4.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 214/1

(1)

El Reglamento (CEE) no 1208/81 del Consejo, de 28 de abril de 1981, por el que se establece el modelo comunitario de clasificación de las canales de vacuno pesado (3) ha sido modificado de forma sustancial (4). Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

En el sector de la carne de vacuno, el registro de las cotizaciones debe efectuarse y las medidas de intervención adoptarse a partir de un modelo comunitario de clasificación de las canales de vacuno pesado.

(3)

La clasificación de las canales de vacuno pesado debe llevarse a cabo basándose en la conformación y en el estado de engrasamiento. La utilización combinada de estos dos criterios permite distribuir las canales en clases. Las canales clasificadas de este modo deben ser objeto de una identificación.

(4)

A fin de garantizar la aplicación homogénea del presente Reglamento en la Comunidad, es necesario prever comprobaciones sobre el terreno por parte de un Comité de control comunitario.

a)

«canal»: el cuerpo entero del animal sacrificado tal como se presenta después de las operaciones de sangrado, eviscerado y desollado, presentado:

b)

«media canal»: la pieza obtenida por la separación de la canal contemplada en la letra a), siguiendo el plano de simetría que pasa por el centro de las vértebras cervicales, dorsales, lumbares y sacras y por el centro del esternón y de la sínfisis púbica.

—

sin riñones, grasa de riñonada ni grasa pélvica,

—

sin pilar medio del diafragma ni pilares de diafragma,

—

sin rabo,

—

sin médula espinal,

—

sin grasa de testículo,

—

sin corona de la cara interna de la pierna,

—

sin gotera yugular (vena de grasa).

A.

Canales de machos jóvenes sin castrar de menos de dos años.

B.

Canales de otros machos sin castrar.

C.

Canales de machos castrados.

D.

Canales de hembras que hayan parido.

E.

Canales de otras hembras.

a)

la conformación, definida en el anexo I;

b)

el grado de engorde, definido en el anexo II.

4.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 214/7

(1)

El Reglamento no 26 del Consejo, de 4 de abril de 1962, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos agrícolas (2) ha sido modificado en su contenido (3). Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicho Reglamento.

(2)

De acuerdo con el artículo 36 del Tratado, la aplicación de las normas sobre la competencia previstas en el mismo a la producción y al comercio de productos agrícolas constituye uno de los elementos de la política agrícola común. Las disposiciones del presente Reglamento deben, en consecuencia, completarse teniendo en cuenta el desarrollo de esta política.

(3)

Las normas sobre la competencia relativas a los acuerdos, decisiones y prácticas mencionados en el artículo 81 del Tratado, así como las relativas a la explotación abusiva de posiciones dominantes, deben ser aplicadas a la producción y al comercio de productos agrícolas, en la medida en que su aplicación no dificulte el funcionamiento de las organizaciones nacionales de los mercados agrícolas y no ponga en peligro la realización de los objetivos de la política agrícola común.

(4)

Conviene prestar particular atención a la situación de las asociaciones de agricultores en la medida en que tengan por objeto fundamentalmente la producción o el comercio en común de productos agrícolas o la utilización de instalaciones comunes, a menos que dicha acción común excluya la competencia o ponga en peligro la realización de los objetivos del artículo 33 del Tratado.

(5)

Con objeto, tanto de no comprometer el desarrollo de una política agrícola común como de garantizar la seguridad jurídica y el trato no discriminatorio a las empresas interesadas, la Comisión, sin perjuicio del control del Tribunal de Justicia, debe tener competencia exclusiva para comprobar que las condiciones previstas en los considerandos precedentes son cumplidas en lo que se refiere a los acuerdos, decisiones y prácticas mencionadas en el artículo 81 del Tratado.

(6)

Para la ejecución, en el marco del desarrollo de la política agrícola común, de las normas relativas a las ayudas a la producción o al comercio de los productos agrícolas, la Comisión debe hallarse en condiciones de establecer un inventario de las ayudas existentes, nuevas o proyectadas, de presentar a los Estados miembros las observaciones apropiadas y de proponerles las medidas adecuadas.

4.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 214/10

(1)

El Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y el Gobierno de la República Popular de Angola sobre la pesca frente a las costas de Angola (2), (denominado en lo sucesivo «el Acuerdo»), fue firmado en Luanda el 1 de febrero de 1989 y entró en vigor en esa misma fecha de conformidad con su artículo 15.

(2)

El último Protocolo, anejo al Acuerdo, por el que se fijan, para el período comprendido entre el 3 de agosto de 2002 y el 2 de agosto de 2004, las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo (3), no ha sido renovado debido a que algunas condiciones establecidas en el nuevo marco legislativo sobre recursos biológicos acuáticos, adoptado por el Gobierno de la República de Angola en octubre de 2004, son incompatibles con los requisitos comunitarios para el ejercicio de la pesca por parte de buques pesqueros comunitarios en aguas de Angola.

(3)

Por lo tanto, se debe denunciar el Acuerdo de conformidad con el procedimiento establecido en su artículo 14.

(4)

En virtud del Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (4), los Estados miembros pueden conceder indemnizaciones a los pescadores y armadores de buques cuando se produzca una paralización temporal de actividades en caso de no renovación o de suspensión de un acuerdo pesquero para las flotas comunitarias que dependan del mismo. El período de concesión de las indemnizaciones no podrá ser superior a seis meses, aunque será posible prorrogarlo seis meses más siempre que se aplique a la flota de que se trate un plan de reconversión aprobado por la Comisión.

(5)

El 18 de julio de 2005 la Comisión adoptó una Decisión por la que se aprobó el plan de reconversión para los buques pesqueros afectados por la no renovación del Protocolo de pesca entre la Comunidad Europea y la República de Angola en el marco del programa operativo del IFOP relativo a las intervenciones estructurales comunitarias en el sector de la pesca para las regiones del objetivo no 1 en España durante el período 2000-2006.

(6)

Con objeto de facilitar la aplicación del citado plan de reconversión, los buques pesqueros comunitarios acogidos a dicho plan que, como consecuencia de la denuncia en cuestión, han tenido que abandonar las actividades que desarrollaban al amparo del Acuerdo, deben quedar exentos del cumplimiento de determinadas disposiciones del Reglamento (CE) no 2792/1999. En particular, no deben estar sometidos a la obligación de reembolsar las ayudas públicas por paralización temporal de actividades o por renovación, modernización o equipamiento, ni a la obligación de demostrar que han ejercido la actividad pesquera de manera continuada durante el año anterior a su supresión del registro comunitario de buques pesqueros.

4.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 214/12

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

4.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 214/14

(1)

El Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (2), establece, en su artículo 21, la aplicación de reducciones en los casos de presentación tardía de una solicitud de ayuda.

(2)

En algunos Estados miembros, la gestión de la solicitud única para 2006 se ha visto afectada por circunstancias excepcionales. Como consecuencia de ello, los agricultores de esos Estados miembros han visto mermada en diversa medida su capacidad de presentar la solicitud única en los plazos fijados en el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 796/2004. Es probable que esta situación menoscabe de forma indebida el derecho de determinados agricultores a recibir en su integridad la ayuda que les correspondería en circunstancias normales.

(3)

Francia, Italia, los Países Bajos, Portugal, España y el Reino Unido se han topado con problemas inesperados en la aplicación práctica del régimen de pago único debido, en particular, a imprevistos de tipo administrativo y técnico. Además, la inclusión del sector del aceite de oliva en dicho régimen ha incrementado notablemente su complejidad. El elevado número de agricultores que presentan una solicitud y los complejos cálculos en relación con las superficies olivareras sujetas a declaración han complicado aún en mayor medida la tramitación de las solicitudes para 2006 en Francia, Italia, Portugal y España.

(4)

La grave situación creada por las inundaciones, en Hungría, y los imprevistos de tipo técnicos surgidos al editar por primera vez la información gráfica pertinente, en Polonia, han provocado un retraso significativo en la distribución, por parte de las autoridades competentes, de impresos de solicitud completos a los agricultores, lo que ha mermado la capacidad de estos últimos para presentar sus solicitudes a tiempo.

(5)

Habida cuenta de esta situación, procede no aplicar, en relación con el período de 2006, la reducción del 1 % diario así como la exclusión prevista en el artículo 21, apartado 1, del Reglamento (CE) no 796/2004 en relación con las solicitudes presentadas, hasta tanto no se establezcan nuevas fechas que tengan en cuenta las circunstancias específicas de cada uno de los Estados miembros afectados.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de pagos directos.

a)

hasta el 31 de mayo de 2006 en el caso de:

b)

hasta el 15 de junio en el caso de:

4.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 214/19

(1)

En el Reglamento (CE) no 1002/2006 de la Comisión (3) se establecieron los importes de los precios representativos y de los derechos adicionales aplicables a la importación de azúcar blanco, azúcar bruto y ciertos jarabes para la campaña 2006/2007. Estos precios y derechos han sido modificados un último lugar por el Reglamento (CE) no 1174/2006 de la Comisión (4).

(2)

Los datos de que dispone actualmente la Comisión llevan a modificar dichos importes de conformidad con las normas de aplicación establecidas en el Reglamento (CE) no 951/2006.

4.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 214/21

(1)

En el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 figura la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta el bloqueo de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.

(2)

El 25 de julio del 2006 el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar la lista de personas, grupos y entidades a los cuales se aplicará el bloqueo de capitales y recursos económicos y, por lo tanto, procede modificar en consecuencia el anexo I.

4.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 214/29

(1)

La Directiva 2005/60/CE impone a las entidades y personas comprendidas en su ámbito de aplicación que apliquen, basándose en un análisis del riesgo, procedimientos reforzados de diligencia debida con respecto al cliente en las transacciones o relaciones empresariales con personas del medio político que residan en otro Estado miembro o en un país tercero. En el contexto de ese análisis de riesgo, resulta oportuno que los recursos de las mencionadas entidades y personas se centren en especial en los productos y transacciones caracterizados por un elevado riesgo de blanqueo de capitales. Por «personas del medio político» se entiende a las personas a las que se les confían funciones públicas importantes, a sus familiares más próximos o a personas reconocidas como allegados a ellas. Para disponer de una interpretación coherente del concepto de personas del medio político al determinar qué categorías de personas entran en él, resulta esencial tener en cuenta las diferencias sociales, políticas y económicas existentes entre los países.

(2)

Las entidades y personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/60/CE pueden no conseguir identificar a un cliente como perteneciente a una de las categorías de personas del medio político, a pesar de haber adoptado medidas razonables y adecuadas al respecto. En este caso, los Estados miembros, en el ejercicio de sus competencias de aplicación de dicha Directiva, han de tener debidamente en cuenta la necesidad de garantizar que dichas personas no sean consideradas automáticamente responsables de tal incumplimiento. Los Estados miembros deben además procurar el modo de facilitar el cumplimiento de la Directiva proporcionando las orientaciones necesarias a las entidades y personas a este respecto.

(3)

Las funciones públicas desempeñadas en niveles inferiores al ámbito nacional no deben considerarse, en principio, importantes. Sin embargo, cuando la exposición política sea comparable a la de funciones similares desempeñadas a escala nacional, las entidades y personas a que se refiere la presente Directiva deben valorar, basándose en un análisis del riesgo, si quienes ejercen esas funciones públicas han de considerarse personas del medio político.

(4)

La obligación establecida en la Directiva 2005/60/CE conforme a la cual las entidades y personas comprendidas en su ámbito de aplicación deben identificar a los allegados de las personas físicas que desempeñen funciones públicas importantes, es aplicable en la medida en que la relación con la persona allegada sea de conocimiento público o la entidad o persona tenga razones para creer que exista tal relación. En consecuencia, el conocimiento de dicha condición no presupone la investigación activa por parte de las entidades y personas a que se refiere la citada Directiva.

(5)

Las personas consideradas del medio político no deben seguir teniendo esta consideración una vez hayan dejado de ejercer funciones públicas importantes y haya transcurrido un período de tiempo mínimo.

(6)

Aunque la adaptación, basada en un análisis del riesgo, de los procedimientos generales de diligencia debida con respecto al cliente ha de ser la norma general en las situaciones de bajo riesgo conforme a la Directiva 2005/60/CE, y puesto que los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente exigen contrapesos y salvaguardias adecuados en otras partes del sistema para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la aplicación de los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente debe restringirse a un número limitado de casos. En estos casos, las obligaciones que incumben a las entidades y personas a que se refiere la Directiva no desaparecen, y dichas entidades y personas deben, entre otras cosas, realizar una supervisión continuada de las relaciones comerciales que permita detectar transacciones complejas o de volumen inusual que carezcan de objetivo económico o legal aparente.

(7)

En general, se considera que las autoridades públicas nacionales son clientes de bajo riesgo en su propio Estado miembro y, con arreglo a la Directiva 2005/60/CE, pueden ser objeto de procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente. En cambio, los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente no son directamente aplicables, con arreglo a la Directiva, a ninguna de las instituciones, los organismos, las oficinas o las agencias comunitarios, incluido el Banco Central Europeo (BCE), pues no pueden encuadrarse en la categoría de «autoridad pública nacional» o, en el caso del BCE, de «entidad de crédito y financiera». No obstante, dado que estas entidades no parecen presentar un alto riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, deben considerarse clientes de bajo riesgo y beneficiarse de los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente siempre que se cumplan los requisitos pertinentes.

(8)

Asimismo, resulta oportuno aplicar procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente en el caso de las personas jurídicas que realicen actividades financieras no comprendidas en la definición de entidad financiera de la Directiva 2005/60/CE pero estén sujetas a la legislación nacional de aplicación de dicha Directiva y cumplan ciertos requisitos que garanticen una suficiente transparencia de su identidad y mecanismos de control adecuados y, en especial, una supervisión reforzada. Este puede ser el caso de las entidades que presten servicios generales de seguros.

(9)

Resulta oportuno aplicar procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente en lo que atañe a los productos y transacciones conexas en circunstancias limitadas; por ejemplo, cuando los beneficios del producto financiero no puedan realizarse, en general, en favor de terceros y solo sean realizables a largo plazo, como es el caso de algunas pólizas de seguros de inversión o productos de ahorro, o cuando el objeto del producto financiero sea financiar activos materiales, bien mediante contratos de arrendamiento en los que la propiedad jurídica y económica del activo subyacente corresponda a la empresa de arrendamiento, bien mediante créditos al consumo de baja cuantía, a condición de que las transacciones se realicen a través de cuentas bancarias y se sitúen por debajo de un umbral apropiado. Los productos controlados por el Estado que, en general, se dirijan a categorías específicas de clientes, como son los productos de ahorro destinados a los niños, deben poder beneficiarse de los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente aun cuando no se cumplan todos los requisitos. El control estatal debe entenderse como una actividad que va más allá de la supervisión normal de los mercados financieros y no debe entenderse que cubra productos como valores de deuda, emitidos directamente por el Estado.

(10)

Los Estados miembros, antes de autorizar el uso de procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente, han de evaluar si los clientes o los productos y las transacciones conexas presentan un riesgo bajo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, prestando especial atención a cualquier actividad de estos clientes o a cualquier tipo de productos o transacciones que, por su naturaleza, se considere especialmente susceptible de uso o abuso a efectos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. En particular, cualquier intento por parte de los clientes de actuar de forma anónima u ocultar su identidad en relación con productos de bajo riesgo debe considerarse factor de riesgo y motivo potencial de sospecha.

(11)

En determinadas circunstancias, las personas físicas o jurídicas pueden llevar a cabo actividades financieras de forma ocasional o muy limitada como complemento de otras actividades no financieras, como es el caso de hoteles que prestan servicios de cambio de divisas a sus clientes. La Directiva 2005/60/CE autoriza a los Estados miembros a excluir actividades financieras de este tipo de su ámbito de aplicación. La valoración del carácter ocasional o muy limitado de la actividad debe hacerse por referencia a umbrales cuantitativos aplicables a las transacciones y al volumen de negocios de la entidad considerada. Estos umbrales deben fijarse a nivel nacional, atendiendo al tipo de actividad financiera, a fin de tener en cuenta las diferencias entre países.

(12)

Por otra parte, la persona que desarrolle una actividad financiera de forma ocasional o muy limitada no debe prestar una gama completa de servicios financieros al público, sino solo los necesarios para mejorar el rendimiento de su actividad principal. Cuando la actividad principal de dicha persona guarde relación con alguna de las actividades a que se refiere la Directiva 2005/60/CE, no debe concederse la exención prevista para actividades financieras ocasionales o limitadas, salvo cuando se trate de comercio de bienes.

(13)

Ciertas actividades financieras, como los servicios de transferencia y remesa de dinero, son más susceptibles de uso o abuso a efectos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. Resulta, por tanto, necesario velar por que estas u otras actividades financieras similares no queden exentas de la aplicación de la Directiva 2005/60/CE.

(14)

Debe preverse que las decisiones adoptadas de conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2005/60/CE se supriman a la mayor brevedad posible si fuera necesario.

(15)

Los Estados miembros deben garantizar que las decisiones de exención no se utilicen de forma abusiva para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. En especial, deben evitar adoptar decisiones al amparo del artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2005/60/CE cuando las funciones de control o de garantía de cumplimiento de las autoridades nacionales presenten especiales dificultades por la superposición de competencias entre más de un Estado miembro como, por ejemplo, en la prestación de servicios financieros a bordo de buques que presten servicios de transporte entre puertos situados en diferentes Estados miembros.

(16)

Lo dispuesto en la presente Directiva se establece sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (2), y del Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 467/2001 del Consejo por el que se prohíbe la exportación de determinadas mercancías y servicios a Afganistán, se refuerza la prohibición de vuelos y se amplía la congelación de capitales y otros recursos financieros de los talibanes de Afganistán (3).

(17)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

1)

los aspectos técnicos de la definición de personas del medio político que figura en el artículo 3, apartado 8, de dicha Directiva;

2)

los criterios técnicos aplicables para valorar si las situaciones presentan un riesgo bajo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo a que se refiere el artículo 11, apartados 2 y 5, de dicha Directiva;

3)

los criterios técnicos aplicables para valorar si, de conformidad con el artículo 2, apartado 2, de la Directiva 2005/60/CE, está justificado no aplicar dicha Directiva a determinadas personas físicas o jurídicas que realicen una actividad financiera de forma ocasional o muy limitada.

a)

jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado;

b)

parlamentarios;

c)

miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales;

d)

miembros de tribunales de cuentas o de los consejos de bancos centrales;

e)

embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas;

f)

miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal.

a)

el cónyuge;

b)

toda persona que, con arreglo a la legislación nacional, sea asimilable al cónyuge;

c)

los hijos y sus cónyuges o personas asimilables a cónyuges;

d)

los padres.

a)

toda persona física de la que sea notorio que ostente la propiedad económica de una entidad jurídica u otra estructura jurídica conjuntamente con alguna de las personas mencionadas en el apartado 1, o mantenga otro tipo de relaciones empresariales estrechas con las mismas;

b)

toda persona física que ostente la propiedad económica exclusiva de una entidad jurídica u otra estructura jurídica que notoriamente se haya constituido en beneficio de la persona a que se refiere el apartado 1.

a)

que el cliente ejerza funciones públicas de conformidad con el Tratado de la Unión Europea, los Tratados comunitarios o el Derecho derivado comunitario;

b)

que la identidad del cliente sea públicamente notoria, transparente y cierta;

c)

que las actividades del cliente, así como sus prácticas contables, sean transparentes;

d)

que el cliente sea responsable ante una institución comunitaria o ante las autoridades de un Estado miembro, o que existan contrapesos y salvaguardias que garanticen la supervisión de la actividad del cliente.

a)

que el cliente sea una entidad que realiza actividades financieras no incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 2 de la Directiva 2005/60/CE, pero a la cual la legislación nacional ha hecho extensivas las obligaciones de dicha Directiva, de conformidad con su artículo 4;

b)

que la identidad del cliente sea públicamente notoria, transparente y cierta;

c)

que el cliente esté sujeto por la legislación nacional a la obligación de obtener autorización para emprender actividades financieras y esta autorización pueda denegarse cuando las autoridades competentes no están convencidas de que las personas que dirijan o vayan a dirigir efectivamente la actividad de dicha entidad o que ostenten su propiedad económica sean personas idóneas;

d)

que el cliente esté sujeto a supervisión, a tenor del artículo 37, apartado 3, de la Directiva 2005/60/CE, por parte de las autoridades competentes en lo que se refiere al cumplimiento de la legislación nacional de transposición de dicha Directiva, y, en su caso, a obligaciones adicionales conforme a la legislación nacional;

e)

que el incumplimiento por parte del cliente de las obligaciones a que se refiere la letra a) esté sujeto a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias que incluya la posibilidad de medidas administrativas apropiadas o la imposición de sanciones administrativas.

a)

que el producto tenga una base contractual escrita;

b)

que las transacciones conexas se efectúen a través de una cuenta del cliente en una entidad de crédito sujeta a lo dispuesto en la Directiva 2005/60/CE, o en una entidad de crédito situada en un tercer país que imponga requisitos equivalentes a los establecidos en dicha Directiva;

c)

que el producto o las transacciones conexas no sean anónimos y que su naturaleza sea tal que permita la aplicación en tiempo oportuno del artículo 7, letra c), de la Directiva 2005/60/CE;

d)

que la cuantía del producto esté sujeta a un límite máximo preestablecido;

e)

que los beneficios del producto o transacción no puedan realizarse en favor de terceros, excepto en caso de fallecimiento, incapacidad, supervivencia a una edad avanzada predeterminada o situaciones similares;

f)

que, en el caso de los productos o las transacciones conexas cuya finalidad sea la inversión de fondos en activos financieros o derechos financieros, incluidos seguros u otro tipo de derechos contingentes:

a)

que la actividad financiera sea limitada en términos absolutos;

b)

que la actividad financiera sea limitada en lo relativo a las transacciones;

c)

que la actividad financiera no sea la actividad principal;

d)

que la actividad financiera sea secundaria y directamente relacionada con la actividad principal;

e)

que, con excepción de la actividad contemplada en el artículo 2, apartado 1, punto 3), letra e), de la Directiva 2005/60/CE, la actividad principal no sea una de las actividades mencionadas en el artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva;

f)

que la actividad financiera sólo se proporcione a los clientes de la actividad principal y no se ofrezca al público con carácter general.

4.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 214/35

(1)

La Comunidad ya ha dejado de producir y consumir clorofluorocarburos, otros clorofluorocarburos totalmente halogenados, halones, tetracloruro de carbono, 1,1,1-tricloroetano, hidrobromofluorocarburo y bromoclorometano.

(2)

Cada año, la Comisión debe determinar los usos esenciales de dichas sustancias reguladas, las cantidades que podrán utilizarse y las empresas que podrán utilizarlas.

(3)

La Decisión IV/25 de las Partes en el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, denominado en lo sucesivo «Protocolo de Montreal», establece los criterios utilizados por la Comisión para determinar los usos esenciales y autoriza la producción y el consumo necesarios para satisfacer los usos esenciales de sustancias reguladas en cada Parte.

(4)

La Decisión XV/II/8 de las Partes en el Protocolo de Montreal autoriza la producción y el consumo necesarios para satisfacer los usos esenciales de las sustancias reguladas que se enumeran en los anexos A, B y C del Protocolo de Montreal (sustancias de los grupos II y III) para los usos de laboratorio y análisis mencionados en el anexo IV del informe de la séptima reunión de las Partes, con arreglo a las condiciones establecidas en el anexo II del informe de la sexta reunión de las Partes, así como en la Decisión VII/11, la Decisión XI/15 y la Decisión XV/5 de las Partes en el Protocolo de Montreal. La Decisión XVII/10 de las Partes en el Protocolo de Montreal autoriza la producción y el consumo de la sustancia controlada que figura en el anexo E del Protocolo de Montreal necesaria para los usos de laboratorio y análisis del bromuro de metilo.

(5)

En aplicación del apartado 3 de la Decisión XII/2 de las Partes en el Protocolo de Montreal sobre medidas para facilitar la transición a inhaladores dosificadores sin clorofluorocarburos, todos los Estados miembros han notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2) que los clorofluorocarburos (CFC) ya no son esenciales para la fabricación de inhaladores dosificadores con clorofluorocarburos que contengan salbutamol para su comercialización en la Comunidad Europea.

Alemania, Austria, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Noruega, los Países Bajos y Portugal han notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que el uso de CFC ya no se considera esencial para la fabricación, para su comercialización en la Comunidad Europea, de inhaladores dosificadores que contengan ingredientes activos de la categoría terapéutica «broncodilatadores agonistas beta de acción corta», concretamente la terbutalina (3), el fenoterol, la orciprenalina, el reproterol, el carbuterol, la hexoprenalina, el pirbuterol, el clenbuterol, el bitolterol y el procaterol.

Alemania, Bélgica, la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, los Países Bajos y Suecia han notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que el uso de CFC no se considera esencial para la fabricación, para su comercialización en la Comunidad Europea, de inhaladores dosificadores que contengan ingredientes activos de la categoría terapéutica «esteroides inhalados», concretamente la beclometasona, la dexametasona, la flunisolida, la fluticasona, la budesonida (4) y la triamcinolona.

Dinamarca (beclometasona, fluticasona), Eslovenia (beclometasona, fluticasona, budesonida), España (beclometasona, fluticasona), Finlandia (beclometasona, fluticasona), Francia (beclometasona, fluticasona), Irlanda (beclometasona, fluticasona), Italia (beclometasona, fluticasona, budesonida), Malta (fluticasona, budesonida), Portugal (fluticasona, budesonida) y el Reino Unido (fluticasona) han notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que el uso de CFC no se considera esencial para la fabricación, para su comercialización en la Comunidad Europea, de inhaladores dosificadores que contengan los ingredientes activos de la categoría terapéutica «esteroides inhalados» indicados entre paréntesis después de cada Estado miembro.

Alemania, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Letonia y los Países Bajos han notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que el uso de CFC no se considera esencial para la fabricación, para su comercialización en la Comunidad Europea, de inhaladores dosificadores que contengan ingredientes activos de la categoría terapéutica «antiinflamatorios no esteroidales», concretamente el ácido cromoglícico y el nedrocromil.

Portugal ha notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que el uso de CFC no se considera esencial para la fabricación, para su comercialización en la Comunidad Europea, de inhaladores dosificadores que contengan ácido cromoglícico como ingrediente activo. España ha notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que el uso de CFC no se considera esencial para la fabricación, para su comercialización en la Comunidad Europea, de inhaladores dosificadores que contengan nedrocromil como ingrediente activo.

Alemania, Bélgica, la República Checa, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Malta, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido han notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que el uso de CFC no se considera esencial para la fabricación, para su comercialización en la Comunidad Europea, de inhaladores dosificadores que contengan ingredientes activos de la categoría terapéutica «broncodilatadores anticolinérgicos», concretamente el bromuro de ipatropio y el bromuro de oxitropio.

Portugal ha notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que el uso de CFC no se considera esencial para la fabricación, para su comercialización en la Comunidad Europea, de inhaladores dosificadores que contengan ipatropio como ingrediente activo.

Alemania ha notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que el uso de CFC no se considera esencial para la fabricación, para su comercialización en la Comunidad Europea, de inhaladores dosificadores que contengan ingredientes activos de la categoría terapéutica «broncodilatadores agonistas beta de acción prolongada», concretamente el formoterol y el salmeterol.

Italia ha notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que el uso de CFC no se considera esencial para la fabricación, para su comercialización en la Comunidad Europea, de inhaladores dosificadores que contengan formoterol como ingrediente activo.

Alemania y los Países Bajos han notificado al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente que el uso de CFC no se considera esencial para la fabricación, para su comercialización en la Comunidad Europea, de inhaladores dosificadores que contengan combinaciones de ingredientes activos.

El artículo 4, apartado 4, inciso i), letra b), del Reglamento (CE) no 2037/2000 prohíbe la utilización y comercialización de clorofluorocarburos que no se consideren esenciales con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento. Por lo tanto, la determinación de su carácter no esencial ha reducido la demanda de CFC para su uso en inhaladores dosificadores comercializados en la Comunidad Europea. Además, el artículo 4, apartado 6, de dicho Reglamento (CE) no 2037/2000 prohíbe la importación y comercialización de inhaladores dosificadores que contengan clorofluorocarburos, a no ser que se consideren esenciales con arreglo a las condiciones establecidas en su artículo 3, apartado 1.

(6)

La Comisión publicó el 8 de julio de 2005 un Anuncio (5) dirigido a las empresas de la Comunidad (25 Estados miembros) que desearan ser tenidas en cuenta por la Comisión para el uso de sustancias reguladas autorizadas para usos esenciales en la Comunidad en 2006 y ha recibido declaraciones sobre usos esenciales previstos de sustancias reguladas para 2006.

(7)

Para que las empresas y operadores interesados puedan seguir acogiéndose a su debido tiempo al sistema de concesión de autorizaciones, conviene que la presente Decisión se aplique a partir del 1 de enero de 2006.

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité de Gestión establecido en el artículo 18, apartado 1 del Reglamento (CE) no 2037/2000.

1)

Las cuotas para el uso médico esencial de los clorofluorocarburos 11, 12, 113, 114 y 115 se distribuirán entre las empresas mencionadas en el anexo II.

2)

Las cuotas para el uso esencial de laboratorio de los clorofluorocarburos 11, 12, 113, 114 y 115 y de otros clorofluorocarburos totalmente halogenados se distribuirán entre las empresas mencionadas en el anexo III.

3)

Las cuotas para el uso esencial de laboratorio de halones se distribuirán entre las empresas mencionadas en el anexo IV.

4)

Las cuotas para el uso esencial de laboratorio de tetracloruro de carbono se distribuirán entre las empresas mencionadas en el anexo V.

5)

Las cuotas para el uso esencial de laboratorio de 1,1,1-tricloroetano se distribuirán entre las empresas mencionadas en el anexo VI.

6)

Las cuotas para el uso crítico de laboratorio y análisis de bromuro de metilo se distribuirán entre las empresas mencionadas en el anexo VII.

7)

Las cuotas para el uso esencial de laboratorio de hidrobromofluorocarburos se distribuirán entre las empresas indicadas en el anexo VIII.

8)

Las cuotas para el uso crítico de laboratorio y análisis de bromoclorometano se distribuirán entre las empresas mencionadas en el anexo IX.

9)

Las cuotas para el uso esencial de clorofluorocarburos 11, 12, 113, 114 y 115, de otros clorofluorocarburos totalmente halogenados, de tetracloruro de carbono, de 1,1,1-tricloroetano, de hidrobromofluorocarburos y de bromoclorometano serán las indicadas en el anexo X.

en nombre de Boehringer Ingelheim (Francia)