—

Visto el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), según el cual «toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental»,

—

Visto el documento titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, que reconoce que la equidad, la inclusión y la igualdad de género están inextricablemente ligadas al derecho a la educación para todos,

—

Vistos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y, en particular, el objetivo n.o 4: «Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos», así como el documento de 2015 titulado «Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4», que sostiene que «la igualdad de género está estrechamente relacionada con el derecho a la educación para todos»,

—

Vista la Recomendación general n.o 36 (2017) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas, sobre el derecho de las niñas y las mujeres a la educación,

—

Vista la Agenda de Acción de Adís Abeba, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 27 de julio de 2015,

—

Vista la Resolución 35/2 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 22 de junio de 2017, titulada «El derecho a la educación: seguimiento de la resolución 8/4 del Consejo de Derechos Humanos»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 2002 sobre la contribución de la educación y la formación a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo (COM(2002)0116),

—

Visto el documento de trabajo de 2010 de la Comisión sobre el refuerzo y la mejora de la educación en los países en desarrollo, titulado «More and Better Education in Developing Countries» (SEC(2010)0121),

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 2018 sobre educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas (COM(2018)0304),

—

Vista la Declaración de Charlevoix sobre la educación de calidad para las niñas, las adolescentes y las mujeres en los países en desarrollo, aprobada por el G7 el 9 de junio de 2018,

—

Vistos el Consenso Europeo sobre Desarrollo y el Código de Conducta de la UE relativo a la división del trabajo en el ámbito de la política de desarrollo (COM(2007)0072),

—

Vista su Resolución de 31 de mayo de 2018 sobre la aplicación del documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión (SWD(2015)0182) — Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE 2016-2020 (1),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre la mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo (2),

—

Visto el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO (2017) «Rendir cuentas en el ámbito de la educación: cumplir nuestros compromisos»,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A8-0327/2018),

A.

Considerando que la educación es un derecho humano fundamental y es esencial para el logro de todos los ODS; que la educación impide que la pobreza se transmita de una generación a otra y que desempeña un papel fundamental en la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; y que la educación, como espacio de derechos, se entiende más allá de la igualdad aritmética y tiende a promover una igualdad real de género en la educación y a través de ella;

B.

Considerando que la última comunicación de la Comisión sobre la educación en los países en desarrollo data de 2002 y no fue actualizada hasta 2010 mediante un documento de trabajo;

C.

Considerando que la ayuda a la educación representó en 2009 el 8,3 % del total de la ayuda al desarrollo; que ese porcentaje se redujo al 6,2 % en 2015; y que para la Unión y sus Estados miembros dicho porcentaje pasó del 11 % al 7,6 % durante el mismo período;

D.

Considerando que la ayuda a la educación básica de la UE y de sus Estados miembros disminuyó un 33,9 % entre 2009 y 2015, más que en el caso de la ayuda a la educación en general (15,2 %);

E.

Considerando que, en 2015, 264 millones de niños y jóvenes en edad escolar no cursaban estudios primarios ni secundarios;

F.

Considerando que, al final de 2017, la población mundial de refugiados era superior a 25,4 millones, incluidos 7,4 millones de niños en edad de escolarización primaria, de los cuales 4 millones no tenían acceso a ningún tipo de enseñanza primaria; que en los países frágiles afectados por conflictos un 37 % más de niñas que de niños no van al colegio y las jóvenes son casi un 90 % más proclives a no cursar estudios secundarios que sus compañeros masculinos en los países no afectados por conflictos;

G.

Considerando que el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2017 de las Naciones Unidas señala que, en 2011, solo aproximadamente una cuarta parte de las escuelas en África subsahariana contaba con electricidad y menos de la mitad tenía acceso a un servicio básico de agua potable; y que el África subsahariana tiene el porcentaje más bajo de profesores cualificados tanto en la enseñanza primaria como en la secundaria;

H.

Considerando que, en el pasado, la ayuda a la educación en los países en desarrollo se ha centrado demasiado en la cantidad de alumnos matriculados y no lo suficiente en la calidad de las enseñanzas impartidas; y que la finalidad del ODS n.o 4 es proporcionar una educación de calidad para todos de aquí a 2030;

I.

Considerando las dificultades con las que se encuentran determinadas empresas en los países en desarrollo para encontrar mano de obra con cualificaciones que respondan a sus necesidades;

J.

Considerando que los esfuerzos realizados desde 2016, que merecen ser acogidos con satisfacción, no han sido, sin embargo, suficientes para compensar el retraso acumulado, y, por lo tanto, deben continuarse e intensificarse;

K.

Considerando que, según la Unesco, la asistencia a la educación en los países de ingresos bajos y medianos bajos tiene que ser seis veces superior para alcanzar el ODS n.o 4 para 2030; y que, según la Comisión Internacional sobre la Financiación de las Oportunidades de Educación Mundial, la asistencia en materia de educación deberá alcanzar los 89 000 millones de dólares en 2030, frente a los 12 000 millones actuales;

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Vistos los Tratados, y en particular los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH),

—

Vista la Constitución de Rumanía,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

—

Visto su debate sobre la democracia y la justicia en Rumanía, celebrado el 2 de febrero de 2017,

—

Visto su debate sobre las amenazas al Estado de Derecho derivadas de la reforma del sistema de justicia rumano, celebrado el 7 de febrero de 2018,

—

Visto su debate sobre el Estado de Derecho en Rumanía, celebrado el 3 de octubre de 2018,

—

Visto el intercambio de puntos de vista, celebrado el 1 de octubre de 2018 en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, con el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans,

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Vista la audiencia celebrada el 22 de marzo de 2017 en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, sobre democracia y justicia en Rumanía,

—

Vista la declaración conjunta de 24 de enero de 2018 del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y del vicepresidente primero Frans Timmermans, sobre los últimos acontecimientos en Rumanía,

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Visto el dictamen conjunto de la Comisión de Venecia, de 16 de marzo de 2018, sobre el proyecto de Ley de Rumanía n.o 140/2017 por el que se modifica el Decreto n.o 26/2000 sobre asociaciones y fundaciones,

—

Visto el dictamen conjunto de la Comisión de Venecia, de 20 de octubre de 2018, sobre la reforma de las leyes rumanas n.o 303/2004 sobre el estatuto de los jueces y los fiscales, n.o 304/2004 sobre la organización del poder judicial, y n.o 317/2004 sobre el Consejo Superior de la Magistratura,

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Visto el dictamen conjunto de la Comisión de Venecia, de 20 de octubre de 2018, sobre la reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Rumanía, que afecta asimismo a la Ley n.o 78/2000 sobre prevención, detección y sanción de los actos de corrupción, y a la Ley n.o 304/2004 sobre la organización del poder judicial,

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Visto el informe ad hoc sobre Rumanía, de 11 de abril de 2018, del Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO),

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Visto el informe de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017 sobre la evolución de la situación en Rumanía, elaborado en el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación,

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Vista la aprobación por el Parlamento rumano, en diciembre de 2017, de tres leyes de reforma del poder judicial, por las que se modifica la Ley n.o 303/2004 sobre el estatuto de los jueces y los fiscales, la Ley n.o 304/2004 sobre la organización del poder judicial, y la Ley n.o 317/2004 sobre el Consejo Superior de la Magistratura, Vista la aprobación de la reforma del Código Penal, en junio de 2018, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en julio de 2018,

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Vistas la Resolución 2226/2018 y la Recomendación 2134/2018 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,

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Vista la Decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía, de 20 de octubre de 2018, por la que se determina la inconstitucionalidad de 64 de las 96 modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal; vista la declaración del Tribunal Constitucional, de 25 de octubre de 2018, según la cual 30 de las modificaciones introducidas en el Código Penal son incompatibles con la Constitución,

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Vistas las reiteradas protestas que contra la corrupción y a favor del Estado de Derecho se vienen produciendo masivamente desde enero de 2017, incluida la gran manifestación de «Diáspora en Casa» del 10 de agosto de 2018 en Bucarest, que se saldó con cientos de heridos que requirieron atención médica tras la violenta intervención de las fuerzas policiales,

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Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, y que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad que se caracteriza por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres (artículo 2 del TUE);

B.

Considerando que el artículo 6, apartado 3, del TUE confirma que los derechos fundamentales, garantizados por el CEDH y derivados de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, son principios generales del Derecho de la Unión;

C.

Considerando que la Unión opera sobre la base de la presunción de la confianza mutua, en el sentido de que los Estados miembros actúan de conformidad con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, consagrados en el CEDH y en la Carta de los Derechos Fundamentales;

D.

Considerando que la independencia del poder judicial se consagra en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 6 del CEDH, y que es un requisito esencial del principio democrático de la separación de poderes;

E.

Considerando que en su informe sobre Rumania de abril de 2018 el Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO) expresó serios reparos en cuanto a diversos aspectos de las leyes sobre el estatuto de los jueces y los fiscales, sobre la organización del poder judicial y sobre el Consejo Superior de la Magistratura aprobadas por el Parlamento rumano, así como sobre ciertos proyectos de reforma de la legislación penal; que el GRECO cuestiona el proceso legislativo, teme el impacto sobre la independencia del poder judicial y sugiere la existencia de una violación implícita de las normas anticorrupción;

F.

Considerando que la Comisión de Venecia, en su dictamen n.o 924/2018, de 20 de octubre de 2018, que se ciñó a «determinados aspectos especialmente controvertidos de los proyectos», concluyó que «si bien, a raíz de algunas críticas y de diversas resoluciones del Tribunal Constitucional, se han aportado a los proyectos mejoras muy bienvenidas […] persisten en ellos aspectos importantes que […] podrían traducirse en presiones sobre jueces y fiscales y en última instancia socavar la independencia del poder judicial y de sus miembros y que, junto con las disposiciones sobre jubilación anticipada, podrían perjudicar también la eficiencia y calidad del mismo, con consecuencias negativas para la lucha contra la corrupción», entendiendo que estos aspectos son susceptibles de «socavar la confianza de la ciudadanía en el poder judicial» (1);

G.

Considerando que la Comisión de Venecia, en su dictamen n.o 930/2018, de 20 de octubre de 2018, concluyó que es «necesario y oportuno que el Parlamento de Rumanía acometa una reforma de las leyes penales a fin de aplicar las resoluciones del Tribunal Constitucional y las correspondientes Directivas de la Unión Europea» y que muchas de las modificaciones «perjudicarán gravemente la eficacia del sistema de justicia rumano en la lucha contra diversas manifestaciones delictivas, incluidas las relacionadas con la corrupción, los delitos violentos y la delincuencia organizada» (2);

H.

Considerando que la Comisión de Venecia, en su dictamen conjunto n.o 914/2018, de 16 de marzo de 2018, se felicitó de que «durante las reuniones en Bucarest, los promotores del proyecto de Ley manifestaron su disposición a modificarlo en determinados aspectos» y pidió a las autoridades rumanas que tuvieran en cuenta sus principales recomendaciones, a saber, que «los nuevos requisitos de información y publicación previstos en el proyecto, incluidas las sanciones de suspensión de actividades y disolución en caso de incumplimiento, son claramente innecesarios y desproporcionados, por lo que deberían ser retirados», y que la publicación de informes financieros detallados cada seis meses y la indicación de la fuente de ingresos independientemente del importe, junto a la sanción de desmantelamiento, tendrá un «efecto inhibidor sobre la sociedad civil» y chocará con «la libertad de asociación y el derecho al respeto de la vida privada» (3);

I.

Considerando que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ha pedido a Rumanía que rechace los proyectos de ley recientemente propuestos que imponen a las ONG obligaciones de información financiera adicionales, que los modifique en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OIDDH de la OSCE) y que los someta a un proceso de consulta pública general antes de su aprobación (4);

J.

Considerando que el 19 de julio de 2018 la Comisión llevó a Rumanía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la no transposición a su derecho nacional de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales; que el 24 de octubre de 2018 el Parlamento rumano aprobó el «proyecto de Ley de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo»;

K.

Considerando que se está produciendo un debate respecto al papel de los servicios de inteligencia rumanos y sus supuestas interferencias en las actividades del poder judicial, lo que plantea preguntas respecto al posible alcance y modalidades de dicha injerencia; que la Comisión de Venencia, en su dictamen n.o 924/2018, de 20 de octubre de 2018, concluyó que «parece necesaria una revisión exhaustiva de la normativa legal sobre control de los servicios de inteligencia»;

L.

Considerando que en mayo de 2016 se presentó una petición de revisión de la Constitución de Rumanía para restringir la definición de familia al matrimonio entre hombre y mujer; que numerosos grupos de defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación por la posible vulneración de las normas internacionales en la materia y el aumento de la discriminación contra los homosexuales en Rumanía; que dicha revisión fue apoyada por una mayoría parlamentaria de dos tercios; que el referéndum para ratificarla no logró alcanzar la participación requerida del 30 %;

M.

Considerando que, según el Informe Anual de 2018 sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas LGTBI en Europa publicado por la Región Europea de la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas (ILGA-Europe), Rumanía ocupa el puesto 25 entre los 28 Estados miembros de la Unión en lo relativo a incitación al odio, discriminación y legislación contra las personas LGTBI,

N.

Considerando que la Unión Europea está comprometida con el respeto de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como con el derecho a la información y a la libertad de expresión; que la denuncia de irregularidades es una parte esencial del periodismo de investigación y de la libertad de prensa y que, según la Comunicación de la Comisión, de 23 de abril de 2018, sobre el refuerzo de la protección de los denunciantes en la UE (COM(2018)0214), en la mayoría de los Estados miembros los denunciantes solo están protegidos en situaciones muy limitadas; que las funciones de vigilante público de los medios de comunicación son cruciales para la defensa de estos derechos y para la protección de todos los demás derechos fundamentales;

O.

Considerando que Reporteros sin Fronteras ha llamado la atención sobre los intentos de convertir los medios rumanos en herramientas de propaganda política y expresado su preocupación por la censura política en los medios (5);

P.

Considerando que el artículo 12 de la Carta de los Derechos Fundamentales establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico;

Q.

Considerando que las informaciones sobre la violenta intervención de la policía rumana durante las protestas del 10 de agosto de 2018 han suscitado serias dudas en cuanto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la vulneración de los derechos fundamentales de los manifestantes, lo que ha dado lugar a varias investigaciones de las autoridades judiciales y policiales rumanas;

R.

Considerando que la corrupción sigue suponiendo un desafío en la Unión; que la naturaleza y el alcance de la corrupción puede variar de un Estado a otro, pero no por ello deja de perjudicar al conjunto de la Unión y a su economía y sociedad, de lastrar el desarrollo económico, de socavar la democracia y de dañar el Estado de Derecho;

S.

Considerando que el fiscal en jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción fue cesado en su cargo el 9 de julio de 2018, contra la opinión del Consejo Judicial a raíz de una resolución del Tribunal Constitucional que limita los poderes del presidente; que, en sentido contrario, la Comisión de Venecia, en su dictamen n.o 924/2018 de 20 de octubre de 2018, estimó que es importante «reforzar la independencia de los fiscales y preservar y ampliar el papel de instituciones como la Presidencia y el Consejo Superior de la Magistratura, susceptibles de contrarrestar la influencia del Ministerio [de Justicia]»;que el 24 de octubre de 2018 el ministro de Justicia pidió el cese del fiscal general, bajo la acusación de extralimitarse en sus competencias;

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Vistos los artículos 2 y 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 10, 21 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (1) (Directiva sobre igualdad racial),

—

Vistos los criterios de Copenhague, así como el conjunto de normas de la Unión que un país candidato tiene que cumplir si desea adherirse a esta (el acervo),

—

Vistas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948,

—

Vista la Resolución de las Naciones Unidas A/RES/60/7, adoptada por su Asamblea General el 1 de noviembre de 2005 con el título «Recordación del Holocausto»,

—

Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y los protocolos al mismo, en especial el protocolo n.o 12 sobre la no discriminación,

—

Vistos el Informe sobre los derechos fundamentales de 2018 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y su segunda Encuesta de la Unión Europea sobre las minorías y la discriminación (EU-MIDIS II),

—

Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (A/RES/61/106), aprobados el 13 de diciembre de 2006,

—

Vistos el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa y la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias,

—

Vista la Resolución 1985 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptada en 2014, sobre la situación y los derechos de las minorías nacionales en Europa,

—

Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa n.o 2153, adoptada en 2017, sobre el fomento de la inclusión de los gitanos y travellers,

—

Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa n.o 2196, adoptada en 2018, sobre la protección y el fomento de las lenguas regionales o minoritarias en Europa,

—

Vista la Resolución n.o 424 del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, adoptada en 2017, sobre las lenguas regionales y minoritarias en la Europa de hoy,

—

Vista la Recomendación n.o 1201 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, adoptada en 1993, para un protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre los derechos de las minorías,

—

Vista la Declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el auge del antigitanismo y la violencia racista contra los gitanos, adoptada el 1 de febrero de 2012,

—

Vista la directriz n.o 5 sobre las relaciones entre el Consejo de Europa y la Unión Europea, adoptada en la tercera cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Varsovia los días 16 y 17 de mayo de 2005,

—

Visto el Documento de Copenhague de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), de 1990, y las numerosas directrices y recomendaciones temáticas sobre los derechos de las minorías publicadas por el Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales y la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE,

—

Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2018, sobre la protección y no discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión (2),

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2017, sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo (3),

—

Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (4),

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Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2016, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (5),

—

Vista su Resolución, de 15 de abril de 2015, con ocasión del Día Internacional del Pueblo Gitano — antigitanismo en Europa y reconocimiento por la UE del día de conmemoración del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial (6),

—

Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2013, sobre las lenguas europeas amenazadas de desaparición y la diversidad lingüística en la Unión Europea (7),

—

Vista su Resolución, de 8 de junio de 2005, sobre la protección de las minorías y las políticas de lucha contra la discriminación en la Unión Europea ampliada (8),

—

Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2017, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017: Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático (9),

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (10),

—

Vistas las sentencias y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en particular en el asunto T-646/13 (Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe /Comisión), y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH),

—

Vistos los informes y estudios de la FRA, por ejemplo, el informe «Respeto y protección de personas pertenecientes a minorías 2008-2010», así como los demás informes pertinentes de las organizaciones nacionales, europeas e internacionales y las ONG sobre este asunto,

—

Vistas las actividades y conclusiones del Intergrupo de Minorías tradicionales, Comunidades nacionales y las Lenguas del Parlamento Europeo,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0353/2018),

A.

Considerando que los derechos de las personas que pertenecen a minorías son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indivisibles e independientes; que proteger y promover los derechos de las minorías es fundamental para la paz, la seguridad y la estabilidad y para el fomento de la tolerancia, el respeto y la comprensión mutuos y la cooperación entre todas las personas que viven en un mismo territorio;

B.

Considerando que la Unión es un crisol de culturas, lenguas, religiones, tradiciones e historia que forman una comunidad de ciudadanos diversos unidos por sus valores fundamentales comunes; que esta riqueza no es inherente, sino que debe protegerse y nutrirse;

C.

Considerando que aproximadamente el 8 % de los ciudadanos de la Unión pertenece a una minoría nacional y aproximadamente el 10 % habla una lengua regional o minoritaria; que el acoso, la discriminación y la violencia persistentes limitan la capacidad de las personas para disfrutar plenamente de sus derechos y libertades fundamentales y socavan su participación en la sociedad en condiciones de igualdad;

D.

Considerando que la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías puede ayudar a construir un futuro sostenible para Europa y contribuir a garantizar el respeto de los principios de dignidad, igualdad y no discriminación; que los beneficios no se limitan a las minorías pues esta protección y promoción aportarán estabilidad, desarrollo económico y prosperidad para todos;

E.

Considerando que el Tratado de Lisboa introdujo el término «personas pertenecientes a minorías» en el Derecho de la Unión, la primera referencia explícita de la historia del Derecho de la Unión; que el artículo 2 del TUE establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, la primacía del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, y que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres; considerando que estos valores son comunes a todos los Estados miembros y que deben ser respetados y promovidos activamente por cada uno de ellos y por la Unión en todas sus políticas, tanto internas como externas, de manera coherente; que estos derechos merecen el mismo trato que los demás derechos consagrados en los Tratados;

F.

Considerando que los Tratados de la Unión, siguiendo el enfoque del Derecho internacional a este respecto, no definen el término «minorías»; que, en virtud del artículo 17 del TUE, la Comisión debe velar por que se apliquen los Tratados;

G.

Considerando que el artículo 19 del TFUE establece que el Consejo, por unanimidad, con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación;

H.

Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea hace de la noción de «minorías nacionales» un término del Derecho de la Unión; que el artículo 21 de la Carta subraya explícitamente que está prohibida la discriminación; que se debe prestar especial atención a la protección de los derechos fundamentales de las personas en las situaciones más vulnerables;

I.

Considerando que, al definir la ciudadanía de la Unión, el artículo 9 del TUE dispone expresamente que la Unión respetará el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismos;

J.

Considerando que el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta de las Lenguas son importantes logros del sistema internacional de protección de las minorías e importantes instrumentos normativos internacionales para los Estados parte; que el impacto de los acuerdos en cuestión se ve debilitado por la lentitud del proceso de ratificación, las reservas formuladas por las Partes y por la falta de poderes de control, que los hace dependientes de la buena voluntad de los Estados; que la no aplicación sistemática de las sentencias, decisiones y recomendaciones también conduce a una normalización del incumplimiento de los dos instrumentos internacionales;

K.

Considerando que las mejores prácticas que ya se aplican en algunos Estados miembros, como Italia (Trentino-Alto Adigio / Tirol Meridional) o Alemania (Schleswig-Holstein) deben tenerse en cuenta a la hora de desarrollar normas mínimas comunes para la protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías;

L.

Considerando que se garantizan los derechos de las personas pertenecientes a minorías tanto en los acuerdos internacionales multilaterales como en los bilaterales y se confirman en el orden constitucional de muchos Estados y que su observancia constituye un requisito esencial para evaluar el Estado de Derecho;

M.

Considerando que la Directiva sobre igualdad racial constituye una medida jurídica clave para luchar contra la discriminación étnica y racial; que varios Estados miembros aún no la han aplicado plenamente; que, según se establece en el artículo 5 de dicha Directiva, con el fin de garantizar la plena igualdad en la práctica, el principio de igualdad de trato no impedirá que un Estado miembro mantenga o adopte medidas específicas para prevenir o compensar las desventajas que afecten a personas de un origen racial o étnico concreto;

N.

Considerando que el lema de la Unión «Unida en la diversidad» adoptado desde el año 2000, subraya el respeto de la diversidad como uno de los valores fundamentales de la Unión Europea;

O.

Considerando que los criterios de Copenhague forman parte de los criterios de adhesión a la Unión; que uno de los tres criterios de Copenhague claramente obliga a los países a garantizar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías; que no existe ningún otro control de los derechos de las minorías una vez que un país candidato se convierte en Estado miembro;

P.

Considerando que la experiencia ha demostrado que los países en fase de preadhesión están más dispuestos a cumplir los criterios de Copenhague; que, como consecuencia de la falta de un marco adecuado para garantizar el cumplimiento de estos criterios después de la adhesión, los Estados miembros pueden experimentar posteriormente un grave retroceso; que la Unión sigue careciendo de normas europeas comunes para proteger a las minorías en los Estados miembros;

Q.

Considerando que, en la actualidad, la Unión dispone de instrumentos de eficacia limitada para responder a las manifestaciones sistemáticas e institucionales de discriminación, racismo y xenofobia; que, a pesar de los numerosos llamamientos a la Comisión al respecto, solo se han adoptado medidas limitadas para garantizar una protección eficaz de las personas pertenecientes a minorías;

R.

Considerando que es necesario desarrollar mecanismos y procesos sólidos del Estado de Derecho para garantizar el respeto de los principios y valores del Tratado en toda la Unión; que el respeto de los derechos de las personas pertenecientes a minorías es uno de los elementos constitutivos de estos valores; que deberían existir mecanismos eficaces para colmar las lagunas existentes; que dichos mecanismos deben estar basados en pruebas, ser objetivos y no discriminatorios, respetar los principios de subsidiariedad, necesidad y proporcionalidad, ser aplicable a las instituciones tanto de los Estados miembros como de la Unión, y estar basado en un enfoque gradual, que incluya tanto una vertiente preventiva como una vertiente correctiva; que, en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, el Parlamento ha confirmado su apoyo a este respecto, y que esto podría ser fundamental para adoptar un enfoque europeo coordinado en relación con la gobernanza, algo que, por el momento, no existe;

S.

Considerando que las lenguas, la expresión más directa de la cultura, son parte integral de la identidad europea; que el respeto por la diversidad lingüística es un valor fundamental de la Unión, tal como se estipula, por ejemplo, en el artículo 22 de la Carta y en el preámbulo del TUE, en el que se lee «inspirándose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho»;

T.

Considerando que la diversidad lingüística es una parte importante de la riqueza cultural de una región; que entre 40 y 50 millones de personas en la Unión hablan una de sus 60 lenguas regionales y minoritarias, algunas de las cuales se encuentran en grave peligro; que el declive de las lenguas minoritarias es perceptible en toda Europa; que las lenguas habladas por pequeñas comunidades y sin carácter oficial están aún más expuestas al peligro de extinción;

U.

Considerando que se calcula que una de cada mil personas utiliza la lengua de signos nacional como su primera lengua; que a estas lenguas debe concedérseles el estatuto de lenguas oficiales;

V.

Considerando que en las sociedades inclusivas, la identidad individual y la identidad nacional son importantes y que ninguna de las dos excluye a la otra; que los sistemas legislativos nacionales de los Estados miembros en relación con las minorías contienen lagunas importantes y representan un bajo nivel de armonización y simetría;

W.

Considerando que el patrimonio cultural de Europa es rico y diverso; que el patrimonio cultural enriquece la vida de los ciudadanos; que en el artículo 3 del TUE se dispone, entre otras cosas, que la Unión «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo»; que las personas pertenecientes a minorías que han vivido en Europa durante siglos contribuyen a este patrimonio rico, único y diverso y forman parte integrante de la identidad europea;

X.

Considerando que existen grandes diferencias entre los distintos Estados miembros en lo que respecta al reconocimiento de las minorías y al respeto de sus derechos; que las minorías en toda la Unión siguen enfrentándose a una discriminación institucionalizada y están sujetas a estereotipos despectivos e incluso a menudo ven restringidos o aplicados de forma selectiva sus derechos adquiridos;

Y.

Considerando que existe una diferencia entre la protección de las minorías y las políticas de lucha contra la discriminación; que la no discriminación no es suficiente para detener la asimilación; que la igualdad efectiva va más allá de la no discriminación y significa garantizar a las minorías el disfrute de sus derechos, como el derecho a la identidad, al uso de la lengua y a la educación, a los derechos culturales y de ciudadanía, etc., en las mismas condiciones que la mayoría;

Z.

Considerando que el aumento de la violencia xenófoba y de la incitación al odio en la Unión Europea, a menudo promovida por fuerzas de extrema derecha, afecta y se dirige a personas pertenecientes a minorías;

AA.

Considerando que los ciudadanos de la Unión pertenecientes a minorías esperan que se haga más a nivel europeo para proteger sus derechos, como lo atestigua el gran número de peticiones presentadas al Parlamento Europeo a este respecto;

AB.

Considerando que la iniciativa ciudadana europea «Minority SafePack» ha recogido 1 215 879 firmas en toda la Unión, mostrando la voluntad de esos ciudadanos europeos de reforzar el marco legislativo que rige las políticas sobre minorías a nivel de la Unión;

AC.

Considerando que se puede mejorar considerablemente la manera en que se protegen los derechos de las minorías en la Unión; que la legitimidad de las instituciones democráticas se basa en la participación y la representación de todos los grupos de la sociedad, incluidas las personas pertenecientes a minorías;

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Vistos los artículos 208, 209, 210, 211 y 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible y el documento final aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

—

Visto el Consenso Europeo en materia de Desarrollo «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro» (1), aprobado en mayo de 2017,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 2 de mayo de 2017, titulado «Digital4Development: mainstreaming digital technologies and services into EU Development Policy» (Digitalización para el desarrollo: integración de los servicios y tecnologías digitales en la política de desarrollo de la UE) (SWD(2017)0157),

—

Vista la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, aprobada en mayo de 2015,

—

Visto el Plan Europeo de Inversiones Exteriores,

—

Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la estrategia de política comercial «Comercio para todos»: una política comercial equilibrada y progresista para encauzar la globalización (COM(2017)0491),

—

Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2017, titulada «Hacia una estrategia de comercio digital» (2),

—

Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la preparación para la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades para la ayuda humanitaria (3),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2014, titulada «Reforzar el papel del sector privado para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible en los países en desarrollo» (COM(2014)0263),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de noviembre de 2017, sobre digitalización para el desarrollo,

—

Vista la Undécima Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Buenos Aires (Argentina) del 10 al 13 de diciembre de 2017,

—

Vistas las iniciativas de apoyo a los países en desarrollo (UIT-D) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas,

—

Visto el Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) de la Organización Mundial del Comercio,

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Vista la Declaración Ministerial realizada en Cancún en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la economía digital,

—

Vista la Declaración conjunta realizada por los ministros del G7 del ámbito de las TIC en su reunión en Takamatsu (Japón) de los días 29 y 30 de abril de 2016,

—

Vista la iniciativa «Comercio Electrónico para Todos» de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD),

—

Vistos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (A/RES/61/106),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

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Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A8-0338/2018),

A.

Considerando que el Consenso Europeo en materia de Desarrollo de 2017 subraya la importancia de las tecnologías y servicios de la información y la comunicación como elementos que facilitan el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible;

B.

Considerando que la estrategia de la Comisión sobre la digitalización para el desarrollo incluye el crecimiento económico y los derechos humanos, la salud, la educación, la agricultura y la seguridad alimentaria, las infraestructuras básicas, el agua y el saneamiento, la gobernanza, la protección social y los objetivos transversales en materia de género y medio ambiente;

C.

Considerando que las tecnologías digitales ofrecen potencial para garantizar la sostenibilidad y la protección del medio ambiente; que, no obstante, la producción de equipos digitales utiliza determinados metales raros con bajo índice de reciclabilidad y escasas reservas accesibles, y que los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos constituyen un reto para el medio ambiente y la salud; que, según un estudio conjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) e Interpol (4), los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos son un ámbito prioritario de la delincuencia ambiental;

D.

Considerando que, de conformidad con los datos actualizados de 2017 de la base de datos de la iniciativa del Banco Mundial Identificación para el Desarrollo, se estima que unos 1 100 millones de personas en todo el mundo no pueden demostrar oficialmente su identidad, en particular su inscripción de nacimiento, y que el 78 % de esas personas viven en el África subsahariana y en Asia; que esto constituye una barrera importante para alcanzar el Objetivo n.o 16.9 de los ODS, pero también para poder ser un agente en el entorno digital y beneficiarse de él;

E.

Considerando que los ODS mencionan explícitamente las tecnologías digitales en cinco de los objetivos (ODS 4 sobre la educación; ODS 5 sobre la igualdad de género; ODS 8 sobre el trabajo decente y el crecimiento económico; ODS 9 sobre industria, innovación e infraestructuras; ODS 17 sobre las alianzas);

F.

Considerando que los ODS subrayan que facilitar un acceso a internet universal y asequible para las personas de los países menos adelantados (PMA) de aquí a 2020 será crucial para fomentar el desarrollo, puesto que el desarrollo de una economía digital podría ser un motor para el empleo digno y el crecimiento inclusivo, el volumen de las exportaciones y su diversificación;

G.

Considerando que, según la UNCTAD, la digitalización cada vez genera más monopolios y plantea nuevos retos para las políticas antimonopolio y de competencia, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrollados (5);

H.

Considerando que, en su examen general de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (6), la Asamblea General de las Naciones Unidas se comprometió a encauzar el potencial de las TIC para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y otros objetivos de desarrollo acordados a nivel internacional, señalando que las TIC podrían acelerar el progreso de los diecisiete ODS;

I.

Considerando que la conectividad sigue siendo un reto y una preocupación que se encuentra en el origen de varias brechas digitales en cuanto al acceso a las TIC y su uso;

J.

Considerando que la velocidad a la que se está desplegando la economía digital y las brechas significativas existentes en los países en desarrollo en relación con la economía digital en términos de desarrollo de políticas nacionales seguras, normativa y protección de los consumidores, señalan la urgente necesidad de ampliar el desarrollo de capacidades y la asistencia técnica a los países en desarrollo, especialmente los PMA;

K.

Considerando que la alfabetización y las capacidades digitales son elementos clave que posibilitan la mejora y el progreso social y personal, el fomento del espíritu emprendedor y la construcción de unas economías digitales fuertes;

L.

Considerando que la digitalización también debería contribuir a mejorar la prestación de asistencia humanitaria y la resiliencia, la prevención de riesgos de catástrofe y el apoyo transitorio, vinculando la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo en contextos frágiles y afectados por conflictos;

M.

Considerando que más de la mitad de la población mundial aún está fuera de línea y que se ha producido un lento avance hacia la consecución del ODS 9, consistente en aumentar significativamente el acceso a las TIC y esforzarse por facilitar un acceso a internet universal y asequible en los PMA para 2020;

N.

Considerando que en todo el planeta se está produciendo un drástico aumento de los servicios móviles y que el número de usuarios de teléfonos móviles está sobrepasando la cifra de personas con acceso a electricidad, saneamiento o agua potable;

O.

Considerando que la innovación humanitaria debe ser coherente con los principios humanitarios (humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia) y con el principio de dignidad;

P.

Considerando que la innovación humanitaria debe darse con el objetivo de promover los derechos, la dignidad y las capacidades de la población destinataria, y que debe ser posible que todos los miembros de una comunidad afectada por una crisis puedan beneficiarse de la innovación, sin obstáculos discriminatorios a su uso;

Q.

Considerando que se deben utilizar el análisis y la mitigación de riesgos para evitar daños no deliberados, incluidos los que afectan a la privacidad y la seguridad de los datos y tienen efectos en las economías locales;

R.

Considerando que la experimentación, los proyectos piloto y los ensayos deben realizarse de conformidad con las normas éticas reconocidas a nivel internacional;

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Vistos los principios consagrados en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular la promoción de la democracia y el Estado de Derecho, el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional,

—

Vista la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (1) (Posición Común),

—

Visto el decimonoveno informe anual (2) con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Posición Común,

—

Vistas la Decisión (PESC) 2018/101 del Consejo, de 22 de enero de 2018, sobre la promoción de controles eficaces de las exportaciones de armas (3) y la Decisión (PESC) 2017/915 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, sobre las actividades de sensibilización de la Unión en apoyo de la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas (4),

—

Vista la Lista Común Militar de la Unión Europea actualizada, adoptada por el Consejo el 26 de febrero de 2018 (5),

—

Vista la Guía del usuario de la Posición Común por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares,

—

Vistos el Arreglo de Wassenaar, de 12 de mayo de 1996, sobre control de exportaciones de armas convencionales y bienes y tecnología de doble uso, y las listas, actualizadas en diciembre de 2017, de esos bienes, tecnologías y municiones (6),

—

Vistos el Marco Estratégico y el Plan de Acción de la Unión para los Derechos Humanos y la Democracia, de 25 de junio de 2012, y en particular el objetivo 11, letra e) del Plan de Acción, y el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-2019), de 20 de julio de 2015, y en particular su objetivo 21, letra d),

—

Visto el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de abril de 2013 (7), que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014,

—

Vista la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad (8),

—

Vistos el Reglamento (CE) n.o 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (9), modificado por el Reglamento (UE) n.o 599/2014, de 16 de abril de 2014, y la lista de bienes y tecnologías de doble uso recogida en su anexo I (Reglamento sobre productos de doble uso),

—

Vistos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en particular el objetivo 16 (promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,

—

Vista la Agenda para el Desarme de las Naciones Unidas, titulada «Asegurar nuestro futuro común»,

—

Visto el Reglamento (UE) 2016/2134 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (10),

—

Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para el Consejo de Derechos Humanos sobre las repercusiones de las transferencias de armas en el ejercicio de los derechos humanos (11),

—

Vistas sus Resoluciones anteriores sobre este asunto, en particular las de 13 de septiembre de 2017 (12) y 17 de diciembre de 2015 (13) sobre la aplicación de la Posición Común,

—

Vistas la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa con el objetivo de apoyar la competitividad y la capacidad de innovación de la industria de la defensa de la Unión (COM(2017)0294) y la propuesta de Reglamento por el que se establece el Fondo Europeo de Defensa (COM(2018)0476),

—

Vistas sus Resoluciones sobre la situación humanitaria en Yemen, de 25 de febrero de 2016 (14), 15 de junio de 2017 (15) y 30 de noviembre de 2017 (16),

—

Vista su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados (17),

—

Visto el informe del Consejo de Derechos Humanos, de 17 de agosto de 2018, sobre la situación de los derechos humanos en el Yemen, incluidas las violaciones y conculcaciones cometidas desde septiembre de 2014 (A/HRC/39/43),

—

Vistos el artículo 52 y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0335/2018),

A.

Considerando que el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, está consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas;

B.

Considerando que las exportaciones y las transferencias de armas tienen repercusiones innegables sobre los derechos humanos y la seguridad de las personas, sobre el desarrollo socioeconómico y sobre la democracia; que las exportaciones de armas propician además las circunstancias que obligan a las personas a huir de sus países; que son estas razones suficientes para establecer un sistema de control de armamento estricto, transparente, eficaz y comúnmente aceptado y definido;

C.

Considerando que la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo constituye un marco jurídicamente vinculante que establece ocho criterios; que, ante el incumplimiento de dichos criterios, debe denegarse la expedición de la licencia de exportación (criterios 1-4) o, al menos, ponderarse la posibilidad de denegarla (criterios 5-8); que la decisión de transferir o denegar la transferencia de cualquier tecnología o equipo militar queda a discreción nacional de cada Estado miembro, de conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Posición Común;

D.

Considerando que las últimas cifras (18) muestran que las exportaciones de armas desde la Europa de los Veintiocho representaron más del 27 % del total mundial en el período 2013-2017, lo que convertiría a la Unión en su conjunto en el segundo mayor proveedor de armas del mundo, por detrás de los Estados Unidos (34 %) y seguido de Rusia (22 %); que en los años 2015 y 2016 se registró el mayor número de licencias de exportación de armas concedidas desde que empezaron a recopilarse datos a escala de la Unión, por un valor total de 195 950 millones EUR en 2015 y, según el informe más reciente del Grupo «Exportación de Armas Convencionales» (COARM), de 191 450 millones EUR en 2016 (19); que, lamentablemente, las cifras de 2015 y 2016 son engañosas e inexactas, ya que el volumen de licencias es, en parte, más una manifestación de intenciones que una cifra precisa sobre las exportaciones reales que cabe esperar que se materialicen en un futuro próximo;

E.

Considerando que los informes anuales del COARM son hasta ahora el único instrumento cuyo objetivo es la aplicación de la Posición Común; que estos informes han contribuido a reforzar la transparencia en relación con las exportaciones de armas de los Estados miembros y que ha aumentado considerablemente el volumen de directrices y aclaraciones en la Guía del usuario; considerando que a raíz de la Posición Común ha aumentado el volumen de información sobre la expedición de las licencias de exportación de armas;

F.

Considerando que el entorno de seguridad, tanto a escala mundial como regional, ha cambiado radicalmente, en particular en la vecindad meridional y oriental de la Unión, lo que pone de relieve la urgente necesidad de mejorar y hacer más seguros los métodos de producción de información para las evaluaciones de riesgos relativas a la concesión de licencias de exportación;

G.

Considerando que, de conformidad con el artículo 3 de la Posición Común, los ocho criterios se limitan a fijar una serie de normas mínimas y no afectan al derecho de los Estados miembros de adoptar medidas más estrictas en materia de control de armas; que el proceso de toma de decisiones relativo a la concesión o denegación de licencias de exportación de armas es competencia exclusiva de los Estados miembros;

H.

Considerando que no todos los Estados miembros proporcionan información completa al COARM; que, debido a los distintos sistemas de recogida de datos y procedimientos de transmisión de información empleados por los Estados miembros, y a su interpretación divergente de los ocho criterios, las remesas de datos que presentan están incompletas y no son homogéneas, y sus prácticas de exportación de armas difieren mucho; recuerda que el intercambio de información debe respetar las legislaciones nacionales y los procedimientos administrativos de cada país;

I.

Considerando que en la actualidad no existe un mecanismo normalizado e independiente para la verificación y notificación del cumplimiento de los ocho criterios de la Posición Común;

J.

Considerando que en los últimos años se han adoptado medidas sobre el tráfico de armas pequeñas y ligeras, como la lista actualizada de bienes y tecnologías de doble uso de conformidad con el Arreglo de Wassenaar; que, aunque determinadas cuestiones como el control del corretaje de armas, la producción bajo licencia fuera de la Unión y el control del destinatario final se han convertido en prioritarias y, en cierta medida, han sido incorporadas a la Posición Común, numerosos productos, en particular en los ámbitos de los bienes de doble uso, la cibertecnología y la vigilancia, siguen sin estar cubiertos por el sistema de control;

K.

Considerando que el decimonoveno informe anual pone de manifiesto que el 40,5 % de las licencias de exportación de armas concedidas, por un valor de 77 500 millones EUR, tuvieron como destinatarios a países de la región de Oriente Próximo y África del Norte, principalmente Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), cuyas importaciones se elevaron a 57 900 millones EUR;

L.

Considerando que, en algunos casos, las armas exportadas a determinados países, por ejemplo a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y los miembros de la coalición dirigida por Arabia Saudí, se han utilizado en conflictos como el de Yemen; que tales exportaciones violan claramente la Posición Común;

M.

Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 25 de febrero de 2016 sobre la situación humanitaria en Yemen, pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que ponga en marcha una iniciativa destinada a imponer un embargo de la Unión a la venta de armas a Arabia Saudí;

N.

Considerando que las armas autorizadas para su transferencia por los Estados miembros de la Unión y utilizadas posteriormente en el actual conflicto de Yemen han tenido un impacto catastrófico en el desarrollo sostenible de Yemen;

O.

Considerando que el sector de la defensa se ha convertido en un elemento central de la política de la Unión, puesto que la Estrategia Global de la Unión establece que «una industria de defensa europea sostenible, innovadora y competitiva es esencial para la autonomía estratégica de Europa y para una PCSD creíble» (20); que las exportaciones de armas son esenciales para el refuerzo de la base industrial y tecnológica de la defensa europea y que la prioridad de la industria de la defensa es garantizar la defensa y la seguridad de los Estados miembros de la Unión, contribuyendo así a la aplicación de la PESC; que el objetivo principal del Fondo Europeo de Defensa y de su precursor, el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, puesto en marcha recientemente, consiste en «apoyar la competitividad de la industria europea de la defensa» (21);

P.

Considerando que las medidas de transparencia, como el control de las exportaciones de armas, contribuyen al refuerzo de la confianza entre los Estados miembros;

Q.

Considerando que el artículo 10 de la Posición Común establece claramente que el cumplimiento de los ocho criterios primará sobre cualquier interés de carácter económico, social, comercial o industrial de los Estados miembros;

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Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (1) (DDF),

—

Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los convenios, recomendaciones, resoluciones e informes de la Asamblea Parlamentaria, el Comité de Ministros, el Comisario para los Derechos Humanos y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa,

—

Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo n.o 1/2018, de 17 de julio de 2018, relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, presentada por la Comisión el 2 de mayo de 2018,

—

Visto el Informe de 2018 sobre los derechos fundamentales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

—

Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2018, sobre una propuesta en la que solicita al Consejo que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, constate la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de Hungría de los valores en los que se fundamenta la Unión (2),

—

Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2018, sobre la decisión de la Comisión de activar el artículo 7, apartado 1, del TUE en relación con la situación en Polonia (3),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre el Estado de Derecho en Malta (4),

—

Vista su Resolución, de 19 de abril de 2018, sobre la protección de los periodistas de investigación en Europa: el caso del periodista eslovaco Ján Kuciak y Martina Kušnírová (5),

—

Vista su debate en el Pleno sobre el Estado de Derecho en Rumanía, celebrado el 3 de octubre de 2018,

—

Vista su Resolución, de 1 de marzo de 2018, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2016 (6),

—

Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Consejo, de 2 de mayo de 2018, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 (COM(2018)0322),

—

Visto el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE de 2018,

—

Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, y que estos valores son universales y comunes a los Estados miembros;

B.

Considerando que el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales constituyen una relación triangular de refuerzo mutuo, lo que protege el núcleo constitucional de la Unión y de sus Estados miembros;

C.

Considerando que en 2014 la Comisión establecido un marco para el Estado de Derecho que dicho marco solo se ha utilizado una vez y que este instrumento se ha demostrado insuficiente para prevenir o contrarrestar las amenazas al Estado de Derecho;

D.

Considerando que la Unión no dispone de un mecanismo objetivo y permanente de supervisión de la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en todos los Estados miembros;

E.

Considerando que el Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE de 2018 revela que existen retos pendientes en cuanto al funcionamiento de los sistemas de justicia de los Estados miembros y a los efectos de determinadas reformas aplicadas en los mismos;

F.

Considerando que existe un notable volumen de procedimientos de infracción pendientes en el ámbito de la justicia, los derechos fundamentales y la ciudadanía (7);

G.

Considerando que la Agencia de los Derechos Fundamentales ha publicado diversos informes que destacan los retos que afrontan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en algunos de los Estados miembros, en relación con aspectos como la reducción del espacio disponible para las organizaciones de la sociedad civil en Europa (8);

H.

Considerando que se han observado respuestas ad hoc frente a las amenazas a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, lo que se ha traducido en planteamientos muy diversos en los distintos Estados miembros;

I.

Considerando que la Comisión ha iniciado el procedimiento del artículo 7, apartado 1 del TUE en relación con la situación en Polonia, y que el Parlamento Europeo ha hecho lo propio respecto a la situación en Hungría;

J.

Considerando que la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ha constituido un Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho que ha iniciado sus trabajos en relación con los asesinatos de periodistas de investigación y el Estado de Derecho;

K.

Considerando que las respuestas de la Unión son fundamentalmente reactivas y no preventivas y se ven obstaculizadas por lo desigual y politizado de la atención dispensada a los retos a la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en los diversos Estados miembros;

L.

Considerando que el 2 de mayo de 2018 la Comisión presentó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros (COM(2018)0324),

M.

Considerando que el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo n.o 1/2018 sobre la propuesta de Reglamento subrayó la necesidad de seguir clarificando las fuentes de orientación y los procedimientos mediante los cuales pueden determinarse deficiencias generalizadas en relación con el Estado de Derecho en los Estados miembros;

N.

Considerando que los anterior informes anticorrupción de la UE y los informes por países del Semestre Europeo de 2018 constatan graves problemas de corrupción en diversos Estados miembros que erosionan la confianza de los ciudadanos en las instituciones y el Estado de Derecho;

O.

Considerando que los retos que afrontan el Estado de Derecho y la democracia en los Estados miembros ponen en riesgo el espacio de libertad, seguridad y justicia fundamentado en la presunción refutable (praesumptio iuris tantum) de confianza mutua;

P.

Considerando que los retos que afrontan el Estado de Derecho y la democracia en los Estados miembros ponen en riesgo la legitimidad de la acción exterior de la Unión, en particular en lo relativo a sus políticas de adhesión y vecindad;

Q.

Considerando que todas las instituciones, los órganos y las agencias de la Unión están obligadas a respetar, proteger y promover la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

R.

Considerando que la Unión todavía no se ha adherido al CEDH, pese a su obligación de hacerlo en virtud del artículo 6, apartado 2 del TUE;

S.

Considerando que la Comisión y el Consejo no han reaccionado a la Resolución del Parlamento sobre un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, habiendo hasta la fecha rechazado aprobar el acuerdo interinstitucional sobre el Pacto de la Unión;

1.

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9.

—

Vistos el artículo 8 y el título V, y en particular los artículos 21, 22, 36 y 37, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra, que entró plenamente en vigor el 1 de julio de 2016,

—

Vistas sus anteriores Resoluciones, de 18 de diciembre de 2014, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Georgia, por otra (1), y de 21 de enero de 2016, sobre Acuerdos de Asociación / Zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania (2), su Recomendación, de 15 de noviembre de 2017, sobre la Asociación Oriental (3), su Resolución legislativa, de 14 de marzo de 2018, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la concesión de una ayuda macrofinanciera adicional a Georgia (4), y su Resolución, de 14 de junio de 2018, sobre los territorios georgianos ocupados diez años después de la invasión rusa (5),

—

Vistos los planes de acción nacionales anuales para la aplicación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Georgia,

—

Visto el documento de trabajo conjunto de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 9 de noviembre de 2017, sobre el informe sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación con Georgia (SWD(2017)0371),

—

Vistas las declaraciones conjuntas de las cumbres de la Asociación Oriental, la última de las cuales se celebró el 24 de noviembre de 2017 en Bruselas,

—

Visto el marco de cooperación «Veinte resultados para 2020» establecido durante la cumbre de Riga de 2015, que promueve una economía, una gobernanza, una conectividad y una sociedad más fuertes,

—

Visto el marco único de apoyo de la Unión para Georgia (2017-2020),

—

Vistos los resultados de la cuarta reunión del Consejo de Asociación entre la Unión y Georgia, de 5 de febrero de 2018,

—

Vistos los resultados de las reuniones de la Asamblea Euronest, la última de las cuales se celebró del 25 al 27 de junio de 2018, que han dado lugar a siete resoluciones y a un llamamiento a la Unión para que refuerce su labor de mediación en los conflictos enquistados,

—

Vistas la declaración final y las recomendaciones de la sexta reunión de la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Georgia, celebrada el 26 de abril de 2018,

—

Vista la declaración conjunta de la tercera reunión de la Plataforma de la Sociedad Civil UE-Georgia, de 22 de marzo de 2018,

—

Visto el primer informe de la Comisión en el marco del mecanismo de suspensión de visados, publicado el 20 de diciembre de 2017 (COM(2017)0815),

—

Visto el dictamen final de la Comisión de Venecia, de 19 de marzo de 2018, sobre la reforma constitucional de Georgia (CDL-AD(2018)005),

—

Visto el documento de trabajo conjunto, de 21 de septiembre de 2015, titulado «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de mujeres y niñas a través de las relaciones exteriores de la UE 2016-2020) (SWD(2015)0182),

—

Visto el informe de Transparencia Internacional, de 2 de julio de 2015, titulado «The State of Corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine» (El estado de la corrupción: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania),

—

Vistos los estudios de expertos elaborados para la Comisión de Asuntos Exteriores, incluidos el estudio sobre las reformas electorales en tres países asociados de la vecindad oriental: Ucrania, Georgia y Moldavia, y su impacto en la evolución política en estos países, publicado el 26 de octubre de 2017 (6), el estudio sobre los Acuerdos de Asociación entre la UE y Moldavia, Georgia y Ucrania, publicado el 28 de junio de 2018 (7), y el estudio comparativo sobre el desarrollo de un marco institucional para la aplicación de los Acuerdos de Asociación en Georgia, Moldavia y Ucrania: una perspectiva comparativa, publicado en septiembre de 2018 (8),

—

Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, relativa al procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0320/2018),

A.

Considerando que las relaciones entre la Unión y Georgia son cada vez más profundas gracias a los grandes avances realizados en consonancia con el Acuerdo de Asociación UE-Georgia, la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) y el Programa de Asociación, como la entrada en vigor del régimen de exención de visado y la adhesión a la Comunidad de la Energía;

B.

Considerando que el pleno respeto de los valores fundamentales, y en particular la democracia, el Estado del Derecho, la buena gobernanza, los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos los derechos de las minorías, constituye la piedra angular de una mayor integración europea;

C.

Considerando que la situación humanitaria y el aislamiento de las regiones ocupadas de Osetia del Sur y Abjasia siguen siendo uno de los principales desafíos para Georgia;

D.

Considerando que el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional para 2017 revela que se mantienen los buenos resultados en la lucha contra la corrupción;

E.

Considerando que la nueva Estrategia nacional de lucha contra la delincuencia organizada para el periodo 2017-2020 y su Plan acción aprobado en 2017 se centran en la lucha contra las actividades mafiosas, el tráfico de estupefacientes y la ciberdelincuencia, así como en la introducción de actividades policiales basadas en análisis y de la policía de proximidad;

F.

Considerando que el Convenio de Estambul, encargado de la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, entró en vigor el 1 de septiembre de 2017, y que se ha creado la Comisión Interorganismos sobre igualdad de género, violencia contra las mujeres y violencia doméstica;

G.

Considerando que la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras muestra una ligera mejora, ya que Georgia pasa de ocupar el puesto 64 en 2017 a ocupar el puesto 61 en 2018;

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Vistos el artículo 8 y el título V, en particular los artículos 21, 22, 36 y 37, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el Acuerdo de Asociación entre la Unión y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra, que entró plenamente en vigor el 1 de julio de 2016,

—

Vistas sus resoluciones previas, en particular las del 5 de julio de 2018 sobre la crisis política de Moldavia a raíz de la anulación de las elecciones a la alcaldía de Chisináu (1), del 15 de noviembre de 2017 sobre la Asociación Oriental en la fase previa a la cumbre de noviembre de 2017 (2), del 4 de julio de 2017 sobre la concesión de una ayuda macrofinanciera a la República de Moldavia (3) y del 21 de enero de 2016 sobre Acuerdos de Asociación / Zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania (4).

—

Vista la firma, en noviembre de 2017, de un Memorando de Acuerdo, de un acuerdo de préstamo y de un acuerdo de subvención sobre asistencia financiera por valor de 100 millones EUR para el período 2017-2018,

—

Visto el plan de acción nacional moldavo relativo a la aplicación del Acuerdo de Asociación Moldavia-UE en 2017-2019,

—

Visto el documento de trabajo conjunto del personal de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre el informe de aplicación de la asociación relativo a Moldavia, de 3 de abril de 2018 [SWD(2018)0094],

—

Vistas las declaraciones conjuntas de las cumbres de la Asociación Oriental, la más reciente la del 24 de noviembre de 2017 en Bruselas,

—

Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre la República de Moldavia del 26 de febrero de 2018,

—

Visto el informe de Transparencia Internacional titulado «The State of Corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine» (El estado de la corrupción: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania), publicado el 2 de julio de 2015,

—

Vistos los dictámenes y las recomendaciones de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OIDDH) y de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, en particular el del 15 de marzo de 2018 sobre la reforma electoral en Moldavia,

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Vistas las recomendaciones y las actividades de la Asamblea Parlamentaria Euronest, del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental y de otros representantes de la sociedad civil en Moldavia,

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Visto el resultado de la misión de la Comisión de Asuntos Exteriores en Moldavia el 3 y 4 de abril de 2018,

—

Vistos los estudios de expertos elaborados para la Comisión de Asuntos Exteriores, incluidos el estudio titulado «The electoral reforms in three association countries of the Eastern Neighbourhood — Ukraine, Georgia and Moldova and their impact on political developments in these countries», publicado el 26 de octubre de 2017 (5), la evaluación europea de aplicación titulada «Association agreements between the EU and Moldova, Georgia and Ukraine», publicada el 28 de junio de 2018 (6) y el estudio comparativo titulado «The Development of an Institutional Framework for the Implementation of the Association Agreements in Georgia, Moldova and Ukraine», publicado en julio de 2018 (7),

—

Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0322/2018),

A.

Considerando que las relaciones políticas y económicas entre la Unión Europea y la República de Moldavia se han intensificado en el marco de la Asociación Oriental y en particular con la firma, el 27 de junio de 2014, y con la entrada en vigor, el 1 de julio de 2016, del Acuerdo de Asociación (AA) Moldavia-UE, incluida una Zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP);

B.

Considerando que el AA se basa en valores comunes entre los que se incluyen «[e]l respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales tal y como se proclaman en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se definen en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, el Acta final de la Conferencia para la Seguridad y la Cooperación en Europa de Helsinki de 1975 y la Carta de París para una Nueva Europa de 1990»;

C.

Considerando que, a través de este acuerdo, Moldavia se compromete a reformas nacionales importantes, basadas en las leyes y las prácticas de la Unión, en una gran variedad de ámbitos que propicien la buena gobernanza, el desarrollo económico y el refuerzo de la cooperación con la Unión; que, para apoyar estos esfuerzos, la Unión se comprometió a proporcionar a Moldavia ayuda presupuestaria y financiera importante, que ascendería a 1 140 millones EUR en fondos asignados desde 2007, más la financiación de programas regionales;

D.

Considerando que la ZLCAP permite el acceso privilegiado a bienes y servicios de Moldavia al mercado de la Unión; que, como consecuencia de la ZLCAP, el comercio entre la Unión y Moldavia aumentó un 20 % en 2017, hasta llegar a los 4 000 millones EUR; que la Unión es actualmente el mayor socio comercial de Moldavia y representa más del 55 % del total de su actividad comercial; que la Unión también es el mayor inversor en Moldavia; que los datos iniciales de 2018 confirman la tendencia positiva; Considerando que el índice de utilización del régimen de preferencias de Moldavia del 90 % demuestra que la ZLCAP ha sido ventajosa para las empresas, los trabajadores y los ciudadanos moldavos; Considerando que se ha avanzado en ámbitos esenciales, tales como las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstáculos técnicos al comercio, el ámbito aduanero y la contratación pública; Considerando que se crearon grupos consultivos internos de conformidad con lo dispuesto en el capítulo relativo al comercio y al desarrollo sostenible, y que hasta la fecha los grupos se han reunido tres veces;

E.

Considerando que, además, a cambio de las reformas de Moldavia en los ámbitos de justicia y seguridad, incluida la lucha contra la corrupción, la Unión también se comprometió en 2014 a permitir viajar sin visado a la zona Schengen a los ciudadanos moldavos con pasaporte biométrico; que más de 1,5 millones de ciudadanos moldavos se han beneficiado de este régimen de exención de visado durante los cuatro primeros años de su aplicación;

F.

Considerando que la Unión ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el deterioro de las normas democráticas como consecuencia de las decisiones recientes adoptadas por las autoridades moldavas, como la invalidación de las elecciones locales en Chisináu en junio de 2018 por razones dudosas y de manera no transparente, la reforma electoral adoptada en julio de 2017 a pesar de las recomendaciones en contra de la OIDDH y de la Comisión de Venecia, la falta de avances en el enjuiciamiento de todos los responsables del fraude bancario de 1000 millones USD destapado en 2014 y el aumento de las violaciones de los derechos humanos, en especial contra jueces independientes, periodistas y oponentes políticos;

G.

Considerando que, como consecuencia de esta deriva, en 2017 la Unión no realizó los dos últimos pagos fraccionados en el marco del programa de apoyo presupuestario para la reforma de la justicia, porque las autoridades moldavas dieron muestras de un compromiso insuficiente para reformar este sector, y que, en 2018, la Unión suspendió el desembolso del primer pago fraccionado de la ayuda macrofinanciera por el incumplimiento de las condiciones políticas anexas a la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2017, en las que se especificaba que «[u]na condición previa para conceder la ayuda macrofinanciera es que el país beneficiario respete una serie de mecanismos democráticos eficaces —tales como un sistema parlamentario multipartidista— y el Estado de Derecho, y garantice el respeto de los derechos humanos»;

H.

Considerando que, desde la toma de estas decisiones, la evolución más reciente ha seguido causando preocupación, sobre todo el llamado «paquete de reformas fiscales», adoptado en julio de 2018, cuyo plan de amnistía fiscal aumenta los riesgos de blanqueo de capitales, así como el aumento de la presión que se ejerce sobre la oposición y sus manifestaciones pacíficas y sobre pequeños medios de comunicación independientes que luchan para mantener su actividad a pesar de la adopción, en julio de 2018, del nuevo Código de Servicios de Medios Audiovisuales;

I.

Considerando que Transparency International situó a Moldavia en el puesto 122 de 180 en su Índice de Percepción de la Corrupción de 2017, junto con Azerbaiyán y Mali; que Reporteros sin Fronteras colocó a Moldavia en el puesto 81 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, bajando del puesto 56 que obtuvo en 2014;

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