19.3.2005   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 74/1

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

19.3.2005   

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L 74/3

(1)

El artículo 10, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1445/95 de la Comisión, de 26 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen de importación y exportación en el sector de la carne de vacuno y se deroga el Reglamento (CEE) no 2377/80 (2), establece que los certificados de exportación se expedirán cinco días hábiles después del día de presentación de la solicitud, siempre que la Comisión no haya adoptado durante ese plazo ninguna medida específica.

(2)

Teniendo en cuenta los días que son festivos en el año 2005 y que, durante esas fechas, el Diario Oficial de la Unión Europea se publicará de manera irregular, el mencionado plazo de cinco días hábiles resulta excesivamente corto para garantizar la adecuada administración del mercado, motivo por el que debe ampliarse.

(3)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la carne de vacuno.

19.3.2005   

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L 74/5

(1)

A fin de mejorar la gestión de los recursos pesqueros de las aguas internacionales de su jurisdicción, en su reunión anual de noviembre de 2002 la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (CPANE) recomendó solicitar a las agencias internacionales responsables de recoger y recopilar las estadísticas de capturas que apliquen una subdivisión apropiada de las zonas estadísticas.

(2)

El Grupo de trabajo de las pesquerías de gran altura del Consejo internacional para la exploración del mar (CIEM) recomendó subdividir las divisiones estadísticas del Atlántico nororiental para identificar mejor las pesquerías de gran altura.

(3)

Tras la decisión de la Comisión internacional de pesquerías del mar Báltico de gestionar las poblaciones de la División 28 como dos unidades aparte, es necesario disponer de estadísticas para dichas unidades.

(4)

A propuesta de su Comité Consultivo de Gestión de la Pesca, el CIEM ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que modifique su cuestionario Statlant 27A a fin de solicitar a las autoridades nacionales que presenten estadísticas más detalladas de las capturas realizadas en determinadas aguas del Atlántico nororiental.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité permanente de estadística agrícola, creado por la Decisión 72/279/CEE del Consejo (2).

19.3.2005   

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L 74/28

(1)

El artículo 6 del Reglamento (CE) no 174/1999 de la Comisión, de 26 de enero de 1999, por el que se establecen disposiciones específicas de aplicación del Reglamento (CEE) no 804/68 del Consejo relativo a los certificados de exportación y de las restituciones por exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos (2) fija la validez de los certificados de exportación.

(2)

La Federación Rusa ha impuesto nuevos requisitos a los establecimientos de transformación de productos lácteos de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia (en los sucesivo, «los nuevos Estados miembros») para autorizarles a exportar a Rusia.

(3)

A pesar de que las autoridades veterinarias rusas han ejercido un control de los establecimientos lecheros durante los últimos meses, no han facilitado todavía a las autoridades competentes de los nuevos Estados miembros la lista de los establecimientos autorizados.

(4)

Muchas empresas, que esperaban la autorización de sus establecimientos lecheros por cumplir los requisitos de la Directiva 92/46/CEE del Consejo, de 16 de junio de 1992, por la que se establecen las normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche cruda, leche tratada térmicamente y productos lácteos (3), han seguido solicitando certificados de exportación para mantener sus relaciones comerciales normales con Rusia. Sin embargo, se ven en la imposibilidad de utilizar esos certificados antes de que expiren.

(5)

Las nuevas condiciones de autorización de Rusia exigen a los exportadores de la Comunidad disponer, a partir del 1 de enero de 2005 a más tardar, de certificados previos a la exportación para demostrar el cumplimiento de las normas veterinarias y sanitarias de los productos animales incluidos en el producto final que procedan de un Estado miembro distinto del que efectúa la exportación.

(6)

Debido a que es necesario algún tiempo para establecer un nuevo sistema administrativo y los procedimientos adecuados entre los Estados miembros para la expedición y el intercambio de esos certificados previos a la exportación y a que este sistema no está aún en funcionamiento al cien por cien en todos los Estados miembros, algunos exportadores se ven en la imposibilidad de utilizar los certificados de exportación que expiran el 31 de enero de 2005 por no disponer de esos certificados previos a la exportación.

(7)

Así pues, dadas las circunstancias, procede ampliar el periodo de validez de los certificados de exportación emitidos en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2004.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos.

19.3.2005   

ES

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L 74/30

(1)

En el artículo 31, apartado 10, tercer guión, del Reglamento (CE) no 1255/1999 se establece que en el caso de una restitución diferenciada, la restitución se paga cuando se haya presentado la prueba de que los productos han llegado al destino indicado en el certificado o a otro destino para el que se haya fijado una restitución. Pueden establecerse excepciones a esta norma de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 42 del citado Reglamento, siempre que las condiciones que se determinen ofrezcan garantías equivalentes.

(2)

El Reglamento (CE) no 351/2004 de la Comisión, de 26 de febrero de 2004, por el que se fijan las restituciones a la exportación en el sector de la leche y de los productos lácteos (2) introduce restituciones diferenciadas en función del destino para todos los productos lácteos a partir del 27 de febrero de 2004.

(3)

En el artículo 16 del Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión, de 15 de abril de 1999, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de restituciones por exportación de productos agrícolas (3), se enumeran los documentos que pueden constituir la prueba del cumplimiento de los trámites aduaneros de importación en un tercer país, en caso de restitución diferenciada en función del destino. En virtud de dicho artículo, la Comisión puede decidir, en algunos casos específicos que deben determinarse, que la prueba de importación contemplada en el mencionado artículo se considerará aportada mediante un documento particular o de cualquier otra manera.

(4)

Supeditar el pago de las restituciones a los requisitos del artículo 16 del Reglamento (CE) no 800/1999 supone un cambio sustancial en los procedimientos administrativos tanto de las autoridades nacionales como de los exportadores, que conlleva unas implicaciones administrativas y representa una carga financiera importante. La obtención de la prueba contemplada en el artículo 16 de ese Reglamento puede plantear considerables dificultades administrativas en algunos países.

(5)

Para aliviar parte de las dificultades administrativas y financieras impuestas a los exportadores, y con el fin de permitir a las autoridades y a los exportadores implantar este nuevo sistema para los productos en cuestión e instaurar los procedimientos necesarios para garantizar un buen desarrollo de todos los trámites que deben realizarse, el Reglamento (CE) no 519/2004 de la Comisión, de 19 de marzo de 2004, por el que se establecen excepciones al Reglamento (CE) no 800/1999 en lo que respecta a la exportación de productos del sector de la leche y los productos lácteos (4), prevé un periodo de transición durante el cual se facilita la prueba del cumplimiento de los trámites aduaneros de importación. Dichas disposiciones expiran el 31 de diciembre de 2004.

(6)

Sin embargo, muchos de los países de destino no disponen aún de procedimientos apropiados ni de medios suficientes para facilitar los documentos necesarios. Para evitar que se deniegue a los comerciantes la restitución por exportación debido a la falta de procedimientos administrativos en los terceros países, es necesario seguir contando con un régimen transitorio para el año 2005. Sobre la base de la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (CE) no 519/2004, el régimen transitorio establecido en ese Reglamento debe adaptarse para prever la presentación de documentos adicionales.

(7)

Resulta adecuado recordar las disposiciones del artículo 20 del Reglamento (CE) no 800/1999 que permiten a las autoridades competentes de los Estados miembros, en caso de que exista cualquier duda en cuanto al destino de los productos exportados, exigir pruebas adicionales de todas las restituciones que demuestren a su satisfacción que el producto ha sido realmente comercializado en el tercer país de importación.

(8)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de la leche y de los productos lácteos.

a)

copia del documento de transporte;

b)

certificado de descarga del producto, expedido por un servicio oficial del tercer país de que se trate o por servicios oficiales de uno de los Estados miembros, establecidos en el país de destino, o por una empresa de vigilancia internacional que haya sido autorizada en las condiciones contempladas en los artículos 16 bis a 16 septies del Reglamento (CE) no 800/1999, que certifique que el producto ha salido del lugar de descarga o al menos que, a conocimiento de los servicios o empresas que expidan el certificado, el producto no ha sido cargado nuevamente con miras a su reexportación;

c)

documento bancario expedido por intermediarios autorizados, establecidos en la Comunidad, en el que se certifique que el pago correspondiente a la exportación se ha abonado en la cuenta del exportador, abierta en sus establecimientos, o la prueba del pago.

19.3.2005   

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L 74/32

(1)

El artículo 1 del Reglamento (CE) no 2247/2003 prevé la posibilidad de expedir certificados de importación para los productos del sector de la carne de vacuno originarios de Botsuana, Kenia, Madagascar, Suazilandia, Zimbabue y Namibia. No obstante, las importaciones deben realizarse dentro de los límites de las cantidades establecidas para cada uno de los terceros países exportadores.

(2)

Las solicitudes de certificados presentadas del 1 al 10 de marzo de 2005, expresadas en carne deshuesada, de conformidad con el Reglamento (CE) no 2247/2003, no son superiores, en lo que se refiere a los productos originarios de Botsuana, Kenia, Madagascar, Suazilandia, Zimbabue y Namibia, a las cantidades disponibles para dichos Estados. Por consiguiente, es posible expedir certificados de importación para las cantidades solicitadas.

(3)

Es conveniente proceder a la fijación de las cantidades por las cuales podrán solicitarse certificados a partir del 1 de abril de 2005, dentro de la cantidad total de 52 100 t.

(4)

Parece oportuno recordar que el presente Reglamento no obsta a la aplicación de la Directiva 72/462/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1972, relativa a problemas sanitarios y de policía sanitaria en las importaciones de animales de las especies bovina, porcina, ovina y caprina y de carne fresca o de productos a base de carne, procedentes de terceros países (4).

Reino Unido:

19.3.2005   

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L 74/34

(1)

Las solicitudes de certificados de importación presentadas para el período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2005 son, inferiores o iguales a las cantidades disponibles, por lo que pueden ser atendidas en su totalidad.

(2)

Es oportuno hacer saber a los operadores que los certificados sólo pueden utilizarse para productos que cumplan todas las disposiciones veterinarias actualmente vigentes en la Comunidad.

19.3.2005   

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L 74/36

(1)

Las solicitudes de certificados de importación presentadas para el segundo trimestre de 2005 son inferiores a las cantidades disponibles, por lo que pueden ser atendidas en su totalidad.

(2)

Conviene determinar la cantidad disponible en el período siguiente.

(3)

Es oportuno hacer saber a los operadores que los certificados sólo pueden utilizarse para los productos que cumplan todas las disposiciones veterinarias actualmente vigentes en la Comunidad.

19.3.2005   

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Diario Oficial de la Unión Europea

L 74/38

19.3.2005   

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L 74/40

(1)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1051/2001, el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar se determina periódicamente a partir del precio del mercado mundial registrado para el algodón desmotado, teniendo en cuenta la relación histórica del precio fijado para el algodón y el calculado para el algodón sin desmotar. Esta relación histórica ha quedado establecida en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1591/2001 de la Comisión, de 2 de agosto de 2001, por el que se establecen disposiciones de aplicación del régimen de ayuda al algodón (3). Cuando el precio del mercado mundial no pueda determinarse de esta forma, debe establecerse a partir del último precio fijado.

(2)

Según lo establecido en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1051/2001, el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar debe determinarse en relación con un producto que reúna ciertas características y en función de las ofertas y cotizaciones más favorables en el mercado mundial entre las que se consideren representativas de la tendencia real del mercado. Para determinar este precio, se establece una media de las ofertas y cotizaciones registradas en una o varias bolsas europeas representativas para un producto cif para un puerto de la Comunidad, procedente de los distintos países proveedores que se consideren más representativos para el comercio internacional. No obstante, están previstos ciertos ajustes de los criterios de determinación del precio del mercado mundial de algodón desmotado que reflejan las diferencias justificadas por la calidad del producto entregado o la naturaleza de las ofertas y cotizaciones. Estos ajustes son los previstos en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento (CE) no 1591/2001.

(3)

La aplicación de los criterios indicados anteriormente conduce a fijar el precio del mercado mundial del algodón sin desmotar en el nivel que se indica más adelante.

19.3.2005   

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L 74/41

(1)

El 21 de mayo de 1996 se reunieron en Bruselas representantes de Francia y de la Comisión para abordar la situación de algunos sectores de actividad en Córcega, entre ellos el de la pesca. Durante esta reunión la Comisión tuvo conocimiento de que se habían concedido algunas ayudas públicas a este sector sin que hubieran sido notificadas para su examen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 (actual artículo 88) del Tratado.

(2)

La Comisión solicitó a Francia, mediante carta de 14 de junio de 1996, que le proporcionara la información correspondiente a estas ayudas.

(3)

Mediante carta de 7 de julio de 1996, Francia notificó a la Comisión que había mantenido los contactos necesarios con la entidad territorial de Córcega para hacerle llegar la información solicitada. Dado que dicha información no llegó a la Comisión, ésta envió una primera carta de reclamación el 12 de septiembre de 1996.

(4)

Posteriormente, mediante carta de 17 de diciembre de 1996, Francia transmitió algunas informaciones relativas a las ayudas en cuestión. El 6 de enero de 1997 dichas ayudas se inscribieron con la referencia NN 11/97 en el registro de ayudas no notificadas.

(5)

Tras haber constatado que no disponía de todos los elementos necesarios para proceder al examen de este régimen de ayudas, la Comisión solicitó información complementaria mediante carta de 24 de abril 1997. La Comisión recibió algunos documentos mediante cartas de 3 de diciembre de 1997 y 11 de agosto de 1998.

(6)

A continuación, la Comisión remitió una nueva solicitud de información complementaria mediante carta de 11 de febrero de 1999. Ulteriormente, el 22 de febrero de 2000, la Comisión se reunió con representantes de la entidad territorial de Córcega. A raíz de esta reunión, la Comisión volvió a comunicar a Francia la lista de las informaciones necesarias para proceder al análisis de estas medidas de ayuda. Tras dos nuevas cartas de reclamación, una parte importante de las informaciones solicitadas llegó por carta de 11 de abril de 2001.

(7)

Por otra parte, la Comisión tuvo conocimiento del informe de la Asamblea Nacional francesa no 1077 elaborado en nombre de la comisión de investigación sobre la utilización de los fondos públicos y la gestión de los servicios públicos en Córcega (1) (en lo sucesivo, «el informe de la Asamblea Nacional»). En dicho informe, hecho público en 1998, se describen las ayudas concedidas al sector de la pesca y de la acuicultura en 1997 (véase el punto I.C. 1.b de dicho informe).

(8)

La Comisión informó a Francia, mediante carta de 30 de octubre de 2001, de su decisión de incoar el procedimiento formal de examen previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado contra las siguientes medidas de ayuda ejecutadas en Córcega:

(9)

Por la misma decisión, la Comisión comunicó a Francia que había decidido considerar compatibles con el mercado común las ayudas para la transformación y el equipamiento de los buques que no implicaban un aumento de la potencia del buque así como las ayudas para los equipamientos en tierra utilizados por los pescadores.

(10)

Mediante esta decisión, la Comisión también instó a Francia a que le facilitara la información necesaria para el examen de las ayudas a la acuicultura.

(11)

Mediante carta de 21 de diciembre de 2001, Francia dio a conocer sus observaciones sobre las ayudas por las cuales se produjo la incoación del procedimiento formal de examen y proporcionó información sobre las ayudas a la acuicultura.

(12)

La decisión de incoación del procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas  (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las ayudas en cuestión. Tras dicha publicación, no se transmitió a la Comisión ninguna observación.

(13)

Las medidas de ayuda objeto de la presente decisión son las ayudas por las que se incoó el procedimiento formal de examen y por las que la Comisión ordenó a Francia que le proporcionara información. Esta decisión se refiere pues a las ayudas relativas a los cuatro ámbitos siguientes:

(14)

Las ayudas para la flota pesquera fueron instituidas por la Asamblea de Córcega que adoptó el 29 de marzo de 1985, en virtud de su resolución no 85/10 bis, un «Reglamento de ayudas para la modernización de la flotilla». Dicha resolución fue modificada en sucesivas ocasiones: deliberaciones de 30 de noviembre de 1990 (no 90/99), 19 de diciembre de 1991 (no 91/1032), 23 de febrero de 1993 (no 93/25), 9 de marzo de 1995 (no 95/16), 11 de septiembre de 1995 (no 95/79) y 11 de abril de 1997 (no 97/36). Francia precisó que la última resolución citada (no 97/36) no sufrió ninguna modificación hasta el final del período de programación del documento único de programación (DOCUP) relativo a las actuaciones de los Fondos estructurales, vigente en dicha fecha, es decir, hasta el 31 de diciembre de 1999. En cuanto a las ayudas a la acuicultura, Francia indicó que las autoridades regionales de Córcega habían aplicado directamente la normativa comunitaria, de acuerdo con la «Guía de las ayudas» publicada por la Agencia de Desarrollo Económico de Córcega (ADEC). La parte de esta guía relativa a la pesca y a la acuicultura y que describía las ayudas que podían ser concedidas fue notificada a la Comisión.

(15)

Las ayudas se remontan a 1985. El Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (3), no indica ningún plazo de prescripción para el examen de las ayudas ilegales según lo dispuesto en la letra f) de su artículo 1, es decir, ejecutadas sin que la Comisión haya podido pronunciarse sobre su compatibilidad con el mercado común. Sin embargo, el artículo 15 de dicho Reglamento dispone que los poderes de la Comisión en materia de recuperación están sujetos a un plazo de prescripción de diez años, que el plazo de prescripción comienza el día en que la ayuda se concede al beneficiario y que este plazo es interrumpido por cualquier medida adoptada por la Comisión. Por lo tanto, la Comisión considera que no es útil examinar las ayudas que se benefician de esta prescripción, es decir, las ayudas concedidas más de diez años antes de cualquier medida adoptada por la Comisión al respecto.

(16)

La Comisión considera que este plazo fue interrumpido por la solicitud de información dirigida por la Comisión a Francia el 14 de junio de 1996. En consecuencia, la prescripción se aplica a las ayudas concedidas a los beneficiarios antes del 14 de junio de 1986. Así pues, esta prescripción se aplica, en particular, a las ayudas concedidas antes del 14 de junio de 1986 por la región de Córcega pero que fueron abonadas a los beneficiarios en los años siguientes, una vez que las inversiones subvencionables habían sido realmente realizadas. Por lo tanto, la Comisión analiza a continuación las ayudas cuyas decisiones de atribución se adoptaron desde el 14 de junio de 1986 hasta el 31 de diciembre de 1999.

(17)

La resolución no 85/10 bis de 1985 preveía que la adquisición de buques de una eslora inferior a dieciocho metros destinados a faenar en Córcega podía subvencionarse si tales buques, salvo supuesto de inaplicación excepcional, se construían en Francia. La subvención ascendía al 20 % del precio de adquisición, a la cual podía añadirse una subvención complementaria del 10 % si se trataba de una primera instalación (primera adquisición de buque nuevo) y otra, también del 10 %, si el buque se construía en Córcega. Además, con el fin de fomentar los astilleros tradicionales insulares de construcción en madera, la subvención podía aumentarse un 20 % del coste de adquisición mediante recurso a la financiación específica de estímulo del sector de la madera. La contribución personal del armador debía ser de un 10 % como mínimo.

(18)

La resolución no 90/99 modificó los porcentajes de ayuda aumentando el porcentaje de base del 20 al 30 %. La ayuda complementaria del 20 % para la construcción en madera descendió al 5 %.

(19)

La resolución no 95/16 modificó los porcentajes de ayuda de la manera siguiente: el porcentaje de base permanece en el 30 % y se especifica que la inversión subvencionable pueda incluir la compra del casco, de los equipamientos y de 80 redes (6 400 metros); la ayuda en caso de primera instalación sigue siendo del 10 % y la ayuda específica en caso de que el buque se construya en Córcega disminuye del 10 al 5 %, sin olvidar el aumento del 5 % en caso de que el buque sea de madera. Se suprime la obligación de construcción en Francia.

(20)

La resolución no 95/79 tuvo como efecto limitar la ayuda a la compra de redes si se trataba de una primera instalación del solicitante. Además, también se suprimió la subvención del 5 % si el buque se construía en madera y en un astillero corso.

(21)

La resolución no 97/36 no aportó ninguna modificación sustancial a las disposiciones descritas. Se mantiene la especificación de que la contribución personal del armador debe ser del 10 % como mínimo.

(22)

La resolución no 85/10 bis de 1985 preveía que las transformaciones de buques de una eslora inferior a dieciocho metros y un coste igual o superior a 25 000 francos franceses (FRF) tenían derecho a la ayuda si pretendían aportar una mejora significativa al potencial de pesca (chigre, elevador de red, sondador, pórtico, aparatos de navegación, carretel, etc.), y permitir la conservación frigorífica del pescado o mejorar el rendimiento energético de los medios de propulsión (motor diesel de una potencia adaptada al tamaño del buque, hélice de paso variable, tobera, etc.).

(23)

Podía concederse una subvención del 15 % del coste de estos equipamientos. La resolución no 93/25 aumentó este porcentaje al 30 % del coste de la inversión.

(24)

La resolución no 95/79, sin cambiar el porcentaje de intervención, precisó que, si el armador solicitaba el beneficio de las ayudas comunitarias, la participación de Córcega se calcularía de acuerdo con los porcentajes de intervención previstos en el Reglamento comunitario de referencia. El coste mínimo a partir del cual la inversión era subvencionable se redujo a 20 000 FRF. La resolución no 95/79 también estableció que, si la solicitud de ayuda a la transformación o al equipamiento del buque se presentaba en el marco de una primera instalación (primera adquisición de un buque nuevo, o de ocasión, por un pescador), las ochenta primeras redes podían ser subvencionadas en un 30 %.

(25)

La resolución no 85/10 bis de 1985 preveía que la adquisición de un buque de ocasión por un precio mínimo de 50 000 FRF podía recibir una subvención del 10 % de este precio, a la que podía añadirse una subvención del 5 % en caso de primera instalación. La contribución personal del comprador debía ser del 15 % como mínimo del coste del buque.

(26)

La resolución no 91/1032 aumentó el porcentaje básico del 10 al 15 %. La resolución no 95/16 aumentó dicho porcentaje al 20 % en el caso de los buques de menos de 20 años.

(27)

Las ayudas a la acuicultura se definieron mediante el contrato de plan Estado-Región de 1994 y el documento único de programación de las ayudas comunitarias en virtud del objetivo no 1. Para la ejecución de los proyectos cofinanciados por la Comunidad, se aplicó la normativa relativa al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP).

(28)

Las ayudas incluyen inversiones colectivas o privadas. Las inversiones colectivas se refieren al fomento de los productos del mar y a estudios de mercado así como al apoyo técnico a las empresas de acuicultura. Las inversiones en las empresas están destinadas a reforzar la competitividad de las empresas acuícolas con el fin de aumentar la calidad de los productos en el mercado; estas inversiones están vinculadas a la adecuación a las normas sanitarias y a la mejora de las condiciones de comercialización de los productos: equipamientos de acondicionamiento, instalaciones de almacenamiento, buques de servicio, equipamientos informáticos, máquinas de hielo, furgones frigoríficos, etc.

(29)

El importe de la ayuda ascendía a un máximo del 25 % del importe de la inversión con el fin de tener en cuenta una posible financiación del IFOP.

(30)

Para decidir incoar el procedimiento formal de examen, la Comisión se refirió, en su análisis, a las distintas versiones de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (en lo sucesivo «las Directrices»). Según el punto 3.4 de las Directrices de 2001 (4), actualmente en vigor, las ayudas ilegales deben examinarse con arreglo a las Directrices vigentes en el momento de su concesión. En 1986 y 1987, las Directrices aplicables eran las que se habían publicado en 1985 (5). En consecuencia, las Directrices aplicables fueron las siguientes: las publicadas en 1988 (6) en el caso de las ayudas concedidas a partir del 1 de enero de 1989; las publicadas en 1992 (7) en el caso de las ayudas concedidas a partir del 1 de julio de 1992; las publicadas en 1994 (8) en el caso de las ayudas concedidas a partir del 1 de enero de 1995 y las publicadas en 1997 (9) en el caso de las ayudas concedidas a partir del 1 de enero de 1997.

(31)

Además, la Comisión se refirió a los Reglamentos sucesivos del Consejo relativos a las actuaciones estructurales de la Comunidad en el sector de la pesca y la acuicultura a los cuales estas Directrices se refieren de manera constante, en particular para las inversiones subvencionables y los porcentajes de ayuda autorizados. Estos Reglamentos son los siguientes: Reglamento (CEE) no 2908/83 del Consejo, de 4 de octubre de 1983, relativo a una acción común de reestructuración, modernización y desarrollo del sector pesquero y de desarrollo del sector de la acuicultura (10), Reglamento (CEE) no 4028/86 del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativo a acciones comunitarias para la mejora y la adaptación de las estructuras del sector pesquero y de la acuicultura (11), Reglamento (CE) no 3699/93 del Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos (12), y Reglamento (CE) no 2468/98 del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y comercialización de sus productos (13).

(32)

La Comisión manifestó sus dudas sobre la compatibilidad de estas medidas de ayuda por dos razones.

(33)

En primer lugar, sobre la base de las Directrices, la Comisión recordó que las ayudas para la adquisición de buques nuevos eran compatibles con el mercado común si se concedían para inversiones incluidas en los objetivos del programa de orientación plurianual de la flota pesquera (POP), programa que implica obligaciones combinadas con un inventario de los medios necesarios para su realización, en particular una adaptación de la capacidad de la flota pesquera de cada Estado miembro a los recursos pesqueros a los cuales tiene acceso. Ahora bien, Francia no había cumplido los objetivos fijados en el POP III (14), vigente desde 1992 a 1996. En consecuencia, debía poner fin a la concesión de las ayudas a la construcción y modernización de los buques de pesca a partir del 1 de enero de 1997. Posteriormente, la Comisión notificó a Francia, mediante carta de 28 de octubre de 1998, que podía reanudar la concesión de ayudas a las inversiones en determinadas condiciones. En su carta de 30 de octubre de 2001 en la que informaba a Francia de su decisión de incoar el procedimiento formal de examen, la Comisión supuso que las ayudas concedidas del 1 de enero de 1997 al 28 de octubre de 1998 estaban en desacuerdo con las Directrices aplicables durante este período.

(34)

En segundo lugar, la Comisión constataba que, en función de los porcentajes de ayuda posibles y de las posibilidades de acumulación con otros regímenes de ayudas, se habían concedido algunas ayudas en desacuerdo con el porcentaje máximo autorizado.

(35)

La Comisión manifestó sus dudas sobre la compatibilidad de las ayudas concedidas del 1 de enero de 1997 al 28 de octubre de 1998 para la transformación y el equipamiento de los buques si los trabajos efectuados implicaban un aumento de la potencia del buque porque, al igual que en las ayudas para la adquisición de buques, las ayudas de este tipo no estaban contempladas entre los objetivos del POP.

(36)

La Comisión manifestó sus dudas sobre la compatibilidad de algunas de las ayudas concedidas para la adquisición de buques de ocasión a partir del 1 de enero de 1989 porque la resolución de la Asamblea de Córcega preveía la posibilidad de conceder ayudas de este tipo para la adquisición de los buques sin que se haya fijado un límite de edad superior mientras que las Directrices de 1988, vigentes en esa fecha, excluían la posibilidad de conceder ayudas a buques de más de 15 años, edad máxima reducida a 10 años por las Directrices de 1992, vigentes a partir del 1 de julio de 1992, y por las siguientes.

(37)

Por otra parte, la Comisión señaló a Francia que las Directrices de 1988 y las siguientes establecieron que la ayuda a la compra de buques de ocasión únicamente era posible en caso de primera instalación de jóvenes pescadores o, eventualmente, en caso de acceso a la propiedad en régimen participativo o incluso en caso de sustitución de un buque tras una pérdida total. También señaló que, en función de los porcentajes de ayuda posibles y de las posibilidades de acumulación con otros regímenes de ayudas, era posible que se hubieran concedido ayudas en desacuerdo con el porcentaje máximo autorizado.

(38)

En su respuesta, Francia explica detenidamente las razones por las cuales no hubo, en realidad, rebasamiento de los porcentajes autorizados, incluso en caso de acumulación con ayudas de otros orígenes, en particular las ayudas comunitarias. En apoyo de estos comentarios, adjuntó la «Guía de las ayudas» elaborada por la ADEC.

(39)

Francia explica también que en esa guía se habían recogido las condiciones de edad de los buques aplicables a las ayudas para la adquisición de buques de ocasión, tal como se definen en las Directrices, y se habían respetado.

(40)

Francia transmitió asimismo a la Comisión, al mismo tiempo que sus observaciones derivadas de la incoación del procedimiento formal de examen, la información sobre las ayudas concedidas a la acuicultura y requeridas por «la exhortación a facilitar información» que figuraba en la carta de la Comisión de 30 de octubre de 2001.

(41)

Las medidas de ayuda en cuestión tuvieron como efecto aportar una ventaja financiera a una categoría de empresas que ejercían una actividad específica, la pesca o la acuicultura. Los recursos necesarios para la ejecución de estas medidas son recursos públicos. Dado que los productos de las empresas beneficiarias se venden en el mercado comunitario, estas medidas refuerzan la posición de estas empresas, tanto en el mercado francés con relación a las empresas de los otros Estados miembros que quieren introducir sus propios productos en este mercado, como en el mercado de los demás Estados miembros con relación a las empresas que venden sus productos en dichos mercados. Por lo tanto, estas medidas falsean o amenazan con falsear la competencia. Pueden considerarse ayudas estatales en la acepción del apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

(42)

Estas medidas sólo pueden considerarse compatibles con el mercado común si pueden acogerse a alguna de las excepciones previstas por el Tratado. Dado que estas ayudas benefician a empresas del sector de la pesca y la acuicultura, para poder acogerse a la excepción prevista, deben corresponder a alguna de las excepciones previstas por las Directrices (cuyas diferentes versiones aplicables desde 1986 se enumeran en el considerando 30).

(43)

Francia explicó, en sus observaciones, que se respetaron los porcentajes de ayuda máximos. En efecto, la Comisión constata que la «Guía de las ayudas» elaborada por la ADEC indica que el porcentaje máximo no debe superar el porcentaje previsto por el Reglamento sobre las actuaciones estructurales del IFOP. Desde este punto de vista, estas ayudas son compatibles con el mercado común, a reserva de lo que se expone a continuación.

(44)

Falta abordar el problema particular de las ayudas concedidas entre el 1 de enero de 1997 y el 28 de octubre de 1998 a raíz de la obligación, para Francia, de poner fin a toda ayuda a la construcción o a la modernización en aplicación de las normas de la política pesquera común, obligación impuesta mediante carta de 28 de octubre de 1998 (15). En la carta de 30 de octubre de 2001 que informaba a Francia de la incoación del procedimiento formal de examen, la Comisión suponía que se habían concedido algunas ayudas durante este período. Esta hipótesis se basaba en dos elementos: por una parte, que, según la carta de Francia de 11 de abril de 2001, la resolución no 97/36 de la Asamblea de Córcega no se había modificado posteriormente, lo que indicaba implícitamente que se había aplicado sin interrupción desde la fecha de su adopción hasta finales de 1999 y, por otra parte, que el informe de la Asamblea Nacional mencionaba expresamente que se habían concedido efectivamente ayudas para la construcción de buques en 1997 (punto I.C.1.b de dicho informe).

(45)

Resulta útil citar un extracto del informe de la Asamblea Nacional:

«[…] – ayudas a la pesca y a los cultivos marinos:

(46)

Francia no hizo ninguna observación sobre la presunción que figuraba en la carta de la Comisión de 30 de octubre de 2001, para señalar, por ejemplo, que la aplicación de la resolución no 97/36 en cuestión se había suspendido o que no se habían concedido ayudas durante el período en cuestión. Por lo tanto, conviene considerar que efectivamente se concedieron ayudas durante este período.

(47)

Constantemente, las versiones sucesivas de las Directrices preveían que las ayudas para la adquisición de buques nuevos eran compatibles con el mercado común si se concedían para inversiones incluidas entre los objetivos del POP (16). Más concretamente, en el caso de las ayudas concedidas del 1 de enero de 1997 al 28 de octubre de 1998 a las cuales eran aplicables las Directrices de 1997, el punto 2.2.3.1 de dichas Directrices indicaba que «las ayudas a la construcción de nuevos buques de pesca podrán ser consideradas compatibles con el mercado común si se cumplen las condiciones establecidas en los artículos 7 y 10 y en el punto 1.3 del anexo III del Reglamento (CE) no 3699/93 […].».

(48)

El apartado 1 del artículo 10 del Reglamento (CE) no 3699/93 establece que «los Estados miembros podrán tomar medidas para favorecer la construcción de buques pesqueros siempre que respeten, en los plazos previstos, los objetivos intermedios globales anuales y los objetivos finales por segmento de los programas de orientación plurianuales. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones tomadas para garantizar el cumplimiento de esta condición, junto con cualquier proyecto de ayuda en este campo». De acuerdo con esta disposición, la Comisión recordó a Francia, mediante carta de 4 de julio de 1997, que «por lo tanto, debía ponerse fin a la concesión de cualquier tipo de ayudas a la construcción y modernización a partir del 1 de enero de 1997.».

(49)

Mediante carta de 8 de agosto de 1997, Francia respondió indicando lo siguiente: «A principios de 1996, al no haberse alcanzado los objetivos intermedios del POP II a 31.12.1995, las autoridades francesas ya habían adoptado las medidas necesarias para congelar los proyectos de inversión que implicaban aumentos de capacidad de flota. Por otra parte, en el mes de julio de 1996, para acelerar la disminución de la flota pesquera, se aplicó un plan de salida de flota […], estaban previstas salidas de flota de 10 000 a 15 000 Kw. Asimismo, a principios de 1997, Francia pensaba poder cumplir sus objetivos de conformidad con el POP III. En consecuencia, se concedieron algunas autorizaciones de inversión limitadas, acompañadas de ayudas nacionales correspondientes esencialmente a operaciones urgentes de sustitución de buques o a operaciones de remotorización… Ahora bien, los plenos efectos de las medidas de salida de flota no se constataron hasta finales del primer semestre de 1997 […]».

(50)

Realmente, Francia no pudo lograr los objetivos del POP hasta el segundo semestre de 1998. Mediante carta de 28 de octubre de 1998, la Comisión señaló a Francia que «a raíz de nuestro encuentro del 21 de octubre de 1998, de nuestros encuentros previos y de las precisiones aportadas en sus cartas de 5 y 22 de octubre de 1998, tengo el placer de anunciarle que la Dirección General de Pesca está en condiciones de aceptar una reanudación de las inversiones tal como ustedes prevén, es decir, de manera muy cauta favoreciendo especialmente operaciones en beneficio de los jóvenes pescadores, que no se traduzcan en aumentos de capacidad y que cumplan los objetivos del POP.».

(51)

De este intercambio de cartas se puede deducir que Francia era perfectamente consciente de que no podía lograr los objetivos intermedios del POP III y que, a pesar de eso, se autorizaron algunas ayudas para la adquisición de buques nuevos. No se respetó, pues, la condición del artículo 10 del Reglamento (CE) no 3699/93. De todo ello se desprende que, en aplicación del punto 2.2.3.1 de las Directrices de 1997, las ayudas concedidas durante este período para la adquisición de buques nuevos eran incompatibles con el mercado común.

(52)

La incoación del procedimiento formal de examen se centró en las ayudas para la transformación y el equipamiento de los buques concedidas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 28 de octubre de 1998 cuando los trabajos efectuados implicaron un aumento de la potencia del buque porque, al igual que en el caso de las ayudas para la adquisición de buques nuevos, las ayudas de este tipo no se incluían entre los objetivos del POP.

(53)

En el informe de la Asamblea Nacional (punto I.C.1.b), se hace una descripción de las ayudas a la modernización de los buques. De la misma manera que se indicaba que se habían construido diez buques de pesca, también se mencionaba que «[…] 38 buques sufrieron transformaciones y equipamientos diversos […] ». Resulta, pues, patente que durante este período se concedieron algunas ayudas a la modernización.

(54)

Las deliberaciones sucesivas de la región de Córcega establecieron expresamente que la ayuda podía tener por objeto el equipamiento de un «motor de una potencia adaptada al tamaño del buque». Esta expresión subraya sin lugar a dudas que la ayuda a la modernización podía referirse a la compra de un motor más potente. Además, al igual que en el caso de las ayudas para la adquisición de buques, Francia no hizo ninguna observación con respecto a la presunción que figuraba en la carta de la Comisión del 30 de octubre de 2001 y según la cual durante este período se habían concedido algunas ayudas con el fin de comprar un motor de una potencia superior al precedente. Así pues, conviene considerar que realmente se concedieron ayudas a la modernización que implicaban un aumento de potencia en algunos casos particulares.

(55)

Al igual que en el caso de las ayudas a la construcción, las Directrices de 1997 indicaban, en el punto 2.2.3.2, que «las ayudas a la modernización de buques de pesca en activo podrán considerarse compatibles con el mercado común siempre que se respeten las condiciones de los artículos 7 y 10 y del punto 1.4 del anexo III del Reglamento (CE) no 3699/93 […]». El artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) no 3699/93 disponía que «Los Estados miembros podrán tomar medidas de modernización de los buques pesqueros. Tales medidas estarán sujetas a las condiciones establecidas en el apartado 1 [construcción de buques], si las inversiones pudieran suponer un aumento del esfuerzo pesquero.».

(56)

Por lo tanto, no se cumplió la condición del artículo 10 del Reglamento (CE) no 3699/93. De ello se desprende que, en aplicación del punto 2.2.3.2 de las Directrices de 1997, las ayudas concedidas durante este período para la modernización, si esta modernización ha implicado un aumento de potencia, eran incompatibles con el mercado común.

(57)

Tal como se indica en el considerando 39, Francia facilitó informaciones que ponían de manifiesto que se había respetado realmente el criterio de edad. Las dudas emitidas a este respecto por la Comisión en la incoación del procedimiento formal de examen ya no tienen razón de ser. Lo mismo ocurre con el porcentaje máximo de ayuda posible.

(58)

Por otra parte, en lo que atañe a la obligación de reservar este tipo de ayuda al caso de primera instalación de los jóvenes pescadores o de sustitución de un buque tras una pérdida total, Francia también indicó, en su respuesta de 21 de diciembre de 2001, que la concesión de esta categoría de ayuda se hizo, a este respecto, en cumplimiento de las disposiciones comunitarias vigentes. Por lo tanto, esta categoría de ayuda puede considerarse compatible con el mercado común.

(59)

De acuerdo con las versiones sucesivas de las Directrices, las ayudas a la acuicultura son compatibles con el mercado común si se cumplen las condiciones del Reglamento relativo a las actuaciones estructurales de la Comunidad en el sector pesquero.

(60)

Tal como Francia indicó en su carta de 21 de diciembre de 2001, la «Guía de las ayudas» tenía en cuenta estas condiciones e indicaba, concretamente, que el porcentaje máximo de ayuda autorizado debía tener en cuenta las ayudas de otra procedencia.

(61)

En consecuencia, las ayudas concedidas en favor de la acuicultura pueden considerarse compatibles con el mercado común.

(62)

Las ayudas estatales instituidas en la región francesa de Córcega mediante la resolución de la Asamblea de Córcega no 85/10 bis, de 29 de marzo de 1985, modificada sucesivamente por las deliberaciones de 30 de noviembre de 1990 (no 90/99), 19 de diciembre de 1991 (no 91/1032), 23 de febrero de 1993 (no 93/25), 9 de marzo de 1995 (no 95/16), 11 de septiembre de 1995 (no 95/79) y 11 de abril de 1997 (no 97/36), son incompatibles con el mercado común por lo que se refiere a:

(63)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999, Francia debe proceder a la recuperación de estas ayudas.

(64)

Son compatibles con el mercado común:

a)

las ayudas para la adquisición de buques nuevos concedidas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 28 de octubre de 1998;

b)

las ayudas para la transformación y el equipamiento de buques existentes concedidas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 28 de octubre de 1998, si los trabajos han implicado un aumento de potencia.

a)

las ayudas para la adquisición de buques nuevos concedidas fuera del período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 28 de octubre de 1998;

b)

las ayudas para la transformación y el equipamiento de los buques existentes concedidas fuera del período comprendido entre el 1 de enero de 1997 y el 28 de octubre de 1998 o concedidas durante este período si no hubo aumento de la potencia;

c)

las ayudas para la compra de buques de ocasión;

d)

las ayudas concedidas para la acuicultura de 1994 a 1999.

19.3.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 74/49

(1)

Mediante escrito de 21 de junio de 2000, Francia comunicó a la Comisión las medidas de indemnización que había aprobado para los pescadores y acuicultores afectados por la contaminación por hidrocarburos provocada por el naufragio del buque Erika en el Golfo de Vizcaya el 12 de diciembre de 1999 y por el violento temporal, de una fuerza inusitada, de los días 27 y 28 de diciembre de 1999. Mediante escritos de 28 de noviembre de 2000, 6 de abril de 2001 y 13 de agosto de 2001, las autoridades francesas aportaron información complementaria a la Comisión, a instancias de ésta. Dado que las medidas se aplicaron antes de que la Comisión se hubiera pronunciado sobre su compatibilidad con el mercado común, se registraron como un régimen de ayuda no notificado, con el número NN 80/2000.

(2)

Mediante escrito de 11 de diciembre de 2001, la Comisión comunicó a Francia su decisión de considerar compatibles con el mercado común algunas de las medidas previstas y de incoar el procedimiento formal de examen previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con respecto a las restantes medidas. Francia presentó alegaciones al respecto por medio de un escrito de 5 de marzo de 2002.

(3)

La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento formal de examen se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas  (1). En ella, se instaba a las partes interesadas a presentar observaciones sobre las citadas medidas. La Comisión no ha recibido observaciones de terceros interesados.

(4)

Las medidas objeto de la presente Decisión con respecto a las cuales se incoó el procedimiento formal de examen son las siguientes:

(5)

A título informativo, cabe recordar que las medidas que la Comisión había considerado compatibles con el mercado común, que se comunicaron a Francia mediante escrito de 11 de diciembre de 2001, eran las destinadas a las empresas situadas en los departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde; concretamente, eran las siguientes:

(6)

Esta medida estaba destinada a dos categorías de acuicultores: la de aquellos cuyas existencias y equipos de trabajo habían sido dañados por el temporal de diciembre de 1999 y que habían recibido una ayuda para la reposición de existencias, y la de los que habían sufrido daños derivados de la contaminación por hidrocarburos provocada por el naufragio del Erika y habían recibido un anticipo a cuenta de las indemnizaciones del FIPOL.

(7)

Se trataba de una medida muy específica aplicada en función de la situación de la empresa y durante uno, dos o tres meses, según el perjuicio sufrido por ella. Durante ese período, la exención de las cargas sociales fue absoluta.

(8)

Las solicitudes eran examinadas por unas «células departamentales de indemnización», creadas en cada uno de los departamentos afectados y dependientes del prefecto (gobernador civil), en las que participaban las administraciones interesadas, las organizaciones profesionales, los bancos y las compañías de seguros. La lista de beneficiarios, aprobada por la Dirección de pesca marítima y cultivos marinos, a propuesta de los prefectos de los departamentos, contenía 1 476 empresas. El volumen total de exenciones fue de 0,87 millones EUR.

(9)

Esta medida, destinada a las mismas empresas que las indicadas en los puntos 6 a 8, consistía en asumir, en el contexto de planes individuales de recuperación de la deuda, una parte de los intereses de los préstamos a medio y largo plazo y de los préstamos de consolidación de explotación vencidos o que venciesen en 2000, 2001 y 2002. Según indicó Francia en su escrito de 13 de agosto de 2001, con estas medidas se pretendía reducir las cargas de tesorería de las empresas dañadas por el temporal y la marea negra.

(10)

Las solicitudes debían presentarse antes del 1 de abril de 2000. Fueron tramitadas por las delegaciones departamentales de asuntos marítimos y presentadas a la célula de indemnización. El importe de la ayuda se ajustó según criterios fijados localmente. Así, las células de indemnización tuvieron en cuenta la importancia de la pérdida de actividad habida en el invierno de 1999-2000, el endeudamiento y la fragilidad de la empresa, la renta de explotación de los dos últimos ejercicios, los ingresos externos que, en su caso, hubieran tenido los interesados durante el mismo período, y la viabilidad de la empresa. Se pidió a los acreedores (bancos y proveedores) que hicieran un esfuerzo especial. La ayuda no podía ascender a más de 48 000 francos franceses (FRF) (7 317 EUR), salvo si la célula de indemnización llegaba a la conclusión de que la empresa se encontraba en una situación especialmente crítica, en cuyo caso la ayuda podía ser de hasta 62 000 FRF (9 451 EUR).

(11)

Los planes individuales de recuperación de la deuda elaborados al amparo de este procedimiento se plasmaron en un convenio en el que todas las partes estipulaban su aportación a la realización de los planes. La decisión de atribución de la ayuda correspondía al prefecto del departamento. La ayuda se concedió a 1 083 empresas y tuvo un coste total de unos 8 millones FRF (1,2 millones EUR).

(12)

Además de las medidas ya descritas con respecto a las que la Comisión ha incoado el procedimiento formal de examen y de las que ya ha aprobado, el Ministro francés de Agricultura y Pesca decidió aplicar medidas complementarias a las empresas afectadas, con el propósito, según Francia, de ayudar al sector de la pesca y la acuicultura a sobreponerse a los problemas causados simultáneamente por el temporal y la marea negra y de compensar los perjuicios sufridos por las empresas del sector como consecuencia de la degradación del mercado.

(13)

Según informó Francia en su escrito de 21 de junio de 2000, es decir, antes de que la Comisión decidiera incoar el procedimiento formal de examen, se había concedido una exención de los cánones de ocupación del año 2000 a todas las concesiones de cultivos marinos situadas en el dominio público marítimo y a las autorizaciones de toma de agua para la alimentación de parcelas situadas en dominios privados.

(14)

Francia indicó, en el escrito de 5 de marzo de 2002 en el que hacía comentarios sobre la incoación del procedimiento, que esta medida formaba parte de las medidas complementarias de reducción de cargas de todos los acuicultores de la Francia metropolitana y de los departamentos de ultramar.

(15)

En respuesta a una pregunta de la Comisión, Francia confirmó, mediante carta de 24 de septiembre de 2002, que la exención se había hecho extensiva a todos los acuicultores por medio de una decisión de 12 de septiembre de 2000.

(16)

Esta exención tuvo un coste total de 3,81 millones EUR.

(17)

El Ministro de Agricultura y Pesca decidió (circulares de 15 de abril de 2000 y de 13 de julio de 2000) otorgar a todas las empresas del sector una reducción del 50 % de las cargas sociales del período comprendido entre el 15 de abril al 15 de julio de 2000, en el caso de los acuicultores, y del comprendido entre el 15 de abril y el 15 de octubre de 2000, en el de los pescadores.

(18)

Esta reducción, consistente en una disminución de las cuotas empresariales y de las cuotas de los trabajadores, se aplicó a todos los pescadores y acuicultores de la Francia metropolitana y de los departamentos de ultramar.

(19)

No se aplicaron las mismas reglas de reducción a las cuotas pagadas al ENIM (Établissement national des invalides de la marine) que a las abonadas a la MSA (Mutualité sociale agricole).

(20)

En las cuotas pagadas al ENIM, se aplicó un porcentaje de reducción del 50 % tanto a las cuotas de los trabajadores como a las cuotas empresariales. No obstante, en el caso concreto de los buques que no aplican el sistema de remuneración a la parte, la reducción de las cuotas empresariales fue del 75 %. Según Francia, ello obedece a que, en el caso de la remuneración a la parte, existe una solidaridad financiera notable entre el armador y el equipaje pues ambas partes sufren las consecuencias derivadas de las dificultades por las que atraviese la actividad, especialmente cuando se produce una disminución del volumen de negocios, mientras que, en el caso de los buques industriales, en los que no existe ese tipo de remuneración, las consecuencias de las dificultades económicas recaen fundamentalmente en los armadores.

(21)

Las reglas de reducción de las cuotas que pagan a la MSA los acuicultores cubiertos por este régimen se establecieron en una circular del Ministerio de Agricultura y Pesca de 25 de abril de 2000. La reducción consistió en la asunción del 50 % de tres doceavas partes de las cuotas personales de 1999 de los titulares y empresarios y del 50 % de las cuotas que éstos debían abonar por sus empleados por los salarios de los tres últimos meses de 1999.

(22)

Estas exenciones tuvieron un coste total de 119 millones FRF (18,2 millones EUR).

(23)

Las medidas descritas en los apartados A y B se adoptaron a raíz de la contaminación provocada por el naufragio del petrolero Erika el 12 de diciembre de 1999 y del violento temporal de los días 26 y 27 de diciembre de 1999.

(24)

Se analizaron con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado, que indica que son compatibles con el mercado común «las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional», pues, ciertamente, la contaminación causada por el naufragio del petrolero Erika puede calificarse como un acontecimiento de carácter excepcional y el temporal de los días 26 y 27 de diciembre de 1999, de una violencia extrema e inhabitual, como un desastre natural.

(25)

En este contexto, es obligación de la Comisión cerciorarse de que no se haya producido un exceso de compensación de los perjuicios ocasionados.

(26)

Las medidas con respecto a las cuales se incoó el procedimiento formal de examen eran la exención de las cargas sociales del primer trimestre de 2000 (o de un trimestre medio), la reducción de las cargas financieras y la exención de los cánones de ocupación.

(27)

La medida de exención de cargas sociales se aplicó previo examen por la célula de indemnización de la situación de las empresas susceptibles de beneficiarse de ella. La exención tuvo una duración de uno, dos o tres meses, según los perjuicios sufridos y era complementaria de las demás medidas adoptadas (aplicación del régimen de catástrofes agrarias, ayudas para la reposición de equipos y existencias, anticipos a cuenta de las indemnizaciones del FIPOL). Con la información de que disponía, la Comisión consideró que no podía cerciorarse de que la suma de la exención de cargas sociales con las indemnizaciones de las demás medidas no suponía una compensación superior a los perjuicios sufridos.

(28)

También la medida de reducción de las cargas financieras era complementaria de las demás medidas y, al igual que en el caso de la exención de cargas sociales, la Comisión no pudo cerciorarse de que la suma de la reducción de las cargas financieras con las indemnizaciones de las demás medidas no suponía una compensación superior a los perjuicios sufridos.

(29)

Según la información de que disponía la Comisión, la medida de exención de los cánones de ocupación, que también era complementaria de las otras medidas, benefició a todos los acuicultores de los seis departamentos, sin que Francia explicara por qué se había hecho extensiva a la totalidad de los profesionales de esos departamentos. Debido a ello, la Comisión tampoco pudo cerciorarse en este caso de que, una vez sumada a las demás indemnizaciones, no daba lugar a una compensación superior a los perjuicios sufridos.

(30)

Dado que la Comisión no pudo cerciorarse de que la compensación no excedía los perjuicios, no pudo declarar estas medidas compatibles con el mercado común en virtud de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado.

(31)

Al tratarse de ayudas no notificadas, la Comisión las analizó con arreglo a las Directrices para el examen de las ayudas de estado en el sector de la pesca y la acuicultura (2) aprobadas en 1997, vigentes en el momento de los hechos (en lo sucesivo, «las Directrices de 1997»). Debido a que parecían ayudas de funcionamiento, la Comisión aplicó el punto 1.2, párrafo cuarto, tercer guión, de las Directrices de 1997, que sienta el principio general de que las ayudas de funcionamiento son incompatibles con el mercado común. A la vista de la información con que contaba, la Comisión tenía dudas sobre la compatibilidad de tales medidas con el mercado común.

(32)

Según las autoridades francesas, las medidas complementarias de reducción de las cargas sociales de todos los acuicultores y pescadores de la Francia metropolitana y de los departamentos de ultramar se aprobaron para compensar el perjuicio económico sufrido por las empresas del sector como consecuencia de la degradación del mercado causada por la mala imagen de los productos del mar después de la contaminación provocada por el Erika.

(33)

La reducción se aplicó a las cargas sociales del período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de julio de 2000.

(34)

Según las autoridades francesas, la degradación del mercado desembocó en una disminución de las ventas de moluscos al por menor, en el primer semestre del año 2000, del 9 % en volumen y del 5 % en valor de los productos. Además, el temporal repercutió negativamente en la situación económica de todo el sector de la conquilicultura pues, en Francia, el departamento de Charente-Maritime tiene una función primordial en la comercialización de ostras.

(35)

Sin embargo, Francia no aportó información alguna sobre la correlación existente entre el monto de los perjuicios económicos causados por la marea negra a todos los productores de moluscos y el monto de la exención de cargas sociales durante el período antes referido. La Comisión no pudo pues comprobar si esta medida de exención cuadraba con el valor del perjuicio sufrido sin que hubiera un exceso de compensación.

(36)

Dado que esta medida parecía una ayuda de funcionamiento, la Comisión, en aplicación del punto 1.2, párrafo cuarto, tercer guión, de las Directrices de 1997, consideró que, a la vista de la información con que contaba, existían dudas sobre su compatibilidad con el mercado común.

(37)

La reducción se aplicó a las cargas sociales del período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de octubre de 2000.

(38)

Según Francia, se produjo una degradación general del mercado de los productos del mar, con una disminución duradera de la demanda, como consecuencia del temor de los consumidores a las posibles consecuencias sanitarias de la marea negra.

(39)

Francia entregó a la Comisión información estadística sobre las ventas al por menor de productos de la pesca para justificar la reducción de las cargas sociales. La Comisión tomó nota de tal información pero, en el escrito por el que comunicaba a Francia el incoamiento del procedimiento formal de examen, le señalaba que, según otros datos, en el primer trimestre del año 2000, el valor de las ventas en las lonjas había aumentado un 3 % con respecto al año anterior y que las retiradas habían supuesto menos del 1,5 % del conjunto de cantidades de las principales especies desembarcadas, es decir, un porcentaje equivalente al registrado en 1999 en el mismo período. Además, la medida de exención se aplicaba a todas las empresas pesqueras francesas, incluidas las afincadas en los departamentos de ultramar.

(40)

Por otra parte, la Comisión tuvo conocimiento de despachos de la agencia France-Presse y noticias de prensa escrita según los cuales la finalidad real de la reducción de las cargas sociales era compensar la subida del precio del combustible que se estaba produciendo desde hacía varios meses.

(41)

A la vista de todo ello, la Comisión consideró que Francia no había demostrado que la medida estuviera destinada a reparar un perjuicio económico sufrido por las empresas como consecuencia de la degradación del mercado de los productos del mar. Habida cuenta de que la medida parecía una ayuda de funcionamiento, la Comisión, en aplicación del tercer guión del párrafo cuarto del punto 1.2 de las Directrices de 1997, consideró que, a la vista de la información con que contaba, existían dudas fundadas sobre su compatibilidad con el mercado común.

(42)

Francia aduce que las reducciones de las cargas financieras aprobadas en el contexto de los planes de recuperación de la deuda tenían como finalidad ayudar a las empresas más frágiles a superar una situación excepcional derivada de las catástrofes y no a compensar pérdidas. Únicamente podían beneficiarse de esta medida las empresas más frágiles.

(43)

Con respecto a la posibilidad de que haya habido un exceso de compensación del perjuicio sufrido, Francia indica que el procedimiento que se estableció para reducir las cargas sociales y financieras estaba concebido precisamente para que no se produjera tal circunstancia. Las células de indemnización creadas en los departamentos damnificados examinaron la situación económica general de cada empresa y aprobaron las reducciones en función de los perjuicios sufridos.

(44)

Francia comprobó que no bastaba con reducir las cargas de los acuicultores perjudicados por el temporal y por la marea negra pues en realidad era todo el sector el que se encontraba en una situación muy preocupante, por lo que se requería una intervención más general. La marea negra tuvo tales efectos mediáticos en la opinión pública que dio lugar a una degradación de la imagen de los productos del mar y, en especial, de los moluscos de cría, independientemente de su origen, entre los consumidores. Según un estudio encargado por el Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture (Ofimer), el volumen de negocios del sector de la conquilicultura se redujo en unos 51 millones FRF (7,77 millones EUR) en cuatro meses (del 17 de diciembre de 1999 al 16 de abril de 2000).

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Ante esta situación, se aprobaron dos medidas generales: una reducción general de las cargas sociales y una exención de los cánones de ocupación. La reducción de las cargas sociales supuso un monto total de 3,35 millones EUR y la exención de los cánones de ocupación, 3,81 millones EUR. La suma de ambas ayudas supuso pues menos que los 7,77 millones EUR de disminución del volumen de negocios estimada en el estudio encargado por el Ofimer.

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Francia rebate los argumentos en que se basó la Comisión para incoar el procedimiento formal de examen. Insiste en que la conmoción provocada por la marea negra y la amplificación mediática de sus consecuencias reales o posibles deterioraron enormemente la imagen de los productos del mar, sin que se librara de ello ningún sector ni ninguna zona.

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También indica que el período de reducción de cargas elegido (del 15 de abril al 15 de octubre de 2000) corresponde de hecho a la actividad de los buques en los seis primeros meses del año dado que las cargas sociales se pagan, en realidad, por la actividad de las empresas en los tres meses anteriores. Este desfase permitió aplicar la reducción a la época precisa de actividad de los pescadores en la que las dificultades fueron mayores, es decir, los seis meses que siguieron a las dos catástrofes de 1999. Por ello, Francia estima que la Comisión no tendría que haber basado su análisis en la nota coyuntural Flash Eco del Ofimer del 16 de febrero de 2001.

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Francia considera que la Comisión tampoco debería haberse basado en la nota coyuntural de enero/abril de 2000 del Ofimer dado que esa nota se fundaba en estimaciones pues la gran mayoría de los datos de marzo y abril eran meras valoraciones. Las diferencias observadas por la Comisión no obedecían a apreciaciones divergentes sino a la disparidad estadística normal que existe entre datos brutos e instantáneos y esos mismos datos validados. Es preciso pues ceñirse a los datos comunicados por Francia a la Comisión en la nota de 6 de abril de 2001 pues son los datos definitivos del período considerado.

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Por otro lado, Francia indica que, de acuerdo con los resúmenes mensuales del Ofimer, las cantidades desembarcadas en los seis primeros meses fueron equivalentes a las desembarcadas en el mismo período de 1999, aun cuando hubo disminuciones, que en ocasiones fueron importantes, en períodos cortos, coincidiendo aparentemente con los momentos de mayor celo mediático. Con todo, en ese período, las retiradas aumentaron un 28 % con relación a 1999, especialmente en los primeros meses del año (enero: + 92 %, febrero: + 66 %, marzo: + 35 %). Las retiradas de algunas especies alcanzaron niveles extremadamente elevados (cigala: + 175 %, rape: + 161 %, centollo: × 5), lo que es indicativo de los efectos sicológicos de la marea negra en el comportamiento de los consumidores.

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En el primer semestre del año 2000, se produjo una disminución de las cantidades vendidas pues si las cifras de las cantidades desembarcadas fueron relativamente estables, las de las retiradas aumentaron notablemente. El consumo de productos frescos del mar disminuyó un 7 % (6 % en el caso del pescado, 9 % en el de los moluscos y 6,5 % en el de los crustáceos, especialmente las gambas).

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Los precios, por su parte, bajaron un 6 % con relación a los de enero de 1999 y esa reducción fue constante en las especies que son esenciales para el equilibrio de las empresas. De las 49 especies significativas de las que el Ofimer lleva un seguimiento, 34 registraron una disminución de precios en enero de 2000, 26 en febrero de 2000 y 21 en marzo de 2000. A lo largo del período de referencia, se registró también una reducción constante del precio de las principales especies pescadas.

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Francia añade que los consumidores se encontraban en la imposibilidad de diferenciar los productos del mar según el origen de éstos y que su reticencia a comprar productos del mar afectó a todas las zonas de producción. La desconfianza suscitada por la marea negra perjudicó, de manera indiscriminada, tanto a la producción de la metrópoli como a la de los departamentos de ultramar. Según Francia, en estos departamentos, el fenómeno de contracción del consumo provocado por la marea negra se refleja en los datos aduaneros y no había motivo alguno para excluir a los pescadores de estos departamentos del régimen de ayuda establecido por el Gobierno.

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Por último, Francia subraya que la Comisión hizo caso omiso de los artículos de prensa que le envió para ilustrar la situación del sector mientras que sí prestó oídos a los comentarios realizados por algunos periodistas en los pasillos de ferias profesionales. Por ello, adjunta a los presentes comentarios diferentes artículos y documentos complementarios que demuestran el grado de mediatización de la situación y el clima de sospecha, que dio lugar a que los consumidores dieran la espalda a los productos del mar. Además, niega que la reducción de las cargas sociales tuviera realmente como finalidad compensar la subida del precio del combustible que llevaba varios meses produciéndose, hipótesis expuesta por la Comisión en el escrito en el que comunicaba el incoamiento del procedimiento formal de examen.

(54)

Según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado, «serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».

(55)

Las diferentes medidas objeto de la presente Decisión (reducción de las cargas sociales y financieras, exención de los cánones de ocupación) son medidas que otorgan una ventaja a empresas que ejercen una actividad específica (empresas acuícolas o pesqueras) pues las eximen de ciertas cargas que, en caso contrario, tendrían que asumir.

(56)

Dichas medidas suponen una pérdida de fondos para el Estado, ya sea de manera directa (reducción de las cargas financieras y exención de los cánones de ocupación), ya sea de manera indirecta (necesidad de que el Estado compense las pérdidas sufridas por el organismo que percibe las cargas sociales). En ese sentido, constituyen ayudas estatales en la acepción del apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

(57)

Como, además, los productos de las empresas beneficiarias se venden en el mercado comunitario, las medidas aprobadas por Francia refuerzan la posición de esas empresas tanto en el mercado francés, con relación a las empresas de otros Estados miembros que quieran introducir en ese mercado sus productos (productos acuícolas y de la pesca u otros alimentos que compiten con ellos), como en los mercados de los demás Estados miembros, con relación a las empresas que operan en esos mercados (con los mismos productos). Por consiguiente, tales medidas falsean o amenazan falsear la competencia y pueden afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

(58)

Las medidas de este tipo están prohibidas, en principio, por el apartado 1 del artículo 87 del Tratado y sólo pueden considerarse compatibles con el mercado común si pueden acogerse a alguna de las excepciones previstas por dicho Tratado. Al tratarse de ayudas destinadas a las empresas acuícolas y pesqueras, deben analizarse con arreglo a las Directrices de 1997, como ya se hizo en el examen preliminar.

(59)

La Comisión incoó el procedimiento formal de examen con respecto a algunas de las medidas adoptadas para ayudar a los acuicultores tras los sucesos de diciembre de 1999 porque le fue imposible cerciorarse de que la compensación total, es decir, la suma de las diferentes ayudas, entre ellas las ayudas sobre las que la Comisión ya había emitido un dictamen positivo, no sobrepasaba los daños sufridos.

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La Comisión recuerda que incoó el procedimiento formal de examen con respecto a las medidas de ayuda siguientes:

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En lo que se refiere a la exención de cargas sociales y a la reducción de las cargas financieras, según la información complementaria recibida, el procedimiento establecido por Francia, que contemplaba la creación en cada uno de los departamentos afectados de una célula de indemnización en la que estaban representados los diferentes servicios del Estado, los bancos y los profesionales del sector, estaba concebido precisamente para que no se produjeran excesos de compensación. Francia recuerda que esas células departamentales de indemnización examinaron individualmente cada expediente y que, en función de la situación de la empresa, modularon las ayudas concedidas para evitar compensaciones excesivas.

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A la vista de ello, la Comisión entiende que Francia estableció un procedimiento adecuado para que no se produjeran compensaciones excesivas de los daños sufridos. Por consiguiente, considera que la finalidad de esas ayudas era, efectivamente, indemnizar a los damnificados por los dos sucesos extraordinarios que fueron el temporal de diciembre de 1999 y el naufragio del Erika.

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Así pues, la exención de cargas sociales y la reducción de las cargas financieras deben declararse compatibles con el mercado común sobre la base de la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado.

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