(1)

La aplicación de las normas de la competencia en el sector del transporte marítimo ha estado sujeta a las disposiciones del Reglamento (CEE) no 4056/86 (3) desde el año 1987. El Reglamento (CEE) no 4056/86 tenía originalmente dos funciones. En primer lugar, contenía disposiciones de procedimiento para la aplicación de las normas comunitarias de competencia al sector del transporte marítimo. En segundo lugar, establecía ciertas disposiciones sustantivas de competencia concretas para el sector marítimo y especialmente una exención por categorías para las conferencias marítimas de línea, permitiéndoles fijar los precios y regular la capacidad bajo ciertas condiciones, excluyendo los acuerdos puramente técnicos de la aplicación del artículo 81, apartado 1, del Tratado y estableciendo un procedimiento para resolver los conflictos de derecho internacional. No se aplicaba a los servicios de transporte marítimo entre puertos situados en un mismo Estado miembro (cabotaje) ni a los servicios internacionales de tramp.

(2)

El Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (4), modificó el Reglamento (CEE) no 4056/86 con objeto de incluir el transporte marítimo en el ámbito de aplicación de las normas comunes de competencia aplicables a todos los sectores con efectos a partir del 1 de mayo de 2004, con excepción del cabotaje y de los servicios internacionales de tramp. Sin embargo, las disposiciones de competencia sustantivas concretas referentes al sector marítimo continúan estando en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) no 4056/86.

(3)

La exención por categorías para las conferencias marítimas de línea prevista en el Reglamento (CEE) no 4056/86 exime de la prohibición del artículo 81, apartado 1, del Tratado, a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de todos o algunos de los miembros de una o más conferencias marítimas de línea que cumplan ciertas condiciones. La justificación de la exención por categorías asume esencialmente que las conferencias aportan estabilidad, al garantizar a los exportadores unos servicios fiables que no pueden lograrse por otros medios menos restrictivos. Sin embargo, un estudio completo del sector realizado por la Comisión ha demostrado que el transporte marítimo de línea no es singular pues su estructura de costes no difiere sustancialmente de la de otras industrias. Así pues, no hay pruebas de que sea necesario proteger al sector frente a la competencia.

(4)

La primera condición para la exención de conformidad con el artículo 81, apartado 3, del Tratado, exige que el acuerdo restrictivo contribuya a mejorar la producción o distribución de mercancías o a promover el progreso técnico o económico. Por lo que se refiere a las eficiencias generadas por las conferencias, las conferencias marítimas de línea ya no son capaces de hacer cumplir la tarifa de la conferencia aunque aún consiguen fijar unos gastos y recargos que forman parte del precio del transporte. Tampoco hay pruebas de que el sistema de conferencia dé lugar a unas tarifas de flete más estables o a servicios de transporte más fiables tal como ocurriría en un mercado plenamente competitivo. Los miembros de la conferencia ofrecen cada vez más frecuentemente sus servicios a través de acuerdos individuales de servicio concluidos con exportadores individuales. Además las conferencias no gestionan la capacidad de carga disponible ya que ello depende de la decisión individual de cada portador. En las circunstancias actuales del mercado la estabilidad de los precios y la fiabilidad de los servicios se logran mediante acuerdos individuales de servicio. Por consiguiente, el nexo causal que, según se afirma, existe entre las restricciones (fijación de precios y regulación del suministro) y las eficiencias alegadas (servicios fiables) parece demasiado tenue para cumplir la primera condición del artículo 81, apartado 3.

(5)

La segunda condición para la exención, de conformidad con el artículo 81, apartado 3, del Tratado, consiste en que los usuarios reciban una compensación por los efectos negativos resultantes de las restricciones de la competencia. Cuando se trata de restricciones especialmente graves, tales como fijación de precios horizontal que se produce cuando se establece la tarifa de la conferencia y los gastos y recargos se fijan conjuntamente, los efectos negativos son muy importantes. Sin embargo no se ha identificado ningún efecto claramente positivo. Los usuarios del transporte consideran que las conferencias operan en beneficio de los miembros menos eficientes y abogan por su abolición. Actualmente, las conferencias no cumplen la segunda condición del artículo 81, apartado 3.

(6)

La tercera condición para la exención, de conformidad con el artículo 81, apartado 3, del Tratado, es que la conducta no imponga a las empresas de que se trate unas restricciones que no sean imprescindibles para alcanzar sus objetivos. Los consorcios son acuerdos de cooperación entre compañías marítimas de línea que no contemplan la fijación de precios y son por lo tanto menos restrictivos que las conferencias. Los usuarios del transporte consideran que los consorcios prestan servicios marítimos regulares adecuados, fiables y eficientes. Además en los últimos años la utilización de los acuerdos individuales de servicio ha aumentado considerablemente. Por definición, tales acuerdos individuales de servicio no restringen la competencia y benefician a los exportadores pues permiten prestar servicios especiales personalizados. Además, dado que el precio se establece por adelantado y no fluctúa durante un período predeterminado (generalmente hasta un año), los contratos de servicio pueden contribuir a la estabilidad de los precios. Por lo tanto no se ha demostrado que las restricciones de la competencia permitidas conforme al Reglamento (CEE) no 4056/86 (fijación de precios y regulación de la capacidad) sean imprescindibles para la prestación de servicios fiables de transporte a los usuarios, pues estos servicios pueden prestarse por medios menos restrictivos. Así pues, no se cumple la tercera condición del artículo 81, apartado 3.

(7)

Finalmente, según la cuarta condición del artículo 81, apartado 3, la conferencia debe seguir sujeta a presiones competitivas efectivas. En las circunstancias actuales del mercado las conferencias están presentes en casi todas las rutas comerciales importantes y compiten con transportistas agrupados en consorcios y con líneas independientes. Si bien es posible que exista competencia de precios en las tarifas de fletes oceánicos debido a la pérdida de peso del sistema de conferencias, apenas existe competencia de precios en cuanto a los recargos y gastos complementarios. Estos son fijados por la conferencia y a menudo los transportistas no pertenecientes a una conferencia aplican el mismo nivel de cargas. Además, los transportistas participan en conferencias y consorcios en la misma ruta, intercambiando información sensible desde el punto de vista comercial y acumulando los beneficios de las exenciones por categorías para las conferencias (fijación de precios y regulación de capacidad) y de los consorcios (cooperación operativa para la prestación de un servicio conjunto). Dado el número cada vez mayor de vínculos entre transportistas en una misma ruta, la determinación de hasta qué punto las conferencias están sujetas a una competencia interna y externa efectiva es un ejercicio muy complejo y que solo puede hacerse de forma individual.

(8)

Por consiguiente, las conferencias marítimas de línea ya no cumplen las cuatro condiciones acumulativas para acogerse a la exención del artículo 81, apartado 3, del Tratado, y por lo tanto la exención por categorías aplicable a tales conferencias debe suprimirse.

(9)

La exclusión de la prohibición del artículo 81, apartado 1, del Tratado, de los acuerdos puramente técnicos y el procedimiento de resolución de los conflictos de ley que puedan surgir son también redundantes. Por lo tanto, también estas disposiciones deben suprimirse.

(10)

Habida cuenta de todo lo anterior, el Reglamento (CEE) no 4056/86 debería derogarse en todos sus elementos.

(11)

Las conferencias marítimas de línea están toleradas en varias jurisdicciones. En este sector, al igual que en otros, el derecho de competencia no se aplica de forma homogénea en todo el mundo. Teniendo en cuenta que el sector de las líneas marítimas es de carácter mundial, la Comisión dará todos los pasos adecuados para avanzar hacia la supresión de la exención relativa a la fijación de precios aplicable a las conferencias marítimas de línea que existe en el resto del mundo, manteniendo al mismo tiempo la exención aplicable a la cooperación operativa entre líneas marítimas agrupadas en consorcios y alianzas, de conformidad con las recomendaciones de la secretaría de la OCDE en 2002.

(12)

El cabotaje y los servicios internacionales de tramp están excluidos de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado establecidas originalmente en el Reglamento (CEE) no 4056/86 y posteriormente en el Reglamento (CE) no 1/2003. Actualmente son los únicos sectores que quedan por excluir de las normas comunitarias de aplicación del derecho de competencia. La falta de poderes efectivos de aplicación para esos sectores es una anomalía desde el punto de vista reglamentario.

(13)

La exclusión de los servicios de tramp del Reglamento (CE) no 1/2003 se basó en el hecho de que las tarifas de estos servicios se negocian libremente de forma individual según las condiciones de la oferta y la demanda. Sin embargo, estas condiciones de mercado se dan en otros sectores y las disposiciones sustantivas de los artículos 81 y 82 ya se aplican a estos servicios. No se ha presentado ninguna razón convincente para mantener la actual exclusión de estos servicios de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado. Del mismo modo aunque a menudo los servicios de cabotaje no tienen ningún efecto en el comercio intracomunitario, esto no significa que deban excluirse del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 1/2003 por principio.

(14)

Dado que los mecanismos establecidos en el Reglamento (CE) no 1/2003 son adecuados para aplicar las normas sobre competencia a todos los sectores, el ámbito de aplicación de dicho Reglamento debe modificarse a fin de abarcar el cabotaje y los servicios de tramp.

(15)

Por lo tanto, el Reglamento (CE) no 1/2003 debe modificarse en consecuencia.

(16)

Dado que los Estados miembros pueden necesitar ajustar sus compromisos internacionales habida cuenta de la abolición del sistema de conferencias, las disposiciones del Reglamento (CEE) no 4056/86 relativas a la exención por categorías de las conferencias marítimas de línea deberían continuar aplicándose durante un período transitorio a las conferencias que cumplan los requisitos del Reglamento (CEE) no 4056/86 en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

(1)

En virtud de las obligaciones internacionales de la Comunidad en el marco de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (2), resulta necesario crear las condiciones para la importación en España de una cantidad determinada de maíz.

(2)

El Reglamento (CE) no 1839/95 de la Comisión, de 26 de julio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de los contingentes arancelarios por importación de maíz y sorgo en España y de maíz en Portugal (3), establece las disposiciones complementarias específicas necesarias para la aplicación de las licitaciones.

(3)

Dadas las necesidades actuales del mercado en España, es conveniente abrir una licitación para la reducción del derecho de importación de maíz.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

(1)

De conformidad con el artículo 2 del Acta de adhesión, las disposiciones de los actos adoptados por las instituciones antes de la adhesión serán vinculantes en Bulgaria y Rumanía y se aplicarán en esos Estados en las condiciones previstas por los Tratados y dicha Acta.

(2)

El artículo 37 del Acta de adhesión autoriza a la Comisión a adoptar las medidas apropiadas si Bulgaria o Rumanía incumplen los compromisos asumidos en el contexto de las negociaciones de adhesión, causando con ello una perturbación grave del funcionamiento del mercado interior o un riesgo inminente de tal perturbación.

(3)

El artículo 17 del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 y (CE) no 2529/2001 (1), dispone que los Estados miembros instaurarán un sistema integrado de gestión y control, en lo sucesivo denominado «el sistema integrado».

(4)

Desde su adhesión, Bulgaria y Rumanía deben disponer de un sistema integrado para controlar una gran parte de la ayuda agrícola de la Comunidad a esos países. Basándose en la información facilitada por Bulgaria y Rumanía hasta la fecha de adopción del presente Reglamento y en sus propias inspecciones, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la existencia y capacidad de funcionamiento de los sistemas integrados en esos Estados presenta riesgos reales.

(5)

La presencia de deficiencias graves de los sistemas integrados en Bulgaria o Rumanía daría lugar a una situación en que los pagos de las ayudas agrícolas que deberían controlar estos sistemas no se someterían a controles o no serían controlados correctamente. Por lo tanto, existiría un grave riesgo de que los productores que no tengan derecho a las ayudas agrícolas, o lo tengan solo en parte, las recibieran, con lo que adquirirían una posición más ventajosa que la prevista en el Derecho comunitario. En cada uno de estos países, el gasto en pagos directos y desarrollo rural controlado mediante el sistema integrado ascenderá al 80 % aproximadamente del gasto agrícola total y supondrá unos importes considerables de varios cientos de millones de euros, lo que demuestra la importancia de un sistema integrado que funcione correctamente para la introducción de la política agrícola común en los dos países y el buen funcionamiento del mercado interior. Dado que resulta probable que la posición más ventajosa, junto con los importes correspondientes, repercuta en el comercio de productos agrarios en el mercado interior, habría un riesgo inminente de perturbación grave del funcionamiento de ese mercado.

(6)

No se puede hacer frente adecuadamente a este riesgo únicamente mediante la aplicación de los artículos 17 y 27 del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (2), debido al carácter de los sistemas y procedimientos contemplados en esas disposiciones, por lo que resulta necesario recurrir al artículo 37 del Acta de adhesión que autoriza a la Comisión a adoptar las medidas adecuadas al efecto de eliminar el riesgo.

(7)

Tras la adhesión, y basándose en el informe de un organismo independiente, tanto Bulgaria como Rumanía deben hacer una declaración a la Comisión en el sentido de que el sistema integrado existe y es operativo. De haber deficiencias, esos Estados deben ponerles remedio inmediatamente.

(8)

Si, basándose en las declaraciones respectivas de Bulgaria y Rumanía o en el informe del organismo independiente o en los resultados de sus propias auditorías, llega a la conclusión de que persisten deficiencias tan graves que afectan al correcto funcionamiento de todo el sistema de gestión y control del gasto agrícola cubierto por el sistema integrado y de que sigue existiendo por lo tanto un riesgo inminente de perturbación grave del mercado interior, la Comisión habrá de reducir de forma provisional por un período fijo de un año los pagos mensuales e intermedios que se deben abonar a Bulgaria y Rumanía conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 26 del Reglamento (CE) no 1290/2005. La reducción provisional deberá corresponder al porcentaje que aplica la Comisión conforme a sus propias directrices en el marco de la liquidación de conformidad si el sistema de control de un Estado miembro presenta deficiencias graves y existen indicios de irregularidades generalizadas. Esta reducción provisional es necesaria para hacer que el Estado interesado ponga remedio a las deficiencias del sistema integrado, de forma que prevenga o detecte los pagos irregulares y las prácticas fraudulentas y recupere los importes indebidamente gastados, eliminando así el riesgo de perturbación grave del funcionamiento del mercado interior de la Comunidad.

(9)

La Comisión reexaminará, transcurridos doce meses, si debe mantener o no la reducción provisional de los pagos mensuales e intermedios.

(10)

La reducción provisional debe aplicarse exclusivamente a las medidas de ayuda que se gestionen y controlen mediante el sistema integrado.

(11)

La reducción provisional se someterá a un seguimiento en el marco del procedimiento de liquidación de conformidad al que se refiere el artículo 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005 y será sin perjuicio de las decisiones que se hayan de tomar en este contexto.

a)

la ayuda transitoria simplificada a la renta, destinada a los agricultores de los nuevos Estados miembros contemplada en el artículo 143 ter del Reglamento (CE) no 1782/2003, o bien los regímenes de ayuda contemplados en los títulos III y IV de dicho Reglamento;

b)

los pagos directos complementarios nacionales contemplados en el artículo 143 quater del Reglamento (CE) no 1782/2003, financiados en virtud del anexo VIII, sección I, subsección E, del Acta de adhesión;

c)

los pagos contemplados en el artículo 36, letra a), incisos i)-v), y letra b), incisos i)-v), del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo (3), excepto los relacionados con las medidas contempladas en el artículo 39, apartado 5, de dicho Reglamento y las medidas con arreglo al artículo 36, letra b), incisos i) y iii), en lo que respecta a los costes de implantación.

(1)

El mandato de los actuales miembros del Comité Económico y Social Europeo expira el 20 de septiembre de 2006 (1). Conviene, por tanto, proceder al nombramiento de los miembros de dicho Comité para un nuevo período de cuatro años a partir del 21 de septiembre de 2006.

(2)

Los Gobiernos belga, griego, irlandés, chipriota, neerlandés, polaco, portugués, finlandés, sueco y británico presentaron listas que incluían un número de candidatos igual al de los puestos que les son asignados por los Tratados.

(3)

El Gobierno italiano presentó una lista que incluía dos candidatos para completar la lista ya presentada, con 22 candidatos, y alcanzar un número de candidatos igual al de los puestos que le son asignados por los Tratados.

(4)

El 11 de julio de 2006, el Consejo ya adoptó las listas presentadas por los Gobiernos checo, alemán, estonio, español, francés, letón, lituano, luxemburgués, húngaro, maltés, austríaco, esloveno y eslovaco, así como la lista con 22 candidatos presentada por el Gobierno italiano (2).