20.5.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 183/1

(1)

Mediante la Decisión no 2730/2000/CECA (2), la Comisión estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de coque de carbón en trozos de más de 80 mm de diámetro, clasificado en el código NC ex 2704 00 19 (código TARIC 2704001910), originarias de la República Popular China («país interesado» o «RPC»). El importe del derecho antidumping es igual a la cantidad fija de 32,6 euros por tonelada de peso neto en seco.

(2)

Dado que el 23 de julio de 2002 expiraba el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 963/2002 (3), decidió que las medidas antidumping aprobadas de conformidad con la Decisión no 2277/96/CECA y que aún estuvieran en vigor el 23 de julio de 2002 continuarían y se regirían por las disposiciones del Reglamento de base a partir del 24 de julio de 2002.

(3)

El 11 de diciembre de 2002, la Comisión comunicó, mediante anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas  (4), el inicio de una reconsideración provisional de las medidas antidumping definitivas aplicables a las importaciones de coque de carbón en trozos de un diámetro superior a 80 mm (en lo sucesivo, «coque 80+» o «el producto afectado») originarias de la República Popular China, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento de base, y emprendió una investigación.

(4)

El procedimiento se inició tras una petición presentada por Eucoke-EEIG (el «solicitante») en nombre de un grupo de productores que representaban una proporción importante de la producción comunitaria total de coque de carbón en trozos de más de 80 mm de diámetro. El solicitante alegó que, por lo que se refiere a la República Popular China, el dumping había continuado e incluso aumentado, y que las medidas existentes ya no serían suficientes para contrarrestar sus efectos perjudiciales. Las pruebas incluidas en la petición de reconsideración se consideraron suficientes para justificar la apertura de la investigación.

(5)

La Comisión comunicó oficialmente el inicio de la reconsideración provisional a los productores exportadores, los importadores y los usuarios notoriamente afectados, a los representantes del país exportador afectado, a la industria comunitaria solicitante y a otros operadores comunitarios. Se ofreció a las partes interesadas la posibilidad de presentar sus puntos de vista por escrito y solicitar una audiencia en el plazo fijado en el anuncio de inicio.

(6)

Se recuerda que durante la investigación del presente procedimiento, varias partes interesadas proporcionaron información sobre un cambio de las condiciones del mercado tras la conclusión del período de investigación (del 1 de octubre de 2001 al 30 de septiembre de 2002), de modo que se satisfacían los requisitos previstos en el apartado 4 del artículo 14 del Reglamento de base para justificar la suspensión de las medidas actualmente en vigor.

(7)

La investigación demostró que se satisfacían todos los requisitos para la suspensión de las medidas antidumping. Por lo tanto, mediante la Decisión no 264/2004/CE (5) de la Comisión, el derecho antidumping aplicable a las importaciones de coque de carbón en trozos de un diámetro superior a 80 mm originarias de la República Popular China se suspendió por un período de nueve meses.

(8)

Mediante carta de 15 de diciembre de 2003 dirigida a la Comisión, Eucoke-EEIG retiró formalmente su solicitud.

(9)

Teniendo en cuenta que la investigación no ha sacado a la luz ninguna consideración en el sentido de que tal conclusión redunde en contra del interés de la Comunidad, se considera que el presente procedimiento debería concluirse de conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento de base.

(10)

No obstante, durante la investigación se constató que era necesario aclarar el ámbito de aplicación de las medidas en vigor, teniendo en cuenta las dificultades a que se enfrentaba un operador económico por lo que respecta a su aplicación. Efectivamente, se determinó que las autoridades aduaneras de un Estado miembro estaban gravando con derechos antidumping los envíos de coque destinado a utilizarse en altos hornos, a los que no atañen las medidas antidumping y que sólo representan una pequeña parte del producto afectado. Para garantizar una aplicación más eficaz y uniforme de las medidas, la exención prevista en la Decisión no 2730/2000/CECA para las exportaciones constituidas por mezclas de coque de carbón en trozos de menor tamaño que el producto afectado y coque de carbón en trozos que no excedan de 100 mm se sustituye por una exención que abarca las mezclas en las que la proporción de coque de más de 80 mm de diámetro no constituye más del 20 % de los envíos mixtos. Además, debe usarse la norma ISO como método de medida.

(11)

La reconsideración provisional debería concluirse. Convendría aclarar el ámbito de aplicación de las medidas existentes.

20.5.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 183/4

(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 950/2001 (2) el Consejo estableció derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de papel de aluminio («el producto afectado») originarias, entre otros países, de Rusia. Mediante la Decisión de la Comisión (2001/381/EC), de 16 de mayo de 2001 (3), se aceptó el compromiso ofrecido por el exportador productor ruso «United Company Siberian Aluminium».

(2)

El tipo del derecho aplicable al precio neto franco frontera de la Comunidad, antes del despacho de aduana, se fijó, mediante el Reglamento (CE) no 950/2001, en el 14,9 % para las importaciones del producto afectado procedentes de Rusia.

(3)

El 20 de marzo de 2004, mediante un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea  (4), la Comisión publicó la iniciación de reconsideraciones provisionales parciales de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de determinados productos originarios de la República Popular de China, la Federación Rusa, Ucrania y la República de Bielorrusia, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 y la letra c) del artículo 22 el Reglamento de base. Una de las medidas objeto de la iniciación de la reconsideración («las medidas») es el derecho antidumping establecido sobre las importaciones de papel aluminio originarias de Rusia.

(4)

La reconsideración se inició por iniciativa de la Comisión para examinar si, como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 («ampliación»), era conveniente adaptar las medidas.

(5)

Como una determinada cantidad de las importaciones del producto afectado originarias de Rusia está sujeta actualmente a un compromiso sobre los precios, respecto a un volumen específico, la reconsideración de las medidas se inició para examinar si había que adaptar dicho compromiso, elaborado sobre la base de la Comunidad de 15 Estados miembros, para tener en cuenta la ampliación.

(6)

Se notificó la apertura de la investigación a todas las partes interesadas que se habían dado a conocer, incluida la industria de la Comunidad, las asociaciones de productores o usuarios de la Comunidad, los productores exportadores de los países considerados, los importadores más sus asociaciones y las autoridades correspondientes de los países afectados, así como a las partes interesadas de los diez nuevos Estados miembros que se han adherido a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 («los 10 nuevos Estados miembros») y se les dio la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista por escrito, presentar información y aportar pruebas dentro de los plazos fijados en el anuncio de inicio. Se concedieron audiencias a todas las partes interesadas que lo solicitaron y demostraron que existían razones por las que debían ser oídas.

(7)

A este respecto, dieron a conocer sus puntos de vista las partes siguientes:

(8)

El producto afectado es papel de aluminio de espesor igual o inferior a 0,009 mm y no superior a 0,018 mm, sin soporte, simplemente laminado, presentado en rollos de anchura no superior a 650 mm, actualmente clasificable en el código NC ex 7607 11 10. El producto afectado se conoce normalmente como papel de aluminio para uso doméstico.

(9)

El papel de aluminio se fabrica laminando lingotes o bobinas de hojas de aluminio hasta alcanzar el espesor deseado. Una vez laminadas, las hojas se recuecen mediante un proceso térmico para hacerlas flexibles a fin de disponerlas en rollos de una anchura no superior a 650 mm. La dimensión del rollo es determinante para su uso, ya que los usuarios de este producto (los «rebobinadores» o «bobinadores») dispondrán el papel de aluminio en rollos más pequeños destinados a la venta al por menor. El producto se utilizará entonces para el embalaje a corto plazo destinado a varios usos (sobre todo para su uso doméstico, la restauración, los alimentos y la floristería).

(10)

El productor exportador ruso sometido al compromiso de los precios alegó que el volumen de las importaciones al cual se aplica dicho compromiso se estableció sobre la base de las ventas al mercado de la UE15 y que, por consiguiente, había que revisarlo para tener en cuenta el mercado de la UE25. Declaró también que esta revisión era esencial para evitar la discriminación en favor de los demás exportadores del producto afectado a la UE.

(11)

Los Estados miembros han dado a conocer sus puntos de vista y la mayoría de ellos apoyan la adaptación de las medidas a fin de tomar en consideración la ampliación.

(12)

Se examinaron los datos y la información disponibles, y el análisis confirmó que los volúmenes de las importaciones procedentes de Rusia a los 10 nuevos Estados miembros eran significativos. Dado que el volumen de las importaciones sujetas al compromiso de los precios actualmente vigente se estableció sobre la base de las importaciones a la Comunidad de 15 Estados miembros, el compromiso no toma en cuenta las consecuencias del incremento del mercado tras la ampliación.

(13)

Considerando lo expuesto, se concluye que, para tener en cuenta la ampliación, conviene adaptar las medidas a fin de considerar el volumen adicional de las importaciones al mercado de la UE10.

(14)

El volumen original de las importaciones sujetas al compromiso de los precios para la UE15 se calculó de conformidad con las exportaciones a la Comunidad efectuadas durante el período de la investigación original por el productor ruso del que se había aceptado el compromiso. Para calcular la parte del incremento del volumen de las importaciones sujetas al compromiso de los precios se ha seguido el mismo método de cálculo.

(15)

En consecuencia, se considera que la Comisión puede aceptar una propuesta de compromiso modificado en el que se recoja la situación tras la ampliación y sobre la base del método descrito en el considerando 14.

20.5.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 183/7

(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 1531/2002 (2) el Consejo estableció derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de receptores de televisión en color («el producto afectado») originarios de la República Popular China. Mediante la Decisión 2002/683/CE (3) de la Comisión, se aceptó un compromiso de siete exportadores en China: Haier Electrical Appliances Corporation Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (HuiZhou) Co., Ltd y Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd.

(2)

El tipo del derecho aplicable al precio neto franco frontera de la Comunidad, antes del despacho de aduana, se fijó, mediante el Reglamento (CE) no 1531/2002, en el 44,6 % para las importaciones del producto afectado procedentes de China.

(3)

El 20 de marzo de 2004, mediante un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea  (4), la Comisión publicó la iniciación de varias reconsideraciones provisionales parciales de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de determinados productos originarios de la República Popular de China, la Federación Rusa, Ucrania y la República de Bielorrusia, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 y la letra c) del artículo 22 del Reglamento de base. Una de las medidas objeto de la iniciación de la reconsideración («las medidas») es el derecho antidumping establecido sobre las importaciones de receptores de televisión en color originarios de China.

(4)

La reconsideración se inició por iniciativa de la Comisión para examinar si, como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 («ampliación»), era conveniente adaptar las medidas.

(5)

Como una determinada cantidad de las importaciones del producto afectado originarias de China actualmente está sometida a un compromiso sobre los precios, respecto a un volumen específico, la reconsideración de las medidas se inició para examinar si había que adaptar dicho compromiso, elaborado sobre la base de la Comunidad de 15 Estados miembros, para tener en cuenta la ampliación de la Unión Europea.

(6)

Se notificó la apertura de la investigación a todas las partes interesadas que se habían dado a conocer, incluida la industria de la Comunidad, las asociaciones de productores o usuarios de la Comunidad, los productores exportadores de los países considerados, los importadores más sus asociaciones y las autoridades correspondientes de los países afectados, así como a las partes interesadas de los diez nuevos Estados miembros que se han adherido a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 («los 10 nuevos Estados miembros») y se les dio la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista por escrito, presentar información y aportar pruebas dentro de los plazos fijados en el anuncio de apertura. Se concedió audiencias a todas las partes interesadas que lo solicitaron y demostraron que existían razones por las que debían ser oídas.

(7)

A este respecto, dieron a conocer sus puntos de vista las partes siguientes:

(8)

El producto afectado consiste en receptores de televisión en color con una diagonal de pantalla superior a 15,5 cm, en combinación o no en la misma envoltura con un receptor de radio o un reloj. Este producto es actualmente clasificable en los códigos NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 y 8528 12 66.

(9)

La Cámara de Comercio China de importación y exportación de maquinaria y productos eléctricos (CCCME), que actuaba en nombre de las empresas de las que se aceptaron compromisos conjuntamente con la CCCME, declaró que el volumen de las importaciones al que se aplica el compromiso sobre los precios se estableció sobre la base de los datos relativos al consumo aparente de la Comunidad de 15 Estados miembros. Alegaba que, por lo tanto, el compromiso se debía revisar a fin de tomar en consideración el mercado de la Comunidad de 25 Estados miembros. Especificó también que esta revisión era esencial para evitar la discriminación en favor de los demás exportadores del producto afectado a la UE.

(10)

Los Estados miembros han dado a conocer sus puntos de vista y la mayoría de ellos apoyan la adaptación de las medidas a fin de tomar en consideración la ampliación.

(11)

Se llevó a cabo un análisis, sobre la base de los datos y la información disponibles, que confirmó que los volúmenes de las importaciones procedentes de China en los 10 nuevos Estados miembros de la UE eran significativos. Dado que el volumen de las importaciones sujetas al compromiso de los precios actualmente vigente se estableció sobre la base de las importaciones a la Comunidad de 15 Estados miembros, el compromiso no toma en cuenta las consecuencias del incremento del mercado tras la ampliación de la Comunidad.

(12)

Considerando lo expuesto, se concluye que, para tener en cuenta la ampliación, conviene adaptar las medidas a fin de considerar el volumen adicional de importaciones al mercado de la UE10.

(13)

El volumen original de las importaciones sujetas a un compromiso por lo que se refiere a la Comunidad de 15 Estados miembros se calculó como un valor creciente que debía alcanzar un determinado porcentaje del consumo aparente de la UE el quinto año del compromiso. El incremento del volumen de las importaciones sujetas al compromiso de los precios se puede calcular siguiendo el mismo método de cálculo.

(14)

En consecuencia, se considera que la Comisión puede aceptar una propuesta de modificación del compromiso en el que conste la situación tras la ampliación y sobre la base del método descrito en el considerando 13.

20.5.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 183/10

(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 990/2004 (3) el Consejo modificó el Reglamento (CE) no 151/2003 (4) por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones en la Comunidad de determinadas chapas eléctricas con granos orientados (en adelante el «producto afectado») originarias de la Federación Rusa (en adelante «Rusia»). El tipo del derecho aplicable al precio neto franco en frontera de la Comunidad, no despachado de aduana, para las importaciones del producto afectado fabricado por Novolipetsky Iron & Steel Corporation está establecido en el 40,1 % y para el fabricado por OOO Viz Stal está establecido en el 14,7 %.

(2)

El 20 de marzo de 2004 la Comisión comunicó, mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea  (5), el inicio de una reconsideración provisional parcial de las medidas vigentes (las «medidas») en virtud del apartado 3 del artículo 11 y de la letra c) del artículo 22 del Reglamento de base.

(3)

La reconsideración se inició a iniciativa de la Comisión, a fin de examinar si, como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 («ampliación») y teniendo en cuenta el interés de la Comunidad, sería necesario adaptar las medidas para evitar un efecto repentino y excesivamente negativo sobre todas las partes interesadas, incluidos los usurarios, los distribuidores y los consumidores.

(4)

Se notificó la apertura de la investigación a todas las partes interesadas, incluida la industria de la Comunidad, las asociaciones de productores o usuarios de la Comunidad, los productores exportadores del país considerado, los importadores más sus asociaciones y las autoridades correspondientes del país afectado, así como a las partes interesadas de los diez nuevos Estados miembros que se han adherido a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 (en adelante «los 10 nuevos Estados miembros»), y se les dio la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista por escrito, presentar información y aportar pruebas dentro de los plazos fijados en el anuncio de inicio. Se concedieron audiencias a todas las partes interesadas que lo solicitaron y demostraron que existían razones por las que debían ser oídas.

(5)

Como se establece en el Reglamento (CE) no 990/2004, la investigación concluyó que redunda en interés de la Comunidad adaptar las medidas existentes, siempre que dicha adaptación no socave significativamente el nivel de defensa comercial deseado.

(6)

Con arreglo a las conclusiones del Reglamento CE no 990/2004, la Comisión, de conformidad con el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento de base, sugirió a las empresas en cuestión que ofreciesen compromisos. Como resultado, i) un productor exportador del producto afectado en Rusia, (Novolipetsky Iron & Steel Corporation) juntamente con una empresa suiza (Stinol A.G.) y ii) un segundo productor exportador del producto afectado en Rusia (OOO Viz Stal) juntamente con su empresa vinculada Duferco S.A. en Suiza, ofrecieron compromisos subsecuentemente.

(7)

Hay que observar que, en aplicación de la letra c) del artículo 22 del Reglamento de base, estos compromisos se consideran medidas particulares ya que, de conformidad con las conclusiones del Reglamento (CE) no 990/2004, no son directamente equivalentes a un derecho antidumping.

(8)

No obstante, de conformidad con el Reglamento (CE) no 990/2004, los compromisos obligan a cada uno de los productores exportadores a respetar los límites máximos y, a fin de que dichos compromisos puedan controlarse, los productores exportadores afectados han acordado también respetar en general sus pautas tradicionales de ventas a los clientes individuales en los 10 nuevos Estados miembros. Los productores son también conscientes de que si se comprueba un cambio significativo en dichas pautas comerciales, o si resulta difícil o imposible controlar el cumplimiento de los compromisos en cuestión, la Comisión puede denunciar el compromiso de la empresa, lo que da lugar a su sustitución por el establecimiento de los derechos antidumping definitivos, puede ajustar el nivel de los límites cuantitativos o puede imponer otras medidas correctoras.

(9)

Otra condición inherente a los compromisos es que, si se incumplen en cualquier forma, la Comisión puede denunciarlos, lo que da lugar a su sustitución por el establecimiento de los derechos antidumping definitivos.

(10)

Las empresas facilitarán periódicamente a la Comisión información detallada sobre sus exportaciones a la Comunidad, lo que permitirá a la Comisión controlar efectivamente los compromisos.

(11)

A fin de que la Comisión pueda controlar efectivamente el cumplimiento de los compromisos por parte de estas empresas, cuando se presente a la autoridad aduanera pertinente una solicitud de despacho a libre práctica con arreglo a un compromiso, la exención del derecho se condicionará a la presentación de una factura que incluya al menos los datos enumerados en el anexo al Reglamento (CE) no 990/2004. Esta información es también necesaria para permitir a las autoridades aduaneras comprobar con suficiente precisión que el envío corresponde a los documentos comerciales. Si no se presenta dicha factura, o si no corresponde al producto presentado en la aduana, deberá pagarse el derecho antidumping correspondiente.

(12)

Teniendo en cuenta todo lo que precede, las ofertas de compromisos se consideran aceptables.

(13)

La aceptación de los compromisos se limitará a un período inicial de seis meses, sin perjuicio de la duración normal de las medidas, y los compromisos expirarán tras dicho período, a menos que la Comisión considere conveniente ampliar el período de aplicación de las medidas particulares durante otros seis meses.

(14)

Habida cuenta de las circunstancias poco usuales del presente asunto y del riesgo inherente de incumplimiento de los compromisos derivado de las diferencias entre los precios en los 10 nuevos Estados miembros y en la UE de 15 miembros y de que se trata de medidas a corto plazo, se considera que existen motivos suficientes para someter a registro determinadas importaciones del producto afectado durante un período máximo de nueve meses, de conformidad con el apartado 5 del artículo 14 del Reglamento de base.

(15)

Por consiguiente, se insta a las autoridades aduaneras a tomar las medidas adecuadas para registrar las importaciones en la Comunidad del producto afectado originarias de Rusia y exportadas por las empresas que han ofrecido compromisos aceptables y para las que se solicita la exención de los derechos antidumping.

(16)

Si se comprueba que se ha incumplido un compromiso, podrán recaudarse retroactivamente los derechos sobre las mercancías despachadas a libre práctica en la Comunidad a partir de la fecha de incumplimiento de dicho compromiso.

20.5.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 183/13

(1)

Tras una reconsideración provisional y una reconsideración por expiración, el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 658/2002 (3), estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originarias de la Federación de Rusia («Rusia») y, mediante el Reglamento (CE) no 132/2001 (4), un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de nitrato de amonio originarias de Ucrania. Mediante el Reglamento (CE) no 993/2004 (5), modificó los Reglamentos (CE) no 658/2002 y 132/2001.

(2)

Las medidas consisten en un derecho específico de 47,07 euros por tonelada en el caso de Rusia y de 33,25 euros por tonelada en el de Ucrania.

(3)

El 20 de marzo de 2004 la Comisión, a través de la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea  (6), anunció el inicio de una reconsideración provisional parcial de las medidas vigentes («medidas») de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 y la letra c) del artículo 22 del Reglamento de base.

(4)

La reconsideración se inició, a iniciativa de la Comisión, con objeto de analizar si, como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 («ampliación»), y teniendo en cuenta el interés de la Comunidad, es necesario adaptar las medidas para evitar una repercusión repentina y excesivamente negativa para todas las partes interesadas, es decir, los usuarios, los distribuidores y los consumidores.

(5)

La apertura de la investigación se notificó a todas las partes interesadas, incluidos la industria de la Comunidad, las asociaciones de productores y usuarios de la Comunidad, los productores exportadores de los países considerados, los importadores y sus asociaciones, las autoridades correspondientes de los países afectados y las partes interesadas de los diez nuevos Estados miembros que se adhieren a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 («los 10 nuevos Estados miembros de la UE»), a quienes se dio la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista por escrito, presentar información y aportar pruebas dentro de los plazos fijados en el anuncio de inicio. Se concedió audiencia a todas las partes interesadas que lo solicitaron y demostraron que existían razones para ser oídas.

(6)

Tal como establece el Reglamento (CE) no 993/2004 del Consejo, la investigación concluyó que la adaptación de las medidas existentes redunda en interés de la Comunidad siempre y cuando no comprometa el nivel defensa comercial deseado.

(7)

La Comisión, con arreglo a las conclusiones del Reglamento (CE) no 993/2004 y de conformidad con el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento de base, sugirió unos compromisos a las empresas afectadas. Como consecuencia, i) un productor exportador del producto afectado de Ucrania (OJSC «Azot»), ii) un productor exportador de Rusia (CJSC MCC Eurochem en lo que respecta a las mercancías producidas en las instalaciones de JSC Nak Azot, Rusia) junto con su empresa vinculada (Cumberland Sound Ltd., Islas Vírgenes Británicas), iii) dos productores exportadores vinculados de Rusia (OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat» y JSC «Azot») y iv) dos productores exportadores vinculados conjuntamente (Joint Stock Company «Acron», Rusia, y Joint Stock Company «Dorogobuzh», Rusia) propusieron los correspondientes compromisos.

(8)

A partir de las observaciones de OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat» y de la información publicada en Internet, la Comisión ha sabido que JSC «Azot» y OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat» están relacionadas entre sí a través de Agrochemical Corporation «Azot», que posee bastante más del 5 % del capital de ambas empresas. Por tanto, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento de base y la definición de partes vinculadas establecida en el artículo 143 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, (7), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2286/2003 (8) considera que JSC «Azot» y OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat» son partes vinculadas. Cabe observar que, durante los primeros meses de 2004, se registraron unos aumentos anormales de los volúmenes de exportación de uno de esos productores exportadores, OAO «Kirovo – Chepetsky Chimkombinat», a los nuevos Estados miembros, mayores que los volúmenes de exportación tradicionales a dichos Estados de ambas empresas en conjunto. Por consiguiente, se rechazan las ofertas de compromiso presentadas por esos dos productores exportadores ya que el límite del compromiso para ambos en conjunto, calculado deduciendo, de los volúmenes de exportación tradicionales a los nuevos Estados miembros en 2001 y 2002, el incremento anormal de los volúmenes de exportación a los nuevos Estados miembros registrado los primeros meses de 2004, es negativo.

(9)

Debe observarse que, en aplicación de la letra c) del artículo 22 del Reglamento de base, los compromisos aceptados con arreglo a dicho Reglamento se consideran medidas especiales, ya que, de conformidad con las conclusiones del Reglamento (CE) no 993/2004, no son directamente equivalentes a un derecho antidumping.

(10)

No obstante, con arreglo al Reglamento (CE) no 993/2004, cada uno de los productores exportadores está obligado, en virtud de esos compromisos, a aplicar unos precios de importación mínimos dentro de unos límites de importación y, para que puedan controlarse los compromisos, los productores exportadores interesados han acordado asimismo ajustarse a sus modelos de venta tradicionales a los clientes individuales de los nuevos Estados miembros. Los productores exportadores son también conscientes de que, si se comprueba que los modelos de ventas cambian significativamente o, de algún modo, se hace difícil o imposible controlar los compromisos, la Comisión tiene derecho a retirar la aceptación del compromiso de la empresa, en cuyo lugar puede establecer derechos antidumping definitivos, ajustar el límite máximo o adoptar otras medidas correctoras.

(11)

Los compromisos están sujetos también a la condición de que, si se incumplen de uno u otro modo, la Comisión tiene derecho a retirar su aceptación y establecer en su lugar derechos antidumping definitivos.

(12)

Las empresas facilitarán también a la Comisión información periódica y detallada sobre sus exportaciones a la Comunidad, de tal manera que la Comisión pueda controlar eficazmente los compromisos.

(13)

Para que la Comisión pueda controlar eficazmente el cumplimiento de los compromisos por parte de las empresas, cuando se presente a la autoridad aduanera la solicitud de despacho a libre práctica de conformidad con un compromiso, la exención del derecho estará supeditada a la presentación de una factura en la que consten, como mínimo, los datos enumerados en el anexo del Reglamento (CE) no 993/2004. Esta información también es necesaria para que las autoridades aduaneras puedan determinar con la suficiente precisión si los envíos corresponden a los documentos comerciales. En caso de que no se presente dicha factura, o cuando ésta no corresponda al producto presentado en aduana, deberá abonarse el derecho antidumping correspondiente.

(14)

Teniendo en cuenta lo anterior, las ofertas de compromisos presentadas por OJSC «Azot», CJSC MCC Eurochem en lo que respecta a las mercancías producidas en las instalaciones de JSC Nak Azo,(Rusia), y Joint Stock Company «Acron» conjuntamente a Joint Stock Company «Dorogobuzh» se consideran aceptables.

(15)

La aceptación de los compromisos se limita a un período inicial de seis meses sin perjuicio de la duración normal de las medidas. No obstante, transcurridos seis meses desde la aceptación, la continuidad de ésta estará sujeta a una evaluación de la Comisión en la que se comprobará si se siguen dando las condiciones, excepcionales y negativas para los usuarios finales de los nuevos Estados miembros de la UE, que la motivaron. Ya que se trata de compromisos a corto plazo y que las circunstancias en que se aceptan son excepcionales, la Comisión, previa consulta al Comité consultivo, podrá adaptar alguno de sus términos si, transcurrido un plazo razonable, se comprueba que no se están logrando los resultados previstos de permitir que se mantengan los flujos tradicionales de exportación a los nuevos Estados miembros. No obstante, los términos adaptados de los compromisos deben seguir contribuyendo eficazmente a la desaparición del perjuicio.

(16)

Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales del caso y el riesgo inherente de incumplimiento de los compromisos debido a las diferencias de precios existentes entre la UE de los 15 y los nuevos Estados miembros y su carácter perentorio, se considera que existen razones suficientes para que determinadas importaciones del producto afectado se sometan a registro durante un período máximo de nueve meses, con arreglo al apartado 5 del artículo 14 del Reglamento de base.

(17)

Por tanto, se ordena a las autoridades aduaneras que adopten las medidas necesarias para registrar las importaciones en la Comunidad del producto afectado, originarias de Ucrania y Rusia y exportadas por las empresas que hayan ofrecido compromisos aceptables y estén acogidas a la exención de los derechos antidumping.

(18)

En caso de comprobarse un incumplimiento de los compromisos, se podrán percibir derechos por las mercancías despachadas a libre práctica en la Comunidad, con carácter retroactivo, a partir de la fecha del incumplimiento.

20.5.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 183/16

(1)

Mediante el Reglamento (CE) no 969/2000 (3), el Consejo modificó y amplió las medidas impuestas por el Reglamento (CE) no 3068/92 (4), modificado por los Reglamentos (CE) no 643/94 (5) y (CE) no 449/98 (6), referentes a las importaciones en la Comunidad de cloruro potásico (en adelante el «producto afectado») originarias de la República de Bielorrusia (Bielorrusia), la Federación de Rusia (Rusia) y Ucrania. Mediante el Reglamento (CE) no 992/2004 (7), modificó el Reglamento (CE) no 969/2000.

(2)

Las medidas consisten en derechos fijos, establecidos por categorías y grados de producto, comprendidos entre 19,51 y 48,19 euros por tonelada en el caso de Bielorrusia, 19,61 y 40,63 en el caso de Rusia y 19,61 y 48,19 en el caso de Ucrania.

(3)

El 20 de marzo de 2004 la Comisión, a través de la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea  (8), anunció el inicio de una reconsideración provisional parcial de las medidas vigentes (en adelante «medidas») de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 y la letra c) del artículo 22 del Reglamento de base.

(4)

La reconsideración se inició, a iniciativa de la Comisión, con objeto de analizar si, como consecuencia de la ampliación de la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 (en adelante «ampliación»), y teniendo en cuenta el interés de la Comunidad, es necesario adaptar las medidas para evitar una repercusión repentina y excesivamente negativa para todas las partes interesadas, es decir, los usuarios, los distribuidores y los consumidores.

(5)

La apertura de la investigación se notificó a todas las partes interesadas que se dieron a conocer a la Comisión, incluidos la industria de la Comunidad, las asociaciones de productores y usuarios de la Comunidad, los productores exportadores de los países considerados, los importadores y sus asociaciones, las autoridades correspondientes de los países afectados y las partes interesadas de los diez nuevos Estados miembros que se adhieren a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 (en adelante «los 10 nuevos Estados miembros de la UE»), a quienes se dio la oportunidad de dar a conocer sus puntos de vista por escrito, presentar información y aportar pruebas dentro de los plazos fijados en el anuncio de inicio. Se concedió audiencia a todas las partes interesadas que lo solicitaron y demostraron que existían razones para ser oídas.

(6)

Tal como establece el Reglamento (CE) no 992/2004, la investigación concluyó que la adaptación de las medidas existentes redunda en interés de la Comunidad siempre y cuando no comprometa el nivel defensa comercial deseado.

(7)

La Comisión, con arreglo a las conclusiones del Reglamento (CE) no 992/2004 y de conformidad con el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento de base, sugirió unos compromisos a las empresas afectadas. Como consecuencia, i) un productor exportador del producto afectado de Bielorrusia (Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali), junto con sus empresas vinculadas de Rusia (JSC International Potash Company), Austria (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H.) y Lituania (UAB Baltkalis), ii) un productor exportador de Rusia (JSC Silvinit), junto con sus empresas vinculadas de Rusia (JSC International Potash Company) y Austria (Belurs Handelsgesellschaft m.b.H) y un segundo productor exportador de Rusia (JSC Uralkali), junto con una empresa de Chipre (Fertexim Ltd), ofrecieron los correspondientes compromisos.

(8)

Debe observarse que, en aplicación de la letra c) del artículo 22 del Reglamento de base, estos compromisos se consideran medidas especiales, ya que, de conformidad con las conclusiones del Reglamento (CE) no 992/2004, no son directamente equivalentes a un derecho antidumping.

(9)

No obstante, con arreglo al Reglamento (CE) no 992/2004, cada uno de los productores exportadores está obligado, en virtud de esos compromisos, a aplicar unos precios de importación mínimos dentro de unos límites de importación y, para que puedan controlarse los compromisos, los productores exportadores interesados han acordado asimismo ajustarse a sus modelos de venta tradicionales a los clientes individuales de los nuevos Estados miembros. Los productores exportadores son también conscientes de que, si se comprueba que los modelos de ventas tradicionales cambian significativamente o, de algún modo, se hace difícil o imposible controlar los compromisos, la Comisión tiene derecho a retirar la aceptación del compromiso de la empresa, en cuyo lugar puede establecer derechos antidumping definitivos, ajustar el límite máximo o adoptar otras medidas correctoras.

(10)

Los compromisos están sujetos también a la condición de que, si se incumplen de uno u otro modo, la Comisión tiene derecho a retirar su aceptación y establecer en su lugar derechos antidumping definitivos.

(11)

Las empresas facilitarán también a la Comisión información periódica y detallada sobre sus exportaciones a la Comunidad, de tal manera que la Comisión pueda controlar eficazmente los compromisos.

(12)

Para que la Comisión pueda controlar eficazmente el cumplimiento de los compromisos por parte de las empresas, cuando se presente a la autoridad aduanera la solicitud de despacho a libre práctica de conformidad con un compromiso, la exención del derecho estará supeditada a la presentación de una factura en la que consten, como mínimo, los datos enumerados en el anexo del Reglamento (CE) no 992/2004. Esta información también es necesaria para que las autoridades aduaneras puedan determinar con la suficiente precisión si los envíos corresponden a los documentos comerciales. En caso de que no se presente dicha factura, o cuando ésta no corresponda al producto presentado en aduana, deberá abonarse el derecho antidumping correspondiente.

(13)

Teniendo en cuenta lo anterior, las ofertas de compromisos se consideran aceptables.

(14)

La aceptación de los compromisos se limita a un período inicial de doce meses sin perjuicio de la duración normal de las medidas. No obstante, transcurridos seis meses desde la aceptación, la continuidad de ésta estará sujeta a una evaluación de la Comisión en la que se comprobará si se siguen dando las condiciones, excepcionales y negativas para los usuarios finales de los nuevos Estados miembros de la UE, que la motivaron.

(15)

Teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales del caso y el riesgo inherente de incumplimiento de los compromisos debido a las diferencias de precios existentes entre la UE de los 15 y los nuevos Estados miembros y su carácter perentorio, se considera que existen razones suficientes para que determinadas importaciones del producto afectado se sometan a registro durante un período máximo de nueve meses, con arreglo al apartado 5 del artículo 14 del Reglamento de base.

(16)

Por tanto, se ordena a las autoridades aduaneras que adopten las medidas necesarias para registrar las importaciones en la Comunidad del producto afectado, originarias de Bielorrusia y Rusia y exportadas por las empresas que hayan ofrecido compromisos aceptables y estén acogidas a la exención de los derechos antidumping.

(17)

En caso de comprobarse un incumplimiento de los compromisos, se podrán percibir derechos por las mercancías despachadas a libre práctica en la Comunidad, con carácter retroactivo, a partir de la fecha del incumplimiento.

20.5.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 183/20

(1)

El Reglamento (CE) no 3223/94 establece, en aplicación de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los criterios para que la Comisión fije los valores a tanto alzado de importación de terceros países correspondientes a los productos y períodos que se precisan en su anexo.

(2)

En aplicación de los criterios antes indicados, los valores globales de importación deben fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento.

20.5.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 183/22

(1)

Los artículos 173 a 177 del Reglamento (CEE) no 2454/93 prevén los criterios para que la Comisión establezca valores unitarios periódicos para los productos designados según la clasificación recogida en el anexo 26 de dicho Reglamento.

(2)

La aplicación de las normas y criterios establecidos en los artículos mencionados más arriba a los elementos que se comunicaron a la Comisión de conformidad con las disposiciones del apartado 2 del artículo 173 del Reglamento (CEE) no 2454/93 conduce a establecer, para los productos considerados, los valores unitarios tal como se indica en el anexo del presente Reglamento.

20.5.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 183/28

(1)

La avena es uno de los productos cubiertos por la organización común de mercados en el sector de los cereales. Sin embargo, no está incluida en los cereales básicos contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 1766/92 que pueden ser objeto de una compra de intervención.

(2)

La avena es una producción importante y tradicional en Finlandia y en Suecia, bien adaptada a las condiciones climáticas reinantes. La producción es muy superior a las necesidades de ambos países, de manera que se han visto obligados a comercializar los excedentes en terceros países. La adhesión a la Comunidad no ha modificado en absoluto la situación existente anteriormente.

(3)

La posible reducción del cultivo de avena en Finlandia y en Suecia redundaría en beneficio de otros cereales como la cebada que pueden acogerse al régimen de intervención. La situación de la cebada se caracteriza por un exceso de producción tanto en estos dos países como en el resto de la Comunidad. La única consecuencia de sustitución del cultivo de la avena por el de la cebada sería un aumento de los excedentes. Por lo tanto, parece indicado garantizar que se pueda seguir exportando la avena a terceros países.

(4)

La avena puede ser objeto de la restitución contemplada en el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92. Por su situación geográfica, Finlandia y Suecia se encuentran en una posición desfavorable para la exportación con respecto a otros Estados miembros. La fijación de una restitución en virtud de dicho artículo 13 beneficia en primer lugar a las exportaciones efectuadas desde esos otros Estados miembros. Por consiguiente, cabe prever que la producción de avena vaya siendo sustituida en Finlandia y Suecia por la de cebada. Por lo tanto, es previsible que, durante las próximas campañas, se entreguen a la intervención en Finlandia y en Suecia, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CEE) no 1766/92, importantes cantidades de cebada cuya única salida posible será la exportación hacia terceros países. Las exportaciones efectuadas a partir de existencias de intervención resultan más costosas para el presupuesto comunitario que las exportaciones directas.

(5)

Una medida especial de intervención en el sentido del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 1766/92 permite evitar esos costes suplementarios. Esta intervención puede plasmarse en forma de medida destinada a aliviar el mercado de la avena en Finlandia y en Suecia. La medida más apropiada en este contexto es la concesión de una restitución basada en una licitación, aplicable exclusivamente a la avena producida en dichos países y exportada a partir de ellos.

(6)

Habida cuenta del carácter y los objetivos de dicha medida, resulta apropiada la aplicación, mutatis mutandis, del artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1766/92, así como de los Reglamentos adoptados en aplicación de este último, especialmente el Reglamento (CE) no 1501/95 de la Comisión, de 29 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 1766/92 del Consejo en lo que respecta a la concesión de las restituciones por exportación y las medidas que deben adoptarse en caso de perturbación en el sector de los cereales (2).

(7)

El Reglamento (CE) no 1501/95 establece, entre los compromisos del adjudicatario, la obligación de presentar una solicitud de certificado de exportación y de depositar una garantía. Resulta necesario fijar el importe de la misma.

(8)

Los cereales en cuestión deben exportarse realmente a partir del Estado miembro para el que se haya aplicado la medida especial de intervención. Por consiguiente, es necesario limitar la utilización de los certificados de exportación, por un lado, a las exportaciones a partir del Estado miembro en el que se ha solicitado el certificado y, por otro, a la avena producida en Finlandia y en Suecia.

(9)

Para garantizar un trato igual a todos los interesados, es necesario establecer que el período de validez de los certificados expedidos sea idéntico.

(10)

El correcto desarrollo de un procedimiento de licitación para exportación implica establecer una cantidad mínima, así como el plazo y la norma de transmisión de las ofertas presentadas ante los servicios competentes.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los cereales.

a)

se refieren como mínimo a 1 000 toneladas;

b)

van acompañadas de un compromiso por escrito del licitador en el que se garantice que se refieren exclusivamente a avena producida en Finlandia y en Suecia y que será exportada a partir de dichos países.

—

Asetus (EY) N:o …/2004 – Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,

—

Förordning (EG) nr …/2004 – Licensen giltig endast i Finland och Sverige.

20.5.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 183/31

20.5.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 183/32

(1)

Los derechos de importación en el sector del arroz han sido fijados por el Reglamento (CE) no 963/2004 de la Comisión (3).

(2)

El apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1503/96 establece que si, durante su período de aplicación, la media de los derechos de importación calculada se desvía en 10 EUR/tonelada del derecho fijado, se procederá al ajuste correspondiente. Dicho desvío se ha producido y, por lo tanto, es preciso proceder al ajuste de los derechos de importación fijados en el Reglamento (CE) no 963/2004.

20.5.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 183/35

(1)

El 21 de agosto de 2003, la Comisión comunicó mediante un anuncio («anuncio de inicio») publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea  (3) el inicio de un procedimiento antisubvenciones relativo a las importaciones en la Comunidad de determinados sistemas de electrodos de grafito originarios de la India.

(2)

El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada en julio de 2003 por la «European Carbon and Graphite Association (ECGA)» en nombre de productores que representan un porcentaje elevado, en este caso más del 50 %, de la producción comunitaria total de determinados sistemas de electrodos de grafito. La denuncia contenía pruebas de la existencia de subvención en relación con dicho producto y del consiguiente perjuicio importante. Estas pruebas se consideraron suficientes para justificar el inicio de un procedimiento antisubvención.

(3)

Antes del inicio del procedimiento, y de conformidad con el apartado 9 del artículo 10 del Reglamento de base, la Comisión notificó al Gobierno de la India que había recibido una denuncia correctamente documentada donde se alegaba que las importaciones subvencionadas de sistemas de electrodos de grafito originarias de la India estaban causando un perjuicio importante a la industria de la Comunidad. Se invitó al Gobierno de la India a celebrar consultas con el fin de aclarar el contenido de la denuncia y de llegar a una solución mutuamente acordada. Aunque que el Gobierno de la India no cursó ninguna petición de consultas, se tomó debida nota de las observaciones por escrito formuladas por el Gobierno de la India sobre las alegaciones contenidas en la denuncia respecto de las importaciones subvencionadas y del importante perjuicio material sufrido por la industria de la Comunidad.

(4)

En la misma fecha se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea  (4) el inicio de un procedimiento antidumping paralelo referente a las importaciones del mismo producto originario de la India.

(5)

La Comisión comunicó oficialmente el inicio del procedimiento al denunciante y a los otros productores comunitarios conocidos, productores exportadores, importadores, usuarios y proveedores que sabía afectados. Se dio a las partes directamente afectadas la oportunidad de dar a conocer sus observaciones por escrito y de solicitar una audiencia en el plazo establecido en el anuncio de inicio.

(6)

Presentaron sus observaciones por escrito los dos productores exportadores de la India y el Gobierno de la India, así como productores, usuarios e importadores/operadores comerciales comunitarios. Se concedió la oportunidad de ser oídas a todas las partes que así lo solicitaron en el plazo anteriormente mencionado e indicaron la existencia de razones particulares por las que debía concedérseles una audiencia.

(7)

Habida cuenta del gran número de importadores independientes en la Comunidad, se consideró apropiado examinar si procedía recurrir a un muestreo de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de base. Conforme al apartado 2 de dicho artículo, al objeto de poder decidir si el muestreo era efectivamente necesario y, en tal caso, seleccionar una muestra, la Comisión invitó a todos los importadores independientes a darse a conocer en el plazo de 15 días a partir del inicio del procedimiento y a proporcionarle la información solicitada en el anuncio de inicio, para el período comprendido entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2003. Sólo dos importadores independientes aceptaron ser incluidos en la muestra y proporcionaron la información básica solicitada dentro del plazo establecido. Por consiguiente, el muestreo no se consideró necesario en el presente procedimiento.

(8)

La Comisión envió cuestionarios a todas las partes que sabía interesadas, a los dos importadores independientes antes mencionados y a las demás empresas que se dieron a conocer en los plazos indicados en el anuncio de inicio, así como al Gobierno de la India.

(9)

Se recibió respuesta de dos productores exportadores indios, de los dos productores comunitarios denunciantes, de ocho empresas usuarias y de los dos importadores independientes antes mencionados. Además, presentaron observaciones por escrito una empresa usuaria, que aportó información cuantitativa, y dos asociaciones de usuarios.

(10)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para la determinación preliminar de la subvención, del perjuicio resultante y del interés comunitario. Se llevaron a cabo inspecciones en los locales de las siguientes empresas:

(11)

La investigación sobre las subvenciones y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2003 (el «período de investigación»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio cubrió desde 1999 hasta el final del período de investigación (el «período considerado»).

(12)

El producto afectado está constituido por electrodos de grafito y/o los soportes utilizados para tales electrodos, importados juntos o por separado. Un electrodo de grafito es una barra de grafito obtenida por moldeado cerámico o extrusión. Los dos extremos de este cilindro se mecanizan para formar un estrecho «casquillo» roscado que permite empalmar dos o más electrodos y así formar una columna. Para juntar dos electrodos se utiliza un elemento de empalme o «conector», también de grafito. El electrodo de grafito y el conector generalmente se suministran ensamblados como «sistema de electrodos de grafito».

(13)

Los electrodos de grafito y sus conectores se fabrican a base de coque de petróleo (subproducto de la industria petrolera) y brea de alquitrán de hulla. El proceso de fabricación comprende seis pasos, a saber, formado, horneado, impregnación, segunda cocción, grafitización y mecanizado. Durante la fase de grafitización el producto se calienta eléctricamente por encima de 3 000oC y se transforma físicamente en grafito, forma cristalina del carbono: un material único de baja conductividad eléctrica pero de alta conductividad térmica, de gran resistencia y rendimiento a temperaturas elevadas, que lo hace apto para la utilización en hornos de arco eléctrico. La fabricación de un sistema de electrodos de grafito requiere unos dos meses. No hay productos que sustituyan los sistemas de electrodos de grafito.

(14)

Las acerías utilizan los sistemas de electrodos grafito en hornos de arco eléctrico («miniacerías») como conductores de corriente para producir acero a partir de chatarra reciclada. En la presente investigación se examinan únicamente los electrodos de grafito y correspondientes conectores con una densidad aparente igual o superior a 1,65 g/cm3 y una resistencia eléctrica igual o inferior a 6,0 μΩ.m. Los sistemas de electrodos de grafito que satisfacen estos parámetros técnicos tienen capacidad para permitir el paso de una enorme corriente eléctrica.

(15)

Un exportador indio declaró que, en algunos casos, ha fabricado el producto afectado sin utilizar coque de tipo aguja, un coque de petróleo de calidad superior que, según esta empresa, los denunciantes consideraban imprescindible para producir el producto según las especificaciones mencionadas en los considerandos 11 a 14. Este exportador alegó que por este motivo debían excluirse del ámbito de la investigación los electrodos de grafito, así como los conectores utilizados para estos electrodos, fabricados sin coque de tipo aguja. Es cierto que pueden utilizarse diversas calidades de coque de petróleo para fabricar sistemas de electrodos de grafito. Sin embargo, la definición de producto se determina por las características físicas y técnicas básicas del producto acabado y de sus usos finales, con independencia de las materias primas utilizadas. Si los electrodos y los conectores de grafito utilizados para estos electrodos originarios de la India e importados en la Comunidad resuelven las características físicas y técnicas básicas según lo descrito en la definición de producto, se consideran producto afectado. Por consiguiente, se desestimó esta alegación.

(16)

Se constató que el producto exportado de la India a la Comunidad, el producto fabricado y vendido en el mercado interior de la India y el fabricado y vendido en la Comunidad por los productores comunitarios tenían básicamente las mismas características físicas y químicas, así como las mismas aplicaciones, por lo que se consideran productos similares a efectos del apartado 5 del artículo 1 del Reglamento de base.

(17)

Sobre la base de la información contenida en la denuncia y de las respuestas al cuestionario de la Comisión, esta última investigó los cinco regímenes siguientes que presuntamente implican la concesión de subvenciones a la exportación por parte del Gobierno de la India:

(18)

Los regímenes i), ii), iii) y iv) tienen su fundamento jurídico en la Ley de Comercio Exterior (Desarrollo y Reglamento) de 1992 (no 22 de 1992), que entró en vigor el 7 de agosto de 1992. La Ley de Comercio Exterior (Foreign Trade Act) autoriza al Gobierno de la India a expedir notificaciones sobre la política de exportaciones e importaciones, resumidas en los documentos «Política de exportaciones e importaciones», publicados por el Ministerio de Comercio cada cinco años y actualizados periódicamente. El documento sobre la política de exportaciones e importaciones correspondiente al período de investigación del presente asunto es el plan quinquenal para el período comprendido entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2007. Además, el Gobierno de la India también expone los procedimientos que rigen el comercio exterior del país en el «Manual de procedimientos, 1 de abril de 2002 a 31 de marzo de 2007 (volumen 1)», asimismo objeto de actualización regular.

(19)

En la Política de exportaciones e importaciones que abarca el período comprendido entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2007 se indica claramente que las licencias, los certificados o permisos expedidos con anterioridad al comienzo de dicha Política continuarán siendo válidos para los fines para los cuales dichas licencias, certificados o permisos fueron expedidos, a no ser que se estipule lo contrario.

(20)

En lo sucesivo, las referencias al fundamento jurídico para los regímenes investigados i) a v) mencionados más arriba se hacen en relación con la Política de exportaciones e importaciones que abarca el período comprendido entre el 1 de abril de 2002 y el 31 de marzo de 2007 y el Manual de procedimientos, 1 de abril de 2002 a 31 de marzo de 2007 (volumen 1).

(21)

El arriba mencionado sistema de exención fiscal (v) se basa en la Ley de impuestos sobre la renta (Income Tax Act) de 1961 que se modifica anualmente mediante la Ley sobre finanzas (Finance Act).

(22)

La letra b) del apartado 5 del artículo 14 del Reglamento de base dispone que el 3 % de umbral mínimo de subvención aplicable a las importaciones procedentes de determinados países en vías de desarrollo [es decir, países en vías de desarrollo que son miembros de la OMC y citados en el anexo VII del Acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias (ASMC)], así como de países en vías de desarrollo miembros de la OMC que hayan eliminado completamente las subvenciones a la exportación, expirará ocho años después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo OMC. Dado que dicho Acuerdo entró en vigor sobre 1 de enero de 1995, este umbral de subvención ya no es aplicable. El umbral mínimo actualmente aplicable a las importaciones procedentes de todos los países en vías de desarrollo es del 2 % según lo dispuesto en la letra a) del apartado 5 del artículo 14 del Reglamento de base. Paralelamente a la aplicación del umbral mínimo del 3 % que era aplicable a los países citados en el anexo VII del ASMC, la práctica comunitaria había sido la de aplicar a los dichos países un umbral mínimo del 0,3 % por cada régimen individual de subvención. Como el umbral mínimo específico que se había aplicado a los países citados en el anexo VII del ASMC ya no es aplicable, se considera que tampoco procede seguir aplicando el umbral para los regímenes individuales.

(23)

El sistema de cartilla de derechos entró en vigor el 1 de abril de 1997 mediante la notificación aduanera 34/97. Los puntos 4.3.1 a 4.3.4 de la Política de exportaciones e importaciones y los puntos 4.37 a 4.53 del Manual de procedimientos contienen una descripción detallada de este sistema. Es el sucesor del «Passbook Scheme» que llegó a su término el 31 de marzo de 1997. Desde el principio existieron dos tipos de sistemas de cartilla de derechos: el anterior a la exportación y el posterior a la exportación.

(24)

El Gobierno de la India afirmó que el sistema anterior a la exportación se había abolido el 1 de abril de 2000, por lo que no es pertinente para el período de investigación. Se constató que ninguna de las empresas obtuvo beneficios con el sistema anterior a la exportación, por lo que no es necesario establecer la sujeción a medidas compensatorias del sistema de cartilla de derechos anterior a la exportación. Así pues, el siguiente análisis de este régimen se basa únicamente en el DEPB posterior a la exportación.

(25)

El sistema de cartilla de derechos posterior a la exportación está abierto a los exportadores fabricantes o comerciantes exportadores (es decir, los operadores comerciales).

(26)

En este régimen, cualquier exportador que cumpla los criterios de concesión puede solicitar créditos que se calculan como un porcentaje del valor de los productos acabados exportados. Las autoridades indias han fijado porcentajes con arreglo a este sistema para la mayoría de los productos, incluido el producto afectado, sobre la base de las normas SION (Standard Input-Output Norms). A la recepción de la solicitud se expide automáticamente un permiso donde se especifica el montante del crédito concedido.

(27)

El DEPB posterior a la exportación permite utilizar dichos créditos para compensar los derechos de aduana aplicables sobre cualquier importación posterior, excepto si se trata de mercancías cuya importación está restringida o prohibida. Las mercancías que se importan utilizando tales créditos se pueden vender en el mercado interior (sometidas al impuesto sobre ventas) o utilizar de otro modo.

(28)

Los permisos del sistema de cartilla de derechos son libremente transferibles, por lo que se venden con frecuencia. El permiso DEPB, que está sujeto a gastos de expediente iguales al 0,5 % del crédito recibido, tiene una validez de 12 meses a partir de la fecha de su concesión. Por consiguiente, los permisos expedidos durante el período de dos años del 1 de abril de 2001 al 31 de marzo de 2003 estuvieron disponibles durante el período de investigación para su venta o utilización al efecto de compensar los derechos de importación.

(29)

Antes del período de investigación (hasta el 31 de marzo de 2002), la presentación de un permiso DEPB permitía la compensación del arancel normal hasta el valor nominal del permiso. Además, el permiso DEPB también permitía la exención de otro derecho, el derecho especial adicional («DEA»). El DEA está fijado en un 4 % ad valorem del valor en aduana, derechos de aduana incluidos, de la mayor parte de las mercancías importadas en la India, entre las que también figura el producto afectado. Aunque la exención del DEA en este régimen estaba supeditada a la presentación de un permiso DEPB, el importe del DEA ahorrado no se deducía del importe de crédito otorgado en el permiso. Así pues, en el régimen DEPB se otorgaba un beneficio adicional, superior al valor nominal del permiso DEPB.

(30)

Desde el inicio del período de investigación (1 de abril de 2002), el Gobierno de la India suprimió la exención del DEA en el régimen DEPB. Por lo tanto, durante el período de investigación toda compensación del DEA se deducía directamente del crédito en el permiso DEPB presentado por el importador. Para tener en cuenta este cambio en el régimen y compensar de hecho a los exportadores por los beneficios disponibles anteriormente a través de la exención del DEA, a partir del 1 de abril de 2002 el Gobierno de la India aumentó los porcentajes DEPB mediante una modificación en las normas SION correspondientes al producto afectado. El Gobierno de la India también emitió, previa solicitud, créditos suplementarios para los permisos expedidos antes del 1 de abril de 2002 al objeto de nivelar el crédito concedido con el porcentaje DEPB revisado.

(31)

Cuando una empresa exporta mercancías, se le concede un crédito que puede utilizar para compensar los derechos de aduana pagaderos sobre las importaciones futuras de mercancías diversas, o que simplemente puede vender en el mercado abierto.

(32)

El importe de dicho crédito se calcula automáticamente utilizando los porcentajes SION, con independencia de que los insumos hayan sido importados, se hayan pagado derechos por ellos o se hayan utilizado realmente para la fabricar los productos exportados y en qué cantidades. En efecto, una empresa puede solicitar un permiso sobre la base de sus exportaciones pasadas, con independencia de si efectúa importaciones o adquiere mercancías a través de otras fuentes. Los créditos DEPB se consideran una contribución financiera, puesto que son una subvención. Implican una transferencia directa de fondos, ya que se pueden vender y convertir en efectivo o utilizar para compensar los derechos de importación, haciendo así que el Gobierno de la India renuncie a ingresos que, en circunstancias normales, debería percibir.

(33)

En este contexto, el inciso ii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento de base prevé una exención para, entre otros, los sistemas de devolución y devolución en caso de sustitución que se ajustan a las estrictas normas establecidas en la letra i) del anexo I, en el anexo II (definición y normas para la devolución) y en el anexo III (definición y normas para la devolución en caso de sustitución).

(34)

En este caso concreto, el exportador no tiene obligación alguna de utilizar realmente en el proceso de fabricación las mercancías importadas libres de derechos, y el montante del crédito no se calcula en función de los insumos efectivamente utilizados.

(35)

Por otra parte, no existe ningún sistema o procedimiento que permita verificar qué insumos se utilizan en el proceso de fabricación del producto exportado o si se ha producido un pago excesivo de los derechos de importación en el sentido de lo dispuesto en la letra i) del anexo I y en los anexos II y III del Reglamento de base.

(36)

Por último, los productores exportadores pueden beneficiarse del sistema de cartilla de derechos independientemente de si importan o no insumos. Para obtener el beneficio, basta simplemente con que un exportador exporte mercancías, sin necesidad de demostrar que había importado insumos. Así, incluso los exportadores que adquieren todos sus insumos en el mercado interior y no importan mercancías que puedan utilizarse como tales, pueden también beneficiarse de las ventajas otorgadas por este régimen. Por lo tanto, el sistema de cartilla de derechos posterior a la exportación no cumple los criterios establecidos en los anexos I a II del Reglamento de base.

(37)

En ausencia de i) la obligación de que los insumos importados se utilicen en el proceso de fabricación y ii) un sistema de verificación como el que exige el anexo II del Reglamento de base, el sistema de cartilla de derechos posterior a la exportación no puede considerarse un sistema admisible de devolución o de devolución en casos de sustitución (anexo III) de conformidad con el inciso ii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento de base.

(38)

Puesto que no se aplica la excepción a la definición de subvención para los sistemas de devolución y devolución en casos de sustitución mencionados en el considerando 33, no se plantea el problema de remisión excesiva, y el beneficio sujeto a medidas compensatorias es la remisión del importe total de los derechos de importación normalmente adeudados sobre todas las importaciones.

(39)

Por lo tanto, puesto que la contribución financiera del Gobierno de la India confiere un beneficio al titular del DEPB y puesto que se pierden los ingresos públicos que de otro modo serían pagaderos, este régimen constituye una subvención. Es una subvención supeditada por ley a la cuantía de las exportaciones con arreglo a la letra a) del apartado 4 del artículo 3 del Reglamento de base porque, como se ha explicado antes, sólo puede obtenerse en caso de exportación. Se considera por lo tanto específica y por ello sujeto a derechos compensatorios.

(40)

El beneficio obtenido por las empresas se calculó sobre el montante del crédito concedido en los permisos que habían sido utilizados o transferidos (vendidos) durante el período de investigación. Para determinar con la mayor exactitud posible el importe de los ingresos no percibidos, es necesario establecer una distinción entre los permisos expedidos y utilizados durante el período de investigación, los permisos expedidos y utilizados antes del período de investigación, y los permisos expedidos antes del período de investigación y transferidos durante éste.

(41)

En los casos en que un permiso DEPB fue expedido y utilizado por el productor exportador cooperante durante el período de investigación para importar mercancías sin pagar los derechos aplicables (incluido el DEA), el beneficio se calculó sobre el total de aranceles condonados, deducidos del saldo acreedor en el permiso DEPB correspondiente.

(42)

En los casos en que el permiso DEPB fue expedido y transferido (vendido) durante el período de investigación, el beneficio se calculó sobre la base del importe del crédito concedido en el permiso (valor nominal), independientemente del precio de venta del permiso, puesto que la venta de un permiso es una decisión puramente comercial que no altera el importe del beneficio (equivalente a la transferencia de fondos del Gobierno de la India) otorgado en el régimen.

(43)

En los casos en que el permiso DEPB fue emitido antes del período de investigación y utilizado durante éste por el productor exportador cooperante para importar mercancías sin pagar los derechos aplicables, el beneficio se calculó sobre la base de aranceles totales condonados (incluido el DEA), deducidos del saldo acreedor en el permiso DEPB correspondiente. Para determinar el importe de los ingresos condonados por el Gobierno de la India también se tuvieron en cuenta los permisos suplementarios expedidos para los créditos DEPB incrementados, según lo antes expuesto, en la medida en que se habían utilizado para compensar los derechos.

(44)

En los casos en que el permiso DEPB fue expedido y transferido (vendido) durante el período de investigación, se constató que estos permisos se vendieron por un precio superior a su valor nominal. Esta prima se explica por la exención adicional del DEA a que dan derecho estos permisos, según lo explicado más arriba. Sin conocer los productos importados por los compradores de estos permisos no es posible determinar el importe total de los ingresos condonados por el Gobierno de la India. Sin embargo, en un cálculo conservador, esta cantidad debe de haber sido al menos equivalente al precio de venta del permiso, puesto que no tendría ningún sentido económico vender el permiso a un precio superior a su valor real. Así pues, el beneficio se calculó sobre el precio de venta del permiso.

(45)

Tal como se indica en el considerando 26, la ventaja conferida en el régimen DEPB reside en el valor de los productos acabados exportados y no se concede por referencia a las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas. Por consiguiente, el importe de la subvención se asignó sobre el volumen de negocios total realizado durante el período de investigación, conforme al apartado 2 del artículo 7 del Reglamento de base. Para calcular el beneficio obtenido, se dedujeron los gastos necesariamente afrontados para acceder a la subvención, conforme a la letra a) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento de base.

(46)

Las empresas pidieron que a la hora de calcular el beneficio conferido por este régimen se dedujeran los gastos contraídos para pagar a agentes especializados, comisiones de ventas y otros gastos diversos. A este respecto, procede observar que la utilización de terceros para comprar y vender permisos es una decisión puramente comercial que no altera el importe del crédito concedido en los permisos. En cualquier caso, la letra a) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento de base sólo prevé la deducción de gastos que se hayan tenido que afrontar necesariamente para tener derecho a la subvención. Puesto que los costes arriba mencionados no son necesarios para estar acceder a la subvención, se desestimaron estas las demandas.

(47)

Las empresas también afirmaron que los beneficios derivados de sus permisos DEPB generaron renta adicional, incrementando así su deuda tributaria global, especialmente el impuesto sobre la renta de las sociedades. Solicitaron, por tanto, que los beneficios que les habían sido conferidos por este sistema se redujesen a pro rata del montante del impuesto sobre la renta que efectivamente pagadero.

(48)

La utilización que una empresa decida dar al beneficio obtenido en un régimen subvenciones, en este caso usar los permisos para compensar aranceles o vender los permisos, incide de manera diferente en la situación tributaria de la empresa. No incumbe a la autoridad de investigación examinar el posible efecto que tal beneficio pueda tener en la situación impositiva de esa empresa. Por lo tanto, se desestimó la solicitud.

(49)

Las dos empresas que cooperaron se beneficiaron de este régimen durante el período de investigación y obtuvieron subvenciones comprendidas entre el 14,5 % y el 20,4 %.

(50)

El régimen EPCG se comunicó el 1 de abril de 1992. Durante el período de investigación el régimen estaba regulado por las Notificaciones de la Dirección de Aduanas no 28/97 y 29/97, que entraron en vigor el 1 de abril de 1997. Los detalles de estos regímenes se encuentran en el capítulo 5 de la «Política de exportaciones e importaciones» de 2002/2007 y en el capítulo 5 del correspondiente Manual de procedimientos.

(51)

Pueden acogerse a esta modalidad del DEPB los productores exportadores (es decir, todo fabricante indio que exporte) o los exportadores comerciantes (es decir, operadores comerciales) vinculados a fabricantes que les apoyan.

(52)

Para poder beneficiarse del sistema, las empresas deben facilitar a las autoridades pertinentes detalles del tipo y valor de los bienes de capital que van a importar. Dependiendo del nivel de compromiso de exportación que la empresa esté dispuesta a suscribir, se le permitirá importar bienes de capital a un tipo nulo o a un tipo reducido. Para satisfacer la obligación de exportación, los bienes de capital importados deben utilizarse para fabricar mercancías destinadas a la exportación. Previa solicitud del exportador, se expide un permiso autorizando la importación a tipos preferentes. Para obtener el permiso hay que pagar gastos de expediente.

(53)

El titular del permiso ECPG puede también obtener dichos bienes de capital en el mercado nacional. En tal caso, el fabricante nacional de bienes de capital puede aprovechar el beneficio para la importación, libre de derechos, de componentes necesarios para la fabricación de tales bienes de capital. Alternativamente, el fabricante nacional puede solicitar el beneficio vinculado a la exportación prevista para el suministro de bienes de capital a un titular de un permiso EPCG.

(54)

Para poder optar al sistema EPCG existe una obligación de exportación. Dicha obligación deberá satisfacerse mediante la exportación de mercancías manufacturadas o producidas, y el valor de tales exportaciones debe superar el nivel medio de exportaciones del mismo producto realizadas por la empresa en los tres años anteriores a la obtención del permiso.

(55)

Recientemente se han modificado las condiciones del régimen sobre el cálculo de la obligación de exportación. Según las nuevas normas, las empresas dispondrán de ocho años para satisfacer la obligación de exportación (el valor de las exportaciones debe superar por lo menos seis veces el valor de la exención total de derechos para los bienes de capital importados). Sin embargo, este cambio no altera de manera fundamental el funcionamiento del régimen.

(56)

El pago, por un exportador, de un tipo reducido o nulo constituye una contribución financiera del Gobierno de la India, que condona unos ingresos que de otro modo debería percibir, y confiere a dicho exportador un beneficio al reducir los derechos normalmente pagaderos. Para obtener el permiso es necesario un compromiso de exportación de mercancías. Puesto que el régimen EPCG es una subvención supeditada por ley a la cuantía de las exportaciones a efectos de la letra a) del apartado 4 del artículo 3 del Reglamento de base, se considera específica y, por tanto, sujeta a medidas compensatorias.

(57)

El beneficio para las empresas se ha calculado sobre la base del importe de los derechos de aduana impagados sobre los bienes de capital importados durante un período correspondiente al de amortización normal de dichos capitales en la industria del producto afectado, conforme al apartado 3 del artículo 7 del Reglamento de base. Según la práctica establecida, el importe del beneficio atribuible al período de investigación se ha ajustado añadiendo intereses durante el período de investigación para reflejar el valor del beneficio a lo largo del tiempo y de este modo establecer la totalidad del beneficio de este régimen para el beneficiario. Dada la naturaleza de esta subvención, que equivale a una donación única, se consideró apropiado el tipo de interés comercial aplicado específicamente a la empresa durante el período de investigación. Como se indica en el considerando 54, el beneficio conferido en el contexto del régimen EPCG depende del valor añadido a los productos acabados exportados y no se concede en función de las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas. Por consiguiente, el importe de la subvención se ha repartido entre el volumen de negocios total durante el período de investigación, de conformidad con el apartado 2 del artículo 7 del Reglamento de base.

(58)

Los dos exportadores que cooperaron se beneficiaron del régimen EPCG durante el período de investigación y obtuvieron subvenciones comprendidos entre el 0,1 % y el 0,3 %.

(59)

El ALS lleva funcionando desde 1977-78. El régimen se especifica en los apartados 4.1.1. a 4.1.7 de la Política de exportaciones e importaciones y en partes del capítulo 4 del Manual de procedimientos.

(60)

Pueden optar a licencias previas los exportadores, los exportadores-fabricantes o comerciantes exportadores vinculados a uno o varios fabricantes que les apoyen para la importación en franquicia aduanera de insumos utilizados en la producción de bienes destinados a la exportación.

(61)

El volumen de las importaciones que se pueden beneficiar de este sistema se determina como porcentaje del volumen de los productos acabados exportados. Las licencias previas determinan las unidades de importaciones autorizadas tanto en términos de cantidades como en términos de valor. En ambos casos, los tipos utilizados para determinar las adquisiciones libres de derechos permitidas se calculan para la mayor parte de los productos, incluido el producto en cuestión, sobre la base de las normas SION. Los insumos especificados en las licencias previas son artículos utilizados en la fabricación del producto final exportado correspondiente.

(62)

Pueden expedirse licencias previas para:

(63)

Se determinó en la inspección que solamente un fabricante exportador había utilizado una licencia previa del tipo incluido en la categoría i) (exportaciones físicas) durante el período de investigación. En consecuencia, en la presente investigación no procede comprobar la sujeción a medidas compensatorias de las categorías ii), iii) y iv) del sistema de licencias previas.

(64)

Solamente se conceden licencias a las empresas exportadoras, las cuales pueden utilizarlas para compensar importes de derechos de aduana adeudados por importaciones. En este respecto, el sistema está supeditado a la cuantía de las exportaciones.

(65)

Como se indica más arriba, se comprobó que una empresa investigada había utilizado el sistema de licencias previas para «exportaciones físicas» durante el período de investigación. Dicha empresa recurrió al sistema para la importación de insumos libres de derechos destinados a mercancías de exportación.

(66)

El Gobierno de la India alegó que el sistema de licencias previas se basa en cantidades, y que los insumos que pueden beneficiarse de estas licencias están relacionados con las cantidades exportadas. También se alegó que cualesquiera sean los insumos importados al amparo del sistema de licencias previas, esos mismos insumos deben ser utilizados en la fabricación de los productos exportados o para reponer las existencias de insumos utilizados en los productos ya exportados. Según el Gobierno de la India, los insumos importados deben ser utilizados por el exportador y no se permite su venta ni su transferencia.

(67)

Sin embargo, se observó que no existía sistema o procedimiento alguno para confirmar si se consumían insumos, y cuáles, en el proceso de fabricación de las mercancías exportadas. El sistema solamente muestra que las mercancías importadas libres de derechos se han utilizado en el proceso de fabricación, sin hacer una distinción entre el destino de las mercancías (mercado nacional o de exportación).

(68)

El inciso ii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento de base prevé una exención para, entre otros, los regímenes de devolución y devolución en caso de sustitución que se ajustan a las estrictas normas establecidas en la letra i) del anexo I, en el anexo II (definición y normas para la devolución) y en el anexo III (definición y normas para la devolución en caso de sustitución) del Reglamento de base.

(69)

A falta de un sistema o procedimiento que permita verificar qué insumos se utilizan en el proceso de fabricación del producto exportado o si se ha producido un pago excesivo de los derechos de importación en el sentido de lo dispuesto en la letra i) del anexo I y en los anexos II y III del Reglamento de base, el ALS no puede considerarse un régimen admisible de devolución y devolución en caso de sustitución conforme al inciso ii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento de base.

(70)

Puesto que no se aplica la exención a la definición de subvención para los sistemas de devolución y devolución en casos de sustitución mencionada en el considerando 68, no se plantea el problema de remisión excesiva, y el beneficio sujeto a medidas compensatorias es la remisión del importe total de los derechos de importación normalmente adeudados sobre todas las importaciones.

(71)

El beneficio obtenido por la empresa se calculó sobre la base del montante del crédito concedido en los permisos que se habían utilizado o transferido durante el período de investigación. Como se expone en el considerando 61, el beneficio en el régimen ALS se basa tanto en la cantidad como en el valor de los productos acabados exportados. Por lo tanto, el importe de subvención se calculó asignando el volumen de negocios sobre el total de las exportaciones efectuadas durante el período de investigación, conforme al apartado 2 del artículo 7 del Reglamento de base. Para calcular el beneficio, se dedujeron los gastos necesariamente afrontados para poder acceder a la subvención, de conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 7 del Reglamento de base. La subvención así calculada fue del 0,2 %.

(72)

Se verificó que ni el productor exportador estaban situados en una EPZ o en una EOU. Por consiguiente, no se consideró necesario efectuar ningún análisis adicional de este régimen a efectos de presente investigación.

(73)

La Ley del Impuesto sobre la Renta de 1961 constituye el fundamento jurídico de este sistema. Esta Ley, modificada anualmente por la Ley de Finanzas, establece la base para la percepción de impuestos, así como las distintas exenciones y deducciones que pueden solicitarse. Entre las exenciones que pueden solicitar las empresas se encuentran las contempladas en las secciones 10A, 10B y 80HHC de la citada Ley, que conceden una exención fiscal sobre los beneficios de las ventas de exportación.

(74)

El Gobierno de la India declaró probó que la exención fiscal se abolió el 31 de marzo de 2003. Aunque este régimen puede haber conferido beneficios a los exportadores afectados durante el período de investigación, ya no lo hará después de esa fecha. En estas circunstancias, y de conformidad con el apartado 1 del artículo 15 del Reglamento de base, no es necesario establecer la sujeción a derechos compensatorios de la exención de los impuestos sobre la renta.

(75)

El importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios determinadas conforme a las disposiciones del Reglamento de base, expresadas ad valorem para los productores exportadores investigados, es del 14,6% y del 20,9%. Dado que el nivel general de cooperación de la India fue muy elevado (100% de las exportaciones del producto afectado de la India a la Comunidad), el margen residual de subvención correspondiente a todas las demás empresas se fijó en el nivel de la empresa con el margen individual más elevado (20,9%).

(76)

En la Comunidad, el producto similar es fabricado por SGL AG («SGL») y varias filiales de UCAR SA («UCAR»): UCAR SNC, UCAR Electrodos Ibérica SL y Graftech SpA, en cuyo nombre se presentó la denuncia. Las instalaciones de producción de SGL y UCAR están situadas en Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Italia y España.

(77)

Además de los dos productores comunitarios denunciantes, SGL y UCAR, durante el período comprendido entre 1999 y el período de investigación el producto similar era fabricado en la Comunidad por otros dos productores. Uno de estos otros dos productores se declaró insolvente y tuvo que pedir protección judicial en virtud de la legislación alemana en materia de quiebras. Esta empresa dejó de fabricar el producto similar en noviembre de 2002. Las dos empresas expresaron su apoyo respecto de la denuncia pero declinaron la invitación de la Comisión a cooperar activamente en la investigación. En consecuencia, se considera que los cuatro operadores antes mencionados constituyen la producción comunitaria a efectos del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento de base.

(78)

Los dos productores comunitarios denunciantes respondieron debidamente a los cuestionarios y cooperaron plenamente en la investigación. Durante el período investigación, representaban más del 80 % de la producción comunitaria.

(79)

Se considera que constituyen la industria comunitaria a efectos del apartado 1 del artículo 9 y del apartado 8 del artículo 10 del Reglamento de base, y en lo sucesivo se hará referencia a ellos como la «industria comunitaria».

(80)

Dado que sólo hay dos productores exportadores indios del producto afectado, y dado que la industria comunitaria también comprende sólo dos productores, fue necesario indexar los datos relativos a las importaciones del producto afectado en la Comunidad originarios de la India y los relativos a la industria comunitaria al objeto de preservar la confidencialidad conforme al artículo 29 del Reglamento de base.

(81)

El consumo comunitario se estableció partiendo de los volúmenes de ventas de la industria comunitaria en el mercado comunitario, los volúmenes de ventas de los otros productores comunitarios en el mercado comunitario estimados a partir de las mejores pruebas disponibles, los volúmenes de ventas que los dos productores indios cooperadores exportaron al mercado comunitario, los volúmenes de ventas importados de Polonia obtenidos con la cooperación de SGL, y datos de EUROSTAT para las restantes importaciones a la Comunidad, debidamente ajustadas en su caso.

(82)

Este cálculo puso de manifiesto que, entre 1999 y el período de investigación, el consumo comunitario del producto afectado aumentó un 9 %. Concretamente, aumentó un 14 % entre 1999 y 2000, disminuyó en 7 puntos porcentuales en 2001 y 1 punto porcentual más en 2002, antes de volver a aumentar en 3 puntos porcentuales durante el período de investigación. Como el producto afectado se utiliza fundamentalmente en la siderurgia eléctrica, la evolución del consumo debe contrastarse con las tendencias económicas de este sector particular, que registró una fuerte aceleración en 2000, seguida de un descenso a partir de 2001.

(83)

El volumen de las importaciones del producto afectado en la Comunidad procedentes de la India aumentó un 76 % entre 1999 y el período de investigación. Concretamente, las importaciones procedentes de la India aumentaron un 45 % entre 1999 y 2000, en otros 31 puntos porcentuales en 2001, para mantenerse prácticamente estable en este nivel en 2002 y durante el período de investigación.

(84)

La cuota de mercado de los exportadores en el país afectado aumentó 3,4 puntos porcentuales (61 %) durante el período examinado, para alcanzar un nivel del 8 al 10 % durante el período de investigación. Empezó aumentando 1,5 porcentuales entre 1999 y 2000 y otros 2 puntos porcentuales en 2001, para permanecer relativamente estable en este nivel hasta 2002 y el período de investigación. Cabe señalar que entre 1999 y el período de investigación, el aumento de las importaciones y cuotas de mercado del país afectado coincidió con un aumento del 9 % en el consumo.

(85)

Entre 1999 y el período de investigación, el precio medio de las importaciones del producto afectado originario de la India aumentó un 2 % en 2000, 8 puntos porcentuales más en 2001 y luego disminuyó en 9 puntos porcentuales en 2002, nivel en el que se estabilizó durante el período de investigación. Durante el período de investigación, el precio medio de importación del producto afectado originario de la India era un 1 % más alto que en 1999.

(86)

Se realizó una comparación de modelos comparables del producto afectado entre los precios medios de venta de los productores exportadores y los de la industria comunitaria para las ventas efectuadas en la Comunidad. Con este fin, los precios en fábrica de la industria comunitaria a clientes independientes, netos de toda rebaja e impuesto, se compararon con los precios cif en la frontera de la Comunidad de los productores exportadores de la India, debidamente ajustados a los costes post-importación. La comparación mostró que, durante el período de investigación, el producto afectado originario de la India y vendido en la Comunidad se vendió a precios del 6,5 % al 12,2 % más bajos que los de la industria comunitaria.

(87)

Estos márgenes de subcotización de precios no ilustran por entero el efecto de las importaciones subvencionadas en los precios de la industria comunitaria, puesto que se observó tanto disminución y contención de precios, como pone de manifiesto la rentabilidad relativamente baja alcanzada por la industria comunitaria durante el período de investigación, cuando en ausencia de subvención podía haber esperado un beneficio razonablemente más alto.

(88)

De conformidad con el apartado 5 del artículo 8 del Reglamento de base, la Comisión examinó todos los factores económicos e índices pertinentes que influyen en el estado de la industria comunitaria.

(89)

Para llegar a una evaluación significativa de determinados indicadores de perjuicio, era necesario consolidar adecuadamente algunos datos referentes a UCAR y a sus filiales de producción en la Comunidad (véase el considerando 76).

(90)

La Comisión prestó atención particular a todas las consecuencias que el comportamiento anticompetitivo de los dos productores comunitarios denunciantes en el pasado pudiera tener para los indicadores de perjuicio. La Comisión se aseguró especialmente de que el punto de partida para la evaluación del perjuicio (1999) estuviera libre de cualquier práctica anticompetitiva (véanse los considerandos 121, 122 y 125). Además, al establecer los costes y la rentabilidad para la industria comunitaria, la Comisión pidió y verificó explícitamente la exclusión clara del coste directo de los pagos, o cualquier coste indirecto con relacionado con éstos (incluidos los gastos de financiación), vinculado a las sanciones impuestas por las autoridades de competencia, a fin de llegar a una idea del beneficio con exclusión de cualesquiera de estos gastos extraordinarios.

(91)

La producción de industria comunitaria aumentó un 14 % en 2000, disminuyó en 16 puntos porcentuales en 2001, otros 4 puntos porcentuales más en 2002 y volvió a aumentar en 5 puntos porcentuales durante el período de investigación. El fuerte aumento observado en 2000 obedeció a la favorable coyuntura económica, que también se tradujo en un aumento del índice de utilización de la capacidad.

(92)

La capacidad de producción disminuyó en 2000 en torno al 2 % y se mantuvo en ese nivel en 2001. En 2002 y durante el período de investigación, la capacidad de producción siguió disminuyendo, respectivamente en 5 y 2 puntos porcentuales. Durante el período de investigación, la capacidad de producción era un 9 % más baja que en 1999, principalmente a consecuencia de la situación de inactividad de la instalación de un productor comunitario, efectiva durante todo el período de investigación.

(93)

La utilización de la capacidad empezó desde un nivel del 70 % en 1999, antes de aumentar al 81 % en 2000 en respuesta a la fuerte demanda, en especial de la siderurgia eléctrica. En 2001 y 2002 retrocedió al 70 %, y aumentó al 76 % durante el período de investigación.

(94)

La investigación reveló que los problemas económicos de la citada instalación en suspensión de actividad obedecían a varias causas, entre las cuales las dos más obvias eran: (i) los elevados precios de coste ligados al precio de la electricidad en este país particular, y (ii) la competencia de las importaciones subvencionadas originarias de la India. Dada la dificultad de disociar una causa de la otra, la Comisión estudió cuál habría sido la tendencia en la capacidad y utilización de la capacidad en 2002 y el período de investigación si esta instalación hubiera continuado su actividad. El volumen de producción no se modificaba en esta simulación, puesto que este productor comunitario aumentó su producción en otras instalaciones al objeto de colmar la brecha. Tal y como se muestra en el cuadro siguiente, si esta instalación no hubiera suspendido su actividad, tanto la capacidad de producción como la utilización de la capacidad para la industria comunitaria en su conjunto habrían alcanzado durante el período de investigación un nivel muy próximo al de 1999.