—

Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea y los artículos 4, 9 y 151 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas adoptados por los líderes mundiales en septiembre de 2015 y refrendados por el Consejo, en particular los ODS 1, 3, 8 y 11,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el artículo 21 sobre la no discriminación, el artículo 26 sobre la integración de las personas con discapacidad y el artículo 34, apartado 3, sobre el reconocimiento por parte de la Unión y el respeto del derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda,

—

Vista la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961,

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, en particular su principio 19 sobre la vivienda y la asistencia para las personas sin hogar,

—

Vista la Carta comunitaria de los derechos sociales de los trabajadores de 1989,

—

Vistas las recomendaciones específicas por país de la Unión, de 25 de mayo de 2018, sobre la vivienda en los 28 Estados miembros,

—

Vista la Carta de Ginebra de las Naciones Unidas sobre Vivienda Sostenible y su objetivo de «garantizar a todos el acceso a una vivienda digna, adecuada, asequible y salubre»,

—

Vista su Resolución legislativa, de 10 de julio de 2020, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (1),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (2),

—

Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre empleo y políticas sociales en la zona del euro (3),

—

Vista su Resolución legislativa, de 4 de abril de 2019, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) (4),

—

Visto el artículo 227, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Comisión de Peticiones ha recibido la petición n.o 0546/2020 y otras peticiones que expresan preocupación por la situación de más de cuatro millones de ciudadanos europeos sin hogar y por el número de personas sin hogar en la Unión, que habría aumentado más del 70 % en los últimos diez años;

B.

Considerando que el problema de las personas sin hogar está directamente relacionado con la dificultad de ejercer otros derechos básicos, como el acceso a la asistencia sanitaria, y que las personas sin hogar son a menudo objeto de delitos de odio y violencia, incluida la estigmatización social;

C.

Considerando que estas peticiones piden una Unión Europea que no deje a nadie atrás y adopte una acción concertada urgente para adoptar medidas preventivas que puedan reducir de manera sostenible el riesgo y la magnitud del problema de las personas sin hogar;

D.

Considerando que, en la jerarquía de las necesidades humanas, la vivienda ofrece un espacio de vida y con ello permite también satisfacer otras necesidades tanto básicas como más elevadas;

E.

Considerando que la Unión Europea debe luchar contra la exclusión social y la discriminación y fomentar la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad intergeneracional y la protección de los derechos del niño;

F.

Considerando que, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión ha de tener en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada, la lucha contra la exclusión social, las políticas sociales de vivienda y un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana;

G.

Considerando que la ausencia de una definición única y ampliamente adoptada de la situación de carencia de hogar y de la exclusión en materia de vivienda en la Unión dificulta la evaluación del alcance de la carencia de hogar en los Estados miembros de la Unión;

H.

Considerando que el número de personas sin hogar ha aumentado en la última década en varios Estados miembros de la Unión; que las causas de este incremento son una combinación del aumento de los costes de la vivienda, el impacto de la crisis económica, la reducción de la protección social y la insuficiencia de las políticas para abordar la situación de las personas sin hogar en muchos Estados miembros; que los precios de la vivienda aumentaron un 5 % en la zona del euro (EA-19) y un 5,2 % en la EU-27 en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el mismo trimestre del año anterior;

I.

Considerando que la Unión no tiene competencias directas en materia de política de vivienda, pero puede incidir indirectamente en las condiciones de la vivienda en los Estados miembros mediante reglamentaciones, como las normas relativas a las ayudas estatales, el Derecho fiscal y el Derecho de competencia y mediante medidas como recomendaciones y orientaciones;

J.

Considerando que el Fondo Social Europeo se creó para mejorar las oportunidades de empleo de los trabajadores en el mercado interior y contribuir así a elevar el nivel de vida y ayudar a las personas sin hogar a acceder a viviendas sociales;

K.

Considerando que otros Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, como el FEDER, se han utilizado para proyectos de vivienda y para abordar las necesidades de comunidades desfavorecidas;

L.

Considerando que el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas apoya las acciones de los Estados miembros de la Unión para entregar alimentos o prestar asistencia material básica a las personas más desfavorecidas;

M.

Considerando que la situación de las personas sin hogar se ha mencionado cada vez con mayor frecuencia en los informes del Semestre Europeo más recientes;

N.

Considerando que los costes sociales de no abordar la situación de las personas sin hogar son especialmente elevados en los ámbitos de la justicia y la salud;

O.

Considerando que las políticas de bienestar social, basadas en amplias disposiciones universales acompañadas de medidas bien orientadas, desempeñan un papel muy importante a la hora de prevenir la situación de carencia de hogar;

P.

Considerando que las pruebas recopiladas sobre los efectos de la crisis de la COVID-19 en la asequibilidad de la vivienda en la Unión indican que, a medio plazo, la recesión económica y la pérdida de empleo e ingresos pueden aumentar aún más la sobrecarga del coste de la vivienda y el número de personas sin hogar en Europa;

Q.

Considerando que el perfil de la población sin hogar ha ido cambiando y ahora incluye a más jóvenes y niños, personas mayores, migrantes, gitanos y otras minorías desfavorecidas, y a mujeres y familias que corren un riesgo creciente de encontrarse sin hogar;

R.

Considerando que tener acceso a una vivienda digna y formar parte de la sociedad es fundamental para que las personas puedan desarrollar plenamente su potencial y contribuir a la sociedad;

S.

Considerando que la situación de carencia de hogar suele estar desencadenada por una compleja interacción de factores estructurales, institucionales y personales;

T.

Considerando que el problema de las personas sin hogar y la exclusión en materia de vivienda constituyen un problema social para el que debe encontrarse una solución permanente;

U.

Considerando que algunos Estados miembros criminalizan la situación de las personas sin hogar y los comportamientos asociados a esta situación;

V.

Considerando que, en algunos Estados miembros, las personas sin hogar solo tienen acceso constante a un alojamiento durante el invierno y no de forma continuada a lo largo del año;

W.

Considerando que, en algunos Estados miembros, los servicios locales de seguridad social solo desempeñan un papel pasivo a la hora de ayudar a las personas sin hogar a reintegrarse en la sociedad;

1.

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23.

24.

25.

—

Vista la petición n.o 0653/2020,

—

Vistos los artículos 21, apartado 1, y 67, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Protocolo del Tratado de Ámsterdam por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea (1),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de marzo de 2020, titulada «Directrices relativas al ejercicio de la libre circulación de trabajadores durante el brote de COVID-19» (C(2020)2051),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de julio de 2020, titulada «Directrices relativas a los trabajadores de temporada en la UE en el contexto de la pandemia de COVID-19» (C(2020)4813),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2020, titulada «COVID-19 — Por un enfoque gradual y coordinado de la restauración de la libertad de circulación y del levantamiento de los controles en las fronteras interiores» (C(2020)3250),

—

Vistas su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (3) y su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre la situación en el espacio Schengen tras el brote de COVID-19 (4),

—

Vista su Resolución, de 19 de junio de 2020, sobre la protección europea de los trabajadores transfronterizos y temporeros en el contexto de la crisis de la COVID-19 (5),

—

Vista su Resolución, de 17 de septiembre de 2020, sobre la COVID-19: coordinación a escala de la Unión de las evaluaciones sanitarias y la clasificación del riesgo y consecuencias para el espacio Schengen y el mercado único (6),

—

Vista la Recomendación (UE) 2020/1475 del Consejo, de 13 de octubre de 2020, sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 (7),

—

Vistas las deliberaciones sobre la petición n.o 0653/2020 durante la reunión de la Comisión de Peticiones del 2 de julio de 2020,

—

Visto el artículo 227, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Comisión de Peticiones ha recibido la petición n.o 0653/2020 presentada por representantes de las regiones fronterizas de Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la que expresan su preocupación por el cierre repentino de las fronteras interiores de la Unión en respuesta a la pandemia de COVID-19, y las consecuencias que las diferentes medidas introducidas por varios Estados miembros han tenido para los ciudadanos de la Unión, especialmente para los que viven en regiones fronterizas;

B.

Considerando que las regiones fronterizas representan el 40 % del territorio de la Unión Europea y que en ellas reside el 30 % de la población de la Unión;

C.

Considerando que el acervo de Schengen ha sido fundamental para que las regiones fronterizas se conviertan en lugares de intercambio económico y social, así como en regiones modelo para la cooperación territorial y la innovación institucional;

D.

Considerando que la pandemia de COVID-19 constituye una grave amenaza para la salud pública, ya que afecta a la salud y la vida de todas las personas que residen en la Unión, así como a los sistemas sanitarios y asistenciales de los Estados miembros;

E.

Considerando que, como respuesta a la pandemia de COVID-19, la mayoría de los Estados miembros han restablecido los controles en las fronteras interiores o han cerrado las fronteras; que se han introducido y siguen aplicándose restricciones temporales a los viajes desde terceros países, pero también desde Estados miembros de la Unión en el espacio Schengen; que estas medidas no han estado coordinadas entre los Estados miembros o con las instituciones de la Unión;

F.

Considerando que más de diecisiete millones de ciudadanos de la Unión viven y trabajan en un Estado miembro de la Unión distinto del de su ciudadanía (el 3,9 % de la mano de obra total en 2018);

G.

Considerando que, de conformidad con el Código de Fronteras Schengen, los Estados miembros pueden introducir controles en las fronteras interiores con carácter excepcional y como último recurso en caso de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior, y deben respetar el principio de proporcionalidad; que, en tal caso, es necesario enviar una notificación a los demás Estados miembros y a la Comisión;

1.

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10.

11.

12.

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular su artículo 114,

—

Vistos los artículos 169, 191, 192 y 193 del TFUE,

—

Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (1),

—

Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores (2),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes (3),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de junio de 2018, por el que se establece el programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las estadísticas europeas (COM(2018)0441) ,

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» (COM(2020)0098),

—

Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas (5),

—

Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del paquete sobre la economía circular: opciones para abordar la interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos (6),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (7),

—

Vista la publicación de la Comisión de octubre de 2018 titulada «Behavioural Study on Consumer’s Engagement in the Circular Economy» (Estudio conductual sobre la participación de los consumidores en la economía circular),

—

Visto el informe del Centro Común de Investigación de 2019 titulado «Analysis and development of a scoring system for repair and upgrade of products» (Análisis y desarrollo de un sistema de puntuación relativo a la reparación y a la mejora de productos),

—

Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de 4 de diciembre de 2019, titulado «El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2020»,

—

Visto el estudio elaborado en marzo de 2020 a petición de su Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor titulado «Promoting Product Longevity» (Promover la longevidad del producto),

—

Visto el análisis en profundidad realizado en abril de 2020 a petición de su Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor titulado «Sustainable Consumption and Consumer Protection Legislation» (Consumo sostenible y legislación sobre protección del consumidor),

—

Visto el informe de la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC), de 18 de agosto de 2015, titulado «Durable goods: More sustainable products, better consumer rights — Consumer expectations from the EU’s resource efficiency and circular economy agenda» (Bienes duraderos: Productos más sostenibles, mejores derechos de los consumidores — Expectativas de los consumidores en relación con la agenda de la Unión sobre la eficiencia en el uso de los recursos y la economía circular),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vista la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

—

Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-0209/2020),

A.

Considerando que, ante la escasez de recursos naturales y la proliferación de los residuos, es imperativo instaurar patrones de producción y de consumo sostenibles que tengan en cuenta los límites del planeta, y priorizar un uso más eficaz y sostenible de los recursos;

B.

Considerando que la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado la necesidad de establecer modelos de negocio nuevos y más resilientes y de apoyar a las empresas europeas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (pymes), las microempresas y los trabajadores por cuenta propia;

C.

Considerando que un mercado único sostenible debe reflejar el llamamiento del Parlamento (8) en favor de la adopción de un Pacto Verde Europeo ambicioso; que, por consiguiente, es esencial desarrollar una estrategia basada en la investigación para aumentar la durabilidad, reutilizabilidad, actualizabilidad y reparabilidad de los productos; que esta estrategia debe crear empleo, crecimiento y oportunidades de innovación para las empresas europeas, apoyar su competitividad a escala mundial y garantizar un elevado nivel de protección del consumidor;

D.

Considerando que una estrategia común y global no equivale a un enfoque único; que sería más adecuado un enfoque diferenciado basado en las especificidades de cada categoría de producto y sector, así como en el mercado y la evolución tecnológica; que para implantar un mercado único sostenible que funcione correctamente resulta esencial la aplicación y observancia adecuadas de las normas existentes;

E.

Considerando que es esencial movilizar fondos suficientes a través de programas financieros como el Programa sobre el Mercado Único, con vistas a una transición hacia la neutralidad climática y la economía circular, con el fin de financiar la investigación y el desarrollo en el ámbito de los productos sostenibles, así como campañas de sensibilización dirigidas a las empresas y los consumidores;

F.

Considerando que, según el estudio de comportamiento de 2018 de la Comisión, los consumidores están dispuestos a emprender el viaje hacia una economía circular y es tres veces más probable que adquieran un producto si está etiquetado como más duradero y reparable, pero persisten obstáculos, incluida la asimetría de la información; que una información clara, fiable y transparente sobre las características de un producto, incluida la vida útil estimada y la reparabilidad, es necesaria para la sensibilización de los consumidores y la competencia leal entre las empresas; que, por consiguiente, es necesario mejorar la información existente, evitando al mismo tiempo la sobrecarga de información;

G.

Considerando que la vida útil de un producto y la forma en que envejece dependen de varios factores naturales o artificiales, como la composición, la funcionalidad, el coste de la reparación y los patrones de consumo y de uso; que la vida útil estimada de un producto debe medirse sobre la base de pruebas y criterios objetivos que reflejen las condiciones reales de uso y debe determinarse antes de la comercialización del producto;

H.

Considerando que la Directiva (UE) 2019/771 debe revisarse a más tardar en 2024; que, como preparación de esta revisión, deben evaluarse una serie de medidas destinadas a crear las condiciones adecuadas para aumentar la durabilidad de los productos y garantizar un elevado nivel de protección del consumidor, así como un entorno empresarial competitivo; que el período de garantía legal de dos años podría no ser adecuado para todas las categorías de productos con una vida útil estimada superior;

I.

Considerando que, en una Resolución anterior (9), el Parlamento Europeo pidió medidas para solucionar el problema de la obsolescencia programada de los bienes y de los programas informáticos, incluida la elaboración de una definición común para las pruebas y la detección de prácticas problemáticas; que es necesario desarrollar una estrategia común para el mercado único y ofrecer seguridad jurídica y confianza tanto a las empresas como a los consumidores;

J.

Considerando que la duración de vida útil de los programas informáticos es crucial para la de los aparatos electrónicos; que, toda vez que los programas informáticos quedan obsoletos cada vez con mayor rapidez, es necesario que los aparatos electrónicos sean adaptables para que sigan siendo competitivos (10);

K.

Considerando que el 79 % de los ciudadanos de la Unión considera que debe exigirse a los fabricantes que faciliten la reparación de los dispositivos digitales o la sustitución de sus componentes individuales (11); que los productos de calidad impulsan la competitividad de las empresas europeas;

L.

Considerando que una encuesta realizada en diciembre de 2015 (12) reveló que el 59 % de los consumidores no sabía que el período de garantía legal en la Unión es de al menos dos años; que podría mejorarse el conocimiento de los consumidores del alto nivel de derechos existente en cuanto a la garantía legal, y que dicha mejora contribuiría a un uso más sostenible de los bienes;

M.

Considerando que el auge del comercio electrónico ha creado la necesidad de un mejor control del cumplimiento por parte de los bienes y servicios procedentes de terceros países de las normas ambientales y de seguridad de la Unión, así como de los derechos del consumidor;

N.

Considerando que un mercado único sostenible requiere una vigilancia efectiva del mercado para garantizar el cumplimiento adecuado de estas normas, algo en lo que las autoridades de vigilancia de los mercados y las autoridades aduaneras desempeñan un papel clave;

O.

Considerando que alentar una cultura de la reparación y la reutilización e impulsar la confianza en el mercado de bienes de segunda mano podría crear oportunidades económicas y sociales, así como puestos de trabajo, y, en circunstancias específicas, ser vector de competitividad para el tejido industrial europeo; que, en determinados casos, hay obstáculos que impiden que los consumidores opten por la reparación, como la falta de acceso a las piezas de recambio, la falta de normalización e interoperabilidad y la falta de disponibilidad de servicios de reparación; que esto tiene un impacto negativo en el sector de la reparación;

P.

Considerando que, según un informe del Eurobarómetro (13), el 77 % de los ciudadanos de la Unión preferiría reparar sus dispositivos en vez de sustituirlos; que las empresas de reparación podrían ser una fuente de empleo local y de conocimientos técnicos específicos en Europa;

Q.

Considerando que la prolongación de la vida de un tipo de producto que se encuentre en medio de una mejora sustancial de su eficiencia ambiental debe equilibrarse con la adopción de estos productos mejorados y, por lo tanto, no debe dar lugar a retrasos en la introducción de tecnologías innovadoras que puedan dar lugar a importantes beneficios ambientales;

R.

Considerando que la creciente digitalización proporciona a nuestras sociedades nuevos canales para el intercambio de información y ayuda a crear un mercado sostenible basado en la responsabilidad, la transparencia, el intercambio de información y un uso más eficaz de los recursos;

S.

Considerando que las plataformas en línea podrían cumplir en mayor medida su responsabilidad de proporcionar a los consumidores información fiable sobre los productos y servicios que ofrecen;

T.

Considerando que el sector digital contribuye a la innovación y al fomento de una economía sostenible; que debe abordarse el impacto sobre el medio ambiente de su infraestructura en términos de consumo de energía y recursos; que unos medios de envasado y embalaje y de entrega más sostenibles son cruciales para el establecimiento de una economía circular;

U.

Considerando que una contratación pública ecológica y sostenible es una herramienta estratégica que puede utilizarse para contribuir, junto con otras políticas importantes, a la transición industrial de Europa y para reforzar su resiliencia y una autonomía estratégica abierta; que el uso estratégico de la contratación pública sostenible puede beneficiar tanto a las empresas como a los consumidores al impulsar la demanda y la oferta de bienes sostenibles y hacer que estos productos sean rentables y atractivos para los consumidores;

V.

Considerando que es necesario abordar las afirmaciones ambientales engañosas y abordar las «prácticas de blanqueo ecológico» con metodologías eficaces, incluida la forma de fundamentar dichas afirmaciones;

W.

Considerando que la publicidad influye en los niveles y los patrones de consumo; que la publicidad podría ayudar a las empresas y a los consumidores a tomar decisiones sostenibles con conocimiento de causa;

1.

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32.

33.

—

Vista la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (1),

—

Vista la Decisión n.o 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo (2),

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 764/2008 (3),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4),

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.o 765/2008 y (UE) n.o 305/2011 (5),

—

Vista la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (6),

—

Visto el Reglamento (UE) 2019/881 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 526/2013 («Reglamento sobre la Ciberseguridad») (7),

—

Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2020, sobre los procesos automatizados de toma de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre circulación de bienes y servicios (8),

—

Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica (9),

—

Vistas su Resolución, de 13 de diciembre de 2018, sobre la cadena de bloques: una política comercial orientada al futuro (10),

—

Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el paquete del mercado único (11),

—

Visto su informe provisional, de 14 de noviembre de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 — Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo (12),

—

Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2018, sobre las tecnologías de registros distribuidos y las cadenas de bloques: fomentar la confianza con la desintermediación (13),

—

Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre normas europeas para el siglo XXI (14),

—

Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas (15),

—

Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre la estrategia para el mercado único (16),

—

Vista su Posición aprobada en primera lectura el 15 de abril de 2014 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) n.o …/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la seguridad de los productos de consumo y por el que se derogan la Directiva 87/357/CEE del Consejo y la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (17),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de trabajo de la Comisión para 2020 — Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados» (COM(2020)0037),

—

Visto el informe de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, sobre las repercusiones en materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica (COM(2020)0064),

—

Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, sobre la inteligencia artificial — un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza (COM(2020)0065),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del mercado único» (COM(2020)0094),

—

Vistas las directrices éticas para una IA fiable del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial de la Comisión, publicadas el 8 de abril de 2019,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de abril de 2019, titulada «Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano» (COM(2019)0168),

—

Visto el informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial de la Comisión titulado «Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI» (Recomendaciones estratégicas y de inversión para una IA fiable), publicado el 26 de junio de 2019,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-0207/2020),

A.

Considerando que el mercado único de bienes es una de las piedras angulares de carácter económico más importantes de la Unión y el comercio de bienes genera en la actualidad alrededor de una cuarta parte del PIB de la Unión y tres cuartas partes del comercio en su interior;

B.

Considerando que la Directiva relativa a la seguridad general de los productos (Directiva 2001/95/CE) se aprobó en el año 2001 y que los hábitos de compra de los consumidores han cambiado como consecuencia del aumento de ventas del comercio electrónico; que no prosperó el anterior intento de reforma de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos presentado por la Comisión en 2013;

C.

Considerando que es inaceptable que los consumidores de la Unión estén expuestos a productos que incumplen los requisitos de seguridad de la Unión o son ilegales por otros motivos, al presentar problemas que van desde contener sustancias químicas peligrosas hasta el uso de programas informáticos no seguros y otros riesgos para la seguridad; que resulta necesario un marco legislativo de carácter horizontal que actúe como red de seguridad y refuerce la protección de los consumidores, a fin de garantizar un nivel elevado de protección de la salud y la seguridad de los consumidores;

D.

Considerando que el comercio de bienes en el mercado único está vinculado a la dinámica del comercio mundial de bienes y la eficiencia de las cadenas de suministro; que es por tanto fundamental lograr que se siga dotando a las fronteras exteriores de la Unión de herramientas más eficaces y armonizadas para poder detectar productos no seguros procedentes de terceros países e impedir su circulación en el mercado único, beneficiar a las empresas que cumplen las normas y proteger los derechos de los consumidores de manera adecuada y eficaz;

E.

Considerando que las autoridades competentes han de tener debidamente en cuenta el principio de cautela al adoptar medidas tendentes a la protección de la seguridad de los consumidores, en particular en relación con los productos que incorporan nuevas tecnologías digitales y podrían resultar peligrosos;

F.

Considerando que las tecnologías emergentes están transformando las características de los productos y deben abordarse para garantizar la protección de los consumidores y la seguridad jurídica sin poner por ello trabas a la innovación; que el informe de la Comisión sobre las repercusiones en materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IdC) y la robótica allana el camino para lograrlo;

G.

Considerando que el número de productos peligrosos notificados a través del sistema de alerta rápida para la seguridad de los productos (RAPEX), al igual que las ventas de productos peligrosos y que no cumplen las normas, sigue siendo muy elevado, y que el cumplimiento del marco reglamentario de la Unión, en particular de las normas en materia de seguridad de los productos, también durante el proceso de fabricación, propicia que los productos resulten más seguros;

H.

Considerando que la seguridad desde el diseño y por defecto de los productos es fundamental, ya que la seguridad durante la fase de diseño puede mejorar la seguridad de los productos en el mercado;

I.

Considerando que el sistema de vigilancia del mercado de la Unión se centra principalmente en los agentes económicos presentes en el mercado único, y que la evolución del comercio electrónico deriva en la comercialización directa de un gran número de productos procedentes de terceros países; que muchos de estos productos no respetan no obstante los requisitos de seguridad de la Unión, por lo que existe el riesgo de que el consumidor, que a menudo no es consciente de estos peligros, sufra daños;

J.

Considerando que el nivel de protección de los consumidores no debe depender de si estos realizan sus compras en línea o en una tienda física y que deberían fomentarse en mayor medidas las iniciativas voluntarias implantadas por algunas plataformas digitales y mercados en línea; que siguen haciendo falta otras medidas para brindar protección suficiente a los consumidores, dado que muchos de los productos vendidos en los mercados en línea no cumplen las normas de seguridad de la Unión, y que resulta por tanto necesario un marco reglamentario más amplio para garantizar la responsabilidad, también la civil, de las plataformas;

K.

Considerando que la trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena de suministro es esencial para mejorar la seguridad y proteger a los consumidores;

L.

Considerando que en la Unión se ha avisado del peligro de un gran número de productos falsificados que han supuesto un grave riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores;

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Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH),

—

Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

—

Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,

—

Vistos las Resoluciones correspondientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los informes del relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en particular el de 23 de abril de 2020, titulado «Las pandemias y la libertad de opinión y de expresión»,

—

Vista la declaración conjunta, de 3 de marzo de 2017, del relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para la libertad de los medios de comunicación, el relator especial de la Organización de los Estados Americanos para la libertad de expresión y el relator especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos para la libertad de expresión y el acceso a la información, titulada «Libertad de expresión y “noticias falsas”, desinformación y propaganda»,

—

Visto el Plan de acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad,

—

Vista la Observación general n.o 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos («Libertad de opinión y libertad de expresión»),

—

Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los compromisos que contiene, entre otros promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, también garantizando el acceso del público a la información y protegiendo las libertades fundamentales,

—

Visto el trabajo realizado por el Consejo de Europa para promover la protección y la seguridad de los periodistas, en particular la Recomendación CM/Rec(2018)1 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, la declaración del Comité de Ministros sobre la sostenibilidad financiera del periodismo de calidad en la era digital, la Recomendación CM/Rec(2016)4 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación y su informe anual de 2020 titulado «Hands off press freedom: Attacks on media in Europe must not become a new normal» (No intervencionismo en la libertad de prensa: los ataques a los medios de comunicación en Europa no deben convertirse en la nueva normalidad),

—

Vista la Resolución 2300 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, de 1 de octubre de 2019, sobre la mejora de la protección de los denunciantes de irregularidades en toda Europa,

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 10 de junio de 2020, titulada «La lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19: contrastando los datos» (JOIN(2020)0008),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de enero de 2020, que contiene el programa de trabajo de la Comisión para 2020 (COM(2020)0027),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de julio de 2019, titulada «Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión: propuesta de actuación» (COM(2019)0343),

—

Vista la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 de la Comisión,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2018, titulada «La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo» (COM(2018)0236),

—

Visto el Código de buenas prácticas de la Comisión para luchar contra la desinformación en línea, acordado el 26 de septiembre de 2018,

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre las medidas para luchar eficazmente contra los contenidos ilícitos en línea (C(2018)1177),

—

Visto el Plan de Acción de la Comisión contra la desinformación de 5 de diciembre de 2018,

—

Visto el Código de Conducta de la Comisión para la lucha contra la incitación ilegal al odio en internet, de mayo de 2016, junto con su cuarta ronda de evaluación, que ha dado lugar a una ficha informativa sobre la cuarta ronda de seguimiento del Código de Conducta,

—

Vista la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (1),

—

Vistas la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (2) y la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE (3),

—

Visto el informe de 2020 del Grupo de Entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual sobre desinformación: evaluación sobre la aplicación del Código de buenas prácticas,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de mayo de 2020, sobre la alfabetización mediática en un mundo en constante transformación,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre el fomento de los contenidos europeos en la economía digital, en las que se reconoce la importancia del contenido generado por los medios de comunicación, así como por «otros sectores culturales y creativos», en cuanto «pilares esenciales del desarrollo social y económico de Europa»,

—

Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (4),

—

Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, adoptadas el 12 de mayo de 2014, por las que se reconoce la libertad artística como componente inherente de la libertad de expresión junto con la libertad de los medios de comunicación,

—

Visto el informe especial actualizado del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 24 de abril de 2020, titulado «Short Assessment of Narratives and Disinformation on the COVID-19/Coronavirus Pandemia» (Breve evaluación de las narrativas y la desinformación en torno a la pandemia de COVID-19/coronavirus),

—

Vista la labor realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA),

—

Vistos los resultados de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, publicada por Reporteros sin Fronteras, así como los del Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación del Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación del Instituto Universitario Europeo,

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (5),

—

Vista su Resolución, de 9 de enero de 2020, sobre las audiencias en curso en virtud del artículo 7, apartado 1, del TUE relativas a Polonia y Hungría (6),

—

Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la discriminación pública y el discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas sin LGBTI» (7),

—

Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre el Estado de Derecho en Malta tras las recientes revelaciones sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia (8),

—

Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género (9),

—

Vista su Resolución, de 10 de octubre de 2019, sobre la injerencia electoral extranjera y la desinformación en los procesos democráticos nacionales y europeos (10),

—

Vista su Resolución, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (11),

—

Vista su Resolución, de 28 de marzo de 2019, sobre la situación del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción en la UE, en particular en Malta y Eslovaquia (12),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2019, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2017 (13),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión (14),

—

Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2018, sobre las medidas para prevenir y combatir el acoso sexual y psicológico en el lugar de trabajo, en los espacios públicos y en la vida política en la Unión (15),

—

Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre la necesidad de un mecanismo global para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (16),

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2018, sobre la utilización de los datos de los usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica y el impacto en la protección de los datos (17),

—

Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea (18),

—

Vista su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Ján Kuciak y Martina Kušnírová (19),

—

Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2017, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático (20),

—

Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la ciberdelincuencia (21),

—

Vista su Resolución, de 15 de junio de 2017, sobre las plataformas en línea y el mercado único digital (22),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre las implicaciones de los macrodatos en los derechos fundamentales: privacidad, protección de datos, no discriminación, seguridad y aplicación de la ley (23),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre el Estado de Derecho en Malta (24),

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (25),

—

Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (26),

—

Visto el estudio del Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, de 28 de febrero de 2019, titulado «Disinformation and propaganda — impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States» (Desinformación y propaganda: impacto sobre el Estado de Derecho en la UE y sus Estados miembros),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vista la opinión de la Comisión de Cultura y Educación,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A9-0205/2020),

A.

Considerando que la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas constituyen elementos fundamentales del derecho a la libertad de expresión y de información y son esenciales para el funcionamiento democrático de la Unión y de sus Estados miembros; que algunas de las tareas democráticas clave de los medios de comunicación son el refuerzo de la transparencia y la rendición de cuentas democrática; que los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en las sociedades democráticas, al actuar como guardianes de la vida pública, al tiempo que contribuyen a informar y empoderar a los ciudadanos, ampliando su comprensión del escenario político y social actual y fomentando su participación consciente en la vida democrática;

B.

Considerando que la crisis ha puesto de relieve el papel esencial que desempeñan los periodistas al proporcionar a los ciudadanos información fiable y verificada; que, por consiguiente, debe hacerse un mayor esfuerzo para garantizar unas condiciones de trabajo seguras y adecuadas para los periodistas; que debe prestarse especial atención al periodismo de investigación en el contexto de la lucha contra la corrupción y la mala administración en la Unión;

C.

Considerando que algunos Estados miembros limitan la libertad de los medios de comunicación a través de instrumentos económicos, como la distribución desequilibrada de la publicidad pública entre los medios de comunicación, lo que distorsiona la competencia, y controlan directamente los medios de comunicación públicos con el fin de influir en las decisiones editoriales y garantizar así la lealtad progubernamental; que las autoridades públicas deben adoptar un marco jurídico y reglamentario que fomente el desarrollo de unos medios de comunicación libres, independientes y plurales;

D.

Considerando que todos los Estados miembros deben respetar los valores consagrados en el artículo 2 del TUE;

E.

Considerando que la captura de los medios de comunicación, la falta de transparencia institucional, el discurso del odio y la desinformación se explotan cada vez más para fines políticos como herramientas para intensificar la polarización social; que la lucha contra estos fenómenos no solo es pertinente para el ámbito de los derechos humanos, sino que también es un factor fundamental para la defensa del Estado de Derecho y la democracia en la Unión;

F.

Considerando que, según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2020, la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia y ha amplificado muchas otras crisis que amenazan el derecho a una información libremente comunicada, independiente, variada y fiable; que dicha clasificación ha puesto de manifiesto diferencias significativas entre los distintos Estados miembros, algunos de los cuales aparecen entre los primeros en la clasificación mundial mientras que otros están situados entre los últimos, lo que se traduce en una diferencia de más de 100 puestos entre los Estados miembros con los mejores y los peores resultados; que varios Estados miembros han retrocedido en las clasificaciones internacionales de la libertad de prensa;

G.

Considerando que la libertad de los medios de comunicación se ha ido deteriorando en los últimos años y que, si bien la pandemia de COVID-19 ha agravado el deterioro, también ha puesto de relieve la importancia de los medios de comunicación y del derecho de acceso a información fiable;

H.

Considerando que, según el Informe de noticias digitales de 2019 del Instituto Reuters, el nivel medio de confianza en las noticias en general (a escala mundial) bajó dos puntos porcentuales, hasta el 42 %, en comparación con 2018 y menos de la mitad de los encuestados (49 %) declararon que confiaban en los medios informativos que ellos mismos utilizaban; que la confianza en las noticias encontradas a través de la búsqueda (33 %) y de los medios sociales (23 %) permanece estable, pero sigue siendo extremadamente baja;

I.

Considerando que la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación es una condición previa indispensable para garantizar el pluralismo de los medios de comunicación y el periodismo independiente;

J.

Considerando que los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación siguen enfrentándose a la violencia, las amenazas, el acoso, la presión, la (auto)censura, la humillación pública e incluso el asesinato en la Unión por realizar su trabajo en favor de la protección del interés público; que en los últimos años se constata una tendencia creciente a la intimidación para silenciar a periodistas que exige la adopción de medidas urgentes para defender el papel esencial de los medios de comunicación independientes a la hora de garantizar los principios del Estado de Derecho; que los asesinatos de Daphne Caruana Galizia y Ján Kuciak son dos ejemplos extremadamente trágicos de hasta qué punto los periodistas de investigación están en el punto de mira por exponer la corrupción y proteger la democracia y el Estado de Derecho;

K.

Considerando que las amenazas a la libertad de los medios de comunicación incluyen el acoso y los ataques dirigidos contra periodistas, el menosprecio de su protección jurídica, la captura de los medios de comunicación y acciones con motivación política en el sector de los medios de comunicación;

L.

Considerando que las periodistas se enfrentan a formas de violencia específicas de género, como el acoso sexual y en línea; que más del 70 % de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación han experimentado más de un tipo de acoso, amenaza o ataque en línea; que, tan solo en el último año, el 52 % de las mujeres fueron víctimas de estos tipos de delitos; que el acoso y el abuso en línea tienen a menudo un importante componente sexual y no se basan en el contenido del trabajo de las víctimas sino en sus rasgos físicos, su origen cultural o su vida privada; que estas amenazas llevan a las periodistas a ejercer la autocensura y tienen un efecto disuasorio sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión; que las investigaciones revelan constantemente pruebas de que las mujeres son minoritarias en todos los sectores de los medios de comunicación, especialmente en los puestos creativos, y que están gravemente infrarrepresentadas en los niveles superiores y de toma de decisiones (27);

M.

Considerando que, en varios Estados miembros, las demandas estratégicas contra la participación pública (demandas SLAPP) son una práctica recurrente utilizada para asustar a los periodistas a fin de que interrumpan sus investigaciones sobre corrupción y otros asuntos de interés público;

N.

Considerando que a la violencia, la intimidación y el acoso ejercidos contra periodistas se añade la circunstancia de que no se procesa a los autores de estos delitos y que la impunidad tiene un efecto disuasorio; que la OSCE informa de que predomina la impunidad, dado que, por ejemplo, en la región de la OSCE se han resuelto menos del 15 % de los casos de asesinato de periodistas;

O.

Considerando que es necesario seguir reforzando y protegiendo de manera eficaz el derecho de los periodistas a informar e investigar;

P.

Considerando que reforzar la libertad de los medios de comunicación exige una información creíble y detallada sobre el alcance y la naturaleza de los desafíos que han de afrontar los Estados miembros y la Unión en su conjunto, también sobre casos de violación de los principios de los medios de comunicación independientes o de vulneración de los derechos fundamentales de los periodistas;

Q.

Considerando que la libertad artística es una parte integrante del derecho fundamental a la libertad de expresión y resulta esencial para la diversidad cultural y la salud democrática de Europa; que se están multiplicando los ataques contra la libertad artística, aunque siguen siendo invisibles;

R.

Considerando que la crisis mundial de la COVID-19 está teniendo un impacto social y económico devastador en el sector de los medios de comunicación; que los medios de comunicación señalan que han registrado pérdidas considerables en sus ingresos publicitarios; que miles de trabajadores de los medios de comunicación ya han perdido o corren peligro de perder sus puestos de trabajo, ya sea de forma temporal o permanente; que esto ha tenido un impacto especialmente importante en los periodistas y trabajadores independientes de los medios de comunicación, cuyo número está aumentando en toda la Unión y que ya representan un porcentaje significativo de todos los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en Europa; que esta situación entraña el grave riesgo de favorecer aún más la concentración de la información en manos de unos pocos e impedir la difusión de una información libre e independiente; que la sostenibilidad financiera del empleo y la independencia financiera son una parte vital de la libertad de prensa;

S.

Considerando que los ingresos de la publicidad digital benefician en muchos casos a agentes no pertenecientes a la Unión y que los ingresos de los medios de comunicación europeos están disminuyendo drásticamente, lo que pone en peligro el futuro de las empresas de medios de comunicación tradicionales financiadas con publicidad, como las cadenas de televisión comerciales, los periódicos y las revistas;

T.

Considerando que en algunos Estados miembros las ayudas estatales a los medios de comunicación no se han gestionado de manera transparente, lo que compromete gravemente su independencia y credibilidad;

U.

Considerando que el modelo de negocio de las plataformas de los medios sociales, basado en la publicidad microdirigida, contribuye a la difusión y la amplificación del discurso del odio, que incita a la discriminación y la violencia, y al fomento de la radicalización, que conduce al extremismo violento, también a través de la circulación de contenidos ilegales; que luchar contra todas las formas de intolerancia forma parte integrante de la protección de los derechos humanos desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

V.

Considerando que la pandemia de COVID-19 ha conducido a la estigmatización, también a través de los medios de comunicación, de algunas personas especialmente vulnerables, lo que ha favorecido la polarización de la sociedad europea y la proliferación de los discursos del odio;

W.

Considerando que el fenómeno de la ciberviolencia (incluidos el discurso del odio en línea, el ciberacoso y el hostigamiento en línea) está cada vez más extendido; que las mujeres que ostentan un cargo público, entre ellas las políticas, periodistas y activistas que luchan por los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, se están convirtiendo en el objetivo principal de la ciberintimidación y la violencia en línea;

X.

Considerando que la Directiva de servicios de comunicación audiovisual obliga a las autoridades de todos los Estados miembros a garantizar que los servicios de comunicación audiovisual y las plataformas de intercambio de vídeos tomen medidas para proteger al público general de programas, vídeos generados por los usuarios y comunicaciones comerciales audiovisuales que contengan incitación a la violencia o al odio contra un grupo de personas o un miembro de un grupo por cualquiera de las razones contempladas en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que esta Directiva obliga a los Estados miembros a garantizar la independencia de los reguladores de los medios de comunicación;

Y.

Considerando que la difusión de noticias falsas y desinformación, así como las acciones desproporcionadas para hacerle frente en las plataformas digitales, supone una amenaza para la libertad de información, el discurso democrático y la independencia de los medios de comunicación y ha generado una mayor necesidad de contar con medios de comunicación tradicionales de gran calidad; que el análisis de datos y los algoritmos están influyendo cada vez más en la información que se pone a disposición de los ciudadanos;

Z.

Considerando que la difusión masiva de información procedente de diversas fuentes de difícil verificación, junto con el papel cada vez más importante que desempeñan los medios sociales y las plataformas de mensajería, repercute negativamente en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión; que la pandemia de COVID-19 ha acelerado el impacto de la desinformación en línea, a veces con graves consecuencias para la salud pública, y ha dejado aún más claro que es necesario garantizar una información libre e independiente para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos; que la inexistencia de una estrategia coordinada de comunicación a escala de la Unión ha favorecido la ola de desinformación sobre la pandemia, especialmente en los medios sociales y las plataformas de mensajería;

AA.

Considerando que la desinformación y la información errónea relativas a la COVID-19 pueden provocar pánico y descontento social, por lo que se deben atajar; que las medidas de lucha contra la desinformación y la información errónea no pueden servir de pretexto para introducir restricciones desproporcionadas a la libertad de prensa, socavar el pluralismo de los medios de comunicación y poner en peligro la seguridad de los periodistas; que diversos informes indican que se han llevado a cabo campañas coordinadas en los Estados miembros de la Unión y las regiones vecinas para promover información sanitaria falsa y desinformación acerca de la Unión y de sus socios; que la Comisión ha examinado estos fenómenos en su reciente Comunicación conjunta sobre la lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19; que algunos Gobiernos se han aprovechado de la legislación de emergencia y que, si bien algunas restricciones serán temporales, otras podrían prorrogarse hasta mucho después del final de la crisis sanitaria; que el pluralismo de las fuentes de información, la rendición de cuentas y la transparencia institucional constituyen una primera barrera defensiva contra la desinformación;

AB.

Considerando que unos medios de comunicación de servicio público realmente independientes y con una financiación adecuada que operen en varias plataformas son determinantes para el funcionamiento de la democracia en la Unión;

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Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 9, 151, 152, 153, apartados 1 y 2, así como su artículo 173 relativo a la política industrial de la Unión y que hace referencia, entre otras cosas, a la competitividad de la industria de la Unión,

—

Vistos los artículos 14, 27 y 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistos el TFUE y el Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular su artículo 5, apartado 3, y el Protocolo n.o 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

—

Visto el artículo 3, apartado 3, del TUE, que hace referencia al mercado interior, el desarrollo sostenible y la economía social de mercado,

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales,

—

Vistas las conclusiones del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2020, publicado el 11 de junio de 2020,

—

Visto el documento de la Comisión, de 2 de junio de 2020, relativo a una hoja de ruta para la estrategia farmacéutica: acceso oportuno de los pacientes a medicamentos asequibles,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación» (COM(2020)0456),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2020, titulada «Adaptación del programa de trabajo de la Comisión para 2020» (COM(2020)0440),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Una Estrategia Europea de Datos» (COM(2020)0066),

—

Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, sobre la inteligencia artificial — un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza (COM(2020)0065),

—

Visto el informe de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, sobre las repercusiones en materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica (COM(2020)0064),

—

Vista su Resolución, de 15 de mayo de 2020, sobre el nuevo marco financiero plurianual, los recursos propios y el plan de recuperación (1),

—

Vistas las previsiones económicas de la Comisión Europea de primavera de 2020,

—

Vistas las conclusiones, de 23 de abril de 2020, del presidente del Consejo Europeo tras la videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo,

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (2),

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 8 de abril de 2020, sobre la respuesta de la UE a escala mundial a la COVID-19 (JOIN(2020)0011),

—

Vistas las conclusiones, de 17 de marzo de 2020, del presidente del Consejo Europeo tras la videoconferencia de los miembros del Consejo Europeo sobre la COVID-19,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de marzo de 2020, titulada «Respuesta económica coordinada al brote de COVID-19» (COM(2020)0112),

—

Vistas la Comunicación de la Comisión de 11 de marzo de 2020 titulada «Nuevo Plan de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» (COM(2020)0098), las Conclusiones tituladas «Mayor circularidad: transición a una sociedad sostenible» adoptadas por el Consejo en su 3716.a reunión celebrada el 4 de octubre de 2019 (12791/19), y la Comunicación de la Comisión de 2 de diciembre de 2015 titulada «Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular» (COM(2015)0614),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Un nuevo modelo de industria para Europa» (COM(2020)0102),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Una estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» (COM(2020)0103),

—

Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento, de 4 de marzo de 2020, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea del Clima») (COM(2020)0080),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de trabajo de la Comisión para 2020 — Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados» (COM(2020)0037),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (3),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de enero de 2020, titulada «Plan de Inversiones para una Europa Sostenible» (COM(2020)0021),

—

Visto el informe de la Comisión, de 28 de noviembre de 2019, titulado «Masterplan for a Competitive Transformation of EU Energy-intensive Industries Enabling a Climate-neutral Circular Economy by 2050» (Plan director para la transformación competitiva de las industrias de gran consumo energético de la UE que posibilite la consecución de una economía circular climáticamente neutra de aquí a 2050), a cargo del Grupo de Alto Nivel sobre Sectores de Gran Consumo Energético,

—

Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2019, sobre la equidad fiscal en una economía digitalizada y globalizada: BEPS 2.0 (4),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo del día 12 de diciembre de 2019 (EUCO 29/19),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 20 de junio de 2019, sobre una nueva agenda estratégica para la UE 2019-2024 (EUCO 9/19),

—

Vistas las Conclusiones sobre una «Estrategia de la política industrial de la UE para el futuro», adoptadas por el Consejo en su 3655.a sesión, celebrada el 29 de noviembre de 2018 (14832/2018),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de mayo de 2018, titulada «Una nueva Agenda europea para la cultura» (COM(2018)0267),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2017, titulada «Invertir en una industria inteligente, innovadora y sostenible — Estrategia renovada de política industrial de la UE» (COM(2017)0479),

—

Vista su Resolución, de 5 de julio de 2017, sobre la creación de una estrategia industrial ambiciosa de la Unión Europea como prioridad estratégica para el crecimiento, el empleo y la innovación en Europa (5),

—

Vista su Resolución, de 1 de junio de 2017, sobre la digitalización de la industria europea (6),

—

Vista la pregunta a la Comisión sobre la creación de una estrategia industrial ambiciosa de la UE como prioridad estratégica para el crecimiento, el empleo y la innovación en Europa (O-000047/2017),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del Mercado Único Digital» (7),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2016, titulada «Digitalización de la industria europea — Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital» (COM(2016)0180),

—

Visto el Acuerdo de París, ratificado por el Parlamento Europeo el 4 de octubre de 2016,

—

Vista su Resolución, de 5 de octubre de 2016, sobre la necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom (8),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de 15 de diciembre de 2016 y 23 de junio de 2017,

—

Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2016, sobre una política de la Unión coherente para los sectores cultural y creativo (9),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el Programa de Competitividad Industrial, sobre la transformación digital de la industria europea y sobre el paquete «tecnologías del mercado único digital y modernización de los servicios públicos»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio para todos — Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre la reindustrialización de Europa para promover la competitividad y la sostenibilidad (10),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de enero de 2014, titulada «Por un renacimiento industrial europeo» (COM(2014)0014),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 22 de mayo de 2013 y 22 de marzo de 2019 (EUCO 1/19),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Desarrollo Regional, y de la Comisión de Asuntos Jurídicos,

—

Vista la carta de la Comisión de Pesca,

—

Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A9-0197/2020),

A.

Considerando que la Unión necesita una nueva estrategia industrial en consonancia con el objetivo de neutralidad climática a más tardar en 2050 que cree las condiciones para una sociedad innovadora, inclusiva, resiliente y digitalizada y que contribuya en gran medida a la competitividad mundial de las industrias europeas; que esta estrategia debe mantener niveles de empleo elevados y puestos de trabajo de calidad, sin dejar a nadie atrás; que tal estrategia debe garantizar la doble transición hacia una base industrial europea moderna, digitalizada, explotando todo el potencial de las energías renovables, siendo altamente eficiente en el uso de la energía y los recursos, y climáticamente neutra; que la estrategia también debe fortalecer el liderazgo mundial europeo y reducir la dependencia de la Unión respecto a otras partes del mundo en cuanto a las cadenas de valor estratégicas aumentando su diversificación y sostenibilidad, evitando la deslocalización de las industrias europeas y, al mismo tiempo, preservando un mercado abierto;

B.

Considerando que la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias han provocado una recesión económica sin precedentes en Europa, que puede exacerbar las desigualdades y las tensiones sociales en la Unión especialmente entre los ciudadanos más vulnerables;

C.

Considerando que la competitividad industrial y la política climática se refuerzan mutuamente y que una reindustrialización innovadora y neutra en términos climáticos generará empleo a escala local y garantizará la competitividad de la economía europea; que este enfoque debe aplicarse en todas las políticas relativas a la transición ecológica y digital;

D.

Considerando que la Unión necesita liberar el potencial empresarial sin explotar de grupos sociales concretos, entre los que debe desarrollarse plenamente, por ejemplo, jóvenes, migrantes, personas de más edad y mujeres; que la estrategia industrial de la Unión podría representar una oportunidad para fomentar la cultura emprendedora de grupos infrarrepresentados o desfavorecidos y para permitirles contribuir plenamente a la transición digital y ecológica;

E.

Considerando que todos los sectores de la economía, y las pymes especialmente, se han visto afectados por la pandemia de COVID-19 y la recesión económica sin precedentes que ha provocado, y que algunos se han paralizado completamente; que, en este contexto, una recuperación rápida y justa no se logrará si no se introducen cambios y toda estrategia industrial de futuro debe comenzar abordando la recuperación industrial y la competitividad a largo plazo, en especial en los sectores en crecimiento y aquellos más afectados por las medidas de confinamiento ante la COVID-19;

F.

Considerando que, como consecuencia de las nuevas deudas contraídas para sobrevivir a la recesión económica, las empresas probablemente presentarán una estructura financiera más frágil, lo que comportará un crecimiento lento y falta de capacidades de inversión a corto, medio y largo plazo para lograr la doble transición a una economía digitalizada, neutra en términos climáticos, eficiente en el uso de los recursos y circular;

G.

Considerando que, en estas circunstancias, la Unión requiere una estrategia industrial que tenga dos fases diferenciadas, una centrada en la recuperación y otra en la reconstrucción y la resiliencia; que la recuperación económica debe basarse en un enfoque socialmente sólido y ambientalmente sostenible y debe respaldar la reconstrucción industrial hacia una transformación digital y ecológica satisfactoria, con mano de obra cualificada que acompañe estas transformaciones, garantizando una transición justa y equitativa;

H.

Considerando que el sector industrial europeo está muy entrelazado y existen fuertes interrelaciones entre Estados miembros y diferentes enfoques para empresas de diferentes tamaños; que, por consiguiente, una política europea coordinada que garantice que toda la cadena de producción puede beneficiarse, de las grandes empresas a las pymes, tendrá más éxito a la hora de aumentar la competitividad mundial y la sostenibilidad de Europa;

I.

Considerando que la Unión debe seguir persiguiendo acuerdos comerciales ambiciosos tanto a escala multilateral como bilateral; que, antes de la crisis de la COVID-19, la industria europea, si bien se mantenía como el pilar de la economía de la Unión y daba empleo a unos 32 millones de personas, se encontraba ya en una encrucijada, al haber disminuido su contribución al PIB de la Unión del 23 % al 19 % en los últimos 20 años; que actualmente se enfrenta a una intensa competencia internacional y a menudo se ve afectada por medidas comerciales cada vez más proteccionistas de terceros países que no aplican normas medioambientales y sociales estrictas;

J.

Considerando que la nueva estrategia industrial para Europa debe hacer posible la doble transición a una base industrial europea competitiva y sostenible; que esta transformación constituye una oportunidad para que Europa modernice sus cimientos industriales, mantenga y relocalice puestos de trabajo y producción industrial clave, y desarrolle las competencias y las capacidades esenciales para el esfuerzo mundial de obtener resultados en cuanto a las metas definidas en la legislación climática y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS);

K.

Considerando que la estrategia debe prever el marco normativo necesario que permita la doble transición, además de las infraestructuras y los recursos financieros necesarios, y centrarse en el principio de «la eficiencia energética primero», el ahorro de energía y recursos, las tecnologías energéticas renovables y con emisiones de carbono de nivel cero o muy bajo, la circularidad y la no toxicidad;

L.

Considerando que, más allá de la crisis de la COVID-19, el cambio climático y la degradación del medio ambiente siguen siendo uno de los mayores retos y exigen un enfoque común integral; que las emisiones industriales de la Unión contribuyen al total de emisiones de gases de efecto invernadero europeas; que la descarbonización de la industria de gran consumo de energía sigue siendo uno de los mayores retos en el camino hacia la realización, a más tardar en 2050, de la neutralidad climática; que todos los sectores deben contribuir a conseguir los objetivos climáticos de la Unión;

M.

Considerando que la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el papel esencial de los activos digitales, incluida la conectividad y las redes, así como de las competencias digitales, como instrumentos que permiten a trabajadores y empresas adaptar la manera en la que llevan a cabo sus tareas y operaciones a la situación de emergencia; que la resiliencia de la infraestructura digital y la mejora de las competencias digitales de la población activa son ámbitos prioritarios para impulsar la competitividad de las empresas europeas, especialmente las pymes;

N.

Considerando que la nueva estrategia industrial de la Unión debe centrarse en una mayor conectividad, capas digitales mejoradas, internet de las cosas aplicado a la industria, inteligencia artificial, tecnologías de registros digitales, informática de alto rendimiento e informática cuántica; que el sector digital también contribuirá al Pacto Verde Europeo y a la transición industrial hacia la neutralidad climática, tanto como fuente de soluciones tecnológicas y de optimización de procesos industriales, como mediante la mejora de la eficiencia energética y el rendimiento de la economía circular del propio sector digital;

O.

Considerando que la soberanía y la autonomía estratégica de la Unión comportan una base industrial autónoma y competitiva, así como inversiones masivas en investigación e innovación, a fin de desarrollar el liderazgo en tecnologías facilitadoras esenciales y soluciones innovadoras, y de garantizar la competitividad mundial; que la estrategia industrial de la Unión debe incluir un plan de acción para reforzar, acortar, hacer más sostenibles y diversificar las cadenas de suministro de las industrias europeas, a fin de reducir la excesiva dependencia de unos pocos mercados y aumentar su resiliencia; que también debe existir una estrategia de relocalización inteligente para reubicar las industrias en Europa, aumentar la producción y las inversiones y relocalizar la producción industrial en sectores de importancia estratégica para la Unión;

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Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 8 de abril de 2020, sobre la respuesta de la UE a escala mundial a la COVID-19 (JOIN(2020)0011),

—

Vista la Propuesta de la Comisión de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2020, relativa a la concesión de ayuda macrofinanciera a los países socios de la ampliación y de la vecindad en el contexto de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 (COM(2020)0163),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de abril de 2020, titulada «Apoyo a los Balcanes Occidentales en la lucha contra la COVID-19 y la recuperación tras la pandemia — Contribución de la Comisión a la reunión de los líderes UE-Balcanes Occidentales de 6 de mayo de 2020» (COM(2020)0315),

—

Vista la Declaración del alto representante, Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, de 5 de mayo de 2020, sobre los derechos humanos en tiempos de pandemia de coronavirus,

—

Vista la Resolución 2532 (2020) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el cese de hostilidades en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y en apoyo del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres,

—

Visto el llamamiento realizado por Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a favor de que se reevalúe el impacto de los regímenes de sanciones económicas generales en el contexto de la pandemia de COVID-19,

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y del alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 10 de junio de 2020, titulada «La lucha contra la desinformación acerca de la COVID-19: contrastando los datos» (JOIN(2020)0008),

—

Vista la Actualización del Informe especial del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE): breve evaluación de las narrativas y la desinformación sobre la pandemia de COVID-19/coronavirus, de 1 de abril de 2020 y 20 de mayo de 2020,

—

Visto el discurso de la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen, de 16 de septiembre de 2020, sobre el estado de la Unión,

—

Vistas las Orientaciones de la Comisión para proteger los activos y la tecnología estratégicos de Europa en la crisis en curso, de 25 de marzo de 2020,

—

Vista la nota de consulta de la Comisión, de 16 de junio de 2020, titulada «Una política comercial renovada para una Europa más fuerte»,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la respuesta mundial del «Equipo Europa» a la COVID-19, de 8 de junio de 2020,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo sobre el plan de recuperación y el marco financiero plurianual para 2021-2027, celebrado del 17 al 21 de julio de 2020,

—

Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, de 28 de junio de 2016,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 13 de julio de 2020, sobre las prioridades de la Unión ante las Naciones Unidas y la 75.a Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el lema «Defender el multilateralismo y unas Naciones Unidas fuertes y eficaces que ofrezcan resultados para todos»,

—

Vista la Declaración, de 30 de marzo de 2020, de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) sobre la pandemia de COVID-19,

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Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (1),

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Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

—

Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2018, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los visados humanitarios (2),

—

Vistas las Directrices de la Unión, de 8 de diciembre de 2008, sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas,

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Visto el Código de buenas prácticas en materia electoral de la Comisión de Venecia,

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Visto el Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de seguridad común,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A9-0204/2020),

A.

Considerando que la COVID-19 ha provocado una pandemia mundial que afecta a millones de vidas humanas, que ha generado una crisis sanitaria, económica, social y humanitaria a escala mundial sin precedentes, que ha desencadenado tensiones sistémicas de la gobernanza mundial con consecuencias de largo alcance y a largo plazo para las relaciones internacionales, que afectan a aspectos clave de la política exterior y de seguridad y defensa de la Unión, tanto en su interior como fuera de ella; que la Unión ha sido el objetivo de ataques cibernéticos y de desinformación, así como de otras injerencias maliciosas de terceros destinadas a desestabilizar las instituciones de la Unión y los Estados miembros;

B.

Considerando que la pandemia afecta de manera desproporcionada a los países vulnerables y que algunos países de todo el mundo no han reaccionado ni han adoptado medidas de seguridad ágiles y adecuadas para frenar la epidemia; que el Gobierno chino restó importancia al brote inicial de COVID-19; que las narrativas que inciden en la geografía y no en la terminología médica para aludir a la COVID-19 son estigmatizantes; que el virus se ha cobrado la vida de aproximadamente un millón de personas y ha demostrado que solo puede controlarse y mitigarse mediante la coordinación y la solidaridad entre países;

C.

Considerando que la Unión tiene la responsabilidad de desempeñar un papel a escala global y de reorientar sus prioridades y políticas, incluida la política exterior, en consonancia con la situación geopolítica cambiante en el mundo y la lucha global contra la COVID-19; que la Unión ha de ejercer un papel de liderazgo, de un modo predecible y respetando su compromiso con las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, como parte de los esfuerzos multilaterales e internacionales, y en consonancia con su posición en la economía mundial; que la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve una vez más la necesidad de potenciar el multilateralismo y el orden basado en normas para abordar mejor los desafíos mundiales;

D.

Considerando que la pandemia y sus efectos económicos y sociales pueden agravar aún más los descontentos políticos derivados de la desigualdad percibida y de la marginación; que la recesión económica mundial ha tenido un efecto particularmente grave en las economías más vulnerables; que el brote de COVID-19 ha exacerbado el problema persistente de las escaseces de medicamentos a escala mundial, con consecuencias agudas en los países en desarrollo;