ISSN 1725-2512

Diario Oficial

de la Unión Europea

L 32

European flag  

Edición en lengua española

Legislación

50.° año
6 de febrero de 2007


Sumario

 

II   Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

Página

 

 

DECISIONES

 

 

Comisión

 

 

2007/51/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 18 de febrero de 2004, sobre la ayuda estatal C27/2001 (ex NN 2/2001) relativa a la ejecución por Francia del programa de control de la contaminación de origen agrario (PMPOA) en el período de 1994-2000 [notificada con el número C(2004) 415]

1

 

 

2007/52/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, relativa al régimen de ayudas que Italia tiene previsto otorgar a las empresas avícolas — Programa AIMA — Sector avícola C 59/2001 (ex N 97/1999) [notificada con el número C(2004) 1802]

14

 

 

2007/53/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 24 de mayo de 2006, relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 82 del Tratado CE y al artículo 54 del Acuerdo EEE contra Microsoft Corporation (asunto COMP/C-3/37.792 — Microsoft) [notificada con el número C(2004) 900]  ( 1 )

23

 

 

2007/54/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 2 de junio de 2004, relativa a las ayudas estatales previstas por Italia (Región de Sicilia) en favor de la promoción y la publicidad de productos agrícolas [notificada con el número C(2004) 1923]  ( 1 )

29

 

 

2007/55/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 9 de noviembre de 2005, relativa al régimen de ayudas que Francia prevé poner en marcha en favor de los productores y comerciantes de vinos generosos: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie y Macvin du Jura [notificada con el número C(2005) 4189]

37

 

 

2007/56/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 16 de mayo de 2006, relativa a la ayuda estatal C 26/2004 (ex NN 38/2004) que la República Federal de Alemania ha concedido en favor de Schneider Technologies AG [notificada con el número C(2006) 1857]  ( 1 )

49

 

 

2007/57/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 7 de junio de 2006, relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania para la adquisición de participaciones en cooperativas de viticultores [notificada con el número C(2006) 2070]

56

 

 

2007/58/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 28 de agosto 2006, relativa a la celebración de un Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Japón y la Comunidad Europea de la Energía Atómica en el ámbito de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear

64

 

*

Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Japón y la Comunidad Europea de la Energía Atómica en el ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear

65

 

 

2007/59/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 26 de septiembre de 2006, relativa a la ayuda estatal concedida por los Países Bajos a Holland Malt BV [notificada con el número C(2006) 4196]

76

 

 

2007/60/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 26 de octubre de 2006, por la que se crea la Agencia ejecutiva de la red transeuropea de transporte en aplicación del Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo

88

 

 

2007/61/CE

 

*

Decisión no 1/2006 del Comité mixto veterinario creado en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas, de 1 de diciembre de 2006, por la que se modifican los apéndices 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 del anexo 11

91

 

 

2007/62/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, relativa a las disposiciones nacionales notificadas por Dinamarca sobre determinados gases industriales de efecto invernadero [notificada con el número C(2006) 5934]

130

 

 

2007/63/CE

 

*

Decisión no 2/2006, 13 de diciembre de 2006, del Comité creado en virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el reconocimiento mutuo en relación con la inclusión de un organismo de evaluación de la conformidad en la lista del capítulo sectorial sobre equipos de protección individual

135

 

 

2007/64/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por la que se establecen criterios ecológicos revisados y los requisitos correspondientes de evaluación y comprobación para la concesión de la etiqueta ecológica comunitaria a sustratos de cultivo [notificada con el número C(2006) 6962]  ( 1 )

137

 

 

2007/65/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por la que se establecen las normas de seguridad y los estados de alarma aplicables en la Comisión y por la que se modifica su Reglamento interno en lo relativo a los procedimientos operativos para la gestión de las situaciones de crisis

144

 

 

2007/66/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2006, sobre un experimento temporal relativo al aumento del peso máximo de los lotes de algunas semillas de plantas forrajeras conforme a la Directiva 66/401/CEE del Consejo [notificada con el número C(2006) 6572]  ( 1 )

161

 

 

2007/67/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2006, por la que se permite a los Estados miembros ampliar las autorizaciones provisionales concedidas para la nueva sustancia activa tritosulfurón [notificada con el número C(2006) 6573]  ( 1 )

164

 

 

2007/68/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2006, relativa a la solicitud de la República de Letonia de que se aplique un tipo reducido de IVA al suministro de calefacción urbana, gas natural y electricidad a los hogares [notificada con el número C(2006) 6592]

165

 

 

2007/69/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2006, por la que se autoriza a Rumanía a aplazar la aplicación de determinadas disposiciones de la Directiva 2002/53/CE del Consejo con respecto a la comercialización de semillas de determinadas variedades de especies de plantas agrícolas [notificada con el número C(2006) 6568]  ( 1 )

167

 

 

2007/70/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la ampliación del plazo de comercialización de biocidas que contengan determinadas sustancias activas no estudiadas durante el programa de trabajo de diez años contemplado en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 98/8/CE [notificada con el número C (2006) 6707]

174

 

 

2007/71/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006, por la que se crea un grupo científico de expertos para las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas

177

 

 

2007/72/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la prórroga de determinadas decisiones sobre ayudas estatales [notificada con el número C(2006) 6927]  ( 1 )

180

 

 

2007/73/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la designación de los miembros del grupo de estudio del asesoramiento sobre normas contables creado por la Decisión 2006/505/CE, por la que se crea un grupo de estudio del asesoramiento sobre normas contables que orientará a la Comisión sobre la objetividad y neutralidad de los dictámenes del Grupo consultivo europeo en materia de información financiera (EFRAG),

181

 

 

2007/74/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 2006, por la que se establecen valores de referencia de la eficiencia armonizados para la producción por separado de electricidad y calor de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y el Consejo [notificada con el número C(2006) 6817]  ( 1 )

183

 

 

2007/75/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, por la que se crea un grupo de expertos sobre precios de transferencia

189

 

 

2007/76/CE

 

*

Decisión de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, por la que se aplica el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores, por lo que respecta a la asistencia mutua [notificada con el número C(2006) 6903]  ( 1 )

192

 

 

2007/77/CE

 

*

Decisión no 35/2006, de 22 de diciembre de 2006, del Comité mixto creado en virtud del Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América relativo a la lista de los organismos de evaluación de la conformidad contemplada en el anexo sectorial sobre equipos de telecomunicaciones

198

 

 

RECOMENDACIONES

 

 

Comisión

 

 

2007/78/CE

 

*

Recomendación de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, relativa a sistemas de información y comunicación a bordo de vehículos seguros y eficientes: actualización de la declaración de principios europea sobre la interfaz persona-máquina

200

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen generalmente un período de validez limitado.

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.


II Actos adoptados en aplicación de los Tratados CE/Euratom cuya publicación no es obligatoria

DECISIONES

Comisión

6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/1


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 18 de febrero de 2004

sobre la ayuda estatal C27/2001 (ex NN 2/2001) relativa a la ejecución por Francia del programa de control de la contaminación de origen agrario (PMPOA) en el período de 1994-2000

[notificada con el número C(2004) 415]

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(2007/51/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones de conformidad con el artículo citado (1) y vistas esas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

Con motivo de la información recibida por los servicios de la Comisión sobre la existencia en Francia de un Programa de control de la contaminación de origen agrario (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, en lo sucesivo «PMPOA» o «programa»), la Comisión envió una carta a las autoridades francesas el 24 de febrero de 2000 para solicitar precisiones sobre la aplicación de ese programa desde 1994. Mediante carta de 31 de mayo de 2000, Francia envió determinadas informaciones, algunas de las cuales confirman la existencia del PMPOA desde 1994. Por carta de 11 de julio de 2000, la Comisión solicitó información complementaria. Las autoridades francesas contestaron mediante carta de 26 de diciembre de 2000.

(2)

El 13 de febrero de 1991, las autoridades francesas notificaron una ayuda estatal en favor del medio ambiente de las explotaciones porcinas que tenía por objeto conceder ayudas a las inversiones individuales. La Comisión autorizó la ayuda mediante carta de 11 de diciembre de 1991 (2). Además, el 20 de abril de 1993, al amparo de un programa estructural cofinanciado y con arreglo a las disposiciones del artículo 29, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 2328/91 del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias (3), las autoridades francesas comunicaron las circulares DEPSE/SDEE no 93-7005 de 2 de marzo de 1993 y DEPSE/SDEE no 7027 de 5 de noviembre de 1992, sobre las ayudas a la inversión en el sector de la carne de vacuno. Con arreglo al Reglamento (CEE) no 2328/91, la Comisión adoptó una Decisión el 29 de julio de 1993 por la que se autoriza una participación financiera comunitaria en esta actuación común (4). Sin embargo, la ayuda nacional no se notificó a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado (5). Según las autoridades francesas, esas disposiciones, anteriores a la entrada en vigor del PMPOA, se incorporaron en él mediante la circular DEPSE no 7016 de 22 de abril de 1994. Constituyen, por lo tanto, el capítulo bovino y porcino del PMPOA. Esta circular tampoco se notificó a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(3)

Mediante carta de 13 de junio de 1994, las autoridades francesas notificaron una ayuda estatal a las inversiones para la protección del medio ambiente en el sector avícola. Este régimen, que se integró posteriormente en el PMPOA, del que constituye el capítulo avícola, fue autorizado por la Comisión mediante carta de 26 de abril de 1995 (6).

(4)

Las autoridades francesas no han notificado, con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado, el acuerdo de 8 de octubre de 1993 por el que se crea el programa, ni ningún otro documento en el que se detallen las características del PMPOA relativas, en particular, a la clave de financiación del programa (7). En concreto, no se ha informado a la Comisión de la participación de las agencias del agua en la financiación del citado programa.

(5)

Por otro lado, con respecto al sector bovino, las autoridades francesas no han notificado a la Comisión las ayudas a las inversiones previstas.

(6)

No se ha sometido a la Comisión ninguna notificación sobre los agricultores jóvenes.

(7)

Mediante carta de 11 de abril de 2001, la Comisión informó a Francia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con relación al PMPOA. La presente Decisión sólo atañe a la aplicación del PMPOA durante el periodo de 1994-2000.

(8)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (8). La Comisión invitó a los demás Estados miembros y a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre las ayudas en cuestión. La Comisión no ha recibido observaciones de partes interesadas. Las autoridades francesas enviaron sus comentarios mediante carta de 21 de junio de 2001.

(9)

La Comisión autorizó la prórroga del PMPOA a partir de 2001 mediante carta de 30 de octubre de 2001 (9).

II.   DESCRIPCIÓN

1.   Mecanismo de ayuda

(10)

El PMPOA, resultado de un acuerdo celebrado el 8 de octubre de 1993 entre el Estado francés y las organizaciones profesionales agrícolas francesas, entró en vigor el 1 de enero de 1994. La finalidad del programa es permitir que los agricultores adapten sus equipos y prácticas con objeto de lograr una mayor protección del medio ambiente y, en particular, de las aguas. El programa tiene por objeto la contaminación del agua producida por productos fitosanitarios y por fertilizantes de origen mineral y orgánico.

(11)

Con el PMPOA se desea especialmente dar cumplimiento a la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (10) (en lo sucesivo «la Directiva sobre nitratos»), y a las disposiciones nacionales para la implantación de un código de buenas prácticas agrarias. Este programa abarca el conjunto de los modos de producción: la ganadería y los cultivos.

(12)

A fin de ajustarse a las normas existentes al respecto y evitar la contaminación de los recursos hídricos con deyecciones animales, se consideró necesario emprender obras para la mejora de las instalaciones de cría y gestionar los efluentes. Por entonces, el coste de dichas obras, que se circunscribían a las instalaciones, se evaluó en aproximadamente 1 000 millones de euros por un periodo que finalizaba en 2002. Se inició un programa de inversiones, con el siguiente plan de financiación global: un tercio era aportado por los ganaderos; un tercio por el Estado (a través del Ministerio de Agricultura y Pesca) y las entidades territoriales, a partes iguales, y el tercio restante por las agencias del agua (11). Como contrapartida, los ganaderos que pueden beneficiarse de las ayudas están sujetos al pago de un canon por contaminación que perciben las agencias del agua.

(13)

Mediante nota de 24 de febrero de 1994 dirigida a las instancias administrativas interesadas, los Ministerios franceses de Medio Ambiente y de Agricultura precisaron los elementos de procedimiento señalados por el comité de seguimiento nacional encargado de la ejecución del programa: calendario, claves de financiación y aplicación ante los ganaderos.

(14)

Con respecto al vínculo del programa con las instalaciones declaradas de interés, las autoridades francesas señalan en esa nota que redunda en interés del ganadero, cuando se hayan realizado las obras previstas en el contrato o los contratos de control de la contaminación, ajustarse a los decretos ministeriales de 29 de febrero de 1992 relativos a las explotaciones, en lo concerniente a las disposiciones sobre la protección del agua.

(15)

La ejecución del PMPOA se ha llevado a cabo según un planteamiento sectorial utilizando circulares, en las que se especifican las modalidades de ayuda, del Ministerio de Agricultura y Pesca dirigidas a los prefectos de región y de departamento. A petición de la Comisión, las autoridades francesas le enviaron una copia de las circulares siguientes:

Circular DEPSE/SDEEA no 7016 de 22 de abril de 1994, «Ayudas a la puesta en conformidad de las explotaciones bovinas y porcinas»;

Circular DEPSE/SDEEA no 7021 de 18 de abril de 1995, «Ayudas a la puesta en conformidad de las explotaciones avícolas»;

Circular DEPSE/SDEEA no 7028 de 19 de junio de 1995, «Ayudas a la puesta en conformidad de las explotaciones»;

Circular DEPSE/SDEEA no 7001 de 15 de enero de 1996, «Ayuda a la puesta en conformidad de las explotaciones. Jóvenes agricultores que se instalen a partir del 1 de enero de 1996».

(16)

Los beneficiarios de las ayudas eran agricultores o propietarios de bienes raíces destinados a un uso agrícola, sobre todo en los sectores bovino, porcino y avícola. Por su parte, las inversiones tenían como finalidad el acondicionamiento de edificios existentes para aumentar la capacidad de almacenamiento de deyecciones animales y mejorar los equipos de almacenamiento a fin de situarse al nivel exigido por la normas de la Directiva sobre nitratos (12).

(17)

La financiación consistía en una intervención del Estado equivalente al 35 % de los costes, en forma de subvención de capital que abarcaba el 30 % de los costes, a la que puede añadirse un préstamo bonificado cuyo equivalente de subvención correspondería al 5 % de los costes. La participación de las agencias del agua, del orden de un tercio de los costes, no se indicaba en las circulares mencionadas en el considerando 15.

(18)

Con respecto a los sectores bovino y porcino, también se previeron ayudas para los agricultores que realicen su proyecto con arreglo a un plan de mejora material (PAM) en zonas desfavorecidas, en forma de una ayuda de capital del 30 % y de un préstamo de un equivalente de subvención del 15 %. Tratándose de jóvenes agricultores, se aumentan los porcentajes (43,75 % en zonas de llanura y 56,25 % en zonas desfavorecidas). En el sector avícola, está previsto conceder un aumento del 5 % mediante un préstamo bonificado, en caso de tratarse de jóvenes agricultores.

(19)

La Circular DEPSE/SDEEA no 7001 de 15 de enero de 1996 modificó los porcentajes de ayuda para los jóvenes agricultores que se instalen a partir del 1 de enero de 1996. El porcentaje de la subvención de capital pasa del 30 % al 35 % en las zonas desfavorecidas y los territorios rurales de desarrollo prioritario. No se han previsto préstamos bonificados. En las demás zonas, el porcentaje de ayuda en capital pasa del 30  al 32,5 %. Se permite un préstamo complementario que tenga un efecto de equivalente de subvención del 2,5 %.

(20)

Para poder acogerse a las ayudas, los productores tenían que presentar un estudio preliminar realizado, por encargo, por expertos técnicos autorizados, tras el cual se elaboraba el proyecto de inversión del productor. Este diagnóstico servía de base para la elaboración de un contrato sobre control de la contaminación (véase el considerando 21) y, por consiguiente, para la determinación de los costes de inversión subvencionables por cada uno de los participantes en la financiación pública de las obras. Dichos estudios representaban el 2 % del coste de las inversiones y se han financiado a partes iguales (50 % cada uno) por el Estado y las agencias del agua, sin rebasar la cifra límite de 6 000 francos franceses (FRF), es decir, 914 euros, impuestos excluidos.

(21)

El contrato de control de la contaminación era el elemento que garantizaba al ganadero la aplicación del mecanismo de ayuda previsto en el PMPOA y la compensación de un posible canon a la agencia del agua. Se trata de un contrato de confianza que pone inevitablemente de manifiesto la existencia de problemas medioambientales en una explotación, pero cuya finalidad es ayudar a su resolución. El contrato lo firma el conjunto de los socios financieros, incluido el ganadero.

2.   Argumentos aducidos por la Comisión con motivo de la incoación del procedimiento de examen

(22)

En primer lugar, la Comisión consideró que la participación de las agencia del agua en el PMPOA era una ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado. Las agencias del agua han participado en la financiación de los costes de inversión del PMPOA asumiendo un tercio de éstos. Los servicios de la Comisión no han tenido un conocimiento de su participación hasta la difusión de un informe de evaluación sobre la gestión y el balance del PMPOA, elaborado por la Inspección General de Finanzas (Inspection générale des finances), el Comité Permanente de Coordinación de las Inspecciones del Ministerio de Agricultura y Pesca (Comité permanent de coordination des inspections du Ministère de l'agriculture et la pêche) y el Consejo General de Ingeniería Rural de Aguas y Bosques (Conseil général du génie rural des eaux et forêts) (13).

(23)

La Comisión ha tenido en cuenta que el artículo 2 del Decreto francés no 66-700, de 14 de septiembre de 1966, relativo a las agencias financieras de cuenca, dispone que las agencias del agua son organismos públicos, que gozan de personalidad jurídica y autonomía financiera y, por lo tanto, que la legislación francesa no deja dudas sobre su naturaleza pública.

(24)

La Comisión ha llegado a la conclusión, en la decisión de incoación del procedimiento, de que, a la luz de las disposiciones legislativas adoptadas en Francia sobre las agencias del agua y sus métodos de funcionamiento, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia (14), las agencias del agua deben considerarse como una extensión del Estado y que la financiación por esas agencias de inversiones en las explotaciones agrícolas constituye, pues, una ayuda estatal (15).

(25)

La Comisión ha considerado que los importes asignados a los criadores de bovinos, de porcinos y de aves de corral, incluidos los procedentes de las agencias del agua, conferían a esos productores una ventaja con la que no podían contar otras producciones. Se trataba, por lo tanto, de una ayuda concedida por Francia que, al falsear o amenazar falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, era capaz de afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros. En consecuencia, la medida entra en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(26)

La Comisión ha llegado asimismo a la conclusión de que las ayudas estatales llevadas a efecto por Francia constituían ayudas nuevas no notificadas a la Comisión, que podrían, por ello, constituir ayudas ilegales con arreglo al Tratado. La Comisión se basaba, en particular, en el artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (16), en el que se define la ayuda ilegal como una nueva ayuda que se lleve a efecto contraviniendo lo dispuesto en el antiguo artículo 93 (que ha pasado a ser el artículo 88), apartado 3, del Tratado. La noción de nueva ayuda abarca toda ayuda, es decir, todo régimen de ayudas o toda ayuda individual que no sea una ayuda existente, incluida toda modificación de una ayuda existente.

(27)

La Comisión ha recordado que todo régimen de ayudas autorizado por ella en el que posteriormente se realizan modificaciones importantes —en este caso concreto, relacionadas con la participación de un organismo público en la financiación de la ayuda notificada a la Comisión, lo que altera considerablemente la clave de financiación y, en consecuencia, la cuantía de la ayuda— constituye una nueva ayuda que debe notificarse a la Comisión con arreglo al artículo 88 del Tratado y ser autorizada por ésta. La obligación de la notificación se consagra en el artículo 1, letra c), del Reglamento (CE) no 659/1999. Según la Comisión, la variación de la cuantía de la ayuda parecía constituir en sí un elemento modificador de la sustancia de la ayuda, que hace obligatoria la notificación con arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado.

(28)

La Comisión ha evaluado a continuación las ayudas en cuestión teniendo en cuenta el punto 23.3 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (17) (en lo sucesivo, «directrices agrarias»), según el cual, toda ayuda ilegal con arreglo al artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 debe evaluarse de conformidad con las normas y las directrices vigentes en el momento en que se concede la ayuda.

(29)

Con respecto a las inversiones subvencionadas y a la forma de las ayudas, la Comisión ha considerado que la naturaleza de las inversiones en el sector porcino se recogía efectivamente en el PMPOA y que las inversiones correspondían fundamentalmente a las notificadas a la Comisión y autorizadas por ella. En lo tocante al sector bovino, la Comisión, aunque en su momento no había examinado la ayuda desde el punto de vista de las normas comunitarias de competencia, ha podido comprobar, en el momento de la incoación del procedimiento, su compatibilidad con esas normas. En cuanto al sector avícola, la Comisión ha comprobado que el PMPOA recogía exactamente el mecanismo tal como lo había autorizado anteriormente. Por último, con respecto al régimen para los jóvenes agricultores que se instalasen a partir del 1 de enero de 1996, la Comisión ha comprobado que la parte del régimen relativa a las inversiones subvencionables no experimentaba modificaciones, únicamente se modificaba la forma de la ayuda en la parte financiada por el Estado.

(30)

De este modo, la Comisión ha podido llegar a la conclusión de que, con respecto a la naturaleza de las inversiones y a las formas de ayuda previstas por la autoridades francesas, las ayudas, pese a adolecer de ciertas ilegalidades, se han ejecutado de conformidad con las normas comunitarias de competencia vigentes en su momento. Así pues, la Comisión no ha cuestionado este aspecto de la ejecución de la ayuda.

(31)

Con respecto a la clave de financiación de las ayudas, la Comisión ha recordado que, de acuerdo con el marco normativo aplicable en el momento de la entrada en vigor del programa, el límite de las ayudas a las inversiones para la protección del medio ambiente era del 35 % de los costes realizados (el 45 % en las zonas desfavorecidas). El artículo 12, apartado 5, quinto guión, del Reglamento (CEE) no 2328/91, que contemplaba un examen de las ayudas nacionales con relación a los antiguos artículos 92 y 93 (que han pasado a ser 87 y 88) del Tratado y al artículo 6 del mencionado Reglamento, autorizaba las ayudas a las inversiones encaminadas a la protección y mejora del medio ambiente, siempre que las inversiones no supongan un aumento de la capacidad de producción. En su decisión sobre la ayuda estatal no N 136/91, la Comisión tuvo en cuenta que solía considerar como compatible con el mercado común un porcentaje del 35 % de los costes subvencionables para este tipo de ayudas (el 45 % en las zonas desfavorecidas con arreglo a la Directiva 75/268/CEE del Consejo, de 28 de abril de 1975, sobre la agricultura de montaña y de determinadas zonas desfavorecidas (18). Estos porcentajes de ayuda se han confirmado en el punto 3.2.3 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (19), poco después de la entrada en vigor del programa.

(32)

Por otro lado, las autoridades francesas habían dado a conocer la existencia y la naturaleza de estos límites en las circulares sectoriales de aplicación del PMPOA mencionadas en el considerando 15. En ellas señalan que «la Unión Europea ha autorizado que las ayudas públicas para este tipo de inversiones vinculadas a la mejora del medio ambiente alcancen el porcentaje excepcional del 35 %».

(33)

Teniendo en cuenta que la clave de financiación del programa prevé una participación en los costes de las inversiones de un tercio para el Estado y las entidades territoriales (a partes iguales, es decir, un sexto para cada parte), un tercio para las agencias del agua y un tercio para los agricultores, y teniendo en cuenta, en particular, que la contribución de las agencias del agua constituye una ayuda estatal, la Comisión ha llegado a la conclusión, en la decisión de incoación del procedimiento, que parecía que los límites de ayuda autorizados para este tipo de inversiones no se habían respetado. La contribución de las agencias del agua a la financiación del PMPOA podría haberse traducido en un aumento de la financiación pública hasta los dos tercios de los costes de las inversiones, es decir, hasta el 66,6 %, aproximadamente, de los costes realizados. Según la Comisión, ello habría supuesto rebasar el porcentaje permitido en torno a un 31,6 % (el 21,6 % en las zonas desfavorecidas) de los costes realizados. El mismo rebasamiento podría haberse producido en el caso del régimen para los jóvenes agricultores que se instalasen a partir del 1 de enero de 1996, ya que las modificaciones del régimen sólo atañen a la forma de la ayuda en la parte financiada por el Estado y no provocan, por lo tanto, un aumento global del porcentaje de intervención en favor de éstos.

(34)

La Comisión ha considerado asimismo que, desde el 1 de enero de 2000, fecha de aplicación de las directrices agrarias, autoriza, no obstante, basándose en el punto 4.1.1.2 de las mencionadas directrices, porcentajes de ayuda para este tipo de inversiones del 40 % de los costes en que se haya incurrido (el 50 % para las zonas desfavorecidas). Tratándose de jóvenes agricultores, el porcentaje aceptado es del 45 % (el 55 % en zona desfavorecida). Lo que quiere decir que, en aplicación de estas condiciones más favorables, con respecto a las ayudas concedidas en 2000, el rebasamiento de los porcentajes de la ayuda concedida sólo habría sido del 26,6 % (el 16,6 % en las zonas desfavorecidas) y, en lo tocante a los jóvenes agricultores, del 21,6 % (el 11,6 % en las zonas desfavorecidas), en el caso de las inversiones realizadas a partir del 1 de enero de 2000 que cumplan todas las condiciones previstas en las directrices agrarias.

(35)

Puesto que las ayudas autorizadas por la Comisión para inversiones se basaban en un porcentaje de financiación pública permitido del 35 %, como máximo, de los costes de esas inversiones (el 45 % en las zonas desfavorecidas), pudiendo oscilar entre el 40 % y el 55 %, según las circunstancias, a partir del 1 de enero de 2000, la Comisión ha tenido que constatar, en la decisión de incoación del procedimiento de examen, que la cuantía de las ayudas concedidas en aplicación del PMPOA podría no corresponderse con el porcentaje de ayuda autorizado por ella y que, por lo tanto, toda financiación pública concedida por encima de los límites autorizados constituiría una ayuda estatal incompatible con el Tratado.

(36)

La Comisión, previo examen de la información facilitada por las autoridades francesas, tenía dudas sobre la compatibilidad con el mercado común de la ayuda a las inversiones financiadas en virtud del PMPOA durante el periodo de 1994-2000, en particular con respecto a los importes de las ayudas que pueden haberse concedido por encima de los porcentajes autorizados (el 35 % e incluso el 45 %). Por ello ha incoado el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado.

(37)

La Comisión ha llegado asimismo a la conclusión de que el porcentaje de ayuda utilizado por las autoridades francesas para la realización de los diagnósticos de explotación era conforme a las normas de competencia aplicables.

III.   OBSERVACIONES PRESENTADAS POR FRANCIA

(38)

Mediante carta de 21 de junio de 2001, las autoridades francesas presentaron sus observaciones sobre la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con relación a la ayuda notificada.

(39)

Las autoridades francesas han tomado nota de la puntualización jurídica de la Comisión sobre el carácter público de las ayudas de las agencias del agua. Según esas autoridades, el Gobierno francés tiene previsto revisar la Ley no 64/1245, de 16 de diciembre de 1964, relativa al régimen y a la distribución del agua y a la lucha contra su contaminación, en la que se definen, en particular, los principios básicos del funcionamiento de las agencias del agua, con el fin, principalmente, de que las normas de cálculo de los cánones y las orientaciones de los programas de intervención financiera de las agencias estén sometidas, en el futuro, al voto del Parlamento.

(40)

No obstante, las autoridades francesas consideran que, para rebasar los porcentajes del 35 % y del 45 %, se podrían haber utilizado las disposiciones del artículo 12, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 2328/91, y las del artículo 12, apartado 3, letra d), del Reglamento (CE) no 950/97 del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias (20). Según las autoridades francesas, esas disposiciones permiten que no se apliquen las prohibiciones de las ayudas y las limitaciones del rebasamiento de esos porcentajes en el caso de determinadas inversiones, como las destinadas a la protección del medio ambiente.

(41)

Con relación al efecto sobre la competencia de la participación de las agencias del agua en el PMPOA, las autoridades francesas consideran que éstas no favorecen de manera injustificable a un sector nacional específico, por los motivos siguientes. Se trata, de hecho, de inversiones improductivas que, incluso con porcentajes de ayuda elevados, pesan sobre la economía de las explotaciones y ponen a los ganaderos en cuestión en una situación desfavorable con relación a los que no realizan tales inversiones. Estos últimos son, además, con mucho, los más numerosos en Francia. En opinión de las autoridades francesas, el falseamiento de la competencia redundaría, pues, en general, en detrimento de los ganaderos afectados y no en su beneficio.

(42)

Según las autoridades francesas, de haber falseamiento de la competencia con relación al artículo 87 del Tratado, sólo podría ser, pues, con respecto a los ganaderos de otros Estados miembros que hubiesen realizado obras parecidas, pero con ayudas financieras limitadas al 35 %, o al 45 % en las zonas desfavorecidas. Según las autoridades francesas, la realidad de un falseamiento de estas características sólo podría apreciarse, de hecho, caso por caso.

(43)

Las autoridades francesas prosiguen su razonamiento afirmando que los porcentajes de las ayudas reales aplicados a esas obras varían considerablemente de un ganadero a otro, habida cuenta de las disposiciones precisas de aplicación del programa. Dichas autoridades explican que esos porcentajes son, de manera muy general, claramente inferiores al 60 % si se calculan tomando el valor de la ayuda expresado como porcentaje del importe de la inversión, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CEE) no 2328/91 y al artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) no 950/97.

(44)

Según las autoridades francesas, las disposiciones de aplicación de las ayudas concedidas por el Estado, comunicadas a la Comisión, definen el marco general de aplicación del programa. Por su parte, las agencias del agua han adoptado la misma lista de obras subvencionables, pero los límites de las ayudas no son siempre los mismos. Además, localmente se han añadido límites técnicos (en m2 de superficies cubiertas de zona de ejercicio, por ejemplo), tanto en el caso de las ayudas de las agencias, como en el de las del Estado o las entidades locales; estos límites reducen con frecuencia la parte que debe financiarse de las obras subvencionables. Por último, en el caso de determinadas agencias del agua, también se ha podido producir una limitación global de la base de la ayuda por unidad de ganado mayor de nitrógeno (UGMN) («unité gros bétail azote» (UGBN)).

(45)

Así pues, de resultas de las diferentes limitaciones, el porcentaje real de ayuda concedido, relativo a los gastos realizados por el ganadero para la ejecución de las obras subvencionables, es siempre, en opinión de las autoridades francesas, prácticamente inferior a los porcentajes máximos permitidos por el programa.

(46)

Las autoridades francesas han explicado que, con motivo de las obras necesarias para la mejora de la eficacia medioambiental, determinados ganaderos realizan obras de modernización. Estas obras no son subvencionables y no reciben, pues, ayudas en virtud del PMPOA.

(47)

En el sector de la ganadería bovina, que representa el 80 % del número de explotaciones que pueden acogerse al PMPOA, el porcentaje de ayuda real medio es más bien bajo —oscila con frecuencia entre el 35 % y el 50 %— y, además, muy variable según los sistemas de producción. Ello se explica por la gran variedad de tipos de deyecciones —líquidas, sólidas y, lo más a menudo, mixtas— y, por lo tanto, de formas de almacenamiento, tanto en lo que se refiere su naturaleza (estercoleros y fosos para recogida de deyecciones), como a su capacidad, y por el hecho de que tanto las inversiones para almacenamiento, como las superficies de las zonas construidas con hormigón y la cobertura de las zonas de ejercicio, están supeditadas a límites técnicos o financieros especialmente bajos.

(48)

En las explotaciones de cría intensiva de cerdos y aves de corral, la capacidad de almacenamiento de efluentes existente es en general suficiente, habida cuenta de los periodos en que se prohíbe su esparcimiento. Las obras consisten entonces en restablecer la estanquidad de las zonas de almacenamiento o de las superficies de hormigón existentes o en instalar sistemas de alimentación bifase, que reduzcan la contaminación en origen en las explotaciones porcinas o que mejoren la gestión de las deyecciones en las explotaciones avícolas. En ese caso, el porcentaje de ayuda real puede llegar hasta el 60 % del importe de las obras subvencionables, como se muestra en el cuadro 1. No obstante, el importe de las obras es con frecuencia netamente menor que en el caso de los bovinos.

(49)

Según las autoridades francesas, un estudio sobre 20 000 expedientes de la cuenca de la agencia del agua Loira-Bretaña pone de manifiesto que el porcentaje de ayuda medio es del 40 %.

(50)

De hecho, una parte de esos expedientes corresponde a construcciones nuevas realizadas en virtud del programa cuando, por motivos diversos, no se ha considerado oportuno realizar las obras preconizadas en los edificios existentes. Según las autoridades francesas, estas situaciones deben tratarse por separado puesto que la ayuda ya no depende de las ayudas para la protección del medio ambiente, sino de las ayudas a la modernización previstas en el artículo 7, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) no 2328/91 y en el artículo 12, apartado 4, letra c), del Reglamento (CE) no 950/97. El importe de la ayuda no puede superar entonces la cota del 35 % o del 26,25 % (el 45 % o el 38,75 %, respectivamente, en zona desfavorecida) del coste de las obras, dependiendo de que el ganadero pueda obtener o no un plan de mejora material. En esos casos, el porcentaje real de la ayuda que figura en los ejemplos del cuadro 2 es siempre muy inferior a estos porcentajes; la columna a) indica cual habría sido el coste de la realización de las obras medioambientales si se hubiesen conservado los edificios.

(51)

Además, en una misma explotación pueden realizarse obras en edificios existentes y construcciones nuevas.

(52)

Por último, si se tuviese que hacer la comparación caso por caso, según las autoridades francesas, en rigor habría que excluir del campo de la comparación con arreglo al artículo 87 del Tratado a los ganaderos que pagan un canon anual a una agencia del agua.

Cuadro 1

Ejemplos de porcentajes de ayuda reales para adaptación a las normas en virtud del PMPOA

(importes en FRF)

Tipo de explotación

Mejoras necesarias

Importe total obras (a)

Importe obras subvencionables (b)

Importe escogido: Estado (c)

Importe escogido: agencia del agua (d)

Ayuda total (e)

Porcentaje real (e/b)

Explotación mixta:

52 lecheras, 20 nodrizas y renovación, es decir 120 UGM N

Impermeabilización y cobertura zona de ejercicio. Aumento capacidad estercolero. Construcción foso para recogida de deyecciones.

334 154

257 372

236 550

236 550

141 930

55,1  %

60 vacas lecheras y renovación, es decir 80 UGM N

Estanquidad foso existente. Construcción foso descubierto. Impermeabilización zona de ejercicio.

328 178

328 178

272 038

272 038

163 222

49,7  %

90 vacas lecheras y renovación, es decir 120 UGM N

Creación estercolero. Aumento capacidad foso. Separación aguas pluviales. Plan esparcimiento.

1 220 700

671 020

495 800

495 800

252 780

36,7  %

Explotación mixta: 450 cerdos magros, 84 bovinos carne y leche, es decir 115 UGM N

Paso a 9 meses duración almacenamiento efluentes. Cobertura zona ejercicio. Fuente agua cerdos.

196 380

188 330

177 225

177 225

115 195

57,5  %

147 cerdas, 27 verracos, 1 840 cerdos de engorde, es decir 223 UGM N

Red separación aguas. Cubierta patios pequeños.

93 180

305 510

16 163

16 163

10 505

34,4  %

210 cerdas, 1 318 cerdos de engorde, es decir 167 UGM N

Impermeabilización estercolero. Red de evacuación. Alimentación multifase.

100 293

55 375

55 375

55 375

33 225

60 %

242 000 aves de corral reproductoras, es decir 1 128 UGM N

Instalación de evacuación y secado de las deyecciones de las aves.

1 575 200

547 700

310 930

310 930

186 558

34,6  %


Cuadro 2

Ejemplos de porcentajes de ayuda reales en el caso de construcciones de edificios nuevos

(importes en FRF)

Tipo de explotación

Mejoras necesarias

Coste estimado edificios antiguos (a)

Importe total obras (b)

Importe escogido: Estado (c)

Importe escogido: agencia del agua (d)

Ayuda total (e)

Porcentaje real (e/b)

80 lecheras y renovación, es decir 123 UGM N

Construcción estabulación de paja todos animales. Colocación canalones.

380 120

468 502

328 640

90 880

118 592

25,3  %

75 nodrizas y crías, es decir 116 UGM N

Construcción estabulación libre. Aumento almacenamiento deyecciones y estercolero.

280 634

741 807

212 436

111 211

97 094

13,1  %

82 nodrizas y crías, es decir 134 UGM N

Construcción estabulación libre. Estanquidad zonas de hormigón. Aumento almacenamiento deyecciones y estercolero.

605 565

1 197 152

437 153

196 951

190 231

15,9  %

70 nodrizas y crías, es decir 110 UGM N

Construcción estabulación libre. Estanquidad zonas de hormigón. Construcción foso purín.

160 940

565 612

88 550

6 000

26 565

4,7  %

34 650 aves ponedoras, es decir 214 UGM N

Construcción gallineros. Zona de almacenamiento deyecciones de aves. Instalación secado deyecciones de aves.

368 454

2 309 993

368 454

176 454

163 472

7,1  %

IV.   Apreciación

1.   Introducción: el artículo 87, apartado 1, del Tratado

(53)

Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, «Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.»

(54)

Los artículos 87 a 89 del Tratado se han hecho aplicables en el sector de la carne de porcino mediante el artículo 21 del Reglamento (CEE) no 2759/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino (22). Se han hecho aplicables en el sector de la carne de vacuno mediante el artículo 40 del Reglamento (CE) no 1254/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno (23). Antes de la adopción de este último, eran aplicables en el mismo sector en virtud del artículo 24 del Reglamento (CEE) no 805/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de bovino (24). Asimismo, se han hecho aplicables en el sector de la carne de aves de corral mediante el artículo 19 del Reglamento (CEE) no 2777/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral (25).

1.1.   Existencia de una ventaja selectiva financiada mediante recursos estatales

(55)

Con respecto a la naturaleza de la ayuda, ésta debe determinarse a escala de los ganaderos que hayan realizado inversiones en virtud del PMPOA. La Comisión opina que la financiación del PMPOA ha dado una ventaja selectiva a los agricultores franceses.

(56)

La Comisión considera que, contrariamente a lo que pretenden las autoridades francesas en sus observaciones, el carácter improductivo de las inversiones no anula el efecto de ventaja de la ayuda en términos puramente económicos, ya que ésta sirve para sufragar un coste que normalmente asume el beneficiario, colocándolo de este modo en una situación ventajosa con respecto a los competidores que no reciben una ayuda de este tipo.

(57)

Además, incluso en la hipótesis de que tales inversiones improductivas pudieran suponer inicialmente un lastre para la economía de las explotaciones, colocando, según las autoridades francesas, a los ganaderos afectados en una situación desfavorable con relación a los que no efectúen ese tipo de inversiones, no es menos cierto que éstas obedecen a una obligación legal precisa y que, a la larga, todos los ganaderos en cuestión deberán realizar ese tipo de inversión para evitar encontrarse en una situación de infracción.

1.2.   La alteración de los intercambios comerciales

(58)

Para determinar si la ayuda objeto de la presente Decisión pertenece al ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado, es preciso determinar, en última instancia, si puede afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

(59)

El Tribunal ha comprobado que, cuando una ventaja concedida por un Estado miembro potencia la posición de una categoría de empresas con relación a otras empresas competidoras en los intercambios intracomunitarios, debe considerarse que tal ventaja influye en estos últimos (26).

(60)

Parece que las ayudas que son objeto de la presente Decisión pueden afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros, ya que favorecen la producción nacional en detrimento de la de otros Estados miembros. Los sectores en cuestión están especialmente abiertos a la competencia comunitaria y son, por consiguiente, muy sensibles a toda medida en favor de la producción en uno u otro Estado miembro.

(61)

El cuadro 3 muestra el nivel de los intercambios comerciales entre Francia y los demás Estados miembros de los productos en cuestión en el primer año siguiente a la entrada en vigor del PMPOA.

Cuadro 3

Francia/UE 11

Carne de vacuno

Carne de porcino

Aves de corral

Importaciones 1994

 

 

 

Toneladas

525 000

463 000

85 000

Millones de ecus

1 664

860

170

Exportaciones 1994

 

 

 

Toneladas

796 000

361 000

389 000

Millones de ecus

2 368

669

863

1.3.   Conclusiones sobre el carácter de ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado

(62)

Las medidas examinadas en la presente Decisión constituyen ayudas estatales con arreglo al Tratado porque proporcionan a los beneficiarios una ventaja económica que no tienen otros sectores. En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que estas medidas pertenecen al ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

2.   La ilegalidad de estas ayudas

(63)

El artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 define la ayuda ilegal como cualquier nueva ayuda que se lleve a efecto contraviniendo lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado. La noción de nueva ayuda abarca, de acuerdo con el artículo 1, letra c), del citado Reglamento, toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes.

(64)

Todo régimen de ayudas autorizado por la Comisión en el que posteriormente se incorporan modificaciones importantes —en el caso que nos ocupa, las relativas a la participación de un organismo público en la financiación de la ayuda notificada a la Comisión, que alteran considerablemente la clave de financiación y, por ende, la cuantía de la ayuda— constituye una nueva ayuda que debe notificarse a la Comisión con arreglo al artículo 88 del Tratado y ser autorizada por ella.

(65)

Según el Tribunal de Justicia, la obligación de comunicar a la Comisión proyectos tendentes a instituir o modificar ayudas, prevista en la primera frase del artículo 88, apartado 3, del Tratado, no se aplica únicamente al proyecto inicial, sino que se hace extensiva asimismo a las modificaciones efectuadas posteriormente en ese proyecto, en el entendimiento de que esas informaciones pueden facilitarse a la Comisión en el marco de las consultas a que dé lugar la notificación inicial (27).

(66)

La obligación de notificación se consagra en el artículo 1, letra c), del Reglamento (CE) no 659/1999.

(67)

Debe precisarse, además, que la inclusión de una ficha informativa en el inventario de ayudas elaborado por el Ministerio francés de Agricultura sólo tiene un valor puramente informativo y no puede calificarse de notificación con arreglo al Tratado. Es más, los datos que se recogen en aquella tampoco hacen referencia a la participación de las agencias del agua en el programa, aunque se afirma que la participación del Estado asciende al 35 % de los costes de las inversiones.

(68)

La Comisión no ha estado en condiciones de evaluar la participación de las agencias del agua en el programa ni los efectos que la cuantía de su participación podría haber tenido sobre la intervención pública a escala de las inversiones de que se trata. De manera más concreta, no ha podido examinar las posibles repercusiones que la participación de un organismo público en la financiación de la ayuda puede tener desde el punto de vista de la cuantía de la ayuda. De lo que se desprende que las ayudas efectivamente concedidas por las autoridades francesas no se ajustaban necesariamente a los mecanismos autorizados por la Comisión con arreglo a las ayudas estatales no N 136/91 y N 342/94.

(69)

La variación de la cuantía de la ayuda constituye en sí un elemento modificador de su naturaleza que hace obligatoria la notificación con arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado.

(70)

En lo relativo particularmente al sector bovino, las autoridades francesas no han notificado a la Comisión las ayudas a las inversiones previstas. Las autoridades francesas han pretendido, sin embargo, que, puesto que la Comisión consideraba que el mecanismo podía optar a una participación financiera comunitaria, contaban con argumentos para deducir de ello su compatibilidad con la normativa comunitaria. Ahora bien, el Reglamento (CEE) no 2328/91, aplicable entonces, disponía en su artículo 12, apartado 5, que las ayudas a las inversiones relativas a la protección y a la mejora del medio ambiente se autorizan siempre que no supongan un aumento de la producción y sean conformes con los artículos 92 a 94 del Tratado (actualmente, 87 a 89). Ello conlleva la obligación de notificar todo régimen de ayudas estatales con arreglo al antiguo artículo 93, apartado 3, del Tratado, más aún cuando las condiciones aplicadas a las ayudas en 1994 no correspondían a las condiciones comunicadas a la Comisión en 1991.

(71)

De lo expuesto anteriormente se deduce que las ayudas estatales llevadas a efecto por Francia consistían en nuevas ayudas no notificadas a la Comisión y, en consecuencia, ilegales con arreglo al Tratado.

3.   Examen de la compatibilidad de la ayuda

(72)

El artículo 87 del Tratado establece, sin embargo, excepciones, aunque algunas de ellas no son manifiestamente aplicables, en particular las previstas en el apartado 2. Las autoridades francesas no han buscado su amparo.

(73)

Por su parte, las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 3, del Tratado deben interpretarse estrictamente al examinar cualquier programa de ayuda con finalidad regional o sectorial o cualquier caso individual de aplicación de regímenes de ayudas generales. Las excepciones sólo pueden concederse, en particular, en el caso de que la Comisión pudiera demostrar que la ayuda es necesaria para la consecución de uno de los objetivos en cuestión. Conceder el beneficio de las mencionadas excepciones a ayudas que no representen una contrapartida de esta naturaleza equivaldría a permitir dañar los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsear la competencia sin justificación con respecto al interés comunitario y, correlativamente, disfrutar de ventajas indebidas a los agentes económicos de determinados Estados miembros.

(74)

La Comisión considera que estas ayudas no se destinan a favorecer el desarrollo económico de una región en la que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en la que exista una grave situación de subempleo, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado. Tampoco se destinan a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado. Las ayudas no se destinan tampoco a promover la cultura y la conservación del patrimonio, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado.

(75)

El artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado dispone que pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Para poder acogerse a esta excepción, las ayudas deben contribuir al desarrollo del sector de que se trate.

(76)

En lo que respecta a las inversiones subvencionadas y a la forma de las ayudas, la Comisión ha llegado a la conclusión, al incoar el procedimiento, de que, pese a adolecer de ciertas ilegalidades, las ayudas se han llevado a efecto con arreglo a las normas comunitarias de competencia aplicables entonces. La Comisión no tiene motivos para poner en tela de juicio este aspecto de la ejecución de la ayuda.

(77)

El examen de la compatibilidad de las ayudas que se expone a continuación tiene únicamente por objeto, pues, los porcentajes de ayuda aplicados por las autoridades francesas.

(78)

La Comisión ha señalado, al incoar el procedimiento de examen, que, de acuerdo con el marco normativo aplicable en el momento de la entrada en vigor del programa, el límite de las ayudas a las inversiones para la protección del medio ambiente era del 35 % de los costes en que se hubiera incurrido (el 45 % en las zonas desfavorecidas).

(79)

Las autoridades francesas consideran, no obstante, que para superar los porcentajes del 35 % y del 45 % podrían haberse utilizado las disposiciones del artículo 12, apartado 5, del Reglamento (CEE) no 2328/91 y las del artículo 12, apartado 3, letra d), del Reglamento (CE) no 950/97. Según dichas autoridades, estas disposiciones permiten que no se apliquen las prohibiciones de ayudas y las limitaciones de estos porcentajes para determinadas inversiones, como las encaminadas a la protección del medio ambiente.

(80)

La Comisión señala de entrada que el artículo 12, apartado 5, quinto guión, del Reglamento (CEE) no 2328/91, que contemplaba un examen de las ayudas nacionales con relación a los antiguos artículos 92 y 93 del Tratado (en la actualidad, 87 y 88) y del artículo 6 del citado Reglamento, autorizaba las medidas de ayuda para las inversiones relativas a la protección y mejora del medio ambiente, siempre que las inversiones no supusieran un aumento de la capacidad de producción. La Comisión considera demostrado que las inversiones a las que iban dirigidas estas ayudas no suponían un aumento de la producción, ya que se destinaban exclusivamente a la protección del medio ambiente en zonas rurales (almacenamiento y tratamiento de efluentes, en particular).

(81)

Por lo que se refiere, más concretamente, al porcentaje de ayuda admitido, la Comisión, en su decisión sobre la ayuda estatal no N 136/91 dirigida a Francia, recuerda que solía considerar como compatible con el mercado común un porcentaje del 35 % de los costes subvencionables para este tipo de ayudas (el 45 % en las zonas desfavorecidas).

(82)

Estos porcentajes de ayuda se confirmaron en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, poco después de la ejecución del PMPOA. Así, el punto 3.2.3 de esas directrices disponía que, por regla general, las ayudas a la inversión para fines ambientales pueden admitirse si no superan determinados niveles. La nota a pie de página no 14 precisaba, en su párrafo segundo, que «para las inversiones cubiertas por los apartados 1 y 5 del artículo 12 del Reglamento (CEE) no 2328/91 del Consejo (…), el nivel máximo aplicable es del 35 % o del 45 % en las zonas (…) desfavorecidas. Estos niveles máximos se aplicarán independientemente del tamaño de las empresas. Por lo tanto, no podrán ampliarse para las PYME, como se indica a continuación. Para las inversiones en regiones de los objetivos nos 1 y 5 b), la Comisión se reserva el derecho de aceptar, en casos concretos, niveles de ayuda superiores, si los Estados miembros consiguen demostrar a la Comisión que están justificados.»

(83)

El Reglamento (CE) no 2328/91 se derogó mediante el Reglamento (CE) no 950/97. El artículo 12, apartado 2, letra e), de este último Reglamento precisaba que los Estados miembros pueden conceder ayudas a las inversiones destinadas a «la protección y mejora del medio ambiente, siempre que las inversiones no supongan un aumento de la capacidad de producción». El artículo 12, apartado 3, del citado Reglamento precisaba que, «en las explotaciones individuales o asociadas que cumplen los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 5 y 9, las ayudas a las inversiones que sobrepasen los valores e importes indicados en los apartados 2 y 3 del artículo 7 y en el artículo 11 quedarán prohibidas». No obstante, en virtud del artículo 12, apartado 3, párrafo segundo, letra d), del citado Reglamento, esa prohibición no se aplicaba a las ayudas destinadas a «las inversiones destinadas a la protección y mejora del medio ambiente».

(84)

Ahora bien, el artículo 12, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 950/97 disponía que los artículos 92 a 94 del Tratado (en la actualidad, 87 a 89) se aplicasen a esas ayudas. Ello equivalía a una remisión a las normas de competencia aplicables entonces, es decir, a la práctica comunitaria ya citada en la decisión sobre la ayuda estatal no N 136/91, y a las condiciones que se recogen en las Directrices comunitarias para la protección del medio ambiente.

(85)

La Comisión, basándose en las disposiciones aplicables en el periodo de 1994-1999, tal como se describen en la presente Decisión, no puede sino llegar a la conclusión de que el porcentaje de ayuda máximo aplicable a las ayudas en cuestión era del 35 % de los costes asumidos (el 45 % en las zonas desfavorecidas) y que, por ello, las ayudas concedidas que superasen esos porcentajes no eran conformes a las mencionadas disposiciones.

(86)

No obstante, con respecto al año 2000, tratándose de ayudas a la inversiones en las explotaciones agrarias, el punto 4.1.1.2 de las directrices agrarias, aplicables desde el 1 de enero de 2000, dispone que el porcentaje máximo de ayuda pública, con relación a la inversión subvencionable, se limita al 40 %, o al 50 % en las zonas desfavorecidas. Ahora bien, cuando se trata de inversiones realizadas por jóvenes agricultores en los cinco años siguientes a la fecha de su instalación, el porcentaje máximo de ayuda se aumenta hasta el 45 %, o el 55 % en las zonas desfavorecidas.

(87)

El punto 4.1.2.4 de las directrices agrarias dispone, excepcionalmente, que cuando las inversiones supongan un aumento de costes derivado de la protección y mejora del medio ambiente, el porcentaje máximo de ayuda del 40 % y 50 %, mencionado en el punto 4.1.1.2 de las citadas directrices, puede aumentarse 20 y 25 puntos porcentuales, respectivamente. Así pues, este aumento puede concederse a inversiones necesarias para el cumplimiento de nuevas normas mínimas, según las condiciones fijadas en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1750/1999 de la Comisión, de 23 de julio de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (28). El incremento debe limitarse estrictamente a los costes subvencionables suplementarios necesarios para cumplir el objetivo marcado, y no se aplicará en el caso de inversiones que den lugar a un aumento de la capacidad de producción.

(88)

La entrada en vigor, el 23 de enero de 2004, del Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios (29), ha modificado la situación jurídica en relación con este caso. El citado Reglamento autoriza, en determinadas condiciones, las ayudas a las pequeñas y medianas empresas agrícolas, eximiéndolas de la obligación de notificación prevista en el artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(89)

Las autoridades francesas han precisado que los beneficiarios de las ayudas a las inversiones financiadas en virtud del PMPOA en el periodo de 1994-2000 eran pequeñas y medianas empresas con arreglo al artículo 2, punto 4), del Reglamento (CE) no 1/2004.

(90)

El artículo 20, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2004 dispone que las ayudas individuales y los regímenes de ayudas que se pongan en práctica antes de la fecha de entrada en vigor de ese Reglamento, así como las ayudas concedidas en virtud de esos regímenes sin contar con una autorización de la Comisión y que infrinjan la obligación de notificación prevista en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, son compatibles con el mercado común con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado y están exentos en virtud de ese Reglamento si cumplen las condiciones que establece el artículo 3, excepción hecha de los requisitos del apartado 1 y de las letras b) y c) del apartado 2 de ese mismo artículo.

(91)

El artículo 3, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1/2004 dispone que las ayudas concedidas al amparo de los regímenes mencionados en el apartado 2 de ese artículo son compatibles con el mercado común con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado y están exentas de las obligaciones que establece el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, siempre que cumplan las condiciones del citado Reglamento.

(92)

El artículo 4 del Reglamento (CE) no 1/2004 establece las condiciones que deben cumplirse en este caso, es decir, tratándose de un régimen de ayudas de inversión no notificado para pequeñas y medianas empresas.

(93)

Así, según el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1/2004, las ayudas de inversión en las explotaciones agrarias para la producción de productos agrarios son compatibles con el mercado común y están exentas de las obligaciones de notificación, en particular si la intensidad bruta de la ayuda no supera el 50 % de las inversiones subvencionables en las zonas desfavorecidas y el 40 % en las demás regiones.

(94)

Sin embargo, si las inversiones suponen costes suplementarios relacionados con la protección y la mejora del medio ambiente, los porcentajes máximos de ayuda del 50 % y 40 % pueden aumentarse 25 y 20 puntos porcentuales, respectivamente. Estos incrementos sólo pueden concederse a inversiones que vayan más allá de los requisitos comunitarios mínimos vigentes o a inversiones efectuadas para cumplir normas mínimas de reciente introducción. Los incrementos deben limitarse estrictamente a los costes subvencionables suplementarios necesarios y no se aplican en el caso de inversiones que den lugar a un aumento de la capacidad de producción.

(95)

En este caso concreto es evidente que se trata de inversiones destinadas a la protección y mejora del medio ambiente, reguladas por la Directiva sobre nitratos. Esta norma se adoptó en 1991 y, por consiguiente, ya no podía considerarse nueva norma en 2000.

(96)

Ahora bien, la Comisión ya se ha pronunciado sobre este problema con motivo de la ayuda estatal no N 355/2000, autorizando la continuación del PMPOA a partir de 2001 y hasta 2006. Valiéndose de nuevo del razonamiento seguido entonces, la Comisión insiste actualmente en que no puede ignorar que el primer programa de actuación francés para la aplicación de la Directiva sobre nitratos no se adoptó hasta 1997, y que las primeras obligaciones efectivas impuestas a los ganaderos sobre el terreno, que traducen el mencionado programa, son posteriores a esta fecha. Aunque es evidente que Francia no ha demostrado diligencia en la transposición de la Directiva y que tendría que haber adoptado las disposiciones necesarias dentro de unos plazos que expiraron hace tiempo (30), es innegable que las primeras obligaciones conocidas por los ganaderos son mucho más recientes.

(97)

Además, contrariamente a determinadas otras normas comunitarias, la Directiva sobre nitratos no establece obligaciones precisas a las que los agentes económicos tuvieran que conformarse sin la intervención previa del Estado miembro. Esta Directiva no fija tampoco un plazo para la adaptación de las instalaciones.

(98)

Por este motivo, la Comisión sigue opinando que, a la luz de las circunstancias especiales que concurren en la Directiva sobre nitratos, las obligaciones a que estaban sometidos los ganaderos podían considerarse como nuevas normas con arreglo al Reglamento (CE) no 1/2004. Cualquier otra interpretación penalizaría a los ganaderos por la inacción de Francia en el plano jurídico.

(99)

La Comisión considera que las inversiones realizadas en las zonas no vulnerables con arreglo a la Directiva sobre nitratos, en las que las condiciones que se exigen en ella no son de aplicación, podían, en cualquier caso, disfrutar de porcentajes superiores ya que se aplicaban normas menos exigentes que las establecidas en la mencionada Directiva y que las obras previstas iban más allá de las exigencias mínimas vigentes en esas regiones.

(100)

En lo tocante a las inversiones por realizar en las zonas vulnerables, la Comisión, aunque es coherente con su razonamiento ya expuesto sobre la naturaleza nueva de las normas a que estaban sometidos los ganaderos, debe concluir que, en este caso, podían aumentarse los porcentajes de ayuda, quedando fijados, por lo tanto, en el 60 % de los costes de las inversiones o en el 75 % en las zonas desfavorecidas.

(101)

Dado que las cifras facilitadas por las autoridades francesas ponen de manifiesto que la cuantía de las ayudas no ha superado nunca en la práctica el 60 % de los costes soportados, la Comisión considera que pueden autorizarse las ayudas concedidas en el periodo de 1994-1999 al amparo del PMPOA.

(102)

A la luz del razonamiento expuesto, la Comisión considera que la medida notificada es compatible con las normas comunitarias de competencia y, en particular, con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

V.   CONCLUSIÓN

(103)

La medida consistente en la concesión de una ayuda de inversión para agricultores en virtud del Programa de control de la contaminación de origen agrario (PMPOA) en el periodo de 1994-2000 puede acogerse a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El régimen de ayudas estatales que Francia ha llevado a efecto para financiar las inversiones realizadas por los agricultores con motivo del Programa de control de la contaminación de origen agrario (PMPOA) de 1994 a 2000 es compatible con el mercado común con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.

Artículo 2

La destinataria de la presente Decisión será la República Francesa.

Hecho en Bruselas, el 18 de febrero de 2004.

Por la Comisión

Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión


(1)  DO C 179 de 23.6.2001, p. 18.

(2)  Ayuda estatal no N 136/91.

(3)  DO L 218 de 6.8.1991, p. 1.

(4)  C(93) 1888.

(5)  Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 15 de septiembre de 1998, asuntos acumulados T-126/96 y C-127/96, Breda Fucine Meridionali SpA y otros/Comisión (Rec. p. II-3437). En esa sentencia, el Tribunal sostiene el argumento de la Comisión según el cual una comunicación de un Estado miembro no puede aceptarse como notificación válida cuando no hace referencia explícita al artículo 88, apartado 3, del Tratado ni se ha presentado a la Secretaría General. Por eso, debe considerarse que la ayuda no se ha notificado.

(6)  Ayuda estatal no N 342/94.

(7)  Véase la nota a pie de página no 5.

(8)  Véase la nota a pie de página no 1.

(9)  Ayuda estatal no N 355/2000.

(10)  DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.

(11)  De acuerdo con la información que obra en poder de la Comisión —que procede parcialmente de la página Internet que tienen las agencias del agua (http://www.eaufrance.tm)—, estas agencias son organismos públicos, creados en 1964, que gozan de personalidad jurídica y autonomía financiera. Dependen del Ministerio de Medio Ambiente (Ministère de l'environnement) y del Ministerio de Economía (Ministère de l'économie et des finances), y las dirige un consejo de administración cuya composición es representativa de los diferentes usuarios del agua. Las agencias están distribuidas entre seis grandes cuencas que abarcan el conjunto del territorio nacional metropolitano: Adour-Garona, Artois-Picardía, Loira-Bretaña, Rin-Mosa, Ródano-Mediterráneo-Córcega y Sena-Normandía. Su organización es idéntica y consta de un comité de cuenca, de una agencia del agua y de un consejo de administración. Su política la define el Comité de Bassin (Comité de Cuenca) y se articula en torno a cuatro grandes ejes: gestión y recursos hídricos; lucha contra la contaminación; preservación de los medios acuáticos, y seguimiento de la calidad de las aguas continentales y litorales.

Entre 1997 y 2001, las agencias del agua previeron prestar ayuda para la financiación de un volumen de obras evaluado en unos 16 000 millones de euros a fin de preservar los recursos hídricos y luchar contra la contaminación. Las agencias ofrecen asesoramiento técnico a los representantes políticos, empresarios y agricultores y les proporcionan ayudas financieras para la realización de las obras necesarias para luchar contra la contaminación del agua y proteger los recursos hídricos. Las agencias obtienen su financiación de los cánones proporcionales abonados por los contaminadores y usuarios del agua. Estos cánones se redistribuyen después en forma de ayudas (subvenciones y préstamos) entre las entidades locales, la industria y la agricultura (y de manera más general, entre los promotores), para realizar diversas obras, como, por ejemplo, estaciones depuradoras, redes de saneamiento, producción de agua potable, acondicionamiento de ríos, elaboración de estudios o la instauración de redes de medida.

(12)  Los detalles de las inversiones subvencionadas pueden consultarse en la decisión de incoación del procedimiento.

(13)  Informe elaborado el 26 de julio de 1999 y difundido en 2000 mediante la página Internet del Ministerio francés de Agricultura: http://www.agriculture.gouv.fr.

(14)  Véanse en particular: sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996, Compagnie nationale Air France/Comisión, asunto T-358/94 (Rec. p. II-2109); sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de marzo de 1977, asunto 78/76, Steinike & Weinlig/RFA (Rec., p. 595); sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, asuntos acumulados T-197/97 y T-198/97, Weyl Beef Products BV y otros/Comisión (Rec. p. II-303); sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de enero de 1985, asunto 290/83, Comisión/Francia (Rec., p. 439); communication de la Commission du 26 mars 1997 sur les impôts, taxes et redevances environnementaux dans le marché unique (COM (97) 9 final).

(15)  Véase la argumentación exhaustiva de la Comisión sobre la naturaleza pública de las agencias del agua en la decisión de incoación del procedimiento.

(16)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1.

(17)  DO C 28 de 1.2.2000, p. 2, y Corrección de errores, DO C 232 de 12.8.2000, p. 17.

(18)  DO L 128 de 19.5.1975, p. 1.

(19)  DO C 72 de 10.3.1994, p. 3.

(20)  DO L 142 de 2.6.1997, p. 1.

(21)  1 FRF = 0,15 euros.

(22)  DO L 282 de 1.11.1975, p. 1.

(23)  DO L 160 de 26.6.1999, p. 21.

(24)  DO L 148 de 28.6.1968, p. 24.

(25)  DO L 282 de 1.11.1975, p. 77.

(26)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980, asunto 730/79, Philip Morris Holland BV/Comisión (Rec. p. 2671, punto 11).

(27)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 1984, asuntos acumulados 91 y 127/83, Heineken Brouwerijen BV/Inspecteur der Vennootschapsbelasting en Ámsterdam y en Utrecht (Rec., p. 3435).

(28)  DO L 214 de 13.8.1999, p. 31. El párrafo segundo del citado artículo 2 dispone que «cuando las inversiones se destinen a cumplir con las normas mínimas en materia de medio ambiente (…) establecidas recientemente, podrá concederse ayuda para la observancia de dichas normas. En este caso, podrá concederse un plazo para el cumplimiento de estas normas mínimas, siempre que se considere necesario para solventar los problemas específicos que plantee la observancia de aquellas y siempre que dicho periodo respete la normativa específica en cuestión.»

(29)  DO L 1 de 3.1.2004, p. 1.

(30)  Debe señalarse a este respecto que, de resultas de un procedimiento de infracción emprendido contra Francia, la Comisión recurrió al Tribunal de Justicia por la mala aplicación de la Directiva sobre nitratos en ese Estado. El Tribunal condenó a Francia por no haber procedido a la correcta identificación de las aguas contaminadas y, consecuentemente, a la designación de las zonas vulnerables correspondientes (Sentencia del Tribunal de 27 de junio de 2002, asunto C-258/00, Comisión/Francia (Rec. p. I-05959)).


6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/14


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 19 de mayo de 2004

relativa al régimen de ayudas que Italia tiene previsto otorgar a las empresas avícolas — Programa AIMA — Sector avícola C 59/2001 (ex N 97/1999)

[notificada con el número C(2004) 1802]

(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(2007/52/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Tras haber emplazado a los interesados a presentar sus observaciones conforme a dicho artículo,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

Mediante carta de 17 de diciembre de 1999, registrada el 22 de diciembre de 1999, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea notificó a la Comisión, conforme a lo establecido en el artículo 88, apartado 3, del Tratado, la medida considerada, relativa a determinadas intervenciones de la AIMA (Asociación italiana de Mercados Agrícolas) en favor del mercado avícola italiano, supuestamente afectado por una drástica disminución del consumo y la venta de aves de corral a raíz de la «crisis de la dioxina» registrada en 1999.

(2)

Mediante cartas de 8 de agosto de 2000, registrada el 9 de agosto de 2000, de 15 de noviembre de 2000, registrada el 21 de noviembre de 2000, de 27 de febrero de 2001, registrada el 1 de marzo de 2001, y de 23 de mayo de 2001, registrada el 28 de mayo de 2001, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea comunicó a la Comisión la información complementaria solicitada a las autoridades italianas en las cartas de 18 de febrero de 2000 (ref. AGR 5073), de 2 de octubre de 2000 (ref. AGR 25123), de 10 de enero de 2001 (ref. AGR 000449) y de 24 de abril de 2001 (ref. AGR 009825).

(3)

Mediante carta de 30 de julio de 2001, la Comisión comunicó a Italia su decisión de incoar respecto de la ayuda en cuestión el procedimiento a que se refiere el artículo 88, apartado 2, del Tratado.

(4)

Mediante dicha decisión, que fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea  (1), la Comisión invitó a los interesados a presentar observaciones sobre la medida considerada.

(5)

Las autoridades italianas presentaron sus observaciones mediante carta de 24 de octubre de 2001, registrada el 26 de octubre de 2001. La Comisión no ha recibido observaciones de terceros interesados.

II.   DESCRIPCIÓN

Fundamento jurídico

(6)

Programa nacional de intervención de la AIMA para el año 1999. El fundamento jurídico de la ayuda prevista es el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Ley no 610/82, que autoriza a la AIMA a proporcionar productos agroalimentarios a países en desarrollo designados de común acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores y previa consulta del Instituto nacional de la alimentación, haciendo uso de medios procedentes de su gestión financiera, en función de la evolución del mercado interior y de las disponibilidades.

Contexto

(7)

La Unión Nacional de Avicultura italiana (UNA) solicitó a la AIMA (Asociación italiana de Mercados Agrícolas) que interviniera en el mercado para hacer frente a las graves consecuencias de la crisis de la dioxina registrada en el sector de consumo de carne de ave de corral.

(8)

En un primer momento (véase la carta de 17 de diciembre de 1999), tras la negativa de la AIMA de comprar 17 000 toneladas de carne sin vender, por valor de 40 000 millones de ITL (unos 20 millones de euros), la UNA propuso que se comercializara una parte de la carne (11 450 toneladas) a precios ventajosos en mercados de países en desarrollo y que la diferencia entre el valor comercial real de la mercancía y su precio de venta (alrededor de 20000 millones de ITL, es decir, el 50 % del valor comercial corriente) quedara a cargo de la AIMA.

(9)

A raíz de las observaciones formuladas por la Comisión (véase la carta de 18 de febrero de 2000), según las cuales la ayuda constituía más bien una restitución a la exportación, que cubría la diferencia entre el precio de las aves de corral en los países en desarrollo y el precio en el mercado italiano (y resultaría pues incompatible, por su naturaleza, con el mercado común y con las obligaciones de la Comunidad en el marco de la Organización Mundial del Comercio y de la organización común de mercados), las autoridades italianas no volvieron a mencionar, en su carta de 10 de agosto de 2000, la finalidad inicial de la ayuda, sino que estimaron que las pérdidas sufridas por los productores italianos de aves de corral podían considerarse derivadas de acontecimientos de carácter excepcional (y no de los riesgos normales del mercado), por lo que podían acogerse a la excepción contemplada en el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado.

Medida

(10)

El programa en cuestión prevé la concesión de una compensación a los productores avícolas a causa de la reducción de los precios y la caída de las ventas debidas a la crisis de la dioxina y a la alarma que cundió entre los consumidores. La ayuda corresponde a la diferencia entre los precios medios practicados en los países que no se vieron afectados por la crisis y los precios en el mercado italiano en junio-julio de 1999 (período considerado a efectos de la compensación). Según las autoridades italianas, los precios medios practicados en los países que no se vieron afectados por la crisis (con excepción de Italia) eran de 137,89 euros/100 kg en junio y de 132,35 euros/100 kg en julio. La diferencia de precio ascendía, por tanto, a 53,966 euros/100 kg en junio y a 46,218 euros/100 kg en julio (2). La ayuda alcanza, como máximo, 21 150 ITL/100 kg (es decir, 10,92 euros/100 kg) y 15 400 ITL/100 kg (es decir, 7,95 euros/100 kg) y se concede por la carne producida y comercializada en junio y julio de 2001, con un importe total máximo de 10 329 138 euros.

(11)

Las autoridades italianas aducen, en apoyo de la medida, que la crisis de la dioxina ocasionó no sólo una fuerte disminución de la producción y el comercio (debida a las perturbaciones del mercado que acarreó el desencadenamiento de la crisis) sino también una caída del consumo de productos avícolas. Según los datos facilitados por dichas autoridades, en junio de 1999 se vendieron a precio reducido 34 700 000 kg de carne (frente a 52 000 000 kg en junio de 1998) y en julio de ese mismo año, 30 200 000 kg (frente a 51 000 000 kg en julio de 1998 (3). Pese a las medidas preventivas adoptadas por la UNA para evitar una crisis por exceso de producción de carne avícola (consistentes en el sacrificio, en marzo, de polluelos que habrían alcanzado la madurez en los meses siguientes), la crisis de la dioxina impidió la obtención de resultados satisfactorios en ese sector.

(12)

En sus cartas de 21 de noviembre de 2000 y de 28 de mayo de 2001, las autoridades italianas insistieron en el papel fundamental que habían desempeñado los medios de comunicación durante los meses que duró la crisis: en su opinión, la inquietud que suscitaron agravó la importante disminución del consumo de carne avícola (inferior, respecto al año anterior, en un 29,1 % en junio, un 10,1 % en julio, un 16,2 % en agosto y un 5,9 % en todo el año). La caída de la demanda acarreó una fuerte contracción de los precios, particularmente acusada en junio y julio (- 30 % y -30,1 % respecto a los mismos meses del año anterior). Además de ello, para hacer frente a tal situación, los productores italianos tuvieron que almacenar 4 150 toneladas de carne de pollo en junio, 9 271 toneladas en julio y 2 595 toneladas en agosto, por no poder darles salida en el mercado.

(13)

La ayuda no contempla indemnización alguna por la eliminación de animales o productos de origen animal impropios para el consumo y la comercialización.

Importe de la ayuda

(14)

El importe total máximo de la contribución prevista es de 20 000 millones de ITL (10 329 138 euros).

Motivos de la incoación del procedimiento

(15)

La Comisión incoó el procedimiento mencionado en el artículo 88, apartado 2, del Tratado porque albergaba dudas acerca de la compatibilidad del régimen con el mercado común. Se preguntaba si cabía asimilar la ayuda en cuestión a una ayuda destinada a compensar las pérdidas debidas a un acontecimiento de carácter excepcional. En efecto, las autoridades italianas adujeron el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado, según el cual las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por acontecimientos de carácter excepcional son compatibles con el mercado común. La notificación se refiere a la crisis de la dioxina como a un acontecimiento de carácter excepcional.

(16)

En el Tratado no se define el concepto de acontecimiento de carácter excepcional; la Comisión aplica esa disposición caso por caso, tras valorar detenidamente el hecho concreto de que se trate. En el caso de la crisis de la dioxina, la Comisión concluyó, en relación con los productos alimenticios y los alimentos para animales producidos en Bélgica, que se trataba de un acontecimiento de carácter excepcional conforme al artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado, habida cuenta de la naturaleza y la envergadura de las restricciones que resultaron necesarias para proteger la salud pública en dicho país (4).

(17)

Existen otros precedentes por lo que respecta a la definición de acontecimiento de carácter excepcional, concretamente en el marco de diversas ayudas concedidas por el Reino Unido (5) en relación con la crisis de la EEB: la Comisión concluyó que se trataba de un acontecimiento de carácter excepcional, habida cuenta, en particular, de la prohibición de exportar carne de vacuno y de la fuerte disminución de su consumo a raíz de la incertidumbre y la inquietud que suscitó la información relativa a la EEB. Cabe subrayar, sin embargo, que los ejemplos mencionados se refieren a países afectados directamente por el fenómeno (la EEB en el Reino Unido y la dioxina en Bélgica, respectivamente) y no, como en el caso que nos ocupa, a un país cuyo mercado se vio perturbado a causa de la preocupación de los consumidores por la dioxina.

(18)

En los casos citados, la Comisión aceptó la indemnización a los productores por la pérdida de ingresos con la condición de que la pérdida de cuotas de mercado y la disminución del consumo se debieran no sólo a la inquietud social sino también a factores excepcionales que hubieran obstaculizado el comercio normal de los productos considerados (una serie de medidas públicas añadidas a un comportamiento realmente extraordinario de los consumidores y los medios de comunicación). En las decisiones antes mencionadas, pudo establecerse siempre una relación directa e inmediata entre el conjunto de los hechos considerados un acontecimiento de carácter excepcional y las pérdidas sufridas por las empresas.

(19)

Las autoridades italianas, a las que se había solicitado demostraran la existencia de una relación entre las pérdidas de ingresos de los productores agrícolas y la existencia de un acontecimiento de carácter excepcional para que la Comisión pudiera autorizar la indemnización por tales pérdidas en virtud del artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado, no lograron proporcionar una explicación convincente. La rápida extensión de la alarma social, que se tradujo en una fuerte perturbación del mercado en el que operaban los criadores italianos, en la pérdida de cuotas de mercado y, por ende, en la disminución del volumen de negocios respecto al previsto en situación normal, no parece, sobre la base de la información disponible en la actualidad, constituir en sí un acontecimiento de carácter excepcional a efectos del Tratado. Por otra parte, nada indica que las autoridades nacionales o comunitarias adoptaran medidas de bloqueo de las ventas.

(20)

Aun suponiendo que se demostrara que la incidencia «mediática» en Italia fue mayor que en otros países europeos, habida cuenta de la sensibilidad de la población en materia de seguridad alimentaria y de la existencia de un movimiento de opinión muy crítico por lo que respecta a los sistemas de producción en el sector zootécnico, tales consideraciones parecen todavía insuficientes para demostrar el carácter excepcional del acontecimiento considerado.

(21)

La Comisión se pregunta más bien por qué motivo los productores italianos no sacaron partido de dicha situación incrementando las ventas de productos avícolas en el extranjero (o incluso en el territorio nacional), dado que, a diferencia de Bélgica, Italia no figuraba entre los países directamente afectados por la crisis de la dioxina.

(22)

Otro aspecto que es preciso aclarar es la afirmación formulada por las autoridades italianas según la cual los criadores tuvieron que congelar la carne sin vender (4 150,8 toneladas en junio, 9 271,3 toneladas en julio y 2 595,9 toneladas en agosto). Conforme a dicha afirmación, cabe pensar que esa operación tal vez permitió diferir la venta de los productos avícolas que no se habían vendido durante el período de crisis, en cuyo caso las pérdidas habrían sido inferiores a las declaradas en el marco del estudio del caso. Además, la Comisión no podía determinar la cantidad de carne que no se vendió a causa de la caída de la demanda por el temor a la presencia de dioxina, ni tampoco el alcance del exceso de producción debido a una previsión equivocada de la demanda en verano.

(23)

A la luz de lo anterior, la Comisión no puede excluir que se tratara de una ayuda destinada únicamente a mejorar la situación económica de los productores, sin contribuir en modo alguno al desarrollo del sector; por añadidura, una ayuda concedida solo sobre la base del precio, de la cantidad o de la unidad de producción, es decir, asimilable a una ayuda de funcionamiento y, por tanto, incompatible con el mercado común con arreglo al apartado 3.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (6) (en lo sucesivo, «las Directrices»).

(24)

Por consiguiente, la Comisión no estaba segura de que hubiera una relación entre las pérdidas de ingresos sufridas por los productores del sector avícola italiano y la existencia de un acontecimiento de carácter excepcional, ni de que las ayudas consideradas reunieran las condiciones para ser autorizadas en virtud del artículo 87, apartado 2, letra b) o del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado (a este respecto, ni siquiera parecen facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas), o declaradas conformes a alguno de los apartados de las Directrices.

III.   OBSERVACIONES FORMULADAS POR ITALIA

(25)

En su carta de 24 de octubre de 2001, registrada el 26 de octubre de 2001, las autoridades italianas destacaron ante todo que en la decisión de incoación del procedimiento no se había cuestionado la disminución del consumo de productos avícolas en junio, julio y agosto y, en menor medida, hasta diciembre de 1999.

(26)

Según las autoridades italianas, dado que la Comisión no había puesto en tela de juicio las pérdidas ocasionadas por la disminución de las ventas y de los precios, se trataba sólo de comprobar que tales pérdidas guardaban relación con la crisis de la dioxina. En su opinión, esa relación queda demostrada por el hecho de que las primeras noticias sobre el «pollo con dioxina» se difundieron el 28 de mayo de 1999 a las 19.00 horas y que la caída repentina de las ventas tuvo lugar a partir del mes de junio de 1999 (reducción de las ventas de un 29 % respecto a junio de 1998). Sostienen que los cambios en el consumo en Italia siguieron de cerca la alarma social generada por los medios de comunicación: importante disminución de las ventas en el momento de la primera difusión de la información relativa a la dioxina, recuperación en el mes de julio, cuando decayó el interés de los medios de comunicación, y reducción continua de las ventas en agosto, a raíz de la comunicación de la decisión de la Unión Europea de doblar la dosis máxima de dioxina tolerable en determinados productos. A partir del mes de septiembre, los medios de comunicación prestaron cada vez menos atención al acontecimiento y el consumo de productos avícolas se normalizó progresivamente.

(27)

Así pues, para las autoridades italianas, la relación entre la alarma social que cundió a raíz de la difusión de información sobre la dioxina en Bélgica y la disminución del consumo y de los precios es innegable.

(28)

Quedaría, pues, por demostrar que la crisis de la dioxina acaecida en Italia puede considerarse un acontecimiento de carácter excepcional conforme al artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado. La Comisión ya había reconocido el carácter excepcional de la crisis de la dioxina declarada en Bélgica, habida cuenta de la naturaleza y la envergadura de las restricciones impuestas para proteger la salud pública. Si bien es cierto que Italia no se vio directamente afectada por dicha crisis, en opinión de las autoridades italianas, no puede negarse que sus efectos traspasaron las fronteras nacionales y afectaron también a otros países cercanos, como Italia.

(29)

Las autoridades italianas sostienen que, por acontecimiento de carácter excepcional con arreglo al artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado, ha de entenderse todo hecho no previsible o difícilmente previsible, como las catástrofes naturales. Debe, por tanto, considerarse el acontecimiento en sí y no las medidas adoptadas para hacer frente a la situación de crisis, que son únicamente consecuencia del propio acontecimiento. Además, en el caso de la EEB en el Reino Unido, la Comisión reconoció el carácter excepcional del acontecimiento por lo que respecta a la prohibición de exportación de carne, pero sobre todo debido a la disminución del consumo de carne de vacuno por la incertidumbre y el temor que suscitó la información relativa a la EEB. Supuestamente, se produjo la misma situación en Italia en 1999, tras la alarma que generó la dioxina. La prohibición de las exportaciones del Reino Unido no incidió de forma significativa en la disminución del consumo, ya que, incluso sin la prohibición, los consumidores extranjeros (como los propios consumidores ingleses) habrían disminuido en cualquier caso el consumo de carne de vacuno, lo cual habría impedido dar a esos productos otras salidas comerciales en el extranjero. En el caso de la dioxina en 1999, debe añadirse que todos los terceros países prohibieron, durante el mismo período, las importaciones de carne avícola procedente de la UE.

(30)

Por consiguiente, el motivo por el cual los productores italianos no recurrieron a otros mercados ni hicieron uso del mercado italiano reside en el carácter transnacional del acontecimiento, que traspasó con creces las fronteras belgas.

(31)

Según las autoridades italianas, los ingresos de algunas empresas avícolas italianas en el período junio-agosto de 1999, ponen claramente de manifiesto la disminución de los precios y las ventas.

IV.   VALORACIÓN JURÍDICA

Existencia de la ayuda

(32)

Conforme al artículo 87, apartado 1, del Tratado, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(33)

El artículo 19 del Reglamento (CE) no 2777/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral (7), dispone que, salvo disposición en contrario de dicho Reglamento, se aplican los artículos 87, 88 y 89 del Tratado a la producción y al comercio de los productos recogidos en el Reglamento.

(34)

La medida prevista contempla el abono de fondos públicos a determinadas empresas; la ayuda en cuestión (que asciende a 20 000 millones de ITL) se concedería de forma selectiva a los criadores que supuestamente sufrieron pérdidas por la crisis de la dioxina. Además de ello, la medida favorece ciertas producciones (las del sector de la cría avícola) y puede influir en los intercambios comerciales, habida cuenta de la cuota que posee Italia en la producción total de aves de corral de la Unión (13,2 %). En 2001, la producción italiana bruta de aves de corral alcanzaba 1 134 000 toneladas, mientras que la de la UE-15 ascendía a 9 088 000 toneladas (8).

(35)

La medida considerada corresponde, por tanto, a la definición de ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado.

Compatibilidad de la ayuda

(36)

La prohibición de conceder una ayuda estatal admite excepciones. En este caso, las autoridades italianas adujeron las excepciones contempladas en el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado, en virtud del cual pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.

(37)

Dado que en el Tratado no se define el concepto de «acontecimiento de carácter excepcional», debe analizarse si cabe asimilar la «crisis de la dioxina» en Italia a un acontecimiento de carácter excepcional de acuerdo con el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado.

(38)

Conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (9), a la hora de evaluar las ayudas destinadas a compensar las pérdidas ocasionadas por desastres naturales o acontecimientos de carácter excepcional, la Comisión ha considerado, lógicamente, que los conceptos de «desastre natural» y «acontecimiento de carácter excepcional» mencionados en el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado debían interpretarse de forma restrictiva, dado que constituyen excepciones al principio general de incompatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común, establecido en el artículo 87, apartado 1. Hasta ahora, la Comisión ha considerado desastres naturales los terremotos, los aludes, los deslizamientos de tierra y las inundaciones. Los acontecimientos de carácter excepcional aceptados hasta la fecha son la guerra, los disturbios internos, las huelgas y, con ciertas reservas y en función de su extensión, los accidentes nucleares o industriales graves, así como los incendios que ocasionan grandes pérdidas. Sin embargo, la Comisión no consideró acontecimiento de carácter excepcional un incendio declarado en un solo establecimiento de transformación cubierto por un seguro comercial normal. Por lo general, la Comisión no considera desastre natural ni acontecimiento de carácter excepcional las epizootias ni las fitopatías, si bien es cierto que en un caso la Comisión reconoció como acontecimiento de carácter excepcional la extensa propagación de una enfermedad animal hasta entonces desconocida. Dada la dificultad de prever tales acontecimientos, la Comisión seguirá evaluando caso por caso las propuestas de concesión de ayudas de conformidad con el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado, a la luz de la práctica en el sector. El análisis caso por caso es especialmente necesario en el contexto de una ayuda concedida en un sector sensible, como es el de las aves de corral, en el que cualquier medida de intervención en los mercados podría chocar con las medidas previstas por la organización común de mercados.

(39)

Como norma general, la Comisión no puede aceptar que la contaminación química de productos alimentarios destinados al consumo humano constituya, en sí, un acontecimiento de carácter excepcional conforme al artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado. Antes bien, el riesgo de contaminación es la consecuencia de que no se hayan respetado los más altos niveles de calidad a lo largo de toda la cadena alimentaria.

(40)

En el caso de la crisis de la dioxina en Bélgica, se tuvieron presentes numerosos elementos antes de llegar a la conclusión de que se trataba de un acontecimiento de carácter excepcional. En primer lugar, la Comisión tomó en consideración el alcance de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis y proteger la salud de la población, entre las que figuraban la prohibición de la comercialización y la venta al por menor de carne de ave de corral, de los intercambios y las exportaciones a terceros países de determinados productos de origen animal destinados al consumo humano y animal, y la imposición de una serie de condiciones, como la vigilancia, la trazabilidad y el control de los productos en cuestión (10). Así pues, la declaración de acontecimiento de carácter excepcional se fundaba en dos elementos: el aviso de las autoridades belgas, con la consiguiente adopción de medidas de emergencia, y la imposibilidad de comercializar la producción, lo cual condujo a los productores belgas a una situación de crisis. Por sus características y su incidencia en los operadores afectados, dicha crisis se diferenciaba claramente de las circunstancias habituales y se situaba fuera de las condiciones normales de funcionamiento del mercado. La rápida difusión de la alarma entre los consumidores y el embargo que impusieron varios terceros países sobre los animales y los productos de origen animal belgas contribuyeron en gran medida a alimentar la crisis y acarrearon una importante perturbación del mercado en el que operaban los productores belgas, la pérdida de cuotas de mercado y, por ende, la reducción del volumen de negocios previsto en una situación normal de mercado.

(41)

Ni la contaminación química de los productos ni la caída de las ventas, consideradas por separado, habrían bastado para concluir que se trataba de un acontecimiento de carácter excepcional. La excepcionalidad fue el resultado de la combinación de medidas restrictivas importantes de la comercialización y la exportación de esos productos y de la disminución de las ventas y los precios. La alarma social y la reacción de los consumidores ante la contaminación de la carne de ave de corral por la dioxina no hicieron más que contribuir al carácter excepcional del acontecimiento.

(42)

En el caso de los productores italianos, se observa que no se impuso ninguna restricción de la venta o la exportación, ni ninguna medida restrictiva para proteger la salud de los consumidores, puesto que el país no se vio afectado directamente por la crisis. Los únicos factores imprevisibles y perturbadores del mercado fueron el desencadenamiento de la alarma social y la reacción de los consumidores ante la contaminación que se había producido en otro país.

(43)

La situación de Italia no puede equipararse a la de los países directamente afectados por la crisis; en efecto, la crisis de la dioxina fue declarada acontecimiento de carácter excepcional en Bélgica y no acontecimiento de carácter excepcional sin más. Tal como se ha subrayado en los considerandos 37 a 40, la mera contaminación química de los productos alimenticios destinados al consumo humano y la propagación de la alarma social no constituyen por sí solas un acontecimiento de carácter excepcional con arreglo al artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado.

(44)

Las autoridades italianas hicieron asimismo referencia a la primera crisis de la EEB en el Reino Unido. En ese caso, la situación extraordinaria que se produjo en el sector de la carne de vacuno se debía a la prohibición total de exportar animales vivos y carne de vacuno del Reino Unido a países europeos y terceros países. La incidencia de las medidas comerciales adoptadas en el marco de la EEB adquirió en el Reino Unido unas dimensiones sin precedente. La Comisión recordó que, entre las medidas adoptadas en respuesta a dicha crisis, se aplicó un embargo total a la carne británica y a todos los productos derivados que podían entrar en las cadenas alimentarias humana y animal, embargo que ocasionó una disminución sin precedente del consumo interno de carne. Esa disminución guardaba relación con las duras restricciones de mercado y generó una situación que podía calificarse de excepcional.

(45)

Por otra parte, en los casos más recientes de EEB en Europa (11), la Comisión recordó que la disminución de las ventas o de los ingresos no se consideraba excepcional. La disminución de las ventas se considera la consecuencia de un acontecimiento de carácter excepcional debido a la infrecuente combinación de diversos factores. Al igual que en los casos antes mencionados, las ayudas destinadas a paliar un acontecimiento de carácter excepcional conforme al artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado se aprobaron en los países afectados directamente, en los cuales varios factores contribuyeron al carácter excepcional de la crisis: las repercusiones extremadamente negativas para los productores agrícolas europeos, la alarma social que cundió entre los consumidores, el embargo impuesto por numerosos terceros países a los animales y los productos cárnicos procedentes de la UE, así como una serie de incidentes que escapaban al control de los criadores, pero que contribuyeron a exacerbar la situación de crisis y a suscitar la inquietud de los consumidores. Todo ello produjo una importante perturbación del mercado en el que operaban los productores europeos, con la consiguiente pérdida de cuotas de mercado y, por ende, la reducción del volumen de negocios previsto en una situación normal de mercado.

(46)

Dos elementos importantes que la Comisión tuvo presentes a la hora de considerar que dicha crisis constituía un acontecimiento de carácter excepcional fueron la estabilidad y el equilibrio del mercado de la carne de vacuno antes de que ésta se desencadenara. No obstante, tal como se demuestra a continuación (véanse los considerandos 54 a 57) y como declararon las propias autoridades italianas (véanse las cartas de 28 de agosto de 2000 y de 15 de noviembre de 2000), el mercado del pollo en Italia no presentaba esas características, pues ya registraba un exceso de producción y una disminución de los precios.

(47)

En todos los casos antes mencionados, y en particular en los citados por las autoridades italianas, el acontecimiento de carácter excepcional se produjo en el país afectado y condujo a la adopción de medidas restrictivas, sanitarias y de control del mercado que contribuyeron a la disminución de las ventas y los precios de los productos en cuestión.

(48)

Además de ello, un acontecimiento de carácter excepcional debe al menos presentar las características de un acontecimiento que, por su naturaleza y por su incidencia en los operadores afectados, se distingue claramente de las condiciones habituales y queda fuera de las condiciones normales de funcionamiento del mercado. La imprevisibilidad de un acontecimiento o la dificultad de preverlo pueden contribuir a su carácter de excepcional, mas no pueden bastar de por sí para considerarlo «excepcional» con arreglo al artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado.

(49)

En este caso, la supuesta disminución de las ventas no se diferencia de otros acontecimientos que inciden en la demanda, como el cierre de un mercado de exportación. Un acontecimiento de ese tipo también resulta imprevisible, si bien forma parte del riesgo comercial normal que corre una empresa y, por tanto, carece de carácter excepcional conforme al artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado.

(50)

Según las autoridades italianas, los productores italianos no tenían otras salidas comerciales, pues la crisis se propagó mucho más allá de las fronteras belgas y la reducción del consumo de carne de ave de corral afectó a toda Europa.

(51)

Ahora bien, según los datos de que dispone la Comisión, las exportaciones intracomunitarias de aves de corral en los meses de junio y agosto de 1999 permanecieron constantes respecto a la tendencia anual, e incluso aumentaron respecto a 1998. Las exportaciones intracomunitarias durante el mes de julio fueron superiores a la tendencia observada en 1999 y en el mismo mes del año anterior. Si bien ese aumento no bastó para dar salida a todo el excedente de productos sin vender declarado por las autoridades italianas, redujo las repercusiones de la crisis en los productores, pues les permitió vender una parte de la producción en el mercado comunitario. Las autoridades italianas no proporcionaron ninguna cifra que demostrara la falta de otras salidas en el mercado comunitario sino que se limitaron a afirmar que, debido a la crisis, en los demás países europeos también se había reducido el consumo de carne de pollo. Sin embargo, según esas mismas autoridades, algunos países (como Dinamarca, Grecia, España, Irlanda, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia y el Reino Unido) podrían tomarse como referencia para establecer precios comparativos (véase el considerando 7 anterior), puesto que no se habían visto afectados por la crisis. Por consiguiente, habrían podido ser destinatarios al menos de una parte de ese excedente de producción.

(52)

Por otra parte, habida cuenta de la política de la Comisión por lo que respecta a la aplicación del artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado en el sector agrícola, debe excluirse toda compensación excesiva de las pérdidas.

(53)

El mecanismo de compensación previsto por las autoridades italianas consiste en una ayuda por la carne producida y comercializada en los meses de junio y julio de 1999, calculada sobre la base de la diferencia entre los precios medios en los países no afectados por la crisis y los precios medios italianos. Según las autoridades italianas, dicha diferencia es de 53,966 euros/100 kg en el mes de junio y de 46,218 euros/100 kg en el mes de julio. La ayuda asciende a 21 150 ITL (10,92 euros)/100 kg y a 15 400 ITL (7,95 euros)/100 kg.

(54)

Este método de cálculo plantea dos problemas. El primero se refiere a la afirmación de las autoridades italianas según la cual los criadores tuvieron que congelar la carne sin vender (12), lo que habría permitido comercializar más adelante los productos avícolas que no se habían vendido durante el período de crisis, de manera que las pérdidas habrían sido inferiores a las declaradas durante el estudio del caso. Las autoridades italianas no comentaron este aspecto. Por tanto, no se excluye el riesgo de compensación excesiva de las pérdidas mediante la venta diferida de una parte de la producción a precios probablemente normalizados. Además, las autoridades italianas declararon que se habían sacrificado 43 170,1 toneladas de pollos en el mes de junio de 1999 y 47 485,9 toneladas en el mes de julio, lo que significa un total de 90 656 toneladas (véase la carta de 15 de noviembre de 2000), mientras que las cantidades vendidas ascendían a 34 700 000 kg de carne en el mes de junio de 1999 y a 30 200 000 kg en el mes de julio, es decir, 64 900 toneladas. Por otra parte, se congelaron 4 150,8 toneladas de carne en junio y 9 271,3 toneladas en julio, es decir, 13 422,1 toneladas. No se ha facilitado información alguna sobre el destino de la carne producida que ni se vendió ni se congeló y en relación con la cual no puede excluirse otro destino comercial.

(55)

Italia se refiere a los precios medios en otros países europeos no afectados por la crisis, sin tener en cuenta el hecho de que los precios en Italia ya habían empezado a disminuir antes de junio de 1999 ni la variabilidad de la tendencia de los precios de la carne de ave de corral. El cuadro siguiente recoge la tendencia registrada en Italia en los años 1998, 1999 y 2000 (13):

Precio mensual de mercado, pollos enteros,

euros/100 kg

Image

(56)

Según la declaración de las autoridades italianas, el sector de la carne de ave de corral ya registraba un exceso de producción, de manera que los productores habían decidido en marzo sacrificar una parte de los pollos destinados al matadero en abril y mayo, con objeto de reducir en un 4,8 % la oferta de carne en junio. Según las autoridades italianas, a causa de la crisis de la dioxina, el sacrificio y comercialización del 10 % de la producción de junio se aplazó a julio y agosto, lo que ocasionó un aumento de la oferta en esos dos meses. En efecto, conforme a la información de que dispone la Comisión, la cría de polluelos se intensificó en febrero, marzo y abril, de modo que cabía esperar un incremento de la producción del 5,6 % en el mes de junio.

(57)

La comparación de los datos relativos al sacrificio de pollos entre los meses de mayo y agosto de 1999 con los datos relativos a esos mismos meses el año anterior pone de manifiesto lo siguiente: en mayo de 1999 se registró un aumento del sacrificio, y por tanto de la oferta, de casi un 9 %; en junio de 1999 la oferta disminuyó en un 10 % respecto a junio de 1998; en julio se sacrificó casi un 10 % más de pollos que en 1998. Esta tendencia a la alza de la oferta se mantuvo en agosto de 1999 (+6,5 %). Dado que los precios suelen seguir la evolución de la oferta, podría deducirse una reducción de los precios respecto a los precios de abril, que ya eran inferiores a la media europea debido al exceso de producción. Por consiguiente, la comparación de los precios del pollo en Italia en junio y julio con la media de los precios en los países no afectados por la crisis de la dioxina llevaría a sobrevalorar el supuesto valor del pollo en Italia.

(58)

Habida cuenta de la variabilidad de los precios del pollo en Italia y de la tendencia a la baja de los precios ya antes de que se desencadenara la crisis de la dioxina, no sería correcto comparar los precios de venta en junio de 1999 con los de junio de 1998, pues no quedaría reflejado el exceso de producción que ya registraba el mercado del pollo en Italia y la consiguiente disminución de los precios que ya se había observado. La afirmación de las autoridades italianas según la cual los productores ya habían adoptado medidas correctoras del mercado sacrificando anticipadamente, en marzo, los polluelos que deberían haberse sacrificado en abril y mayo para reducir la oferta en los meses de junio y julio se contradice con los datos relativos a la cría de los polluelos y, por tanto, con las previsiones de producción, que señalaban un aumento de la oferta en junio y una ligera disminución (1,6 %) en julio. Sobre la base de estos elementos, toda previsión de los precios de venta en junio y julio de 1999 (respecto a los precios de junio de 1998 o a los precios registrados en los demás países europeos no afectados por la crisis de la dioxina) resultaría aleatoria.

(59)

Así pues, la Comisión puede concluir que, dado que la alarma social no constituye en sí una condición excepcional conforme al artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado y que el método de cálculo de las pérdidas propuesto por las autoridades italianas podría llevar a sobrevalorar las pérdidas sufridas por los productores italianos de carne de ave de corral, la medida no puede considerarse compatible con el mercado común sobre la base del artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado.

(60)

Aun analizándola a la luz del artículo 87, apartado 3, del Tratado, la ayuda no puede considerarse compatible con el mercado común. No puede aplicarse el artículo 87, apartado 3, letra a), pues la ayuda no tiene por objeto favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida es anormalmente bajo o existe una grave situación de subempleo.

(61)

Por lo que respecta al artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado, la ayuda en cuestión no está destinada a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo ni a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.

(62)

En relación con el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado, la ayuda en cuestión no persigue los objetivos mencionados en dicho artículo.

(63)

En lo referente al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, dado que las autoridades italianas notificaron regularmente la ley en cuestión según lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, su evaluación ha de hacerse conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (14) (en lo sucesivo, «las Directrices»). En efecto, con arreglo al apartado 23.3 de dichas Directrices, a partir del 1 de enero de 2000, éstas se aplican a las nuevas ayudas estatales, incluidas las notificadas por los Estados miembros respecto de las cuales la Comisión todavía no haya adoptado una decisión.

(64)

Las ayudas destinadas a compensar las pérdidas de ingresos ocasionadas por epizootias se rigen por lo dispuesto en el apartado 11.4. La indemnización puede incluir una compensación razonable por ingresos no percibidos, teniendo en cuenta las dificultades que conlleva el repoblamiento del ganado o la replantación, y los períodos de espera o de cuarentena impuestos o recomendados por las autoridades competentes para eliminar la enfermedad antes de reabastecer la empresa o efectuar la replantación. Es, pues, condición necesaria para la concesión de la ayuda el sacrificio obligatorio de los animales por orden de las autoridades sanitarias/veterinarias, en el marco de un plan de prevención y erradicación de la epizootia.

(65)

Se desprende claramente de las medidas notificadas que las autoridades sanitarias/veterinarias no dieron ninguna orden de sacrificio de los animales en el marco de un plan de prevención y erradicación de la epizootia, puesto que la contaminación química no afectó a las empresas italianas. Por consiguiente, la medida considerada no cumple las condiciones establecidas en el apartado 11.4 de las Directrices.

(66)

A la luz de todo lo anterior, la ayuda a favor de las empresas que operan en el sector de la producción de aves de corral no puede considerarse una ayuda destinada a reparar los perjuicios causados por un acontecimiento de carácter excepcional conforme al artículo 87, apartado 2, letra b), ni tampoco una ayuda a la que pueda aplicarse alguna de las excepciones contempladas en el artículo 87, apartado 3. Por tanto, la ayuda considerada constituye una ayuda de funcionamiento, incompatible con el mercado común, en virtud del apartado 3.5 de las Directrices (15).

(67)

Además de ello, la ayuda incumple las normas recogidas en el Reglamento (CE) no 2777/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de aves de corral, en virtud del cual únicamente pueden adoptarse las medidas siguientes para los productos mencionados en su artículo 1: medidas destinadas a promover una mejor organización de su producción, transformación y comercialización; medidas destinadas a mejorar su calidad; medidas destinadas a permitir el establecimiento de previsiones a corto y largo plazo, una vez conocidos los medios de producción utilizados; medidas destinadas a facilitar el conocimiento de la evolución de los precios de los productos en el mercado. Por otra parte, con objeto de tener presentes las limitaciones de la libre circulación que pudieran derivarse de la aplicación de medidas destinadas a luchar contra la propagación de enfermedades animales, pueden adoptarse, conforme al procedimiento a que se refiere el artículo 17, medidas excepcionales de apoyo del mercado afectado por tales limitaciones, pero sólo en la medida y por la duración estrictamente necesarias para respaldar dicho mercado. En este caso, Italia no adoptó ninguna de esas medidas, por lo que cualquier otra ayuda pública puede concederse únicamente con arreglo a los artículos 87 a 89 del Tratado. Tal como se señala en el considerando anterior, la ayuda en cuestión no se ajusta a las normas que rigen las ayudas estatales y, por tanto, no es compatible con el mercado común.

V.   CONCLUSIONES

(68)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión concluye que las ayudas contempladas en el programa AIMA en favor del sector avícola constituyen ayudas estatales conforme al artículo 87, apartado 1, que no pueden acogerse a ninguna de las excepciones previstas en el artículo 87, apartados 2 y 3.

(69)

Dado que el Programa se notificó de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado, según el cual el Estado miembro no puede ejecutar la medida proyectada hasta que la Comisión Europea la haya aprobado, no procede solicitar la recuperación de la ayuda,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las ayudas que Italia tiene previsto conceder en el marco del Programa nacional de intervención de la AIMA para el año 1999 son incompatibles con el mercado común.

Italia no puede conceder dichas ayudas.

Artículo 2

Italia deberá comunicar a la Comisión, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma.

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.

Hecho en Bruselas, el 19 de mayo de 2004

Por la Comisión

Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión


(1)  DO C 254 de 13.9.2001, p. 2.

(2)  Los precios rebajados en Italia eran de 83,924 euros/100 kg y 86,132 euros/100 kg, respectivamente.

(3)  Estas cifras incluyen las cantidades de productos comprados por particulares y colectividades.

(4)  Véanse, en particular, las decisiones que adoptó en el ámbito de las ayudas estatales no NN 87/99, NN 88/99, NN 89/99, N 380/99, N 386/99 y no NN 95/99, N 384/99.

(5)  Véanse las ayudas estatales no N 299/96, N 290/96, N 278/96 y N 289/96.

(6)  DO C 232 de 12.8.2000.

(7)  DO L 282 de 1.11.1975, p. 77.

(8)  Fuente: Eurostat y Comisión Europea.

(9)  DO C 28, de 1.2.2000, p. 2.

(10)  Estas medidas se plasmaron en tres Decisiones de la Comisión: Decisión 1999/363/CE de la Comisión, de 3 de junio de 1999, relativa a las medidas de protección frente a la contaminación por dioxinas de determinados productos animales destinados al consumo humano o animal (DO L 141 de 4.6.1999, p. 24). Estas medidas se referían, en particular, a la carne de ave de corral y a sus productos derivados, como huevos y ovoproductos, grasas, proteínas animales, materias primas destinadas a la alimentación, etc. Decisión 1999/368/CE de la Comisión, de 4 de junio de 1999, y Decisión 1999/389/CE de la Comisión, de 11 de junio de 1999, relativas a las medidas de protección frente a la contaminación por dioxinas de productos animales destinados al consumo humano o animal derivados de bovinos y porcinos (DO L 142 de 5.6.1999, p. 46 y DO L 147 de 12.6.1999, p. 26). Estas medidas se referían, en particular, a la carne de vacuno y de porcino, la leche y todos los productos derivados.

(11)  Véanse, entre otras cosas, las ayudas N 113/A/2001 (Decisión SG 01.290550 de 27.7.2001), N 437/2001 (Decisión de 27.7.2001 SG 01 290526D), N 657/2001 (Decisión de 9.11.2001 SG 01 292096) y NN 46/2001 (Decisión SG 01.290558 de 27.7.2001).

(12)  Véase la carta de 23 de mayo de 2001, en la cual las autoridades italianas declaran que los productores tuvieron que congelar 4 150,8 toneladas en junio, 9 271,3 toneladas en julio y 2 595,9 toneladas en agosto.

(13)  Datos relativos a las exportaciones intracomunitarias de toda la carne de ave de corral (en peso de canal).

(14)  DO C 28 de 1.2.2000, p. 2.

(15)  Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de junio de 1995 en el asunto T 459/1993 (Siemens SA — Comisión de las Comunidades Europeas) Rec. (1995), p. 1675.


6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/23


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 24 de mayo de 2006

relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 82 del Tratado CE y al artículo 54 del Acuerdo EEE contra Microsoft Corporation

(asunto COMP/C-3/37.792 — Microsoft)

[notificada con el número C(2004) 900]

(El texto en lengua inglesa es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/53/CE)

El 24 de marzo de 2004, la Comisión adoptó una decisión relativa a un procedimiento con arreglo al artículo 82 del Tratado CE y al artículo 54 del Acuerdo EEE. De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento no 17, (1) la Comisión publica a continuación los nombres de las partes y el contenido principal de la decisión, teniendo en cuenta el interés legítimo de las empresas por que no se revelen sus secretos comerciales. En el sitio de la DG COMP (http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html) puede consultarse una versión no confidencial del texto completo de la decisión en las lenguas auténticas del caso y en las lenguas del trabajo de la Comisión.

I.   RESUMEN DE LA INFRACCIÓN

Destinatario, naturaleza y duración de la infracción

(1)

El destinatario de la presente Decisión es Microsoft Corporation.

(2)

Microsoft Corporation ha infringido el artículo 82 del Tratado CE y el artículo 54 del Acuerdo EEE:

por haberse negado a facilitar información sobre interoperabilidad y a permitir su uso para el desarrollo y distribución de productos relacionados con sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo, desde octubre de 1998 hasta la fecha de la presente Decisión,

por haber condicionado la posibilidad de disponer del sistema operativo Windows para ordenadores personales clientes a la adquisición simultánea del Reproductor de Windows Media (RWM), desde mayo de 1999 hasta la fecha de la presente Decisión.

Mercados de referencia

Sistemas operativos para ordenadores personales

(3)

Los sistemas operativos son productos de software (soporte lógico) que controlan las funciones básicas de un ordenador. Se entiende por «ordenadores personales clientes» («ordenadores personales») los ordenadores de uso general que se destinan a su empleo por una sola persona en cada momento, y que pueden conectarse a una red de ordenadores.

(4)

Cabría trazar una distinción entre: i) sistemas operativos para ordenadores personales denominados «compatibles con Intel», y ii) sistemas operativos para ordenadores personales no compatibles con Intel. En este contexto, la expresión «compatible con Intel» hace referencia a un tipo específico de arquitectura de hardware (soporte físico). «Portar» (esto es, adaptar) un sistema operativo no compatible con Intel (por ejemplo, el Macintosh de Apple) para que funcione en un hardware compatible con Intel es un proceso largo y costoso. Ahora bien, el interrogante sobre la inclusión de los sistemas operativos para ordenadores personales compatibles con Intel y no compatibles con Intel en la definición del mercado de referencia puede quedar sin respuesta, toda vez que las diferencias no serían tales que pudieran alterar las conclusiones de la evaluación del poder de mercado de Microsoft.

(5)

Ni los sistemas operativos para dispositivos de mano tales como los asistentes digitales personales («PDA») o los teléfonos móviles «inteligentes», ni los sistemas operativos para servidores pueden considerarse, hoy por hoy, sustitutos competitivos de los sistemas operativos para ordenadores personales clientes.

(6)

Por lo que se refiere a la sustituibilidad por el lado de la oferta, un producto de software que no exista hoy en día en el mercado de sistemas operativos para ordenadores personales clientes habría de sufrir sustanciales modificaciones para poder satisfacer las necesidades específicas de los consumidores de dicho mercado. Esto implica todo un proceso de desarrollo y ensayo a lo largo de un período de tiempo considerable (a menudo más de un año), gastos elevados y no pocos riesgos comerciales. Por otra parte, y tal como se demuestra en el análisis de la dominación de Microsoft en el mercado de referencia, el nuevo operador toparía con importantes barreras de entrada.

Sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo

(7)

Se entienden por «servicios de servidores de grupos de trabajo» los servicios básicos que utilizan los empleados de oficina en su trabajo cotidiano, a saber, compartir archivos almacenados en servidores, compartir impresoras y ejercer una serie de derechos, en tanto que usuarios de la red, que el departamento de informática de su organización «administra» en su nombre de modo centralizado. Por «sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo» se entienden los sistemas operativos concebidos y comercializados a fin de prestar colectivamente estos servicios a un número relativamente reducido de ordenadores personales conectados entre sí a través de redes de pequeñas o medianas dimensiones.

(8)

Las pruebas que la Comisión ha reunido durante la investigación confirman que los servicios de servidores de grupos de trabajo constituyen a ojos de los clientes un conjunto claramente diferenciado de servicios prestados por servidores. En particular, los servicios de archivo e impresión, por un lado, y los de administración de grupos y usuarios, por otro, guardan una estrecha relación recíproca: a falta de una adecuada administración de grupos y usuarios, el usuario se vería privado de un acceso eficaz y seguro a los servicios de archivo e impresión compartidos.

(9)

Es preciso distinguir los servidores de grupos de trabajo (equipados con un sistema operativo propio de este tipo de servidores) de aquellos servidores de gama alta que por lo general se requieren para llevar a cabo tareas «críticas» tales como controles de inventario, reservas de vuelos y operaciones bancarias. Para estos cometidos puede ser necesario almacenar grandes cantidades de datos y se requiere la máxima fiabilidad (la «solidez de una roca») y disponibilidad (2). A estas funciones se destinan costosos aparatos (que a menudo se denominan «servidores de empresa») u ordenadores centrales (mainframes). En cambio, los sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo suelen instalarse en ordenadores más baratos.

(10)

Ahora bien, no todos los servidores de gama baja se utilizan como servidores de grupos de trabajo. También es posible, por ejemplo, instalar este tipo de servidores en los «márgenes» de la red y especializarlos como servidores web (3), servidores de caché de web (4) o cortafuegos (5), de modo que quedan excluidos los servicios fundamentales que presta un servidor de grupos de trabajo.

(11)

Es de señalar, asimismo, que aunque solo los servicios de archivos, impresión y administración de grupos y usuarios formen parte de los servicios fundamentales de un servidor de grupos de trabajo, los sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo, al igual que los demás sistemas operativos, pueden emplearse para ejecutar aplicaciones. Se trata de aplicaciones que suelen estar estrechamente relacionadas con la prestación de servicios de administración de grupos y usuarios. Dado que los sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo se instalan, por regla general, en hardware barato, las aplicaciones de este tipo no suelen requerir un altísimo grado de fiabilidad.

Reproductores multimedia para flujo continuo de datos (streaming)

(12)

Los reproductores multimedia son aplicaciones de software para ordenadores clientes cuya principal funcionalidad reside en descodificar, descomprimir y reproducir archivos de audio y vídeo digital (cuyo ulterior tratamiento también permiten) descargados o trasmitidos en un flujo de datos continuo (streaming) a través de Internet (y otras redes). Los reproductores multimedia pueden también reproducir archivos audio y vídeo almacenados en soportes físicos tales como CD y DVD.

(13)

En cuanto a la sustituibilidad por el lado de la demanda, los dispositivos de reproducción clásicos, tales como los reproductores de CD y DVD, no son sustitutos de los reproductores multimedia, ya que ofrecen un subconjunto sumamente limitado de las funcionalidades propias de estos últimos. A diferencia del RWM de Microsoft, del RealOne de RealNetworks y del QuickTime Player de Apple, los reproductores multimedia dependientes de tecnologías propiedad de terceros no ofrecen grandes posibilidades de poner límites al comportamiento de dichos terceros. Los reproductores multimedia que no permiten recibir contenidos de audio y vídeo transmitidos por Internet en flujo de datos continuo (streaming) no son sustitutos de los reproductores multimedia, pues no satisfacen la demanda específica de este tipo de transmisión por parte de los consumidores.

(14)

Por lo que a la sustituibilidad por el lado de la oferta se refiere, las considerables inversiones en I+D necesarias, la protección de las tecnologías multimedia existentes mediante derechos de propiedad intelectual y los efectos de red indirectos que caracterizan al mercado se traducen en una serie de barreras de entrada para los desarrolladores de otras aplicaciones de software, incluidos los reproductores multimedia que no permiten la recepción de flujos continuos de datos (streaming).

Dominación

Sistemas operativos para ordenadores personales

(15)

Microsoft ha reconocido que ocupa una posición dominante en el mercado de sistemas operativos para ordenadores personales.

(16)

Dicha posición se caracteriza por cuotas de mercado que vienen manteniéndose en un nivel muy alto al menos desde 1996 (en más del 90 % en los últimos años) y por la presencia de barreras de entrada muy importantes. Estas barreras obedecen en parte a efectos de red indirectos: la popularidad de un sistema operativo para ordenadores personales entre los usuarios se deriva de su popularidad entre los vendedores de aplicaciones para ordenadores personales; pero estos, a su vez, centran sus esfuerzos de desarrollo en el sistema operativo más popular entre los usuarios. De este modo se genera una dinámica que por sí sola basta para proteger a Windows como norma de facto de los sistemas operativos para ordenadores personales («barrera de entrada a través de las aplicaciones»).

Sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo

(17)

La Comisión concluye que Microsoft ha alcanzado una posición dominante en el mercado de sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo. Tal conclusión se basa, en particular, en los siguientes argumentos:

la Comisión ha analizado multitud de datos a fin de medir la cuota de mercado de Microsoft en el mercado de sistemas operativos para grupos de trabajo. Toda esta serie de datos confirma que Microsoft posee con diferencia la mayor cuota de mercado, superior al 50 % según todos los criterios de medida y situada en una franja del 60 al 75 % según la mayoría,

en el mercado de sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo existen barreras de entrada. En particular, a mayor disponibilidad de técnicos especializados en la administración de un determinado sistema operativo para servidores de grupos de trabajo, mayor número de clientes dispuestos a adquirir dicho sistema operativo. Pero, al mismo tiempo, a mayor popularidad de un sistema operativo para servidores de grupos de trabajo entre los usuarios, mayor facilidad para que los técnicos se especialicen en ese producto (y mejor disposición por su parte). Se trata de un mecanismo que, desde el punto de vista económico, puede formalizarse en términos de efectos de red,

existen sólidos vínculos asociativos de índole comercial y técnica entre el mercado de sistemas operativos para ordenadores personales y el mercado de sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo. Por ello, la dominación por Microsoft del mercado de sistemas operativos para ordenadores personales tiene consecuencias significativas para el mercado adyacente de sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo.

Denegación de suministro

(18)

La Decisión recoge las conclusiones que figuran a continuación.

Microsoft se negó a facilitar a Sun información que permitiera a esta última desarrollar sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo capaces de integrarse sin fisuras en la «arquitectura de dominios de Directorio Activo», red de protocolos de ordenador personal a servidor y de servidor a servidor que permiten organizar las redes de grupos de trabajo de Windows. Debe señalarse que, para que Sun pudiera ofrecer dicha integración sin fisuras, bastaba con que Microsoft facilitara especificaciones de los protocolos correspondientes, esto es, documentación técnica, y no era preciso que diera acceso al código de software de Windows, ni menos aún que permitiera su reproducción por Sun. Deben señalarse otras dos circunstancias relativas a esta denegación. En primer lugar, la denegación de Microsoft a Sun forma parte de una pauta general de comportamiento consistente en denegar la información pertinente a todo vendedor de sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo. En segundo lugar, la denegación por parte de Microsoft constituye una interrupción de los niveles de suministro ya existentes, pues indirectamente ya había, a través de una licencia concedida a AT&T, información análoga sobre versiones anteriores de los productos de Microsoft a disposición de Sun y del sector en general,

la denegación por parte de Microsoft crea riesgos de eliminación de la competencia en el mercado de referencia de sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo, pues la información denegada resulta imprescindible para los competidores que operan en dicho mercado. Las pruebas facilitadas por los clientes confirman la relación que existe entre la interoperabilidad de que disfrutan de forma privilegiada los sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo de Microsoft con el sistema operativo dominante para ordenadores personales de esta misma empresa, por un lado, y, por otro, el rápido ascenso de la misma hasta una posición dominante (y su creciente incorporación de características de la arquitectura de dominios de Directorio Activo que resultan incompatibles con los productos de los competidores). La investigación de la Comisión demuestra asimismo que no existen sustitutos reales ni potenciales para la información denegada,

la denegación por parte de Microsoft limita el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores y es contraria, en particular, a lo dispuesto en el artículo 82, letra b). Si los competidores tuvieran acceso a la información denegada, podrían suministrar al consumidor nuevos y mejores productos. En concreto, las pruebas de mercado demuestran que una serie de características del producto, tales como la seguridad y la fiabilidad, pese a tener valor para el consumidor, se ven relegadas a un segundo plano debido a las ventajas de interoperabilidad de que disfruta Microsoft. Por lo tanto, la denegación por parte de Microsoft perjudica indirectamente a los consumidores.

(19)

Estas circunstancias, de carácter excepcional, llevan a la conclusión de que la denegación por parte de Microsoft constituye un abuso de posición dominante incompatible con el artículo 82, salvo en caso de estar justificada objetivamente.

(20)

Para justificar su denegación, Microsoft alega que facilitar la información de que se trata y permitir su utilización por los competidores para crear productos compatibles sería tanto como otorgar licencias de derechos de propiedad intelectual. La Comisión no se pronuncia sobre la validez de los argumentos de Microsoft sobre propiedad intelectual en general, los cuales, en cualquier caso, solo podrían estudiarse caso por caso y una vez que Microsoft hubiera elaborado las especificaciones correspondientes. Sea como fuere, y a tenor de la jurisprudencia, el interés de una empresa por ejercer sus derechos de propiedad intelectual no puede en sí mismo constituir justificación objetiva cuando se ha determinado la concurrencia de circunstancias excepcionales tales como las anteriormente enumeradas.

(21)

La Comisión investigó la posibilidad de que, en las circunstancias específicas del presente asunto, la justificación aducida por Microsoft prevaleciera sobre las circunstancias excepcionales citadas, y concluyó que Microsoft no había presentado prueba alguna a tal efecto. En particular, la orden de facilitar la información pertinente no podría permitir la creación de copias de productos de Microsoft. La Comisión también atendió al hecho de que la revelación de datos tales como los que Microsoft denegaba era práctica corriente en el sector.

(22)

Por otra parte, la Comisión se inspiró en el compromiso contraído por IBM con la Comisión en 1984 («compromiso de IBM») (6) y en la Directiva de la Comisión de 1991 sobre software  (7). De hecho, la propia Microsoft reconoce que el compromiso de IBM y la Directiva sobre software ofrecen orientaciones útiles para el presente asunto. La Comisión concluyó que una orden de suministro en el presente asunto sería análoga al compromiso de IBM, pues únicamente se referiría a especificaciones de interfaz. La Comisión concluyó asimismo que la denegación constituía una negativa a facilitar información necesaria para la interoperabilidad a efectos de la Directiva sobre software. A este respecto, la Comisión observó que en dicha Directiva se supedita el ejercicio de derechos de autor sobre software (incluso por parte de empresas en posición no dominante) a la interoperabilidad, haciéndose así hincapié en la importancia de este último aspecto para el sector del software. La Comisión observó igualmente que la Directiva sobre software estipulaba expresamente que sus disposiciones se entienden sin perjuicio de la aplicación del artículo 82, en particular, si una empresa en posición dominante se niega a hacer disponible una información necesaria para la interoperabilidad.

(23)

Microsoft alegó asimismo que su denegación de información necesaria para la interoperabilidad no podía tener por objetivo restringir la competencia en el mercado de sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo, pues la empresa carecía de incentivos económicos para seguir estrategia semejante. La Comisión rechazó el argumento de Microsoft por considerarlo basado en un modelo económico que no reflejaba los hechos del presente asunto y contradictorio con manifestaciones de ejecutivos de Microsoft recogidas en documentos internos de la empresa obtenidos en la investigación.

Vinculación

(24)

La Decisión establece que Microsoft infringe el artículo 82 del Tratado por vincular el RWM al sistema operativo Windows para ordenadores personales (Windows). La conclusión de la Comisión sobre la existencia de un abuso por vinculación se basa en cuatro elementos: i) Microsoft ocupa una posición dominante en el mercado de sistemas operativos para ordenadores personales, ii) el sistema operativo Windows para ordenadores personales y el RWM son productos diferentes, iii) Microsoft no ofrece a los clientes la opción de adquirir Windows sin el RWM y, por último, iv) esta vinculación cierra el mercado a la competencia. Además, la Decisión rechaza los argumentos de Microsoft para justificar la vinculación del RWM.

(25)

Microsoft no discute que ocupa una posición dominante en el mercado de los sistemas operativos para ordenadores personales.

(26)

En la Decisión de la Comisión se concluye que los reproductores multimedia para flujo continuo de datos (streaming) y los sistemas operativos para ordenadores personales son dos productos diferentes (y se refuta el argumento de Microsoft según el cual el RWM es parte integrante de Windows). En la Decisión se demuestra cómo, en primer lugar, aunque Microsoft venga vinculando desde hace tiempo la venta de su reproductor multimedia a la de Windows, hoy en día existe una demanda independiente de consumo de reproductores multimedia no vinculados que puede distinguirse de la demanda de sistemas operativos para ordenadores personales. En segundo lugar, existe cierto número de fabricantes que crean y suministran reproductores multimedia no vinculados. En tercero, la propia Microsoft desarrolla y distribuye versiones de su RWM destinadas a otros sistemas operativos para ordenadores personales. Por último, Microsoft promociona el RWM en competencia directa con los reproductores multimedia de terceras empresas.

(27)

Por lo que respecta a al tercer elemento de la vinculación, la Decisión demuestra que Microsoft no ofrece a los clientes la opción de adquirir Windows sin el RWM. Los fabricantes de ordenadores personales deben adquirir la licencia de Windows junto con el RWM. Si desean instalar en Windows otro reproductor multimedia, solo pueden hacerlo adicionalmente al RWM. Lo mismo se aplica al caso de un cliente que compre Windows en un comercio. La Decisión considera improcedentes, en el contexto de la determinación de la posible existencia de coerción a efectos del artículo 82 del Tratado, los argumentos de Microsoft según los cuales los clientes no están obligados a «pagar de más» por el RWM ni a utilizarlo.

(28)

A continuación, la Decisión explica por qué la vinculación puede, en este caso concreto, cerrar el mercado a la competencia. La Decisión expone cómo la vinculación de RWM a Windows brinda a Microsoft una presencia ubicua, carente de todo parangón, de su reproductor multimedia en ordenadores personales del mundo entero. Las pruebas pertinentes demuestran que los demás medios de distribución solo pueden representar alternativas peores. Al vincular el RWM a Windows, Microsoft puede ofrecer a los proveedores de contenidos y desarrolladores de software que utilizan las tecnologías Windows Media la posibilidad de apoyarse en el monopolio de Windows para acceder a casi todos los usuarios de ordenadores personales de todo el mundo. Las pruebas demuestran que soportar varias tecnologías multimedia acarrea costes adicionales. Así, la presencia ubicua de RWM induce a los proveedores de contenidos y desarrolladores de software a recurrir sobre todo a la tecnología Windows Media. Los consumidores, por su parte, prefieren utilizar el RWM debido a la oferta de una mayor gama de software complementario y contenidos para dicho producto. La vinculación efectuada por Microsoft refuerza y falsea estos «efectos de red» en beneficio propio y, de ese modo, atenta gravemente contra el proceso competitivo en el mercado de reproductores multimedia. Las pruebas demuestran que, debido a la vinculación, el uso de RWM va en aumento aun cuando los usuarios atribuyan mayor calidad a otros reproductores multimedia. Los datos de mercado sobre utilización de reproductores multimedia, uso de formatos y contenidos ofrecidos por sitios web indican una tendencia favorable al empleo del RWM y de los formatos Windows Media en detrimento de los principales reproductores multimedia (y tecnologías de reproductores multimedia) competidores. Si bien la Decisión pone de manifiesto dicha tendencia favorable al RWM y al formato Windows Media, también hace hincapié en que, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal, la Comisión, para determinar un abuso por vinculación no está obligada a demostrar que ya se ha cerrado el mercado a la competencia o que existe el riesgo de eliminación de toda competencia. De otro modo, las investigaciones antimonopolio en determinados mercados de software llegarían demasiado tarde, pues las pruebas sobre impacto en el mercado solo quedarían establecidas una vez producido dicho impacto.

(29)

Por último, la Decisión analiza los argumentos alegados por Microsoft para justificar la vinculación del RWM y, en particular, las supuestas eficiencias de la vinculación del RWM con Windows. En cuanto a las eficiencias de distribución alegadas, la Comisión rechaza el argumento de Microsoft según el cual la vinculación reduce los costes de transacción para los consumidores por evitar pérdidas de tiempo y confusiones al ofrecer por defecto una serie de opciones en un ordenador personal «listo para su uso». Para el beneficio que supone disponer de un reproductor multimedia preinstalado junto con el sistema operativo para ordenadores personales clientes, no hace falta que Microsoft elija por el consumidor un reproductor multimedia. Los fabricantes de ordenadores personales pueden garantizar que se satisfaga la demanda de los consumidores preinstalándoles el reproductor multimedia de su elección. La Decisión concluye igualmente que Microsoft no ha demostrado eficiencia técnica alguna cuya condición previa sea la «integración» de RWM. Antes bien, la vinculación de RWM protege a Microsoft de la competencia efectiva por parte de vendedores potencialmente más eficientes de reproductores multimedia que pudiera amenazar a su posición y merma así el talento y el capital que se invierten en la innovación en el campo de los reproductores multimedia.

II.   REMEDIOS

Denegación de suministro

(30)

La Decisión ordena a Microsoft que revele la información que se ha negado a facilitar y permita su utilización para el desarrollo de productos compatibles. La orden de revelar información se limita a las especificaciones de protocolos y a garantizar la interoperabilidad con las funciones esenciales que suelen caracterizar a las redes de grupos de trabajo. La orden no solo se aplica al caso de Sun, sino al de toda empresa que tenga interés por desarrollar productos que constituyan una restricción competitiva para Microsoft en el mercado de los sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo. En la medida en que la Decisión pudiera hacer necesario que Microsoft se abstuviera de ejercer plenamente alguno de sus derechos de propiedad intelectual, ello estaría justificado por la necesidad de poner término al abuso.

(31)

Las condiciones bajo las cuales Microsoft debe revelar la información y permitir su uso deben ser razonables y no discriminatorias. El requisito de que las condiciones impuestas por Microsoft sean razonables y no discriminatorias se aplica, en particular, a cualquier retribución que Microsoft pueda exigir por la información facilitada. Por ejemplo, dicha retribución no debe reflejar el valor estratégico que se deriva del poder de mercado de Microsoft en el mercado de los sistemas operativos para ordenadores personales o en el de los sistemas operativos para grupos de trabajo. Por otra parte, Microsoft no podrá imponer restricciones sobre el tipo de productos en el que podrán implementarse las especificaciones cuando tales restricciones impliquen incentivos negativos a la competencia con Microsoft o restrinjan de forma innecesaria la capacidad de innovación de los beneficiarios. Por último, las condiciones que Microsoft imponga en el futuro deberán ser suficientemente predecibles.

(32)

Microsoft deberá revelar las especificaciones de protocolos pertinentes de manera oportuna, esto es, tan pronto como haya publicado una implementación válida y suficientemente estable de dichos protocolos en sus productos.

Vinculación

(33)

Por lo que se refiere al abuso por vinculación, la Decisión ordena a Microsoft que ofrezca a los usuarios finales y a los fabricantes de equipos originales (OEM, del inglés original equipment manufacturers), para su venta en el EEE, una versión de Windows en perfecto estado de funcionamiento y que no incluya el RWM. Microsoft conserva el derecho de ofrecer un producto único que reúna Windows y el RWM.

(34)

Microsoft debe abstenerse de recurrir a cualquier medio que pueda tener efectos equivalentes a vincular el RWM a Windows; por ejemplo, reservar al RWM una interoperabilidad privilegiada con Windows, ofrecer un acceso selectivo a las interfaces de programación de aplicaciones (API) de Windows o promocionar mediante Windows el RWM frente a los productos de la competencia. Microsoft tampoco podrá ofrecer a los OEM o a los usuarios un descuento condicionado a su adquisición de Windows junto con el RWM, ni eliminar o restringir, ya sea de facto, financieramente o de otro modo, la libertad de los OEM o de los usuarios de elegir la versión de Windows no vinculada con el RWM. La versión de Windows desvinculada del RWM no debe ser menos eficaz que la agrupada, salvo en lo que respecta a la funcionalidad del RWM, la cual, por definición, no formará parte de la versión desvinculada.

III.   MULTAS

Importe básico

(35)

La Comisión considera que la infracción, por su índole, constituye una infracción muy grave al artículo 82 del Tratado CE y al artículo 54 del Acuerdo EEE.

(36)

Por otra parte, la pauta de comportamiento seguida por Microsoft y consistente en aprovechar su posición dominante en un mercado para expulsar de otros a sus competidores tiene consecuencias significativas para el mercado de sistemas operativos para grupos de trabajo y en el de reproductores multimedia para flujo continuo de datos (streaming).

(37)

A efectos de evaluar la gravedad de los abusos, los mercados de sistemas operativos para ordenadores personales clientes, de sistemas operativos para servidores de grupos de trabajo y de reproductores multimedia abarcan todo el EEE.

(38)

Habida cuenta de las circunstancias expuestas y de la gravedad de la infracción, el importe inicial de la multa que ha de imponerse a Microsoft debe ser de 165 732 101 EUR. Dada la considerable capacidad económica de Microsoft (8) y a fin de garantizar un efecto disuasorio suficiente sobre esta empresa, el importe se ajusta al alza por un factor de 2, hasta el importe de 331 464 203 EUR.

(39)

Por último, y dada la duración de la infracción (cinco años y medio), el importe básico de la multa se incrementa en un 50 %. Así pues, el importe básico de la multa asciende a 497 196 304 EUR.

Circunstancias agravantes y atenuantes

(40)

No concurren en relación con la presente Decisión circunstancias agravantes ni atenuantes.


(1)  DO 13 de 21.2.1962, p. 204/62; Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1/2003 (DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

(2)  Se entiende por fiabilidad la capacidad de un sistema operativo de funcionar durante un largo período de tiempo sin fallos y sin necesidad de reinicialización. Por disponibilidad se entiende la capacidad de un sistema operativo de funcionar durante un largo período de tiempo sin necesidad de hacer interrupciones por mantenimientos rutinarios o actualizaciones. Otro aspecto de la disponibilidad es la rapidez con la cual un sistema operativo puede volver a funcionar después de producirse un fallo.

(3)  Los servidores web almacenan páginas web y, gracias a una serie de protocolos web estándar, permiten que estas sean accesibles.

(4)  4 Se entiende por caché un lugar en el que se almacenan copias temporales de objetos web. Así, el caché de web permite almacenar archivos de web de modo que puedan volver a utilizarse, lo que permite un acceso más rápido del usuario final.

(5)  5 Se entiende por cortafuegos una solución de hardware/software que aísla las redes informáticas de las organizaciones y de este modo las protege frente a amenazas externas.

(6)  Asunto IV/29.479 de la Comisión. La Comisión suspendió su investigación, iniciada en la década de 1970, tras obtener de IBM este compromiso.

(7)  Directiva 91/250/CEE del Consejo (DO L 122 de 17.5.1991, p. 42).

(8)  Microsoft es hoy en día la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo (cf. http://news.ft.com/servlet/ContentServer? pagename=FT.com/StoryFT/FullStory&c=StoryFT&cid=1051390342368&p=1051389855198 y http://specials.ft.com/spdocs/global5002003.pdf — «Las mayores empresas del mundo», Financial Times, actualizado el 27 de mayo de 2003, impreso el 13 de enero de 2004). Según las mismas fuentes, Microsoft viene manteniéndose desde hace tiempo entre las mayores empresas del mundo en valoración bursátil; fue la mayor en 2000, la quinta mayor en 2001 y la segunda mayor en 2002 (v. http://specials.ft.com/ln/specials/global5002a.htm (datos de 2000, impreso el 24 de enero de 2003), http://specials.ft.com/ft500/may2001/FT36H8Z8KMC.html (datos de 2001, impreso el 24 de enero de 2003), http://specials.ft.com/ft500/may2002/FT30M8IPX0D.html (datos de 2002, impreso el 24 de enero de 2003). Sus recursos y sus beneficios también son considerables. Según datos de la Comisión Oficial del Mercado de Valores estadounidense sobre el ejercicio de julio de 2002 a junio de 2003, el 30 de junio de 2003 la empresa poseía reservas en líquido (e inversiones a corto plazo) por valor de 49 048 millones de dólares estadounidenses (USD). En cuanto a beneficios, los mismos datos de la Comisión Oficial del Mercado de Valores estadounidense revelan que en el ejercicio fiscal de julio de 2002 a junio de 2003, Microsoft obtuvo unos beneficios de 13 217 millones USD sobre una facturación de 32 187 millones USD (lo que supone un margen de beneficio del 41 %). Por el sistema operativo para ordenadores personales clientes Windows (segmento de productos para «clientes»), Microsoft obtuvo en el mismo período unos beneficios de 8 400 millones USD sobre una facturación de 10 394 millones USD (margen de beneficio del 81 %).


6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/29


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 2 de junio de 2004

relativa a las ayudas estatales previstas por Italia (Región de Sicilia) en favor de la promoción y la publicidad de productos agrícolas

[notificada con el número C(2004) 1923]

(El texto en lengua italiana es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/54/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Previa invitación a los interesados a presentar observaciones de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo (1) y habida cuenta de las observaciones recibidas,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

Por carta de 2 de septiembre de 1997, registrada el 5 de septiembre de 1997, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea notificó a la Comisión el artículo 6 de la Ley Regional no 27 de 1997 de la Región de Sicilia de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.

(2)

Mediante el télex VI/41836, de 28 de octubre de 1997, los servicios de la Comisión solicitaron de las autoridades competentes aclaraciones respecto a la ayuda prevista en el artículo 6 de la Ley Regional no 27 de 1997.

(3)

Por carta de 19 de enero de 1998 las autoridades competentes transmitieron información complementaria comunicando que la ley ya había entrado en vigor. La notificación se incluyó por tanto en el registro de ayudas no notificadas, con la referencia NN 36/98, según se comunicó a Italia mediante la carta SG(98) D/32328 de 3 de abril de 1998. Las autoridades competentes asimismo declararon expresamente que las ayudas previstas por la ley no se concederían antes de que concluyera favorablemente el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(4)

Mediante el télex VI/13937, de 31 de mayo de 2000, (precedido por el télex 2000/VI/10442 de 14 de abril, en versión inglesa) los servicios de la Comisión invitaron a las autoridades competentes a explicar las disposiciones contenidas en la Ley Regional no 27 de 1997 y a transmitir copia del texto de la misma.

(5)

Por carta de 31 de julio de 2002, registrada el 5 de agosto de 2002, las autoridades competentes presentaron información complementaria sobre el artículo 5 de la ley.

(6)

Mediante el télex AGR 024925, de 22 de octubre de 2002, los servicios de la Comisión solicitaron a las autoridades competentes que explicaran y aclararan la información complementaria recientemente transmitida y las medidas contenidas en la Ley Regional no 27 de 1997. En esa misma ocasión los servicios de la Comisión exponían a las autoridades competentes la posibilidad de retirar la notificación analizada, en caso de que las medidas de ayuda previstas en el artículo 6 de la Ley Regional no 27 de 1997 y eventualmente en otras disposiciones de la misma ley aún no hubieran sido adoptadas y en caso de estar dichas autoridades en condiciones de asegurar que no se habían hecho ni se harían posteriormente efectivas ayudas con arreglo a dicha Ley.

(7)

Al no recibir respuesta al télex anteriormente mencionado, los servicios de la Comisión enviaron el 20 de diciembre de 2002 a las autoridades competentes, mediante el télex AGR 30657, un recordatorio en el que las invitaban a presentar la información solicitada en el plazo de un mes precisando que, en caso de que para aquella fecha no se hubieran recibido respuestas satisfactorias a todas las preguntas planteadas, los servicios de la Comisión se reservaban el derecho de proponer a la Comisión el envío de un escrito de requerimiento de información con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento 3 (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (2).

(8)

Por carta de 10 de julio de 2003 [SG (2003) D/230470], la Comisión notificó a Italia la decisión de requerimiento de información respecto a los artículos 6 y 4 de la Ley Regional no 27 de 1997, adoptada el 9 de julio de 2003 [C(2003) 2054 final] con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999.

(9)

Junto con el requerimiento de información, la Comisión había solicitado a Italia la presentación, en el plazo de 20 días hábiles desde la notificación de su decisión, de todos los documentos, informaciones y datos necesarios que le permitieran comprobar si las ayudas previstas en la ley se habían concedido o si resultaban compatibles con el mercado común. Además de invitar a Italia a presentar eventualmente informaciones complementarias consideradas de utilidad para la valoración de las anteriores medidas, el requerimiento de información aludía expresamente a una serie de informaciones que también se solicitaban.

(10)

Los servicios de la Comisión no han recibido respuesta alguna a dicho requerimiento ni solicitud de prórroga del plazo dentro del cual había de presentarse la respuesta.

(11)

Por carta de 17 de diciembre de 2003 [SG(2003) D/233550], la Comisión comunicó a las autoridades italianas su decisión C(2003) 4473 final, de 16 de diciembre de 2003, por la que incoaba el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado respecto a las medidas de ayuda previstas en el artículo 4 («Publicidad de productos sicilianos») y en el artículo 6 («Cooperativas, cantine sociali») de la Ley Regional no 27 de 1997.

(12)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (3). La Comisión invitó a las partes interesadas a presentar observaciones al respecto.

(13)

Por carta de 10 de febrero de 2004, registrada el 13 de febrero de 2004, la Representación permanente de Italia ante la Unión Europea solicitó a la Comisión, en nombre de la Región de Sicilia, una prórroga de 20 días hábiles para presentar las informaciones solicitadas por la Comisión en su Decisión C(2003) 4473 final, de 16 de diciembre de 2003, respecto al artículo 4 («Publicidad de productos sicilianos») de la Ley Regional no 27 de 1997. En esa misma ocasión las autoridades italianas anunciaban su intención de retirar la notificación de la medida de ayuda prevista en el artículo 6 («Cooperativas, cantine sociali») que, como se indicaba en la carta, no se había hecho efectiva.

(14)

Mediante el télex AGR 05312 de 23 de febrero de 2004, los servicios de la Comisión confirmaban que la prórroga solicitada por Italia había sido concedida con efectos de 13 de febrero de 2004.

(15)

Por carta de 18 de febrero de 2004, registrada el 26 de febrero de 2004, la Representación permanente de Italia transmitió una solicitud de prórroga de 20 días hábiles respecto a dicha medida de ayuda.

(16)

Por carta de 24 de febrero de 2004, registrada el 1 de marzo de 2004, posteriormente confirmada por carta de 12 de marzo de 2003, registrada el 17 de marzo de 2003, las autoridades italianas informaban a la Comisión de la retirada de la notificación relativa a la medida de ayuda prevista en el artículo 6 («Cooperativas, cantine sociali») de la Ley Regional no 27 de 1997 a la cual, como se señalaba en sus cartas, no se había dado ni se daría ejecución.

(17)

Mediante el télex AGR 07074 de 11 de marzo de 2004, se informaba a las autoridades italianas de que no se concedería ninguna otra prórroga para la presentación de las informaciones u observaciones con posterioridad al 24 de marzo de 2004, ya que la decisión de incoar el procedimiento se había publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 24 de febrero de 2004 y el plazo previsto para la transmisión de observaciones de terceros vencía en esa misma fecha. En el mismo télex los servicios de la Comisión cursaban la retirada de la notificación relativa al artículo 6 («Cooperativas, cantine sociali») de la Ley Regional no 27 de 1997.

(18)

La Comisión recibió las observaciones de las autoridades italianas en relación con el artículo 4 («Publicidad de productos sicilianos») de la Ley Regional no 27 de 1997 mediante carta de 15 de marzo de 2004 (registrada el 18 de marzo de 2004).

(19)

De acuerdo con la decisión de incoar el procedimiento (4), la presente decisión se refiere exclusivamente a las ayuda estatales previstas en el artículo 4 («Publicidad de productos sicilianos») de la Ley Regional no 27 de 1997 en favor de los productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado, que pueden haberse concedido o concederse tras la entrada en vigor de las Directrices sobre ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de determinados productos no incluidos en el mismo (5), (en lo sucesivo, «las Directrices sobre la publicidad»), es decir, desde el 1 de enero de 2002.

(20)

Toda vez que la notificación relativa al artículo 6 («Cooperativas, cantine sociali») de la Ley Regional no 27 de 1997 había sido retirada por Italia mediante carta de 24 de febrero de 2004, registrada el 1 de marzo de 2004, no hay motivo para describir y evaluar las medidas de ayuda previstas en aplicación de dicho artículo 6.

II.   DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS MEDIDAS DE AYUDA

(21)

El artículo 4 («Publicidad de productos sicilianos») modifica el artículo 17 de la Ley Regional no 14 de 1966 y establece lo siguiente: «1) Las campañas de publicidad serán realizadas directamente por el Ministerio Regional o a través del Instituto de Comercio Exterior o por medio de organismos especializados, o a través de consorcios establecidos por el Ente Fiera del Mediterraneo o por el Ente Fiera di Messina o por dichos entes y una o varias Cámaras de Comercio de la Región basándose en los programas indicados en el artículo 15. Los programas citados podrán tener una duración de tres años. 2) Con la exclusión de los consorcios arriba citados, si la realización de los programas se confía a organismos ajenos a la administración nacional o regional, se aplicará la normativa prevista para confiar los servicios de la administración pública.».

(22)

No obstante las sucesivas solicitudes de los servicios de la Comisión y el requerimiento de información notificado por la Comisión en su Decisión de 9 de julio de 2003, las autoridades italianas no enviaron las informaciones que habrían permitido a la Comisión disipar la duda de que el artículo 4 pudiera introducir ayudas estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE y, en tal caso, evaluar si las ayudas podían considerarse compatibles con el mercado común. No quedaba claro, por otra parte, si las ayudas en cuestión ya se habían concedido.

(23)

En su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado sobre la medida de que se trata, la Comisión observaba que, es esa fase del procedimiento, y a falta de informaciones por parte de las autoridades italianas, desconocía si el artículo 4 de la Ley Regional no 27 de 1997 preveía la introducción o la modificación de ayudas estatales para la promoción o la publicidad de los productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado.

(24)

Por otra parte, la Comisión manifestaba dudas acerca de la compatibilidad de las medidas de ayuda con el mercado común, dado que a falta de respuesta por parte de las autoridades italianas, a la Comisión no le constaba en absoluto que las medidas objeto de la financiación en virtud del artículo 4 de la Ley fueran compatibles con las normas actualmente aplicables a este tipo de medidas de ayuda, es decir, con las normas establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas para publicidad.

(25)

Asimismo, habida cuenta de las modalidades de actuación de los programas y de las campañas publicitarias y de promoción previstas en el artículo 4, aquí descritas en el considerando 21, la Comisión albergaba dudas sobre si dichas medidas eventuales se ejecutarían de conformidad con las normas comunitarias en materia de contratos públicos. Por lo que respecta en particular a la selección directa de los entes y organismos encargados de las campañas publicitarias, la Comisión dudaba de que se celebrara por escrito un contrato a título oneroso entre la autoridad contratante y los proveedores de servicios seleccionados y que en ese caso se cumplieran las rigurosas condiciones fijadas en la sentencia Teckal (6). En el supuesto de que no se respetaran tales condiciones, la Comisión dudaba de que la selección de intermediarios se realizara conforme a las normas correspondientes fijadas por la Directiva 92/50/CEE del Consejo (7) y, de cualquier modo, según los principios recogidos en el Tratado, en particular los relativos a igualdad de trato y transparencia, garantizando «un grado suficiente de publicidad» como reclama el Tribunal de Justicia (8).

III.   OBSERVACIONES DE TERCEROS

(26)

La Comisión no ha recibido observaciones de terceros.

IV.   OBSERVACIONES DE ITALIA

(27)

La Comisión ha recibido observaciones de Italia, en nombre de la Región de Sicilia, por carta de 15 de marzo de 2004, registrada el 18 de marzo de 2004.

(28)

En la carta, las autoridades italianas confirmaban la retirada de la notificación del artículo 6 de la Ley Regional no 27 de 1997 y aportaban observaciones en relación con el artículo 4.

(29)

Indicaban en particular que la modificación introducida por el artículo 4 («Publicidad de productos sicilianos») en el artículo 17 de la Ley Regional no 14 de 1996 respecto a la realización de campañas publicitarias por parte de consorcios constituidos por el Ente fiera del Mediterraneo y el Ente fiera di Messina o entre estos y una o más cámaras de comercio de la Región, no se aplicó ya que dichos consorcios no llegaron a constituirse.

(30)

De acuerdo con la información aportada, los programas de promoción se llevan a cabo directamente por el Ministerio Regional o a través del Instituto de Comercio Exterior (convenciones redactadas en los años 1993-1998 y 1999-2001-2003 dentro de los acuerdos entre el Ministerio de Actividades Productivas y las Regiones). Los responsables seleccionan los proyectos presentados anualmente para financiación y proceden a confiar los servicios necesarios para su ejecución con arreglo a la normativa vigente en la materia, dentro del respeto de las reglas del mercado, excepto cuando existan contratos de exclusividad con los organizadores.

(31)

El Ministerio Regional es competente no solo en el sector agroalimentario sino también en otros sectores (artesanía, editorial, textil, etc.). En lo que respecta al sector aquí examinado, las actividades financiadas con fondos públicos al 100 % de los costes son las siguientes:

a)

participación en muestras y ferias en Italia y en el extranjero: los gastos directamente necesarios para el arrendamiento de locales de exposición, montaje de pabellones, conexiones de agua y electricidad, inscripción en el catálogo oficial del acontecimiento, publicidad del mismo, dotación de intérpretes, transporte y seguros;

b)

organización de talleres en Italia y el extranjero: los gastos necesarios para la organización y el desarrollo de los encuentros (alquiler de salas, equipamiento, selección de los encuentros, dotación de intérpretes y publicidad sobre el tema);

c)

publicidad a través de los medios de comunicación (prensa, carteles, radio, televisión).

(32)

Los beneficiarios de la financiación de los gastos enumerados en las letras a) y b) son los consorcios de empresas y las empresas debidamente inscritas en las Cámaras de Comercio de Sicilia. La selección de los beneficiarios se efectúa mediante anuncio público anual para la presentación de solicitudes de participación y conforme a parámetros de selección previamente definidos y publicados en la Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana. En virtud del cuarto considerando de Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis  (9), las ayudas recogidas en las letras a) y b) no constituyen ayudas a la exportación y, a partir de 2002, se les aplican las normas de minimis. Por lo que se refiere al sector agroalimentario, a la luz de las Directrices sobre la publicidad, las ayudas en cuestión pueden incluirse en las ayudas «ligeras», reguladas en el punto 14.1 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (10) y relativas a «organización de competiciones, exposiciones y ferias». Además de ello, a pesar de que la Ley Regional no hace mención expresa del máximo de 100 000 EUR por beneficiario en el período de tres años, las ayudas concedidas a cada empresa beneficiaria en concepto de participación en ferias y talleres se mantendrían bien por debajo de tal tope.

(33)

En lo que atañe a la publicidad a través de los medios de comunicación, las autoridades italianas han precisado que las campañas publicitarias realizadas, ya sea en el territorio nacional o en el comunitario, no se refieren específicamente a los productos de una empresa concreta o de un grupo de empresas, sino que hacen propaganda de los productos de modo genérico, sin subrayar su origen, aunque se trate de productos típicos de la región. Para las campañas publicitarias relativas al sector agroalimentario, el mensaje que se dirige al consumidor se refiere a un producto o grupo de productos sin hacer referencia a las empresas productoras de la región. Se trata de una forma de publicidad genérica que no exhorta a la compra de productos por la única razón del origen regional y que no puede considerarse publicidad negativa respecto de los productos de otros Estados miembros. La publicidad, por tanto, no supone infracción del artículo 28 del Tratado.

(34)

Las observaciones presentadas por las autoridades italianas se refieren a las iniciativas de promoción y publicidad llevadas a cabo tanto en la Comunidad Europea como en terceros países, dado que los criterios seguidos son los mismos.

V.   EVALUACIÓN DE LA AYUDA

(35)

Con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia.

(36)

La medida aquí examinada prevé la concesión de ayudas, a base de recursos públicos regionales, a empresas agrícolas concreta de Sicilia que sin duda se beneficiarán de una ventaja indebida, de carácter económico y financiero, en perjuicio de otras empresas que no disfrutarán de una contribución análoga. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la mejora de la posición competitiva de una empresa gracias a una ayuda estatal comporta por lo general una distorsión de la competencia respecto a las empresas competidoras que no se benefician de tal ayuda (11).

(37)

La medida afecta a los intercambios entre Estados miembros en la medida en que los intercambios intracomunitarios de productos agrícolas son considerables, como se observa en el cuadro siguiente (12) en el que figura el valor global de las importaciones y las exportaciones de productos agrícolas entre Italia y la Comunidad a lo largo del período 1997-2001 (13). Ha de tenerse en cuenta que, entre las regiones italianas, Sicilia es un importante productor desde el punto de vista agrícola.

 

Total sector agrario

 

Millones ECU-EUR

Millones ECU-EUR

 

Exportaciones

Importaciones

1997

9 459

15 370

1998

9 997

15 645

1999

10 666

15 938

2000

10 939

16 804

2001

11 467

16 681

(38)

En relación con lo anteriormente expuesto, ha de recordarse que, según el Tribunal de Justicia, una ayuda a una empresa puede llegar a perjudicar a los intercambios comerciales entre Estados miembros y a falsear la competencia si la empresa misma compite con productos procedentes de otros Estados miembros aun sin ser exportadora. Cuando un Estado miembro concede una subvención a una empresa, la producción nacional puede no variar o aumentar, pero sí dar lugar a que las empresas establecidas en otros Estados miembros vean mermadas sus posibilidades de exportar sus productos a ese Estado miembro. Una ayuda así puede, pues, afectar al comercio entre Estados miembros y falsear la competencia (14).

(39)

La Comisión concluye, por consiguiente, que la prohibición prevista en el artículo 87, apartado 1, del Tratado es aplicable a la medida examinada. Las autoridades italianas jamás han puesto en tela de juicio este punto.

(40)

La prohibición prevista en el artículo 87, apartado 1, es objeto de las excepciones recogidas en el artículo 87, apartados 2 y 3.

(41)

Las excepciones del artículo 87, apartado 2, letras a), b) y c), son manifiestamente inaplicables debido a la naturaleza de las medidas de ayuda en cuestión y a sus objetivos. Las autoridades italianas, en efecto, no han solicitado la aplicación del artículo 87, apartado 2, letras a), b) y c).

(42)

Del mismo modo, el artículo 87, apartado 3, letra a), tampoco es de aplicación en el caso que nos ocupa puesto que las ayudas no están destinadas a fomentar el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de desempleo. Por otra parte, Italia no ha invocado la aplicación del artículo 87, apartado 3, letra a).

(43)

El artículo 87, apartado 3, letra b), es igualmente inaplicable a las ayuda en cuestión toda vez que estas no están destinadas a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o a poner remedio a una grave perturbación de la economía italiana. En este sentido Italia tampoco ha solicitado la aplicación del artículo 87, apartado 3, letra b).

(44)

Las ayudas aquí analizadas no están destinadas ni son idóneas para lograr los objetivos de promoción de la cultura y de conservación del patrimonio que estipula el artículo 87, apartado 3, letra d), e Italia no ha solicitado que se aplique dicha disposición.

(45)

Habida cuenta de la naturaleza de las ayudas examinadas y de sus objetivos, la única excepción aplicable es la prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c).

Disposiciones aplicables

(46)

La aplicabilidad de la excepción prevista en el considerando 45 debe evaluarse a la luz de las disposiciones que regulan la concesión de ayudas estatales para la promoción y la publicidad en el sector agrícola, es decir, las normas establecidas en las Directrices sobre la publicidad (15).

(47)

Conforme a la sección 7.1 de dichas Directrices, la Comisión aplicará las mismas a las nuevas ayudas estatales, incluidas las notificaciones pendientes de los Estados miembros, con efectos a partir del 1 de enero de 2002. Las ayudas ilegales con arreglo al artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 se evaluarán de conformidad con las normas y Directrices aplicables en el momento en que se concedió la ayuda.

(48)

En virtud de la decisión de incoar el procedimiento, en la que la Comisión ha expresado dudas acerca de la compatibilidad de las medidas en cuestión con las normas actualmente aplicables a este tipo de ayudas (16), la presente Decisión se refiere únicamente a las ayudas concedidas y por concederse a partir del 1 de enero de 2002 a favor de la promoción y la publicidad de los productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado.

(49)

En lo tocante a las ayudas a la promoción, el punto 8 de las Directrices sobre la publicidad establece que las actividades de promoción tales como la divulgación de conocimientos científicos entre el público, la organización de ferias y exposiciones, la participación en las mismas, y cualquier otra actividad similar de relaciones públicas, así como las encuestas y estudios de mercado, no serán consideradas publicidad. Las ayudas estatales para este tipo de promoción en sentido amplio quedan sujetas a los puntos 13 y 14 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (17). Atendiendo a que la notificación no precisa que las ayudas examinadas se apliquen únicamente a la pequeña y mediana empresa, en este caso concreto no es de aplicación el Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios (18).

(50)

En lo que atañe a las ayudas a la publicidad, el punto 7 de las Directrices sobre la publicidad establece que el concepto de «publicidad» —al que se aplican esas Directrices— no solo se refiere a cualquier operación efectuada a través de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión o carteles) destinada a inducir al consumidor a comprar un determinado producto, sino que queda incluida cualquier operación destinada a inducir a los agentes económicos o a los consumidores al mismo fin, incluidas las actividades publicitarias destinadas a los consumidores en el punto de venta.

Ayudas destinadas a la promoción

(51)

De la información disponible se desprende que las ayudas destinadas a la participación en ferias y talleres dentro y fuera de la Comunidad, como se recoge en el considerando 31, letras a) y b), y en el considerando 32 de la presente Decisión, pueden considerarse enteramente ayudas destinadas a la promoción solo en la medida en que las actividades descritas no incluyan operaciones dirigidas a inducir a los agentes económicos o a los consumidores a comprar un determinado producto, ni material distribuido directamente a los consumidores con el mismo fin. Con arreglo al punto 7 de las Directrices sobre publicidad, las ayudas para operaciones dirigidas a inducir a los agentes económicos o a los consumidores a comprar un determinado producto y para material distribuido directamente a los consumidores con el mismo fin, se consideran ayudas a la publicidad.

(52)

En tanto en cuanto las medidas destinadas a la participación en ferias y talleres dentro y fuera de la Comunidad han de considerarse efectivamente ayudas a la promoción, con arreglo a las secciones 13 y 14 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario, las ayudas pueden concederse hasta el 100 %, pero no deben superar los 100 000 EUR por beneficiario y por trienio. Esa cantidad máxima podrá superarse, siempre que no sobrepase el 50 % de los gastos subvencionables, en el caso de las ayudas concedidas a empresas comprendidas en la definición de pequeñas y medianas empresas recogida en el Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (19). A efectos del cálculo del importe de la ayuda, se considera beneficiario el destinatario de los servicios. Como se desprende de la observación transmitida por las autoridades italianas, las medidas a favor de la promoción aquí analizadas se financian respetando dicha cantidad máxima y son, por tanto, compatibles con las normas correspondientes (20).

(53)

De acuerdo con la sección 14 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario, con el fin de evitar un falseamiento de las condiciones de la competencia, este tipo de ayudas debería en principio ponerse a disposición de todos aquellos que puedan optar a las mismas conforme a condiciones objetivas. Según las informaciones comunicadas por Italia, y ya señaladas en el considerando 32 de la presente Decisión, esa condición ha quedado satisfecha (21). Las ayudas limitadas a determinados grupos y destinadas a beneficiar únicamente a los miembros de estos no contribuyen al desarrollo del sector en su conjunto y deben considerarse ayudas de funcionamiento. Por consiguiente, cuando la prestación de estos servicios corra a cargo de asociaciones de productores o de otras organizaciones agrícolas de apoyo mutuo, los servicios deberán estar a disposición de todos los agricultores. En estos casos, las contribuciones destinadas a sufragar los costes administrativos de la agrupación o asociación deberán limitarse a los costes de la prestación del servicio.

Ayudas destinadas a la publicidad

(54)

En la medida en que comprenden también operaciones encaminadas a inducir a los agentes económicos o los consumidores a comprar un determinado producto, o material distribuido directamente a los consumidores con el mismo fin (por ejemplo, publicidad en los puntos de venta o publicidad dirigida a los agentes económicos, tales como empresarios del sector agroalimentario, distribuidores al por mayor y al por menor, restaurantes, hoteles y otros agentes dedicados al sector de la restauración), las medidas mencionadas en favor de la participación en ferias y talleres deben evaluarse a la luz de las normas aplicables a las ayudas a la publicidad, de igual manera que las medidas publicitarias realizadas a través de los medios de comunicación (prensa, carteles, radio, televisión) descritas en el considerando 31, letra c), y en el considerando 33 de la presente Decisión.

(55)

Con arreglo a las Directrices sobre publicidad, normalmente son los propios productores o comerciantes quienes deben correr a cargo con los gastos de publicidad, que forman parte de sus actividades económicas habituales.

(56)

De ahí que, para que las ayudas para la publicidad de productos agrícolas y otros productos sean compatibles con el mercado común, según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado y no se consideren simples ayudas de funcionamiento, es necesario que no incidan en los intercambios comunitarios en una medida contraria al interés común (criterios negativos), y faciliten el desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas (criterios positivos). Asimismo, las ayudas estatales deben respetar las obligaciones internacionales de la Comunidad, que en el caso de la agricultura se recogen en el Acuerdo sobre la agricultura (OMC-GATT, 1994).

(57)

Para satisfacer los criterios negativos, conforme a la sección 3.1 de las Directrices sobre publicidad, las ayudas no deben concederse a campañas de promoción que infrinjan el artículo 28 del Tratado CE (sección 3.1.1) o a campañas contrarias a la legislación comunitaria derivada (sección 3.1.2) o de publicidad relacionada con empresas concretas (sección 3.1.3). Igualmente, en los casos en que la realización de acciones publicitarias financiadas con fondos públicos se encomiende a empresas privadas, con el fin de excluir la eventual concesión de ayudas a tales empresas, la elección de la empresa privada en cuestión deberá ser efectuada respetando las reglas del mercado de manera no discriminatoria y, de ser necesario, utilizando procedimientos de licitación conforme a la normativa comunitaria, y en particular a la jurisprudencia comunitaria (22), con publicidad suficiente para que el mercado de servicios quede abierto a la competencia y pueda controlarse la imparcialidad de los procedimientos de adjudicación.

(58)

De acuerdo con las informaciones transmitidas, los criterios previstos en la sección 3.1.1 («Campañas que infringen el artículo 28 del Tratado») y 3.1.3 («Publicidad relacionada con empresas concretas») quedan satisfechos por las medidas publicitarias descritas en el considerando 30, en el considerando 31, letra c), y en el considerando 33 de la presente Decisión. Las autoridades italianas no han aportado sin embargo indicación alguna sobre el cumplimiento del criterio recogido en la sección 3.1.2 («Campañas contrarias a la legislación comunitaria derivada»).

(59)

Además de satisfacer los criterios negativos, con arreglo a la sección 3.2 de las Directrices sobre publicidad, la publicidad subvencionada debe cumplir al menos uno de los criterios positivos dirigidos a demostrar que la ayuda contribuye efectivamente al desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas. Se considera que se cumple esta condición positiva si la publicidad subvencionada se refiere a uno de los casos siguientes: productos agrarios y otros productos excedentarios o especies subexplotadas; productos nuevos o sustitutivos que todavía no son excedentarios; productos de alta calidad, incluidos los productos obtenidos a partir de métodos de producción específicos compatibles con el medio ambiente, tales como los de la producción ecológica; desarrollo de regiones determinadas; desarrollo de pequeñas y medianas empresas, a tenor de lo definido en el Reglamento (CE) no 70/2001; proyectos aplicados por organizaciones reconocidas oficialmente en virtud del Reglamento (CE) no 104/2000 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y la acuicultura (23); proyectos aplicados conjuntamente por organizaciones de productores u otras organizaciones del sector pesquero reconocidas por las autoridades nacionales.

(60)

Con referencia a las ayudas a favor de la publicidad, las observaciones enviadas por las autoridades italianas no indican que las medidas publicitarias en cuestión se ajusten a uno de los criterios positivos arriba señalados.

(61)

En cuanto a la cantidad máxima de las ayudas estatales a favor de la publicidad de productos agrícolas, la sección 5 de las Directrices sobre la publicidad dispone que, como norma general, las ayudas directas (con cargo a un presupuesto público de carácter general) no superen la cantidad que el propio sector dedica a una determinada campaña publicitaria. Por ello, tratándose de ayudas a la publicidad, el porcentaje de ayuda directa no deberá superar el 50 % del total y las empresas del sector deberán contribuir al menos con el 50 % restante, bien a través de contribuciones voluntarias o de gravámenes parafiscales o contribuciones obligatorias. Para tener en cuenta la importancia de determinados criterios positivos mencionados en la sección 3.2, la Comisión puede autorizar un aumento del porcentaje máximo de ayuda directa hasta el 75 % de los costes en caso de publicidad de productos producidos por PYME en zonas subvencionables, al amparo del artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado.

(62)

De las informaciones recibidas y descritas en el considerando 31 de la presente Decisión se deduce que todas las medidas publicitarias y de promoción previstas en el régimen estudiado están financiadas al 100 % mediante recursos públicos. No se cumple, por tanto, la condición de que el 50 % (o el 25 %, en su caso) de la financiación proceda del sector.

(63)

De la evaluación arriba expuesta, la Comisión concluye que estas ayudas a favor de la publicidad no se ajustan a los criterios previstos en la sección 3.1.2 («Campañas que infringen la legislación comunitaria derivada»), y 3.2 («Criterios positivos») y 5 («Cantidades máximas de las ayudas estatales») de las Directrices sobre la publicidad.

(64)

La misma conclusión se extrae en cuanto a las medidas aplicadas tanto dentro como fuera de la Comunidad. Puesto que las ayudas aplicadas fuera de la Comunidad a la publicidad no están expresamente previstas en las Directrices sobre ayudas estatales al sector agrario, la Comisión ejerce su propia discrecionalidad a la hora de evaluarlas. Según la práctica constante de la Comisión, si se adecuan a las normas correspondientes sobre ayudas estatales aplicables dentro del territorio comunitario, las medidas examinadas pueden considerarse compatibles con el mercado común y su financiación puede autorizarse hasta un 80 % (24). En este caso concreto, como se desprende de las informaciones aportadas y descritas en los considerandos 31 y 33 anteriores, las medidas aplicadas dentro y fuera de la Comunidad son las mismas y la ayuda concedida asciende al 100 %. Así pues, una vez más no se respetan ni los criterios establecidos en la sección 3.1.2 («Campañas que infringen la legislación comunitaria derivada») y 3.2 («Criterios positivos») de las Directrices sobre la publicidad, ni la cantidad máxima de las ayudas estatales autorizadas por la Comisión (25). Estas ayudas son, por tanto, también incompatibles con el mercado común.

(65)

La presente Decisión se refiere exclusivamente a las medidas de ayuda a favor de la promoción y la publicidad de los productos agrícolas que figuran en el anexo I del Tratado. No constituye una postura formal de la Comisión en cuanto a la conformidad de la selección de los proveedores de servicios con la normativa comunitaria sobre contratos públicos y con la correspondiente jurisprudencia. La Comisión se reserva el derecho de ahondar en el examen de la cuestión a la luz de la normativa sobre contratos públicos.

VI.   CONCLUSIÓN

(66)

De lo anteriormente expuesto se desprende que las medidas de ayuda en favor de la promoción, en tanto en cuanto son conformes a las secciones 13 y 14 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario, pueden considerarse compatibles con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), por tratarse de medidas destinadas a contribuir al desarrollo de determinadas actividades económicas.

(67)

Las medidas de ayuda en favor de la publicidad, que no se ajustan a lo dispuesto en las Directrices sobre ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado y de determinados productos no incluidos en el mismo, no son compatibles con el mercado común y pueden hacerse efectivas solamente previa modificación para adecuarlas a dichas disposiciones.

(68)

En caso de haber sido concedidas, las medidas de ayuda en favor de la publicidad incompatibles con el mercado común habrán de recuperarse de los beneficiarios.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Las ayudas estatales previstas por Italia en favor de la promoción de productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado, en aplicación del artículo 4 de Ley Regional no 27 de 1997 de la Región de Sicilia, son compatibles con el mercado común.

Queda autorizada, por tanto, la ejecución de dichas ayudas.

Artículo 2

Las ayudas estatales previstas por Italia en favor de la publicidad de los productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado, en aplicación del artículo 4 de Ley Regional no 27 de 1997 de la Región de Sicilia, son incompatibles con el mercado común.

Dichas ayudas, por tanto, no podrán ejecutarse.

Artículo 3

Italia adoptará todas las medidas necesarias para obtener de sus beneficiarios la recuperación de las ayudas previstas en el artículo 2, en caso de haberlas puesto a su disposición ilegalmente.

La recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional, siempre que estos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión. La ayuda que habrá de recuperarse incluirá los intereses devengados desde la fecha en que se puso a disposición del beneficiario o beneficiarios hasta la de su recuperación. Los intereses se calcularán sobre la base del tipo de referencia utilizado para el cálculo del equivalente de subvención en el marco de las ayudas regionales.

Artículo 4

Italia modificará sus disposiciones de Derecho interno sobre ayudas para la publicidad de productos agrícolas incluidos en el anexo I del Tratado, con el fin de adecuarlas a las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de determinados productos no incluidos en el mismo.

Artículo 5

Italia informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.

Artículo 6

El destinatario de la presente decisión será la República Italiana.

Hecho en Bruselas, el 2 de junio de 2004.

Por la Comisión

Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión


(1)  DO C 48 de 24.2.2004, p. 2.

(2)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. Reglamento modificado por el Acta de adhesión de 2003.

(3)  Véase la nota 1.

(4)  Véanse los puntos 27, 28 y 29 de la Decisión publicada en el DO C 48 de 24.2.2004, p. 2.

(5)  DO C 252 de 12.9.2001, p. 5.

(6)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1999, en el asunto C-107/98, Teckal Srl/Comune di Viano y Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, Rec. 1999, p. I-8121.

(7)  DO L 209 de 24.7.1992. Directiva modificada en último lugar por el Acta de adhesión de 2003.

(8)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de diciembre de 2000, en el asunto C-324/98, Telaustria Verlags GmbH y Telefonadress GMBH/Telekom Austria AGRec. 2000, p. I-10745.

(9)  DO L 10 de 13.1.2001, p. 30.

(10)  DO C 28 de 1.2.2000, p. 2. Corrección de errores en el DO C 232 de 1.8.2000, p. 17.

(11)  Véase el asunto C-730/79, Philips Morris Holland BV/Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. 1980, p. 2671, considerandos 11 y 12.

(12)  Fuente: Eurostat.

(13)  Según una jurisprudencia constante, la condición del efecto en los intercambios comerciales se cumple puesto que la empresa beneficiaria ejerce una actividad económica objeto de intercambios comerciales entre Estados miembros. El mero hecho de que la ayuda refuerce la posición de la empresa con relación a otras empresas competidoras en el comercio intracomunitario da a entender que los intercambios comerciales resultan afectados por la ayuda. Respecto a las ayudas estatales en el sector agrario, es ya jurisprudencia consolidada considerar que una determinada ayuda, a pesar de que su importe global sea relativamente reducido y de que se reparta entre numerosos agricultores, repercute en los intercambios comerciales intracomunitarios y la competencia. Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002 en el asunto C-113/00, Reino de España/Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. 2002, p. I-7601, considerandos 30 a 36 y 54 a 56, y sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002 en el asunto C-114/00, Reino de España/Comisión de las Comunidades Europeas, Rec 2002, p. 7657, considerandos 46 a 52 y 68 a 69.

(14)  Sentencia del tribunal de Justicia de 13 de julio de 1988 en el asunto 102/87, República Francesa/Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. 1988, p. 4067.

(15)  Véase la nota 5.

(16)  Véanse los puntos 27, 28 y 29 de la Decisión publicada en el DO C 48 de 24.2.2004, p. 2.

(17)  Véase la nota 9.

(18)  DO L 1 de 3.1.2004, p. 1.

(19)  DO L 10 de 13.1.2001, p. 33. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 364/2004 (DO L 63 de 28.2.2004, p. 22).

(20)  Por lo que respecta al sector agrario, las ayudas en favor de la promoción y la publicidad ejecutadas fuera de la Comunidad no están expresamente previstas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario. La Comisión, por consiguiente, ejerce su propia discrecionalidad a la hora de evaluarlas. De acuerdo con la práctica habitual de la Comisión, si las medidas examinadas se ajustan a las correspondientes normas sobre las ayudas estatales aplicables en el territorio comunitario, pueden considerarse compatibles con el mercado común. Véanse a título de ejemplo: Italia/Toscana ayuda N 656/2002, ayuda NN 150/02 (ex N 109/02) [carta de la Comisión C(2003) 1747 de 11 de junio de 2003] y ayuda NN 44/03 (ex N 6/2003) [carta de la Comisión C(2003) 2534 de 23 de julio de 2003].

(21)  Como se indica en la Decisión de la Comisión C(2002) 1768 final, de 7 de mayo de 2002 (ayuda N 241/01 — Italia/Camere di commercio) el establecimiento de una empresa europea y su inscripción en la cámara de comercio competente en el ámbito local no están sujetos a ningún límite de Derecho o de hecho. Véase igualmente la ayuda N 62/01 (Italia/Unione delle C amere di Commercio del Piemonte e del Veneto), Decisión de la Comisión SG(2001) D/290914 de 8 de agosto de 2001.

(22)  Asunto C-324/98, ya citado.

(23)  DO L 17 de 21.1.2000, p. 22. Reglamento modificado por el Acta de adhesión de 2003.

(24)  Véanse por ejemplo: Italia/Toscana Yuda N 656/02, ayuda NN 150/02 (ex N 109/02) [carta de la Comisión C(2003) 1747 de 11 de junio de 2003] y ayuda NN 44/03 (ex N 6/03) [carta de la Comisión C(2003) 2534 de 23 de julio de 2003].

(25)  Véase la nota 23.


6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/37


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 9 de noviembre de 2005

relativa al régimen de ayudas que Francia prevé poner en marcha en favor de los productores y comerciantes de vinos generosos: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie y Macvin du Jura

[notificada con el número C(2005) 4189]

(El texto en lengua francesa es el único auténtico)

(2007/55/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Tras haber invitado a los interesados a presentar sus observaciones de conformidad con el mencionado artículo (1),

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

Mediante carta de 23 de junio de 2003, la Representación permanente de Francia ante la Unión Europea notificó a la Comisión, con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado, un régimen de ayudas que tenía previsto poner en marcha en favor de los productores y comerciantes de vinos generosos: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie y Macvin du Jura. Las autoridades francesas enviaron información complementaria mediante cartas de 9 de agosto, 24 y 28 de noviembre de 2003 y 17 y 24 de febrero de 2004.

(2)

Mediante carta de 20 de abril de 2004, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE contra esta medida.

(3)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión.

(4)

La Comisión no ha recibido observación alguna de los interesados.

(5)

Mediante carta de 11 de junio de 2004, registrada el 14 de junio de 2004, Francia presentó a la Comisión sus observaciones.

II.   DESCRIPCIÓN

(6)

Las ayudas notificadas son la prolongación de las que anteriormente habían sido notificadas y aprobadas por la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales no N 703/95 (3) y no N 327/98 (4), y se destinarán a medidas de publicidad y promoción, a programas de investigación y experimentación, a actuaciones de asistencia técnica y a medidas destinadas a fomentar los productos de calidad.

(7)

La decisión de la Comisión relativa a la ayuda estatal no N 703/95 fue anulada por una sentencia del Tribunal de Justicia, cuyo contenido se detalla más abajo.

(8)

Las ayudas N 703/95 y 327/98, inicialmente previstas para un período de cinco años a partir de 1995/1996, estaban divididas en siete tramos de pagos, el último de los cuales abarcaba el período mayo de 2001-abril de 2002. Debido a las restricciones presupuestarias impuestas por el Gobierno, estos últimos créditos aún siguen congelados. La fecha de expiración del régimen anterior se prorrogó hasta el 30 de abril de 2002.

(9)

En lo que atañe a las producciones beneficiarias, existen cambios con relación a los regímenes anteriores. Por ejemplo, los profesionales del sector de los aguardientes (Armagnac, Calvados y Coñac) no solicitaron la prórroga del régimen. En consecuencia, las autoridades francesas decidieron limitarlo únicamente a los vinos generosos con DOC.

(10)

Para todos los gremios contemplados y todas las ayudas descritas a continuación, está previsto, para un período de 5 años, un presupuesto global de ayudas de 12 000 000 de euros repartidos como sigue: Pineau des Charentes, 9 360 000 euros; Floc de Gascogne, 2 040 000 euros; Pommeau de Normandie, 360 000 euros y Macvin du Jura, 240 000 euros.

(11)

El Estado, a través de sus recursos presupuestarios, financiará únicamente las actuaciones de investigación, asistencia técnica y desarrollo de productos de calidad. Las medidas de publicidad y promoción serán financiadas, en parte, por el Estado y, en parte, por las organizaciones interprofesionales en cuestión mediante cotizaciones voluntarias obligatorias cobradas a sus miembros. El Estado financiará un máximo del 50 % de las medidas de publicidad en el territorio de la Unión Europea.

(12)

Las cotizaciones voluntarias obligatorias se aplican a los volúmenes de vinos generosos DOC comercializados por los viticultores, destiladores de profesión, comerciantes y negociantes al por mayor situados en la zona de producción de la DOC en cuestión.

(13)

En 2002, la cotización voluntaria obligatoria para el Pineau de Charentes ascendía a 12,96 euros/hectolitro volumen; para el Floc de Gascogne, a 0,25 euros/col; para el Pommeau de Normandie, a 30,79 euros/hectolitro volumen; y para el Macvin du Jura, a 2,75 euros/hectolitro.

1.   Medidas de publicidad y promoción

(14)

Las autoridades francesas han explicado que las campañas en cuestión se llevarán a cabo en determinados mercados de la Unión Europea, entre ellos Francia, y en mercados de países terceros. Estas medidas de publicidad tienen como objetivo favorecer el desarrollo de las intenciones de compra mediante una mejora del conocimiento de los vinos generosos, sin que la publicidad se limite en ningún caso a productos de empresas particulares. Todas las producciones que serán objeto de dicha publicidad son denominaciones de origen controlado: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie y Macvin du Jura.

(15)

Estas acciones benefician al conjunto de productores de vinos generosos organizados, que, según las autoridades francesas, no podrían realizar por sí solos un esfuerzo equivalente para mejorar la comercialización de sus productos.

(16)

Se velará por que los mensajes contenidos en las medidas publicitarias no tengan por objeto disuadir a los consumidores de comprar productos de otros Estados miembros o menospreciar dichos productos.

(17)

Se tratará de campañas de publicidad, información y comunicación, que incluirán distintos tipos de actuaciones como publicidad en los medios de comunicación, la creación y la difusión de otros materiales publicitarios y la puesta en marcha de acciones publicitarias en los lugares de venta vinculadas a las campañas. Estas actuaciones podrán ir acompañadas de medidas de promoción como relaciones públicas, participación en salones, realización de seminarios, organización de manifestaciones, folletos o documentos de información, estudios sobre la percepción del producto y la pertinencia de las campañas.

(18)

Las autoridades francesas se han comprometido a presentar los materiales publicitarios utilizados para estas campañas o sus copias.

(19)

Las ayudas previstas por los gremios antes mencionados en materia de publicidad se limitarán al 50 % en el caso de las actuaciones en la Unión Europea, incluida Francia, y al 80 % en el caso de las actuaciones en terceros países.

(20)

Las ayudas provisionales a las actuaciones previstas ascienden, en euros, a:

 

UE

Terceros países

Total

Floc de Gascogne

1 490 000

212 500

1 702 500

Pineau des Charentes

6 956 000

1 000 000

7 956 000

Pommeau de Normandie

360 000

360 000

Macvin du Jura

175 000

175 000

TOTAL

8 981 000

1 212 500

10 193 500

2.   Acciones de investigación

(21)

Según las autoridades francesas, el objetivo de las acciones de apoyo a la investigación y a la experimentación se centra únicamente en todas las investigaciones útiles al sector, de carácter general y que benefician al conjunto del mismo.

(22)

En el caso del Pineau des Charentes: microbiología, alteraciones bacterianas y consecuencias (identificación de los factores de desarrollo de las bacterias lácticas en el Pineau des Charentes, puesta a punto de pruebas de contaminación y técnicas curativas); mecanismos de envejecimiento del Pineau des Charentes (identificación de criterios analíticos característicos de los fenómenos oxidativos e identificación de los factores de envejecimiento); constitución de un banco de datos analíticos (análisis generales -porcentaje de alcohol vinificable, azúcares, pH-, posibles contaminaciones químicas o bacterianas, metales, cationes, compuestos volátiles y residuos de productos fitosanitarios).

(23)

En el caso del Floc de Gascogne: estudios sobre las vides y los injertos, con el objetivo de optimizar la armonización del injerto de las vides para aumentar la frescura y el sabor a fruta en la elaboración del Floc de Gascogne (búsqueda de contenidos de azúcar elevados, de una viva intensidad de color y de una acidez total coherente); estudio del Armagnac que permite elaborar el Floc de Gascogne (seguimiento analítico: contenido de cobre, etanol, acetato de etilo y grado alcohólico; mejora del Armagnac utilizado); estudios y puesta a punto de un Floc de Gascogne adaptado a tipos de consumos específicos, operaciones de pruebas cualitativas y cuantitativas, conservación.

(24)

En el caso del Macvin du Jura: desarrollo técnico (seguimiento de la madurez de grupos de vides del Jura con el fin de determinar el estado de madurez y las vides mejor adaptadas a la elaboración del Macvin du Jura); cribado y notación del viñedo; calidad de los mostos y prensado (incidencia de los métodos de extracción -fermentación y frío- y de maceración pelicular de los mostos sobre la calidad aromática del Macvin du Jura); incidencia de las dosis de SO2 en el desfangado; aclaración y tratamiento para el embotellado (comparación de distintos métodos tendentes a obtener y mantener la limpidez del Macvin du Jura tras su embotellado).

(25)

Se financiará la totalidad de los costes de los trabajos de investigación previstos. Para los 5 años, la asignación provisional de las ayudas a esta medida de investigación, incluyendo los gastos informáticos y bibliográficos y todos los apoyos de difusión de los resultados de las actuaciones aplicadas a todos los agentes económicos, asciende a: Pineau des Charentes, 912 600 euros; Floc de Gascogne, 118 000 euros y Macvin du Jura, 65 000 euros.

3.   Medidas de asistencia técnica

(26)

Las autoridades francesas han descrito las medidas de asistencia técnica proyectadas, que consistirán esencialmente en formaciones técnicas tendentes a la mejora y control de los procesos de producción a todos los niveles (producción primaria, elaboración de los vinos, degustación) y en operaciones de divulgación de conocimientos.

(27)

Se financiará el 100 % de los costes de estos trabajos a reserva del límite máximo mencionado. La asignación provisional de las ayudas de este apartado para los 5 años es la siguiente: Pineau des Charentes, 280 800 euros y Floc de Gascogne, 169 000 euros.

4.   Ayudas a la producción de productos de calidad

(28)

En los sectores Pineau des Charentes y Floc de Gascogne se prevén algunas ayudas a la producción de productos de calidad. Se trata de las siguientes actuaciones: sistema HACCP y trazabilidad (elaboración y difusión de un referencial conforme a las exigencias técnicas y reglamentarias); estudios técnicos y económicos para fomentar las gestiones de calidad.

(29)

La asignación provisional de las ayudas a estas acciones es la siguiente para los 5 años: Pineau des Charentes, 210 600 euros y Floc de Gascogne, 50 500 euros.

III.   INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 88, APARTADO 2, DEL TRATADO.

(30)

Por lo que se refiere a la naturaleza, las condiciones de concesión o el método de financiación de las ayudas proyectadas, el examen preliminar de las medidas no planteó dudas sustanciales, aunque, en el caso de las ayudas a la publicidad, la Comisión haya juzgado necesario que Francia se comprometa explícitamente a que cualquier referencia al origen nacional de los productos sea secundaria.

(31)

La Comisión incoó el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado por razones relativas a la compatibilidad de las ayudas con otras disposiciones del Derecho comunitario, en particular, el artículo 90 del Tratado.

(32)

Conviene recordar que el Tribunal de Justicia anuló la Decisión de la Comisión relativa a la ayuda estatal no N 703/95, y que la medida notificada es una prolongación de la misma (5).

(33)

En su sentencia, el Tribunal recuerda que el Gobierno francés había instituido durante 1992 y 1993 (6) un régimen fiscal diferenciado para los vinos generosos y para los vinos dulces naturales. Por este motivo, a partir del 1 de julio de 1993, estos vinos se vieron gravados con un impuesto especial sobre el consumo de 1 400 FRF (7) por hectolitro en el caso de los vinos generosos, y de 350 FRF por hectolitro en el caso de los vinos dulces naturales.

(34)

En 1993/1994, algunos productores franceses se negaron a pagar los impuestos sobre consumos específicos suplementarios de los vinos generosos. Cuando esta «huelga de los impuestos sobre consumos específicos» se suspendió, en junio de 1994, el Presidente de la Confederación nacional de productores de vinos generosos DOC justificó la suspensión aduciendo que, a su modo de ver, el Gobierno francés preveía compensar a los productores franceses por la diferencia de imposición mediante una indemnización anual y una compensación para los años 1994 a 1997.

(35)

En 1995, la Asociación de empresas exportadoras de vino de Oporto (Associação dos Exportadores de Vinho do Porto, en lo sucesivo, AEVP) envió a la Comisión dos denuncias. La AEVP mantenía que existía un vínculo entre la diferencia de imposición entre vinos generosos y vinos dulces naturales, por una parte, y algunas ayudas a los productores franceses de vinos generosos, por otra. Según la AEVP, las ayudas en cuestión estaban destinadas, en particular, a compensar a los productores franceses de vinos generosos, el nivel de imposición más elevado, lo que implicaba que solamente los productores extranjeros de vinos generosos deberían pagar el impuesto más elevado. Estos impuestos discriminatorios habrían sido pues contrarios al artículo 95 (posteriormente artículo 90) del Tratado.

(36)

El Tribunal comprobó que una parte de las ayudas en cuestión parecía favorecer a una categoría de productores que coincidía ampliamente con la de los productores franceses de vinos generosos fiscalmente perjudicados por el régimen fiscal, y que la posible existencia de un vínculo entre el régimen fiscal y el proyecto de ayudas en cuestión representaba una seria dificultad para apreciar la compatibilidad de las ayudas con las disposiciones del Tratado.

(37)

El Tribunal destacó que, en tales circunstancias, la Comisión habría podido abordar las cuestiones planteadas en las denuncias presentadas por la AEVP solamente incoando el procedimiento previsto en el artículo 93, apartado 2, (posteriormente, artículo 88, apartado 2, del Tratado).

(38)

Además, en la decisión de la Comisión, el Tribunal constató un error en la motivación, debido a que la Comisión no había explicado por qué llegaba a la conclusión de que la queja de la AEVP no era fundada en cuanto a la posible violación del artículo 95 (posteriormente artículo 90) del Tratado CE.

(39)

Así pues, el Tribunal llegó a la conclusión de que la decisión cuestionada estaba tachada de ilegalidad debido tanto a la omisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 93, apartado 2 (posteriormente artículo 88, apartado 2) del Tratado, como al incumplimiento de la obligación de motivación prevista en el artículo 190 (posteriormente artículo 253) del Tratado.

(40)

A la luz de esta sentencia, la Comisión consideró indispensable efectuar, en virtud del artículo 90 del Tratado, un examen profundo del dispositivo notificado, que es la prórroga de las ayudas aprobadas en la decisión anulada por el Tribunal.

(41)

En el marco del examen preliminar de la medida, la Comisión preguntó a Francia si la ayuda estatal citada en el asunto no consistía, de facto, en una devolución parcial, únicamente en favor de los productores franceses de vinos generosos, del impuesto previsto en el artículo 402 bis del Código general de impuestos.

(42)

En las respuestas facilitadas durante esta primera fase, Francia ha subrayado que, antes y ahora, no existe ningún vínculo entre las medidas de apoyo propuestas y los impuestos sobre consumos específicos, basándose en las consideraciones siguientes:

(43)

Según las autoridades francesas, el importe destinado a la ayuda (2,4 millones de euros anuales, 12 millones de euros en cinco años) no tiene ninguna proporción con lo que el sector aporta en derechos de consumo (impuestos sobre consumos específicos). Así pues, los 150 000 hectolitros de vinos generosos DOC comercializados representarían, con un impuesto sobre consumos específicos de 214 euros/hl, más de 32 millones de euros de ingresos de impuestos sobre consumos específicos anuales.

(44)

Debido a esta tasa específica sobre los vinos generosos, 214 euros/hl en vez de 54 euros/hl para los vinos dulces naturales, este sector está gravado con 24 millones de euros de impuestos sobre consumos específicos suplementarios. Según Francia, este importe tampoco tiene ninguna proporción respecto al nivel de ayudas propuesto.

(45)

Según las autoridades francesas, nunca se ha aplicado ninguna disposición para que los fondos recaudados en virtud del artículo 402 bis del Código general de impuestos sean reutilizados en favor de los productores nacionales de vinos generosos. Entre el 1 de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2000, los ingresos recaudados se ingresaban en el «fondo de solidaridad para la vejez». Entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2003, se utilizaron en favor de un fondo destinado a la financiación de la reducción del tiempo de trabajo. Desde el 1 de enero de 2004, estos ingresos se transfieren al presupuesto del Estado.

(46)

Tras haber examinado esta información, la Comisión consideró que la misma no podía eliminar de forma categórica las dudas expresadas en cuanto a la existencia de un vínculo entre el impuesto percibido y la ayuda.

(47)

La Comisión consideró que la ausencia de una correspondencia directa entre el importe de la ayuda (2,4 millones de euros) y los ingresos de los impuestos sobre consumos específicos aplicados a los vinos generosos (32 millones de euros), o entre el importe de la ayuda (2,4 millones de euros) y los impuestos sobre consumos específicos suplementarios pagados por los vinos generosos con relación a los vinos dulces naturales (24 millones de euros), no constituían una prueba suficiente de la falta de vínculo entre el impuesto y la ayuda. No se podía pues excluir, en esta fase del procedimiento, la posibilidad de que la ayuda pudiera servir, al menos parcialmente, para compensar a los productores franceses de vinos de licor, compensación de la que no podrían beneficiarse otros productores comunitarios.

(48)

Además la Comisión consideró que convenía responder a la preocupación expresada por el Tribunal de ofrecer a las terceras partes interesadas la posibilidad de exponer argumentos relativos a una posible violación del artículo 90 del Tratado.

(49)

En la decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado, la Comisión solicitó a Francia información y datos suplementarios aptos para apoyar sus argumentos.

(50)

En primer lugar, Francia fue invitada a precisar si ya había habido un compromiso por parte del Estado frente a los productores de vinos generosos franceses acerca de una reparación o una compensación, incluso parcial, por los efectos de la introducción, en 1993, del impuesto.

(51)

A continuación, la Comisión solicitó a Francia las cifras relativas a los importes percibidos en virtud del impuesto sobre los vinos generosos procedentes, respectivamente, de los productos franceses y de los productos importados, así como los importes percibidos por producción individual (francesa o comunitaria).

(52)

Habiendo constatado que el Pineau de Charentes es, con mucho, el principal beneficiario de las ayudas notificadas, con un 78 % de los importes, seguido del Floc de Gascogne con un 17 %, el Pommeau de Normandie con un 3 % y, por último, el Macvin du Jura con un 2 %, la Comisión solicitó a Francia que explicara si estos porcentajes coinciden, para cada una de estas producciones, con los de las rentas que el Estado saca del impuesto sobre los vinos generosos.

(53)

Dado que la mayor parte de las ayudas se concentran en las medidas de publicidad, se solicitó a las autoridades francesas que explicaran si esta elección es representativa de las elecciones efectuadas por el Estado francés en otros sectores de la producción agrícola, en particular, de los productos de calidad.

(54)

La Comisión solicitó a Francia que le proporcionara el presupuesto de las ayudas destinadas a las campañas de publicidad realizadas en Francia para cada una de los cuatro productos en cuestión.

(55)

También solicitó a Francia explicaciones sobre la posible relación entre los recursos derivados de las cotizaciones voluntarias obligatorias y los recursos procedentes del presupuesto nacional para la financiación de las ayudas.

IV.   OBSERVACIONES DE FRANCIA

(56)

Mediante carta de 10 de enero de 2005, Francia hizo llegar las informaciones y comentarios siguientes:

(57)

Sobre las medidas de publicidad (véase el considerando 30), las autoridades francesas se comprometieron a que, en el marco de las acciones financiadas, la publicidad de los productos no haga hincapié en el origen francés de los vinos generosos en cuestión.

(58)

En cuanto al vínculo entre el impuesto sobre los vinos generosos y la ayuda, Francia subrayó una vez más que no existe correlación entre los ingresos de los impuestos sobre consumos específicos y el importe de las ayudas procedentes del presupuesto nacional. Los ingresos de los impuestos sobre consumos específicos, incluidos los procedentes de los vinos generosos, se abonan al presupuesto general del Estado. Según Francia, las autoridades públicas toman decisiones en materia de ayudas en favor de algunos sectores económicos de manera completamente independiente. En el caso que nos ocupa, las ayudas pretenden remediar algunas desventajas estructurales que sufren estos vinos, en particular, el mal conocimiento por parte de los consumidores, la débil dimensión y la dispersión de las empresas productoras así como la falta de medios para posicionarse en los mercados.

(59)

Francia confirmó que no existe ningún texto jurídico que permita la compensación de los impuestos sobre consumos específicos pagados por los productores de vinos generosos (véase el considerando 50).

(60)

Acerca de las cifras de los ingresos procedentes respectivamente del despacho para el consumo de los vinos generosos franceses y la de los vinos generosos importados (véase el considerando 51), Francia explicó, en primer lugar, que las estadísticas fiscales (que se realizan por tarifas de impuestos sobre consumos específicos) no permiten diferenciar los productos franceses de los productos de otro origen comunitario.

(61)

En cualquier caso, según las cifras de los servicios de Aduanas, el importe de los impuestos sobre consumos específicos percibidos en 2003 sobre los vinos dulces naturales y vinos generosos de cualquier origen ascendió a 142,5 millones de euros, distribuidos del siguiente modo: 25,2 millones de euros para la categoría de los vinos dulces naturales sujetos al tipo de impuesto especial sobre el consumo de 54 euros/hl, es decir, un volumen de 467 000 hl, y 117,3 millones de euros para los vinos generosos sujetos al tipo de impuesto especial sobre el consumo de 214 euros/hl, es decir, un volumen de 548 000 hl de producto.

(62)

En este último conjunto, es posible, a la vista de las declaraciones de cosecha, aislar la producción de vinos generosos producidos en Francia que representa 94 477 hl de Pineau des Charentes, 2 091 hl de Macvin du Jura, 5 680 hl de Pommeau y 6 057 hl de Floc de Gascogne.

(63)

Francia transmitió un cuadro en el que figura la distribución de las ayudas en cuestión entre los cuatro gremios y la distribución de los volúmenes producidos para cada uno de los vinos generosos en cuestión (véase el considerando 52).

Denominaciones

Volúmenes de salida

Porcentajes en volúmenes de salida

Porcentajes de la ayuda prevista

Pineau des Charentes

112 436 hl (2001)

87 %

78 %

Floc de Gascogne

8 413 hl (2003)

7 %

17 %

Pommeau

5 111 hl (2002)

4 %

3 %

Macvin du Jura

2 717 hl (2002)

2 %

2 %

(64)

Francia constata que la parte de cada vino generoso en la producción total y el porcentaje de la ayuda prevista son parejos, pero sin llegar a coincidir totalmente. Subraya que la distribución de las ayudas proyectadas es el resultado de la concertación entre los gremios beneficiarios, y no una elección impuesta por las autoridades públicas.

(65)

En lo que atañe a la cuestión de la Comisión sobre el presupuesto consagrado a las medidas de publicidad (véase el considerando 53), Francia proporcionó cifras que indican que, sobre todo en el sector de los VCPRD, los importes destinados a medidas de publicidad representan entre un 50 % y un 74 % de los presupuestos globales a disposición de los gremios.

(66)

Francia notificó, con relación a cada uno de los cuatro gremios en cuestión, la parte del presupuesto destinada a las campañas de publicidad realizadas en Francia. Esta distribución, que seguirá siendo idéntica si el régimen de ayudas se aprueba, también es fruto de la libre elección de los gremios.

Vinos generosos DOC

Presupuesto 2003 promoción

De los que promoción en Francia

Ayudas proyectadas (2,4  millones de euros/año)

De los que promoción en Francia

Pineau

1 671 000 euros

74 %

1 872 000 euros

74 %

Floc

279 000 euros

64 %

408 000 euros

64 %

Pommeau

166 000 euros

100 %

72 000 euros

100 %

Macvin

22 600 euros

100 %

48 000 euros

100 %

(67)

En cuanto a la posible relación entre los recursos procedentes de la cotización voluntaria obligatoria y los procedentes del presupuesto nacional para la financiación de las ayudas, Francia proporcionó el cuadro siguiente:

Denominaciones de origen

Volúmenes

Tipo de cotizaciones voluntarias obligatorias

Ingresos de las cotizaciones voluntarias obligatorias destinadas a la promoción

Ayudas del presupuesto nacional para la promoción

Pineau

112 436 hl

12,96 euros/hl

1 457 000 euros

1 591 000 euros

Floc

8 413 hl

0,25 euros por col

279 000 euros

340 000 euros

Pommeau

5 111 hl

30,79 euros/hl

157 000 euros

72 000 euros

Macvin

2 717 hl

2,75 euros/hl

75 000 euros

35 000 euros

(68)

Los ingresos susceptibles de destinarse a la publicidad no proceden de los importes recaudados mediante las cotizaciones voluntarias obligatorias. En particular, los gremios pueden recurrir a otros recursos, como por ejemplo las prestaciones de servicios, venta de objetos publicitarios y otros. Francia confirmó que las medidas de publicidad se beneficiarán de financiaciones privadas, al menos en un 50 % de los costes admitidos.

(69)

A título de comparación entre las ayudas proyectadas y los ingresos de los impuestos sobre consumos específicos, calculados a partir de los volúmenes recogidos (8), Francia proporcionó las cifras siguientes:

Denominaciones

Ingresos previstos de los impuestos sobre consumos específicos/año

Ayudas previstas

Ayudas/impuestos sobre consumos específicos

Pineau des Charentes

20 218 078 euros

1 872 000 euros

9,3  %

Floc de Gascogne

1 296 198 euros

408 000 euros

31,5  %

Pommeau

1 215 520 euros

72 000 euros

5,9  %

Macvin du Jura

447 474 euros

48 000 euros

10,7  %

(70)

Francia subraya que este último cuadro es especialmente significativo, ya que, al no haber ninguna correlación cuantitativa, demuestra que el objetivo no era compensar mediante las ayudas el peso de los impuestos sobre consumos específicos.

V.   VALORACIÓN

1.   Carácter de ayuda. Aplicabilidad del artículo 87, apartado 1, del Tratado

(71)

Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, salvo que el Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(72)

Para que una medida se incluya en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado, deben cumplirse simultáneamente las cuatro condiciones siguientes: (1) la medida debe ser financiada por el Estado o a través de los recursos del Estado, (2) debe afectar de manera selectiva a algunas empresas o sectores de producción, (3) debe implicar una ventaja económica para las empresas beneficiarias, (4) debe afectar a los intercambios intracomunitarios y falsear o amenazar con falsear la competencia.

(73)

En el caso que nos ocupa, la Comisión considera que se cumplen estas condiciones.

1.1   Recursos del Estado

(74)

El Estado, mediante sus recursos presupuestarios, financiará totalmente las actuaciones de investigación, asistencia técnica y desarrollo de productos de calidad.

(75)

En cambio, el Estado financiará una parte de las actuaciones de promoción y publicidad, y otra parte (como mínimo el 50 %) las organizaciones profesionales en cuestión por medio de los recursos procedentes esencialmente de las cotizaciones voluntarias obligatorias cobradas a sus miembros.

(76)

La Comisión considera, basándose en las consideraciones que figuran a continuación, que el presupuesto destinado a las actuaciones de promoción y publicidad está constituido totalmente por recursos del Estado.

(77)

Según una práctica constante de la Comisión, las contribuciones obligatorias de las empresas de un sector que se destinan a la financiación de una medida de apoyo financiero se asimilan a tasas parafiscales y constituyen, pues, recursos del Estado, cuando el Estado impone estas contribuciones o el producto de las mismas transita por un organismo instituido por la ley.

(78)

En el caso que nos ocupa, el Gobierno francés hizo obligatorias las cotizaciones recaudadas en el marco de un procedimiento de extensión de los acuerdos interprofesionales. La extensión de los acuerdos se realiza a través de la aprobación de un decreto publicado en el Journal officiel de la République française. Estas cotizaciones exigen, pues, un acto de autoridad pública para producir todos sus efectos.

(79)

No obstante, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sugiere que, cuando se evalúa la naturaleza de ayuda estatal de una medida, se examine también si dicha medida puede considerarse imputable al Estado  (9). La jurisprudencia reciente (10) proporcionó elementos que conviene examinar aquí.

(80)

El Tribunal declaró que algunas medidas financiadas por los miembros de organismos profesionales mediante recursos tomados de sus miembros no se incluían en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado, dado que a) las cotizaciones se destinaban obligatoriamente a la financiación de la medida; b) el organismo o las autoridades públicas no tuvieron, en ningún momento, el poder de disponer libremente de estos recursos; c) la medida era imputable exclusivamente a los miembros del organismo profesional en cuestión, y no formaba parte de una política oficial (…).

(81)

De esta jurisprudencia puede deducirse que, cuando la función desempeñada por el Estado es la de puro y simple intermediario, puesto que no interviene en la definición de las elecciones políticas de los profesionales y no puede disponer en ningún momento de los recursos recaudados, que son destinados obligatoriamente a las medidas en cuestión, no se cumple el criterio de imputabilidad al Estado. Por esta razón, las medidas pueden escapar a la calificación de ayudas estatales.

(82)

En el caso que nos ocupa, sin embargo, no se cumplen los criterios estipulados en la sentencia Pearle. En particular, el hecho de que el Estado aporte una contribución del 50 % a la financiación de estas acciones de promoción publicitaria demuestra claramente que las mismas forman parte de una política oficial y, por lo tanto, los fondos utilizados para su financiación deben considerarse, en su totalidad, como recursos públicos destinados a acciones imputables al Estado.

1.2   Selectividad

(83)

Las medidas benefician exclusivamente a los productores de vinos generosos franceses y son, pues, selectivas.

1.3   Existencia de una ventaja

(84)

Los productores de vinos generosos reciben una ventaja económica en forma de financiación de distintas medidas (proyectos de investigación, asistencia técnica, desarrollo de productos de calidad, promoción y publicidad). Esta ventaja mejora la posición competitiva de los beneficiarios. Según una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la mejora de la posición competitiva de una empresa derivada de una ayuda estatal indica, por regla general, una distorsión de competencia frente a otras empresas que no reciben el mismo apoyo (11).

1.4   Repercusión en los intercambios y distorsiones de competencia

(85)

Estas ayudas pueden afectar a los intercambios entre Estados miembros en la medida en que favorecen la producción nacional en detrimento de la producción de los otros Estados miembros. El sector vitícola está extremadamente abierto a la competencia a escala comunitaria, lo que parece por otra parte bien demostrado por la existencia de una organización común de mercados en el sector.

(86)

El cuadro siguiente muestra, como ejemplo, el nivel de los intercambios comerciales intracomunitarios y franceses de los productos vitícolas en los años 2001, 2002 y 2003 (12).

Vino (1 000 hl)

Año

Importaciones UE

Exportaciones UE

Importaciones FR

Exportaciones FR

2001

39 774

45 983

5 157

15 215

2002

40 453

46 844

4 561

15 505

2003

43 077

48 922

4 772

14 997

(87)

Algunas de las medidas proyectadas están destinadas a realizarse fuera de la Unión Europea. Sin embargo, habida cuenta de la interdependencia entre los mercados en los que operan los agentes económicos comunitarios, no se excluye que una ayuda pueda falsear la competencia intracomunitaria mediante el refuerzo de la posición competitiva de los agentes económicos (13), incluso aunque la ayuda beneficie a los productos para la exportación fuera de la Comunidad (14).

(88)

Habida cuenta de lo que precede, las medidas citadas en el asunto están incluidas en el artículo 87, apartado 1, del Tratado, y sólo pueden declararse compatibles con el Tratado si pueden beneficiarse de alguna de las excepciones previstas en el mismo.

2.   Compatibilidad de las ayudas

(89)

La única excepción posible en esta fase es la del artículo 87, apartado 3, letra c), que prevé que puedan considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de algunas actividades o algunas regiones económicas, cuando no alteran las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común.

(90)

Para poder beneficiarse de dicha excepción, las ayudas en cuestión deben ajustarse a la legislación en materia de ayudas estatales. La Comisión comprueba in primis la aplicabilidad del Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios (15). Si dicho Reglamento no es aplicable, la Comisión comprueba si pueden aplicarse otros fundamentos jurídicos, como directrices o marcos comunitarios.

(91)

Dado que las ayudas proyectadas no se limitan a las pequeñas y medianas empresas, el Reglamento (CE) no 1/2004 no es aplicable. En su evaluación, la Comisión se basó, pues, en los siguientes instrumentos: a) las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (16) (en lo sucesivo: «las directrices agrarias»); b) las Directrices sobre ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE y de determinados productos no incluidos en el mismo (17) (en lo sucesivo: «las directrices sobre la publicidad») y c) el marco comunitario de las ayudas estatales a la investigación y al desarrollo (18) (en lo sucesivo: «el marco»).

(92)

Habida cuenta de que las ayudas proyectadas están destinadas a ser financiadas, al menos parcialmente, por contribuciones obligatorias asimiladas a tasas parafiscales, la Comisión también ha evaluado las modalidades de financiación de la ayuda.

2.1.   Medidas

2.1.1.   Ayudas a la publicidad y a la promoción

(93)

Las Directrices sobre ayudas estatales para publicidad de productos incluidos en el anexo I del Tratado CE (19) (en lo sucesivo: las directrices sobre publicidad) establecen criterios negativos y positivos que deben ser respetados por todos los regímenes de ayudas nacionales. Según los apartados 16 a 30 de las directrices, no debe tratarse de medidas de publicidad contrarias al artículo 28 del Tratado o al Derecho comunitario derivado y tales acciones no deben orientarse en función de empresas determinadas.

(94)

Las autoridades francesas explicaron que las acciones no beneficiarán a empresas particulares, que la publicidad no menospreciará los otros productos comunitarios y que no presentará ninguna comparación desfavorable invocando el origen nacional de los productos.

(95)

Las referencias al origen nacional deben ser secundarias con relación al mensaje principal transmitido a los consumidores por la campaña y no constituir la razón esencial por la cual se les aconseja adquirir el producto. En el caso que nos ocupa, es importante que el origen francés de los productos no sea el mensaje prioritario en las campañas realizadas en territorio francés.

(96)

Las muestras enviadas por las autoridades francesas, así como el compromiso explícito de Francia a tal efecto, permiten concluir que no se pondrá un acento particular en el origen nacional de los productos en este caso concreto, y que cualquier referencia al origen será secundaria con relación al mensaje principal de las campañas publicitarias.

(97)

Por lo que se refiere a los criterios positivos, según los apartados 31 a 33 de las directrices sobre publicidad, los productos que se benefician de las campañas publicitarias deben cumplir al menos una de las condiciones siguientes: debe tratarse de productos agrarios excedentarios o especies subexplotadas, ser productos nuevos o sustitutivos no excedentarios, desarrollar regiones determinadas, desarrollar pequeñas y medianas empresas, o ser productos de alta calidad, incluidos los productos ecológicos.

(98)

A este respecto las autoridades francesas explicaron que las medidas tendrán como finalidad desarrollar las regiones de producción en cuestión, mediante la comercialización de sus productos típicos. Asimismo, responderán a la necesidad de dar apoyo al tejido de las pequeñas y medianas empresas de esas zonas geográficas: las empresas de los sectores vitícolas en cuestión son básicamente estructuras de pequeño tamaño, con un bajo número de asalariados, a menudo aún familiares. También contemplarán el objetivo de desarrollar productos de alta calidad (DOP).

(99)

En lo que atañe más concretamente a las ayudas a la publicidad en favor de los productos agrícolas con una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida registrada por la Comunidad (20), la Comisión, con el fin de garantizar que no se conceden ayudas a productores individuales, comprueba que todos los productores del producto cubierto por la DOP tienen el mismo derecho a la ayuda. Eso significa que las medidas de publicidad deben referirse a la propia DOP y no a cualquier logotipo o etiqueta, a menos que todos los productores estén habilitados a utilizarlo. De la misma manera, cuando, por razones prácticas, se paga una ayuda a una agrupación de productores, la Comisión pide garantías de que la ayuda beneficiará realmente a todos los productores, sean o no miembros de la agrupación.

(100)

Las autoridades francesas se comprometieron a que los beneficiarios de estas ayudas, por medio de las acciones realizadas colectivamente, sean, sin discriminación, todos los productores del producto cuya publicidad se hará, así como los profesionales asociados a su comercialización.

(101)

En lo que atañe al límite de las ayudas previsto en el apartado 60 de las directrices, las medidas de publicidad pueden financiarse hasta un máximo del 50 % con recursos públicos, debiendo aportar el resto las organizaciones profesionales y los gremios beneficiarios.

(102)

Las autoridades francesas se comprometen a que el porcentaje de financiación pública se limite a un máximo del 50 % de las acciones realizadas en materia de publicidad dentro de la Unión Europea. El resto deberá ser aportado por los agentes económicos del sector agrícola correspondiente.

(103)

Las actuaciones realizadas fuera de la Unión Europea podrán financiarse en un 80 %, lo que se ajusta a la línea adoptada por la Comisión (21) según la cual la participación de los productores en este tipo de acciones es un concepto recogido, en particular, en el Reglamento (CE) no 2702/1999 del Consejo, de 14 de diciembre de 1999, relativo a acciones de información y promoción en favor de productos agrícolas en terceros países (22), donde se habla de actuaciones cofinanciadas. Al tratarse de actuaciones realizables por la Comunidad en los terceros países, este Reglamento prevé en su artículo 9 que, por lo que se refiere a las actuaciones de relaciones públicas, promoción y publicidad de los productos agrícolas y alimenticios, una parte de la financiación debe recaer en las organizaciones proponentes. Así pues, en el caso de las actuaciones de una duración mínima de dos años, por regla general el porcentaje mínimo a su cargo es del 20 % de los costes, con una participación máxima de la Comunidad del 60 % y una participación de los Estados miembros del 20 %. Por tanto, una implicación real de los beneficiarios en este tipo de acciones, a un nivel mínimo del 20 % de los costes, parece conveniente para limitar las distorsiones de competencia respecto a otras producciones comunitarias.

(104)

Las autoridades francesas enviaron a la Comisión muestras de las actividades de promoción y publicidad financiadas por la ayuda notificada que permitían confirmar los compromisos adquiridos por dichas autoridades.

(105)

La Comisión llega a la conclusión de que estas ayudas cumplen las condiciones establecidas a escala comunitaria.

2.1.2.   Ayudas a la investigación

(106)

En lo que atañe a las actuaciones de investigación y experimentación, y a las de divulgación del progreso científico, las directrices agrarias prevén, en el apartado 17, que las ayudas de investigación y desarrollo deben analizarse con arreglo a los criterios establecidos en el Encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo (23). Este último precisa que un porcentaje de ayuda que puede alcanzar un 100 %, es compatible con el mercado común, incluso en el caso en que la investigación y el desarrollo sean ejecutados por empresas, siempre que se cumplan las cuatro condiciones que allí se recogen en todos los casos:

a)

la ayuda reviste un interés general para el sector particular en cuestión, sin distorsionar de forma indebida la competencia en otros sectores;

b)

la información debe publicarse en publicaciones adecuadas, que tengan como mínimo difusión nacional y no limitarse a los miembros de una organización concreta, con el fin de garantizar que cualquier agente económico potencialmente interesado por esta actividad pueda estar informado fácilmente de que se lleva a cabo o se está ejecutando dicha actividad y de que los resultados se facilitan o facilitarán, previa petición, a cualquier parte interesada. Esta información se publicará en una fecha que no será posterior a cualquier información que pueda facilitarse a los miembros de una organización concreta;

c)

los resultados de los trabajos se facilitarán, con vistas a su explotación, a todas las partes interesadas, incluido el beneficiario de la ayuda, siguiendo un criterio de equidad tanto en términos de coste como de tiempo;

d)

la ayuda satisface los requisitos establecidos en el anexo 2 «Ayuda interna: base para la exención de los compromisos de reducción») del Acuerdo sobre agricultura celebrado en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay (24).

(107)

Las autoridades francesas adquirieron los siguientes compromisos:

a)

se tratará solamente de investigaciones de interés general para el sector en cuestión, destinadas a su uso y difusión general, de modo que las mismas no alteren las condiciones de los intercambios comerciales y no provoquen distorsión de competencia indebida con otros sectores.

b)

Los datos recogidos tras cada programa, una vez validados, serán difundidos en los distintos diarios más accesibles a los interesados. Se procederá a la publicación y difusión de los resultados de estas investigaciones para que todos los profesionales y comerciantes interesados puedan estar informados y tener acceso a los mismos, sin discriminación, en el mismo momento que cualquier otro y previa petición. Las conclusiones de los trabajos o resúmenes se difundirán en las publicaciones destinadas al público en general de los gremios en cuestión, en las difusiones especializadas de los organismos técnicos que están asociados a la realización de estos estudios e investigaciones, en distintos folletos y publicaciones. Se pondrán a disposición de los profesionales del sector por medio de los enlaces habituales del sector agrícola o del Ministerio de agricultura y pesca.

c)

Habida cuenta del carácter de interés general de las investigaciones, no está prevista ninguna explotación comercial de los resultados. No se planteará, pues, la cuestión del coste de cesión de un derecho de explotación o de las condiciones de acceso a un derecho de explotación.

d)

Las autoridades francesas garantizan que las acciones financiadas no dan lugar a ningún pago directo a los productores ni a los transformadores y que satisfacen los criterios comerciales internacionales suscritos por la Unión Europea.

(108)

La Comisión llega a la conclusión de que estas ayudas cumplen las condiciones establecidas a escala comunitaria.

2.1.3.   Ayudas a la asistencia técnica

(109)

En el apartado 14 de las directrices agrarias se establece que este tipo de ayudas puede autorizarse, con un porcentaje de intensidad del 100 %, cuando sean accesibles a todas las personas subvencionables que ejerzan en la zona en cuestión, en condiciones objetivamente definidas y que el importe de ayuda total concedido no sobrepase los 100 000 euros por beneficiario en un mismo período de tres años o, si se trata de PYME, al 50 % de los costes subvencionables (se aplica el importe más elevado). Las autoridades francesas se comprometieron a cumplir estas condiciones.

(110)

La Comisión llega a la conclusión de que estas ayudas cumplen las condiciones establecidas a escala comunitaria.

2.1.4.   Ayudas a la producción de productos de calidad

(111)

En el apartado 13 de las directrices agrarias se establece que este tipo de ayudas puede autorizarse, con un porcentaje de intensidad del 100 %, cuando sean accesibles a todas las personas subvencionables que ejerzan en la zona en cuestión, en condiciones objetivamente definidas y que el importe de ayuda total concedido no sobrepase los 100 000 euros por beneficiario en un mismo período de tres años o, si se trata de PYME, al 50 % de los costes subvencionables (se aplica el importe más elevado). Las autoridades francesas se comprometieron a cumplir estas condiciones.

(112)

La Comisión llega a la conclusión de que estas ayudas cumplen las condiciones establecidas a escala comunitaria.

2.2.   Financiación de las ayudas

2.2.1.   Cotización voluntaria obligatoria

(113)

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (25), la Comisión considera en principio que la financiación de una ayuda estatal por medio de cargas obligatorias puede incidir sobre la ayuda con un efecto protector que va más allá de la ayuda propiamente dicha. Las cotizaciones voluntarias obligatorias en cuestión pueden considerarse cargas obligatorias. Según esta misma jurisprudencia, la Comisión considera que una ayuda no puede ser financiada mediante tasas parafiscales que gravan igualmente productos importados de los otros Estados miembros.

(114)

Las cotizaciones voluntarias obligatorias se aplican a los volúmenes de vinos generosos DOP comercializados por los viticultores, destiladores de profesión, comerciantes y negociantes al por mayor situados en la zona de producción de la DOP en cuestión. Las autoridades francesas también explicaron que, a diferencia de los impuestos percibidos sobre la base de las directivas comunitarias relativas a los impuestos sobre consumos específicos sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas, las cotizaciones interprofesionales sólo afectan por definición a los vinos generosos que se benefician de las DOP correspondientes, por lo tanto producidos exclusivamente en las regiones delimitadas por la normativa, lo que implica que los vinos generosos procedentes de los otros Estados miembros no están gravados con dicho impuesto.

(115)

Por lo que se refiere más concretamente a los negociantes al por mayor, no se excluye que también comercialicen productos importados. No obstante, las autoridades francesas precisaron que sólo estarán sujetos a la cotización interprofesional pagada por los comerciantes al por mayor los volúmenes de vinos generosos DOP afectados por la notificación, es decir Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie y Macvin du Jura. Por lo tanto, cualquier volumen de vino importado está excluido del pago de esta cotización.

(116)

De hecho, dado que la única producción gravada es la producción nacional de vinos generosos DOP contemplada por la medida, puede llegarse a la conclusión de que no se grava ningún producto importado.

(117)

En cuanto a las ayudas estatales financiadas mediante tasas parafiscales, el Tribunal también estableció otros criterios, que conviene examinar aquí. En el asunto Nygard (26), el Tribunal resolvió que un impuesto debe considerarse como constituyente de una violación de la prohibición de discriminación decretada en el artículo 90 del Tratado si las ventajas que implica la asignación del ingreso de la imposición benefician especialmente a aquellos productos nacionales gravados que se transforman o se comercializan en el mercado nacional, compensando parcialmente la carga soportada por éstos y desfavoreciendo, de este modo, a los productos nacionales exportados.

(118)

Las ayudas a la promoción y a la publicidad, que son las únicas que van a financiarse por medio de las cotizaciones voluntarias obligatorias, benefician al sector de la comercialización y pueden presentar un interés diferente para los comerciantes que se dediquen exclusivamente a las ventas fuera de Francia o fuera de la Unión Europea.

(119)

No obstante, las autoridades francesas garantizaron que, tanto el Comité nacional del Pineau des Charentes como el Comité interprofesional del Floc de Gascogne financian medidas de publicidad o promoción tanto en Francia como en la Unión Europea y en terceros países. Sus consejos de administración, donde están representados todos los agentes del sector en cuestión, deciden a este respecto con total independencia.

(120)

En cambio, el gremio de las denominaciones sidrícolas y el comité interprofesional de los vinos del Jura no prevén financiar por el momento actuaciones fuera del mercado francés. Sin embargo, según las autoridades francesas, esta orientación de las actuaciones hacia el mercado francés estaría incluida en la política del propio sector que considera prioritario perfeccionar su implantación en el mercado nacional, sabiendo que la venta de estos vinos generosos en el extranjero aún no ha entrado en las prácticas del comercio. Las autoridades francesas garantizan que esta orientación no es desventajosa para ningún comerciante, ya que la importancia de las ventas fuera del mercado francés sigue siendo marginal, y no hay comerciantes especializados en las ventas a la exportación.

(121)

En cualquier caso, las autoridades francesas se comprometieron a que los productos exportados no se beneficien en menor medida de las acciones financiadas por medio de cotizaciones interprofesionales que los productos vendidos en el territorio nacional.

(122)

La Comisión toma nota de este compromiso y considera que de la información proporcionada por Francia no se revelan elementos que indiquen, actualmente, una discriminación contra los vinos generosos exportados.

(123)

Sin embargo, la Comisión llama la atención de las autoridades francesas sobre las implicaciones de la sentencia Nygard en materia de discriminación entre productos exportados y productos comercializados en el territorio nacional. En particular, el Tribunal resolvió que compete a la jurisdicción nacional establecer la medida de la posible discriminación que pesa sobre los productos. A tal efecto, debe comprobar, durante un período de referencia, la equivalencia pecuniaria entre los importes globalmente percibidos por los productos nacionales comercializados en el mercado nacional en virtud del impuesto en cuestión y las ventajas exclusivas de las que se benefician estos productos.

2.2.2.   Compatibilidad con otras disposiciones del Tratado

(124)

Conviene recordar que una ayuda estatal no puede declararse compatible con el mercado común si alguna de sus disposiciones viola disposiciones del Tratado. En el caso que nos ocupa, la Comisión examinó el fundamento de la denuncia presentada por la AEVP contra la ayuda N 703/95, en cuanto a la posible infracción del artículo 90 del Tratado. Por otra parte, la Comisión tiene en cuenta que la AEVP no presentó ningún comentario en el marco del presente procedimiento.

(125)

El artículo 90 del Tratado prevé que «ningún Estado miembro gravará directa o indirectamente los productos de los demás Estados miembros con tributos internos, cualquiera que sea su naturaleza, superiores a los que graven directa o indirectamente los productos nacionales similares».

(126)

En este caso, el tipo de impuestos sobre consumos específicos aplicable a los vinos generosos en Francia es el mismo para los vinos franceses y para los vinos procedentes de otros Estados miembros.

(127)

Estaríamos ante una imposición interna discriminatoria contraria al artículo 90 del Tratado solamente en el supuesto de que el impuesto pagado por los productores franceses fuera compensado parcialmente por las ayudas que se reservan a estos mismos productores, de modo que solamente los productores no franceses debieran abonar íntegramente dicho impuesto.

(128)

En primer lugar conviene constatar que los impuestos no entran en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado relativo a las ayudas estatales a menos que constituyan el modo de financiación de una medida de ayuda, y que formen parte integrante de esta ayuda.

(129)

De ello se deduce que el impuesto sobre los vinos generosos no influye en la valoración de la compatibilidad de las ayudas proyectadas, y sólo debe examinarse aquí si existe un vínculo suficiente entre dicho impuesto y las medidas de ayuda.

(130)

La sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de enero de 2005 en el asunto Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (27), dictada tras la incoación del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado contra las ayudas que son objeto de la presente decisión, aclaró las circunstancias en las cuales es necesario considerar que existe suficiente vínculo entre un impuesto y una medida de ayuda, de modo que pueda considerarse que el impuesto forma parte integrante de la ayuda.

(131)

El apartado 26 de la motivación de dicha sentencia especifica, en particular, que para que un impuesto, o una parte del mismo, pueda considerarse parte integrante de una medida de ayuda, necesariamente debe existir un vínculo de asignación obligatorio entre el impuesto y la ayuda en virtud de la normativa nacional pertinente, en el sentido de que el producto del impuesto influye directamente en la importancia de la ayuda y, por consiguiente, en la valoración de la compatibilidad de esta ayuda con el mercado común.

(132)

En el asunto Streekgewest, el Tribunal resolvió que, aunque para las necesidades de la estimación del presupuesto del Estado miembro existe una compensación entre el aumento del importe del impuesto y la ventaja (la ayuda) esta circunstancia no es, por sí sola, suficiente para demostrar la existencia de un vínculo obligatorio entre el impuesto y la ventaja (28).

(133)

En este caso, Francia indicó que los ingresos del impuesto se añaden al presupuesto general del Estado y que no existe ningún texto jurídico que permita la compensación de los impuestos sobre consumos específicos pagados por los productores de vinos generosos. Por otra parte, la Comisión no dispone de ninguna información que sugiera lo contrario. A partir de esta constatación, la Comisión puede concluir que no hay vínculo de asignación obligatoria entre el producto del impuesto sobre los vinos generosos y la ayuda concedida para estos mismos productos, sin que sea necesario demostrar la ausencia de una posible correlación cuantitativa entre los importes percibidos por Francia y los importes gastados en el marco del dispositivo de ayudas.

(134)

Por otra parte, con carácter completamente subsidiario, la Comisión constata que los cuadros de cifras facilitados por Francia tras la incoación del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado demuestran que no existe ninguna correlación cuantitativa entre los ingresos del impuesto para los distintos productos y la ayuda concedida para los mismos.

(135)

Dado que no existe vínculo suficiente entre el impuesto y las ayudas proyectadas, no hay por qué evaluar los efectos de este impuesto sobre la compatibilidad con el mercado común de las medidas notificadas, en particular, respecto al artículo 90 del Tratado, en el marco de procedimiento previsto para las ayudas estatales en el artículo 88 del Tratado.

VI.   CONCLUSIONES

(136)

Habida cuenta de lo que precede, la Comisión concluye que las ayudas proyectadas por Francia pueden beneficiarse de la excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado y declararse compatibles con el mercado común.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La ayuda estatal que Francia prevé aplicar en favor de los productores y comerciantes de vinos generosos por un importe de 12 000 000 de euros es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 3, la letra c), del Tratado.

Por lo tanto, se autoriza la ejecución de esta ayuda.

Artículo 2

El destinatario de la presente Decisión será la República francesa.

Hecho en Bruselas, el 9 de noviembre de 2005.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión


(1)  DO C 42 de 18.2.2005, p. 2.

(2)  Véase nota a pie de página no 1.

(3)  Carta a las autoridades francesas de 21 de noviembre de 1996, no SG (96) D/9957.

(4)  Carta a las autoridades francesas de 4 de agosto de 1998, no SG (98) D/6737.

(5)  Sentencia del Tribunal de 3 de mayo de 2001, asunto C-204/97, República portuguesa contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. p. I-03175.

(6)  Ley de finanzas rectificativa no 93-859 de 22 de junio de 1993.

(7)  1 FRF = 0,15 euros.

(8)  Volúmenes que pueden diferir de los volúmenes destinados al consumo.

(9)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2002, Asunto C-482/99, República Francesa contra Comisión, Rec. 2002 p. I-4397, apartado 24 de la motivación y Asunto C-126/01 GEMO, sentencia de 20 de noviembre de 2003, Rec. 2003, p. I-13769.

(10)  Sentencia del Tribunal de 15 de julio de 2004, asunto C/345/02, Pearle contra Hoofdbedrijfschap Ambachten, Rec. 2004, p. I-7139.

(11)  Sentencia de 17 de septiembre de 1980, asunto 730/79, Philippe Morris/Comisión, Rec. 1980, p-2671, apartados 11 y 12 de la motivación.

(12)  Agriculture in the European Union, Statistical and economic information 2004. Dirección General de Agricultura, Comisión Europea.

(13)  Sentencia del Tribunal de 10 de diciembre de 1969, asuntos adjuntos 6 y 11-69, Comisión/República Francesa, Rec., apartado 20 de la motivación.

(14)  Sentencia del Tribunal de 21 de marzo de 1990, asunto C-142/87, Bélgica/Comisión, Rec., apartado 35 de la motivación.

(15)  DO L 1 de 1.1.2004, p. 1.

(16)  DO C 232 de 12.8.2000, p. 17.

(17)  DO C 252 de 12.9.2001, p. 5.

(18)  DO C 45 de 17.2.1996, p. 5, posteriormente modificado por lo que se refiere a su aplicación al sector agrícola, DO C 48 de 13.2.1998, p. 2.

(19)  DO C 252 de 12.9.2001, p. 5.

(20)  De acuerdo con las disposiciones del Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 208 de 24.7.1992, p. 1).

(21)  Ayuda estatal no N 166/2002.

(22)  DO L 327 de 21.12.1999, p. 7.

(23)  Véase la p. 18.

(24)  DO L 336 de 23.12.1994, p. 22.

(25)  Sentencia del Tribunal de 25 de junio de 1970, asunto 47/69, Gobierno de la República Francesa contra Comisión de las Comunidades Europeas, Recopilación 1970, p. 487.

(26)  Sentencia de 23 de abril de 2002, asunto C-234/99, Niels Nygard contra Svineafgiftsfonden, Recopilación 2002, p. I- 3657.

(27)  Aún no publicado en la Recopilación.

(28)  Apartado 27 de la motivación de la sentencia antes citada.


6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/49


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 16 de mayo de 2006

relativa a la ayuda estatal C 26/2004 (ex NN 38/2004) que la República Federal de Alemania ha concedido en favor de Schneider Technologies AG

[notificada con el número C(2006) 1857]

(El texto en lengua alemana es el único auténtico)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/56/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 88,

Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),

Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones (1), de conformidad con los artículos citados, y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

El 24 de marzo de 2003 la Comisión recibió una denuncia relativa a un conjunto de hipotéticas ayudas a favor de Schneider Technologies AG («Schneider AG»). El denunciante, Gebrüder Schneider GmbH & Co. KG, es una sociedad de cartera accionista de Schneider AG y que pertenece a dos hermanos de la familia Schneider.

(2)

El 14 de julio de 2004 la Comisión incoó el procedimiento de investigación formal respecto a los tres préstamos de la Bayrische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung («LfA») y los dos préstamos de la Bayrische Forschungsstiftung («BFS») para investigación y desarrollo (I+D). La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas el 22 de febrero de 2005 (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la hipotética ayuda. La Comisión no recibió observaciones de ningún interesado (3). Alemania envió su respuesta sobre la incoación del procedimiento mediante cartas de 16 y 24 de septiembre de 2004, registradas los mismos días.

(3)

El 6 de septiembre de 2005 la Comisión solicitó información adicional, que Alemania remitió por carta de 5 de octubre de 2005 (registrada el 6 de octubre de 2005). El 6 de febrero de 2006 se envió información complementaria (registrada el 7 de febrero de 2006).

II.   DESCRIPCIÓN

1.   BENEFICIARIO

(4)

Schneider AG era una gran empresa alemana con sede en Türkheim, Baviera, que fabricaba aparatos de televisión en color. Al margen de su actividad de fabricación, la empresa se ocupaba también en los años 90 de un ambicioso proyecto para desarrollar tecnología de visualización por láser que ofrecía imágenes más nítidas, luminosidad más elevada, tamaño ilimitado de la pantalla y flexibilidad de la superficie de proyección. Los dos ámbitos de actividad se transfirieron entre 2000 y 2002 a dos filiales de Schneider AG de nueva creación, Schneider Electronics AG («SE»), que se hizo cargo de la fabricación de televisores, y Schneider Laser Technologies AG («SLT»).

(5)

La LfA, cuya actividad consiste en promover la economía regional, era accionista de Schneider AG desde 1998. En 1999 y 2000, la LfA fue el principal accionista con una participación del 35,6 %. Lehman Brothers, un banco de inversiones privado, tenía el 26,6 % de las acciones, Gebr. Schneider GmbH & Co. KG, el 14,6 % y otros inversores privados, el 23,2 %.

(6)

En ese momento el mercado valoró positivamente las perspectivas de éxito de Schneider AG respecto a su papel de líder de la tecnología de visualización por láser. Entre 1998 y 2000 la cotización de las acciones de Schneider se multiplicó casi por diez; de 1999 a 2000 casi dos veces y media. Estas expectativas positivas ante el futuro de la empresa las compartía también el segundo mayor inversor, Lehman Brothers, tal como muestra un estudio de abril de 2000, en el que se pronosticaban beneficios en la sección de electrónica de consumo a partir de finales de 2000 y para la tecnología de visualización por láser a partir del último trimestre de 2001. Lehman Brothers compró de mediados de 1999 a mediados de 2000 [...] (*1) acciones a LfA.

(7)

Sin embargo, el rendimiento de la empresa no se desarrolló tal como estaba previsto. SE fabricaba televisores de baja calidad y no podía competir con los productos baratos importados sobre todo de Asia. Como la sección de televisores no producía beneficios, a Schneider AG le faltaron los medios que necesitaba SLT para proseguir sus trabajos sobre la tecnología láser, que avanzaban mucho más despacio que lo previsto. Hasta mayo de 2000 no se pudo disponer de un primer prototipo, mucho más tarde que lo previsto, y sólo tenía utilización industrial. Hasta 2002 la empresa no desarrolló un producto adecuado para los compradores privados.

(8)

En marzo de 2002 se introdujeron tres procedimientos de insolvencia separados para Schneider AG y sus dos filiales. El administrador judicial vendió los activos de Schneider AG y de SE a la empresa de electrónica china TCL, y los activos de SLT a Jenoptik Laser, Optik, Systeme GmbH (en lo sucesivo «LOS»). TCL y LOS habían presentado en ese momento las ofertas más elevadas.

2.   MEDIDAS FINANCIERAS

(9)

En su decisión sobre la incoación del procedimiento la Comisión expuso sus dudas sobre la compatibilidad de las dos medidas que se citan a continuación.

2.1   LOS TRES PRÉSTAMOS DE LA LFA

(10)

Los tres préstamos de la LfA eran parte de un enfoque global convenido en otoño de 1999 entre la LfA, Lehman Brothers, el denunciante y un grupo de bancos. Alemania explicó que en 1998 la empresa sufría pérdidas, después de haber intentado sin éxito incrementar la venta de aparatos de televisión a través del comercio minorista especializado. Por ello, la dirección decidió reestructurar la empresa y desarrollar la parte OEM (fabricante de equipo original) del negocio. Para financiar esta reestructuración, prefinanciar la fabricación para grandes contratos y cubrir las pérdidas, la empresa necesitaba liquidez.

(11)

El primer préstamo de LfA («préstamo 1») por 2,1 millones de euros se concedió en septiembre de 1999 a un tipo de interés del [...] %. El segundo préstamo de LfA («préstamo 2») por 5,1 millones de euros se concedió también en septiembre de 1999 a un tipo de interés del [...] %. El tercer préstamo de LfA («préstamo 3») por 5,6 millones de euros se concedió en febrero de 2000 y el tipo de interés fue del [...] %. Los dos primeros préstamos se concedieron por un año, el tercero llegaba hasta el 31 de diciembre de 2001 por lo que su duración era de casi dos años.

(12)

En septiembre de 2000 se prorrogaron los dos primeros préstamos hasta el 30 de septiembre de 2002, es decir, dos años más, y se incrementaron los tipos de interés: Para el préstamo 1 al [...] % y para el préstamo 2 al [...] %. En diciembre de 2000 se prorrogó también el préstamo 3 hasta el 30 de septiembre de 2002 y el tipo de interés se aumentó al [...] %.

(13)

Como garantía del préstamo 1 se utilizaron básicamente hipotecas, cesiones en bloque de los créditos y una transmisión en garantía de las mercancías. Esta garantía está subordinada a los créditos del grupo de bancos, cuyos préstamos eran anteriores. Los préstamos dos y tres se otorgaron sin más garantías. Alemania explicó que en vez de garantías se había fijado un tipo de interés más elevado. El valor real de las garantías para la LfA, como accionista de Schneider AG, era muy escaso, ya que según el Derecho alemán los préstamos participativos se considerarían con toda probabilidad (§ 30 GmbHG) una aportación complementaria al capital social.

(14)

Los socios privados contribuyeron al concepto general con las siguientes aportaciones:

(a)

Lehman Brothers condujo la empresa a finales de 1999 a través de la compra de acciones de SLT, hasta entonces propiedad de Daimler Chrysler, por 25 millones de euros y además fue el principal inversor en otra recapitalización efectuada en febrero de 2000 con otros 46 millones de euros para financiar el desarrollo del negocio del láser.

(b)

El grupo de bancos privados había concedido a Schneider AG en 1998 una línea de crédito de 31 millones de euros. El tipo de interés acordado en este caso fue del [...] %. El mantenimiento de esta línea de crédito como parte del enfoque global se fijó expresamente en septiembre de 1999. Además, el grupo de bancos aceptó que se pudiera superar por breves periodos la línea de crédito hasta un importe de [...] euros. El mismo mes el líder del grupo de bancos incrementó sus intereses en [...] %. Alemania explicó que no disponía de información sobre cambios del tipo de interés inicialmente acordado de [...] % por parte de los demás bancos del grupo.

(c)

El denunciante puso a disposición un préstamo participativo de 7,7 millones de euros en las mismas condiciones que el grupo de bancos.

2.2.   APORTACIONES I+D

(15)

En 1994 y 1997 la Bayrische Forschungsstiftung (BFS) concedió a Schneider AG dos subvenciones por un valor total de 9 050 121,88 euros (4).

Proyecto 1 («Laser-Display-Technologie» — tecnología de visualización por láser)

(16)

La primera aportación por un total de 6 498 468,68 euros (5) se produjo el 16 de diciembre de 1994 y se utilizó para financiar el proyecto «Laser-Display-Technologie» (tecnología de visualización por láser «Proyecto 1»). Esta aportación se abonó en varios tramos a lo largo de la vida del proyecto, a saber, entre enero de 1995 y junio de 1997. Los costes subvencionables ascendieron a 12 484 972,74 euros, la intensidad de la ayuda se situó en el 48,9 %.

(17)

El objetivo del Proyecto 1 era sentar las bases de nuevos métodos de trabajo para la proyección de grandes imágenes en color de alta resolución con distintas aplicaciones y desarrollar los fundamentos científico-tecnológicos para los componentes individuales del posterior sistema.

(18)

Al conceder la ayuda se tuvieron en cuenta los siguientes costes del proyecto (*2)

Costes del proyecto

Costes (en euros)

Costes de personal (incluidos gastos de viaje)

4 304 566,36

Otros costes de funcionamiento (materiales y suministros)

4 399 666,63

Instrumentos y equipamiento

667 235,91

Investigación por terceros

2 296 459,41

Costes generales complementarios

817 044,43

Coste total

12 484 972,74

(19)

Alemania confirmó que los costes estaban originados directamente por el proyecto de investigación.

(20)

En consonancia con los acuerdos de subvención se dio amplia publicidad a los resultados del proyecto y se pusieron a disposición general.

(21)

Además, BFS financió el 100 % de un proyecto de investigación de la Universidad de Wurzburgo sobre el tema «Blauer Laser» (láser azul). Los costes del proyecto ascendieron a 0,26 millones de euros. El Proyecto 1 y el Proyecto «Blauer Laser» se vincularon entre sí por deseo de BFS, ya que de esta manera se daba la posibilidad de transferir conocimientos técnicos.

Proyecto 2 («Laser-Display-Technologie — Systemintegration und Prototypen», tecnología de visualización por láser — integración del sistema y prototipos)

(22)

La segunda subvención por un valor de 2 551 653,20 euros se concedió el 23 de julio de 1997. Servía para financiar el Proyecto «Laser-Display-Technologie — Systemintegration und Prototypen» (tecnología de visualización por láser — integración del sistema y prototipos, en lo sucesivo «Proyecto 2») como complemento al Proyecto 1. Esta aportación se abonó en varios tramos a lo largo de la vida del proyecto, a saber, entre abril de 1997 y septiembre de 1999. Los costes subvencionables se estimaron en 5 103 293,22 euros, siendo por consiguiente la intensidad de la ayuda del 50 %.

(23)

En el marco del Proyecto 2 se deberían seguir desarrollando los resultados del Proyecto 1; Además se debería intentar integrar los principales componentes individuales en un sistema conjunto. Los trabajos abarcaban además investigaciones sobre la generación de imágenes con impulsos láser de picosegundos, consistencia láser de los componentes individuales así como la miniaturización de sistemas de láser monocromos.

(24)

Al conceder la ayuda se tuvieron en cuenta los siguientes costes del proyecto:

Costes del proyecto

Costes (en euros)

Costes de personal

2 584 273,68

Otros costes de funcionamiento (materiales y suministros)

1 061 850,98

Investigación por terceros

1 123 308,26

Costes generales complementarios

817 044,43

Coste total

5 103 293,22

(25)

Alemania confirmó que los costes estaban originados directamente por el proyecto de investigación.

(26)

En consonancia con los acuerdos de subvención se dio amplia publicidad a los resultados del proyecto y se pusieron a disposición general. Si se solicitaba se debían conceder los derechos de explotación en condiciones de mercado.

III.   RAZONES PARA LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL

(27)

Respecto a los tres préstamos la Comisión expresó inicialmente su opinión de que, con toda probabilidad, se atenían al principio del inversor que actúa en una economía de mercado. Le faltaba, sin embargo, información más precisa para poder hacer una valoración final. Por otra parte, la Comisión tenía dudas de que los dos proyectos sobre tecnología láser fueran compatibles con las normas en materia de ayuda de la Comunidad.

IV.   OBSERVACIONES DE TERCEROS

(28)

La Comisión no recibió observaciones de terceros.

V.   OBSERVACIONES DE ALEMANIA

(29)

En sus observaciones sobre la incoación del procedimiento Alemania argumentó que los préstamos no constituían ayuda estatal, ya que se atenían al principio del inversor que actúa en una economía de mercado.

(30)

Respecto a las aportaciones I+D, Alemania expresó su punto de vista de que ambos proyectos debían considerarse investigación industrial y que por consiguiente las subvenciones de hasta el 50 % de los costes subvencionables eran compatibles con las disposiciones sobre las ayudas I+D aplicables en el momento en que se concedieron las respectivas subvenciones. Respecto al Proyecto 2 Alemania señaló que el título del Proyecto «Integración del sistema y prototipos» podía inducir a error ya que la finalidad del proyecto era estudiar en más detalle los elementos individuales del proyecto.

VI.   EVALUACIÓN

1.   PRÉSTAMOS DE LA LFA

1.1.   AYUDAS ESTATALES

(31)

Según el artículo 87 del Tratado CE, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. Para establecer si los préstamos participativos de organismos públicos constituyen una ayuda estatal en el sentido del artículo 87 del Tratado CE, debe comprobarse si un inversor que opera en una economía de mercado en circunstancias similares hubiera concedido un préstamo en condiciones comparables.

(32)

En opinión de la Comisión, hay muchos elementos que indican que los tres préstamos no representaban ayuda estatal ya que se ajustaban al principio del inversor que actúa en una economía de mercado. En primer lugar, según la información de que disponía la Comisión, conceder préstamos a Schneider AG con unos tipos de interés entre el [...] %, el [...] % y el [...] % (tipo de referencia de la Comisión 4,76 %), incrementados más tarde al [...] %, el [...] % y el [...] % (tipo de referencia de la Comisión 5,7 %), era económicamente razonable dadas las circunstancias de 1999 y 2000. La confianza del mercado en los futuros beneficios de Schneider AG, principalmente a través de su posición de líder en el sector de la tecnología láser, se demuestra por ejemplo en que entre 1998 y 2000 la cotización de las acciones de Schneider se multiplicaron casi por diez y en que el banco de inversiones estratégico Lehman Brothers compró otras [...] acciones de Schneider AG en el mismo periodo tras un estudio muy positivo. En julio de 2000 alrededor del 50 % del capital social estaba en poder de unos 40 inversores estratégicos. En segundo lugar, la LfA fue mucho más precavida que el accionista privado Lehman Brothers. Lehman Brothers incrementó el capital social de Schneider AG en diciembre de 1999 en 25 millones de euros y fue el principal inversor en la ampliación de capital de febrero de 2000 con otros 46 millones de euros. Independientemente de su contribución a la ampliación de capital de febrero con 8,74 millones de euros (que ya en la decisión de incoación del procedimiento se consideró se atenía al principio del inversor que actúa en una economía de mercado) la LfA puso a disposición otros 12,8 millones de euros exclusivamente en forma de préstamo amortizable con intereses. En tercer lugar los tipos de interés eran más elevados que los del grupo de bancos, tanto en el momento de la concesión inicial de los préstamos (septiembre de 1999 y febrero de 2000) como en la posterior prórroga de los mismos (septiembre y diciembre de 2002).

(33)

Pese a ello, persisten ciertas dudas respecto al carácter del préstamo. Debido al objetivo de la LfA de fomentar la economía regional y sobre la base de la información disponible, la Comisión no puede excluir que la finalidad de la inversión fuera superar la época difícil de Schneider AG y salvar puestos de trabajo en la región. Además, no queda claro que los tipos de interés más elevados fueran suficientes para compensar la ausencia de garantías. Schneider AG se encontraba en una situación financiera difícil en el momento en que se concedieron los préstamos, y no se podía excluir que la tecnología láser fracasara. Pero es difícil evaluar si unos tipos de interés más elevados serían suficientes para cubrir este riesgo.

1.2.   DECISIÓN SIN OBJETO

(34)

En opinión de la Comisión se puede dejar abierta la cuestión de si los préstamos de LfA constituyen ayudas estatales o no. Incluso en el caso de que se consideraran ayudas estatales incompatibles, una decisión negativa que exigiera la devolución de las ayudas no tendría objeto ya que no existe la empresa que se habría beneficiado, directa o indirectamente de la hipotética ayuda estatal.

(35)

Desde el punto de vista formal, el beneficiario de los préstamos era Schneider AG. SE y SLT se crearon después de que se hubieran concedido los préstamos, pero no se puede excluir que se beneficiaran de los mismos. Los procedimientos de insolvencia contra las tres empresas Schneider se iniciaron en marzo de 2002 y las tres empresas se liquidaron. La deuda del préstamo se sumó a la masa de la insolvencia.

(36)

El administrador judicial vendió los activos de las tres empresas bajo la supervisión de los tribunales de insolvencia. La Comisión considera que por los respectivos activos se pagó el precio de mercado, de forma que el beneficio de la ayuda no se transmitió a ninguno de los compradores.

(a)

Los activos en posesión de Schneider AG en el momento de su liquidación consistían en marcas comerciales. Tras buscar con ayuda de un consultor M&A posibles compradores por todo el mundo, el administrador judicial vendió las marcas comerciales al fabricante de electrónica de consumo chino TCL por 3,48 millones de euros. Al mismo tiempo, se había pedido a un segundo asesor que fijara el valor de las marcas comerciales. Éste recibió varias ofertas que se situaban claramente por debajo de la de TCL. Por estas razones la Comisión ha llegado a la conclusión de que las marcas comerciales se vendieron a precios de mercado.

(b)

El administrador judicial vendió a TCL los activos de SE, formados por la línea de fabricación de televisores y las existencias, por un precio total de 5 745 480 euros. Según la información transmitida por Alemania, el administrador judicial llevó a cabo amplias discusiones con toda una serie de posibles inversores. Sin embargo, había muy poco interés en comprar una línea de fabricación de TV de varios años de antigüedad y hecha a medida para Schneider AG, como tampoco había interés en comprar las existencias de unos televisores que no tenían garantía y por los que no se podía ofrecer servicio de clientela. TCL hizo la oferta más elevada que se consideró por lo tanto como precio de mercado.

(c)

En el caso de SLT el administrador judicial había efectuado el encargo a un consultor M&A que remitió la documentación de venta a unos 150 posibles inversores. Se llevaron a cabo conversaciones pormenorizadas con una serie de posibles interesados. Pero debido a los problemas técnicos para desarrollar la tecnología de visualización por láser, al final el interés resultó ser muy reducido. Ninguna oferta superaba a la de LOS y ni siquiera se intentó vender las patentes existentes ni las patentes todavía por registrar por separado. Los activos de SLT se vendieron en dos fases (6) a LOS por un precio total de 60 250 000 euros. Por esta razón, la Comisión considera que también por los activos de SLT se pagó el precio de mercado.

2.   PROYECTOS I+D

2.1.   AYUDA ESTATAL

(37)

La financiación estatal provenía del Land de Baviera a través de la BFS. La financiación, por lo tanto, procede de medios estatales y debe atribuirse al Estado. Schneider AG se vio favorecida por la financiación de la parte del proyecto 1 llevada a cabo por SLT y del proyecto 2. Como la electrónica de consumo se comercializa entre los Estados miembros, la medida amenaza con distorsionar la competencia y afecta al comercio entre los Estados miembros. Por consiguiente, las subvenciones de los proyectos 1 y 2 constituyen ayuda estatal.

(38)

En el caso de la financiación del proyecto «Blauer Laser» de la Universidad de Wurzburgo, por el contrario, la financiación estatal no debe considerarse ayuda estatal desde el punto de vista de la Comisión. El proyecto llevaba a cabo una investigación fundamental con el objetivo de ampliar de forma general los conocimientos científicos y técnicos. De acuerdo con el punto 2.2 del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo de 1986 (7) (aplicable en 1994 en el momento de la subvención), el fomento de investigación fundamental no se considera normalmente como ayuda estatal. «Por el contrario, en los casos excepcionales en que dicha investigación se efectúa en ciertas empresas o específicamente para ciertas empresas, la Comisión no puede excluir la posibilidad de que sean satisfechas las condiciones del artículo 92, apartado 1, del Tratado CEE» [en la actualidad artículo 87 (apartado 1)]. No ocurre así en el presente caso. El proyecto no se llevó a cabo para Schneider. La solicitud de subvención la había realizado la Universidad de Wurzburgo por su cuenta y las subvenciones se le habían abonado directamente. Tal como Alemania informó a la Comisión, los resultados de la investigación de la Universidad no eran relevantes para Schneider AG, ya que la empresa tenía su propio enfoque para resolver los problemas relacionados con el láser azul. Schneider AG llevaba a cabo sus actividades de investigación y desarrollo independientemente del Proyecto «Blauer Laser» y no utilizó los resultados del proyecto de la Universidad para su propia solución técnica. La asociación de ambos proyectos se había realizado por deseo de la BFS que esperaba que se produjera una serie de sinergias que finalmente no tuvieron lugar.

2.2.   EXCEPCIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 87, APARTADO 3, DEL TRATADO

(39)

Las subvenciones I+D deben evaluarse con arreglo a los Encuadramientos comunitarios sobre ayudas de estado de investigación y desarrollo (en lo sucesivo «Encuadramientos I+D») de 1986 (8) y 1996 (9), que autoriza la ayuda estatal para la investigación fundamental, la investigación industrial y el desarrollo precompetitivo.

Proyecto 1

Fase de I+D — Intensidad de la ayuda

(40)

El Proyecto 1 puede calificarse como investigación industrial fundamental en el sentido del Anexo 1 del Encuadramiento I+D de 1986 (10). El objeto de las actividades de investigación era adquirir, a través de trabajos originales teóricos y prácticos, conocimientos completamente nuevos en el ámbito de la proyección de grandes imágenes a color de alta resolución para diferentes ámbitos de aplicación y desarrollar los fundamentos tecnológicos para los componentes individuales de un futuro sistema de visualización por láser.

(41)

BFS subvencionó el proyecto hasta el 48,98, es decir, la intensidad de la ayuda se situó por debajo del límite del 50 % autorizado para la investigación industrial fundamental.

Efecto incentivador

(42)

La Comisión considera que la ayuda I+D tuvo un efecto incentivo porque el proyecto no se hubiera llevado a cabo sin apoyo estatal. El proyecto implicaba un riesgo técnico y económico muy elevado y la tecnología era muy innovativa, reclamaba una investigación básica y un elevado input. Esto se vio confirmado por un estudio externo encargado por la BFS antes de decidir sobre la concesión de la ayuda. Los expertos consultados opinaban que, teniendo en cuenta la alta complejidad y los ambiciosos objetivos del proyecto, éste sólo se podía llevar a cabo con un importante apoyo. Se consideró que el riesgo técnico más importante era la reproducción exacta de la imagen. Los expertos confirmaron, además, que esta tecnología completamente nueva incluía un elevado número de problemas individuales que sólo podían resolverse a través de un proyecto de I+D intensivo, concentrado y financieramente bien dotado.

Proyecto 2

Fase de I+D — Intensidad de la ayuda

(43)

En relación con el proyecto 2, Alemania argumentó que el proyecto también debía considerarse como investigación fundamental (11). Según señaló Alemania, las actividades que se iban a llevar a cabo en el marco de este proyecto correspondían por su carácter, a pesar de su equívoco subtítulo («Integración del sistema y prototipos»), a la definición citada. Alemania explicó que la finalidad del proyecto era seguir desarrollando los componentes individuales de la tecnología. Por esta razón, ante la BFS el proyecto se debía clasificar totalmente como investigación industrial. Además, el primer prototipo se desarrolló unos meses después de finalizado el Proyecto 2 y este prototipo estaba destinado a la utilización industrial y no comercial, tal como se había previsto al principio. La investigación precompetitiva real no se llevó a cabo hasta después del Proyecto 2 y sin más financiación pública.

(44)

La Comisión considera que el proyecto debería clasificarse más bien como un proyecto de desarrollo precompetitivo (12), por lo menos parcialmente. Según los puntos 5.5 y 5.9 del Encuadramiento I+D de 1996, la subvención se debía limitar al 25 % o representar la media ponderada de las intensidades de la ayuda autorizadas. La Comisión considera que la integración de componentes individuales en un sistema general podría entrar en la definición de desarrollo precompetitivo. Además, el primer prototipo se finalizó sólo unos meses después de que finalizara el Proyecto 2, lo que indica que el proyecto estaba destinado a desarrollar un primer prototipo.

(45)

Sin embargo un análisis más detallado de la cuestión no tendría objeto ya que cualquier tipo de ayuda incompatible ya no distorsionaría el mercado. Las subvenciones I+D se concedieron a Schneider AG. SE y SLT se crearon más tarde. Es muy poco probable que el fabricante de televisores SE se beneficiara de la ayuda I+D para la investigación en la tecnología láser, que se utilizó totalmente en la forma aprobada. SLT podía haberse beneficiado de la ayuda. Sin embargo, las empresas se liquidaron entre tanto, las subvenciones I+D se incluyeron en la masa de insolvencia (13) y los activos se vendieron a precio de mercado (véase el considerando 36).

Efecto incentivador

(46)

La Comisión considera que el riesgo tecnológico y económico del Proyecto 2 todavía era muy elevado y que SLT no hubiera estado en condiciones de llevar adelante el proyecto sin el apoyo de la BFS. Como ya ocurría antes con el primer proyecto, el segundo tenía un carácter muy innovador y necesitaba un considerable input.

VII.   CONCLUSIONES

(47)

La Comisión ha llegado a la conclusión de que la ayuda de investigación y desarrollo para el Proyecto 1 por 6 498 468,68 euros y el 50 % de la ayuda de investigación y desarrollo para el Proyecto 2, es decir 1 275 826,60 euros, eran compatibles con las normas en materia de ayuda de la Comunidad.

(48)

Respecto a los tres préstamos por un total de 12,8 millones de euros y el 50 % de la ayuda de investigación y desarrollo para el Proyecto 2, la Comisión considera que la información disponible no le es suficiente para llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, las cuestiones decisivas de si los préstamos constituían ayudas estatales y hasta qué punto el Proyecto 2 servía para la investigación industrial, pueden dejarse abiertas. Las ayudas estatales incompatibles no podrían recuperarse porque tras la liquidación de todos los beneficiarios reales o potenciales y la venta de sus activos a precio de mercado, la ayuda ya no distorsionaría el mercado.

En consecuencia, la Comisión llega a la conclusión de que el procedimiento de investigación formal incoado de conformidad con el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE respecto a los tres préstamos y una parte del Proyecto 2 ha quedado sin objeto,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La ayuda por un valor de 6 498 468,68 euros a favor del proyecto de investigación «Laser-Display-Technologie» y la ayuda por valor de 1 275 826,60 euros a favor del proyecto I+D «Laser-Display-Technologie — Systemintegration und Prototypen» son compatibles con el mercado común.

Artículo 2

El procedimiento de investigación formal, se da por concluido en lo que respecta al préstamo de LfA por un total de 12,8 millones de euros y a la subvención de 1 275 826,60 euros al proyecto de investigación «Laser-Display-Technologie — Systemintegration und Prototypen».

Artículo 3

El destinatario de la presente Decisión es la República Federal de Alemania.

Bruselas, 16 de mayo de 2006.

Por la Comisión

Neelie KROES

Miembro de la Comisión


(1)  DO C 46 de 22.02.2005, p. 12.

(2)  Véase nota 1.

(3)  Algunas aportaciones, recibidas durante la fase de verificación, no pueden considerarse observaciones formales (se trataba fundamentalmente de artículos de prensa no referidos al caso y sin comentarios y una oferta — que tampoco iba explicada — de servicios de asesoría relativos al caso hecha a la Comisión).

(*1)  Secreto comercial

(4)  Incluidas las dotaciones para el proyecto «Blauer Laser», realizado por la Universidad de Wurzburgo.

(5)  Incluidas las dotaciones para el proyecto «Blauer Laser», realizado por la Universidad de Wurzburgo.

(*2)  El cuadro incluye sólo los costes de las actividades de investigación de Schneider AG; no se tiene en cuenta la dotación de 0,26 millones de euros para el proyecto «Blauer Laser», realizado por la Universidad de Wurzburgo y que por deseo de BFS se vinculó al proyecto Schneider.

(6)  La primera fase fue crear una empresa en participación a la que se transfirieron los activos de SLT. LOS era propietaria del 60 % de la empresa en participación y el 40 % formaba parte de la masa de la insolvencia. Esta fase intermedia, que duró un año, debía posibilitar encontrar un inversor estratégico que se hiciera cargo del 40 % de la masa de insolvencia. No se halló tal inversor y LOS pudo adquirir el 100 % de la propiedad.

(7)  DO C 83 de 11.04.1986, p. 2.

(8)  Véase nota 8.

(9)  DO C 45 de 17.febrero.1996, p. 5.

(10)  En el Anexo 1 del Encuadramiento I+D de 1986 se define como «investigación industrial básica la actividad teórica o experimental original cuyo objetivo es la adquisición de nuevos conocimientos o la mejor comprensión de las leyes de la ciencia o de la tecnología en su aplicación eventual a un sector industrial o a las actividades de una empresa determinada».

(11)  Según el Anexo 1 del Encuadramiento I+D de 1996 la investigación industrial se define como la investigación planificada o estudios críticos cuyo objeto es la adquisición de nuevos conocimientos que puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios o contribuir a mejorar considerablemente los productos, procesos o servicios existentes.

(12)  Según el Anexo 1 del Encuadramiento I+D de 1996 por actividad de desarrollo precompetitiva, se entiende la materialización de los resultados de la investigación industrial en un plano, esquema o diseño para productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados, destinados a su venta o su utilización, incluida la creación de un primer prototipo no comercializable. Puede abarcar también la formulación conceptual y el diseño de otros productos, procesos o servicios, así como proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que dichos proyectos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o su explotación comercial.

(13)  Una vez que se estableció que los activos de SLT se venderían fuera de Baviera, ya no se cumplía una de las condiciones previas formales para la ayuda.


6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/56


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 7 de junio de 2006

relativa a la ayuda estatal concedida por Alemania para la adquisición de participaciones en cooperativas de viticultores

[notificada con el número C(2006) 2070]

(El texto en lengua alemana es el único auténtico)

(2007/57/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, su artículo 88, apartado 2,

Después de haber instado a los interesados a que presenten sus observaciones, de conformidad con el artículo citado (1), y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

La medida fue notificada, mediante carta de 19 de abril de 2001, en respuesta a una petición por escrito de los servicios de la Comisión. Dado que la medida ya se había ejecutado, se registró como ayuda no notificada (ayuda no NN 32/01).

(2)

Se comunicó información adicional, mediante cartas de 13 de febrero de 2002, recibida el 18 de febrero de 2002; de 5 de julio de 2002, recibida el 9 de julio de 2002, y de 5 de diciembre de 2002, recibida el 10 de diciembre de 2002. Además, el 25 de junio de 2002 se celebró una reunión en las oficinas de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural.

(3)

La Comisión informó a Alemania, mediante carta de 2 de octubre de 2003 (SG (2003) D/232035), de su decisión de incoar, con respecto a dicha medida, el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (ayuda no C 60/2003).

(4)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas  (2). La Comisión instó a los interesados a que presentaran sus observaciones sobre la ayuda en cuestión.

(5)

Los interesados y las autoridades regionales que concedieron la ayuda comunicaron sus observaciones a la Comisión mediante cartas de 18 de noviembre de 2003, recibida el 25 de noviembre de 2003; de 23 de diciembre de 2003, recibida el 5 de enero de 2004, y de 12 de febrero de 2004, recibida el 17 de febrero de 2004.

(6)

Alemania transmitió sus observaciones a la Comisión mediante carta de 5 de noviembre de 2003, recibida el 6 de noviembre de 2003.

(7)

Alemania transmitió observaciones complementarias a la Comisión mediante carta de 7 de marzo de 2005, recibida el 9 de marzo de 2005, en la que solicitaba una evaluación de la medida con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 1860/2004 de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en los sectores agrario y pesquero (3).

II.   DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

II.1   Denominación de la ayuda

(8)

Ayuda para la adquisición de participaciones en cooperativas por parte de los viticultores de Renania-Palatinado.

II.2   Fundamento jurídico

(9)

La ayuda se basa en las medidas legislativas siguientes:

Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Landkreises Bernkastel-Wittlich zur Förderung von Winzern, die einer Winzergenossenschaft beitreten (medida legislativa de fomento relativa a la concesión de subvenciones financiadas por el distrito de Bernkastel-Wittlich en favor de los viticultores que se adhieren a una cooperativa).

Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Landkreises Cochem-Zell zur Förderung von Winzern, die einer Winzergenossenschaft/Erzeugergemeinschaft beitreten (medida legislativa de fomento relativas a la concesión de subvenciones financiadas por el distrito de Cochem-Zell en favor de los viticultores que se adhieren a una cooperativa o una organización de productores).

Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Landkreises Trier-Saarburg zur Förderung von Winzern, die einer Winzergenossenschaft/Erzeugergemeinschaft beitreten (medida legislativa de fomento relativa a la concesión de subvenciones financiadas por el distrito de Tréveris-Saarburg en favor de los viticultores que se adhieren a una cooperativa o una organización de productores).

Mitteilung der Verbandsgemeinde Schweich, die Zuschüsse des Landkreises Trier-Saarburg zur Förderung von Winzern, die einer Winzergenossenschaft/Erzeugergemeinschaft beitreten, zu erhöhen (comunicación de la autoridad local de Schweich relativa al aumento de las subvenciones del distrito de Tréveris-Saarburg en favor de los viticultores que se adhieren a una cooperativa o una organización de productores).

(10)

La medida legislativa del distrito de Bernkastel-Wittlich prevé, en concreto, ayudas para la adquisición de participaciones en la cooperativa Moselland. Las medidas legislativas del distrito de Cochem-Zell son de carácter análogo y dieron lugar a que, en la práctica, sólo se subvencionasen las participaciones de dicha cooperativa. Las medidas del distrito de Tréveris-Saarburg y de la autoridad local de Schweich no van dirigidas a una empresa específica, sino a todas las cooperativas y organizaciones de productores reconocidas en virtud de la legislación alemana relativa a la organización de las estructuras de mercado.

II.3   Objetivo de la ayuda

(11)

El objetivo de la medida era aumentar la proporción de uva producida por las organizaciones de productores y reducir la proporción de vino a granel en venta libre (es decir, sin la intervención de las organizaciones de productores), para coadyuvar a la estabilización de los precios en el mercado del vino a granel. Al mismo tiempo se pretendía abandonar, a largo plazo, la capacidad de producción vitícola de las explotaciones, principalmente las pequeñas, de la región vitícola Mosela-Sarre-Ruwer.

(12)

Con la ayuda se sufragó una parte de los costes relativos a la adquisición de participaciones en cooperativas de viticultores u organizaciones de productores (denominadas en lo sucesivo «organizaciones de productores»). La ayuda se concedió a los viticultores que se comprometieron a conservar las participaciones durante un período de cinco años desde la presentación de la solicitud. Además, las explotaciones debían adherirse a las organizaciones de productores aportando sus viñedos y toda su producción de uva, mosto y vino. Asimismo, estaban obligadas a abandonar la explotación de las instalaciones de producción de vino.

II.4   Presupuesto de la ayuda

(13)

La ayuda se concedió en forma de subvenciones directas y de bonificaciones de intereses sobre los préstamos obtenidos en el mercado de capitales.

(14)

Los costes de la adquisición de una participación eran, en principio, de 293,99 euros. Cuando eran inferiores, se reducía proporcionalmente la subvención.

(15)

Se concedieron las siguientes subvenciones por participación:

Distrito o municipio

Para la adquisición de entre 1 y 5 participaciones

Por cada participación adicional

Subvención máxima para cada nuevo cooperativista

Bernkastel-Wittlich

76,69 euros

38,35 euros

766,94 euros

Cochem-Zell

76,69 euros

76,69 euros

Ilimitada

Tréveris-Saarburg

76,69 euros

38,35 euros

766,94 euros

Schweich

51,13 euros

255,65

(16)

Las subvenciones de la autoridad local de Schweich se acumularon a los pagos efectuados en el distrito de Tréveris-Saarburg.

(17)

En el distrito de Cochem-Zell se concedieron bonificaciones de intereses sobre todos los préstamos obtenidos para la adquisición de participaciones, hasta un límite del 4,95 %, durante un período máximo de cuatro años.

(18)

En 2000 se efectuaron los siguientes pagos a las organizaciones de productores:

Distrito o municipio

Cooperativa Moselland

Organización de productores de Moselherz

Organización de productores de Mosel Gate

Bernkastel-Wittlich

44 022 euros

-euros

-euros

Cochem-Zell

20 171 euros

-euros

-euros

Tréveris-Saarburg

51 270 euros

6 990 euros

7 631 euros

Schweich

16 975 euros

3 390 euros

5 011 euros

Total

132 438 euros

10 380 euros

12 642 euros

(19)

En 2000 se abonó una suma total de 155 460 euros. La medida se financió con fondos de los distritos y del municipio de Schweich.

II.5   Duración de la medida

(20)

En el distrito de Cochem-Zell, la medida se aplicó durante un período de cuatro años (de 2000 a 2003). Los demás regímenes de ayuda se limitaron al año 2000.

II.6   Beneficiarios

(21)

La ayuda se abonó directamente a las organizaciones de productores, que vendieron las participaciones, a menor precio, a los nuevos miembros del sector vitivinícola.

(22)

De esta manera, los viticultores y las explotaciones vitícolas de los diferentes distritos pudieron adquirir participaciones de las organizaciones de productores a menor precio.

(23)

Gracias a esta medida, las organizaciones de productores pudieron aumentar sus fondos propios y garantizar su abastecimiento de materia prima.

II.7   Razones para incoar el procedimiento de investigación formal

(24)

Tras un primer examen, la medida se consideró una ayuda de funcionamiento de las explotaciones vitícolas y las organizaciones de productores incompatible con el mercado común, por lo que la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal.

III.   OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS

III.1   Objeciones contra la medida

(25)

Los servicios de la Comisión recibieron una denuncia con respecto a la introducción del presente régimen de ayudas en la que se alegaba que la ayuda permitía a los viticultores adquirir participaciones, a menor precio, a las organizaciones locales de productores, quienes, además de incrementar su capital, se aseguraban el suministro de mosto y vino de base, con el consiguiente perjuicio para la competencia.

III.2   Observaciones de los interesados dentro del procedimiento formal de investigación

(26)

Los interesados y las autoridades regionales alemanas que concedieron la ayuda insistieron en la necesidad de apoyar el cambio estructural necesario para una región vitícola, con cultivos en pendiente pronunciada de 2 000 años de antigüedad, cuya conservación era de enorme importancia para el turismo y la hostelería, señalando que la medida contribuía a suprimir capacidad de producción. Además, se solicitó la aplicación del Reglamento (CE) no 1860/2004.

IV.   OBSERVACIONES DE ALEMANIA

(27)

En sus observaciones, Alemania destacó la necesidad de prestar apoyo al cambio estructural indispensable de una región vitícola, con cultivos en pendiente pronunciada de 2 000 años de antigüedad, cuya conservación era de enorme importancia para el turismo y la hostelería, señalando que la ayuda se destinaba a compensar a los viticultores y a las explotaciones vitícolas por el abandono de la capacidad de producción vinícola resultante de la obligación quinquenal de suministro a las organizaciones de productores, y que, por lo tanto, estaba justificada como ayuda por cese de la actividad.

(28)

En sus observaciones complementarias, Alemania solicitó la aplicación del Reglamento (CE) no 1860/2004.

V.   EVALUACIÓN DE LA AYUDA

OCM

(29)

El artículo 36 del Tratado CE es aplicable a la vitivinicultura, objeto del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (4).

(30)

Según las observaciones de Alemania y de los interesados, los problemas económicos del sector vitivinícola se debían a los cambios estructurales en cuanto a las posibilidades de venta. Cada vez resultaba más complicada la comercialización habitual del vino a granel con instalaciones de producción de vino propias. El mercado exigía materia prima (uva o mosto fresco de uva) o vinos de calidad orientados al mercado. Las empresas privadas podrían haber celebrado contratos análogos con las explotaciones vitícolas, asumiendo los riesgos de comercialización.

(31)

En este contexto, según se indica en el considerando 12, las autoridades regionales asumieron parcialmente los costes de la adquisición por parte de los viticultores de participaciones de las organizaciones de productores. Los compradores de participaciones en cuestión estaban obligados a aportar toda la superficie cultivada a la organización de productores y a entregarle toda la producción de uva, mosto y vino. Las explotaciones vitícolas debían comprometerse a conservar las participaciones durante cinco años, lo que en la práctica equivalía al cierre de sus instalaciones de producción de vino. A diferencia de otras empresas de producción y comercialización de vinos, las organizaciones de productores podían asegurarse el abastecimiento de materia prima gracias a la obligación de los viticultores y de las explotaciones vitícolas de entregarles, durante un período de cinco años, toda la producción de uva, mosto y vino (véase II.2).

(32)

La ventaja lograda por las organizaciones de productores con la garantía por parte de las explotaciones vitícolas de aportar toda la producción de uva, mosto y vino, y abandonar la producción de vino, constituye una medida estructural que ha fortalecido a las organizaciones de productores. Considerada de forma aislada, la ventaja que supone la garantía de abastecimiento obtenida por dichas agrupaciones puede justificarse como efecto de una medida de reestructuración del mercado acorde con los objetivos del artículo 39 del Reglamento (CE) no 1493/1999.

AYUDA ESTATAL

(33)

En virtud del artículo 71, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1493/1999:

«Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, los artículos 87, 88 y 89 del Tratado se aplicarán a la producción y al comercio de los productos a que se refiere el presente Reglamento.»

(34)

En el apartado 2 de dicho artículo se establece lo siguiente:

«El capítulo II del título II (primas para el abandono definitivo de la viticultura) no impedirá la concesión de ayudas nacionales que tengan objetivos similares a los enunciados en dicho capítulo. No obstante, el apartado 1 se aplicará a tales ayudas.»

(35)

El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE prohíbe, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por éstos o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(36)

El régimen de ayudas en cuestión se financió con fondos públicos de los distritos y de un municipio del Estado federado de Renania-Palatinado. Esta ayuda podría falsear la competencia (5) y afectar al comercio entre los Estados miembros. (6)

V.1   Favorecimiento de los viticultores y las explotaciones vitícolas mediante la ayuda para la adquisición de participaciones y las bonificaciones de intereses

(37)

Algunos viticultores y explotaciones vitícolas de Renania-Palatinado compraron participaciones de organizaciones de productores con la ayuda de las autoridades regionales, gracias a la cual pudieron adquirirlas a menor precio (véase el punto 15). En circunstancias normales, el importe deducido del precio normal debería haber sido pagado por los compradores. Por lo tanto, la reducción del precio constituye una ventaja económica directa para las empresas financiada con fondos públicos.

(38)

Las bonificaciones de intereses de hasta 4,95 %, concedidas a algunos viticultores y explotaciones vitícolas para este tipo de compra (véase el considerando 17), constituyen asimismo una ventaja económica para esos agricultores financiada con fondos públicos.

(39)

Por lo tanto, es aplicable el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

(40)

Más adelante (en V.3) se examinará si se puede aplicar a la prerrogativa anteriormente mencionada el punto 9 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (7) (denominadas en lo sucesivo «Directrices sobre ayudas agrarias») en lo que se refiere a las ayudas para el abandono de la capacidad de producción.

V.2.   Favorecimiento de las organizaciones de productores

(41)

La Comisión confirma el punto de vista expresado en la carta con la que da inicio al procedimiento formal de investigación de que las organizaciones de productores se vieron favorecidas por la ayuda concedida a los viticultores y a las explotaciones vitícolas para la adquisición de participaciones, de la que sólo se beneficiaron algunas organizaciones de productores reconocidas (véase el considerando 10). Los viticultores y las explotaciones vitícolas debían conservar las participaciones durante cinco años.

(42)

Según las autoridades alemanas, la reestructuración del mercado vinícola resultaba inevitable. Aunque los viticultores habrían podido adquirir participaciones de las organizaciones de productores, dado que su precio no era muy elevado, el cambio estructural no se produjo sino después de instaurarse el régimen de ayudas de las autoridades regionales y municipales.

(43)

En comparación con otras empresas del sector de la producción y la comercialización del vino, las organizaciones de productores pudieron aumentar su capital y su liquidez, y obtener ingresos adicionales, gracias a la adhesión de nuevos miembros que pudieron adquirir participaciones a menor precio o con la ayuda de bonificaciones de intereses. Otra ventaja de las organizaciones de productores fue la derivada de la obligación de los viticultores, ligada a la adquisición subvencionada de participaciones, de entregarles toda la producción de uva, mosto y vino, y abandonar sus instalaciones de producción de vino.

(44)

Es conveniente referirse al punto 26 de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto C-156/98 República Federal de Alemania contra Comisión de las Comunidades Europeas  (8):

«En el caso de autos debe señalarse que la ventaja indirectamente concedida a las empresas a que se refiere el artículo 52, apartado 8, de la EStG, se debe a la renuncia por el Estado miembro a los ingresos fiscales que normalmente habría recaudado, en la medida en que esta renuncia da a los inversores la posibilidad de tomar participaciones en dichas empresas en unas condiciones fiscalmente más ventajosas.»

(45)

La citada sentencia quedó confirmada en el punto 95 de la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-93/02, Confédération nationale du Crédit Mutuel contra Comisión de las Comunidades Europeas  (9):

«[…] para poder constatar la existencia de una intervención mediante fondos estatales a favor de una empresa, no es necesario que ésta sea el beneficiario directo. En efecto, del artículo 87 CE, apartado 2, letra a), se desprende que pueden incluirse en el ámbito de aplicación del artículo 87 CE, apartado 1, ayudas de carácter social otorgadas a los consumidores individuales. Del mismo modo, el hecho de que un Estado miembro renuncie a ingresos fiscales puede implicar una transferencia de fondos estatales, que puede ser calificada de ayuda a favor de operadores económicos distintos de aquellos a los que se otorga directamente la ventaja fiscal (sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2000, Alemania/Comisión, C-156/98, Rec. p. I-6857, apartados 24 a 28).».

(46)

A la luz de la jurisprudencia citada, la Comisión concluye que la ayuda concedida a los viticultores y a las explotaciones vitícolas para la adquisición de participaciones de determinadas organizaciones de productores y la conservación de dichas participaciones durante un período mínimo de cinco años permitió a las organizaciones de productores un incremento del capital que no se habría producido de otro modo. La adquisición de participaciones gracias a la ayuda estatal constituye una transferencia indirecta de fondos públicos a las organizaciones de productores, cuyo consiguiente incremento de capital constituye una ventaja económica indirecta que debe considerarse una ayuda estatal distinta de la concedida a los viticultores y a las explotaciones vitícolas.

(47)

Por lo tanto, es aplicable el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

V.3   Excepciones previstas en el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE

(48)

A continuación se ha de examinar si es aplicable una de las excepciones o exenciones a la prohibición fundamental de conceder ayudas estatales a que se refiere el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

(49)

De acuerdo con la información disponible, no son aplicables las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 2, y en el artículo 87, apartado 3, letras a), b) y d), del Tratado CE, dado que en ningún caso se trata de lo siguiente:

ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo;

ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro;

ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del interés común.

(50)

Así pues, la única excepción que se podría aplicar es la prevista en el artículo 87, apartado 3, letra c).

Compatibilidad de la ayuda concedida a los viticultores y a las explotaciones vitícolas

(51)

En su carta de 13 de febrero de 2002, las autoridades alemanas proponían evaluar la medida en cuestión tomando como base el punto 9 de las Directrices sobre ayudas agrarias.

(52)

De conformidad con el punto 9, se pueden conceder ayudas para el abandono de la capacidad de producción siempre que sean coherentes con las disposiciones comunitarias de reducción de la capacidad y siempre que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas:

a)

las ayudas deben redundar en interés del sector en su conjunto y estar limitadas en el tiempo;

b)

debe haber una contrapartida suficiente por parte del beneficiario, que consistirá normalmente en una decisión definitiva e irrevocable de descartar o abandonar para siempre una cierta capacidad de producción;

c)

hay que excluir la posibilidad de concesión de ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis;

d)

no debe haber exceso de compensación por la pérdida de capital o de futuros ingresos y el sector beneficiario debería asumir, al menos, la mitad de los gastos realizados con la ayuda, bien mediante contribuciones voluntarias, bien mediante gravámenes obligatorios;

e)

no podrán concederse ayudas que interfieran con los mecanismos de las organizaciones comunes de mercado.

a)Interés general del sector

(53)

La ayuda parece tener un efecto positivo, debido a la concentración de la producción agrícola, y haber propiciado una cierta estabilización de los precios en el mercado del vino a granel. La ayuda se limitó a tres distritos y a un municipio de Renania-Palatinado. La medida legislativa de fomento de las autoridades del distrito de Bernkastel-Wittlich preveía la concesión de ayudas para la adquisición, en concreto, de participaciones de la cooperativa Moselland. Las medidas de fomento del distrito de Cochem-Zell contenían disposiciones análogas, que en la práctica dieron lugar a que sólo se subvencionasen las participaciones de esa misma cooperativa. Las medidas de fomento del distrito de Tréveris-Saarburg y de la autoridad local de Schweich no se dirigieron a una empresa específica, pero beneficiaron a las cooperativas y las organizaciones de productores reconocidas en el marco de la legislación alemana relativa a la estructura del mercado. Por lo tanto, las empresas privadas del sector de la producción o la comercialización del vino que no cumplían las condiciones mencionadas no se pudieron beneficiar de la medida. El régimen tenía una vigencia máxima de cuatro años.

(54)

De conformidad con el punto 9.6 de las Directrices sobre ayudas agrarias, el régimen de ayudas deberá ser accesible en las mismas condiciones a todos los operadores económicos del sector correspondiente. Según se ha explicado anteriormente, no se puede considerar que esa condición se haya cumplido. Además, la Comisión recibió una denuncia de un operador económico del sector en la que se señalaba que el beneficio concedido a determinadas cooperativas con esta medida no redundaba, en modo alguno, en interés del sector vitivinícola en su conjunto, dado que las empresas privadas del sector de la producción o la comercialización del vino no se podían acoger a ella.

b)Contrapartida

(55)

Las autoridades alemanas comunicaron que la ayuda era una medida para el abandono de la capacidad de producción de las explotaciones vitícolas y justificaron su afirmación con el argumento de que los agricultores se habían comprometido a entregar a las organizaciones de productores toda la producción de uva, mosto y vino, abandonando así su propia capacidad de producción a largo plazo.

(56)

De conformidad con el punto 9.2 de las Directrices sobre ayudas agrarias, las ayudas a la reducción de capacidades sólo podrán aceptarse si forman parte de un programa de reestructuración del sector en el que se determinen los objetivos y se fije un calendario. La presente medida se aplicó sin que se hubiese elaborado un programa de reestructuración de esas características.

(57)

De conformidad con el punto 9.4 de las Directrices sobre ayudas agrarias, el beneficiario de una ayuda debe ofrecer una contrapartida suficiente, que consistirá normalmente en una decisión definitiva e irrevocable de descartar o abandonar para siempre una cierta capacidad de producción. Esto supondrá normalmente el abandono completo de una determinada capacidad por parte de la empresa o en el cierre de un centro de producción. El beneficiario deberá contraer unos compromisos jurídicamente vinculantes de que el abandono es definitivo e irreversible. Las autoridades alemanas indicaron que los viticultores no habían suscrito ningún compromiso jurídicamente vinculante con respecto al abandono de su capacidad de producción. Por lo que se refiere a la producción de vino, la obligación de entregar la uva, el mosto y el vino equivale al abandono de dicha capacidad, pero sólo durante el quinquenio obligatorio. Por lo tanto, la Comisión concluye que no se cumple esta condición.

c) Exclusión de las ayudas en favor de empresas en crisis

(58)

Esta condición no está prevista explícitamente en las Förderrichtlinien (medidas legislativas de fomento).

d) Exclusión de excesos de compensación y contribuciones del sector

(59)

El punto 9.6 de las Directrices sobre ayudas agrarias establece que la cuantía de las ayudas deberá limitarse estrictamente a la compensación de la pérdida de activos más un incentivo que no deberá superar el 20 % del valor de éstos. El punto 9.7 prevé, por otra parte, que al menos la mitad del coste de estas ayudas debe correr a cargo del propio sector, bien mediante contribuciones voluntarias, bien mediante gravámenes obligatorios.

(60)

Las autoridades alemanas no han facilitado cálculos precisos sobre el importe, en su caso, de la pérdida de valor de los activos de las explotaciones vitícolas. Así pues, no se puede descartar en este momento que las pérdidas se hayan compensado en exceso y que la ayuda sea superior al 50 % del coste efectivo de la medida. Por lo tanto, la Comisión considera que no se cumplen estas condiciones.

5. Organización común de mercados

(61)

El régimen de ayudas no es contrario a los objetivos de la organización común del mercado vitivinícola.

(62)

Dado que, por los motivos anteriormente expuestos, la ayuda concedida a los viticultores y a las explotaciones vitícolas no es compatible con el punto 9 de las Directrices sobre ayudas agrarias, dicha ayuda constituye una ayuda de funcionamiento incompatible con el mercado común.

(63)

No es aplicable ninguna otra justificación con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.

Compatibilidad de la ayuda concedida a las organizaciones de productores

(64)

Por lo que se refiere a las organizaciones de productores, la Comisión está a favor de la constitución de éstas en el sector agrario, ya que permiten a los agricultores agruparse para concentrar la oferta y adaptar la producción a las necesidades del mercado. Se pueden conceder ayudas estatales para la creación de ese tipo de organizaciones (punto 10.5 de las Directrices sobre ayudas agrarias), o en caso de una ampliación significativa de las actividades de dichas organizaciones a nuevos productos o nuevos sectores (punto 10.6 de las Directrices sobre ayudas agrarias). En el caso que nos ocupa no se cumple ninguna de esas condiciones.

(65)

De conformidad con el punto 10.8 de las Directrices sobre ayudas agrarias, las ayudas concedidas a agrupaciones de productores con el fin de sufragar costes no iniciales, tales como inversiones o actividades de promoción, serán evaluadas con arreglo a las normas que rigen dichas ayudas. Dado que la medida en cuestión no consiste sino en un incremento del capital de las organizaciones de productores, no se puede considerar una inversión y, por lo tanto, este punto no puede servir de base para evaluar la compatibilidad.

(66)

Por los motivos anteriormente expuestos, la ayuda concedida a las organizaciones de productores no es compatible con el punto 10 de las Directrices sobre ayudas agrarias. Por lo tanto, se trata de una ayuda de funcionamiento incompatible con el mercado común.

(67)

No es aplicable ninguna otra justificación con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.

V.4   Ayuda de minimis a las organizaciones de productores y a las explotaciones vitícolas

(68)

La experiencia de la Comisión evidencia que las ayudas de poca cuantía en determinadas condiciones no están contempladas por el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

(69)

En virtud del Reglamento (CE) no 1860/2004, las ayudas que no excedan de un límite máximo de 3 000 euros por beneficiario durante un período de tres años, siendo el importe total de esas ayudas concedidas a todas las empresas durante tres años inferior a un límite máximo que debe fijar la Comisión en torno al 0,3 % de la producción anual agraria, no afectan al comercio entre los Estados miembros y no falsean o amenazan con falsear la competencia y, por consiguiente, no entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

(70)

En virtud del artículo 5 de dicho Reglamento, éste será aplicable a las ayudas concedidas antes de su entrada en vigor, si cumplen todas las condiciones establecidas en los artículos 1 y 3.

(71)

El artículo 1 del citado Reglamento limita el ámbito de aplicación al sector agrario. La ayuda se refiere a la comercialización de vino. No concurren las excepciones previstas en las letras a) a c) del artículo 1.

(72)

Por lo tanto, hasta un importe máximo de 3 000 euros, estas medidas no constituyen una ayuda, dado que no se cumplen las condiciones del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Para evitar que se tome dos veces en consideración, este límite sólo debe aplicarse a las explotaciones vitícolas.

(73)

Por los motivos anteriormente expuestos, la Comisión considera que la concesión de subvenciones para la adquisición de participaciones hasta un importe máximo de 3 000 euros no constituye una ayuda si se cumplen las condiciones previstas en el Reglamento (CE) no 1860/2004. Todo importe que exceda de ese límite en lo que se refiere a los viticultores y las explotaciones vitícolas beneficiarias constituye una ayuda en su totalidad.

VI.   CONCLUSIONES

(74)

La Comisión concluye que las subvenciones y las bonificaciones de intereses concedidas al amparo de esta medida constituyen una ayuda de funcionamiento que no está contemplada entre las excepciones a la prohibición general de concesión de ayudas y que, por lo tanto, es incompatible con el mercado común. La Comisión observa, además, que Alemania aplicó indebidamente la medida en cuestión.

(75)

Cuando se considera que una ayuda estatal concedida de manera indebida es incompatible con el mercado común, la consecuencia natural es la recuperación de la ayuda, a fin de restablecer, en la medida de lo posible, la situación de competencia que existía antes de su concesión.

(76)

La Decisión se refiere al régimen considerado y debe ejecutarse de inmediato, incluida la recuperación de la ayuda con arreglo al artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (10).

(77)

Para eliminar la ventaja directa e indirecta concedida a los viticultores y las explotaciones vitícolas, así como a las organizaciones de productores, y evitar, al mismo tiempo, la doble contabilización de la ayuda, Alemania deberá reclamar la ayuda a las empresas beneficiarias de los fondos públicos. Sin embargo, la obligación de reclamar la ayuda a las organizaciones de productores se entiende sin perjuicio de que una ayuda de hasta 3 000 euros concedida a los viticultores y las explotaciones vitícolas pueda no constituir una ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, siempre que se cumplan las condiciones del Reglamento (CE) no 1860/2004. Todos los importes que superen este umbral en lo que se refiere al viticultor o la explotación vitícola beneficiaria constituye, en su totalidad, una ayuda y debe reclamarse a la agrupación de productores cuyas participaciones fueron adquiridas por el beneficiario final.

(78)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio de que las organizaciones de productores afectadas puedan reclamar el importe correspondiente a los viticultores y las explotaciones vitícolas o recurran a otras soluciones legales, cuando esa posibilidad esté prevista por la legislación nacional.

(79)

En el distrito de Cochem-Zell, por lo que se refiere a las bonificaciones de intereses, la ayuda que se ha de reclamar a los viticultores y las explotaciones vitícolas debe corresponder a la bonificación de intereses de la que se hayan beneficiado. Sin embargo, la obligación de recuperar esta ayuda se entiende sin perjuicio de que una ayuda de hasta 3 000 euros concedida a los viticultores y a las explotaciones vitícolas pueda no constituir una ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, siempre que se cumplan las condiciones del Reglamento (CE) no 1860/2004. Todos los importes que superen ese umbral en lo que se refiere al viticultor o la explotación vitícola beneficiaria constituye, en su totalidad, una ayuda y debe recuperarse íntegramente.

(80)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio de que los viticultores y las explotaciones vitícolas afectadas puedan recurrir a otras soluciones legales frente a las organizaciones de productores, cuando esa posibilidad esté prevista por la legislación nacional.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

El régimen de ayudas estatales en forma de subvenciones directas o bonificaciones de intereses concedidas a los viticultores y a las explotaciones vitícolas para permitirles invertir en participaciones de organizaciones de productores, y en forma de subvenciones directas a las organizaciones de productores, aplicado indebidamente por Alemania contraviniendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, sin perjuicio de su artículo 2, es incompatible con el mercado común.

Artículo 2

Las medidas a que se refiere el artículo 1, concedidas por la República Federal de Alemania a los beneficiarios, no constituirán una ayuda cuando se cumplan las condiciones establecidas por el Reglamento (CE) no 1860/2004.

Artículo 3

1.   En un plazo de dos meses a partir de la fecha de la presente Decisión, la República Federal de Alemania informará a todas las explotaciones vitícolas y las organizaciones de productores afectadas por la aplicación del régimen de ayudas estatales en cuestión de que la Comisión considera el régimen de ayudas estatales mencionado en el artículo 1 incompatible con el mercado común.

2.   La República Federal de Alemania adoptará todas las medidas necesarias para reclamar a las explotaciones vitícolas o las organizaciones de productores, según el caso, las ayudas descritas en el artículo 1 concedidas indebidamente a los beneficiarios, sin perjuicio del artículo 2 o de cualquier otro recurso que pueda presentarse con arreglo a la legislación nacional. La República Federal de Alemania informará a la Comisión, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de la identidad de los beneficiarios, la cuantía de las ayudas concedidas a cada uno de ellos y los métodos aplicados para determinar las cuantías.

3.   La recuperación se efectuará de inmediato y de conformidad con los procedimientos de la legislación nacional que permitan la aplicación inmediata y efectiva de la presente Decisión.

4.   La ayuda que se ha de recuperar incluirá los intereses percibidos durante todo el período comprendido entre la fecha de su concesión a los beneficiarios y su recuperación efectiva.

5.   Los intereses se calcularán con arreglo a lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE.

Artículo 4

La República Federal de Alemania informará a la Comisión de las medidas de ejecución que ha adoptado o prevé adoptar en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión. Dentro de ese mismo plazo, Alemania presentará todos los documentos probatorios del inicio del proceso de recuperación contra los beneficiarios de esta ayuda indebida.

Artículo 5

La destinataria de la presente Decisión será la República Federal de Alemania.

Hecho en Bruselas, el 7 de junio de 2006.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión


(1)  DO C 267 de 6.11.2003, p. 2.

(2)  Véase la nota a pie de página 1.

(3)  DO L 325 de 28.10.2004, p. 4.

(4)  DO L 179 de 14.7.1999, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2165/2005 (DO L 345 de 28.12.2005, p. 1).

(5)  De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo, la mejor posición competitiva de una empresa gracias a una ayuda estatal supone generalmente un falseamiento de la competencia con respecto a las empresas rivales que no se benefician de un apoyo de ese tipo (asunto C-730/79, Philip Morris, Rec. 1980, p. 2671, puntos 11 y 12).

(6)  El comercio intracomunitario de productos vinícolas de Alemania ascendió, en 1999, a 10 364 000 millones de hectolitros en el caso de las importaciones y a 1 881 900 millones de hectolitros en el de las exportaciones. No se dispone de datos diferenciados sobre Renania-Palatinado (fuente: Statistisches Bundesamt).

(7)  DO C 232 de 12 de agosto de 2000, p. 19.

(8)  Asunto C-156/98, República Federal de Alemania contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. 2000, I-6857, punto 26.

(9)  Asunto T-93/02, Confédération nationale du Crédit Mutuel contra Comisión, aún no publicado en la Recopilación de jurisprudencia, punto 95.

(10)  DO L 83 de 27 de marzo de 1999, p. 1. Reglamento modificado por el Acta de adhesión de 2003.


6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/64


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 28 de agosto 2006

relativa a la celebración de un Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de Japón y la Comunidad Europea de la Energía Atómica en el ámbito de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear

(2007/58/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo 101, párrafo segundo,

Vista la Decisión del Consejo, de 27 de febrero de 2006, por la que se aprueba la celebración por la Comisión de un Acuerdo entre el Gobierno de Japón y la Comunidad Europea de la Energía Atómica de cooperación en el ámbito de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear,

Considerando que

debe aprobarse el Acuerdo entre el Gobierno de Japón y la Comunidad Europea de la Energía Atómica de cooperación en el ámbito de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear,

DECIDE:

Artículo 1

Queda aprobado en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica el Acuerdo entre el Gobierno de Japón y la Comunidad Europea de la Energía Atómica de cooperación en el ámbito de las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear.

El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.

Artículo 2

El Comisario de Energía procederá, en nombre de la Comunidad, a la notificación prevista en el artículo 17, apartado 1, del Acuerdo.

Hecho en Bruselas, el 28 de agosto 2006.

Por la Comisión

Andris PIEBALGS

Miembro de la Comisión


6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/65


ACUERDO

De Cooperación entre el Gobierno de Japón y la Comunidad Europea de la Energía Atómica en el ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear

EL GOBIERNO DE JAPÓN Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA (EN LO SUCESIVO, «LA COMUNIDAD»),

Deseosos de continuar y desarrollar una cooperación estable y a largo plazo que redunde en beneficio de Japón, la Comunidad y otras terceras Partes en el ámbito de los usos pacíficos y no explosivos de la energía nuclear sobre la base del beneficio mutuo y la reciprocidad;

Reconociendo que Japón, la Comunidad y sus Estados miembros han alcanzado un nivel equiparable en el ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear y de la seguridad que ofrecen sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias en materia de salud, seguridad, usos pacíficos de la energía nuclear y protección del medio ambiente;

Deseosos, asimismo, adoptar medidas de cooperación a largo plazo en el ámbito de los usos pacíficos y no explosivos de la energía nuclear con arreglo a modalidades previsibles y prácticas que tengan en cuenta las necesidades de sus respectivos programas de energía nuclear y faciliten el comercio, la investigación y el desarrollo así como otras actividades de cooperación entre Japón y la Comunidad;

Reafirmando el sólido compromiso del Gobierno de Japón, la Comunidad y los Gobiernos de sus Estados miembros con la no proliferación de armas nucleares, incluido el fortalecimiento y la aplicación eficaz de las salvaguardias y los regímenes de supervisión de las exportaciones a que la cooperación en el ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear entre Japón y la Comunidad debe estar sujeta;

Reafirmando el apoyo del Gobierno de Japón, la Comunidad y los Gobiernos de sus Estados miembros a los objetivos del Organismo Internacional de Energía Atómica (en lo sucesivo, «el Organismo») y su sistema de salvaguardias y su deseo de promover la adhesión universal al Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, firmado el 1 de julio de 1968 (en lo sucesivo, «el Tratado de no proliferación»);

Observando que las salvaguardias nucleares se aplican en todos los Estados miembros de la Comunidad con arreglo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado el 25 de marzo de 1957 (en lo sucesivo, «el Tratado Euratom»);

Reconociendo el principio de la libre circulación de material y equipos nucleares y el material no nuclear en la Comunidad, previsto en el Tratado Euratom; y

Reconociendo, asimismo, la importancia de contar con un elevado nivel de transparencia en lo referente a la gestión del plutonio para reducir el riesgo de proliferación de armas nucleares y velar por la protección de los trabajadores, el público en general y el medio ambiente,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1

Definiciones

A efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

a)

«Partes»: el Gobierno de Japón y la Comunidad; y por «Parte: una de las Partes»;

b)

«la Comunidad»:

i)

tanto la persona jurídica creada en virtud el Tratado Euratom;

ii)

como los territorios en los que es aplicable el Tratado Euratom;

c)

«personas»: toda persona física, empresa u otra entidad sujeta a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables en las respectivas jurisdicciones territoriales de las Partes, excluidas las propias Partes;

d)

«autoridad competente»: en el caso del Gobierno de Japón, el organismo gubernamental designado por el Gobierno de Japón, y en el caso de la Comunidad, la Comisión Europea o cualquier otra autoridad que la Comunidad notifique en todo momento por escrito al Gobierno de Japón.

e)

«información no clasificada»: información sin clasificación de seguridad por ninguna de las Partes o por alguno de los Estados miembros de la Comunidad;

f)

«material nuclear»:

i)

«material básico», el uranio constituido por la mezcla de isótopos que contiene en su estado natural; el uranio empobrecido en isótopo 235; el torio; cualquiera de los materiales mencionados en forma de metal, aleación, compuesto químico o concentrado y cualquier otro material que contenga uno o varios de los materiales mencionados en una concentración que la Junta de Gobernadores del Organismo determine con arreglo al artículo XX de su Estatuto, de 26 de octubre de 1956 (en lo sucesivo, «el Estatuto»), y que las autoridades competentes de ambas Partes se comuniquen mutuamente por escrito como aceptado; y cualquier otro material que la Junta de Gobernadores del Organismo determine con arreglo al artículo XX del Estatuto y las autoridades competentes de ambas Partes se comuniquen mutuamente por escrito como aceptado.

ii)

«material fisionable especial», el plutonio; el uranio 233; el uranio enriquecido en los isótopos 233 ó 235; así como todo material que contenga uno o varios de los materiales mencionados, y otros materiales que la Junta de Gobernadores del Organismo determine con arreglo al artículo XX del Estatuto y las autoridades competentes de ambas Partes se comuniquen mutuamente por escrito como aceptado. El término «material fisionable especial» no comprende el «material básico».

g)

«material nuclear sensible»: plutonio separado (incluido el plutonio contenido en el combustible de óxido mixto) o uranio enriquecido en más del 20 % en el isótopo 235 y/o uranio 233.

h)

«equipos»: artículos importantes de las instalaciones, la maquinaria o los instrumentos, o componentes importantes de los mismos, especialmente concebidos o fabricados para su uso en las actividades nucleares y enumerados e la Parte A del anexo A del presente Acuerdo.

i)

«material no nuclear»: agua pesada, o cualquier otro material que pueda ser utilizado en un reactor nuclear con objeto de reducir la velocidad de los neutrones de alta velocidad y aumentar la probabilidad de que continúe la fisión con arreglo a lo establecido en la Parte B del anexo A del presente Acuerdo.

j)

«material nuclear recuperado u obtenido como subproducto»: material especial fisionable derivado de material nuclear transferido con arreglo al presente Acuerdo o mediante uno o más procesos a partir del uso de reactores nucleares completos transferidos de conformidad con el presente Acuerdo y, si el Gobierno de Japón y la Comisión Europea, una vez realizadas las consultas entre la Comisión Europea y el Gobierno del Estado miembro de la Comunidad interesado, así lo acuerdan por escrito antes de su transferencia, todo otro equipo indicado en la Parte A del anexo A del presente Acuerdo que esté destinado a ser transferido con arreglo al presente Acuerdo.

Artículo 2

Ámbito de la cooperación

1.   En virtud del presente Acuerdo, las Partes se comprometen a cooperar fomentando y facilitando el comercio, la investigación y el desarrollo en el campo nuclear, así como otras actividades en Japón o entre Japón y la Comunidad con fines pacíficos y no explosivos de la energía nuclear, en el mutuo interés de los productores, la industria del ciclo del combustible nuclear, las empresas de servicio público, las instituciones de investigación y desarrollo, y los consumidores, ateniéndose a los principios de la no proliferación.

2.   Las Partes cooperarán con arreglo a los siguientes principios:

a)

Cualquiera de las dos Partes o de las personas autorizadas podrá suministrar o recibir de la otra Parte o personas autorizadas material y equipo nucleares, y material no nuclear, de acuerdo con las condiciones acordadas entre suministrador y receptor.

b)

Cualquiera de las dos Partes o personas autorizadas podrá prestar a la otra Parte o personas autorizadas servicios relacionados con el ciclo del combustible nuclear así como otros servicios incluidos en el ámbito del presente Acuerdo, o recibir dichos servicios de la otra Parte de acuerdo con las condiciones acordadas entre suministrador y receptor.

c)

Las Partes fomentarán la cooperación entre sí y entre las personas mediante el intercambio de especialistas. Cuando la cooperación realizada en virtud del presente Acuerdo exija tales intercambios de especialistas, las Partes facilitarán su entrada y estancia en Japón y la Comunidad.

d)

Las Partes facilitarán el suministro e intercambio de información no clasificada, de acuerdo con las condiciones que acuerden entre sí, entre personas o entre cada Parte y personas.

e)

Las Partes pueden cooperar y estimular la cooperación entre sí y entre personas de otras formas que las Partes consideren adecuadas.

3.   La cooperación indicada en los apartados 1 y 2 estará sujeta a las disposiciones del presente Acuerdo, los acuerdos internacionales aplicables y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en Japón y la Comunidad.

Artículo 3

Artículos sujetos al acuerdo

1.   El material nuclear transferido entre Japón y la Comunidad, tanto directamente como a través de un tercer país, estará sujeto al presente Acuerdo una vez haya entrado en la jurisdicción territorial de la Parte receptora, sólo si la Parte suministradora ha notificado a la Parte receptora por escrito dicha transferencia y ésta ha confirmado por escrito que dicho artículo estará sujeto al presente Acuerdo y que el receptor propuesto, en caso de ser distinto de la Parte receptora, será una persona autorizada dentro de su jurisdicción territorial.

2.   Los equipos y el material no nuclear transferidos entre Japón y la Comunidad, tanto directamente como a través de un tercer país, estarán sujetos al presente Acuerdo una vez hayan entrado en la jurisdicción territorial de la Parte receptora, sólo si:

a)

en el caso de transferencias de Japón a la Comunidad, el Gobierno de Japón y, en el caso de transferencias de la Comunidad a Japón, el Gobierno del Estado miembro de la Comunidad interesado o, en su caso, la Comisión Europea, ha decidido que la transferencia de dichos artículos se realizará conforme al presente Acuerdo; y

b)

la Parte suministradora ha notificado a la Parte receptora por escrito la transferencia que se desea realizar y la Parte receptora ha confirmado por escrito que dichos artículos estarán sujetos al presente Acuerdo y que el receptor propuesto, en caso de ser distinto de la Parte receptora, será una persona autorizada dentro de su jurisdicción territorial.

3.   Las notificaciones y confirmaciones escritas requeridas conforme a los apartados 1 y 2 se realizarán de acuerdo con los procedimientos establecidos en el artículo 14 del presente Acuerdo.

4.   El material nuclear, los equipos y el material no nuclear sujetos al presente Acuerdo permanecerán sujetos al mismo hasta que:

a)

dichos artículos hayan sido transferidos fuera de la jurisdicción territorial de la Parte receptora de acuerdo con las correspondientes disposiciones del presente Acuerdo;

b)

las Partes acuerden que dichos artículos no deben estar sujetos al presente Acuerdo; o

c)

en el caso del material nuclear, se determine con arreglo a las disposiciones sobre terminación de los controles de seguridad que figuran en los correspondientes acuerdos a que se refiere el apartado 1 del artículo 8 del presente Acuerdo, que el material nuclear se ha consumido o diluido de forma que haya quedado inutilizable para las actividades nucleares que afecten al control de seguridad o haya pasado a ser prácticamente irrecuperable.

Artículo 4

Cooperación en materia de investigación y desarrollo nuclear

1.   Tal y como se establece en el artículo 2 del presente Acuerdo, las Partes impulsarán la cooperación en materia de investigación y desarrollo en el ámbito de los usos pacíficos y no explosivos de la energía nuclear entre sí y sus organismos y, por lo que respecta a la Comunidad, en la medida en que esté cubierta por sus programas específicos. Las Partes o, en su caso, sus organismos podrán permitir la participación en dicha cooperación de investigadores y organizaciones de todos los sectores de la investigación, incluidas las universidades, los laboratorios y el sector privado. Asimismo, las Partes facilitarán la cooperación entre las personas de dicho ámbito.

2.   Las Partes celebrarán un acuerdo por separado, con objeto de reforzar y facilitar el desarrollo de las actividades comprendidas en el presente artículo.

Artículo 5

Aplicación del Acuerdo

1.   Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán de buena fe y de forma que se evite todo obstáculo, retraso o interferencia indebida de las actividades nucleares de Japón y la Comunidad, y ajustándose a las prácticas de gestión prudente necesarias para una realización segura y rentable de sus actividades nucleares.

2.   Las disposiciones del presente Acuerdo no servirán para procurar ventajas comerciales o industriales, interferir en los intereses comerciales o industriales, tanto nacionales como internacionales, de cada Parte o persona autorizada, interferir en la política nuclear de cada Parte o de los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad, dificultar el fomento de los usos pacíficos y no explosivos de la energía nuclear, obstaculizar el movimiento de artículos sujetos al presente Acuerdo, o ya notificados para ello, tanto dentro de las respectivas jurisdicciones territoriales de las Partes como entre Japón y la Comunidad.

3.   El material nuclear sujeto al presente Acuerdo podrá manipularse con arreglo a los principios de fungibilidad y proporcionalidad cuando se use en procesos de mezcla en los que pierda sus características esenciales, o se considere que las pierde, en los procesos de conversión, fabricación, enriquecimiento o reprocesado del combustible.

4.   Al aplicar las disposiciones del presente Acuerdo, Japón, la Comunidad y sus Estados miembros actuarán con arreglo a las disposiciones de la Convención sobre Seguridad Nuclear, que entró en vigor el 24 de octubre de 1996.

Artículo 6

Propiedad intelectual

Las Partes velarán por la protección adecuada y eficaz de la propiedad intelectual creada y la tecnología transferida en virtud del presente Acuerdo de cooperación con arreglo a los acuerdos internacionales pertinentes y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en Japón y en las Comunidades Europeas o sus Estados miembros.

Artículo 7

Usos pacíficos

1.   La cooperación que se realice en virtud el presente Acuerdo será únicamente con fines pacíficos y no explosivos.

2.   El material nuclear, los equipos y el material no nuclear transferidos con arreglo al presente Acuerdo y el material nuclear recuperado u obtenido como subproducto podrán destinarse únicamente a usos pacíficos y no podrán utilizarse en dispositivos explosivos nucleares ni en la investigación o el desarrollo de los mismos.

Artículo 8

Salvaguardias del Organismo y control de seguridad de Euratom

1.   La cooperación realizada en virtud del presente Acuerdo requerirá, cuando corresponda, que la Comunidad aplique en control de seguridad establecido en el Tratado Euratom y que el Organismo acepte la aplicación de dichos controles en virtud de los siguientes acuerdos sobre salvaguardias:

a)

el Acuerdo entre el Gobierno de Japón y el Organismo sobre la aplicación de los párrafos 1 y 4 del artículo III del Tratado de no proliferación, firmado el 4 de marzo de 1977 (en lo sucesivo, «el Acuerdo sobre salvaguardias para Japón»), complementado por un protocolo adicional, firmado el 4 de diciembre de 1998;

b)

el Acuerdo entre la República de Austria, el Reino de Bélgica, el Reino de Dinamarca, la República de Estonia, la República de Finlandia, la República Federal de Alemania, la República Helénica, Irlanda, la República Italiana, el Gran Ducado de Luxemburgo, el Reino de los Países Bajos, la República Portuguesa, el Reino de España, el Reino de Suecia, la República Eslovaca, la Comunidad y el Organismo en aplicación de los apartados 1 y 4 del artículo III del Tratado de no proliferación firmado el 5 de abril de 1973 (en lo sucesivo, «el Acuerdo sobre salvaguardias para los Estados miembros de la Comunidad distintos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Francesa»), complementado por un protocolo adicional, firmado el 22 de septiembre de 1998, con las posteriores modificaciones;

c)

el Acuerdo entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Comunidad y el Organismo sobre la aplicación de las salvaguardias en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte con respecto al Tratado de no proliferación, firmado el 6 de septiembre de 1976 (en lo sucesivo, «el Acuerdo sobre salvaguardias para el Reino Unido»), complementado por un protocolo adicional firmado el 22 de septiembre de 1998; y

d)

el Acuerdo entre Francia, la Comunidad y el Organismo sobre la aplicación de las salvaguardias en Francia, firmado el 27 de julio de 1978 (en lo sucesivo, «el Acuerdo sobre salvaguardias para Francia»), complementado por un protocolo adicional firmado el 22 de septiembre de 1998.

2.   El material nuclear transferido con arreglo al presente Acuerdo y el material nuclear recuperado u obtenido como subproducto estará sujeto:

a)

dentro de Japón, a las salvaguardias del Organismo con arreglo a las disposiciones del Acuerdo de salvaguardias para Japón; y

b)

dentro de la Comunidad, a los controles de seguridad aplicados por la Comunidad con arreglo al Tratado Euratom y, en su caso, a las salvaguardias del Organismo con arreglo a las disposiciones del Acuerdo de salvaguardias para los Estados miembros de la Comunidad distintos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Francesa, el Acuerdo de salvaguardias para el Reino Unido o el Acuerdo de salvaguardias para Francia.

3.   En caso de que, por cualquier motivo, el Organismo no aplicara las salvaguardias según lo establecido en el apartado 2, las Partes celebrarán consultas de inmediato para tomar medidas correctoras y, si tales medidas no fueran posibles, adoptarán inmediatamente disposiciones que sean conformes a los principios y procedimientos de salvaguardia del Organismo y aporten una eficacia y cobertura equivalentes a la que debieran garantizar las salvaguardias del Organismo especificadas en el apartado 2.

Artículo 9

Nuevas transferencias

1.   El material nuclear, los equipos y el material no nuclear transferido con arreglo al presente Acuerdo, así como el material nuclear recuperado u obtenido como subproducto no podrán volver a ser transferidos fuera de la jurisdicción territorial de la Parte receptora salvo si lo son a la jurisdicción territorial de la Parte suministradora, a menos que la Parte receptora reciba garantías del cumplimiento de las condiciones fijadas en el anexo B del presente Acuerdo de forma adecuada o a menos que, a falta de dichas garantías, se obtenga el consentimiento previo escrito de la Parte suministradora.

2.   Además de cumplirse las disposiciones establecidas en el apartado 1, no podrán volver a transferirse fuera de la jurisdicción territorial de la Parte receptora, salvo si lo son a la jurisdicción territorial de la Parte suministradora, sin el previo consentimiento escrito de la Parte suministradora, los siguientes artículos transferidos con arreglo al presente Acuerdo:

a)

material nuclear sensible

b)

los equipos de enriquecimiento, reprocesado o producción de agua pesada

a menos que, en el caso de artículos transferidos de Japón a la Comunidad, estén sujetos al correspondiente acuerdo bilateral de cooperación en el ámbito de los usos pacíficos de la energía nuclear entre el Gobierno de Japón y el Gobierno del país tercero receptor o, en el caso de transferencias de la Comunidad a Japón, el país tercero receptor esté incluido en una lista que elaborará la Comunidad y la Parte receptora notifique dichas nuevas transferencias a la Parte suministradora.

Artículo 10

Transparencia

Las Partes intercambiarán información respecto a la gestión segura y eficaz del material nuclear, los equipos y el material no nuclear transferidos con arreglo al presente Acuerdo.

Artículo 11

Protección física

1.   En lo relativo al material nuclear transferido con arreglo al presente Acuerdo y al material nuclear recuperado u obtenido como subproducto, el Gobierno de Japón, los Gobiernos del Estados miembros de la Comunidad y, en su caso, la Comisión Europea aplicarán medidas de protección física según los criterios que hayan fijado individualmente y que aporten, como mínimo, los niveles de protección establecidos en el anexo C al presente Acuerdo.

2.   En lo relativo al transporte internacional de material nuclear sujeto al presente Acuerdo, Japón, los Estados miembros de la Comunidad y, en su caso, la Comunidad actuarán de conformidad con las disposiciones de la Convención sobre protección física de los materiales nucleares, que entró en vigor el 8 de febrero de 1987 y de la que son Partes.

Artículo 12

Acuerdos vigentes

1.   Las disposiciones del presente Acuerdo se considerarán complementarias de las disposiciones del Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de Japón sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, firmado el 25 de febrero de 1998 y a las disposiciones del Acuerdo entre el Gobierno de Japón y el Gobierno de la República Francesa sobre cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear, firmado el 26 de febrero de 1972, modificado por el Protocolo entre las mismas Partes, firmado el 9 de abril de 1990 y, en su caso, primarán sobre las disposiciones de dichos acuerdos bilaterales.

2.   Cuando las disposiciones de los acuerdos bilaterales mencionados en el apartado 1 del presente artículo establezcan derechos u obligaciones para el Gobierno de Japón, el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o el Gobierno de la República Francesa distintos de los contenidos en el presente Acuerdo, dichos derechos y obligaciones continuarán aplicándose de acuerdo con los mencionados acuerdos bilaterales.

3.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del presente Acuerdo, las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán al material nuclear que haya sido transferido antes de la entrada en vigor del mismo entre Japón y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y entre Japón y la República Francesa con arreglo a los acuerdos bilaterales a que se refiere el apartado 1.

4.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del presente Acuerdo, las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán al material nuclear que haya sido transferido antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo entre Japón y Estados miembros de la Comunidad distintos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Francesa, si las Partes acuerdan que dicho material nuclear estará sujeto al presente Acuerdo.

Artículo 13

Suspensión y terminación

1.   Una vez vigente el presente Acuerdo, si la Comunidad, cualquiera de sus Estados miembros o Japón:

a)

viola las disposiciones de los artículos 7, 8, 9 u 11 del presente Acuerdo, o las decisiones del tribunal de arbitraje a que se refiere el artículo 15 del presente Acuerdo; o

b)

incumple gravemente o pone término a cualquiera de sus acuerdos de salvaguardia con el Organismo a que se refiere el apartado 1 del artículo 8 del presente Acuerdo,

el Gobierno de Japón o la Comunidad, respectivamente, tendrán derecho a suspender total o parcialmente la cooperación en virtud del presente Acuerdo, o a poner término al mismo y exigir la devolución de todo material nuclear transferido con arreglo al presente Acuerdo.

2.   Si la Comunidad o cualquiera de los Estados miembros de la Comunidad distintos del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Francesa hace detonar un dispositivo explosivo nuclear, el Gobierno de Japón podrá ejercer el derecho indicado en el apartado 1.

3.   Si el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte o la República Francesa hacen detonar un ingenio nuclear explosivo, utilizando material nuclear transferido con arreglo al presente Acuerdo, el Gobierno de Japón podrá ejercer el derecho indicado en el apartado 1.

4.   Si Japón hace detonar un ingenio nuclear explosivo, la Comunidad podrá ejercer el derecho previsto en el apartado 1.

5.   Antes de que una de las Partes adopte medidas para suspender total o parcialmente la cooperación en virtud del presente Acuerdo, o para poner término al mismo, o para exigir la devolución de materiales, las Partes celebrarán consultas con objeto de adoptar medidas correctoras y, en su caso, considerarán detenidamente, y teniendo en cuenta la posibilidad de introducir las disposiciones que pudieran ser necesarias, los siguientes aspectos:

a)

los efectos de dichas medidas; y

b)

si los hechos que llevaron a considerar tales medidas se produjeron de forma deliberada.

6.   Los derechos contemplados en el presente artículo se ejercerán sólo si la otra Parte no adoptase las medidas correctoras en el plazo establecido en las consultas.

7.   Si una de las Partes ejerciese el derecho contemplado en el presente artículo a exigir la devolución de todo material nuclear transferido con arreglo al presente Acuerdo, compensará a la otra Parte o a las personas interesadas con una cantidad equivalente a su justo valor de mercado.

Artículo 14

Procedimientos operativos

Las autoridades competentes de las Partes establecerán y, si fuere necesario, modificarán sus procedimientos operativos, en interés de la correcta aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo.

Artículo 15

Consulta y arbitraje

1.   Con objeto de fomentar la cooperación en virtud del presente Acuerdo, las Partes podrán, a instancia de cualquiera de ellas, celebrar consultas entre sí mediante los canales diplomáticos u otros foros consultivos.

2.   En caso de duda sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, las Partes, a instancia de cualquiera de ellas, celebrarán consultas entre sí.

3.   En caso de que una controversia sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo no pueda resolverse mediante negociación, mediación, conciliación o procedimiento similar, las Partes podrán remitir dicha controversia a un tribunal de arbitraje que estará compuesto por tres árbitros nombrados con arreglo a las disposiciones del presente apartado. Cada Parte designará a un árbitro que podrá ser nacional de Japón o de un Estado miembro de la Comunidad, y los dos árbitros así designados elegirán a un tercero, que no deberá ser nacional de Japón o de los Estados miembros de la Comunidad, y que ocupará la Presidencia. Si, en un plazo de treinta días tras la solicitud de arbitraje, alguna de las Partes no hubiera designado árbitro, cualquiera de las Partes podrá solicitar del Presidente del Tribunal Internacional de Justicia que proceda a dicho nombramiento. El mismo procedimiento se aplicará si, en un plazo de treinta días tras la designación o nombramiento del segundo árbitro, no hubiese sido elegido el tercero, siempre que el tercer árbitro no sea nacional de Japón o de un Estado miembro de la Comunidad. El quórum del tribunal de arbitraje lo constituirá una mayoría de sus miembros, y todas las decisiones requerirán el consentimiento de dos árbitros. El procedimiento de arbitraje será establecido por el Tribunal. Las decisiones del Tribunal serán vinculantes para las Partes.

Artículo 16

Estatuto de los anexos

Los anexos forman parte integrante del presente Acuerdo. Pueden ser modificados mediante consentimiento mutuo por escrito del Gobierno de Japón y la Comisión Europea sin que por ello quede modificado el Acuerdo.

Artículo 17

Entrada en vigor y duración

1.   El presente Acuerdo entrará en vigor el trigésimo día posterior a la fecha en la que las Partes, mediante canje de notas diplomáticas, se informen mutuamente de la conclusión de los respectivos procedimientos internos necesarios para su entrada en vigor, y permanecerá en vigor durante un periodo de treinta años (1).

El presente Acuerdo se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de cinco años a menos que una de las Partes notifique a la otra Parte por escrito la terminación del mismo con un plazo mínimo de seis meses antes de la fecha de expiración.

2.   No obstante la suspensión parcial o total de la cooperación en virtud del presente Acuerdo o la terminación del presente Acuerdo por cualquier motivo, se mantendrán vigentes las disposiciones de los artículos 7, 8, 9 y 11 del mismo.

El presente Acuerdo y sus anexos están redactados en dos originales en lengua alemana, danesa, española, finesa, griega, inglesa, italiana, japonesa, neerlandesa, portuguesa y sueca. En caso de discrepancia, las versiones inglesa y japonesa prevalecerán sobre las otras versiones lingüísticas.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados respectivamente por el Gobierno de Japón y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, han firmado este Acuerdo.

Hecho en Bruselas, 24 de febrero de 2006

Por el Gobierno de Japón

T. KAWAMURA

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

A. PIEBALGS


(1)  El canje de notas diplomáticas se produjo el 20 de noviembre de 2006. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo, la fecha de entrada en vigor es el 20 de diciembre de 2006.


ANEXO A

Parte A

1.

Reactores nucleares completos

Reactores nucleares capaces de funcionar de forma que se mantenga una reacción en cadena de fisión nuclear autoalimentada y controlada, excluidos los reactores de energía nula, definidos estos últimos como aquellos con un índice teórico máximo de producción de plutonio no superior a 100 gramos al año.

2.

Vasijas para reactores nucleares

Vasijas metálicas o piezas importantes fabricadas en taller para las mismas, especialmente concebidas o preparadas para contener el núcleo de un reactor nuclear conforme a la definición del anterior punto 1, así como los dispositivos interiores del reactor según lo definido en el punto 8 inferior.

3.

Máquinas para la carga y descarga del combustible en los reactores

Equipo de manipulación especialmente concebido o preparado para insertar o extraer el combustible de un reactor nuclear conforme se le define en el punto 1.

4.

Barras de control para reactores y equipo

Barras especialmente concebidas o preparadas, o estructuras de sustentación o suspensión, mecanismos de propulsión y tubos de guía de las mismas, para regular el proceso de fisión de un reactor nuclear conforme a la definición del punto 1.

5.

Tubos de presión para reactores

Tubos especialmente concebidos o preparados para contener elementos combustibles y el refrigerante primario de un reactor nuclear conforme lo definido en el punto 1 a una presión de trabajo superior a 50 atmósferas.

6.

Tubos de circonio

Circonio metálico y aleaciones de circonio en forma de tubos o conjuntos de tubos, y en cantidades que excedan de 500 Kg. en cualquier periodo de 12 meses, especialmente concebidos o preparados para su utilización en un reactor nuclear conforme a la definición del punto 1, y en los que la razón hafnio/circonio sea inferior a 1: 500 partes en peso.

7.

Bombas del refrigerante primario

Bombas especialmente concebidas o preparadas para hacer circular el refrigerante primario de un reactor nuclear conforme a la definición del punto 1.

8.

Dispositivos interiores de un reactor nuclear

Dispositivos interiores de un reactor nuclear especialmente concebidos o preparados para su uso en un reactor nuclear conforme a la definición del punto 1, incluidas las columnas de apoyo del núcleo, los canales de combustible, el blindaje térmico, las pantallas, las rejas de soporte del núcleo y las placas difusoras.

9.

Intercambiadores de calor

Intercambiadores de calor (generadores de vapor) especialmente concebidos o preparados para su uso en el circuito de refrigerante primario de un reactor nuclear conforme a la definición del punto 1.

10.

Instrumentos de detección y medición de neutrones

Instrumentos de detección y medición de neutrones especialmente concebidos o preparados para determinar los niveles de flujo de neutrones dentro del núcleo de un reactor nuclear conforme a la definición del punto 1.

11.

Instalaciones de reprocesado de elementos combustibles irradiados, y equipo especialmente concebido o dispuesto para ello.

12.

Instalaciones para la fabricación de elementos combustibles de reactores nucleares, y equipo especialmente concebido o dispuesto para ello.

13.

Instalaciones para la separación de isótopos de uranio y equipo, excepto instrumentos de análisis, especialmente concebido o dispuesto para ello.

14.

Instalaciones para la producción o concentración de agua pesada, deuterio y compuestos de deuterio, y equipo especialmente concebido o dispuesto para ello.

15.

Instalaciones para la conversión de uranio y plutonio para su uso en la fabricación de elementos combustibles y la separación de isótopos de uranio conforme a la definición de los puntos 12 y 13 respectivamente, y equipo especialmente concebido o dispuesto para ello.

Parte B

1.

Deuterio y agua pesada

Deuterio, agua pesada (óxido de deuterio) y todo otro compuesto del deuterio en el que la razón de átomos deuterio/hidrógeno sea superior a 1:5 000 destinado a su uso en un reactor nuclear conforme a la definición del punto 1 de la Parte A, en cantidades que superen los 200 Kg. de átomos de deuterio dentro de cualquier periodo de 12 meses.

2.

Grafito de pureza nuclear

Grafito con un nivel de pureza superior a 5 partes por millón de boro equivalente y con una densidad superior a 1,50 g/cm3, para su utilización en un reactor nuclear conforme a la definición del punto 1 de la Parte A, en cantidades que excedan de 30 toneladas métricas dentro de cualquier periodo de 12 meses.


ANEXO B

i)

Los artículos objeto de nuevas transferencias se destinarán únicamente a usos pacíficos y no explosivos en el país tercero receptor.

ii)

Si el país tercero receptor es un Estado no poseedor de armas nucleares, todo material nuclear de dicho país quedará sometido a la aplicación de salvaguardias por parte del Organismo.

iii)

En el caso de que material nuclear sea objeto de nuevas transferencias, el Organismo aplicará salvaguardias al material nuclear del país tercero receptor.

iv)

En el caso de que material nuclear sea objeto de nuevas transferencias, se aplicarán medidas adecuadas de protección física del material nuclear en el país tercero receptor, como mínimo al nivel establecido en el anexo C.

v)

Los artículos objeto de nuevas transferencias no podrán volverse a transferir del país tercero receptor a otro país a menos que este último ofrezca garantías equivalentes a las establecidas en el presente anexo.


ANEXO C

Niveles de protección física

Los niveles de protección física acordados y que habrán de garantizar el Gobierno de Japón, los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad y, en su caso, la Comisión Europea para el uso, almacenamiento y transporte de material nuclear clasificado según las categorías del cuadro adjunto contarán, como mínimo, con las siguientes características de protección:

CATEGORÍA III

Uso y almacenamiento en una zona de acceso controlado.

Transporte sujeto a precauciones especiales como la adopción conjunta de medidas previas entre el suministrador, el receptor y el transportista, así como el acuerdo previo entre las entidades sujetas a la jurisdicción y las normas de regulación del Estado suministrador y receptor respectivamente, en caso de transporte internacional, especificando la hora, el lugar y los procedimientos de transferencia de las responsabilidades del transporte.

CATEGORÍA II

Uso y almacenamiento en una zona protegida y de acceso controlado, es decir, una zona permanentemente vigilada mediante vigilantes o dispositivos electrónicos, rodeada de una barrera física con un número limitado de puntos de acceso bajo la supervisión adecuada, o cualquier zona con un nivel de protección física equivalente.

Transporte sujeto a precauciones especiales como la adopción conjunta de medidas previas entre el suministrador, el receptor y el transportista, así como el acuerdo previo entre las entidades sujetas a la jurisdicción y las normas de regulación de los Estados suministrador y receptor respectivamente, en caso de transporte internacional, especificando la hora, el lugar y los procedimientos de transferencia de las responsabilidades del transporte.

CATEGORÍA I

El material nuclear incluido en esta categoría estará protegido mediante sistemas de alta fiabilidad contra los usos no autorizados de la forma siguiente:

Uso y almacenamiento en zona de alta protección, es decir, una zona protegida como la Categoría II, en la que, además, el acceso está restringido a las personas de fiabilidad reconocida, y se halla supervisada por vigilantes en estrecha comunicación con las autoridades responsables. Las medidas concretas que se adopten en este contexto deben tener por objeto detectar y prevenir actos violentos, el acceso no autorizado o la retirada no autorizada del material nuclear en cuestión.

Transporte con especiales medidas de precaución establecidas para el transporte del material nuclear de las Categorías II y III y, asimismo, vigilancia constante por escoltas y en condiciones que garanticen una comunicación estrecha con las autoridades responsables.

Cuadro :

Categorías de material nuclear

Material Nuclear

Forma

Categoría I

Categoría II

Categoría III

1.

Plutonio (1)

No irradiado (2)

2 Kg. o más

Menos de 2 Kg. pero más de 500 g

500 g o menos (3)

2.

Uranio-235

No irradiado (2)

 

 

 

uranio enriquecido al 20 % de U235 o más

5 Kg. o más

Menos de 5 Kg. pero más de 1 Kg.

1 Kg. o menos (3)

uranio enriquecido al 10 % de U235 pero menos de 20 % de U235

 

10 Kg. o más

Menos de 10 Kg. (3)

uranio enriquecido respecto al estado natural, pero menos de 10 % U235 (4)

 

 

10 Kg. o más

3.

Uranio-233

No irradiado (2)

2 Kg. o más

Menos de 2 Kg. pero más de 500 g

500 g o menos (3)

4.

Combustible irradiado

 

 

Uranio empobrecido o natural, torio o combustible poco enriquecido (menos del 10 % de contenido en material fisionable) (5)  (6)

 


(1)  Excluyendo el plutonio con una concentración isotópica de plutonio-238 superior al 80 %.

(2)  Material nuclear no irradiado en un reactor o material nuclear irradiado en un reactor pero con un nivel de radiación igual o inferior a 1 Gy/hr (100 rads/hr) a un metro sin blindaje.

(3)  Las cantidades inferiores a las radiologicamente significativas deberían quedar exentas pero deberán protegerse de acuerdo con las prácticas de gestión prudente.

(4)  El uranio natural, el uranio empobrecido, el torio y las cantidades de uranio enriquecido a menos del 10 % que no queden cubiertas por la Categoría III deberán protegerse de acuerdo con las prácticas de gestión prudente.

(5)  Aunque se recomienda este nivel de protección, el Gobierno de Japón, los Gobiernos de los Estados miembros de la Comunidad y la Comisión Europea, según corresponda, podrán asignar, tras evaluar las circunstancias concretas, una categoría distinta de protección física.

(6)  Los otros combustibles, que debido a su contenido original de materiales fisibles se clasifiquen dentro de las Categorías I o II antes de la irradiación, podrán pasar a una categoría inferior cuando el nivel de irradiación del combustible exceda de 1 Gy/h (100 rads/h) a un metro sin blindaje.


6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/76


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 26 de septiembre de 2006

relativa a la ayuda estatal concedida por los Países Bajos a Holland Malt BV

[notificada con el número C(2006) 4196]

(El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)

(2007/59/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,

Tras haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones (1), de conformidad con dicho artículo y teniendo en cuenta dichas observaciones,

Considerando lo siguiente:

I.   PROCEDIMIENTO

(1)

La ayuda se notificó conforme al artículo 88, apartado 3, del Tratado mediante carta fechada el 31 de marzo de 2004, registrada el 6 de abril de 2004.

(2)

La Comisión solicitó a los Países Bajos información complementaria mediante cartas de 1 de junio de 2004, 12 de agosto de 2004 y 16 de febrero de 2005. Los Países Bajos respondieron a las preguntas de la Comisión mediante cartas de 5 de julio de 2004, 17 de diciembre de 2004 y 15 de marzo de 2005, registradas respectivamente el 7 de julio de 2004, el 3 de enero de 2005 y el 23 de marzo de 2005.

(3)

Mediante carta de 5 de mayo de 2005, la Comisión notificó a los Países Bajos su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado respecto a dicha ayuda.

(4)

La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Europea  (2). La Comisión invitó a las partes interesadas a formular sus observaciones acerca de la ayuda en cuestión.

(5)

Los Países Bajos presentaron una serie de observaciones mediante carta de 10 de junio de 2005.

(6)

La Comisión recibió observaciones de otras partes interesadas y las transmitió a los Países Bajos para darles la oportunidad de manifestarse al respecto; la Comisión recibió las observaciones de los Países Bajos mediante carta de 14 de octubre de 2005.

II.   DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA

(7)

Los Países Bajos concedieron una subvención a la empresa Holland Malt BV en el marco de un régimen de inversiones de carácter regional, los Regionale investeringsprojecten 2000 (Proyectos de inversión regional 2000, en lo sucesivo «Régimen IPR»), que fue aprobado por la Comisión en el año 2000 (3); asimismo, el 18 de febrero de 2002 se aprobó una modificación del Régimen (4), por la que éste pasaba a cubrir los sectores de la transformación y la comercialización de productos agrícolas mencionados en el anexo I del Tratado.

(8)

El asunto en cuestión se refiere a una subvención destinada a un proyecto de inversiones de Holland Malt BV, en lo sucesivo «Holland Malt», que realizan conjuntamente la empresa cervecera Bavaria NV y Agrifirm, una cooperativa de productores de cereales del norte de los Países Bajos y de Alemania. La subvención tiene por objeto la construcción de una maltería en la zona portuaria del municipio de Eemsmond. La inversión permitiría integrar en un mismo sistema las distintas fases de actividad (almacenamiento y transformación de cebada cervecera, y producción y comercialización de malta).

(9)

El ministerio de Economía holandés decidió subvencionar el 13,5 % bruto (10 % neto) de las inversiones subvencionables de 55 millones de euros, hasta un máximo de 7 425 000 euros. Dado que se trata de la subvención de un proyecto de inversiones relativo a una empresa del sector de la transformación y la comercialización de productos mencionados en el anexo I del Tratado y que los costes subvencionables del proyecto superan los 25 millones de euros, la ayuda debe notificarse específicamente a la Comisión con arreglo al punto 4.2.6 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario  (5), en lo sucesivo «las Directrices».

(10)

La empresa Holland Malt decidió realizar las inversiones después de que el Gobierno holandés se comprometiera a subvencionarla mediante carta del 23 de diciembre de 2003. Este compromiso estaba sujeto a la condición suspensiva de la aprobación de la ayuda por la Comisión Europea. Las actividades de construcción de Holland Malt en la zona portuaria de Eemshaven se iniciaron en febrero de 2004 y la maltería estaba en situación operativa en abril de 2005.

(11)

La Comisión abrió el procedimiento contemplado en el artículo 88, apartado 2, del Tratado, basándose en las consideraciones que siguen.

(12)

Tras establecer que la ayuda, en su situación actual, constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado, la Comisión estudió si la ayuda podía considerarse compatible con el mercado común en virtud de las disposiciones sobre excepciones.

(13)

Dadas las características de la ayuda, la única excepción posible sería la contemplada en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, que establece que podrán considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

(14)

Dado que la ayuda estaba vinculada con una inversión relativa a la transformación y la comercialización de productos agrícolas, la Comisión debía comprobar si se cumplían todas las condiciones enunciadas en el punto 4.2 de las Directrices. La Comisión consideraba dudosa la aplicabilidad del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado por las razones que siguen.

(15)

En el punto 4.2.5 de las Directrices se establece que no pueden concederse subvenciones a las inversiones relacionadas con la transformación y la comercialización de productos agrícolas a no ser que se demuestre suficientemente la existencia de salidas normales para los productos en el mercado. A partir de los datos de que disponía la Comisión en el momento de incoar el procedimiento, no podía excluirse la existencia de exceso de capacidad en el mercado de la malta.

(16)

Holland Malt argumentó que suministraba malta de calidad «premium» para la producción de cerveza de calidad «premium» y que el mercado para este tipo de malta y cerveza está aún en plena expansión. Sin embargo, en el momento de incoar el procedimiento no estaba claro si los términos «malta premium» y «cerveza premium» eran algo más que conceptos de mercadotecnia y que, por tanto, no constituían un producto distinto excluido del exceso de capacidad.

III.   OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS

(17)

La Comisión recibió observaciones de las entidades siguientes:

la asociación de malteros de Finlandia

la asociación de malteros del Reino Unido

la asociación de malteros de Alemania

la asociación de malteros de Francia

la asociación de malteros de Dinamarca

una parte interesada que ha pedido mantenerse en el anonimato por temor a posibles perjuicios

la asociación de productores agrícolas y hortícolas de los Países Bajos (LTO Nederland)

Agrifirm

Holland Malt

la provincia de Groninga.

(18)

La asociación de malteros de Finlandia se opone a que los Países Bajos concedan un subsidio a Holland Malt BV por considerar que las ayudas estatales a las inversiones en malterías perturban el mercado. La asociación indica que en el sector de la malta de la Comunidad existe un exceso de capacidad de alrededor de un millón de toneladas y la capacidad debería reducirse en un 10 % a lo largo de los próximos años. Con respecto al argumento de que Holland Malt suministrará malta «premium» para producir cerveza «premium», la asociación finlandesa de malteros indica que las malterías existentes en la Comunidad ya pueden suministrar al mercado una amplia gama de variedades de malta, incluida la malta «premium» de alta calidad.

(19)

La asociación de malteros del Reino Unido se ha manifestado rotundamente a favor de la prohibición expresa de las ayudas estatales a las malterías, remitiendo a una carta del año 2004 enviada a la Comisión por Euromalt, la asociación europea del sector de la malta, en la que comunica que, dado el exceso de capacidad de producción de malta tanto en la Comunidad como en el mercado mundial, no deben destinarse fondos públicos a aumentar la capacidad del sector (6). Según esta asociación, la capacidad de producción de malta de los Estados miembros asciende a 8,8 millones de toneladas, mientras que la demanda es de 5,9 millones de toneladas, lo que supone un excedente comunitario exportable de 2,9 millones de toneladas para un mercado mundial en el que se mueven anualmente 4,3 millones de toneladas. Durante la campaña 2003-2004, en la Comunidad se emitieron certificados de exportación por un total de 2,48 millones de toneladas de malta. En la campaña que finalizó en junio de 2005, la cifra se redujo a 2,22 millones de toneladas, lo que indica la difícil situación del mercado y las limitadas posibilidades que éste ofrece a los malteros de la Comunidad. La asociación de malteros del Reino Unido estima en 500 000 toneladas el excedente de malta de la Comunidad y considera que aumentará hasta casi un millón de toneladas debido a una combinación de factores como la nueva capacidad de producción que está por llegar y el descenso de la demanda de Rusia y Europa del Este, regiones casi autosuficientes. Según la asociación de malteros del Reino Unido, este exceso de capacidad ha provocado que los precios de mercado de la malta hayan descendido actualmente a un nivel que ya no cubre los costes variables. Asimismo, los malteros británicos dudan de que la nueva capacidad holandesa esté destinada a producir malta «premium» para mercados homónimos. El sector cervecero está sólidamente consolidado y la mayoría de los clientes de los malteros sólo demandan malta de alta calidad que responda a sus estrictas (y a menudo generales) normas y a todas las exigencias en materia de seguridad alimentaria. En opinión de esta asociación, dividir el mercado de la malta en un «sector premium» y otro «no premium» no es realista.

(20)

La asociación de malteros de Alemania se muestra seriamente preocupada por la intención del Gobierno holandés de subvencionar la construcción de una maltería en la provincia de Groninga. Asimismo, estima que las exportaciones de la Comunidad hacia mercados tradicionales como los países de Mercosur y Rusia o Ucrania están reduciéndose considerablemente debido a que estos países están desarrollando su propia industria maltera así como formas de protección contra las importaciones. Por otro lado, países de otros continentes como Canadá y Australia constituyen una fuerte competencia debido a su proximidad a los mercados cerveceros emergentes del lejano oriente y el sureste asiático, y al liberalismo de la política comercial de sus gobiernos. Al mismo tiempo, las ventas de malta en el mercado interno están estancándose, lo que produce un exceso de capacidad intracomunitaria de alrededor de un millón de toneladas. La asociación de malteros de Alemania considera que el refuerzo de la producción de cebada cervecera a nivel local es un argumento insuficiente y observa que la industria maltera ya compra la totalidad de la producción holandesa de cebada cervecera, lo que significa que la nueva maltería de Groninga dependerá de la importación de cebada.

(21)

La asociación de malteros de Francia se opone a la concesión de ayudas estatales para la construcción de nuevas malterías en la Comunidad, remitiendo a la misma carta de Euromalt mencionada por la asociación de malteros británicos y citando las mismas cifras sobre producción, importación y exportación de malta. Asimismo, indica que los precios actuales de la malta no cubren los costes variables. Según la asociación francesa, la ayuda estatal holandesa en cuestión no se ve justificada por el argumento de un mercado separado para malta de alta calidad dado que la mayoría de los fabricantes de cerveza utiliza ese tipo de malta. Por último, la asociación francesa estima que, de hecho y para mejorar las condiciones del mercado, la industria maltera comunitaria debería cerrar las malterías que han quedado obsoletas.

(22)

La asociación de malteros de Dinamarca se opone a la subvención prevista para Holland Malt, ya que, en su opinión, la industria maltera mundial se basa en un mercado libre caracterizado por la propiedad privada y desarrollado a partir de inversiones privadas por empresas del sector. Una subvención de 7,4 millones de euros sobre una inversión total de 55 millones de euros distorsionaría la competencia y daría una ventaja comparativa injustificada a la empresa receptora, sobre todo en los primeros años de funcionamiento. Asimismo, la asociación de malteros de Dinamarca rechaza el argumento de la distinción entre «malta premium» y «malta ordinaria», ya que la malta es un producto genérico con ligeras variaciones, pero con determinadas normas de calidad establecidas por el sector. Por último, esta asociación considera que no existen razones a nivel local o regional que justifiquen una subvención a la inversión en Eemsmond, ya que, en su opinión, se trata de una región de los Países Bajos con un grado de desarrollo normal y una infraestructura perfectamente conectada con las cadenas de suministro de cebada y malta.

(23)

La parte interesada que ha solicitado el anonimato debido a posibles perjuicios se opone a la subvención por las siguientes razones: considera artificial la distinción entre malta «premium» y malta ordinaria, no ve razones locales o regionales para subvencionar la inversión y opina que la subvención distorsionaría la competencia en el mercado de la malta, que se caracteriza por la propiedad y las inversiones privadas.

(24)

La asociación de productores agrícolas y hortícolas de los Países Bajos (LTO-Nederland) considera que la maltería Holland Malt de Eemshaven reviste una gran importancia para la agricultura regional. La proximidad de un puerto de mar y el proceso de producción centrado en el segmento de la malta y la cerveza de alta calidad ofrecen una importante oportunidad socioeconómica a la agricultura del noreste de los Países Bajos, al dinamizar el cultivo de cereales utilizables en el proceso de producción. La cebada que producen los agricultores forma parte de una cadena integrada completamente registrada y certificada, cuyo producto final es una cerveza de alta calidad. Los dos cultivos principales de la región son la patata de fécula y la remolacha azucarera, pero la mejora de la productividad y la reforma de la política comunitaria han obligado a reducir la superficie dedicada a estos cultivos y la cebada maltera sería una de las pocas alternativas rentables para sustituirlos, razón por la cual los agricultores se han comprometido a participar financieramente en Holland Malt.

(25)

Agrifirm está totalmente a favor de la subvención de Holland Malt, proyecto conjunto en el que colabora con la fábrica de cerveza Bavaria y que ha puesto en marcha un proceso de integración en cadena que incluye el cultivo, el almacenamiento y la transformación de la cebada cervecera. En opinión de Agrifim, las instalaciones de producción y almacenamiento de Holland Malt ofrecen posibilidades excepcionales. El cultivo de cebada cervecera mejorará las perspectivas de los agricultores de la región. Al concentrarse en la producción de una cebada cervecera que responda a las exigencias de la malta «premium», los agricultores de la región podrían beneficiarse de las perspectivas de crecimiento que ofrece el mercado de la cerveza «premium». Dadas las ventajas logísticas que ofrece, la construcción de la maltería en Eemshaven equivale a crear una nueva actividad industrial en el norte de los Países Bajos. La decisión del Gobierno holandés de conceder una subvención sienta las bases de una explotación viable durante los críticos primeros años del proyecto.

(26)

Holland Malt considera defendible la idea de que existe un mercado distinto para la cerveza y la malta «premium». En el mercado de la malta «premium» es fácil encontrar posibilidades de venta para la malta HTST («high temperature, short time») de Holland Malt. Este tipo de malta aumenta la estabilidad del sabor, el aroma y la burbuja, además de prolongar el periodo de conservación de la cerveza. Holland Malt remite a una carta de la universidad de Weihenstephan (Munich) en la que se confirma que la tecnología patentada produce un tipo de malta que puede distinguirse claramente de la malta ordinaria (7). Asimismo, la carta de Holland Malt incluye un anexo en el que un productor de cerveza «premium» reconoce las características únicas de la malta HTST. Por otro lado, el precio de la malta HTST es más elevado que el de la malta ordinaria de otras malterías. Según Holland Malt, es muy probable que la malta HTST, gracias a sus incomparables características físicas, su manifiesta calidad y el precio superior, no sea, o lo sea apenas, intercambiable con la malta ordinaria y posiblemente genere su propia demanda y mercado, razón por la cual, según Holland Malt, la inversión no ocasionará necesariamente un aumento de capacidad de 55 000 toneladas en el mercado de la malta ordinaria.

(27)

Asimismo, Holland Malt observa que la inversión en Holland Malt no agravará necesariamente el exceso de capacidad que existe en el mercado mundial del malta. Al estar junto a un puerto de mar, la maltería debe encontrar salidas normales en el mercado de la malta para exportación. Mientras que las perspectivas de crecimiento de las malterías europeas sin salida al mar podrían reducirse debido al descenso de la demanda en Europa occidental, la exportación de malta ofrece substanciales posibilidades de crecimiento, hecho que, según Holland Malt, queda demostrado en tres informes de 2005 (8), que indican que los mercados emergentes de Asia, Latinoamérica, África y Europa del Este son los más exigentes respecto a la malta y que el mercado europeo de este producto cuenta con una ventaja competitiva debido a la elevada calidad de su producción. Holland Malt señala que no es difícil encontrar salidas normales para su malta y remite al hecho de que su cartera de pedidos para 2005 estaba completa, mientras que, por segundo año consecutivo, había vendido más malta de la que ha producido. Asimismo, señala que las instalaciones que cerró en Wageningen y Lieshout abastecían el mercado de Europa occidental, ahora en contracción, mientras que la nueva capacidad de producción de Eemshaven se centrará en el creciente mercado de la exportación, por lo que el crecimiento neto de la capacidad del mercado de la malta será inferior a la cifra indicada en la carta de la Comisión de 5 de mayo de 2005. Holland Malt señala que la inversión en las instalaciones de Eemshaven incidirá más en el comercio con países terceros que en los intercambios comerciales intracomunitarios, ya que la exportación de malta es un segmento de mercado independiente de aquel en el que operan los proveedores de malta europeos. Holland Malt subraya que la situación del mercado mundial de la malta no impidió a la Comisión autorizar una ayuda a la inversión para una maltería en Lituania.

(28)

Holland Malt considera que la inversión tendrá efectos positivos en el desarrollo rural de la región del norte de los Países Bajos y Alemania, ya que, gracias a ella, alrededor de 1 800 agricultores dispondrán de un cultivo alternativo. Estos agricultores cultivarán cebada cervecera de alta calidad destinada a un mercado en expansión y que, al contrario que la cebada forrajera, no estará cubierta por la normativa comunitaria en materia de intervención. Por otro lado, el cultivo de cebada cervecera es menos perjudicial para el medio ambiente que la variante forrajera y las instalaciones integradas de Holland Malt para la producción de malta y el almacenamiento de cebada suponen una contribución tangible a la seguridad alimentaria.

(29)

La provincia de Groninga defiende la ayuda estatal a la inversión de Holland Malt por sus efectos benéficos para el empleo de la región. Además, subraya la tecnología innovadora incluida en el proyecto y el impulso al desarrollo de Eemshaven gracias, entre otras cosas, a la creación de un parque agroindustrial. La administración provincial señala también que la inversión estimulará a los agricultores que encuentran problemas con los cultivos locales tradicionales como la patata de fécula, ya que el paso a la cebada cervecera les ofrecerá mejores perspectivas.

IV.   OBSERVACIONES DE LOS PAÍSES BAJOS

(30)

Los Países Bajos respondieron a la apertura del procedimiento mediante una carta de 10 de junio de 2005. Posteriormente, mediante carta de 14 de octubre de 2005, respondieron a las observaciones de las terceras partes interesadas, tras solicitar una ampliación del plazo de respuesta.

(31)

En la primer carta, los Países Bajos señalan que, aunque las perspectivas de crecimiento de las malterías europeas sin salida al mar podrían reducirse debido al descenso de la demanda en Europa occidental, la exportación de malta ofrece posibilidades substanciales. Holland Malt, por el contrario, puede beneficiarse de su situación junto a un puerto de mar, aspecto que sí divide en dos el mercado de la malta. Las inversiones en Holland Malt no incidirán en el mercado, ya en declive, de las malterías alejadas del mar de Europa occidental. Los Países Bajos observan que la cantidad de malta con certificado de exportación comunitario en 2004-2005 fue la misma que en 2003-2004 y solicita a la Comisión que considere los datos más recientes en materia de certificados de exportación. Además, los Países Bajos opinan que existe un segmento de mercado distinto para la malta de alta calidad de Holland Malt y remiten a una carta de la universidad de Weihenstephan en la que se confirman las características únicas de la malta HTST.

(32)

En su respuesta a las observaciones de las terceras partes interesadas, los Países Bajos señalan que el mercado mundial de la malta crecerá en los próximos años y remite a un seminario sobre cebada cervecera celebrado los días 4 y 5 de octubre de 2005, en cuyo marco el Consejo Internacional de Cereales (9) anunció unas previsiones de aumento de la capacidad total de producción de malta de un 10 % para 2010. En este seminario, el Rabobank señaló también que el consumo total de cerveza experimenta un crecimiento anual del 2 % debido principalmente a los mercados emergentes de Sudamérica, África, Rusia, el Sureste asiático y China. Las malterías modernas situadas junto a puertos marítimos y capaces de producir a gran escala podrán beneficiarse de esta evolución. Los Países Bajos remiten a una carta de Euromalt de agosto de 2005 (10) donde se menciona la necesidad de cerrar las instalaciones pequeñas, obsoletas e ineficaces. En la misma carta se menciona la existencia de un exceso de capacidad productiva comunitaria en el sector de la malta de, al menos, entre 500 000 y 700 000 toneladas, pero los Países Bajos consideran que esta cifra se basa en una producción de 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, ya que no se han tenido en cuenta los periodos sin producción, por lo que no es seguro que exista tal exceso de capacidad. Los Países Bajos remiten también a un informe (11) de la consultora Frontier Economics sobre Holland Malt (centrado en el mercado geográfico y los aspectos innovativos), que concluye lo siguiente: nada indica que la subvención de Holland Malt vaya a tener repercusiones sobre las ventas de malta de los otros productores europeos, aparte de aquellas que se producirán en cualquier caso. Por tanto, no hay indicios de que la concesión de la subvención pueda empeorar el posible exceso de capacidad de los productores europeos de malta ordinaria. Los Países Bajos solicitan que la Comisión tenga en cuenta la existencia de un mercado distinto para la malta HTST, un tipo de malta de alta calidad que retrasa el envejecimiento de la cerveza. Asimismo, los Países Bajos remiten a un nuevo cierre de instalaciones para la fabricación de malta con una capacidad de 12 000 toneladas, lo que supone un recorte total de 77 000 toneladas de la capacidad actual. La capacidad excedentaria representa sólo el 0,5 % de la capacidad de producción comunitaria, porcentaje que no debería alterar el mercado comunitario de la malta. Por último, los Países Bajos observan que la subvención prevista sólo tiene por objeto compensar la desventaja de la ubicación de la zona portuaria de Eemshaven y ofrecer a Holland Malt igualdad de condiciones para competir, ya que sin la subvención se habría hecho una inversión similar en una maltería junto al puerto marítimo de Terneuzen.

V.   EVALUACIÓN DE LA AYUDA

Ordenación del mercado

(33)

La ayuda se refiere a una ayuda destinada a una empresa de trasformación de la cebada. Conforme al artículo 23 del Reglamento (CE) no 1784/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los cereales (12), los artículos 87, 88 y 89 del Tratado son aplicables a los productos contemplados en dicho Reglamento. El sector receptor del régimen de ayuda está parcialmente cubierto por las disposiciones comunitarias en materia de ayudas estatales.

Prohibición de ayudas estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado

(34)

Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

(35)

La ayuda en cuestión consiste en una subvención directa a la inversión, selectiva en el sentido de que beneficia a una única empresa, a saber: Holland Malt.

(36)

Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el refuerzo de la posición de una empresa respecto a sus competidores gracias a una ayuda estatal supone generalmente una distorsión de la competencia en detrimento de otras empresas que no han recibido dicha ayuda (13).

(37)

Una ayuda perjudica a los intercambios comerciales intracomunitarios cuando dificulta las importaciones desde otros Estados miembros o facilita las exportaciones a otros Estados miembros. En este caso, la cuestión determinante es si el comercio intracomunitario ve alterada o corre el riesgo de ver alterada su evolución a consecuencia de la ayuda en cuestión.

(38)

El producto afectado por la ayuda en cuestión (la malta) produce un volumen de intercambios intracomunitarios considerable, que en 2004 alcanzó alrededor de 1,3 millones de toneladas, lo que supone alrededor del 15 % del total de la producción comunitaria de malta en 2004 (14). Así pues, el sector está expuesto a la competencia, por lo que existe el peligro de que la ayuda altere la evolución del mercado intracomunitario.

(39)

Por lo tanto, la ayuda en cuestión constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

Artículo 87, apartado 2, del Tratado: excepciones

(40)

El artículo 87, apartados 2 y 3, contempla una serie de excepciones a la prohibición establecida en el artículo 87, apartado 1, del Tratado.

(41)

Las excepciones contempladas en el artículo 87, apartado 2, no son aplicables, dado el carácter y la finalidad de la ayuda, razón por la que los Países Bajos no han invocado el artículo 87, apartado 2.

Artículo 87, apartado 3, del Tratado: excepciones a juicio de la Comisión

(42)

El artículo 87, apartado 3, especifica otras formas de ayuda que pueden considerarse compatibles con el mercado común y cuya eventual compatibilidad con el Tratado debe decidirse desde el punto de vista de la Comunidad y no desde el mero punto de vista de un Estado miembro determinado. En aras del buen funcionamiento del mercado común, la interpretación de las excepciones al artículo 87, apartado 3, deben establecerse de manera rigurosa.

(43)

En cuanto al artículo 87, apartado 3, letra a), conviene señalar que la empresa receptora de la ayuda no está establecida en una región cuyo desarrollo económico pueda calificarse de especialmente desfavorable en el sentido de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional  (15) (PIB por habitante inferior al 75 % de la media comunitaria). Por tanto, no puede aplicarse el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado para justificar una ayuda destinada a la transformación y la comercialización de productos contemplados en el anexo I del Tratado.

(44)

Con respecto al artículo 87, apartado 3, letra b), cabe destacar que la ayuda en cuestión no está destinada a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo ni a poner remedio a una grave perturbación de la economía de un Estado miembro.

(45)

La ayuda tampoco está destinada a fomentar la realización de los objetivos contemplados en el artículo 87, apartado 3, letra d).

Artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado

(46)

En virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas y de determinadas regiones económicas podrían considerarse compatibles con el mercado común siempre que no alteren las condiciones de los intercambios de forma contraria al interés común.

(47)

Dado que Holland Malt no es una empresa pequeña o mediana en el sentido de la definición de la Comisión (16), no le es aplicable el Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios (17). Por tanto, la compatibilidad de las inversiones a favor de la transformación de productos agrícolas con el artículo 87, apartado 3, letra c), debe decidirse basándose en el punto 4.2 de las Directrices.

Gastos subvencionables y porcentaje de la ayuda

(48)

De acuerdo con el punto 4.2.3 de las Directrices, los gastos subvencionables pueden estar relacionados con la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles y maquinaria y bienes de equipo nuevos, incluidos los programas informáticos. La ayuda no puede superar el 50 % de las inversiones subvencionables en las regiones del objetivo no 1, y el 40 % en las demás regiones.

(49)

Estas condiciones se consideran cumplidas ya que la ayuda se destina a la construcción de edificios y a la compra de terrenos y del material necesario. Además, los Países Bajos han impuesto a la ayuda un límite del 13,5 % de los gastos subvencionables.

Viabilidad económica y normas comunitarias mínimas

(50)

En el punto 4.2.3 de las Directrices se establece que sólo podrá concederse ayuda a la inversión a empresas cuya viabilidad económica pueda ser demostrada sobre la base de una evaluación de sus perspectivas. La empresa debe cumplir las normas mínimas comunitarias en materia de medio ambiente, higiene y bienestar animal.

(51)

Estas condiciones se cumplen en el caso en cuestión. Los Países Bajos han dado suficientes garantías respecto a la viabilidad económica tanto de Bavaria NV como de Agrifirm, las dos empresas que conforman Holland Malt. Además, se ha demostrado adecuadamente que la maltería cumple las normas mínimas comunitarias en materia de medio ambiente, higiene y bienestar animal tal y como establece el programa de desarrollo rural de los Países Bajos.

Posibilidades de salida en el mercado

(52)

El punto 4.2.5 de las Directrices establece que no podrán concederse ayudas a no ser que se demuestre suficientemente la existencia de salidas normales para los productos en el mercado. Esta condición será evaluada al nivel más adecuado según los productos de que se trate, los tipos de inversión y la capacidad de producción existente y previsible. Se tendrán en cuenta cualesquiera restricciones de la producción o limitaciones de la ayuda comunitaria en virtud de las organizaciones comunes de mercado.

(53)

El procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado se inició debido a que, basándose en la información de que disponía la Comisión en ese momento, no podía excluirse que hubiese exceso de capacidad en el mercado de la malta.

(54)

Las observaciones de los Países Bajos y Holland Malt respecto a la apertura del procedimiento se refieren esencialmente a tres aspectos. En primer lugar, se cuestiona el exceso de capacidad del mercado de la malta (pese a lo cual los Países Bajos y Holland Malt no ponen en duda que el proyecto crea una capacidad añadida en dicho mercado). En segundo lugar, se señala que la inversión en las instalaciones de Eemshaven incidirá más en el comercio con países terceros que en los intercambios comerciales intracomunitarios, ya que la exportación de malta es un segmento de mercado aparte de aquel en que operan los proveedores de malta europeos. Y en tercer lugar, se parte de que existen mercados distintos para la malta ordinaria y la malta «premium».

Exceso de capacidad del mercado de la malta

(55)

La Comisión ha examinado la situación respecto a la producción y el comercio de la malta tanto a nivel mundial como comunitario. Dado que las estadísticas de Eurostat sobre la malta son incompletas por la falta de datos fidedignos sobre la producción y la exportación de varios países, la Comisión ha utilizado datos de Euromalt, el Consejo Internacional de Cereales y el informe de H.M. Gauger sobre el mercado de la malta cervecera.

(56)

Por lo que respecta a la situación del mercado mundial, los datos de Euromalt indican que la actual capacidad de suministro mundial de las malterías supera considerablemente la demanda y que esta situación se mantendrá en los próximos años. La carta de Euromalt de agosto de 2005 (18) incluye el siguiente cuadro sobre la capacidad mundial de producción de malta.

Capacidad mundial de producción de malta

(en miles de toneladas)

 

2004

Excedente

2006 (estimación)

Excedente

EU-15

7 500

 

7 600

 

EU-10

1 200

 

1 150

 

Total EU-25

8 700

2 500

8 750

2 700

Rusia

850

-550

1 550

100

Ucrania

230

-50

330

120

Bielorrusia

70

-6

70

-10

Europa Central y del Este

460

-60

470

-60

Total Europa

10 130

1 834

11 170

2 850

TLCAN

3 600

 

3 900

 

Sudamérica

1 220

 

1 370

 

Oceanía

770

 

950

 

Oriente Próximo y Asia Central

200

 

200

 

África

380

 

380

 

China

3 000

 

3 300

 

Lejano Oriente

300

 

340

 

Total

9 470

-1 300

10 440

-900

Total mundial

19 780

534

21 610

1 950

(57)

Como puede apreciarse en el cuadro, en 2004 la capacidad mundial de producción de malta superó la demanda en aproximadamente medio millón de toneladas. Las estimaciones para 2006 indican un incremento de este exceso de capacidad hasta alcanzar aproximadamente los dos millones de toneladas.

(58)

En su carta, Euromalt indica que la producción mundial de cerveza prevista continuará aumentando en un porcentaje medio mínimo anual de entre el 1 % y el 2 %. Este aumento de la media se debe al crecimiento en cifras de dos dígitos de una serie de «nuevos» mercados (Sudamérica, África, Rusia, Sureste asiático y China) y al declive de los mercados «tradicionales» (Europa Occidental y Norteamérica). Pese a ello, la eficiencia de las nuevas inversiones en fábricas de cerveza en zonas emergentes y la tendencia hacia cervezas «más ligeras» han provocado una reducción drástica del uso de malta por litro de cerveza. Asimismo, Euromalt concluye que el aumento de la demanda de cerveza durante los próximos años no se verá acompañado de un aumento de la demanda de malta. El patrón de crecimiento del consumo de cerveza y la continuación prevista del mismo han estimulado en exceso la creación de capacidad añadida de fabricación de malta a nivel mundial, de forma que la capacidad de oferta mundial supera considerablemente la demanda, fenómeno que se mantendrá durante los próximos años. Según Euromalt, es necesario mantener las inversiones en malterías, pero Europa no necesita capacidad añadida debido a la contracción de los mercados de exportación.

(59)

La situación actual de exceso de capacidad mundial parece confirmarse en la reducción de las cifras relativas al comercio de la malta presentadas por el Consejo Internacional de Cereales en el seminario sobre cebada cervecera celebrado los días 4 y 5 de octubre de 2005 en Bruselas (19). Según éste, los intercambios mundiales de malta pasaron en dos años de 5 621 000 toneladas en la campaña 2002-2003 a 5 275 000 toneladas en la de 2004-2005 (esta última cifra es una estimación). El Consejo Internacional de Cereales prevé para 2005-2006 un nuevo descenso de la cantidad de malta comercializada. Esta tendencia bajista se traduce también en la reducción de la cantidad de licencias de exportación registradas por los exportadores de malta en 2004-2005 (2 219 661 toneladas) respecto a 2003-2004 (2 477 849 toneladas), mientras que las previsiones para 2005-2006 son aun más bajas (20). También el informe de RM International (21) sobre el mercado de la malta parece indicar un exceso de capacidad mundial debido a que la mayor capacidad estándar de las nuevas malterías y la ralentización del crecimiento de la producción mundial de cerveza de los últimos años frenan la absorción de la nueva producción de malta por la demanda.

(60)

En su carta de 14 de octubre de 2005, los Países Bajos indican que, según las previsiones, la demanda mundial de la malta aumentará un 10 % para 2010, remitiendo a la presentación del Consejo Internacional de Cereales durante el seminario sobre cebada cervecera celebrado los días 4 y 5 de octubre de 2005 en Bruselas. Sin embargo, en dicha presentación también se indica que las previsiones para 2010 son que la capacidad mundial de fabricación de malta aumentará un 10 %. No parece adecuado utilizar la capacidad mundial de fabricación de malta como indicador de la demanda, como los Países Bajos parecen hacer.

(61)

En los próximos años, el mercado mundial de la malta dependerá de dos aspectos importantes. En primer lugar, se está produciendo un aumento del consumo de cerveza en los «nuevos» mercados, si bien está por ver en qué medida el sector comunitario de la malta puede beneficiarse del mismo.

(62)

El crecimiento de la producción de cerveza en China no ha supuesto un aumento significativo de las importaciones. Según el informe del Rabobank sobre el sector mundial de la malta (22), el volumen de importación de malta no ha aumentado ni siquiera después de que los aranceles de importación se redujeran considerablemente en 2002 debido a que la potente industria de transformación china favorecía las importaciones de cebada cervecera.

(63)

El aumento del consumo y la producción de cerveza en el Sureste asiático se debe en gran parte a una mayor importación de malta de Australia, favorecida por la proximidad geográfica y los acuerdos de libre comercio con dicho país.

(64)

Las malterías de la Comunidad que, como Holland Malt, están situadas junto a puertos marítimos parecen ocupar una buena posición para dar respuesta a la creciente demanda de malta en Sudamérica y África. Por lo que se refiere a Sudamérica, la capacidad añadida de producción de malta que actualmente se construye en Argentina también puede cubrir parcialmente al aumento de la demanda de malta. Además, es posible que la ampliación de Mercosur a Venezuela y posiblemente otros países sudamericanos incremente los intercambios de malta en ese continente.

(65)

La evolución de la situación en Rusia constituye otro factor importante para el mercado mundial de la malta. Este país dispone de una capacidad total de producción de malta de un millón de toneladas y está construyendo capacidad añadida para 450 000 toneladas. Dado que este aumento de la capacidad se ve correspondido con la disponibilidad de buena cebada cervecera, Rusia pasará a ser autosuficiente y probablemente exportador de malta.

(66)

Teniendo en cuenta estos datos, la Comisión no ve indicios de que en los próximos años se pueda salir de la situación actual de exceso de capacidad en el mercado mundial de la malta. Por lo que respecta al periodo hasta 2010, el Consejo Internacional de Cereales parece prever un volumen de producción relativamente estable, ya que, como indica la presentación del seminario sobre cebada cervecera celebrado en octubre de 2005, «la regresión observada en Rusia se ve compensada por el crecimiento de Sudamérica».

(67)

Por lo que se refiere a la situación en la Comunidad en cuanto a la capacidad productora y el comercio de la malta, la Comisión indica que la maltería de Holland Malt en Eemshaven está en situación operativa desde abril de 2005. En su carta de agosto de 2005, Euromalt indica que la Comunidad, pese al cierre de algunas malterías debido a su falta de rentabilidad, aún dispone de un exceso de capacidad de fabricación de malta de al menos entre 500 000 y 700 000 toneladas (la Comunidad dispone de una capacidad de 8 800 000 toneladas, consume 5 900 000 toneladas y exporta 2 250 000 toneladas).

(68)

Según Euromalt, la rentabilidad del sector comunitario de la malta alcanzó su punto más bajo en 2005-2006, con gran cantidad de empresas en situación de pérdidas y apenas cubriendo gastos. Es probable que esta sea la causa de que el gran productor de malta alemán, Weissheimer, de Andernach, haya solicitado el expediente de cierre en 2006. Además, hay otras instalaciones de producción de malta que han cerrado definitivamente, cuatro de ellas en el Reino Unido, dos en Alemania y una en Francia, en todos los casos instalaciones obsoletas de grandes empresas. Otros productores han decidido cerrar temporalmente una parte de su capacidad. En otros casos, la antigua capacidad se ha sustituido por nuevas instalaciones. Así, H.M. Gauger estima que la capacidad total de producción de malta de la Comunidad en el año 2006 es de 8 800 000 toneladas (23), frente a lo que las estimaciones de consumo y exportación extracomunitaria son comparables con las cifras de la carta de Euromalt de agosto de 2005, lo que equivale a un exceso de capacidad de alrededor de 600 000 toneladas.

(69)

En su carta de octubre de 2005, los Países Bajos indican que la cifra citada por Euromalt de entre 500 000 y 700 000 toneladas de exceso de capacidad en el sector comunitario de la malta se basa en la capacidad «nominal», es decir, una producción de 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año, y que esta cifra no tiene en cuenta los periodos improductivos de las fábricas por razones de mantenimiento, averías técnicas y revisiones, por lo que no es seguro que exista un exceso de capacidad real.

(70)

La Comisión se ha basado en las cifras de capacidad y producción reales correspondientes al sector comunitario de la malta en los últimos años. La Comisión ha elaborado, partiendo de las estadísticas del periodo 2004-2005 de H.M. Gauger, basadas en datos de Euromalt y Eurostatel, el siguiente cuadro.

Capacidad y producción total de la Comunidad

 

Capacidad (en toneladas)

Producción (en toneladas)

2002

8 613 304

8 455 119

2003

8 632 525

8 595 156

2004

8 818 633

8 644 575

(71)

Las cifras del cuadro indican una tasa de utilización de la capacidad total de al menos 98 % en los años 2002-2004. Las cifras del informe de Frontier Economics (24) indican una tasa similar. En 2005, la tasa de utilización fue inferior, con una producción de 8 400 000 toneladas y una capacidad de 8 800 000 toneladas. En la campaña 2006-2007, se prevé una producción total de 8 000 000 toneladas con una capacidad de 8 800 000 toneladas (25). No obstante, estas bajas tasas de utilización parecen reflejar la reacción de las malterías a la escasa rentabilidad produciendo menos malta y cerrando provisionalmente capacidad de producción. En la campaña 2006-2007, esta situación se explica en parte por la pobre cosecha de cebada cervecera. Las cifras correspondientes a 2002, 2003 y 2004 demuestran que técnicamente es posible utilizar el 98 % de la capacidad de producción total. Esta elevada tasa de utilización real de la capacidad total no parece justificar el cuestionamiento del exceso de capacidad del sector de la malta en la Comunidad.

(72)

En el futuro, como se indica en la carta de Euromalt de agosto de 2005, «deberán cerrarse las instalaciones pequeñas, obsoletas e ineficaces, lo cual supondrá un largo proceso, dada la estructura del sector en determinados Estados miembros». Este proceso parece haberse acelerado en el año 2006. A mediados de este año, la producción de malta de la Comunidad parecía haberse equilibrado respecto a la demanda real gracias a que los productores han limitado su producción a los volúmenes de compra posibles (26). No obstante, tras el cierre mencionado de las instalaciones obsoletas, la capacidad total de producción de malta de la Comunidad continúa superando la demanda real en alrededor de 600 000 toneladas. Por otra parte, dado el estancamiento del consumo de cerveza, no se espera que la demanda intracomunitaria aumente y las exportaciones a partir de la Comunidad se realizarán en una situación mundial que se prevé estable en los próximos años. Así pues, la Comisión no dispone de indicios claros de que vayan a producirse cambios rápidos en la actual situación de exceso de capacidad.

Efectos sobre los intercambios comerciales entre Estados miembros

(73)

Los Países Bajos y Holland Malt consideran que la inversión en las instalaciones de Eemshaven incidirá más en el comercio con países terceros que en los intercambios comerciales intracomunitarios, ya que la exportación de malta es un segmento de mercado distinto de aquel en el que operan los proveedores de malta europeos sin salida al mar.

(74)

La Comisión reconoce que una parte de la capacidad de producción comunitaria de malta está constituida por empresas pequeñas o familiares sin salida al mar, que producen sobre todo para los mercados nacionales. Sin embargo, parte de su producción también puede destinarse a la exportación, por lo que estas empresas se verían expuestas a la competencia de otras malterías comunitarias centradas en la exportación (como Holland Malt).

(75)

Por otro lado, en el sector comunitario de la malta existen grandes grupos que venden su malta tanto dentro como fuera de la Comunidad. Holland Malt pertenece a esta categoría, ya que su ubicación junto al mar le permite atender tanto el mercado comunitario como los mercados exteriores. Por tanto, las malterías de la Comunidad dedicadas esencialmente a la exportación a otros mercados tendrían que competir con Holland Malt. Otro tanto puede decirse de las malterías comunitarias dedicadas fundamentalmente al mercado interno, ya que Holland Malt prevé vender una considerable cantidad de malta a países europeos. En su programa de actividades de agosto de 2003, Holland Malt indica que sus ventas de malta previstas para Europa en 2005 son de 71 540 toneladas (Asia, 28 100 toneladas; Sudamérica, 40 600 toneladas; y Rusia 29 000 toneladas).

(76)

Pueden darse situaciones en las que las malterías especializadas en la exportación extracomunitaria (como Holland Malt) no encuentren compradores para la producción destinada a la exportación, en cuyo caso intentarán vender esa producción dentro de la Comunidad. Asimismo, también puede darse lo contrario, por lo que la Comisión no considera los segmentos intra y extracomunitarios como totalmente separados, ya que existe una correlación entre lo que ocurre fuera y dentro de la Comunidad.

(77)

Teniendo en cuenta las razones expuestas, la Comisión disiente de la conclusión del informe de Frontier Economics según la cual no hay indicios de que la subvención concedida a Holland Malt vaya a tener repercusiones sobre las ventas de malta de los otros productores europeos, aparte de aquellas que se producirán en cualquier caso. La Comisión no puede descartar estas repercusiones en las ventas de malta de otros productores comunitarios a clientes intra o extracomunitarios, por lo que concluye que la ayuda puede influir en los intercambios comerciales y la competencia entre los Estados miembros.

El mercado de la malta «premium»

(78)

La Comisión ha tomado nota de los datos comunicados por los Países Bajos y Holland Malt (incluidas las cartas de terceros) acerca del desarrollo de malta HTST (27). Los Países Bajos, Holland Malt y las partes interesadas describen la malta HTST como un tipo de malta de características diferentes a la malta ordinaria que aumenta la estabilidad del sabor, el aroma y la burbuja, además de prolongar el periodo de conservación de la cerveza.

(79)

Los Países Bajos y Holland Malt afirman que la malta HTST puede considerarse una malta «premium» y que es muy probable que, gracias a sus incomparables características físicas, su manifiesta calidad y el precio superior, no sea, o lo sea apenas, intercambiable con la malta ordinaria, y genere, por ello, su propia demanda y mercado.

(80)

La Comisión reconoce que la malta HTST puede presentar características especiales y ser de alta calidad, pero está por demostrar que existe un mercado distinto para este tipo de malta (que debiera abastecerse con malta HTST), aparte del mercado de la malta ordinaria. El Tribunal de Primera Instancia ha establecido que para considerar un mercado distinto

«el servicio o el bien de que se trate debe poder individualizarse mediante características particulares que lo diferencien de otros servicios o bienes hasta el punto de que sea poco intercambiable con ellos y sólo padezca su competencia de una manera poco sensible. En este marco, el grado de posibilidad de intercambio entre productos debe evaluarse en función de las características objetivas de éstos, así como de la estructura de la demanda, de la oferta en el mercado y de las condiciones de la competencia (28)».

(81)

Con respecto a la estructura de la oferta y la demanda del mercado y las relaciones de competencia, la Comisión ha recibido observaciones de varias partes interesadas (principalmente asociaciones nacionales de malteros), señalando que no existe una diferenciación clara entre la malta ordinaria y la «premium». Según estas observaciones, la malta es un producto de naturaleza genérica, con ligeras variaciones y sometido a normas de calidad fijadas por el sector cervecero. Parece que la mayoría de los clientes de las malterías sólo demandan malta de alta calidad que se ajuste a sus especificaciones y cumpla todos los requisitos en materia de seguridad alimentaria.

(82)

Así pues, el grado de intercambiabilidad de los diversos tipos de malta producida por las distintas malterías no parece ser escaso, ya que todas ellas deben producir malta de alta calidad que responda a las demandas de sus clientes.

(83)

Este extremo parece verse confirmado por indicaciones de que la cerveza «premium» no se produce necesariamente con malta de calidad distinta de la cerveza ordinaria. Según los Países Bajos, Holland Malt producirá su malta HTST para destinarla esencialmente al «segmento premium» del mercado de la cerveza, alegando que la producción de cerveza «premium» requiere materias primas de alta calidad con características que dan a esta cerveza un mejor sabor. En su carta, Holland Malt menciona el informe «Just Drinks.com 2004 (29)», donde, en su opinión, los grandes fabricantes de cerveza indican que la cerveza «premium» es un líquido inherentemente mejor, con un sabor más rotundo y específico.

(84)

Sin embargo la Comisión considera que no son los grandes fabricantes quienes pronuncian esta frase del informe sino que se refiere a la imagen que tiene el consumidor de la cerveza «premium». En la página 59 del informe se indica que, según Scottish & Newcastle, el consumidor piensa que las marcas «premium» son de calidad superior y tienen mayor estatus. El factor esencial es la idea de calidad superior, según la cual la cerveza «premium» es un líquido inherentemente mejor, con un sabor más rotundo y específico.

(85)

En el resumen del informe presentado por la propia Holland Malt se dice que «las entrevistas realizadas por just-drinks.com a una serie de importantes operadores internacionales del sector cervecero mundial indican que la cerveza “premium” es, de hecho, un concepto de mercadotecnia». Más adelante, el informe indica que la cerveza estándar de determinada región o país puede convertirse en cerveza «premium» dentro de una región y que las estrategias de mercadotecnia de los fabricantes más importantes a nivel internacional están en función del mercado. Tipos de cerveza que en determinada región se consideran «premium» no se reconocen necesariamente como tales en otras zonas. Asimismo, el informe indica que «el lector debe ser consciente de que la demanda de cerveza “premium” varía de año en año en función de las tendencias plurianuales, no debido a cambios en las especificaciones de producción sino a la imagen que de ella tiene el consumidor. Como señala Interbrew, no es la industria quien determina qué es “premium” sino el consumidor».

(86)

El hecho de que las especificaciones de producción no sean un factor importante para determinar qué cervezas pueden recibir la denominación de «premium» parece indicar que los distintos tipos de malta son fácilmente intercambiables siempre que satisfagan las normas de calidad (mínimas o no) del sector. Esta intercambiabilidad también se menciona en el asunto de la fusión Hugh Baird/Scottish and Newcastle (30). Con respecto al mercado correspondiente, las partes interesadas (Hugh Baird y Scottish and Newcastle) declaran que éste es al menos tan grande como el de la malta. En la decisión se indica que aunque el mercado de la malta se divide claramente entre el mercado de la malta y el de la destilación, las partes interesadas no lo consideran un argumento válido dado el alto grado de intercambiabilidad que se registra en la oferta.

(87)

Asimismo, al analizar las fuentes estadísticas, la Commission no aprecia un mercado distinto para la producción de malta «premium». Por el contrario, todas las fuentes (Eurostat, Euromalt, Consejo Internacional de Cereales) ofrecen datos únicos para el mercado general de la malta. Ni los Países Bajos ni Holland Malt han aportado datos sobre la capacidad actual de producción de malta «premium» y por el contrario, en sus consideraciones sobre el exceso de capacidad remiten a cifras relativas a la malta (como producto único), sin distinguir entre malta ordinaria y malta «premium».

(88)

Asimismo, la Comisión considera que no puede establecerse una clara distinción entre ambas categorías (malta ordinaria y «premium»). Es posible que existan diferencias en calidad, pero éstas no parecen ser tales que incidan de manera importante en la intercambiabilidad de los tipos de malta o la competencia entre malterías.

(89)

Basándose en las conclusiones mencionadas sobre el exceso de capacidad del mercado de la malta, la posible incidencia en el comercio entre Estados miembros y la inexistencia de un mercado distinto claro y demostrable para la malta «premium», la Comisión considera que la ayuda incumple el punto 4.2.5 de las Directrices, que establece que no pueden concederse subvenciones a las inversiones relacionadas con productos para los que no existen salidas normales en el mercado.

Ayuda a la maltería de Lituania

(90)

Holland Malt indica que la situación del mercado mundial de la malta no impidió a la Comisión autorizar una ayuda a la inversión para una maltería en Lituania.

(91)

La Comisión señala que no ha aprobado ninguna ayuda estatal para la inversión en una maltería en Lituania después de la adhesión de este país a la Comunidad el 1 de mayo de 2004 y que antes de esa fecha en Lituania no había normas relativas a las ayudas estatales para productos agrícolas. En cualquier caso, las deficiencias en el cumplimiento por otros Estados miembros de sus obligaciones con arreglo a los artículos 87 y 88 del Tratado son irrelevantes respecto a la cuestión de si el Estado miembro contra el que se ha incoado el procedimiento contemplado en el artículo 88, apartado 2, del Tratado ha concedido ayudas estatales (ilegales o no) (31).

(92)

En este sentido, la Comisión también desea mencionar que ha incoado el procedimiento de estudio oficial establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado a raíz de la notificación por parte de España de su intención de conceder una ayuda a la maltería Maltacarrión SA (32). El procedimiento se inició por las mismas razones que en el asunto presente, es decir, la imposibilidad de excluir la existencia de exceso de capacidad en el mercado de la malta y tras dicha incoación, España retiró la ayuda en cuestión.

Aspectos regionales

(93)

La Comisión reconoce la importancia del desarrollo regional que conlleva la ayuda a Holland Malt, mencionado por los Países Bajos y varias partes interesadas, y no la pone en cuestión. En este sentido, el proyecto encajaría bien en la normativa IPR.

(94)

Sin embargo, el proyecto debe cumplir todas las condiciones establecidas en las Directrices en materia de ayuda a las inversiones a favor de la transformación y la venta de productos agrícolas. Dado que el proyecto no cumple al menos una condición importante, la Comisión no puede autorizar la ayuda estatal al proyecto pese a los aspectos positivos relacionados con el desarrollo regional.

VI.   CONCLUSIÓN

(95)

Teniendo en cuenta las razones expuestas, la Comisión considera que la ayuda a Holland Malt es incompatible con los artículos 87 y 88 del Tratado. La ayuda incumple el punto 4.2.5 de las Directrices, que establece que no podrán concederse ayudas a inversiones respecto a productos para los cuales no se puedan encontrar salidas normales en el mercado.

(96)

En su carta de 17 de diciembre de 2004, los Países Bajos comunicaron que la ayuda estaba sujeta a la autorización de la Comisión, por lo que en caso de que, pese a esta condición, la ayuda se haya concretado, deberá ser reclamada.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La ayuda estatal concedida por los Países Bajos a la empresa Holland Malt BV en forma de subvención por un valor de 7 425 000 euros sujeta a la autorización de la Comisión es incompatible con el mercado común.

Artículo 2

Los Países Bajos revocarán la ayuda estatal contemplada en el artículo 1.

Artículo 3

1.   Los Países Bajos adoptarán todas las medidas necesarias para obtener de sus beneficiarios la recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 1 ya ilegal.

2.   La recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional, siempre que éstos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión. La ayuda recuperable incluirá los intereses devengados desde la fecha en que se haya puesto a disposición de los beneficiarios hasta la de su recuperación efectiva. Los intereses se calcularán sobre la base del tipo de referencia utilizado para el cálculo del equivalente neto de subvención de las ayudas regionales.

Artículo 4

Los Países Bajos informarán a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.

Artículo 5

El destinatario de la presente Decisión será el Reino de los Países Bajos.

Hecho en Bruselas, 26 de septiembre de 2006.

Por la Comisión

Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión


(1)  DO C 154 de 25.6.2005, p. 6.

(2)  Véase la nota 1.

(3)  Regionale investeringsprojecten 2000 (IPR 2000-2006), N 549/99. Aprobada el 17 de agosto de 2000 mediante la carta SG(2000) D/106266.

(4)  Wijziging Regionale investeringsprojecten 2000 (Modificación de los proyectos de inversión 2000), N831/2001. Aprobada el 18 de febrero de 2002 mediante la carta C(2002)233.

(5)  DO C 28 de 1.2.2000, p. 2.

(6)  Carta de 23 de julio de 2004 sobre la concesión de subvenciones a la construcción de malterías.

(7)  Carta del Dr. Krottenthaler de la Universidad de Weihenstephan de mayo de 2005.

(8)  El Malt Market Report de RM International presentado el 22 de abril de 2005; el del Rabobank, The malt industry, a changing industry structure, driven by emerging beer markets, de marzo de 2005; y el Market Report de H.M. Gauger, de mayo de 2005. H.M. Gauger es un comerciante-consultor de malta que publica informes mensuales sobre el mercado de la malta con datos relativos a la producción y el comercio de la malta.

(9)  Organización intergubernamental en materia de comercio de cereales.

(10)  Euromalt: The EU malting industry, agosto de 2005.

(11)  Frontier Economics: «Holland Malt» , octubre de 2005.

(12)  DO L 270 de 21.10.2003, p. 78; Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1154/2005 de la Comisión (DO L 187 de 19.7.2005, p. 11).

(13)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de septiembre de 1980 en el asunto C-730/79, Philip Morris/Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. p. 2671, puntos 11 y 12.

(14)  Fuente: H.M. Gauger Statistical Digest 2004-2005.

(15)  DO C 74 de 10.03.1998, p. 9.

(16)  Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

(17)  DO L 1 de 3.1.2004, p. 1.

(18)  Véase la nota 10.

(19)  Presentación de John Tjaardstra sobre las tendencias de la producción y el consumo de cerveza, cebada cervecera y malta.

(20)  Informe no 5 de H.M. Gauger de 2 de junio de 2006. En este informe se parte de una exportación total en 2005/2006 de 2 140 millones de toneladas.

(21)  Véase la nota 8.

(22)  Véase la nota 8.

(23)  H.M. Gauger, julio de 2006: State of the European Malt Industry.

(24)  Véase la nota 11.

(25)  H.M. Gauger Market report no 4, 2 de mayo de 2006.

(26)  H.M. Gauger, julio de 2006: State of the European Malt Industry.

(27)  Declaración de Bühler sobre la tecnología de Holland Malt, sin fecha.

Carta de la Universidad de Freising — Weihenstephan de Munich, de mayo de 2005.

Carta de una parte interesada con secretos empresariales que, consiguientemente, se tratará de forma confidencial.

(28)  Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de octubre de 1997 en el asunto T-229/94, Deutsche Bahn AG contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. II-1689, punto 10.

(29)  www.just-drinks.com, A global market review of premium beer — with forecasts to 2010.

(30)  Asunto no IV/M.1372 de 18.12.1998.

(31)  Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 1998 en el asunto T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Región de Flandes) contra Comisión de las Comunidades Europeas, Rec. II-717, punto 54.

(32)  Asunto C 48, de 21.12.2005, aún no publicado en el Diario Oficial.


6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/88


DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 26 de octubre de 2006

por la que se crea la Agencia ejecutiva de la red transeuropea de transporte en aplicación del Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo

(2007/60/CE)

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (1) y, en particular, su artículo 3, apartado 1,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Reglamento (CE) no 58/2003 confiere a la Comisión la facultad de decidir la creación de agencias ejecutivas de conformidad con el estatuto que establece dicho Reglamento y de encomendarles algunas tareas de gestión de uno o varios programas o acciones comunitarios.

(2)

La creación de una agencia ejecutiva está destinada a permitir a la Comisión centrarse en actividades y funciones prioritarias, que no pueden ser externalizadas, sin renunciar por ello al control, al seguimiento y a la responsabilidad en última instancia de las acciones gestionadas por las agencias ejecutivas.

(3)

La gestión de la acción comunitaria para la red transeuropea de transporte contempla la ejecución de proyectos de carácter técnico, que no suponen una toma de decisiones de carácter político, y exige un alto nivel de competencia técnica y financiera en todo el curso del proyecto.

(4)

La delegación a una agencia ejecutiva de tareas relacionadas con la ejecución de esta acción comunitaria puede efectuarse mediante una separación clara entre la programación, la fijación de prioridades y la evaluación del programa, que dependerán de los servicios de la Comisión, y la ejecución de los proyectos, que se encomendará a la agencia ejecutiva.

(5)

Un análisis de costes y beneficios realizado al respecto ha puesto de manifiesto que la creación de una agencia ejecutiva permitiría aumentar la eficacia en la realización de la red transeuropea de transporte, con un coste menor. Habida cuenta de las características de la red transeuropea de transporte, ha de hacerse hincapié en la delegación de tareas técnicas, siendo el objetivo central reforzar las conexiones entre la red transeuropea de transporte y las comunidades de expertos.

(6)

La agencia debe movilizar unas competencias de alto nivel al servicio de los objetivos definidos por la Comisión y bajo su control. La creación de la agencia también debe permitir optimizar la realización de la red transeuropea de transporte, facilitando la contratación de personal especializado en esta materia.

(7)

La creación de la agencia debe mejorar la flexibilidad en la realización de esta acción comunitaria. El programa de trabajo anual de la agencia debe permitirle, en particular, contribuir a la consecución de las prioridades anuales para la realización de la red transeuropea de transporte, programadas y decididas por la Comisión. La agencia también ha de garantizar una mayor coordinación de las financiaciones con otros instrumentos comunitarios.

(8)

Una gestión basada en los resultados obtenidos por la agencia, con la instauración de los procedimientos y circuitos de control y coordinación necesarios, debe permitir simplificar las disposiciones de realización de la red transeuropea de transporte por los servicios de la Comisión. Éstos podrán hacer progresar los trabajos técnicos de la agencia, fomentando al mismo tiempo, de forma adecuada, las misiones que requieran una evaluación de carácter político.

(9)

La cooperación de la agencia con los servicios de la Comisión y la realización de sus tareas específicas deben permitir mejorar la visibilidad de la acción comunitaria para la red transeuropea de transporte.

(10)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de las agencias ejecutivas.

DECIDE:

Artículo 1

Creación de la agencia

1.   Se crea una agencia ejecutiva (en lo sucesivo denominada «la Agencia») para la gestión de la acción comunitaria en el ámbito de la red transeuropea de transporte, cuyo estatuto se regirá por lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 58/2003.

2.   La denominación de la Agencia es «Agencia ejecutiva de la red transeuropea de transporte».

Artículo 2

Establecimiento

La Agencia se establecerá en Bruselas.

Artículo 3

Duración

La Agencia se crea por un período comprendido entre el 1 de noviembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2008.

Artículo 4

Objetivos y tareas

1.   En el marco de la acción comunitaria para la red transeuropea de transporte, la Agencia se encargará de la ejecución de las tareas relacionadas con la concesión de la ayuda financiera comunitaria de conformidad con el Reglamento no 2236/95 del Parlamento y del Consejo (2), quedando excluidos la programación, el establecimiento de prioridades, la evaluación del programa y el control legislativo. La Agencia se encargará, en particular, de las siguientes tareas:

(a)

gestión de la fase de instrucción, financiación y seguimiento de la ayuda financiera concedida a proyectos de interés común con cargo al presupuesto de la red transeuropea de transporte, y controles necesarios al efecto, adoptando las decisiones pertinentes sobre la base de la delegación de la Comisión;

(b)

coordinación con otros instrumentos comunitarios, garantizando una mayor coordinación de las intervenciones en el conjunto del trazado de los proyectos prioritarios que también se acogen a financiaciones procedentes de los fondos estructurales, del Fondo de Cohesión y del Banco Europeo de Inversiones;

(c)

asistencia técnica a los promotores sobre la ingeniería financiera de los proyectos y desarrollo de métodos comunes de evaluación;

(d)

adopción de los actos de ejecución presupuestaria en ingresos y gastos y ejecución, sobre la base de la delegación de la Comisión, de todas las operaciones necesarias para la gestión de las acciones comunitarias en el ámbito de la red transeuropea de transporte, previstas en el Reglamento (CE) no 2236/95 del Consejo y, en particular, las operaciones relacionadas con la adjudicación de contratos y subvenciones (3);

(e)

recogida, análisis y envío a la Comisión de toda la información necesaria para la realización de la red transeuropea;

(f)

todo el apoyo técnico y administrativo que solicite la Comisión.

2.   El ejercicio de las tareas previstas en el apartado 1, letra b), no afectará a la responsabilidad de las autoridades de gestión de los programas operativos cofinanciados por los fondos estructurales o el Fondo de Cohesión en lo que se refiere a la selección o la realización de los proyectos inscritos en la red transeuropea de transporte, ni a la responsabilidad financiera de los Estados miembros en el contexto de la gestión compartida de esos programas.

3.   Además de las tareas mencionadas en el apartado 1, la Comisión podrá encargar a la Agencia, previo dictamen del Comité de las agencias ejecutivas, la ejecución de tareas de la misma naturaleza en el marco de otros programas o acciones comunitarios, según lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 58/2003, siempre que dichos programas o acciones permanezcan dentro de los límites de la acción comunitaria para la red transeuropea de transporte.

4.   La decisión de delegación de la Comisión definirá con todo detalle el conjunto de las tareas encomendadas a la Agencia y se ajustará en función de las tareas adicionales que se le encomienden. Se remitirá, para información, al Comité de las agencias ejecutivas.

Artículo 5

Estructura organizativa

1.   Un comité de dirección y un director designados por la Comisión administrarán la Agencia.

2.   Los miembros del comité de dirección se nombrarán por el período que establece el artículo 3.

3.   El director de la Agencia se nombrará por el período que establece el artículo 3.

Artículo 6

Subvención

La Agencia recibirá una subvención consignada en el presupuesto general de las Comunidades Europeas y procedente de la dotación financiera de la acción comunitaria para la red transeuropea de transporte y, si procede, de otros programas o acciones comunitarios cuya ejecución se encomiende a la Agencia en aplicación del artículo 4, apartado 3.

Artículo 7

Control e informes de ejecución

La Agencia se someterá al control de la Comisión y deberá dar cuenta periódicamente de la ejecución de los programas que se le encomienden, con arreglo a las modalidades y a la frecuencia que especifique la decisión de delegación.

Artículo 8

Ejecución del presupuesto de funcionamiento

La Agencia ejecutará su presupuesto de funcionamiento de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) no 1653/2004 de la Comisión (4).

Hecho en Bruselas, el 26 de octubre de 2006.

Por la Comisión

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1)  DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.

(2)  DO L 228 de 23.9.1995.

(3)  DO L 228 de 23.9.1995, p. 1.

(4)  DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.


6.2.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 32/91


DECISIÓN No 1/2006 DEL COMITÉ MIXTO VETERINARIO CREADO EN VIRTUD DEL ACUERDO ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA SOBRE EL COMERCIO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

de 1 de diciembre de 2006

por la que se modifican los apéndices 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10 del anexo 11

(2007/61/CE)

EL COMITÉ,

Visto el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas (denominado en lo sucesivo «Acuerdo agrícola»), y, en particular, el artículo 19, apartado 3, de su anexo 11,

Considerando lo siguiente:

(1)

El Acuerdo agrícola entró en vigor el 1 de junio de 2002.

(2)

El artículo 19, apartado 1, del anexo 11 del Acuerdo agrícola crea un Comité mixto veterinario encargado de examinar las cuestiones relacionadas con ese anexo y su aplicación, así como de asumir las funciones que en él se le asignan. Con arreglo al apartado 3 de dicho artículo, el Comité mixto veterinario podrá modificar los apéndices del anexo 11 del Acuerdo agrícola, en particular al objeto de adaptarlos y actualizarlos.