—

el acceso seguro de los ciudadanos a sus propios datos sanitarios y el intercambio de datos sanitarios con otros países;

—

datos de mayor calidad para avanzar en la investigación, la prevención de enfermedades y la sanidad y asistencia personalizadas;

—

las herramientas digitales para la capacitación de los ciudadanos y la asistencia centrada en las personas.

—

¿Cómo podemos fomentar un aprendizaje activo permanente, tanto sobre el modo de acceder a la información como sobre el modo de diferenciar entre fuentes digitales fiables y no fiables, por ejemplo, promoviendo los MOOC de IC-Health? Se necesitan medidas colectivas de apoyo y formación para abordar este problema, ya que el 47 % de la mano de obra de la UE carece de las cibercapacidades suficientes (28).

—

¿Cómo podemos poner a disposición recursos (por ejemplo, métodos de entretenimiento) que despierten el interés de las personas en hacer uso de las fuentes digitales de información fiables?

—

¿Cómo podemos apoyar la transferencia de los programas de éxito? Véase, por ejemplo, el caso de «Sophia» (29), una innovadora herramienta de seguro de enfermedad en Francia para pacientes con diabetes o EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), basada en el asesoramiento en materia de salud. Este programa se inspira en experimentos de gestión de enfermedades foráneas en los EE. UU., Alemania y el Reino Unido (30).

—

¿Qué papel desempeñan las diferentes instituciones educativas (universidades, centros de formación de adultos, etc.) en la consolidación de las múltiples competencias pertinentes, por ejemplo, la capacidad de trabajar con las nuevas tecnologías, la participación y la gestión de la salud propia de modo que beneficie a la sociedad o la difusión de conocimientos sociales y técnicos?

—

¿Cómo puede utilizarse el material existente (por ejemplo, la información sobre medicamentos aprobada por las autoridades reguladoras)?

—

¿Cómo podemos estimular el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la alfabetización sanitaria y las competencias digitales entre las generaciones?

—

La alfabetización en el ámbito de la salud debe tener en cuenta específicamente el contexto y adaptar sus contenidos. Se recomienda elaborar una Estrategia de alfabetización digital en el ámbito de la salud a nivel europeo para respaldar los derechos de los ciudadanos en materia de salud, que incluya un enfoque específico sobre la alfabetización digital en el ámbito de la salud a lo largo de toda la vida.

—

La alfabetización digital en el ámbito de la salud combina las capacidades digitales con la salud. Ambas requieren una educación y formación específicas.

—

Se necesitan una estrategia y un plan de aplicación.

—

El mundo digital solo es accesible a aquellas personas con acceso a internet. ¿Cómo podemos colmar la brecha digital en Europa, que impide a las regiones, las islas y las zonas rurales el acceso a internet, lo que implica que la gente quedará en el futuro excluida del acceso a la asistencia sanitaria digital? Europa y los Estados miembros han de realizar inversiones importantes para garantizar a todos el acceso a internet si queremos que el conjunto de la sociedad se beneficie de estos avances.

—

Muchos servicios públicos se basan en la red y requieren competencias y recursos específicos para su utilización. Una brecha digital puede agravar las desigualdades en las sociedades europeas del bienestar.

—

Los entornos, espacios, comunidades y ciudades pueden contribuir a facilitar el acceso abierto y libre a internet de modo que los ciudadanos puedan participar activamente en la sociedad.

—

Las colaboraciones público-privadas pueden contribuir a facilitar un libre acceso a internet para todos en Europa.

—

El acceso a internet se ha convertido en un derecho humano, ahora que las administraciones públicas se apoyan de manera tan esencial en los servicios digitales.

a)

las personas económicamente inactivas deberían tener acceso a proyectos de formación continua y reciclaje profesional y, al mismo tiempo, percibir las prestaciones de desempleo;

b)

facilitar, apoyar y promover con medidas específicas y eficaces la integración de las personas con discapacidad, que requieren planes de empleo y apoyo más específicos;

c)

consagrar también especial atención a otros grupos vulnerables, como los migrantes y las personas vinculadas al programa para la comunidad gitana;

d)

es cierto que muchas personas, por las más diversas razones, desisten y dejan de registrarse en los servicios de empleo, por lo que es necesario que estos servicios establezcan el contacto correspondiente con esas personas y reactiven así sus posibilidades de conseguir empleo;

e)

es evidente que los servicios públicos de empleo en los Estados miembros deben trabajar más y mejor, pero esta es una tarea para la que muchos servicios locales de empleo no están preparados en la actualidad; es necesario por ello reclutar a funcionarios que cuenten con las competencias adecuadas para que los que buscan empleo y desean trabajar puedan conseguirlo con éxito;

f)

sin duda, algunos Estados miembros de la Unión Europea dispondrán de «buenas prácticas» para la resolución de esas dificultades, que deberían copiarse en toda la Unión;

g)

el aumento a niveles dignos de los salarios se ha convertido también en un imperativo para la UE.

a)

los actuales indicadores agregados del mercado de trabajo contienen poca información pertinente y no establecen vínculos claros con la población económicamente inactiva, pues abordan la problemática desde un planteamiento basado eminentemente en el individuo y no en el contexto familiar;

b)

la atención se centra tan solo en los desempleados inscritos;

c)

la información relativa a problemas de salud, responsabilidades de asistencia a familiares o incentivos resulta muy limitada.

a)

falta de experiencia reciente de trabajo;

b)

bajo nivel de educación y competencias;

c)

experiencia laboral muy limitada o inexistente;

d)

limitaciones por motivos de salud;

e)

responsabilidades de cuidados familiares;

f)

escasez de oportunidades de trabajo;

g)

no haber tenido nunca un empleo remunerado;

h)

la existencia de discriminación por razón de edad, sexo, discapacidad, etc., y las políticas de recursos humanos de algunas empresas.

a)

asesoramiento profesional;

b)

portal web de anuncios de puestos vacantes y oportunidades de empleo;

c)

referencias e indicaciones directas a los interesados;

d)

mecanismos de apoyo a la movilidad;

e)

programas de formación profesional;

f)

eventuales subsidios para los empleadores.

a)

desarrollo de suficientes servicios públicos de calidad en el ámbito de la asistencia social para cubrir las necesidades existentes (en particular de la infancia y de las personas de edad avanzada) y permitir a las personas que deseen trabajar (principalmente mujeres) hacerlo sin preocupaciones y sin las limitaciones que las obligaciones familiares actuales les imponen (18);

b)

supervisión eficaz y evaluación del impacto de las políticas públicas de reactivación de la población económicamente inactiva, por ejemplo:

c)

aumento del crecimiento inclusivo y del bienestar a través de los siguientes criterios de eficiencia del mercado de trabajo: más y mejores puestos de trabajo, inclusión, resiliencia y adaptabilidad;

d)

la Comisión y los Estados miembros deberían adoptar los principios de política 3P (Promote, Prevent, Prepare, por sus siglas en inglés):

e)

crear puestos de trabajo en los municipios adecuados a las cualificaciones de los trabajadores residentes económicamente inactivos, es decir, crear empleos en función de las competencias de las personas económicamente inactivas y mejorar su rendimiento mediante cursos de formación adecuados;

f)

crear un entorno favorable a la intensificación del diálogo social (interlocutores sociales) a todos los niveles adecuados, respetando al mismo tiempo la autonomía de los interlocutores sociales y la negociación colectiva, así como el diálogo con otras organizaciones pertinentes de la sociedad civil (19).

a)

apostar por cualificaciones que sean transferibles;

b)

mejorar la conexión entre las instituciones de educación y formación, los empresarios y los sindicatos;

c)

concienciar a los jóvenes y otros desempleados afectados por la falta de trabajo de sus oportunidades laborales y de los requisitos necesarios;

d)

fomentar las asociaciones entre instituciones de enseñanza, empresas, empresarios, sector público, sindicatos y los propios «ninis» y otros grupos económicamente inactivos (incluidos los migrantes (22));

e)

desarrollar un programa de acción específico para cada subgrupo de población económicamente inactiva, realizar el seguimiento y la evaluación de su aplicación, corrigiendo las desviaciones que puedan producirse;

f)

reducir el horario de trabajo semanal, empezando por los servicios públicos, y crear oportunidades de trabajo para todos.

—

impiden que los ciudadanos estén satisfechos con sus empleos y sus carreras profesionales y disminuyen sus niveles percibidos de satisfacción, y pueden arrastrar sus salarios a la baja;

—

dificultan el crecimiento y el desarrollo personal, así como el aprovechamiento del potencial y las capacidades individuales;

—

disminuyen la productividad laboral, pues algunas estimaciones reflejan que la pérdida de productividad (17) a causa de la inadecuación de las capacidades en la UE equivale aproximadamente a 0,8 EUR por hora de trabajo (18) ;

—

disminuyen la competitividad de las empresas ralentizando y encareciendo el proceso de contratación e imponiendo la necesidad de gastos adicionales relacionados con la formación.

—

El CESE pide, en primer lugar, una estrategia general de sostenibilidad a la hora de aplicar la Agenda 2030, garantizada por un presupuesto ambicioso de la UE.

—

La competitividad y la sostenibilidad no son incompatibles, siempre que los aspectos sociales y medioambientales constituyan una parte esencial de la definición de competitividad. La competitividad no debe definirse exclusivamente en términos cuantitativos y de precios, sino preferiblemente teniendo en cuenta también los valores europeos, los aspectos cualitativos y la sostenibilidad, como parte de un mercado único plenamente desarrollado y que funcione correctamente.

—

Europa necesita un nuevo modelo de crecimiento, que sea cualitativamente diferente de lo que hemos tenido hasta ahora, que sea más inclusivo socialmente y más sostenible ecológicamente hablando, y que fomente y acompañe la convergencia de las transiciones digitales y ecológicas en nuestros países y sociedades.

—

La inversión sostenible es un instrumento esencial para impulsar y promover el proceso de refuerzo del liderazgo de Europa en el camino hacia una sociedad sostenible. Debe impulsar la creación de empleos de calidad, las energías renovables, los sistemas educativos, un transporte público ecológico, asequible y accesible, la tecnología digital de diseño ecológico, la investigación y la innovación.

—

Las empresas europeas deben cumplir su función y sus responsabilidades, y actuar como líderes para el resto del mundo si la competitividad y la sostenibilidad económica de nuestro sistema europeo se redefinen con respecto a los límites del único planeta que tenemos.

—

Un diálogo civil estructurado debe ser un instrumento real de participación democrática, tal y como se establece en el artículo 11, apartados 1 y 2, del Tratado de la Unión Europea (8).

—

El CESE, como representante institucional de la UE de la sociedad civil organizada, seguirá participando activamente en el proceso de elaboración de políticas.

—

También es necesario seguir apoyando y mejorando la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), tal y como se establece en el artículo 11, apartado 4, del TUE como primer instrumento de participación transnacional a nivel mundial. Por su parte, el CESE ha luchado por la aplicación de un conjunto de normas más simple y comprensible (9), y actúa además como intermediario entre la Comisión y los ciudadanos, principalmente organizando anualmente la conferencia del Día de la ICE y prestando asistencia y apoyo a los organizadores de este tipo de iniciativas.

—

Debe involucrarse a la juventud y los jóvenes deben participar en el proceso político europeo (10) mediante la promoción de un compromiso cívico más amplio, en particular a través de las elecciones, el voluntariado, la adhesión a organizaciones juveniles y la participación en la democracia en el lugar de trabajo y el diálogo social (11). El CESE fomentará la participación de los jóvenes en sus actividades y organiza actos dirigidos a los jóvenes, como «Tu Europa, tu voz» y el premio a jóvenes emprendedores.

—

Deben adoptarse medidas encaminadas a garantizar una mayor responsabilidad y transparencia de las decisiones tomadas por las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales, implicando también a los entes locales y regionales, para conseguir el apoyo de los ciudadanos, como, por ejemplo, reformar los métodos de trabajo del Consejo en aras de una mayor transparencia, y resolver los problemas de rendición de cuentas y transparencia que plantea el recurso generalizado a los «diálogos tripartitos» antes de la adopción de actos en la primera y segunda lecturas del procedimiento legislativo ordinario (12) (13).

—

Se deben crear mecanismos institucionales que incrementen el impacto de los dictámenes del CESE en los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones de la UE, por ejemplo, aumentando el control del seguimiento de los dictámenes del Comité y concluyendo un Acuerdo de Cooperación con el Consejo de la Unión Europea con el fin de garantizar, entre otros aspectos, que se proporciona información de forma sistemática a los grupos de trabajo del Consejo sobre los dictámenes del Comité.

—

Es esencial obtener el apoyo de los ciudadanos para la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a fin de forjar un nuevo pacto social.

—

Un nuevo «pacto social» que ofrezca a todos los ciudadanos una sociedad más justa y equitativa es indispensable. Esta es la razón por la que el CESE pide un programa de acción social con el fin de transponer la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en todos los niveles.

—

El CESE exige una mejora general de los sistemas educativos, así como una mayor inversión en ellos, y apoya el derecho universal a la formación continua para que los ciudadanos puedan adquirir competencias, así como reciclarlas y perfeccionarlas. Un aumento de las inversiones en las instituciones, políticas y estrategias que apoyen a las personas en las futuras transiciones laborales y la implementación de una agenda transformadora y cuantificable para la igualdad de género son elementos que deberían recibir un apoyo generalizado (14).

—

Las políticas públicas y las medidas legislativas deben garantizar que todos los ciudadanos y residentes europeos gozan del mismo nivel de protección y pueden ejercer sus derechos y libertades fundamentales. La UE debe mejorar sus políticas y acciones a fin de garantizar la igualdad de género, así como que todas las personas que sufran diversas formas de discriminación tengan las mismas oportunidades en la sociedad.

—

Dada la creciente preocupación que suscitan las diferencias de progreso entre los Estados miembros, las medidas para garantizar un salario mínimo y una renta mínima, como parte de un proceso de convergencia social en la UE, pueden constituir un importante elemento de protección social. Esto contribuiría a conseguir un nivel de vida digno en todos los países, a la vez que ayudaría a fomentar el crecimiento y aumentar la convergencia —o evitar la divergencia— dentro de la UE (15).

—

Una transición sostenible requiere una inversión en sistemas de protección social eficaces e integrados que ofrezcan servicios de calidad (16).

—

El diálogo social y unos sistemas sólidos de negociación colectiva entre los interlocutores sociales deberían prevalecer como instrumentos clave para anticipar y gestionar las transiciones y los cambios.

—

Las medidas anteriormente mencionadas deberán contribuir a crear unas condiciones de competencia equitativas que faciliten la plena realización del mercado único.

—

Esta estrategia debe garantizar que al menos el Acuerdo de París se aplique de forma completa e inmediata y se refleje a través de la armonización de los objetivos de reducción de emisiones de la UE para 2030 y 2050 con el compromiso de limitar el aumento de la temperatura a un máximo de 1 °C y mediante políticas climáticas ambiciosas de la UE, incluida la rápida eliminación de todos los combustibles fósiles, pasando de la eficiencia energética a una reducción absoluta del uso de energía. La UE deberá acelerar la transición equitativa y sostenible hasta alcanzar el nivel más alto posible de energías renovables (21) que sean limpias y asequibles, favorezcan la participación de la comunidad en la propiedad y no provoquen pobreza energética ni perjudiquen a la competitividad sostenible de las empresas europeas a nivel global.

—

El Pacto de Financiación Climática debe abarcar todos los aspectos de una política de cambio climático, como una transición justa para mitigar los efectos del cambio y compensar los daños y pérdidas, así como políticas reales de adaptación al cambio climático.

—

El CESE reitera su llamamiento para que se desarrolle una política alimentaria integral (22) en la UE, cuyos objetivos sean crear dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles, vincular la agricultura a la nutrición y los servicios de los ecosistemas y garantizar cadenas de suministro que salvaguarden la salud pública de todos los grupos de la sociedad europea. Una distribución equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria es esencial.

—

La agricultura podría ser parte de la solución de mitigación del cambio climático (economía circular, almacenamiento de CO2, etc.), ya que cubre una elevada proporción del territorio europeo. Además, la agricultura sostenible desempeña una importante función a la hora de mantener el tejido socioeconómico en las zonas rurales.

—

La UE debe pasar de una economía lineal a una economía circular sin carbono. Las políticas de economía circular deben garantizar que los ciclos sean duraderos, breves, locales y limpios. Para algunas actividades industriales específicas, el tamaño de los circuitos puede tender a ser amplio (23).

—

Se deben establecer y cumplir normas comunes con el fin de ofrecer aire y agua limpios y proteger nuestros océanos. Deben aplicarse medidas ambiciosas para detener la deforestación y la pérdida de biodiversidad en Europa y a nivel mundial, y erradicar la explotación insostenible de los recursos naturales (también los del Sur Global). Estas medidas deben adoptarse para que los niveles de consumo europeos estén en consonancia con la capacidad de producción del planeta, también mediante la aplicación de estrategias de suficiencia (24).

—

La cuarta revolución industrial en curso está modificando drásticamente la economía mundial y, en concreto, la producción y los servicios relacionados con la industria. Europa necesita una auténtica transformación digital para recuperar la competitividad sostenible a nivel global y generar un crecimiento y empleos sostenibles. Europa necesita un cambio general para convertirse en la región digital más dinámica del mundo, teniendo en cuenta el carácter global de la economía digital y la integración de las empresas en las cadenas de valor mundiales.

—

La necesidad de respaldar estos modelos innovadores representa para la UE la oportunidad de asumir el liderazgo de modelos económicos sostenibles e innovadores que hacen indisociables los conceptos de prosperidad económica, protección social de calidad y sostenibilidad medioambiental, y que definen una «marca europea».

—

Las empresas europeas deben seguir impulsando la innovación y la creatividad y respetar normas elevadas relacionadas con los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente en Europa. Si bien la elaboración de políticas inteligentes y la buena gobernanza desempeñan un papel importante a la hora de fijar el marco adecuado, son las empresas y sus trabajadores, en estrecha cooperación con los científicos e investigadores, los que innovan y aportan soluciones en respuesta a las necesidades de la sociedad.

—

Un entorno empresarial que ayude a prepararse para el futuro se basa en mercados abiertos y en la competencia leal, se define por sus aspectos sociales y medioambientales, y ofrece condiciones propicias y favorables a la actividad empresarial.

—

Debe ofrecerse orientación y apoyo para que todas las empresas, y en particular las pymes, puedan asumir la digitalización, invertir tendencias inadecuadas de la inversión en tecnología e innovación a través de la concienciación, el fomento de la financiación, el apoyo a la investigación y el desarrollo y la inversión en capacidades adecuadas.

—

Al igual que su diplomacia y su política de vecindad, la política comercial de la UE debe reflejar sus propios valores internos y ser coherente con ellos dado que es el líder global en sostenibilidad. La UE debe tener la capacidad de mantener su competitividad y gestionar sus alianzas con socios clave, a la vez que conserva, refuerza y mejora su modelo de normas elevadas en los ámbitos social y medioambiental.

—

El CESE pide, en concreto, una agenda de política comercial ambiciosa en sus tres niveles (unilateral, bilateral y multilateral), una política que genere crecimiento y empleo en la UE y promueva, a su vez, una política comercial basada en normas a nivel global.

—

A nivel unilateral, la UE debe modernizarse y mejorar el sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG) y la iniciativa «Todo menos armas» (TMA) a fin de fomentar el desarrollo de los países menos adelantados y de los países en desarrollo.

—

A nivel bilateral, la UE debe seguir abriendo nuevos mercados, aumentando las oportunidades de negocio y mejorando la satisfacción de los consumidores con más socios, sin dejar de garantizar elevadas normas sociales y medioambientales en los sectores de la agricultura, la industria y los servicios.

—

A nivel multilateral, la UE debe tomar la delantera en la reforma de la OMC con el fin de evitar la parálisis del Órgano Permanente de Apelación del Órgano de Solución de Diferencias. El CESE ha adoptado recientemente un paquete de propuestas a corto y medio plazo, ambicioso y con visión de futuro, para esta reforma (27). Los objetivos son garantizar que la OMC, la única guardiana del comercio internacional, contribuya de manera fundamental a la consecución de los ODS, mantenga la coherencia entre las normas comerciales y las normas de trabajo internacionales, y facilite el cumplimiento de los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París.

—

La apertura al comercio requiere instrumentos de defensa comercial eficaces y un mecanismo de control operativo de la inversión extranjera directa en sectores estratégicos de la UE. Su objetivo es, naturalmente, proteger a la UE y a sus consumidores, trabajadores y empresas de las prácticas comerciales desleales y abusivas.

—

Es esencial aumentar la cooperación a nivel internacional con todas las organizaciones pertinentes (OCDE, CEPE/ONU, OIT, OMC, etc.) para enfrentarse de manera eficaz a los retos globales como el cambio climático, la pobreza, el fraude, la evasión fiscal y los ciberataques.

—

Las autoridades públicas deben promover los ODS mediante la contratación pública aplicando de forma proactiva los criterios de contratación sociales y medioambientales definidos en la nueva legislación europea sobre contratación pública.

—

Los servicios públicos básicos (30) como la educación, la sanidad, la atención a la infancia y el transporte público, así como bienes públicos como el agua potable, el aire limpio y la conservación del suelo, entre otros, deben ser accesibles para todos a un coste asequible.

—

La necesaria reforma de la UEM debe incluir una mayor coordinación fiscal entre sus miembros y una representación unificada del euro en las organizaciones internacionales.

—

El CESE respalda la equidad fiscal y la lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y las prácticas financieras de los paraísos fiscales; un objetivo común de las instituciones de la UE, los gobiernos y las empresas debe ser trabajar juntos para establecer mecanismos eficaces como las dos Directivas contra la elusión fiscal (31).

—

La coordinación en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal debe incluir medidas contra la erosión de la base tributaria de las sociedades y la transferencia de beneficios: la Comisión Europea estimó su cuantía entre 50 000 y 70 000 millones EUR al año antes de que empezaran a aplicarse medidas. La cuantía del IVA no recaudado se valora en aproximadamente 150 000 millones EUR anuales.

—

La UE debe cooperar con otras regiones económicas para luchar eficazmente contra la corrupción y la evasión fiscal en todo el mundo y garantizar que las normas internacionales sobre fiscalidad de las empresas sean claras, transparentes, objetivas y previsibles.

—

El público exige cada vez más con mayor firmeza que la fiscalidad se utilice para garantizar la cohesión social, luchar contra el calentamiento global y promover el crecimiento sostenible.

—

El CESE pide medidas fiscales eficaces y coordinadas que garanticen que todas las empresas paguen su parte equitativa de impuestos y contribuyan a los presupuestos públicos nacionales y europeos para que los gobiernos puedan cumplir sus objetivos en materia de derechos sociales (32). El CESE apoya la propuesta de la Comisión relativa al establecimiento de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (33).

—

Como consecuencia de los nuevos modelos empresariales, que utilizan plataformas de internet y otras herramientas digitales, las empresas dependen menos de la presencia física en un país. El CESE cree que es muy importante desarrollar nuevos principios sobre cómo asignar beneficios empresariales a un Estado miembro de la UE y cómo gravarlos, en diálogo con los socios comerciales, y participar activamente en los debates en curso en la OCDE y el G-20 en torno a un acuerdo mundial sobre la economía digitalizada, con el fin de evitar cualquier escalada de tensiones comerciales y fiscales entre los principales agentes económicos a nivel mundial (34).

—

La UE debe velar por que todas sus políticas internas y externas sean coherentes y estén en consonancia con los ODS, de modo que se tengan debidamente en cuenta los principios de eficiencia, proporcionalidad y sostenibilidad.

—

El uso de instrumentos para mejorar la legislación de la Comisión Europea es otra forma de garantizar la integración del desarrollo sostenible en las políticas europeas. Todas las evaluaciones de impacto de la Comisión deben evaluar los impactos medioambientales, climáticos, sociales y económicos para que la sostenibilidad sea considerada e integrada debidamente. Las evaluaciones ex post también deben analizar las tres dimensiones en un firme enfoque integrado. También son necesarias las consultas a los interlocutores sociales, respetando las disposiciones del TFUE en las que se estipula la consulta específica de trabajadores y empresarios sobre legislación relacionada con cuestiones sociales (artículo 154, apartado 2). Las consultas al Comité Económico y Social Europeo, el CDR y los parlamentos nacionales constituyen otro componente del conjunto de instrumentos para mejorar la legislación al objeto de cumplir el requisito de participación que constituye el núcleo de la Agenda 2030.

—

Teniendo en cuenta los ODS, la Plataforma REFIT y las evaluaciones y estudios de impacto deben garantizar que la legislación favorece a las empresas y a los ciudadanos. Estos instrumentos deben seguir usando en el futuro todas las fuentes disponibles, incluida la sociedad civil, para evaluar cómo mejorar la eficacia y eficiencia de la legislación de la UE para que cumpla sus objetivos. Estos instrumentos deben contribuir a mejorar ampliamente la reglamentación del desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, no solo para simplificar y reducir cargas innecesarias y garantizar la consecución real de los objetivos legislativos sin rebajar su nivel, sino también para ayudar a revisar, validar, modificar, mejorar o cumplir mejor la legislación existente.

—

El Semestre Europeo, como marco de gobernanza económica de la UE, se centra de algún modo en el empleo y los resultados sociales, aunque presenta debilidades en lo que respecta a los riesgos que entraña el cambio climático y los avances de la UE hacia la consecución de los objetivos de París, tal y como se señala en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2019 (35). El CESE exige una estrategia de desarrollo sostenible con visión de futuro enmarcada en un ciclo de desarrollo sostenible, basado en indicadores y objetivos sociales, económicos y medioambientales complementarios.

—

Es necesario que el diálogo social se reconozca como un instrumento de aplicación de la agenda de desarrollo. El diálogo social requiere un entorno propicio y un marco institucional eficaz, que comienzan con el respeto de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. La UE debe trabajar con los interlocutores sociales para promover buenas prácticas en las relaciones laborales y unas administraciones del trabajo eficaces.

—

La UE debe reforzar sus vínculos con los Estados miembros y recuperar la confianza de sus ciudadanos a través de una aplicación adecuada de un enfoque de desarrollo local participativo que permita el desarrollo local integrado y la participación de los ciudadanos y sus organizaciones desde la base. El CESE está convencido de que el desarrollo local participativo podría ofrecer muchas ventajas como instrumento eficaz de desarrollo local europeo (36).

—

La UE debe adoptar políticas y medidas que apoyen una migración segura, ordenada y regular, y reforzar la inclusión y la cohesión sociales. La UE debe coordinarse de manera más estrecha con la OIT en lo que respecta a la migración de mano de obra y los programas de integración.

—

El CESE exige rutas legales seguras para los refugiados cuando lleguen a la UE. Se necesita un enfoque coordinado entre todos los Estados miembros y las partes interesadas europeas y nacionales, sobre la base de la responsabilidad compartida, la distribución equitativa, la convergencia y el respeto de los derechos fundamentales, con el fin de incluir más opciones para la reagrupación familiar, la reubicación y el reasentamiento.

—

La no integración entraña riesgos y costes económicos, socioculturales y políticos. Por tanto, la inversión en la integración de los migrantes es la mejor póliza de seguro contra posibles costes, problemas y tensiones futuros.

—

La integración es bidireccional y tanto la comunidad de acogida como los migrantes tienen derechos y deberes; por lo tanto, la responsabilidad debe ser compartida entre ambas partes. No es justo ni sostenible aspirar a que los recién llegados se integren sin ayuda en un contexto de considerables barreras sociales, culturales y económicas. Para facilitar este proceso, las políticas públicas deben abordar los temores, preocupaciones e inquietudes de los diversos sectores de la población de las sociedades de la UE para evitar los discursos antieuropeístas y xenófobos. Para ello, las políticas pertinentes deben incluir un conjunto claro, coherente y razonado de obligaciones, así como una denuncia coherente de la retórica y las actitudes contra ellos.

—

La guerra, el cambio climático y la falta de expectativas en terceros países pueden provocar un flujo continuado, e incluso creciente, de refugiados y migrantes. Limitar los factores que empujan a la migración en general es un desafío a nivel mundial. Aumentará la migración de todo tipo (incluidos los migrantes climáticos) debido al fenómeno en aumento de las personas desplazadas. Ante esta situación, la UE debe estar mejor preparada para coordinar su distribución entre los Estados miembros. En este contexto, el CESE ya ha puesto de manifiesto cómo los procesos económicos desequilibrados pueden contribuir a la desestabilización. Por tanto, defiende que el Tratado de Lisboa proporciona un mandato lo suficientemente amplio para revisar la política de inmigración con el objetivo de regular la situación de los «individuos desplazados por factores medioambientales».

—

Para hacer frente a las prioridades económicas, sociales y medioambientales, tanto las nuevas como las existentes, la Unión necesita, en este momento crítico desde un punto de vista político, un presupuesto de la UE sustancial. La propuesta de la Comisión sobre el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 es modesta y poco ambiciosa. Al igual que el Parlamento Europeo y el CDR, el CESE exige que los recursos supongan el 1,3 % de la RNB y que los ingresos procedan en su mayoría de los recursos propios de la UE mediante el establecimiento de los impuestos propuestos por el Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios», presidido por Mario Monti (38).

—

El CESE opina que los recursos deben ser transferidos a los Estados miembros siguiendo los criterios de justicia distributiva para restablecer la convergencia económica y social interrumpida por la crisis (39).

—

El CESE considera necesario que el próximo marco financiero plurianual aumente la financiación para permitir i) la aplicación por parte de los Estados miembros de la Declaración de Gotemburgo sobre el pilar europeo de derechos sociales con el fin de estimular la creación de empleos de calidad en el contexto del desarrollo sostenible, ii) el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y iii) la aplicación del Acuerdo de París mediante la promoción de transiciones justas hacia sociedades ecológicas y digitalizadas.

—

La UE necesita unos presupuestos ambiciosos que sean instrumentos de políticas que desarrollen una estrategia clara para fortalecer a la Unión, con mayor integración, más democracia, un apoyo más firme a las organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la UE, mayor apoyo a las empresas para que hagan frente a los desafíos medioambientales y digitales, una dimensión social más fuerte y un mayor apoyo a la vida rural. Solo así podrá la UE limitar y superar las fuerzas centrífugas internas y hacer frente a los riesgos geopolíticos externos.

—

El CESE apoya la propuesta de que la recepción de fondos de la UE por parte de los Estados miembros esté supeditada al respeto del principio del estado de Derecho, un pilar fundamental de valores de la UE según lo dispuesto en el artículo 2 del TUE.

—

La UE debe reconocer y apoyar de manera más adecuada el papel clave del CESE a la hora de acortar distancias con los ciudadanos europeos.

—

Asimismo, la UE debe descentralizar sus diálogos con los ciudadanos para que los municipios y regiones puedan empezar a desarrollar una identidad y un propósito europeos comunes.

—

Las políticas de la UE deben responder mejor a las propuestas de los ciudadanos, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil al objeto de brindarles motivos para que participen.

—

El CESE debe evaluar la aplicación de las políticas de la UE en los Estados miembros todos los años en función de los objetivos políticos expuestos en el presente Dictamen, al objeto de aportar respuestas concretas a los ciudadanos sobre los efectos que el hecho de pertenecer a la UE tiene en su vida cotidiana.

—

la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios;

—

el mayor mercado único del mundo;

—

una mayor interconectividad económica y un comercio libre y fluido;

—

acuerdos comerciales comunes negociados desde una posición de fuerza para todos los Estados miembros;

—

unas prestaciones sociales mejores y de alta calidad guiadas por el pilar europeo de los derechos sociales;

—

un modelo social europeo;

—

una mayor cooperación en materia de inteligencia, asuntos militares y actividades de mantenimiento del orden;

—

la mejora de las normas medioambientales, una mayor calidad del aire y del agua;

—

la protección del derecho fundamental de los ciudadanos a la intimidad en el entorno digital;

—

la mejora de las normas de salud y seguridad;

—

la reciprocidad de los sistemas de salud en toda la Unión;

—

unas normas y políticas de lucha contra la discriminación, especialmente hacia las minorías y las mujeres;

—

oportunidades educativas extraordinarias basadas en programas de intercambio como Erasmus+;

—

etc.