Ponente:

Rudy DE LEEUW

Coponente:

Arnold PUECH d’ALISSAC

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

—

Introducir una dimensión social en el trabajo de los observatorios del clima y establecer un Observatorio de la Transición Justa de la UE encargado de la investigación, la recopilación de datos, el seguimiento de la participación de las partes interesadas y el desarrollo de un cuadro de indicadores de la transición justa que establezca metodologías, objetivos y procesos de seguimiento basados en un conjunto de principios acordados. El Observatorio debe evaluar y prever los impactos internos y externos y supervisar los procesos y estrategias en favor de la transición justa mediante datos cuantitativos y cualitativos. Debe analizar y supervisar la participación de los interlocutores sociales en todas las fases de la transición y proporcionar información detallada sobre las cifras de despidos y transiciones, así como sobre el reciclaje profesional y la formación de aprendices, la financiación pública y el seguimiento, el cumplimiento y los resultados de las contingencias.

—

Adoptar un enfoque que implique a toda la administración en las instituciones y que integre los objetivos y principios del marco político de transición justa en el programa de los ministerios, las direcciones generales y las formaciones del Consejo pertinentes, así como promover una mejor coordinación entre ellos, en especial mediante el seguimiento y la evaluación conjuntos de las políticas y las medidas por medio de grupos de trabajo, reuniones conjuntas del Consejo, etc., sobre la base de los datos y cifras del Observatorio de la Transición Justa.

—

Nombrar al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y comisario responsable del Pacto Verde Europeo como comisario de Transición Justa, con el mandato de llevar a cabo una transición justa en coordinación y estrecha cooperación con las demás direcciones generales de la Comisión Europea y las diversas formaciones del Consejo, también en el marco del Semestre Europeo; En el Parlamento Europeo, designar ponente permanente sobre una transición justa con obligaciones de información e integrar la transición justa en todas las comisiones y expedientes.

—

Revisar el Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (10), así como la legislación europea sobre el clima, para permitir un enfoque sistémico del diálogo sobre la gobernanza multinivel y facilitar la integración de las consideraciones referidas a la transición justa en los procesos de las políticas y la planificación en materia de clima y energía, así como en todos los demás ámbitos políticos, incluida la política agrícola común.

—

Garantizar la coherencia de las políticas respecto de las relaciones internacionales de la UE con el fin de aumentar las ventajas y limitar las cargas de un marco político de transición justa para los terceros países, teniendo en cuenta las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, mediante asociaciones y acuerdos internacionales mutuamente beneficiosos respaldados por un enfoque basado en los derechos humanos (11).

4.1.

4.2.

—

Reforzar el Pacto Verde Europeo para mejorar una transición justa (16) y garantizar que vaya seguido de una estrategia global de desarrollo sostenible de la UE que englobe un Pacto Verde y Social en el que se prevea, planifique y aplique la transición ecológica necesaria de manera justa y equitativa, con el fin de maximizar los beneficios económicos y sociales de la transición y garantizar al mismo tiempo que las contribuciones necesarias se repartan equitativamente entre toda la sociedad.

¾

Reforzar la aplicación de las dimensiones medioambiental y social del Semestre Europeo analizando las condiciones sociales y medioambientales, garantizando que las recomendaciones específicas por país presten la debida atención a las tres dimensiones y mejorando el cuadro de indicadores sociales para supervisar de forma eficaz la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.

¾

Reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el fin de supervisar, coordinar y facilitar el gasto y las reformas necesarios para alcanzar el objetivo de una transición justa, incluida la posibilidad de introducir una «regla de oro para las inversiones» (17) que permita a los Estados miembros asignar recursos suficientes destinados a apoyar una transición justa y cumplir los objetivos de la UE (18).

¾

Con arreglo al trabajo del Consejo de la Unión Europea, analizar la posibilidad de introducir un «marco de convergencia social» en el Semestre Europeo, destinado a promover la convergencia social al alza y la consecución de las prioridades sociales integradas en el pilar europeo de derechos sociales, como reiteraron por los jefes de Estado o de Gobierno de la UE en la Declaración de Oporto de 2021 (19).

¾

Adoptar una estrategia ambiciosa de la UE para gestionar los recursos de forma sostenible y reducir la demanda de energía y otros recursos materiales mediante la promoción de medidas de eficiencia energética y suficiencia energética, garantizando que esto no afecte de manera desproporcionada a las personas de renta baja y media.

¾

Animar a los Estados miembros a adoptar prácticas de presupuestación ecológica, incluidas hojas de ruta para eliminar de forma gradual las subvenciones directas e indirectas a los combustibles fósiles, lo que generará un margen presupuestario significativo para apoyar, en particular, a las personas en situación de pobreza energética y de renta baja.

¾

Fomentar el desarrollo de estrategias nacionales sólidas destinadas a crear un entorno propicio para la economía social en los Estados miembros, responder a las necesidades financieras no cubiertas de los agentes de la economía social y apoyar el cambio hacia un consumo más ecológico y socialmente responsable, también mediante la contratación pública.

5.1.

¾

Animar a los Estados miembros a aplicar plenamente la Recomendación del Consejo para garantizar una transición justa hacia la neutralidad climática (20).

¾

Llevar a cabo estudios independientes para mejorar el conocimiento de las oportunidades y los retos de la transición ecológica, y recopilar y contribuir a desarrollar datos comparables a escala de la UE sobre las necesidades de las personas vulnerables en los ámbitos afectados por las políticas de transición ecológica, como el transporte, la vivienda, el suministro de energía, el consumo doméstico, la gestión de residuos, el mercado laboral, la educación, el acceso a internet, el desarrollo urbano y rural, etc.

¾

Realizar evaluaciones de impacto para medir en profundidad los probables efectos tanto de la acción por el clima como de la inacción desde el punto de vista social, distributivo y del empleo.

¾

Adoptar un enfoque interseccional que incluya la dimensión de género a la hora de elaborar las políticas y los análisis, teniendo en cuenta las discriminaciones interseccionales que afrontan las personas por motivos de origen étnico y racial, por su estatuto de migrante o refugiado, por causas de origen socioeconómico, orientación sexual, religión, edad, capacidad, sexo, etc., y que les hacen especialmente vulnerables ante la crisis climática y la transición ecológica.

¾

Garantizar la participación significativa de las personas que sufren pobreza y exclusión social, incluidos los grupos minoritarios, en el diseño, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas y estrategias de transición justa.

5.2.

¾

Establecer una Directiva europea para una transición justa en el mundo del trabajo mediante la anticipación y la gestión del cambio, con el diálogo social y la negociación colectiva como principios rectores.

¾

Realizar un inventario exhaustivo del empleo en el nivel NUTS 3 que apoye las estrategias en favor de una transición justa y que cartografíe los empleos actuales así como los perfiles de los puestos de trabajo y las capacidades, la potencial pérdida de puestos de trabajo y la creación de empleo, incluidos los nuevos perfiles de empleos y capacidades.

¾

Apoyar el establecimiento de políticas activas del mercado de trabajo, incluidos los bancos de empleo, las ayudas sociales y los programas de garantía de empleo, para promover el empleo de calidad, las condiciones de trabajo y las oportunidades de reciclaje profesional.

¾

Animar a los Estados miembros a facilitar la transición de los trabajadores que puedan ser especialmente vulnerables a la transición y garantizar que los trabajadores despedidos como consecuencia de la transición reciban prestaciones por desempleo y un apoyo adecuado para la búsqueda de empleo y la reconversión profesional.

¾

Reconocer el papel que pueden desempeñar, en el marco de una transición justa, actividades como los cuidados, especialmente el trabajo doméstico, la economía informal, la economía social, el trabajo en plataformas digitales, el trabajo no declarado y el trabajo de las personas encarceladas.

¾

Supervisar y evaluar los sistemas de protección social con el fin de garantizar su adecuación, especialmente para los trabajadores vulnerables en riesgo o situación de pobreza.

¾

Reforzar los sistemas de protección social mediante la investigación sobre programas innovadores y medidas nacionales como la negociación colectiva y unos salarios mínimos adecuados, acceso a la protección social para todos, programas sociales para los desempleados, etc.

¾

Explorar las posibilidades de desarrollar iniciativas similares al Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) para los sectores más afectados.

¾

Adaptar el mercado laboral a las necesidades específicas de los trabajadores desfavorecidos apoyando a las empresas sociales de integración laboral y ampliando iniciativas como las zonas con cero desempleo, garantizando que la participación en estos programas sea voluntaria y no acarree repercusiones negativas.

¾

Garantizar que las autoridades nacionales trabajen con proveedores de servicios sin ánimo de lucro y otros proveedores de servicios sociales con el fin de detectar y apoyar a los hogares vulnerables y a las personas que acceden a medidas temporales como los bonos ecológicos, la ayuda directa a la renta, etc.

5.3.

¾

Abordar la escasez de capacidades en sectores críticos y garantizar que los programas de aprendizaje, mejora de las capacidades y reciclaje profesional sean accesibles a las personas de todas las edades, procedencias y situación laboral, y que estos procesos tengan en cuenta las necesidades del mercado laboral, se elaboren conjuntamente con los alumnos y se coordinen con los interlocutores sociales y, cuando proceda, con la sociedad civil y otras partes interesadas.

¾

Fomentar asociaciones a gran escala en materia de capacidades, como el Pacto Europeo por las Capacidades (22), en los niveles adecuados entre las autoridades públicas, los proveedores de educación, la industria y los interlocutores sociales, con el fin de realizar inventarios y crear información estratégica sobre capacidades en apoyo de las estrategias de transición justa.

¾

Integrar los programas en materia de capacidades y educación y ampliar la Agenda de Capacidades Europea a las competencias clave.

¾

Animar a los Estados miembros a establecer un sistema de remuneración basado en las capacidades en las empresas que acceden a fondos públicos para mejorar las capacidades de los trabajadores, de acuerdo con los interlocutores sociales, y garantizar que los modelos de financiación actuales, como las cuentas de aprendizaje individuales y los regímenes de permisos de formación retribuidos, propicien la formación para la transición ecológica.

¾

Actualizar los planes de estudios (23) y la educación y formación profesionales con capacidades para la transición ecológica (24) y hacer que la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, el trabajo manual y la formación como aprendices sean más atractivos de forma que se tenga en cuenta la perspectiva de género, garantizando al mismo tiempo la resiliencia de los sistemas de educación y formación.

¾

Reconocer las capacidades y la cualificación de los refugiados y los migrantes.

¾

Invertir en el aprendizaje formal, no formal e informal y promover las directrices y los marcos estratégicos existentes para reconocer y validar las competencias transversales, apoyando al mismo tiempo a los educadores y proveedores de aprendizaje con una financiación adecuada y oportunidades de desarrollo profesional.

¾

Desarrollar y aplicar eficazmente, con el respaldo de una financiación apropiada, los marcos de competencias existentes a escala de la UE, como los marcos LifeComp (25) y GreenComp (26), así como las competencias clave para el aprendizaje permanente; asimismo, supervisar estos procesos mediante instrumentos como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y cualquier otro medio de seguimiento.

5.4.

¾

Acelerar el despliegue de las energías renovables, también mediante una mejor transposición de los marcos legislativos de la UE relativos a la participación de las autoridades públicas y de otras partes interesadas y a las comunidades de energía;

¾

Acelerar la oleada de renovación, prestando especial atención a los hogares y los inquilinos con bajos ingresos, por ejemplo, mediante subvenciones no reembolsables y tipos de interés competitivos para respaldar la renovación del parque de viviendas. El riesgo de los desahucios con fines de renovación y del aumento de los alquileres debe abordarse adecuadamente.

¾

Potenciar unos sistemas de transporte público eficientes, multimodales, limpios y asequibles, con una mayor inversión y la plena integración en infraestructuras, material rodante y personal y una mejor coordinación a escala subnacional, nacional e internacional (27).

6.1.

6.2.

¾

Reforzar y supervisar la aplicación de los derechos fundamentales de los trabajadores para organizarse, adherirse a los sindicatos sin represalias y negociar de forma colectiva, también en los sectores ecológicos emergentes.

¾

Animar y apoyar a los agentes empresariales y a las empresas privadas con el fin de que desarrollen y apliquen, mediante el diálogo social, planes a corto y largo plazo para una transición justa en cada empresa. Esto debe añadirse al desarrollo de verdaderos planes de descarbonización, con el objetivo de anticipar y gestionar el cambio a este nivel y contribuir a los planes sectoriales y nacionales, por medio de la información, consulta y participación adecuadas de los trabajadores, de conformidad con las normas y prácticas aplicables, así como de la formación, el reciclaje y la mejora de las capacidades de los trabajadores. Hay que tener en cuenta las necesidades de empleo y capacidades a largo plazo y, en su caso, organizar traslados internos, reconversiones u otras medidas de apoyo.

¾

Fomentar el desarrollo de acuerdos de transición justa a largo plazo a nivel territorial para revitalizar las zonas afectadas con diversas partes interesadas, incluidas las administraciones públicas, los interlocutores sociales y la sociedad civil, con el objetivo de promover nuevos ecosistemas industriales de manera equitativa, teniendo en cuenta la historia, la cultura, las aspiraciones y las oportunidades locales.

¾

Animar a los Estados miembros a crear comisiones para una transición justa (32) que permitan a los entes regionales, los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil participar, cuando corresponda, en el desarrollo, la aplicación y el seguimiento de los planes nacionales y regionales de transición justa.

¾

Facilitar la negociación de medidas de protección social en el marco del diálogo social para apoyar a los trabajadores despedidos como consecuencia de la transición.

¾

Fomentar el diálogo social sobre cuestiones como la formación y las disposiciones referidas al horario y los recursos financieros, en beneficio de los trabajadores.

6.3.

—

Apoyar la aplicación del diálogo civil para la elaboración de políticas, centrándose en el desarrollo de capacidades y en la integración de la participación de la sociedad civil organizada en todas las fases del ciclo político, teniendo en cuenta la inclusión y el acercamiento a los grupos marginados e infrarrepresentados, y aplicando mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas;

—

Establecer procesos de participación pública a través de los cuales las partes interesadas locales, como la sociedad civil y las comunidades locales, que representan a la ciudadanía en toda su diversidad, participen en la toma de decisiones, y seguir fomentando la cooperación entre la sociedad civil y el sector público.

—

Fomentar la participación cívica de abajo arriba, por ejemplo, la presupuestación participativa, las asambleas ciudadanas, los consejos juveniles de energía, etc., representando a las personas en toda su diversidad y prestando atención al enfoque de género y antirracista.

—

Reforzar el marco de gobernanza del Mecanismo para una Transición Justa con el fin de garantizar una amplia participación de todas las partes interesadas en el Fondo de Transición Justa, y seguir desarrollando el Pacto Europeo por el Clima para crear una democracia participativa significativa en la acción por el clima.

—

Estudiar la posibilidad de simplificar el proceso de presentación de iniciativas ciudadanas europeas para hacerlo más eficaz.

—

Hacer que la financiación de la sociedad civil sea sostenible, a largo plazo y flexible en cuanto a normas y procedimientos a escala europea, nacional regional y local, y garantizar la apertura del espacio cívico para facilitar y fomentar el trabajo de la sociedad civil.

—

Fomentar la colaboración con los municipios en proyectos locales y regionales mediante licitaciones de transición justa para desarrollar actividades como el turismo sostenible, la rehabilitación y la reorientación de zonas mineras e industriales y los proyectos de energías renovables.

—

Proporcionar a los entes locales y regionales las mejores prácticas sobre cómo participar en procesos de transición justa, y proporcionarles recursos financieros y de refuerzo de capacidades con tal fin.

—

Fomentar la apropiación por parte de las autoridades públicas de los planes territoriales de transición justa.

7.1.

¾

Mejorar el acceso de las empresas de la UE a una energía segura y renovable y a un uso circular del suministro de materias primas, garantizando al mismo tiempo una distribución equitativa de los recursos, unas transiciones justas a escala mundial y una respuesta a las necesidades de las generaciones futuras. Además, promover la descarbonización, la circularidad y la gestión sostenible de los recursos por parte de las empresas de todos los sectores, no solo los sectores o tecnologías etiquetados como «ecológicos» o «limpios».

¾

Examinar y desarrollar la política de la Unión en materia de fuga de carbono (como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono), con el objetivo de abarcar todos los sectores pertinentes esenciales para la autonomía estratégica abierta de la Unión y las funciones esenciales de la sociedad, a la vez que se garantiza que esto no implica una forma de proteccionismo, especialmente frente a los países en desarrollo.

¾

Dentro de la Unión, reforzar el mercado único y su correcto funcionamiento respecto del comercio de productos, tecnologías y servicios que contribuyan a la transición ecológica y la aceleren; fuera de la UE, promover las oportunidades de exportación para que las empresas de la UE proporcionen productos y soluciones sostenibles a los mercados mundiales y facilitar su contribución a los programas de asociación de la UE con los países en desarrollo.

¾

Garantizar que un marco político y reglamentario estable, predecible y a largo plazo permita a las empresas ser fuertes y resilientes. Dicho marco político debe ofrecer unas condiciones de competencia equitativas a las empresas de la UE dentro del mercado único y en relación con sus competidores internacionales, reforzando de esta forma la seguridad económica, la resiliencia y la soberanía de la UE.

¾

Elaborar hojas de ruta para que los sectores y las empresas se descarbonicen en consonancia con la legislación «Objetivo 55» y el futuro objetivo climático para 2040, y establecer las herramientas de política industrial adecuadas para proteger a la industria y las empresas de las fugas de carbono e inversiones, sujetas a los planes de descarbonización y transición justa de las empresas.

¾

Prestar apoyo público a una ampliación considerable de las empresas y organizaciones de la economía social, así como a iniciativas dirigidas por la comunidad centradas en objetivos sociales y en la protección justa del medio ambiente.

—

Mejorar la disponibilidad de servicios de asesoramiento y de plataformas de cooperación adecuados para ayudar a las microempresas y las pymes, incluidas las cooperativas y las empresas de la economía social, a responder a los retos de la doble transición en términos de funcionamiento cotidiano, innovación y desarrollo de capacidades (33).

8.1.

¾

Establecer una estrategia de financiación de la UE para una transición justa que se base en las lecciones aprendidas del uso de los fondos de la UE existentes, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), y allane el camino con vistas a una financiación adecuada de la transición ecológica de manera socialmente justa, en consonancia con el innovador instrumento NextGenerationEU. Esta estrategia de financiación de la Unión debe garantizar que los fondos de la Unión esenciales para afrontar los retos de una transición justa estén disponibles una vez que la financiación destinada a la recuperación finalice en 2026 y que los recursos sean suficientes para alcanzar el nuevo objetivo de la Unión en materia de emisiones de aquí a 2040.

¾

Apoyar una revisión del marco financiero plurianual, como ya propuso la Comisión Europea, con el fin de dotar de mayor flexibilidad a un presupuesto de la UE sometido a la presión de múltiples crisis.

¾

Aumentar la financiación del Mecanismo para una Transición Justa y el Fondo de Transición Justa y ampliarla a otras regiones y sectores, dando prioridad a los que resulten como más contaminantes a partir de una evaluación de impacto exhaustiva del objetivo climático de la UE para 2040 y de las hojas de ruta sectoriales de transición y descarbonización.

¾

Incrementar la financiación en el marco del Fondo Social para el Clima y destinar una parte más sustancial de los ingresos procedentes de los precios del carbono a los hogares.

¾

Garantizar que la financiación de la política agrícola común y los demás instrumentos apoyen los objetivos de la transición justa.

¾

Velar por que los planes nacionales de energía y clima actualizados evalúen de forma adecuada el déficit de gasto en favor de una transición justa y aborden las formas de cubrirlo, cartografiar todas las subvenciones a los combustibles fósiles (explícitas e implícitas) e incluir un plan con un calendario para eliminarlas gradualmente de manera socialmente justa, a fin de liberar recursos públicos destinados a una transición justa.

¾

Garantizar la coherencia y las sinergias entre los diferentes mecanismos de financiación, por ejemplo NextGenerationEU, el MRR, el FSE+ y los fondos de cohesión, así como que los fondos de la Unión faciliten, sigan y coordinen la política de inversión ecológica y social necesaria para una transición justa, promoviendo al mismo tiempo la convergencia entre los Estados miembros.

¾

Garantizar que la próxima generación de fondos de la política de cohesión se guíe por los principios de una transición justa y se base en un análisis detallado de las vulnerabilidades de las distintas zonas de Europa con respecto a la transición ecológica.

¾

Priorizar y supervisar el uso de los fondos nacionales y de la UE para que beneficie ante todo a los más necesitados, mediante medidas específicas para las personas en situación de vulnerabilidad.

¾

Garantizar la correcta aplicación del principio de «quien contamina paga» en las políticas climáticas y medioambientales.

¾

Adaptar la aplicación de las normas sobre ayudas estatales y contratación pública a los objetivos de transición justa, garantizar el cumplimiento de las condiciones de acceso a la financiación pública en los Estados miembros y velar por que las empresas que no cumplan las obligaciones fiscales y la legislación medioambiental y laboral queden excluidas del acceso a esta financiación (36).

¾

Garantizar que la fiscalidad reduzca la desigualdad y oriente y anime a las empresas y a los particulares a adoptar medidas que contribuyan a la transición ecológica.

¾

Dada la importancia de la innovación tecnológica y social para avanzar hacia una transición justa, garantizar una inversión pública y privada intensiva en investigación e innovación, incluidas infraestructuras eficaces de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) y ecosistemas de innovación en los que participen iniciativas ciudadanas de base, empresas, sindicatos, universidades y organizaciones de investigación, así como otras partes interesadas pertinentes.