de Metrología y Ensayos, en lo sucesivo denominado «LNE» (2)].

(2)

Por cartas de 3 de septiembre de 2003, de 11 de febrero de 2004 y de 7 de junio de 2004, la Comisión invitó a las autoridades francesas a proporcionarle información acerca de las ayudas financieras del Estado en favor del LNE. Las autoridades francesas proporcionaron la información mediante cartas de 7 de noviembre de 2003 y de 5 de abril y 6 de agosto de 2004.

(3)

Por carta de 5 de julio de 2005, la Comisión informó a Francia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, con respecto a determinadas medidas. Francia facilitó la información que se solicitaba en la decisión de incoación por sendas cartas de 4 de noviembre de 2005 y de 19 de abril de 2006.

(4)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (3). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión.

(5)

La Comisión recibió observaciones al respecto por parte de los interesados. A continuación, remitió dichas observaciones a Francia, dándole la posibilidad de comentarlas a su vez. Los comentarios de Francia se recibieron el 1 de marzo de 2006.

(6)

La Comisión envió algunas preguntas complementarias el 6 de junio de 2006. Las autoridades francesas enviaron las respuestas el 2 de agosto de 2006 y estas fueron registradas el mismo día por la Comisión.

(7)

El LNE se creó en 1901 en el Conservatoire national des arts et métiers (escuela superior de ingeniería, ingeniería técnica, economía, etc.), como institución pública sujeta al control del Ministerio de Educación Nacional. En 1978, se le concedió el estatuto de establecimiento público de carácter industrial y comercial (EPIC), en aplicación de la Ley no 78-23, de 10 de enero de 1978, sobre protección e información de los consumidores de productos y servicios. Mediante este texto se concedía al LNE la responsabilidad de efectuar todas las tareas de estudio, investigación, consulta, peritaje, ensayos, control y demás prestaciones de asistencia técnica destinadas a la protección e información de los consumidores o a la mejora de la calidad de los productos. Se le autorizó también a estudiar, por cuenta y a petición de los Ministerios, los métodos de ensayo necesarios para la elaboración de reglamentos y de normas así como a expedir certificados de calificación y garantizar en nombre de las autoridades públicas las relaciones con los órganos internacionales encargados de los ámbitos en cuestión. En 2005, se encomendó al LNE una misión suplementaria: la dirección de la metrología científica nacional [papel anteriormente atribuido a la agrupación de interés público Bureau national de métrologie (Organismo Nacional de Metrología, en lo sucesivo denominado «BNM»)], y se convirtió en el ya mencionado LNE.

(8)

Además de sus cometidos al servicio de la administración pública, el LNE ofrece a las empresas una amplia gama de servicios que se aplican a todas las etapas de desarrollo de los productos, con cuatro especialidades básicas: medición, ensayo, certificación y formación. Dispone de medios para llevar a cabo programas de ensayo, normalizados o a medida, en numerosos ámbitos (4). Sus clientes son empresas industriales, sociedades de distribución, entes públicos, organizaciones de consumidores, peritos judiciales y tribunales, compañías de seguros y determinados sectores de la administración (5).

(9)

El LNE dispone del uso de edificios e instalaciones simultáneamente para la ejecución de las tareas que le encarga el Estado y para la prestación de servicios a terceros.

(10)

El LNE trabaja para organismos europeos e internacionales como el CEN (Comité Europeo de Normalización), EUROLAB (Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Laboratorios de Ensayo, Calibración y Análisis), la EOTC (Organización Europea de Ensayos y Certificación) y el ILAC (International Laboratory Accreditation Committee).

(11)

Cuenta con 700 colaboradores, distribuidos en 30 equipos pluridisciplinares, y dispone de 55 000 m2 de laboratorios: 10 000 m2 en París y 45 000 m2 en Trappes.

(12)

El LNE tiene representaciones en Asia [LNE-Asia en Hong Kong (6)], y en los Estados Unidos (filial G-MED North America, en Washington). Estas actividades, no obstante, son de poca envergadura.

(13)

En 2005, los ingresos ascendieron a 65 millones EUR y el beneficio a 700 000 EUR.

(14)

Desde 1997, el mandato encomendado al LNE por el Estado se enmarca en contratos de objetivos celebrados entre las autoridades francesas y el establecimiento por un período de cuatro años. El primer contrato de objetivos estuvo vigente entre 1997 y 2001, el segundo entre 2001 y 2004. El tercer contrato se celebró para el período 2005-2008.

(15)

Estos contratos incluyen las tareas de laboratorio nacional de metrología, las actividades de organismo de investigación, las obligaciones de asistencia técnica a las autoridades y las tareas «de acompañamiento de las empresas» en el ámbito de los ensayos y certificados de conformidad.

(16)

El Decreto no 78-280, de 10 de marzo de 1978, sobre el LNE dispone que «los recursos del establecimiento incluyen, en particular: […] las subvenciones del Estado, de los entes locales, instituciones públicas y organismos públicos o privados […]» (7). Sobre este fundamento, se han concedido hasta la fecha al LNE subvenciones de explotación (8) y subvenciones de inversión:

(17)

Según las autoridades francesas, las subvenciones de explotación y las subvenciones de inversión fueron concedidas por el Ministerio de Industria y el BNM «como contrapartida de los cometidos de servicio público» del LNE. Se trata, esencialmente, de subvenciones destinadas a cubrir los costes generados por la ejecución de dichos cometidos. La base legal de estas subvenciones es la Ley de finanzas que cada año vota el Parlamento francés.

(18)

Entre las subvenciones de inversión se encuentran las subvenciones vinculadas a la construcción de dos complejos de laboratorios denominados, en función de su localización, «Trappes 3» y «Trappes 4» (fases 1 y 2). Estas subvenciones fueron concedidas por los Ministerios de Industria y Medio Ambiente, el BNM, la Región Île-de-France y el Consejo General del Departamento francés de Yvelines.

(19)

El LNE disfruta también de recursos procedentes de sus actividades comerciales. El volumen de negocios del ámbito comercial ha representado siempre más del 50 % de los ingresos totales del LNE durante el período examinado, alcanzando incluso el 63 % en 2005.

(20)

El LNE interviene en los mercados de servicios de ensayos, metrología, certificación, calibración, formación e investigación y desarrollo. El LNE presta los servicios previamente mencionados, en particular en los sectores de productos de consumo, médico o sanitario, materiales, embalajes y productos de la construcción y productos industriales.

(21)

En la Comunidad Europea estos mercados están abiertos a la competencia. En particular, el LNE compite con otros organismos en el mercado de la certificación exigida por las directivas europeas, así como con miles de establecimientos de evaluación de conformidad, por el hecho, en particular, de su habilitación para conceder la conformidad con las normas nacionales establecidas por las autoridades de otros Estados miembros (como, por ejemplo, la marca de conformidad alemana GS).

(22)

Tras su examen preliminar, la Comisión destacó que en esta fase no era posible apreciar con exactitud el carácter de servicio de interés general o no de una serie de cometidos asignados al LNE y, además, zanjar en cuanto al carácter comercial o no comercial de las actividades en cuestión.

(23)

Por consiguiente, la Comisión expresó dudas en cuanto a la justificación del importe de las subvenciones de funcionamiento y de inversión concedidas al LNE con el fin de compensar los costes de sus actividades o de sus proyectos de inversión a fondo perdido, o de los costes generados por la ejecución de un mandato del Estado. A falta de separación contable entre actividades de distintas naturalezas que, por añadidura, no podían delimitarse de forma precisa, el LNE hubiese podido disponer de una parte de las subvenciones públicas para la gestión de las actividades que ejerce en régimen de competencia. Esto sería equivalente a la subvención cruzada de dichas actividades y constituiría una ayuda estatal según el artículo 87 del Tratado CE.

(24)

En opinión de la Comisión, la ventaja obtenida por una subvención cruzada en favor de las actividades competitivas hubiese aventajado al LNE en sus prestaciones en mercados sujetos al régimen de competencia a escala europea. Y, por consiguiente, el comercio comunitario se hubiese visto afectado.

(25)

Las ayudas deberían considerarse como ayudas ilegales con arreglo al artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (9).

(26)

Las excepciones a esta incompatibilidad que establece el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE, no serían de aplicación en el caso presente.

(27)

Por lo que se refiere al artículo 86, apartado 2, del Tratado CE, este no se aplica más que a actividades económicas cubiertas por una misión de interés general realizada por cuenta del Estado. Sin embargo, tras un análisis preliminar del expediente, la Comisión consideró que de la información que obraba en su poder en esta fase no se desprendía que los cometidos que el Estado había encomendado al LNE en el marco del contrato de objetivos pudieran ser considerados de carácter incondicionalmente económico. No parecía tampoco que los servicios prestados en régimen de competencia por el LNE hubieran sido objeto de un encargo de servicio de interés general. La Comisión consideró, por lo tanto, que en esta fase no podía alegarse el artículo 86, apartado 2, del Tratado, para sustentar la compatibilidad de las medidas en cuestión.

(28)

Tres interesados presentaron observaciones en el marco del procedimiento:

(29)

Estas observaciones, a menudo similares, se resumen y agrupan por tema en los considerandos 30 a 32.

(30)

En primer lugar, la misión de servicio público de que se encarga el LNE no parece estar claramente definida. Por lo que resultaría imposible a los competidores del LNE determinar la frontera entre posibles obligaciones de servicio público y actividades comerciales. Además, estos no tendrían ningún medio para comprobar de forma objetiva y transparente si el LNE utiliza las subvenciones que recibe del Estado solo para sus obligaciones de servicio público. Así, parece que ciertos entes territoriales concedieron subvenciones destinadas, por ejemplo, a la ampliación del complejo de Trappes en el que se realizan actividades comerciales. Supuestamente el LNE tampoco cumple determinadas misiones, como representar a las autoridades públicas ante los órganos internacionales (INTERTEK indica, por ejemplo, que participa en las comisiones de AFNOR y del CEN sin recibir por ello indemnización por parte de las autoridades). Por otra parte, las ayudas en cuestión se concedieron supuestamente al LNE sin notificación previa; por lo que serían ilegales y, por lo tanto, deberían ser anuladas.

(31)

En segundo lugar, en razón de su estatuto de empresa pública, el LNE podría disponer de una serie de ventajas selectivas, como el de estar cubierto por el Estado como asegurador y, de un modo más general, no tener que pagar seguros, un régimen específico de derecho laboral, en particular, en lo referente a jubilaciones y seguro de desempleo, el derecho de utilizar documentos con el encabezamiento y los logotipos de la República francesa, la utilización de una imagen oficial o de laboratorio oficial, el derecho a beneficiarse del «crédito impuesto investigación» (reducción de impuestos igual a la mitad del gasto de I + D del ejercicio menos el promedio de los gastos del mismo tipo de los dos ejercicios anteriores) y el archivo gratuito. Por otra parte, supuestamente la administración de aduanas favorece al LNE recurriendo a sus servicios u obligando a determinadas empresas a recurrir a ellos, excluyendo a cualquier otro laboratorio.

(32)

En tercer lugar, las subvenciones del Estado falsean supuestamente la competencia, en particular, a nivel internacional. Por otra parte, el LNE dispone al parecer de numerosas implantaciones en el extranjero.

(33)

Mediante dos cartas de 4 de noviembre de 2005 y 19 de abril de 2006, Francia comunicó a la Comisión sus comentarios sobre la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal acerca de la ayuda financiera concedida al LNE y proporcionó información complementaria sobre la contabilización de las actividades del LNE.

(34)

En primer lugar, Francia destaca que se cumplen los criterios mencionados en el artículo 4, apartado 2, letras a) y b), de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas así como a la transparencia financiera entre determinadas empresas (10). Esta circunstancia exime al LNE de la obligación de tener y conservar una contabilidad separada.

(35)

No obstante, las autoridades francesas destacan que el LNE dispone de una contabilidad analítica desde 1990. Esta última se revisó en 2005 para ajustarse al contrato de objetivos 2005-2008 entre el Estado y el LNE. Permite una separación completa de las cuentas entre los ámbitos comercial y público y demuestra, en particular, la rentabilidad de las prestaciones comerciales efectuadas por el LNE, al margen de la subvención anual que se le concede y que se destina a los cometidos de servicio público.

(36)

El método empleado es el de costes totales: el LNE está organizado en centros de análisis que contribuyen, directa o indirectamente, a sus distintos cometidos y actividades. El importe de las cargas y de los productos se asigna de la manera más ajustada posible:

(37)

Los agentes del LNE consignan sus horas mediante un programa informático de introducción de datos. Según el tipo de actividad, las horas son directas (secciones operativas) o indirectas (secciones operativas y secciones funcionales), entendiéndose que los gastos generales están constituidos por los costes de los centros auxiliares (secciones funcionales y centros de costes).

(38)

Los costes de los centros auxiliares se distribuyen a continuación entre los centros principales en función de varias unidades de ejecución o claves de distribución (personal, masa salarial, numeroso material informático, superficie de los locales, calidad de sus sistemas de regulación térmica y de refrigeración).

(39)

Posteriormente, los costes totales de los centros de análisis principales se asignan a las actividades sobre la base de dos factores de coste:

(40)

Este segundo factor tiene por objeto asignar de forma adecuada las cargas de amortización e infraestructura a las actividades del LNE (constituyen los gastos de infraestructura las cargas indirectas de las unidades de mantenimiento, taller y gestión inmobiliaria).

(41)

En un centro de análisis principal (sección operativa media de seis personas), se calcula un índice de utilización para cada ámbito mediante la ponderación del índice de utilización por el valor del material. Los gastos de amortización e infraestructura, directamente vinculados a las instalaciones, pueden así imputarse, proporcionalmente a estos índices, a cada uno de los ámbitos comercial y público.

(42)

Los gastos indirectos y los demás gastos generales del centro de análisis se asignan a las actividades comerciales o públicas a prorrata de la consignación de horas directas de los agentes de la sección.

(43)

En 2005, los índices de utilización efectivos de los materiales en el ámbito comercial y en el ámbito público permitieron la distribución individual de los gastos de infraestructura y amortización de cada material a prorrata de su utilización. La suma de estas distribuciones individuales arroja las cifras totales para 2005.

(44)

Para el período 1993-2004, esta distribución individual resultaba imposible. Se optó, por consiguiente, por recurrir a un indicador global de índices de utilización. Este indicador global es el resultado de la ponderación de los índices individuales de utilización de cada material por el valor del material. El valor de este indicador para 2005 es del 44 % para el ámbito comercial y del 56 % para el ámbito público. Estos índices de utilización se han asignado, equipo por equipo, a las principales instalaciones del laboratorio de un valor de adquisición superior o igual a 7 500 EUR, es decir, cerca de 1 200 materiales, que representan en valor el 70 % del conjunto de los materiales e instalaciones del LNE.

(45)

No obstante, en sus cálculos de distribución de las cargas y, por consiguiente, para la estimación de los resultados de los ámbitos público y comercial, Francia utiliza un cociente de distribución más prudente de 50/50, en lugar del cociente 56/44. Esto corresponde a un margen de seguridad de aproximadamente el 10 % (en realidad de 6 puntos sobre 56).

(46)

Los edificios no se integran en el muestreo previamente mencionado pero los cocientes de utilización en contabilidad analítica conducen a una distribución de 2/3-1/3 en favor del ámbito público.

(47)

Las cuentas del LNE relativas al período 1993-2004 pudieron así elaborarse de nuevo de acuerdo con la solicitud expresada por la Comisión, con el fin de asignar los gastos generales fijos de producción ya sea al ámbito comercial, ya sea al ámbito público, cuando en contabilidad se consideraban como gastos «mixtos». El método elegido se basa en un principio desarrollado en la norma contable internacional IAS 2, según la cual los gastos generales fijos de producción deben asignarse a los costes de producción sobre la base de la capacidad normal de las instalaciones de producción.

(48)

En segundo lugar, Francia recuerda las actividades vinculadas a las obligaciones de servicio público que se encomendaron al LNE y precisa que este último es un EPIC sujeto al respeto del principio de especialidad, que se aplica a cualquier organismo público especialmente creado para administrar un servicio público. Basándose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (11), Francia alega a continuación que los cometidos de servicio público de la empresa LNE son actividades de servicio de interés económico general, ya que el LNE aplica unos medios que no invertiría si solo tuviese en cuenta su interés comercial. Los cometidos incluidos en el contrato de objetivos 2005-2008 revisten así un carácter económico indudable y específico. Por último, la jurisprudencia (12) destaca, por una parte, que a la entidad encargada de un servicio de interés económico general debe habérsele encomendado esta misión mediante un acto de la autoridad pública, que defina de manera precisa el contenido de las obligaciones de servicio público y, por otra, que la Comisión no puede cuestionar la definición de los servicios de interés económico general decidida por un Estado miembro sino en caso de error manifiesto. Francia considera que los EPIC cumplen por definición los requisitos previamente mencionados.

(49)

En tercer lugar, según Francia, la compensación concedida al LNE para sus obligaciones de servicio público no constituye una ayuda estatal prohibida. En efecto, se cumplen las cuatro condiciones acumulativas de la sentencia Altmark (13). Además, el análisis pone de manifiesto que se cumplirían las disposiciones del marco comunitario sobre ayudas estatales (en lo sucesivo, «el marco») en forma de compensaciones de servicio público (14). Subsidiariamente, cualquier sanción pronunciada contra Francia sería contraria a la Decisión 2005/842/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE, a las ayudas estatales en forma de compensaciones de servicio público concedidas a determinadas empresas encargadas de gestionar servicios de interés económico general (15). En efecto, el artículo 2, apartado 1, letra a), de esta Decisión establece la compatibilidad de tales compensaciones en determinadas condiciones, que el LNE cumple.

(50)

Las subvenciones para los complejos situados en Trappes, concedidas por entes territoriales y por el Estado, financiaron los medios necesarios para realizar los cometidos de servicio público encomendados al LNE.

(51)

Además, basándose en un análisis de los mercados interesados, Francia se propone demostrar que, en la fecha de la consulta, no existen subvenciones cruzadas irregulares, es decir, que permitan al LNE practicar precios predatorios en los sectores comerciales considerados.

(52)

Por último, Francia considera que el LNE no posee una cuota de mercado significativa, puesto que al parecer esta se valora en el 4,2 % a nivel nacional y el 1 % a nivel europeo.

(53)

En cuarto lugar, Francia precisa que el descuento comercial concedido a la pequeña y mediana empresa (PYME) de la Región Île-de-France se inscribe en el marco de un régimen autorizado por la Comisión en 1989 (16), al que cualquier laboratorio, incluidos los demandantes, puede tener acceso. El importe de las subvenciones concedidas por la Región Île-de-France desde 1995 asciende a 61 000 EUR. Las beneficiarias reales de estas subvenciones fueron las PYME en cuestión. Por otra parte, Francia no ha encontrado rastro de una subvención asignada por la Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) (Agencia para el Medio Ambiente y el Control de la Energía) al LNE.

(54)

En quinto lugar, Francia observa que la Dirección General de Aduanas y Derechos Indirectos (DGDDI) recurre para sus ensayos a sus propios laboratorios o a los de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) cuando estos disponen de la competencia técnica adecuada (por ejemplo, muchos ensayos sobre juguetes se llevan a cabo en un laboratorio de aduanas). En el caso contrario, la DGDDI recurre a laboratorios exteriores entre los que figura, en particular, el LNE. El laboratorio se elige en función de sus competencias según la aplicación de la normativa de que se trate. Así, la DGDDI puede recurrir, por ejemplo, para las máscaras de protección al Instituto Nacional de Investigación y Seguridad o, para los productos de construcción, al Centro Científico y Técnico de la Construcción.

(55)

El presente procedimiento tiene por objeto las subvenciones anuales de funcionamiento y las subvenciones de inversión concedidas al LNE por las autoridades públicas entre 1993 y 2005.

(56)

Las normas de competencia no se aplican a las actividades no económicas. Por lo tanto, en primer lugar conviene apreciar si las actividades del LNE (17) en el ámbito público son de carácter económico o no.

(57)

Constituye una actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o servicios en un determinado mercado (18). Según el abogado general Jacobs, en sus conclusiones relativas al asunto C-222/04, el criterio esencial que permite apreciar si una actividad reviste un carácter económico es saber si la actividad podría, al menos en principio, ser ejercida por un operador privado con el fin de obtener beneficios.

(58)

En este contexto, la Comisión considera que los trabajos de estudio, investigación, consulta, peritaje, ensayo, control, y cualquier prestación de asistencia técnica útil para la protección e información de los consumidores o para la mejora de la calidad de los productos, realizada por el LNE en el marco de su misión de interés general corresponden a una oferta de servicios en los mercados en cuestión y que estos servicios podrían, en principio, ser ofrecidos por un operador privado con el fin de obtener beneficios. Por consiguiente, las tareas encomendadas por el Estado al LNE son de carácter económico (19).

(59)

Según el artículo 87, apartado 1, una medida constituye una ayuda estatal si se cumplen las cuatro condiciones acumulativas siguientes. En primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales. En segundo lugar, la medida debe favorecer a su beneficiario. En tercer lugar, debe falsear o amenazar falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas. En cuarto lugar, la medida debe afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

(60)

Es evidente que las dotaciones presupuestarias del Estado constituyen recursos estatales.

(61)

Antes de integrarse en el LNE en 2005, la agrupación de interés público Bureau national de métrologie (Organismo Nacional de Metrología) estaba controlada por el Estado (20). Los recursos del LNE vinculados a los contratos con el BNM son, por lo tanto, recursos estatales.

(62)

Las ayudas concedidas por entes regionales y locales de los Estados miembros, cualesquiera que sean el estatuto y la designación de estos, están sujetas a examen con arreglo al artículo 87 del Tratado (21). Las subvenciones otorgadas por el Consejo Regional de Île-de-France y por el Consejo General de Yvelines son recursos estatales.

(63)

Por lo tanto, todas las medidas en cuestión se financian mediante recursos estatales.

(64)

Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, se consideran ayudas, entre otras, las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos (22).

(65)

Las subvenciones de funcionamiento e inversión alivian las cargas que normalmente recaerían en el presupuesto del LNE. Por este motivo, estas subvenciones constituyen una ventaja en favor del LNE.

(66)

El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, prohíbe las ayudas que favorecen a determinadas empresas o producciones, es decir, las ayudas selectivas.

(67)

Por ser el LNE el único beneficiario de las medidas objeto del presente procedimiento, la condición de selectividad se cumple manifiestamente.

(68)

Además, conviene recordar que las ayudas encaminadas a liberar a una empresa de los costes que normalmente hubiera debido asumir en el marco de su gestión corriente o sus actividades normales, falsean, en principio, las condiciones de competencia (23).

(69)

Por esta razón, las medidas en cuestión, que favorecen al LNE, podrían falsear la competencia.

(70)

La Comisión constata que los mercados en cuestión son objeto de intercambios comerciales intracomunitarios. El LNE realizó en 2005 un volumen de negocios en la Unión Europea de 4 millones EUR (fuera de Francia), y de 2,35 millones EUR fuera de la Unión Europea. En 2000, según Francia, el LNE realizó el 13 % de su volumen de negocios fuera de Francia, lo que representa el 9 % en la Unión Europea y el 4 % fuera de ella.

(71)

Por lo demás, para que se cumpla la condición de afectar a los intercambios comerciales, la Comisión no está obligada a establecer la incidencia real de estas ayudas en los intercambios comerciales entre Estados miembros y el falseamiento efectivo de la competencia, sino que debe limitarse a examinar si estas ayudas pueden afectar a dichos intercambios comerciales y falsear la competencia.

(72)

En este contexto, basta con constatar que los mercados en los que opera el LNE son de dimensión transfronteriza y que el LNE compite con empresas establecidas en otros Estados miembros y con empresas francesas que operan en estos mercados en el ámbito internacional. A este respecto, es cosa juzgada que cualquier concesión de ayudas a una empresa que ejerza sus actividades en el mercado comunitario puede falsear la competencia y afectar al comercio entre Estados miembros (24).

(73)

Por lo tanto, las alegaciones de Francia según las cuales los intercambios comerciales supuestamente no se ven afectados en razón de las escasas cuotas de mercado del LNE, no pueden retenerse tanto más cuanto que los importes asignados distan mucho de ser insignificantes.

(74)

Las medidas en cuestión dificultan las actividades comerciales de los operadores comunitarios (25) que pudieran querer desarrollar sus actividades en Francia. Sin el apoyo público, las operaciones del LNE serían de dimensiones más reducidas, lo que permitiría el aumento del volumen de negocios de sus competidores.

(75)

Puede considerarse que las medidas en cuestión, por las que se refuerza la posición del LNE con relación a otros operadores con los que compite en el ámbito de los intercambios comerciales intracomunitarios, afectan al comercio entre Estados miembros y pueden falsear la competencia entre estos operadores.

(76)

En julio de 2003, en la sentencia Altmark (26), el Tribunal declaró que si una intervención estatal debe considerarse una compensación que constituye la contrapartida de las prestaciones realizadas por las empresas beneficiarias para el cumplimiento de obligaciones de servicio público, de forma que estas empresas no gozan, en realidad, de una ventaja financiera y que, por tanto, dicha intervención no tiene por efecto situar a estas empresas en una posición competitiva más favorable respecto a las empresas competidoras, tal intervención no está sujeta al artículo 87, apartado 1, del Tratado. Para ello, las cuatro condiciones acumulativas mencionadas en la sentencia deben cumplirse.

(77)

Francia considera que las compensaciones abonadas al LNE por sus obligaciones de servicio público no constituyen ayudas estatales prohibidas ya que se cumplen las cuatro condiciones acumulativas mencionadas por el Tribunal a este respecto.

(78)

La Comisión no comparte esta opinión.

(79)

En efecto, según la cuarta condición enunciada en la sentencia Altmark, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público en un caso concreto no se haya realizado conforme a un procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios al menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse basándose en un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de dichas obligaciones.

(80)

Francia, en su argumentación destinada a demostrar el cumplimiento de la condición enunciada en el considerando anterior, se limita a observar que el análisis de los costes que debería asumir una empresa mediana debe tener en cuenta la diversidad de los cometidos de servicio público encomendados al LNE, que se refieren tanto a aplicaciones normativas como a investigación básica en distintos sectores (metrología, sanidad, medio ambiente, industria, bienes de consumo, productos para la construcción, embalaje y acondicionamiento).

(81)

Francia no proporciona ningún análisis de los costes de una «empresa mediana bien administrada». Además, no se propone ninguna explicación en cuanto a la imposibilidad eventual de comparar el LNE con tal mediana empresa.

(82)

La Comisión no está en condiciones de concebir ex nihilo el elemento de comparación requerido por la jurisprudencia comunitaria.

(83)

Por lo tanto, la Comisión considera que no se cumple el cuarto criterio enunciado en la sentencia Altmark.

(84)

La referencia abstracta de Francia a los apartados 13 a 17 del marco comunitario no modifica en modo alguno esta valoración.

(85)

Habida cuenta del conjunto de consideraciones que preceden, la Comisión considera que las dotaciones presupuestarias, así como las subvenciones abonadas por los entes territoriales en cuestión, constituyen ayudas con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(86)

La Comisión considera sin incidencia, a efectos del presente procedimiento, que el Decreto de 1978 haya podido constituir un régimen de financiación. En efecto, este Decreto es muy general y las decisiones relativas al importe de las subvenciones concedidas por el Estado y el BNM al LNE se tomaron anualmente, en función de motivaciones y en términos que podían diferir considerablemente de un año para otro. Las subvenciones anuales de funcionamiento y las subvenciones de inversión concedidas al LNE constituyen, cada una de ellas, nuevas ayudas individuales.

(87)

Estas ayudas se ejecutaron sin haberse notificado previamente a la Comisión. Por consiguiente, son ilegales.

(88)

Las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 2, del Tratado, relativas a las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, a las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional y a las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía en determinadas regiones de la República Federal de Alemania, carecen manifiestamente de pertinencia en este caso concreto.

(89)

En cuanto a las excepciones del artículo 87, apartado 3, del Tratado, la Comisión constata que las ayudas en cuestión no están destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, ni están destinadas a fomentar la realización de un proyecto importante de interés europeo y no tienen por objeto poner remedio a una grave perturbación en la economía de Francia. Tampoco están destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio. En cuanto a la excepción del artículo 87, apartado 3, letra c), la Comisión considera que las dudas expresadas al incoar el procedimiento no se han disipado: las ayudas en cuestión no permiten favorecer el desarrollo económico de determinadas regiones o producciones.

(90)

Procede indicar a este respecto que en el procedimiento administrativo ni las autoridades francesas ni las partes interesadas alegaron las excepciones del artículo 87, apartados 2 y 3. En particular, Francia consideró que las disposiciones del artículo 87 no se aplicaban puesto que las medidas examinadas no iban a falsear la competencia ni a afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

(91)

El artículo 86, apartado 2, del Tratado establece que las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general quedarán sometidas a las normas del Tratado, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad.

(92)

Con arreglo al apartado 26 del marco comunitario, para las ayudas no notificadas la Comisión aplicará las disposiciones de dicho marco si la ayuda se concedió después del 29 de noviembre de 2005, y las disposiciones vigentes en el momento de la concesión de la ayuda en los demás casos.

(93)

Este procedimiento se refiere a ayudas concedidas antes del 29 de noviembre de 2005.

(94)

Por lo tanto, conviene aplicar la Comunicación de la Comisión «Los servicios de interés general en Europa» (27), vigente en el momento de la concesión de la ayuda. Según dicha Comunicación, cuando las normas de competencia se aplican a una ayuda en forma de compensación por servicio público, la compatibilidad con estas normas se basará en tres principios:

(95)

El respeto del principio de neutralidad no plantea ninguna dificultad en este caso concreto.

(96)

Por lo que se refiere a la calificación de la misión de servicio público del LNE como misión de interés económico general, corresponde a la Comisión apreciar la naturaleza económica de la actividad en cuestión y comprobar que el Estado miembro no cometió ningún error manifiesto de valoración al calificarla como misión de interés general.

(97)

Ya se ha establecido que las actividades del LNE en el ámbito público son actividades económicas.

(98)

En cuanto a la calificación de interés general, con la excepción de los sectores en los que esta cuestión ya es objeto de una normativa comunitaria, los Estados miembros disponen de una amplia facultad de apreciación, a reserva de un error manifiesto de apreciación observado por la Comisión.

(99)

En este caso concreto, la Comisión considera que la definición de los cometidos de servicio público del LNE, tal como se desprenden de su texto fundacional de 1978 y de los complementos aportados en 2005, es perfectamente clara (28) y por lo tanto las autoridades francesas no han incurrido en ningún error manifiesto de apreciación. Además, a las empresas encargadas de la gestión de un servicio de interés económico general se les debe haber encomendado esta misión mediante un acto de la autoridad pública. En este caso concreto, la Ley no 78-23 de 10 de enero de 1978 y los Decretos de 2005 son actos oficiales de la autoridad pública. Además, a partir de 1997, los contratos de objetivos firmados por el Estado exponen de manera precisa y detallada los cometidos del LNE.

(100)

Los comentarios de los interesados, que en sustancia indican que resulta imposible a los competidores del LNE determinar la frontera entre sus posibles obligaciones de servicio público y sus actividades comerciales, no invalidan esta conclusión. En la práctica se refieren a la exigencia de separación contable entre las actividades del servicio de interés económico general anteriormente mencionado y las actividades de tipo comercial, con el fin de evitar cualquier subvención cruzada incompatible con el Tratado CE. Estos últimos aspectos se examinan a continuación.

(101)

La proporcionalidad, que se deriva del artículo 86, apartado 2, implica que los medios utilizados para cumplir la misión de interés general no puedan crear inútiles falseamientos de la competencia. Más concretamente, conviene garantizar que todas las restricciones impuestas a las normas del Tratado CE, no excedan de lo estrictamente necesario para garantizar la buena ejecución de la misión. La prestación del servicio de interés económico general debe estar garantizada y las empresas a las que se asigne la misión deben estar en condiciones de asumir la carga específica y los costes netos suplementarios que esta genere.

(102)

La Comisión considera que las ayudas en cuestión se inscriben en el marco de la misión de interés general del LNE.

(103)

En este marco, si la compensación anual abonada por las autoridades públicas es inferior o igual a los costes netos suplementarios en que haya incurrido el LNE para la ejecución del servicio de interés económico general, se cumple el principio de proporcionalidad. Este hecho quedará demostrado si, a la luz de una correcta consignación en contabilidad analítica de los productos y cargas en los ámbitos público y comercial respectivamente, el resultado del ámbito público que incluye el conjunto de las subvenciones del ejercicio es negativo o nulo o arroja un beneficio razonable, teniendo en cuenta, en particular, las actividades y el sector en el que opera el LNE.

(104)

La Comisión ha examinado la metodología elegida para la contabilidad analítica del LNE, con el fin de comprobar si efectivamente permite identificar todos los productos y cargas correspondientes al servicio de interés económico general para el período 1993-2005 (29).

(105)

En 2005, la contabilidad analítica del LNE se basa en una contabilización de los costes totales, basada en un censo preciso de todas las actividades realizadas, por medio de numerosas secciones operativas (80) y funcionales (aproximadamente 40).

(106)

Los ingresos del ámbito comercial del LNE están constituidos por el volumen de negocios de las prestaciones realizadas y otros productos, incluidos, por ejemplo, la puesta a disposición de personal facturado, los portes facturados a los clientes y la reintegración de provisiones para riesgos.

(107)

Los ingresos del ámbito público incluyen por su parte el volumen de negocios de la partida «estudios», el contrato metrología (antes BNM), ingresos varios (por ejemplo procedentes de la cooperación técnica internacional), subvenciones de explotación y la parte de las subvenciones de inversión transferidas a la cuenta de resultados.

(108)

La parte proporcional de las subvenciones de inversión transferidas a la cuenta de resultados incluye las subvenciones para inversiones abonadas por los entes territoriales. Por lo tanto, dichas subvenciones, que contribuyeron a financiar los medios necesarios para la realizar los cometidos de servicio público encomendados al LNE, se incluyen en el análisis del importe de la compensación concedida al LNE para hacer frente a los costes de las actividades de servicio de interés económico general. La distribución 2/3-1/3 entre los ámbitos público y comercial de las amortizaciones de los edificios se ajusta a la asignación de los edificios «Trappes 3» y «Trappes 4».

(109)

Los gastos son de la misma naturaleza en el ámbito comercial que en el público. Se distribuyen esencialmente en mano de obra directa, adquisiciones o subcontratas y cargas directas, gastos de misión directos, gastos indirectos, gastos generales, gastos de infraestructura y amortizaciones.

(110)

Por lo que se refiere más concretamente a las cargas de amortización e infraestructura de materiales utilizados a la vez en el ámbito comercial y en el ámbito público, la forma de tratarlos en contabilidad analítica se basa en métodos ampliamente aceptados, en función del índice de utilización de estos materiales.

(111)

La Comisión considera que el muestreo efectuado, que representa el 70 % en valor de los materiales y equipos del LNE y sirve de base para la elaboración del cociente de consignación 44/56, es satisfactorio. Por otra parte, la aplicación de este tipo de distribución global a los equipos más costosos puede hacerse extensiva a los equipos menos costosos, que complementan a los equipos pesados.

(112)

Además, el cociente 44/56 es aceptable para el conjunto del período examinado ya que las actividades del ámbito comercial presentan una tendencia al alza (30). Por consiguiente, es razonable considerar que el índice de utilización de los equipos del ámbito público constatado en 2005 constituye un mínimo para el período 1993-2004.

(113)

Por añadidura, la Comisión considera que el margen de seguridad del 10 % aplicado por las autoridades francesas en sus recuperaciones relativas al período 1993-2004, tiene por efecto no sobreestimar las cargas consignadas con cargo al ámbito público y, en consecuencia, no justificar subvenciones excesivas, en su caso. Por lo tanto, el enfoque de las autoridades francesas es prudente.

(114)

Por consiguiente, la Comisión concluye, por una parte, que la contabilidad analítica del LNE corresponde a las normas habitualmente reconocidas en este ámbito y no presenta particularidades notables y, por otra, que las recuperaciones efectuadas para establecer las cuentas por ámbitos (31) del período 1993-2004 son aceptables (32).

(115)

Los resultados anuales del ámbito público, que incluyen las subvenciones públicas, tal como los establece la contabilidad analítica del LNE, son los siguientes:

(116)

Desde 1993, los resultados del ámbito público, es decir, las actividades correspondientes al servicio de interés económico general, fueron en general deficitarios a pesar de la concesión de las ayudas en cuestión. Cuando aparece un excedente, es inferior o igual al 2 % del volumen de negocios realizado en el ámbito público. El resultado ponderado para el período 1993-2005 es una pérdida del 1,9 %.

(117)

Estos resultados, por término medio negativos, son evidentemente inferiores a lo que puede ser un beneficio razonable para una empresa privada comparable.

(118)

A mayor abundamiento, la Comisión examinó con todo detalle los resultados y el volumen de negocios del LNE y de los tres interesados que ejercen actividades comparables a las del LNE, para el período 1998-2005 (34). Del examen se desprende que los cocientes «resultado neto sobre volumen de negocios» eran inferiores para el LNE (– 3,2 % para las actividades del LNE en el ámbito público, 0,6 % para el conjunto de las actividades del LNE), que para los interesados, cuyos cocientes se sitúan entre el 0 % y el 4 %. Esta circunstancia confirma que los beneficios realizados por el LNE en el ámbito público pueden considerarse beneficios razonables.

(119)

Por lo tanto, la Comisión concluye que el LNE no se ha beneficiado de ninguna compensación excesiva de las cargas del servicio de interés económico general desde 1993. Las compensaciones de servicio público abonadas al LNE durante el período 1993-2005 constituyen ayudas compatibles con el artículo 86, apartado 2, del Tratado.

(120)

De lo que se desprende que no es necesario comprobar la existencia de subvenciones cruzadas en favor del LNE (35) por sus actividades en el ámbito comercial.

(121)

Conviene observar que si algunas actividades, por otra parte limitadas, del LNE en el ámbito público tuvieran que considerarse como no comerciales (36) y equipararse a competencias propias de la potestad pública, procedería también comprobar que las compensaciones abonadas por las autoridades públicas siguen siendo inferiores o iguales a los costes netos asumidos para la ejecución de dichas tareas (37).

(122)

Este análisis ya se ha efectuado, en particular en los considerandos 115 a 120, y de él se desprende que no procede oponerse a las compensaciones en cuestión. No obstante, conduce a considerar que la financiación de dichas actividades no constituye una ayuda estatal.

(123)

En las observaciones que presentaron en el marco del presente procedimiento, algunos competidores mencionaron otras ayudas de las que, supuestamente, habría sido beneficiario el LNE. Estas medidas no han sido objeto del presente procedimiento. Habida cuenta de las respuestas de las autoridades francesas, la Comisión se considera suficientemente informada para pronunciarse sobre ellas.

(124)

El importe total de las subvenciones abonadas al LNE por la Región Île-de-France, con el fin de financiar el descuento comercial concedido por el LNE a las PYME de esta región, ascendía a 61 000 EUR en 2003. Suponiendo que estas subvenciones puedan analizarse como ayudas al LNE (y no a las PYME clientes) y que no correspondan a un régimen de ayudas existente (véase el considerando 54), cumplen las condiciones enunciadas en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis  (38). La Comisión, por lo tanto, no podría oponerse a ellas.

(125)

Por otra parte, la Comisión observa que el ADEME no concedió ninguna ayuda al LNE.

(126)

Ni la utilización alegada de los logotipos oficiales de la República Francesa por el LNE, ni su grado de participación en los trabajos de los órganos internacionales parecen pertinentes en este caso concreto. El logotipo del LNE difiere del logotipo oficial, cuyo uso se reserva exclusivamente a las autoridades públicas. En cuanto a la representación de las autoridades públicas en determinadas organizaciones europeas e internacionales [grupos de trabajo de la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) y Comité de Cooperación Europea en Metrología Legal (WELMEC)], la ventaja en términos de imagen que de ello pueda derivarse para el LNE no puede equipararse con una ayuda estatal.

(127)

Las ventajas alegadas relativas al hecho de ser su propio asegurador, a un régimen específico del Derecho laboral para sus empleados, o al archivo gratuito, son de hecho inexistentes. Las pólizas de seguros del LNE que, por otra parte, representaron una carga de más de 300 000 EUR en 2004, son similares a las contratadas por las empresas privadas. Los empleados del LNE no disponen de ningún estatuto específico, como el de la función pública, sino que se regulan por el Derecho privado, tanto para el seguro de desempleo como para la jubilación. Por último, el LNE no disfruta de ningún archivo gratuito; al contrario, los costes directos correspondientes fueron aproximadamente de 80 000 EUR en 2005.

(128)

La autorización de hecho de que dispone el LNE en el marco del «crédito impuesto investigación» no constituye una ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado, en particular porque esta autorización de hecho no implica recursos estatales. Procede de que el LNE fue objeto de una evaluación ad hoc de sus investigadores en el marco de sus obligaciones públicas en materia de investigación. Por otra parte, el «crédito impuesto investigación» se tiene en cuenta en los ingresos y cargas del LNE.

(129)

En cuanto al apoyo que supuestamente las aduanas prestan al LNE, no se ha aportado ningún elemento de prueba preciso. Todo indica que la DGDDI recurre a sus propios laboratorios, a los de la DGCCRF o a laboratorios exteriores entre los cuales figuran el LNE, el Institut national de recherche et de decurité, o el Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) para los productos de construcción.

(130)

A reserva de la sección 5.4, las compensaciones de servicio público en forma de dotaciones presupuestarias del Estado y del BNM, así como las subvenciones de los entes territoriales que se concedieron al LNE entre 1993 y 2005 son ayudas estatales.

(131)

La Comisión constata que Francia ejecutó ilegalmente las ayudas en cuestión vulnerando con ello el artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(132)

Sin embargo, dichas ayudas son compatibles con el artículo 86, apartado 2, del Tratado.

(133)

La presente Decisión no se refiere a la garantía del Estado de que podrían beneficiarse las actividades del LNE en el ámbito comercial, en razón del estatuto de EPIC de este organismo. Este aspecto, que dio lugar a una propuesta de medidas apropiadas en virtud del artículo 88, apartado 1, del Tratado (39), será objeto de decisiones posteriores.

5.4.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 95/37

(1)

La Decisión C(2006) 4332 final de la Comisión, de 4 de octubre de 2006, fija una asignación indicativa anual por Estado miembro para el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013 de los créditos de compromiso comunitarios para las regiones que pueden optar a la financiación del Fondo Europeo de Pesca (en lo sucesivo, «el FEP») al amparo del objetivo no de convergencia, de los créditos de compromiso comunitarios para las regiones que pueden optar a la financiación del FEP al amparo del objetivo de convergencia y de los créditos de compromisos totales comunitarios del Fondo Europeo de Pesca.

(2)

Con objeto de permitir a Bulgaria y Rumanía beneficiarse hasta 2013 del FEP, deben fijarse los importes indicativos, correspondientes a estos países, de los créditos de compromiso comunitarios para las regiones que pueden optar a la financiación del FEP al amparo del objetivo de convergencia y de los créditos de compromisos totales comunitarios del Fondo Europeo de Pesca.

(3)

La Decisión C(2006) 4332 final debe modificarse en consecuencia.