Resolución sobre «La contribución del Comité Económico y Social Europeo al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021 basada en la labor del Grupo ad hoc«Contribución del CESE al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021»»

(2020/C 364/01)

Ponentes

: Petr ZAHRADNIK Stefano PALMIERI Jan DIRX

En su pleno de los días 15 y 16 de julio de 2020 (sesión del 16 de junio), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 140 votos a favor, 15 en contra y 17 abstenciones la presente Resolución.

1.   Introducción

1.1.

Como señaló en su Resolución «Propuesta del CESE para la reconstrucción y la recuperación tras la crisis de la COVID 19» (1), el CESE acoge con gran satisfacción y apoya plenamente las propuestas de la Comisión Europea: el plan Next Generation EU (el nuevo instrumento de recuperación de la Unión Europea) y el presupuesto general de la UE para 2021-2027. El Comité espera y desea que las líneas establecidas por la Comisión en estos planes, debido a la necesidad de recuperación y reconstrucción tras la crisis del coronavirus, se amplíen de manera completa y concreta en el programa de trabajo de la Comisión para 2021.

1.2.

Para el CESE, el programa de trabajo debe centrarse en la reestructuración y la mejora de nuestra economía y nuestra sociedad, de acuerdo con los siguientes principios: la protección de los derechos humanos y sociales, los valores democráticos y el Estado de derecho; la liberación de todo el potencial del mercado único; la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la creación de una economía circular y la consecución de la neutralidad climática en la UE en 2050 a más tardar; y la garantía de una buena gobernanza y la rendición de cuentas democrática.

1.3.

El CESE subraya que las seis grandes ambiciones elegidas por la Comisión (un Pacto Verde Europeo, una Europa adaptada a la era digital, una economía al servicio de las personas, una Europa más fuerte en el mundo, la promoción de nuestro modo de vida europeo y un nuevo impulso a la democracia europea) proporcionan un marco poderoso para elaborar el programa de trabajo para 2021. Quizás debería hacerse más hincapié en las inversiones y la necesidad de acelerarlas, también mediante las medidas que se están adoptando actualmente. En la Comunicación de la Comisión sobre el plan de recuperación para Europa (2) pueden encontrarse algunos detalles relativos al futuro programa de trabajo, y las nuevas propuestas se reflejarán en el discurso de la presidenta de la Comisión von der Leyen sobre el Estado de la Unión en septiembre y en la Carta de Intenciones al Parlamento Europeo y al Consejo. El CESE también valora positivamente el programa de trabajo adaptado para 2020, que reacciona ante la crisis de la COVID-19 y podría dar indicaciones para la evolución en un futuro próximo.

1.4.

El CESE acoge con satisfacción que la Comisión Europea haya adaptado su programa de trabajo para 2020 en el marco de la recuperación de Europa para responder a la pandemia de coronavirus. Reorientó su labor y priorizó las acciones necesarias para impulsar la recuperación y la resiliencia de Europa, al tiempo que mantiene su compromiso con la consecución de sus iniciativas emblemáticas, el Pacto Verde Europeo y la Estrategia Digital, ya que estas son clave para relanzar la economía europea y construir una Europa más resiliente, sostenible, justa y próspera. Toma nota de que nueve iniciativas se han pospuesto a 2021.

1.5.

Sobre todo ahora que experimentamos la importancia de la cooperación entre países en estos tiempos de crisis, el CESE confía en que la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa dé lugar a la consolidación y la profundización de la estructura institucional de la UE y a una verdadera renovación del proyecto de la Unión, que le permita afrontar los retos de las próximas décadas. En este sentido, la Comisión puede contar con todo el apoyo del Comité.

1.6.

El CESE está convencido de que el proceso de recuperación y reconstrucción de la economía y la sociedad solo será posible con la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales.

1.7.

En los capítulos y párrafos que siguen, el Comité formula sus propuestas concretas respecto al programa de trabajo para 2021 en consonancia con las seis grandes ambiciones de la Comisión.

2.   Un Pacto Verde Europeo

2.1.   El Pacto Verde

2.1.1.

El Pacto Verde de la UE también puede percibirse como una herramienta eficaz para reiniciar la economía de manera sostenible mediante inversiones de gran volumen que respalden los cambios estructurales necesarios a los que se enfrenta Europa. Desde este punto de vista, podría considerarse una oportunidad para sostener una recuperación económica a más largo plazo. Ello requiere un nuevo consenso en Europa para concentrar suficientes fuentes financieras públicas y privadas con tal fin y adoptar una nueva gobernanza para aplicarlo con éxito en la práctica.

2.1.2.

El CESE es un firme defensor de la transición a la economía circular. También aboga con entusiasmo por las políticas ambiciosas en este ámbito hasta la fecha, mediante su compromiso con la Plataforma europea de partes interesadas de la economía circular europea. Entre sus demandas dirigidas desde hace tiempo a la Comisión respecto a la utilización eficiente de los recursos figura una petición de revisión de la legislación en materia de diseño ecológico y la legislación pertinente en materia de política de productos, la inclusión gradual de requisitos obligatorios en materia de eficiencia de los recursos para el diseño de productos, y la adopción de nuevos procedimientos de contratación pública para fomentar los productos circulares y nuevos modelos de negocio, teniendo en cuenta a la vez las circunstancias económicas posteriores a la COVID-19 y una viabilidad real de dichos cambios.

2.1.3.

El CESE toma nota de que la revisión de la Directiva relativa a la divulgación de información no financiera, con vistas a mejorar la calidad y el alcance de los informes no financieros, incluidos los relativos a aspectos medioambientales como la biodiversidad, se ha pospuesto a 2021. El CESE cree que las políticas tributarias en general deben reformarse con arreglo a las ambiciones formuladas en el terreno del clima, y que los sistemas tributarios y de fijación de precios deben reflejar los costes medioambientales, incluida la pérdida de biodiversidad. Esto debería fomentar cambios en los sistemas tributarios nacionales para que la presión fiscal se transfiera del trabajo a la contaminación, los recursos depreciados y otras externalidades ambientales. Deben aplicarse los principios de «el usuario paga» y «quien contamina paga» para prevenir y corregir la degradación del medio ambiente.

2.1.4.

El CESE acoge con satisfacción el hecho de que la biodiversidad se integrará en todos los ámbitos de la formulación de políticas, tal como se refiere en la Comunicación relativa a la Estrategia sobre biodiversidad de aquí a 2030 (3). El CESE acoge asimismo con satisfacción que la Comisión ponga en marcha un nuevo marco europeo de gobernanza de la biodiversidad. Ese marco contribuirá a la confección de un inventario de compromisos y obligaciones y establecerá un programa para orientar su cumplimiento. Asimismo, ello redundaría en beneficio tanto de la PAC como del sistema alimentario europeo, que de este modo podrían seguir evolucionado hacia una mayor sostenibilidad. En el marco de dicho cumplimiento, la Comisión pondrá en marcha un mecanismo de seguimiento y revisión con un conjunto inequívoco de indicadores convenidos, lo que permitirá una evaluación periódica de los avances obtenidos y el establecimiento de medidas correctivas en caso necesario. Este mecanismo debe resultar de gran utilidad en el momento de la revisión de la aplicación de la política medioambiental y contribuir al Semestre Europeo.

2.1.5.

El CESE acoge con satisfacción la Ley Europea del Clima, que establece un objetivo común jurídicamente vinculante de reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2050, así como un marco para alcanzar tal objetivo. Por ello, el CESE considera que la propuesta de Ley Europea del Clima constituye uno de los instrumentos para contribuir a esta deseada y necesaria reconstrucción de la economía europea (4). A más tardar en septiembre de 2020, la Comisión desea presentar su revisión del objetivo de la Unión para 2030 en materia de clima a la luz del objetivo de neutralidad climática y estudiar opciones en relación con un nuevo objetivo para 2030 de reducción de las emisiones de entre el 50 y el 55 % en comparación con los niveles de 1990, así como presentar las correspondientes propuestas legislativas antes de mediados de 2021. El CESE insta a la Comisión a que opte por una reducción mínima del 55 % de aquí a 2030, con las correspondientes propuestas legislativas, a fin de responder por su parte a la enorme necesidad de reducir las emisiones a escala mundial (5).

2.1.6.

La participación de todos los ciudadanos, a través de las organizaciones, asociaciones y redes de la sociedad civil, hará verdaderamente posible el proceso de reforma de la economía y la sociedad. Por lo tanto, los Estados miembros y la UE deben garantizar que, en este complejo proceso, nadie se quede atrás, y en particular, los más vulnerables.

2.1.7.

Los compromisos en materia de acción por el clima y sostenibilidad deben constituir la vanguardia de la política de recuperación y reconstrucción, que no puede seguir confinando a la Unión en un futuro con altas emisiones de carbono.

2.1.8.

El marco financiero plurianual (MFP) deberá aumentar y asignar fondos suficientes para atender las necesidades de inversión, con el fin de lograr una transición ecológica profunda y real. También es importante seguir priorizando otros asuntos medioambientales como la protección del suelo, la tierra y el mar, cuya prioridad no debe rebajarse tras la crisis de la COVID-19.

2.1.9.

Se requiere una mejora adicional de la seguridad energética a todos los niveles y de la resiliencia de la sociedad, por ejemplo, mediante programas de renovación de edificios. La cooperación transfronteriza y las interconexiones en el conjunto de la UE en materia energética siguen siendo importantes, al igual que la necesidad de promover una mayor diversificación de las fuentes de suministro, por ejemplo, mediante la disposición de una gama más amplia de energías renovables y soluciones de almacenamiento de energía.

2.1.10.

Una ocasión única para acelerar el progreso hacia la consecución del objetivo de neutralidad climática de la UE consiste en potenciar el uso de electricidad renovable y con bajas emisiones de carbono mediante la electrificación de sectores que siguen dependiendo actualmente de fuentes de energía fósiles. Los planes energéticos y climáticos nacionales constituyen un paso importante para garantizar la Unión de la Energía y el Pacto Verde Europeo.

2.1.11.

En el contexto del objetivo establecido en la Ley Europea del Clima de que la UE alcance la neutralidad climática de aquí a 2050, es necesario prestar especial atención al sector del transporte. De hecho, las emisiones de CO2 generadas por este sector siguen creciendo, pero para 2050 se necesitará una reducción del 90 % de estas emisiones para alcanzar el objetivo de la neutralidad climática.

2.1.12.

El CESE ha solicitado que se actualice la estrategia forestal de la UE para después de 2020, como parte integrante del Pacto Verde Europeo. La nueva estrategia podría proyectarse de manera viable hasta 2050. La importancia de los bosques, la silvicultura y las industrias forestales en la consecución de dichos objetivos debería reconocerse en todos los sectores y traducirse en una optimización de la cooperación intersectorial.

2.1.13.

El CESE considera que la acción en materia de adaptación puede contribuir de manera significativa a que la transición sostenible y la reconstrucción tras la COVID-19 se realicen de una manera más justa. Las comunidades y regiones que se ven más afectadas que la media por los efectos adversos del cambio climático deben recibir ayuda para responder a estos efectos y riesgos percibidos. Tal es especialmente el caso de las comunidades y regiones cuyas emisiones de GEI actuales e históricas están por debajo de la media.

2.1.14.

El CESE valora que, en el programa de trabajo adaptado de la Comisión para 2020, el tema del Pacto Verde Europeo se aborde de manera suficiente y se distribuya de manera más bien uniforme entre sus partes principales. Subraya especialmente la atención prioritaria prestada a la financiación de la transición sostenible, y en particular al Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y al Fondo de Transición Justa. También las otras áreas de interés mencionadas en el programa de trabajo adaptado, como la movilidad sostenible e inteligente, la producción y el consumo sostenibles, la sostenibilidad de los sistemas alimentarios o la descarbonización de la energía, son especialmente pertinentes para ser prioridades en la consecución de este objetivo. El CESE cree que, también en el programa de trabajo de la Comisión de 2021, sus prioridades se centrarán en estas iniciativas.

2.2.   Las prioridades de inversión

2.2.1.

El dinero público que se invierta en los planes de recuperación deberá no solo contribuir a restaurar la economía y la sociedad europeas, sino también a reducir drásticamente el impacto de nuevas perturbaciones, optando por una economía resiliente, inclusiva y respetuosa con el clima (la denominada «economía del bienestar»).

2.2.2.

La taxonomía de las finanzas sostenibles de la UE debería orientar la inversión pública y privada durante el proceso de recuperación, a fin de acelerar la transición desde los sectores contaminantes hacia los sectores ecológicos.

2.2.3.

Es necesario garantizar que el nuevo MFP asigne recursos significativos a la ejecución de los ODS y a la lucha contra el cambio climático, al tiempo que se elimina gradualmente la financiación contraproducente (p. ej., de combustibles fósiles).

2.2.4.

La economía europea ha registrado un déficit de inversiones durante la mayor parte de la década posterior a la crisis, después de 2009. Para alcanzar unos resultados suficientes en este terreno, es imprescindible recuperar la inversión. Por este motivo, el CESE valora positivamente la propuesta de un Plan de Recuperación, representado fundamentalmente por el Programa Next Generation EU y sus pilares, y el MFP 2021-2027 adaptado. Next Generation EU puede considerarse una medida extraordinaria, pero también necesaria y urgente, para mejorar el entorno de inversión en la UE. Esto se explica con mayor detalle, por ejemplo, en el Dictamen ECO/523 del CESE (6).

2.2.5.

El CESE señala que las inversiones no representan un objetivo político de la Comisión para su mandato hasta 2024 y que, además, en las iniciativas concretas, no se encuentran adecuadamente representadas en el programa de trabajo adaptado de 2020. Por tanto, el CESE recomienda la incorporación de las iniciativas basadas en la inversión en su programa de trabajo para 2021, incluido el esfuerzo por movilizar inversiones privadas en favor del futuro desarrollo económico sostenible de la UE.

3.   Una Europa adaptada a la era digital

3.1.

La crisis del coronavirus demuestra que la revolución digital es un aspecto importante del refuerzo de la resiliencia de nuestras sociedades ante las crisis. Se considera primordial invertir en la digitalización de los servicios esenciales y potenciar la capacidad de gobiernos, legisladores e instituciones públicas para prestar servicios en época de crisis. Al mismo tiempo, se ha de tener en cuenta que las tecnologías digitales constituyen una herramienta y no un fin en sí mismo. Es necesario asumir la responsabilidad pública del marco en el que se encuentran las tecnologías digitales y orientarlo hacia normas de elevada sostenibilidad, con inclusión de sólidas salvaguardas democráticas y tecnológicas, acompañadas de medidas de apoyo en materia de coste y conocimiento que no dejen a nadie atrás. Esto implica, en consonancia con el Acta Europea de Accesibilidad, la necesidad de velar por que la revolución digital garantice la accesibilidad de los más de 100 millones de personas con discapacidad en la UE.

3.2.

La digitalización es a la vez una oportunidad y un riesgo para la recuperación. Se trata del ámbito de la innovación que puede situar a la UE en la vanguardia, como en el caso de la tecnología de cadena de bloques, donde la UE ocupa una posición de liderazgo. La cadena de bloques como tecnología (no el bitcoin) conlleva valores democráticos, y brinda transparencia y la mejora de las estructuras de gobierno. Con todo, deben gestionarse los riesgos inherentes a la digitalización, como más desempleo, marginación digital y exclusión social. Además, hay que encontrar maneras de aprovechar las oportunidades y equilibrar los riesgos al mismo tiempo, en un panorama en el que la UE procura mantener su competitividad a escala mundial.

3.3.

Es importante preservar el modelo europeo de derechos, normas y políticas de consumo. Esto es lo que hace que la UE sea única. Por ejemplo, en el ámbito de la digitalización, el código ético de la UE en materia de inteligencia artificial (IA) separa la visión de la Unión basada en el concepto de «control humano» de la de otras regiones. Este enfoque, basado en los derechos y las libertades fundamentales, forma parte del modelo de la UE y debe preservarse a pesar del clima sumamente competitivo que está emergiendo en estos momentos.

3.4.

El CESE subraya la importancia de la digitalización en todos los sectores de la sociedad, en particular a través del teletrabajo y los servicios digitales, incluidos el comercio electrónico y la sanidad electrónica.

3.5.

La pandemia ha puesto de relieve que la digitalización en la educación no es accesible de manera equitativa en la sociedad, lo que podría dar lugar a ulteriores problemas en los resultados académicos y las oportunidades educativas. Por tanto, es necesario adoptar medidas que apoyen a los grupos desfavorecidos y contribuyan así a evitar la segregación.

3.6.

También es necesario actualizar de manera continua el marco jurídico de la inteligencia artificial y la digitalización, con el fin de mantenerse al día respecto a los avances técnicos y, en particular, abordar la cuestión de la seguridad de las comunicaciones digitales, tanto en lo que se refiere a las redes como a los contenidos.

3.7.

El CESE toma nota de que la Comisión aplaza a 2021 la propuesta legislativa sobre el impacto de la inteligencia artificial en lo que atañe a la seguridad, la responsabilidad, los derechos fundamentales y los datos. Solicita a la Comisión que: i) promueva el carácter multidisciplinar en la investigación, integrando otras disciplinas como el derecho, la ética, la filosofía, la psicología, las ciencias del trabajo, las humanidades, la economía, etc.; ii) implique a las partes interesadas relevantes (sindicatos, organizaciones profesionales, empresariales y de consumidores, ONG) en el debate en torno a la IA y como socios en condiciones de igualdad en la investigación financiada por la UE y otros proyectos, como la asociación público-privada en materia de inteligencia artificial, los diálogos sectoriales y el programa Adopt AI en el sector público y el centro de referencia; y iii) siga educando e informando al público general sobre las oportunidades y los retos que plantea la IA. Recomienda asimismo que la Comisión considere más detenidamente el impacto de la IA en todo el abanico de derechos y libertades fundamentales, incluido, entre otros, el derecho a un juicio justo, a elecciones justas y abiertas, y de reunión y manifestación, además del derecho a no ser discriminado. El CESE sigue estando en contra de la introducción de cualquier tipo de personalidad jurídica para la IA. Esto socavaría el efecto corrector preventivo de la ley de responsabilidad y plantea un grave riesgo moral tanto en el desarrollo como en el uso de la IA, en los casos en que da lugar a oportunidades de abuso (7).

3.8.

Debido al creciente uso de teléfonos inteligentes y a la introducción de las redes 5G, la preocupación por la interoperabilidad entre aplicaciones y redes en toda la Unión Europea, especialmente en situaciones de emergencia, reviste gran importancia.

3.9.

Dados los últimos avances en la digitalización y su creciente impacto en la vida privada, social y laboral y en todos los sectores, resulta esencial procurar que se adquieran competencias digitales y emprender acciones contra la brecha digital para los ciudadanos.

3.10.

Muy acertadamente, la preparación de Europa para la era digital constituye una de las prioridades clave, visiblemente representada asimismo en el programa de trabajo adaptado de 2020. El CESE valora el gran esfuerzo de la Comisión Europea por avanzar en áreas como la inteligencia artificial, los servicios digitales, la ciberseguridad, los dispositivos y las soluciones digitales para los consumidores, así como en la de las finanzas digitales. El CESE acoge con especial satisfacción el sólido componente digital incorporado a la propuesta sobre un nuevo modelo de industria para Europa. La digitalización también es visible en el Paquete de Servicios de Aviación. El CESE también respeta enormemente que la digitalización se refleje en las áreas prioritarias propuestas del Espacio Europeo de Investigación.

4.   Una economía al servicio de las personas

4.1.

Necesitamos reconstruir nuestra gobernanza económica sobre la base de un sistema económico europeo resiliente, sostenible e integrador. Nos proponemos alcanzar no solo una recuperación económica mecánica, sino más bien un cambio cualitativo de la gestión y la gobernanza de la política económica.

4.2.

El impacto total de la crisis está aún por determinar, y la reconstrucción y la recuperación requerirán un esfuerzo considerable. Por tanto, es urgente una rápida aplicación de las propuestas de mayo de 2020 relativas a un instrumento de recuperación y a un MFP reforzado. También tenemos que estar preparados para medidas y enmiendas que sumar a las ya adoptadas, si así lo justifica la evolución de la situación.

4.3.

Se invita a la Comisión a seguir utilizando el Semestre como factor impulsor de la recuperación sobre la base de las prioridades de inversión y reforma identificadas como parte del Semestre Europeo. El Comité acoge favorablemente la reciente prioridad otorgada a la mejora en la inclusión de los asuntos sociales y el Pacto Verde Europeo, así como la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a través del Semestre. A lo largo de este, la Comisión debería ayudar a los Estados miembros de la zona del euro a tomar todas las medidas necesarias para garantizar una mayor convergencia e integración en el ámbito económico. Se incluye aquí una orientación fiscal positiva agregada para la zona del euro en su conjunto con el fin de poder avanzar en la salida de la crisis actual.

4.4.

Todas las prioridades y acciones descritas en los demás ámbitos de la formulación de políticas anteriores conllevarán la necesidad de formular un nuevo marco de gobernanza económica que responda a los retos de la situación macroeconómica actual y posibilite la ejecución de políticas estratégicas industriales, de competitividad, sociales, medioambientales y comerciales por parte de la Unión y sus Estados miembros. A principios de 2020, la Comisión lanzó una amplia consulta pública sobre este tema, pero se vio interrumpida a causa de la crisis del coronavirus y la aplicación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. No es posible pensar que en 2021 podremos volver a aplicar automáticamente el Pacto. Por tanto, la Comisión debería retomar la cuestión con nuevas iniciativas para promover una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con el fin de garantizar simultáneamente la estabilidad y el crecimiento.

4.5.

En este contexto, el CESE exige un ajuste macroeconómico más simétrico, compartido tanto por los Estados miembros con déficit como por los que registran superávit. Todos los Estados miembros han de poder invertir más en servicios públicos porque, como ha demostrado la crisis, estos desempeñan un papel crucial en la tarea de salvar la vida de las personas y hacer frente a la pandemia. Además, los líderes europeos han de considerar la denominada «regla de oro» al volver a aplicar las normas fiscales de la UE, eximiendo a ciertas inversiones públicas de las estimaciones de déficit y teniendo en cuenta la sostenibilidad de los niveles de deuda existentes.

4.6.

Por último, hace tiempo que se solicita un mecanismo permanente de estabilización fiscal de la zona del euro, ya que supondría un enorme apoyo para las políticas anticíclicas de la Unión en caso de futuros crisis. Este mecanismo contribuiría a la estabilidad y sostenibilidad a largo plazo de las haciendas públicas nacionales y marcaría el paso siguiente necesario en la profundización de la Unión Económica y Monetaria de Europa.

4.7.

La recuperación posterior a la COVID-19 dependerá fundamentalmente de la capacidad de los mercados financieros europeos para garantizar una liquidez suficiente. El correcto funcionamiento de los mercados financieros y el aumento de la capacidad de compartir riesgos financieros también son necesarios para elevar la resiliencia de la economía europea. En este sentido, la ulterior armonización e integración de los mercados financieros europeos debe continuar sin demora, incluida la culminación de la Unión Bancaria y el fortalecimiento de la Unión de Mercados de Capitales. Al revisar las normas prudenciales de los bancos con el fin de aplicar los acuerdos restantes del marco de Basilea, han de tenerse en cuenta las especificidades del panorama bancario de la UE. Además, es crucial que los mercados financieros puedan apoyar la transformación ecológica y digital. El CESE considera que deben redoblarse los esfuerzos para integrar la sostenibilidad en el sector financiero y, por tanto, acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de renovar su Estrategia de Financiación Sostenible.

4.8.

El CESE cree firmemente que, en el contexto de la digitalización de la economía, todo cambio en las normas de reparto entre países de los derechos de fiscalidad sobre los beneficios entre países debe coordinarse a escala mundial y, por tanto, acoge con satisfacción la estrecha cooperación existente entre la Comisión, los Estados miembros y la OCDE/G20 para apoyar el desarrollo de una solución internacional. Si no se logra alcanzar una solución a escala internacional, la UE deberá actuar por su cuenta. La lucha contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos, así como contra el blanqueo de capitales, deben seguir siendo la máxima prioridad de la agenda.

4.9.

La política de cohesión desempeñará un papel clave para garantizar una recuperación equilibrada, fomentar la convergencia y asegurarse de que nadie se quede atrás. La flexibilidad financiera resulta verdaderamente crucial para los programas de cohesión y brindará a los Estados miembros la posibilidad de transferir los fondos con arreglo a sus necesidades para abordar la crisis. El CESE cree que debe establecerse un calendario realista para que los fondos se asignen a los Estados miembros lo antes posible. La política de cohesión de la UE en 2021-2027 debe seguir centrándose en la competitividad económica mediante la investigación y la innovación, la transición digital y la agenda del Pacto Verde Europeo y el desarrollo sostenible.

4.10.

La crisis sanitaria y económica causada por el brote de COVID-19 exacerbó las desigualdades de riqueza y renta existentes y puso de relieve claramente la necesidad de un nuevo modelo social, que contribuya en mayor medida a la cohesión económica y social, a la productividad y a una distribución más justa de la riqueza. La Comisión debe abordar ahora con urgencia el seguimiento de las propuestas anteriores del CESE que ayudarían a revertir la tendencia a una desigualdad creciente, que está generando una brecha entre los diferentes Estados miembros y grupos sociales y que ha contribuido al auge de movimientos y partidos extremistas. A tal efecto, se requiere una acción decisiva de la UE que complemente los esfuerzos de los Estados miembros por impulsar la inversión en infraestructuras sociales (educación y aprendizaje permanente; sanidad, asistencia a largo plazo y atención social; vivienda asequible), desarrollar activos públicos que aborden las brechas del sistema de mercado, desplazar gradualmente los ingresos fiscales de los impuestos sobre el trabajo hacia una tributación más basada en la riqueza; desarrollar un mecanismo transparente de seguimiento y consolidación de datos sobre todas las rentas y el patrimonio; establecer un registro de accionistas corporativos a escala europea, etc.

4.11.

En el contexto de la crisis de la COVID-19, la Comisión también debería dar seguimiento a iniciativas anteriores de consolidación y fomento del papel de Europa como agente económico global. Debe seguir analizando y proponiendo vías y medios más específicos para reforzar el papel internacional del euro, diversificar las cadenas de suministro, y promover las reglas y normas europeas en determinados sectores estratégicos, garantizar una respuesta europea más resiliente a las sanciones extraterritoriales de terceros países, y avanzar gradualmente hacia una representación europea unificada en los foros financieros internacionales.

4.12.

La prosperidad económica debe disociarse de la degradación medioambiental y el agotamiento social. Modelos como la economía circular, la economía cooperativa y la economía colaborativa brindan nuevas oportunidades para el empleo, la propiedad y la innovación, y transforman las relaciones entre productores, distribuidores y consumidores, haciendo que, de este modo, todos los agentes adquieran mayor resiliencia ante las crisis, siempre y cuando estén debidamente regulados. Además de la correcta aplicación del nuevo Plan de acción para la economía circular y la continuación de la Plataforma europea de partes interesadas de la economía circular europea del CESE y la CE, entre las principales prioridades figuran la promoción de una estrategia global en materia de consumo sostenible, el desarrollo de nuevos indicadores para sustituir el uso inadecuado del PIB y la adaptación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE para tener en cuenta la sostenibilidad y el bienestar.

4.13.

Es necesario reconstruir una sociedad en la que se fortalezcan los servicios de interés general consagrados en el artículo 14 del TFUE, que se ocupa de los servicios de interés económico general (SIEG), el Protocolo 26 sobre los servicios de interés general (SIG) anexo al TFUE, y el pilar europeo de derechos sociales, en particular, así como en los servicios sanitarios y sociales, las comunicaciones electrónicas, el transporte público, la energía, el agua y la recogida de residuos, y un programa de inversión complementario.

4.14.

Los conceptos de desarrollo económico modernos se basan no solo en los criterios de prosperidad, rentabilidad y eficiencia, sino también en el respeto de los requisitos sociales y medioambientales y en la eliminación de todo tipo de externalidades negativas y fallos de mercado. Como lección de la reciente crisis de la COVID, la economía también tiene que ser lo suficientemente resiliente y fuerte como para poder abordar futuras crisis. Para ello, se recomienda encarecidamente la supresión de desequilibrios estructurales.

4.15.

La economía moderna también requiere un adecuado funcionamiento del mercado en todos sus segmentos, incluidos los creados recientemente (economías virtuales, compartidas, circulares, digitales). Por este motivo, también resulta apropiado un mejor funcionamiento de la intermediación financiera, lo que, en el contexto de la UE, conlleva especialmente la profundización de la Unión de los Mercados de Capitales y la culminación de la Unión Bancaria. A fin de avanzar en el apoyo al cambio a una economía más sostenible, también hay que ajustar el sistema de fiscalidad para que este participe en el proceso de transformación.

4.16.   El Mercado Único

4.16.1.

El mercado único ocupa un lugar central en el edificio europeo. Un mercado único que funcione estimula la competencia, mejora la eficiencia, aumenta la calidad y contribuye a reducir los precios. El mercado único europeo es sin duda uno de los mayores logros de la UE. Por lo tanto, es fundamental examinar la manera en que el funcionamiento del mercado interior puede estimular o dificultar la recuperación económica tras la crisis sanitaria.

4.16.2.

La coherencia y la unidad del mercado único se han puesto a prueba duramente durante la reciente pandemia de COVID. Se pusieron de relieve algunas áreas en las que el mercado único se vio gravemente afectado y paralizado, especialmente en lo que atañe a la libre circulación de personas. La continuidad de las cadenas de suministro transfronterizas también resultó perjudicada. El volumen de comercio transfronterizo en la UE se deterioró en cifras de dos dígitos en términos interanuales. Sin embargo, su núcleo se mantuvo y sobrevivió. El principal reto en este ámbito actualmente consiste en recuperar todos los flujos transfronterizos naturales dentro de la UE y desmantelar las barreras existentes al mercado único que comenzaron incluso a acelerarse recientemente con ciertas estrategias y conceptos nacionales implementados tras la anterior crisis.

4.16.3.

Existe la posibilidad de promover la innovación social como modelo de recuperación a través de la cocreación, el codiseño y la coproducción. En un panorama social complejo con inmensos desafíos sociales, la única vía consiste en movilizar todos los recursos de la sociedad, trabajando de manera intersectorial y multidisciplinaria en la búsqueda de soluciones. La sociedad civil organizada es un catalizador de innovación social, un movimiento que ha contribuido a la concepción de sistemas de bienestar que han dado lugar a nuevas políticas, estructuras, productos, servicios y métodos de trabajo. Ahora la participación de la sociedad civil es más necesaria que nunca, y la verdadera innovación social depende de esta participación.

4.16.4.

La Estrategia para el Mercado Único está en el centro del proyecto europeo, permitiendo que las personas, los servicios, los bienes y los capitales circulen más libremente, ofreciendo oportunidades a las empresas, los consumidores y los trabajadores europeos. Es necesario tomar medidas para liberar plenamente su potencial y eliminar barreras. Además, a raíz de la crisis y otros aspectos de un entorno cambiante, como la digitalización, el mercado único debe adaptarse plenamente a las nuevas ideas y modelos de negocio. Se trata, por lo tanto, de restaurar, revitalizar y reconstruir el mercado único como instrumento de recuperación. Las acciones a corto plazo comprenden la apertura inmediata de las fronteras. Además, es necesario actuar a corto plazo en dos vertientes: abordar las tensiones y reactivar la economía y la productividad.

4.16.5.

Las condiciones de competencia «desiguales», que están emergiendo actualmente, son motivo de gran preocupación. Los paquetes de medidas de incentivación de los Estados miembros son extremadamente diversos y han dado lugar (a pesar de la loable intención de absorber parte de la perturbación de la demanda) a unas condiciones de competencia desiguales entre los Estados miembros. Además, las ayudas estatales deben abordarse y analizarse desde un punto de vista sectorial, examinando el modo en que, a corto y largo plazo, estas acciones distorsionarán tanto la competencia como las condiciones de competencia equitativas.

4.16.6.

Necesitamos productividad en la economía real (lo que se traduce en empleo, poder adquisitivo y productos y servicios básicos). Esta productividad puede adoptar formas diferentes y ser generada por modelos de negocio diversos, pero es necesario actuar en este ámbito para evitar que siga aumentando la desigualdad. Esta reactivación requiere la adopción de paquetes de medidas de apoyo y un entorno favorable para las pymes y la industria. Las pymes, como es sabido, constituyen la columna vertebral de la economía europea y requieren un apoyo específico, pero sin cargas adicionales ni burocracia. La recuperación solo será posible para estas empresas si se les ofrece apoyo financiero a escala nacional y de la UE. En este caso, las subvenciones, los préstamos, la garantía de liquidez, los incentivos fiscales, la creación de condiciones favorables para retener y contratar personal, la revisión de la legislación sobre quiebras y otras ayudas resultarán cruciales. En lo que se refiere a las leyes sobre quiebras, la UE debería adoptar medidas legislativas para permitir que las pequeñas empresas en situación de quiebra debido a la crisis de la COVID-19 estén en condiciones de volver a ponerse en marcha rápidamente. Estas medidas deberían estar limitadas en el tiempo.

4.17.   Estrategia industrial

4.17.1.

Muchos de los puntos anteriores también son plenamente válidos en términos generales para la estrategia industrial. No obstante, la industria europea se enfrenta no solo a un desafío para la mejora del mercado único, sino también, a diferencia de lo que se refiere a los servicios, a cambios estructurales fundamentales, que atañen principalmente a la minería del carbón y las industrias pesadas con altas emisiones de carbono.

4.17.2.

La esencia de la nueva estrategia industrial para Europa consiste en lograr la coexistencia entre una industria europea moderna y sólida, y los retos derivados de los requisitos climáticos y medioambientales. El CESE está convencido de que esta coexistencia es viable y de que, si tiene éxito, puede proporcionar una ventaja comparativa global a Europa. Por otra parte, el CESE es plenamente consciente y respeta los enormes costes relacionados con esta transición y apoya su atenuación y compensación de manera adecuada y con respeto por las posibilidades económicas.

4.18.   Sistemas sanitarios

4.18.1.

Por encima de otras consideraciones, una de las principales lecciones extraídas de la crisis del coronavirus es que los sistemas de salud en casi todos los países europeos deben fortalecerse, ante todo centrándose en la prevención. El impacto del coronavirus está sometiendo a los sistemas sanitarios de toda Europa a una enorme tensión. Si bien la responsabilidad de la atención médica incumbe al nivel nacional, la propagación del virus no conoce fronteras. Afecta a toda Europa, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, con consecuencias sanitarias, sociales y económicas que exigen una respuesta común a nivel europeo.

4.18.2.

La crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la dependencia de la UE de importaciones de productos médicos procedentes de terceros países. Las inversiones en protección de la salud, asistencia sanitaria, servicios de atención a largo plazo, asistencia sanitaria preventiva y políticas de salud y seguridad en el trabajo (con un enfoque basado en el ciclo de vida), son necesarias y han de recibir el apoyo de las instituciones de la UE.

4.18.3.

La crisis del coronavirus ha dejado claro que las multinacionales farmacéuticas ejercen un enorme poder. A fin de aumentar el grado de independencia de la industria farmacéutica, también debe crearse un cuantioso fondo europeo de investigación para el desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. Las instituciones de la UE han de contar con las competencias necesarias para coordinar el suministro, la distribución y los precios de los equipos médicos y de protección esenciales en el mercado único.

4.18.4.

El CESE reclama una estrategia sobre productos químicos para la sostenibilidad que garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, minimizando al mismo tiempo la exposición a sustancias químicas peligrosas. La nueva estrategia deberá ser plenamente coherente con el Pacto Verde Europeo.

4.18.5.

Es necesario recuperar la confianza de los pasajeros en el transporte con especial consideración para el transporte público. Esto exige, entre otras medidas, el refuerzo de la seguridad sanitaria de los pasajeros (por ejemplo, en lo que atañe a los sistemas de aire acondicionado, la detección de personas enfermas, las medidas de limpieza y desinfección, etc.). En este contexto, los derechos de los pasajeros deben reconsiderarse e incluso reforzarse (por ejemplo, el reembolso de viajes cancelados).

5.   Una Europa más fuerte en el mundo

5.1.

La UE debe reforzar y apoyar su posición global en cuanto a desempeñar un papel más importante y estratégico en la economía y la política mundiales. Esta posición se ha debilitado en la última década. La economía de la UE tiene potencial para aprovechar mejor sus ventajas comparativas en el mercado mundial del comercio y la inversión, especialmente en los sectores manufacturero y de servicios innovadores avanzados, junto con la ambición para ser un líder mundial. Este esfuerzo debe ir acompañado de una representación mejor y más eficaz de la UE en las principales organizaciones mundiales, donde debe expresarse con una sola voz. El CESE pide a la Comisión Europea que haga un esfuerzo importante para reflejar de forma más concreta la necesidad de reforzar la posición global de la UE en su programa de trabajo para 2021.

5.2.

La UE debe seguir apoyando el enfoque multilateral en materia de comercio. La incorporación de las normas sociales, laborales y de desarrollo sostenible (8) a las reglas de la OMC y de otras agencias relacionadas de las Naciones Unidas podría contribuir de manera sustancial a la construcción de un nuevo orden económico y comercial equitativo y a una globalización justa e inteligente. Al mismo tiempo, debe oponerse a las medidas para establecer nuevos obstáculos y restricciones en la economía mundial.

5.3.

Una de las lecciones concretas de la crisis de la COVID-19 es que la UE debería estudiar con más atención la protección de sus activos e inversiones estratégicos y reforzar el control en ámbitos en los que existe el riesgo de que se haga un uso político indebido de una operación de inversión en un sector estratégico.

5.4.

Después del Brexit, la UE debe centrarse no solo en reforzar su coherencia y unidad, sino que, en los casos pertinentes, no debe olvidar la continuación del proceso de ampliación que se ha retrasado recientemente, a pesar de algunos avances, sobre todo respecto de la adhesión de algunos países candidatos de los Balcanes Occidentales. La ampliación podría contribuir en gran medida a eliminar las incertidumbres políticas y económicas y a aumentar la estabilidad en esta parte de Europa.

5.5.

En la última década, la situación geopolítica ha empeorado, algo que también afecta a los territorios más cercanos a la frontera exterior de la UE. Para apoyar la estabilidad y mejorar las relaciones mutuas con la UE, debe mantenerse la iniciativa de una asociación estratégica y una política de vecindad integradora. Esta debe reaccionar con flexibilidad a las nuevas circunstancias y basarse en el respeto común y en los beneficios que aporta a ambas partes.

5.6.

La cambiante situación geopolítica y las consecuencias de la reciente crisis migratoria, así como el deterioro de las relaciones exteriores en el mundo con muchos nuevos fenómenos que entrañan riesgos, también han desplazado el espectro de la asistencia y la ayuda al desarrollo de la UE. El próximo MFP cuenta con un enorme aumento de recursos financieros para este fin y se prevé incluir el Fondo Europeo de Desarrollo en dicho marco. El CESE apoya esta actividad y subraya la necesidad de prestar especial atención a África para ayudar a este continente a superar una difícil situación política, económica, social y medioambiental.

5.7.

Es necesario relanzar el papel estratégico geopolítico de la UE en la promoción de los procesos de paz en el mundo, con el fin de reactivar las oportunidades de desarrollo económico en la vecindad de la UE: Balcanes Occidentales, Euromed, Asociación Oriental y otras zonas conflictivas.

6.   Promoción de nuestro modo de vida europeo

6.1.   Las medidas sociales

6.1.1.

Más allá de las cuestiones económicas y medioambientales, el programa de trabajo de la UE en 2021 debe estar impulsado por la dimensión social. Esto significa que su compromiso con una Europa social y sostenible será prioritario. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil también desempeñan un papel importante. Existe la posibilidad de promover la innovación social como modelo de recuperación a través de la cocreación, el codiseño y la coproducción. En un panorama social complejo con inmensos desafíos sociales, la única vía consiste en movilizar todos los recursos de la sociedad, trabajando de manera intersectorial y multidisciplinaria en la búsqueda de soluciones. La sociedad civil organizada es un catalizador de la innovación social.

6.1.2.

Es necesario desarrollar una comprensión más amplia sobre qué es una «transición justa» (más allá del carbón) y aplicar plenamente el pilar europeo de derechos sociales, impulsando al mismo tiempo reformas de los sistemas redistributivos, el equilibrio entre vida privada y vida laboral y la igualdad de género.

6.1.3.

La aplicación del pilar europeo de derechos sociales (PEDS) a escala de la UE en todos los Estados miembros constituye un paso importante para emprender de manera proactiva un proceso de convergencia social de abajo arriba. Las directrices políticas de la Comisión prometían una transición justa para todos hacia una economía de mercado social y ecológica. En este contexto, la Comisión presentó una hoja de ruta sobre «Una Europa social fuerte para unas transiciones justas», que puso en marcha un debate con los países, regiones y socios de la UE respecto a los compromisos concretos con la ejecución del pilar para lograr avances a escala de la UE, nacional, regional y local hasta noviembre de 2020 (9). Sobre la base de las aportaciones recibidas, la Comisión presentará a principios de 2021 un Plan de acción para la aplicación del pilar social. En el anexo a la hoja de ruta se recogen propuestas adicionales para 2021. Entre ellas figura una garantía infantil, un plan de acción para la economía social, una estrategia en materia de discapacidad, y una visión a largo plazo para las zonas rurales (10).

6.1.4.

En el contexto de la hoja de ruta, la Comisión puso en marcha una primera fase y, posteriormente, una segunda fase de consulta a los interlocutores sociales sobre el salario mínimo justo (11). El CESE espera una posible iniciativa jurídica de próxima aparición de la Comisión respecto a un salario mínimo justo y digno. El objetivo debería ser garantizar que los salarios mínimos en todos los Estados miembros de la UE proporcionen a todos los trabajadores un nivel de vida digno. El CESE acoge con satisfacción que la Comisión reconoce que hay margen para que la UE promueva el papel de la negociación colectiva en apoyo a la adecuación y la cobertura del salario mínimo y que las medidas de apoyo a la negociación colectiva, particularmente a escala sectorial, deben incluirse en la iniciativa de la UE sobre salarios mínimos (12).

6.1.5.

La complejidad de la dimensión social de la UE es tal que su fortalecimiento requiere la disposición de mecanismos de gobernanza que permitan la resolución colectiva de problemas por parte de diversos agentes de diferentes sectores. El papel del diálogo social es clave. Una recuperación social sólida requiere asimismo un mejor acceso a los sindicatos y una mejor protección. Debería apoyarse la negociación colectiva y la democracia en el lugar de trabajo. La UE y los Estados miembros deben apoyar a los interlocutores sociales con el fin de impulsar de manera significativa la negociación colectiva. Es necesario reforzar la representatividad y la autonomía y los vínculos entre las escalas europea y nacional del diálogo social. Por otra parte, es necesario seguir mejorando la capacidad y la participación de los interlocutores sociales en la formulación de políticas, así como garantizar un marco de relaciones laborales estable y equilibrado. El CESE cree que la Comisión Europea debería revisar el Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración, y proponer una base jurídica para determinadas condiciones marco relativas a la participación de los trabajadores, sin interferir en las competencias nacionales (13), con el fin de mejorar tal participación en la gestión de los retos del Pacto Verde y del proceso de transformación digital.

6.1.6.

El CESE insta a la Comisión a reformar la gobernanza económica de la Unión Europea. El CESE está convencido de que se requieren algunos cambios en: a) la gobernanza, es decir, hacen falta mecanismos de gobernanza específicos para afrontar los problemas urgentes con mayor rapidez y resolver los asuntos complejos. El papel de dichos mecanismos consistiría en vincular los niveles de la UE y de los Estados miembros y no en reemplazar la acción en alguno de ellos; b) integrar los ODS en los procesos presupuestario y de seguimiento económico y social de la UE. A este respecto, el Semestre Europeo podría estar dotado de nuevos y mejores indicadores sociales, económicos y medioambientales mensurables y complementarios para supervisar y efectuar un seguimiento de todos los aspectos y los principios del pilar europeo de derechos sociales y de los diecisiete ODS (14).

6.1.7.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta anunciada de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas digitales en 2021. Sin embargo, el CESE lamenta que la Comunicación de la Comisión no aborde de forma directa el problema mucho mayor de una transición inclusiva y justa (15). Insiste en la necesidad de un plan de acción ambicioso que anime a los Estados miembros a cumplir sus promesas respecto a la proclamación del pilar europeo de derechos sociales (16).

6.1.8.

Resulta esencial redefinir el trabajo en la fase de recuperación de la crisis de la COVID-19. Tanto en la sanidad privada como en la pública, la búsqueda del aumento de la productividad obró en detrimento de la calidad del servicio y la experiencia de trabajo, lo que tuvo consecuencias dramáticas durante la crisis sanitaria en la mayoría de los países de la UE. La transición hacia actividades basadas en los servicios daría lugar a la creación de una economía con mayor uso de la mano de obra, contrarrestando la precariedad del empleo en estos sectores, respaldando unos niveles de empleo más elevados y recuperando puestos de trabajo para la economía real. Por consiguiente, se consideran fundamentales las políticas destinadas a respaldar el trabajo de calidad en los sectores que requieren mucha mano de obra y prestan servicios de elevada calidad.

6.1.9.

El CESE reitera su preocupación por que la pobreza en general y la pobreza de los ocupados sigan siendo un problema importante en muchos Estados miembros. Además de mejorar los niveles salariales, se necesita un planteamiento global a escala de la UE y de los Estados miembros, que incluya medidas para garantizar regímenes de renta mínima adecuados, normas mínimas comunes en materia de seguro de desempleo y regímenes efectivos de inclusión activa, apoyados por servicios sociales esenciales y capacitadores. También son necesarios mercados laborales, servicios públicos de empleo y políticas activas del mercado de trabajo que funcionen correctamente (17).

6.1.10.

El CESE apoya la Estrategia de igualdad de género 2020-2025 de la Comisión y recomienda que adopte estrategias de integración de la perspectiva de género en todos los órganos de programación y gobernanza, así como un enfoque intersectorial respecto a la igualdad de género. La Estrategia debe aplicarse conjuntamente con el tratamiento del impacto de la COVID-19, a través de respuestas políticas personalizadas y específicas. El Comité toma nota de la intención de la Comisión de proponer una iniciativa legislativa sobre medidas vinculantes de transparencia salarial. Al abordar la brecha salarial y otras desigualdades de género, debe otorgarse un mayor reconocimiento social y valor económico a los puestos de trabajo y los sectores que tradicionalmente emplean a muchas mujeres, y que a menudo se encuentran mal pagados e infravalorados.

6.1.11.

Es importante seguir abordando y atenuando las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, que son excepcionalmente graves en las áreas clave del transporte, los viajes y el turismo.

6.2.   La migración y la etapa posterior a la COVID-19

6.2.1.

Con la llegada de la pandemia de COVID-19, la consiguiente e inmensa tragedia para los sistemas nacionales de salud y el hundimiento de la economía en todos los países, la cuestión de la migración pareció desaparecer del escenario y pasar a un segundo plano, con cierta indiferencia por parte de la opinión pública. Los solicitantes de asilo no pueden caer en el abandono como consecuencia de la crisis actual. Los derechos básicos de protección constituyen el núcleo de los valores europeos y no se pueden tirar por la borda cuando resultan incómodos.

7.   Un nuevo impulso para la democracia europea

7.1.

La Unión Europea se basa en valores europeos comunes que no son negociables bajo ningún concepto, a saber, el respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Estos valores no pueden pasarse por alto cuando la UE y sus Estados miembros se enfrentan a una emergencia y sus repercusiones económicas y sociales. Si bien la respuesta a la crisis actual debe ser rápida y requiere ciertas medidas excepcionales y limitadas en el tiempo, estas no pueden ir en contra del Estado de Derecho ni poner en peligro la democracia, la separación de poderes y los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. El CESE insiste en que todas las medidas políticas correspondientes deben estar en plena sintonía con nuestros valores comunes, tal como se establecen en el artículo 2 del TUE.

7.2.

En este nuevo proceso de recuperación y reconstrucción, el CESE confía en que la próxima Conferencia sobre el Futuro de Europa constituya una oportunidad para fortalecer la estructura institucional de la UE y ahondar en la misma, así como para una verdadera renovación del proyecto de la UE, que le permita afrontar los retos de las próximas décadas.

7.3.

La crisis de la COVID-19 ha puesto al descubierto los límites institucionales y las deficiencias de la actual Unión Europea, al tiempo que demuestra la urgente necesidad de una Unión eficaz y eficiente. Se requiere una nueva configuración de la Unión Europea que vaya más allá del mercado único de la UE para liderar a una Europa más integrada, con capacidad fiscal real y cuyo objetivo principal consista en mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus ciudadanos. Por estas razones, el CESE considera que el proceso de la Conferencia debe tener en cuenta los instrumentos de recuperación existentes en la UE y la solidaridad ya establecida, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad ecológica, el desarrollo económico, el progreso social, la seguridad y la democracia. El CESE subraya que, a pesar de la pandemia, la implicación directa de las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales y los representantes electos debe seguir siendo una prioridad de la Conferencia, y ansía que esta comience con el fin de construir una Unión más democrática, eficaz y resiliente junto con todos los ciudadanos de la UE. El CESE cree que la Comisión debería mantener el ámbito de actuación de la Conferencia abierto a todos los resultados posibles, incluidas las propuestas legislativas, el inicio de un cambio de los tratados o cualquier otra medida.

7.4.

A juicio del CESE, la desinformación plantea una amenaza directa no solo para la capacidad de las personas de adoptar decisiones políticas con conocimiento de causa, sino también para el proyecto de integración europea y, por ende, para la unidad, la prosperidad y la influencia mundial de la Unión Europea. Debilitar las capacidades de la UE de tomar decisiones democráticas es el objetivo que persiguen varias potencias extranjeras, además de grupos extremistas que se oponen a la cooperación europea y a una mayor cohesión. El CESE expresa su firme apoyo a los actuales esfuerzos de la UE para contrarrestar la desinformación —exterior e interior— e insta a la Comisión a que garantice el pleno cumplimiento y medidas normativas de seguimiento con respecto al Código de buenas prácticas sobre desinformación, el ulterior desarrollo del «sistema de alerta rápida» de reciente creación y de las unidades de inteligencia de StratCom, y la ampliación de la acción del Servicio Europeo de Acción Exterior contra la desinformación, de forma paralela a la ampliación considerable de la acción de la UE contra la desinformación interna (18).

7.5.

El CESE respalda con firmeza la propuesta de la Comisión Europea encaminada a desarrollar un «Plan de Acción Europeo para la Democracia» que sea integral y continuo, con la capacidad para producir cambios, sostenido mediante apoyo financiero y coordinación interinstitucional. El Plan de Acción Europeo para la Democracia y las futuras iniciativas asociadas deberían aspirar a hacer mucho más para conseguir unos medios de comunicación libres y plurales y un periodismo independiente de calidad, la regulación efectiva de las redes sociales, en particular para combatir la desinformación, incluyendo la regulación de la publicidad política en línea y la responsabilidad por los contenidos, un proceso electoral modernizado, la inclusión de colectivos privados del derecho a voto, principalmente las personas con discapacidad, así como una educación cívica generalizada sobre la Unión Europea y su proceso democrático en todos los Estados miembros. El CESE recuerda su propuesta de una estrategia ambiciosa de la UE en materia de comunicación, enseñanza y concienciación ciudadana sobre los derechos fundamentales y el Estado de Derecho y la democracia (19).

7.6.

Se requieren nuevas medidas para lograr unos medios de comunicación libres y plurales y un periodismo independiente de calidad, así como una regulación eficaz de las redes sociales, sobre todo para combatir la desinformación, incluida la regulación de la publicidad política en línea y la responsabilidad respecto a los contenidos.

7.7.   Mejora de la legislación y la prospectiva

7.7.1.

El CESE mantiene la petición de un Programa de Mejora de la Legislación revisado que integre un «control de sostenibilidad» para garantizar que toda la legislación y las políticas de la UE contribuyan a la ejecución de los ODS.

7.7.2.

El CESE se compromete a contribuir al éxito de la nueva plataforma «Preparados para el Futuro» que sustituye a la plataforma REFIT y acoge con satisfacción la mejora del papel del CESE en dicha plataforma en cuanto a participación, representación y contribución. Esta nueva plataforma permitirá que los Estados miembros y los representantes de la sociedad civil trabajen en la simplificación y la reducción de la carga reguladora innecesaria, y en la preparación de Europa para nuevos retos en el futuro, como la digitalización. La crisis de la COVID-19 ha demostrado la importancia de diseñar políticas y fortalecer capacidades de manera que resulten adecuadas para abordar las incertidumbres del futuro.

7.7.3.

El CESE recuerda que la mejora de la legislación no puede ni sustituir a las decisiones políticas, ni conducir en ningún caso a una desregulación, ni tener por efecto una reducción de la protección social, del medio ambiente y de los consumidores o una restricción de los derechos fundamentales. El CESE pide a la Comisión que revise las líneas directrices y los criterios del conjunto de herramientas de «Legislar mejor», con el fin de integrar en el proceso de evaluación los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Asimismo, es preciso integrar explícitamente un «control de sostenibilidad» en dicho conjunto de herramientas. El CESE renueva su llamamiento a seguir desarrollando el ecosistema europeo en materia de evaluación de impacto y de evaluación continua, con objeto de reforzar su calidad y favorecer la participación activa de la sociedad civil organizada en la elaboración y la aplicación de la legislación (20).

7.7.4.

El CESE propone que la Comisión combine las consultas públicas (debido a sus limitaciones) con mesas redondas ad hoc de las partes interesadas pertinentes, como los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada, con el fin de reforzar la democracia participativa.

7.7.5.

Debe reforzarse la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la evaluación de impacto y la prospectiva estratégica para garantizar que sus competencias y conocimientos sobre el terreno se tengan en cuenta al diseñar la legislación y las políticas futuras en el nuevo contexto posterior a la COVID-19.

7.7.6.

Las propias organizaciones de la sociedad civil también padecen las desigualdades y las deficiencias del sistema. Su capacidad actual y futura de responder a las necesidades se ve amenazada por unos recursos que suelen ser escasos y fluctuantes. Hay que abordar este asunto y garantizar mecanismos de financiación para ellas. El programa de trabajo de la Comisión para 2021 tras la crisis constituye una enorme oportunidad para revisar el compromiso de la UE con las organizaciones de la sociedad civil en favor de un apoyo financiero más sostenible y estructural frente a una financiación basada en proyectos.

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(1)  Resolución sobre el período posterior a la crisis de la COVID 19 (DO C 311 de 18.9.2020, p. 1).

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380

(4)  NAT/784 — Ley Europea del Clima (véase la página 143 del presente Diario Oficial).

(5)  Véase la nota 4 a pie de página..

(6)  Véase la página 124 del presente Diario Oficial.

(7)  INT/894 — Libro blanco sobre la inteligencia artificial (véase la página 87 del presente Diario Oficial).

(8)  Véase, por ejemplo, https://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm

(9)  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/qanda_20_20

(10)  Una Europa social fuerte para unas transiciones justas.

(11)  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1226&furtherNews=yes&newsId=9696

(12)  SOC/632 en curso — Salarios mínimos dignos en toda Europa.

(13)  CCMI/124 — Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración (DO C 19 de 21.1.2015, p. 50).

(14)  https://www.eesc.europa.eu/en/documents/resolution/european-economic-and-social-committees-contribution-2020-commissions-work-programme-and-beyond

(15)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1600965538199&uri=CELEX:52020DC0102

(16)  INT/897 — Estrategia industrial (véase página 108 del presente Diario Oficial).

(17)  Dictamen del CESE SOC/632 en curso sobre «Salarios mínimos dignos en toda Europa» y Dictamen del CESE SOC/583: https://www.eesc.europa.eu/es/our-work/opinions-information-reports/opinions/common-minimum-standards-field-unemployment-insurance-eu-member-states-concrete-step-towards-effective-implementation (DO C 97 de 24.3.2020, p. 32) y Dictamen del CESE Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima (DO C 190 de 5.6.2019, p. 1).

(18)  SOC/630 — Los efectos de las campañas sobre la participación en la toma de decisiones políticas (DO C 311 de 18.9.2020, p. 26).

(19)  DO C 282 de 20.8.2019, p. 39 y Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo — Reforzar en mayor medida el Estado de Derecho en la Unión — Situación y posibles próximas etapas, 3 de abril 2019.

(20)  INT/886 — Legislar mejor/Situación actual (DO C 14 de 15.1.2020, p. 72).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Promover una Unión Bancaria más integradora y sostenible, mejorando la contribución de los bancos comunitarios al desarrollo local y creando un sistema financiero internacional y europeo socialmente responsable»

(Dictamen de iniciativa)

(2020/C 364/02)

Ponente:

Giuseppe GUERINI

Decisión del pleno	20.2.2020
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en la sección	24.6.2020
Aprobado en el pleno	16.7.2020
Pleno n.o	553
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	205/6/6

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Las normas aprobadas en los últimos años a escala internacional y europea no siempre han tenido plenamente en cuenta los diferentes modelos que conforman la diversidad bancaria en Europa, lo que ha acarreado repercusiones significativas para los bancos más pequeños y regionales, que a menudo adoptan la forma de cooperativas de crédito, sobre todo en Estados miembros como Italia y España.

1.2.

Los distintos modelos que caracterizan el pluralismo y la diversidad del sistema bancario europeo no se han visto afectados en la misma medida por las intervenciones regulatorias efectuadas a raíz de la pasada crisis financiera. En efecto, en algunos casos, los bancos que menos contribuyeron a la crisis de 2008 han sufrido más la presión de las normas adoptadas en respuesta a esta.

1.3.

El CESE, si bien reconoce que la Comisión ha dado pasos para tener en cuenta las entidades bancarias más pequeñas y menos complejas en sus intervenciones regulatorias más recientes, considera que sería conveniente que existiera una proporcionalidad aún mayor entre las normas bancarias y las características de sus destinatarios, sin que ello conlleve sacrificar la eficacia del marco prudencial. Al mismo tiempo, los principios y objetivos generales en que se basan las medidas adoptadas desde la crisis financiera no deberían verse comprometidos ni desvirtuados, ya que han demostrado ser necesarios y eficaces. La seguridad, estabilidad y resiliencia del sistema financiero son de suma importancia.

1.4.

El CESE estima positivo que se aplace la aplicación de los acuerdos de Basilea III plus, tal como se ha decidido recientemente, y preconiza, llegado el momento, una transposición de la nueva regulación sobre los requisitos de capital que tenga en la debida cuenta la diversidad de modelos de negocio bancario existentes en Europa y su contribución a la diversificación y resiliencia de la Unión Bancaria.

1.5.

El CESE espera, en particular, que se valorice el papel especial que desempeñan las entidades de crédito regionales, locales y rurales, a menudo organizadas en forma de cooperativas en Estados miembros como Italia y España, en favor de las pymes y las familias a escala local, constituyendo en algunos casos la principal fuente, cuando no la única, de acceso al crédito para miles de ciudadanos y empresas europeos.

1.6.

El CESE espera asimismo una valorización adecuada de la contribución de los bancos cooperativos de mayores dimensiones de Estados miembros como Alemania, Austria, Países Bajos y Francia, al sistema bancario europeo. En los casos en que contribuyan a los riesgos sistémicos, esto debe tenerse debidamente en cuenta en la regulación y la supervisión.

1.7.

Es preciso recordar también el importante papel que desempeñan en el fomento de una democracia económica, pues favorecen la participación de las partes interesadas, que no son meros accionistas o clientes, sino socios que pueden participar —sobre la base de un voto por socio, independientemente del número de acciones que este posea— en las pautas de gobernanza, que de hecho tienden más al stakeholders value (valor para las partes interesadas) que al shareholders value (valor para los accionistas).

1.8.

El CESE considera que los bancos europeos, incluidos los bancos regionales y cooperativos, desempeñarán un papel fundamental en la reactivación económica tras la crisis de la COVID-19 mediante su apoyo a la economía y el empleo.

1.9.

Un sistema bancario diversificado, en el que participe una pluralidad de partes interesadas y que esté arraigado en los territorios y las comunidades locales, constituye también una garantía importante para el mantenimiento de una responsabilidad social compartida, en la que participen los ciudadanos, las pymes y todos y cada uno de los operadores económicos, y que tenga una fuerte presencia en la economía real.

2.   Observaciones generales

2.1.

El presente Dictamen de iniciativa representa la contribución del CESE al proyecto de una Unión Bancaria acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible e inclusión social necesarios para garantizar la futura competitividad de la Unión Europea en un contexto de múltiples desafíos mundiales. A este respecto, el CESE desea transmitir el interés de la sociedad civil por lograr una unión bancaria inclusiva, diversificada y sostenible.

2.2.

La presente contribución sigue a otros Dictámenes del CESE sobre el papel de las cooperativas de crédito y los bancos locales (1), y es más necesaria que nunca en el nuevo escenario resultante de la crisis sanitaria, humanitaria, económica, de empleo y social, de dimensiones mundiales, provocada por la pandemia de COVID-19.

2.3.

El constante aumento de normas bancarias a escala europea y su progresivo endurecimiento con los años no siempre ha logrado tener en cuenta los distintos modelos que conforman la diversidad bancaria de Europa ni ha conducido a unas normas proporcionales y adaptadas también a los bancos más pequeños y regionales.

2.4.

Los argumentos que se exponen a continuación hacen referencia, en primer lugar, a las entidades de crédito locales y rurales, que suelen ser de pequeño tamaño y poseer una estructura de gestión simplificada. Hacen referencia también a las cooperativas de crédito, con los distintos modelos y dimensiones que estas presentan en Europa. En efecto, en algunos Estados miembros, como Italia y España, son de pequeñas dimensiones, hay gran número de ellas y su importancia es solo local. En cambio, en Estados miembros como Alemania, Austria y los Países Bajos, son actores de relevancia, si bien, en la medida en que funcionan como cooperativas, siguen conservando un rasgo fundamental en común con otras cooperativas de crédito: persiguen sobre todo el valor para las partes interesadas, en vez del valor para los accionistas. Cuando se organizan en un grupo bancario que cotiza en el mercado de valores, los bancos cooperativos deben tener varias características en común con las otras empresas que cotizan en bolsa.

2.5.

Abordar la cuestión de la regulación bancaria requiere un esfuerzo tanto de memoria como de crítica de los sucesos que han condicionado de forma progresiva el marco reglamentario europeo, así como una visión prospectiva lúcida de adónde se quiere llegar en el futuro.

2.6.

Por lo que respecta a la memoria, hay que recordar que el marco actualmente en vigor es, en gran medida, una respuesta a la crisis de 2008. El legislador europeo se propuso reformar las normas para colmar las lagunas que había puesto de manifiesto la crisis y, sobre todo, para hacer que los bancos estuvieran mejor preparados y fueran más sólidos en caso de crisis futuras.

2.7.

Si los objetivos de las reformas efectuadas eran y siguen siendo razonables, no hay duda de que sus repercusiones y resultados en los distintos engranajes del sistema bancario han sido asimétricos, debido al enfoque que hasta ahora ha adoptado el regulador bancario.

2.8.

Los distintos modelos que caracterizan el pluralismo y la diversidad del sistema bancario europeo no se han visto afectados en la misma medida por las reformas efectuadas. En efecto, en algunos casos, los modelos de negocio que menos contribuyeron a la crisis de 2008, como los bancos locales, a menudo de pequeñas o medianas dimensiones y en algunos Estados de forma cooperativa, han sufrido más la presión de las normas.

2.9.

Asimismo, debido a unas normas cada vez más difíciles de mantener en diversos aspectos, los pequeños y medianos bancos locales se han visto sometidos a una creciente presión regulatoria para que se fusionaran o unieran a grupos más grandes, so pena de quedarse fuera del mercado, con la consiguiente pérdida de diversidad en el sistema bancario europeo.

3.   Bancos territoriales y regulación bancaria: consideraciones generales

3.1.

Las distintas normas introducidas en los últimos años en aplicación de los acuerdos internacionales y las normas europeas han penalizado a los bancos pequeños y medianos, sobre todo a las cooperativas de crédito, los bancos regionales o aquellos con fines mutualistas, por tres razones: a. los costes de cumplimiento derivados de una regulación numerosa, compleja, muy prolija y en continuo cambio; b. el escaso conocimiento de la distinta importancia sistémica de los bancos locales en materia de riesgo; c. las ventajas en términos de costes de financiación de que gozan los grandes bancos sistémicos.

3.2.

Por estas razones, el CESE considera conveniente que el legislador mejore sin demora la proporcionalidad estructurada y la adecuación de las normas bancarias a las características de sus destinatarios, con tres objetivos: a. reducir distorsiones artificiales de la competencia inducidas por normas no proporcionadas o inadecuadas a las características de los destinatarios, incluidos los fines empresariales que los distinguen; b. mantener una industria bancaria europea diversificada y, como tal, más resistente a futuras crisis financieras y económicas; c. favorecer (y no reducir) el apoyo crediticio a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen un sector clave de la economía en Europa.

3.3.

El CESE apoya el aplazamiento de la aplicación de los acuerdos de Basilea III plus recientemente decidido, y preconiza, llegado el momento, una transposición al ordenamiento de la UE que tenga en la debida cuenta la diversidad de modelos de negocio bancario existentes en Europa.

3.4.

Por lo que respecta al procedimiento de transposición de las nuevas indicaciones de los acuerdos de Basilea, el CESE considera útil recordar y apoyar los siete principios enunciados en junio de 2019 por el Comité Científico Consultivo de la JERS (Junta Europea de Riesgo Sistémico), elaborados antes del lanzamiento definitivo de la evaluación consultiva (2) de la propia JERS. a. Adaptabilidad : la normativa financiera debe poder evolucionar con el sistema financiero, y no convertirse en un obstáculo a la innovación. También significa no crear obstáculos materiales a la entrada de nuevos bancos en el sector ni desincentivar la emergencia de nuevos modelos comerciales o la salvaguardia de modelos bancarios alternativos históricamente afirmados, como el cooperativo. b. Diversidad : se debe preservar la diversidad de entidades financieras y prácticas comerciales, pues representa una eficiente protección contra la inestabilidad sistémica. Es preciso evitar una homogeneización excesiva de las empresas y las actividades sujetas a regulación: la capacidad de desarrollar «anticuerpos» y distintas formas de reacción o resiliencia ante ciclos económicos negativos, por ejemplo, aumenta la estabilidad global de la industria financiera y, más en general, de la economía. c. Proporcionalidad : la carga normativa debería ser proporcional a la magnitud de la imperfección del mercado que deba corregirse y a la importancia sistémica de los destinatarios de la regulación. d. Posibilidad de resolución : la regulación debería permitir a las entidades no sostenibles desde el punto de vista económico abandonar el sistema sin poner en peligro su estabilidad. Conviene, no obstante, adoptar políticas que tengan en cuenta la estructura y la complejidad interna de las entidades afectadas. e. Perspectiva sistémica : la regulación financiera debería aspirar a garantizar una prestación ininterrumpida de los servicios financieros esenciales a la sociedad. Un sistema regulatorio que favorece la concentración de la actividad en un número limitado de entidades financieras puede ser más vulnerable, pues depende de la supervivencia financiera de unas pocas entidades. f. Disponibilidad de información : el flujo de información de los bancos a las autoridades de regulación, previsto por la normativa sectorial, debería hacer posible una rápida identificación de los canales de «contagio» y las bolsas de vulnerabilidad. g. Regulación no normativa : la existencia de una regulación normativa no debería conllevar la eliminación de soluciones adoptadas al margen del estricto ámbito normativo.

4.   Algunas propuestas concretas para la transposición de las nuevas normas en el contexto normativo de la Unión Bancaria

4.1.

En la legislatura europea 2019-2024, es razonable pensar que la Comisión Europea proceda a una revisión de su plan de acción legislativa como consecuencia de la pandemia de COVID-19. A la espera de conocer la nueva planificación, los principales objetivos de adaptación normativa del sistema bancario europeo respecto de los cuales es importante intervenir son, en opinión del CESE, los siguientes.

4.2.

Es necesario transponer los acuerdos de Basilea (suscritos en diciembre de 2017), aprovechando los márgenes de interpretación y discrecionalidad de que dispone la UE mejor de como se hizo con Basilea II y Basilea III. En términos generales, es justo reconocer que la Comisión Europea ha dado algunos pasos en la dirección acertada para simplificar las normas destinadas a las entidades bancarias más pequeñas y no complejas en distintos ámbitos, como los requisitos de información, la supervisión y los requisitos de capital (factor de apoyo a las pymes). No obstante, se debe avanzar más en esa dirección, adaptando las normas en la medida de lo posible a los distintos modelos de negocio, sin sacrificar la eficacia del marco prudencial.

4.3.

El CESE reconoce el papel especial que desempeñan las entidades de crédito regionales, locales y rurales —a menudo organizadas en forma de cooperativas en Estados miembros como Italia y España— en favor de las pymes y las familias. El CESE reconoce asimismo la contribución de los bancos cooperativos de mayores dimensiones de Estados miembros como Alemania, Austria y los Países Bajos, al sistema bancario europeo. En los casos en que contribuyan a los riesgos sistémicos, esto debe tenerse debidamente en cuenta en la regulación y la supervisión.

4.4.

Sería positivo para el tejido económico y bancario europeo superar el planteamiento [previsto en el Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo, artículo 40 (3)] según el cual las entidades bancarias que forman parte de un grupo bancario «significativo» se convierten a su vez en «significativas», si bien siguen siendo, de hecho, por dimensiones, función y exposición a los denominados riesgos sistémicos bastante modestas, con el objetivo de reconocer las formas de proporcionalidad introducidas en mayo de 2019 con la Directiva sobre requisitos de capital V (DRC5) y el Reglamento sobre requisitos de capital II (RRC2) (el denominado «paquete bancario»). En particular, el artículo 84, apartado 4, de la DRC5 y el artículo 4, apartado 1, punto 145, del RRC2 introducen el concepto de «entidad pequeña y no compleja», con la consiguiente relajación de algunos requisitos, sobre todo en materia de obligaciones de información.

4.5.

El CESE considera que la definición de «entidad pequeña y no compleja» hace posible ahora abordar de forma sistemática la cuestión de la proporcionalidad. La simplificación de las obligaciones para una entidad pequeña y no compleja no debería limitarse a las obligaciones de información, sino abarcar también otros aspectos prudenciales y de supervisión. Por ejemplo, una entidad pequeña y no compleja no debería ser supervisada como entidad «significativa» cuando esté afiliada a un grupo «significativo» en virtud de una norma de Derecho nacional que se lo imponga. Esta situación podría ocasionar en la práctica una especie de doble supervisión de los bancos menores a diferentes niveles, lo que tendría importantes repercusiones negativas en lo que respecta tanto a los costes de conformidad para los bancos como a los costes de reglamentación para las autoridades bancarias.

4.6.

El CESE espera también que se revisen las normas y mecanismos que rigen la resolución y liquidación de entidades bancarias, las modalidades de cálculo del MREL (4) y las intervenciones de tipo alternativo que pueden efectuar los «fondos de garantía de los depositantes» (5) constituidos por algunos sistemas de bancos regionales o cooperativas de crédito, con arreglo a lo dispuesto en la «sentencia Tercas» del Tribunal de Justicia de la UE de 19 de marzo de 2019 (6).

4.7.

Es necesario impedir que las nuevas normativas primarias, así como las normas de control en materia de finanzas sostenibles, se traduzcan en un nuevo incremento de las cargas de cumplimiento, con los consiguientes modelos de supervisión «insostenibles» para los bancos de pequeñas dimensiones y de forma jurídica cooperativa.

4.8.

El CESE apoya lo propuesto por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo en 2019 sobre la oportunidad de introducir un «factor de apoyo verde y social» que permita reducir la absorción de capital para las financiaciones concedidas por los bancos en favor de empresas de la economía social y de empresas realmente comprometidas con programas de desarrollo sostenible e inclusivo. Por lo tanto, teniendo en cuenta la necesidad de resiliencia y estabilidad del sector financiero, debería examinarse y evaluarse debidamente la posibilidad de desarrollar un factor de apoyo ecológico y social.

4.9.

En efecto, el CESE considera importante que la nueva regulación de la Unión Bancaria brinde instrumentos concretos para reconocer que las inversiones de los bancos en actividades con impacto social y medioambiental positivo deben fomentarse también mediante un trato favorable en cuanto a las provisiones prudenciales requeridas por la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

4.10.

Esta sensibilidad regulatoria encontraría asimismo el respaldo de los datos, que demuestran un menor riesgo de las inversiones realizadas por las empresas de la economía social, que han tenido en el sistema bancario europeo una incidencia casi irrelevante de morosidad.

4.11.

En la primavera de 2019, los colegisladores alcanzaron un compromiso para confiar a la ABE [artículo 501 del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) (RRC)], la tarea de determinar, previa consulta a la JERS y sobre la base de los datos disponibles y las conclusiones del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles de la Comisión, si está justificado un tratamiento prudencial específico de las exposiciones relacionadas con activos o actividades ligados en gran medida a objetivos medioambientales o sociales. El CESE espera que esta evaluación se efectúe con detenimiento y arroje un resultado positivo.

5.   Grupos bancarios y supervisión

5.1.

Con respecto a la constitución de grupos bancarios cooperativos solicitada por la regulación europea, a través de los cuales se asocian las entidades de crédito regionales y municipales, en especial en algunos Estados miembros como Italia y España, para incrementar la masa crítica de su actividad, los bancos regionales deberían poder gestionar de forma adecuada la absorción de capital de las participaciones en el capital de sus respectivas matrices, para no comprimir en exceso el capital destinado a la concesión de crédito.

5.2.

En la actualidad, el marco jurídico previsto por la normativa europea sobre grupos bancarios obedece a tres artículos del RRC: a. artículo 10: grupos bancarios constituidos por entidades afiliadas de forma permanente a un organismo central, con garantías cruzadas y poderes de dirección y coordinación (Italia, Países Bajos, Finlandia, Portugal, Luxemburgo); b. artículo 113, apartado 6: grupos con poderes de dirección y coordinación por parte de la matriz, es decir, sistemas altamente integrados (Francia); c. artículo 113, apartado 7: sistema institucional de protección: Alemania, Austria, España, provincia de Bolzano en Italia.

5.3.

En la práctica, ninguna de estas tres figuras permite reconocer algunas características específicas que sin embargo caracterizan y distinguen el funcionamiento de las cooperativas de crédito que se han visto obligadas a afiliarse a grupos bancarios cooperativos o a sistemas institucionales de protección tras el nacimiento de la Unión Bancaria.

5.4.

La obligación de que las cooperativas de crédito cumplan unos requisitos mutualistas y circunscriban su funcionamiento al territorio en el que están establecidas, unida a otras características como su gobernanza democrática, la ausencia de fines lucrativos individuales, unos límites precisos a la distribución de beneficios y la indivisibilidad del patrimonio no se concilian con el marco reglamentario actual.

5.5.

Ello puede debilitar su tradicional eficacia como bancos de desarrollo territorial con una función anticíclica acreditada.

6.   Panorama tras la COVID-19

6.1.

El impacto de la pandemia de COVID-19 es ahora dramáticamente evidente. Tendremos que acostumbrarnos a convivir con unos niveles mucho más altos de deuda pública y, para hacer llegar los recursos allí donde son necesarios y en los plazos requeridos, habrá que recurrir a todo el sistema financiero, en el marco de un esfuerzo general compartido en el que participen los organismos del sector público y los agentes privados.

6.2.

A la vista de las secuelas de la COVID-19, los expertos han señalado que los bancos europeos deberán convertirse en «vectores» de las intervenciones públicas para sostener la economía y el empleo tras esta crisis sanitaria. En consecuencia, los reglamentos y normas sobre los activos de garantía no deberían obstaculizar en modo alguno la creación de las oportunidades necesarias a tal fin en los balances de las entidades bancarias (8).

6.3.

Todavía no es posible saber cuál será la evolución de la crisis de la COVID-19 para la economía ni cuál será su impacto final sobre los bancos, pero se pueden hacer algunas reflexiones a la luz del marco actual y futuro. a. Desde el punto de vista regulatorio, el principal objetivo tras la crisis financiera de 2008 fue la reducción del riesgo en las hojas de balance de los bancos. Tras el brote de COVID-19, y durante un tiempo que nadie puede estimar, sin embargo, los balances bancarios se verán afectados por los riesgos de los propios Estados y de la economía real. b. Dentro del margen de flexibilidad que les permite el actual marco reglamentario, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) han adoptado una serie de medidas para suspender algunos procedimientos o suavizar algunos requisitos prudenciales. c. Si los efectos económicos y financieros de la crisis siguen afectando de manera significativa los balances bancarios en el futuro, habrá que tener en cuenta este impacto a la hora de aplicar los acuerdos de Basilea de diciembre de 2017 en la UE. d. El aplazamiento de la aplicación de los acuerdos de diciembre de 2017 del Comité de Basilea es sin duda oportuno y necesario para que los bancos puedan afrontar las consecuencias de la pandemia, ya sea para tener en cuenta el impacto de la crisis de COVID-19 en la situación financiera de los bancos como para responder mejor a las necesidades de los diversos bancos en Europa.

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(1)  El CESE se ha pronunciado ya en varias ocasiones mediante dictámenes sobre la Unión Bancaria («El papel de las cooperativas de crédito y cajas de ahorros en la cohesión territorial», cuyas recomendaciones no se han recogido). En 2014, el CESE propuso, en relación con la propuesta de Reglamento sobre medidas estructurales para aumentar la resiliencia de las entidades de crédito de la UE — [COM(2014) 43 final — 2014/0020 (COD)], algunas recomendaciones en materia de apoyo a las economías locales y sobre la necesidad de una regulación bancaria respetuosa del principio de proporcionalidad. En 2018, el CESE publicó un estudio titulado «Modelos de cooperativismo de crédito europeo» (ISBN: 978-92-830-4024-8, número de catálogo: QE-01-18-233-EN-N) que describe la situación y las perspectivas del sistema bancario cooperativo en el contexto europeo.

(2)  Informes del Comité Científico Consultivo — Complexity and the Quest for Robust Regulation («La complejidad y la búsqueda de una regulación robusta»), n.o 8, junio de 2019.

(3)  DO L 141 de 14.5.2014, p. 1.

(4)  El MREL (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities — requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles) fue introducido por la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias; su objetivo es garantizar el buen funcionamiento del mecanismo de recapitalización interna aumentando la capacidad de absorción de pérdidas del banco.

(5)  La protección de los depositantes que ofrece el consorcio italiano de cooperativas de crédito (Banche Cooperative Italiane consorziate, BCC-CR) constituye un ejemplo útil de creación de un sistema de protección de los depositantes completamente financiado con recursos propios del banco, con un mecanismo de tipo mutualista y cooperativo. El fondo interviene: en caso de liquidación forzosa por decisión administrativa de los miembros del consorcio y, por lo que respecta a las sucursales de bancos comunitarios de crédito cooperativo afiliados y activos en Italia, cuando haya intervenido el sistema de garantía del Estado de pertenencia; en caso de resolución de miembros del consorcio; en operaciones de cesión de activos, pasivos, empresas, ramas de empresas, bienes y relaciones jurídicas identificables en bloque; para superar una situación de quiebra o riesgo de quiebra de un socio.

(6)  Esta sentencia anula la Decisión de la Comisión según la cual una intervención de apoyo de un consorcio de Derecho privado en favor de uno de sus miembros constituía una «ayuda otorgada por un Estado».

(7)  DO L 176 de 27.6.2013, p, 1.

(8)  Véanse, por ejemplo, los argumentos del anterior presidente del BCE Mario Draghi en la edición del Financial Times del 26 de marzo de 2020.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Mecanismos fiscales para reducir las emisiones de CO2»

(Dictamen de iniciativa)

(2020/C 364/03)

Ponente:

Krister ANDERSSON

Decisión del pleno	20.2.2020
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
Sección competente	Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en sección	24.6.2020
Aprobado en el pleno	16.7.2020
Pleno n.o	553
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	209/1/6

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que existen fundadas razones para establecer disposiciones uniformes en la UE para combatir el calentamiento global y, sobre esta base normativa, entablar debates a nivel internacional con otros bloques comerciales.

1.2.

Hasta la fecha, los debates se han centrado en las normativas y los impuestos medioambientales, en particular los impuestos orientados a reducir las emisiones. El CESE sostiene que es necesario afrontar el calentamiento global a nivel mundial, y de un modo exhaustivo y simétrico, teniendo en cuenta el nivel de CO2 en la atmósfera.

1.3.

En lo que respecta a su labor de reducción del carbono, la Comisión ha centrado su atención en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE). El CESE considera que, en el futuro, podría resultar útil y necesario elaborar también nuevas medidas fiscales que permitan completar el actual RCDE y los impuestos nacionales sobre el carbono, a fin de lograr un marco político eficaz y simétrico para hacer frente a la creciente cantidad de emisiones de CO2.

1.4.

El CESE acoge favorablemente el enfoque de la Comisión, ya que parece un paso en la buena dirección para establecer una tarificación del carbono más eficaz en toda la economía. Este instrumento debería coordinarse con otras herramientas adicionales —en particular un nuevo enfoque de la fiscalidad— dentro del mercado interior de la UE, en un marco político coherente, así como con otros instrumentos similares aplicados en otras jurisdicciones de todo el mundo.

1.5.

El CESE insta a la Comisión Europea a que ponga en marcha iniciativas concretas para establecer impuestos sobre el carbono similares en los Estados miembros con el fin de armonizar los esfuerzos que persiguen una reducción efectiva del nivel de CO2. Un resultado ideal debería crear condiciones uniformes en todo el mercado único de la UE en lo que respecta a las emisiones/reducciones que deben gravarse, así como los métodos y tipos impositivos específicos para lograr el mismo impacto en el nivel de CO2 en la atmósfera.

1.6.

El CESE cree que, incluso con los nuevos impuestos y las medidas complementarias que se están aplicando, es probable que el calentamiento siga su curso, a menos que el CO2 ya emitido pueda retirarse de la atmósfera.

1.7.

El CESE alienta el desarrollo, mediante inversiones específicas, de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CAC) y captura y utilización de carbono (CUC) a nivel tanto de la UE como nacional, dado que sirven al propósito de reducir los efectos de las emisiones de CO2 y, de manera más general, contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas y los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

1.8.

En particular, los Estados miembros deben adoptar una política fiscal en materia de medio ambiente que sea integral y simétrica en lo que atañe al efecto del CO2 en el calentamiento global. Es preciso establecer impuestos con tipos tanto positivos como negativos. Los ingresos recaudados por los impuestos sobre el CO2 deberían utilizarse para financiar incentivos relativos a las técnicas de reducción del CO2 a escala local, regional y nacional.

1.9.

El CESE llama la atención respecto a otros instrumentos políticos para la reducción del carbono, que van desde las nuevas tecnologías hasta las prácticas de gestión del suelo, y que deben fomentarse y apoyarse tanto a escala de la UE como nacional. En primer lugar, los bosques eliminan dióxido de carbono de manera natural, y los árboles, mediante la fotosíntesis, resultan especialmente eficaces para almacenar el carbono eliminado de la atmósfera. La expansión, restauración y correcta gestión de los bosques pueden sacar partido al poder de la fotosíntesis para combatir el CO2.

1.10.

Si bien los ingresos por la venta de productos forestales se gravan como renta para el propietario, debe reconocerse que la plantación de árboles y el crecimiento de los bosques reducen el CO2 en la atmósfera, por lo que, en un enfoque fiscal simétrico del calentamiento global, deberían fomentarse mediante un impuesto negativo sobre el CO2. Se trataría de una medida importante para alcanzar los objetivos climáticos.

1.11.

El CESE desea subrayar la necesidad de que se pongan en marcha medidas eficientes de un modo socialmente aceptable para todas las personas.

2.   Observaciones generales

2.1.

El calentamiento global preocupa a todo el mundo, y los Gobiernos están buscando métodos eficientes para limitar el aumento mundial de la temperatura. Son varios los factores que contribuyen al calentamiento global, pero la emisión de dióxido de carbono (CO2) reviste una especial importancia.

2.2.

El CO2 es un gas de efecto invernadero producido principalmente por la actividad humana y es responsable del 64 % del calentamiento global antropogénico (1). La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentó de forma sustancial a lo largo de varios decenios, y actualmente es un 40 % mayor de lo que era cuando comenzó la industrialización.

2.3.

La temperatura media de la superficie del planeta Tierra ha aumentado 0,9 grados Celsius desde el siglo XIX (2). Este cambio ha venido impulsado por la creciente emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y por otras emisiones antropogénicas, que, según afirma buena parte de la comunidad científica, son causantes del aumento general de la temperatura mundial.

2.4.

Las actividades humanas están alterando el ciclo del carbono, ya que añaden más CO2 a la atmósfera —lo que influye en la capacidad de los sumideros naturales, como los bosques, para eliminar de la atmósfera el CO2— y afectan a la capacidad de los suelos para almacenar carbono. La principal actividad humana generadora de CO2 es el consumo de combustibles fósiles —carbón, gas natural y petróleo— para la energía y el transporte, seguida de algunos procesos industriales y prácticas de utilización de la tierra.

2.5.

Asia es actualmente el mayor emisor regional del mundo, causante del 53 % de las emisiones mundiales, y China es responsable de 10 000 millones de toneladas (con lo que excede la cuarta parte del total mundial), mientras que América del Norte es el segundo mayor emisor (el 18 % de las emisiones mundiales), seguida de cerca por Europa, con el 17 % (3).

2.6.

Los efectos de las emisiones de CO2 en la temperatura de la Tierra y en el cambio climático están adquiriendo cada vez más importancia para la opinión pública y la sociedad civil, y también para los partidos políticos a nivel tanto europeo como nacional.

2.7.

Por su parte, la Comisión Europea situó la elaboración de iniciativas concretas de lucha contra el cambio climático entre las máximas prioridades de su agenda política, por ejemplo, el Pacto Verde (4), antes de verse obligada a centrarse en la emergencia de la COVID-19 en los primeros meses de 2020.

2.8.

El Pacto Verde (5) es un pilar de la agenda política de la nueva Comisión Europea. Trata de aportar una respuesta eficaz a los actuales desafíos medioambientales y constituye una estrategia de crecimiento orientada a lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en la Unión Europea (UE) de aquí a 2050.

2.9.

El Pacto Verde abarca los principales sectores de la economía europea, entre ellos el transporte, la energía, la agricultura, la construcción y determinadas industrias, como el acero, el cemento, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, los textiles y los productos químicos. La Comisión trabaja actualmente en la primera «Ley Europea del Clima», así como en estrategias e inversiones específicas adicionales para favorecer el crecimiento económico ecológico. El Fondo de Transición Justa es importante, pero podría necesitar más recursos (6).

3.   Posibles instrumentos políticos para reducir el CO2  (7)

3.1.

Muchas actividades pueden causar contaminación que afecte a otros agentes de la economía. Quizá estos efectos no se tengan en cuenta cuando se decide ponerlas en marcha. Por tanto, tal actividad se lleva a cabo sin tomar en consideración las externalidades que crea, o, dicho de otro modo, sin considerar el verdadero coste social de la actividad. Al tomar decisiones, es importante incluir el coste social de la contaminación. Esto se puede conseguir gravando la actividad con un impuesto. De ese modo, la externalidad se internalizará en la decisión y la contaminación se reducirá en función de los costes que genere.

3.2.

Sin embargo, una actividad también puede conllevar una reducción de los niveles generales de contaminación y, de ese modo, crear una externalidad positiva. Hay que incentivar este tipo de actividades para que aumenten de tal forma que se compensen plenamente los beneficios. A tal efecto se puede imponer un subsidio o un impuesto negativo.

3.3.

Como los efectos de las emisiones de CO2 tienen alcance mundial, el precio por contaminar debe ser el mismo en todas partes por unos efectos negativos equivalentes. Solo así el impuesto resultará rentable. Por lo tanto, es necesario adoptar un enfoque global (8).

3.4.

No obstante, resulta difícil calcular con exactitud la cantidad de CO2 que genera cada actividad, y no existe un mercado mundial donde se puedan gravar con un impuesto uniforme las actividades que producen CO2. Por tanto, los países han tenido que recurrir a medidas poco sistemáticas. Es importante que las medidas adoptadas se expandan a regiones más amplias y a actividades más contaminantes.

3.5.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que existen fundadas razones para establecer disposiciones uniformes en la UE y, sobre esta base normativa, entablar conversaciones a nivel internacional con otros bloques comerciales.

3.6.

El uso de licencias de comercio en la UE y en otras zonas del mundo es un método empleado para responder a la necesidad de fijar un precio uniforme por tonelada de CO2 emitida.

3.7.

Sin embargo, hasta la fecha los debates se han centrado en las normativas y los impuestos medioambientales, en particular los impuestos orientados a reducir las emisiones. El CESE sostiene que es necesario hacer frente al calentamiento global de un modo integral y simétrico, teniendo en cuenta el nivel de CO2 existente en la atmósfera.

3.8.

Dado que al rebajar el nivel de CO2 en la atmósfera se combate el calentamiento global, también es beneficioso reducir las emisiones de CO2 en alguna cantidad o eliminar de la atmósfera esa misma cantidad de CO2. Así pues, las adiciones o sustracciones practicadas en dicho nivel deben tratarse de manera simétrica. Esto significa que el acto de añadir CO2 a la atmósfera (contaminar) debe soportar un coste extra (impuesto), mientras que las actividades que reducen el nivel de CO2 deben recibir un subsidio (impuesto negativo).

3.9.

Sin embargo, hasta la fecha se ha prestado atención casi exclusivamente en la prevención de nuevas emisiones. Incluso con los nuevos impuestos y las medidas complementarias que se están aplicando, es probable que el calentamiento siga su curso, a menos que el CO2 ya emitido pueda retirarse de la atmósfera. Por tanto, el CESE considera que los Estados miembros deben establecer medidas simétricas.

3.10.

La finalidad de imponer un impuesto sobre las emisiones de carbono y un impuesto negativo sobre las reducciones de CO2 en la atmósfera es influir en el comportamiento e internalizar la externalidad del calentamiento global. Con todo, el impuesto/subsidio afectará a las oportunidades de producción y empleo en todos los sectores de la economía. En principio, no está claro que los tipos del impuesto positivo y del negativo deban tener la misma magnitud (9).

3.11.

Es de suma importancia alinear diferentes incentivos para estimular la inversión sostenible, siempre que se acrediten las externalidades positivas asociadas. Una metodología armonizada para los índices de bajas emisiones de carbono debe servir de guía para el cálculo de otros impactos.

3.12.

Para que la transición hacia una economía libre de carbono resulte más sólida económicamente y más creíble desde el punto de vista político, deben adoptarse medidas lo antes posible a fin de reducir los subsidios directos e indirectos al sector de los combustibles fósiles, que es responsable de grandes costes medioambientales.

3.13.

Puesto que las necesidades financieras del Pacto Verde Europeo son inmensas y los recursos presupuestarios comunes de la UE bastante limitados, cobra especial importancia el papel del sector privado, un extremo que deberá tenerse en cuenta en un acuerdo sobre el marco financiero plurianual. Sin embargo, los impuestos sobre el CO2 pretenden esencialmente modificar la conducta de los hogares, las empresas y las entidades públicas, y no generar ingresos. El CESE desea subrayar la necesidad de que se pongan en marcha medidas eficientes de un modo socialmente aceptable para todas las personas.

4.   Regímenes de comercio de derechos de emisión

4.1.

Una de las herramientas políticas que puede emplearse para reducir las emisiones de CO2 es el régimen europeo de comercio de derechos de emisión (10). Se basa en el principio de «limitación y comercio», con arreglo al cual se establece un límite máximo sobre la cantidad global de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones sujetas al régimen. El límite máximo se va reduciendo con el tiempo, lo que hace que, necesariamente, las emisiones totales disminuyan. Dentro del límite máximo, las empresas sujetas al régimen reciben o compran derechos de emisión, que se pueden comercializar en caso necesario (11).

4.2.

De acuerdo con la Comunicación sobre El Pacto Verde Europeo (COM(2019) 640 final), la Comisión, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, revisará varios instrumentos de actuación pertinentes relacionados con el clima para junio de 2021 (12). Este proceso abarcará el actual Régimen de Comercio de Derechos de Emisión, incluida su posible extensión a sectores nuevos, así como otras intervenciones relacionadas con i) los objetivos de los Estados miembros para reducir las emisiones en sectores no incluidos en dicho régimen, y ii) la regulación del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura.

4.3.

El CESE acoge favorablemente el enfoque de la Comisión, ya que parece un paso en la buena dirección para establecer una tarificación del carbono más eficaz en toda la economía. Este instrumento debería coordinarse con otras herramientas adicionales —en particular un nuevo enfoque de la fiscalidad— dentro del mercado interior de la UE, en un marco político coherente, así como con otros instrumentos similares aplicados en otras jurisdicciones de todo el mundo.

4.4.

Desde una perspectiva internacional, el número de regímenes de comercio de derechos de emisión en todo el mundo ha aumentado. Además del régimen europeo de comercio de derechos de emisión de la UE, ya hay sistemas nacionales o subnacionales que están funcionando o que están en vías de elaboración en Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda y Suiza.

4.5.

El CESE valora positivamente las iniciativas regionales encaminadas a lograr una reducción sustancial del CO2, por considerarlas medidas necesarias para luchar de manera eficaz contra el cambio climático ocasionado por las emisiones de CO2. A este respecto, el CESE insta a la Comisión Europea a que prosiga e intensifique su labor orientada a convertir a Europa en la región líder en este ámbito.

5.   Impuestos sobre las emisiones de carbono

5.1.

Los impuestos sobre el carbono constituyen otro posible instrumento político. Reducen las emisiones de dos maneras principales: i) aumentando el coste de los combustibles y la electricidad basados en el carbono, y, por tanto, ii) incitando a las empresas a utilizar energías limpias como, por ejemplo, la energía hidráulica, solar o eólica.

5.2.

Los impuestos sobre el carbono, si se conciben correctamente, son coherentes con el principio de «quien contamina paga», según el cual quien contamina debe sufragar el coste de las medidas destinadas a reducir la contaminación de acuerdo con la magnitud del daño causado a la sociedad, tal y como se establece en la Declaración de Río de las Naciones Unidas (13) (1992) y en la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (14).

5.3.

En lo que respecta a su labor de reducción del carbono, la Comisión ha centrado su atención en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE). El CESE considera que, en el futuro, podría resultar útil y necesario elaborar también nuevas medidas fiscales que permitan completar el actual RCDE y los impuestos nacionales sobre el carbono, a fin de lograr un marco político eficaz y simétrico para hacer frente a la creciente cantidad de emisiones de CO2. La coordinación del esfuerzo a nivel mundial es de suma importancia, como ha explicado debidamente el FMI (15).

5.4.

En Europa, varios países han implantado impuestos sobre la energía, o impuestos sobre la energía basados parcialmente en el contenido de carbono. Es el caso, por ejemplo, de Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia, Suiza y Reino Unido (16).

5.5.

Suecia aplica el tipo impositivo más alto sobre el carbono, de 112,08 EUR por tonelada de carbono emitido, con lo que ha reducido sus emisiones en un 23 % en los últimos 25 años. El impuesto sueco sobre el carbono se implantó en 1991 a un tipo correspondiente a 250 SEK (23 EUR) por tonelada de dióxido de carbono fósil emitido, y ha ido aumentando progresivamente hasta alcanzar 1 190 SEK (110 EUR) en 2020; sigue siendo el pilar de la política climática de Suecia (17).

5.6.

El impuesto sueco sobre el carbono proporcionó incentivos para reducir el consumo de energía, aumentar le eficiencia energética e incrementar el uso de alternativas de energía renovable. Al elevar gradualmente el nivel del impuesto, las partes interesadas han tenido tiempo de adaptarse, lo que ha favorecido la aceptación política de los aumentos del impuesto a lo largo del tiempo.

5.7.

En general, la experiencia sueca muestra que es posible reducir las emisiones, aunque ello requiera una transformación sustancial de la economía. Durante el período 1990-2017, el producto interior bruto aumentó en un 78 %, mientras que las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero se redujeron en un 26 % en el mismo período, lo que convirtió a Suecia en el octavo país en el Índice de Competitividad Global.

5.8.

En 1990 Finlandia fue el primer país del mundo que estableció un impuesto sobre el carbono. Al principio, el impuesto se basaba exclusivamente en el contenido de carbono en relación con la generación de calor y electricidad. Se ha ampliado para gravar el carbono y la energía y para abarcar también los carburantes.

5.9.

Dinamarca implantó un impuesto sobre el carbono en 1992, el cual abarcaba todo el consumo de combustibles fósiles (gas natural, petróleo crudo y carbón). En Noruega, el impuesto sobre el carbono cubre hasta el 55 % de todas las emisiones; las emisiones restantes están cubiertas por el régimen nacional de comercio de derechos de emisión (18).

5.10.

El CESE insta a la Comisión Europea a que ponga en marcha iniciativas concretas para establecer impuestos sobre el carbono similares en los Estados miembros con el fin de armonizar los esfuerzos que persiguen una reducción efectiva del nivel de CO2. Un resultado ideal debería crear condiciones uniformes en todo el mercado único de la UE en lo que respecta a las emisiones/reducciones que deben gravarse, así como los métodos y tipos impositivos específicos para lograr el mismo impacto en el nivel de CO2 en la atmósfera. No obstante, este resultado puede llevar tiempo, habida cuenta de las necesidades específicas de cada país.

5.11.

La adopción de impuestos sobre el CO2 similares entre los Estados miembros debería utilizarse para influir en los socios comerciales con el fin de que adoptaran medidas análogas, lo que expandiría los esfuerzos por todo el mundo y limitaría los efectos en la competitividad europea. Se necesita una solución global para evitar la aplicación de normas de compensación complicadas.

5.12.

Además, si se concibieran correctamente, los impuestos podrían contribuir al crecimiento económico mediante, entre otras cosas, inversiones productivas en nuevas tecnologías. Esta posibilidad se cumple de manera especial en el caso del desarrollo de tecnologías para reducir los actuales niveles de CO2 en la atmósfera.

6.   Tecnologías de captura y almacenamiento de carbono y de captura y utilización de carbono

6.1.

Otro posible instrumento político es el uso de técnicas que reducen los niveles existentes de CO2 en la atmósfera. Es probable que estas técnicas sean necesarias además del RCDE y los impuestos sobre el CO2. Deberá adoptarse un enfoque simétrico al respecto. Las actividades que reducen el nivel de CO2 que ya está presente en la atmósfera son tan beneficiosas para limitar el calentamiento global como la reducción de actividades que emiten CO2.

6.2.

Las dos tecnologías principales destinadas a reducir los niveles de CO2 son la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CAC) y la captura y utilización de carbono (CUC) (19). Ambas extraen el CO2 de la atmósfera, comprimen el CO2 y lo transportan a un lugar de almacenamiento. Estas tecnologías pueden mitigar en gran medida el cambio climático (20). También existen otras tecnologías y se espera que se desarrollen muchas más en un futuro próximo.

6.3.

La diferencia entre la CAC y la CUC reside en el destino final del CO2 capturado. En la CAC, el CO2 capturado se transfiere a un lugar adecuado para su almacenamiento a largo plazo, mientras que en la CUC ese CO2 se convierte en productos comerciales.

6.4.

La CUC se refiere a la captura y utilización del CO2 como materia prima en la producción de minerales, constituyentes químicos básicos, combustibles sintéticos y materiales de construcción. Puede emplearse para limitar las emisiones de CO2 mediante el reciclado del CO2 en productos, el secuestro permanente de CO2 en materiales de construcción como el hormigón, y la recirculación de CO2 con la captura directa del aire. También puede ofrecer opciones de almacenamiento de electricidad mediante la producción de metano sintético.

6.5.

La UE ha establecido un marco regulador para comercializar y subvencionar esta nueva tecnología, aunque el coste de la captura y el almacenamiento sigue siendo un importante factor adverso. Actualmente, el componente de captura es la parte más cara del proceso.

6.6.

Hoy en día, las instalaciones de CAC y CUC más grandes se encuentran en los Estados Unidos.

6.7.

En Europa, Noruega utiliza técnicas de CAC y CUC desde 1996 (21). Se han capturado y almacenado en lugares adecuados millones de toneladas de CO2 al año derivadas de la producción de gas natural en varias instalaciones especializadas, lo que constituye la experiencia europea más exitosa en lo referente al uso de la CAC hasta la fecha. En los últimos años, se han desarrollado otras formas de tecnología de CAC y CUC en Suecia, Países Bajos, Bélgica, Francia e Irlanda (22).

6.8.

El CESE alienta el desarrollo, mediante inversiones específicas, de las tecnologías de CAC y CUC a nivel tanto de la UE como nacional, dado que sirven al propósito de reducir los efectos de las emisiones de CO2 y, más en general, contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas y los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

6.9.

Si se quiere reducir el calentamiento global de una manera eficiente y rentable, hay que promover las tecnologías de CAC y CUC (23). En particular, los presupuestos nacionales deben contribuir de manera decisiva a aumentar el uso de esas tecnologías, y a tal efecto han de promover las inversiones públicas y los incentivos fiscales. A este respecto, la Comisión Europea se está planteando la posibilidad de revisar las directrices pertinentes sobre ayudas estatales, entre ellas las directrices de medio ambiente y energía, que se modificarán antes de 2021 para permitir una mayor flexibilidad a los Estados miembros.

6.10.

En particular, los Estados miembros deben adoptar una política fiscal en materia de medio ambiente que sea integral y simétrica en lo que atañe al efecto del CO2 en el calentamiento global. Es preciso establecer impuestos con tipos tanto positivos como negativos. Los ingresos recaudados por los impuestos sobre el CO2 podrían utilizarse preferiblemente para financiar incentivos relativos a las técnicas de reducción del CO2.

6.11.

Los fondos europeos dedicados a la investigación en el ámbito de la CAC y la CUC podrían reforzarse desde el punto de vista financiero y orientarse estratégicamente al logro de resultados concretos más satisfactorios en cuanto a la capacidad de captura y las alternativas de almacenamiento de CO2.

6.12.

No debe subestimarse el papel de las normas de contratación pública (24). Los Gobiernos nacionales y las administraciones públicas locales deben promover y aprovechar mejor los objetivos ecológicos y las herramientas medioambientales específicas consagradas la Directiva 2014/24/UE (25), la Directiva 2014/25/UE (26) y la Directiva 2014/23/UE (27), relativas a la contratación pública y las concesiones. Así pues, las inversiones y el gasto público a nivel nacional, por un lado, pueden trabajar en sinergia con las medidas contempladas en el Pacto Verde Europeo, por otro.

7.   Herramientas complementarias para reducir las emisiones

7.1.

Por último, el CESE llama la atención sobre otros instrumentos políticos para la reducción del carbono, que van desde las nuevas tecnologías hasta las prácticas de gestión del suelo, y que deben fomentarse y apoyarse tanto a escala de la UE como nacional. En primer lugar, los bosques eliminan dióxido de carbono de manera natural, y los árboles, mediante la fotosíntesis, resultan especialmente eficaces para almacenar el carbono eliminado de la atmósfera. La expansión, restauración y correcta gestión de los bosques pueden sacar partido al poder de la fotosíntesis para combatir el CO2.

7.2.

Si bien los ingresos por la venta de productos forestales se gravan como renta para el propietario, debe reconocerse que la plantación de árboles y el crecimiento de los bosques reducen el CO2 en la atmósfera, por lo que, en un enfoque fiscal simétrico del calentamiento global, deberían fomentarse mediante un impuesto negativo sobre el CO2. Se trataría de una medida importante para alcanzar los objetivos climáticos.

7.3.

Además, los suelos almacenan carbono de forma natural. La última política agrícola común ha establecido algunas medidas de ecologización encaminadas a aumentar la contribución de la agricultura europea al crecimiento ecológico en Europa. Es preciso fomentar esas medidas, ya que son compatibles con la creciente necesidad de producción de comida y el cumplimiento de objetivos medioambientales. La economía circular también puede aumentar las posibilidades de alcanzar los objetivos medioambientales y climáticos.

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(1)  «Causas del cambio climático», Comisión Europea (Energía, Cambio climático, Medio ambiente) (https://ec.europa.eu/clima/change/causes_es).

(2)  Global Climate Change, NASA — https://climate.nasa.gov/evidencia/

(3)  Global Carbon Project, Emisiones de CO2 – http://www.globalcarbonatlas.org/es/CO2-emissions

(4)  Véase la Comunicación de la Comisión Europea Un Pacto Verde Europeo: esforzarnos por ser el primer continente climáticamente neutro.

(5)  Véanse el Dictamen del CESE Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo (en curso) y el Dictamen del CESE (DO C 282 de 20.8.2019, p. 51).

(6)  Véase el Dictamen del CESE Fondo de Transición Justa y modificación del Reglamento sobre disposiciones comunes (DO C 311 de 18.9.2020, p. 55).

(7)  Consulte el Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019 del PNUMA en relación con los esfuerzos globales en esta materia.

(8)  Si no se encuentra una verdadera solución global, la cuestión de cómo tratar los productos procedentes de terceros países resulta problemática y cabe plantearse la necesidad y las consecuencias de un mecanismo de ajuste fiscal en la frontera.

(9)  Se podría sostener que el subsidio por cada reducción de tonelada de CO2 debería ser mayor que el tipo impositivo aplicado sobre las emisiones de CO2, ya que una menor producción de actividades emisoras de CO2 tendrá probablemente como efecto algún nivel de desempleo persistente. Además, obtener ayudas públicas para realizar un cambio estructural en la economía que dé lugar al desarrollo de nueva tecnología será, seguramente, más fácil que reducir los métodos de producción existentes.

(10)  Véase el Dictamen del CESE Revisión del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (DO C 71 de 24.2.2016, p. 57).

(11)  El RCDE y la fijación del precio de los derechos han suscitado numerosos debates. El número de derechos disponibles y el ciclo de la actividad económica tienden a influir considerablemente en su precio. Es probable que la situación económica actual, a raíz de la crisis de la COVID-19, dé lugar a nuevos debates sobre el RCDE.

(12)  Véase el Dictamen del CESE Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo (DO C 311 de 18.9.2020, p. 63).

(13)  Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo

(14)  DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.

(15)  Monitor Fiscal del FMI, How to Mitigate Climate Change (Como mitigar el cambio climático), 2019, según el cual «las distintas herramientas políticas tienen sus pros y sus contras, pero la crisis climática es urgente y de orden existencial, por lo que se pide a las principales partes interesadas que adopten todas las medidas políticas adecuadas. Los ministros de Hacienda pueden afrontar esta crisis estableciendo medidas de imposición del carbono o políticas similares, haciendo más aceptable la mitigación del cambio climático mediante medidas tributarias o de gasto complementarias, asegurando una presupuestación adecuada para las inversiones en tecnologías limpias y coordinando las estrategias a nivel internacional», p. IX.

(16)  La introducción o el aumento de los impuestos sobre las emisiones de carbono a menudo implican compromisos difíciles. Los impuestos activan la necesidad de reformar las técnicas de producción y los medios de transporte. Ello puede generar desempleo en algunos sectores y la necesidad de una transición hacia otros tipos de trabajo. Para los afectados, los costes sociales pueden ser elevados. Los países tienen distintas posibilidades a la hora de proporcionar protección social, lo que debe tenerse en cuenta para que su aplicación sea socialmente aceptable.

(17)  «Sweden’s carbon tax» (Impuesto sueco sobre el carbono), Oficinas del Gobierno de Suecia (https://www.government.se/government-policy/taxes-and-tariffs/swedens-carbon-tax/).

(18)  Putting a Price on Carbon with a Tax (Poner precio al carbono mediante un impuesto), Grupo del Banco Mundial (https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SDN/background-note_carbon-tax.pdf).

(19)  The potential for CCS and CCU in Europe (El potencial de captura y almacenamiento de carbono y de captura y utilización de carbono en Europa), Comisión Europea (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/iogp_-_report_-_ccs_ccu.pdf).

(20)  Véase el Dictamen del CESE (DO C 341 de 21.11.2013, p. 82).

(21)  «Carbon Capture and Storage» (Captura y almacenamiento de carbono), Norwegian Petroleum (https://www.norskpetroleum.no/en/environment-and-technology/carbon-capture-and-storage/).

(22)  How European CO2 Transport and Storage Infrastructure can enable an Innovative Industrial Transition (Cómo la infraestructura de transporte y almacenamiento de CO2 puede facilitar una transición industrial innovadora), Parlamento Europeo (https://zeroemissionsplatform.eu/wp-content/uploads/ZEP-Conference-Presentations.pdf).

(23)  Un comité gubernamental sueco concluyó en 2020 que Suecia podría lograr un resultado neutro en carbono para 2045 si los ingresos de los impuestos sobre el CO2 se utilizaran para subvencionar la eliminación del CO2 en la atmósfera. Los tipos del impuesto positivo y del impuesto negativo tendrían la misma magnitud. Véase SOU 2020: 4, investigaciones públicas del Gobierno sueco.

(24)  Ello se ha subrayado en la publicación Public Procurement for a Circular Economy de la Comisión Europea, octubre de 2017, https://ec.europa.eu/environment/gpp/circular_procurement_en.htm. El Banco Mundial también ha hecho hincapié en el papel de las normas de contratación pública en su propia contratación pública (https://www.worldbank.org/en/about/corporate-procurement/vendors).

(25)  DO L 94 de 28.3.2014, p. 65.

(26)  DO L 94 de 28.3.2014, p. 243.

(27)  DO L 94 de 28.3.2014, p. 1.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Mejorar el crecimiento económico sostenible en toda la UE»

(Dictamen de iniciativa)

(2020/C 364/04)

Ponente:

Philip VON BROCKDORFF

Decisión del Pleno	20.2.2020
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
Sección competente	Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en sección	24.6.2020
Aprobado en el pleno	16.7.2020
Pleno n.o	553
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	194/11/12

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

La pandemia de COVID-19 ha impactado a la Unión Europea y a otros países del mundo. La Comisión Europea respondió a esta crisis desplegando un amplio paquete de instrumentos destinados a suavizar el impacto de este choque exógeno. Entre ellos se encuentran el nuevo instrumento de apoyo ante la crisis pandémica a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), préstamos temporales para financiar los regímenes nacionales de reducción de la jornada laboral para salvaguardar puestos de trabajo en los Estados miembros de la UE en el marco del Programa SURE. Por su parte, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) proporcionó aportes de liquidez a las empresas. Más recientemente, la Comisión Europea propuso un nuevo instrumento de 750 000 millones EUR denominado «Next Generation EU», destinado a ayudar a los Estados miembros a recuperarse de la crisis económica.

1.2

En este contexto, el CESE considera que la crisis de la COVID-19 no debe alejar a la UE de sus objetivos a medio y largo plazo, tal como se recogen en el Pacto Verde Europeo, la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020 y el pilar europeo de derechos sociales. En todo caso, estos objetivos reconocen la necesidad de reajustar la economía europea para garantizar un crecimiento sostenible en los años venideros, basado en los pilares de la sostenibilidad medioambiental, los incrementos de productividad, la equidad y el progreso social, así como la estabilidad macroeconómica.

1.3

Para proteger las cadenas de suministro, cuya vulnerabilidad ha quedado patente durante la crisis, el CESE considera que los operadores de la UE deben replantearse las estrategias relacionadas con las cadenas de suministro, en particular la diversificación, así como el reajuste de las cadenas de suministro en múltiples sectores. Otro aspecto importante es que la UE debe desempeñar un papel más destacado en el comercio mundial, lo cual es fundamental para las empresas de la Unión y sus perspectivas comerciales. El CESE también considera que deben aplicarse unas condiciones de competencia equitativas en muy diversos aspectos (en particular, las normas internacionales del trabajo, la competencia leal y el cumplimiento de los objetivos relacionados con el cambio climático) para las empresas de ámbito internacional que operan en un mercado mundial. Puede ocurrir que empresas de la UE trasladen sus plantas de fabricación (al menos de productos esenciales) dentro de la UE para evitar problemas en la cadena de suministro.

1.4

La globalización, y todos sus efectos colaterales, ha hecho que se realicen inversiones en todos los países, pero estas no se destinan necesariamente a construir una inversión de capital, sino más bien a buscar países con la menor presión fiscal posible. El CESE considera que los problemas económicos y otras repercusiones de la crisis de la COVID-19 apuntan a la necesidad de modificar el modus operandi de las empresas en la UE y en todo el mundo. Las recomendaciones del Comité Económico y Social Europeo (CESE) de que los Estados miembros aceleren el proceso para hacer frente a la elusión y el fraude fiscales han cobrado mayor importancia, y lo mismo ocurre con el debate entre los Estados miembros sobre el paso gradual a la votación por mayoría cualificada y el procedimiento legislativo ordinario en materia impositiva.

1.5

Las políticas y el apoyo públicos han adquirido mayor importancia durante la crisis. En particular, la política presupuestaria es decisiva no solo para la estabilidad económica, sino también para que los gobiernos puedan apoyar a las empresas mediante incentivos, en la medida que lo permite la legislación de la UE. Por tanto, el CESE opina que todo intento por lograr y potenciar el crecimiento económico sostenible requiere que los gobiernos den instrucciones y promulguen reglamentaciones en todos los ámbitos de la actividad económica y la protección ambiental, y que ha de hacerse hincapié en la integración de dicha protección en la actividad económica. Por supuesto, el diálogo abierto con los interlocutores sociales y la sociedad civil sigue siendo clave para fijar el rumbo de la economía.

1.6

La enorme necesidad de préstamos para proporcionar apoyo a la renta y garantías de empréstito a las empresas congeladas durante la crisis por las restricciones limitará, sin duda, el volumen de los incentivos que los gobiernos puedan ofrecer para reavivar la actividad económica. También limitará la cantidad de fondos necesarios para apoyar tanto la protección ambiental como las inversiones productivas. Así pues, los gobiernos tendrán que encontrar formas creativas de contribuir a los gastos destinados a lograr un crecimiento económico sostenible, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo.

1.7

La transición hacia una trayectoria económica más sostenible ha de abarcar, en la medida de lo posible, tanto el desarrollo de sectores ecológicos como la «ecologización» de los modelos de negocio y sectores existentes más allá de los «ecológicos» tradicionales. Así pues, el CESE considera que la ayuda ofrecida a las empresas, en el ámbito tanto nacional como de la UE, debe estar supeditada a la consecución de los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo y la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020, y a la comprobación del progreso social aportado.

1.8

Al determinar las estrategias necesarias para la recuperación económica, la inversión y la sostenibilidad, la activación por parte de la Comisión de la cláusula general de salvaguardia prevista en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite a los países de la zona del euro suspender temporalmente los ajustes necesarios para cumplir los objetivos presupuestarios a medio plazo, representa un paso en la dirección correcta. Sin embargo, el CESE opina que al entrar en la fase de recuperación tras la COVID quizás sea necesario revisar las normas existentes.

1.9

El CESE considera que un pilar del crecimiento económico sostenible en la UE debe ser la creación y el desarrollo de una economía verdaderamente circular que maximice y mantenga el valor en toda la cadena de valor y, al mismo tiempo, reduzca al mínimo los residuos y persiga la eficiencia de los recursos. Los modelos de negocio de economía circular entrañan un potencial considerable para fomentar la competitividad europea, no solo en lo que respecta a la salvaguardia del entorno natural, sino también a la creación de empleos de calidad y al desarrollo de las industrias auxiliares.

1.10

No se puede dejar de recalcar el papel fundamental que desempeñan la innovación y la digitalización, así como la inversión continua en capital humano, para facilitar la transición hacia un desarrollo sostenible. Sin embargo, la actual pandemia también ha servido para poner de relieve, una vez más, la importancia de centrarse en la salud y el bienestar de las personas, en lugar de limitarse a la productividad y el crecimiento económico. La productividad contribuye de manera decisiva al logro de un crecimiento económico sostenible. El CESE considera que para que una economía siga creciendo de manera sostenible en el futuro, es necesario que aumente su capacidad de crecimiento, pero solo en la medida en que ese crecimiento añada valor a la economía, aumentando tanto los salarios como los superávits, incrementando así la demanda en el mercado único, y sin conculcar derechos adquiridos como la protección social y la negociación colectiva.

2.   Resiliencia frente a las conmociones económicas (la experiencia de la COVID-19)

2.1

En las conclusiones de su Dictamen sobre la Función Europea de Estabilización de las Inversiones (1), el CESE señaló que la Función Europea de Estabilización de las Inversiones (FEEI), que tiene por objeto mejorar el carácter estabilizador de las políticas presupuestarias nacionales frente a los choques económicos, no sería suficientemente eficaz, dado el tamaño del fondo, en caso de una crisis económica que afecte a varios Estados miembros. Aunque el FEEI se consideró un paso hacia una mayor integración de la zona del euro, el CESE opinó que un sistema de seguro bien planteado a escala de la UE que actuara como estabilizador automático contra las perturbaciones macroeconómicas sería mucho más eficaz que la FEEI propuesta.

2.2

En los últimos meses, la Unión Europea, junto con otros países del mundo, se ha visto afectada negativamente por el brote de COVID-19. Esta crisis reveló las deficiencias a la Unión: su liderazgo, al menos al principio, parecía incapaz de responder de manera eficaz y coordinada ante las graves consecuencias económicas y sociales derivadas de la crisis de la COVID-19. Los sistemas sanitarios, en especial en Italia y España, experimentaron graves dificultades para atender al gran número de personas infectadas, y la respuesta general, irónicamente, se basó en la receta de «cada nación por sí misma» defendida por la extrema derecha y los nacionalistas.

2.3

Podría afirmarse que la reciente crisis ha constituido el mayor banco de pruebas para el proyecto de la UE, sus instituciones y la propia arquitectura que sostiene el euro. En 2008, el sector bancario fue el epicentro de la crisis. El Banco Central Europeo (BCE) aportó liquidez a los mercados financieros y apoyó a los bancos. En aquel momento, las herramientas monetarias eran cruciales, pero la reciente crisis planteó un reto completamente diferente, al ponerse el énfasis en las medidas presupuestarias para garantizar la solidez de los sistemas de salud pública, al tiempo que se concedían ayudas directas a las empresas vulnerables y sus trabajadores. Por su parte, el BCE brindó apoyo indirecto a la capacidad de los gobiernos para emitir deuda y pedir préstamos para financiar el gasto, en particular el gasto destinado a programas de desarrollo social y bienestar.

2.4

Las repercusiones económicas del brote de COVID-19 han afectado a todos los miembros del bloque monetario. Sin embargo, no existe ningún mecanismo que permita a los gobiernos de la zona del euro responder de manera conjunta a ese tipo de conmoción. El resultado es que las reacciones políticas a la pandemia fueron, en su inmensa mayoría, de carácter nacional, lo que ha acentuado las diferencias, en lugar de unir a Europa en un momento de crisis. Ante un choque simétrico, la zona del euro respondió de manera asimétrica. Las divergencias en las condiciones presupuestarias de cada Estado miembro ocasionaron respuestas políticas muy dispares. En varios de sus Dictámenes, el CESE ha subrayado la importancia de lograr una mayor convergencia tanto en la política económica como en la social y de adoptar un enfoque coordinado en materia de política presupuestaria, incluida la fiscalidad, pero la crisis actual ha demostrado, una vez más, que existe una disparidad sustancial en cuanto a las respuestas de política presupuestaria debida a las diferencias en la situación presupuestaria de cada país. Las economías más fuertes de la zona del euro reaccionaron enérgicamente a la COVID-19 aumentando los préstamos para financiar los planes de rescate financiero. Las economías más vulnerables no tienen el mismo margen de maniobra financiera y respondieron con un plan de rescate financiero más modesto. Esto muestra el grado de divergencia entre las economías de la zona del euro. Cuanto más se prolonga la crisis, más visibles e hacen estas diferencias.

2.5

En respuesta a la crisis, el BCE anunció un nuevo programa extraordinario de compra de activos para estabilizar los mercados europeos. La reacción inicial de las capitales europeas era previsible: cuando los mercados se calmaron y los diferenciales de los bonos se estrecharon entre países, la necesidad percibida de acción presupuestaria conjunta se evaporó. Cada país volvió a prestar atención a los paquetes de medidas nacionales de rescate. Sin embargo, la labor posterior llevada a cabo por la Comisión, el Eurogrupo y el Consejo Europeo en relación con el plan de recuperación dio un impulso muy necesario a los Estados miembros. No obstante, aún queda mucho por hacer para responder eficazmente a esta crisis, por ejemplo, crear un instrumento de deuda común destinado a agrupar las inversiones necesarias para reactivar la economía y evitar la pérdida de millones de puestos de trabajo en toda la Unión Europea.

2.6

Esto nos lleva al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y su capacidad de préstamo de 410 000 millones EUR. Los Estados miembros han sido siempre algo reticentes a recurrir al MEDE, dado que todos sus préstamos están sujetos a condiciones. En segundo lugar, aun cuando se renuncie a dichas condiciones o se proceda a su ajuste, como ocurrió en la reunión del Eurogrupo del 9 de abril de 2020, los bonos «sintéticos» del MEDE no hacen sino perpetuar el carácter fragmentado de la zona del euro. La fragmentación no se ha abordado en el actual marco de supervisión económica y presupuestaria, en especial las reformas de los paquetes legislativos «de seis medidas» y «de dos medidas», y constituye el propósito principal de una reciente Comunicación publicada por la Comisión Europea (2). El objetivo de este examen se centra, básicamente, en lo que se necesita para lograr el crecimiento económico y, al mismo tiempo, mantener unas finanzas públicas sostenibles y evitar los desequilibrios macroeconómicos mediante una coordinación más estrecha de las políticas económicas y la convergencia de los resultados económicos de los Estados miembros. Esta labor podría ser un paso importante en la dirección correcta, siempre que se determinen las causas fundamentales de los desequilibrios, ya sea a través del procedimiento de desequilibrio macroeconómico o el Semestre Europeo, centrándose en unas políticas más eficaces, en particular, las que tengan por objeto mejorar los sistemas de protección social.

2.7

En 9 de abril de 2020, la Comisión Europea anunció un amplio paquete de instrumentos destinados a suavizar el golpe de la crisis de la COVID-19, por un importe de 540 000 millones EUR. El paquete incluye un nuevo instrumento de apoyo ante la crisis pandémica a través del MEDE con una dotación de hasta 240 000 millones EUR, destinado a respaldar a los Estados miembros de la zona del euro en la financiación nacional de los costes relacionados con la atención sanitaria directa e indirecta, la curación y la prevención vinculadas a la crisis de la COVID-19, limitado al 2 % del producto interior bruto de cada país en 2019. El paquete también incluye 100 000 millones EUR en préstamos temporales para financiar los regímenes nacionales de reducción de la jornada laboral y medidas similares con el fin de salvaguardar los puestos de trabajo en los Estados miembros de la UE en el marco del Programa SURE, con garantías proporcionadas por los Estados miembros de la Unión. Además, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) proporcionará aportes de liquidez de hasta 200 000 millones EUR a las empresas de toda Europa, con especial atención a las pymes. Por otra parte, el 27 de abril de 2020 el Consejo Europeo acordó en principio el establecimiento de un Fondo de Recuperación para la UE, por un total de, como mínimo, 1 billón EUR, y pidió a la Comisión que elaborara una propuesta sobre el modo de desarrollar y utilizar dicho Fondo.

2.8

Un mes más tarde, el 27 de mayo de 2020, la Comisión propuso un nuevo instrumento por importe de 750 000 millones EUR denominado «Next Generation EU», destinado a ayudar a los Estados miembros a recuperarse de la crisis económica provocada por el brote de COVID-19. El nuevo paquete, enmarcado en el próximo presupuesto a largo plazo de la UE para 2021-2027, incluye 500 000 millones EUR en subvenciones y 250 000 millones EUR en préstamos, y se financiará a través de empréstitos en los mercados financieros, lo que requiere un incremento temporal del límite máximo de los recursos propios de la Comisión hasta el 2 % de la renta nacional bruta de la UE. El Programa de Reconstrucción Europea prevé 560 000 millones EUR para apoyar las inversiones y reformas de los Estados miembros en los ámbitos de la economía verde, la digitalización y la resiliencia económica (310 000 millones EUR en subvenciones y 250 000 millones EUR en préstamos), 55 000 millones EUR adicionales para impulsar los programas existentes de política de cohesión y un complemento de 40 000 millones EUR del Fondo de Transición Justa, así como una inversión adicional de 15 000 millones EUR en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. El Fondo también tiene por objeto relanzar la inversión privada, con un nuevo Instrumento de Apoyo a la Solvencia para las empresas europeas, presupuestado en 31 000 millones EUR, junto con una mejora de 15 300 millones EUR del programa de inversiones de la UE InvestEU y otros 15 000 millones EUR del Instrumento de Inversión Estratégica (que forma parte de InvestEU) a fin de generar inversiones en sectores estratégicos de la UE, en particular en relación con el refuerzo de la resiliencia, la transformación ecológica y digital y las principales cadenas de valor.

2.9

A la luz de esta evolución, la reciente crisis no debe alejar a la UE de sus objetivos a largo plazo establecidos en el Pacto Verde Europeo y la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020. En todo caso, estos objetivos son, curiosamente, proféticos, en el sentido de que reconocen la necesidad de reajustar la economía europea para garantizar un crecimiento sostenible en los años venideros, basado en los pilares de la sostenibilidad medioambiental, los incrementos de productividad, la equidad y el progreso social, así como la estabilidad macroeconómica.

3.   La interdependencia mundial, la dimensión internacional de la UE y el futuro de la globalización

3.1

Aunque la globalización ha dado lugar a un aumento de la inversión extranjera directa, que se ha incrementado a una tasa media anual de aproximadamente el 10 % desde 1990 (3), en relación con el crecimiento medio del 5 % que ha experimentado el comercio mundial (4), también hay que reconocer sus efectos colaterales, en particular en lo que respecta a las condiciones laborales y sociales. Si bien es cierto que la globalización ha impulsado la transferencia de tecnología, la reestructuración industrial y el crecimiento de las empresas mundiales, esta evolución se ha producido a menudo a expensas de los derechos sociales y la negociación colectiva. Una vez más, aunque la globalización ha permitido a las grandes empresas realizar economías de escala que reducen los costes y los precios, esto ha perjudicado a muchas pequeñas empresas de la UE que compiten a escala nacional.

3.2

En lo que respecta al comercio internacional, la mayor interdependencia ha tenido una serie de efectos positivos, en particular la comprensión de que los conflictos entre naciones supondrían el fin del mundo tal y como lo conocemos, teniendo en cuenta el potencial militar que poseen naciones como China, Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, esta faceta es solo una parte de la realidad. A menudo se ignoran las consecuencias negativas de la globalización, entre ellas el exceso de contaminación y las condiciones de trabajo injustas. Además, cuando una crisis golpea a economías como la de China y Estados Unidos, esto afecta a un gran número de países, lo que genera inestabilidades tanto regionales como mundiales. Existen otros obstáculos derivados de la globalización, entre ellos el hecho de que las empresas multinacionales o mundiales se consideran a menudo una amenaza para la soberanía de una nación debido a su influencia interna.

3.3

La pregunta que hay que plantearse en esta etapa es hasta qué punto la COVID-19 cambiará el modus operandi de las empresas dedicadas a los servicios o al comercio transfronterizos, en los que determinados sectores —sobre todo el de los viajes y el turismo/aviación— son los más afectados por la crisis económica. Las consecuencias financieras de esta crisis son enormes, ya que las empresas —incluidas las del sector manufacturero— se ven afectadas por las restricciones a la cadena de suministro y a la exportación, así como por la caída de los negocios de los clientes, lo que da lugar a lo que podría denominarse un efecto multiplicador invertido, o la propagación de choques (negativos) dentro de las redes de producción. La crisis ha servido para recordarnos la malla de acuerdos de suministro en los que se sustenta la economía globalizada.

3.4

La expansión del comercio mundial en el último cuarto del siglo XX fue posible gracias a dos factores no relacionados entre sí: el auge del transporte intermodal de mercancías (es decir, la contenedorización) y el abandono generalizado de los controles de capitales a principios de los años ochenta. Si bien los flujos de capitales han pasado a estar más regulados, siguen siendo el elemento vital de las corrientes de inversiones y las corrientes comerciales en todo el mundo. Una tercera razón que explica la expansión del comercio mundial fue la liberalización del comercio y los acuerdos comerciales conexos, cuyo exponente más destacado fue quizá la adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio. El comercio reviste una importancia crucial para la UE en todos los esfuerzos destinados a aumentar el crecimiento económico sostenible, y son evidentes las ventajas que conlleva la intensificación de las corrientes comerciales entre la UE y sus socios comerciales, pero la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro mundiales. Una perturbación en el comercio puede afectar al crecimiento económico sostenible. En este contexto, la UE tiene que esforzarse más, mediante sus acuerdos internacionales, para proteger las cadenas de suministro con el fin de reducir al mínimo las perturbaciones causadas por las conmociones económicas. A tal fin sería necesario replantear las estrategias relacionadas con las cadenas de suministro, en particular la diversificación, pero también el reajuste de las cadenas de suministro en múltiples sectores. También significaría adoptar alguna forma de desglobalización sectorial, es decir que empresas europeas volverían a trasladar sus plantas de fabricación (al menos de productos esenciales) al territorio de la UE para evitar problemas en la cadena de suministro.

3.5

Especial interés reviste a este respecto la dimensión internacional de la UE y sus relaciones con los agentes mundiales, en particular China, Estados Unidos y Rusia. Si bien la diplomacia internacional es fundamental para las perspectivas económicas futuras de la UE y su moneda, la Unión debe desempeñar un papel mucho más previsor y destacado en los asuntos internacionales, en particular las negociaciones comerciales con las naciones competidoras. El CESE sigue siendo partidario de las negociaciones comerciales multilaterales y debe seguir siéndolo, pero es evidente que China, Estados Unidos y Rusia están ignorando la posición de la UE en lo que se refiere al comercio multilateral. Si la Unión quiere desempeñar un papel más destacado en el comercio mundial, lo cual es fundamental para las empresas de la Unión y sus perspectivas comerciales, debe esforzarse mucho más para que otras naciones vuelvan a sentarse a la mesa de negociaciones multilaterales, o, de lo contrario, habrá que hacer mayor hincapié en el comercio bilateral. El futuro de la globalización después de la crisis debe caracterizarse por unas condiciones de competencia equitativas en muy diversos aspectos (en particular, competencia fiscal, respeto de las normas laborales y cumplimiento de los objetivos relacionados con el cambio climático) para las empresas de ámbito internacional que operan en un mercado mundial. De no ser así, la UE corre el riesgo de ser cada vez más vulnerable a las escaramuzas comerciales entre Estados Unidos y China, así como dependiente de ellas.

3.6

En lo que respecta a las inversiones transfronterizas, es bastante evidente que las inversiones no se destinan necesariamente a construir una inversión de capital, sino más bien a buscar países con la menor presión fiscal posible (5). Puede que alguna forma de globalización sea inevitable una vez superada la crisis, pero los problemas económicos y otras repercusiones de la crisis apuntan a la necesidad de modificar el modus operandi de las empresas en la UE y en todo el mundo. Las recomendaciones del Comité Económico y Social Europeo (CESE) de que los Estados miembros aceleren el proceso para hacer frente a la elusión y el fraude fiscales han cobrado mayor importancia, y lo mismo ocurre con la votación por mayoría cualificada. De hecho, ya el año pasado el Comité apoyó plenamente los debates sobre un paso gradual hacia la votación por mayoría cualificada y el procedimiento legislativo ordinario en materia impositiva, reconociendo al mismo tiempo que todos los Estados miembros deben tener en todo momento suficientes posibilidades de participar en el proceso de toma de decisiones.

4.   Necesidad de revisar el papel de los gobiernos

4.1

No cabe duda de que la crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia del papel que desempeñan los gobiernos para hacer frente a las crisis sanitarias y económicas, aspecto que también cobra especial relevancia en relación con el objetivo de lograr un crecimiento económico sostenible. Nadie en la UE cuestiona hoy el papel de los gobiernos a la hora de instaurar sistemas y programas sanitarios eficaces que apoyen indirectamente la actividad económica. Tampoco el CESE cuestiona su cometido en la aplicación de la reglamentación bancaria y financiera tras la crisis financiera de 2008. Sin embargo, cada vez es más evidente que los gobiernos siguen siendo fundamentales para fijar el rumbo de la economía, sobre todo en una crisis. Este también debería ser el caso cuando se aplica la gobernanza multinivel, donde la participación de los entes locales y regionales en la política económica del Gobierno central es fundamental. Como se ha explicado antes, la política presupuestaria es crucial no solo para la estabilidad económica, sino también para que los gobiernos puedan apoyar a las empresas mediante incentivos, en la medida que lo permite legislación de la UE. Todo intento por lograr y potenciar el crecimiento económico sostenible requiere que los gobiernos den instrucciones y promulguen reglamentaciones en todos los ámbitos de la actividad económica y la protección ambiental, y ha de hacerse hincapié en la integración de dicha protección en la actividad económica. Por supuesto, el diálogo abierto con los interlocutores sociales y la sociedad civil sigue siendo clave para fijar el rumbo de la economía.

4.2

En el período posterior a la crisis, la política presupuestaria adquirirá mayor importancia, entre otras cosas debido a la enorme cantidad de dinero prestado por encima de lo proyectado antes de la crisis. La enorme necesidad de préstamos para proporcionar apoyo a la renta y garantías de empréstito a las empresas congeladas por las restricciones de la COVID-19 limitará, sin duda, el volumen de los incentivos que los gobiernos pueden ofrecer para reavivar la actividad económica. También limitará la cantidad de fondos necesarios para apoyar tanto la protección ambiental como las inversiones productivas. Así pues, los gobiernos tendrán que encontrar formas creativas de contribuir a los gastos destinados a lograr un crecimiento económico sostenible, asegurando al mismo tiempo la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. La posición de la Comisión según la cual la recuperación debe estar en consonancia con el Pacto Verde representa un paso en la dirección correcta, ya que ofrece indicios de que la propia respuesta a la crisis debe tener un carácter sostenible.

4.3

Un ejemplo de fuente extrapresupuestaria de financiación de infraestructuras son las denominadas asociaciones público-privadas, en la que participan instituciones financieras internacionales y empresas privadas. Siempre que se gestionen con transparencia y estén sujetas al control democrático, las asociaciones público-privadas podrían considerarse como una opción después de la crisis para apoyar la financiación de proyectos de infraestructura y medioambientales, porque ofrecen soluciones a los problemas de financiación, garantizan la finalización de los trabajos en curso y realizan inversiones en grandes proyectos, sin sacrificar las finanzas públicas destinadas a políticas esenciales.

4.4

La UE también debe procurar una implantación más rápida de los instrumentos e iniciativas propuestos en el marco del Pacto Verde Europeo, que reconoce de manera explícita el papel central que deben desempeñar la UE y los gobiernos nacionales, junto con el sector privado, en el logro de esta transformación en una Europa verdaderamente sostenible. Entre ellos figuran los diversos instrumentos de financiación que forman parte del Mecanismo para una Transición Justa, con especial atención a las pymes y las industrias vulnerables, a fin de ayudar a su recuperación económica y mejorar su sostenibilidad y su resiliencia ante futuras perturbaciones, dejando cierto margen de maniobra según cada caso en lo que atañe a los requisitos de garantía y financiación conjunta, teniendo en cuenta las actuales circunstancias. A la luz de la crisis de la COVID-19 en curso, este enfoque adquiere una relevancia aún mayor, y debe considerarse como una oportunidad para reactivar el desarrollo social y económico teniendo en cuenta los principios del Pacto Verde. En el contexto actual, el concepto de solidaridad paneuropea es más pertinente que nunca.

5.   Estrategias para la recuperación económica, la inversión y la sostenibilidad

5.1

Todo lo expuesto nos lleva a determinar cuáles son las estrategias necesarias para la recuperación económica, la inversión y la sostenibilidad. En un contexto de contracción económica debido a las restricciones de la COVID-19, esperar que las economías se recuperen a los niveles anteriores a la pandemia es mucho pedir. Llevará varios meses acercarse al nivel que tenían las economías de la zona del euro y la UE antes de la crisis. Además, dado que los gobiernos están contrayendo préstamos procedentes de diversas fuentes para asumir el aumento inesperado y descomunal del gasto público, es probable que recorten el gasto y posiblemente vuelvan a adoptar medidas de austeridad, lo que dará lugar a una caída del consumo y la producción. La experiencia de las medidas de austeridad aplicadas en Grecia, por ejemplo, puso al país de rodillas cuando una cuarta parte de su producto interior bruto se evaporó durante ocho años y el desempleo se disparó a más del 27 % (6). Reeditar las medidas de austeridad sería contraproducente. La activación por parte de la Comisión de la cláusula general de salvaguardia prevista en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que permite a los países de la zona del euro suspender temporalmente los ajustes necesarios para cumplir los objetivos presupuestarios a medio plazo, representa un paso en la dirección correcta. Sin embargo, podría ser necesario revisar las reglas del PEC ahora que entramos en la fase de recuperación posterior a la COVID-19.

5.2

Si bien los objetivos generales establecidos en la Comunicación de la Comisión Europea sobre su Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020 (7) se consideran fundamentales para lograr un crecimiento económico sostenible, este no puede alcanzarse aplicando medidas de austeridad que perjudiquen a los colectivos socioeconómicos más vulnerables de nuestras comunidades.

5.3

Por el contrario, los gobiernos de la UE deben elaborar estrategias de recuperación económica que apoyen actividades económicas más productivas y sostenibles. El período posterior a la COVID-19 representa una oportunidad para reformar los sectores económicos clave que han dejado patente su escasa resiliencia. La economía seguirá dependiendo en gran medida de las pequeñas y medianas empresas, pero puede ser oportuno seguir fomentando la creación de empresas emergentes y replanteando el papel de las empresas de la economía social como elemento importante de esta. Aunque la obtención de beneficios no es la motivación principal de una empresa social, los ingresos siguen siendo fundamentales para la sostenibilidad de dichas empresas. Todas las empresas de la economía social pueden ser muy rentables, y una de sus prioridades es la reinversión de los beneficios en su actividad y no en pagos a los accionistas. Una empresa de la economía social puede, sobre todo, equilibrar la tensión entre defender la misión social de su organización y maximizar la productividad de su proyecto empresarial para garantizar la sostenibilidad. Por tanto, estas estructuras son idóneas para una economía que aspira a lograr y fomentar el crecimiento económico sostenible.

5.4

Los gobiernos tratarán de lograr una rápida recuperación después de la crisis, y se prevé que algunos sectores que han demostrado su resiliencia se recuperen, pero los gobiernos tendrán la tentación de incentivar sectores que antes de la crisis se consideraban insostenibles o que iban en contra del cambio climático y de los objetivos medioambientales establecidos en el Pacto Verde Europeo. En cambio, los gobiernos han de considerar la posibilidad de invertir más en proyectos destinados al uso eficiente de la energía y las energías alternativas mediante los modelos de financiación mencionados anteriormente, de modo que se creen oportunidades de negocio para las grandes empresas, las pymes y las empresas de la economía social a las que se hace referencia en esta sección. La transición ecológica ha de abarcar, en la medida de lo posible, no solo el desarrollo de sectores ecológicos sino también la «ecologización» de los modelos de negocio y sectores existentes más allá de los «ecológicos» tradicionales. Así pues, la ayuda ofrecida a las empresas, en el ámbito tanto nacional como de la UE, debe estar supeditada a la consecución de los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo y la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020.

5.5

Un pilar del crecimiento económico sostenible en la UE debe ser la creación y el desarrollo de una economía verdaderamente circular que maximice y mantenga el valor en toda la cadena de valor y, al mismo tiempo, reduzca al mínimo los residuos y persiga la eficiencia de los recursos. Los modelos de negocio de economía circular entrañan un potencial considerable para fomentar la competitividad europea, no solo en lo que respecta a la salvaguardia del entorno natural, sino también a la creación de empleos de calidad y al desarrollo de las industrias auxiliares. Además, los modelos empresariales de la economía circular ayudan a desarrollar una mayor resiliencia al tipo de perturbaciones sufridas por las cadenas de suministro a causa de la pandemia de COVID-19, al tiempo que mitigan la volatilidad que sufren los precios y la disponibilidad de las materias primas como consecuencia de la evolución medioambiental y geopolítica, en particular los efectos del cambio climático y los litigios comerciales. No se puede dejar de recalcar el papel fundamental que desempeñan la innovación y la digitalización, así como la inversión continua en capital humano, para facilitar esta transición, y es preciso seguir promoviéndolo con renovado vigor mediante el apoyo a la investigación y el desarrollo y un mayor hincapié en la comercialización. Sin embargo, es necesario evaluar plenamente el impacto de la digitalización en el mercado laboral para minimizar en lo posible la pérdida de puestos de trabajo y ayudar a los afectados con vistas a su reciclaje y reconversión profesionales.

5.6

La actual pandemia ha servido para poner de relieve, una vez más, la importancia de centrarse en la salud y el bienestar de las personas, en lugar de limitarse al crecimiento económico, el cual, como se afirma en la Estrategia anual de crecimiento sostenible 2020, no es un fin en sí mismo. Mejorar tanto la calidad como la accesibilidad de los sistemas de salud pública en todos los países debe ser una de las máximas prioridades de la UE, al tiempo que se abordan las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria y los grandes pagos directos, que no hacen sino perpetuar estas disparidades. Al igual que en otros sectores, también se debe perseguir la inversión en digitalización e inteligencia artificial para los sistemas de salud pública. El inicio de las crisis económicas a gran escala pone de relieve, asimismo, la importancia fundamental que reviste la buena gobernanza para fomentar la resiliencia y formular respuestas adecuadas con el fin de hacer frente a las consecuencias. Así pues, la búsqueda de un crecimiento económico sostenible y equitativo depende de la calidad de las instituciones nacionales y locales de todos los Estados miembros, e incumbe a la UE velar activamente por que los países salvaguarden y fomenten los principios de democracia, tolerancia y respeto del Estado de Derecho. Es positivo que el Semestre Europeo haya empezado a tratar la calidad de las administraciones y la gobernanza públicas de manera mucho más sistemática.

5.7

El último aspecto se refiere al papel de la productividad en el logro de un crecimiento económico sostenible. Para que una economía siga creciendo de manera sostenible en el futuro, es necesario que aumente su capacidad de crecimiento, pero solo en la medida en que ese crecimiento añada valor a la economía y a sus ciudadanos. Esto incluye mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, en particular a través de la negociación colectiva, pero no a expensas de una distribución más equitativa de los ingresos. Por lo tanto, deberán elaborarse estrategias destinadas a mejorar la sostenibilidad económica en torno a la productividad, pero sin que ello vaya en detrimento de los derechos de los trabajadores y el desarrollo social. Esto significa que el aumento de la productividad no es un fin en sí mismo, sino el medio para mejorar los salarios, aumentar la demanda general en las economías de la UE y mejorar así el nivel de vida. El aumento de la productividad también dará lugar al desarrollo de nuevos y mejores productos y servicios, lo que posibilitará que las empresas adopten cadenas de mayor valor en la prestación de bienes y servicios, y permitirá a la UE tener una ventaja competitiva en el mercado mundial. Una vez más, y como ya se ha señalado, el aumento de la productividad debe estar estrictamente relacionado con el objetivo de lograr un crecimiento económico sostenible y no debe conseguirse a expensas de las condiciones de trabajo, el desarrollo social o las políticas medioambientales. Por el contrario, deben mantenerse los objetivos generales enunciados en el pilar europeo de derechos sociales, en particular la protección social y el fortalecimiento del proceso de negociación colectiva. Lo mismo se aplica a los objetivos establecidos en el Pacto Verde y los objetivos de la UE en materia de cambio climático. Asimismo, una respuesta verdaderamente europea a la actual crisis de la COVID-19 y cualquier intento unificado de fomentar el crecimiento sostenible en todo el bloque debe evitar la mentalidad de «competición a la baja» que caracteriza la competencia fiscal entre países, que solo sirve para desalentar la cooperación entre los Estados miembros y fomentar las tendencias nacionalistas. La atención debe centrarse más bien en ayudar a los países a desarrollar su capital humano e impulsar la productividad, a la vez que se afrontan las disparidades regionales en materia de crecimiento y oportunidades de empleo mediante inversiones específicas, todo ello abordando al mismo tiempo las principales deficiencias estructurales que crean obstáculos para la actividad empresarial.

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(1)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 126.

(2)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Revisión de la gobernanza económica — Informe sobre la aplicación de los Reglamentos (UE) n.o 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 y 473/2013 y sobre la idoneidad de la Directiva 2011/85/UE del Consejo.

(3)  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (2019). World Investment Report 2019 («Informe sobre las inversiones en el mundo 2019»).

(4)  Banco Mundial (2020). «Exportaciones de bienes y servicios (porcentaje del crecimiento anual)». Indicadores del desarrollo mundial.

(5)  Bénassy-Quéré, A., Fontagné, L., y Lahrèche-Révil, A. (2005). «How does FDI react to corporate taxation?» («¿Cómo reacciona la inversión extranjera directa a la imposición sobre sociedades?»). International Tax and Public Finance, 12(5), pp. 583-603.

(6)  https://www.theguardian.com/world/2018/aug/20/greece-emerges-from-eurozone-bailout-after-years-of-austerity

(7)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Estrategia anual de crecimiento sostenible.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Fomentar la competitividad, la innovación, el crecimiento y la creación de empleo, avanzando en la cooperación reglamentaria mundial, apoyando un sistema multilateral de comercio renovado y reduciendo las subvenciones que distorsionan el mercado»

(Dictamen de iniciativa)

(2020/C 364/05)

Ponente	Georgi STOEV
Coponente:	Thomas STUDENT

Decisión del Pleno	20.2.2020
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	CCMI
Aprobado en sección	26.6.2020
Aprobación en el pleno	16.7.2020
Pleno n.o	553
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	211/1/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

Las perturbaciones como el coronavirus (COVID-19) amenazan con paralizar la economía mundial y la vida social. Entrañan consecuencias como recesiones en los Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Japón y otras regiones del mundo, un crecimiento muy lento en China y enormes pérdidas de producción. Los Gobiernos tienen que compensar los daños económicos con políticas presupuestarias y monetarias y hacer frente a los cambios previstos de paradigma económico. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) subraya la necesidad de contar con modelos de negocio y mecanismos de defensa eficientes, en particular en lo que respecta a Asia, y observa que en la UE hay 36 millones de puestos de trabajo que dependen del potencial exportador de la Unión, y que la proporción del empleo de la UE que se apoya en las ventas de bienes y servicios al resto del mundo en relación con el empleo total aumentó del 10,1 % en 2000 al 15,3 % en 2017 (1). Se necesita una respuesta presupuestaria, económica y social a la crisis para prevenir sus efectos negativos en estos y en otros sectores.

1.2

La crisis del coronavirus debe llevar a la UE, en el contexto de la reformulación general de la política industrial impuesta por la sostenibilidad medioambiental y la digitalización, a impulsar los sectores farmacéutico y de los equipos sanitarios, con el fin de garantizar la soberanía y la autosuficiencia compartidas de la UE en estos sectores. La redacción del presente Dictamen comenzó antes de que estallara una impredecible crisis sanitaria y económica destinada a cambiar nuestras economías y las tendencias de la globalización a corto, medio y largo plazo. Si bien esta crisis no es el tema central del Dictamen, tiene y tendrá enormes repercusiones en los sectores y los temas que se analizan en los siguientes puntos. Ha quedado patente que esta crisis está empujando a algunas zonas del planeta hacia una nueva ola de proteccionismo y nacionalismo económico, tanto a nivel mundial como dentro de la UE. Todos estos factores se tienen en cuenta, en la medida de lo posible hasta la fecha, de manera horizontal en el presente Dictamen.

1.3

El CESE comparte la opinión de que las empresas y el comercio internacionales pueden contribuir al crecimiento mundial, gracias a un mayor grado de especialización, a las economías de escala, a las cadenas de valor mundiales avanzadas y a la difusión de la investigación y las tecnologías. También debe señalarse el cambio de las cadenas de valor a las redes de creación de valor, de lo lineal a lo circular y de lo tangible a lo intangible, lo cual requerirá agilidad por parte de la industria para adaptarse.

1.4

El CESE destaca que la política de la UE ha de velar por que los participantes en el desarrollo industrial no sean víctimas de un injusto dumping económico, social y medioambiental. Con relación a las políticas urgentes que deben adoptarse, la UE se enfrenta a los siguientes desafíos: el mercado de los Estados Unidos para las exportaciones de la Unión, la posible colaboración entre la UE y los Estados Unidos, el futuro papel de China, y la necesidad de reconfigurar la Organización Mundial del Comercio (OMC). Las industrias deben convertirse en facilitadoras de soluciones a los retos sociales y medioambientales, y crear nuevo valor para la sociedad.

1.5

El CESE coincide en que la globalización sin regulación conlleva un aumento de la desigualdad, una presión a la baja sobre las empresas, los salarios y las condiciones laborales y un debilitamiento de la seguridad social, situación que podría convertirse en una verdadera amenaza para los modelos sociales europeos. La globalización no regulada también tiene efectos negativos en las normas medioambientales. Al CESE le preocupa que las empresas y los puestos de trabajo europeos se vean sometidos a la presión de prácticas comerciales desleales, no sujetas a las leyes de mercado y que no respetan los acuerdos sociales y medioambientales de alcance internacional. La industria de la UE debería aprovechar su ventaja única y combinar los valores europeos, las nuevas tecnologías y un enfoque orientado al futuro. El mercado único es esencial para la industria europea y para difundir la innovación, no solo con relación a las tecnologías digitales, sino también para otras tecnologías facilitadoras esenciales, como la biotecnología. También puede subrayarse el papel de la cohesión social y regional, así como del diálogo social, para garantizar la aceptación de la transformación por parte de la sociedad.

1.6

La estrategia industrial y la política comercial de la UE no deben socavar sus iniciativas encaminadas a proporcionar ayuda al desarrollo a terceros países, y el CESE recomienda que se adopte un enfoque equilibrado, que permita coordinar mejor y combinar la ayuda al desarrollo nacional, en el caso de las economías más frágiles. Al CESE le preocupa que la escalada de medidas de incumplimiento en el marco de la OMC y el establecimiento de nuevos acuerdos no arancelarios discriminatorios puedan imponer cargas normativas recíprocas excesivas que lleguen a convertirse en la nueva norma del comercio mundial. Es preciso reevaluar los programas de apoyo y la supervisión al respecto, de conformidad con las normas sobre competencia de la Unión, para ayudar a los Estados miembros, los socios, las empresas y los trabajadores de la UE que se ven afectados negativamente por la crisis económica y las guerras comerciales, y para reducir la carga que pesa sobre ellos.

1.7

El CESE considera que, para hacer frente a los desafíos externos, el mercado interior de la UE debe convertirse en «el mejor lugar para invertir». La nueva estrategia industrial y todos los demás instrumentos han de evaluarse en función de su capacidad para promover y apoyar las inversiones en infraestructura industrial, energética, de transporte y digital mediante un enfoque basado en una mayor conectividad. La revisión de las normas sobre fusiones y adquisiciones y sobre ayudas estatales situaría a la UE en una posición de mayor igualdad frente a la competencia mundial. Todos los niveles de gobernanza deben garantizar que los beneficios de la globalización se distribuyen equitativamente y que se mitigan los efectos negativos a nivel mundial, regional y local.

La adopción de un plan común de inversión extranjera directa ayudaría a garantizar que se pueda aducir la protección de intereses para defender activos estratégicos como las infraestructuras y tecnologías críticas y la seguridad del suministro de insumos fundamentales. Se necesitan más que nunca el recurso a las Directivas sobre contratación pública, instrumentos eficaces de defensa comercial y una sólida red de acuerdos de libre comercio (ALC) para contrarrestar las prácticas ilícitas, profundizar la convergencia normativa y promover las normas de sostenibilidad, para, de este modo, reducir las distorsiones del mercado.

1.8

El CESE expresa su preocupación por el reciente sentimiento de negatividad en torno al comercio internacional y la globalización, y por el auge de movimientos populistas que reclaman un mayor nacionalismo. Considera que el proteccionismo y el nacionalismo no pueden responder adecuadamente a los problemas económicos y sociales. Las prioridades de inversión y reforma a medio plazo son necesarias para devolver las economías a la senda de crecimiento sostenible e inclusivo, integrar la transición ecológica y la transformación digital. La Unión debe tomar todas las medidas posibles para preservar la plena democracia a pesar de las circunstancias de la pandemia.

1.9

El CESE considera que el Pacto Verde debería tener por objeto integrar la nueva estrategia industrial y la política comercial en la política económica, reguladora y de competencia en un esfuerzo global en defensa del medio ambiente, sin crear una amenaza al mercado único ni a las empresas y los puestos de trabajo europeos, y debe albergar altas ambiciones medioambientales para la industria en su conjunto.

1.10

El CESE coincide en que uno de los principales mensajes sobre estabilidad económica consiste en que los Estados miembros deberían prestar una atención adecuada a la calidad de las finanzas públicas, promoviendo las inversiones necesarias y orientadas al futuro.

2.   Observaciones generales

2.1

Ahora que el sistema multilateral se encuentra sometido a una presión constante, las empresas de la UE que operan a escala mundial tropiezan con una fricción y una incertidumbre cada vez mayores, así como con un proteccionismo en alza y con las continuas tensiones entre los socios comerciales de la Unión. Las cadenas de valor mundiales se están reduciendo y se observa en todo el mundo una tendencia generalizada de retorno a la regionalización. La UE, junto con los Estados Unidos y China, ocupa un lugar central en esta dinámica, y varios sectores industriales clave están sometidos a una presión considerable. Hay que tomar decisiones fundamentales para evitar el riesgo de marginación y preservar el papel mundial de la UE. Es urgente reconsiderar las inversiones en el territorio de la UE y centrarse en apoyar a las empresas, en especial a las pymes, garantizar la oferta de liquidez y la estabilidad del sector financiero, preservar el mercado único y garantizar el flujo de productos esenciales. Ese objetivo solo puede alcanzarse mediante una combinación de medidas, como la aplicación de reglamentos y políticas también a las empresas de terceros países cuando operen en la UE, la creación de infraestructura, las inversiones en bienes públicos (la salud, la educación, las infraestructuras digitales, entre otros), la reciprocidad en la contratación pública, el establecimiento de una política comercial eficaz y el logro de la independencia digital.

2.2

La competitividad mundial de la industria de la UE se ve obstaculizada por la vuelta del unilateralismo y por la falta de una gobernanza mundial eficaz en materia económica y comercial, así como por las asimetrías y perturbaciones del mercado causadas por la presencia de competidores subvencionados, especialmente las empresas públicas, y por la crisis. Las inversiones de las empresas de la UE en investigación e innovación aspiran a combinar competitividad y sostenibilidad, pero tales inversiones y la asunción de riesgos audaces podrían resultar ineficaces debido a la reducción del acceso a los mercados internacionales y a la competencia desleal. En este contexto, las pymes son más vulnerables que nunca.

2.3

En estas circunstancias, las alianzas que fomenta la UE podrían ayudar a promover sus intereses en organizaciones multilaterales, como la OMC y las Naciones Unidas. Así pues, la estrategia industrial adoptada recientemente y el informe anual de la Comisión sobre la aplicación de los acuerdos de libre comercio representan un avance hacia una mayor transparencia, pero también constituyen un instrumento eficaz para proporcionar a la sociedad civil información de referencia objetiva sobre los acuerdos comerciales negociados por la UE. Pese a algunos elementos positivos, el conjunto de la estrategia industrial adoptada recientemente aún no ha convencido a todo el mundo de que supondrá una diferencia perceptible para las empresas, los trabajadores y la sociedad civil, que se esfuerzan por aumentar la competitividad y el crecimiento económico de Europa.

2.4

La adopción de una política industrial europea sólida y la defensa de los intereses comerciales de la UE son compatibles con el objetivo prioritario de su política exterior: reforzar el multilateralismo en torno a las instituciones del sistema de las Naciones Unidas. Sus reformas necesarias deben permitir avanzar hacia un mundo regido por reglas justas y basado en los principios democráticos.

3.   Aprovechar el potencial de las perspectivas empresariales

3.1

El CESE coincide con la Comisión en que las empresas de la UE solo pueden beneficiarse de la estrategia industrial y los acuerdos comerciales de la UE si disponen de información pertinente sobre el contenido de esas estrategias y esos acuerdos y comprenden cómo funcionan en la práctica.

3.2

El CESE observa con preocupación que la complejidad de las normas de origen y de los formularios administrativos exigidos por los socios comerciales de la UE para conceder preferencias a las empresas de la Unión, así como el esfuerzo que supone demostrar el origen preferencial, parecen desproporcionados para las pymes de la UE en comparación con el volumen de los contratos que han celebrado.

3.3

El CESE propone que, en caso de que los países incurran en actos de competencia desleal y establezcan condiciones laborales o normas de sostenibilidad injustas, también se prevean disposiciones para estudiar las principales cuestiones relacionadas con la elaboración de mecanismos alternativos de resolución de litigios y aplicar los mecanismos en línea de las Naciones Unidas para este fin. El CESE acoge con satisfacción el procedimiento arbitral de apelación provisional entre varias partes anunciado recientemente por la Comisión Europea como medida provisional para mantener una función independiente de resolución de litigios en dos etapas.

3.4

El CESE recuerda que la mayor parte de la actividad exportadora de las pymes se desarrolla principalmente en el mercado único (2), y que solo alrededor de la mitad de las pymes venden sus productos fuera de la Europa de los Veintiocho (3); también observa que la actividad exportadora de las pymes está muy concentrada en algunos Estados miembros y regiones, ya que seis Estados miembros (4) representan más de dos tercios del total del negocio y los intercambios comerciales de las pymes en la UE.

3.5

El CESE acoge favorablemente la avanzada labor de la Comisión en relación con el portal en línea que integrará dos bases de datos: la de acceso a los mercados y el servicio de ayuda en materia de comercio (Trade Helpdesk) y que está abordando la complejidad y la falta de coherencia de las normas de origen y los procedimientos aduaneros e implantando una calculadora de normas de origen gratuita y en línea para proporcionar apoyo suplementario a las pymes de la UE.

3.6

El CESE considera que la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior, así como las representaciones diplomáticas y consulares de los Estados miembros, podrían desempeñar un papel importante en la promoción de la estrategia de la UE, sus servicios y su comercio con terceros países con el fin de facilitar tanto la inversión entrante como las oportunidades de exportación para las empresas y la mano de obra europeas.

3.7

Asimismo, el CESE se congratula de las iniciativas llevadas a cabo por la Comisión Europea para promover y apoyar a las pymes de la UE en sus esfuerzos de internacionalización, a fin de que sean competitivas a nivel mundial, y destaca la necesidad de garantizar que dichas iniciativas también adopten un enfoque ascendente en su aplicación. Junto con estas iniciativas, el nuevo paradigma puede traer más oportunidades para las pymes y otros actores regionales.

3.8

El CESE contempla con preocupación las cuestiones pendientes con los socios comerciales de la UE, que se recogen en el informe de la Comisión, en particular el hecho de que los productos de la UE siguen encontrándose con obstáculos para acceder a los mercados en países socios. Debe darse una alta prioridad al reconocimiento mutuo y sin burocracia de las normas técnicas.

3.9

El CESE destaca que, como se ha subrayado en un estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (5) basado en un análisis de los flujos comerciales de algunos Estados miembros, el rendimiento de las exportaciones de la UE está positiva y fuertemente correlacionado con el producto interior bruto, y el comercio está muy concentrado en unos pocos Estados miembros.

3.10

El CESE recuerda que la Comisión, en su Documento de reflexión sobre el encauzamiento de la globalización y su Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE, reconoció el impacto desigual de la globalización en función del territorio, y destacó que, aunque los beneficios de la globalización suelen estar ampliamente distribuidos, los costes suelen estar localizados.

3.11

El CESE hace especial hincapié en el papel que desempeña la política de cohesión para mejorar la competitividad de la UE mediante inversiones específicas en sectores clave como las infraestructuras de redes, la investigación y la innovación, los servicios de tecnología de la información, la acción medioambiental y climática, el empleo de calidad y la inclusión social.

3.12

El CESE subraya el papel que puede desempeñar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) para apoyar a las personas que pierden su empleo como resultado de las grandes transformaciones estructurales debidas a la globalización, la digitalización, la migración y el cambio climático. Dada la enorme magnitud de la crisis económica y de empleo que se avecina, es preciso reforzar financieramente el FEAG, flexibilizar sus normas para adaptarlas a la naturaleza y el tamaño de la crisis y vincularlo al Fondo de Transición Justa.

3.13

El CESE está de acuerdo en que las disposiciones de trabajo flexible y el teletrabajo desempeñan una función fundamental para mantener los puestos de trabajo y la producción, aunque, a pesar de los esfuerzos por mitigar su impacto social, se prevé que la crisis aumentará de forma sustancial el desempleo y las desigualdades económicas. La adopción de una política revisada del Pacto Verde de la UE podría contribuir en gran medida a garantizar que la globalización tenga efectos económicos, sociales, territoriales y medioambientales positivos para las empresas, los trabajadores y la sociedad civil y contribuya a reducir las distorsiones del mercado.

3.14

El CESE considera que, para igualar las condiciones de competitividad, se podría utilizar un mecanismo que aborde la «huella de carbono» en la fabricación y desplegar esfuerzos por descarbonizar las industrias con el fin de equilibrar las condiciones de la competencia; señala, sin embargo, que esta medida debe equilibrar las preocupaciones medioambientales, comerciales y de equidad para evitar distorsiones del mercado, que desencadenarían represalias contra los países de la UE y, por tanto, perjudicarían la industria y el empleo industrial en la UE.

3.15

Coincide en que es esencial reducir la brecha de rendimiento productivo entre las economías, regiones y empresas muy productivas y todas las demás, y que contar con instituciones eficaces y sistemas fiscales eficientes podría contribuir a la productividad.

3.16

Se requiere una nueva política industrial centrada en impulsar las actividades con un mayor contenido de innovación y generar más valor añadido, lo cual es inseparable de la promoción de empleos nuevos y de calidad. Una política de estas características, si se diseñara de forma inteligente y se aplicara de forma correcta, contribuiría a evitar la influencia negativa de las contracciones adicionales del producto interior bruto, la fragmentación del mercado único y la interrupción de las cadenas de valor.

4.   Mitigar los efectos negativos de acontecimientos excepcionales

4.1

El CESE pide a todos los principales agentes institucionales que reconsideren los vínculos existentes entre la Europa de los Veintisiete y el Reino Unido, que definirán en gran medida las consecuencias de la retirada del Reino Unido en sus respectivas economías; conviene, en este sentido, diseñar medidas adecuadas para los sectores en los que el impacto pudiera ser especialmente negativo.

4.2

El CESE lamenta que la decisión de los Estados Unidos de imponer aranceles adicionales sobre los productos europeos, como contramedida a las ayudas concedidas por la UE al fabricante de aviones Airbus, afecte principalmente a los productos agrícolas y agroalimentarios producidos en los Estados miembros de la UE. La eficacia de las medidas de salvaguardia de la UE en el sector del acero, que tradicionalmente es un tema de interés de la CCMI, debe reevaluarse a la luz del deterioro del entorno económico en esta industria, a fin de evitar ulteriores daños a las empresas siderúrgicas nacionales y de garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las empresas y la mano de obra de la UE. El CESE subraya que los aranceles estadounidenses sobre el acero han causado un grave desvío comercial de productos siderúrgicos procedentes de terceros países, que están viendo aumentada su penetración en el mercado europeo, especialmente debido a su uso en contratos públicos de construcción de infraestructuras.

4.3

El CESE observa que, aunque ningún país puede aislarse de la globalización sin que ello entrañe enormes costes, el riesgo de que el sistema comercial multilateral se desmorone es real, y, por tanto, la UE debe reflexionar sobre esta cuestión. A este respecto, acoge con satisfacción el programa de trabajo de la Comisión para 2020, que establece una iniciativa encaminada a reformar la OMC antes de que finalice el año, así como el plan de recuperación propuesto.

4.4

El CESE coincide en que la UE debe cambiar a un enfoque más decidido para garantizar la reciprocidad real en la práctica y afrontar el proteccionismo en el acceso a los mercados de contratación pública de terceros países. El mercado de contratación pública y la protección de los derechos de propiedad intelectual de China se caracterizan por sus divergencias con las normas internacionales y, a pesar de su adhesión a la OMC, China sigue siendo un mercado ampliamente protegido. Además, China no se ha adherido aún al Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC, pese a su promesa cuando fue aceptada en la OMC. El debate sobre China ha adquirido un carácter más sensible en la UE. Programas ambiciosos como la iniciativa de la Franja y la Ruta, o «Made in China 2025» y las Orientaciones 16+1 (2017 Budapest, 2018 Sofía, 2019 Dubrovnik) (6) han llamado la atención de varios agentes privados y públicos, entre ellos las instituciones de la UE. La cuestión de la 5G ha vuelto a poner sobre el tapete el tema de la seguridad digital, lo que podría crear las condiciones para avanzar hacia el logro de la independencia digital de la UE. Impulsar los programas de la UE para invertir en investigación e innovación parece ser el planteamiento más racional y beneficioso a este respecto.

4.5

Las recomendaciones políticas y las medidas concretas deben tener en cuenta dos características estratégicas. La primera es que el G-20, que podría haberse convertido en un foro político mundial, complementario del sistema de las Naciones Unidas, para abordar también los desequilibrios y las desigualdades mundiales, ha perdido gran parte de su peso. La segunda, estrechamente relacionada con la anterior, es que la UE carece de una «política económica exterior» eficaz. La política industrial y otras políticas de la UE relacionadas con la producción, la energía, el mercado interior, la investigación y la innovación, el transporte, etc., se están desconectando de la proyección exterior y los servicios exteriores de la UE o solo se reflejan en estos de manera parcial, al igual que las agencias de crédito a la exportación de los Estados miembros, que deberían aunar fuerzas. Esta ausencia hace que resulte más difícil confrontarse con los principales actores internacionales y limita el papel de la UE en los foros multilaterales e internacionales y en la labor orientada a prevenir las distorsiones del mercado.

5.   Repercusiones de la crisis generada por la pandemia de COVID-19

5.1

El brote de COVID-19 ha tenido, y está teniendo, un impacto macroeconómico y fiscal extraordinario. El CESE coincide en que no había alternativa a las políticas financiera y monetaria expansiva recientemente anunciadas en la UE y en el resto del mundo. Entre las principales dificultades se incluyen una recuperación incompleta y desigual y un incremento del desempleo. Aunque las medidas políticas deberían limitar el aumento de este último, las medidas políticas necesarias generarán déficits públicos e incrementarán la deuda pública.

5.2

El CESE subraya, además, que esta crisis tendrá graves implicaciones a largo plazo para la UE. Como, debido a aspectos de carácter político, se retrasó la participación coordinada de la UE en la lucha contra la pandemia, podría generarse una pérdida de confianza en la política en general.

5.3

Otros posibles riesgos incluyen una pandemia más duradera de lo previsto, inestabilidad financiera tanto en la UE como a nivel mundial, un aumento del proteccionismo, la fragmentación del mercado único y divergencias estructurales enquistadas.

5.4

El CESE considera que Europa necesita urgentemente un nuevo proyecto de integración interna, una estrategia económica, social (incluida la coordinación de la salud pública), presupuestaria, energética y medioambiental común y una política comercial coherente. La ausencia de una estrategia europea eficaz ha sido motivo de alarma y debe subsanarse mediante la adopción de un nuevo enfoque colectivo europeo.

5.5

Es preciso adoptar un paquete masivo de recuperación y reconstrucción de la inversión para apoyar la economía de la UE después de la crisis como parte del nuevo marco financiero plurianual, además de lo que ya están haciendo el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo. El necesario plan de recuperación de la inversión también se financiaría con los fondos e instrumentos financieros existentes de la UE y con bonos de recuperación, definidos claramente en función de los problemas derivados de la crisis del coronavirus, y garantizados por el presupuesto de la Unión. En este contexto, el CESE ve el plan de recuperación presentado recientemente por la Comisión Europea como una primera medida concreta en esta dirección.

5.6

El CESE insiste en que el comercio basado en normas también es fundamental en épocas de crisis y debe ser un elemento de la estrategia que adopte la UE para salir de la crisis. Los Estados miembros de la Unión deben respetar el mercado único y velar por que no haya barreras internas al comercio de la UE, y a tal efecto han de poner en marcha una negociación más exhaustiva para alcanzar un acuerdo plurilateral que dé lugar a unas condiciones de competencia equitativas, en particular la posible liberalización permanente de los aranceles sobre los equipos médicos, y que garantice que las cadenas de suministro mundiales puedan funcionar libremente en este sector de importancia crucial. Junto con estas medidas, la liberalización de los aranceles y la financiación de las exportaciones, bien coordinadas entre los organismos respectivos de la UE y los Estados miembros, podrían aliviar la presión sobre las empresas y evitar las distorsiones del mercado.

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(1)  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157516.pdf (en inglés).

(2)  Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, CETA implementation: SMEs and regions in focus, estudio realizado a petición del CDR, 18 de noviembre de 2019, disponible (en inglés) en la siguiente dirección: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2019)644179.

(3)  Flash Eurobarómetro 42, Internacionalización de las pequeñas y medianas empresas (en inglés), octubre de 2015.

(4)  Bélgica, Alemania, España, Italia, Países Bajos y Reino Unido.

(5)  Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, Interactions between trade, investment and trends in EU industry: EU regions and international trade, estudio realizado a petición del Comité Europeo de las Regiones, 27 de octubre de 2017, disponible (en inglés) en la siguiente dirección: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2017)608695.

(6)  2017: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1514534.shtml;

2018: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1577455.shtml;

2019: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1655224.shtml.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La dimensión industrial de la Unión de la Seguridad»

(Dictamen de iniciativa)

(2020/C 364/06)

Ponente:	José CUSTÓDIO LEIRIÃO
Coponente:	Jan PIE

Decisión del Pleno	20.2.2020
Fundamento jurídico	Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI)
Aprobado en la CCMI	26.6.2020
Aprobado en el pleno	16.7.2020
Pleno n.o	553
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	209/3/4

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Acogemos favorablemente la determinación de la nueva Comisión Europea de potenciar la soberanía tecnológica de la Unión, y destacamos la importancia que reviste el sector de la seguridad a este respecto. No hay seguridad sin tecnología, y Europa debe dominar las tecnologías que son fundamentales para su seguridad.

1.2.

A fin de lograr este objetivo, instamos a la Comisión Europea a que ponga en marcha una estrategia que fortalezca las capacidades industriales y tecnológicas de Europa en el ámbito de la seguridad. Esta es muy necesaria, en particular en ámbitos sensibles donde la dependencia de proveedores no europeos puede convertirse por sí misma en un riesgo de seguridad. La estrategia tiene que respaldar los objetivos de la nueva Estrategia de Seguridad Interior y completarla con una dimensión industrial. Debería contribuir a colmar las necesidades en materia de capacidad, actuales y futuras, de los usuarios finales europeos y a abordar los principales desafíos a los que se enfrenta el sector en Europa: fragmentación del mercado, falta de planificación a largo plazo de la tecnología y las capacidades, e incoherencia de las políticas y de los instrumentos de financiación de la Unión Europea (UE).

1.3.

La estrategia industrial en materia de seguridad debe basarse en los siguientes principios: a) la existencia de una industria de la seguridad innovadora es fundamental para lograr la soberanía tecnológica y la autonomía estratégica de Europa; b) la seguridad es una cuestión de soberanía, y no puede dejarse únicamente en manos de las fuerzas del mercado. Se necesitan voluntad y acción políticas para mantener la capacidad de desarrollar soluciones tecnológicas avanzadas y complejas en materia de seguridad; c) habida cuenta de la pandemia de COVID-19, la resiliencia a gran escala frente a las catástrofes naturales y de origen humano ha de convertirse en una prioridad política absoluta de la Unión, y esto solo podrá lograrse con el apoyo del sector europeo de la seguridad. La estrategia debe diseñarse como parte integrante de la Unión de la Seguridad e imprimir más eficacia a las políticas de la UE relacionadas con la seguridad. Deberá adoptar un enfoque holístico e incluir los objetivos siguientes:

—	evaluación de las vulnerabilidades y la dependencia crítica de Europa en materia de seguridad no militar;

—	exploración de las tecnologías emergentes para señalar las posibles implicaciones en materia de seguridad;

—	definición de las tecnologías críticas «obligadas» para las que, por razones de seguridad, Europa no debe depender de proveedores de terceros países;

—	establecimiento de cadenas de valor estratégicas en el sector de la seguridad;

—	uso de las agencias de la UE como impulsoras de la planificación de las capacidades y la armonización de los requisitos nacionales;

—	utilización de los instrumentos de la UE relacionados con la seguridad (Fondo de Seguridad Interior, Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, Europa Digital, Horizonte Europa, RescEU) para realizar inversiones específicas en tecnologías y aplicaciones críticas en el ámbito de la seguridad;

—	uso de otros instrumentos de la UE (Fondos Estructurales, InvestEU, etc.) para hacer inversiones de interés en el ámbito de la seguridad (infraestructura), preferiblemente mediante la creación de un mecanismo para «garantizar la seguridad de Europa» (análogo al Mecanismo «Conectar Europa»);

—	empleo de la contratación pública europea y coordinación de la contratación pública nacional para apoyar la base industrial pertinente;

—	uso de instrumentos de financiación orientados a la capacidad (como el Fondo de Seguridad Interior y el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras) con el fin de impulsar la incorporación en el mercado de la investigación de la UE en materia de seguridad más allá de Horizonte Europa;

—	posible establecimiento de nuevas iniciativas legislativas, como, por ejemplo, una revisión de la Directiva sobre la protección de las infraestructuras críticas o la creación de un posible instrumento de seguridad urbana;

—	coordinación de los programas pertinentes de la UE (defensa, seguridad, espacio, cibernética).

Introducción

1.4.

El entorno de la seguridad de Europa es sumamente complejo. A menudo, las amenazas de seguridad actuales son multifacéticas y transnacionales, evolucionan con rapidez y resultan difíciles de predecir. Pueden atacar una amplia gama de objetivos por toda la Unión (acontecimientos de masas, transporte, infraestructuras críticas, instituciones, etc.) y proceden de un abanico igualmente amplio de agentes amenazantes (como individuos, organizaciones delictivas, grupos terroristas o Estados nacionales) que pueden responder a motivaciones muy diversas (como la geopolítica, el extremismo religioso o político, los intereses económicos o financieros, o los trastornos mentales) y utilizar todo tipo de medios para llevar a cabo sus perversas intenciones [armas de fuego, artefactos explosivos improvisados (IED), material QBRN, ciberataques o desinformación].

1.5.

Además de las amenazas a la seguridad de origen humano, se producen catástrofes naturales —como inundaciones, sequías, tormentas o pandemias— que plantean un riesgo cada vez mayor como consecuencia del cambio climático, la contaminación medioambiental y la sobreexplotación de los recursos naturales. Las catástrofes naturales suelen ser aún más devastadoras que las provocadas por el hombre y constituyen una amenaza, directa e indirecta, para la seguridad.

1.6.

Las amenazas a la seguridad difieren, al igual que lo hacen las fuerzas de seguridad y sus necesidades de capacidad. Al mismo tiempo, es frecuente la cooperación de las fuerzas de seguridad ya que son, por ejemplo, los primeros en intervenir en una catástrofe, y necesitan equipos interoperables a la altura de la amenaza a la que se enfrentan.

1.7.

Pese a su diversidad, las amenazas para la seguridad actuales tienen un rasgo en común: no pueden afrontarse sin el apoyo de la tecnología. La tecnología no puede proporcionar por si sola seguridad, pero en nuestras sociedades complejas y conectadas sirve de facilitadora indispensable en todos los ámbitos de la seguridad y en todas las fases del ciclo de seguridad (prevención, preparación, respuesta y recuperación). La rápida evolución y proliferación de las nuevas tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, la informática cuántica y la cadena de bloques, reforzarán aún más la importancia de la tecnología para la seguridad, ya que no solo brindan nuevas oportunidades, sino que también multiplican las vulnerabilidades y la capacidad de causar daño.

1.8.

Sin los conocimientos técnicos de una industria especializada de la seguridad es imposible desarrollar las tecnologías de vanguardia necesarias para hacer frente a las amenazas de seguridad actuales y futuras. La industria de la seguridad es un socio vital, sobre todo a la hora de contar con sistemas de seguridad complejos y protección contra agentes amenazantes sofisticados.

1.9.

La base industrial y tecnológica de la seguridad en Europa es tan diversa como las necesidades de seguridad de las sociedades y economías modernas. Incluye empresas de todos los tamaños y de toda la Unión, con diferentes carteras de productos y especializaciones. Muchas de ellas también llevan a cabo actividades de defensa, aeroespaciales o de tecnologías de la información de carácter comercial, o son filiales de grupos más grandes procedentes de estos sectores. Todas ellas desarrollan y fabrican sistemas de alta tecnología y proporcionan servicios necesarios para proteger a nuestras sociedades, empresas, instituciones y ciudadanos contra todo tipo de amenazas de seguridad y catástrofes. Según el último estudio exhaustivo disponible, el sector de la seguridad genera en la UE un volumen de negocios cercano a los 200 000 millones de euros y proporciona empleo a 4,7 millones de personas (1).

2.   Observaciones generales

2.1.

la Unión tiene un interés económico, así como estratégico, en fomentar en Europa una base industrial de seguridad dinámica. Cuanto más crítica sea un área de seguridad, mayor será el riesgo para la seguridad que ocasiona la dependencia de proveedores de terceros países. Es fundamental utilizar tecnologías, servicios y equipos desarrollados a partir de fuentes fiables, en particular cuando se necesita proteger las infraestructuras críticas y las instituciones de los países frente a amenazas procedentes de agentes estatales o apoyados por Estados.

2.2.

El transcurso de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias directas e indirectas han demostrado asimismo la necesidad de una poderosa industria de la seguridad asentada en Europa. El recurso masivo a las herramientas digitales, por ejemplo, ha desencadenado un aumento espectacular de los ciberataques, tanto de agentes estatales como no estatales, contra empresas y operadores de servicios esenciales. Por consiguiente, el incremento de la resiliencia cibernética y la ciberseguridad en todos los procesos basados en la tecnología digital de las empresas e instituciones debería ser una de las lecciones fundamentales que cabría extraer de la pandemia. Con el brote del virus hemos vuelto a ser testigos de campañas de desinformación, patrocinadas a menudo por gobiernos extranjeros, que no pueden ser contrarrestadas eficazmente sin hacer uso de herramientas tecnológicas sofisticadas. La COVID-19 también ha revelado enormes deficiencias en las capacidades de gestión de crisis de la UE, como la inexistencia de un fondo común de equipos QBRN. En resumen, se requieren numerosas medidas para aumentar la resiliencia de Europa ante catástrofes de gran magnitud. Dado el carácter delicado de la mayoría de estas medidas, es imprescindible aplicarlas con el apoyo de proveedores fiables que garanticen la seguridad del suministro en tiempos de crisis.

2.3.

Así pues, la Unión tiene un interés estratégico en mantener en Europa las capacidades industriales necesarias para asegurar un nivel apropiado de autonomía y soberanía tecnológica en esferas críticas de seguridad. Al mismo tiempo, satisfacer este interés estratégico se antoja desgraciadamente difícil por las condiciones actuales del mercado. Por otra parte, las características específicas del mercado de la seguridad en Europa suelen hacer que a las empresas les resulte difícil elaborar estudios de viabilidad para las tecnologías en cuestión.

2.4.

Desde el punto de vista comercial, apenas hay una demanda limitada de productos de seguridad de última generación y de coste elevado. Dado que los operadores privados del mercado tratan en todo momento de reducir los costes, por lo general limitan las inversiones en seguridad a lo estrictamente necesario y dan preferencia al producto más barato disponible en el mercado (a menudo procedente de proveedores de terceros países).

2.5.

En cuanto a la demanda pública del mercado de la seguridad, hay una gran variedad de compradores y usuarios finales, la mayoría de los cuales cuentan con presupuestos de adquisición limitados y pedidos pequeños, y están obligados legalmente a comprar al precio más bajo. Es más, la inmensa mayoría de los clientes públicos del ámbito de la seguridad no cuenta con planificación alguna en lo que respecta al desarrollo de capacidades. Compran material ya comercializado para satisfacer sus necesidades inmediatas, sin pensar a largo plazo en la evolución que pueden seguir las amenazas y las tecnologías en el futuro, y mucho menos en las inversiones que necesitan para prepararse ante ellas.

2.6.

Dadas las especificidades tanto de la oferta como de la demanda en el sector de la seguridad, apenas existe un mercado reducido para las tecnologías y aplicaciones críticas. A menudo, las soluciones de seguridad complejas se diseñan a medida de uno o de pocos clientes, lo que reduce al mínimo los volúmenes de producción y las economías de escala. En el mejor de los casos, las tecnologías utilizadas en esos sistemas pueden emplearse para otras aplicaciones menos sensibles, con un mercado de clientes comerciales más amplio. Así pues, las actuales condiciones del mercado hacen imposible mantener en la UE una base tecnológica e industrial que pueda desarrollar las capacidades de seguridad que Europa necesita para proteger sus fronteras exteriores, su territorio y a sus ciudadanos. Esta situación socava la credibilidad de la Unión de la Seguridad y exige que la UE adopte medidas reforzadas.

Situación de las políticas de seguridad de la UE

2.7.

Desde la puesta en marcha de la Agenda Europea de Seguridad en abril de 2015, la UE ha venido esforzándose por lograr una verdadera Unión de la Seguridad que proporciones herramientas, infraestructura y un entorno en el cual las autoridades nacionales y de la UE puedan colaborar eficazmente para abordar retos comunes, salvaguardando al mismo tiempo los derechos y libertades de los ciudadanos (2). La gran cantidad de iniciativas en este contexto demuestra que la seguridad se ha convertido definitivamente en una de las prioridades políticas fundamentales de la Unión: — Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo (3); — normas revisadas sobre la prevención del blanqueo de capitales (4); — creación del Sistema de Información de Schengen (SIS) (5); — interoperabilidad de los sistemas de información de la UE en el ámbito de la seguridad, las fronteras y la migración (6); — creación de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) (7); — Reglamento sobre la Ciberseguridad (8); — refuerzo de la Guardia Europea de Fronteras y Costas («Frontex») (9); — Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) (10). Estas iniciativas se suman a los programas e instrumentos de financiación ya establecidos, como el Fondo de Seguridad Interior.

2.8.

En su propuesta para el próximo marco financiero plurianual, la Comisión prevé un aumento considerable de las principales líneas presupuestarias pertinentes (por ejemplo, 35 300 millones EUR para la protección de las fronteras y la gestión de la migración, 4 000 millones EUR para la seguridad interior, 15 600 millones EUR para la resiliencia y la respuesta a las situaciones de crisis) en comparación con el anterior marco financiero plurianual (11). Asimismo, la Unión financiará otro programa de investigación en materia de seguridad en el marco de Horizonte Europa, que ya ha aportado una importante contribución al diseño y desarrollo de futuras capacidades de seguridad con arreglo a Horizonte 2020.

2.9.

Por lo que se refiere a las tecnologías digitales, la Comisión Europea también propone aumentar significativamente el gasto (por ejemplo, Horizonte Europa o el programa Europa Digital) para reforzar la soberanía tecnológica de Europa en ámbitos de importancia estratégica. A este respecto, la Comisión también ha manifestado su intención de fomentar las sinergias entre los sectores del espacio, la defensa y la seguridad.

2.10.

La soberanía tecnológica también es un término clave en su «nuevo modelo de industria para Europa», en el que la Comisión subraya que «la transformación digital, la seguridad y la futura soberanía tecnológica de Europa dependen de nuestras infraestructuras digitales estratégicas» y anuncia que «apoyará el desarrollo de tecnologías facilitadoras esenciales que revistan una importancia estratégica para el futuro industrial de Europa» (12).

Observaciones particulares

2.11.

La competencia de la UE en materia de seguridad sigue siendo limitada y, con mucha frecuencia, se limita a desempeñar una mera función de coordinación entre las autoridades nacionales. Por tanto, las políticas de seguridad siguen siendo fragmentadas y, a menudo, ineficaces. Lo mismo ocurre en otros sectores relevantes para la seguridad, como la salud pública.

2.12.

La seguridad en la UE es una prioridad política que carece de dimensión industrial. Existe una cantidad impresionante de políticas e instrumentos de financiación relacionados con la seguridad que cuentan con presupuestos considerables. Sin embargo, se carece tanto de coordinación de las necesidades de capacidad, como de una política coherente para apoyar la base industrial y tecnológica relevante. Conceptos como la competitividad industrial, la autonomía estratégica, la planificación de las capacidades y las tecnologías críticas han estado ausentes del debate sobre la Unión de la Seguridad y nunca se han considerado objetivos de los programas de financiación relacionados con la seguridad.

2.13.

El Plan de acción para una industria de la seguridad innovadora y competitiva de la Comisión de 2012 carecía de ambición, era limitado en su alcance y, por tanto, no tuvo una repercusión notable.

2.14.

El programa de investigación en materia de seguridad de la UE moviliza recursos considerables, pero adolece de graves deficiencias. La incorporación al mercado de los resultados de la investigación sigue siendo un reto importante porque no existe un proceso común de planificación de las capacidades en materia de seguridad que contribuya a consolidar la demanda de los usuarios finales públicos ni se recurre sistemáticamente a otros instrumentos de financiación de la UE orientados a la capacidad como medio para apoyar la implantación de soluciones de seguridad.

2.15.

La nueva Estrategia de Seguridad Interior orienta las políticas de seguridad de la UE y, por tanto, aspira a subsanar estas carencias. Debe abordar la rápida evolución de la tecnología y sus repercusiones para la seguridad, impulsar una definición común de las necesidades de capacidad en materia de seguridad y fomentar la cooperación europea para satisfacerlas. Esto consolidaría la Unión de la Seguridad y contribuiría considerablemente a la creación de un auténtico mercado interior de la seguridad y al mantenimiento en Europa de un sector de la seguridad competitivo.

2.16.

La industria es indispensable para convertir las tecnologías en soluciones. Por tanto, la adopción de una política industrial ambiciosa para los ámbitos centrales de soberanía debe constituir una prioridad política para la Unión. La elaboración de dicha política es particularmente urgente para el sector de la seguridad, que adolece en la actualidad de graves deficiencias de mercado que hacen muy difícil mantener las capacidades industriales y tecnológicas fundamentales.

2.17.

Así pues, pedimos a la Comisión Europea que formule una estrategia industrial específica en materia de seguridad que apoye la nueva Estrategia de Seguridad Interior e imprima mayor eficacia a la Unión de Seguridad. Dicha estrategia industrial debe ser ambiciosa y exhaustiva, garantizando que todas las políticas e instrumentos pertinentes contribuyen a la soberanía tecnológica de la Unión en los ámbitos críticos de seguridad. También debe garantizar que todos los instrumentos de la UE relacionados con la seguridad (Fondo de Seguridad Interior, Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, RescEU) incluyen una dimensión industrial y que todos los programas relativos a la tecnología (Europa Digital, Horizonte Europa) incluyen una dimensión de seguridad. Esto ayudaría a satisfacer las necesidades en materia de seguridad de los clientes públicos, brindaría nuevas oportunidades a la industria europea y haría más fácil afrontar a su debido tiempo las repercusiones para la seguridad de las tecnologías emergentes.

2.18.

Con esta finalidad, el concepto de soberanía tecnológica ha de definirse con mayor precisión y llevarse a la práctica. Si bien cabe valorar de modo positivo la especial atención que presta actualmente la Comisión a las tecnologías digitales, esta no debe ser exclusiva. Se debería dar prioridad a todas las tecnologías críticas en los ámbitos centrales de soberanía, a saber, la seguridad, la defensa y el espacio. Asimismo, debería revisarse el concepto a la luz de la pandemia del COVID-19 e incluir la resiliencia como objetivo estratégico.

2.19.

El «nuevo modelo de industria para Europa» de la Comisión incluye elementos importantes para fomentar la soberanía tecnológica en áreas de seguridad críticas. En particular, el concepto de cadenas de valor estratégicas debería utilizarse como marco para un enfoque global que abarcara todo el ciclo industrial, desde el suministro de materiales críticos hasta la industrialización y el mantenimiento, y que coordinara el uso de todos los instrumentos políticos adecuados, incluido el control de las inversiones extranjeras directas.

2.20.

El próximo marco financiero plurianual tendrá que adaptarse a las necesidades de la era (posterior) a la COVID-19, al igual que deberán hacerlo las políticas que cuentan con el apoyo del MFP y los programas que este financia. Deberán revisarse las prioridades y los instrumentos previamente definidos y tenerse en cuenta las lecciones extraídas de las dificultades de Europa para hacer frente a la pandemia. Esto también es aplicable a la Unión de la Seguridad y a la nueva Estrategia de Seguridad Interior, que debería hacer hincapié en la necesidad de una mayor soberanía y resiliencia tecnológicas.

2.21.

Para superar la recesión desencadenada por la pandemia, la UE debería centrar las inversiones durante el próximo ciclo presupuestario en los sectores de alta tecnología, ya que son los que tienen el mayor valor añadido y un efecto multiplicador para la economía en su conjunto (13). Una estrategia industrial de la UE en materia de seguridad que contribuya a una Europa más autónoma y resiliente encajaría perfectamente en este enfoque y, por lo tanto, debería acometerse con carácter urgente en el marco del plan de recuperación COVID-19 de la Unión.

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(1)  Dada su diversidad, no existe en la actualidad una definición clara del sector de la seguridad y solo se dispone de estimaciones aproximadas de su talla comercial. Una serie de factores obstaculiza la clasificación metodológica de esta industria: 1) el sector de la seguridad no figura como tal en las principales nomenclaturas estadísticas (NACE, Prodcom, etc.); 2) la producción de artículos relacionados con la seguridad queda oculta bajo un amplio abanico de rúbricas y las estadísticas al respecto no se desglosan entre actividades relacionadas o no con la seguridad, y 3) a escala europea no existe ninguna fuente de datos estadísticos procedentes del propio sector. Véase el Informe final elaborado por Ecorys por encargo de la Comisión Europea, DG Migración y Asuntos de Interior, de junio de 2015, titulado Study on the development of statistical data on the European security technological and industrial base (Estudio sobre el desarrollo de datos estadísticos relativos a la base industrial y tecnológica de la seguridad europea).

(2)  Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la Agenda Europea de Seguridad para luchar contra el terrorismo y allanar el camino hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva, Bruselas, 20.4.2016, COM(2016) 230 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1591607012779&uri=CELEX:52016DC0230.

(3)  Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo (DO L 88 de 31.3.2017, p. 6).

(4)  Directiva relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).

(5)  Reglamento relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de las inspecciones fronterizas (DO L 312 de 7.12.2018, p. 14) y Reglamento relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen (SIS) en el ámbito de la cooperación policial y de la cooperación judicial en materia penal (DO L 312 de 7.12.2018, p. 56).

(6)  Reglamento relativo a la interoperabilidad (fronteras y visados) (DO L 135 de 22.5.2019, p. 27) y Reglamento relativo a la interoperabilidad (cooperación policial y judicial, asilo y migración) (DO L 135 de 22.5.2019, p. 85).

(7)  Reglamento relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) (DO L 295 de 21.11.2018, p. 99).

(8)  Reglamento relativo a ENISA (Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad) y a la certificación de la ciberseguridad de las tecnologías de la información y la comunicación (DO L 151 de 7.6.2019, p. 15).

(9)  Reglamento sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas (DO L 295 de 14.11.2019, p. 1).

(10)  Reglamento por el que se establece un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV) (DO L 236 de 19.9.2018, p. 1).

(11)  A precios corrientes. Véase la Comunicación de la Comisión sobre «El presupuesto de la UE: motor del plan de recuperación para Europa», Bruselas, 27.5.2020, COM (2020) 442, final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1591607937854&uri=CELEX:52020DC0442.

(12)  Comunicación de la Comisión sobre «Un nuevo modelo de industria para Europa», Bruselas, 10.3.2020, COM (2020) 102 final: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1591608126522&uri=CELEX:52020DC0102.

(13)  Véase, por ejemplo, Il ruolo dell’innovazione e dell’alta tecnologia in Italia nel confronto con il contesto internazionale (El papel de la innovación y de la tecnología avanzada en Italia en relación con el contexto internacional), Centro economia digitale, Roma, octubre de 2019.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Introducción de medidas de salvaguardia para los productos agrícolas en los acuerdos comerciales»

(Dictamen de iniciativa)

(2020/C 364/07)

Ponente:

Arnold PUECH D’ALISSAC

Decisión del Pleno	20.2.2020
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Aprobado en sección	29.6.2020
Aprobado en el pleno	16.7.2020
Pleno n.o	553
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	204/2/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El refuerzo de la cooperación internacional es un requisito previo para que las cláusulas de salvaguardia sean eficaces.

1.1.1.

El CESE subraya que el suministro de alimentos para la humanidad sigue y seguirá siendo un gran desafío al menos hasta 2050. Para alimentar a una población de entre 9 000 y 10 000 millones de seres humanos, se necesitarán todos los medios agrícolas del mundo. La FAO estima que la producción mundial deberá aumentar en un 70 % entre 2007 y 2050. Por lo tanto, es necesario proteger la capacidad de producción de cada país, promoviendo unas políticas agrícolas y comerciales apropiadas, y asegurando al mismo tiempo un comercio internacional organizado para hacer frente tanto a los imprevistos de la producción como a las carencias permanentes de determinadas zonas geográficas.

1.1.2.

Para el CESE, resulta indispensable armonizar las normas de producción a fin de evitar distorsiones de la competencia y permitir que cada país produzca alimentos básicos.

1.2.

Se debería fijar como objetivo mejorar la transparencia de los mercados.

1.2.1.

Puesta en marcha en 2011 por la reunión de ministros de Agricultura del G20, la iniciativa AMIS (Agricultural Market Information System [Sistemas de Información de los Mercados Agrícolas]), que reúne a los principales productores e importadores mundiales de cereales y granos oleaginosos, permite conocer la situación real de los mercados y constituye también una institución donde tiene lugar el diálogo y la coordinación entre los responsables gubernamentales en una época caracterizada por la gran volatilidad de los mercados agrícolas. Esta iniciativa ha demostrado su utilidad, pero aún se debe seguir desarrollando, en lo que respecta al número de países participantes y a su ámbito de actuación, para incluir también otros productos que se comercializan en los mercados mundiales.

1.3.

Las cláusulas de salvaguardia agrícolas de la OMC, tanto las generales como las que se incluyen en los acuerdos bilaterales, se deben mejorar a partir de distintos criterios que el CESE enumera en el presente Dictamen. Lo que se pretende es asegurar una competencia justa y la sostenibilidad de las industrias europeas, garantizando la soberanía alimentaria en beneficio de todos los ciudadanos, tanto productores como consumidores. Esta necesidad de una soberanía alimentaria ha quedado sobradamente de manifiesto durante la pandemia de COVID-19.

1.3.1.   Una reacción rápida

Las cláusulas actuales resultan ineficaces debido a que los plazos de aplicación han sido demasiado largos. Sin embargo, gracias a la digitalización de la economía, los datos pueden estar disponibles en cuestión de horas. Hoy en día, el seguimiento de los volúmenes y los precios es eficaz y permite reaccionar con rapidez.

1.3.2.   Una reacción automática

Con un conocimiento preciso de los intercambios, es posible regular fácilmente los flujos comerciales. La implantación concertada entre exportadores e importadores podría realizarse de forma automática, en cuanto se observe un aumento del 10 % en el volumen de los intercambios comerciales durante un período de tiempo definido, por ejemplo, un año. Si el aumento está justificado por una circunstancia imprevista que ha provocado una disminución de la producción, la cláusula no se activaría. En cambio, si el aumento no está justificado, se aplicaría un derecho de aduana adicional para limitar dicho aumento.

1.3.3.   Una respuesta proporcionada

Según las características y el origen del aumento de los flujos comerciales, la reacción ha de ser proporcionada con el fin de reducir ese aumento o de garantizar la suspensión efectiva de los flujos que provocan desestabilización en las industrias afectadas.

1.3.4.   Una reacción exhaustiva

Deben tenerse en cuenta todos los flujos de importación, con independencia de su condición y sin notificación previa. Precisamente para los productos denominados «sensibles» se conceden contingentes con derechos reducidos en los acuerdos de libre comercio (ALC) y estos sectores son los que se desestabilizan con más rapidez. Por lo tanto, también deben estar sujetos a las cláusulas de salvaguardia.

1.3.5.   Medidas denominadas «espejo»

La introducción de medidas espejo en la reglamentación europea sobre la importación debe, por una parte, garantizar la misma protección del consumidor con independencia del origen de los productos y, por otra, limitar las distorsiones económicas para los operadores europeos.

1.3.6.   Consideración del marco de aplicación del Acuerdo de París

Los compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero constituyen un desafío internacional de primer orden. Si algunos países los incumplen, no deberían beneficiarse de ellos en términos comerciales. Se debe implantar un mecanismo de ajuste de carbono en frontera en el ámbito del sector agroalimentario. Dada su complejidad, y a la espera de su aprobación, se deben obtener en la OMC cláusulas de salvaguardia específicas del Acuerdo de París e incluirlas en todos los acuerdos de libre comercio negociados por la Comisión Europea.

1.3.7.   Consideración de los objetivos de desarrollo sostenible

Al igual que en el Acuerdo de París, se deben obtener en la OMC cláusulas de salvaguardia e incluirlas en todos los acuerdos firmados por la Unión Europea.

2.   Concepto e historial de las cláusulas de salvaguardia

2.1.

La OMC dispone cláusulas específicas para el sector agrícola, pero limita el uso de las mismas.

2.1.1.

Las medidas de salvaguardia se definen como medidas «de emergencia» relacionadas con el aumento de las importaciones de determinados productos, cuando dichas importaciones causan o amenazan con causar un perjuicio grave al sector de producción nacional del país importador. Estas medidas, que de forma general se concretan en una suspensión de concesiones u obligaciones, pueden consistir en la aplicación de restricciones cuantitativas a las importaciones o en un incremento de los derechos de aduana para las importaciones.

2.1.2.

En el ámbito de la agricultura, la aplicación de aranceles de salvaguardia más elevados se puede activar de forma automática cuando el volumen de las importaciones supera un determinado nivel o los precios descienden por debajo de un determinado nivel, sin necesidad de demostrar que se ha causado un perjuicio grave al sector de producción nacional.

2.1.3.

Sin embargo, la cláusula de salvaguardia especial para la agricultura solo puede invocarse respecto de aquellos productos para los que se ha llevado a cabo la arancelización y siempre que el gobierno se haya reservado el derecho de hacerlo en su lista de compromisos relativos a la agricultura. Además, no se puede invocar en el caso de importaciones incluidas en el marco de contigentes arancelarios.

2.2.

Los acuerdos de libre comercio bilaterales permiten ir más lejos.

2.2.1.

Los ALC deben abarcar el grueso de los intercambios comerciales y favorecer la liberalización del comercio entre los países signatarios sin crear obstáculos al comercio con el resto del mundo. Ante las dificultades del proceso de negociación multilateral en la OMC, a lo largo de los últimos años se han negociado numerosos ALC.

2.2.2.

La Unión Europea se muestra partidaria de esta opción para impulsar la liberalización del comercio y avanzar en aspectos no consensuados, como los capítulos relativos al desarrollo sostenible. Sin embargo, los últimos acuerdos han expuesto los límites de este sistema y las dificultades para elaborar un enfoque común o para considerar plenamente otros acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París.

2.3.

El comercio agroalimentario internacional continúa siendo indispensable.

2.3.1.

La búsqueda de la autosuficiencia alimentaria se topa con varios obstáculos, empezando por la expansión demográfica, que a menudo obliga a recurrir a las importaciones. Así pues, los intercambios comerciales contribuyen de forma decisiva a la seguridad alimentaria del planeta. El reto para los Estados radica en encontrar el equilibrio adecuado entre el desarrollo de su propia producción agrícola y la apertura al comercio. Pero también en velar por que su agricultura, cuando sea posible, y en unas condiciones que no distorsionen indebidamente la competencia, pueda dar respuesta a la demanda internacional y exportar alimentos a países que no son capaces de producir las cantidades necesarias para satisfacer sus necesidades.

2.3.2.

Un estudio prospectivo del Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE, Instituto Nacional francés de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente) muestra que, hasta el año 2050, la concentración de las exportaciones agrícolas mundiales podría incrementarse aún más. Ello beneficiaría sobre todo a un reducido número de países o regiones donde el cambio climático tendría un impacto positivo en la agricultura, al ampliar sus superficies cultivadas y el rendimiento de los cultivos.

2.4.

El comercio agrícola se utiliza de forma inadecuada en la diplomacia. El sector agrícola es víctima de negociaciones políticas que no le conciernen: ya sea en el conflicto entre China y Estados Unidos, el que enfrenta a Boeing y Airbus o en la fase final de las negociaciones comerciales, el sector agrícola es habitualmente objeto de represalias y contrapartidas en la negociación.

3.   Carencias de las cláusulas de salvaguardia actuales

3.1.

Los procedimientos de salvaguardia son demasiado largos y laboriosos.

3.1.1.

La introducción de cláusulas de salvaguardia ha resultado larga y laboriosa en ocasiones anteriores, lo que las hace ineficientes. Si bien la Unión Europea es uno de los miembros de la OMC que se ha reservado el derecho de invocar esta cláusula con respecto a numerosos productos, en la práctica, casi nunca la aplica. Por ejemplo, cuando se produjo el «desvío» de pollo en salmuera congelado (si está en salmuera, no es necesario congelarlo) de Brasil, la reducción del derecho de aduana que se aplicó en su momento permitió incrementar las importaciones de carne de ave de corral, entre 1996 y 2001, sin que se aplicasen cláusulas de salvaguardia.

3.2.

Los procedimientos actuales no garantizan una competencia equitativa.

3.2.1.

Los productores de terceros países que no están obligados al estricto cumplimiento de las normas europeas poseen una ventaja competitiva importante. Así pues, en el último acuerdo firmado con Canadá, los productores canadienses tienen la posibilidad de utilizar en torno a 40 productos fitosanitarios que están prohibidos en la Unión Europea, como la atrazina, lo que reduce considerablemente sus costes de producción. Los países americanos utilizan semillas OGM cuya comercialización está autorizada en la Unión Europea, pero no así la producción, en particular, las de proteínas vegetales como la soja.

3.2.2.

La consecuencia de estas discrepancias es un aumento de las importaciones de productos agrícolas, sobre todo de productos agrícolas no elaborados. Esto podría incluso poner en tela de juicio la soberanía alimentaria europea. Según la última publicación Agri-food trade statistical factsheet de la Comisión Europea (1), el déficit de la balanza comercial de la UE en lo que respecta a los productos agrícolas no elaborados superará los 20 000 millones de euros en 2019.

3.3.

Estas carencias también penalizan a los consumidores. La ausencia de reglamentación da lugar a una excesiva volatilidad de los precios, que ha aumentado en los últimos años. La especulación generada en los mercados agrícolas acentúa aún más esta volatilidad, dificultando el acceso a los alimentos para muchos consumidores con ingresos bajos. Además, la desestabilización de las industrias provoca una disminución de la capacidad de producción, lo cual redunda en detrimento de la seguridad de abastecimiento de los consumidores.

3.4.

La COVID-19 ha puesto de relieve, de una forma trágica, tanto la necesidad del comercio agrícola como la indispensable soberanía alimentaria. Por consiguiente, en materia de comercio internacional, la Unión Europea debe dotarse de las herramientas necesarias para aumentar su resiliencia frente a los impactos económicos para, de este modo, restablecer la confianza, la estabilidad y una prosperidad compartida para el conjunto de los europeos.

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(1)  Comisión Europea: Ficha informativa de estadísticas sobre comercio agroalimentario

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Emergencia post-COVID-19: un plan para una Nueva Matriz Multilateral»

(Dictamen de iniciativa)

(2020/C 364/08)

Ponente:

Emmanuelle BUTAUD-STUBBS

Decisión del Pleno	20.2.2020
Fundamento jurídico	Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Relaciones exteriores
Aprobado en sección	16.6.2020
Aprobado en el pleno	16.7.2020
Pleno n.o	553
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	213/3/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

La COVID-19 y el multilateralismo

1.1.

El profundo impacto económico, social y financiero sin precedentes de la crisis sanitaria de la COVID-19 requiere una respuesta a largo plazo inequívoca y excepcional. Es necesario que la Unión Europea (UE) apoye la economía y el comercio internacional (para evitar que el comercio mundial pierda terreno, como ocurrió en 1929) y financie la recuperación, protegiendo al mismo tiempo a las empresas, los trabajadores de todo tipo (incluidas las personas con discapacidad), los grupos vulnerables y los ciudadanos, con espíritu de solidaridad y responsabilidad y sin dejar a nadie atrás. Todas las empresas, incluidas las de economía social, son partes esenciales de la solución, y necesitan tener pleno acceso a las medidas de recuperación.

1.2.

La recuperación después del «Gran Confinamiento» debe basarse en la sostenibilidad y en un crecimiento integrador y ecológico. Por lo tanto, las medidas del Pacto Verde son más pertinentes que nunca (estrategia industrial, ajuste en frontera de las emisiones de carbono y neutralidad climática para 2050).

1.3.

La crisis de la COVID-19 ha asestado un duro golpe a un multilateralismo que ya se encontraba debilitado por deficiencias estructurales —como el solapamiento entre organizaciones, su funcionamiento cada vez más anticuado, su elevado número de miembros y un proceso de toma de decisiones basado en la unanimidad— y que se ha concretado en la disolución del Órgano de Apelación del sistema de solución de diferencias de la OMC, la suspensión de la contribución financiera de los Estados Unidos (EE.UU.) a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la posterior retirada del país norteamericano de esta. Asimismo, las restricciones nacionales a la exportación de suministros médicos esenciales y equipos de protección individual, incluso entre Estados miembros de la UE, los egoísmos nacionales y las deficiencias de solidaridad y cooperación internacional afectan negativamente a los países más vulnerables y retrasan la recuperación de la economía mundial.

Necesidad de una visión más holística

1.4.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) desea compartir sus reflexiones sobre una «Nueva Matriz Multilateral» a partir de la extensa lista de propuestas anteriores [sobre la reforma de la OMC, el papel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros], y presentar nuevas soluciones para la era post-COVID-19 (1).

1.5.

Esta reflexión, realizada durante la crisis, tiene por objeto inspirar una nueva cooperación y una mayor coherencia en las decisiones adoptadas por las organizaciones internacionales, supranacionales e intergubernamentales en materia de comercio e inversiones, trabajo decente, derechos sociales y humanos y cambio climático, así como alentar a los miembros de estas organizaciones a respetar el principio de cooperación leal en estas organizaciones y a fomentar sinergias, en lugar de explotar sus lagunas.

1.6.

Después de cada guerra mundial, los ciudadanos recurrieron a las organizaciones internacionales para mantener la paz y la prosperidad. Es precisamente en este momento de crisis sanitaria mundial cuando hay que replantearse las normas de gobernanza mundial e integrar algo del espíritu de innovación que se manifiesta ante las situaciones sin precedentes.

Un conjunto de propuestas concretas

1.7.

Varias partes interesadas de muy diversos ámbitos (véase el anexo) han ayudado al ponente a identificar sugerencias, teniendo en cuenta las limitaciones jurídicas, políticas y organizativas.

1.8.

Estas propuestas tienen por objeto garantizar una mejor coordinación entre: — las normas sociales mundiales y los compromisos relativos al cambio climático y la protección del medio ambiente; — las normas relacionadas con el comercio y los tratados sobre el cambio climático y la protección del medio ambiente; y — las normas relacionadas con el comercio y las normas sociales mundiales.

1.9.

Entre ellas figuran un mayor acceso al estatuto de observador, la financiación para la promoción de estudios, la creación de nuevos grupos de trabajo, la mejora de la coordinación entre las Secretarías, las políticas comunes en el ámbito de la investigación, la interpretación de algunas disposiciones jurídicas existentes y los compromisos políticos.

1.10.

El CESE es consciente de que los cambios deben iniciarse a nivel político, y está firmemente convencido de que la UE, siendo uno de los pocos actores mundiales con un deber constitucional y un mandato de buena gobernanza mundial, tiene un papel crucial que desempeñar en la configuración desde dentro de una matriz multilateral más eficiente.

2.   Los escasos resultados de nuestro reiterado llamamiento a la coherencia de las normas multilaterales

2.1.    Un alegato de los actores clave de la sociedad civil

2.1.1.

Muchas partes interesadas han pedido en repetidas ocasiones una mayor coherencia en la formulación de políticas por parte de las organizaciones internacionales, supranacionales e intergubernamentales.

2.1.2.

En cuanto a la comunidad empresarial, la Cámara de Comercio Internacional (CCI) señaló, en particular, que «uno de los puntos de tensión subyacentes en el actual debate sobre la globalización es la disonancia que se percibe entre las normas comerciales, laborales y ambientales» (2).

2.1.3.

La cumbre de sindicatos de los países del G7 de 2019 también declaró que «la gobernanza mundial debería tener más en cuenta los actuales desafíos sociales, incluidos la necesidad de nuevas capacidades para los trabajadores, la garantía de trabajos decentes conforme a las normas internacionales y las condiciones para que las empresas apoyen la productividad, el aumento de los salarios y la creación de buenos empleos» (párrafo 3).

2.2.    Panorámica general de las etapas anteriores

2.2.1.   Comprender la complejidad de la globalización

2.2.1.1.

Las Naciones Unidas desempeñan un papel importante, siendo la mayor organización internacional capaz de elaborar reglas y normas con la cobertura geográfica más amplia. Esta es la razón por la que el CESE apoya una reforma de las Naciones Unidas, que debe pasar de un enfoque basado en los procedimientos a un enfoque basado en los resultados. En septiembre de 2015, las Naciones Unidas adoptaron diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que recogen los desafíos más universales de la humanidad. Aunque los ODS no son legalmente vinculantes, se espera que los gobiernos —incluidas las instituciones de la UE— los asuman como propios y creen marcos nacionales para su consecución.

2.2.1.2.

En 2017, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que «necesit[áb]amos arreglar la globalización, si bien no [sabíamos] exactamente cómo hacerlo» (3). En el documento de orientación se enumeraban las políticas de acompañamiento (mercado social y laboral, educación y cualificaciones, y responsabilidad social y medioambiental de las empresas) y se hacía referencia a «la urgente necesidad de fomentar la consulta pública y la participación de los interesados de la sociedad civil» en las actividades de las organizaciones internacionales relacionadas con la elaboración de normas.

2.2.2.   Normas sociales mundiales y reglas comerciales multilaterales: la historia de una oportunidad desaprovechada

2.2.2.1.

Justo después del intento fallido de insertar una cláusula social en sus normas, en 1996 (4) la OMC aclaró que la OIT era el «órgano competente para establecer […][las] normas [fundamentales del trabajo] y ocuparse de ellas». Desde entonces, la OIT ha adoptado varios instrumentos fundamentales. La sección 5 de la Declaración de 1998 de la OIT reconoció «que las normas de trabajo no deberían utilizarse con fines comerciales proteccionistas y que nada en la presente Declaración y su seguimiento podrá invocarse ni utilizarse de otro modo con dichos fines; además, no debería en modo alguno ponerse en cuestión la ventaja comparativa de cualquier país sobre la base de la presente Declaración y su seguimiento».

2.2.2.2.

En su Declaración del Centenario de 2019, la OIT marca el camino comprometiéndose al «fortalecimiento de su cooperación y el establecimiento de acuerdos institucionales con otras organizaciones a fin de promover la coherencia entre las políticas en cumplimiento de su enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas, reconociendo los vínculos sólidos, complejos y cruciales que existen entre las políticas sociales, comerciales, financieras, económicas y medioambientales» (sección IV, letra F).

2.2.2.3.

Aunque mantienen trayectorias separadas, la OIT y la OMC colaboran en diversos ámbitos y, en particular, elaboran interesantes publicaciones conjuntas sobre el comercio y el empleo, el comercio y el empleo informal, la realización de una globalización socialmente sostenible y la importancia de las políticas de desarrollo de capacidades para ayudar a los trabajadores y a las empresas a aprovechar los beneficios del comercio.

2.2.2.4.

Esta política de cooperación nunca cruzó la línea roja de la Declaración ministerial de la OMC de Singapur de 1996, en la que se afirmaba: «Rechazamos la utilización de las normas laborales con fines proteccionistas y convenimos en que no debe cuestionarse en absoluto la ventaja comparativa de los países, en particular de los países en desarrollo de bajos salarios. A este respecto, tomamos nota de que las Secretarías de la OMC y la OIT proseguirán su actual colaboración».

2.2.3.   La integración gradual de los compromisos sobre el clima y el medio ambiente en el ámbito multilateral

2.2.3.1.

Desde 1994, cuando entró en vigor la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), los gobiernos se han reunido periódicamente para hacer un seguimiento del progreso realizado mediante un sistema sólido de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, no fue hasta finales de 2015 cuando se aprobó el Acuerdo de París, el primer acuerdo mundial jurídicamente vinculante sobre el cambio climático, que establecía un sistema de contribuciones determinadas a nivel nacional que debían ser objeto de supervisión.

2.2.3.2.

Con su condición de observadora en la CMNUCC y su mandato de avanzar en materia de trabajo decente y una transición justa, la OIT realizó contribuciones sustanciales a la labor del Foro ampliado sobre los efectos de la aplicación de las medidas de respuesta (2015-2018). El Foro investigó, en particular, los efectos y las repercusiones jurídicas —tanto internas como externas o transfronterizas— derivados de la aplicación de las políticas, los programas y las medidas de mitigación adoptados por las Partes en virtud de la Convención, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París para combatir el cambio climático.

2.2.3.3.

Tras la firma de un memorando de entendimiento en 2016, el personal y los expertos de la OIT y la CMNUCC desarrollaron en estrecha colaboración una serie de iniciativas para mejorar la comprensión mutua: formación sobre la función de los agentes sociales, desarrollo de capacidades para medir el impacto de las medidas relativas al cambio climático, talleres regionales sobre la transición justa y un foro global bianual.

2.2.3.4.

El principal canal de acción de la OIT en materia de medio ambiente es una asociación conjunta con el PNUMA, el PNUD, la ONUDI y el UNITAR, denominada Alianza de Acción para una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés).

2.2.3.5.

A esta iniciativa se suman varios Acuerdos Multilaterales sobre el Medio Ambiente (AMUMA). Utilizados predominantemente en el marco de las Naciones Unidas, estos abarcan una amplia gama de cuestiones ambientales relacionadas con los ámbitos de la biodiversidad, la tierra, los mares, los productos químicos y los residuos peligrosos o la atmósfera. La UE ha suscrito unos treinta acuerdos de este tipo.

2.2.3.6.

Además de la red de las Naciones Unidas, el Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC proporciona un foro para la celebración de actos y el intercambio de información y opiniones sobre el comercio y la sostenibilidad (es decir, la economía circular, las iniciativas voluntarias en materia de normas, la reforma de los subsidios a los combustibles fósiles, el plástico, etc.).

2.2.3.7.

Según la jurisprudencia de la OMC, los miembros pueden adoptar medidas para mejorar la salud de los ciudadanos, la protección del medio ambiente o la conservación de la biodiversidad, siempre que estas cumplan los criterios establecidos para garantizar el cumplimiento de las normas y los procedimientos de la OMC. Estas excepciones, basadas en el artículo XX del GATT, se consideran compatibles si son proporcionadas y no discriminatorias. La aplicación de estas medidas no debe constituir «un medio de discriminación arbitrario o injustificable» ni «una restricción encubierta del comercio internacional».

2.2.3.8.

Renato Ruggiero, Director General de la OMC, expuso muy claramente en una conferencia celebrada en Bonn, el 9 de diciembre de 1997, los límites de lo que un gobierno puede o no puede hacer: «Los gobiernos pueden utilizar cualquier tipo de restricción comercial, incluidas las cuotas y prohibiciones de importación y exportación, o la imposición de impuestos u otros gravámenes en la frontera, con el fin de proteger el medio ambiente o conservar los recursos dentro de su jurisdicción, siempre que se cumplan los requisitos básicos relativos a la no discriminación y a la restricción del comercio mínimo. […] Sin embargo, lo que un país no puede hacer acogiéndose a las normas de la OMC es aplicar restricciones comerciales para tratar de alterar los procesos y métodos de producción —u otras políticas— de sus socios comerciales. ¿Por qué? Básicamente porque la cuestión de los procesos y métodos de producción es competencia soberana de cada país».

2.2.3.9.

Esta limitación, que impide la injerencia en los procesos y métodos de producción, constituye un claro obstáculo al establecimiento de incentivos para la producción y el comercio de bienes duraderos.

2.2.4.   Recursos bilaterales para una mayor coherencia entre las reglas económicas, sociales y ambientales

2.2.5.   Méritos y límites de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible

2.2.5.1.

La UE creó capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en los acuerdos de libre comercio (ALC) para garantizar que la liberalización del comercio y las inversiones no condujeran a un deterioro de las condiciones ambientales y laborales.

2.2.5.2.

En 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció el «lugar esencial» que desempeñan las disposiciones sobre desarrollo sostenible en un acuerdo (5).

2.2.5.3.

En 2018 (6), el CESE pidió una mayor ambición y aplicación efectiva de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible, los cuales debían tener el mismo peso que los referidos a cuestiones comerciales, técnicas o arancelarias.

2.2.5.4.

En 2016, la OIT (7) informó de que el 63 % de los acuerdos con disposiciones laborales se adoptaron después de 2008, lo que indicaba una aceleración, y que el 46,8 % de los acuerdos de libre comercio con disposiciones laborales afectaban a la UE, los Estados Unidos o Canadá. Los textos de referencia son, en orden descendente, la Declaración de la OIT de 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, el Convenio núm. 182 (sobre el trabajo infantil), el Programa de Trabajo Decente y la Declaración sobre la justicia social.

3.   Nuevas ideas para diseñar una Nueva Matriz Multilateral

3.1.    Premisas generales

3.1.1.

Toda nueva propuesta de mayor cohesión debe respetar cuatro principios: — especialización: «las organizaciones internacionales solo tienen competencias en la medida en que estas les han sido conferidas por sus Estados miembros» (8); — capacidad de decisión: las organizaciones tienen normas y procedimientos internos claros que permiten actuar a sus órganos rectores (comités técnicos o asambleas generales); — transparencia: cualquier cambio funcional, como la introducción de grupos conjuntos, nuevos estatutos o declaraciones comunes debe comunicarse de forma transparente tanto interna como externamente; — evaluación: debe fomentarse una cultura de evaluación interna del propio funcionamiento.

3.1.2.

El CESE apoya por principio una comunicación y consulta más abiertas con la sociedad civil sobre las políticas de las organizaciones internacionales, y pide que se establezcan gradualmente procesos de diálogo permanente. En vista de su experiencia, el CESE está dispuesto a desempeñar un papel piloto como facilitador en el establecimiento de dichos procedimientos. A imagen de la CMNUCC y la OCDE, que mantienen un fructífero diálogo con un amplio abanico de interlocutores, la OMC ha reforzado recientemente su compromiso con la sociedad civil, más allá de su foro público anual. Estos contactos pueden contribuir de manera significativa a un sistema multilateral de comercio más eficaz y democrático. El CESE agradece el apoyo de la CE para potenciar la voz de la sociedad civil a nivel multilateral y acoge con satisfacción la medida 6 del reciente plan de acción del Grupo de Ottawa, que consta de seis medidas (9).

3.1.3.

La capacidad de negociación de los interlocutores sociales también exige un mayor reconocimiento. La Declaración tripartita de los interlocutores sociales a nivel internacional y el conjunto de acuerdos marco multinacionales contienen normas e instrumentos prácticos útiles (normas sociales, relaciones con los proveedores, diálogo social, lucha contra el trabajo forzoso e infantil).

3.2.    Un conjunto de herramientas multilaterales

Integrar la OMC en el sistema de las Naciones Unidas desde un punto de vista funcional

3.2.1.

Las Naciones Unidas, con su red de organismos especializados —como la OIT, la UNESCO, la OMS, el FMI, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo— representan el pilar del orden internacional. Si bien las normas comerciales deben contribuir a la consecución de los ODS, la OMC se ha creado como una organización independiente y permanece fuera del sistema de las Naciones Unidas. No obstante, el director general de la OMC participa en la Junta de Jefes Ejecutivos (JJE) de las Naciones Unidas con todos los directores generales de los organismos especializados y principales órganos de las Naciones Unidas. El CESE sugiere que la OMC mantenga informada a la JJE sobre cualquier posible progreso en el sistema de normas comerciales que contribuya a la consecución de los ODS.

3.2.2.

La referencia explícita al «desarrollo sostenible» que figura en el Preámbulo del Acuerdo sobre la OMC de 1994 debe interpretarse en el sentido de que engloba los ODS, que representan la nueva encarnación, universalmente acordada, de la sostenibilidad en el derecho internacional. La OMC parece aceptar esto, ya que se declara en su sitio web como «central para la consecución de los ODS».

Una mayor vinculación entre normativas diferentes

3.2.3.   Normas sociales y ambientales más estrictas

3.2.3.1.

En 2018, la OIT elaboró varios estudios sobre el impacto potencial global del Acuerdo de París, sobre la cuestión de la transición ecológica y las competencias laborales (10) o sobre las competencias para un futuro más verde y el impacto del calentamiento en las condiciones de trabajo (11).

3.2.3.2.

El CESE pide una mayor difusión de estos informes y apoya la organización de talleres regionales financiados por la Comisión Europea en los países en desarrollo, en particular en aquellos menos adelantados y en las economías insulares y vulnerables, que son las más afectadas socialmente por los brutales efectos del calentamiento del planeta.

3.2.3.3.

En 2015, la OIT publicó las Directrices de política para una transición justa hacia economías y sociedades ambientalmente sostenibles para todos. El CESE sugiere que los servicios de la Comisión hagan un mayor uso de estas directrices en sus actividades relacionadas con la elaboración de normas. Además, la actualización de estas directrices debería figurar en el programa del Consejo de Administración de la OIT.

3.2.4.   Otros vínculos entre las normas comerciales y las normas sociales

3.2.4.1.

Por razones de reciprocidad, el CESE desearía que la OMC concediera a la OIT la categoría oficial de observador en las reuniones de sus principales órganos y comités. Esto impulsaría la participación de la OIT en los órganos internos de la OMC más allá de su asistencia a las conferencias ministeriales de la OMC y podría contribuir a integrar el respeto de las normas laborales internacionales en el marco del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC) de la OMC. El CESE sugiere que se cree temporalmente un grupo de trabajo específico entre las Secretarías de la OMC y la OIT para elaborar y presentar directrices antes de junio de 2021.

3.2.4.2.

Además, la Comisión Mundial de la OIT sobre la dimensión social de la globalización debería reactivarse y reforzarse a la luz de las repercusiones de la COVID-19 en las cadenas de valor mundiales. De acuerdo con su Dictamen sobre un tratado vinculante de las Naciones Unidas (12), el CESE aboga, durante la Presidencia alemana de la UE, por un marco reglamentario efectivo para garantizar el respeto de los derechos humanos y el trabajo digno en las cadenas de valor mundiales, que incluya un plan de acción europeo con instrumentos legislativos y metas concretas, así como actuaciones normativas ambiciosas y eficaces a nivel mundial. Tanto la OIT como la OMC deben contribuir en sus respectivas funciones.

3.2.4.3.

En el proceso de examen de los acuerdos comerciales regionales y bilaterales —cuyo número y cobertura geográfica crece constantemente— la OMC debe desempeñar un nuevo papel en el ámbito de las disposiciones laborales. Dado que la mayoría de los nuevos acuerdos de libre comercio contienen disposiciones laborales, la Secretaría de la OMC debería recopilar y comparar este nuevo corpus, así como realizar su seguimiento. Este trabajo de seguimiento podría compartirse con la OIT —dentro del marco de su Plan de acción sobre el trabajo digno en las cadenas mundiales de suministro— y dar lugar a una mayor cooperación entre ambas instituciones.

3.2.5.   Otros vínculos entre las normas y políticas comerciales y climáticas

3.2.5.1.

Una exención climática de la OMC, ya debatida en los círculos académicos y empresariales, podría definir las características, los objetivos de interés general y los criterios de compatibilidad con las normas de la OMC de las «medidas climáticas». Dicha exención permitiría a los miembros de la OMC introducir medidas climáticas a nivel interno (régimen de comercio de derechos de emisión) o en sus fronteras, garantizando que estas no constituyan medidas proteccionistas encubiertas.

3.2.5.2.

Un grupo de trabajo informal de la OMC debería preparar, para la duodécima conferencia ministerial (CM12) de 2021, una declaración ministerial de la OMC sobre comercio y medio ambiente en la que se reconozca el papel del comercio, la política comercial y el sistema de comercio multilateral en el apoyo a los esfuerzos de la comunidad internacional para realizar los ODS y otros compromisos internacionales compartidos en materia de medio ambiente, como el Acuerdo de París. El CESE anima a la Comisión a proseguir sus esfuerzos en este sentido.

3.2.5.3.

El CESE pide a la Comisión Europea que aclare su posición sobre la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles en la UE y que apoye plenamente cualquier iniciativa que surja a nivel multilateral en el marco de la OMC.

3.2.5.4.

El CESE pide que se reanuden rápidamente las negociaciones multilaterales de la OMC sobre un Acuerdo sobre Bienes Ambientales. Este Acuerdo debería vincularse más directamente con el Acuerdo de París, como hace la propuesta del Taipéi Chino de 2019 de un Acuerdo sobre Bienes y Servicios Ambientales vinculado al Acuerdo de París, que se base en la eliminación de los aranceles sobre los bienes y servicios relacionados con la reducción del carbono. «El inicio de una negociación completamente nueva como el Acuerdo sobre Bienes y Servicios Ambientales vinculado al Acuerdo de París, destinada a abordar cuestiones de actualidad como el cambio climático y la liberalización del comercio internacional, será un logro clave para el sistema de comercio multilateral» (13).

3.2.5.5.

Para una mayor coherencia, las secretarías de los AMUMA deberían tener el estatuto de observadores en toda una serie de comités de la OMC, no solo en el Comité de Comercio y Medio Ambiente (los comités que se ocupan de los obstáculos técnicos y de las medidas sanitarias y fitosanitarias, por ejemplo).

3.2.5.6.

El CESE recomienda la creación de un grupo de trabajo conjunto para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la CMNUCC y la OMC. Este grupo se ocuparía de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las cuestiones relativas al comercio internacional y proporcionaría metodologías de medición o sistemas de compensación en el marco de los acuerdos de libre comercio (por ejemplo, mediante la reforestación). Las contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París deberían tener en cuenta esos sistemas de compensación acordados con terceros países.

4.   La contribución de la UE a un nuevo modelo de multilateralismo sostenible

4.1.

Para luchar contra la fuga de carbono, el CESE apoya un mecanismo de ajuste de las emisiones de carbono en las fronteras de la UE que sea compatible con la OMC y equilibre las condiciones de competencia para los sectores intensivos en CO2 (14). El CESE pide a la Comisión Europea que se atenga a su calendario original y presente una propuesta legislativa en la primavera de 2021. La reciente evaluación inicial de impacto (hoja de ruta) ha demostrado el apoyo, en particular, de sectores como el del acero, el cemento, la industria química y la electricidad.

4.2.

El CESE subraya la importancia de que en el próximo Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) se establezca una amplia condicionalidad social y medioambiental para los países receptores [Reglamento (UE) n.o 978/2012 (15)].

4.3.    Disposiciones más estrictas sobre desarrollo sostenible en los acuerdos de libre comercio

4.3.1.

Deberían reforzarse los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los acuerdos comerciales y de inversión de la UE: — Como recomienda el Parlamento Europeo, los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible deberían exigir a ambos socios que ratifiquen y apliquen los instrumentos internacionales básicos sobre derechos humanos (es decir, la Carta Internacional de Derechos Humanos), los convenios básicos de la OIT —incluido el Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores—, el Acuerdo de París y otros acuerdos internacionales sobre el medio ambiente. — El Comité de Seguimiento sobre Comercio Internacional del CESE considera que las evaluaciones de impacto sobre la sostenibilidad deberían revisar el «modelo de equilibrio general calculable […] a la luz de modelos alternativos e incluir una serie más amplia de indicadores para medir los impactos sobre los derechos humanos y laborales, el cambio climático, la biodiversidad, los consumidores y la IED. Es preciso disponer de un conjunto más amplio de indicadores (con una mentalidad abierta hacia los modelos alternativos)». — El CESE pide que se modernicen los mecanismos de los paneles para que no solo los abogados especializados en Derecho mercantil, sino también los expertos en materia de derechos humanos, laborales o climáticos, puedan investigar las quejas presentadas en el marco de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible. En caso de que esos paneles consideren que se producen vulneraciones, se debería poner en marcha un mecanismo de solución de controversias entre Estados, con la posibilidad de imponer sanciones financieras o de otro tipo y de ofrecer compensaciones a la parte agraviada.

4.3.2.

Los futuros acuerdos de libre comercio de la UE deberían incluir una referencia al Acuerdo de París e incentivos como los derechos nulos de importación para los bienes o servicios medioambientales. El artículo 22.3 del CETA, en el que las partes se comprometen a promover flujos comerciales y económicos que contribuyan a fomentar el trabajo digno y la protección del medio ambiente, debería utilizarse con otros socios comerciales (Nueva Zelanda, Australia). Los futuros acuerdos de libre comercio de la UE también deberían ampliar la función de vigilancia de los grupos consultivos nacionales más allá de los ámbitos social, laboral y medioambiental.

4.3.3.

Todo tratado de inversión negociado por la UE, en particular con China, debe contener disposiciones globales sobre: — el uso sostenible de los recursos naturales; — un planteamiento basado en el principio de precaución en lo relativo a la salud humana, los recursos naturales y los ecosistemas; — el principio de participación pública y de acceso a la información y la justicia; y — el principio de integración e interrelación, en particular en relación con los derechos humanos y los objetivos sociales, económicos y medioambientales.

4.3.4.

El próximo nombramiento de un alto responsable de la aplicación de la política comercial de la UE contribuirá a garantizar la aplicación efectiva de los acuerdos comerciales, incluidos los derechos laborales, los compromisos medioambientales y el papel de la sociedad civil.

4.4.    Un papel de liderazgo para la UE en el diseño de una Nueva Matriz Multilateral

4.4.1.

La Unión es uno de los pocos actores mundiales con un deber constitucional y un mandato para «promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza mundial» [artículo 21, apartado 2, letra h) del Tratado de la Unión Europea (TUE)].

4.4.2.

Sin embargo, como organización de integración regional, la UE no ha podido participar plenamente en el trabajo de muchos organismos, órganos y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, teniendo que recurrir a los Estados miembros para defender las posiciones y los intereses de la Unión. Tras más de diez años transcurridos desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en el que se señalaba el compromiso de la UE de promover «soluciones multilaterales a los problemas comunes, en particular en el marco de las Naciones Unidas» (artículo 21, apartado 1 del TUE), es hora de que la Unión, junto con sus Estados miembros, desarrolle una estrategia integrada para obtener una posición más relevante en el sistema de las Naciones Unidas.

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(1)  Dictamen del CESE REX/509 Reformar la OMC para adaptarse a la evolución del mercado mundial (DO C 159 de 10.5.2019), REX/486 — El papel de las políticas de comercio e inversión de la UE en la mejora de los resultados económicos de la UE (DO C 47 de 11.2.2020), REX/500 — Capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en los acuerdos de libre comercio (DO C 227 de 28.6.2018), Documento de reflexión NAT/760 — Hacia una Europa sostenible en 2030 (DO C 14 de 15.1.2020).

(2)  ICC recommendations on WTO reform («Recomendaciones de la CCI sobre la reforma de la OMC», documento en inglés), octubre 2019.

(3)  http://www.oecd.org/about/sge/fixing-globalisation-time-to-make-it-work-for-all-9789264275096-en.htm, p. 9.

(4)  Declaración ministerial de Singapur 1996, apartado 4.

(5)  Dictamen 2/15 de 16 de mayo de 2017, EU:C:2017:376.

(6)  Dictamen del CESE REX/500 — Capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en los acuerdos de libre comercio (DO C 227 de 28.6.2018), apartado 2.4.

(7)  ILO Labour-related provisions in trade agreements: Recent trends and relevance to the ILO, («Disposiciones relacionadas con el trabajo en los acuerdos de comercio: Tendencias recientes y relevancia para la OIT», documento en inglés) GB.328/POL/3, apartado 9.

(8)  Jan Wouters, Cedric Ryngaert, Tom Ruys and Geert De Baere, International Law: A European Perspective («Derecho internacional: Una perspectiva europea», documento en inglés, Oxford, Hart Publishing, 2018), p. 259.

(9)  Canadá preside un grupo de miembros de la OMC, conocido como Grupo de Ottawa, con el fin de abordar retos específicos del sistema multilateral de comercio. Declaración de junio de 2020 del Grupo de Ottawa: «Focusing Action on Covid-19».

(10)  Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2018: Sostenibilidad medioambiental con empleo, Ginebra OIT, 2018.

(11)  Working on a warmer planet: The impact of heat stress on labour productivity and decent work («Trabajando en un planeta más caliente: Las repercusiones del estrés térmico en la productividad laboral y el trabajo decente», documento en inglés), Ginebra, OIT, 2019.

(12)  Dictamen del CESE REX 518 — Tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos (DO C 97 de 24.3.2020, p. 9).

(13)  Documento oficioso de la OMC JOB/TE/19 de 19 enero 2018 (redactado en inglés).

(14)  Dictamen del CESE CCMI/167 — La perspectiva industrial sectorial de conciliar las políticas climática y energética (DO C 353 de 18.10.2019).

(15)  DO L 303 de 31.10.2012, p. 1.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Fiscalidad de la economía colaborativa — Obligaciones de notificación»

(Dictamen adicional)

(2020/C 364/09)

Ponente:

Ester VITALE

Decisión de la Mesa	18.6.2019
Fundamento jurídico	Artículo 29 Normas de desarrollo (2010)
	Dictamen adicional
Sección competente	Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en sección	24.6.2020
Aprobado en el pleno	16.7.2020
Pleno n.o	553
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	210/1/6

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

La fiscalidad y las políticas impositivas deben adaptarse a la constante evolución de la economía colaborativa. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que no deberían desarrollarse regímenes fiscales nuevos o especiales, sino que sería más oportuno adecuar las normativas y modelos fiscales vigentes a los nuevos contextos económicos, manteniendo la igualdad de condiciones entre los diversos operadores implicados.

1.2.

El CESE pide que los sistemas fiscales nacionales tomen en consideración el fenómeno de la economía colaborativa y se atengan, en este sector, a los principios que caracterizan a un sistema de imposición equitativo, es decir, coherencia, previsibilidad y neutralidad, garantizando al mismo tiempo, en aras del interés público, que todas las partes interesadas cumplen con sus obligaciones fiscales.

1.3.

El CESE está convencido de la necesidad de coordinar a escala internacional las políticas impositivas que se apliquen a la digitalización de la economía, así como los instrumentos y soluciones funcionales que se elaboren. Por tanto, el CESE acoge favorablemente la estrecha cooperación entablada entre la Comisión, los Estados miembros y la OCDE/G-20, y reconoce que las formas de colaboración establecidas han dado ya algunos resultados tangibles y que en el futuro pueden conducir a otros más importantes.

1.4.

Es importante que las instituciones internacionales, europeas y nacionales actúen de forma eficaz y con rapidez para afrontar los problemas que plantea la economía digital y colaborativa, siguiendo para ello un enfoque proactivo, y no solo reaccionando cuando surjan problemas concretos.

1.5.

Una cuestión capital en relación con los sistemas tributarios destinados a la economía colaborativa tiene que ver con las obligaciones de las plataformas digitales en términos de recogida, comunicación a las autoridades fiscales y conservación de la información relativa a las transacciones efectuadas (obligaciones de notificación). Estas obligaciones no deberían suponer una carga administrativa excesiva para las plataformas.

1.6.

En efecto, una adecuada puesta en común de la información en el marco de un sistema de recogida e intercambio de datos funcional y proporcionado podría, por un lado, facilitar la actividad de las autoridades fiscales y, por otro, garantizar un sistema seguro y previsible a las empresas, lo que beneficiaría al sector de la economía colaborativa en su conjunto.

1.7.

El CESE espera que se elabore una norma europea aplicable a la recogida de los datos y la información que las plataformas deben comunicar a las autoridades fiscales y conservar en el tiempo sobre sus usuarios. Las obligaciones de notificación deberían ser claras y estar armonizadas entre los distintos Estados miembros. Una norma europea podría limitar las acciones unilaterales por parte de los Estados miembros que darían lugar a una heterogeneidad normativa e incertidumbre en la aplicación en el mercado interior.

1.8.

En cuanto a los principios generales que deberían orientar la intervención normativa en materia de notificación, el CESE considera necesario adoptar un enfoque respetuoso con el principio de proporcionalidad, tal como ha sido definido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por tanto, de forma que permita alcanzar la finalidad normativa perseguida, es decir, una recogida de información clara y útil para la actividad de las autoridades fiscales, sin sacrificar de forma excesiva e indebida el interés privado de las plataformas y de los usuarios finales.

1.9.

El CESE considera que las normas fiscales para la economía colaborativa, incluidas las normas sobre obligaciones de notificación, deberían adaptarse en cada caso a los diversos sectores y actividades de la economía colaborativa, que a menudo difieren.

1.10.

El CESE considera importante examinar si la próxima aplicación de la Directiva sobre determinados requisitos aplicables a los proveedores de servicios de pago en relación con las solicitudes de información para la detección del fraude del IVA podría utilizarse también en el ámbito de la imposición directa en lo que respecta a las obligaciones de notificación.

1.11.

El intercambio de información entre entes privados y autoridades públicas deberá tener lugar, evidentemente, con arreglo a la legislación europea en materia de protección de la privacidad y tratamiento de los datos personales de los particulares, atendiendo a los criterios de necesidad, proporcionalidad e interpretación rigurosa de posibles excepciones a los principios generales en materia de privacidad por razones de aplicación de las normas fiscales.

2.   Introducción y principios generales

2.1.

El desarrollo de políticas fiscales eficaces en relación con el sector de la economía colaborativa constituye un reto tanto para las instituciones europeas y nacionales como para los operadores de este sector. A este respecto, es fundamental garantizar la igualdad de condiciones entre los distintos operadores de la economía colaborativa y entre estos y los operadores tradicionales activos en los mismos sectores.

2.2.

El CESE considera que la economía colaborativa ha crecido de forma constante y considerable en los últimos años y representa una oportunidad de ulterior desarrollo para los países de la Unión Europea (UE), también en el futuro, en la medida en que permite movilizar recursos no utilizados y activar la iniciativa individual de los ciudadanos. Al mismo tiempo, reconoce la necesidad de una regulación que garantice la protección de los consumidores y de los derechos de los trabajadores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la competencia leal.

2.3.

La definición de «economía colaborativa» utilizada en el presente Dictamen hace referencia a modelos de negocio en los que se facilitan actividades mediante plataformas colaborativas que permiten el uso temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares. A este respecto, también desde el punto de vista metodológico, sería importante alcanzar un consenso mínimo entre la UE y los Estados miembros sobre el concepto de «economía colaborativa», a fin de evitar una heterogeneidad significativa entre las distintas definiciones aplicadas en el mercado interior.

2.4.

La economía colaborativa es un fenómeno económico complejo cuya regulación debe abordarse de manera integral, ya que afecta a variados ámbitos de la sociedad y a una pluralidad de instrumentos jurídicos tradicionalmente vinculados a materias diversas. Por ejemplo, la continua evolución de la economía colaborativa repercute en las normas en materia de derechos del consumidor, derecho laboral, seguridad social, derecho contractual, derecho a la privacidad y derecho de los servicios públicos.

2.5.

El CESE destaca la necesidad de que los sistemas fiscales nacionales, debidamente coordinados a nivel europeo, tengan en la debida consideración los nuevos modelos de negocio vinculados al fenómeno de la economía colaborativa. La observancia de los principios de un sistema fiscal equitativo (es decir, coherencia, previsibilidad y neutralidad) en esos nuevos modelos se hace necesaria para todos los afectados: autoridades públicas, empresas y consumidores.

2.6.

Sin embargo, las normas tradicionales en materia fiscal no se adaptan con facilidad a la continua evolución de la tecnología, y frecuentemente se producen desajustes temporales entre el rapidísimo ritmo de la economía digital y el de las normas fiscales. Es conveniente, por tanto, que la adaptación de las normas y los principios tradicionales a los cambios en curso se realice de manera oportuna y adecuada, coordinando la intervención del legislador europeo y de los distintos legisladores nacionales.

2.7.

Es especialmente importante que las instituciones internacionales, europeas y nacionales actúen de forma oportuna, eficaz y coordinada para afrontar los nuevos problemas que plantea la economía digital y colaborativa, adoptando para ello un enfoque proactivo, y no solo reaccionando cuando surjan problemas concretos.

2.8.

El CESE está convencido de que, en el contexto de la digitalización de la economía, las políticas fiscales y el desarrollo de herramientas y soluciones concretas deben coordinarse a nivel internacional o de manera incluso mundial. Por tanto, el CESE acoge favorablemente la estrecha cooperación entablada entre la Comisión, los Estados miembros y la OCDE/G-20, y reconoce que esta colaboración ha dado ya algunos resultados tangibles y en el futuro podrá conducir a otros más importantes.

3.   Obligaciones de notificación

3.1.

Una cuestión capital en relación con los sistemas tributarios de la economía colaborativa tiene que ver con las obligaciones de las plataformas digitales en términos de recogida, comunicación a las autoridades fiscales y conservación de la información relativa a las transacciones efectuadas. En efecto, una adecuada puesta en común de la información en el marco de un sistema de recogida e intercambio de datos funcional y proporcionado podría, por un lado, facilitar la actividad de las autoridades fiscales —que obtendrían los datos de manera rápida y fácil— y, por otro, garantizar un sistema previsible a sus usuarios. Las obligaciones de notificación no deberían suponer una carga administrativa excesiva para las plataformas y los operadores del sector.

3.2.

Existen ya varios ejemplos de colaboración eficaz entre plataformas y autoridades fiscales en el sector del transporte, como en el caso de Estonia y de las disposiciones adoptadas en este país para facilitar la declaración fiscal de los conductores afiliados a plataformas de uso compartido de vehículos. Otro ejemplo de solución innovadora, también en Estonia, consiste en determinar un volumen mínimo y proporcionado de datos que deben comunicarse a las autoridades, y en ofrecer la posibilidad de que los operadores de plataformas utilicen una cuenta corriente específica para las obligaciones fiscales. Esta cuenta corriente propicia una relación directa y rápida entre los operadores, sus bancos y las autoridades fiscales. En algunas regiones, en cambio, las plataformas en línea muestran escasa voluntad de cooperación con las autoridades financieras.

3.3.

A este respecto, el CESE espera que se elabore una norma europea aplicable a la recogida de los datos y la información que las plataformas deben comunicar a las autoridades fiscales y conservar en el tiempo. La multiplicidad de acciones unilaterales por parte de los Estados miembros y la coexistencia en el mercado interior de regímenes heterogéneos generarán, en efecto —y en parte, ya lo están haciendo—, dificultades operativas e ineficiencias en el sector de la economía colaborativa en su conjunto.

3.4.

El desarrollo de un modelo europeo armonizado de notificación debería basarse en la experiencia y las conclusiones sobre el funcionamiento adquiridas hasta ahora en la práctica. En los distintos Estados miembros se aplican hoy sistemas de notificación diferentes entre sí desde el punto de vista organizativo y en lo que respecta a la cantidad y el tipo de datos que deben recogerse y transmitirse. En efecto, en algunos Estados miembros, los sistemas de notificación resultan muy pesados y exigen a las plataformas un considerable esfuerzo, mientras que en otros los sistemas son más flexibles y repercuten menos en el funcionamiento corriente. Las experiencias de algunos Estados miembros muestran también que los sistemas de notificación voluntaria al margen de requisitos legales específicos no funcionan de forma eficaz.

3.5.

El CESE considera que la fragmentación actual no es sostenible a largo plazo, dado que podría dar lugar a costes de cumplimiento excesivos y a ineficiencias vinculadas a la heterogeneidad de las normativas de las distintas zonas del mercado interior. Por esta razón, se debe encontrar un enfoque razonable y proporcionado en materia de notificación, que garantice un sistema simplificado y funcional. En efecto, la simplificación de las obligaciones de notificación podría constituir un incentivo real para el cumplimiento por parte de las plataformas digitales.

3.6.

En cuanto a los principios generales que deberían guiar la intervención normativa en materia de fiscalidad de la economía colaborativa en general y de obligaciones de notificación en particular, el CESE considera necesario adoptar un enfoque respetuoso del principio de proporcionalidad, tal como ha sido definido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE. Por lo tanto, deberá poder alcanzarse la finalidad normativa perseguida, es decir, recoger información clara y útil para la actividad de las autoridades fiscales, sin sacrificar de forma excesiva el interés privado de las plataformas y de los usuarios finales.

3.7.

Este enfoque debería garantizar unas normas claras y previsibles para los operadores del sector, de forma que, por una parte, no se generen unos costes de cumplimiento excesivos (por ejemplo, mediante solicitudes innecesarias y desproporcionadas de datos), y por la otra, se garantice la obtención efectiva de información por parte de las autoridades fiscales.

3.8.

Además, un sistema de notificación proporcionado y razonable debería identificar, desde el punto de vista cualitativo, cuáles son los datos estrictamente necesarios que deben recogerse para la aplicación de las normas fiscales, sin imponer obligaciones excesivas a las plataformas ni a sus usuarios profesionales o finales. Un enfoque proporcionado debería distinguir asimismo entre profesionales activos en el ámbito de la economía colaborativa y sujetos no profesionales, modulando adecuadamente las obligaciones de notificación para esas dos categorías diferentes.

3.9.

Otros aspectos que deberían regularse de forma armonizada a escala europea son: i) las condiciones generales que rigen la legalidad del tratamiento por parte del responsable del tratamiento; ii) las personas afectadas por el tratamiento; iii) los organismos y las finalidades para los que pueden divulgarse los datos personales, iv) la identificación de las modalidades de tratamiento; v) la limitación de las finalidades de tratamiento; vi) los períodos de conservación.

3.10.

El intercambio de información entre entes privados y autoridades públicas deberá tener lugar, evidentemente, con arreglo a la legislación europea en materia de protección de la privacidad y tratamiento de los datos personales de los particulares, atendiendo a los criterios de necesidad, proporcionalidad e interpretación rigurosa de posibles excepciones a los principios generales en materia de privacidad por razones de aplicación de las normas fiscales.

3.11.

A este respecto, podría ser útil mejorar y alentar también el intercambio de información entre las distintas autoridades fiscales nacionales, con el objetivo de estructurar formas de cooperación eficaces y tendentes a evitar fraudes y formas de elusión fiscal, así como para armonizar las prácticas operativas adoptadas por las distintas autoridades.

3.12.

Las normas fiscales de la economía colaborativa, incluidas aquellas sobre los sistemas de notificación, deberían, en cualquier caso, adaptarse a los diversos sectores de la economía colaborativa, ya que las distintas actividades asociadas a cada uno de ellos presentan a menudo características y peculiaridades que requieren normas específicas.

3.13.

El CESE recomienda que, en cualquier caso, se garanticen unas condiciones equitativas desde el punto de vista fiscal para las actividades realizadas a través de la economía colaborativa y para las actividades tradicionales homólogas, con arreglo al principio de neutralidad fiscal, a fin de evitar distorsiones en el funcionamiento de aquellos mercados en los que convivan actividades realizadas de forma tradicional y actividades de la economía colaborativa.

3.14.

Por último, para incentivar el crecimiento de la economía colaborativa, podría ser útil establecer los umbrales mínimos por debajo de los cuales determinadas actividades se consideran no profesionales y no relevantes desde el punto de vista económico, por lo que pueden beneficiarse de exenciones fiscales específicas. No obstante, es importante que esos umbrales se determinen de forma razonable tras un exhaustivo análisis de impacto reglamentario.

4.   IVA y economía colaborativa

4.1.

A efectos del IVA, es fundamental determinar con precisión el concepto de «sujeto pasivo» y comprender si este ejerce una actividad económica. Además, sigue siendo complicado establecer cuál debe ser el trato fiscal reservado a las transacciones efectuadas en el marco de la economía colaborativa que no estén sujetas a un pago en dinero, pero que conlleven en cualquier caso una contraprestación o un contravalor, basados por ejemplo en la utilización y el aprovechamiento de los datos personales de los usuarios.

4.2.

Concretamente, a efectos del IVA es necesario distinguir varios casos por lo que respecta a la remuneración de las prestaciones: i) casos en los que las prestaciones se efectúan contra el pago de una suma de dinero; ii) casos en los que la remuneración del servicio no se efectúa en dinero, sino mediante otra prestación o una remuneración no monetaria; iii) casos en los que la prestación se efectúa de forma gratuita y sin ninguna contraprestación (1).

4.3.

Con respecto a los casos concretos que puedan entrar en el punto ii) anterior, el CESE pide que se profundice más sobre la cuestión de si las actividades de las plataformas de colaboración han de estar o no sujetas a la normativa del IVA.

4.4.

A este respecto, el CESE considera útil el trabajo del primer estudio realizado por el Grupo de Expertos del IVA de la Comisión Europea, titulado «VAT treatment of the sharing economy» («Régimen de IVA de la economía colaborativa») y espera que se ahonde más en este sentido.

4.5.

Sería conveniente además que la Comisión Europea y las administraciones fiscales nacionales promoviesen actividades concretas de colaboración y coordinación recíprocas en materia de aplicación de las normas del IVA al sector de la economía colaborativa, tanto para desarrollar prácticas operativas armonizadas como para intercambiar información útil a la actividad de aplicación y evitar fraudes y supuestos de elusión fiscal.

4.6.

El CESE considera importante examinar si la próxima aplicación de la Directiva sobre determinados requisitos aplicables a los proveedores de servicios de pago para la detección del fraude en el IVA podría utilizarse, en lo que respecta a las obligaciones de notificación, también en el ámbito de la imposición directa, tanto en el caso de pagos electrónicos con tarjeta de crédito como en el de aquellos efectuados a través de transferencias bancarias directas u otros métodos de pago rápido.

---

(1)  Grupo de Expertos del IVA, reunión del 1 de abril de 2019 — taxud.c.1(2019)2026442 — EN, VAT Treatment of the sharing economy («Régimen de IVA de la economía colaborativa»), VEG 081

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Pacto Europeo sobre el Clima»

(Dictamen exploratorio)

(2020/C 364/10)

Ponente:	Dimitris DIMITRIADIS
Coponente:	Peter SCHMIDT

Consulta	Comisión Europea, 11.3.2020
Fundamento jurídico	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Aprobado en sección	29.6.2020
Aprobado en el pleno	16.7.2020
Pleno n.o	553
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	206/4/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Nos encontramos en una situación de emergencia climática. En este momento en que la pandemia de COVID-19 ha sumido al mundo entero en una crisis sanitaria y una inminente crisis económica, es necesario reafirmar el compromiso de la Unión Europea (UE) con la transición a una economía del bienestar sostenible, resiliente, climáticamente neutra y eficiente en el uso de los recursos. Ahora se necesitan cambios transformadores en ámbitos como la cultura, las infraestructuras, el comportamiento, la participación y los medios de subsistencia, que no solo repercutan en los ciudadanos, sino que también los empoderen de múltiples maneras.

1.2.

El cambio climático representa una amenaza para todos, pero como ocurre con la pandemia, ejerce su efecto más perjudicial en las personas más vulnerables y marginadas. Es de vital importancia que la transición no deje a nadie atrás.

1.3.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) subraya que la participación activa de todos los sectores de la sociedad (las empresas, los trabajadores, los investigadores, los consumidores, las comunidades y los ciudadanos, así como sus organizaciones) es esencial a la hora de impulsar la transición a la neutralidad climática.

1.4.

Por lo tanto, el CESE respalda el llamamiento a que la Unión Europea se comprometa a alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2050 y, en consecuencia, ajuste su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030. El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) indica que las emisiones mundiales deben reducirse en un 7,6 % anual, a partir de ahora, para limitar el calentamiento global a 1,5 oC. Se calcula que esto representaría un objetivo de reducción de al menos un 68 % de aquí a 2030.

1.5.

Es necesario evolucionar hacia un modelo participativo a todos los niveles y, al aplicar el Pacto sobre el Clima, la Comisión cuenta con una importante oportunidad y la obligación de concebir un enfoque innovador que refleje, apoye e inspire las acciones que ya se han emprendido en el seno de la sociedad civil, en las comunidades, las ciudades y las regiones.

1.6.

Los modelos participativos que presentan un enfoque demasiado reducido, o están enmarcados de un modo que limita la escala de los cambios perseguidos, o que pueden ser ignorados por la institución que los ha establecido, solo servirán para distraer y desilusionar a quienes se comprometen.

1.7.

Europa necesita catalizar el cambio sistémico para la acción por el clima a través de la innovación (tecnológica y social), conectando la oferta de innovación con los agentes que impulsan la demanda, los afectados por los problemas y aquellos con una gran ambición de cambio. La transformación digital debería guiarse por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para evitar riesgos, incluidos aquellos relacionados con los derechos de los trabajadores (1). La aplicación del pilar europeo de derechos sociales, junto con el Pacto Verde Europeo, brinda una oportunidad para garantizar una transición justa centrada en el objetivo de procurar empleos de calidad para todos.

1.8.

Los problemas generales que más han remarcado los agentes de la sociedad civil que participan en la acción por el clima son la falta de acceso a la financiación, la falta de conocimientos especializados, la falta de personal y la falta de reconocimiento, así como la falta de un discurso coherente por parte de la UE y los gobiernos nacionales.

1.9.

La consecución de los objetivos climáticos internacionales y de la UE requerirá importantes recursos financieros. El presupuesto del Pacto Verde Europeo (fondos públicos y privados), y los 750 000 millones EUR del fondo de recuperación, incluida la asignación de fondos para el proceso del Semestre Europeo, deberían centrarse en la recuperación sostenible, incluida la acción por el clima.

1.10.

Condicionar la financiación al desarrollo de prácticas sostenibles en todos los sectores debería ser la norma para elaborar unos planes de recuperación tras la COVID-19 orientados a la aplicación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París. La respuesta para la recuperación tras la COVID-19 no debería consistir en «volver a la casilla de salida», sino más bien en «dar el salto» hacia algo nuevo y mejor.

1.11.

El desarrollo de capacidades y el apoyo técnico son necesarios para que todas las partes interesadas lleven a cabo la transición a un futuro más resiliente y sostenible. La creación de un foro de la UE para la financiación de la lucha contra el cambio climático estimularía el acceso a la financiación y eliminaría barreras.

1.12.

El CESE propone la creación de una plataforma europea de partes interesadas del Pacto por el Clima basada en los principios de inclusividad, transparencia y una verdadera participación y apropiación por parte de los agentes climáticos a todos los niveles.

1.13.

El Pacto sobre el Clima debería centrarse en empoderar a las personas para transformar los sistemas mediante la exploración, la experimentación y la demostración. Las perspectivas, el visionado, la narración y la retrospección a varios niveles serán cruciales. Debería fomentarse y facilitarse una amplia variedad de iniciativas sobre el clima.

2.   Introducción

2.1.

Hacer frente a los desafíos climáticos y medioambientales se ha convertido en una tarea cada vez más urgente, que requiere una revisión drástica de los insostenibles enfoques socioeconómicos actuales. La pandemia mundial de COVID-19 ha demostrado que no bastan unos simples ajustes de nuestros estilos de vida y sistemas. Los cambios fundamentales en los métodos de producción, que afectan a las empresas, los trabajadores y la organización del trabajo, ya se estaban operando antes de la pandemia y podrían acelerarse como consecuencia de ella. La Comisión Europea adoptó el Pacto Verde Europeo, que representa una nueva estrategia para procurar que los modelos socioeconómicos y financieros de la UE sean sostenibles y más limpios, seguros y saludables.

2.2.

En el período posterior a la crisis de la COVID-19, los compromisos en materia de acción por el clima y sostenibilidad tienen que ser un aspecto prioritario de la política de recuperación y reconstrucción, y de los presupuestos correspondientes, para no seguir condenando a la UE a un futuro con altas emisiones de carbono. Las medidas posteriores a la crisis deben concebirse para reforzar la resiliencia del sistema, proteger y restaurar la biodiversidad, dar prioridad a la salud pública sin dejar a nadie atrás y allanar el camino hacia una economía del bienestar. En este contexto, no se puede abandonar o retrasar el Pacto Verde Europeo, sino que debe reforzarse.

2.3.

El éxito del Pacto Verde Europeo dependerá en gran medida de la capacidad de la UE para dialogar con sus ciudadanos. En este sentido, la Comisión está preparando un Pacto Europeo sobre el Clima para reunir a diversos agentes, entre ellos las regiones, los entes locales, las comunidades locales, la sociedad civil, las escuelas, las empresas y los ciudadanos.

3.   La necesidad de dialogar con la sociedad civil y los ciudadanos sobre el clima

3.1.

Nos enfrentamos a una situación de emergencia climática mundial. La respuesta de los Gobiernos a la crisis climática ha sido insuficiente hasta la fecha y el mundo no va camino de cumplir el objetivo del Acuerdo de París y los ODS. Los jóvenes que hacen huelga por el clima y otros componentes de la sociedad civil más amplia han venido exigiendo con fuerza una acción por el clima mucho más ambiciosa y urgente. Incumbe a los responsables de la toma de decisiones que han suscrito la Agenda 2030 y el Acuerdo de París abordar urgentemente estas demandas, adoptar decisiones políticas firmes y ambiciosas y avanzar hacia un nuevo modelo inclusivo de acción por el clima, en el que participen de forma activa todas las partes interesadas.

3.2.

Por lo tanto, el CESE respalda el llamamiento a que la Unión Europea se comprometa a alcanzar la neutralidad en carbono de aquí a 2050 y, en consecuencia, ajuste su objetivo de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 (2). El CESE espera que el nuevo objetivo de emisiones para 2030 se base en una amplia revisión y una evaluación de impacto adecuada. El CESE sostiene, asimismo, que hay argumentos decisivos que justifican el objetivo de una reducción mínima del 55 % para 2030, a fin de que la UE responda por su parte a la enorme necesidad de reducir las emisiones a escala mundial. Por ejemplo, según el informe sobre la Brecha de Emisiones 2019 (3) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), es necesario acordar a nivel mundial un objetivo de reducción de las emisiones para 2030 aún más ambicioso si se quiere alcanzar el objetivo del 1,5. oC establecido en el Acuerdo de París (4).

3.3.

Según el Eurobarómetro de 2019, el 93 % de los ciudadanos de la UE considera que el cambio climático es un problema grave y el 79 % lo considera un problema muy grave. La inmensa mayoría de los encuestados considera importante que su gobierno nacional establezca objetivos ambiciosos para aumentar las energías renovables (92 %) y mejorar la eficiencia energética (89 %).

3.4.

El Pacto sobre el Clima debe aprovechar el poder de los ciudadanos europeos para alcanzar la visión del Pacto Verde Europeo de una sociedad próspera, inclusiva y resiliente al clima, con una economía circular de cero emisiones netas para 2050. El informe del GIECC se refiere explícitamente a la necesidad de lograr «cambios rápidos, de amplio alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad». No bastará con llevar a cabo cambios incrementales. Un enfoque excesivamente centrado en la reducción de CO2 es contraproducente a nivel local, ya que limita el compromiso y el enfoque, además de reducir de forma significativa los cambios que se conciban e implementen. Lo que se necesita ahora es una transformación fundamental de los sistemas económicos, sociales y financieros que desencadene un cambio exponencial en las tasas de descarbonización y fortalezca la resiliencia frente al cambio climático. Para ello, se requieren narrativas inspiradoras, amplias y diversas, que expliquen por qué el mundo tiene que cambiar.

3.5.

La actual crisis mundial provocada por la pandemia de COVID-19 ha demostrado claramente la capacidad de los gobiernos de adoptar medidas drásticas para mitigar una amenaza existencial, así como la capacidad de las personas, al menos a corto plazo, de adaptarse a los nuevos estilos de vida restringidos que imponen estas medidas. Es importante señalar que las comunidades, las empresas, los interlocutores sociales y otros agentes no estatales están desempeñando un papel fundamental en la respuesta a la pandemia, a menudo identificando las necesidades, diseñando y aplicando intervenciones adecuadas al contexto de manera más rápida, eficaz y creativa en comparación con lo que ha sido posible con enfoques descendentes.

3.6.

La transición a la siguiente fase de la respuesta a la COVID-19 supone a la vez una gran oportunidad y un gran riesgo. Las medidas económicas y los paquetes de medidas fiscales que se están diseñando para sostener y reactivar la economía europea deben incluir la taxonomía de la UE para las inversiones sostenibles y la financiación directa a quienes son sostenibles o tienen el potencial de llegar a serlo y deben comprometerse —estando sujetos a seguimiento— a identificar y realizar los cambios necesarios con carácter de urgencia.

3.7.

La trágica perturbación causada por la COVID-19, que ha llevado a la suspensión de las normas fiscales, ha demostrado que es posible otra visión cuando están en juego la vida de las personas, nuestras economías y la supervivencia de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Una visión de progreso social que depende únicamente de la consecución del crecimiento del producto interior bruto (PIB) no tiene en cuenta elementos fundamentales del bienestar individual y social y no es capaz de integrar de manera adecuada las consideraciones medioambientales y sociales. Por lo tanto, es necesario dar el salto de la economía basada en el PIB a la economía del bienestar (5) (6).

3.8.

Una forma de aumentar la ambición climática es crear entornos propicios para que los agentes no estatales adopten más medidas, incluidos diversos tipos de empresas, como las pequeñas y medianas empresas y las microempresas, los inversores, los interlocutores sociales, las cooperativas, las ciudades y regiones, los sindicatos, las comunidades locales y los grupos de ciudadanos, los agricultores, las escuelas, las organizaciones religiosas, los grupos juveniles y otras organizaciones no gubernamentales.

3.9.

Un entorno propicio requiere un cambio fundamental del sistema de consulta y participación en sentido descendente al codiseño, la cocreación y el empoderamiento. Los modelos de consulta estándar rara vez van más allá de unos sectores de la sociedad muy delimitados y bien dotados de recursos. Es necesario ofrecer a las personas, organizaciones y empresas que más pueden beneficiarse del cambio transformador, y contribuir a él, oportunidades verdaderas para participar en la toma de decisiones si quieren dedicar tiempo y energía al proceso.

3.10.

En 2018, el CESE pidió un «Diálogo europeo sobre la acción no estatal por el clima» (7). El diálogo no solo debe tener como finalidad destacar y divulgar las acciones, sino también responder a las necesidades de los agentes no estatales. inspirando nuevas asociaciones entre estos últimos y los diferentes niveles de gobierno, facilitando el aprendizaje entre pares, la formación y el intercambio de asesoramiento, así como el acceso a la financiación.

3.11.

El CESE propuso (8) un diálogo permanente con los ciudadanos como elemento preparatorio obligatorio para todas las decisiones políticas importantes e iniciativas pertinentes a todos los niveles.

3.12.

Hasta ahora, la Comisión no ha seguido estas recomendaciones (9). El Pacto sobre el Clima brinda a las instituciones la oportunidad de colaborar estrechamente en la creación de un marco propicio para la participación de la sociedad civil y los ciudadanos, sobre la base de los procesos de consulta existentes, pero yendo más allá de ellos.

4.   Aprender de las prácticas existentes en materia de participación ciudadana y de la sociedad civil

4.1.

Los ejemplos existentes a nivel nacional, regional y municipal de asambleas y diálogos de ciudadanos y procesos similares de participación deliberativa (10) demuestran la capacidad y el deseo de los ciudadanos de asumir la responsabilidad de encontrar soluciones a la crisis climática. A menudo, los enfoques participativos más amplios, cuando están cuidadosamente estructurados, generan importantes beneficios en materia de sostenibilidad, sin que sea necesario que estén centrados explícitamente en la crisis climática. Son testimonio no solo de la profunda necesidad de una democracia participativa y el interés por alcanzarla, sino también de la capacidad de los gobiernos para crear esos espacios y dar seguimiento político a sus propuestas.

4.1.1.

En 2019, ciento cincuenta ciudadanos franceses seleccionados al azar comenzaron a deliberar sobre la siguiente cuestión: «¿cómo podemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 40 % de aquí a 2030, en un contexto de justicia social?». Las sesiones de esta convención ciudadana se celebran en el Consejo Económico y Social francés. El Gobierno tiene previsto abordar públicamente las propuestas y publicar un calendario provisional para su aplicación (11).

4.1.2.

La Asamblea Ciudadana Irlandesa, constituida en 2016, estaba compuesta por cien ciudadanos, seleccionados al azar para representar al electorado irlandés. Se les encomendó la tarea de deliberar sobre diversos temas, que iban desde la prohibición constitucional del aborto hasta el objetivo de situar Irlanda a la cabeza de la lucha contra el cambio climático. La comisión parlamentaria establecida para promover las recomendaciones de la Asamblea sobre el cambio climático dio forma, en gran medida, al histórico Plan de Acción por el Clima irlandés, publicado en junio de 2019.

4.1.3.

En las dos ciudades principales de España se han celebrado diálogos ciudadanos y foros locales para promover una mayor participación de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la toma de decisiones sobre las diferentes partes del presupuesto local y en el intercambio de ideas sobre el futuro de la ciudad.

4.1.4.

El Consejo Juvenil por el Clima del Ministerio de Clima, Energía y Suministro de Dinamarca tiene por objeto aportar nuevas ideas a la política climática y proporcionar información al ministro sobre las futuras soluciones climáticas.

4.1.5.

La ciudad de Gdansk, en Polonia, ha organizado tres asambleas ciudadanas sobre la adaptación a los fenómenos meteorológicos extremos, la reducción de la contaminación atmosférica y la mejora de la participación ciudadana.

4.1.6.

En Finlandia, el primer Panel Ciudadano sobre Desarrollo Sostenible reunió a unos quinientos finlandeses para evaluar el estado del desarrollo sostenible. Los resultados se utilizarán para promover el trabajo sobre el desarrollo sostenible del Gobierno y el Parlamento de Finlandia.

4.1.7.

En Italia, después de la COP25, los representantes de la sociedad civil presentaron una propuesta legislativa para crear una Asamblea Ciudadana siguiendo el modelo de la asamblea francesa. En el Reino Unido, se inició un proceso similar, con la «Asamblea del Reino Unido por el Clima: el camino hacia la neutralidad climática».

4.1.8.

En Bolonia, Italia, el municipio creó una «Oficina de Imaginación Cívica» en el marco de su esfuerzo más amplio encaminado a recuperar el compromiso de los ciudadanos. Asimismo, creó seis «laboratorios» que organizan regularmente eventos de visualización, mediante actos de espacio abierto y otras herramientas. Cuando surgen buenas ideas para proyectos, el municipio crea «pactos» con la comunidad para asegurar que se hagan realidad. En los últimos cinco años se han concertado más de quinientos pactos, que van desde la colocación de bancos nuevos en las calles hasta proyectos mucho más grandes y ambiciosos. También se ha convertido en el canal a través del cual se organiza la presupuestación participativa.

4.2.

Muchas otras iniciativas locales participativas (ILP) movilizan la acción local para crear un futuro más sostenible, con resultados notables e inspiradores. Entre otras, la iniciativa «Barrios sostenibles» en Bruselas, la Red de Acción Climática de las Comunidades de Escocia a nivel local, que integra alrededor de 120 grupos comunitarios, Coopérnico [una cooperativa de energía renovable (RESCoop) en Portugal], el movimiento de Transición, que en la actualidad participa en los esfuerzos de desarrollo de la capacidad de recuperación a escala comunitaria en más de cincuenta países, inspirando a las personas a transformar sus formas de pensar, actuar y estar en el mundo. El programa de acción «Comunidades para el futuro», que se pondrá en marcha este verano, puede contribuir a crear un marco institucional para la participación pública.

4.3.

A escala europea, es necesaria la participación estructurada de la sociedad civil, regida por un mandato claro que respalde su implicación en el desarrollo, la ejecución y el seguimiento de las políticas y las estrategias destinadas a lograr la neutralidad climática.

4.3.1.

La plataforma multilateral sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible desempeñó un papel importante, pero también dejó margen de mejora en lo que respecta a la dotación de recursos, la frecuencia de las reuniones, la responsabilidad de la elaboración de la agenda, las oportunidades de ampliar el debate y la participación y la facilitación de consultas públicas más regulares, transparentes y accesibles.

4.3.2.

La Plataforma europea de partes interesadas de la economía circular, dirigida conjuntamente por el CESE y la Comisión, ofrece un espacio para que un amplio grupo de partes interesadas intercambie buenas prácticas e ideas y cree redes de gran valor. Ceder la responsabilización de la plataforma a las partes interesadas representa la principal diferencia con la plataforma multilateral sobre los ODS y es una buena práctica a seguir.

4.4.

Los objetivos de París no se alcanzarán sin un fuerte compromiso de los interlocutores sociales a todos los niveles y, en particular, en las industrias y sectores gravemente afectados por la descarbonización y la digitalización. La aplicación del pilar europeo de derechos sociales, junto con el Pacto Verde Europeo, brinda una oportunidad para garantizar una transición justa, haciendo hincapié en el objetivo de la calidad del empleo para todos. El diálogo social liderado por sindicatos y empresarios es una de las mejores formas de sensibilizar sobre la crisis climática. Se trata de los principales protagonistas a la hora de llevar a cabo la transformación socialmente justa, productiva y comercial que procura el Pacto Verde Europeo. Estos escenarios van desde las cumbres del diálogo social a nivel europeo hasta los convenios colectivos a nivel sectorial y empresarial, pasando por el diálogo transfronterizo, imprescindible para impulsar la integración social europea. La participación de los trabajadores constituye una parte integral de la democracia en el lugar de trabajo y les brinda la oportunidad de participar activamente en la toma de decisiones sobre el lugar de trabajo que pueden contribuir de manera positiva a la acción por el clima.

4.5.

La CCI-Clima del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) se centra en el diseño, la ejecución y la conexión de experimentos empresariales y de efectos de demostraciones profundas sobre los motores del cambio sistémico. La CCI-Clima del EIT tiene una cartera de experimentos centrados en desencadenar nuevas formas de pensar, impulsar los efectos exponenciales de las nuevas tecnologías, las redes y las fuerzas comunitarias, y tratar de aprender a un ritmo superior al del cambio (12).

5.   Aprender de las respuestas empresariales

5.1.

La innovación tiene que ver con la adopción de medidas adicionales para el desarrollo de nuevos servicios y productos en el mercado o para el público, que satisfagan necesidades no atendidas o resuelvan problemas que no existían en el pasado. La innovación tecnológica se centra en los aspectos tecnológicos de los productos o servicios. La innovación social, por su parte, se refiere a las nuevas prácticas sociales que tienen por objeto satisfacer las necesidades sociales con mayor eficacia que las soluciones existentes, y que tienen su origen, por ejemplo, en las condiciones de trabajo, la educación, el desarrollo comunitario o la salud. La tecnología digital desempeña un papel importante en la innovación social mediante el uso de TIC, como las redes en línea y otras herramientas digitales.

5.2.

El proceso de innovación sistémica debería estar disponible a un coste asequible para todas las partes interesadas que deban participar en el codiseño de las soluciones que impulsarán la necesaria transición a la sostenibilidad. La viabilidad financiera es un requisito previo para la cohesión social y para «no dejar a nadie atrás» en el proceso de aplicación del Pacto Verde Europeo. Por esta razón, los aspectos del cambio sistémico, que tengan características de bien público, deben ser financiados o subvencionados por inversiones públicas, lo que permitirá seguir movilizando fondos privados para las inversiones en la lucha contra el cambio climático.

5.3.

Las comunidades que logran introducir la innovación de los sistemas son las que se distinguen por su forma de comprender los problemas, buscar soluciones y aplicar soluciones en función de las necesidades específicas y los recursos de los distintos lugares y contextos. Es necesario empoderar a las comunidades de Europa con estas capacidades y crear los correspondientes entornos propicios para una mayor participación de los agentes no estatales.

5.4.

Se necesitan urgentemente mecanismos de financiación innovadores que reconozcan y respondan al potencial y los desafíos de la innovación de los sistemas locales participativos, que requieren un apoyo flexible y fundamental para poder establecerse y mantenerse, así como capital riesgo para la fase de lanzamiento de proyectos de mayor envergadura, amén de asesoramiento y apoyo profesional. El Pacto sobre el Clima podría brindar a los innovadores sociales una muy valiosa oportunidad para informar sobre las barreras políticas y económicas que los bloquean y ponen en desventaja y que hacen frecuentemente inviables los tan necesarios proyectos transformadores.

5.5.

Las respuestas de las empresas constituyen una fuente de información muy importante, como ilustran los siguientes ejemplos: — las empresas multinacionales que producen prendas de vestir de usar y tirar, promoviendo una línea de ventas de segunda mano, como estrategia de reciclaje; — el asesoramiento a los grandes productores de petróleo y las compañías de seguros, que tendrán que reorientar sus actividades comerciales.

5.6.

Entre los ejemplos de respuestas importantes del sector financiero cabe citar: — la decisión de los fondos de inversión de no invertir en proyectos que no tengan en cuenta la variable climática; — la Red para la Ecologización del Sistema Financiero, fundada por ocho bancos centrales y supervisores, para la financiación ecológica.

6.   Intercambio de información y comprensión pública de la acción por el clima

6.1.

Es necesario entablar diálogos directos con los ciudadanos para concienciarlos sobre la importancia de la transición a sociedades más sostenibles y comunidades locales más saludables. Estos diálogos aportan un mayor valor añadido cuando se organizan a nivel local, regional o nacional. No obstante, sería esencial contar con orientaciones, coordinación y apoyo a nivel de la UE.

6.2.

Fundamentalmente, debería corresponder a cada uno de los países la tarea de elaborar un sistema de regulación medioambiental basado en su medio ambiente local y sus necesidades, y ajustado al desarrollo sostenible del país de que se trate. A este respecto, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza constituiría un elemento importante (13).

6.3.

Toda intervención a nivel de la UE debería concebirse conjuntamente con los usuarios, extraer enseñanzas del enfoque participativo necesario a otros niveles, modelizarlo e inspirarse en él. Es necesario aportar conocimientos especializados y recursos para apoyar el diseño y la facilitación de espacios de colaboración innovadores, relatos convincentes y el uso de tecnologías innovadoras. El éxito del Pacto sobre el Clima pasará por la capacidad de las comunidades involucradas para convertirse en las mejores narradoras posibles, dando vida a la transformación del futuro que defienden, explorando y conectando con las necesidades y deseos existentes, y empoderando a las personas para que actúen.

6.4.

Un entorno de red que propicie el fomento y el apoyo de la acción por el clima requiere una plataforma en línea para intercambiar las prácticas y lecciones aprendidas de los proyectos y enfoques. Esa plataforma participativa podría facilitar el aprendizaje entre pares y el intercambio de asesoramiento entre los agentes, ayudándolos a superar los obstáculos normativos. Podría estimular la educación y la innovación ofreciendo cursos, seminarios web y talleres en línea.

6.5.

El reconocimiento y la comunicación creíble de las medidas existentes podrían constituir un fuerte incentivo para la acción por el clima. La financiación y otros recursos, el apoyo de los especialistas y la posibilidad de ayudar a perfilar las decisiones que repercuten en su labor permitirán aplicar de manera más amplia los enfoques de eficacia demostrada.

6.6.

Se podría encomendar a los embajadores para la acción por el clima tareas como facilitar la cooperación entre múltiples agentes, establecer prioridades estratégicas temáticas, convocar actos e incentivar nuevas acciones por el clima.

6.7.

Estos embajadores del Pacto sobre el Clima podrían servir de puntos de referencia para diferentes sectores de la economía. También deberían nombrarse embajadores específicos para los jóvenes, las comunidades locales, las ciudades y las regiones. Los embajadores a nivel de la UE tendrían una función diferente de los embajadores a nivel nacional, regional o local. Sería necesario asegurar la coordinación entre los diversos niveles.

6.8.

El nombramiento de miembros del CESE y del CDR como embajadores a nivel de la UE en las circunscripciones que representan se basaría en sus amplias redes entre la sociedad civil y los entes locales y regionales, así como en el refuerzo de la cooperación entre los órganos consultivos y la Comisión Europea.

6.9.

Por ejemplo, los sindicatos y las organizaciones empresariales cuentan con una perspectiva sobre el terreno y representan democráticamente a los trabajadores en diversos sectores. Son fundamentales para configurar las diferentes medidas y dar cabida a las necesidades de los trabajadores y las empresas, así como para identificar los retos. Los embajadores del clima en diferentes niveles del entorno sindical y empresarial podrían aprovechar las bazas del diálogo social, impulsar eficazmente el intercambio de información y estimular la acción por el clima. Esta labor requiere un entorno institucional favorable a los derechos en el trabajo.

6.10.

La transformación digital cambia la organización y la forma de producción de las empresas, y muchas pymes se enfrentan a serias dificultades en relación con la digitalización. La preocupación de muchos trabajadores se centra en el impacto de la digitalización en sus puestos de trabajo, lo que podría dar lugar a un aumento del desempleo y de las desigualdades.

6.11.

Con el fin de «promover la financiación y las inversiones ecológicas y garantizar una transición justa» en el Pacto Verde Europeo, la Comisión ha desarrollado una taxonomía para incentivar las inversiones en ocho grandes grupos económicos y setenta sectores de actividad, que transformará radicalmente su producción y la cantidad y calidad de sus empleos. En este documento, que constituye la piedra angular del Plan de Inversiones para el Pacto Verde Europeo, solo se hace una referencia a los derechos laborales contemplados en las normas fundamentales de la OIT.

7.   Crear espacios reales y virtuales de intercambio de puntos de vista sobre el clima

7.1.

El Pacto sobre el Clima debería centrarse en empoderar a las personas para transformar los sistemas mediante la exploración, la experimentación y la demostración. Se necesitan programas de educación y formación que abarquen todo el espectro de la sociedad civil y otros agentes no estatales. Es fundamental mejorar el conocimiento y la comprensión del desafío climático mediante acciones más profundas y amplias, la mejora de la calidad de los debates y las conversaciones sobre el problema entre las partes interesadas.

7.2.

Se necesitarán herramientas listas para su aplicación a fin de estructurar y gestionar los desafíos y aprovechar las oportunidades de desarrollar innovaciones y transiciones en materia de sostenibilidad. El programa Horizonte 2020 de la Comisión ha creado y puesto a prueba muchos de estos instrumentos. En los entornos multidisciplinarios, el enfoque debería consistir en seguir «el aprendizaje mediante la aplicación de herramientas en los casos de los usuarios».

7.3.

La gestión de las partes interesadas, la perspectiva, la visión y la retrospección a varios niveles y la gestión de los segmentos específicos de mercado serán cruciales para impulsar el Pacto sobre el Clima. Esta estructura tiene por objeto facilitar el proceso de solución de problemas mediante el establecimiento de una vía para la innovación del sistema para el cambio climático y la aplicación del Pacto Verde Europeo.

7.4.

El éxito del Pacto sobre el Clima dependerá en parte de la capacidad del emprendimiento y las empresas para atraer subvenciones de fuentes públicas, filantrópicas y privadas. Esta financiación debería aspirar a hacer frente a los fallos del mercado que han causado el cambio climático, mostrar interés por los cambios disruptivos y alcanzar una escala significativa. El Marco de Financiación Multilateral de la UE, los fondos públicos y privados europeos e internacionales basados en objetivos y que buscan impulsar el cambio sistémico en los ámbitos de mitigación y adaptación al clima pueden utilizarse para impulsar miles de millones de acciones innovadoras por el clima. El objetivo general debería consistir en generar recursos, experiencia y capacidad en torno a objetivos concretos en materia de reducción de las emisiones y aumento de la resiliencia climática, que puedan multiplicarse para acelerar el cambio y generar esperanza. El Pacto sobre el Clima debería acoger favorablemente la participación del sector financiero nacional e internacional, incluidos los fondos multilaterales y privados pertinentes. Además, el sistema fiscal debe reflejar el principio de maximización y sostenimiento de la economía del bienestar.

7.5.

También debería estudiarse la posibilidad de incorporar espacios físicos y virtuales para el intercambio de puntos de vista sobre el clima en las asociaciones existentes de la sociedad civil, que interactuarían a través de la Plataforma europea de partes interesadas del Pacto sobre el Clima.

7.5.1.

En el ámbito laboral, sería conveniente constituir, con el apoyo material de la Comisión, observatorios de previsión, análisis e interpretación de los cambios laborales, organizativos y tecnológicos que abarquen los ocho grupos taxonómicos, con la participación de los sindicatos, los empleadores y las administraciones, a nivel europeo y de los Estados miembros.

8.   Desarrollo de capacidades para facilitar las iniciativas a nivel local

8.1.

El marco general debe definirse claramente, a fin de evitar incoherencias con el Pacto Verde Europeo.

8.2.

Los problemas generales que más han remarcado los agentes de la sociedad civil que participan en la acción por el clima son la falta de acceso a la financiación, la falta de conocimientos especializados, la falta de personal y la falta de reconocimiento (14), así como la falta de un discurso coherente por parte de la UE y los gobiernos nacionales.

8.3.

Numerosas partes interesadas se han referido a los complejos entornos normativos y administrativos como obstáculos para la adopción de acciones por el clima. Las OSC y las ILP podrían beneficiarse de las actividades de desarrollo de capacidades que las ayuden a desenvolverse en entornos normativos y administrativos.

8.4.

Proporcionar apoyo tanto material (asistencia técnica, desarrollo de capacidades, financiación, etc.) como no material (reconocimiento, mayor visibilidad, etc.), así como facilitar el establecimiento de redes y conexiones con ámbitos y procesos normativos específicos, deberían ser elementos esenciales de una Plataforma europea de partes interesadas del Pacto sobre el Clima que tenga por objeto estimular la acción por el clima sobre el terreno.

8.5.

Los agentes no estatales podrían enfrentarse a diversos desafíos para acceder a la financiación de sus iniciativas climáticas, entre otros: requisitos prohibitivos en cuanto al tamaño de los proyectos, reticencia de los inversores privados a la hora de financiar proyectos, así como procesos y requisitos complejos para solicitar y acceder a los fondos (15). Otros obstáculos son la falta de conocimiento de las opciones de financiación relacionadas con el cambio climático, la falta de capacidad administrativa y de conocimientos técnicos para obtener financiación, las limitaciones presupuestarias y reglamentarias, la garantía de la financiabilidad de las posibles inversiones, las limitaciones políticas y las dificultades para cumplir los criterios de admisibilidad excesivamente prescriptivos para los fondos de la UE e internacionales (16).

8.6.

El CESE ha propuesto la creación de un Foro sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático, que reuniría a las principales partes interesadas para abordar las cuestiones principales, identificar los obstáculos, diseñar soluciones y determinar los mecanismos más eficaces para mejorar la distribución de la financiación de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Actualmente se está llevando a cabo un estudio (17) para proponer un plan de acción y, en última instancia, mejorar el acceso de los agentes climáticos no estatales a la financiación.

9.   Hacia una Plataforma europea de partes interesadas del Pacto sobre el Clima

9.1.

Habida cuenta de las experiencias positivas de la Plataforma europea de partes interesadas de la economía circular, el CESE propone crear una Plataforma europea de partes interesadas del Pacto sobre el Clima, similar a la primera.

9.2.

La inclusividad, la transparencia y la participación y la responsabilización genuinas de los agentes climáticos locales deberían ser los principios rectores de la Plataforma.

9.3.

El CESE ha pedido que la transición a una economía sostenible, neutra en carbono y eficiente en el uso de los recursos sea justa y no deje atrás a las familias, las comunidades, las regiones, los sectores y las minorías (18). La Plataforma europea de partes interesadas del Pacto sobre el Clima debería incluir un observatorio de la transición a la neutralidad climática para supervisar la aplicación de la política climática de la UE a nivel nacional y regional y recopilar datos en apoyo de la elaboración de políticas a todos los niveles.

9.4.

El CESE apoya la organización de asambleas ciudadanas en los Estados miembros para informar, inspirar y fomentar la comprensión y proporcionar asesoramiento a todos los niveles de gobernanza sobre las políticas climáticas. La Plataforma europea de partes interesadas del Pacto sobre el Clima podría promover las experiencias positivas existentes y difundir orientaciones y mejores prácticas a los países, las regiones y las ciudades interesadas en acoger asambleas similares.

9.5.

Se podría encomendar a la Plataforma europea de partes interesadas del Pacto sobre el Clima la organización de una Asamblea ciudadana a nivel de la UE, patrocinada conjuntamente por el CESE, el CDR y el PE con el apoyo de la Comisión.

9.6.

Un elemento esencial de la Plataforma sería un centro de financiación y desarrollo de capacidades que ofreciera orientaciones, información y educación sobre las políticas y las estrategias climáticas y que facilitara también el acceso a la financiación para proyectos a pequeña escala. El centro de la UE, así como los centros nacionales, podrían establecerse en cooperación con los entes locales y regionales.

9.7.

La Plataforma en línea de partes interesadas del Pacto Europeo sobre el Clima serviría para crear espacios de intercambio de información y conocimientos, facilitando el establecimiento de redes y compromisos.

9.8.

La Plataforma de partes interesadas del Pacto Europeo sobre el Clima requeriría la creación de un grupo de coordinación integrado por representantes de diversos agentes. La selección de los miembros del grupo de coordinación requerirá criterios transparentes y claros para garantizar la inclusividad y la representatividad, manteniendo al mismo tiempo una gobernanza eficaz de la estructura. Deberían estar representadas las siguientes partes interesadas: las instituciones de la UE, la sociedad civil, incluidas las empresas, los sindicatos, los entes locales y regionales, la comunidad científica, el mundo financiero y los jóvenes. Las partes interesadas pertenecientes a las instituciones y los sectores con menos recursos deberían disponer de fondos suficientes para participar y tomar decisiones.

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(1)  Transformations to achieve the Sustainable Development Goals (Transformaciones para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible), Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (RSDS) de las Naciones Unidas.

(2)  La ponente del Parlamento Europeo sobre la Ley Europea del Clima [COM(2020) 0080], Jytte Guteland, propone «elevar el objetivo climático de la Unión para 2030 hasta una reducción de emisiones del 65 % en comparación con los niveles de 1990. Por consiguiente, la Comisión debe evaluar, a más tardar el 30 de junio de 2021, cómo habría que modificar en consecuencia la legislación de la Unión por la que se aplica ese objetivo más ambicioso».

(3)  Informe sobre la Brecha de Emisiones 2019.

(4)  El Informe sobre la Brecha de Emisiones 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) indica que las emisiones mundiales deben reducirse en un 7,6 % anual, a partir de ahora, para limitar el calentamiento global a 1,5 oC. Se calcula que esto representaría un objetivo de reducción de al menos un 68 % de aquí a 2030.

(5)  Dictamen del CESE «La economía sostenible que necesitamos» (DO C 106 de 31.3.2020, p. 1).

(6)  Economía del bienestar: rama de la economía que tiene por objeto evaluar las políticas económicas en lo que se refiere a sus efectos en el bienestar de la comunidad. Se vio consagrada como una rama consolidada de la teoría económica en el siglo XX.

(7)  Dictamen del CESE «Impulsar las acciones por el clima por parte de los agentes no estatales» (DO C 227 de 28.6.2018, p. 35).

(8)  Dictamen del CESE «Estrategia de reducción a largo plazo de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE» (DO C 282 de 20.8.2019, p. 51).

(9)  Propuesto anteriormente en el Dictamen del CESE sobre el tema Creación de una coalición de la sociedad civil y los entes territoriales subnacionales para cumplir los compromisos del Acuerdo de París (DO C 389 de 21.10.2016, p. 20).

(10)  https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/rsa-blogs/2018/07/our-call-for-action-on-deliberative-democracy.

(11)  https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/.

(12)  Las «Demostraciones Profundas» de la CCI-Clima del EIT representan una potencial «ventaja de crecimiento» económico para que «las personas que gestionan los desafíos» más ambiciosos de Europa comprendan su «espacio problemático» y para que los «diseñadores» cartografíen el sistema y creen una cartera de posiciones de intervención.

(13)  Dictamen del CESE sobre el Documento de reflexión Hacia una Europa sostenible en 2030; Dictamen del CESE sobre el tema Justicia climática (DO C 81 de 2.3.2018, p. 22).

(14)  Estudio del CESE.

(15)  Dictamen del CESE «Facilitar el acceso a la financiación de la lucha contra el cambio climático para los agentes no estatales» (DO C 110 de 22.3.2019, p. 14).

(16)  L. Rossi, M. Gancheva y S. O'Brien, 2017.

(17)  «Foro sobre la financiación del clima: modalidades y tareas principales», estudio de Milieu Consulting SPRL para el CESE.

(18)  Dictamen del CESE «No dejar a nadie atrás al aplicar la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030» (DO C 47 de 11.2.2020, p. 30).