22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/1

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/3

(1)

El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión (2), fija los procedimientos y condiciones de puesta a la venta de los cereales en poder de los organismos de intervención.

(2)

En la situación actual del mercado, resulta oportuno abrir una licitación permanente para la exportación de 300 000 toneladas de trigo blando en poder del organismo de intervención checo.

(3)

Deben fijarse condiciones especiales para garantizar la regularidad de las operaciones y sus controles. Para ello, procede crear un sistema de garantía que asegure el respeto de los objetivos buscados, sin que ello represente una carga excesiva para los agentes económicos. Es por lo tanto necesario establecer excepciones a algunas normas, especialmente las del Reglamento (CEE) no 2131/93.

(4)

Cuando la retirada del trigo blando se retrase más de cinco días o se aplace la liberación de alguna de las garantías exigidas por motivos achacables al organismo de intervención, el Estado miembro correspondiente deberá pagar indemnizaciones.

(5)

Para evitar las reimportaciones, las exportaciones efectuadas en el marco de la presente licitación deberán limitarse a determinados terceros países.

(6)

El artículo 7, apartado 2 bis, del Reglamento (CEE) no 2131/93 establece la posibilidad de reembolsar al adjudicatario exportador los gastos de transporte más favorables entre el punto de almacenamiento y el lugar de salida real. Habida cuenta de la situación geográfica de la República Checa, procede aplicar esta disposición.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Tel. (420-2) 22 87 16 67/403

Fax (420-2) 22 29 68 06 404.

a)

superior a la descrita en el anuncio de licitación, el adjudicatario deberá aceptar el lote tal como se encuentre;

b)

superior a las características mínimas exigibles para la intervención pero inferior a la calidad descrita en el anuncio de licitación, aunque dentro del límite de una diferencia, como máximo, de:

el adjudicatario deberá aceptar el lote tal como se encuentre;

c)

superior a las características mínimas exigibles para la intervención pero inferior a la calidad descrita en el anuncio de licitación, con una diferencia superior a los límites previstos en la letra b), el adjudicatario podrá:

d)

inferior a las características mínimas exigibles para la intervención, el adjudicatario no podrá retirar el lote. El adjudicatario no quedará liberado de todas sus obligaciones en relación con dicho lote, incluidas las garantías, hasta haber informado de ello sin demora a la Comisión y al organismo de intervención, de conformidad con el anexo II; no obstante, podrá solicitar al organismo de intervención que le proporcione otro lote de trigo blando de intervención de la calidad prevista, sin gastos suplementarios; en este caso, no se liberará la garantía; la sustitución del lote deberá producirse dentro de un plazo máximo de tres días siguientes a la solicitud del adjudicatario; el adjudicatario informará de ello sin demora a la Comisión de conformidad con el anexo II.

—

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 458/2005

—

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 458/2005

—

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 458/2005

—

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 458/2005

—

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 458/2005

—

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2005

—

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 458/2005

—

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 458/2005

—

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 458/2005

—

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 458/2005

—

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 458/2005

—

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 458/2005/EK rendelet

—

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 458/2005

—

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 458/2005

—

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 458/2005

—

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 458/2005

—

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 458/2005

—

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 458/2005

—

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 458/2005.

22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/9

(1)

El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión (2), fija los procedimientos y condiciones de puesta a la venta de los cereales en poder de los organismos de intervención.

(2)

En la situación actual del mercado, resulta oportuno abrir una licitación permanente para la exportación de 80 663 toneladas de trigo blando en poder del organismo de intervención austriaco.

(3)

Deben fijarse condiciones especiales para garantizar la regularidad de las operaciones y sus controles. Para ello, procede crear un sistema de garantía que asegure el respeto de los objetivos buscados, sin que ello represente una carga excesiva para los agentes económicos. Es por lo tanto necesario establecer excepciones a algunas normas, especialmente las del Reglamento (CEE) no 2131/93.

(4)

Cuando la retirada del trigo blando se retrase más de cinco días o se aplace la liberación de alguna de las garantías exigidas por motivos achacables al organismo de intervención, el Estado miembro correspondiente deberá pagar indemnizaciones.

(5)

Para evitar las reimportaciones, las exportaciones efectuadas en el marco de la presente licitación deberán limitarse a determinados terceros países.

(6)

El artículo 7, apartado 2 bis, del Reglamento (CEE) no 2131/93 establece la posibilidad de reembolsar al adjudicatario exportador los gastos de transporte más favorables entre el punto de almacenamiento y el lugar de salida real. Habida cuenta de la situación geográfica de Austria, procede aplicar esta disposición.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Fax (43-1) 331 51 46 24, (43-1) 331 51 44 69

a)

superior a la descrita en el anuncio de licitación, el adjudicatario deberá aceptar el lote tal como se encuentre;

b)

superior a las características mínimas exigibles para la intervención pero inferior a la calidad descrita en el anuncio de licitación, aunque dentro del límite de una diferencia, como máximo, de:

el adjudicatario deberá aceptar el lote tal como se encuentre;

c)

superior a las características mínimas exigibles para la intervención pero inferior a la calidad descrita en el anuncio de licitación, con una diferencia superior a los límites previstos en la letra b), el adjudicatario podrá:

d)

inferior a las características mínimas exigibles para la intervención, el adjudicatario no podrá retirar el lote. El adjudicatario no quedará liberado de todas sus obligaciones en relación con dicho lote, incluidas las garantías, hasta haber informado de ello sin demora a la Comisión y al organismo de intervención, de conformidad con el anexo II; no obstante, podrá solicitar al organismo de intervención que le proporcione otro lote de trigo blando de intervención de la calidad prevista, sin gastos suplementarios; en este caso, no se liberará la garantía; la sustitución del lote deberá producirse dentro de un plazo máximo de tres días siguientes a la solicitud del adjudicatario; el adjudicatario informará de ello sin demora a la Comisión de conformidad con el anexo II.

—

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 459/2005

—

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 459/2005

—

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 459/2005

—

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 459/2005

—

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 459/2005

—

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 459/2005

—

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 459/2005

—

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 459/2005

—

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 459/2005

—

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 459/2005

—

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 459/2005

—

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 459/2005/EK rendelet

—

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 459/2005

—

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 459/2005

—

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 459/2005

—

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 459/2005

—

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 459/2005

—

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 459/2005

—

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 459/2005.

22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/15

(1)

El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión (2), fija los procedimientos y condiciones de puesta a la venta de los cereales en poder de los organismos de intervención.

(2)

En la situación actual del mercado, resulta oportuno abrir una licitación permanente para la exportación de 320 000 toneladas de trigo blando en poder del organismo de intervención húngaro.

(3)

Deben fijarse condiciones especiales para garantizar la regularidad de las operaciones y sus controles. Para ello, procede crear un sistema de garantía que asegure el respeto de los objetivos buscados, sin que ello represente una carga excesiva para los agentes económicos. Es por lo tanto necesario establecer excepciones a algunas normas, especialmente las del Reglamento (CEE) no 2131/93.

(4)

Cuando la retirada del trigo blando se retrase más de cinco días o se aplace la liberación de alguna de las garantías exigidas por motivos achacables al organismo de intervención, el Estado miembro correspondiente deberá pagar indemnizaciones.

(5)

Para evitar las reimportaciones, las exportaciones efectuadas en el marco de la presente licitación deberán limitarse a determinados terceros países.

(6)

El artículo 7, apartado 2 bis, del Reglamento (CEE) no 2131/93 establece la posibilidad de reembolsar al adjudicatario exportador los gastos de transporte más favorables entre el punto de almacenamiento y el lugar de salida real. Habida cuenta de la situación geográfica de Hungría, procede aplicar esta disposición.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Alkotmány u. 29.

H-1385 Budapest 62

Pf 867

Tel. (36-1) 219 62 60

Fax (36-1) 219 62 59.

a)

superior a la descrita en el anuncio de licitación, el adjudicatario deberá aceptar el lote tal como se encuentre;

b)

superior a las características mínimas exigibles para la intervención pero inferior a la calidad descrita en el anuncio de licitación, aunque dentro del límite de una diferencia, como máximo, de:

el adjudicatario deberá aceptar el lote tal como se encuentre;

c)

superior a las características mínimas exigibles para la intervención pero inferior a la calidad descrita en el anuncio de licitación, con una diferencia superior a los límites previstos en la letra b), el adjudicatario podrá:

d)

inferior a las características mínimas exigibles para la intervención, el adjudicatario no podrá retirar el lote. El adjudicatario no quedará liberado de todas sus obligaciones en relación con dicho lote, incluidas las garantías, hasta haber informado de ello sin demora a la Comisión y al organismo de intervención, de conformidad con el anexo II; no obstante, podrá solicitar al organismo de intervención que le proporcione otro lote de trigo blando de intervención de la calidad prevista, sin gastos suplementarios; en este caso, no se liberará la garantía; la sustitución del lote deberá producirse dentro de un plazo máximo de tres días siguientes a la solicitud del adjudicatario; el adjudicatario informará de ello sin demora a la Comisión de conformidad con el anexo II.

—

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 460/2005

—

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 460/2005

—

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 460/2005

—

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 460/2005

—

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 460/2005

—

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 460/2005

—

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 460/2005

—

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 460/2005

—

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 460/2005

—

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 460/2005

—

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 460/2005

—

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 460/2005/EK rendelet

—

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 460/2005

—

Pszenica zwyczajna interwencyjne nie dające prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 460/2005

—

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 460/2005

—

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 460/2005

—

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 460/2005

—

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 460/2005

—

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 460/2005.

22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/21

(1)

El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión (2), fija los procedimientos y condiciones de puesta a la venta de los cereales en poder de los organismos de intervención.

(2)

En la situación actual del mercado, resulta oportuno abrir una licitación permanente para la exportación de 93 084 toneladas de trigo blando en poder del organismo de intervención polaco.

(3)

Deben fijarse condiciones especiales para garantizar la regularidad de las operaciones y sus controles. Para ello, procede crear un sistema de garantía que asegure el respeto de los objetivos buscados, sin que ello represente una carga excesiva para los agentes económicos. Es por lo tanto necesario establecer excepciones a algunas normas, especialmente las del Reglamento (CEE) no 2131/93.

(4)

Cuando la retirada del trigo blando se retrase más de cinco días o se aplace la liberación de alguna de las garantías exigidas por motivos achacables al organismo de intervención, el Estado miembro correspondiente deberá pagar indemnizaciones.

(5)

Para evitar las reimportaciones, las exportaciones efectuadas en el marco de la presente licitación deberán limitarse a determinados terceros países.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Dział Zbóż

ul. Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 78 10

Fax (48-22) 661 78 26.

a)

superior a la descrita en el anuncio de licitación, el adjudicatario deberá aceptar el lote tal como se encuentre;

b)

superior a las características mínimas exigibles para la intervención pero inferior a la calidad descrita en el anuncio de licitación, aunque dentro del límite de una diferencia, como máximo, de:

el adjudicatario deberá aceptar el lote tal como se encuentre;

c)

superior a las características mínimas exigibles para la intervención pero inferior a la calidad descrita en el anuncio de licitación, con una diferencia superior a los límites previstos en la letra b), el adjudicatario podrá:

d)

inferior a las características mínimas exigibles para la intervención, el adjudicatario no podrá retirar el lote. El adjudicatario no quedará liberado de todas sus obligaciones en relación con dicho lote, incluidas las garantías, hasta haber informado de ello sin demora a la Comisión y al organismo de intervención, de conformidad con el anexo II; no obstante, podrá solicitar al organismo de intervención que le proporcione otro lote de trigo blando de intervención de la calidad prevista, sin gastos suplementarios; en este caso, no se liberará la garantía; la sustitución del lote deberá producirse dentro de un plazo máximo de tres días siguientes a la solicitud del adjudicatario; el adjudicatario informará de ello sin demora a la Comisión de conformidad con el anexo II.

—

Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 461/2005

—

Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 461/2005

—

Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 461/2005

—

Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 461/2005

—

Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 461/2005

—

Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 461/2005

—

Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 461/2005

—

Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 461/2005

—

Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 461/2005

—

Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 461/2005

—

Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 461/2005

—

Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 461/2005/EK rendelet

—

Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 461/2005

—

Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 461/2005

—

Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 461/2005

—

Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 461/2005

—

Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 461/2005

—

Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 461/2005

—

Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 461/2005.

22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/27

(1)

El Reglamento (CEE) no 2131/93 de la Comisión (2), fija los procedimientos y condiciones de puesta a la venta de los cereales en poder de los organismos de intervención.

(2)

En la situación actual del mercado, resulta oportuno abrir una licitación permanente para la exportación de 500 693 toneladas de cebada en poder del organismo de intervención alemán.

(3)

Deben fijarse condiciones especiales para garantizar la regularidad de las operaciones y sus controles. Para ello, procede crear un sistema de garantía que asegure el respeto de los objetivos buscados, sin que ello represente una carga excesiva para los agentes económicos. Es por lo tanto necesario establecer excepciones a algunas normas, especialmente las del Reglamento (CEE) no 2131/93.

(4)

Cuando la retirada de la cebada se retrase más de cinco días o se aplace la liberación de alguna de las garantías exigidas por motivos achacables al organismo de intervención, el Estado miembro correspondiente deberá pagar indemnizaciones.

(5)

Para evitar las reimportaciones, las exportaciones efectuadas en el marco de la presente licitación deberán limitarse a determinados terceros países.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt am Main

Fax: (49-69) 15 64-6 24

a)

superior a la descrita en el anuncio de licitación, el adjudicatario deberá aceptar el lote tal como se encuentre;

b)

superior a las características mínimas exigibles para la intervención pero inferior a la calidad descrita en el anuncio de licitación, aunque dentro del límite de una diferencia, como máximo, de:

el adjudicatario deberá aceptar el lote tal como se encuentre;

c)

superior a las características mínimas exigibles para la intervención pero inferior a la calidad descrita en el anuncio de licitación, con una diferencia superior a los límites previstos en la letra b), el adjudicatario podrá:

d)

inferior a las características mínimas exigibles para la intervención, el adjudicatario no podrá retirar el lote. El adjudicatario no quedará liberado de todas sus obligaciones en relación con dicho lote, incluidas las garantías, hasta haber informado de ello sin demora a la Comisión y al organismo de intervención, de conformidad con el anexo II; no obstante, podrá solicitar al organismo de intervención que le proporcione otro lote de cebada de intervención de la calidad prevista, sin gastos suplementarios; en este caso, no se liberará la garantía; la sustitución del lote deberá producirse dentro de un plazo máximo de tres días siguientes a la solicitud del adjudicatario; el adjudicatario informará de ello sin demora a la Comisión de conformidad con el anexo II.

—

Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 462/2005

—

Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 462/2005

—

Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 462/2005

—

Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 462/2005

—

Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 462/2005

—

Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 462/2005

—

Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 462/2005

—

Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 462/2005

—

Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 462/2005

—

Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 462/2005

—

Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 462/2005

—

Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 462/2005/EK rendelet

—

Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 462/2005

—

Jęczmień interwencyjny niedający prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 462/2005

—

Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 462/2005

—

Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 462/2005

—

Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 462/2005

—

Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 462/2005

—

Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 462/2005.

22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/33

(1)

El anexo III bis de la Directiva 2000/13/CE establece una lista de ingredientes alimentarios que deben indicarse en la etiqueta porque pueden causar reacciones adversas a personas sensibles.

(2)

De acuerdo con la Directiva 2000/13/CE, la Comisión puede excluir temporalmente algunos de estos ingredientes o productos del anexo III bis de la citada Directiva a la espera de que los fabricantes de alimentos o sus asociaciones realicen estudios científicos que establezcan que estos ingredientes o productos cumplen las condiciones para su exclusión definitiva de dicho anexo.

(3)

La Comisión ha recibido veintisiete solicitudes relativas a treinta y cuatro de estos ingredientes o productos, de los cuales treinta y dos pertenecen al ámbito de aplicación de la Directiva, y se ha pedido un dictamen científico a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA).

(4)

Tras examinar la información facilitada por los solicitantes, y otros datos disponibles, la EFSA considera que algunos productos no tienen probabilidad, o no mucha probabilidad, de causar reacciones adversas a personas sensibles. En algunos casos, la EFSA precisa que no puede establecer una conclusión definitiva, aunque no se menciona ningún caso notificado.

(5)

En consecuencia, los productos o ingredientes que cumplan estas condiciones deberían excluirse provisionalmente del anexo III bis de la Directiva 2000/13/CE.

22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/35

(1)

La Comisión ha negociado en nombre de la Comunidad un Acuerdo bilateral sobre la pronta aplicación de los compromisos de acceso al mercado vinculados a la incorporación de Vietnam a la OMC.

(2)

Dicho Acuerdo fue rubricado el 3 de diciembre de 2004.

(3)

Es necesario que el Acuerdo, que será de carácter temporal y tendrá una estructura sui generis, entre en vigor cuanto antes si se quiere que sea eficaz. La celebración del Acuerdo no afecta en modo alguno la división de competencias entre la Comunidad y sus Estados miembros, de conformidad con el Derecho comunitario tal y como es interpretado por el Tribunal de Justicia.

(4)

Procede aprobar el Acuerdo en nombre de la Comunidad.

22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/40

(1)

La protección de la salud humana frente a las enfermedades e infecciones transmisibles directa o indirectamente de los animales al ser humano (zoonosis) reviste una importancia capital.

(2)

Con objeto de obtener apoyo financiero de la Comunidad, las autoridades suecas presentaron en 2000 un programa nacional multianual de vigilancia del campylobacter en pollos de carne. El objeto del programa es estimar la prevalencia de referencia tanto en la producción primaria como en la cadena alimentaria, así como reforzar progresivamente la aplicación de medidas de higiene en las explotaciones para reducir la prevalencia en las mismas y, por ende, en toda la cadena alimentaria. El programa fue aprobado por la Comisión y se le proporcionó ayuda financiera de la Comunidad durante un período de tiempo pertinente no superior a cuatro años, para cubrir determinados costes afrontados por Suecia y recopilar valiosos datos científicos y técnicos. El programa se puso en marcha el 1 de julio de 2001.

(3)

Por motivos presupuestarios, cada año se decide la contribución financiera de la Comunidad. A través de las Decisiones de la Comisión 2001/29/CE (2), 2001/866/CE (3), 2002/989/CE (4) y 2003/864/CE (5), la Comunidad asignó ayuda financiera para el segundo semestre del año 2001 y para los años 2002, 2003 y 2004, respectivamente.

(4)

Las autoridades suecas presentaron el 28 de mayo de 2004 un programa para obtener ayuda financiera de la Comunidad en 2005, así como un programa revisado los días 2 y 17 de noviembre de 2004. Sobre esta base, parece adecuado prorrogar por seis meses el período total de la ayuda financiera de la Comunidad una vez transcurrido el período total de cuatro años inicialmente acordado, asignando ayuda para el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005. La ayuda financiera de la Comunidad para este período debería fijarse en 160 000 EUR como máximo.

(5)

En virtud del artículo 3, apartado 2 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo (6), las medidas veterinarias y fitosanitarias adoptadas con arreglo a la normativa comunitaria serán financiadas por la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola; a efectos de control financiero, se aplicarán los artículos 8 y 9 del citado Reglamento.

(6)

La Comunidad concederá una ayuda financiera en la medida en que las acciones financiadas se lleven realmente a cabo y que las autoridades comuniquen toda la información necesaria dentro de los plazos previstos.

(7)

Es preciso aclarar el tipo de conversión que se utilizará para las solicitudes de pago presentadas en monedas nacionales, tal como se definen en el artículo 1, letra d), del Reglamento (CE) no 2799/98 del Consejo, de 15 de diciembre de 1998, por el que se establece el régimen agromonetario del euro (7).

(8)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

a)

la entrada en vigor, no más tarde del 1 de enero de 2005, de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas para la aplicación del programa;

b)

la presentación de una evaluación financiera y técnica intermedia que abarque los cinco primeros meses del programa, en el plazo máximo de cuatro semanas tras el final del período correspondiente; este informe deberá ajustarse al modelo establecido en el anexo;

c)

la presentación, a más tardar el 31 de marzo de 2006, de un informe final sobre la ejecución general y los resultados del programa durante todo el período durante el cual se concedió ayuda financiera de la Comunidad, es decir, entre el 1 de julio de 2001 y el 31 de diciembre de 2005; el informe constará también de una evaluación técnica y financiera que incluya el año 2005, de conformidad con el modelo que figura en el anexo, acompañado de justificantes de los gastos efectuados;

d)

el suministro, por medio de estos informes, de información técnica y científica que sea sustancial y de calidad, y que corresponda a los fines de la intervención comunitaria;

e)

la aplicación efectiva del programa.

22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/44

(1)

Mediante carta de 16 de julio de 2001, Grecia notificó a la Comisión, de conformidad con el Reglamento (CE) no 1540/98, sobre ayudas a la construcción naval, varias medidas de ayuda estatal en favor de Hellenic Shipyards AE. La notificación fue recibida tras una serie de contactos con las autoridades griegas, después de que la Comisión tuviera conocimiento de las medidas.

(2)

Por carta de 5 de junio de 2002 (3), reproducida en la lengua auténtica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas  (4), la Comisión notificó a la República Helénica su decisión de aprobar parte de las medidas de ayuda estatal afectadas y de incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a otras medidas (en lo sucesivo denominadas «medidas impugnadas»), en especial las recogidas en los artículos 5(2) y 6(2) de la Ley 2941/2001 relativa a Hellenic Shipyards.

(3)

Las autoridades griegas respondieron a la Comisión mediante cartas de 16 de septiembre y 13 de diciembre de 2002. La Comisión también recibió comentarios de una parte interesada, por carta fechada el 6 de septiembre de 2002. Estos comentarios se comunicaron a las autoridades griegas mediante carta de 2 de octubre de 2002.

(4)

En su carta de 16 de septiembre de 2002, las autoridades griegas pidieron una prórroga del plazo para responder a los comentarios de las partes interesadas e informaron a la Comisión de que el Gobierno griego contemplaba la derogación, mediante una ley, de las medidas de ayuda estatal impugnadas aunque, sin embargo, pidieron una prórroga de tres meses del plazo asignado para responder en el marco del procedimiento de investigación de la Comisión.

(5)

Por carta de 30 de enero de 2003 las autoridades griegas informaron a la Comisión de que el Gobierno griego había decidido suprimir las dos medidas impugnadas y pidieron una nueva prórroga de tres meses para ejecutar dicha decisión. Por carta de 3 de abril de 2003 informaron a la Comisión de que la derogación de ambas medidas se incluiría en un «próximo» proyecto de ley.

(6)

Mediante carta de 1 de agosto de 2003, la Comisión pidió a las autoridades griegas que le facilitaran el texto legal relativo a la derogación de las medidas y la fecha prevista para su votación en el Parlamento griego. Por carta de 1 de octubre de 2003 las autoridades griegas respondieron a la Comisión afirmando que las medidas impugnadas serían derogadas por ley.

(7)

Mediante carta de 11 de noviembre de 2003, la Comisión reiteró su petición a las autoridades griegas con respecto al texto de la ley de derogación de ambas medidas y la fecha de su adopción. Por carta de 24 de enero de 2004 las autoridades griegas informaron a la Comisión de que la derogación de ambas medidas se había incluido en una ley que debería presentarse al Parlamento griego antes del 13 de febrero de 2004.

(8)

Por carta de 17 de marzo de 2004, la Comisión pidió que Grecia facilitara información sobre la situación de la derogación. Las autoridades griegas informaron a la Comisión, por carta de 29 de abril de 2004, de que la derogación de ambas medidas era una de las intenciones del «nuevo Gobierno». La Comisión también aprovechó una reunión entre funcionarios de la Comisión y las autoridades griegas, celebrada en Atenas el 28 de junio de 2004, para recordar a las autoridades helénicas su compromiso de suprimir las medidas impugnadas.

(9)

Sin embargo, según la información de la que la Comisión dispone, hasta ahora las autoridades griegas no han tomado ninguna medida para suprimir las medidas impugnadas. Por ello la Comisión ha decidido adoptar una decisión negativa y concluir el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con respecto a ambas medidas.

(10)

Ley 2941/2001 (en lo sucesivo denominada «la Ley»), que reguló, entre otros asuntos, aspectos relativos a Hellenic Shipyards. La Ley fue adoptada en agosto de 2001 y se publicó en el volumen A del Boletín Oficial de Grecia de 12 de septiembre de 2001.

(11)

Por carta de 5 de junio de 2002 (5), la Comisión autorizó una ayuda de 29,5 millones EUR que Grecia se proponía conceder, de conformidad con la Ley antes citada, para incentivar a trabajadores del sector naval a abandonar voluntariamente Hellenic Shipyards. La Comisión constató que esta ayuda cumplía las condiciones del artículo 4 del Reglamento (CΕ) no 1540/98 y era por lo tanto compatible con el mercado común.

(12)

Al mismo tiempo, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE y, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (6), invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones (7). La Comisión expresó dudas en cuanto a la compatibilidad de ambas medidas de ayuda con el Reglamento (CE) no 1540/98.

(13)

Por lo que se refiere a la aplicación del Reglamento (CE) no 1540/98 a la evaluación de las medidas impugnadas, la Comisión observa que éstas no pueden considerarse como ayuda notificada. Puesto que las medidas impugnadas son disposiciones legales que ya entraron en vigor el 12 de septiembre de 2001, y al no haber sido suspendidas entretanto, se considera que constituyen una ayuda ilegal.

(14)

Aunque el Reglamento (CE) no 1540/98 expiró el 31 de diciembre de 2003 y no resulta afectado por la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (8) en aras de una práctica coherente, la Comisión aplicará dicho Reglamento en el presente asunto. En todo caso, la Comisión habría llegado a la misma conclusión incluso si las medidas fueran evaluadas sobre la base del actual Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval (9).

(15)

De conformidad con el artículo 5(2) de la Ley, el Estado cubrirá algunas de las obligaciones futuras de la empresa en concepto de pensiones. Con arreglo a la legislación griega, cuando una persona se jubila recibe una cantidad única que normalmente es igual al 40 % de la que recibiría en caso de despido. Según esta disposición, el Estado cubrirá un porcentaje de este coste proporcional a los años de antigüedad del trabajador en Hellenic Shipyards antes de la venta a sus nuevos accionistas. La cantidad es pagada a la empresa cuando ésta así lo solicita. De este modo dicha disposición garantiza que parte de esta cantidad única es pagada por el Estado hasta el año 2035, fecha de jubilación prevista de los últimos trabajadores empleados en el momento de la transferencia a los nuevos accionistas.

(16)

El apartado 6(4) de la Ley se refiere a tres elementos del balance de la empresa en su situación a 31.12.1999: «reservas exentas de impuestos», «reservas especiales» y «cantidades destinadas al aumento del capital social». Estos tres tipos de cantidades están exentos de impuestos u otras obligaciones fiscales, por lo que pueden utilizarse para compensar pérdidas de años anteriores.

(17)

Según las autoridades griegas, el tipo impositivo para la capitalización de reservas exentas de impuestos por las sociedades de responsabilidad limitada no cotizadas en bolsa es del 10 %. Esto significa que relacionar reservas exentas de impuestos con pérdidas antiguas supone un impuesto del 10 % sobre el importe afectado. Según las autoridades griegas, las reservas exentas de impuestos ascendían a 112 millones EUR y el impuesto aplicable sería de 11,2 millones.

(18)

Mediante carta de 16 de septiembre de 2002, las autoridades griegas presentaron sus primeras observaciones con respecto a las medidas impugnadas (10). En especial explicaron que, de conformidad con la legislación griega (11), las reservas especiales capitalizadas se gravan por separado a un tipo del 5 % (siempre que en el momento en que fueron establecidas ya hubieran sido gravadas) y no del 10 %, según afirma la Comisión. Por lo tanto, el importe contencioso sería 171 282 EUR y no 342 564 EUR.

(19)

Por otra parte, las autoridades griegas observaron que las cantidades capitalizadas destinadas al aumento de capital sólo están sujetas al tipo del 1 % y no están gravadas con un 10 %, como se dice en la carta de la Comisión. Por lo tanto, el importe pertinente sería de 255 906 EUR y no 2,55 millones EUR, tal como calculó la Comisión al incoar el procedimiento de investigación.

(20)

Por ello las autoridades griegas concluyeron que el importe total de 11,2 millones EUR mencionado en la carta de la Comisión relativo a reservas exentas de impuestos debería corregirse a 8,69 millones sobre la base del siguiente cálculo:

(21)

A pesar de las objeciones al cálculo de los importes, las autoridades griegas informaron a la Comisión en la misma carta que contemplaban derogar las disposiciones de la Ley con respecto a las cuales la Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE. En su carta de 30 de enero de 2003 las autoridades griegas informaron formalmente a la Comisión de su decisión de suprimir ambas disposiciones y esta información fue confirmada en todas las comunicaciones posteriores (3 de abril y 1 de octubre de 2003, 24 de enero y 29 de abril de 2004).

(22)

Por lo tanto la Comisión supone que las autoridades griegas están de acuerdo con la conclusión de que las medidas impugnadas constituían una ayuda estatal incompatible.

(23)

El 9 de septiembre de 2002 la Comisión recibió comentarios de los representantes de Elefsis Shipbuilding and Industrial Enterprises S.A., un competidor directo de Hellenic Shipyards, en respuesta a la invitación a presentar observaciones publicada por la Comisión con respecto a la ayuda que nos ocupa. Los comentarios se comunicaron a la República Helénica por carta de 2 de octubre de 2002.

(24)

Elefsis Shipyards considera que los hechos comprobados por la Comisión justificarían una investigación ulterior que indagase especialmente la naturaleza exacta de las reservas de capital de Hellenic Shipyards y el nivel exacto de su capacidad en construcción naval militar (75 %) y comercial (25 %) así como para reparaciones de buques.

(25)

Por lo que se refiere a las reservas de capital, objeto de la investigación de la Comisión en este caso, Elefsis Shipyards observa que la Comisión debería investigar si el tipo impositivo que, de conformidad con la legislación griega normal, debería aplicarse al uso de tales reservas para compensar pérdidas en caso de que la Ley 2941/2001 no hubiera sido aprobada, era del 10 %.

(26)

Con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. De conformidad con la jurisprudencia establecida del Tribunal de Justicia Europeo, el criterio de afectar al comercio se cumple si la empresa beneficiaria realiza una actividad económica que conlleva comercio entre Estados miembros.

(27)

La Comisión observa que la construcción naval es una actividad económica que implica un comercio entre Estados miembros. Por lo tanto, la ayuda corresponde al ámbito del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

(28)

Con arreglo a la letra e) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, podrán considerarse compatibles con el mercado común las demás categorías de ayudas que determine el Consejo por decisión, tomada por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión. La Comisión observa que el Consejo adoptó así el Reglamento no 1540/98.

(29)

Según la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales, la compatibilidad de la ayuda estatal ilegal con el mercado común debe evaluarse sobre la base del instrumento vigente en el momento en que se concedió la ayuda. Aunque dicha Comunicación no se aplica en el presente caso, en aras de un enfoque coherente la Comisión aplicará el susodicho Reglamento en el presente asunto, especialmente porque su evaluación no se vería alterada incluso si se basara en el actual Marco sobre ayudas estatales a la construcción naval (13).

(30)

La Comisión observa que de conformidad con el Reglamento (CE) no 1540/98, «construcción naval» significa la construcción de buques mercantes autopropulsados de alta mar, que Hellenic Shipyards construye este tipo de buques y que por lo tanto es una empresa cubierta por el Reglamento (CE) no 1540/98.

(31)

Por lo tanto la Comisión tuvo que evaluar las medidas impugnadas con arreglo al Reglamento (CE) no 1540/98 en la medida en que falsean o amenazan con falsear la competencia en la construcción naval civil y la reparación de buques civiles. Como se señaló anteriormente, según las autoridades griegas el 75 % de las actividades de construcción naval de Hellenic Shipyards corresponden a actividades militares y esto tiene consecuencias por lo que se refiere a la ayuda estatal contemplada en el artículo 5(2) de la Ley.

(32)

En virtud de esta disposición, el Estado cubrirá la parte del coste de la indemnización única de jubilación, en proporción a la antigüedad del empleado en Hellenic Shipyards antes de su venta y a los años trabajados posteriormente. Esta disposición garantiza así que parte de la cantidad total única pagada a los empleados jubilados será desembolsada por el Estado hasta el año 2035, fecha de jubilación prevista de los últimos trabajadores actualmente empleados.

(33)

Según la información facilitada por las autoridades griegas, el coste máximo de esta medida sería de unos 7 millones EUR, pero debido a que algunos trabajadores abandonarían su puesto antes de la edad de jubilación, el coste calculado sería de 4 millones. Dado que las autoridades griegas declararon que el 75 % de los empleados afectados por la medida se dedican a la construcción naval militar, se calculó que el importe total de la ayuda estatal con arreglo a esta medida para la construcción naval y la reparación de buques civiles sería de aproximadamente de 1 millón EUR (lo que corresponde al 25 % de los empleados afectados por la medida).

(34)

La Comisión considera que esta medida constituye una ayuda de funcionamiento pues aliviaría a la empresa de costes normales derivados del desarrollo de sus actividades. Dado que el Reglamento (CE) no 1540/98 no prevé tal ayuda, la Comisión concluye que esta ayuda no es compatible con el mercado común.

(35)

La Comisión observa que la referencia al reparto 75 %-25 % entre construcción naval y reparación de buques militares y civiles respectivamente, se basa en las declaraciones de las autoridades griegas y que dicho reparto no estaba sujeto al procedimiento formal de investigación en el presente asunto. Sin embargo, la presente Decisión se adopta, en este aspecto, sin perjuicio de cualquier conclusión posterior a la que la Comisión pueda llegar en el contexto de otros procedimientos.

(36)

Según esta disposición, la empresa puede transferir un determinado número de reservas exentas de impuestos al capital social sin pagar el impuesto normal del 10 %, siempre que se utilicen para amortizar pérdidas de años anteriores, que están exentas de impuestos u otras obligaciones fiscales de forma que pueden amortizar las pérdidas de esos años.

(37)

El artículo 6(4) de la Ley se refiere a tres elementos del balance de la empresa: «reservas exentas de impuestos», «reservas especiales» y «cantidades destinadas al aumento del capital social». Según las autoridades griegas, el tipo impositivo para la capitalización de reservas exentas de impuestos por empresas de responsabilidad limitada no cotizadas en bolsa es del 10 %. Esto significa que compensar reservas exentas de impuestos con antiguas pérdidas supondría un impuesto del 10 % sobre la cantidad afectada. Según las autoridades griegas, las reservas exentas de impuestos ascendieron a 112 millones EUR y el impuesto a 11,2 millones, con arreglo a las normas fiscales griegas habituales.

(38)

Las exenciones fiscales propuestas para compensar reservas y antiguas pérdidas benefician a la empresa y deben por lo tanto considerarse como ayuda estatal. El Reglamento (CE) no 1540/98 no contempla tal ayuda y por lo tanto la Comisión concluye que esta disposición no es compatible con el mercado común. Más particularmente:

(39)

Las autoridades griegas sostienen que no se puede considerar que la exención fiscal de parte de las reservas de Hellenic Shipyards (aproximadamente 43 millones EUR) supone un beneficio para la empresa igual al 10 % de los importes amortizados. La razón es que la Ley 2367/95 sobre privatización parcial y reforma de empresas, en la cual se basó una decisión previa de la Comisión (14) de 1997 sobre amortización de deuda, establecía la amortización del 99 % de toda la deuda existente de la empresa y la disposición era aplicable, independientemente de si las deudas se recogían o no en los libros, y también de las deudas que pudieran surgir hasta el 31 de enero de 1996.

(40)

Las autoridades griegas alegan que si Hellenic Shipyards hubiera compensado antes del 31 de enero de 1996 las pérdidas de años anteriores con reservas exentas de impuestos, el impuesto resultante del 10 % sobre los 43 millones EUR generaría una deuda fiscal que habría sido amortizada en un 99 % sobre la base de la Ley 2367/95. Añaden que la empresa podría incluso presentar documentos de regularización basados en esta disposición. Por lo tanto, la única ventaja que la empresa obtiene al compensar el 100 % de las reservas exentas de impuestos con las pérdidas de años anteriores es de 43 000 EUR (1 % del 10 % de 43 millones EUR).

(41)

Al incoar el procedimiento formal de investigación, la Comisión observó dos problemas en esta argumentación. Primero, la decisión de la Comisión de 1997 especifica la cantidad exacta de la amortización de deuda autorizada para Hellenic Shipyards. La Comisión no podía autorizar más amortización de deuda basada en su decisión de 1997 puesto que la cantidad máxima declarada en la decisión no puede sobrepasarse. Por otra parte, la decisión de 1997 no establece que pudiera compensarse más tarde cualquier otra deuda, incluso referida al período anterior a finales de 1996.

(42)

Por lo tanto, sobre la base de la información de la que dispone, la Comisión concluye que las exenciones fiscales propuestas para compensar las reservas con antiguas pérdidas tienen un valor de 4,3 millones EUR, importe que beneficia a la empresa y que por lo tanto constituye ayuda estatal. El Reglamento (CE) no 1540/98 no preveía tal ayuda y la Comisión concluye que no puede declararse compatible con el mercado común.

(43)

Para la otra mitad de las «reservas exentas de impuestos», de aproximadamente 39 millones EUR, las autoridades griegas alegaron que tienen su origen en la venta de un hotel en 1956 y que por lo tanto no fueron gravadas, de conformidad con la legislación de aquel momento. La exención fiscal de 3,9 millones EUR relativa a este importe también parece ser ayuda no compatible con el mercado común.

(44)

El procedimiento formal de investigación de la Comisión también afecta a otro elemento de 0,2 millones EUR que se refiere a acciones por encima de su valor nominal. Las autoridades griegas han informado a la Comisión de que estas contribuciones, también destinadas a un aumento de capital, normalmente no se gravan.

(45)

Por lo que atañe a las reservas especiales de 3,4 millones EUR, las autoridades griegas afirman que se gravaron de conformidad con la legislación fiscal vigente en el momento de su creación, de modo que no hubo ninguna ventaja fiscal al compensarlas con antiguas pérdidas. Sin embargo, la Comisión observa que el importe de las reservas especiales se incluye en el balance como reservas. Por lo tanto la Comisión asume que la compensación de esta cantidad con antiguas pérdidas también debe gravarse con un 10 % según la legislación fiscal normal.

(46)

La exención fiscal relativa a reservas extraordinarias, de un valor de 340 000 EUR, también se considera ayuda y por lo tanto, por las mismas razones explicadas anteriormente, la Comisión concluye que es incompatible con el mercado común.

(47)

Las «cantidades destinadas al aumento del capital social» de 25,6 millones EUR representan, según las autoridades griegas, la cantidad que el Estado griego pagó para compensar a Hellenic Shipyards por el coste de reducir su plantilla en alrededor de 1 000 personas entre 1996 y 1997. Según las autoridades griegas, esta cantidad no debe gravarse si se compensa con pérdidas de años anteriores.

(48)

En la medida en que la empresa debería haber sido gravada con 10 % con respecto al importe mencionado, la Comisión concluye que el importe de la ayuda de 2,56 millones EUR en forma de exención fiscal para compensar antiguas pérdidas no es compatible con el mercado común.

(49)

La Comisión observa que el artículo 6(4) de la Ley autoriza el uso de antiguas pérdidas a efectos contables sin ninguna limitación en el tiempo. Tras la incoación del procedimiento de investigación en el presente asunto, la Comisión pidió información sobre si este elemento, en sí mismo, supondría para Hellenic Shipyards una ventaja en comparación con la legislación fiscal griega normal.

(50)

Las autoridades griegas no han facilitado información pertinente. Sin embargo, el hecho de que Grecia haya reiterado en varias ocasiones a la Comisión su compromiso de suprimir el artículo 6(4) de la Ley en todos sus elementos, supone una prueba suficiente de que esta medida debe también considerarse como ayuda estatal incompatible con el mercado común.

(51)

Generalmente la evaluación por la Comisión de las medidas impugnadas según lo descrito en la carta a la República Helénica de 5 de junio de 2002, no se ha visto afectada por la información facilitada por Grecia. Por otra parte, Grecia parece haber aceptado el análisis de la Comisión sobre la incompatibilidad de las medidas impugnadas con el mercado común, y por esta razón en varias ocasiones (15) se comprometió a derogar legalmente ambas medidas.

(52)

La Comisión ha recibido una denuncia formal que acusa al Gobierno griego de haber proporcionado ayuda estatal a Hellenic Shipyards y cuyas alegaciones están investigándose actualmente. La Comisión observa que la presente Decisión no prejuzga el resultado de esta o cualquier otra investigación que pueda desarrollarse con respecto a la supuesta ayuda estatal a Hellenic Shipyards.

(53)

Por lo que se refiere a las alegaciones del denunciante sobre el cálculo de los importes de ayuda que podrían concederse de conformidad con el artículo 6(4) de la Ley (16), la Comisión observa que ello ya no es pertinente dado que la presente Decisión ordena la derogación de esa disposición.

(54)

Las autoridades griegas aceptaron implícitamente la evaluación de la Comisión que concluye que las dos medidas impugnadas constituyen ayuda estatal incompatible con el Tratado. A pesar del compromiso de las autoridades griegas de suprimir ambas disposiciones mediante la presentación de una enmienda en el Parlamento griego, no lo han hecho hasta la fecha. En consecuencia la Comisión debe concluir el procedimiento incoado por carta de 5 de junio de 2002 mediante la adopción de una decisión que exige a la República Helénica que derogue ambas medidas y que proceda a recuperar cualquier ayuda concedida al amparo de las mismas.

(55)

La Comisión subraya que estas medidas deberían ser suprimidas en términos generales, con el fin de eliminar el elemento de ayuda estatal que implican. Más particularmente, como los beneficios que podrían concederse a Hellenic Shipyards de conformidad con los artículos 5(2) y 6(4) de la Ley también pueden derivarse de otros instrumentos jurídicos, Grecia debe asegurarse de que dichos instrumentos son también derogados y de que en caso de haberse concedido ayudas al amparo de los mismos, éstas son devueltas por los beneficiarios.

(56)

Las autoridades griegas han informado a la Comisión de que no se ha concedido ninguna ayuda de conformidad con las dos disposiciones impugnadas. Sin embargo la Comisión desea recordarles que cualquier importe que pudiera haber sido desembolsado al amparo de esas disposiciones deberá ser devuelto íntegramente y sin más dilación.

(57)

El apartado 7 del artículo 7 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo permite a la Comisión adoptar una decisión negativa una vez expirado el plazo mencionado en el apartado 6 del artículo 7, basándose en la información de la que disponga. La información proporcionada por las autoridades griegas no modifica la conclusión de la Comisión en el sentido de que las disposiciones impugnadas suponen una ayuda estatal incompatible con el mercado común.

(58)

Por lo tanto, la Comisión da por concluido el procedimiento de investigación incoado el 5 de junio de 2002 relativo a las medidas que eximían de impuestos a Hellenic Shipyards, de conformidad con el artículo 6(4) de la Ley y por las que el Estado cubría parte de los costes futuros de jubilación de trabajadores del sector naval civil, de conformidad con el artículo 5(2) de la Ley. Estas medidas constituyen una ayuda estatal incompatible con el Reglamento (CE) no 1540/98 y por ello con el mercado común.

22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/53

(1)

El 10 de diciembre de 2004, en aplicación del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (CEE) no 2408/92, la República Italiana pidió a la Comisión que publicara en el Diario Oficial de la Unión Europea una imposición de obligaciones de servicio público (OSP) que afectaba a 18 rutas entre los aeropuertos de Cerdeña y los principales aeropuertos nacionales italianos (2).

(2)

Las principales características de esta imposición de obligaciones son las siguientes:

(3)

Hay que señalar que, anteriormente a la imposición de obligaciones de servicio público a que se refiere la presente Decisión, la República Italiana había impuesto obligaciones de servicio público entre los aeropuertos de Cerdeña y los de Roma y Milán, que se publicaron inicialmente en el Diario Oficial de la Unión Europea C 284, de 7 de octubre de 2000  (3). Tal como dispone el artículo 4, apartado 1, letra d), del Reglamento (CEE) no 2408/92, las obligaciones habían sido objeto de licitación (4) con el fin de seleccionar las compañías autorizadas a explotar las rutas en régimen exclusivo con una compensación financiera.

(4)

Las compañías autorizadas a explotar las obligaciones de servicio público eran, en este caso, las siguientes:

(5)

Este régimen de explotación fue sustituido por la imposición de obligaciones objeto de la presente Decisión.

(6)

El régimen jurídico de las obligaciones de servicio público está regulado por el Reglamento (CEE) no 2408/92, cuyo objeto es definir las condiciones de aplicación del principio de libre prestación de servicios al sector del transporte aéreo.

(7)

Las obligaciones de servicio público se definen como una excepción al principio del Reglamento por la cual «sin perjuicio de lo dispuesto en el presente Reglamento, el Estado o Estados miembros interesados autorizarán a las compañías aéreas comunitarias el ejercicio de derechos de tráfico en las rutas intracomunitarias» (5).

(8)

En el artículo 4 se determinan las condiciones de imposición. Deberán interpretarse de forma estricta y de acuerdo con los principios de no discriminación y proporcionalidad. Deberán ser oportunamente justificadas con arreglo a los criterios enunciados en el artículo.

(9)

Más concretamente, el régimen jurídico de las obligaciones de servicio público establece que un Estado miembro podrá imponer tales obligaciones en relación con servicios aéreos regulares a un aeropuerto que sirva a una región periférica o en desarrollo situada en su territorio, o en una ruta de baja densidad de tráfico que sirva un aeropuerto regional de su territorio, cuando dicha ruta se considere esencial para el desarrollo económico de la región en la que está situado el aeropuerto, en la medida necesaria para garantizar en dicho trayecto una adecuada prestación de servicios aéreos regulares que cumplan determinadas normas en materia de continuidad, regularidad, capacidad y precios que las compañías aéreas no asumirían si únicamente tuvieran en cuenta su interés comercial.

(10)

Los Estados miembros valorarán la adecuación de los servicios regulares de transporte aéreo teniendo en cuenta, ante todo, el interés público, la posibilidad de recurrir a otros modos de transporte, la capacidad de estos modos de satisfacer las necesidades de transporte consideradas, el efecto combinado de todas las compañías aéreas que operen o vayan a operar en la ruta.

(11)

El artículo 4 establece mecanismos en dos fases: en una primera fase [artículo 4, apartado 1, letra a)], el Estado miembro considerado impone obligaciones de servicio público en una o varias rutas, aunque éstas siguen abiertas a todas las compañías comunitarias, teniendo como única condición el cumplimiento de dichas obligaciones. En caso de que no se presente ninguna compañía para explotar la ruta a la que se hubieran impuesto obligaciones de servicio público, el Estado miembro podrá pasar a una segunda fase [artículo 4, apartado 1, letra d)], consistente en limitar el acceso a dicha ruta a una sola compañía aérea durante un período de hasta tres años, con posibilidad de renovación. Esta compañía será seleccionada mediante una licitación comunitaria. La compañía designada podrá recibir una compensación económica por la explotación de las obligaciones de servicio público.

(12)

En virtud del artículo 4, apartado 3, la Comisión puede decidir, previa investigación efectuada a petición de un Estado miembro o por iniciativa propia, si debe continuar aplicándose la imposición de obligaciones de servicio público. La Comisión comunicará su decisión al Consejo y a los Estados miembros. Si un Estado miembro recurre al Consejo, éste podrá adoptar, por mayoría cualificada, una decisión diferente.

(13)

El artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento enuncia una serie de criterios acumulativos a los que se tienen que ajustar las obligaciones de servicio público:

(14)

Además, las obligaciones de servicio público deben atenerse a los principios fundamentales de proporcionalidad y no discriminación [véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2001 en el asunto C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) y otros/Administración General del Estado, Rec. 2001, p. I-01271].

(15)

En nuestro caso, la imposición de obligaciones de servicio público publicada en el Diario Oficial a petición de la República Italiana contiene varias disposiciones que despiertan serias dudas respecto a su compatibilidad con el artículo 4 del Reglamento y que, por esta razón, podrían restringir indebidamente el desarrollo de las rutas consideradas; en particular:

(16)

A pesar de las advertencias repetidas de los servicios de la Comisión, que deseaban llamar la atención de las autoridades italianas sobre todos estos factores problemáticos y expresar su inquietud acerca de la compatibilidad de la imposición de obligaciones de servicio público con el Reglamento (CEE) no 2408/92, la República Italiana ha decidido publicarla.

(17)

Desde el momento de tal publicación, varias partes interesadas se han dirigido a la Comisión con el fin de dar a conocer de manera informal su inquietud respecto al carácter discriminatorio y desproporcionado de las obligaciones de servicio público. Por otro lado, la Comisión ha recibido una denuncia, cuyo autor ha solicitado permanecer en el anonimato, que pone en tela de juicio la legalidad de las obligaciones.

(18)

En vista de lo anteriormente expuesto y en virtud del artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CEE) no 2408/92, la Comisión puede proceder a una investigación destinada a determinar si la imposición de obligaciones de servicio público tiene como efecto restringir indebidamente el desarrollo de una o varias rutas, y decidir así si dicha imposición debe continuar aplicándose a tales rutas.

—

un análisis jurídico relativo a las consecuencias de los derechos de tráfico ligados a las rutas sujetas a obligaciones de servicio público publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea C 306, de 10 de diciembre de 2004, para el conjunto de compañías aéreas europeas, en caso de que tales obligaciones se apliquen efectivamente,

—

habrá que precisar, en particular, si las autoridades italianas se han propuesto crear un derecho exclusivo de explotación de las 18 rutas en beneficio de la compañía o compañías que aceptaran formalmente cumplir las obligaciones,

—

un análisis jurídico que justifique, conforme al Derecho comunitario, las diferentes condiciones contenidas en la imposición de obligaciones de servicio público publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea C 306, de 10 de diciembre de 2004,

—

las razones que justifican la imposición de tarifas reducidas que favorecen únicamente a «personas nacidas en Cerdeña, incluso si no residieran en Cerdeña, y a los cónyuges e hijos de personas nacidas en Cerdeña»,

—

un balance detallado de la puesta en práctica de las obligaciones de servicio público publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea C 284, de 7 de octubre de 2000,

—

un análisis detallado de las relaciones económicas entre las regiones de Cerdeña y las regiones del resto de Italia en las que están situados los aeropuertos afectados por las obligaciones de servicio público publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea C 306, de 10 de diciembre de 2004,

—

un análisis detallado de la actual oferta de transporte aéreo entre los aeropuertos de Cerdeña y los aeropuertos del resto de Italia afectados por las obligaciones de servicio público publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea C 306, de 10 de diciembre de 2004, incluida la oferta de vuelos indirectos,

—

un análisis detallado de las posibilidades de recurso a otras formas de transporte y de la capacidad de estas últimas para responder a las necesidades consideradas,

—

un análisis de la demanda actual de transporte aéreo en cada ruta afectada por las obligaciones,

—

una descripción precisa de la duración del recorrido necesario para unir por carretera los diferentes aeropuertos de Cerdeña afectados por las obligaciones, precisando la frecuencia correspondiente,

—

una descripción de la situación, en la fecha de la notificación de la presente Decisión, de la explotación de las obligaciones y de la identidad de la compañía o compañías que explotan los servicios,

—

las previsiones de explotación (tráfico de pasajeros, de carga, previsiones financieras, etc.) comunicadas por dicha compañía o compañías,

—

la existencia, en la fecha de la notificación de la presente Decisión, de eventuales recursos presentados ante las jurisdicciones nacionales y la situación jurídica de la imposición de obligaciones de servicio público.

22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/58

(1)

Según el artículo 40, Suiza cobra desde el 1 de enero de 2001 una tasa por el uso de sus carreteras públicas (tasa sobre la circulación de vehículos pesados en función de los servicios prestados). Las tasas aplicables desde el 1 de enero de 2005 deben determinarse y diferenciarse según tres categorías de normas de emisión (EURO).

(2)

A tal fin, el Acuerdo estipula la media ponderada de las tasas, la tasa máxima para la categoría de vehículos más contaminantes y la diferencia máxima de tasas de una categoría a otra.

(3)

Las ponderaciones se determinan en función del número de vehículos por categorías de normas EURO que circulan por Suiza. El Comité mixto debe examinar los registros correspondientes y determinar los importes de las tres categorías de tasas con arreglo a dichas ponderaciones.

(4)

El Comité mixto ha examinado los registros facilitados por Suiza.

(5)

Conviene que el Comité mixto tome una decisión sobre la ponderación, la distribución de las categorías de normas EURO entre las tres categorías de tasas y el nivel de las tasas correspondiente a esas tres categorías.

(6)

En el Acta final, Suiza declara que establecerá las tasas válidas hasta la apertura del primer túnel de base, o hasta el 1 de enero de 2008 a más tardar, a un nivel inferior al importe máximo autorizado por el Acuerdo. Conviene, por tanto, limitar la validez de la presente Decisión a este período.

—

346 francos suizos para la categoría de tasas 1,

—

302 francos suizos para la categoría de tasas 2,

—

258 francos suizos para la categoría de tasas 3.

22.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 75/60

(1)

El artículo 52, apartado 4, primer guión, del Acuerdo establece que el Comité mixto adoptará decisiones sobre la revisión del anexo 1.

(2)

Desde su firma se han adoptado nuevos actos jurídicos comunitarios en los ámbitos regulados por el presente Acuerdo. El texto del anexo 1 debe modificarse para tener en cuenta la evolución de la legislación comunitaria pertinente.

a)

la Comunidad Europea y la Confederación Suiza eximen a los nacionales de la Confederación Suiza, de un Estado miembro de la Comunidad Europea y de un Estado miembro del Espacio Económico Europeo de la obligación de poseer el certificado de conductor;

b)

la Confederación Suiza sólo podrá eximir a los nacionales de otros Estados que no sean los mencionados en la letra a) de la obligación de poseer el certificado de conductor previa consulta y acuerdo de la Comunidad Europea.