19.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/1

(1)

La Comisión, mediante el Reglamento (CE) no 771/2005 (2), estableció un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de determinadas sujeciones de acero inoxidable y sus partes, clasificadas en los códigos NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61 y 7318 15 70 originarias de la República Popular China, Indonesia, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

(2)

Se recuerda que la investigación sobre el dumping y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2004 («el período de investigación» o «PI»). El examen de las tendencias pertinentes para el análisis del perjuicio cubrió el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 30 de junio de 2004 («el período considerado»).

(3)

Tras la imposición de las medidas antidumping provisionales algunas partes interesadas presentaron observaciones por escrito.

(4)

La Comisión concedió audiencia a las partes que así lo solicitaron.

(5)

La Comisión buscó y verificó toda la información que consideró necesaria para sus conclusiones definitivas.

(6)

Se informó a las partes de los principales hechos y consideraciones sobre cuya base estaba previsto recomendar el establecimiento de derechos antidumping definitivos y la percepción definitiva de los importes garantizados por el derecho provisional. Se les concedió también un plazo para presentar observaciones con posterioridad a la comunicación de esta información.

(7)

Se examinaron las observaciones orales y escritas y, cuando se estimó oportuno, se tuvieron en cuenta en las conclusiones definitivas.

(8)

Tras la imposición de las medidas provisionales, un importador y su asociación cuestionaron la representatividad de la industria de la Comunidad tal y como se establece en el considerando 113 del Reglamento provisional a los efectos del artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base. Sin embargo, no se proporcionó ninguna prueba para apoyar esta alegación. La investigación ha confirmado que la industria de la Comunidad suponía aproximadamente el 54 % de la producción comunitaria durante el período de investigación y está legitimada a los efectos del artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base.

(9)

Los productores exportadores tailandeses que cooperaron alegaron, tras haberles sido comunicada la información, que las respuestas no confidenciales al cuestionario por parte de los productores comunitarios no eran lo bastante detalladas y no se habían cumplimentado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de base. Afirmaban que dichas respuestas no confidenciales, al no facilitar información suficiente, no ofrecían a los exportadores que cooperaron la posibilidad real de defender sus intereses, situándolos supuestamente en una situación desventajosa en comparación con las demás partes, es decir, la industria de la Comunidad, en el presente procedimiento. No obstante, la información sobre el perjuicio, tal y como aparece en la sección E del Reglamento provisional, facilita a todas las partes interesadas datos verificados de forma conjunta. Por tanto, todas las partes disponían de una visión lo suficientemente precisa de los hechos relativos a la situación del perjuicio y de la causalidad para permitirles defender sus intereses. Todas las partes reciben el mismo trato y no se hacen diferencias entre las distintas partes interesadas por lo que respecta a la comunicación de la información. Es más, las respuestas no confidenciales al cuestionario, así como la información incluida en el Reglamento provisional, garantizaban el derecho de defensa de todas las partes. Por tanto, se rechazó la alegación.

(10)

Hay que recordar que, en el curso de la investigación provisional, surgieron dudas sobre si las tuercas podían considerarse efectivamente un único producto con las demás sujeciones de acero inoxidable y sus partes. A este respecto, fue preciso analizar la cuestión más en profundidad, considerando, por ejemplo, si, y en qué medida, los pernos y las tuercas se comercializan como un único producto, hasta qué punto se desarrollan conjuntamente, etc. También fue necesario analizar si los productores comunitarios tienen capacidad para ofrecer estos sistemas conjuntos. En consecuencia, y a fines de las conclusiones preliminares, se adoptó la decisión provisional de no incluir en la definición del producto las tuercas normalmente clasificadas en el código NC 7318 16 30.

(11)

Tras la imposición de las medidas provisionales, tanto los importadores como los productores comunitarios presentaron pruebas de que las tuercas y los pernos ni se desarrollan ni se producen y comercializan como un único producto. Si bien las tuercas se utilizan normalmente con pernos, no suelen venderse como un conjunto. Por otra parte, los pernos pueden utilizarse como sujeciones sin tuercas, lo que demuestra que puede haber usos finales diferentes entre los pernos y las tuercas. Ello se ve confirmado por las importaciones procedentes de algunos de los productores de los países afectados que producen y venden o tuercas o pernos, así como por el hecho de que los productores comunitarios incluidos en la muestra fabrican tornillos y pernos, pero no tuercas. Así se observa especialmente en el caso de Filipinas, ya que prácticamente todas las importaciones procedentes de este país consistían en tuercas sin importaciones correspondientes de pernos. Por otra parte, como se afirma más arriba, los pernos no tienen por qué combinarse con tuercas y arandelas. Así lo pone también de manifiesto la descripción del código 7318 15 del Sistema Armonizado: «los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas». Conviene mencionar además que la industria de la Comunidad no dispone de la maquinaria necesaria para producir tuercas y no manifestó intención alguna de producirlas en el futuro.

(12)

Por tanto, se confirman las conclusiones expuestas en el considerando 13 del Reglamento provisional de no incluir en la definición del producto las tuercas, no importadas como parte de un conjunto con sus tornillos y pernos. En consecuencia, siguiendo las conclusiones expuestas en los considerandos 14 y 105 del Reglamento provisional, debe darse por concluido el procedimiento por lo que respecta a Filipinas.

(13)

Tras la imposición de las medidas provisionales, los productores exportadores tailandeses que cooperaron alegaron que normalmente las tuercas y los pernos se comercializan y se desarrollan juntos y, por tanto, si se excluían las tuercas de la definición del producto, también deberían excluirse los pernos. Sin embargo, no documentaron dicha alegación. En consecuencia, y a la luz de las conclusiones expuestas en los considerandos 11 y 12 anteriores en el sentido de que las tuercas no se comercializan y desarrollan junto con pernos, se rechazó esta alegación y únicamente se excluyeron las tuercas del ámbito del procedimiento.

(14)

Por otra parte, varios importadores y sus asociaciones reiteraron su petición de que se restringiese más la investigación a dos códigos NC, a saber, 7318 15 61 (tornillos de hueco de seis caras de acero inoxidable) y 7318 15 70 (pernos hexagonales de acero inoxidable). A este fin, mencionaron una supuesta falta de producción por parte de la industria de la Comunidad de todas las demás sujeciones sometidas a la presente investigación, a saber, las sujeciones de acero inoxidable declaradas normalmente en los códigos NC 7318 12 10 (los demás tornillos para madera de acero inoxidable), 7318 14 10 (tornillos taladradores de acero inoxidable), 7318 15 30 (tornillos y pernos sin cabeza, de acero inoxidable) y 7318 15 51 (tornillos con ranura recta o en cruz, de acero inoxidable). Presentaron como pruebas en su apoyo varios pedidos que algunos productores de la Comunidad no habían podido servir. Alegaron también que los pernos y los tornillos se fabrican en máquinas diferentes.

(15)

Hay que recordar que, como se afirmaba en el considerando 15 del Reglamento provisional, la investigación confirmó que sí se producen en la Comunidad tipos de sujeciones de acero inoxidable clasificados en los códigos NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30 y 7318 15 51. Por tanto, los productores de la Comunidad incluidos en la muestra: i) poseen la maquinaria necesaria para fabricar estos otros tipos de sujeciones de acero inoxidable, y ii) se enfrentan a la competencia del producto afectado objeto de dumping para estos mismos tipos. La información relativa a algunos pedidos que la industria de la Comunidad no había podido servir se refiere a un período no incluido en el período de investigación que, en principio, no debería tenerse en cuenta de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base. En cualquier caso, ello no demuestra que la industria de la Comunidad no fabrique dichos productos. Por otra parte, la investigación determinó que si los países afectados no ejercen una competencia desleal con sus prácticas de dumping, la industria de la Comunidad será capaz de aumentar la producción para responder a la demanda de dichos artículos. En este contexto, hay que considerar que la industria de la Comunidad dispone de una capacidad adicional significativa (véase el cuadro anterior al considerando 127 en el Reglamento provisional). Por consiguiente, no pudo aceptarse la alegación de los importadores.

(16)

Los productores exportadores tailandeses que cooperaron pidieron que la gama de productos considerada se limitase a los códigos NC 7318 12 10 (los demás tornillos para madera de acero inoxidable), 7318 15 30 (tornillos y pernos sin cabeza, de acero inoxidable) y 7318 15 61 (tornillos de hueco de seis caras de acero inoxidable). A este fin alegaban que ni los pernos (código NC 7318 15 70) ni los tornillos taladradores, con ranura recta o en cruz, de acero inoxidable (códigos NC 7318 14 10 y 7318 15 51), debían considerarse una única categoría de producto con las demás sujeciones objeto de la investigación debido a que supuestamente: i) estas sujeciones tienen naturaleza, calidad y propiedades físicas diferentes, ii) tienen diferentes usos finales, iii) responden a gustos y hábitos diferentes de los consumidores, y iv) tienen diferentes códigos NC, lo que, en su opinión, demostraría que los pernos y los tornillos no constituyen una única categoría de productos.

(17)

En el presente asunto, la investigación ha demostrado que todos los tipos de sujeciones considerados comparten, desde la perspectiva de los usuarios, usos y características físicas y técnicas básicas similares, es decir, son pasadores metálicos roscados de acero inoxidable utilizados para unir elementos mediante la rotación de las sujeciones. Por tanto, todas estas sujeciones están incluidas en la misma partida de cuatro dígitos de la Nomenclatura Combinada. En consecuencia, se rechazó la solicitud de limitar más la gama de productos considerada.

(18)

Puesto que no se presentaron más observaciones, se confirman las conclusiones sobre el producto afectado y el producto similar expuestas en los considerandos 10 y 18 del Reglamento provisional.

(19)

Con posterioridad a la imposición de medidas provisionales no se han presentado observaciones sobre el muestreo de los productores exportadores de Taiwán, los importadores y los productores comunitarios. Se confirman, por tanto, las conclusiones expuestas en los considerandos 19 a 32 del Reglamento provisional.

(20)

Con posterioridad a la imposición de medidas provisionales no se presentaron nuevas observaciones sobre el trato de economía de mercado. Se confirman, por tanto, las conclusiones expuestas en los considerandos 33 a 54 del Reglamento provisional.

(21)

Un productor exportador vietnamita que cooperó expresó su disgusto porque, a pesar de haber cooperado en la investigación, su solicitud de trato individual había sido rechazada. Afirmó también que el rechazo de su solicitud, así como las de otros dos exportadores vietnamitas, daría lugar a la imposición del mismo derecho antidumping provisional sobre las importaciones de todos los productores exportadores de Vietnam.

Como se expone en el considerando 60 del Reglamento provisional, esta empresa no pudo demostrar que cumplía los requisitos fijados en el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base para la concesión del trato individual. Además, no se presentó alegación ni prueba alguna que pudiese modificar esta conclusión, por lo que el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento de base debía aplicarse a todo Vietnam. Ello significa que se aplicará la misma medida a todos los productores exportadores vietnamitas.

(22)

Al no haber otras observaciones, se confirman las conclusiones sobre trato individual expuestas en los considerandos 55 a 61 del Reglamento provisional.

(23)

Provisionalmente se había elegido Taiwán como país análogo de economía de mercado a efectos de la determinación del valor normal para los productores exportadores que no habían obtenido trato de economía de mercado. Tras la imposición de las medidas provisionales, ninguna de las partes presentó observaciones sobre la determinación del valor normal en el país análogo. Se confirman, por tanto, las conclusiones expuestas en los considerandos 62 a 64 del Reglamento provisional.

(24)

Cuatro productores exportadores tailandeses alegaron que no pueden utilizarse para el cálculo del valor normal los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios obtenidos en las ventas interiores en otro país, Taiwán en este caso. No obstante, como explica el considerando 80 del Reglamento provisional, estos productores exportadores no habían tenido ventas representativas del producto similar, ni de otros productos de la misma categoría general en el curso de operaciones comerciales normales. En consecuencia, hubo que basarse en otro método razonable para calcular los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios, como dispone el artículo 2, apartado 6, letra c), del Reglamento de base. A este respecto, se consideró que el método más razonable era utilizar los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios de Taiwán, ya que: i) este país cuenta con un mercado interior representativo, en términos de volúmenes, y competitivo, en términos de precios, para el producto similar, y ii) la industria taiwanesa de sujeciones de acero inoxidable controla a la mayoría de los productores de dichas sujeciones en todos los países sometidos a la investigación, incluidos algunos productores de Tailandia (véase el considerando 71 del Reglamento provisional). No se presentó dato alguno para demostrar que los beneficios utilizados para el cálculo superasen los beneficios normalmente obtenidos por otros exportadores o productores en ventas de la misma categoría general de productos en Tailandia.

(25)

No habiéndose recibido otras observaciones respecto al método aplicado para la determinación del valor normal, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 65 a 72 del Reglamento provisional.

(26)

A falta de nuevas observaciones, se confirman las conclusiones expuestas en el considerando 73 del Reglamento provisional.

(27)

A falta de nuevas observaciones, se confirman las conclusiones expuestas en el considerando 74 del Reglamento provisional.

(28)

A falta de nuevas observaciones, se confirman las conclusiones expuestas en el considerando 76 del Reglamento provisional.

(29)

Un productor exportador taiwanés presentó objeciones al método utilizado para determinar el valor normal tal y como se expone en el considerando 79 del Reglamento provisional. Alegaba que dicho método no clasificaba los distintos tipos del producto afectado de conformidad con las especificaciones dadas por la Comisión, ya que algunas de estas sujeciones eran sujeciones especializadas. Afirmaba también que su empresa había demostrado durante la inspección in situ, mediante dibujos, muestras y documentación de ventas, las características de sus sujeciones especializadas exportadas a la Comunidad, que las hacían un producto único.

(30)

De hecho, las pruebas recopiladas en la inspección in situ indicaban que estos productos no están incluidos en los códigos NC sometidos a investigación. Dadas las circunstancias, se consideró adecuado no considerar las exportaciones de estos productos a fines de la presente investigación. Las conclusiones relativas a esta empresa, incluidas las referentes al valor normal tal y como se exponen en el considerando 79 del Reglamento provisional, se basan en el resto de sus exportaciones, que sí están incluidas en la descripción del producto afectado.

(31)

Para el valor normal del resto de sus exportaciones, la empresa sugirió algunos ajustes en los costes de producción utilizados para la determinación provisional de su valor normal (véase el considerando 79 del Reglamento provisional).

(32)

Sin embargo, dichos ajustes se basaban en datos que no se habían presentado en la respuesta al cuestionario ni durante la inspección in situ, por lo que no eran cotejables y no estaban apoyados por informaciones disponibles. Por tanto, debe rechazarse esta alegación sobre los costes de producción.

(33)

Otro productor exportador de Taiwán alegó que existía una cierta doble contabilidad en los costes de producción y en los gastos de venta, generales y administrativos utilizados para determinar el valor normal. Afirmó que el coeficiente de gastos de venta, generales y administrativos presentado en el cuadro de beneficios y pérdidas en su respuesta al cuestionario no era el correcto, y que debería utilizarse en cambio el coeficiente de gastos de venta, generales y administrativos facilitado en la inspección in situ.

(34)

A este respecto hay que observar que la empresa no había introducido ninguna corrección en su cuadro de beneficios y pérdidas antes de la inspección in situ. La empresa presentó un cuadro de gastos de venta, generales y administrativos muy modificado en el último momento de la inspección, cuando ya no había tiempo para verificarlo. Consecuentemente, y puesto que los gastos de venta, generales y administrativos revisados no cuadraban con otras informaciones disponibles, se rechazó la alegación y se han mantenido en el cálculo del dumping los datos derivados del cuadro de beneficios y pérdidas presentado en la respuesta al cuestionario, de conformidad con las disposiciones del artículo 6, apartado 8, del Reglamento de base.

(35)

Este mismo productor exportador taiwanés afirmó que la chatarra debería deducirse del coste de las materias primas. La empresa alegaba que, puesto que la chatarra se obtiene en el proceso de fabricación, los beneficios obtenidos con su venta deberían imputarse a los costes de producción. Sin embargo, no se comunicó el importe de dichos ingresos. De todas formas, cualquier ingreso procedente de otros productos o subproductos no es relevante para el cálculo de los costes de producción del producto similar, ya que no es una práctica habitual de la empresa en su asignación de costes. Por tanto, debe rechazarse la alegación de la empresa y deben confirmarse las conclusiones provisionales.

(36)

Al no haberse presentado ninguna otra observación, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 77 a 79 del Reglamento provisional.

(37)

Un productor exportador tailandés que realizaba algunas ventas interiores presentó varias alegaciones sobre el cálculo de los costes de producción y de los gastos de venta, generales y administrativos utilizados para determinar su valor normal. Afirmó además que, si se aceptaban sus alegaciones, sus ventas interiores en el curso de operaciones comerciales normales serían representativas y podrían utilizarse para determinar el valor normal en Tailandia.

(38)

Esta empresa había facilitado varias versiones revisadas de su respuesta al cuestionario durante la inspección in situ, en tal medida que obstaculizó significativamente la investigación, ya que no fue posible conciliar ninguna de las distintas versiones con su contabilidad. No obstante, toda esta información se examinó en la medida de lo posible, con arreglo a las disposiciones del artículo 6, apartado 8, del Reglamento de base. Hay que observar que los costes de producción comunicados por la empresa para un gran número de tipos de producto estaban significativamente subestimados, especialmente el coste de las materias primas, que fue corregido en consecuencia para los cálculos del dumping provisional. Puesto que la empresa no había facilitado información documentada sobre sus costes de producción que pudiera requerir una modificación en los cálculos del dumping, hubo que rechazar su alegación sobre el cálculo de los costes de producción.

(39)

Dicho productor exportador alegó que, en los costes de producción del producto similar, los ingresos procedentes de las ventas de chatarra deberían deducirse del coste de las materias primas. No obstante, el cuadro de beneficios y pérdidas presentado por la empresa no indicaba ingreso alguno procedente de las ventas de chatarra. De todas formas, cualquier ingreso procedente de otros productos o subproductos no es relevante para el cálculo de los costes de producción del producto similar, ya que no es una práctica habitual de la empresa en su asignación de costes.

(40)

En cuanto a la alegación del productor exportador de utilizar un nivel diferente de gastos de venta, generales y administrativos, se decidió que, incluso aunque se aceptase dicha alegación, ello no daría lugar a una situación en la que las ventas interiores de la empresa pudieran haberse utilizado como base para la determinación del valor normal, ya que continuarían sin realizarse en el curso de operaciones comerciales normales.

(41)

Hay que rechazar, por tanto, estas alegaciones relativas a la chatarra y a los gastos de venta, generales y administrativos y se confirman las conclusiones expuestas en el considerando 80 del Reglamento provisional.

(42)

A falta de nuevas observaciones, se confirman las conclusiones expuestas en el considerando 81 del Reglamento provisional.

(43)

A falta de nuevas observaciones, se confirman para todos los países afectados las conclusiones sobre la determinación del precio de exportación expuestas en los considerandos 82 a 91 del Reglamento provisional de conformidad con el artículo 2, apartado 8, del Reglamento de base.

(44)

A falta de nuevas observaciones, se confirman el método y las conclusiones expuestas en los considerandos 92 y 93 del Reglamento provisional referentes a la comparación entre el valor normal y el precio de exportación.

(45)

A falta de nuevas observaciones sobre la determinación del margen de dumping, se confirma la metodología expuesta en los considerandos 94 a 100 del Reglamento provisional.

(46)

A falta de nuevas observaciones, los márgenes de dumping definitivos expresados como porcentaje del precio de importación cif del producto no despachado de aduana en la frontera de la Comunidad son los siguientes:

(47)

A falta de nuevas observaciones, los márgenes de dumping definitivos expresados como porcentaje del precio de importación cif del producto no despachado de aduana en la frontera de la Comunidad son los siguientes:

(48)

A falta de nuevas observaciones sobre el cálculo del margen de dumping provisional para los dos productores exportadores malasios que cooperaron, se confirman las conclusiones expuestas en el considerando 104 del Reglamento provisional. Puesto que no se constató la existencia de dumping en relación con los productores exportadores de Malasia, debe darse por concluido el procedimiento relativo a las importaciones del producto afectado procedentes de este país.

(49)

A falta de nuevas observaciones sobre la situación de Filipinas, no se ha determinado margen de dumping alguno. Por tanto, como se explica en el considerando 12, debe darse por concluido el procedimiento relativo a las importaciones del producto afectado procedentes de este país.

(50)

A falta de nuevas observaciones sobre el cálculo de los márgenes de dumping provisionales para Taiwán tal y como se expone en los considerandos 106 a 108 del Reglamento provisional, los márgenes de dumping definitivos expresados como porcentaje del precio de importación cif del producto no despachado de aduana en la frontera de la Comunidad son los siguientes:

(51)

Un productor exportador tailandés presentó alegaciones sobre el cálculo del margen de dumping individual en lo que respecta a las clasificaciones de los tipos de producto, las cantidades de producción y la utilización de diferentes calidades de acero inoxidable.

(52)

Dichas alegaciones se examinaron basándose en datos cotejados y se introdujeron algunas correcciones, lo que llevó a la determinación de un margen de dumping individual revisado para este productor exportador. Puesto que la base para determinar el margen de dumping para los exportadores tailandeses que no cooperaron era el nivel del margen de dumping más elevado constatado para uno de los exportadores tailandeses que cooperaron, se revisó en consecuencia el margen de dumping residual.

(53)

Por tanto, los márgenes de dumping definitivos expresados como porcentaje del precio de importación cif del producto no despachado de aduana en frontera de la Comunidad son los siguientes:

(54)

A falta de nuevas observaciones sobre el cálculo de los márgenes de dumping provisionales para Vietnam, tal y como se expone en el considerando 110 del Reglamento provisional, se confirma un margen de dumping definitivo para todas las empresas vietnamitas, expresado como porcentaje del precio de importación cif del producto no despachado de aduana en la frontera de la Comunidad, del 7,7 %.

(55)

Los productores exportadores tailandeses que cooperaron cuestionaron el método de análisis expuesto en el considerando 114 del Reglamento provisional, a saber, que algunos indicadores se habían determinado solamente con respecto a los productores comunitarios incluidos en la muestra (precios de transacción, inversión y rendimiento de la inversión, salarios, rentabilidad, flujo de caja y capacidad de obtener capital), mientras que los demás indicadores (cuotas de mercado, producción, capacidad y utilización de capacidades, volumen y valor de las ventas, crecimiento, existencias, empleo y productividad) incluían también datos de otro productor comunitario que, junto con los productores incluidos en la muestra, constituye la industria de la Comunidad. Alegaban que este planteamiento: i) no es objetivo a efectos del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base, y ii) no está permitido por el artículo 17, apartado 4, del mismo Reglamento.

(56)

Aunque la práctica normal en los procedimientos antidumping es analizar los factores de perjuicio para toda la industria de la Comunidad, cuando dicha industria está compuesta por un elevado número de productores se recurre al muestreo. El muestreo tiene como objetivo poder recopilar y verificar datos detallados de un número limitado de productores dentro del plazo disponible. Dichos datos se refieren a factores como los precios, los salarios, las inversiones, los beneficios, el rendimiento de las inversiones, el flujo de caja y la capacidad de obtener capital, y no sería factible verificarlos para toda la industria en el plazo de que se dispone. Para otros factores, como la cuota de mercado, el volumen de ventas y la producción, normalmente existen datos disponibles para toda la industria. Basar el análisis del perjuicio solamente en los datos obtenidos de los productores incluidos en la muestra sería ignorar los datos de que se dispone de otros productores, lo que daría lugar a un análisis incompleto. En el presente caso, por tanto, y a fin de conseguir un análisis lo más completo posible dentro del plazo disponible, los datos obtenidos, y verificados, de los productores incluidos en la muestra sobre las tendencias en todos los factores de perjuicio se completaron con la información disponible sobre toda la industria.

(57)

Al no haberse presentado ninguna otra observación sobre la producción comunitaria y la definición de la industria de la Comunidad, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 111 a 114 del Reglamento provisional.

(58)

Los productores exportadores tailandeses que cooperaron alegaron que las importaciones tailandesas no deberían haberse evaluado acumulativamente con las importaciones de sujeciones de acero inoxidable objeto de dumping originarias de la República Popular China, Indonesia, Taiwán y Vietnam, debido a la supuesta ausencia de competencia con las importaciones de estos últimos países en términos de volúmenes, precios medios y cuota de mercado. Indicaron que en 2002 el volumen y la cuota de mercado de las importaciones tailandesas habían caído un 29 y un 35 % respectivamente, mientras que ya en 2002 podía observarse un aumento en los de los demás países afectados. Señalaron también que desde 2003 los precios de importación medios tailandeses aumentaron un 2 %.

(59)

Hay que recordar que los márgenes de dumping establecidos en relación con las importaciones de cada uno de los países afectados son superiores a los márgenes mínimos definidos en el artículo 9, apartado 3, del Reglamento de base, es decir, el 2 %, y el volumen de importaciones de cada uno de los países afectados supera el umbral del 1 % de la cuota de mercado previsto en el artículo 5, apartado 7, del Reglamento de base. Conviene observar asimismo que el análisis no debería centrarse sólo en el año 2002, sino en el panorama general durante el período considerado, es decir, desde 2001 hasta el período de investigación. De hecho, el volumen y la cuota de mercado de las importaciones tailandesas aumentaron en general significativamente, mientras que sus precios bajaron considerablemente. Por tanto, las importaciones tailandesas en su conjunto siguen la pauta de las tendencias determinadas para todos los países afectados. Hay que recordar también que las sujeciones de acero inoxidable importadas de los países afectados son similares en todos los aspectos, son intercambiables y se comercializan en la Comunidad a través de canales comerciales comparables y en condiciones comerciales similares, por lo que compiten entre sí y con las producidas en la Comunidad. Por tanto, y con arreglo al artículo 3, apartado 4, del Reglamento de base, se confirma la conveniencia de evaluar acumulativamente las repercusiones de las importaciones objeto de dumping del producto afectado.

(60)

Al no haberse presentado ninguna otra observación sobre el análisis de la situación en el mercado de la Comunidad, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 115 a 126 del Reglamento provisional.

(61)

Tras la imposición de medidas provisionales no se recibieron observaciones sobre la producción, la capacidad, la utilización de la capacidad, el volumen y el precio de las ventas, la cuota de mercado, el crecimiento, las existencias, el empleo, la productividad, la magnitud del dumping y la recuperación desde el dumping anterior en la industria de la Comunidad. Se confirman por tanto las conclusiones expuestas en los considerandos 127 a 133, 137, 142, 143, 145 y 146 del Reglamento provisional.

(62)

Los productores exportadores tailandeses que cooperaron sostenían que la rentabilidad de los productores comunitarios incluidos en la muestra había mejorado y no reflejaba perjuicio alguno. Alegaban también que si la industria de la Comunidad no había alcanzado el margen de beneficios mínimo del 5 % considerado apropiado y alcanzable en ausencia de dumping, ello se debía a las inversiones realizadas por los productores comunitarios incluidos en la muestra en 2002 y 2003. Asimismo, afirmaban que no se tenía en cuenta el hecho de que la industria de la Comunidad se beneficiaba de la utilización de acero inoxidable de bajo precio, ya que ello debía considerarse una situación normal de mercado de la que se han beneficiado todos los operadores.

(63)

Hay que recordar que, como se expone en los considerandos 149 y 150 del Reglamento provisional, la situación de la rentabilidad no era el único factor, ni el factor fundamental, que demostraba el perjuicio en este caso. De conformidad con el artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base, ninguno de los factores de perjuicio enumerados en dicho artículo, ni varios de ellos en conjunto, bastarán necesariamente para obtener un juicio o criterio decisivo sobre la situación de la industria de la Comunidad. Como explica el considerando 138 del Reglamento provisional, las inversiones eran necesarias para mantener la competitividad, por lo que no puede atribuirse a dichas inversiones una repercusión negativa sobre la rentabilidad. Por otra parte, como afirma el considerando 136 del Reglamento provisional, las repercusiones positivas sobre la rentabilidad de los productores comunitarios incluidos en la muestra debido a la subida de los precios del acero inoxidable durante el período de investigación fue estrictamente temporal y se trata de un factor que puede haber beneficiado a otros operadores económicos durante un período muy breve.

(64)

En consecuencia, hay que rechazar la alegación de que la situación de la rentabilidad no refleja el perjuicio y confirmar las conclusiones expuestas en los considerandos 134 a 136 del Reglamento provisional.

(65)

Los productores exportadores tailandeses que cooperaron señalaron que el incremento en las inversiones, el rendimiento de las inversiones, el flujo de caja y la capacidad de reunir capital no indicaban perjuicio alguno.

(66)

Como se menciona en el considerando 147 del Reglamento provisional, hay que recordar que los factores «inversiones» y «capacidad de reunir capital» no han sido considerados factores que demuestren la existencia de perjuicio durante el período considerado.

(67)

Ahora bien, en cuanto al rendimiento de las inversiones, la mejora general durante el período considerado debe analizarse en el contexto de: i) el carácter temporal y excepcional de la situación de la rentabilidad de los productores comunitarios incluidos en la muestra durante el período de investigación, como ya se ha expuesto en los considerandos 136 y 139 del Reglamento provisional, y ii) la mayor utilización de maquinaria arrendada, que no se ha considerado una inversión. Aunque los bienes de equipo arrendados no se incluyeron en las inversiones, el aumento de su utilización contribuyó al aumento de beneficios. Estas dos razones explican el crecimiento artificialmente elevado del rendimiento de las inversiones durante el período de investigación.

(68)

En cuanto al flujo de caja, sigue siendo un hecho que, a lo largo del período considerado, se deterioró en un 36 %, lo que indica claramente un perjuicio en dicho período. Por lo tanto, deben confirmarse las conclusiones expuestas en los considerandos 138 a 141 del Reglamento provisional.

(69)

Los productores exportadores tailandeses que cooperaron sostenían además que el aumento de un 10 % en el salario por empleado durante el período considerado no demuestra un perjuicio en este caso.

(70)

Se recuerda que la conclusión provisional sobre el perjuicio reconocía que el incremento de los salarios reflejaba las primas por la mejora de la productividad y la compensación por la inflación. No obstante, sigue siendo un hecho que el empleo disminuyó un 5 % durante el período considerado, lo que sí se considero una señal de perjuicio. Se confirman, pues, las conclusiones expuestas en el considerando 144 del Reglamento provisional.

(71)

En resumen, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 147 a 150 del Reglamento provisional. En conjunto, los indicadores negativos (pérdidas significativas en la cuota de mercado y el crecimiento, pérdida de empleos, mejora insatisfactoria de la rentabilidad y el rendimiento de las inversiones y el flujo de caja) superan significativamente a las tendencias positivas (ligero aumento de la producción y el volumen de ventas, reducción de las existencias, continuación de las inversiones, disminución de los costes laborales en términos absolutos y capacidad de reunir capital).

(72)

Los productores exportadores tailandeses y una asociación de importadores presentaron observaciones sobre el análisis provisional de la causalidad respecto a determinados factores que se exponen más abajo. No habiendo otras observaciones, se confirman las conclusiones expuestas en el Reglamento provisional sobre los efectos de las importaciones objeto de dumping (considerando 152 del Reglamento provisional), la incidencia de las importaciones procedentes de otros terceros países (considerandos 153 a 159 del Reglamento provisional) y la evolución del consumo en el mercado comunitario (considerando 160 del Reglamento provisional).

(73)

Los productores exportadores tailandeses que cooperaron, así como un importador y su asociación, se centraron en la incidencia de la depreciación del dólar estadounidense (USD) frente al euro, especialmente durante 2003, que según ellos favorecía a las exportaciones chinas y tailandesas a la Comunidad. Afirmaban que, al menos en parte, la bajada de los precios, y sus repercusiones perjudiciales sobre la industria de la Comunidad, no debían atribuirse a las prácticas de dumping de los exportadores en la República Popular China y Tailandia, sino a esta evolución del tipo de cambio [en el caso de la República Popular China, debido en concreto a la paridad yuan renminbi (CNY)/USD].

(74)

En primer lugar, hay que observar que no se conocen las monedas de facturación de todas las transacciones de exportación para los países afectados, por lo que no es posible estimar la incidencia de las posibles fluctuaciones del tipo de cambio. Por otra parte, y en lo que respecta al perjuicio, independientemente de si los bajos precios de importación pueden haberse debido en cierta medida a las fluctuaciones de las monedas, los precios de importación reales durante el período de investigación se utilizan para determinar el nivel de subcotización y sus repercusiones consiguientes en la industria de la Comunidad. Los márgenes de subcotización constatados eran significativos (véanse los considerandos 125 y 126 del Reglamento provisional).

(75)

Visto lo anterior, debe rechazarse el argumento relativo a la posible incidencia de las fluctuaciones del tipo de cambio.

(76)

Los productores exportadores tailandeses afirmaron también que el perjuicio experimentado por la industria de la Comunidad había que atribuirlo a una falta de competitividad debida a unas instalaciones de producción supuestamente obsoletas.

(77)

No obstante, hay que recordar que la industria de la Comunidad invirtió constantemente durante el período considerado para sustituir la maquinaria obsoleta y mantener unas instalaciones de producción modernas. Por consiguiente, no existe ninguna técnica de producción obsoleta y no competitiva que pudiera haber alterado la relación causal entre las importaciones objeto de dumping procedentes de los países afectados y sus repercusiones perjudiciales sobre la industria de la Comunidad. En consecuencia, debe rechazarse este argumento y se confirman las conclusiones expuestas en el considerando 161 del Reglamento provisional sobre la competitividad de la industria de la Comunidad.

(78)

Los productores exportadores tailandeses que cooperaron alegaron además que el perjuicio podría haber sido causado por unas condiciones de mercado inestables, mencionando los aumentos temporales del precio del acero y el poder de negociación de los grandes clientes.

(79)

Ahora bien, se observa que los aumentos temporales del precio del acero no supusieron perjuicio alguno para los productores comunitarios incluidos en la muestra sino que, al contrario, les fueron beneficiosos, ya que su rentabilidad aumentó temporalmente. En cuanto a la incidencia de los grandes clientes, hay que observar que la competencia desleal en forma de importaciones objeto de dumping contribuye de manera esencial a su poder de negociación. Por tanto, puede observarse una relación directa entre las importaciones procedentes de los países afectados y el comportamiento de los importadores y distribuidores. En conjunto, las condiciones del mercado comunitario no han roto el vínculo causal entre las importaciones objeto de dumping y el perjuicio soportado por la industria de la Comunidad.

(80)

En resumen, tras evaluar las observaciones expuestas más arriba y por los motivos expuestos en los considerandos 151 a 162 del Reglamento provisional, se confirma que ningún otro factor ha roto el vínculo causal entre las importaciones procedentes de los cinco países afectados considerados en su conjunto y el perjuicio importante experimentado por la industria de la Comunidad.

(81)

Varios importadores y distribuidores y varios productores exportadores tailandeses alegaron que las medidas podrían no redundar en interés de la Comunidad.

(82)

Los importadores y distribuidores señalaron que las medidas afectarían directamente a sus márgenes de beneficio y no podrían repercutir los costes de dichas medidas en sus clientes subiendo los precios.

(83)

Pero, en primer lugar, estas partes no documentaron dicha alegación. Además, como ya se afirmaba en el Reglamento provisional, no existen indicios de que las medidas antidumping puedan suponer un peligro para la viabilidad económica de los importadores y distribuidores. Por otra parte, sus márgenes de beneficios durante el período considerado fueron muy superiores a la rentabilidad de la industria de la Comunidad. Se confirma por tanto que cualquier ventaja que los importadores y distribuidores pudieran obtener de la no imposición de las medidas antidumping quedará compensada por el interés de la industria de la Comunidad de corregir las prácticas comerciales desleales o perjudiciales de los países afectados. Se confirman, por consiguiente, las conclusiones expuestas en los considerandos 164 a 170 del Reglamento provisional.

(84)

Los productores exportadores tailandeses observaron que la imposición de las medidas aumentaría los costes para la industria automovilística europea, lo que no redundaría en interés de la Comunidad. Sin embargo, no documentaron esta supuesta repercusión sobre los usuarios. Basándose en la información disponible, es decir, la respuesta de un usuario fabricante de material móvil, las repercusiones de las medidas sobre los usuarios al final de la cadena de fabricación sería insignificante. Por tanto, deben confirmarse las conclusiones expuestas en los considerandos 173 y 174 del Reglamento provisional sobre el interés de los usuarios y los consumidores.

(85)

Una vez examinados los intereses de las diversas partes involucradas, se confirma por los motivos expuestos en los considerandos 163 a 175 del Reglamento provisional que, desde la perspectiva del interés comunitario general, no hay ningún interés que supere el de la industria de la Comunidad de imponer medidas antidumping a fin de eliminar los efectos de falseamiento del comercio causados por las importaciones objeto de dumping.

(86)

A la luz de las conclusiones relativas al dumping, al perjuicio, a la causalidad y al interés de la Comunidad, se considera conveniente imponer medidas antidumping definitivas para evitar que las importaciones objeto de dumping causen más perjuicios a la industria de la Comunidad. A fin de determinar el nivel de dichas medidas, se han tenido en cuenta los márgenes de dumping observados durante el período de investigación y el importe del derecho necesario para eliminar el perjuicio sufrido por la industria de la Comunidad.

(87)

La subida de precios necesaria para eliminar el perjuicio se determinó empresa por empresa, comparando el precio medio ponderado de importación del producto afectado con el precio no perjudicial del producto similar vendido por la industria de la Comunidad en el mercado comunitario. La diferencia de precios se expresó como porcentaje del valor cif de importación.

(88)

El precio no perjudicial se obtuvo tomando el coste de producción ponderado de la industria de la Comunidad y agregándole un margen de beneficios del 5 %. Al no haberse recibido observaciones al respecto, se confirma que este margen de beneficios es el que podría conseguir la industria de la Comunidad en ausencia de las importaciones objeto de dumping. Refleja el margen de beneficios que podría lograrse en relación con grupos de productos similares de la industria comunitaria no sujetos a competencia desleal, por ejemplo, las sujeciones no clasificadas en los códigos NC de la gama de productos de la presente investigación.

(89)

Habida cuenta de lo anterior y de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, debe establecerse un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de sujeciones de acero inoxidable procedentes de la República Popular China, Indonesia, Taiwán, Tailandia y Vietnam.

(90)

Por lo que respecta al nivel del derecho, en el caso de dos productores exportadores que cooperaron (uno de Taiwán y otro de la República Popular China), se observó que el nivel de eliminación del perjuicio era inferior al margen de dumping. En esos casos, el nivel del derecho debe limitarse al nivel de eliminación del perjuicio. En todos los demás casos, el nivel del derecho debe fijarse al nivel del margen de dumping determinado de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base.

(91)

En vista de lo expuesto más arriba, los tipos de derecho son los siguientes:

(92)

El productor exportador tailandés se refirió al artículo 15 del Acuerdo Antidumping de la OMC, que dispone que deberá tenerse particularmente en cuenta la especial situación de los países en desarrollo cuando se contemple la aplicación de medidas antidumping. No obstante, no se demostró que el presente asunto afecte a los intereses fundamentales de Tailandia, como estipula dicha disposición. En estas circunstancias, se considera conveniente establecer un derecho antidumping sobre las importaciones procedentes de Tailandia a los tipos mencionados mas arriba.

(93)

Los tipos de los derechos antidumping de cada empresa especificados en el presente Reglamento se determinaron sobre la base de las conclusiones de la presente investigación. Por lo tanto, reflejan la situación constatada durante esta investigación en relación con dichas empresas. Estos tipos del derecho (en contraste con el derecho de ámbito nacional aplicable a «todas las demás empresas») se aplican por lo tanto exclusivamente a las importaciones de productos originarios de los países afectados y fabricados por estas empresas y, en consecuencia, por las entidades jurídicas mencionadas específicamente. Los productos importados fabricados por cualquier otra empresa no mencionada específicamente en la parte dispositiva del presente Reglamento con su nombre, incluidas las entidades vinculadas a las mencionadas específicamente, no podrán beneficiarse de estos tipos y estarán sujetos al tipo del derecho aplicable a «todas las demás empresas».

(94)

Cualquier solicitud de aplicación de estos tipos del derecho antidumping individuales (por ejemplo, a raíz de un cambio de nombre de la entidad o de la creación de nuevas entidades de producción o venta) deberá dirigirse inmediatamente a la Comisión (3) junto con toda la información pertinente, en especial cualquier modificación de las actividades de la empresa relacionadas con la producción y las ventas interiores y de exportación derivada, por ejemplo, del cambio de nombre o de la creación de entidades de producción o venta. En caso necesario, el presente Reglamento se modificará consecuentemente, poniendo al día la lista de empresas que se benefician de los tipos de derecho individuales.

(95)

Dada la amplitud de los márgenes de dumping constatados y habida cuenta del nivel del perjuicio causado a la industria de la Comunidad, se considera necesario que los importes garantizados por el derecho antidumping provisional establecido por el Reglamento provisional, el Reglamento (CE) no 771/2005, se perciban definitivamente al tipo del derecho definitivamente establecido por el presente Reglamento. Para los productores exportadores cuyo tipo del derecho definitivo es inferior al del derecho provisional, se liberarán los importes garantizados provisionalmente superiores al tipo del derecho antidumping definitivo.

19.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/14

(1)

Tras una investigación (en adelante «la investigación anterior»), el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 969/2000 (2), modificó las medidas establecidas inicialmente en el Reglamento (CEE) no 3068/92 (3) relativo a las importaciones de cloruro potásico originario, entre otros países, de Rusia (en adelante «las medidas vigentes»).

(2)

En marzo de 2004, a través de un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  (4), la Comisión inició, por propia iniciativa, una reconsideración provisional parcial de las medidas vigentes a fin de estudiar la conveniencia de modificarlas para tener en cuenta la ampliación de la Unión Europea a 25 Estados miembros el 1 de mayo de 2004 (en lo sucesivo «la ampliación»).

(3)

Los resultados de dicha reconsideración provisional parcial indicaron que, en interés de la Comunidad, se imponía una adaptación temporal de las medidas vigentes con objeto de evitar un impacto económico repentino y excesivamente negativo sobre los importadores y usuarios de los diez nuevos Estados miembros de la UE inmediatamente después de la ampliación.

(4)

Con ese fin, en mayo de 2004, mediante el Reglamento (CE) no 1002/2004 (5), la Comisión aceptó los compromisos de dos productores exportadores de Rusia, a saber, JSC Silvinit y JSC Uralkali, durante un período de un año. En junio de 2005, mediante el Reglamento (CE) no 858/2005 de la Comisión (6), se aceptaron nuevos compromisos, que expiran el 13 de abril de 2006, de los dos productores exportadores de Rusia. Además, a fin de establecer la exención de los derechos antidumping establecidos por el Reglamento (CEE) no 3068/92 sobre las importaciones realizadas al amparo de los compromisos, el Reglamento (CEE) no 3068/92 quedó modificado por el Reglamento (CE) no 992/2004 (7).

(5)

Asimismo conviene señalar que debe considerarse que, salvo que se indique otra cosa, todas las menciones de «la Comunidad» o «la Comunidad de los 15» en el presente Reglamento se refieren a la Comunidad tal y como estaba formada inmediatamente antes de la ampliación.

(6)

En enero de 2004 se recibieron solicitudes por separado de JSC Silvinit y JSC Uralkali (en adelante «los solicitantes») de reconsideración provisional parcial de las medidas vigentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base.

(7)

Los solicitantes alegaron y proporcionaron suficientes indicios razonables de que una comparación del valor normal basado en sus propios costes/precios nacionales y sus precios de exportación a la Comunidad conducirían a la eliminación del dumping. Por lo tanto, para compensar las prácticas de dumping ya no es necesario, según los solicitantes, mantener las medidas vigentes al nivel actual, establecido de acuerdo con el nivel de dumping previo.

(8)

Tras haber determinado, previa consulta al Comité consultivo, que existían suficientes pruebas para iniciar reconsideraciones provisionales parciales, la Comisión publicó anuncios de inicio y abrió una investigación (8).

(9)

La investigación se limitó al dumping y abarcó el período comprendido entre el 1 de abril de 2003 y el 30 de marzo de 2004 (en lo sucesivo, «el período de investigación»).

(10)

La Comisión notificó oficialmente a los representantes del país exportador, a los solicitantes y a la industria de la Comunidad el inicio de las reconsideraciones provisionales y dio a todas las partes directamente afectadas la oportunidad de expresar sus opiniones por escrito y de solicitar una audiencia. La Comisión envió cuestionarios a los solicitantes. Se recibieron contestaciones a los cuestionarios por parte de los solicitantes y de un operador exportador de Rusia vinculado a una de las empresas solicitantes.

(11)

La Comisión buscó y verificó toda la información que consideró necesaria para la determinación del dumping y llevó a cabo verificaciones de las respuestas a los cuestionarios en las instalaciones de las siguientes empresas:

(12)

El producto es el mismo que en la investigación anterior, a saber, cloruro potásico (potasa, KCl) y se utiliza generalmente como abono para la agricultura, directamente, mezclado con otros fertilizantes o después de transformarlo en un abono complejo conocido como NPK (nitrógeno, fósforo, potasio). El contenido de potasio es variable y se expresa como porcentaje en peso del óxido de potasio (K2O) en el producto anhidro seco. El producto se utiliza asimismo como materia prima en la fabricación de determinados productos industriales y farmacéuticos.

(13)

La potasa se comercializa generalmente en forma estándar, en polvo («potasa estándar») o en otras formas distintas de la estándar, lo que incluye pero no se limita a la forma granulada («potasa granulada»). El producto se clasifica generalmente en tres categorías básicas, según el contenido de K2O, a saber:

(14)

Debe recordarse que en la investigación anterior se constató que determinadas mezclas especiales o mezclas con un contenido inusualmente alto de potasa importadas, que no están clasificadas en los códigos NC para la potasa indicados anteriormente, deben considerarse también un producto afectado. Se llegó a esta conclusión porque estas mezclas compartían las mismas características físicas y químicas fundamentales y tenían las mismas aplicaciones que las categorías básicas mencionadas anteriormente. En consecuencia, dichas mezclas, clasificadas en los códigos NC ex 3105 20 10, ex 3105 20 90, ex 3105 60 90, ex 3105 90 91 y ex 3105 90 99, se incluyeron también en la presente investigación y forman parte del producto afectado.

(15)

Se decidió que, dado que no había diferencias en las propiedades físicas o químicas entre el producto exportado de Rusia a la Comunidad y el producto producido en Rusia y vendido en el mercado interior ruso, dichos productos debían considerarse productos similares a los efectos de la presente investigación.

(16)

Por lo que se refiere a la determinación del valor normal, se examinó en primer lugar si el volumen total de las ventas nacionales totales del producto similar realizadas por cada uno de los solicitantes eran representativas respecto a sus ventas totales de exportación a la Comunidad. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base, se consideró que las ventas interiores eran representativas cuando los volúmenes de venta interior del producto similar de cada uno de los solicitantes eran al menos el 5 % de sus volúmenes totales de ventas de exportación respectivos a la Comunidad durante el período de investigación. Sobre esta base, se constató que las ventas interiores globales del producto afectado de cada uno de los solicitantes durante el período de investigación se hicieron en cantidades representativas.

(17)

Seguidamente, se examinó si eran representativas las ventas de cada tipo de producto en el mercado nacional, definiendo para ello los tipos de producto con arreglo a los códigos TARIC en los que dicho producto está clasificado (es decir, de calidad estándar o no estándar, incluida la granulada) y al embalaje o forma en que se envía (es decir, a granel, en sacos o en contenedores). Las ventas interiores de un tipo específico se consideraron suficientemente representativas cuando el volumen interior total de ventas de ese tipo durante el período de investigación representaba el 5 % o más del volumen total de ventas del tipo de producto comparable exportado a la Comunidad.

(18)

Como resultado de este análisis, se constató que un productor exportador, JSC Silvinit, sólo vendió un tipo de producto exportado en cantidades representativas en el mercado nacional. En cuanto al otro productor exportador, JSC Uralkali, se constató que todos los tipos de producto exportados se vendieron en cantidades representativas en el mercado nacional.

(19)

Se examinó igualmente si las ventas interiores de cada tipo de producto podían considerarse realizadas en el curso de operaciones comerciales normales, determinando la proporción de ventas rentables del tipo en cuestión a clientes independientes.

(20)

A ese respecto, se constató que, en el caso de JSC Uralkali, los precios de venta interiores para el mejor tipo de producto vendido exportado a la Comunidad (en adelante «el mejor tipo de exportación vendido»), que representaba más del 99 % de dichas exportaciones, experimentaron tendencias inhabituales durante el período de investigación. Se observó que, durante el período de investigación, el 77 % de las ventas interiores del mejor tipo de exportación vendido se realizaron a un cliente de Rusia y que los precios de venta a ese cliente se multiplicaron por más de dos durante un mes en la mitad del período de investigación. Los precios de ese tipo de producto vendido a otros clientes nacionales también aumentaron al mismo tiempo, pero lo hicieron en un 40 % aproximadamente. Los precios de otros tipos de potasa vendidos en el mercado nacional experimentaron aumentos similares de alrededor del 40 % durante el período de investigación.

(21)

En vista de esa situación especial del mercado respecto a la fijación de precios de un tipo de producto clave utilizado para calcular el margen de dumping, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, se considera que dichas ventas no permiten una comparación adecuada. Dada la importancia de dichas ventas respecto a los volúmenes de venta interior del tipo en cuestión y la importancia de este tipo respecto al volumen global de potasa exportado por la empresa afectada a la Comunidad, se considera razonable no tener en cuenta las ventas específicas al cliente en cuestión. Se constató que las ventas restantes de este tipo de producto en el mercado nacional a otros clientes se situaron por debajo del umbral del 5 % considerado necesario para que sean representativas. En consecuencia, el valor normal de este tipo de producto se calculó basándose en el coste de producción del productor exportador afectado, más una cantidad razonable en concepto de gastos de venta, generales y administrativos y beneficios. Los importes correspondientes a los gastos de venta, generales y administrativos y a los beneficios se basaron en los datos reales de producción y venta, en el curso de operaciones comerciales normales, del producto similar proporcionados por el productor exportador investigado, de conformidad con el artículo 2, apartado 6, primera frase, del Reglamento de base.

(22)

Uralkali alegó que la «situación especial del mercado» prevista en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base no es aplicable a las ventas del producto afectado al cliente en cuestión y que, por ello, para determinar el valor normal debían utilizarse los precios del tipo de producto afectado en el mercado nacional. A este respecto, se alegó: i) que lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base no se aplica en el caso de «precios artificialmente elevados» y ii) que no puede considerarse que las condiciones especiales aplicadas sólo a un cliente concreto constituyen una «situación especial del mercado» respecto al mercado interior ruso en su conjunto. Además, se adujo que los precios en cuestión eran resultado de «las fuerzas del mercado» y reflejaban «la situación real del mercado».

(23)

Respecto a lo anterior, conviene señalar que las situaciones especiales del mercado a las que se refiere el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base no son exhaustivas y que el carácter especial del mercado debe evaluarse, entre otras cosas, según las variaciones y tendencias de precios en lugar de únicamente según el nivel absoluto de los precios. En este caso, tanto las ventas a bajo precio como las ventas a precio elevado se excluyeron de los cálculos, ya que no reflejaban un nivel de precios de carácter duradero y que dichos precios no parecían reflejar las fuerzas del mercado al no hallarse en ningún otro tipo de producto o respecto a ningún otro cliente de Uralkali. Por otro lado, el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base establece que el valor normal puede calcularse en situaciones en que, «[…] debido a una situación especial del mercado, dichas ventas no permitan una comparación adecuada […]». Ello permite claramente, como ocurre en la presente situación, no tener en cuenta como base para determinar el valor normal las ventas a un cliente respecto de las que se considere que no permiten una comparación adecuada. Esta conclusión no se refiere al mercado ruso en su conjunto sino a estas ventas de Uralkali.

(24)

En cuanto a JSC Silvinit, en aquellos casos en que las ventas de un tipo de producto efectuadas a un precio neto igual o superior al coste unitario representaban más del 80 % del volumen total de ventas de ese tipo de producto y en que el precio medio ponderado de ese tipo de producto era igual o superior al coste unitario ajustado, el valor normal se basó en el precio interior real, calculado como media ponderada de los precios de todas las ventas de ese tipo de producto realizadas en el mercado nacional durante el período de investigación, con independencia de que fueran rentables o no.

(25)

En el caso del otro tipo de producto de JSC Silvinit, que se vendió en cantidades insuficientes para que los precios del mercado nacional pudiesen proporcionar una base adecuada para la determinación del valor normal, debía aplicarse otro método. En este caso, se utilizó el valor normal calculado, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base. Para el cálculo del valor normal, al coste unitario ajustado del tipo de producto exportado se agregó un porcentaje razonable en concepto de gastos de venta, generales y administrativos y un margen razonable de beneficios, basados, conforme a lo dispuesto en la primera frase del artículo 2, apartado 6, del Reglamento de base, en datos reales relacionados con la producción y ventas del producto similar, en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el productor exportador objeto de investigación.

(26)

Uralkali alegó que el margen de beneficios utilizado para calcular el valor normal no tenía en cuenta adecuadamente los ajustes de los costes de gas, ya que los beneficios utilizados para calcular los valores normales se dedujeron de las cuentas de la empresa antes de los ajustes. Sin embargo, esta alegación no se aceptó ya que, de acuerdo con el párrafo introductorio del artículo 2, apartado 6, del Reglamento de base, para calcular el valor normal debe utilizarse el beneficio real obtenido por la empresa en el mercado nacional.

(27)

En lo que respecta a los costes energéticos, como la electricidad y el gas utilizado en los procesos de minería y producción del producto afectado, la investigación dio como resultado que dichos costes constituyen una proporción significativa del coste total de fabricación de los productores de potasa, no sólo en Rusia sino también en otros países productores. A este respecto, la industria de la Comunidad indicó que el precio unitario de la electricidad y el gas pagado por las empresas rusas a sus suministradores de energía no reflejaba razonablemente el coste de producción real de la electricidad y el gas adquirido.

(28)

Dadas esas alegaciones, se consideró oportuno en el presente caso comparar también los costes unitarios de adquisición de la energía de los solicitantes con los de otro gran productor de potasa con métodos y niveles de producción y ventajas naturales similares. Al no haber ningún otro productor de potasa en Rusia, esa información se buscó y obtuvo respecto a un gran productor de potasa de Canadá.

(29)

Según los datos proporcionados, las necesidades energéticas del productor canadiense fueron similares a las de los productores rusos solicitantes y la electricidad y el gas adquiridos por esa empresa procedían de centrales hidroeléctricas y grandes yacimientos de gas nacionales, al igual que la electricidad y el gas utilizados por las empresas rusas. La comparación mostró que el coste unitario de la electricidad pagada por el productor canadiense no era muy distinto del pagado por los productores rusos.

(30)

En cuanto a los suministros de gas, se constató, basándose en los datos que figuran en el informe anual de 2003 del suministrador ruso de gas OAO Gazprom (cuyo distribuidor regional era también el suministrador de los productores exportadores en cuestión), que el precio nacional del gas pagado por los dos productores rusos era una quinta parte aproximadamente del precio de exportación desde Rusia. En dicho informe se afirmaba claramente que «OAO Gazprom no obtuvo beneficios en el mercado interior». Pese a que no hay información oficial sobre la rentabilidad de los precios del gas ruso en el mercado interior, la información procedente de fuentes gubernamentales rusas aparecida en la prensa y los datos procedentes de analistas del mercado y de páginas de Internet gubernamentales apuntan a que los precios del gas aplicados a los clientes nacionales distaban mucho de los niveles de recuperación de costes. Además, el precio del gas pagado por los dos productores rusos era significativamente más bajo que el del gas pagado por los productores canadienses.

(31)

En vista de lo anterior, se consideró que los precios aplicados por el suministrador de gas ruso regional a los productores de potasa rusos durante el período de investigación no reflejaban razonablemente los costes de producción de gas respecto al precio del gas exportado desde Rusia y al precio del suministrador de gas canadiense al principal usuario industrial de Canadá. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, se efectuó un ajuste del coste de producción de cada solicitante. A falta de otra base razonable, dicho ajuste se efectúo basándose en el precio del gas de exportación, menos los costes de transporte, el derecho de aduana de exportación, el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto especial.

(32)

A este respecto, uno de los solicitantes adujo que los impuestos aplicados al gas figuraban correctamente en sus libros contables y que, por lo tanto, no estaba justificado el ajuste a que se refiere el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base. En respuesta a ese argumento, conviene señalar que para justificar el ajuste no se cuestiona si la empresa contabilizó correctamente los precios facturados pagados sino el hecho de que el precio del gas adquirido no refleja razonablemente el coste de producción y distribución del gas.

(33)

Por lo que se refiere al ajuste de los costes del gas, las autoridades rusas alegaron que la Comisión no había tenido en cuenta los diferentes costes de transporte del gas vendido en el mercado interior para uso industrial y el gas vendido para su exportación. Sobre este asunto, conviene recordar (véase el considerando 31) que la comparación que condujo al ajuste se realizó entre los precios del gas pagados realmente por las empresas y los precios del gas aplicados por el suministrador de gas ruso OAO Gazprom para su exportación desde Rusia, menos los costes de transporte, el derecho de aduana de exportación, el impuesto sobre el valor añadido y el impuesto especial. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(34)

Uno de los solicitantes adujo que durante el primer semestre de 2004 (o sea, el último trimestre del período de investigación) tuvo un coste unitario de producción significativamente menor debido a una mayor eficiencia y unos menores costes de mantenimiento y que este menor coste unitario debía utilizarse como base para el coste de producción de todo el período de investigación. No se aceptó esta alegación, ya que la base apropiada para determinar dicho coste es todo el período de investigación y no los costes incurridos durante un período excepcional, en este caso más corto.

(35)

La industria de la Comunidad alegó que, dado que también afecta al coste de producción, la amortización de los bienes de capital debía basarse, a los efectos de los costes de producción de los solicitantes, en los costes de sustitución de dichos bienes (por ejemplo, nuevos pozos y maquinaria, etc.). A este respecto, se indicó que la amortización basada convencionalmente en el valor de adquisición (histórico) de los bienes de capital no reflejaría razonablemente, como se establece en el artículo 2, apartado 5, del Reglamento de base, los costes de producción del producto afectado. En consecuencia, se indicó que era necesario efectuar un ajuste al alza de los costes de los productores rusos.

(36)

Respecto a esta alegación, conviene señalar que basar la amortización en el valor de adquisición y la vida económica residual de los bienes de capital parece ajustarse a las prácticas contables del sector de la minería. Por lo tanto, a fin de determinar si la amortización incluida en los datos sobre el coste de producción reflejaba razonablemente los costes de producción del producto afectado, la investigación se centró en el modo en que se habían calculado los valores históricos de los bienes de capital.

(37)

A este respecto, las inspecciones in situ de las instalaciones de los productores rusos dieron como resultado que el valor original de sus bienes de capital se determinó basándose en las valoraciones realizadas durante el proceso de privatización que tuvo lugar en 1993. Posteriormente, entre 1993 y 1997, se revisaron dichas valoraciones al haberse aplicado los «coeficientes de reevaluación» establecidos por el Gobierno ruso para luchar contra la hiperinflación. A finales de 1997, tras un Decreto del Gobierno ruso, evaluadores independientes realizaron valoraciones de los bienes. Se adoptaron tres criterios básicos para determinar el valor de los bienes; uno de ellos era el valor de sustitución del bien. Los resultados de estas valoraciones independientes quedan reflejados en el balance de apertura de los solicitantes en 1998.

(38)

No obstante, a pesar de esta valoración al alza de los valores originales, se constató que los valores de los bienes de los solicitantes, expresados en forma de relación entre la producción y el valor de los bienes de capital, siguen siendo significativamente más bajos que los valores de los bienes de las empresas que forman la industria de la Comunidad y de un gran productor de Canadá con una capacidad similar de extracción y producción. Sin embargo, esa valoración no tiene en cuenta la obsolescencia y el nivel tecnológico inferior de los bienes de los productores rusos antes de la privatización de 1993.

(39)

Por lo tanto, a falta de pruebas substanciales de que la amortización no se ha reflejado correctamente en las cuentas de los productores exportadores, se considera que en el momento actual no cabe efectuar ningún ajuste de los costes de amortización considerados en los costes de producción utilizados para determinar el valor normal de los solicitantes.

(40)

Por otra parte, la industria de la Comunidad adujo que, al calcular el coste de producción, debía incluirse en el cálculo del coste de producción una asignación para el coste de protección del medio ambiente comparable a la soportada por los productores comunitarios. No obstante, se constató que los solicitantes habían tenido esos costes y los habían incluido en los cálculos del coste de producción. En cuanto a si dichos costes deben tener una proporción o magnitud similar a la de los costes de los productores comunitarios, se considera que, si los solicitantes han alcanzado los niveles de protección ambiental fijados por las autoridades rusas y los costes derivados de ello quedan reflejados correctamente en sus cuentas, no es necesario efectuar ningún ajuste. Dado que se constató que así ocurrió en el caso de ambos solicitantes, no se justificaba ningún ajuste en concepto de costes de protección del medio ambiente.

(41)

En cuanto a Silvinit, se constató que la mayoría de las ventas de potasa de la empresa a la Comunidad durante el período de investigación se realizaron a un operador comercial suizo no vinculado. A los efectos de la presente investigación y de conformidad con el artículo 2, apartado 8, del Reglamento de base, se tomaron como base para calcular el precio de exportación los precios realmente pagados o por pagar a Silvinit por dicho operador comercial.

(42)

Sin embargo, se constató que se habían efectuado dos transacciones a través del operador ruso vinculado a Silvinit, International Potash Company (IPC), a una empresa vinculada de Bélgica llamada Ferchimex AS, que transformaba la potasa importada en un producto no cubierto por la investigación. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 9, del Reglamento de base, los precios aplicados por International Potash Company a Ferchimex AS pueden no tenerse en cuenta si se considera que no son fiables. Se constató que en ambas transacciones el precio de venta a Ferchimex AS fue globalmente similar al de los mismos tipos vendidos a clientes independientes de la Comunidad. Además, ambas transacciones representaban sólo cantidades pequeñas. Por consiguiente, se incluyeron en la determinación global del precio de exportación.

(43)

En cuanto a Uralkali, se constató que todas las ventas de potasa de la empresa a la Comunidad durante el período de investigación se realizaron directamente a un operador situado en Chipre llamado Fertexim Ltd y distribuidor exclusivo de Uralkali. En el caso de estas ventas, el precio de exportación se determinó de conformidad con el artículo 2, apartado 8, del Reglamento de base, es decir, sobre la base de los precios de exportación realmente pagados o por pagar por Fertexim Ltd.

(44)

Se compararon el valor normal y los precios de exportación de ambos solicitantes utilizando los precios de fábrica. Para garantizar una comparación ecuánime entre el valor normal y el precio de exportación se tuvieron en cuenta debidamente las diferencias que afectan a la comparabilidad de los precios, de conformidad con el artículo 2, apartado 10, del Reglamento de base.

(45)

De ese modo, se efectuaron ajustes en concepto de descuentos, transporte, seguros, manipulación, descarga y costes accesorios, embalaje y crédito si procedía hacerlo y estaban respaldados por pruebas.

(46)

De conformidad con el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, se comparó, respecto de cada productor exportador, el valor normal medio ponderado ajustado por tipo de producto con el precio de exportación medio ponderado ajustado por cada tipo correspondiente del producto afectado vendido a la Comunidad.

(47)

La comparación mostró la existencia de dumping en el caso de las dos empresas afectadas, si bien a niveles significativamente más bajos que los establecidos previamente. Como media ponderada de todos los tipos exportados a la Comunidad, expresada como porcentaje del precio cif en frontera de la Comunidad no despachado de aduana, los márgenes de dumping establecidos son los siguientes:

(48)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base, se analizó si las circunstancias relacionadas con el dumping habían sufrido cambios significativos y si se podía afirmar que dichos cambios revestirían carácter duradero. Se constató que el cambio de los márgenes de dumping se debió a una disminución de los valores normales del producto de los solicitantes.

(49)

A este respecto, conviene señalar que en la presente investigación el valor normal se determinó basándose en los costes y precios de los solicitantes. Además, a diferencia de las conclusiones de la investigación anterior, el consumo interno de potasa ha ido en constante aumento en los últimos años y, en general, los precios de venta interiores de ambos productores rusos permiten alcanzar la rentabilidad.

(50)

En cuanto al carácter duradero de los precios de exportación en mercados que no sean el de la Comunidad, ninguno de los solicitantes aportó datos detallados por transacción relativos al productor. No obstante, se proporcionaron datos agregados por país de destino y por tipo de producto, lo cual se consideró suficiente para la presente reconsideración provisional parcial, ya que determinar exactamente los precios de venta en esos mercados no es un requisito indispensable. A falta de datos detallados, y teniendo en cuenta: i) la variedad de las condiciones de entrega empleadas en esas ventas (por ejemplo, cif, fob, FCA, etc.), ii) los diferentes acuerdos y combinaciones logísticos (por ejemplo, ferrocarril más barco, sólo ferrocarril, etc.) y iii) las diferencias de distancia y costes de transporte y manipulación a diversos destinos en Asia y Sudamérica, la Comisión no pudo determinar con exactitud los precios de venta a cada país. Sin embargo, existían indicios de que los niveles de precios de venta a los mercados no comunitarios eran, excluyendo los costes de transporte, similares a los de las ventas a la Comunidad.

(51)

Teniendo en cuenta todos esos factores, se considera adecuado modificar las medidas vigentes en la medida en que afecten a los solicitantes disminuyendo los márgenes de dumping al nivel establecido en la presente investigación.

(52)

De conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, el nivel del derecho antidumping no deberá sobrepasar el margen de dumping determinado, pero deberá ser inferior a dicho margen si ese derecho inferior es suficiente para eliminar el perjuicio a la industria de la Comunidad. Dado que los derechos vigentes para los solicitantes se calcularon tomando como base los márgenes de dumping, y que los nuevos márgenes de dumping son inferiores a los calculados previamente, los derechos deben ajustarse según los márgenes de dumping más bajos constatados en la presente investigación, a saber, el 23,0 % en el caso de JSC Silvinit y el 12,3 % en el de JSC Uralkali.

(53)

Se informó a las partes interesadas de los principales hechos y consideraciones en que se pretendía basar la recomendación de que se modificaran los derechos antidumping establecidos inicialmente en el Reglamento (CEE) no 3068/92 y se les dio la posibilidad de presentar sus observaciones y solicitar ser oídas. Todas las observaciones recibidas fueron tenidas en cuenta en los casos pertinentes.

(54)

A raíz de la comunicación de los principales hechos y consideraciones en que se pretendía basar la recomendación de que se modificaran los derechos antidumping establecidos inicialmente en el Reglamento (CEE) no 3068/92, ambos solicitantes ofrecieron compromisos de precios de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base.

(55)

Mediante la Decisión 2005/802/CE (9), la Comisión aceptó los compromisos ofrecidos por los solicitantes. Las razones de esa aceptación figuran en la citada Decisión.

(56)

Las medidas vigentes son aplicables a ocho códigos NC y consisten en cantidades fijas que van de 19,61 EUR/tonelada a 40,63 EUR/tonelada, según el tipo de producto. Durante el período de investigación del presente caso, se constató que casi todas las exportaciones de los solicitantes a la Comunidad se limitaron a un tipo de producto clasificado en un sólo código NC.

(57)

Por consiguiente, a falta de información sobre otros tipos de producto, y dado que el tipo particular de potasa afectado parece ser actualmente el más comercializado, se considera que el método más razonable para aplicar los derechos modificados es un único derecho ad valorem para todos los tipos de potasa fabricados por los solicitantes.

1)

el artículo 1 se modifica como sigue:

2)

en el artículo 1 bis, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Las importaciones declaradas para despacho a libre práctica estarán exentas del derecho antidumping establecido en el artículo 1, siempre que la Comisión haya aceptado compromisos de las empresas productoras, los nombres de éstas figuren en el Reglamento (CE) no 858/2005 de la Comisión y en la Decisión 2005/802/CE de la Comisión, en la versión modificada, y los productos se hayan importado de conformidad con lo estipulado en los mismos actos de la Comisión.».

19.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/22

(1)

El 9 de septiembre de 1993 y mediante el Reglamento (CEE) no 2474/93 (2), el Consejo estableció un derecho antidumping definitivo del 30,6 % sobre las importaciones de bicicletas originarias de la República Popular China («China»), en lo sucesivo denominado «las medidas iniciales». El 18 de enero de 1997, a raíz de una investigación antielusión, dicho derecho se hizo extensivo, mediante el Reglamento (CE) no 71/97, a las importaciones de determinadas partes de bicicletas originarias de China.

(2)

El 14 de julio de 2000, tras una reconsideración por expiración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 1524/2000 (3), decidió que las medidas antes mencionadas debían mantenerse.

(3)

El 14 de julio de 2005, y al término de una reconsideración provisional efectuada con arreglo al artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base («la investigación previa»), el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 1095/2005, modificó el derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bicicletas originarias de China. El tipo modificado del derecho antidumping aplicable al precio neto del producto franco frontera comunitaria, antes del despacho de aduana, corresponde, en el caso de las importaciones de bicicletas originarias de China, al 48,5 %.

(4)

La Comisión recibió una solicitud de Giant China Co., Ltd. («el solicitante») con vistas a una reconsideración provisional parcial basada en lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, del Reglamento de base.

(5)

La solicitud se sustentaba en indicios razonables, proporcionados por el solicitante, de que las circunstancias en las que se establecieron las medidas habían cambiado y estos cambios eran de carácter duradero. El solicitante alegaba, entre otras cosas, que las circunstancias en lo referente al estatuto de economía de mercado habían cambiado significativamente. En particular, el solicitante declaraba cumplir ahora los requisitos para que le fuera concedido el citado estatuto, de conformidad con el artículo 2, apartado 7, letra b), del Reglamento de base. Además, el solicitante aportaba pruebas que mostraban que una comparación del valor normal basado en sus propios costes/precios en el mercado interior y sus precios de exportación a la Unión Europea ampliada arrojaría un margen de dumping significativamente inferior al nivel de la medida actual. En consecuencia, el solicitante aducía que resultaba ya innecesario seguir aplicando la medida en su actual nivel para contrarrestar el dumping.

(6)

El 19 de febrero de 2005, y previa consulta al Comité consultivo, la Comisión inició, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  (4), una reconsideración provisional parcial con el propósito exclusivo de examinar si el solicitante operaba en condiciones de economía de mercado, tal como se definen en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, o, alternativamente, si cumplía los requisitos para la atribución de un derecho antidumping individual de conformidad con el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base.

(7)

La Comisión envió al solicitante un cuestionario y un formulario de solicitud de estatuto de economía de mercado al amparo del artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base.

(8)

La investigación se centró en el período comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004 (en lo sucesivo, «el período de investigación» o «PI»).

(9)

La Comisión anunció oficialmente al productor exportador, a los representantes del país exportador y a los productores de la Comunidad la apertura de la reconsideración. Las partes interesadas tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus observaciones por escrito, de presentar información y aportar pruebas, así como de solicitar una audiencia en el plazo indicado en el anuncio de apertura. Todas aquellas partes interesadas que lo solicitaron y demostraron que había motivos para ello fueron oídas.

(10)

El producto afectado es el mismo que fue objeto de las investigaciones previa y original, a saber, las bicicletas y demás velocípedos (incluidos los triciclos de reparto) sin motor, actualmente clasificables en los códigos NC 8712 00 10, 8712 00 30 y 8712 00 80. No se han hallado indicios de que las circunstancias, en lo que respecta al producto afectado, hayan cambiado de manera significativa desde la imposición de las medidas.

(11)

En el transcurso de la investigación que se dio por concluida mediante el Reglamento (CE) no 1095/2005, se comprobó que todos los productores exportadores chinos que solicitaban el estatuto de economía de mercado no cumplían los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base, por los motivos señalados en los considerandos 31 a 33 del citado Reglamento. El solicitante figuraba entre las empresas a las que se denegó el estatuto de economía de mercado en el marco de aquella investigación.

(12)

Habida cuenta de que las conclusiones en lo relativo a las reivindicaciones del estatuto de economía de mercado son también válidas para el año 2004, esto es, el período de la presente investigación, se ha decidido, previa consulta al Comité consultivo, no conceder al solicitante el citado estatuto, por no cumplir los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 7, letra c), del Reglamento de base.

(13)

A raíz de la investigación previa, se llegó igualmente a la conclusión de que los productores exportadores chinos que habían solicitado un trato individual no reunían los requisitos necesarios para ello según el artículo 9, apartado 5, del Reglamento de base, por los motivos señalados en los considerandos 45 a 47 del Reglamento (CE) no 1095/2005.

(14)

El solicitante figuraba entre las empresas que no reunían los requisitos necesarios para el trato individual en el marco de la investigación previa y las conclusiones de ésta son también válidas para el período de la presente investigación. En este contexto, se comprobó que todos los productores exportadores de China estaban sujetos a un considerable control estatal a la hora de determinar sus precios de exportación y las cantidades del producto afectado para exportación, tal como se explica en el considerando 13. Se ha considerado, por tanto, que el solicitante no cumple los requisitos para un trato individual en el marco de la presente investigación.

(15)

Habida cuenta de lo anterior, no han podido concederse al solicitante ni el estatuto de economía de mercado ni un trato individual. Sobre esta base, se considera que, en el caso del solicitante, las circunstancias en lo relativo al dumping no han cambiado de forma significativa en comparación con la situación imperante durante el período cubierto por la investigación que condujo al establecimiento de las medidas modificadas. En consecuencia, se estima que la reconsideración provisional parcial de las medidas antidumping aplicables a las importaciones a la Comunidad de bicicletas originarias de la República Popular China debe darse por concluida sin modificación de las medidas vigentes.

19.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/24

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

19.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/26

(1)

El Reglamento (CE) no 27/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen, para 2005, las posibilidades de pesca y las condiciones correspondientes para determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas comunitarias y, en el caso de los buques comunitarios, en las demás aguas donde sea necesario establecer limitaciones de capturas (3), establece las cuotas correspondientes a 2005.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población citada en el anexo del presente Reglamento por parte de buques que enarbolan pabellón del Estado miembro o que están registrados en el Estado miembro mencionado en dicho anexo han agotado la cuota asignada para 2005.

(3)

Por consiguiente, es necesario prohibir la pesca, la conservación a bordo, el transbordo y el desembarque de peces de dicha población.

19.11.2005   

ES

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L 302/28

(1)

A fin de evitar riesgos para la salud humana y obstáculos a la libre circulación de mercancías, la Directiva 2002/16/CE de la Comisión, de 20 de febrero de 2002, relativa a la utilización de determinados derivados epoxídicos en materiales y objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (2), establece límites de migración específicos para 2,2-bis(4-hidroxifenil)propano bis(2,3-epoxipropil)éter («BADGE», es decir, diglicidil éter de bisfenol A), bis(-hidroxifenil)metano bis(2,3-epoxipropil)éteres («BFDGE», es decir, diglicidil éter de bisfenol F) y éteres glicidílicos de novolac («NOGE») y algunos de sus derivados.

(2)

De conformidad con la Directiva 2002/16/CE, la utilización o la presencia de BFDGE y NOGE sólo está permitida hasta el 31 de diciembre de 2004. En relación con BADGE, se amplió el período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2005, a la espera de que se presentaran los nuevos datos toxicológicos y que fueran evaluados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad»).

(3)

Se han presentado los datos toxicológicos requeridos respecto a BADGE. La Autoridad llegó a la conclusión de que «BADGE, BADGE.H2O y BADGE.2H2O» no presentan peligro de carcinogenicidad o genotoxicidad in vivo y que puede establecerse para las tres sustancias una ingesta diaria tolerable de 0,15 mg/kg de peso corporal. Por consiguiente, puede establecerse un límite de migración específico [LME(T)] más elevado para BADGE, BADGE.H2O y BADGE.2H2O. En lo referente a las clorohidrinas de BADGE, dada la falta de datos sobre su genotoxicidad in vivo, la Autoridad considera adecuado mantener el límite de migración específico actual de 1 mg/kg de alimento o simulante alimenticio.

(4)

Por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2006 están autorizadas la comercialización y utilización en la Comunidad de materiales y objetos que contengan BADGE, de conformidad con el presente Reglamento.

(5)

Puesto que no se han presentado a tiempo los datos toxicológicos necesarios en relación con NOGE y BFDGE, la Autoridad no ha podido evaluarlos, de manera que no es posible continuar utilizándolos. Por consiguiente, a partir del 1 de enero de 2005 no está autorizada la utilización ni la presencia de BFDGE y NOGE, de conformidad con la Directiva 2002/16/CE. No obstante, procede permitir que se agoten las existencias.

(6)

En el caso de los contenedores de gran tamaño, se permite el uso y la presencia de BADGE, NOGE y BFDGE. Teniendo en cuenta la elevada relación volumen/superficie de estos contenedores, su utilización reiterada a lo largo de una vida útil muy prolongada, que reduce la migración, así como el hecho de que por regla general entran en contacto con los productos alimenticios a temperatura ambiente, no parece necesario establecer un límite de migración para las sustancias BADGE, NOGE y BFDGE utilizadas en estos contenedores.

(7)

Con arreglo al artículo 16 del Reglamento (CE) no 1935/2004, los materiales y objetos al amparo de medidas específicas deben estar acompañados de una declaración por escrito que certifique su conformidad con las normas que les sean aplicables. La Directiva 2002/16/CE aún no recoge tal disposición. Por tanto, procede introducir esta obligación y establecer un período transitorio.

(8)

Considerando las modificaciones pertinentes y, en aras de la claridad, es conveniente sustituir la Directiva 2002/16/CE por un nuevo reglamento.

(9)

De conformidad con la Directiva 2002/16/CE, los requisitos establecidos en relación con BADGE, BFDGE y NOGE no son de aplicación a los materiales y objetos que entraran en contacto con productos alimenticios antes del 1 de marzo de 2003. Dichos materiales y objetos pueden seguir siendo comercializados siempre y cuando figure en ellos la fecha de envasado. Puede sustituirse esta fecha por la expresión «consumir preferentemente antes del …», con arreglo a lo dispuesto por la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (3), o bien otra mención, como el número de lote que exige la Directiva 89/396/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a las menciones o marcas que permitan identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio (4), respecto a los productos envasados en tales materiales y objetos, siempre y cuando se establezca un vínculo entre esta mención y la fecha de envasado, de manera que esta última pueda identificarse siempre.

(10)

En consecuencia, debe derogarse la Directiva 2002/16/CE.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

2,2-bis(4-hidroxifenil)propano bis(2,3-epoxipropil)éter, en lo sucesivo denominado «BADGE» (No CAS 001675-54-3), y algunos de sus derivados;

b)

bis(-hidroxifenil)metano bis(2,3-epoxipropil)éteres, en lo sucesivo denominado «BFDGE» (No CAS 039817-09-9);

c)

otros éteres glicidílicos de novolac, en lo sucesivo denominados «NOGE».

a)

los materiales y objetos elaborados con cualquier tipo de plástico;

b)

los materiales y objetos cubiertos por productos de revestimiento, y

c)

los adhesivos.

19.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/33

(1)

El Reglamento (CE) no 887/2005 de la Comisión (2) ha abierto la destilación de crisis contemplada en el artículo 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999 para determinados vinos de calidad producidos en Grecia.

(2)

Dado que se trata de la primera vez que se realiza una destilación de crisis en Grecia, se han observado algunas dificultades de índole material a la hora de poner en marcha el sistema. Se corre el riesgo de que algunos productores que desean entregar sus vinos a las destilerías no puedan hacerlo en el plazo previsto. Por consiguiente, para garantizar la eficacia de la medida es necesario prolongar hasta el 31 de enero de 2006 el período de entrega de los vinos a las destilerías previsto en el Reglamento (CE) no 887/2005.

(3)

Por lo tanto, debe modificarse en consecuencia el Reglamento (CE) no 887/2005.

(4)

Para garantizar la continuidad de la medida, es conveniente que el presente Reglamento sea aplicable a partir del 15 de noviembre de 2005.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del vino.

19.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/34

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1051/2001, el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar se determina periódicamente a partir del precio del mercado mundial registrado para el algodón desmotado, teniendo en cuenta la relación histórica del precio fijado para el algodón y el calculado para el algodón sin desmotar. Esta relación histórica ha quedado establecida en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1591/2001 de la Comisión, de 2 de agosto de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de ayuda al algodón (3). Cuando el precio del mercado mundial no pueda determinarse de esta forma, debe establecerse a partir del último precio fijado.

(2)

Según lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1051/2001, el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar debe determinarse en relación con un producto que reúna ciertas características y en función de las ofertas y cotizaciones más favorables en el mercado mundial entre las que se consideren representativas de la tendencia real del mercado. Para determinar este precio, se establece una media de las ofertas y cotizaciones registradas en una o varias bolsas europeas representativas para un producto cif para un puerto de la Comunidad, procedente de los distintos países proveedores que se consideren más representativos para el comercio internacional. No obstante, están previstos ciertos ajustes de los criterios de determinación del precio del mercado mundial de algodón desmotado que reflejan las diferencias justificadas por la calidad del producto entregado o la naturaleza de las ofertas y cotizaciones. Estos ajustes son los previstos en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1591/2001.

(3)

La aplicación de los criterios indicados anteriormente conduce a fijar el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar en el nivel que se indica más adelante.

19.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/35

(1)

La Directiva 2002/72/CE de la Comisión (2) establece una lista de monómeros y otras sustancias de partida que pueden utilizarse en la fabricación de materiales y objetos plásticos. Tras conocer nuevos datos relativos a la evaluación del riesgo de tales sustancias, determinados monómeros admitidos de forma provisional a escala nacional y otros nuevos monómeros deben incluirse en la lista comunitaria de sustancias permitidas por dicha Directiva.

(2)

La Directiva 2002/72/CE también incluye una lista incompleta de aditivos que pueden utilizarse en la fabricación de materiales y objetos plásticos. Dicha lista debe modificarse para incluir otros aditivos evaluados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la Autoridad»).

(3)

Las restricciones ya establecidas a escala comunitaria para determinadas sustancias deben modificarse con arreglo a los nuevos datos disponibles. En particular, por lo que respecta al aceite de soja epoxidado, la Autoridad recomendó reducir su límite de migración específico (LME) en las juntas de PVC que contengan dicha sustancia y se utilicen para sellar tarros de cristal con preparados para lactantes y preparados de continuación o con alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad. De hecho, la Autoridad señaló la posibilidad de que la exposición de los lactantes que toman regularmente este tipo de alimentos supere la ingesta diaria tolerable. Por tanto, el LME para el aceite de soja epoxidado se redujo para estas aplicaciones particulares de 60 a 30 mg/kg de alimento o simulante alimenticio, mientras que permanece inalterado para el resto de las aplicaciones.

(4)

Por lo que respecta a las juntas de PVC que contengan aceite de soja epoxidado, utilizado para sellar tarros de cristal, y que entren en contacto con productos alimenticios, conviene establecer un período transitorio antes del 19 de noviembre de 2006.

(5)

Procede, pues, modificar en consecuencia la Directiva 2002/72/CE.

(6)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

se permita la comercialización y la utilización de los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios que se ajusten a lo dispuesto en la presente Directiva a partir del 19 de noviembre de 2006;

b)

se prohíba la fabricación e importación en la Comunidad de los materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios que no se ajusten a lo dispuesto en la presente Directiva a partir del 19 de noviembre de 2007.

19.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/46

(1)

El 25 de noviembre de 2003, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar en nombre de la Comunidad la revisión del Convenio internacional del aceite de oliva y las aceitunas de mesa de 1986, modificado y prorrogado en 1993, y prorrogado por última vez en 2004.

(2)

El 29 de abril de 2005, la Conferencia de las Naciones Unidas para la negociación de un convenio que suceda al Convenio internacional del aceite de oliva y las aceitunas de mesa adoptó el nuevo Convenio internacional del aceite de oliva y las aceitunas de mesa.

(3)

El Convenio internacional del aceite de oliva y las aceitunas de mesa de 2005 fomenta la cooperación internacional, contribuye al crecimiento y a la estabilidad de los mercados de los productos en cuestión y contribuye a la consecución de la política comunitaria comercial y agrícola.

(4)

Por consiguiente, es de interés para la Comunidad aprobar el Convenio de 2005.

19.11.2005   

ES

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L 302/68

19.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 302/69

(1)

La empresa de electricidad que existe actualmente en Portugal es Energias de Portugal, S.A. (EDP). Como tal, sus actividades principales consisten en la generación, distribución y suministro de electricidad en Portugal. EDP también controla la empresa española Hidrocantábrico, que opera en España en los sectores de la electricidad y del gas. EDP cotiza en el Euronext Lisboa y el Estado portugués es propietario directa o indirectamente de alrededor del 30 % de las acciones.

(2)

ENI S.p.A. (ENI) trabaja en la prospección y producción de petróleo y gas natural en todo el mundo. Asimismo se ocupa del suministro, transmisión, almacén, distribución y comercialización de gas natural. Por otra parte, ENI posee acciones en empresas con capacidad de transporte que se encargan del funcionamiento de gaseoductos transnacionales para la transmisión de gas natural.

(3)

Gás de Portugal, S.G.P.S., S.A., (GDP) es la empresa de gas tradicional en Portugal. GDP es una filial propiedad al cien por cien de la empresa portuguesa Galp Energia, SGPS, S.A. (GALP), actualmente controlada conjuntamente por el Estado portugués y ENI, con intereses en los sectores del petróleo y del gas. GDP y sus filiales cubren todos los niveles de la cadena del sector del gas en Portugal. A través de su filial Transgás, GDP importa gas natural en Portugal por el gaseoducto que recorre el Magreb, España y Portugal y a través del terminal de GNL de Sines, y realiza el transporte, almaceénamiento, y suministro a través de la red portuguesa de gaseoductos de alta presión («la red»). GDP suministra también gas natural a gran escala industrial y trabaja en el desarrollo y futuro funcionamiento de las primeras cuevas subterráneas de almacén de gas natural en Portugal. GDP también controla actualmente, a través de GDP Distribuição (GDPD), cinco de las seis empresas locales de distribución de gas de Portugal.

(4)

Rede Eléctrica Nacional S.A. (REN) no es parte notificante de la presente concentración, pero participa en la transacción global en la que aquélla se inscribe. REN es una empresa portuguesa que resulta de la segregación en 1994 de EDP de la red eléctrica portuguesa. En la actualidad gestiona la red eléctrica y es comprador único, adquiriendo energía eléctrica de los productores y revendiéndola a los distribuidores, que suministran a clientes no cualificados. El Estado portugués controla directa o indirectamente el 70 % de REN, mientras que el resto pertenece a EDP.

(5)

El presente asunto se refiere a una concentración mediante la que EDP y ENI («las partes») proyectan hacerse con el control conjunto de GDP. La operación prevé que la red de transmisión de gas (excepto el terminal GNL de Sines, el gaseoducto de importación y el almacén subterráneo de Carriço) se transfiera a REN, el operador portugués de la red eléctrica, en un plazo establecido. Durante un período de transición, EDP controlará la red de gas junto con ENI y REN.

(6)

Con arreglo a la segunda Segunda Directiva del gas (2) y a la excepción concedida a Portugal, el 33 % del mercado portugués se liberalizará a más tardar antes de 2007, para todos los clientes no domésticos a más tardar antes de 2009 y para todos los clientes (incluidos los domésticos) a más tardar antes de 2010. El Gobierno portugués puede empezar antes el proceso de liberalización.

(7)

Tomando en consideración las particularidades de los mercados portugueses y del marco competitivo y regulador, la Comisión ha llegado a la conclusión de que deberían distinguirse los siguientes mercados:

(8)

El sistema eléctrico nacional consta de dos sistemas coexistentes, el sistema público de electricidad o «sistema vinculado» (bound system) (Sistema Eléctrico de Serviço Público, SEP) y el sistema independiente de electricidad (Sistema Eléctrico Independete, SEI). La red nacional de transmisión se utiliza para ambos y Rede Eléctrica Nacional (REN) se encarga de su explotación gracias a un régimen de concesión.

(9)

El SEP es un sistema regulado que cubre la generación y la distribución. Está integrado por generadores y redes de distribución «vinculados». En él, REN es el comprador único de electricidad al por mayor. Adquiere principalmente la electricidad de un grupo de centrales «vinculadas», de conformidad con los acuerdos de adquisición de energía (Power Purchase Agreements, PPA).

(10)

Con arreglo a los PPA, las centrales vinculadas suministran electricidad al SEP de forma exclusiva durante un período de más de 20 años y con una fórmula de precios fija (4). La construcción de esas plantas de generación no está liberalizada sino regulada por el Estado. De acuerdo con la legislación aplicable, están integradas en el SEP las siguientes empresas: EDP (a través de EDP Produção y la Companhia Portuguesa de Produção de Electricidade), Tejo Energia (5) y Turbogás (6). En Portugal, la mayoría de la electricidad (el 83 % en 2003) (7) se suministra a través de estos PPA exclusivos entre REN y los productores de energía.

(11)

La electricidad adquirida por REN se vende al distribuidor regulado, que controla EDP, con arreglo a un sistema regulado de tarifas. El organismo portugués regulador de la energía, ERSE, establece las tarifas reguladas.

(12)

El sistema independiente (SEI) está integrado por el sistema no vinculado (Sistema Eléctrico Não Vinculado, SENV), que funciona con arreglo a las condiciones de mercado libre (es decir, la mayoría de esta energía se vende a los clientes que dejan el sistema regulado), y el sistema de régimen especial (Productores em régimen particular, PRE), en el que se suministra a REN con tarifas reguladas la generación mediante plantas de cogeneración, centrales minihidráulicas, y otras energías renovables, como instalaciones de energía eólica.

(13)

Los clientes cualificados pueden elegir su proveedor de electricidad y, por tanto, comprar la electricidad al SEP con tarifas reguladas, o al SENV (el abastecimiento corre entonces a cargo de un minorista en condiciones de libre mercado). El Decreto-Ley de 17 de agosto de 2004 establecía en último término que todos los clientes son cualificados (8).

(14)

Actualmente se está modificando el marco regulador vigente.

(15)

La electricidad al por mayor abarca la electricidad producida en centrales así como la importada físicamente a través de interconexiones con el fin de revenderla a minoristas. Al igual que en otros Estados miembros, algunos grandes consumidores industriales de electricidad pueden también decidir que adquieren directamente del mercado mayorista (en España, constituyen menos del 5 % de las compras de este mercado).

(16)

La Comisión considera que, una vez que se concluyan los PPA, habrá en Portugal un mercado de electricidad al por mayor que abarcará la oferta de la antigua generación vinculada, la generación no vinculada y las importaciones. La evaluación se centra en este mercado mayorista con independencia de los sistemas liberalizados y regulados.

(17)

Existe una necesidad técnica de este servicio, ya que el operador del sistema de transmisión se ocupa de que la tensión de la red de se mantenga dentro de unos límites muy reducidos. Si hay consumo excesivo, la tensión de la red caerá, lo que podría producir en algún momento problemas de estabilidad. También surgen dificultades si el consumo es bajo y la tensión de la red aumenta por encima de un nivel de tolerancia aceptable, y el operador del sistema de transmisión deberá entonces desconectar cierta capacidad de generación o añadir consumo.

(18)

Este servicio debe pagarse y normalmente habrá una penalización en caso de desviación, si la demanda de un cliente excede o no alcanza el nivel deseado correspondiente a la cantidad que cada proveedor adquiere del mayorista o prevé producir él mismo, y que ha de que comunicar por adelantado al operador del sistema de transmisión.

(19)

Actualmente, en Portugal, REN ofrece a todos los agentes del sistema este servicio, así como otros servicios complementarios similares (como el de gestión de la congestión). Hasta el momento no existe en Portugal un mercado establecido de este tipo de servicios. No obstante, es posible que estos mercados emerjan tras la terminación de los PPA. A efectos de la presente Ddecisión la descripción exacta de este mercado o mercados emergentes puede quedar abierta.

(20)

Estos mercados no se ven afectados por la operación propuesta. En Portugal la red de transmisión está ya desagregada y REN, el operador portugués de sistemas de transmisión, se ocupa de su funcionamiento. EDP y los municipios son los propietarios de las redes de distribución, que gestiona la filial de EDP, EDP Distribuição Energia SA (EDPD). El acceso a las redes de transmisión y de distribución está regulado por ERSE.

(21)

A efectos de la presente exposición, se tendrán en cuenta los siguientes mercados minoristas de electricidad: i) el suministro de electricidad a grandes clientes industriales (LIC) que se conectan con la red de alto y medio voltaje (HV y MV) y ii) el suministro de electricidad a pequeños clientes industriales, comerciantes y hogares, que se conectan a la de baja tensión (LV).

(22)

Los clientes de alta y media tensión y los de baja difieren mucho en cuanto al consumo y las condiciones en las que adquieren electricidad. La relación comercial es también muy distinta. Los primeros son en su mayoría clientes industriales para los que la electricidad constituye una parte significativa de sus costes. Por el contrario, la mayoría de los clientes de baja tensión son pequeños industriales, comerciantes y hogares, cuyo volumen de consumo individual es muy limitado.

(23)

En anteriores Decisiones de la Comisión se consideró que el mercado geográfico de referencia para el suministro de electricidad al por mayor no superaba las fronteras nacionales (9). En el presente caso, la investigación ha mostrado que los mercados mayorista y minorista son claramente portugueses y permanecerán así en el futuro próximo.

(24)

Las partes sostuvieron que pronto se crearía un intercambio ibérico conocido como MIBEL que conduciría a un mercado ibérico. Esta opinión no ha se ha visto confirmada por la pormenorizada investigación de la Comisión. Parece que: 1) el nivel actual de interconexiones entre España y Portugal no es suficiente para considerar la existencia de un mercado único en la Península Ibérica, y 2) es muy poco probable que el mercado de electricidad al por mayor llegue a ser de alcance ibérico en un futuro próximo, por las siguientes razones:

(25)

La Comisión señala cuatro mercados de productos distintos a los que afectará la operación: