—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (1),

—

Vista la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (2),

—

Vista la Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, relativa a las cuentas anuales y a las cuentas consolidadas de las empresas de seguros (3),

—

Vista la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (4),

—

Visto el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (5),

—

Vista la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 17 Contratos de seguro, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) el 18 de mayo de 2017,

—

Visto el informe de Philippe Maystadt de octubre de 2013 titulado «Should IFRS standards be more European?»(¿Deben las NIIF ser más europeas?),

—

Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre la Evaluación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y de las actividades de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera (Fundación NIIF), el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) y el Consejo Internacional de Supervisión Pública de Estándares de Auditoría, Ética Profesional y Materias Relacionadas (PIOB) (6),

—

Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre las Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 9 (7),

—

Visto el documento de consulta de la Comisión, de 21 de marzo de 2018, titulado «Fitness check on the EU framework for public reporting by companies»(Control de adecuación relativo al marco de la UE sobre publicación de información por parte de las empresas),

—

Vista la petición al EFRAG por parte de la Comisión, el 27 de octubre de 2017, de un dictamen en materia de incorporación en relación con la NIIF 17,

—

Vistos el dictamen de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la carta de observaciones de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre el proyecto de norma del CNIC relativo a los contratos de seguro,

—

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 23 de noviembre de 2017, sobre las actividades de la Fundación NIIF, el EFRAG y el PIOB en 2016 (COM(2017)0684),

—

Visto el informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), de julio de 2017, titulado «Financial stability implications of IFRS 9»(Repercusiones de la NIIF 9 en la estabilidad financiera),

—

Visto el informe sobre la estabilidad financiera mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre de 2017 titulado «Is Growth at Risk?»(¿Hay amenazas al crecimiento?),

—

Vista la nota de prensa del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés), de 17 de julio de 2017, sobre la NIIF 17,

—

Visto el Acuerdo de París sobre cambio climático, aprobado el 12 de diciembre de 2015,

—

Visto el informe del FSB de junio de 2017 titulado «Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures»(Recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, titulada «Plan de acción: Financiar el crecimiento sostenible (COM(2018)0097),

—

Visto el informe final del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles, de 31 de enero de 2018, titulado «Financing a Sustainable European Economy»(Financiar una economía europea sostenible),

—

Vistos los documentos informativos de reflexión del EFRAG sobre la NIIF 17 en lo que respecta a la liberación del margen de servicio contractual, los requerimientos de transición y los requerimientos para el nivel de agregación,

—

Visto el intercambio de puntos de vista sobre la NIIF 17 entre Hans Hoogervorst, presidente del CNIC, Michel Prada, presidente de los Fideicomisarios de la Fundación NIFF, y Jean-Paul Gauzès, presidente del Consejo de Administración del EFRAG,

—

Visto el estudio de enero de 2016 preparado a petición de su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios titulado «Changes to Accounting and Solvency Rules: The (possible) Impact on Insurance and Pensions» (8) [Cambios en las normas de contabilidad y solvencia: (posible) repercusión en los seguros y las pensiones],

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

—

Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) publicó el 18 de mayo de 2017 una nueva norma sobre los contratos de seguro, la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 17; que, de incorporarla la Unión, la NIIF 17 entrará en vigor en esta el 1 de enero de 2021 sustituyendo a la norma provisional NIIF 4; que la NIIF 17 es la tercera gran norma de contabilidad publicada por el CNIC, siendo las dos primeras la NIIF 16 Arrendamientos y la NIIF 9 Instrumentos financieros; que las modificaciones de la NIIF 4 subsanaban los desajustes en lo que a fechas de aplicación respecta entre la NIIF 17 y la NIIF 9;

B.

Considerando que, pese a haber sido concebida en cuanto norma provisional, la NIIF 4 permite utilizar una amplia gama de normas y prácticas de contabilidad nacionales; que, en la contabilidad de seguros, impera actualmente una notable diversidad, en particular en lo relativo a la medición del pasivo y al reconocimiento de los ingresos y la ganancia;

C.

Considerando que se espera que la NIIF 17, que armoniza para los distintos interesados las normas contables aplicables a los contratos de seguro, ofrezca una representación más realista y una mejor comparabilidad de los estados financieros en el sector de los seguros;

D.

Considerando que, en el informe sobre la estabilidad financiera mundial de octubre de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió mejoras en los marcos normativos de los seguros de vida al objeto de aumentar la transparencia de la información y reforzar la resiliencia del sector; que el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) ha acogido con satisfacción la NIIF 17;

E.

Considerando que las compañías de seguros europeas, al ofrecer una amplia gama de seguros y reaseguros, difieren en cuanto a modelos de negocio, especialmente en lo que respecta a las estructuras de las inversiones y de los pasivos; que, en cuanto grandes inversores institucionales, dichas compañías son asimismo destacados inversores a largo plazo;

F.

Considerando que la Comisión está llevando a cabo un control de adecuación relativo al marco de la Unión sobre la publicación de información por parte de las empresas, para lo cual ha estudiado la posible interacción entre la NIIF 17, la Directiva sobre las cuentas de empresas de seguros y Solvencia II;

G.

Considerando que el EFRAG se encuentra elaborando su dictamen en materia de incorporación en relación con la NIIF 17, para lo cual está llevando a cabo una detallada evaluación de impacto; que el EFRAG, en sus documentos de reflexión, considera aspectos conflictivos el nivel de agregación, el margen de servicio contractual, el reaseguro, los requerimientos de transición y las repercusiones operativas;

H.

Considerando que su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios examinará detenidamente la NIIF 17;

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Vista la pregunta a la Comisión sobre las tecnologías de registros distribuidos y las cadenas de bloques: fomentar la confianza con la desintermediación (O-000092/2018 – B8-0405/2018),

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Industria, Investigación y Energía,

—

Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre monedas virtuales (1),

—

Vista su Resolución, de 28 de abril de 2017, sobre la tecnología financiera: la influencia de la tecnología en el futuro del sector financiero (2),

—

Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2018, sobre las medidas contra el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de residencia o de establecimiento de los clientes en el mercado interior (3),

—

Visto el Reglamento general de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679),

—

Visto el Reglamento sobre la ampliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (COM(2016)0597 – C8-0375/2016 – 2016/0276(COD)),

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de octubre de 2017, sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD)) (4),

—

Vistas las iniciativas de la Comisión para la exploración de las tecnologías de registros distribuidos, entre ellas «Blockchain4EU: cadena de bloques para transformaciones industriales», «Observatorio y foro de la cadena de bloques de la UE», «Cadenas de bloques para el bien social»y «Estudio sobre la oportunidad y la posibilidad de una infraestructura de cadena de bloques de la UE»,

—

Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la tecnología de registros distribuidos (TRD) y las cadenas de bloques pueden constituir un instrumento que capacite a los ciudadanos dándoles la oportunidad de controlar sus propios datos y de decidir qué datos compartir en el registro, así como la capacidad de elegir quién más puede ver dichos datos;

B.

Considerando que la TRD es una tecnología de utilidad general que puede mejorar la eficiencia de costes de las transacciones eliminando intermediarios y costes de intermediación, así como aumentando la transparencia de las transacciones, remodelando las cadenas de valor y descentralizando formas de organización de manera fiable;

C.

Considerando que la TRD puede introducir, con los necesarios mecanismos de cifrado y control, un paradigma informático de valor social que puede democratizar los datos, mejorar la confianza y la transparencia ofreciendo una forma segura y eficiente de ejecutar las transacciones;

D.

Considerando que la TRD fomenta la seudonimización de los usuarios pero no su anonimización;

E.

Considerando que la TRD es una tecnología aún en evolución que precisa de un marco favorable a la innovación, propicio y alentador que proporcione seguridad jurídica y respete el principio de neutralidad de la tecnología y, al mismo tiempo, promueva la protección de los consumidores, los inversores y el medio ambiente, incremente el valor social de la tecnología y reduzca la brecha digital y mejore las capacidades digitales de los ciudadanos;

F.

Considerando que la TRD puede ofrecer un marco de transparencia, reducir la corrupción, detectar la evasión fiscal, permitir el seguimiento de pagos ilegales, facilitar políticas de prevención del blanqueo de capitales y detectar la malversación de activos;

G.

Considerando que la TRD permite garantizar la integridad de los datos y que la capacidad de ofrecer una pista de auditoría a prueba de manipulaciones permite nuevos modelos de administración pública y ayuda a lograr una mejor seguridad;

H.

Considerando que todo enfoque regulatorio de la TRD debe ser favorable a la innovación y guiarse por los principios de neutralidad tecnológica y neutralidad del modelo empresarial, permitiendo también la creación de ecosistemas favorables a la innovación y plataformas de innovación;

I.

Considerando que la cadena de bloques es solo uno entre varios tipos de TRD; que las soluciones de TRD almacenan todas las transacciones individuales en bloques que se unen entre sí en orden cronológico para crear una cadena que garantiza la seguridad e integridad de los datos;

J.

Considerando que se considera que los ciberataques tienen un impacto menor en dichas cadenas, ya que deben afectar a muchas copias en lugar de a una versión centralizada;

K.

Considerando que la TRD puede mejorar considerablemente sectores fundamentales de la economía así como la calidad de los servicios públicos, ofreciendo una experiencia transaccional de alto nivel a consumidores y ciudadanos y reduciendo los costes que soportan;

L.

Considerando que las preguntas e inquietudes relacionadas con la aplicación de reglamentos y normas horizontales, en asuntos como la protección de datos o la fiscalidad, pueden inhibir el desarrollo potencial de la TRD en la Unión;

M.

Considerando que las aplicaciones de TRD tienen potencial para convertirse en sistémicas con rapidez, análogamente al modo en que las innovaciones digitales han transformado de modo radical los servicios en otros sectores, como las telecomunicaciones;

N.

Considerando que aún no se conocen por completo los riesgos y problemas de la tecnología;

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Visto el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre la política de cohesión en las regiones montañosas de la UE (1),

—

Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020 (2),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, titulada «Refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea: séptimo informe de la Comisión Europea» (3),

—

Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que las zonas rurales, montañosas y periféricas de la Unión constituyen el 80 % de su territorio, el 57 % de su población y el 46 % de su valor añadido bruto;

B.

Considerando que el PIB per cápita de las zonas no urbanizadas representa el 70 % de la media de la Unión, mientras que los habitantes de las ciudades disfrutan de un PIB per cápita que alcanza el 123 % de esa media;

C.

Considerando que la tasa de desempleo en las zonas no urbanizadas pasó del 7 % al 10,4 % entre 2008 y 2012;

D.

Considerando que una cuarta parte de la población de las zonas rurales, montañosas y periféricas no dispone de acceso a internet;

E.

Considerando que es importante ayudar a las zonas rurales, montañosas y periféricas a superar los desafíos a que se enfrentan; que uno de estos desafíos es la despoblación, puesto que los mayores de 65 años suponen el 20 % de su población y los jóvenes siguen emigrando; que muchos ciudadanos de las zonas no urbanas necesitan por tanto garantías de que podrán disfrutar de las mismas oportunidades que los de las zonas urbanas;

F.

Considerando que el sector servicios solo representa el 24 % del empleo no urbano;

G.

Considerando que la economía, las ciudades, la industria —incluido el turismo— y los ciudadanos de Europa dependen de las citadas zonas en lo tocante a los alimentos, los usos del suelo, la energía, el agua, el aire limpio y las materias primas;

H.

Considerando que las zonas rurales, montañosas y periféricas se localizan a menudo en las regiones fronterizas de los Estados miembros y en las proximidades de las fronteras exteriores de la Unión, y que para atender sus necesidades específicas, promover la cohesión y fomentar las buenas relaciones de vecindad es preciso aprovechar al máximo las posibilidades derivadas de la cooperación transfronteriza, las estrategias macrorregionales y otros instrumentos como por ejemplo la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT);

I.

Considerando que representantes de cuarenta países europeos han suscrito la Declaración de Venhorst, formulada por el Parlamento Europeo en 2017 con el propósito de promover la cooperación en ámbitos como la conectividad, las infraestructuras, los servicios, el refuerzo de las economías locales y la lucha contra la pobreza y la exclusión social;

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Bielorrusia,

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Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los convenios sobre derechos humanos de los que Bielorrusia es parte,

—

Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, en febrero de 2016, la Unión suspendió la mayor parte de sus medidas restrictivas contra funcionarios y personas jurídicas de Bielorrusia, como gesto de buena voluntad destinado a iniciar una política de contactos para alentar a dicho país a respetar los principios de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho;

B.

Considerando que la Unión Europea ha reiterado en numerosas ocasiones que las relaciones entre la Unión y Bielorrusia solo pueden avanzar una vez que se basen en los valores de la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales;

C.

Considerando que las actuales políticas en Bielorrusia socavan esos valores, lo que evita que la Unión ofrezca a Bielorrusia una mayor participación en la Asociación Oriental y unas relaciones más estrechas, o que se firmen las Prioridades de la Asociación entre la UE y Bielorrusia;

D.

Considerando que la situación en términos de medios de comunicación y libertad de expresión continúa deteriorándose en Bielorrusia, como demuestran los graves acosos a los nuevos portales y periodistas independientes, como en el «caso BelTA»;

E.

Considerando que las autoridades bielorrusas han iniciado recientemente una campaña de acoso e intimidación policial contra periodistas;

F.

Considerando que Reporteros sin Fronteras concluye que más de cien periodistas fueron detenidos en 2017, la mayoría de ellos cuando cubrían protestas de la oposición; que el acoso a periodistas autónomos que trabajan para medios de comunicación independientes con sede en el extranjero ha alcanzado niveles sin precedentes, y que les resulta imposible obtener una acreditación;

G.

Considerando que el principal sitio web independiente de noticias Charter 97.org (Carta 97), especializado en derechos humanos y en las causas de la oposición, y que toma su nombre de una declaración de 1997 en la que se pedía democracia para Bielorrusia y que fue firmada por periodistas, políticos opositores y activistas en favor de los derechos humanos, fue obligado a trasladarse a Varsovia (Polonia), donde lleva operando desde 2011, tras ser bloqueado en numerosas ocasiones por las autoridades bielorrusas, sufrir dos redadas policiales en sus oficinas y ver cómo se confiscaban sus equipos ese mismo año;

H.

Considerando que, desde el 24 de enero de 2018, el acceso al sitio web de Carta 97 está bloqueado dentro de Bielorrusia por tiempo indefinido, sin juicio y entre vagas acusaciones de «amenazas a los intereses nacionales»; que, según la redactora jefe de Carta 97, Natalia Radina, en el mes posterior a dicho bloqueo el número de visitantes al sitio web desde Bielorrusia se redujo en un 70 %;

I.

Considerando que la señora Radina ha recibido amenazas de muerte;

J.

Considerando que el 16 de abril de 2018 el acceso al sitio web de Carta 97 fue bloqueado también por las autoridades rusas para el interior del territorio de la Federación de Rusia;

K.

Considerando que el fundador de la Carta 97, Aleh Biabenin, fue hallado ahorcado en su domicilio cerca de Minsk en septiembre de 2010; que Pável Sheremet, bielorruso de nacimiento y portavoz de la organización que sostiene Carta 97, fue asesinado mediante un coche bomba en Kiev, la capital de Ucrania, en julio de 2016;

L.

Considerando que, a comienzos de agosto de 2018, las autoridades bielorrusas llevaron a cabo redadas en las oficinas editoriales de varios medios independientes bielorrusos, empezando por ut.by y prosiguiendo con registros en BelaPAN, realty.by, Belaruskaya Navuka y Kultura; que las redadas dieron lugar a detenciones y arrestos de periodistas, entre ellos, el redactor jefe de Tut.by, por supuestos accesos ilegales y uso de información en línea facilitada por la agencia de noticias estatal BelTA;

M.

Considerando que, el 7 de agosto de 2018, la Brigada de Investigación de Bielorrusia abrió una causa penal en virtud del artículo 349, apartado 2, del Código Penal (cuyo tipo, acceso ilícito a información electrónica cometido por otro interés personal con resultado de daños sustanciales, contempla una pena de prisión de hasta dos años), contra periodistas y redactores de una serie de medios en línea, y detuvo a dieciocho periodistas, de los que siete fueron retenidos durante tres días como sospechosos; que se han dado casos de presiones ejercidas sobre periodistas y sus familiares, y de imposiciones a que cooperen con los servicios de inteligencia y la policía;

N.

Considerando que las últimas modificaciones de la Ley de medios de comunicación de masas, adoptadas en junio de 2018, extendieron el control gubernamental a los medios de comunicación en línea; que los cambios, que entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2018, impondrán aún más trabas burocráticas a los sitios web que deseen registrarse como medios de comunicación en línea oficiales;

O.

Considerando que a los sitios web que escojan no registrarse, pese a la nueva legislación, o no reúnan los nuevos criterios, se les denegará la acreditación para instituciones gubernamentales, lo que supone una intensificación de la censura a la prensa; que tanto los medios de comunicación en línea registrados como los no registrados estarán también obligados a registrar los nombres de quienes remitan comentarios; que los propietarios de medios de comunicación en línea registrados serán asimismo responsables del contenido de dichos comentarios;

P.

Considerando que la nueva legislación exigirá que sean identificados los autores de todos artículos y comentarios en línea, y que los propietarios de los sitios web moderen dichos comentarios;

Q.

Considerando que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, Miklós Haraszti, y el representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación, Harlem Désir, han manifestado su opinión de que estos cambios legislativos constituyen una restricción inaceptable de la libertad de expresión y del acceso a la información;

R.

Considerando que Bielorrusia ocupa el puesto 155 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 de Reporteros sin Fronteras, que evalúa cada año el grado de libertad de prensa en 180 países;

S.

Considerando que, desde el inicio de 2018, periodistas bielorrusos, cuyo derecho a recopilar, guardar y difundir información está garantizado por la Constitución, han sido multados más de setenta veces por cooperar con medios de comunicación de masas extranjeros sin acreditación, multas que totalizan la suma de 60 000 BYN; que el artículo 22.9 del Código de infracciones administrativas se ha convertido en un instrumento eficaz de acoso a los periodistas independientes y medios de comunicación, como Belsat TV, que lleva operando desde Polonia desde 2011;

T.

Considerando que Bielorrusia sigue siendo el único país europeo donde se continúa aplicando la pena de muerte;

U.

Considerando que determinadas categorías de personas en Bielorrusia son objeto de encarcelamientos ilegales y detenciones arbitrarias, denegación de asistencia adecuada y del contacto con su familiares durante su reclusión, violencia física y psicológica organizada por el Estado, enjuiciamiento y condena por cargos espurios y falsificados, sanciones económicas desproporcionadas, sanciones administrativas y otras formas de represión por parte de las autoridades bielorrusas; que entre estas categorías se encuentran los presos políticos (en especial, Mijaíl Zhamchuzhny y Dzmitry Palienka), conocidos opositores políticos, defensores de los derechos humanos, agentes de la sociedad civil, activistas medioambientales, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, blogueros independientes, periodistas y editores, manifestantes pacíficos de todo tipo y, en particular, activistas de sindicatos independientes (en especial, Henadz Fiadynich e Ihar Komlik);

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre los Emiratos Árabes Unidos, en particular la de 26 de octubre de 2012 sobre la situación de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos (1),

—

Vista la declaración de 4 de junio de 2018 del presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos sobre la sentencia a 10 años de prisión dictada contra Ahmed Mansur,

—

Visto el artículo 30 de la Constitución de los Emiratos Árabes Unidos,

—

Vista la Carta Árabe de los Derechos Humanos, de la que los Emiratos Árabes Unidos son parte,

—

Vistos el Marco estratégico y el Plan de acción de la Unión Europea sobre derechos humanos y democracia 2015-2019,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de 16 de octubre de 2017 sobre la revisión intermedia del Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia,

—

Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos de 2004, en su versión actualizada de 2008,

—

Vista la declaración de 12 de junio de 2018 de los expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos en la que piden la liberación inmediata del defensor de los derechos humanos encarcelado Ahmed Mansur,

—

Vista la declaración de 18 de julio de 2016 de los copresidentes en el 25o Consejo de Ministros Conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo celebrado en Bruselas,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

—

Vistos la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que los Emiratos Árabes Unidos son parte,

—

Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que Ahmed Mansur fue detenido por funcionarios de los cuerpos de seguridad de los Emiratos Árabes Unidos en marzo de 2017; que es un destacado militante pro derechos humanos y que en 2015 fue galardonado con el Premio Martin Ennals a los Defensores de los Derechos Humanos; que Mansur podría haber sido el último defensor de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos que pudo criticar a las autoridades públicamente;

B.

Considerando que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos expuso en una declaración de 29 de marzo de 2017 que «la Fiscalía competente para los delitos electrónicos ordenó la detención de Ahmed Mansur por los cargos de difusión de información falsa y engañosa por internet, a través de agendas cuyo objetivo era propalar la animadversión y el sectarismo»; que esta y otras declaraciones oficiales de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos indican que la única razón para la detención, el juicio y la condena de Ahmed Mansur ha sido el contenido expresado en línea, y que los cargos en su contra se basan en presuntas violaciones de la represiva ley contra la ciberdelincuencia adoptada en 2012 en los Emiratos Árabes Unidos, que ha permitido a las autoridades acallar a los defensores de los derechos humanos e imponer largas penas de prisión y severas multas a quienes critican a los gobernantes del país;

C.

Considerando que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estima que la detención y la privación de libertad de Ahmed Mansur en lugar secreto podrían constituir un acto de represalia por su compromiso con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, por las opiniones expresadas en los medios sociales, en particular Twitter, y por ser un miembro activo de organizaciones como el Centro del Golfo para los Derechos Humanos;

D.

Considerando que un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas ha pedido al Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos que libere a Ahmed Mansur, calificando su encarcelamiento de ataque directo contra el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos;

E.

Considerando que el 29 de mayo de 2018, Ahmed Mansur fue condenado a 10 años de prisión por ejercer su derecho a la libertad de expresión en notas publicadas en Twitter a raíz de un juicio manifiestamente injusto celebrado en Abu Dabi; que se le impuso asimismo una multa de un millón de dirhams (232 475 euros) y quedó sometido a vigilancia por un periodo de tres años tras su liberación; que Ahmed Mansur ha recurrido la sentencia, pero no está claro el calendario para la celebración de la vista de la apelación;

F.

Considerando que, según la información disponible, desde su detención en marzo de 2017, a Ahmed Mansur se le ha prohibido toda forma de contacto con su familia y desde esa fecha solamente se le han concedido cuatro visitas de su mujer; que al parecer ha sido mantenido en régimen de aislamiento desde su detención y ha sido objeto de torturas; que, según las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, está detenido en la prisión de Al-Sadr, en Abu Dabi;

G.

Considerando que al parecer Ahmed Mansur no ha podido elegir un abogado independiente, pese a las afirmaciones del Gobierno de que sí ha podido hacerlo; que el derecho a consultar a un abogado es un derecho fundamental de todo detenido, como se indica en el artículo 16 de la Carta Árabe de Derechos Humanos, de la que los Emiratos Árabes Unidos son parte;

H.

Considerando que Ahmed Mansur ha sido objeto de acoso y persecución por parte de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos durante más de seis años y ha sufrido reiteradamente ataques contra su integridad física, amenazas de muerte y vigilancia física y electrónica; que tras siete meses de prisión preventiva, en 2011 fue condenado a siete años de prisión por «insulto a funcionarios»en un juicio considerado injusto; que fue liberado a los ocho meses en virtud de un perdón presidencial, pero las autoridades no le han devuelto el pasaporte, sometiéndole de hecho a una prohibición de viajar;

I.

Considerando que antes de su detención Ahmed Mansur había sido uno de los 133 firmantes de una petición en favor de elecciones universales y directas en los Emiratos Árabes Unidos y de que el Consejo Federal Nacional, órgano consultivo del Gobierno, obtuviera poderes legislativos; que Mansur administraba asimismo un foro en línea llamado Al-Hewar al-Emirati que criticaba la política del Gobierno y los líderes de los Emiratos Árabes Unidos; que es miembro del comité asesor de Human Rights Watch sobre Oriente Medio y el Norte de África y un actor comprometido con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas;

J.

Considerando que los residentes en los Emiratos Árabes Unidos que se han pronunciado sobre asuntos de derechos humanos corren un grave riesgo de ser objeto de detención arbitraria, encarcelamiento o torturas; que sigue reprimiéndose el activismo pacífico en demanda de reforma constitucional y reforma de los asuntos de derechos humanos; que en los últimos años han venido haciéndose cada vez más habituales los ataques contra miembros de la sociedad civil, como intentos de silenciamiento, encarcelamientos o actos de acoso contra activistas pro derechos humanos, periodistas, abogados y otros;

K.

Considerando que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados afirmó tras su visita a los Emiratos Árabes Unidos en 2014 que los abogados que aceptan asuntos relacionados con la seguridad del Estado son objeto de acoso, amenazas y presiones; que la citada relatora denunció que el sistema judicial estaba controlado de hecho por el brazo ejecutivo del Gobierno;

L.

Considerando que han aparecido pruebas de que Estados miembros de la Unión han aprobado exportaciones de diversas tecnologías de cibervigilancia a países con un pésimo historial en materia de derechos humanos, entre los que se encuentran los Emiratos Árabes Unidos;

M.

Considerando que en los Emiratos Árabes Unidos se sigue aplicando la pena de muerte; que actualmente hay al menos 19 personas en el corredor de la muerte y que hubo una ejecución en 2017;

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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en China, en particular la de 26 de noviembre de 2009 sobre China: derechos de las minorías y aplicación de la pena de muerte (1); de 10 de marzo de 2011, sobre la situación y el patrimonio cultural en Kashgar (Región Autónoma Uigur de Xinjiang, China) (2); de 6 de julio de 2017, sobre los casos del galardonado con el Premio Nobel Liu Xiaobo y de Li Ming-che (3); de 15 de diciembre de 2016, sobre los casos de la Academia Budista tibetana de Larung Gar y de Ilham Tohti (4); y de 12 de septiembre de 2018, sobre el estado de las relaciones UE-China (5),

—

Vistos el artículo 36 de la Constitución de la República Popular China, que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la libertad de culto, y el artículo 4, que consagra los derechos de las minorías nacionales,

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Vistas la asociación estratégica UE-China iniciada en 2003 y la Comunicación conjunta, de 22 de junio de 2016, de la Comisión Europea y el SEAE al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Componentes de una nueva estrategia de la UE respecto a China»(JOIN(2016)0030),

—

Vista la 36.a ronda del diálogo sobre derechos humanos UE-China celebrada en Pekín los días 9 y 10 de julio de 2018,

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Vistas las observaciones de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su alocución a la 39.a sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 2018, en la que expresó su profunda preocupación por los «campos de reeducación»y pidió al Gobierno chino que permitiera la entrada de investigadores independientes,

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Vista la reciente carta de alegaciones generales enviada en mayo de 2018 por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas al Gobierno chino, en la que se expresaba la preocupación por el continuo deterioro de la situación y por el aumento del número de uigures detenidos arbitrariamente,

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966,

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Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

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Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la promoción y el respeto de los derechos humanos universales, la democracia y el Estado de Derecho deben seguir ocupando el centro de la relación que mantienen desde hace tiempo la Unión Europea y China, de acuerdo con el compromiso de la Unión de defender estos valores en su acción exterior y con el interés manifestado por China por adherirse a ellos en su cooperación para el desarrollo y su cooperación internacional;

B.

Considerando que, desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder, la situación de los derechos humanos en China se ha deteriorado en mayor medida y que el Gobierno está intensificando su hostilidad hacia la disidencia pacífica, las libertades de expresión y religión y el Estado de Derecho;

C.

Considerando que la situación en Xinjiang, donde viven unos once millones de uigures y de kazajos, se ha deteriorado rápidamente en los últimos años, ya que el control absoluto de Xinjiang ha adquirido la categoría de máxima prioridad, mientras que los periódicos atentados terroristas en Xinjiang o supuestamente relacionados con Xinjiang cometidos por uigures plantean nuevas dificultades;

D.

Considerando que el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha citado unas estimaciones según las cuales podrían estar detenidos en la Provincia Autónoma Uigur de Xinjiang un número indeterminado de uigures comprendido entre decenas de miles y un millón, sin que se hayan presentado cargos contra ellos ni hayan sido sometidos a juicio, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el extremismo religioso; que este sería el mayor número de personas pertenecientes a una minoría étnica encarceladas en masa en todo el mundo en la actualidad;

E.

Considerando que la Comisión ejecutiva sobre China del Congreso de los Estados Unidos también ha señalado que existe información fidedigna de que uigures, kazajos y otras minorías étnicas fundamentalmente musulmanas de la Provincia Autónoma Uigur de Xinjiang han sido víctimas de detenciones arbitrarias, torturas, graves restricciones culturales y de sus prácticas religiosas, y de un sistema de vigilancia digital tan invasivo que controla todos los aspectos de la vida diaria mediante cámaras de reconocimiento facial, escáneres de teléfonos móviles, recogida de muestras de ADN y una presencia policial masiva e intrusiva;

F.

Considerando las informaciones según las cuales los detenidos están recluidos en condiciones precarias y son sometidos a adoctrinamiento político, lo que incluye cursos obligatorios de patriotismo, y obligados a revelar su identidad étnica y religiosa; que, según informes recientes, se han producido muertes de detenidos, incluidos suicidios;

G.

Considerando que, al parecer, al ser recluidos sus padres arbitrariamente en campos de internamiento, miles de niños han sido separados de ellos y retenidos en orfanatos abarrotados, aunque solo estuviera recluido en un campo uno de los progenitores;

H.

Considerando que, en la audiencia de las Naciones Unidas celebrada el 13 de agosto de 2018 en Ginebra, la delegación china negó las acusaciones de los expertos de las Naciones Unidas según las cuales musulmanes de etnia uigur están detenidos en campos de «reeducación»en la región occidental de Xinjiang; que existen pruebas de la construcción y ampliación de estas instalaciones;

I.

Considerando que algunos periodistas extranjeros han sufrido presiones para que no informen sobre cuestiones sensibles como los derechos humanos de los uigures y la utilización de campos de internamiento, incluida en algunos casos la negativa a renovar sus credenciales de prensa;

J.

Considerando que en ninguna parte del mundo sufre la población una vigilancia tan estricta como en la Provincia Autónoma Uigur de Xinjiang; que el Gobierno provincial ha reclutado a decenas de miles de nuevos miembros de los servicios de seguridad;

K.

Considerando que los datos son recogidos por una plataforma de operaciones conjuntas integrada que también almacena otros datos relativos a la población, incluidos hábitos de consumo, actividades bancarias, estado de salud y perfil de ADN de todos y cada uno de los habitantes de la Provincia Autónoma Uigur de Xinjiang; que se exige a los musulmanes de la región que instalen una aplicación espía en sus teléfonos móviles, y que el incumplimiento de esta exigencia se considera delito;

L.

Considerando que testimonios de primera mano e investigaciones académicas dignas de confianza han señalado que la selección de uigures que tienen vínculos con personas en el exterior y de los que tienen creencias religiosas es intencional;

M.

Considerando que se ha presionado a los uigures de ultramar para que regresen a China, contando a menudo con el apoyo de los Estados de acogida; que las embajadas chinas en el extranjero se han negado a renovar muchos pasaportes uigures, con la consiguiente inseguridad en lo que se refiere al trabajo y a los estudios;

N.

Considerando que el Gobierno chino ha rechazado sistemáticamente las peticiones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como de otros mandatos de procedimientos especiales de las Naciones Unidas, para que se envíen investigadores independientes a Xinjiang;

O.

Considerando que el profesor uigur de Economía Ilham Tohti fue condenado a cadena perpetua el 23 de septiembre de 2014 por un presunto delito de separatismo, tras haber sido detenido en enero del mismo año; que siete de sus antiguos estudiantes también fueron detenidos y condenados a penas de reclusión de entre tres y ocho años acusados de colaborar con el Sr. Tohti; que Ilham Tohti siempre ha rechazado el separatismo y la violencia y ha perseguido la reconciliación basada en el respeto de la cultura uigur;

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, titulada «Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa»(COM(2017)0572),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, titulada «Apoyar la inversión mediante una evaluación voluntaria previa de los aspectos de contratación de los grandes proyectos de infraestructura»(COM(2017)0573),

—

Vista la Recomendación (UE) 2017/1805 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, sobre la profesionalización de la contratación pública — Construir una arquitectura para la profesionalización de la contratación pública (C(2017)6654) (1),

—

Vista la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (2),

—

Vista la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (3),

—

Vista la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (4),

—

Visto el informe de la Comisión, de 17 de mayo de 2017, relativo al examen de la aplicación práctica del documento europeo único de contratación (DEUC) (COM(2017)0242),

—

Vista la Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación pública (5),

—

Visto el informe de la Comisión, de 11 de octubre de 2017, relativo a la evaluación de la norma europea sobre facturación electrónica, de conformidad con la Directiva 2014/55/UE (COM(2017)0590),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de febrero de 2018,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

—

Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, la opinión de la Comisión de Comercio Internacional y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0229/2018),

A.

Considerando que aún no se está aprovechando plenamente el potencial de la contratación pública en lo que respecta a ayudar a construir una economía social de mercado competitiva, y que más de 250 000 administraciones públicas de la Unión gastan cada año alrededor del 14 % del PIB, casi dos billones de euros, en la adquisición de servicios, obras y suministros;

B.

Considerando que la contratación pública implica el gasto de una parte considerable del dinero de los contribuyentes, lo que significa que debe efectuarse de manera ética, con transparencia e integridad y de la manera más eficiente, en términos tanto de costes como de calidad, con el fin de ofrecer bienes y servicios de calidad a los ciudadanos;

C.

Considerando que, si se aplican correctamente, las normas de contratación pública son un instrumento fundamental para reforzar el mercado único y apoyar el crecimiento de las empresas de la Unión y la creación de empleo en esta, y que el uso inteligente de la contratación pública puede ser una herramienta estratégica en la consecución de los objetivos de la Unión en materia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, acelerando así la transición hacia cadenas de suministro y modelos empresariales más sostenibles;

D.

Considerando que, por lo que se refiere a la transposición de las normas de la Unión en materia de contratación pública y concesiones, es esencial transponer y aplicar plenamente el Derecho de la Unión, a fin de que resulte más fácil y barato para las pequeñas y medianas empresas participar en concursos públicos, en el pleno respeto de los principios de la Unión de transparencia y competencia;

E.

Considerando que la Comisión puso en marcha, el 3 de octubre de 2017, una consulta específica sobre el proyecto de orientaciones sobre la contratación pública en materia de innovación, y, el 7 de diciembre de 2017, una consulta específica sobre el alcance y la estructura de una guía de la Comisión sobre contratación pública socialmente responsable;

F.

Considerando que, según una encuesta de 2016 a la que se hace referencia en la Comunicación de la Comisión COM(2017)0572, solo cuatro Estados miembros recurrieron a las tecnologías digitales para la totalidad de las fases principales de la contratación pública, es decir, la notificación, el acceso a los documentos de la licitación, la presentación, la evaluación, la adjudicación, el pedido, la facturación y el pago electrónicos;

G.

Considerando que, de acuerdo con la ficha temática del Semestre Europeo sobre contratación pública, de noviembre de 2017, el número de licitaciones con solo una oferta aumentó, pasando del 14 % al 29 % para el período 2006-2016, y que, según la Comunicación de la Comisión COM(2017)0572, «las pymes logran solamente el 45 % del valor de los contratos públicos por encima de los umbrales de la UE, claramente por debajo de su peso en la economía»;

H.

Considerando que las nuevas normas introducidas mediante las Directivas de 2014, al facilitar la celebración de contratos públicos e imponer más controles, deben contribuir a la puesta en práctica de la Estrategia Europa 2020 para una economía sostenible, más social, innovadora e integradora;

I.

Considerando que, según la Comunicación de la Comisión COM(2017)0572, el 55 % de los procedimientos de contratación pública siguen utilizando el precio más bajo como único criterio de adjudicación, en lugar de incluir, por ejemplo, criterios sociales y medioambientales estratégicos;

J.

Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas;

K.

Considerando que es de crucial importancia que los proveedores confíen en que los sistemas de la Unión sobre contratación pública prevén procedimientos digitales simples y accesibles, una transparencia completa, integridad y seguridad en materia de datos;

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Vistos los artículos 2, 3, 21 y 23 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

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Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas (1),

—

Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2018, sobre el Informe anual sobre la aplicación de la política comercial común (2),

—

Vistos los artículos 207 y 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vistos el Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia aprobado por el Consejo de Asuntos Exteriores el 25 de junio de 2012 y el Plan de acción de la UE sobre derechos humanos y democracia 2015-2019 aprobado por el Consejo el 20 de julio de 2015,

—

Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo suyos en su Resolución 17/4, de 16 de junio de 2011,

—

Vista la estrategia «Comercio para todos»de la Comisión,

—

Vistas las orientaciones sectoriales de la Comisión para la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (3),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 14 de julio de 2015, sobre el estado actual de la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (SWD(2015)0144),

—

Visto el dictamen de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) sobre la mejora del acceso a vías de recurso en el ámbito de la actividad empresarial y los derechos humanos a escala de la Unión (4),

—

Vista la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 2014, por la que se decide «establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, cuyo mandato será elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos»,

—

Vista la observación general n.o 24 (2017) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales (E/C.12/GC/24),

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Vistos los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (5),

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Visto el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (6),

—

Vistas las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales,

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Vista la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la Organización Internacional del Trabajo, revisada en 2017,

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Vista la guía de la OCDE sobre diligencia debida para el sector de la confección y del calzado,

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Visto el documento «Derechos del Niño y Principios Empresariales», elaborado por Unicef,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2016, sobre las empresas y los derechos humanos,

—

Vista la norma orientativa ISO 26000 sobre responsabilidad social,

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Vista la guía de la OCDE sobre diligencia debida para una conducta empresarial responsable,

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (7),

—

Vista la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos (8),

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Visto el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo (9),

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Vista la Recomendación del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre los derechos humanos y las empresas, aprobada el 2 de marzo de 2016,

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Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre la igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión (10),

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Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2016) y la política de la Unión Europea al respecto (11),

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Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la Estrategia UE-África: un impulso para el desarrollo (12),

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Vista su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección (13),

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Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre la revisión del Consenso Europeo sobre Desarrollo (14),

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Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales (15),

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Visto el Reglamento (UE) n.o 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera (16),

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Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional (17),

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Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2016, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la UE al respecto (2015) (18),

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Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre una mayor eficacia de la cooperación al desarrollo (19),

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Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países (20),

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Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la lucha contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión (21),

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Vista su Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre el sector privado y el desarrollo (22),

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Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión Europea al respecto (23),

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Visto el estudio encargado por su Subcomisión de Derechos Humanos titulado «Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights»(Aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos) (24),

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Vistas las preguntas a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión y al Consejo sobre la contribución de la Unión a un instrumento vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales con respecto a los derechos humanos (O-000074/2018 – B8-0402/2018, O-000075/2018 – B8-0403/2018 y O-000078/2018 – B8-0404/2018),

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Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Desarrollo,

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Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos; que sus acciones en la escena internacional (incluidas sus políticas comerciales y de desarrollo) deben guiarse por estos principios, así como ser conformes con el de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD), consagrado en el artículo 208 del Tratado de Lisboa; que este principio de la CPD ha de respetarse en toda acción exterior de la Unión de conformidad con el artículo 208 del TFUE;

B.

Considerando que la Unión es una potencia tanto normativa como económica; que, como tal, debe encabezar la difusión de buenas prácticas y la elaboración de normas mundiales;

C.

Considerando que la ejecución de la Agenda 2030 conlleva que el desarrollo económico vaya de la mano de la justicia social, la buena gobernanza, y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos sociales y el derecho a la dignidad humana y la libertad para todos, así como de normas laborales y medioambientales exigentes; que el desarrollo sostenible, el comercio y los derechos humanos pueden influirse y reforzarse mutuamente;

D.

Considerando que las obligaciones en materia de derechos humanos corresponden fundamentalmente a los Estados; que, si bien los Estados no son de por sí responsables de las violaciones de los derechos humanos perpetradas por agentes privados, pueden infringir sus obligaciones derivadas del Derecho internacional en materia de derechos humanos en los casos en que se les puedan atribuir tales violaciones, o cuando no adopten la diligencia debida correspondiente para prevenir, investigar, sancionar y corregir los abusos de los agentes privados; que, por lo general, los Estados tienen libertad para decidir qué medidas adoptan haciendo uso de las políticas, la legislación, las normativas y las sentencias;

E.

Considerando que la «debida diligencia»es un concepto del que se hace mención en las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (25);

F.

Considerando que los Estados miembros deben cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos dentro de su territorio o ámbito de competencia territorial; que los Estados miembros deben establecer claramente la premisa de que la obligación de proteger conlleva regular de modo que quede garantizado que todas las empresas domiciliadas en su territorio o ámbito de competencia territorial respetan los derechos humanos en todas sus operaciones, también en sus filiales y empresas y entidades controladas a lo largo de su cadena de suministro en todo el mundo;

G.

Considerando que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, hechos suyos por el Consejo de Derechos Humanos, siguen constituyendo el marco de referencia imprescindible para prevenir y afrontar el riesgo de repercusiones negativas sobre los derechos humanos relacionadas con la actividad empresarial, y que en el estudio de 2017 encargado por su Subcomisión de Derechos Humanos titulado «Implementation of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights»se muestra claramente que los Estados miembros de la Unión son los más avanzados en el contexto mundial en lo relativo a la aplicación de estos Principios Rectores de las Naciones Unidas al contar con el mayor número de planes de acción nacionales aprobados o en curso;

H.

Considerando que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos se aplican a todos los Estados y todas las empresas, sean transnacionales o no, independientemente de su tamaño, sector, localización, propiedad o estructura, y que se basan en los tres principios fundamentales del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar», a saber: 1) la obligación del Estado de ofrecer protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas, 2) la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos, y 3) la mejora del acceso de las víctimas a vías de recurso, tanto judicial como extrajudicial, efectivas; que cabe destacar que, aunque los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos no son jurídicamente vinculantes, gozan de amplio reconocimiento y apoyo, además de constituir el punto de partida a la hora de plantear políticas en relación con las empresas y los derechos humanos a escala internacional, así como el reconocimiento tanto de las obligaciones vigentes de los Estados de respetar, proteger y velar por el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales como del papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones específicas y están obligados a cumplir con toda la legislación aplicable y a respetar los derechos humanos y de la necesidad de que existan vías de recurso adecuadas y eficaces en los casos en que se vulneren tales derechos y obligaciones; que los datos de que se dispone apuntan a que la frecuencia de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas es menor allí donde se ponen en práctica estos Principios Rectores de las Naciones Unidas;

I.

Considerando que en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas se solicita a las empresas multinacionales que, dentro de su ámbito de influencia, adopten, apoyen y apliquen un conjunto de valores centrales en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción mediante un compromiso con estos valores y su integración en la actividad empresarial con carácter voluntario;

J.

Considerando que las empresas son uno de los principales agentes de la globalización económica, los servicios financieros y el comercio internacional, y que están obligadas a cumplir todas las leyes y tratados internacionales vigentes y a respetar los derechos humanos; que estas empresas, así como las nacionales, pueden en ocasiones provocar abusos contra los derechos humanos o violaciones de estos, o contribuir a ello, y perjudicar los derechos de grupos vulnerables, como las minorías, los pueblos indígenas, las mujeres y los niños, así como agravar los problemas medioambientales; que pueden desempeñar también un papel destacado ofreciendo incentivos positivos en términos de promoción de los derechos humanos, la democracia, las normas medioambientales y la responsabilidad social de las empresas;

K.

Considerando que existe una asimetría entre los derechos y las obligaciones de las empresas transnacionales, sobre todo en los tratados de protección de la inversión, en los que se conceden a los inversores amplios derechos, como el «trato justo y equitativo», que no siempre tienen el contrapeso de obligaciones vinculantes y ejecutorias en términos de respeto de los derechos humanos y la legislación laboral y medioambiental a lo largo de toda la cadena de suministro;

L.

Considerando que se reconoce la repercusión positiva a largo plazo en materia de derechos humanos de las empresas europeas que operan a escala mundial y predican con el ejemplo a través de una cultura empresarial no discriminatoria;

M.

Considerando que la Unión ha desempeñado, en lo que se refiere a la coherencia interna y externa de sus políticas, un papel destacado en la negociación e implantación de una serie de iniciativas de responsabilidad global que van unidas al fomento y el respeto de las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos; que la Unión y sus Estados miembros también se han comprometido con una serie de instrumentos, en particular los Principios Rectores de las Naciones Unidas de 2011 y la Recomendación de 2016 del Consejo de Europa sobre los derechos humanos y las empresas;

N.

Considerando que en los últimos años la Unión y sus Estados miembros han empezado a aprobar medidas legislativas destinadas a incrementar la responsabilidad de las empresas y a incorporar elementos de diligencia debida en materia de derechos humanos en la legislación; que estas medidas contribuyen ahora a establecer unas normas mundiales, pero que pueden desarrollarse más, y que ejemplos de las mismas son el Reglamento sobre minerales de guerra de la Unión, la Directiva sobre divulgación de información no financiera de la Unión y el Reglamento sobre el comercio de la madera; que la Comisión, sin embargo, se ha mostrado reacia a presentar nuevas medidas legislativas para otros sectores como el de la confección, a pesar de las repetidas peticiones del Parlamento en ese sentido; que la multitud de iniciativas legislativas nacionales podría generar una desigualdad de condiciones ineficaz e injusta dentro de la Unión; y que un tratado vinculante de las Naciones Unidas podría ser un paso hacia adelante significativo en este sentido;

O.

Considerando que las víctimas de violaciones de los derechos humanos en las que estén implicadas empresas de la Unión pueden reclamar en la Unión una compensación ante los tribunales nacionales en virtud del Reglamento (UE) n.o 1215/2012; que las disposiciones contempladas en ese Reglamento requieren un marco internacional más estricto para mejorar su eficiencia con respecto a las partes afectadas, garantizando al mismo tiempo unas condiciones equitativas entre las empresas que están domiciliadas en la Unión y las que no lo están;

P.

Considerando que sigue faltando un enfoque integral con respecto a la responsabilidad de las empresas en materia de violaciones de los derechos humanos; que las víctimas de violaciones de los derechos humanos en las que participan empresas transnacionales se enfrentan a múltiples obstáculos para acceder a las vías de recurso judicial, incluidos los recursos judiciales y las garantías de no repetición; que tales obstáculos al acceso a las vías de recurso constituyen otra grave violación de los derechos humanos; y que un enfoque integral proporcionaría seguridad jurídica tanto a las empresas como a las personas en el contexto de la proliferación de las iniciativas en materia de diligencia debida a escala nacional;

Q.

Considerando que la desigualdad de género implica que las mujeres suelen ser particularmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos y se enfrentan a cargas especiales cuando buscan acceder a vías de recurso;

R.

Considerando que el dictamen de 2017 de la Agencia de los Derechos Fundamentales concluye que puede hacerse mucho más para garantizar un acceso jurídico y no jurídico efectivo a vías de recurso en los casos de violaciones de los derechos humanos por las empresas dentro y fuera de la Unión, incluso proporcionando a las víctimas más asistencia para acceder a los tribunales y la posibilidad de interponer acciones de clase, facilitando la carga de la prueba, incentivando las obligaciones de diligencia debida de las empresas, incluso para las empresas matrices vinculadas a los resultados en materia de derechos humanos en las filiales o en las cadenas de suministro;

S.

Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea impone obligaciones tanto nacionales como extraterritoriales de los Estados en lo que respecta a su deber a la hora de dar acceso a las vías de recurso judicial a las víctimas de violaciones de los derechos humanos;

T.

Considerando que en las Naciones Unidas se está negociando un sistema de responsabilidad de las empresas en casos de violación de los derechos humanos en el marco del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2014; que tanto la Unión como sus Estados miembros desempeñan una función en el grupo de trabajo intergubernamental, pero que la Comisión no tiene un mandato del Consejo para dirigir las negociaciones en nombre de la Unión en relación con su participación en dicho grupo de trabajo intergubernamental;

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Vistas sus resoluciones anteriores sobre Yemen, en particular las de 25 de febrero de 2016 (1) y 15 de junio de 2017 (2) sobre la situación humanitaria en Yemen, y las de 9 de julio de 2015 (3) y 30 de noviembre de 2017 (4) sobre la situación en Yemen,

—

Visto el informe publicado el 28 de agosto de 2018 por el grupo de expertos eminentes internacionales y regionales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Yemen sobre la situación de los derechos humanos en Yemen, incluidos los abusos y las violaciones cometidos desde septiembre de 2014,

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Vistas las declaraciones conjuntas de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP(AR), Federica Mogherini, y del comisario Christos Stylianides, de 13 de junio de 2018, sobre los últimos acontecimientos en relación con Al-Hudaida (Yemen), y de 4 de agosto de 2018, sobre los ataques aéreos en Al-Hudaida,

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Visto el informe anual del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, de 24 de septiembre de 2018, sobre la situación en Yemen,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de junio de 2018, sobre Yemen,

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Vista la declaración del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 15 de marzo de 2018,

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Vista la declaración del presidente del enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Yemen, de 6 de septiembre de 2018,

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Vista la declaración del director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, de 19 de septiembre de 2018,

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Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

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Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Yemen, y en particular las Resoluciones 2216 (2015), 2201 (2015) y 2140 (2014),

—

Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que el actual conflicto en Yemen ha entrado en su cuarto año y que más de 22 millones de personas necesitan ayuda humanitaria; que más de 17 millones de personas padecen inseguridad alimentaria, extrema y con riesgo de hambruna para 8 millones de estas; que la actual fragmentación del conflicto es un signo claro de la erosión de la unidad del Estado; que la situación en Yemen conlleva también graves riesgos para la estabilidad de la región;

B.

Considerando que este conflicto estalló en 2015 cuando los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, depusieron al presidente del país reconocido por la comunidad internacional, quien posteriormente propició la intervención de una coalición multinacional dirigida por Arabia Saudí para combatir a los rebeldes y las tropas aliadas con estos;

C.

Considerando que desde noviembre de 2017 la coalición dirigida por Arabia Saudí ha impuesto un bloqueo a todas las importaciones destinadas al territorio controlado por los hutíes, a excepción del material humanitario y de auxilio urgente; que, según la OCAH, desde que comenzó el bloqueo Yemen ha satisfecho únicamente el 21 % de sus necesidades de combustible y el 68 % de sus necesidades de importación de alimentos; que en algunos casos los rebeldes hutíes han bloqueado el abastecimiento de suministros médicos básicos, alimentos y ayuda humanitaria a las ciudades controladas por el gobierno;

D.

Considerando que en junio de 2018 la coalición liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos inició una ofensiva para tomar la ciudad de Al-Hudaida; que Save the Children ha dado parte de cientos de víctimas civiles en esta operación; que Al-Hudaida es el puerto yemení más importante y el lugar por donde pasa hasta el 70 % de la ayuda alimentaria y humanitaria esencial que recibe el país; que, según las Naciones Unidas, desde principios de junio de 2018, casi 470 000 personas han huido de la provincia de Al-Hudaida; que un nuevo ataque a Al-Hudaida tendría consecuencias catastróficas para la población civil; que las partes en conflicto tienen la obligación de permitir y facilitar el paso rápido y expedito de la ayuda humanitaria, en particular de medicamentos, alimentos y otros artículos necesarios para la supervivencia;

E.

Considerando que las negociaciones de alto el fuego dirigidas por el enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen, Martin Griffiths, dieron lugar a la interrupción temporal de la ofensiva; que el fracaso de la última tentativa de celebrar conversaciones de paz en Ginebra supuso la reanudación de las hostilidades el 7 de septiembre de 2018; que, desde el inicio de la ofensiva, el número de muertes de civiles ha aumentado en un 164 %; que, pese a la presión internacional para que se encuentre una solución política estable e integradora a la crisis, las partes en el conflicto y sus valedores regionales e internacionales, incluidos Arabia Saudí e Irán, no han logrado alcanzar un alto el fuego ni ningún tipo de acuerdo, y que los combates y bombardeos indiscriminados no cesan;

F.

Considerando que el 9 de agosto de 2018 un ataque aéreo perpetrado por la coalición liderada por Arabia Saudí impactó en un autobús escolar en un mercado de la provincia septentrional de Sada y causó numerosas víctimas, entre ellas al menos cuarenta niños, la mayoría de ellos menores de diez años; que este ataque fue seguido dos semanas más tarde, el 24 de agosto, por un nuevo ataque de la coalición liderada por Arabia Saudí que causó la muerte a veintisiete civiles, la mayor parte niños, que huían de la violencia que asola la ciudad meridional sitiada de Al-Hudaida;

G.

Considerando que la campaña liderada por Arabia Saudí y los intensos bombardeos aéreos, incluidos los ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas, agravan el impacto humanitario de la guerra; que el Derecho aplicable en la guerra prohíbe los ataques deliberados e indiscriminados contra civiles y objetivos civiles tales como escuelas y hospitales; que, habida cuenta de las conclusiones del grupo de expertos eminentes internacionales y regionales (GEE), dichos ataques pueden ser constitutivos de crímenes de guerra, y quienes los comprometen, procesados por estos delitos; que las investigaciones realizadas por la coalición liderada por Arabia Saudí de los supuestos crímenes en Yemen ha carecido de credibilidad y no ha proporcionado una reparación a las víctimas civiles;

H.

Considerando que, desde marzo de 2015, más de 2 500 niños han perdido la vida y más de 3 500 han resultado mutilados o heridos, y que cada vez son más los niños reclutados por los grupos armadas sobre el terreno; que las mujeres y los niños se ven especialmente afectados por las continuas hostilidades; que, según Unicef, casi 2 millones de niños están sin escolarizar, lo que compromete el futuro de toda una generación de niños en Yemen debido a un acceso limitado o nulo a la educación, lo que los hace vulnerables frente al reclutamiento militar y a la violencia sexual y de género;

I.

Considerando que en agosto de 2018 un informe elaborado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyó que había motivos razonables para creer que todas las partes en conflicto podían haber cometido crímenes de guerra; que fuerzas de ambos bandos del conflicto han sido acusadas de utilizar armamento pesado contra zonas urbanizadas y muy pobladas, con ataques a hospitales y otras estructuras no militares;

J.

Considerando que la guerra también ha provocado la destrucción de infraestructuras y el hundimiento de la economía de Yemen, así como perturbaciones generalizadas en el acceso a productos básicos y el suministro de servicios públicos, saneamiento y agua potable; que a finales de 2016 dejó de realizarse el pago periódico de los salarios de hasta 1,4 millones de funcionarios no militares de Yemen;

K.

Considerando que vetar el uso de los vuelos de las Naciones Unidas a los medios internacionales y a las organizaciones de derechos humanos imposibilita una cobertura independiente de la situación en Yemen y contribuye a la desatención general hacia el conflicto;

L.

Considerando que la violencia sexual de género ha aumentado exponencialmente desde el inicio del conflicto; que el sistema de justicia penal ha perdido totalmente su ya limitada capacidad para atajar la violencia sexual y de género y que no se han efectuado investigaciones sobre prácticas como el secuestro y la violación de mujeres o las amenazas de cometerlos como medio para extorsionar dinero a familias y comunidades;

M.

Considerando que los defensores de los derechos humanos han sido objeto de un acoso incesante, amenazas y campañas de difamación de todas las partes en conflicto; que las mujeres defensoras de los derechos humanos, periodistas y activistas han sufrido una represión específica de género;

N.

Considerando que las autoridades hutíes de facto han llevado a cabo una campaña sistemática de acoso, encarcelamientos abusivos y arbitrarios y desapariciones forzosas y torturas contra los defensores de derechos humanos, periodistas y minorías religiosas; que 24 yemeníes de la minoría Baha'i, incluido un niño, se enfrentan a cargos que podrían conducir a la pena capital simplemente por sus ideas y acciones pacíficas;

O.

Considerando que se ha acusado a los rebeldes hutíes de causar víctimas civiles a gran escala durante su asedio a Taiz, la tercera ciudad más importante de Yemen; que dichos rebeldes han librado una guerra de desgaste contra las poblaciones civiles de las zonas bajo el control del gobierno; que también han desplegado minas antipersona prohibidas y han reclutado a niños;

P.

Considerando que Kamal al-Yandubí, presidente del GEE, que publicó un informe para el Consejo de Derechos Humanos el 28 de agosto de 2018 sobre la situación de los derechos humanos en Yemen, es víctima de una campaña de difamación cuyo objetivo es intimidar a los miembros del GEE y suscitar dudas sobre sus conclusiones;

Q.

Considerando que Yemen ha firmado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pero que todavía no lo ha ratificado; que varias disposiciones del Estatuto de Roma, en particular las relativas a los crímenes de guerra, reflejan el Derecho internacional consuetudinario;

R.

Considerando que en febrero de 2018 Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se ponía de relieve la participación de Irán en este conflicto;

S.

Considerando el embargo internacional de armas en vigor contra las fuerzas hutíes apoyadas por Irán y que, según el 18.o Informe anual de la Unión sobre la exportación de armas, los Estados miembros de la Unión han seguido autorizando las transferencias de armas a Arabia Saudí desde la escalada del conflicto, incumpliendo así la Posición Común del Consejo 2008/944/PESC de 8 de diciembre de 2008 por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (5); que el pasado año algunos Estados miembros de la Unión suspendieron total o parcialmente los envíos de armas a Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos; que el Parlamento ha instado reiteradamente a la VP/AR a que ponga en marcha una iniciativa para imponer un embargo de armas de la Unión a Arabia Saudí, en consonancia con la Posición Común 2008/944/PESC;

T.

Considerando que la mayoría de los ataques perpetrados por las fuerzas de los Estados Unidos en Yemen son ataques letales con drones; que la decisión de añadir a determinadas personas a las listas de objetivos de las operaciones con drones se toma, a menudo, sin orden ni resolución judiciales; que el establecimiento como objetivo y el asesinato posterior de determinadas personas pueden, en determinadas circunstancias, considerarse ejecuciones extrajudiciales;

U.

Considerando que la guerra en Yemen abre posibilidades para que grupos extremistas, incluida Al-Qaeda de la Península Arábiga, amplíen su radio de acción y amenacen con ello a la región en general; que un Yemen estable, seguro y dotado de un gobierno que funcione adecuadamente es fundamental para asegurar el éxito de los esfuerzos internacionales necesarios para luchar contra el extremismo y la violencia, tanto en la propia región como fuera de ella, así como para consolidar la paz y la estabilidad en el país;

V.

Considerando que la estabilidad de toda la región es de crucial importancia para la Unión; que la Unión está comprometida con un enfoque global y estratégico en el que participen todos los agentes regionales relevantes; que encontrar una solución política al conflicto bajo los auspicios de la iniciativa de paz de las Naciones Unidas en Yemen debería ser una prioridad para la Unión y para la comunidad internacional en su conjunto;

W.

Considerando que la Unión mantiene su compromiso de seguir facilitando ayuda encaminada a salvar vidas a todas las personas necesitadas en Yemen; que, al mismo tiempo, la Unión comparte las preocupaciones de las Naciones Unidas y de los demás donantes respecto a la continua disminución del espacio humanitario; que desde 2015 hasta hoy la Unión ha financiado ayuda humanitaria para Yemen por valor de más de 233 millones de euros;

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Visto el Decimoséptimo informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude relativo al año 2016,

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Vista la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (1),

—

Vistos el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (2), la Decisión (UE) 2018/1094 de la Comisión, de 1 de agosto de 2018, por la que se confirma la participación de los Países Bajos en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (3), y la Decisión (UE) 2018/1103 de la Comisión, de 7 de agosto de 2018, por la que se confirma la participación de Malta en la cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (4),

—

Vistos el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión (5) y los actos delegados y de ejecución conexos,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de abril de 2016, relativa a un plan de acción sobre el IVA (COM(2016)0148),

—

Visto el Informe Especial n.o 24/2015 del Tribunal de Cuentas Europeo, de 3 de marzo de 2016, titulado «La lucha contra el fraude del IVA intracomunitario: es necesaria una acción más enérgica»,

—

Visto el régimen aduanero 42, que establece la exención del IVA aplicable a las mercancías importadas en un Estado miembro cuando posteriormente se envíen a otro Estado miembro,

—

Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea (6),

—

Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.o 19/2017, de 5 de diciembre de 2017, titulado «Regímenes de importación: las insuficiencias en el marco jurídico y una aplicación ineficaz afectan a los intereses financieros de la UE»,

—

Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Control Presupuestario,

—

Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que los recursos propios tradicionales, compuestos principalmente por los derechos sobre las importaciones procedentes del exterior de la Unión y las cotizaciones sobre el azúcar, representan aproximadamente el 12,8 % de los recursos propios de la Unión;

B.

Considerando que a primeros de 2017 la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) concluyó la investigación de un caso de fraude aduanero en el Reino Unido cuyas principales conclusiones se publicaron en el informe de actividad 2017 de la OLAF;

C.

Considerando que la OLAF estimó una pérdida de 1 987 millones de euros para el presupuesto de la Unión en derechos de aduana no percibidos por productos textiles y calzado importados de China a través del Reino Unido en el periodo 2013-2016;

D.

Considerando que, a título comparativo, la OLAF recomendó en 2016 la recuperación de un importe total de 631,1 millones EUR como resultado de las 272 investigaciones llevadas a cabo;

E.

Considerando que el fraude en cuestión implica una infravaloración por la que los importadores pueden obtener beneficios evadiendo derechos aduaneros e impuestos conexos al pagar mucho menos de lo que establece la ley;

F.

Considerando que la investigación reveló asimismo la existencia de una importante evasión del IVA en relación con importaciones a través del Reino Unido, cometida mediante suspensiones abusivas del pago del IVA, el denominado régimen aduanero 42; que la estimación de estas pérdidas acumuladas es de unos 3 200 millones para el período 2013-2016, lo que también supone una pérdida para el presupuesto de la Unión;

G.

Considerando que la OLAF ha emitido una recomendación financiera a la Dirección General de Presupuesto de la Comisión, una recomendación administrativa a la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera y una recomendación judicial a la Fiscalía de la Corona del Reino Unido para iniciar procesos judiciales contra los implicados en evasión fraudulenta de derechos aduaneros y contra los implicados a sabiendas en el blanqueo del producto de ese delito;

H.

Considerando que la OLAF investiga actualmente un nuevo caso de infravaloración aduanera que afecta al puerto de El Pireo en Grecia, que representa una grave pérdida para los recursos de la Unión y que se estima que ha costado a Italia decenas de millones de euros en IVA no pagado, aunque el importe total podría ser muy superior ya que la investigación sigue su curso;

I.

Considerando que los casos británico y griego distan mucho de ser casos aislados y deberían servir de detonantes para tomar medidas;

J.

Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado que no existe una aplicación armonizada y normalizada de los controles aduaneros por parte de los Estados miembros y que esto puede animar a los defraudadores a elegir el eslabón más débil de la cadena para llevar a cabo sus importaciones fraudulentas;

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Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Kyrtsos, transmitido por el fiscal general adjunto del Tribunal Supremo de Grecia, con fecha de 28 de marzo de 2018, en relación con el proceso penal por un delito de impago de las cantidades adeudadas al Estado (Expedientes penales ABM: IG 2017/11402 y EG 10-17/337 acompañados del documento 1 160 350 de 28 de marzo de 2018), y comunicado al Pleno del 2 de mayo de 2018,

—

Previa audiencia a Georgios Kyrtsos, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento interno,

—

Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

—

Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013 (1),

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Visto el artículo 62 de la Constitución de la República Helénica,

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Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0291/2018),

A.

Considerando que la fiscalía del Tribunal Supremo de Grecia ha solicitado la suspensión de la inmunidad de Georgios Kyrtsos, diputado al Parlamento Europeo, en relación con el proceso penal por el impago de las cantidades adeudadas al Estado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25, apartados 1 y 6, de la Ley 1882/1990, modificado por el artículo 23, apartado 1, de la Ley 2523/1997 y el artículo 25, apartado 1, de la Ley 1882/90, modificado por el artículo 34, apartado 1, de la Ley 3220/2004, el artículo 3, apartado 1, de la Ley 3943/2011, el artículo 20 de la Ley 4321/2015 y, por último, el artículo 8 de la Ley 4337/2015;

B.

Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

C.

Considerando que el artículo 62 de la Constitución de la República Helénica dispone que, durante su mandato parlamentario, los parlamentarios no podrán ser procesados, detenidos, encarcelados ni se podrá restringir su libertad de ningún otro modo sin la aprobación previa del Parlamento;

D.

Considerando que Georgios Kyrtsos ha actuado como representante legal de la empresa Free Sunday Publishing House Ltd desde el 29 de junio de 2009;

E.

Considerando que Georgios Kyrtsos, en su condición de representante legal de Free Sunday Publishing House Ltd., está acusado de no haber abonado al Estado seiscientos veintisiete mil setecientos cincuenta y dos euros y sesenta y cinco céntimos (627 752,65 EUR);

F.

Considerando que el presunto delito no guarda clara relación directa con el cargo de Georgios Kyrtsos como diputado al Parlamento Europeo, sino que se refiere a su función anterior como directivo de su empresa de periódicos;

G.

Considerando que, a los efectos del artículo 8 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, el procesamiento no está relacionado con las opiniones o los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones como diputado al Parlamento Europeo;

H.

Considerando que no hay motivos para sospechar que la intención subyacente del proceso penal es perjudicar la actividad política de un diputado (fumus persecutionis);

1.

2.

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2018)0139),

—

Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letra a, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0116/2018),

—

Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el Acuerdo interinstitucional, de 20 de diciembre de 1994, sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos (1),

—

Vistos los artículos 103 y 59 de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0290/2018),

A.

Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.

2.

—

Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06534/2018),

—

Visto el proyecto de Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por el que se establecen las condiciones de la participación del Reino de Marruecos en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región Mediterránea (PRIMA) (06533/2018),

—

Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 186 y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0150/2018),

—

Vista la Decisión (UE) 2017/1324 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, sobre la participación de la Unión Europea en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región Mediterránea (PRIMA), emprendida conjuntamente por varios Estados miembros,

—

Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

—

Vista la recomendación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0281/2018),

1.

2.

—

Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06730/2018),

—

Visto el Acuerdo de transporte aéreo entre Canadá y la Comunidad Europea y sus Estados miembros (1),

—

Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 100, apartado 2, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0160/2018),

—

Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

—

Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0254/2018),

1.

2.

—

Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2018)0261),

—

Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0226/2018),

—

Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0284/2018),

1.

2.