—

Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en particular, sus artículos 2 y 3, su artículo 4, apartado 3, y sus artículos 5, 6, 7 y 19,

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, sus artículos 70, 81, 82, 114 y 352,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y en particular sus artículos 11, 12, 15, 20, 47, 48 y 54,

—

Visto el Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea y el Protocolo n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejos al TUE y al TFUE,

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II») (1),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I) (2),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (3),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se establece el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.o 390/2014 del Consejo (4),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/693 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que se establece el programa Justicia y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1382/2013 (5),

—

Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

—

Vista la Comunicación titulada «Programa de trabajo de la Comisión para 2021 — Una Unión de vitalidad en un mundo de fragilidad» (COM(2020)0690),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción para la Democracia Europea» (COM(2020)0790),

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 5 de marzo de 2020 titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia de igualdad de género 2020-2025» (COM(2020)0152),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, titulada «Informe sobre el Estado de Derecho en 2020 — Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea» (COM(2020)0580), y sus veintisiete capítulos por país adjuntos sobre el Estado de Derecho en los Estados miembros (SWD(2020)0300-0326),

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 12 de noviembre de 2020 titulada «Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025» (COM(2020)0698),

—

Vista la Recomendación de la Comisión sobre la garantía de la protección, la seguridad y el empoderamiento de los periodistas y los otros profesionales de los medios de comunicación en la Unión Europea (C/2021/6650),

—

Visto el seguimiento dado por la Comisión a la resolución no legislativa del Parlamento Europeo de 3 de mayo de 2018 sobre el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea,

—

Vistos el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, titulado «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU» (Retos a los que se enfrentan las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con los derechos humanos en la Unión), publicado el 17 de enero de 2018, sus boletines sobre las implicaciones de la pandemia de COVID-19 en los derechos fundamentales en la Unión publicados en 2020, y otros informes, datos y herramientas de la Agencia, en particular el Sistema de Información Europeo de Derechos Fundamentales (SIEDF) ,

—

Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y, en particular, su artículo 19,

—

Vistos otros instrumentos de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y las recomendaciones e informes del examen periódico universal de las Naciones Unidas, así como la jurisprudencia de los órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

—

Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, de 8 de marzo de 1999,

—

Visto el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en relación con las demandas estratégicas contra la participación pública y los derechos de reunión y asociación,

—

Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Comité Europeo de Derechos Sociales y los convenios, recomendaciones, resoluciones, dictámenes e informes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Comité de Ministros, el comisario para los Derechos Humanos, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, el Comité Director de Antidiscriminación, Diversidad e Inclusión, la Comisión de Venecia y otros organismos del Consejo de Europa,

—

Vista la declaración del Consejo de Europa de 4 de julio de 2012 sobre la conveniencia de que las normas internacionales se ocupen de la búsqueda de foros de conveniencia respecto a la difamación, «el turismo de la difamación», para garantizar la libertad de expresión,

—

Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, de 13 de abril de 2016, sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación CM/Rec(2016)4[1],

—

Vista la recomendación del Consejo de Europa de 28 de noviembre de 2018 sobre la necesidad de reforzar la protección y la promoción del espacio de la sociedad civil en Europa (CM/Rec(2018)11),

—

Vista la recomendación del Consejo de Europa a los Estados miembros de 7 de marzo de 2018 sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la transparencia de su propiedad (CM/Rec(2018)1),

—

Vista la Resolución de la Conferencia Ministerial del Consejo de Europa, de 11 de junio de 2021, sobre la seguridad de los periodistas,

—

Visto el artículo del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa titulado «Human Rights Comment: Time to take action against SLAPPs» (Comentario en materia de derechos humanos: es hora de actuar contra las DECPP», publicado el 27 de octubre de 2020,

—

Visto el informe anual 2021 de las organizaciones asociadas a la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas,

—

Vistas las recomendaciones e informes de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación y otros órganos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),

—

Visto el estudio de la Red EU-CITZEN titulado «SLAPP in the EU context» (Las DECPP en el contexto de la UE) de 29 de mayo de 2020 (6),

—

Vista la petición de una directiva contra las demandas estratégicas contra la participación pública formulada por una coalición de organizaciones no gubernamentales (7),

—

Visto el estudio titulado «El uso de las demandas estratégicas contra la participación pública para silenciar a los periodistas, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil», de junio de 2021, encargado por el Departamento Temático del Parlamento Europeo a petición de la Comisión de Asuntos Jurídicos,

—

Visto su briefing sobre el valor añadido europeo de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales — evaluación preliminar, de 23 de abril de 2020,

—

Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la Carta de la UE: Normas para la libertad de los medios de comunicación en la Unión (8),

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (9),

—

Vista su Resolución de 19 de abril de 2018 sobre la necesidad de establecer un instrumento de defensa de los valores europeos para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que promueven valores fundamentales en el seno de la Unión Europea a nivel local y nacional (10),

—

Vista su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Ján Kuciak y Martina Kušnírová (11),

—

Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea (12),

—

Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre la necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (13),

—

Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea (14),

—

Vista su Resolución, de 28 de marzo de 2019, sobre la situación del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia (15),

—

Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre el Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia (16),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2018) y la política de la UE al respecto (17),

—

Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2020, sobre el establecimiento de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (18),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2020, sobre el refuerzo de la libertad de los medios de comunicación: protección de los periodistas en Europa, discurso del odio, desinformación y papel de las plataformas (19),

—

Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2020, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 2018 y 2019 (20),

—

Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2020, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027, el Acuerdo Interinstitucional, el Instrumento de Recuperación de la Unión Europea y el Reglamento relativo al Estado de Derecho (21),

—

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2021, sobre la declaración de la UE como una zona de libertad para las personas LGBTIQ (22),

—

Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre la aplicación del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092: mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho (23),

—

Vista su Resolución de 29 de abril de 2021 sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia y el Estado de Derecho en Malta (24),

—

Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2021, sobre los efectos del cambio climático en los derechos humanos y el papel de los defensores del medio ambiente al respecto (25),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, celebradas de conformidad con el artículo 58 del Reglamento,

—

Vista la opinión de la Comisión de Cultura y Educación,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0292/2021),

A.

Considerando que los derechos a la libertad de expresión, la información y la participación pública son piedras angulares de la democracia; que la libertad de expresión es indispensable para la realización de los principios de transparencia y rendición de cuentas; que la participación pública de una persona física o jurídica en una cuestión de interés público puede adoptar diversas formas; que la participación pública puede incluir el ejercicio en línea y fuera de línea del control público y la difusión de información pública, como las comunicaciones, las publicaciones o las obras periodísticas, como los contenidos editoriales, las comunicaciones, las publicaciones o las obras de carácter político, científico, académico, artístico, comentarios o contenidos satíricos, en particular cuando los afectados sean, entre otros, personalidades sujetas al control público, en el contexto de los intereses generales en el debate público sobre cuestiones políticas; que las publicaciones que contribuyen a los debates sobre cuestiones de interés público o de interés general disfrutan de un umbral de protección más elevado; que los límites de las críticas aceptables son más amplios respecto a las personalidades públicas, especialmente para los políticos y los funcionarios del Estado;

B.

Considerando que el periodismo independiente, imparcial, profesional y responsable, así como el acceso a una información pluralista son pilares fundamentales de la democracia; que la información, los informes, las opiniones, las reivindicaciones, las polémicas y otras declaraciones de la sociedad civil son esenciales para que las democracias prosperen; que la reducción del espacio para la sociedad civil en determinados países se ha convertido en un problema cada vez más preocupante y puede afectar negativamente a las democracias; que el periodismo independiente y de alta calidad y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial como guardianes de la democracia y el Estado de Derecho al pedir cuentas al poder y luchar contra la desinformación y las falsedades, así como contra la injerencia y la manipulación políticas extranjeras;

C.

Considerando que, en los últimos años, los periodistas y los agentes de los medios de comunicación dentro y fuera de Europa se ven cada vez más amenazados, atacados físicamente y asesinados a causa de su trabajo, en particular cuando este se centra en el abuso de poder, la corrupción, las violaciones de los derechos fundamentales y las actividades delictivas; subraya que el ejercicio efectivo de la libertad de expresión requiere diversas medidas positivas para la salvaguarda de los periodistas, incluida las encaminadas a proteger la vida e investigar los asesinatos, así como la protección efectiva de sus fuentes; señala que estas amenazas no son solo de carácter violento y que la intimidación contra los periodistas también se deriva de presiones jurídicas, políticas, socioculturales y económicas;

D.

Considerando que el derecho a la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ejercerse con sentido del deber y responsabilidad, teniendo en cuenta el derecho fundamental de las personas a obtener información imparcial, así como el respeto del derecho fundamental a la protección de la reputación (26) y la intimidad; que, en casos de conflicto entre estos derechos, todas las partes debe tener acceso a los tribunales si la situación no se resuelve de forma amistosa;

E.

Considerando que las demandas estratégicas contra la participación pública (DECPP) consisten en demandas u otras acciones legales (por ejemplo, requerimientos, congelación de activos) presentadas por particulares y entidades privadas, y también por funcionarios públicos, organismos públicos y entidades controladas públicamente, dirigidas contra una o varias personas o grupos, utilizando diversos fundamentos jurídicos mayoritariamente en el ámbito del Derecho civil y penal, así como en las amenazas de tales acciones, con el fin de evitar la investigación y la denuncia de infracciones de la legislación nacional y de la Unión, casos de corrupción u otras prácticas fraudulentas, o de bloquear o socavar de otro modo la participación pública; que estas actuaciones ejercen un impacto directo y perjudicial en la participación democrática, la resiliencia social y el diálogo, y son contrarias a los valores consagrados en el artículo 2 del TUE;

F.

Considerando que la participación pública incluye, entre otras cosas, investigar, relatar, denunciar o de cualquier otro modo dar a conocer asuntos de interés público, en particular, las prácticas que amenazan los derechos y las libertades fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho o la buena gobernanza, y participar en su defensa mediante el ejercicio de las libertades civiles, como la libertad de asociación, la libertad de reunión pacífica y la libertad de expresión y de información;

G.

Considerando que las víctimas de las DECPP suelen ser demandadas por expresar opiniones críticas sobre el comportamiento de personas físicas y jurídicas, así como de funcionarios públicos, organismos públicos y entidades controladas públicamente, o por denunciar sus irregularidades, a través de formas de expresión en línea o fuera de línea, o como represalia por su participación en campañas, causas judiciales, acciones o protestas; que las DECPP suelen consistir en reclamaciones que carecen de fundamento jurídico, son manifiestamente infundadas, y se caracterizan por un desequilibrio de poder y el abuso de derechos o de procesos por parte del demandante, que formula reivindicaciones excesivas en asuntos en los que el demandado ejerce un derecho legalmente protegido y, por tanto, utiliza el proceso judicial para fines distintos del ejercicio genuino de un derecho;

H.

Considerando que, según diversas organizaciones de la sociedad civil, representantes del ámbito académico, juristas y víctimas que trabajan en este ámbito, las DECPP son cada vez más sofisticadas y eficaces, y una de las técnicas empleadas es la presentación de múltiples demandas contra la misma persona por el mismo asunto, de modo que deba hacer frente y defenderse de todas ellas de forma simultánea y en paralelo, con el consiguiente aumento desproporcionado de los costes; que las DECPP a menudo se basan en acusaciones de difamación, calumnia o injuria, que siguen tipificadas como infracciones penales en la mayoría de los Estados miembros, y que las víctimas de las DECPP se enfrentan a cargos penales, al tiempo que son demandadas por la responsabilidad civil supuestamente derivada de la misma conducta; que las DECPP vulneran a menudo el derecho de las víctimas a la defensa, reconocido por la Carta, lo que posiblemente también afecta a su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia;

I.

Considerando que la falta de un enfoque jurídico y judicial coherente y exhaustivo en la Unión no permite identificar con rapidez y abordar con eficacia las DECPP; que el nivel de protección frente a las DECPP sigue estando muy fragmentado en los Estados miembros, lo que socava la seguridad jurídica y el derecho a una tutela judicial efectiva de las víctimas de estas demandas; que uno de los principales retos a la hora de elaborar legislación contra las DECPP radica en cómo abordar las reclamaciones abusivas, sin perjudicar los derechos de los demandantes derivados de las constituciones de los Estados miembros y de sus obligaciones en virtud de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Convenio Europeo de Derechos Humanos;

J.

Considerando que ha quedado probado que las DECPP se han convertido en una práctica cada vez más extendida, como lo demuestran numerosos casos en toda la Unión, como el escalofriante caso de la periodista de investigación Daphne Caruana Galizia, que, al parecer, el 16 de octubre de 2017, fecha de su asesinato, firmemente condenado, se enfrentaba a 47 demandas por difamación civiles y penales en múltiples jurisdicciones, que dieron lugar a la congelación de sus activos y que sus herederos siguen afrontando; que otros casos ilustrativos y alarmantes sufridos por periodistas y medios de comunicación independientes son los de Realtid Media, que fue amenazada repetidamente con una demanda judicial en una jurisdicción diferente a la del lugar donde se llevó a cabo el informe en cuestión, y Gazeta Wyborcza, que sigue siendo demandada por varias entidades y funcionarios públicos regularmente;

K.

Considerando que las DECPP son utilizadas con frecuencia por las autoridades públicas o sus agentes, como las ONG o los medios de comunicación financiados por el Estado o empresas estatales;

L.

Considerando que la interposición de DECPP puede ser un instrumento para reducir el pluralismo de los medios de comunicación a nivel sistémico, al ejercer un efecto disuasorio en los medios de comunicación independientes; que las DECPP se interponen deliberadamente con la intención de hacer que el litigio resulte a los demandados caro, complicado y prolongado en el tiempo, entre otras vías, mediante la intimidación a los demandados y la merma de sus recursos financieros y psicológicos; que las DECPP no solo ejercen efectos perjudiciales en las víctimas, sino también en sus familias y en una participación pública más amplia;

M.

Considerando que la referencia a las víctimas y objetivos de las DECPP abarca a periodistas, editores y organizaciones de medios de comunicación, académicos, ONG, la sociedad civil y otros agentes de la participación pública, como los que trabajan en los ámbitos de los derechos humanos y el medio ambiente;

N.

Considerando que las DECPP en la Unión suelen ser de naturaleza transfronteriza, lo que da lugar a retrasos en la información o a que esta sea incompleta, como se ilustra en muchos casos, a menudo relacionados con los derechos humanos y la protección del medio ambiente, el fraude financiero o la corrupción, en los que tales demandas constituyen un claro intento de demorar la publicación de información interrumpiendo o desacreditando el trabajo de determinados periodistas y entidades editoriales, privando así a los ciudadanos de su derecho a la información y repercutiendo en el pluralismo, la libertad y la diversidad de los medios de comunicación; que las DECPP y la amenaza de interponerlas también pueden ser utilizadas contra «perros guardianes» dentro de la Unión por agentes de terceros países y ante tribunales de terceros países;

O.

Considerando que los casos nacionales de DECPP se utilizan cada vez más en los Estados miembros con el fin de limitar la libertad de expresión y el derecho a la información, produciendo un efecto disuasorio contra las víctimas de estas demandas, al procurar el agotamiento psicológico y financiero de los demandados con el fin de obligarles a abandonar la exposición de cuestiones de interés público;

P.

Considerando que la falta de legislación directa en todos los Estados miembros sobre la cuestión de las DECPP, junto con unas disposiciones nacionales en materia de difamación a menudo ambiguas y de amplio alcance en este contexto, así como la carencia de sanciones severas, también de naturaleza penal, contribuyen significativamente al aumento del número de estos litigios abusivos y la subsiguiente intimidación de los demandados;

Q.

Considerando que la criminalización de los periodistas por su trabajo es un problema especialmente grave; que la infracción penal de difamación sigue vigente en la legislación de 23 Estados miembros, a pesar de los reiterados llamamientos a su abolición por parte, entre otras organizaciones, de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, la OSCE y ONG de prestigio, como Index on Censorship, el Instituto Internacional de la Prensa y la Comisión para la Protección de los Periodistas;

R.

Considerando que las medidas de Derecho indicativo constituyen una medida complementaria positiva que acompaña a una propuesta legislativa y a la revisión de ciertas disposiciones del Derecho internacional privado actualmente en vigor, pero que, por sí solas, no ofrecen plena tutela judicial;

S.

Considerando que la sensibilización sobre las DECPP desempeña un papel crucial a la hora de concienciar sobre esta cuestión tanto a la opinión pública como a los profesionales del Derecho, en particular jueces y abogados;

T.

Considerando que, cuando las DECPP las interponen funcionarios públicos, organismos públicos o entidades controladas públicamente, como empresas de titularidad pública, se convierten en una herramienta para ejercer poder político y el daño a las víctimas de estas demandas puede ser aún mayor;

1.

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—

Vistos los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos el artículo 5, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y el Protocolo (n.o 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

—

Visto el artículo 14 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el primer principio del pilar europeo de derechos sociales,

—

Vista la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, y en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas n.o 4,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, relativa a la consecución del Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025 (COM(2020)0625),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, titulada «Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027: Adaptar la educación y la formación a la era digital» (COM(2020)0624),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de julio de 2020, titulada «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia» (COM(2020)0274),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de mayo de 2018, titulada «Construyendo una Europa más fuerte: el papel de las políticas de juventud, educación y cultura» (COM(2018)0268),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de noviembre de 2017, titulada «Reforzar la identidad europea mediante la Educación y la Cultura» (COM(2017)0673),

—

Vista la Resolución del Consejo, de 26 de febrero de 2021, relativa a un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación con miras al Espacio Europeo de Educación y más allá (2021-2030) (1),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de mayo de 2021, sobre la equidad y la inclusión en la educación y la formación para favorecer el éxito educativo para todos (2) y sobre la Iniciativa «Universidades Europeas» — Tender puentes entre la educación superior, la investigación, la innovación y la sociedad: allanar el camino para una nueva dimensión en la educación superior europea (3),

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020») (4),

—

Vista las Recomendaciones del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativas a la promoción de los valores comunes, la educación inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza (5) y a las competencias clave para el aprendizaje permanente (6), de 26 de noviembre de 2018, relativa a la promoción del reconocimiento mutuo automático de las cualificaciones de educación superior y de educación secundaria postobligatoria, y de los resultados de los períodos de aprendizaje en el extranjero (7), de 22 de mayo de 2019, relativas a unos sistemas de educación y cuidados de la primera infancia de alta calidad (8) y a un enfoque global de la enseñanza y el aprendizaje de idiomas (9) y, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal (10);

—

Vista la Declaración de París, de 17 de marzo de 2015, sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la educación,

—

Vistos el informe, de 24 de marzo de 2021, de Eurydice titulado «Teachers in Europe, careers, development and well-being» [Profesorado en Europa: carreras profesionales, desarrollo y bienestar] y los estudios publicados por el Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión de su Dirección General de Políticas Interiores en octubre de 2020 titulado «Hacia una educación europea: perspectivas críticas sobre los desafíos futuros» y en mayo de 2021 titulado «La educación y la juventud en la Europa posterior a la COVID-19: efectos de la crisis y recomendaciones de actuación»,

—

Visto el estudio publicado por el Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión de su Dirección General de Políticas Interiores en febrero de 2021 titulado «Making the European Education Area a Reality: State of Affairs, Challenges and Prospects» [Hacer realidad el Espacio Europeo de Educación: estado de la cuestión, retos y perspectivas],

—

Visto el estudio publicado por el Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión de su Dirección General de Políticas Interiores en mayo de 2018 titulado «European Identity» [Identidad europea],

—

Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre la formulación de la política de educación digital (11),

—

Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2018, sobre la educación en la era digital: retos, oportunidades y lecciones para el diseño de las políticas de la Unión (12),

—

Vista su Resolución, de 12 de junio de 2018, sobre la modernización de la educación en la Unión (13),

—

Visto el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 19 de marzo de 2021, sobre la consecución del Espacio Europeo de Educación de aquí a 2025 (14),

—

Visto el artículo 57 de su Reglamento interno,

—

Vista la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

—

Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A9-0291/2021),

A.

Considerando que toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente;

B.

Considerando que el proceso de integración europea, el mercado único y otras políticas de la Unión han contribuido —aunque de manera fragmentaria— al desarrollo natural de un Espacio Europeo de Educación, que se ve históricamente respaldado por las tradiciones del humanismo y los derechos y valores fundamentales europeos;

C.

Considerando que el objetivo último consiste en establecer un Espacio Europeo de Educación ascendente con objetivos políticos europeos comunes que asegure una educación de calidad, inclusiva y accesible, refuerce el intercambio de buenas prácticas y garantice un marco eficaz para la movilidad europea, que exija la eliminación de los obstáculos existentes, el uso de herramientas europeas y el apoyo a avances políticos a nivel nacional y europeo con vistas a adaptar los sistemas educativos para que aborden la crisis climática y hagan posible una transformación ecológica y digital;

D.

Considerando que la educación debe concebirse en sentido amplio como «aprendizaje permanente», que abarque desde la educación preescolar hasta la educación superior, incluida la educación y formación profesional, así como la educación no formal e informal, y que tenga por objeto la adquisición de competencias transversales que permitan a todas las personas desarrollar su potencial a nivel personal y profesional, participar plenamente en la sociedad y gestionar satisfactoriamente la transición al mercado laboral;

E.

Considerando que los retos a los que se enfrentan actualmente la Unión y sus Estados miembros, en particular la falta de competitividad, el cambio climático, la transformación digital de la sociedad, diversas formas de extremismo y populismo, la desinformación, el menoscabo de la educación de base factual y la exacerbación de las desigualdades existentes como resultado de la pandemia de COVID-19, pueden requerir una acción europea adecuada y concertada;

F.

Considerando que todo el sector de la educación se ha visto negativamente afectado por la pandemia, con la ulterior acentuación de las diferencias entre las infraestructuras, los conocimientos y el acceso a los recursos educativos dentro de los Estados miembros y entre ellos y entre los distintos niveles y tipos de educación durante la pandemia de COVID-19, principalmente como consecuencia de un aumento de la desigualdad, incluida la falta de acceso a infraestructuras informáticas para las personas de entornos socioeconómicamente desfavorecidos, lo que ha tenido repercusiones negativas en el acceso a la educación;

G.

Considerando que la educación presencial sigue siendo fundamental para el desarrollo tanto intelectual como personal del estudiante;

H.

Considerando que el Parlamento ha pedido a los Estados miembros que den prioridad a las inversiones en educación y formación, por ejemplo mediante la asignación de al menos el 10 % de sus presupuestos nacionales de recuperación y resiliencia a las políticas correspondientes, y que ha solicitado que se asigne un presupuesto considerablemente superior al programa Erasmus+ y que se considere el gasto en educación como una inversión en nuestro futuro común (15) más que como un gasto, con el fin de conseguir una sociedad más sostenible, digital y socialmente cohesionada; que el Parlamento ha pedido que la inversión en educación y formación constituya una parte sustancial del instrumento NextGenerationEU de la Comisión;

I.

Considerando que la inversión de calidad en la educación genera un alto rendimiento, aunque un mayor gasto no produce necesariamente por sí mismo los resultados deseados; que la tasa privada media mundial de rentabilidad de la educación continúa siendo alta y estable a lo largo de las décadas (16);

J.

Considerando que existe la necesidad de un mejor reconocimiento de la profesión de la enseñanza, que está atravesando una crisis, de profesores y formadores motivados y competentes y de más formación continua; que existen diferencias considerables entre los Estados miembros en lo que respecta a la educación inicial y la acogida e iniciación en el empleo, las condiciones laborales, la remuneración, la valoración, la actividad profesional y el desarrollo profesional continuo de los profesores; que, en 2018, únicamente el 40,9 % de los profesores de la Unión viajaron al extranjero al menos una vez con fines profesionales como estudiante, profesor o ambos (17);

K.

Considerando que se ha avanzado en la construcción de un Espacio Europeo de Educación Superior, como resultado de los esfuerzos a largo plazo del Proceso de Bolonia, y en su utilización como referencia para aprender de las experiencias de su aplicación; que existe la necesidad de promover las universidades europeas, ya que contribuyen a la excelencia europea y al papel geopolítico de la Unión;

L.

Considerando que existe una falta de reconocimiento de la educación y formación profesionales como vía de elección y excelencia, en pie de igualdad con otros itinerarios educativos; que, a pesar de los avances realizados en el marco del Proceso de Copenhague, persisten muchos obstáculos a la movilidad de los estudiantes, incluida la movilidad a largo plazo de los aprendices;

M.

Considerando que los Estados miembros no han alcanzado plenamente los objetivos y los valores de referencia del marco de Educación y Formación 2020, en particular los objetivos de fomentar una educación equitativa y de calidad, reducir la tasa de abandono prematuro de la educación y la formación y situar por debajo del 15 % el porcentaje de jóvenes de 15 años poco cualificados en lectura, matemáticas y ciencias;

N.

Considerando que la recopilación de datos y las estadísticas de alta calidad sobre educación y formación son dos de los requisitos previos para entender mejor los retos pertinentes en toda la Unión y las diferencias dentro de ella, así como para ayudar a abordarlos;

O.

Considerando que la educación digital y unas capacidades digitales adecuadas deben considerarse como parte de la educación orientada al futuro y no como un subconjunto de los métodos de aprendizaje y enseñanza existentes o una alternativa a los mismos, recalcando al mismo tiempo la importancia del aprendizaje presencial; que bastante más de un tercio de los europeos (42 %) carecen incluso de capacidades digitales básicas y que existen disparidades importantes dentro de los Estados miembros y entre ellos; que el objetivo de la Agenda de Capacidades es garantizar que el 70 % de las personas de 16 a 74 años tengan capacidades digitales básicas en 2025, un aumento medio de dos puntos porcentuales por año, frente a un aumento del 0,75 puntos porcentuales por año entre 2015 y 2019;

P.

Considerando que el Espacio Europeo de Educación brinda una importante oportunidad para una mayor cooperación internacional;

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de noviembre de 2020, titulada «Estrategia farmacéutica para Europa» (COM(2020)0761),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de noviembre de 2020, titulada «Aprovechar al máximo el potencial innovador de la UE: un plan de acción en materia de propiedad intelectual e industrial para apoyar la recuperación y la resiliencia de la UE» (COM(2020)0760),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y en particular su artículo 17, apartado 2,

—

Visto el Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes (1),

—

Visto el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC),

—

Vista el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que entró en vigor el 26 de febrero de 2020 (2),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (3),

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/933 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 469/2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos (4),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE (5),

—

Vista la Directiva 2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, que modifica la Directiva 2001/83/CE por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos de uso humano (6),

—

Vista la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (7),

—

Vista la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (8),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (9),

—

Visto el informe de investigación de 2009 de la Comisión sobre el sector farmacéutico,

—

Visto el informe conjunto de la OEP y la EUIPO titulado «firm-level analysis report on intellectual property rights and firm performance in the European Union» (Informe analítico a escala empresarial sobre los derechos de propiedad y el rendimiento de las empresas en la Unión Europea de febrero de 2021,

—

Vista la evaluación de la Comisión de la legislación de la Unión sobre protección de dibujos y modelos,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la determinación de las prioridades de la UE para la lucha contra la delincuencia grave y organizada durante el ciclo 2022-2025 de la EMPACT,

—

Visto el análisis exhaustivo encargado por el Parlamento Europeo y titulado «Standard Essential Patents and the Internet of Things» (Patentes esenciales normalizadas y la Internet de las cosas) de enero de 2019,

—

Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la iniciativa titulada «Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual: un plan de acción de la UE» (10),

—

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2020, sobre los derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia artificial (11),

—

Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los desafíos para los organizadores de acontecimientos deportivos en el entorno digital (12),

—

Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2015 sobre la posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas de la Unión Europea a productos no agrícolas (13),

—

Vista su Resolución, de 10 de julio de 2020, sobre la estrategia de salud pública de la Unión Europea después de la COVID-19 (14),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Cultura y Educación,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0284/2021),

A.

Considerando que una protección y un respeto equilibrados de los derechos de propiedad intelectual (DPI) son muy importantes para la economía europea, así como para la recuperación y la resiliencia de la UE, en particular, frente a la pandemia de COVID-19;

B.

Considerando que la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia de las políticas de protección de la PI, al ilustrar la necesidad de medidas efectivas para abordar la escasez de vacunas contra la COVID-19, los medios de vida amenazados y la pérdida existencial de ingresos para los trabajadores de los sectores cultural y creativo;

C.

Considerando que las inversiones en intangibles se vieron significativamente menos afectadas por la crisis económica de 2008, lo que pone de relieve el potencial de los activos de PI para generar estabilidad y crecimiento económicos, así como una correlación positiva entre la propiedad de los DPI y la calidad y estabilidad del empleo; que los estudios muestran que las empresas que utilizan los DPI crecen con mayor rapidez, son más resilientes frente a las recesiones económicas, elevan su valor y consolidan su posición en el mercado único; que estos hechos apuntan asimismo a la importancia de incentivar y ayudar a las pymes a proteger y poseer sus DPI;

D.

Considerando que los registros de PI aumentaron ligeramente en los primeros meses de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020; que una recuperación económica sostenible y digital en el periodo posterior a la COVID podría basarse en los DPI; que durante la actual pandemia de COVID-19 el Sistema de Intercambio Rápido de Información para productos peligrosos («RAPEX») ha registrado un preocupante récord absoluto de alertas;

E.

Considerando que los registros de propiedad intelectual (PI) están en constante aumento y que el mercado único sigue fragmentado como consecuencia de las diferencias entre las legislaciones nacionales; que siguen siendo necesarios procedimientos nacionales de validación paralelos y acciones judiciales para las patentes europeas; que persisten lagunas, en particular en materia de cumplimiento, que pueden obstaculizar el desarrollo de las empresas, en particular las microempresas y las pymes, limitar el acceso de los consumidores a productos innovadores y seguros e impedir que se aborden los retos sociales a través de la innovación;

F.

Considerando que las industrias intensivas en conocimientos son una fuente de crecimiento y prosperidad; que entre 2012 y 2016 generaron casi el 30 % de todos los empleos y casi el 45 % de la actividad económica total (PIB) en la Unión, como muestra el informe analítico a escala sectorial de 2019 elaborado por la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) (15); Considerando que los sectores intensivos en DPI representan el 93 % de las exportaciones totales de bienes de la Unión al resto del mundo;

G.

Considerando que la propiedad intelectual es un derecho fundamental de conformidad con el artículo 17 de la;

H.

Considerando que el desarrollo y el progreso de las industrias basadas en el conocimiento dependen en gran medida de las normas que rigen los DPI, en particular, en la garantía de una protección eficaz mediante una legislación eficiente en materia de patentes, marcas, diseños, derechos de autor y derechos afines, indicaciones geográficas y protección de las obtenciones vegetales, así como mediante la aplicación adecuada y armonizada de las normas sobre protección de secretos comerciales,

I.

Considerando que los sistemas de PI contribuyen al desarrollo de nuevos medicamentos y que los incentivos a la PI son importantes para garantizar un acceso efectivo a medicamentos asequibles; que los nuevos medicamentos deben respetar el Derecho internacional en materia de derechos humanos, el Derecho internacional público y las normas de salud pública;

J.

Considerando que los innovadores europeos son pioneros en tecnologías ecológicas, dado que poseen una proporción importante de las patentes verdes y sólidas carteras de propiedad intelectual en tecnologías como la adaptación al cambio climático, la captura y el almacenamiento de carbono y el tratamiento del agua y de los residuos;

K.

Considerando que es necesario promover la valorización y la implementación de la investigación y el desarrollo en Europa, como ejemplifica el hecho de que en el ámbito de la inteligencia artificial solo una minoría de los solicitantes de patentes a escala mundial son europeos, a pesar de que un porcentaje significativo de publicaciones de gran valor sobre inteligencia artificial procede de Europa;

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Vistos el artículo 2 y el artículo 10, apartado 4, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Vistos los artículos 224 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (1) (en lo sucesivo, «Reglamento»), modificado por el Reglamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de mayo de 2018 (2), y el Reglamento (UE, Euratom) 2019/493 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de marzo de 2019 (3), y en particular su artículo 38, apartado 1,

—

Visto e1 Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (4) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»),

—

Vistos la consulta a la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (en lo sucesivo, «Autoridad») y sus informes anuales de actividades,

—

Visto el informe del secretario general del Parlamento Europeo a la Mesa, de 19 de abril de 2021, sobre la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vista la opinión de la Comisión de Control Presupuestario,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A9-0294/2021),

A.

Considerando que unos partidos políticos y unas fundaciones políticas a escala de la Unión sólidos son esenciales para el desarrollo de una verdadera esfera política de la Unión;

B.

Considerando que los partidos políticos europeos deben desempeñar un papel más destacado en el proceso electoral europeo y contribuir a formar la conciencia política sobre la Unión y a expresar la voluntad de los ciudadanos de la Unión; que la diversidad política es esencial para el discurso público y para expresar las preferencias de los ciudadanos;

C.

Considerando que los partidos no se pueden considerar entidades no partidistas en el marco de la competencia política y que su financiación no puede limitarse a los gastos apolíticos;

D.

Considerando que el mandato de las fundaciones políticas europeas engloba el refuerzo de la conciencia política y la contribución al debate sobre cuestiones políticas de la Unión y sobre el proceso de integración europea y que, en este marco, también desarrollan propuestas que no van dirigidas de forma exclusiva a los miembros o los votantes de un partido en concreto, sino que están abiertas a todos en las mismas condiciones;

E.

Considerando que los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas deben cooperar con los partidos y socios nacionales que los integran con el fin de ayudarlos a acercar la Unión y sus políticas a los ciudadanos y reforzar la legitimidad democrática;

F.

Considerando que los partidos políticos europeos deben cooperar con sus homólogos nacionales para facilitar una participación interactiva en lo que respecta a los asuntos de la Unión;

G.

Considerando que, para que puedan seguir conociendo y expresando la voluntad de los ciudadanos de la Unión, es esencial que el papel y el funcionamiento de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas no se limiten a cuestiones de importancia exclusivamente europea a escala de la Unión; que debe permitirse a los partidos políticos europeos y fundaciones políticas europeas utilizar sus fondos para financiar cualquier actividad que contribuya a informar a los ciudadanos de la Unión y a reforzar la sensibilización sobre cuestiones relacionadas con las políticas de la Unión;

H.

Considerando que disponer de recursos financieros suficientes es un requisito previo para que los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas asuman sus tareas, mientras que la plena transparencia y la responsabilidad deben ser una condición necesaria para recibir fondos públicos procedentes del presupuesto de la Unión;

I.

Considerando que los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas pueden ser útiles para promover las políticas de la Unión en los países vecinos en el marco de la política exterior y de seguridad común y de las relaciones exteriores de la Unión; que, por lo tanto, deben poder afiliar a partidos o individuos de estos países y estar autorizados a recibir sus contribuciones, siempre que se garantice una total transparencia y el respeto del artículo 325 del TFUE y de las normas de la Unión en materia de lucha contra el fraude y la corrupción;

J.

Considerando que los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas deben poder disponer de otras categorías de ingresos además de las contribuciones y donaciones;

K.

Considerando que una adaptación de la tasa de cofinanciación de los partidos políticos europeos al nivel impuesto a las fundaciones políticas evitaría la acumulación de la deuda;

L.

Considerando que debe simplificarse el sistema de control administrativo de los gastos, teniendo debidamente presente el respeto de la transparencia y la buena utilización de los fondos públicos, y que debe suprimirse la obligación de presentar cuentas con arreglo a la Norma Internacional de Información Financiera, ya que no se corresponde con la naturaleza de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y representa una carga innecesaria de tiempo y dinero;

M.

Considerando que la adaptación del período de prórroga de las fundaciones políticas europeas a los requisitos impuestos a los partidos políticos evitaría un segundo nivel de auditoría y, en consecuencia, reduciría de forma significativa la carga administrativa para las fundaciones;

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Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en particular, sus artículos 2 y 7, apartado 1,

—

Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), de 4 de noviembre de 1950, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la materia,

—

Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en particular sus artículos 18 y 19,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), y en particular sus artículos 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 21, 23, 35 y 45,

—

Vista la Constitución de la República de Polonia,

—

Vistos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966, de las Naciones Unidas,

—

Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 18 de diciembre de 1979 y sus Recomendaciones generales n.o 21 (1994), n.o 24 (1999), n.o 28 (2010), n.o 33 (2015) y n.o 35 (2017),

—

Vistos la Plataforma de Acción de Pekín y los resultados de sus conferencias de revisión,

—

Vistos la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) de 1994 celebrada en El Cairo, su Programa de Acción, y los resultados de sus conferencias de revisión, en particular la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD+25, y sus compromisos de esforzarse por alcanzar el objetivo de los «tres ceros», esto es, cero necesidad no satisfecha de información y servicios de planificación familiar, cero muertes maternas evitables y cero violencia sexual y de género y prácticas nocivas contra las mujeres y las niñas,

—

Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas acordados en 2015, y, en particular, los objetivos 3 y 5,

—

Visto el Plan de Acción para la Salud Sexual y Reproductiva de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud: hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en Europa — sin dejar a nadie atrás,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 10 de diciembre de 1984,

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que entró en vigor el 1 de agosto de 2014,

—

Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género (1),

—

Visto el documento de debate del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 4 de diciembre de 2017, titulado «Salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Europa»,

—

Vistas las orientaciones técnicas internacionales, de 2018, de la UNESCO, sobre educación en sexualidad,

—

Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Polonia y, en particular, la de 15 de noviembre de 2017 sobre la situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia (2) y la de 17 de septiembre de 2020 sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia (3),

—

Vistos los cuatro procedimientos de infracción incoados por la Comisión contra Polonia en relación con la reforma del sistema judicial polaco y la propuesta de Decisión del Consejo, de 20 de diciembre de 2017, relativa a la constatación de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de la República de Polonia (COM(2017)0835),

—

Vista su Resolución de 1 de marzo de 2018 sobre la decisión de la Comisión de activar el artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en Polonia (4),

—

Vista su Resolución de 14 de noviembre de 2019 sobre la criminalización de la educación sexual en Polonia (5),

—

Vista su Resolución de 13 de febrero de 2019 sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea (6),

—

Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2020, sobre la prohibición de facto del derecho al aborto en Polonia (7),

—

Vista especialmente su Resolución, de 24 de junio de 2021, sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres (8),

—

Visto el Atlas Europeo de las Políticas de Aborto de 2021, que puntúa a 52 países y territorios europeos en función de sus marcos jurídicos para el acceso a un aborto seguro,

—

Vistas sus Resoluciones, de 16 de septiembre de 2021, sobre la libertad de los medios de comunicación y un mayor deterioro del Estado de Derecho en Polonia (9), y, de 21 de octubre de 2021, sobre la crisis del Estado de Derecho en Polonia y la primacía del Derecho de la Unión (10),

—

Visto el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, justicia, Estado de Derecho, respeto de los derechos humanos y no discriminación, tal como se recoge en el artículo 2 del TUE; que, en virtud del Derecho internacional y de los Tratados de la Unión, todos los Estados miembros han contraído obligaciones y deberes con el fin de respetar, garantizar y observar los derechos fundamentales;

B.

Considerando que, de conformidad con la Carta, el CEDH y la jurisprudencia del TEDH, así como con la jurisprudencia de los órganos de los Tratados de las Naciones Unidas, la salud y los derechos sexuales y reproductivos están relacionados con diversos derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho a la atención sanitaria, la ausencia de tratos inhumanos o degradantes y el respeto de la integridad física, la privacidad y la autonomía personal; que dichos derechos humanos se consagran también en la Constitución polaca; que los Estados miembros están jurídicamente obligados a defender y proteger los derechos humanos de conformidad con sus constituciones, los Tratados de la Unión y la Carta, así como con el Derecho internacional;

C.

Considerando que retrasar y denegar el acceso al aborto constituye una forma de violencia de género; que el acceso al aborto es esencial para la igualdad social y económica; que diversos organismos de derechos humanos (11) han afirmado que la negación del aborto seguro puede equivaler a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que los abortos inseguros que conducen a la muerte en el contexto de la prohibición del aborto deben entenderse como «homicidios arbitrarios desde el punto de vista del género, sufridos únicamente por las mujeres, como consecuencia de la discriminación consagrada en la legislación»;

D.

Considerando que hace un año, el 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional polaco ilegítimo declaró inconstitucional la disposición de la Ley de 1993 sobre la planificación familiar, la protección del feto humano y las condiciones para la terminación del embarazo que permitía el aborto en los casos en que una prueba prenatal u otras consideraciones médicas hubieran indicado una alta probabilidad de anomalía fetal grave e irreversible o de enfermedad incurable del feto; que ello supuso una prohibición del aborto de facto, puesto que la gran mayoría de los abortos legales practicados en Polonia se basaban en los motivos antes mencionados;

E.

Considerando que la erosión del Estado de Derecho en Polonia ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos, incluida la salud y los derechos sexuales y reproductivos; que la prohibición del aborto de facto en Polonia, tras los numerosos ataques contra el Estado de Derecho registrados en los últimos años, constituye un claro ataque contra el Estado de Derecho y los derechos fundamentales y restringe el ejercicio de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Polonia;

F.

Considerando que el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha expresado reiteradamente su preocupación por el hecho de que Polonia no haya aplicado las sentencias del TEDH durante más de trece años en varios casos (12) en los que el Tribunal constató que Polonia había violado los derechos humanos como consecuencia de su inacción para garantizar la accesibilidad al aborto legal en la práctica;

G.

Considerando que las anteriores tentativas para restringir la salud y los derechos sexuales y reproductivos se vieron inicialmente frenadas en 2016, 2018 y 2020 por la oposición masiva de ciudadanos polacos expresada en las denominadas marchas del «viernes negro», que contaron con el firme apoyo de diputados al Parlamento Europeo de diferentes grupos políticos;

H.

Considerando que, como respuesta a la sentencia que restringe aún más el acceso al aborto, se han vuelto a producir protestas sin precedentes en toda Polonia, inclusive en pequeñas ciudades y pueblos, y también en el resto del mundo, y nuevamente en octubre de 2021 en más de veinte ciudades de toda Polonia para conmemorar el aniversario de un año de la prohibición de facto; que las protestas surgieron frente a la grave restricción que socava la salud y los derechos sexuales y reproductivos fundamentales de las mujeres polacas, convirtiéndose posteriormente en protestas contra las nuevas violaciones del Estado de Derecho y contra el Gobierno responsable de dichas violaciones; que está bien documentado el uso de una fuerza excesiva y desproporcionada contra los manifestantes por parte de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad;

I.

Considerando que, pese a las manifestaciones sin precedentes, la sentencia se publicó oficialmente el 27 de enero de 2021, con lo que la prohibición de facto del aborto se convirtió en una realidad para las mujeres en Polonia, lo que ha provocado la generalización de los abortos inseguros y obliga a las mujeres a viajar para abortar en el extranjero, socavando de este modo su salud y sus derechos, así como su autonomía sexual y física, y poniendo en peligro sus vidas;

J.

Considerando que, el 22 de septiembre de 2021, Izabela, una mujer embarazada de treinta años de edad, falleció por choque séptico porque sus médicos no practicaron un aborto para salvarle la vida, sino que esperaron a que el feto muriera debido a las restricciones a los abortos legales y a su efecto disuasorio en los médicos de Polonia; que su muerte desencadenó protestas en varias ciudades polacas y en las redes sociales bajo el lema «Ni una más»;

K.

Considerando que, según informaciones de medios de comunicación, otra mujer llamada Anna, que se encontraba en su quinto mes de embarazo, falleció por choque séptico el 14 de junio de 2021 después de que los médicos la obligaran a dar a luz a un bebé mortinato pese a la posibilidad de septicemia;

L.

Considerando que desde la sentencia muchas mujeres polacas se han visto obligadas a solicitar ayuda a través de iniciativas como Abortion Without Borders y organizaciones radicadas en otros Estados miembros para tener acceso a su salud y derechos sexuales y reproductivos, en especial a los servicios de aborto; que la organización de los trámites para abortar corre a cargo de las organizaciones de defensa de los derechos de grupos informales, y depende de los fondos obtenidos a través de donaciones;

M.

Considerando que en los últimos doce meses los grupos de Abortion Without Borders han ayudado a 34 000 personas (13) de Polonia a acceder al aborto; que estas cifras representan únicamente una parte del número total de mujeres polacas que necesitan ayuda para acceder al aborto;

N.

Considerando que, debido a las restricciones legales y a la estigmatización, faltan datos fiables sobre la incidencia del aborto en muchos Estados miembros, así como sobre el contexto en el que se llevan a cabo los abortos; que unos datos precisos, anónimos y actualizados periódicamente sobre el aborto en todos los Estados miembros son vitales para comprender las necesidades en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos y garantizar los derechos de las mujeres;

O.

Considerando que, según los datos recopilados por la Federación de la Mujer y la Planificación Familiar (FEDERA), en los últimos diez meses solo trescientas mujeres pudieron acceder a servicios de aborto en hospitales polacos por motivos de riesgo para la vida y la salud; que la sentencia estigmatiza aún más la salud y los derechos sexuales y reproductivos y afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las personas embarazadas que carecen de medios financieros para costearse abortos médicos o abortos en el extranjero, así como a aquellas que carecen de acceso a las tecnologías de la información;

P.

Considerando que solo un escaso número de hospitales en Polonia practican abortos, por temor a litigios judiciales; que a menudo las mujeres se abstienen de recurrir a sus servicios por temor a ser derivadas en sus consultas y a procedimientos farragosos y deliberadamente prolongados; que la vía para ejercer el derecho al aborto legal por motivos de salud mental es empleada cada vez más por mujeres que sufren graves problemas de salud mental como consecuencia de no recibir ninguna asistencia institucional estatal para acceder a los servicios de aborto legal en Polonia; que en julio de 2021 el TEDH anunció su intención de abordar las quejas de mujeres polacas por violaciones de sus derechos garantizados por el CEDH (14);

Q.

Considerando que, según el Atlas Europeo de la Anticoncepción de 2020 (15), incluso antes de la sentencia Polonia contaba con una de las políticas más restrictivas en materia de acceso a anticonceptivos, planificación familiar, asesoramiento y oferta de información en línea; que Polonia es uno de los pocos países que requiere una prescripción para los anticonceptivos de emergencia, que a menudo los médicos deniegan por convicciones personales;

R.

Considerando que, sobre la base del Código Penal polaco, cualquier persona que ponga fin al embarazo de otra, o que ayude o induzca a una persona embarazada a poner fin a su embarazo infringiendo las disposiciones de la ley, se enfrenta a responsabilidades penales, incluidas penas de prisión; que, como consecuencia de las disposiciones legales vigentes, el estigma social, el miedo y la presión de sus homólogos y de las autoridades médicas, los médicos en Polonia prefieren no ser asociados a los procedimientos de aborto, y que este ya era el caso incluso cuando el aborto era aún legal; que, además de la muy utilizada cláusula de objeción de conciencia, algunos médicos crean obstáculos no previstos en la legislación, tales como reconocimientos médicos innecesarios, consultas psicológicas o consultas adicionales con expertos, o limitan el derecho de las mujeres a las pruebas y a la información prenatales, que deben garantizarse para todos en el marco del sistema sanitario público; que no es admisible que las convicciones personales respecto al aborto interfieran con el derecho de la paciente a acceder plenamente a la asistencia sanitaria y a los servicios prestados en virtud de la legislación;

S.

Considerando que el acceso a cuidados ginecológicos en Polonia está muy restringido y es casi imposible en algunas regiones, lo que provoca un elevado número de embarazos no deseados, mala salud reproductiva, alta prevalencia del cáncer cervicouterino y un acceso insuficiente a los anticonceptivos; que, según la Oficina Superior de Auditoría, en 2018 solo el 2 % de las embarazadas residentes en zonas rurales de Polonia se sometieron a todas las pruebas estándar necesarias durante el embarazo; que el acceso de las personas LGBTI + a la atención sanitaria sexual y reproductiva está muy restringido, al igual que sus derechos; que las personas transexuales y no binarias que necesitan cuidados ginecológicos sufren discriminación en entornos médicos y a menudo se les deniega el acceso a la atención sanitaria; que la educación sexual y relacional adaptada a la edad en las escuelas polacas no es obligatoria ni exhaustiva ni basada en hechos, y que se está intentando prohibirla por completo;

T.

Considerando que se ha producido un aumento del número de amenazas preocupantes y campañas de odio contra los defensores de los derechos humanos de las mujeres en Polonia por apoyar los derechos de las mujeres, el derecho al aborto y el movimiento Huelga de Mujeres, que ha estado al frente de las protestas multitudinarias contra las restricciones de acceso al aborto legal; que estas amenazas son un recordatorio alarmante de los crecientes riesgos que corren los defensores de los derechos humanos de las mujeres en Polonia;

U.

Considerando que los defensores de los derechos humanos de las mujeres han estado recogiendo firmas para un proyecto de ley, que forma parte de la iniciativa cívica organizada por FEDERA que lleva como título «Aborto legal. Sin compromisos» y que anularía la prohibición del aborto y permitiría la interrupción segura del embarazo hasta la duodécima semana sin que la paciente tenga que dar un motivo y, en casos excepcionales, después de la duodécima semana; que, en septiembre de 2021, la fundación antiaborto Pro — Prawo do Życia presentó ante el Parlamento polaco un proyecto de ley titulado «Stop Aborcji 2021» (Paremos el aborto 2021), que prohibiría completamente el acceso al aborto y lo tipificaría como delito con penas de hasta veinticinco años de prisión;

V.

Considerando que las leyes del Parlamento polaco relativas al Tribunal Constitucional aprobadas el 22 de diciembre de 2015 y el 22 de julio de 2016, así como el paquete de tres leyes aprobado a finales de 2016, socavaron gravemente la independencia y legitimidad de dicho Tribunal; que las leyes de 22 de diciembre de 2015 y 22 de julio de 2016 fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional el 9 de marzo y el 11 de agosto de 2016, respectivamente; que estas resoluciones no fueron publicadas ni ejecutadas en su momento por las autoridades polacas; que, desde la entrada en vigor de los cambios legislativos (16) mencionados anteriormente, ya no se puede garantizar de manera efectiva la constitucionalidad de las leyes polacas en Polonia y, por tanto, la legalidad de la sentencia de 22 de octubre de 2020 es cuestionable;

W.

Considerando que, el 7 de octubre de 2021, el mismo «Tribunal Constitucional» ilegítimo dio a conocer su sentencia en el asunto K 3/21, adoptada con dos votos particulares, sobre la petición presentada por el primer ministro polaco el 29 de marzo de 2021, sentencia en la que declaraba la incompatibilidad de las disposiciones del TUE con la Constitución polaca por múltiples motivos; que esta sentencia constituye un ataque contra la comunidad europea de leyes y valores en su conjunto, al negar la primacía del Derecho de la Unión, que es uno de sus principios fundamentales según jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

X.

Considerando que la sentencia de 22 de octubre de 2020 anula los derechos adquiridos de las mujeres polacas, ya que antes de su aplicación el aborto era legal en Polonia en tres supuestos, lo que implica que la situación de las mujeres polacas es ahora peor que en el momento de la adhesión de Polonia a la Unión en 2004; destaca que el Tribunal Constitucional no había puesto en tela de juicio la constitucionalidad de los tres supuestos existentes hasta que el Gobierno encabezado por el partido PiS se hizo con el control tanto de este Tribunal como, en términos más generales, del sistema judicial;

Y.

Considerando que una organización fundamentalista, Ordo Iuris, estrechamente vinculada a la coalición gubernamental, ha impulsado campañas que están socavando los derechos humanos y la igualdad de género en Polonia, con intentos incluso de prohibir el aborto, y peticiones para la retirada de Polonia del Convenio de Estambul y la creación de «zonas libres de LGBTI»; que, por tanto, en Polonia se recurre indebidamente a los valores culturales y religiosos para impedir la plena realización de los derechos de las mujeres, su igualdad y su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos;

Z.

Considerando que la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Parlamento y la Comisión han expresado su profunda preocupación acerca del Estado de Derecho, incluidas la legitimidad, la independencia y la efectividad del Tribunal Constitucional; que la Comisión puso en marcha un procedimiento del artículo 7, apartado 1, a raíz de las reformas del sistema judicial polaco de 2015;

1.

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29.

—

Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Fulvio Martusciello, transmitido el 31 de marzo de 2021 por el Servicio Público Federal de Asuntos Exteriores del Reino de Bélgica y comunicado al Pleno el 26 de abril de 2021,

—

Previa audiencia a Fulvio Martusciello, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento interno,

—

Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

—

Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011, 17 de enero de 2013 y 19 de diciembre de 2019 (1),

—

Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0302/2021),

A.

Considerando que el Fiscal General del Tribunal de Apelación de Bruselas ha solicitado la suspensión de la inmunidad de Fulvio Martusciello, diputado al Parlamento Europeo elegido por Italia, en relación con un exceso de velocidad que infringe el artículo 11.2, apartado 1, letra a) del Real Decreto, de 1 de diciembre de 1975, por el que se establecen las normas generales relativas a la policía de la circulación vial y a la utilización de carreteras públicas, y el artículo 29, apartado 3, de la Ley de 16 de marzo de 1968 sobre la policía de tráfico;

B.

Considerando que, el 25 de noviembre de 2020, en el marco de una campaña contra el exceso de velocidad, la policía de tráfico interceptó un vehículo en la autopista E411 a la velocidad medida en el cinemómetro de 179 km/h, en un tramo en el que la velocidad máxima permitida es de 120 km/h;

C.

Considerando que la policía identificó al conductor de dicho vehículo como Fulvio Martusciello, el cual dio a conocer su condición de diputado al Parlamento Europeo; que, en respuesta a una copia del acta enviada el 15 de diciembre de 2020 por la Fiscalía del Brabante Valón en la que se le pedía que presentara sus observaciones, Fulvio Martusciello no impugnó el exceso de velocidad;

D.

Considerando, por un lado, que el Parlamento no puede equipararse a un órgano jurisdiccional y, por otro, que el diputado, en el contexto de un procedimiento de suspensión de la inmunidad, no puede considerarse un «acusado» (2);

E.

Considerando que el supuesto delito no guarda relación directa o evidente con el ejercicio por parte de Fulvio Martusciello de sus funciones como diputado al Parlamento Europeo, ni conlleva la expresión de opiniones ni la emisión de votos en el ejercicio de sus funciones como diputado al Parlamento Europeo, en el sentido del artículo 8 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea;

F.

Considerando que el artículo 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea señala que

«Mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus miembros gozarán:

Gozarán igualmente de inmunidad cuando se dirijan al lugar de reunión del Parlamento Europeo o regresen de éste.

No podrá invocarse la inmunidad en caso de flagrante delito ni podrá ésta obstruir el ejercicio por el Parlamento Europeo de su derecho a suspender la inmunidad de uno de sus miembros.»;

G.

Considerando que, en el presente caso, el Parlamento no ha encontrado indicios de fumus persecutionis, es decir, elementos de hecho que apunten a que el procedimiento judicial responda a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo;

—

Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Harald Vilimsky, promovido por la Fiscalía de Viena y transmitido por el jefe de la Representación Permanente de Austria ante la Unión Europea el 7 de mayo de 2021, en relación con un procedimiento penal, y comunicado al Pleno del 20 de mayo de 2021,

—

Previa audiencia a Harald Vilimsky, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento interno,

—

Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

—

Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011, 17 de enero de 2013 y 19 de diciembre de 2019 (1),

—

Visto el artículo 57, apartados 2 y 3, de la Constitución Austriaca,

—

Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0303/2021),

A.

Considerando que la Fiscalía de Viena ha solicitado la suspensión de la inmunidad de Harald Vilimsky, diputado al Parlamento Europeo, con el fin de incoar un procedimiento penal por la comisión de un delito de malversación tipificado en el artículo 153, apartados 1 y 3, primer caso, y la comisión, como partícipe, de un delito de apropiación indebida tipificado con arreglo al artículo 12, segunda alternativa, y al artículo 133, apartados 1 y 2, primer caso, y de uso indebido de fondos procedentes de subvenciones, con arreglo al artículo 153 ter, apartados 1, 2 y 3, del Código Penal austriaco;

B.

Considerando que Harald Vilimsky fue tesorero del grupo del Partido Liberal de Austria (FPÖ) en el Parlamento nacional desde el 27 de octubre de 2006 hasta el 23 de octubre de 2019; que fue elegido diputado al Parlamento Europeo, como resultado de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en mayo de 2019;

C.

Considerando que, entre el 1 de octubre de 2011 y el 13 de agosto de 2019, Harald Vilimsky presuntamente abusó de su autoridad para disponer de cuentas bancarias pertenecientes al grupo del FPÖ en el Parlamento nacional, disponiendo el pago de facturas mediante transferencias periódicas desde la cuenta del grupo parlamentario para servicios de telefonía móvil utilizados con fines totalmente privados por un tercero, lo que supuso un perjuicio económico para dicho grupo;

D.

Considerando que supuestamente utilizó los fondos concedidos al grupo del FPÖ en el Parlamento nacional para fines que van más allá de los definidos en el artículo 1 de la Ley de Financiación de Grupos Parlamentarios de Austria de 1985 (KlubFG), y que supuestamente lo hizo con pleno conocimiento de que los servicios pagados no estaban relacionados con el partido;

E.

Considerando que el supuesto delito no se refiere a opiniones o votos emitidos en el ejercicio de las funciones del diputado al Parlamento Europeo a efectos del artículo 8 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea;

F.

Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

G.

Considerando que el artículo 57, apartados 2 y 3, de la Constitución Austriaca, establece:

H.

Considerando, por un lado, que el Parlamento no puede equipararse a un órgano jurisdiccional y, por otro, que el diputado, en el contexto de un procedimiento de suspensión de la inmunidad, no puede considerarse un «acusado» (2);

I.

Considerando que la inmunidad parlamentaria tiene como finalidad proteger al Parlamento y a sus diputados frente a los procedimientos judiciales relacionados con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias y que no puede desvincularse de estas;

J.

Considerando que, en el presente caso, el Parlamento no ha encontrado indicios de fumus persecutionis, es decir, elementos de hecho que apunten a que el procedimiento judicial responda a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo;

—

Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Nils Ušakovs, transmitido por el fiscal general de la República de Letonia, con fecha de 23 de octubre de 2020, en relación con la futura incoación de un procedimiento penal en la República de Letonia, y comunicado al Pleno del 13 de noviembre de 2020,

—

Previa audiencia a Nils Ušakovs, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento interno,

—

Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

—

Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011, 17 de enero de 2013 y 19 de diciembre de 2019 (1),

—

Vistos los artículos 29 y 30 de la Constitución de Letonia,

—

Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0304/2021),

A.

Considerando que el Fiscal de la División de Investigación de Asuntos Especialmente Graves del Departamento de Justicia Penal de la Fiscalía General de Riga ha solicitado la suspensión de la inmunidad de Nils Ušakovs, diputado al Parlamento Europeo, con el fin de incoar un procedimiento penal contra él en relación con la infracción de la prohibición de circulación de dispositivos modificados para operaciones clandestinas especiales;

B.

Considerando que, el 30 de enero de 2019, durante un registro autorizado de la oficina de Nils Ušakovs como alcalde de Riga, en relación con otro procedimiento penal, se encontró un dispositivo destinado principalmente a ser utilizado como medio de grabación clandestina de vídeo y audio, especialmente diseñado y utilizado para operaciones clandestinas especiales;

C.

Considerando que, al mantener el dispositivo en su despacho en los locales del Ayuntamiento de Riga, el Sr. Ušakovs violó presuntamente la prohibición establecida en el artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Ley de circulación de bienes de importancia estratégica, que prohíbe a las personas físicas adquirir o mantener equipos, dispositivos o herramientas, o componentes de estos, especialmente diseñados o modificados para operaciones clandestinas especiales que figuran en la lista nacional de bienes y servicios de importancia estratégica de la República de Letonia; que, con sus actos, el Sr. Ušakovs cometió presuntamente un delito tipificado en el artículo 2371, apartado 2, del Código Penal letón;

D.

Considerando que Nils Ušakovs fue elegido diputado al Parlamento Europeo, como resultado de las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en mayo de 2019;

E.

Considerando que el supuesto delito no guarda relación con opiniones expresadas o votos emitidos por Nils Ušakovs en el ejercicio de sus funciones a efectos del artículo 8 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea;

F.

Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

G.

Considerando que los artículos 29 y 30 de la Constitución Letona disponen lo siguiente:

H.

Considerando, por un lado, que el Parlamento no puede equipararse a un órgano jurisdiccional y, por otro, que el diputado, en el contexto de un procedimiento de suspensión de la inmunidad, no puede considerarse un «acusado» (2);

I.

Considerando que la inmunidad parlamentaria tiene como finalidad proteger al Parlamento y a sus diputados frente a los procedimientos judiciales relacionados con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus obligaciones parlamentarias y que no puede desvincularse de estas;

J.

Considerando que, en el presente caso, el Parlamento no ha encontrado indicios de fumus persecutionis, es decir, elementos de hecho que apunten a que el procedimiento judicial responda a la intención de dañar la actividad política de un diputado y, por tanto, del Parlamento Europeo;

—

Vista la Posición del Consejo en primera lectura (09722/1/2021– C9-0371/2021),

—

Vista la exposición de motivos de la posición del Consejo en primera lectura,

—

Vistos los dictámenes motivados presentados por el Parlamento irlandés y por el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 21 de septiembre de 2016 (1),

—

Vista su Posición en primera lectura (2) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0198),

—

Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el acuerdo provisional aprobado por las comisiones competentes con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno,

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento interno,

—

Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A9-0305/2021),

1.

2.

3.

4.

5.

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2021)0089),

—

Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 185 y 188, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C9-0083/2021),

—

Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

—

Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 8 de octubre de 2021, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A9-0242/2021),

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0271) y las modificaciones de la propuesta (COM(2018)0633),

—

Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 78, apartados 1 y 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0174/2016),

—

Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 74, apartado 4, de su Reglamento interno y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 30 de junio de 2021, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Presupuestos,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0392/2016),