30.4.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 110/1

(1)

El 27 de enero de 2003, el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) adoptó el informe del Órgano de Apelación (1) y el informe del Grupo Especial (2), confirmado por el primero, y determinó que la Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, CDSOA) era incompatible con las obligaciones asumidas por los Estados Unidos en virtud de los acuerdos de la OMC.

(2)

Como los Estados Unidos no procedieron a ajustar su legislación a los acuerdos contemplados, la Comunidad solicitó la autorización del Órgano de Solución de Diferencias para suspender la aplicación a los Estados Unidos de sus concesiones arancelarias y obligaciones conexas en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 (3). Los Estados Unidos impugnaron el nivel de suspensión de concesiones arancelarias y obligaciones conexas y el asunto fue sometido a un procedimiento de arbitraje.

(3)

El 31 de agosto de 2004, los Árbitros determinaron que el nivel de anulación o menoscabo ocasionado cada año a la Comunidad equivalía al 72 % de la cuantía de los desembolsos efectuados en el marco de la CDSOA relativos a los derechos antidumping o compensatorios pagados sobre las importaciones procedentes de la Comunidad el último año respecto del cual se dispusiera de datos en el momento considerado, según los datos publicados por las autoridades estadounidenses. El Árbitro concluyó que si la Comunidad suspendía sus concesiones u otras obligaciones e imponía, además de los derechos de aduana consolidados, un derecho de importación adicional a una lista de productos originarios de los Estados Unidos cuyo valor comercial total anual no superase la cuantía de la anulación o el menoscabo, esa medida sería compatible con las normas de la OMC. El 26 de noviembre de 2004, el Órgano de Solución de Diferencias concedió la autorización para suspender la aplicación a los Estados Unidos de las concesiones arancelarias y obligaciones conexas resultantes del GATT de 1994 de conformidad con la decisión del Árbitro.

(4)

Los desembolsos efectuados en el marco de la CDSOA correspondientes al último año para el que se dispone de datos se refieren a la distribución de los derechos antidumping y compensatorios recaudados durante el ejercicio fiscal de 2004 (del 1 de octubre de 2003 al 30 de septiembre de 2004). En función de la información publicada por el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU., se calcula que el nivel de anulación o menoscabo ocasionado a la Comunidad asciende a 27,81 millones USD. En consecuencia, la Comunidad puede suspender la aplicación de las concesiones arancelarias otorgadas a los Estados Unidos por un valor equivalente. El efecto de un derecho de importación adicional ad valorem del 15 % sobre las importaciones de los productos enumerados en el anexo I originarios de los Estados Unidos representa, a lo largo de un año, un valor comercial no superior a 27,81 millones USD. En lo tocante a esos productos, la Comunidad debe suspender la aplicación de sus concesiones arancelarias a los Estados Unidos desde el 1 de mayo de 2005.

(5)

En caso de que persista la inaplicación de la decisión y recomendación del Órgano de Solución de Diferencias, la Comisión debe adaptar anualmente el nivel de suspensión hasta igualarlo al nivel de anulación o menoscabo ocasionado por la CDSOA a la Comunidad en el momento considerado. La Comisión debe modificar la lista del anexo I o el porcentaje del derecho de importación adicional de modo que el efecto de dicho derecho adicional sobre las importaciones de los productos seleccionados procedentes de los Estados Unidos represente, a lo largo de un año, un valor comercial no superior a la cuantía de la anulación o el menoscabo.

(6)

La Comisión debe respetar los criterios siguientes:

(7)

Las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (4).

(8)

Para evitar la elusión del derecho adicional, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación.

a)

el nivel de anulación o menoscabo será igual al 72 % de la cuantía de los desembolsos efectuados en el marco de la CDSOA en relación con los derechos antidumping o compensatorios pagados sobre las importaciones procedentes de la Comunidad el último año respecto del cual se disponga de datos en el momento considerado, según los datos publicados por las autoridades estadounidenses;

b)

dicha modificación se efectuará de modo que el efecto del derecho adicional aplicado a las importaciones de los productos seleccionados con origen en los Estados Unidos represente, a lo largo de un año, un valor comercial no superior al nivel de anulación o menoscabo;

c)

excepto en las circunstancias previstas en la letra e), la Comisión añadirá productos a la lista del anexo I si el nivel de suspensión aumenta. Estos productos serán seleccionados a partir de la lista del anexo II, según su orden de enumeración;

d)

excepto en las circunstancias previstas en la letra e), si el nivel de suspensión disminuye, se eliminarán productos de la lista del anexo I. La Comisión eliminará en primer lugar los productos incluidos en la actualidad en la lista del anexo II y que se hayan añadido a posteriori a la lista del anexo I. A continuación, la Comisión procederá a eliminar los productos que ya figuran en la lista del anexo I, según su orden de enumeración;

e)

la Comisión modificará el porcentaje del derecho adicional cuando no pueda ajustarse el nivel de suspensión hasta igualarlo al nivel de anulación o menoscabo mediante la adición o supresión de productos en la lista del anexo I.

30.4.2005   

ES

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L 110/6

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

30.4.2005   

ES

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L 110/8

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la exportación.

(2)

Las restituciones deben fijarse teniendo en cuenta los elementos mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (2).

(3)

En lo que se refiere a las harinas, grañones y sémolas de trigo o de centeno, la restitución aplicable a dichos productos debe calcularse teniendo en cuenta la cantidad de cereales necesaria para la fabricación de los mismos. El Reglamento (CE) no 1501/95 ha fijado dichas cantidades.

(4)

La situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados pueden requerir la diferenciación de la restitución para determinados productos de acuerdo con su destino.

(5)

La restitución debe fijarse una vez por mes y puede ser modificada en el intervalo.

(6)

La aplicación de dichas modalidades a la situación actual de los mercados en el sector de los cereales, y, en particular, a las cotizaciones o precios de dichos productos en la Comunidad y en el mercado mundial, conduce a fijar la restitución en los importes consignados en el anexo.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

30.4.2005   

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L 110/10

(1)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la restitución que se aplica a una exportación que deba realizarse durante el período de validez del certificado será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de cereales el día de la presentación de la solicitud de certificado. En tal caso, puede aplicarse a la restitución un elemento corrector.

(2)

El Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (2), permite la fijación de un elemento corrector para los productos a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92 (3). Ese elemento corrector debe calcularse atendiendo a los elementos que figuran en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95.

(3)

La situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados pueden requerir la diferenciación del elemento corrector de acuerdo con su destino.

(4)

El elemento corrector debe fijarse al mismo tiempo que la restitución y de acuerdo con el mismo procedimiento y puede ser modificado en el intervalo entre dos fijaciones.

(5)

De las disposiciones anteriormente mencionadas se desprende que el elemento corrector debe fijarse con arreglo al anexo del presente Reglamento.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

30.4.2005   

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L 110/12

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la diferencia entre las cotizaciones o los precios en el mercado mundial de los productos contemplados en el artículo 1 de dicho Reglamento y los precios de dichos productos en la Comunidad puede cubrirse mediante una restitución a la exportación.

(2)

Las restituciones deben fijarse teniendo en cuenta los elementos mencionados en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (2).

(3)

Las restituciones aplicables a la malta deben calcularse teniendo en cuenta la cantidad de cereales necesaria para la fabricación del producto en cuestión. Estas cantidades se fijan en el Reglamento (CE) no 1501/95.

(4)

La situación del mercado mundial o las exigencias específicas de determinados mercados pueden requerir la diferenciación de la restitución para determinados productos de acuerdo con su destino.

(5)

La restitución debe fijarse una vez por mes y puede ser modificada en el intervalo.

(6)

La aplicación de estas disposiciones dada la situación actual de los mercados en el sector de los cereales, y en particular las cotizaciones o los precios de estos productos en la Comunidad y en el mercado mundial, lleva a fijar los importes de las restituciones con arreglo al anexo.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

30.4.2005   

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L 110/14

(1)

En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 1784/2003, la restitución que se aplica a una exportación que deba realizarse durante el período de validez del certificado será, si así se solicitare, la aplicable a las exportaciones de cereales el día de la presentación de la solicitud de certificado. En tal caso, puede aplicarse a la restitución un elemento corrector.

(2)

El Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (2), permite la fijación de un elemento corrector para la malta a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 1766/92 (3). Ese elemento corrector debe calcularse atendiendo a los elementos que figuran en el artículo 1 del Reglamento (CE) no 1501/95.

(3)

De las disposiciones anteriormente mencionadas se desprende que el elemento corrector debe fijarse con arreglo al anexo del presente Reglamento.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

30.4.2005   

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L 110/16

(1)

El artículo 2 del Reglamento (CEE) no 2681/74 del Consejo, de 21 de octubre de 1974, relativo a la financiación comunitaria de los gastos resultantes del suministro de productos agrícolas en virtud de la ayuda alimentaria (3), establece que corresponde al Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agraria, sección «Garantía», la parte de los gastos correspondiente a las restituciones a la exportación fijadas en la materia con arreglo a las normas comunitarias.

(2)

Con objeto de facilitar la elaboración y la gestión del presupuesto para las acciones comunitarias de ayuda alimentaria y con el fin de permitir a los Estados miembros conocer el nivel de participación comunitaria en la financiación de las acciones nacionales de ayuda alimentaria, es necesario determinar el nivel de las restituciones concedidas para dichas acciones.

(3)

Las normas generales y las modalidades de aplicación establecidas por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 1784/2003 y por el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95 para las restituciones a la exportación son aplicables mutatis mutandis a las mencionadas operaciones.

(4)

Los criterios específicos que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la restitución a la exportación en el caso del arroz se definen en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 3072/95.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

30.4.2005   

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L 110/18

(1)

El Reglamento (CE) no 1623/2000 de la Comisión, de 25 de julio de 2000, por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en lo que respecta a los mecanismos de mercado (2), establece, entre otras cosas, las disposiciones de aplicación de la salida al mercado de las existencias de alcohol, obtenidas tras las destilaciones contempladas en los artículos 27, 28 y 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999, que se encuentran en poder de los organismos de intervención.

(2)

Conviene proceder, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento (CE) no 1623/2000, a licitaciones de alcohol de origen vínico para destinarlo a nuevos usos industriales con el fin de reducir las existencias de alcohol vínico comunitario y permitir la realización en la Comunidad de proyectos industriales de reducidas dimensiones o la transformación en mercancías destinadas a la exportación con fines industriales. El alcohol vínico comunitario almacenado por los Estados miembros se compone de cantidades procedentes de las destilaciones contempladas en los artículos 27, 28 y 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999.

(3)

Desde el 1 de enero de 1999 y en virtud del Reglamento (CE) no 2799/98 del Consejo, de 15 de diciembre de 1998, por el que se establece el régimen agromonetario del euro (3), los precios de las ofertas y las garantías deben expresarse en EUR y los pagos deben efectuarse en EUR.

(4)

Procede fijar precios mínimos para la presentación de ofertas, diferenciados según la categoría de la utilización final.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del vino.

Onivins-Libourne, Délégation nationale

17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231

F-33505 Libourne Cedex

Tel. (33-5) 57 55 20 00

Télex: 57 20 25

Fax (33-5) 57 55 20 59,

30.4.2005   

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L 110/21

(1)

El Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión, de 29 de octubre de 2004, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo en lo que respecta a los regímenes de ayuda previstos en los títulos IV y IV bis de dicho Reglamento y a la utilización de las tierras retiradas de la producción con vistas a la obtención de materias primas (2) establece, entre otras disposiciones, los requisitos que han de cumplirse para poder optar al pago por superficie de lino destinado a la producción de fibras.

(2)

De conformidad con el artículo 56, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento (CE) no 1973/2004, el pago por superficie de lino destinado a la producción de fibras está supeditado a la utilización de semillas de las variedades enumeradas en el anexo V de dicho Reglamento. No obstante, en el marco establecido con respecto a los pagos no disociados por el Reglamento (CE) no 1782/2003, este requisito de subvencionabilidad no está justificado por cuanto el importe por hectárea de los pagos no disociados correspondiente al lino y a otros cultivos herbáceos es el mismo. El régimen de pagos disociados no prevé disposición alguna referente a la lista de variedades de lino. Por tanto, es conveniente suprimir este requisito en aras de la simplificación.

(3)

Por tanto, es preciso modificar el Reglamento (CE) no 1973/2004 en consecuencia.

(4)

Teniendo en cuenta que el Reglamento (CE) no 1973/2004 se aplica a las solicitudes de ayuda correspondientes a las campañas de comercialización que comiencen a partir del 1 de enero de 2005, conviene que el presente Reglamento sea de aplicación a partir de esa fecha.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de pagos directos.

1)

En el artículo 56, apartado 1, letra b), se suprime el inciso i).

2)

Se suprime el anexo V.

30.4.2005   

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L 110/22

(1)

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 2571/97 de la Comisión, de 15 de diciembre de 1997, relativo a la venta de mantequilla a precio reducido y a la concesión de una ayuda para la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada destinadas a la fabricación de productos de pastelería, de helados y otros productos alimenticios (2), los organismos de intervención proceden a la venta por licitación de determinadas cantidades de mantequilla de intervención que obran en su poder así como a la concesión de una ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada. El artículo 18 de dicho Reglamento establece que, habida cuenta de las ofertas recibidas para cada licitación específica, se fije un precio mínimo de venta de la mantequilla y un importe máximo de la ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada que pueden variar según el destino, el contenido de materia grasa de la mantequilla y el modo de utilización, o bien que se decida no dar curso a la licitación. El o los importes de las garantías de transformación se deben fijar teniendo todo ello en cuenta.

(2)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos.

30.4.2005   

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L 110/24

(1)

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 2571/97 de la Comisión, de 15 de diciembre de 1997, relativo a la venta de mantequilla a precio reducido y a la concesión de una ayuda para la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada destinadas a la fabricación de productos de pastelería, de helados y otros productos alimenticios (2), los organismos de intervención proceden a la venta por licitación de determinadas cantidades de mantequilla de intervención que obran en su poder así como a la concesión de una ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada. El artículo 18 de dicho Reglamento establece que, habida cuenta de las ofertas recibidas para cada licitación específica, se fije un precio mínimo de venta de la mantequilla y un importe máximo de la ayuda a la nata, la mantequilla y la mantequilla concentrada que pueden variar según el destino, el contenido de materia grasa de la mantequilla y el modo de utilización, o bien que se decida no dar curso a la licitación. El o los importes de las garantías de transformación se deben fijar teniendo todo ello en cuenta.

(2)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos.

30.4.2005   

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L 110/26

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento (CE) no 2799/1999 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en relación con la concesión de una ayuda a la leche desnatada y a la leche desnatada en polvo destinadas a la alimentación animal y con la venta de dicha leche desnatada en polvo (2) los organismos de intervención han puesto en licitación permanente ciertas cantidades de leche desnatada en polvo que obran en su poder.

(2)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de dicho Reglamento, teniendo en cuenta las ofertas recibidas para cada licitación específica, se fijará un precio mínimo de venta o se decidirá no dar curso a la licitación. El importe de la garantía de transformación debe ser determinado teniendo en cuenta la diferencia entre el precio de mercado de la leche desnatada en polvo y el precio mínimo de venta.

(3)

Por razón de las ofertas recibidas, es conveniente fijar el precio mínimo de venta al nivel que se contempla a continuación y determinar en consecuencia la garantía de transformación.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos.

30.4.2005   

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L 110/27

(1)

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) no 429/90 de la Comisión, de 20 de febrero de 1990, relativo a la concesión mediante licitación de una ayuda para la mantequilla concentrada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (2), los organismos de intervención procederán a una licitación permanente para conceder una ayuda a la mantequilla concentrada. El artículo 6 de dicho Reglamento dispone que, habida cuenta de las ofertas recibidas para cada licitación específica, se fijará un importe máximo de la ayuda para la mantequilla concentrada con un contenido mínimo de materia grasa del 96 % o bien se decidirá no dar curso a la licitación. Por consiguiente, debe fijarse el importe de la garantía de destino.

(2)

Por razón de las ofertas recibidas, es conveniente fijar el importe máximo de la ayuda al nivel que se contempla a continuación y determinar en consecuencia la garantía de destino.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos.

30.4.2005   

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L 110/28

(1)

Con arreglo al artículo 21 del Reglamento (CE) no 2771/1999 de la Comisión, de 16 de diciembre de 1999, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que respecta a las medidas de intervención en el mercado de la mantequilla y la nata (2), los organismos de intervención han puesto en venta mediante licitación permanente determinadas cantidades de mantequilla en su poder.

(2)

Teniendo en cuenta las ofertas recibidas en respuesta a cada licitación específica, se fijará un precio mínimo de venta o se tomará la decisión de no adjudicar el contrato, con arreglo al artículo 24 bis del Reglamento (CE) no 2771/1999.

(3)

Habida cuenta de las ofertas recibidas, debe fijarse un precio mínimo de venta.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos.

30.4.2005   

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L 110/29

(1)

Con arreglo al artículo 21 del Reglamento (CE) no 214/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1255/1999 del Consejo en lo que respecta a las medidas de intervención en el mercado de la leche desnatada (2), los organismos de intervención han puesto en venta mediante licitación permanente determinadas cantidades de leche desnatada en polvo en su poder.

(2)

Teniendo en cuenta las ofertas recibidas en respuesta a cada licitación específica, se fijará un precio mínimo de venta o se tomará la decisión de no adjudicar el contrato, con arreglo al artículo 24 bis del Reglamento (CE) no 214/2001.

(3)

Habida cuenta de las ofertas recibidas, debe fijarse un precio mínimo de venta

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos.

30.4.2005   

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L 110/30

(1)

El artículo 10 del Reglamento (CE) no 1784/2003 establece la percepción de los derechos del arancel aduanero común con motivo de la importación de los productos mencionados en el artículo 1 del citado Reglamento. No obstante, el derecho de importación para los productos indicados en el apartado 2 de dicho artículo es igual al precio de intervención válido para estos productos en el momento de su importación, incrementado en un 55 % y reducido en el precio de importación cif aplicable al envío de que se trate. No obstante, este derecho no podrá sobrepasar el tipo de los derechos del arancel aduanero común.

(2)

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 1784/2003, los precios de importación cif se calculan tomando como base los precios representativos del producto en cuestión en el mercado mundial.

(3)

El Reglamento (CE) no 1249/96 establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1784/2003 en lo que respecta a los derechos de importación del sector de los cereales.

(4)

Los derechos de importación son aplicables hasta la entrada en vigor de otros nuevos.

(5)

Para permitir el funcionamiento normal del régimen de derechos por importación, es necesario utilizar para el cálculo de estos últimos los tipos representativos de mercado registrados durante un período de referencia.

(6)

La aplicación del Reglamento (CE) no 1249/96 conduce a fijar los derechos de importación conforme al anexo I del presente Reglamento.

30.4.2005   

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L 110/33

(1)

El apartado 3 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 1260/2001 establece que podrán concederse restituciones por la producción para los productos contemplados en las letras a) y f) del apartado 1 del artículo 1 de dicho Reglamento, para los jarabes indicados en la letra d) del mismo apartado, así como para la fructosa químicamente pura (levulosa) del código NC 1702 50 00 en su condicíon de producto intermedio y que se encuentren en alguna de las situaciones contempladas en el apartado 2 del artículo 23 del Tratado, que se utilicen en la fabricación de determinados productos de la industria química.

(2)

El Reglamento (CE) no 1265/2001 de la Comisión, de 27 de junio de 2001, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/2001 del Consejo en lo que atañe a la concesión de la restitución por la producción de determinados productos del sector del azúcar utilizados en la industria química (2), dispone que estas restituciones se determinen en función de la restitución fijada para el azúcar blanco.

(3)

El artículo 9 del Reglamento (CE) no 1265/2001 dispone que la restitución por la producción para el azúcar blanco se fijará mensualmente para los períodos que comiencen el día 1 de cada mes.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión del azúcar.

30.4.2005   

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L 110/34

(1)

El Reglamento (CE) no 2032/2004 de la Comisión (2) ha abierto una licitación para la restitución a la exportación de arroz.

(2)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 584/75 de la Comisión (3), la Comisión, basándose en las ofertas presentadas y de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 26 del Reglamento (CE) no 1785/2003, podrá decidir la fijación de una restitución máxima a la exportación. Para proceder a dicha fijación deben tenerse en cuenta los criterios establecidos por el apartado 4 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 1785/2003. La licitación se adjudicará a todo licitador cuya oferta se sitúe al nivel de la restitución máxima a la exportación o a un nivel inferior.

(3)

La aplicación de los mencionados criterios a la situación actual del mercado del arroz conduce a fijar la restitución máxima a la exportación en el importe que figura en el artículo 1.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

30.4.2005   

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L 110/35

(1)

El Reglamento (CE) no 2031/2004 de la Comisión (2), ha abierto una licitación para la restitución a la exportación de arroz.

(2)

De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento (CEE) no 584/75 de la Comisión (3), la Comisión, basándose en las ofertas presentadas y, de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 26 del Reglamento (CE) no 1785/2003, podrá decidir no dar curso a la licitación.

(3)

Teniendo en cuenta los criterios previstos en el apartado 4 del artículo 14 del Reglamento (CE) no 1785/2003, no resulta conveniente proceder a la fijación de una restitución máxima.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

30.4.2005   

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L 110/36

(1)

La Directiva 84/500/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1984, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre objetos de cerámica destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (2), es una medida específica a efectos del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1935/2004. Se refiere a la posible cesión de plomo y de cadmio por objetos de cerámica que, como productos acabados, están en contacto o están destinados a entrar en contacto con productos alimenticios.

(2)

El artículo 16 del Reglamento (CE) no 1935/2004 establece que las medidas específicas exigirán que los materiales y objetos a que se refieran estén acompañados de una declaración por escrito que certifique su conformidad con las normas que les sean aplicables.

(3)

La Directiva 84/500/CEE no contiene aún tal disposición. Es preciso establecer dicha obligación para todos los artículos de cerámica que aún no estén en contacto con alimentos, para distinguirlos claramente de los objetos de decoración.

(4)

Las autoridades nacionales competentes deben tener acceso a documentos que certifiquen la conformidad de los artículos de cerámica con los límites de migración del plomo y del cadmio. Por ello, el fabricante o el importador en la Comunidad deben poner a disposición de las autoridades, cuando se lo soliciten, la información sobre los análisis efectuados.

(5)

La Directiva 84/500/CEE establece un método de análisis del plomo y del cadmio. Se han producido avances tecnológicos en este ámbito, y el método establecido en dicha Directiva no es sino uno de los diversos métodos posibles. La presente Directiva debe tener en cuenta los avances tecnológicos y establecer varios criterios de realización, que el método de análisis debe cumplir, tomando en consideración la Directiva 2001/22/CE de la Comisión, de 8 de marzo de 2001, por la que se fijan métodos de toma de muestras y de análisis para el control oficial del contenido máximo de plomo, cadmio, mercurio y 3-MCPD en los productos alimenticios (3).

(6)

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, es necesario y conveniente, para la consecución del objetivo fundamental de garantizar la libre circulación de los objetos de cerámica destinados a entrar en contacto con productos alimenticios, establecer normas para la correcta aplicación de la Directiva 84/500/CEE. La presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5, párrafo tercero, del Tratado.

(7)

Procede, pues, modificar en consecuencia la Directiva 84/500/CEE.

(8)

Las medidas previstas en la presente Directiva se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

1)

Se insertará el artículo 2 bis siguiente:

«Artículo 2 bis

1.   En las fases de comercialización, incluida la venta al por menor, los artículos de cerámica que aún no estén en contacto con alimentos irán acompañados de una declaración por escrito con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento (CE) no 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

La declaración será emitida por el fabricante o por un vendedor establecido en la Comunidad, y contendrá la información establecida en el anexo III de la presente Directiva.

2.   El fabricante o el importador en la Comunidad pondrán a disposición de las autoridades competentes nacionales, cuando se lo soliciten, la documentación apropiada que demuestre que los objetos de cerámica cumplen los límites de migración del plomo y del cadmio establecidos en el artículo 2. Dicha documentación contendrá los resultados de los análisis realizados, las condiciones de la prueba y el nombre y la dirección del laboratorio que los haya llevado a cabo.

2)

El anexo II se sustituirá por el texto que figura en el anexo I de la presente Directiva.

3)

Se añadirá como nuevo anexo III el texto que figura en el anexo II de la presente Directiva.

a)

se permita el comercio y la utilización de los objetos de cerámica que se ajusten a lo dispuesto en la presente Directiva, a partir del 20 de mayo de 2006;

b)

se prohíba la fabricación y la importación a la Comunidad de los objetos de cerámica que no se ajusten a lo dispuesto en la presente Directiva, a partir del 20 de mayo de 2007.

30.4.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 110/40

(1)

El 16 de octubre de 2001, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar con el Principado de Mónaco un Acuerdo apropiado para garantizar la adopción, por parte de ese Estado, de medidas equivalentes a las que se habrán de aplicar en la Comunidad para garantizar la fiscalidad efectiva de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.

(2)

El texto del Acuerdo resultante de esas negociaciones, se atiene a las directrices de negociación adoptadas por el Consejo. Lleva adjunto una Declaración de intenciones entre la Comunidad Europea y el Principado de Mónaco. Los dos textos figuran como anexos a la Decisión 2005/35/CE del Consejo (2).

(3)

La aplicación de las disposiciones de la Directiva 2003/48/CE (3), depende de la aplicación, por parte del Principado de Mónaco, de medidas equivalentes a las establecidas en dicha Directiva, con arreglo a un Acuerdo celebrado entre ese país y la Comunidad Europea.

(4)

De conformidad con la Decisión 2005/35/CE, el 7 de diciembre de 2004, se firmó el Acuerdo, en nombre de la Comunidad Europea, a reserva de la adopción posterior de una Decisión relativa a la celebración del mismo.

(5)

Es conveniente aprobar el Acuerdo y la Declaración de intenciones adjunta en nombre de la Comunidad.

(6)

Es necesario establecer un procedimiento sencillo y rápido para las posibles adaptaciones de los anexos 1 y 2 del Acuerdo.

30.4.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 110/42

(1)

De conformidad con el artículo 104 del Tratado, los Estados miembros deben evitar déficit públicos excesivos.

(2)

El pacto de estabilidad y crecimiento se basa en el objetivo de una hacienda pública saneada como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un fuerte crecimiento sostenible y generador de empleo. El pacto de estabilidad y crecimiento incluye el Reglamento (CE) no 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (1), establecido en el artículo 104 del Tratado, con el fin de instar a la rápida corrección de los déficit públicos generales excesivos.

(3)

La Resolución del Consejo Europeo de Ámsterdam, de 17 de junio de 1997, sobre el pacto de estabilidad y crecimiento (2), invita solemnemente a las partes, a saber, los Estados miembros, el Consejo y la Comisión, a aplicar el Tratado y el pacto de estabilidad y crecimiento de forma estricta y oportuna.

(4)

Mediante la Decisión 2004/918/CE (3), el Consejo declaró la existencia de un déficit excesivo en Hungría, de conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado.

(5)

Con arreglo al artículo 104, apartado 7, del Tratado y al artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1467/97, el Consejo adoptó el 5 de julio de 2004 una Recomendación destinada a las autoridades húngaras para que pusieran fin a la situación de déficit excesivo lo más rápidamente posible y tomasen medidas a medio plazo para alcanzar el objetivo de situar al déficit por debajo del 3 % del PIB en 2008 a más tardar de forma creíble y sostenible, de conformidad con la senda de reducción del déficit especificada en el programa de convergencia presentado por las autoridades húngaras y aprobado en el dictamen del Consejo de 5 de julio de 2004 sobre dicho programa (4). Dicha Recomendación estableció el plazo del 5 de noviembre de 2004 para que las autoridades húngaras tomasen medidas encaminadas a alcanzar el objetivo de déficit para 2005 del 4,1 % del PIB. En esta Recomendación, el Consejo también recomendó a la República de Hungría aplicar de forma resuelta las medidas contempladas en el programa de convergencia de mayo de 2004 y, en particular, estar dispuesta a introducir medidas adicionales en caso necesario, con vistas a alcanzar el objetivo de déficit público para 2004 del 4,6 % del PIB. Por otra parte, el Consejo invitó a las autoridades húngaras a aprovechar todas las oportunidades que se les presenten para acelerar el ajuste presupuestario, emprender las reformas previstas de la administración pública y de los sistemas sanitario y educativo públicos, y garantizar que los recortes tributarios planeados sean financiados de forma apropiada y su aplicación esté supeditada al logro de los objetivos en materia de déficit.

(6)

De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1467/97, el Consejo, al determinar si se han tomado medidas efectivas para seguir sus recomendaciones formuladas de conformidad con el artículo 104, apartado 7, del Tratado, debe basar su evaluación en las decisiones públicamente anunciadas por el Gobierno del Estado miembro de que se trate.

(7)

La evaluación de las decisiones hechas públicas y adoptadas por la República de Hungría desde la fecha en que el Consejo le dirigió una Recomendación de conformidad con el artículo 104, apartado 7, del Tratado hasta la finalización del plazo establecido en dicha Recomendación lleva a las siguientes conclusiones:

(8)

El artículo 104, apartado 8, del Tratado establece que cuando el Consejo compruebe que no se han seguido efectivamente sus recomendaciones de conformidad con el apartado 7 de dicho artículo, podrá hacerlas públicas. Sin embargo, de acuerdo con la Resolución del Consejo Europeo sobre el pacto de estabilidad y crecimiento, la República de Hungría había accedido a la publicación de las recomendaciones en julio de 2004.

30.4.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 110/44

(1)

Los destinatarios de la presente Decisión son las siguientes empresas y/o asociaciones de empresas:

(2)

Desde 1971, los entonces principales productores de peróxidos orgánicos (Akzo Nobel Chemicals International BV y Akzo Nobel Polymer Chemicals BV, Luperox GmbH —que posteriormente pasó a pertenecer a la principal filial alemana de Atofina SA—, en adelante, «Akzo», y Peroxid Chemie GmbH & Co. KG) celebraron y participaron en un acuerdo continuado y contrario al artículo 81, apartado 1, del Tratado CE y al artículo 53, apartado 1, del Acuerdo EEE, acuerdo que abarcaba a veces todo, a veces la mayor parte de la Comunidad y el EEE y en virtud del cual las empresas fijaron los precios de los productos, acordaron y aplicaron un mecanismo de aumentos de precios, se repartieron los clientes y crearon un dispositivo de supervisión y control del cumplimiento de los acuerdos. Peróxidos Orgánicos SA (1975-1999) participó en un subacuerdo del acuerdo global. AC Treuhand AG (1993-1999) también participó.

(3)

Duración de la participación:

(4)

Por peróxido orgánico se entiende cualquier molécula orgánica que contenga un enlace de «peróxido», u oxígeno-oxígeno (-O-O-). Los peróxidos orgánicos (en lo sucesivo, «PO») son sumamente explosivos, y en el sector no son infrecuentes los accidentes graves. Están disponibles en forma de sólidos (generalmente polvos finos), líquidos o pastas. Los PO y las mezclas con contenido de PO se utilizan como acelerantes, activantes, catalizadores, reticulantes, agentes de curado, endurecedores, iniciadores y promotores. Entre los PO puede distinguirse, bien según tres «aplicaciones» principales, bien según siete «clases».

(5)

Los PO desempeñan una función crucial para las industrias del plástico y el caucho, en las que se utilizan para tres aplicaciones principales:

(6)

La Comisión ha constatado que el ámbito geográfico de este negocio abarca, al menos, el EEE. En 1999, el último año completo de la infracción, el cártel abarcaba más del 90 % del mercado del EEE para este producto, mercado cuyo valor total estimado era en ese año de 250 millones EUR.

(7)

En 1971 empezó a aplicarse un acuerdo principal con tres participantes iniciales (Akzo, Peroxid Chemie y Atofina —entonces Luperox—). Este acuerdo constaba de subacuerdos sobre polímeros altos y PO de termoendurecimiento y también se subdividía según criterios regionales. Los subacuerdos regionales se referían a Francia (hasta 1992), Reino Unido (hasta 1992), España (desde finales de 1975) y el resto de Europa, y se basaban en los principales principios y normas del acuerdo global. En el caso de los PO reticulantes se estableció otro subacuerdo en 1983, que también abarcaba la mayor parte de los países europeos. Estos subacuerdos coincidían sustancialmente con el acuerdo global y en cada uno figuraban, por ejemplo, los períodos de aplicación, los mecanismos de control y compensación mutua, así como los participantes, productos, clientes y personas responsables.

(8)

El acuerdo principal pretendía mantener las cuotas de mercado y coordinar los aumentos de precio, y se basaba en un «contrato» escrito que data de 1971. Para lograr estos objetivos, los datos detallados de ventas de las empresas participantes eran estrechamente supervisados por un órgano independiente (AC Treuhand desde 1993), los clientes se asignaban y, en caso de desviaciones con respecto a la cuota de mercado prevista, se aplicaban compensaciones o se reasignaban clientes. Para asegurar el buen funcionamiento del acuerdo se celebraban reuniones periódicas. El acuerdo contenía numerosos subacuerdos sobre productos o subproductos concretos o sobre regiones. Parte de estos subacuerdos sólo duraron un tiempo limitado o se integraron en otros subacuerdos. Perorsa participaba en el subacuerdo español.

(9)

Se comprobó que AC Treuhand había infringido el artículo 81 del Tratado y el artículo 53 del Acuerdo EEE organizando reuniones, mediando en conflictos, proponiendo cuotas de mercado y ocultando pruebas de la infracción. AC Treuhand actuó en calidad de asociación de empresas y/o en calidad de empresa.

(10)

El cártel atravesó un período de fricciones en 1992 y llegó a su fin en 1999, al resultar infructuosos los esfuerzos de las partes por llegar a un acuerdo sobre el reparto de cuotas. Algunos acuerdos finalizaron más tarde.

(11)

La Comisión considera que las empresas en cuestión han cometido una infracción muy grave. Dada su naturaleza y alcance geográfico, hay que considerarla como una infracción muy grave, independientemente de que sea posible o no medir sus efectos.

(12)

En la categoría de las infracciones graves, las distintas cuantías de las multas que se pueden imponer permiten tratar a las empresas de manera diferente atendiendo a su capacidad económica de restringir la competencia gravemente, y las multas puede fijarse a un nivel suficiente para que surtan el efecto disuasivo apropiado. Con una cuota de mercado de más del 40 % del total, Akzo es el principal fabricante y, por lo tanto, hay que clasificarla en la primera categoría de multas. Atofina y Peroxid Chemie, que registraron unas cuotas de alrededor del 20-25 % del mercado pertenecen a la segunda categoría. Perorsa, que tiene una cuota de mercado del 5 % forma parte de la tercera categoría.

(13)

Degussa UK Holdings (la antigua Laporte plc) es, desde el 1 de septiembre de 1992, la matriz de Peroxid Chemie y hay que clasificarla en la misma categoría que esta última ya que es responsable junto con ella de las actividades ilícitas de Peroxid Chemie.

(14)

A efectos de la multa la responsabilidad se reparte entre Peroxid Chemie y Degussa UK Holdings como sigue. Peroxid Chemie fue parte del acuerdo del 1 de enero de 1971 al 31 de diciembre de 1999 y Degussa UK Holdings es responsable solidariamente por lo que respecta al período en que era propietaria exclusiva de Peroxid Chemie: del 1 de septiembre de 1992 al 31 de diciembre de 1999.

(15)

El caso de AC Treuhand es considerado aparte. La Comisión admite que una decisión que tiene como destinatarios a una empresa y/o una asociación de empresas que han desempeñado un papel de este tipo en un cártel es hasta cierto punto una novedad. Esto debe ser tenido en cuenta en el momento de decidir el importe de las multas. A la vista de lo que precede, la Comisión considera que procede imponer una multa de 1 000 EUR a AC Treuhand.

(16)

Habida cuenta de su tamaño y sus recursos agregados, la Comisión considera que en el caso de Akzo y Atofina el importe de partida de la multa debe ajustarse para garantizar que tiene un efecto disuasorio adecuado.

(17)

La Comisión ha comprobado que Akzo, Atofina y Peroxid Chemie infringieron el apartado 1 del artículo 81 del Tratado desde el 1 de enero de 1971 hasta el 31 de diciembre de 1999, Perorsa como mínimo desde el 31 de diciembre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1999, Degussa UK Holdings desde el 1 de septiembre de 1992 hasta el 31 de diciembre de 1999 y AC Treuhand actuó como una empresa y/o asociación de empresas desde el 28 de diciembre de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1999.

(18)

Para calcular la multa, la Comisión tiene en cuenta meses completos y fija la duración de la infracción de estas empresas en 29 años (Akzo, Atochem y Peroxid Chemie), 6 años (AC Treuhand), 7 años y 4 meses (Degussa UK Holdings) y 24 años (Perorsa). En el caso de Peroxid Chemie, el período se divide en dos subperíodos: cuando era responsable única (21 años y 8 meses) y cuando era responsable junto con su matriz, Degussa UK Holdings (7 años y 4 meses).

(19)

La Comisión concluye que la infracción fue de larga duración (más de cinco años) en el caso de AC Treuhand, Akzo, Atofina, Degussa UK Holdings, Peroxid Chemie y Perorsa. Por consiguiente, se debe aumentar en un 245 % el importe básico de la multa impuesta a Akzo y Atofina, en un 207,5 % el importe básico de la multa impuesta a Peroxid Chemie, en un 70 % el importe básico de la multa impuesta a Peroxid Chemie/Degussa UK Holdings y en un 220 % el importe básico de la multa impuesta a Perorsa. Estos porcentajes se derivan del aumento de 10 % al año durante los últimos 20 años de infracción (1980-1999), y del aumento de 5 % al año durante la parte de la infracción que tuvo lugar entre hace 29 y 21 años (1971-1979).

(20)

Atofina ya fue multada anteriormente por su participación en cuatro cárteles y Peroxid Chemie/Degussa UK Holdings por participar en un cártel. Por consiguiente, su reincidencia se considerará como una circunstancia agravante.

(21)

Así pues, la Comisión considera que el importe básico de la multa debe incrementarse en un 50 % en el caso de Atofina, para reflejar que ya había sido destinataria de otras decisiones de la Comisión sobre cárteles, y en un 50 % en el caso de Degussa UK Holdings y Peroxid Chemie, para reflejar que también habían sido destinatarias de otra decisión de la Comisión de este tipo, bien directamente (Degussa UK Holdings), bien a través de la empresa a que pertenecía (Peroxid Chemie).

(22)

Atofina reforzó los argumentos de la Comisión para probar los 29 años de duración del cártel.

(23)

Por motivos de equidad, se aplicará a Atochem una circunstancia atenuante específica de «cooperación fuera de la Comunicación de clemencia». Esta circunstancia atenuante evitará que Atofina, tras su cooperación, pague una multa superior a la que hubiera pagado sin cooperación.

(24)

A la vista de lo que antecede, la Comisión considera apropiado conceder a Atochem una reducción del importe básico de la multa de 94,19 millones EUR por su cooperación efectiva fuera de la aplicación de la Comunicación de clemencia.

(25)

El límite del 10 % del volumen de negocios establecido en el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento 17 es aplicable a Perorsa y Peroxid Chemie.

(26)

A Akzo se la dispensa del pago de una multa en atención al hecho de que fue la primera que informó a la Comisión de la existencia del cártel.

(27)

A Atofina se le aplica una reducción del 50 % por su cooperación en la investigación de la Comisión. Atofina fue la primera de las empresas que pueden beneficiarse de una reducción sustancial de la multa que cooperó con la Comisión y su contribución fue la más valiosa. Al igual que las demás empresas que cooperaron con la Comisión, en líneas generales no puso en duda la veracidad de los hechos en que se fundaban las alegaciones de la Comisión.

(28)

A Peroxid Chemie y Degussa UK Holdings se les aplica una reducción del 25 % por su cooperación en la investigación de la Comisión. Las pruebas que aportaron llegaron más tarde y su cooperación fue más limitada que la de Akzo y Atofina.

(29)

A Perorsa, que fue la última empresa en cooperar, se le aplica una reducción del 15 %.

(30)

Ninguna empresa ha declarado estar en la imposibilidad de pagar la multa.

1)

Se imponen las siguientes multas:

2)

En la medida en que aún no lo hayan hecho, las empresas y/o asociaciones de empresas antes enumeradas pondrán fin a las infracciones inmediatamente. Se abstendrán de cualquier reincidencia en actividades o comportamientos similares a la infracción descrita en el presente asunto así como de cualquier actividad o comportamiento que puedan tener un objeto o efecto idéntico o similar.

30.4.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 110/48

(1)

Por carta de 14 de diciembre de 2001, la Comisión solicitó a las autoridades españolas información respecto del régimen de ayudas concedido a las industrias de aceite de orujo de aceituna.

(2)

Por carta de 4 de enero de 2002, las autoridades españolas notificaron a la Comisión el régimen de ayudas concedido a las industrias de aceite de orujo de aceituna expuesto en la decisión de incoación del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado.

(3)

Puesto que el régimen de ayudas ya había sido adoptado, se trasladó al registro de ayudas no notificadas (ayuda no NN 14/02).

(4)

Por carta de 12 de marzo de 2002, la Comisión informó a España de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con respecto a este régimen de ayudas.

(5)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas  (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las medidas en cuestión.

(6)

Por carta de 15 de abril de 2002, España envió una serie de observaciones. Por carta de 2 de abril de 2004, España envió informaciones complementarias.

(7)

La Comisión no ha recibido observaciones al respecto por parte de los interesados.

(8)

Denominación, régimen: régimen de ayudas a las industrias de aceite de orujo de aceituna.

(9)

Presupuesto: El presupuesto máximo estimado es de 1 202 024,21 EUR.

(10)

Duración: un año.

(11)

Beneficiarios: las industrias extractoras, refinerías y envasadoras de aceite de orujo de oliva.

(12)

Objetivo de las medidas: financiar la adaptación de los procesos productivos de las industrias a las nuevas especificaciones previstas en la Orden del Ministerio de la Presidencia, de 25 de julio de 2001, por la que se establecen límites de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos en aceite de orujo de oliva (3), así como garantizar el funcionamiento normal de las almazaras durante la campaña 2001/02.

(13)

Posibles repercusiones de las medidas: falseamiento de la competencia, favoreciendo a determinadas producciones de aceite de orujo, y violación de las disposiciones de la correspondiente organización común de mercado.

(14)

Intensidad de la ayuda, costes subvencionables, acumulación: bonificación de intereses de préstamos y bonificación para los avales sobre estos préstamos. El importe de los préstamos varia según los beneficiarios.

(15)

Se describen a continuación las razones que han motivado la incoación del procedimiento.

(16)

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 14 de noviembre de 2001, por la que se establece una línea de apoyo a las industrias extractoras, refineras y envasadoras de aceite de orujo de oliva (4), prevé préstamos por un importe global máximo de 5 000 millones de pesetas españolas (ESP) (30 050 000 EUR), con una bonificación de intereses por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (en lo sucesivo denominado «el MAPA»), que puede también establecer una bonificación para los avales sobre dichos préstamos.

(17)

Los préstamos están destinados a financiar la adaptación de los procesos productivos de las industrias a las nuevas especificaciones previstas en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 25 de julio de 2001, y a garantizar el funcionamiento normal de las almazaras durante la campaña 2001/02.

(18)

Los importes máximos unitarios de los préstamos por beneficiario serán los que figuren en los reconocimientos de derechos por parte del MAPA, por medio de la Agencia para el Aceite de Oliva. A tal efecto, se tendrá en cuenta el volumen acreditado de existencias de aceite en todas las fases del procedimiento industrial, en cada industria, el 3 de julio de 2001, el volumen de aceite entregado a las industrias de embotellado para la distribución comercial desde esta fecha hasta la entrada en vigor de la Orden del MAPA de 14 de noviembre de 2001 y el precio tipo máximo de 125 ESP (0,761266 EUR) por kilogramo de existencias.

(19)

Los beneficiarios de las ayudas deberán haber ajustado o haber comenzado a ajustar sus procesos productivos a las nuevas especificaciones, antes del primer vencimiento de intereses, y el volumen de producción para la campaña 2001/02 deberá ser similar al de las tres campañas anteriores.

(20)

El volumen máximo de los préstamos para los distintos sectores es el siguiente:

(21)

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), con la intervención de las entidades financieras, ofrece una línea de préstamos en las siguientes condiciones:

(22)

El MAPA puede también establecer bonificaciones para los avales que conceda, en su caso, la Sociedad Estatal de Caución Agraria, cuando sea necesario para la obtención de los préstamos. El importe de la bonificación del aval esta destinado a pagar el coste de gestión por un importe que no supere un 1 % del saldo pendiente del préstamo avalado.

(23)

En la incoación del procedimiento, la Comisión tuvo en cuenta las consideraciones que a continuación se exponen.

(24)

La bonificación de los intereses de los préstamos constituye una ayuda concedida por el Estado a las industrias de extracción, refinado y envasado de aceite de orujo de oliva. Además, determinadas industrias se benefician de otra ayuda concedida por el Estado, consistente en la bonificación de una parte del coste de gestión de los avales de estos préstamos bonificados.

(25)

Se prevé que los préstamos se destinen en parte a financiar la adaptación de los procesos productivos de las industrias a las nuevas normas y especificaciones previstas en la Orden del Ministerio de la Presidencia de 25 de julio de 2001. No obstante, el importe de los préstamos bonificados y el importe de la ayuda no están vinculados al coste de adaptación de los procesos productivos. En efecto, los importes máximos unitarios de los préstamos por beneficiario serán los que figuran en los reconocimientos de los derechos expedidos por el MAPA, por medio de la Agencia para el Aceite de Oliva, que se basan en el volumen acreditado de existencias de aceite en todas las fases del procedimiento industrial para cada industria el 3 de julio de 2001 y en el volumen de aceite entregado a las industrias de embotellado para distribución comercial. La Comisión, en esta fase, no disponía de información en el sentido de que estas ayudas estuvieran vinculadas a inversiones relacionadas con los gastos subvencionables enumerados en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (5).

(26)

Así pues, sobre la base de la información disponible, la Comisión consideró que las ayudas previstas en forma de bonificación de intereses de los préstamos y en forma de bonificación de una parte del coste de los avales parecían ser ayudas estatales destinadas a mejorar la situación financiera de los productores, pero sin contribuir en forma alguna al desarrollo del sector (punto 3.5 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario). Por lo tanto, en esta fase, las ayudas que hubieran podido concederse parecían ser ayudas de funcionamiento, incompatibles con el mercado común. Estas ayudas no tienen ningún efecto duradero para el desarrollo del sector y su efecto inmediato desaparece con la propia medida (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de junio de 1995, en el asunto T-459/93, Siemens SA/Comisión (6). Estas ayudas tienen como consecuencia directa la mejora de las posibilidades de producción y comercialización de estos productos por parte de los operadores afectados respecto de otros operadores (en el territorio nacional y en otros Estados miembros) que no se benefician de ayudas comparables.

(27)

Además, estas ayudas a las industrias de extracción, refinado y envasado de aceite de orujo de oliva se refieren a un producto, el aceite de oliva, que está sujeto a una organización común de mercado, de conformidad con el Reglamento no 136/66/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las materias grasas (7), existiendo límites a la intervención de los Estados miembros en el funcionamiento de tal organización, que es competencia exclusiva de la Comunidad. La jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia (véase, entre otras, la sentencia de 26 de junio de 1979 en el asunto 177/78 (8), Pigs and Bacon Commission/McCarren and Company Limited) establece que las organizaciones comunes de mercado deben considerarse sistemas completos y exhaustivos que excluyen que los Estados miembros puedan adoptar medidas contrarias o perjudiciales para los mismos. Por lo tanto, en esta fase, parecía que estas ayudas debían considerarse infracciones a las organizaciones comunes de mercado, y, en consecuencia, a la normativa comunitaria.

(28)

Atendiendo a ello, la Comisión consideró, en la fase de incoación del procedimiento, que las ayudas analizadas parecía que debían considerarse ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado común y no parecía que pudieran beneficiarse de ninguna de las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 3, del Tratado y, por consiguiente, decidió incoar con respecto a ellas el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado.

(29)

Por carta de 15 de abril de 2002, España arguyó lo siguiente.

(30)

El 3 de julio de 2001, el Gobierno español, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo, decidió la inmovilización de todas las partidas de aceite de orujo de oliva que existían en el mercado español en aquel momento en los diversos eslabones de la cadena agroalimentaria.

(31)

La inmovilización y prohibición de la venta al público del aceite de oliva se decidió, única y exclusivamente, para proteger los intereses de los consumidores ya que, en los días anteriores, los diferentes controles de calidad realizados por los distintos estamentos con la obligación de velar por el cumplimiento de las exigencias sanitarias, habían revelado que, al menos, una parte del aceite de orujo de oliva presente en el mercado contenía determinados compuestos del grupo de hidrocarburos aromáticos policíclicos, en concentraciones que pudieran suponer un riesgo para el consumidor.

(32)

Esto hizo que el Gobierno español, a través del Ministerio de la Presidencia, publicase la Orden de 25 de julio de 2001 por la que se establecen límites de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos en los mencionados aceites, estando previsto, asimismo, el procedimiento normalizado de trabajo al que debe atenerse el proceso productivo para obtener aceite de orujo.

(33)

Las existencias de aceite de orujo que se vieron afectadas por la medida se estimaron en 30 000 toneladas localizadas en las 56 industrias extractoras activas en España, 12 000 toneladas más se hallaban almacenadas en las 7 refinerías y otras 8 000 toneladas se encontraban en las 150 empresas envasadoras que existen en España.

(34)

El MAPA valoró la gran dificultad que tendría para el sector las 50 000 toneladas inmovilizadas en plena campaña de producción de aceite de oliva, ya que, al calcularse para ese año una cosecha que iba a superar el millón de toneladas, el aceite de orujo que se obtendría estaría por encima de las 80 000 toneladas. Es decir, a principios del año 2002 podrían existir unas 130 000 toneladas de aceite de orujo, con escasas expectativas de aceptación en el mercado.

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Las extractoras de aceite de orujo en España son las encargadas de retirar de las almazaras los subproductos de la fabricación del aceite, orujos y alperujos, y dada la crisis sería dudoso que las extractoras procedieran a trasladar orujos y alperujos desde las almazaras a las instalaciones propias a fin de obtener aceite de orujo. Esto hubiera provocado un desastre ambiental de incalculables proporciones, pues las almazaras no estaban capacitadas para el almacenamiento indefinido de los subproductos, ni para proceder a su tratamiento descontaminante.

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Las extractoras de aceite de orujo, al retirar los subproductos de las almazaras, solucionan totalmente los problemas medioambientales originados en el proceso de obtención del aceite de oliva. Asimismo, la cadena extracción —refinado-envasado— distribución del aceite de orujo reviste una importancia decisiva en la actividad económica del sector (10 % de la producción final agraria española).

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La inactividad de la cadena alimentaria del aceite de oliva, con la consiguiente paralización del sector, haría imposible la financiación de la nueva campaña, dado que las obligaciones de pago derivadas de la financiación de la anterior se incumplirían parcialmente, lo que haría que las entidades financieras no se mostrasen dispuestas a financiar la nueva campaña.

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El objetivo del Gobierno era contribuir a que los afectados que no contaran con los ingresos provenientes de sus ventas habituales por la declaración de alerta sanitaria, pudieran afrontar los pagos correspondientes a la campaña anterior y recuperar capacidad de endeudamiento con las entidades de crédito ante la nueva campaña, así como fomentar los procesos productivos que comportaran total garantía sanitaria y recuperar la confianza del consumidor.

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Se trataba de una situación excepcional derivada de la suspensión del mercado decretada por la administración española, por razones de seguridad alimentaria, aunque ni la legislación comunitaria ni la española establecían el nivel máximo de presencia de las sustancias detectadas. Es una medida paliativa de escasa entidad ante un hecho excepcional, como es la suspensión de un mercado, que podría tener consecuencias gravísimas para todo el sector oleícola español.

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Estas ayudas se otorgan en el marco de unos compromisos adquiridos por los beneficiarios. Una primera exigencia es la de haber iniciado la adaptación de sus procesos productivos en orden a cumplir las nuevas disposiciones de la legislación española en cuanto a los límites de presencia de determinados hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aceite de orujo de oliva, que anteriormente no estaban regulados ni en las normas comunitarias ni en las españolas. Otra contrapartida es el compromiso de los beneficiarios de alcanzar una producción para la campaña 2001/2002 similar a la de las tres campañas precedentes. De este modo se garantiza el desarrollo del sector orujero y la retirada de residuos contaminantes.

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El objetivo de estas ayudas no es simplemente el de mejorar la situación financiera del productor sin contribuir al desarrollo del sector. Las estas ayudas son compatibles con el mercado común por representar incentivos que exigen contrapartidas por parte de los beneficiarios. Además, es inexacto afirmar que se otorgan tomando como base para su concesión únicamente el precio, la cantidad, la unidad de producción o la unidad de los medios de producción. Se toman como base, además de un referente cuantitativo para determinar el valor de los préstamos, una serie de exigencias de obligado cumplimiento.

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La Comunicación de la Comisión sobre ayudas de Estado en forma de préstamos a corto plazo con bonificaciones de intereses en el sector agrario («créditos de gestión») (9) reconoce que la agricultura comunitaria se halla en una situación desfavorable respecto a otros sectores, tanto desde el punto de vista de la necesidad de obtener préstamos a corto plazo, como del de su capacidad para financiarlos. Estos préstamos no deben utilizarse para prestar ayudas en forma selectiva a determinados sectores u operadores económicos del sector agrario por motivos no exclusivamente relacionados con tales dificultades. No obstante, las ayudas de Estado para tales préstamos pueden excluir, según la apreciación del Estado miembro interesado, otras actividades u operadores económicos que tengan menores dificultades para obtener préstamos a corto plazo.

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En conclusión, España considera lo siguiente: