27.12.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 344/1

(1)

La práctica de vincular la concesión de la ayuda, directa o indirectamente, a la adquisición de bienes y servicios por medio de dicha ayuda en el país donante reduce su eficacia y no es coherente con una política en favor del desarrollo de los países pobres. La desvinculación de la ayuda no constituye un objetivo en sí misma, sino que debe utilizarse como un instrumento destinado a potenciar otros elementos de la lucha contra la pobreza, tales como la asunción del programa por parte del país, la integración regional y el desarrollo de la capacidad, centrándose en la capacitación de los proveedores locales y regionales de bienes y servicios en los países en desarrollo.

(2)

En marzo de 2001, el Comité de ayuda al desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) adoptó una «Recomendación relativa a la desvinculación de la asistencia oficial al desarrollo de los países menos adelantados» (3). Los Estados miembros han aprobado esta Recomendación y la Comisión ha reconocido el espíritu de esta Recomendación como una de las directrices de la ayuda comunitaria.

(3)

El 14 de marzo de 2002, el Consejo de Asuntos Generales celebrado al mismo tiempo que el Consejo Europeo de Barcelona como preparación a la Conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo, celebrada en Monterrey los días 18 a 22 de marzo de 2002, llegó a la conclusión de que la Unión Europea iba a poner en aplicación la Recomendación del CAD relativa a la desvinculación de la ayuda al desarrollo de los países menos adelantados, proseguir las conversaciones con objeto de desvincular aún más la ayuda bilateral y examinar los pasos necesarios para una mayor desvinculación de la ayuda comunitaria manteniendo, al mismo tiempo, el sistema ya existente de preferencias de precios en el marco de las relaciones entre la UE y los países ACP.

(4)

El 18 de noviembre de 2002, la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo una Comunicación titulada «Desvincular la ayuda en aras de la eficacia», que presenta el punto de vista de la Comisión sobre la cuestión y las posibles opciones para la ejecución del compromiso de Barcelona antes citado en el marco del régimen de ayuda de la UE.

(5)

En sus conclusiones sobre la desvinculación de la ayuda de fecha 20 de mayo de 2003, el Consejo subrayó la necesidad de desvincular aún más la ayuda comunitaria. Aprobó las disposiciones relativas a la Comunicación antes citada y las opciones propuestas.

(6)

El 4 de septiembre de 2003, en su Resolución sobre la citada Comunicación de la Comisión (4), el Parlamento Europeo destacó la necesidad de desvincular aún más la ayuda comunitaria. Aprobó las disposiciones relativas a dicha Comunicación y las opciones propuestas. Puso de manifiesto la necesidad de ampliar el debate relativo a una mayor desvinculación sobre la base de estudios complementarios y de propuestas debidamente documentadas y pidió explícitamente que se diera clara preferencia a la cooperación local y regional, otorgando prioridad, en orden decreciente, a los proveedores del país beneficiario, de los países en desarrollo vecinos y de otros países en desarrollo, a fin de reforzar los esfuerzos de los países beneficiarios por mejorar su producción a nivel nacional, regional, local y familiar, así como las acciones encaminadas a mejorar la disponibilidad de productos alimenticios y servicios básicos y el acceso del público a los mismos, y en consonancia con las costumbres, la producción y los sistemas comerciales locales.

(7)

Es preciso tener en cuenta varios elementos a la hora de determinar las condiciones de acceso a la ayuda exterior comunitaria. Las normas de admisibilidad que figuran en el artículo 3 determinan las condiciones de acceso de las personas. Las normas recogidas en los artículos 4 y 5 determinan respectivamente la contratación de expertos y el origen de los suministros y materiales adquiridos por las personas admisibles. El artículo 6 establece la definición y las disposiciones de aplicación del principio de reciprocidad. Las excepciones y su aplicación se especifican en el artículo 7. El artículo 8 establece las disposiciones específicas relativas a las operaciones financiadas a través de una organización internacional o una organización regional, o cofinanciadas con un tercer país. El artículo 9 fija las disposiciones específicas relativas a la ayuda humanitaria.

(8)

Los actos básicos que regulan la ayuda exterior determinan, junto con las disposiciones del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5) (denominado en lo sucesivo «el Reglamento financiero»), el acceso a la ayuda exterior comunitaria. Las modificaciones del acceso a la ayuda comunitaria realizadas en el presente Reglamento imponen una serie de modificaciones de todos esos instrumentos. Todas las modificaciones de los actos básicos en cuestión se enumeran en el anexo I del presente Reglamento.

(9)

A la hora de adjudicar contratos a licitadores en el marco de un instrumento comunitario, se tendrá especialmente en cuenta el respeto de las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) internacionalmente reconocidas, es decir, los convenios sobre libertad de asociación y negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y abolición del trabajo infantil.

(10)

A la hora de adjudicar contratos a licitadores en el marco de un instrumento comunitario, se tendrá especialmente en cuenta el respeto de los siguientes convenios medioambientales reconocidos internacionalmente: el Convenio sobre la Diversidad Biológica, de 1992, el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, de 2000, y el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 1997.

27.12.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 344/15

(1)

La Comunidad debe orientar su actuación en el ámbito del transporte aéreo a garantizar, como prioridad, un alto nivel de protección de los pasajeros frente a los riesgos de seguridad. Asimismo se han de tener plenamente en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores en general.

(2)

Se debe poner en conocimiento de los pasajeros una lista comunitaria de las compañías aéreas que no cumplen los requisitos pertinentes en materia de seguridad, con el fin de garantizar la máxima transparencia. Esta lista comunitaria debe basarse en criterios comunes elaborados a nivel comunitario.

(3)

Las compañías aéreas incluidas en la lista comunitaria deben estar sujetas a una prohibición de explotación. Las prohibiciones de explotación incluidas en la lista comunitaria deben aplicarse en el conjunto del territorio de todos los Estados miembros en que se aplica el Tratado.

(4)

Las compañías aéreas que no gozan de derechos de tráfico en uno o más Estados miembros pueden, no obstante, volar hacia y desde la Comunidad cuando sus aeronaves, con o sin tripulación, sean arrendadas por empresas que sí gozan de tales derechos. Es preciso disponer que una prohibición de explotación incluida en la lista comunitaria se aplique igualmente a tales compañías aéreas, puesto que, de lo contrario, estas compañías podrían operar en la Comunidad aunque no cumplan las normas de seguridad pertinentes.

(5)

Una compañía aérea sujeta a una prohibición de explotación podría ser autorizada a ejercer sus derechos de tráfico utilizando aeronaves arrendadas con tripulación de una compañía aérea que no esté sujeta a una prohibición de explotación, a condición de que cumpla las normas de seguridad pertinentes.

(6)

El procedimiento de actualización de la lista comunitaria debe permitir adoptar rápidamente decisiones a fin de proporcionar a los pasajeros la información adecuada y actualizada en materia de seguridad y garantizar que las compañías aéreas que han solucionado sus deficiencias de seguridad sean retiradas de la lista cuanto antes. Al mismo tiempo, los procedimientos deben respetar el derecho de la compañía aérea a defenderse, y ello sin perjuicio de los acuerdos y convenios internacionales de los que sean parte los Estados miembros o la Comunidad, en especial el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional de 1944. Las medidas de ejecución en cuestiones de procedimiento, que han ser adoptadas por la Comisión, deben, en particular, satisfacer estos requisitos.

(7)

Cuando a una compañía aérea se le haya impuesto una prohibición de explotación, deben adoptarse medidas adecuadas con objeto de ayudar a la compañía aérea a solucionar las deficiencias que dieron lugar a dicha prohibición.

(8)

En casos excepcionales, se debe permitir que los Estados miembros adopten medidas unilaterales. En caso de urgencia y cuando se enfrenten a un problema de seguridad imprevisto, los Estados miembros deben poder imponer inmediatamente una prohibición de explotación para su propio territorio. Por otra parte, cuando la Comisión haya decidido no incluir a una compañía aérea en la lista comunitaria, los Estados miembros también deben poder imponer o mantener una prohibición de explotación en razón de un problema de seguridad que no exista en los otros Estados miembros. Los Estados miembros deben hacer un uso restrictivo de estas posibilidades, teniendo en cuenta el interés comunitario y con objeto de presentar un enfoque común en materia de seguridad aérea, sin perjuicio del artículo 8 del Reglamento (CEE) no 3922/91 del Consejo, de 16 de diciembre de 1991, relativo a la armonización de normas técnicas y procedimientos administrativos aplicables a la aviación civil (3) y del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia Europea de Seguridad Aérea (4).

(9)

Conviene asegurar una publicidad eficaz de la información relativa a la seguridad de las compañías aéreas, por ejemplo a través de Internet.

(10)

Con el fin de que el marco de competencia del transporte aéreo beneficie todo lo posible tanto a las compañías como a los pasajeros, es importante que los consumidores reciban la información necesaria para poder tomar sus decisiones con conocimiento de causa.

(11)

La identidad de la compañía aérea o compañías aéreas que operan el vuelo es una información fundamental. Sin embargo, el consumidor que suscribe un contrato de transporte, que puede incluir un vuelo de ida y vuelta, no siempre conoce la compañía aérea o compañías aéreas que operan su vuelo o vuelos.

(12)

La Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (5) exige que se facilite determinada información a los consumidores, pero dicha información no incluye la identidad de la compañía aérea que opera el vuelo.

(13)

El Reglamento (CEE) no 2299/89 del Consejo, de 24 de julio de 1989, relativo a un código de conducta para los sistemas informatizados de reserva (SIR) (6), otorga a los consumidores que reserven un vuelo a través de uno de tales sistemas el derecho a ser informados de la identidad de la compañía que opere el vuelo. Sin embargo, existen prácticas sectoriales, incluso en el transporte aéreo regular, como son el arrendamiento con tripulación o el código compartido cuando la reserva se realiza sin intervención de un SIR, en virtud de las cuales la compañía que ha vendido el vuelo a su nombre no lo opera en realidad, sin que en tales circunstancias asista al pasajero derecho legal alguno a ser informado de la identidad de la compañía aérea que prestará efectivamente el servicio en cuestión.

(14)

Estas prácticas incrementan la flexibilidad y permiten ofrecer mejor servicio a los pasajeros. Además, algunos cambios de última hora motivados, en particular, por razones técnicas son inevitables y contribuyen a la seguridad del transporte aéreo. Esta flexibilidad debe compensarse, sin embargo, con la comprobación de que las compañías que operan realmente el transporte aéreo cumplen los requisitos de seguridad, y con transparencia para el consumidor a fin de garantizar su derecho a tomar una decisión informada al respecto. También es necesario encontrar un justo equilibrio entre la viabilidad comercial de las compañías aéreas y el acceso de los pasajeros a la información.

(15)

Las compañías aéreas deben aplicar una política de transparencia respecto de los pasajeros por lo que se refiere a la información relativa a la seguridad. La publicación de esa información debe contribuir a que los pasajeros sean conscientes del nivel de fiabilidad de las compañías aéreas en lo que se refiere a la seguridad.

(16)

Las compañías aéreas son responsables de informar a las autoridades nacionales de seguridad aérea sobre toda deficiencia en materia de seguridad, así como de solucionar tales deficiencias sin demora. La tripulación y el personal de tierra deben tomar las medidas adecuadas cuando constaten deficiencias en materia de seguridad. Sería contrario a los intereses de la seguridad aérea que se sancionara al personal por actuar de dicho modo, como se deduce del artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2003/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2003, relativa a la notificación de sucesos en la aviación civil (7).

(17)

Además de en las situaciones contempladas en el Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos (8), se debe ofrecer a los pasajeros el derecho al reembolso o a un transporte alternativo en determinadas situaciones específicas incluidas en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, si existe una relación suficientemente estrecha con la Comunidad.

(18)

Además de las normas establecidas en el presente Reglamento, las consecuencias de las modificaciones respecto de la identidad de la compañía operadora que ejecuta el contrato de transporte deben estar regidas por la legislación de los Estados miembros aplicable a los contratos, y por la legislación comunitaria correspondiente, en particular la establecida en la Directiva 90/314/CEE y en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (9).

(19)

El presente Reglamento forma parte de un proceso legislativo con objeto de establecer un enfoque eficaz y coherente con vistas al refuerzo de la seguridad aérea en la Comunidad, ámbito en el que la Agencia Europea de Seguridad Aérea desempeña un importante papel. Mediante un refuerzo de las competencias de esta Agencia, por ejemplo por lo que se refiere a aeronaves de terceros países, se podría reforzar aún más su papel en el marco del presente Reglamento. Debe concederse una atención particular a la mejora cualitativa y cuantitativa de las inspecciones relativas a la seguridad de las aeronaves y a la armonización de estas inspecciones.

(20)

En los casos en que haya un riesgo para la seguridad no resuelto por el Estado miembro o los Estados miembros afectados, la Comisión debe poder adoptar medidas inmediatas de forma provisional. En tal caso, el Comité que asiste a la Comisión en su tarea, de conformidad con el presente Reglamento, debe actuar con arreglo al procedimiento consultivo previsto en el artículo 3 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (10).

(21)

En todos los demás casos, el Comité que asiste a la Comisión en su tarea, de conformidad con el presente Reglamento, debe actuar con arreglo al procedimiento de reglamentación previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE.

(22)

Puesto que la relación entre el presente Reglamento y el artículo 9 de la Directiva 2004/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la seguridad de las aeronaves de terceros países que utilizan los aeropuertos de la Comunidad (11) sería de otro modo confusa, ese artículo debe derogarse con objeto de proporcionar seguridad jurídica.

(23)

Los Estados miembros deben establecer las normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones a las disposiciones del capítulo III del presente Reglamento y garantizar la aplicación de dichas sanciones. Las sanciones, que pueden ser de naturaleza civil o administrativa, deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(24)

La Comisión debe analizar la aplicación del presente Reglamento y, tras un período suficiente, informar sobre la eficiencia de sus disposiciones.

(25)

Cualquier autoridad competente de aviación civil en la Comunidad puede decidir que las compañías aéreas, incluidas las que no operan en el territorio de los Estados miembros en que se aplica el Tratado, pueden presentar una petición ante esa autoridad para someter a la compañía aérea en cuestión a controles sistemáticos para verificar la probabilidad de que cumpla las normas de seguridad pertinentes.

(26)

El presente Reglamento no debe impedir que los Estados miembros introduzcan a nivel nacional un sistema de etiquetado de calidad para las compañías aéreas, entre cuyos criterios podrían incluirse consideraciones distintas de los requisitos mínimos en materia de seguridad, de conformidad con el Derecho comunitario.

(27)

El 2 de diciembre de 1987, el Reino de España y el Reino Unido acordaron en Londres, en una declaración conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, un régimen para una mayor cooperación en la utilización del aeropuerto de Gibraltar. Dicho régimen todavía no ha comenzado a aplicarse.

a)

la adopción y la publicación de una lista comunitaria, sobre la base de criterios comunes, de las compañías aéreas que, por razones de seguridad, están sujetas a una prohibición de explotación en la Comunidad,

y

b)

la información que deben recibir los pasajeros aéreos sobre la identidad de la compañía aérea operadora de los vuelos en que viajen.

a)

«compañía aérea»: toda empresa de transporte aéreo que posee una licencia de explotación válida o su equivalente;

b)

«contrato de transporte»: un contrato de servicios de transporte aéreo, o que incluye dichos servicios, también cuando el transporte se compone de dos o más vuelos operados por la misma o por diversas compañías aéreas;

c)

«contratista de servicios de transporte aéreo»: la compañía aérea que suscribe un contrato de transporte con el pasajero o, en caso de que el contrato incluya un viaje combinado, el operador turístico. Se considerará también contratista de servicios de transporte aéreo a cualquier vendedor de billetes;

d)

«vendedor de billetes»: todo vendedor de billetes de transporte aéreo que media en un contrato de transporte con un pasajero, ya sea en el marco de un vuelo o de un viaje combinado, con excepción de una compañía aérea o de un operador turístico;

e)

«compañía aérea operadora»: la compañía aérea que realiza o pretende realizar un vuelo en virtud de un contrato de transporte con un pasajero, o en nombre de otra persona, física o jurídica, vinculada a dicho pasajero por un contrato de transporte;

f)

«autorización de explotación o permiso técnico»: todo acto legislativo o administrativo de un Estado miembro que disponga que una compañía aérea puede prestar servicios aéreos hacia y desde sus aeropuertos, operar dentro de su espacio aéreo o ejercer derechos de tráfico;

g)

«prohibición de explotación»: la denegación, suspensión, revocación o restricción de la autorización de explotación o del permiso técnico de una compañía aérea por razones de seguridad, o cualquier medida de seguridad equivalente aplicada a una compañía aérea que no tenga ningún derecho de tráfico en la Comunidad pero cuyos aviones, sin embargo, podrían operar en la Comunidad en el marco de un contrato de arrendamiento;

h)

«viaje combinado»: los servicios definidos en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 90/314/CEE;

i)

«reserva»: el hecho de que el pasajero disponga de un billete o de otra prueba que demuestre que la reserva ha sido aceptada y registrada por el contratista de servicios de transporte aéreo;

j)

«normas de seguridad pertinentes»: las normas de seguridad internacionales contempladas en el Convenio de Chicago y sus anexos, así como, si procede, las normas contempladas en el Derecho comunitario pertinente.

a)

para imponer una prohibición de explotación a una compañía aérea e incluirla en la lista comunitaria, sobre la base de los criterios comunes;

b)

para retirar a una compañía aérea de la lista comunitaria, si se remedia la deficiencia o deficiencias en materia de seguridad que dieron lugar a la inclusión de la compañía aérea en la lista comunitaria y si no existe ninguna otra razón, sobre la base de los criterios comunes, para mantener a la compañía aérea en la lista comunitaria;

c)

para modificar las condiciones de una prohibición de explotación impuesta a una compañía aérea que esté incluida en la lista comunitaria.

a)

cuando el vuelo salga de un aeropuerto ubicado en el territorio de un Estado miembro en que se aplica el Tratado,

o

b)

cuando el vuelo salga de un aeropuerto ubicado en un tercer país y llegue a un aeropuerto ubicado en el territorio de un Estado miembro en que se aplica el Tratado,

o

c)

cuando el vuelo salga de un aeropuerto ubicado en un tercer país y llegue a un aeropuerto del mismo tipo.

a)

la compañía aérea operadora notificada al pasajero figure en la lista comunitaria y sea objeto de una prohibición de explotación que haya conducido a la cancelación del vuelo en cuestión, o que habría conducido a tal cancelación si el vuelo en cuestión hubiese tenido lugar dentro de la Comunidad,

o

b)

la compañía aérea operadora notificada al pasajero haya sido sustituida por otra compañía aérea operadora que figure en la lista comunitaria y sea objeto de una prohibición de explotación que haya conducido a la cancelación del vuelo en cuestión, o que habría conducido a tal cancelación si el vuelo en cuestión hubiese tenido lugar dentro de la Comunidad,

27.12.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 344/23

(1)

La práctica de vincular la concesión de la ayuda, directa o indirectamente, a la adquisición de bienes y servicios por medio de dicha ayuda en el país donante reduce su eficacia y no es coherente con una política en favor del desarrollo de los países pobres. La desvinculación de la ayuda no constituye un objetivo en sí misma, sino que debe utilizarse como un instrumento destinado a potenciar otros elementos de la lucha contra la pobreza tales como la asunción del programa por parte del país, la integración regional y el desarrollo de la capacidad, centrándose en la capacitación de los proveedores locales y regionales de bienes y servicios en los países en desarrollo.

(2)

En marzo de 2001, el Comité de ayuda al desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) adoptó una Recomendación relativa a la desvinculación de la asistencia oficial al desarrollo de los países menos adelantados (2). Los Estados miembros han aprobado esta Recomendación y la Comisión ha reconocido el espíritu de esta Recomendación como una de las directrices de la ayuda comunitaria.

(3)

El 14 de marzo de 2002, el Consejo de Asuntos Generales celebrado al mismo tiempo que el Consejo Europeo de Barcelona como preparación a la Conferencia internacional sobre la financiación para el desarrollo, celebrada en Monterrey los días 18 a 22 de marzo de 2002, llegó a la conclusión de que la Unión Europea «iba a poner en aplicación la Recomendación del CAD relativa a la desvinculación de la ayuda al desarrollo de los países menos adelantados, proseguir las conversaciones con objeto de desvincular aún más la ayuda bilateral y examinar los pasos necesarios para una mayor desvinculación de la ayuda comunitaria manteniendo, al mismo tiempo, el sistema ya existente de preferencias de precios en el marco de las relaciones entre la UE y los países ACP».

(4)

El 18 de noviembre de 2002, la Comisión presentó al Consejo y al Parlamento Europeo una Comunicación titulada Desvincular la ayuda en aras de la eficacia, que presenta el punto de vista de la Comisión sobre la cuestión y las posibles opciones para la ejecución del compromiso de Barcelona antes citado en el marco del régimen de ayuda de la UE.

(5)

En sus conclusiones sobre la desvinculación de la ayuda de fecha 20 de mayo de 2003, el Consejo subrayó la necesidad de desvincular aún más la ayuda comunitaria. Aprobó las disposiciones relativas a la Comunicación antes citada y las opciones propuestas.

(6)

El 4 de septiembre de 2003, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución sobre la citada Comunicación (3), en la que destacó la necesidad de desvincular aún más la ayuda comunitaria. Aprobó las disposiciones relativas a dicha Comunicación y las opciones propuestas. Puso de manifiesto la necesidad de ampliar el debate relativo a una mayor desvinculación sobre la base de estudios complementarios y de propuestas debidamente documentadas y pidió explícitamente que se diera clara preferencia a la cooperación local y regional, otorgando prioridad, en orden decreciente, a los proveedores del país beneficiario, de los países en desarrollo vecinos y de otros países en desarrollo, a fin de reforzar los esfuerzos de los países beneficiarios por mejorar su producción a nivel nacional, regional, local y familiar, así como las acciones encaminadas a mejorar la disponibilidad de productos alimenticios y servicios básicos y el acceso del público a los mismos, y en consonancia con las costumbres, la producción y los sistemas comerciales locales.

(7)

Es preciso tener en cuenta varios elementos a la hora de determinar las condiciones de acceso a la ayuda exterior comunitaria. Las normas de admisibilidad que figuran en el artículo 3 determinan las condiciones de acceso de las personas. Las normas de origen recogidas en los artículos 4 y 5 determinan la contratación de expertos y el origen de los suministros y materiales adquiridos por las personas admisibles. El artículo 6 establece la definición y las disposiciones de aplicación del principio de reciprocidad. Las excepciones y su aplicación se especifican en el artículo 7. El artículo 8 establece las disposiciones específicas relativas a las operaciones financiadas a través de una organización internacional o una organización regional, o cofinanciadas con un tercer país. El artículo 9 fija las disposiciones específicas relativas a la ayuda humanitaria.

(8)

Los actos básicos que regulan la ayuda exterior determinan, al mismo tiempo que las disposiciones del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4) (denominado en lo sucesivo «el Reglamento financiero»), el acceso a la ayuda exterior comunitaria. Las modificaciones del acceso a la ayuda comunitaria solicitadas imponen una serie de modificaciones de todos esos instrumentos. Todas las modificaciones de todos los actos básicos en cuestión se enumeran en el anexo I del presente Reglamento.

(9)

A la hora de adjudicar contratos a licitadores en el marco de un instrumento comunitario, se tendrá especialmente en cuenta el respeto de las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) internacionalmente reconocidas, es decir, los convenios sobre libertad de asociación y negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y abolición del trabajo infantil.

(10)

A la hora de adjudicar contratos a licitadores en el marco de un instrumento comunitario, se tendrá especialmente en cuenta el respeto de los siguientes convenios medioambientales reconocidos internacionalmente: el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad de 2000 y el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, de 1997.

27.12.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 344/34

(1)

La Decisión no 2256/2003/CE (3) estableció el programa plurianual Modinis para el seguimiento del plan de acción eEurope 2005, la difusión de las buenas prácticas y la mejora de la seguridad de las redes y la información para el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2005.

(2)

La Decisión no 2256/2003/CE fue modificada por la Decisión no 787/2004/CE con el fin de adaptar los importes de referencia para tener en cuenta la ampliación de la Unión Europea.

(3)

En su Resolución de 9 de diciembre de 2004 sobre las perspectivas futuras de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) (4), el Consejo invitó a la Comisión a iniciar los trabajos preparatorios de la actuación consecutiva al plan de acción eEurope 2005, como parte importante del nuevo programa para la sociedad de la información después de 2005.

(4)

La Comunicación de la Comisión de 19 de noviembre de 2004, titulada «Retos para la sociedad de la información europea con posterioridad a 2005», analiza los retos que tiene que abordar una estrategia de la sociedad de la información europea de aquí a 2010. En ella se aboga por la generalización del uso de las TIC y porque se preste una atención permanente a las cuestiones relacionadas con las TIC, lo que implica la necesidad de realizar un seguimiento y un intercambio de buenas prácticas. Esta comunicación fue el punto de partida de un proceso de reflexión que desembocó en una nueva iniciativa sobre la sociedad de la información en 2005, que se aplicará a partir de 2006.

(5)

En la Comunicación de la Comisión de 2 de febrero de 2005 al Consejo Europeo de Primavera, titulada «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo-Relanzamiento de la estrategia de Lisboa», se anunció la nueva iniciativa, titulada «i2010: la sociedad de la información europea», cuyo propósito es estimular la asimilación de las TIC.

(6)

La Comunicación de la Comisión de 1 de junio de 2005, titulada «i2010: una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo», esboza las prioridades políticas clave de una estrategia quinquenal de fomento de una economía digital abierta y competitiva. El fomento del intercambio de buenas prácticas y el seguimiento de la asimilación de los servicios que las TIC hacen posibles seguirá favoreciendo el diálogo con las partes interesadas y los Estados miembros, en particular en el contexto del método abierto de coordinación.

(7)

En la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y de la Comisión por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013), se propone un programa marco de acción comunitaria en el ámbito de la competitividad y la innovación para el período 2007-2013 que reúna las medidas comunitarias específicas en el ámbito de la iniciativa empresarial, las PYME, la competitividad industrial, la innovación, las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías medioambientales y la energía inteligente, incluidas las medidas previstas en la Decisión no 2256/2003/CE.

(8)

El Reglamento (CE) no 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información (5), establece un marco común para la producción sistemática de estadísticas comunitarias sobre la sociedad de la información. Estas estadísticas incluyen la información necesaria para el procedimiento de evaluación comparativa eEurope, son de utilidad para los indicadores estructurales que permiten seguir el comportamiento de los Estados miembros y son necesarias a fin de proporcionar una base uniforme para analizar la sociedad de la información.

(9)

En los 12 meses que transcurran entre la finalización del plan de acción eEurope 2005 y el inicio previsto del programa marco en 2007, es preciso mantener el seguimiento de la asimilación de las TIC en los distintos sectores de la economía, así como el apoyo al mismo, mediante la continuidad de la evaluación comparativa y del análisis estadístico basado en indicadores estructurales y el intercambio de buenas prácticas. Las acciones emprendidas al amparo del programa sobre evaluación comparativa, buenas prácticas y coordinación de políticas en 2006 favorecerán el logro de los objetivos de las comunicaciones de la Comisión de 2 de febrero de 2005 y de 1 de junio de 2005 anteriormente citadas.

(10)

Los mecanismos de seguimiento e intercambio de experiencias, las actividades de evaluación comparativa, la difusión de buenas prácticas y el análisis de las consecuencias económicas y sociales de la sociedad de la información deben continuar en 2006 a fin de alcanzar los objetivos de la Comunicación de la Comisión de 2 de febrero de 2005, que se propone estimular la asimilación de las TIC dando continuidad a la estrategia de Lisboa, y los de la Comunicación de la Comisión de 1 de junio de 2005.

(11)

Procede, por lo tanto, modificar la Decisión no 2256/2003/CE.

1)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 1 bis

1.   El programa para 2006 mantendrá el seguimiento de la asimilación y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los diversos sectores de la economía y la difusión de las buenas prácticas, proponiéndose como objetivos:

2.   Las actividades del programa serán medidas de carácter intersectorial y complementarias de otras medidas comunitarias en otros sectores. Ninguna de estas medidas duplicará los trabajos en curso en estos sectores dentro de otros programas comunitarios. Las acciones emprendidas al amparo del programa sobre evaluación comparativa, buenas prácticas y coordinación de políticas se esforzarán por conseguir los objetivos de la Comunicación de la Comisión de 2 de febrero de 2005 al Consejo Europeo de Primavera, titulada “Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo-Relanzamiento de la estrategia de Lisboa”, que se propone estimular la asimilación de las TIC dando continuidad a la estrategia de Lisboa y, en particular, fomentar la banda ancha y las aplicaciones electrónicas en los campos de la administración pública, los negocios, la salud y el aprendizaje, y los de la Comunicación de la Comisión de 1 de junio de 2005, titulada “i2010: una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo”, que promueve una economía digital abierta y competitiva.

3.   El programa ofrecerá también un marco común para la interacción complementaria a nivel europeo de los diversos niveles nacionales, regionales y locales.»

2)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 2 bis

Para alcanzar los objetivos mencionados en el artículo 1 bis, se adoptarán las siguientes categorías de medidas:

3)

En el artículo 4, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«El programa cubrirá el período comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2006.

La dotación financiera para la ejecución del presente programa será de 30 160 000 EUR.»

4)

El anexo se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente Decisión.

27.12.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 344/38

(1)

La Directiva 90/544/CEE (4) obligaba a los Estados miembros a designar, antes del 31 de diciembre de 1992, cuatro canales en la banda del espectro radioeléctrico de 169,4 a 169,8 MHz para el sistema paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda (denominado en lo sucesivo «ERMES»), así como a establecer cuanto antes los planes que permitieran a dicho sistema ocupar, de acuerdo con la demanda comercial, la totalidad de la banda señalada.

(2)

El uso por parte de ERMES en la Comunidad de la banda del espectro radioeléctrico de 169,4 a 169,8 MHz ha disminuido e incluso desaparecido. Por consiguiente, dicho sistema no realiza en la actualidad una utilización eficiente de la banda en cuestión, que podría destinarse a mejores fines en satisfacción de otras necesidades de la política comunitaria.

(3)

La Decisión no 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (5), estableció un marco político y jurídico comunitario que asegura la coordinación de los planteamientos políticos y, en su caso, condiciones armonizadas que permitan la disponibilidad y el uso eficiente del espectro radioeléctrico necesarios para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior. Dicha Decisión permite a la Comisión adoptar las medidas técnicas de aplicación necesarias para garantizar las condiciones armonizadas que permitan la disponibilidad y el uso eficiente de la banda del espectro radioeléctrico.

(4)

Habida cuenta de que la banda de 169,4 a 169,8 MHz es adecuada para aplicaciones que beneficiarán a las personas con discapacidad y considerando que el fomento de tales aplicaciones constituye para la Comunidad un objetivo político que se suma al objetivo general de garantizar el funcionamiento del mercado interior, la Comisión otorgó a la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (en lo sucesivo la «CEPT») un mandato de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Decisión espectro radioeléctrico, a fin de que estudiara, entre otras, las aplicaciones relacionadas con la ayuda a personas con discapacidad.

(5)

En cumplimiento del mandato, la CEPT presentó un nuevo plan de frecuencias y una disposición de los canales que permite el reparto de la banda entre seis tipos de aplicaciones seleccionadas a fin de satisfacer diversas necesidades de la política comunitaria.

(6)

Por estas razones, y de conformidad con los objetivos de la Decisión espectro radioeléctrico, debe derogarse la Directiva 90/544/CEE.

27.12.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 344/40

(1)

El artículo 14 del Tratado establece un espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada.

(2)

Las iniciativas sobre el mercado interior deben mejorar la calidad de vida, la protección de la salud y la seguridad de los consumidores. La presente Directiva se ajusta a la obligación de garantizar un elevado nivel de protección de la salud y de los consumidores en la definición y aplicación de todas las políticas y actividades comunitarias.

(3)

Debe prohibirse el uso de determinados ftalatos en los juguetes y artículos de puericultura, fabricados en material plastificado si la presencia de ciertos ftalatos conlleva riesgos relacionados con la toxicidad general para la salud de los niños. Los juguetes y los artículos de puericultura que, aunque no están pensados para ese fin, puedan introducirse en la boca, son susceptibles de presentar, en determinadas circunstancias, un riesgo para la salud de los niños pequeños si están fabricados en material plastificado o contienen partes fabricadas en material plastificado que incluyen ciertos ftalatos.

(4)

El Comité Científico de Toxicidad, Ecotoxicidad y Medio Ambiente (CCTEMA), consultado por la Comisión, emitió dictámenes sobre los riesgos para la salud que resultan de dichos ftalatos.

(5)

La Recomendación 98/485/CE de la Comisión, de 1 de julio de 1998, relativa a los artículos de puericultura y juguetes destinados a ser introducidos en la boca por niños menores de tres años y fabricados en PVC blando que contenga determinados ftalatos (4), invita a los Estados miembros a tomar medidas para garantizar un nivel elevado de protección de la salud de los niños con respecto a tales productos.

(6)

Desde 1999, el uso de seis ftalatos en juguetes y artículos de puericultura destinados a ser introducidos en la boca por niños menores de tres años está sometido a una prohibición temporal a escala de la Unión Europea tras la adopción de la Decisión 1999/815/CE de la Comisión (5) en el marco de la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, sobre la seguridad general de los productos (6). Dicha Decisión se renueva periódicamente.

(7)

Las limitaciones ya adoptadas por algunos Estados miembros en relación con la comercialización de juguetes y artículos de puericultura por contener ftalatos afectan directamente a la consecución y el funcionamiento del mercado interior. Por consiguiente, resulta necesario aproximar las disposiciones legales de los Estados miembros al respecto y modificar el anexo I de la Directiva 76/769/CEE (7).

(8)

Debería aplicarse el principio de cautela cuando la evolución científica no permita determinar el riesgo con seguridad suficiente para garantizar un elevado nivel de protección de la salud, en particular para los niños.

(9)

Los niños, como organismos en desarrollo, son particularmente vulnerables a las sustancias reprotóxicas. En consecuencia, la exposición de niños a todas las fuentes de emisión de estas sustancias evitables prácticamente, especialmente de los artículos que los niños introducen en la boca, debe reducirse lo más posible.

(10)

Durante las evaluaciones del riesgo o en el marco de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, sobre la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias peligrosas (8), se han definido el di(2-etilhexil)ftalato (DEHP), el dibutilftalato (DBP) y el butilbencilftalato (BBP) como sustancias reprotóxicas y, por consiguiente, han sido clasificadas como reprotóxicas de categoría 2.

(11)

La información científica relativa al diisononilftalato (DINP), al diisodecilftalato (DIDP) y al din-octilftalato (DNOP) es inexistente o controvertida, pero no puede excluirse que estas circunstancias planteen un riesgo potencial si se utiliza en los juguetes y artículos de puericultura que, por definición, se fabrican para niños.

(12)

Las incertidumbres en la evaluación de la exposición a estos ftalatos, como número de veces que se introduce en la boca y exposición a otras fuentes de emisiones, exigen que se tengan en cuenta las consideraciones cautelares. Por ello, deben fijarse restricciones para el uso de esos ftalatos en juguetes y artículos de puericultura y para la comercialización de dichos artículos. Sin embargo, las restricciones para el DINP, el DIDP y el DNOP deben ser menos severas que las propuestas para el DEPH, el DBP y el BBP, por razones de proporcionalidad.

(13)

La Comisión debe revisar otras aplicaciones de artículos fabricados en material plastificado o que contienen partes fabricadas en material plastificado que puedan constituir un riesgo para las personas, especialmente los utilizados en productos sanitarios.

(14)

En consonancia con la Comunicación de la Comisión sobre el recurso al principio de precaución, las medidas basadas en dicho principio deben ser revisadas a la vista de la nueva información científica.

(15)

La Comisión, en cooperación con las autoridades de los Estados miembros responsables de la vigilancia del mercado y la aplicación a los juguetes y artículos de puericultura, y en consulta con las organizaciones pertinentes de productores e importadores, debe supervisar el uso de ftalatos y otras sustancias como los plastificadores en los juguetes y artículos de puericultura.

(16)

Es necesario definir, a los efectos de la Directiva 76/769/CEE, el término «artículo de puericultura».

(17)

De acuerdo con el punto 34 del Acuerdo institucional «Legislar mejor» (9), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

(18)

La Comisión revisará el uso de los ftalatos que figuran en el anexo I de la Directiva 76/769/CEE en otros productos cuando haya concluido la evaluación del riesgo con arreglo al Reglamento (CEE) no 793/93 del Consejo, de 23 de marzo de 1993, sobre evaluación y control de riesgo de las sustancias existentes (10).

(19)

La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la legislación comunitaria que fija los requisitos mínimos para la protección de los trabajadores, tal como se recoge en la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (11), y en directivas específicas basadas en ésta y, en particular, en la Directiva 90/394/CEE del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo (12), y en la Directiva 98/24/CE del Consejo, de 7 de abril de 1998 relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (13).

1)

En el apartado 3 del artículo 1 se añade la letra siguiente:

2)

El anexo I se modifica como se establece en el anexo a la presente Directiva.

27.12.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 344/44

(1)

La Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) ha sido objeto de un examen por el Grupo de trabajo sobre máquinas de uso al aire libre establecido por la Comisión.

(2)

En su informe fechado el 8 de julio de 2004, dicho Grupo de trabajo concluyó que algunos de los límites de la fase II que debían ser obligatorios a partir del 3 de enero de 2006 no eran técnicamente viables. No obstante, nunca hubo intención de restringir la puesta en el mercado o la puesta en servicio de máquinas basándose exclusivamente en la viabilidad técnica.

(3)

Por tanto, es necesario prever que determinados tipos de máquinas que figuran en el artículo 12 de la Directiva 2000/14/CE, que no podrían cumplir los límites de la fase II antes del 3 de enero de 2006 por razones exclusivamente técnicas, puedan seguir poniéndose en el mercado y/o en servicio a partir de esa fecha.

(4)

La experiencia acumulada durante los cinco primeros años de aplicación de la Directiva 2000/14/CE ha demostrado que hace falta más tiempo para cumplir lo dispuesto en sus artículos 16 y 20 y ha puesto de relieve la necesidad de revisar dicha Directiva con vistas a su posible modificación, en particular respecto a los límites de la fase II que figuran en ella. Por tanto, es necesario ampliar dos años el plazo para la presentación al Parlamento Europeo y al Consejo del informe sobre la experiencia acumulada por la Comisión en la aplicación y la administración de la Directiva 2000/14/CE mencionado en el artículo 20, apartado 1, de dicha Directiva.

(5)

En el artículo 20, apartado 3, de la Directiva 2000/14/CE se prevé que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se indique si los progresos técnicos permiten reducir, y en su caso en qué medida, los valores límite de las cortadoras de césped, las máquinas para el acabado del césped y las recortadoras de césped. Habida cuenta de que las obligaciones con arreglo al artículo 20, apartado 1, de dicha Directiva son más prescriptivas que las del artículo 20, apartado 3, y para evitar que se duplique el esfuerzo, conviene incluir estos tipos de máquinas en el informe general previsto en el artículo 20, apartado 1, de la Directiva. Por consiguiente, debe suprimirse la obligación de presentar un informe por separado que figura en el artículo 20, apartado 3, de dicha Directiva.

(6)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar el funcionamiento en curso del mercado interior exigiendo que las máquinas que se utilizan al aire libre cumplan disposiciones armonizadas en materia de ruido ambiente, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo al limitar su ámbito de aplicación a los tipos de máquinas para los cuales el cumplimiento de los límites de la fase II es actualmente imposible por razones técnicas.

(7)

De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (4), se alentará a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

(8)

Por tanto, la Directiva 2000/14/CE debe modificarse en consecuencia.

(1)

La tabla del artículo 12 se sustituye por la tabla siguiente:

(2)

El artículo 20 se modifica como sigue:

—

rodillos vibratorios con conductor a pie,

—

planchas vibratorias (> 3kW),

—

apisonadoras vibratorias,

—

topadoras (sobre oruga de acero),

—

cargadoras (sobre oruga de acero > 55 kW),

—

carretillas elevadoras en voladizo accionadas por motor de combustión,

—

pavimentadoras con guía de compactación,

—

trituradores de hormigón y martillos picadores de mano con motor de combustión interna (15 < m < 30),

—

cortadoras de césped, máquinas para el acabado del césped y recortadoras de césped.

27.12.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 344/47

(1)

La Directiva 90/544/CEE del Consejo, de 9 de octubre de 1990, sobre las bandas de frecuencia designadas para la introducción coordinada de un sistema paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda en la Comunidad (la Directiva ERMES) (2), fue derogada el 27 de diciembre de 2005 por la Directiva 2005/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3). Esta Directiva obligaba a los Estados miembros a designar, en la banda del espectro radioléctrico de 169,4 a 169,8 MHz, cuatro canales para el servicio paneuropeo público terrestre de radiobúsqueda (en lo sucesivo denominado «ERMES») y a asegurarse de que los servicios ERMES ocuparan, lo más pronto posible y de acuerdo con la demanda comercial, la totalidad de la banda de 169,4 a 169,8 MHz.

(2)

La utilización de la banda del espectro radioléctrico de 169,4 a 169,8 MHz para ERMES en la Comunidad ha disminuido fuertemente o incluso cesado totalmente, de tal manera que esta banda no es utilizada de manera eficiente por ERMES y, por tanto, podría aprovecharse mejor para satisfacer otras necesidades de las políticas comunitarias.

(3)

Con arreglo al artículo 4, apartado 2, de la Decisión sobre el espectro radioeléctrico, la Comisión otorgó, el 7 de julio de 2003, un mandato a la Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (en lo sucesivo denominada «CEPT») para que recogiera información sobre las posibles aplicaciones actuales y futuras de la banda de 169,4 a 169,8 MHz e indicara una lista de opciones alternativas para la utilización de esta banda del espectro radioeléctrico y, en particular, las que no estuvieran relacionadas sólo con las comunicaciones electrónicas tradicionales. Se pedía a la CEPT que evaluase, para cada posible aplicación, la coexistencia entre diversas aplicaciones y la posibilidad de utilizar bandas del espectro radioeléctrico alternativas, de acuerdo con los principios de la Directiva marco. Esta banda del espectro radioeléctrico, que ya está parcialmente armonizada, es apropiada para ciertas aplicaciones relacionadas con la creación y el funcionamiento del mercado interior en una serie de campos de las políticas comunitarias. Algunas de estas aplicaciones es probable que beneficien a los discapacitados o faciliten la colaboración en asuntos de justicia e interior en la Unión Europea.

(4)

El artículo 8, apartado 4, de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (4), obliga a los Estados miembros a promover los intereses de los ciudadanos de la Unión Europea, entre otras cosas, respondiendo a las necesidades de grupos sociales específicos, en particular de los usuarios con discapacidades auditivas o que requieran asistencia urgente.

(5)

Basándose en investigaciones técnicas y en la recogida de información, la CEPT confirmó que, a pesar de la aprobación de la Directiva 90/544/CEE, la utilización de la mencionada banda del espectro radioeléctrico para ERMES sigue siendo muy limitada y que la necesidad de sistemas de radiomensajes o de radiobúsqueda ha cambiado en Europa, ya que las funciones de estos sistemas las realizan ahora otras tecnologías, como los servicios de mensajes breves (SMS) por GSM.

(6)

Por consiguiente, la designación de partes de la banda del espectro radioeléctrico de 169,4 a 169,8 para ERMES debe modificarse en la Comunidad para lograr un uso más eficiente de esta banda, preservando, a la vez, su carácter armonizado.

(7)

En cumplimiento del mandato recibido, la CEPT ha preparado un nuevo plan de frecuencias y una nueva distribución de canales de tal manera que la banda del espectro radioeléctrico de 169,4 a 169,8125 MHz sea compartida por seis tipos de aplicaciones preferentes, con el fin de satisfacer diversas necesidades de las políticas comunitarias. Estas necesidades incluyen la asistencia, mediante el uso de prótesis auditivas, a las personas que sufran de discapacidades auditivas, para las cuales la existencia de una banda del espectro radioeléctrico armonizada en la Comunidad mejoraría las condiciones de los viajes entre Estados miembros y disminuiría los precios del equipo gracias a las economías de escala; el desarrollo del mercado interior de las alarmas de teleasistencia, que permiten a las personas mayores o discapacitadas enviar mensajes de alarma solicitando asistencia; los dispositivos de seguimiento o localización de bienes, que ayudan a seguir y recuperar bienes robados por toda la Comunidad; los sistemas de lectura de contadores, utilizados por las compañías de agua y electricidad; y los actuales sistemas de radiobúsqueda, como ERMES, así como los sistemas de radiocomunicaciones móviles privadas (PMR) cuando se emplean para usos temporales, cuya finalidad es cubrir actos especiales de carácter temporal durante períodos de unos días a unos meses.

(8)

Los resultados del mandato de la CEPT, que la Comisión considera satisfactorios, deben hacerse aplicables en la Comunidad y ser puestos en práctica por los Estados miembros. Debe permitirse que las restantes autorizaciones ERMES o PMR no ajustadas al nuevo plan de frecuencias y a la nueva distribución de canales no resulten afectadas hasta su expiración o hasta que las aplicaciones ERMES o PMR puedan trasladarse a las bandas del espectro radioeléctrico adecuadas sin cargas excesivas.

(9)

Al permitir el acceso al espectro radioeléctrico, debe utilizarse, con arreglo a la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (5), el sistema de autorización menos oneroso, que no debe incluir los derechos individuales de uso.

(10)

Sin perjuicio de que las necesidades de espectro de determinadas políticas puedan requerir designaciones de frecuencias exclusivas, conviene, en general, proponer atribuciones de bandas del espectro radioléctrico lo más genéricas posible, a fin de orientar su utilización sólo mediante la definición de condiciones de uso específicas, como el ciclo de servicio o los niveles de potencia, y, asimismo, conviene asegurar mediante normas armonizadas, reconocidas con arreglo a la Directiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 1999, sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación y reconocimiento mutuo de su conformidad (6), que el equipo que trabaje en el espectro radioléctrico atribuido utiliza el mínimo espectro necesario, de manera que se eviten interferencias perjudiciales.

(11)

La coordinación de los canales en la parte de alta potencia de la banda de 169,4 a 169,8125 MHz entre países vecinos se llevará a cabo mediante acuerdos bilaterales o multilaterales.

(12)

A fin de asegurar un uso efectivo de la banda de 169,4 a 169,8125 MHz también a largo plazo, las administraciones deben seguir adelante con los estudios que puedan aumentar la eficiencia, especialmente en lo que se refiere a la utilización de la banda de guarda establecida.

(13)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité del espectro radioeléctrico.

a)

«prótesis auditiva»: un sistema de radiocomunicaciones compuesto normalmente de uno o más transmisores y de uno o más receptores que permite a las personas con una discapacidad auditiva aumentar su capacidad de audición;

b)

«alarma de teleasistencia»: un sistema y una red de radiocomunicaciones fiables que incluyen equipo portátil y permiten a una persona en dificultades en una zona limitada enviar una petición de asistencia mediante una manipulación simple;

c)

«sistema de lectura de contadores»: un sistema que permite enviar órdenes para el control, la medición y el mantenimiento a distancia de contadores utilizando dispositivos de radiocomunicación;

d)

«sistema de seguimiento y localización de bienes»: un sistema que permite la localización y el seguimiento de bienes, para su recuperación, consistente, en general, en un radiotransmisor colocado en el artículo que debe protegerse y un receptor, y que también puede incluir una alarma;

e)

«sistema de radiobúsqueda»: un sistema que permite las radiocomunicaciones unidireccionales entre el remitente y el destinatario utilizando una estación de base con el móvil como receptor;

f)

«radiocomunicaciones móviles privadas (PMR)»: un servicio de comunicaciones móvil terrestre que utiliza los modos simplex, semidúplex y, posiblemente, dúplex al nivel de terminal para cursar comunicaciones en grupos cerrados de usuarios.

a)

uso exclusivo de prótesis auditivas;

b)

uso exclusivo de alarmas de teleasistencia;

c)

uso no exclusivo de sistemas de lectura de contadores;

d)

uso no exclusivo de transmisores de baja potencia para sistemas de seguimiento y localización de bienes.

a)

transmisores de alta potencia para sistemas de seguimiento y localización de bienes;

b)

sistemas de radiobúsqueda ya existentes o sistemas de radiobúsqueda procedentes de otros canales de la banda del espectro radioeléctrico.

a)

prótesis auditivas, para la parte no exclusiva de baja potencia de la banda del espectro radioeléctrico;

b)

localización, radiobúsqueda, uso temporal, o radiocomunicaciones móviles privadas a escala nacional en la parte de alta potencia de la banda.

27.12.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 344/52

«2.

(…) Este establecimiento se realizará con arreglo al siguiente calendario:

«2.

(…) Este establecimiento se realizará con arreglo al siguiente calendario: