22.2.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 51/1

(1)

El 31 de octubre de 2005, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1636 (2005) en la que tomaba nota de la conclusión del informe de la Comisión Internacional de Investigación relativo a su investigación del atentado terrorista con bombas, que tuvo lugar el 14 de febrero de 2005 en Beirut (Líbano) y causó la muerte de veintitrés personas, entre ellas el ex Primer Ministro de ese país, Sr. Rafiq Hariri, además de causar lesiones a docenas de personas.

(2)

El Consejo de Seguridad tomó nota con suma preocupación de que la Comisión Internacional de Investigación había llegado a la conclusión de la existencia de pruebas convergentes que apuntan a la participación de funcionarios tanto libaneses como sirios en este acto terrorista y, amparándose en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, decidió, como medida para prestar asistencia en la investigación de este crimen y sin perjuicio de la definitiva determinación judicial de la culpabilidad o inocencia de cada persona, imponer medidas en contra de todas las personas sospechosas de estar involucradas en la planificación, el patrocinio, la organización o la perpetración de dicho acto terrorista.

(3)

La Posición Común 2005/888/PESC establece la aplicación de las medidas establecidas en la RCSNU 1636 (2005) y, en particular, la congelación de los fondos y recursos económicos de las personas designadas por el Comité del Consejo de Seguridad establecido por el apartado 3, letra b) de la RCSNU 1636 (2005) como sospechosas de estar involucradas en la planificación, el patrocinio, la organización o la perpetración del asesinato del ex Primer Ministro libanés, Sr. Rafiq Hariri, y de otras personas el 14 de febrero de 2005.

(4)

Estas medidas entran en el ámbito del Tratado y, por tanto, con vistas a velar por su aplicación uniforme por parte de los operadores económicos en todos los Estados miembros, es necesario adoptar normativa comunitaria al respecto para aplicarlas en la medida en que afecta a la Comunidad.

(5)

Por razones de agilidad, la Comisión debe estar facultada para modificar los anexos del presente Reglamento, basándose en una notificación o información del correspondiente Comité y de los Estados miembros según proceda.

(6)

Los Estados miembros determinarán las sanciones aplicables en caso de infracción contra cualquier disposición del presente Reglamento. Las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(7)

A fin de velar por la eficacia de las medidas establecidas en el presente Reglamento, éste debe entrar en vigor el día de su publicación.

1)

«Comité de Sanciones»: el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creado en virtud de lo dispuesto en el párrafo 3, letra b), de la RCSNU 1636 (2005).

2)

«Fondos», los activos financieros o beneficios económicos de cualquier naturaleza, incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:

3)

«Congelación de fondos»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a éstos, cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera.

4)

«Recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, mobiliarios o inmobiliarios, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios.

5)

«Congelación de recursos económicos»: el hecho de impedir todo uso de esos recursos con fines de obtención de fondos, bienes o servicios, en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca.

6)

«Territorio de la Comunidad»: los territorios de los Estados miembros a los que se aplica el Tratado y en las condiciones establecidas en el mismo.

a)

son necesarios para sufragar gastos básicos, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

b)

se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos asociados con la prestación de servicios jurídicos; o

c)

se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos congelados;

a)

notificarán inmediatamente cualquier información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, como las cuentas y los importes congelados de conformidad con el artículo 2, a las autoridades competentes, enumeradas en el anexo II, de los Estados miembros en que sean residentes o estén situados, y remitirán esa información, directamente o a través de dichas autoridades competentes, a la Comisión;

b)

colaborarán con las autoridades competentes enumeradas en el anexo II en toda verificación de esa información.

a)

modificar el anexo I, atendiendo a las decisiones del Comité de Sanciones; y

b)

modificar el anexo II, atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

a)

en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo;

b)

a bordo de cualquier aeronave o buque bajo la jurisdicción de un Estado miembro;

c)

a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Comunidad, que sea nacional de un Estado miembro;

d)

a toda persona jurídica, entidad u organismo establecido o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro;

e)

a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier operación comercial efectuada, en su totalidad o en parte, en la Comunidad.

22.2.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 51/9

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

22.2.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 51/11

(1)

El Reglamento (CE) no 80/2006 de la Comisión (2) abre una licitación permanente para la reventa en el mercado comunitario de centeno que obra en poder del organismo de intervención alemán.

(2)

Habida cuenta de las necesidades de los mercados y de las cantidades en poder del organismo de intervención alemán, Alemania ha informado a la Comisión de la intención de su organismo de intervención de proceder a un aumento de 50 000 toneladas de la cantidad destinada a la licitación. Atendiendo a la situación del mercado, conviene responder favorablemente a la solicitud alemana.

(3)

Por lo tanto, debe modificarse el Reglamento (CE) no 80/2006.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

22.2.2006   

ES

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L 51/12

(1)

La posibilidad de que se aplique un tipo reducido del impuesto sobre el valor añadido debe concederse a los suministros de calefacción urbana a semejanza de los suministros de gas natural y de electricidad, para los que la posibilidad de aplicar un tipo reducido ya está prevista en la Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre el volumen de negocios — Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido: base imponible uniforme (3).

(2)

Para apreciar mejor las repercusiones de los tipos reducidos, es necesario que la Comisión haga un informe de evaluación sobre los efectos de los tipos reducidos aplicados a servicios suministrados localmente, en particular en términos de creación de empleo, de crecimiento económico y de buen funcionamiento del mercado interior.

(3)

Por lo tanto, conviene prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2010 la aplicación experimental de tipos reducidos a los servicios de gran intensidad de mano de obra y prever la posibilidad de que todos los Estados miembros participen en la misma, en las mismas condiciones.

(4)

Por consiguiente, conviene que los Estados miembros que deseen beneficiarse por primera vez de la facultad prevista en el artículo 28, apartado 6, de la Directiva 77/388/CEE y aquéllos que deseen modificar la lista de servicios a los que aplicaron dicha disposición en el pasado, lo soliciten a la Comisión y le proporcionen los datos útiles con vistas a una evaluación. Dicha evaluación previa de la Comisión no será necesaria para los Estados miembros beneficiarios de una autorización en el pasado y que hayan presentado a este respecto un informe a la Comisión.

(5)

Con el fin de garantizar la continuidad jurídica, la presente Directiva debe ser aplicable a partir del 1 de enero de 2006.

(6)

La ejecución de la presente Directiva no conlleva ninguna modificación de las disposiciones legislativas de los Estados miembros.

1)

El artículo 12 se modifica como sigue:

2)

En el artículo 28, el apartado 6 se modifica como sigue:

22.2.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 51/14

(1)

El artículo 104 del Tratado establece un procedimiento de déficit excesivo (PDE) para evitar que los Estados miembros registren déficit públicos excesivos o para que corrijan dichos déficit rápidamente en caso de que aparezcan.

(2)

De conformidad con el punto 5 del Protocolo sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la obligación en virtud del artículo 104, apartado 1, del Tratado de evitar déficit excesivos de las administraciones públicas no es aplicable al Reino Unido a menos que este país pase a la tercera fase de la unión económica y monetaria; mientras se encuentre en la segunda fase, el Reino Unido, en virtud del artículo 116, apartado 4, del Tratado, «procurará evitar déficit públicos excesivos».

(3)

El Pacto de estabilidad y crecimiento está basado en el objetivo de lograr unas haciendas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo.

(4)

El procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, contemplado en el artículo 104 del Tratado y desarrollado por el Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación de la aplicación del procedimiento de déficit excesivo (que forma parte del Pacto de estabilidad y crecimiento) (1), prevé la adopción de una decisión sobre la existencia de un déficit excesivo. El Protocolo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, anejo al Tratado, establece disposiciones adicionales relativas a la aplicación del procedimiento de déficit excesivo. El Reglamento (CE) no 3605/93 del Consejo establece definiciones y normas detalladas para la aplicación de dicho Protocolo (2).

(5)

El artículo 104, apartado 5, del Tratado dispone que la Comisión debe transmitir un dictamen al Consejo si considera que un Estado miembro presenta o puede presentar un déficit excesivo. Tras tomar en consideración su informe elaborado de conformidad con el artículo 104, apartado 3, del Tratado y vistos el dictamen del Comité económico y financiero emitido de conformidad con el apartado 4 de dicho artículo, las previsiones del otoño de 2005 de los servicios de la Comisión y el proyecto de presupuesto para el Reino Unido presentado en diciembre de 2005, la Comisión ha concluido que existe un déficit excesivo en el Reino Unido. Por consiguiente, la Comisión trasmitió al Consejo un dictamen de estas características relativo al Reino Unido el 11 de enero de 2006.

(6)

El artículo 104, apartado 6, del Tratado establece que el Consejo debe considerar las observaciones que formule el Estado miembro de que se trate y, tras una valoración global, decidir si existe un déficit excesivo. En el caso del Reino Unido, esta valoración global lleva a las siguientes conclusiones.

(7)

Tras la anulación en mayo de 1998 del anterior PDE contra el Reino Unido, el saldo de las administraciones públicas pasó de una cómoda situación de superávit a finales de los años noventa a un déficit del 3,2 % del PIB en 2003/04 (3). Esta evolución equivalía a una variación del saldo presupuestario estructural de aproximadamente cuatro puntos porcentuales del PIB en el período comprendido entre 1999/2000 y 2003/04. Durante estos años, la ratio de gastos de las administraciones públicas aumentó de menos del 40 % a alrededor del 43 % del PIB. En el mismo período, la formación bruta de capital fijo del sector público aumentó del 1,2 % al 1,6 % del PIB; la ratio de deuda pública bruta disminuyó al 37,6 % del PIB en 2002/03 y desde entonces sigue una tendencia creciente. Esta evolución junto con la evolución de los tipos de interés hizo que los pagos de intereses se redujeran del 2,9 % al 2,0 % del PIB en este período.

(8)

Según los datos notificados por el Reino Unido en el marco del PDE en agosto de 2005, en el ejercicio presupuestario 2004/05 el déficit de las administraciones públicas se mantuvo en el 3,2 % del PIB, por encima una vez más, aunque a proximidad, del valor de referencia del 3 % del PIB establecido en el Tratado. El exceso sobre el valor de referencia del 3 % del PIB no era excepcional. En particular, no era el resultado ni de un acontecimiento inhabitual que escapase al control de las autoridades del Reino Unido ni de una grave recesión económica. Se ha estimado que el crecimiento del 3,2 % registrado en 2004 era superior al potencial, al igual que el crecimiento registrado en el ejercicio presupuestario 2004/05. Asimismo, se ha estimado que en 2004 la brecha de producción era positiva, lo que implica que el déficit presupuestario era en gran parte estructural. Por consiguiente, no puede considerarse que el exceso del déficit sobre el valor de referencia del 3 % del PIB se deriva de una grave recesión económica. El exceso sobre el valor de referencia del 3 % del PIB también se considera que no es temporal partiendo de las previsiones del otoño de 2005 de los servicios de la Comisión. En 2004/05, la formación general bruta de capital fijo del sector público siguió aumentando, pasando al 1,8 % del PIB, y en el proyecto de presupuesto para el Reino Unido se prevé que alcance el 2,2 % en 2006/07 y el 2,3 % en 2007/08. Según estas previsiones, con la hipótesis de que el Reino Unido aplicará la política fiscal anunciada, el déficit se ampliaría hasta una cifra ligeramente inferior al 31/2 % del PIB en 2005/06 y se mantendría por encima del 3 % del PIB en 2006/07. Sobre la base de estas previsiones, el exceso sobre el valor de referencia no puede considerarse ni excepcional ni temporal en el sentido del Tratado y del Pacto de estabilidad y crecimiento, si bien el déficit se sitúa a proximidad del valor de referencia. Tras la publicación de las previsiones de otoño de los servicios de la Comisión, el Reino Unido anunció decisiones políticas en el proyecto de presupuesto presentado al Parlamento el 5 de diciembre. En comparación con la política anunciada anteriormente (y recogida en las previsiones de otoño de los servicios de la Comisión), el coste en términos netos de estas medidas, según la estimación realizada por las autoridades del Reino Unido, representa una relajación de la política fiscal en el actual ejercicio presupuestario (equivalente a 0,1 punto porcentual del PIB) y un endurecimiento de la política fiscal en 2006/07 (equivalente a 0,1 punto porcentual del PIB). En comparación con una situación política inalterada, el proyecto de presupuesto prevé un endurecimiento cifrado en un 0,2 punto porcentual del PIB en 2007/08, que se espera sea permanente. En el proyecto de presupuesto, las autoridades del Reino Unido esperan que el déficit sea inferior al 3 % en 2006/07 y se reduzca al 2,4 % en 2007/08. Tomando en consideración estas medidas, que son de carácter estructural, se mantiene la estimación de la Comisión según la cual el déficit rebasaría en 2006/07 el 3 % del PIB (se situaría en aproximadamente el 3,1 % del PIB), por lo que no es de carácter temporal. Esto indica que no se cumple el criterio de déficit del Tratado.

(9)

En cambio, la ratio de deuda pública se mantiene muy por debajo del valor de referencia del 60 % (40,8 % del PIB en el ejercicio presupuestario 2004/05 según los datos notificados en agosto en el marco del PDE), aunque, como consecuencia de la magnitud de los déficit primarios actual y previstos, su tendencia es creciente. Según las previsiones de otoño de la Comisión, la ratio de deuda se situaría en torno al 441/2 % del PIB en 2007/08, lo que significa que el requisito del Tratado relativo a la deuda pública se respeta con un elevado margen.

(10)

De conformidad con el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1467/97, «los factores pertinentes» sólo pueden tenerse en cuenta en la decisión del Consejo relativa a la existencia de un déficit excesivo adoptada de conformidad con el artículo 104, apartado 6, si se cumple plenamente la doble condición (mantenimiento del déficit a proximidad del valor de referencia y carácter temporal del exceso sobre dicho valor). Esta doble condición no se cumple en el caso del Reino Unido. Por consiguiente, en la presente Decisión no se tienen en cuenta los demás factores pertinentes.

22.2.2006   

ES

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L 51/17

(1)

En virtud del artículo 27, apartado 1, de la Directiva 77/388/CEE, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, puede autorizar a cualquier Estado miembro para que establezca medidas especiales de inaplicación de dicha Directiva para simplificar la percepción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) o evitar determinados fraudes o evasiones fiscales.

(2)

Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 25 de octubre de 2005, el Reino de los Países Bajos (en lo sucesivo, «los Países Bajos») solicitó una ampliación de la Decisión 98/161/CE del Consejo, de 16 de febrero de 1998, por la que se autoriza al Reino de los Países Bajos a establecer una medida de inaplicación de los artículos 2 y 28 bis, apartado 1, de la Sexta Directiva 77/388/CEE en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (2).

(3)

Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 3 de agosto de 2005, el Reino de España (en lo sucesivo, «España») solicitó una ampliación de la Decisión 2004/228/CE del Consejo, de 26 de febrero de 2004, por la que se autoriza al Reino de España a adoptar una medida de inaplicación del artículo 21 de la Sexta Directiva 77/388/CEE en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (3).

(4)

Mediante carta registrada en la Secretaría General de la Comisión el 26 de septiembre de 2005, la República Italiana (en lo sucesivo, «Italia») solicitó una ampliación de la Decisión 2004/295/CE del Consejo, de 22 de marzo de 2004, por la que se autoriza a Italia a aplicar una medida de inaplicación del artículo 21 de la Sexta Directiva 77/388/CEE en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios (4).

(5)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, apartado 2, de la Directiva 77/388/CEE, la Comisión informó a los demás Estados miembros de las solicitudes mencionadas. En cartas con fecha de 27 de octubre de 2005, 7 de septiembre de 2005 y 25 de octubre de 2005, la Comisión notificó a los Países Bajos, España e Italia, respectivamente, que disponía de toda la información que consideraba necesaria para la valoración de sus solicitudes individuales.

(6)

La Decisión 98/161/CE autorizó a los Países Bajos a aplicar, hasta el 31 de diciembre de 1999, determinadas medidas para prevenir la evasión en relación con las entregas y adquisiciones intracomunitarias de materiales usados y de desecho. La Decisión 2000/435/CE del Consejo (5) prorrogó la fecha de expiración de la Decisión 98/161/CE hasta el 31 de diciembre de 2003. Le siguió la Decisión 2004/514/CE del Consejo (6), que prorrogó nuevamente la autorización otorgada con arreglo a la Decisión 98/161/CE hasta la fecha de entrada en vigor de un régimen especial del IVA aplicable al sector del reciclado de residuos y como fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2005.

(7)

La Decisión 2004/228/CE autorizó a España a aplicar una medida para evitar la evasión del IVA en el sector del reciclado de residuos. Dicha Decisión expira en el momento de la entrada en vigor de un régimen especial del IVA aplicable al sector del reciclado de residuos o el 31 de diciembre de 2005 a más tardar.

(8)

La Decisión 2004/295/CE autoriza a Italia a aplicar una medida para evitar la evasión del IVA en el sector del reciclado de residuos. Dicha Decisión expira en el momento de la entrada en vigor de un régimen especial del IVA aplicable al sector del reciclado de residuos o el 31 de diciembre de 2005 a más tardar.

(9)

Las medidas guardan proporción con los objetivos perseguidos ya que cubren suministros específicos con respecto a los que se plantean riesgos serios de evasión fiscal.

(10)

Los elementos de hecho y de derecho que justificaron la aplicación de las medidas especiales en cuestión no han variado y siguen siendo válidos. No obstante, el 16 de marzo de 2005 la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo relativo a determinadas medidas de simplificación del procedimiento de aplicación del impuesto sobre el valor añadido y de contribución a la lucha contra la evasión y el fraude fiscales y por la que se derogan determinadas Decisiones destinadas a la concesión de excepciones. De ser adoptada, la Directiva propuesta autorizaría a los Estados miembros a designar como persona deudora del impuesto al destinatario de determinados bienes y servicios del sector de los residuos.

(11)

Por consiguiente, es preciso prorrogar la aplicación de las Decisiones 98/161/CE, 2004/228/CE y 2004/295/CE hasta la fecha de entrada en vigor de un régimen especial del IVA aplicable al sector del reciclado de los residuos por el que se modifique la Directiva 77/388/CEE o, a más tardar, hasta el 31 de diciembre de 2009.

(12)

La ampliación de la excepción no afecta negativamente a los recursos propios de las Comunidades procedentes del IVA ni tampoco afecta al importe del impuesto gravado en la fase final del consumo.

(13)

A fin de garantizar la continuidad jurídica, la presente Decisión será de aplicación a partir del 1 de enero de 2006.

22.2.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 51/19

(1)

En virtud de la Decisión 96/411/CE, la Comisión define cada año un plan de acción técnica para las estadísticas agrícolas.

(2)

En virtud de la Decisión 96/411/CE, la Comunidad contribuye a sufragar los gastos que realicen los Estados miembros para adaptar los sistemas estadísticos agrícolas nacionales, o para llevar a cabo los trabajos preparatorios relacionados con necesidades nuevas o en aumento que formen parte de un plan de acción técnica.

(3)

Es fundamental mejorar y desarrollar la información estadística sobre el desarrollo rural para la aplicación de las correspondientes políticas comunitarias. Se trata de un campo principal del plan de acción anual.

(4)

Es necesario consolidar el sistema de estadísticas agrícolas y proseguir la labor respaldada por los planes de acción anteriores en los campos de los registros agrícolas y de las explotaciones pequeñas.

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de estadística agrícola.

22.2.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 51/21

(1)

La Directiva 2001/109/CE, que establece la lista de las especies objeto de encuesta en los Estados miembros, se aplica mediante la Decisión 2002/38/CE de la Comisión, de 27 de diciembre de 2001, por la que se establecen los parámetros de las encuestas y el código y las normas tipo relativas a la transcripción, en forma legible por máquina, de los datos de las encuestas sobre las plantaciones de determinadas especies de árboles frutales (2). En dicha Decisión se establecen los límites de las zonas de producción que van a fijarse y sus respectivos códigos, así como las especies frutales y las variedades.

(2)

Como resultado de la adhesión de los nuevos Estados miembros, es necesario adaptar los anexos respectivos a la Directiva 2001/109/CE y a la Decisión 2002/38/CE.

(3)

Por tanto, deben modificarse en consecuencia la Directiva 2001/109/CE y la Decisión 2002/38/CE.

(4)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de estadística agrícola, creado mediante la Decisión 72/279/CEE del Consejo (3).

22.2.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 51/27

(1)

El Reglamento (CE) no 1774/2002 establece las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. Habida cuenta del carácter estricto de estas normas, se han establecido medidas transitorias.

(2)

La Decisión 2003/329/CE de la Comisión, de 12 de mayo de 2003, sobre medidas transitorias, con arreglo al Reglamento (CE) no 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativas al proceso de tratamiento térmico del estiércol (2), permite a la industria disponer de tiempo para adaptarse e idear procesos alternativos de tratamiento térmico del estiércol hasta el 31 de diciembre de 2005.

(3)

El 7 de septiembre de 2005, la EFSA adoptó un dictamen sobre la seguridad biológica del tratamiento térmico del estiércol. Basándose en dicho dictamen, la Comisión propone introducir modificaciones en el capítulo pertinente del anexo VIII del Reglamento (CE) no 1774/2002. En espera de la aplicación de estas nuevas medidas, los Estados miembros y agentes económicos han pedido a la Comisión que se amplíe la validez de las medidas transitorias previstas en la Decisión 2003/329/CE, con el fin de evitar distorsiones de los intercambios comerciales.

(4)

Procede, por tanto, prorrogar por última vez las medidas transitorias establecidas en la Decisión 2003/329/CE durante otro periodo de tiempo que permita a los Estados miembros autorizar a los agentes económicos a seguir aplicando las normas nacionales sobre el tratamiento térmico del estiércol hasta que sean aplicables los requisitos modificados del anexo VIII del Reglamento (CE) no 1774/2002.

(5)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.