ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 228

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

62.° año
5 de julio de 2019


Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

DICTÁMENES

 

Comité Económico y Social Europeo

2019/C 228/01

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Alfabetización digital en el ámbito de la salud: por una asistencia sanitaria adaptada a las necesidades de los ciudadanos europeos en tiempos de cambio demográfico (Dictamen de iniciativa)

1

 

DICTÁMENES

2019/C 228/02

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las Oportunidades de empleo para las personas económicamente inactivas (Dictamen de iniciativa)

7

2019/C 228/03

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Sistemas educativos de apoyo para evitar la inadecuación de las capacidades — ¿qué tipo de transición se necesita? (Dictamen de iniciativa)

16

2019/C 228/04

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Una democracia sólida a través de una sociedad civil fuerte y diversa   (Dictamen de iniciativa)

24

2019/C 228/05

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La Senda Paloma de la Paz (White Dove Way) – Propuesta de estrategia de consolidación de la paz de alcance mundial liderada por la UE  (Dictamen de iniciativa)

31

2019/C 228/06

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Escuchar a los ciudadanos de Europa por un futuro sostenible (Sibiu y más allá)

37

2019/C 228/07

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El futuro de la política de cohesión en el período posterior a 2020 (dictamen exploratorio)

50

2019/C 228/08

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El futuro de la UE: ventajas para los ciudadanos y respeto a los valores europeos  (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia rumana del Consejo de la Unión Europea)

57

2019/C 228/09

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La educación sobre la Unión Europea  [Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia rumana]

68


 

III   Actos preparatorios

 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

 

Comité Económico y Social Europeo

2019/C 228/10

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización europea para 2019  [COM(2018) 686 final]

74

2019/C 228/11

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Normas armonizadas: aumento de la transparencia y la seguridad jurídica en aras de un mercado único plenamente operativo  [COM(2018) 764 final]

78

2019/C 228/12

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos[COM(2018) 734 final]

83

2019/C 228/13

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Plan de Acción contra la desinformación[JOIN(2018) 36 final]

89

2019/C 228/14

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Conectar Europa y Asia — Elementos de una estrategia de la UE  [JOIN(2018) 31 final]

95

2019/C 228/15

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recursos para la asignación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil  [COM(2019) 55 final – 2019/0027 (COD)]

103


ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Comité Económico y Social Europeo

5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/1


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Alfabetización digital en el ámbito de la salud: por una asistencia sanitaria adaptada a las necesidades de los ciudadanos europeos en tiempos de cambio demográfico»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 228/01)

Ponente: Renate HEINISCH

Decisión del Pleno

20.9.2018

Fundamento jurídico

Artículo 32, apartado 2, del Reglamento interno

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

7.3.2019

Aprobado en el pleno

21.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

153/0/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) respalda el esfuerzo de la Comisión Europea de asignar una alta prioridad a la alfabetización digital en el ámbito de la salud dentro de la Agenda de Sanidad Electrónica. El CESE recomienda la elaboración de una estrategia global de la UE que, con unos objetivos claros y estrechamente supervisados en materia de alfabetización digital en el campo de la salud, apoye los derechos de las personas en este ámbito y evite las desigualdades recurriendo a dispositivos digitales.

1.2.

El CESE respalda los resultados del proyecto IC-Health (1). Cabe destacar especialmente la recomendación de implicar a ciudadanos activos en estos esfuerzos. Por tanto, el CESE recomienda proseguir la ejecución del proyecto IC-Health con el fin de continuar los programas de formación en línea ya en curso.

1.3.

El CESE hace hincapié en que las diferentes generaciones requieren planteamientos distintos para la mejora de la alfabetización digital en el ámbito de la salud, en función de su uso de las herramientas digitales en la vida diaria. Es necesario integrar a ciudadanos de todas las edades, culturas y tipos de discapacidad, así como a los migrantes, en el desarrollo de las fuentes de información digital. La atención debe centrarse en las personas de mayor edad, a quienes se pide que se impliquen cada vez más en la gestión de su bienestar y atención sanitaria.

1.4.

El CESE recomienda ampliar los esfuerzos para integrar la información digital sobre los medicamentos y los dispositivos médicos e implicar a todas las organizaciones que puedan contribuir. El CESE recomienda asimismo establecer un vínculo con la labor realizada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), los directores de las agencias de medicamentos y la Comisión Europea.

1.5.

El CESE apoya el uso de soluciones de salud electrónica como herramientas económicamente rentables en los sistemas sanitarios. Unas herramientas digitales atractivas podrían mejorar la actitud receptiva de las personas con respecto a los medios digitales.

1.6.

No obstante, el CESE destaca que para aprovechar plenamente las ventajas de los servicios digitales es preciso que las personas sean capaces de acceder y comprender adecuadamente la información proporcionada. La capacidad lectora y los conocimientos matemáticos básicos son requisitos previos fundamentales para la alfabetización de las personas en el ámbito de la salud y deben adquirirse durante la educación escolar a fin de capacitar a los ciudadanos.

1.7.

El CESE hace hincapié en la necesidad de que el Plan de acción sobre la salud electrónica fomente una colaboración amplia y abarque todo el ciclo de vida de las personas. A nivel local, el punto de partida de la alfabetización digital en materia de salud está en las escuelas y los centros de educación infantil. Los educadores infantiles, profesores, padres y abuelos deben desarrollar iniciativas para mejorar la alfabetización digital en el ámbito de la salud en colaboración con el personal pertinente de los servicios sanitarios, como, por ejemplo, médicos, matronas, enfermeras, farmacéuticos y cuidadores. En concreto, la estrecha colaboración entre los médicos generales y los farmacéuticos puede contribuir a mejorar las competencias digitales de los pacientes en el ámbito de la salud. Esta experiencia debe integrarse en el desarrollo continuo del Plan de acción. Los Estados miembros deben elaborar y ejecutar un plan de acción dirigido a mejorar la alfabetización digital en el ámbito de la salud.

2.   Introducción

2.1.

La información digital desempeña un papel cada vez más importante en la sociedad. La alfabetización digital de los ciudadanos en el ámbito de la salud constituye un elemento esencial para aplicar con éxito la salud electrónica. La alfabetización en el ámbito de la salud consiste en la capacidad de buscar, comprender, valorar y aplicar información relacionada con la atención sanitaria, la prevención o el fomento de la salud. Esta requiere, por un lado, capacidades personales y, por otro, unas condiciones marco favorables, como que se proporcione la información utilizando un lenguaje comprensible. Estos son los primeros pasos, mientras que el uso de internet con este fin requiere capacidades adicionales.

2.2.

Los aspectos relacionados con la alfabetización digital en el ámbito de la salud pueden describirse de un modo muy pragmático: no se trata simplemente de encontrar información sobre la salud, sino de averiguar dónde buscarla, si las fuentes de información a las que se accede proporcionan información útil y adecuada y si dichas fuentes de información son fiables (2).

2.3.

Por «herramientas digitales de salud» se entienden los servicios digitales que proporcionan información sanitaria general a los usuarios, las aplicaciones sanitarias (de supervisión y control de los tratamientos), las herramientas que propician la permanencia de las personas en sus propios hogares (seguimiento a distancia de personas mayores), los archivos médicos compartidos, las herramientas digitales para los profesionales de la salud (servicios seguros de mensajería, telemedicina, telecompetencias) y la información sanitaria digital en general.

2.4.

En 2012, la Comisión Europea publicó un plan de acción en el que se exponían los obstáculos que impiden el pleno uso de las soluciones digitales en los sistemas sanitarios de Europa. Actualmente se está aplicando este plan bajo el título «Plan de acción sobre la salud electrónica 2012-2020: atención sanitaria innovadora para el siglo XXI» (3).

2.5.

Los objetivos de este Plan de acción sobre la salud electrónica se completaron en abril de 2018 por medio de la Comunicación de la Comisión relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable (4).

2.6.

Dicha Comunicación menciona el informe sobre el estado de la salud en la UE (5), en el que se concluyó que solo podemos garantizar que nuestros sistemas de salud y asistencia sanitaria siguen siendo adecuados si nos los replanteamos completamente. Uno de los pilares es la introducción de soluciones digitales en el ámbito de la salud y la asistencia sanitaria. Estas herramientas digitales pueden contribuir a aplicar los conocimientos científicos y ayudar así a los ciudadanos a seguir gozando de buena salud.

2.7.

La financiación de la UE apoya la investigación y la innovación en soluciones digitales en el ámbito de la salud y la asistencia sanitaria mediante el programa Horizonte 2020 (6) y colaboraciones público-privadas. En su revisión intermedia de la aplicación de la Estrategia para el Mercado Único Digital (7), la Comisión expone su intención de adoptar nuevas medidas en tres ámbitos:

el acceso seguro de los ciudadanos a sus propios datos sanitarios y el intercambio de datos sanitarios con otros países;

datos de mayor calidad para avanzar en la investigación, la prevención de enfermedades y la sanidad y asistencia personalizadas;

las herramientas digitales para la capacitación de los ciudadanos y la asistencia centrada en las personas.

Además, se debe alentar a los Estados miembros a que desarrollen mecanismos para detectar y, en la medida de lo posible, eliminar los sitios web con desinformación, o bien para posicionar los sitios web de confianza de modo que se muestren en primer lugar en las búsquedas.

2.8.

La Oficina regional para Europa de la OMS publicó (8) un resumen muy exhaustivo de los proyectos en curso y sus resultados en su informe WHO-HEN-Report-57. En su conclusión, los autores declaran que el desarrollo de capacidades a lo largo de toda la vida, incluidas las actividades preescolares, la instrucción formal en las escuelas y el aprendizaje para adultos, es fundamental para la alfabetización en el ámbito de la salud. Asimismo, formulan recomendaciones políticas que podrían promover el desarrollo en los Estados miembros de políticas de conjunto en materia de alfabetización en el ámbito de la salud, así como el desarrollo, la aplicación y la evaluación rigurosa de las actividades relacionadas con dichas políticas para demostrar los beneficios de las políticas en materia de alfabetización en el ámbito de la salud para los ciudadanos y la sociedad.

2.9.

La Comisión Europea ha incluido programas para mejorar la alfabetización digital en el ámbito de la salud en sus estrategias de investigación, y ha financiado proyectos importantes en el marco del Séptimo Programa Marco y Horizonte 2020 (9).

2.10.

Es un hecho reconocido que las personas de mayor edad o con menor nivel educativo cuentan con peores competencias digitales en el ámbito de la salud. Esto influye en su implicación en su propia atención sanitaria y en su capacidad de acceder a información sobre la salud. El proyecto Irohla ofrece soluciones para las generaciones de mayor edad (10), mientras que el CESE (11) ya ha abordado muchos aspectos de la inclusión digital (de conformidad con la Declaración de Riga (12)).

2.11.

El proyecto IC-Health (13) ofrece una gran cantidad de análisis y recursos relativos a la alfabetización digital en el ámbito de la salud. IC-Health es un proyecto encaminado a desarrollar una serie de cursos masivos abiertos en línea (MOOC) para contribuir a mejorar la alfabetización digital de los ciudadanos europeos en el ámbito de la salud e impulsar la comprensión de dichas competencias digitales y del modo en el que pueden utilizarse para mejorar los resultados sanitarios. En la actualidad se está procediendo a elaborar un resumen de los resultados de este proyecto.

3.   Observaciones generales

3.1.

El fomento de la alfabetización y las capacidades adquiere una mayor importancia en el contexto del cambio demográfico, un reto social reconocido. Nuestra sociedad, la cual envejece rápidamente, requiere más formación en las capacidades del personal sanitario y de asistencia al objeto de garantizar que sus cualificaciones se corresponden con las nuevas necesidades, una gestión óptima del gasto en materia de salud, así como avances en las competencias digitales entre la población en general, a fin de preservar la sostenibilidad de los sistemas de salud y asistencia sanitaria.

3.2.

El CESE apoya aquellas actividades de la Comisión Europea dirigidas a promover la capacitación de los ciudadanos que se centran en la transformación del sistema sanitario. Sin embargo, el CESE opina que, al mismo tiempo, es necesario capacitar a los ciudadanos para usar estas herramientas digitales y que todos los Estados miembros deben aplicar un plan de acción para mejorar tanto la alfabetización sanitaria como la alfabetización digital en el ámbito de la salud.

3.3.

Algunos de los países europeos concernidos por los resultados del estudio comparativo de la OCDE (14) han llevado a cabo sus propios estudios. Francia (en 2004-2005) encontró cerca de 3,1 millones de adultos clasificados como analfabetos funcionales (el 9 % de la población en edad activa). El estudio realizado en el Reino Unido en 2011 reveló que el 14,9 % (más de 5 millones) de los británicos son analfabetos funcionales. Por su parte, un estudio en Alemania mostró que el 4,5 % de la sociedad alemana en el grupo de edades comprendidas entre los 18 y los 64 años es completamente analfabeta (sin conocimientos de lectura y escritura). El analfabetismo funcional afecta al 10 % de las personas de este grupo de edad. La población total de analfabetos completos y funcionales se eleva a 7,5 millones de personas (15), un hecho que se ha de tener en cuenta a la hora de debatir la alfabetización digital en el ámbito de la salud.

3.4.

El CESE hace hincapié en que es necesaria la colaboración de todos los profesionales en el ámbito de la educación, la investigación y la salud. Los miembros del CESE deben fomentar esta colaboración a través de sus organizaciones. El objetivo de estos esfuerzos debe ser el aumento de un uso bien fundado y pertinente de las herramientas digitales en todos los sectores de la sociedad.

3.5.

El CESE recomienda remitirse a los resultados del proyecto IC-Health para seguir aplicando las prioridades en materia de salud electrónica de la Comisión Europea con el fin de aumentar la concienciación sobre las soluciones de salud electrónica publicadas en la Comunicación de abril de 2018 (16). Horizonte 2020 (17) debería realizar un seguimiento de las acciones y conclusiones que puedan extraerse del proyecto y utilizar la experiencia adquirida a partir de los MOOC.

3.6.

Es importante que los ciudadanos de todas las edades, culturas y tipos de discapacidad formen parte de cualquier proceso relacionado con la alfabetización digital en el ámbito de la salud. A fin de obtener también la aceptación por parte de los profesionales de la asistencia sanitaria y a domicilio de los cambios en su entorno de trabajo y satisfacer sus necesidades, el CESE recomienda incluir también a estos grupos en el desarrollo de nuevas herramientas digitales. En este marco se inscribe igualmente la formación y la educación complementaria del personal de enfermería.

3.7.

El CESE agradece la iniciativa de la organización Friends of Europe de reconsiderar el sistema sanitario en Europa y desarrollar ideas de «opciones de (des-)inversión inteligente en la asistencia sanitaria» («Smart (dis)investment choices in healthcare» (18)). El objetivo es trabajar para detectar y poner fin a las medidas ineficaces del sistema de asistencia sanitaria, de modo que se garantice que los fondos adicionales disponibles se destinan mejorar los resultados sanitarios.

3.8.

El CESE apoya el concepto de Friends of Europe de creación de un grupo de trabajo capacitador para ciudadanos saludables de todas las edades, remitiéndose a la Recomendación del Consejo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (19). Los ciudadanos deben conocer los «componentes de una mente, un cuerpo y un estilo de vida saludables», lo que constituye una buena base para su implicación y participación activa. Los Estados miembros deben considerar esta cuestión como una prioridad transversal que interrelaciona las políticas en materia de educación, salud, asuntos sociales y empleo, así como un mecanismo clave para reducir los costes de la asistencia sanitaria y mejorar sus resultados. Por ejemplo, si bien el cierre de un hospital siempre genera reacciones adversas, en ocasiones puede ser una medida necesaria si la institución ha dejado de ser rentable o no presta la atención prometida. La automatización puede agilizar el proceso organizativo de la asistencia. Por ejemplo, en un reciente proyecto piloto realizado en tres hospitales situados en el Reino Unido, los asistentes virtuales operados mediante inteligencia artificial fueron ocho veces más productivos que las secretarías de los hospitales a la hora de gestionar las derivaciones rutinarias de pacientes y los resultados de las pruebas.

3.9.

Los ciudadanos bien informados toman medidas para mejorar su salud. Esto les lleva a decantarse por estilos de vida más sanos, vacunarse más a menudo, envejecer de forma saludable, participar en mayor medida en los tratamientos y hacer un mayor uso de los servicios de prevención de los comportamientos peligrosos. Así pues, las herramientas digitales podrían ser útiles en el área de la educación terapéutica, logrando que las personas con enfermedades crónicas sean más conscientes de sus tratamientos.

3.10.

El CESE (20) ya ha destacado la importancia de la alfabetización digital en el ámbito de la salud en el contexto de la vacunación para permitir el acceso a información digital sobre las vacunas y su procesamiento.

3.11.

Los servicios digitales pueden ser particularmente útiles para las personas con menor nivel de formación (por ejemplo, con dificultades de lectura y analfabetismo), así como para las personas con discapacidad visual, si la información se ofrece en formato de vídeo o podcast. De este modo también pueden ofrecerse programas dirigidos a migrantes cuyas capacidades sean limitadas para comunicarse en el idioma del país de acogida. Hay que prever las medidas y recursos adecuados para permitir a estos grupos el acceso a las herramientas digitales de salud.

3.12.

Es necesario capacitar a las personas, independientemente de su edad y condición, para utilizar estos recursos digitales (sitios web, aplicaciones) a fin de resolver sus dudas y gestionar sus propios datos sanitarios (por ejemplo, recetas supervisadas por profesionales de la salud, datos sanitarios digitales, información digital sobre sus medicamentos, etc.). Por ejemplo, las entidades gestoras de seguros de enfermedad deberían formar sistemáticamente a sus asegurados. Una iniciativa del CESE (21) cubre más acciones relacionadas con el seguro de enfermedad.

3.13.

También deberían utilizarse los programas escolares y otras actividades educativas dirigidas a niños y adolescentes para estimular el diálogo entre generaciones. Durante este debate deberán abordarse proyectos como el de la Fundación de la Lectura (22) de Alemania, entre otros.

3.14.

El CESE propone debatir si los empleadores podrían divulgar información sanitaria general, pues se suelen utilizar herramientas digitales en el trabajo. Puesto que la formación sobre prevención de accidentes en el puesto de trabajo ya se ha convertido en algo habitual, esto podría extenderse a la información sanitaria.

3.15.

El CESE reitera que es muy importante formar a los pacientes sobre cómo acceder a sus propios datos y utilizarlos, puesto que en la actualidad a menudo se encuentran «encerrados» en los sistemas de información sanitarios, tal como queda consolidado en el Reglamento general de protección de datos (RGPD) (23); insiste asimismo en que es imprescindible incluir conocimientos de salud electrónica en los programas de formación de los profesionales sanitarios (24).

4.   Observaciones específicas

4.1.   Infraestructuras

4.1.1.

La Comisión Europea ha iniciado varios programas dirigidos a mejorar la infraestructura técnica y permitir la interacción transfronteriza.

4.1.2.

Los resultados del estudio realizado en el marco del proyecto IC-Health revelan en algunos casos, por ejemplo, que los jóvenes y las personas con menor nivel de alfabetización podrían preferir los dispositivos móviles al ordenador. El CESE propone que se exploren estos aspectos en mayor medida y se incluyan en las consideraciones en las que se basen los futuros programas.

4.2.

La Comisión Europea, la EMA y los directores de las agencias de medicamentos han puesto en marcha un proceso para establecer los principios clave de la información electrónica sobre productos en relación con los medicamentos (25). En muchos Estados miembros ya existen bases de datos con información electrónica sobre productos sencilla para los pacientes y aprobada por las autoridades reguladoras. El CESE ya expuso detalladamente la importancia de la fiabilidad de la información electrónica sobre medicamentos en su Dictamen «Hacia la salud electrónica: información digital para un uso seguro de los medicamentos» (26). Este enfoque y esta prioridad, centrados en la fiabilidad de la información digital, deberían abarcar también a los dispositivos médicos.

4.3.

El CESE opina que esta información podría utilizarse junto con las fuentes mencionadas hasta ahora para mejorar la alfabetización sanitaria. Por ejemplo, debería tenerse en cuenta la información sobre medicamentos aprobada por las autoridades reguladoras, pues es necesario para garantizar que se ofrece información actualizada sobre los medicamentos y los tratamientos de forma continua. El CESE cree que, de este modo, podría garantizarse un uso seguro y eficaz de los medicamentos, mejorarse la participación en los tratamientos y optimizarse sus resultados.

4.4.   Otras necesidades de investigación

4.4.1.   Investigación y desarrollo técnicos

4.4.1.1.

El CESE recomienda que se estudien las sinergias que puedan aportar las asociaciones público-privadas adicionales en las que participen personas de todas las edades y procedencias con el fin de diseñar fuentes de información digital atractivas y otras herramientas digitales que evolucionen al ritmo de las fuentes de información digital comerciales, los medios sociales y el entretenimiento digital, y que puedan utilizarse, por ejemplo, cuando se apliquen las medidas propuestas por la Comisión Europea. Estas asociaciones deben funcionar ateniéndose a una carta sobre la fiabilidad de los datos y la ausencia de conflictos de intereses.

4.4.2.   Aspectos educativos

4.4.2.1.

El uso de internet varía considerablemente entre los diferentes grupos sociales y de edad. Muchas personas utilizan las redes sociales pero no hacen uso de la información disponible, mientras que un pequeño grupo de personas nunca utiliza internet para nada. De acuerdo con varias iniciativas previas del CESE (27), deberían llevarse a cabo investigaciones encaminadas a responder las siguientes preguntas:

¿Cómo podemos fomentar un aprendizaje activo permanente, tanto sobre el modo de acceder a la información como sobre el modo de diferenciar entre fuentes digitales fiables y no fiables, por ejemplo, promoviendo los MOOC de IC-Health? Se necesitan medidas colectivas de apoyo y formación para abordar este problema, ya que el 47 % de la mano de obra de la UE carece de las cibercapacidades suficientes (28).

¿Cómo podemos poner a disposición recursos (por ejemplo, métodos de entretenimiento) que despierten el interés de las personas en hacer uso de las fuentes digitales de información fiables?

¿Cómo podemos apoyar la transferencia de los programas de éxito? Véase, por ejemplo, el caso de «Sophia» (29), una innovadora herramienta de seguro de enfermedad en Francia para pacientes con diabetes o EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), basada en el asesoramiento en materia de salud. Este programa se inspira en experimentos de gestión de enfermedades foráneas en los EE. UU., Alemania y el Reino Unido (30).

¿Qué papel desempeñan las diferentes instituciones educativas (universidades, centros de formación de adultos, etc.) en la consolidación de las múltiples competencias pertinentes, por ejemplo, la capacidad de trabajar con las nuevas tecnologías, la participación y la gestión de la salud propia de modo que beneficie a la sociedad o la difusión de conocimientos sociales y técnicos?

¿Cómo puede utilizarse el material existente (por ejemplo, la información sobre medicamentos aprobada por las autoridades reguladoras)?

¿Cómo podemos estimular el intercambio de conocimientos y experiencias sobre la alfabetización sanitaria y las competencias digitales entre las generaciones?

4.4.2.2.

El proyecto IC-Health estableció el entretenimiento educativo como nuevo enfoque de aprendizaje. Este considera que, con el fin de comprender el proceso de cambio de actitud y comportamiento, existe una clara necesidad de realizar experimentos más controlados que permitan descubrir los factores cognitivos o afectivos que median en los efectos del entretenimiento educativo, así como de determinar las condiciones en las que el discurso del entretenimiento educativo puede funcionar o no.

4.4.3.

Se necesita una estrategia de alfabetización digital en el ámbito de la salud más amplia:

La alfabetización en el ámbito de la salud debe tener en cuenta específicamente el contexto y adaptar sus contenidos. Se recomienda elaborar una Estrategia de alfabetización digital en el ámbito de la salud a nivel europeo para respaldar los derechos de los ciudadanos en materia de salud, que incluya un enfoque específico sobre la alfabetización digital en el ámbito de la salud a lo largo de toda la vida.

La alfabetización digital en el ámbito de la salud combina las capacidades digitales con la salud. Ambas requieren una educación y formación específicas.

Se necesitan una estrategia y un plan de aplicación.

4.4.4.

Necesidad de garantizar la igualdad de acceso a internet:

El mundo digital solo es accesible a aquellas personas con acceso a internet. ¿Cómo podemos colmar la brecha digital en Europa, que impide a las regiones, las islas y las zonas rurales el acceso a internet, lo que implica que la gente quedará en el futuro excluida del acceso a la asistencia sanitaria digital? Europa y los Estados miembros han de realizar inversiones importantes para garantizar a todos el acceso a internet si queremos que el conjunto de la sociedad se beneficie de estos avances.

Muchos servicios públicos se basan en la red y requieren competencias y recursos específicos para su utilización. Una brecha digital puede agravar las desigualdades en las sociedades europeas del bienestar.

Los entornos, espacios, comunidades y ciudades pueden contribuir a facilitar el acceso abierto y libre a internet de modo que los ciudadanos puedan participar activamente en la sociedad.

Las colaboraciones público-privadas pueden contribuir a facilitar un libre acceso a internet para todos en Europa.

El acceso a internet se ha convertido en un derecho humano, ahora que las administraciones públicas se apoyan de manera tan esencial en los servicios digitales.

Bruselas, 21 de marzo de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Este proyecto ha recibido financiación de Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE, en el marco del acuerdo de subvención n.o 727 474.

(2)  https://ichealth.eu/wp-content/uploads/2018/10/ICH-FC_Final-Presentation_allDay.pdf

(3)  COM(2012) 736 final.

(4)  COM(2018) 233 final.

(5)  Estado de la salud en la UE: Informe de acompañamiento 2017, https://ec.europa.eu/health/state/summary_es

(6)  COM(2011) 808 final.

(7)  COM(2017) 228 final.

(8)  http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/373614/Health-evidence-network-synthesis-WHO-HEN-Report-57.pdf?ua=1

(9)  DO L 347 de 20.12.2013, p. 104.

(10)  https://www.age-platform.eu/project/irohla

(11)  DO C 318 de 29.10.2011, p. 9.

(12)  Declaración ministerial de la UE «TIC para una sociedad inclusiva», Riga (Letonia), 11 de junio de 2006, punto 4.

(13)  https://ichealth.eu/

(14)  http://www.oecd.org/skills/piaac/newcountryspecificmaterial.htm

(15)  https://ec.europa.eu/epale/fr/blog/analfabetyzm-funkcjonalny-doroslych-w-krajach-bogatego-zachodu

(16)  COM(2018) 233 final.

(17)  COM(2018) 435 final.

(18)  https://www.friendsofeurope.org/event/smart-disinvestment-choices-healthcare

(19)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7

(20)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 150.

(21)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 1.

(22)  https://www.stiftunglesen.de/

(23)  DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.

(24)  DO C 271 de 19.9.2013, p. 122.

(25)  https://www.ema.europa.eu/ES/events/european-medicines-agency-ema-heads-medicines-agencies-hma-european-commission-ec-workshop

(26)  DO C 13 de 15.1.2016, p. 14.

(27)  DO C 13 de 15.1.2016, p. 14.

(28)  DO C 13 de 15.1.2016, p. 161.

(29)  Denominación del servicio supervisor del régimen común del seguro de enfermedad.

(30)  https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/innovations/page/sophia.htm


DICTÁMENES

5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/7


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Oportunidades de empleo para las personas económicamente inactivas»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 228/02)

Ponente: José CUSTÓDIO LEIRIÃO (Pt-III)

Decisión del Pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobación en sección

13.2.2019

Aprobado en el pleno

20.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

99/20/6

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El CESE observa que existe una parte significativa de la población que, aunque todavía no trabaja ni forma parte de las estadísticas de desempleo, conserva un potencial importante para la creación de empleo y riqueza, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que inscriban en un lugar destacado de sus prioridades políticas la elaboración de una estrategia para dar respuesta al considerable número de personas económicamente inactivas.

1.2

Ahora que la recuperación económica va ganando impulso en Europa, el CESE considera que la Comisión y los Estados miembros también deben centrar sus esfuerzos en aplicar políticas de reactivación y políticas destinadas a crear oportunidades de trabajo para todos, en particular para quienes están más excluidos del mercado laboral y quieren y pueden trabajar.

1.3

Dado que la recomendación general sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral se emitió en 2008 (1) y para evitar un enfoque fragmentario, el CESE recomienda que la Comisión evalúe los progresos realizados y, en caso necesario, adopte una nueva estrategia global, acompañada de planes de acción y objetivos para los Estados miembros desglosados por subgrupos de personas económicamente inactivas. Esta estrategia debería incluir más innovación social y una mejor definición de las políticas orientadas a la consecución de resultados, así como una mayor ambición en lo que se refiere a la inclusión en el mercado laboral de la parte de esta población que quiere trabajar.

1.4

El CESE recomienda que la Comisión Europea anime a los Estados miembros a hacer más eficaces sus políticas activas del mercado de trabajo y a que garanticen que sus servicios públicos de empleo pueden proporcionar una asistencia más específica a las personas que quieren integrarse en el mercado laboral, teniendo en cuenta sus capacidades y ambiciones.

1.5

Para garantizar que se adoptan políticas basadas en datos reales, el CESE también recomienda que los Estados miembros recopilen y analicen información sobre esta población, incluidas las diferentes características de sus subgrupos, sus motivaciones para trabajar, el tipo de trabajo que desearían y sus capacidades, de forma que la oferta y la demanda puedan interactuar más fácilmente y ayudar a satisfacer las aspiraciones de cada subgrupo de la población económicamente inactiva que desea trabajar.

1.6

En lo que respecta a la situación social y laboral del subgrupo de las personas con discapacidad, aunque se ha producido una cierta mejora entre 2011 y 2016, estas siguen padeciendo desventajas y una brecha significativa en lo que respecta al empleo y la calidad de vida. El CESE considera que, si se quieren potenciar las oportunidades de empleo entre las personas con discapacidad que tengan un nivel bajo de educación, se necesitan esfuerzos concertados, especialmente en los ámbitos del acceso a la educación superior y a los servicios sanitarios en condiciones especiales. Además, el CESE insta a los Estados miembros a crear un sistema de cuotas de empleo para personas con discapacidad que será de aplicación en organismos/empresas públicos y en empresas del sector privado con arreglo a su capacidad de empleo y su volumen de ventas.

1.7

Considerando la gran heterogeneidad de la población inactiva y las distintas barreras a que se enfrenta, su (re)incorporación al mercado laboral es un reto que deben asumir todos los Estados miembros. El CESE considera crucial que los responsables políticos de cada Estado miembro conozcan y comprendan en profundidad esas barreras y las características específicas de cada subgrupo, teniendo en cuenta al mismo tiempo la cuestión del equilibrio de género a la hora de diseñar las políticas públicas u otras iniciativas para poder abordar estos retos eficazmente (por ejemplo, aumentando la oferta pública de guarderías, condición fundamental para liberar a las personas dedicadas a los cuidados familiares y permitirles ocupar su lugar en el mercado de trabajo).

1.8

El CESE sigue considerando decisivo que los Estados miembros mejoren la relación entre los servicios locales de empleo, los ayuntamientos y los servicios de seguridad social, a fin de aumentar las posibilidades de llegar a esa población y motivarla y atraerla para que se integre en el mercado laboral.

1.9

El CESE recomienda que los Estados miembros pongan en marcha, en caso necesario en el seno de los servicios públicos locales (ayuntamientos), actividades específicas adecuadas para mejorar y actualizar las capacidades y competencias de la población económicamente inactiva y de otros grupos excluidos, a fin de que puedan integrarse en el mercado laboral, teniendo en cuenta sus capacidades.

1.10

Considerando que entre la población económicamente inactiva se incluye a muchas personas con un potencial de integración normal en el mercado laboral, el CESE insta a la Comisión y a los Estados miembros a que creen incentivos específicos y favorables para que las empresas contraten a estas personas económicamente inactivas. Esto podría lograrse mediante la introducción de medidas legislativas y no legislativas que garanticen que el Fondo Social Europeo cubra todos los costes de formación de estas personas, haciendo así posible que las empresas las contraten. Al mismo tiempo, también es fundamental que la Unión Europea anime a los Estados miembros a promover unas condiciones de trabajo atractivas, unos salarios dignos y unos sistemas de seguridad social que animen a la población inactiva a participar en el mercado de trabajo y en la creación de riqueza y bienestar económico, social y medioambiental.

1.11

La confianza en la Unión Europea y el sentimiento de pertenencia a ella también dependen de la capacidad de las instituciones de la UE para promover eficazmente la inclusión y el bienestar de todos los ciudadanos, respetando al mismo tiempo su diversidad.

1.12

El CESE insta a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las políticas de la industria 4.0 y el desarrollo de nuevas tecnologías respeten los cambios en el mundo laboral, aportando beneficios tanto a los trabajadores como a las empresas.

1.13

El CESE propone reducir el horario individual de trabajo semanal, comenzando con los servicios públicos, para crear así más oportunidades de trabajo para todos.

2.   Introducción

2.1

De acuerdo con la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se considera que las personas son «económicamente inactivas» cuando «no están trabajando, no buscan empleo y/o no están disponibles para trabajar». El objetivo del presente Dictamen es llamar la atención de la Comisión y los Estados miembros, en el proceso de definición de las políticas activas de empleo, sobre las necesidades concretas de esta población, que ha sido marginada, excluida y olvidada por los responsables políticos, y que pese a todo desea integrarse en la sociedad con su actividad y su trabajo con el fin de contribuir a la creación de riqueza y al bienestar económico, social y medioambiental.

2.2

Se realizan esfuerzos, también por parte de los Estados, las empresas, las organizaciones patronales, los sindicatos y las instituciones de educación y formación, para desarrollar asociaciones, con el fin de crear un mercado laboral inclusivo y garantizar que los niveles de cualificación se ajustan al ritmo de los cambios tecnológicos. Sin embargo, estos esfuerzos aún no han alcanzado los objetivos deseados, como muestran las miles de ofertas de empleo todavía sin cubrir debido al desajuste entre la oferta y la demanda, lo que ocasiona grandes desequilibrios en el mercado laboral. Esos desequilibrios afectan de forma negativa a la productividad, la competitividad y el crecimiento potencial. Al mismo tiempo, se han ido creado barreras al empleo, que han llevado a la exclusión de muchos miles de personas de la mano de obra. Esto ha dado lugar, por ejemplo, al desempleo juvenil de larga duración, y deja a un gran número de personas de todas las edades con tan solo un vínculo frágil con el mercado laboral, lo que ha contribuido a un aumento significativo de la población económicamente inactiva, entre ellos los llamados «ninis».

2.3

Más de una de cada cuatro personas de quince a sesenta y cuatro años de edad en la UE está clasificada como inactiva (2). Estas personas no se incluyen en las estadísticas oficiales de empleo, y en muchas ocasiones se encuentran marginadas económica y socialmente, de modo que no disponen de recursos y oportunidades para participar plenamente en la sociedad. Y ello, a pesar de que la gran mayoría querría trabajar (3).

3.   Observaciones generales

3.1

Elevar el nivel de empleo y crear más y mejores puestos de trabajo siguen siendo objetivos clave para la UE. Todos los Estados miembros suscriben la Estrategia Europea de Empleo, que se aplica a través del Semestre Europeo, el proceso anual que promueve la estrecha coordinación política entre los Estados miembros de la UE y las instituciones de la UE (4). Los responsables políticos han hecho hincapié, con toda razón, en las personas que se quedaron sin empleo como consecuencia de la crisis financiera y han intentado encontrar vías directas para la creación de empleo. La Comisión se ha centrado especialmente en las iniciativas consagradas a los jóvenes, como la Garantía Juvenil (2013) (5), la iniciativa Empleo Juvenil (2015) (6) o la nueva Estrategia de la UE para la Juventud 2019-2027 (2018) (7). Otra audaz iniciativa condujo a la Recomendación del Consejo, de 15 de febrero de 2016, sobre la integración de los desempleados de larga duración en el mercado laboral (8). El CESE apoya y acoge con satisfacción estas iniciativas, que están en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales.

3.2

Mientras que la oferta y la demanda de empleo y la población empleada o temporalmente desempleada se estudian con frecuencia y son objeto de distintas reflexiones y estrategias sobre las políticas activas de empleo, la población inactiva está muy poco estudiada e investigada. Uno de los primeros documentos de la Comisión que reconoció explícitamente la situación de estas personas fue la Recomendación 2008/867/CE, dirigida a los Estados miembros, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral , en la que se recomendaban varios tipos de estrategias dirigidas a facilitar la integración de esta población en el mercado laboral. En abril de 2017, la Comisión publicó un documento de trabajo de los servicios de la Comisión (9), en el que evaluaba en qué medida habían desarrollado los Estados miembros un enfoque más integrado de las políticas activas de inclusión. La conclusión fue que el progreso en la aplicación de las recomendaciones variaba entre los distintos Estados miembros, las estrategias nacionales habían divergido de forma muy significativa y los resultados habían sido muy pobres. Desde 2008, no consta que haya habido otra iniciativa de la Comisión consagrada a esta franja específica de la población. El CESE recomienda que la Comisión publique una nueva estrategia global, acompañada de planes de acción y objetivos para los Estados miembros desglosados por subgrupos de personas económicamente inactivas.

3.3   Características de la población inactiva

3.3.1

Las personas inactivas conforman un grupo de grandes dimensiones, lo que significa que en la mayoría de Estados miembros de la UE una parte importante de la población no trabaja ni figura en las estadísticas de desempleo, aunque tiene potencial de empleabilidad. Si bien las políticas activas de empleo de la UE tienden a centrarse, ante todo, en las personas temporalmente desempleadas, el CESE considera que se debe realizar un esfuerzo adicional para elaborar políticas de empleo expresamente dirigidas a la población mencionada.

3.3.2

La población inactiva es heterogénea. Eurofound (10) ha estudiado, en particular, cuatro subgrupos principales: personas que declaran estar cursando estudios (como los jóvenes), personas dedicadas a las tareas domésticas, jubilados o personas con discapacidad. Estos subgrupos marginados varían mucho en términos de características y obstáculos a los que se enfrentan, en relación con la salud, vida personal, nivel de educación y formación, necesidad de orientación profesional y de prácticas profesionales. En efecto, la falta de experiencia profesional es la característica más común entre los jóvenes y las personas dedicadas a las tareas domésticas, siendo menos habitual entre las personas con discapacidad y los jubilados en edad activa. Por otro lado, las personas con discapacidad y los jubilados declaran con mayor frecuencia sufrir problemas de salud, y también indican un alto nivel de exclusión (similar al de los desempleados de larga duración). Las personas inactivas se enfrentan a menudo a múltiples barreras al empleo. A muchas personas inactivas les gustaría realizar algún tipo de trabajo; aproximadamente cuatro de cada cinco afirman que les gustaría trabajar al menos algunas horas por semana, y aproximadamente la mitad desearían trabajar treinta y dos horas o más (11). Este indicador nos lleva a considerar que las personas económicamente inactivas buscan un tipo de trabajo justo y relevante, no solo unas (pocas) horas de trabajo a la semana, lo que también puede indicar que quizá se hallen en una situación financiera difícil. El CESE considera que el deseo positivo de trabajar debe alentar a los responsables políticos a diseñar políticas e iniciativas que respondan de manera eficaz a las características de cada subgrupo.

3.3.3

También es necesario aclarar la situación de las personas inactivas cuando estas ejerzan su derecho a la movilidad. Según datos de la Comisión Europea (2014), de los 14,3 millones de europeos que ejercen la movilidad dentro de la UE, en torno a 3,7 millones son personas económicamente inactivas. Alrededor del 80 % de los ciudadanos económicamente inactivos disfrutan de derechos (como el de residencia) y de otras prestaciones, como las acordadas a los miembros económicamente activos de su familia, con los que residen en el Estado miembro de acogida, y tienen derecho al mismo trato que el que reciben los miembros de familia de los trabajadores nacionales. Sin embargo, el 20 % restante se ve afectado por la falta de claridad y transparencia en lo que respecta a su derecho a determinadas prestaciones sociales en el Estado miembro de acogida. El CESE insta a la Comisión a que estudie urgentemente estas deficiencias en el apoyo social y a que elabore legislación para subsanarlas.

4.   Antecedentes

4.1

El informe de Eurofound titulado «Reactivar: oportunidades de empleo para personas económicamente inactivas» (12) destaca algunas de las barreras clave para los cuatro subgrupos de población inactiva que incluye (personas que declaran estar cursando estudios, como los jóvenes, personas dedicadas a las tareas domésticas, jubilados en edad activa y personas con discapacidad). La falta de experiencia laboral es la razón más habitual entre los subgrupos de jóvenes y personas dedicadas a las tareas domésticas, y es un problema menor para las personas con discapacidad y las personas jubiladas en edad de trabajar, que suelen declarar sufrir problemas de salud. Cerca de la mitad del subgrupo de personas con discapacidad indican un alto nivel de exclusión social, situación común en varios Estados miembros, en los que un elevado número de personas económicamente inactivas se enfrentan a múltiples barreras en el mercado laboral, lo que contribuye a que las políticas activas de empleo sean más complejas y representen un reto mayor.

4.2

Por otro lado, no se tiene la certeza de que las personas económicamente inactivas estén registradas en los servicios locales de empleo, lo que hace muy difícil para esos servicios localizar a estas personas y ofrecerles oportunidades de empleo. El CESE apoya todas las iniciativas para alentar a estas personas a registrarse en los servicios locales de empleo. Recomienda la creación, en el seno de los servicios públicos, de una estructura específica encargada de coordinar y facilitar el seguimiento de las personas inactivas y su registro en los servicios locales de empleo, que podrían proponer medidas y programas atractivos que respondan a las necesidades específicas de estas personas. Es evidente que los desafíos a que se enfrentan los servicios locales de empleo son muy complejos, debido a la complejidad de los mercados de trabajo, en los que las oportunidades de empleo siguen siendo escasas para quienes llevan mucho tiempo fuera del mercado laboral. Toda esta situación genera una gran carga de trabajo y estrés a los servicios locales de empleo.

4.3

Los responsables políticos de los Estados miembros deben reconocer también los retos a que se enfrentan los servicios públicos de empleo para llegar a la población económicamente inactiva, abordar sus complejas necesidades y comprender sus múltiples vulnerabilidades. Para poder garantizar de manera eficaz y con éxito un empleo a aquellos que lo buscan y desean trabajar y contribuir a la creación de riqueza y bienestar social y medioambiental en la sociedad, son necesarios una estrategia y planes de acción específicos para cada subgrupo.

4.4

Entre los desafíos fundamentales a los que debe hacerse frente figuran, por ejemplo:

la falta de servicios públicos de asistencia a menores y personas dependientes, que facilitarían el acceso al mercado de trabajo de las personas dedicadas a las labores domésticas (principalmente mujeres);

a)

las personas económicamente inactivas deberían tener acceso a proyectos de formación continua y reciclaje profesional y, al mismo tiempo, percibir las prestaciones de desempleo;

b)

facilitar, apoyar y promover con medidas específicas y eficaces la integración de las personas con discapacidad, que requieren planes de empleo y apoyo más específicos;

c)

consagrar también especial atención a otros grupos vulnerables, como los migrantes y las personas vinculadas al programa para la comunidad gitana;

d)

es cierto que muchas personas, por las más diversas razones, desisten y dejan de registrarse en los servicios de empleo, por lo que es necesario que estos servicios establezcan el contacto correspondiente con esas personas y reactiven así sus posibilidades de conseguir empleo;

e)

es evidente que los servicios públicos de empleo en los Estados miembros deben trabajar más y mejor, pero esta es una tarea para la que muchos servicios locales de empleo no están preparados en la actualidad; es necesario por ello reclutar a funcionarios que cuenten con las competencias adecuadas para que los que buscan empleo y desean trabajar puedan conseguirlo con éxito;

f)

sin duda, algunos Estados miembros de la Unión Europea dispondrán de «buenas prácticas» para la resolución de esas dificultades, que deberían copiarse en toda la Unión;

g)

el aumento a niveles dignos de los salarios se ha convertido también en un imperativo para la UE.

4.5

Los mercados laborales se están transformando y las reformas estructurales de estos han conducido a una gran diversidad y a nuevas formas de trabajo. Los trabajadores atípicos experimentan situaciones de menor calidad del empleo y mayor riesgo de pobreza en el trabajo (13). En 2017, el 13,7 % de los trabajadores de la UE trabajaban por cuenta propia (14), el 11,3 % eran trabajadores temporales (15) y el 18,7 % eran trabajadores a tiempo parcial (16). Corresponde a los Estados miembros, con el respaldo de programas adecuados de apoyo de la Unión Europea, aumentar sus inversiones en educación, efectuar inversiones de calidad y con efecto multiplicador en la economía, e intensificar la enseñanza de las ciencias, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas sobre la base de los valores y los derechos fundamentales europeos reintroducidos por el pilar de derechos sociales. Es preciso integrar, apoyar y proteger a la población económicamente inactiva, teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada subgrupo, a fin de abordar y realizar con éxito estos cambios. El CESE recomienda que se cree un mercado laboral que sea verdaderamente más inclusivo.

4.6   Barreras al empleo de la población económicamente inactiva

4.6.1

La personas en edad de trabajar (de quince a sesenta y cuatro años) con ninguna o poca conexión con el mercado laboral se enfrentan a varias barreras al empleo que les impiden comprometerse plenamente en las actividades laborales. Una comprensión rigurosa y profunda de esas barreras es un requisito previo para diseñar y aplicar políticas adecuadas de intervención en el mercado laboral, que estén bien orientadas y debidamente adaptadas a las circunstancias de los distintos destinatarios. A continuación se señalan algunos de los desafíos que plantea la identificación de las barreras al empleo. Si bien la comprensión de estas barreras requiere información y análisis precisos y correctos, en la actualidad ello es prácticamente imposible, dado que:

a)

los actuales indicadores agregados del mercado de trabajo contienen poca información pertinente y no establecen vínculos claros con la población económicamente inactiva, pues abordan la problemática desde un planteamiento basado eminentemente en el individuo y no en el contexto familiar;

b)

la atención se centra tan solo en los desempleados inscritos;

c)

la información relativa a problemas de salud, responsabilidades de asistencia a familiares o incentivos resulta muy limitada.

4.6.2

Los tipos de barreras más comunes son:

a)

falta de experiencia reciente de trabajo;

b)

bajo nivel de educación y competencias;

c)

experiencia laboral muy limitada o inexistente;

d)

limitaciones por motivos de salud;

e)

responsabilidades de cuidados familiares;

f)

escasez de oportunidades de trabajo;

g)

no haber tenido nunca un empleo remunerado;

h)

la existencia de discriminación por razón de edad, sexo, discapacidad, etc., y las políticas de recursos humanos de algunas empresas.

4.6.3

Es necesario crear herramientas que permitan aumentar la visibilidad, la motivación y las probabilidades de éxito de quien busca empleo, entre las que cabría destacar:

a)

asesoramiento profesional;

b)

portal web de anuncios de puestos vacantes y oportunidades de empleo;

c)

referencias e indicaciones directas a los interesados;

d)

mecanismos de apoyo a la movilidad;

e)

programas de formación profesional;

f)

eventuales subsidios para los empleadores.

4.7

Los Estados miembros tratan de explicar con frecuencia las circunstancias individuales y las dificultades del mercado laboral utilizando potentes herramientas estadísticas que indican el perfil de los solicitantes individuales sobre la base de información administrativa. Estas herramientas son útiles para individualizar y ofrecer programas de empleo a las personas registradas en los servicios de empleo, y se basan en la calidad de la información administrativa, que tiene varias ventajas pero tiende a cubrir solo parte de la población que no está trabajando, como son los desempleados registrados. En consecuencia, las sofisticadas herramientas de elaboración de perfiles sobre la base de esa información no pueden utilizarse para proporcionar una perspectiva más amplia de las barreras al empleo de quienes no tienen ninguna conexión con el mercado laboral o mantienen una muy débil.

4.8

Comprender las barreras al empleo no solo es importante para conectar los servicios prestados por las distintas instituciones, sino que también es esencial para identificar los grupos que pueden beneficiarse de los programas de empleo o las prestaciones destinados a esos grupos, que las instituciones que conceden tales medidas no suelen considerar «clientes» de la oferta de empleo o prestaciones. Por consiguiente, el CESE insta a la Comisión a que (en colaboración con la OCDE o sin ella) construya modelos estadísticos que den cuenta de las características específicas de la población económicamente inactiva, de forma que esta pueda incluirse con éxito en las políticas activas de empleo.

5.   Una estrategia europea común para abordar el cambio tecnológico y reforzar una sociedad más inclusiva, que abarque a todos los ciudadanos europeos, incluidos los económicamente inactivos

5.1

Todas las medidas de la Comisión y los Estados miembros deberían ir encaminadas a lograr una mejor integración de cada subgrupo de personas económicamente inactivas en el mercado laboral (17), y no centrarse tan solo en la formación y las competencias. Entre estas cabría destacar:

a)

desarrollo de suficientes servicios públicos de calidad en el ámbito de la asistencia social para cubrir las necesidades existentes (en particular de la infancia y de las personas de edad avanzada) y permitir a las personas que deseen trabajar (principalmente mujeres) hacerlo sin preocupaciones y sin las limitaciones que las obligaciones familiares actuales les imponen (18);

b)

supervisión eficaz y evaluación del impacto de las políticas públicas de reactivación de la población económicamente inactiva, por ejemplo:

1.

datos reales (que permitan identificar obstáculos y vincularlos con las políticas existentes);

2.

aplicación (abordar sus desafíos; facilitar la coordinación y la cooperación entre las partes interesadas);

3.

política de seguimiento y evaluación (estimar los efectos a corto y largo plazo; analizar los resultados más allá de la determinación probabilística de la empleabilidad, incluyendo aspectos relacionados con la calidad del empleo; identificar qué funciona y para quién);

c)

aumento del crecimiento inclusivo y del bienestar a través de los siguientes criterios de eficiencia del mercado de trabajo: más y mejores puestos de trabajo, inclusión, resiliencia y adaptabilidad;

d)

la Comisión y los Estados miembros deberían adoptar los principios de política 3P (Promote, Prevent, Prepare, por sus siglas en inglés):

1.

fomentar un entorno en el que puedan prosperar empleos de calidad,

2.

evitar la exclusión del mercado laboral y proteger a las personas contra sus riesgos,

3.

anticipar futuros riesgos y oportunidades que puedan surgir en el mercado de trabajo;

e)

crear puestos de trabajo en los municipios adecuados a las cualificaciones de los trabajadores residentes económicamente inactivos, es decir, crear empleos en función de las competencias de las personas económicamente inactivas y mejorar su rendimiento mediante cursos de formación adecuados;

f)

crear un entorno favorable a la intensificación del diálogo social (interlocutores sociales) a todos los niveles adecuados, respetando al mismo tiempo la autonomía de los interlocutores sociales y la negociación colectiva, así como el diálogo con otras organizaciones pertinentes de la sociedad civil (19).

5.2

La estrategia no debe beneficiar solo a los que ya tienen un empleo; se debe prestar especial atención a los jóvenes «ninis» y a todas las demás personas económicamente inactivas, pues representan una doble amenaza, es decir, un problema social y una situación que agrava la escasez de trabajadores cualificados. Esto se debe a que, al no estar trabajando, no tienen la oportunidad de adquirir experiencia práctica y, como no están estudiando, tampoco tienen la oportunidad de adquirir cualificaciones académicas más adecuadas, con lo que corren el riesgo de quedar totalmente desconectados del mercado laboral. Es paradójico que las generaciones más cualificadas de la historia no sean necesariamente las mejor preparadas para las necesidades del mercado laboral de su tiempo. La Unión Europea y los Estados miembros no pueden dejar atrás a la generación más cualificada de la historia.

5.3

Las asociaciones patronales señalan la dificultad de encontrar trabajadores cualificados, lo que representa un obstáculo al crecimiento potencial y a la nueva inversión industrial, y hace que las empresas europeas sigan perdiendo competitividad y queden cada vez más rezagadas (20): la falta de mano de obra cualificada para satisfacer la demanda de hoy puede conducir a la falta de demanda de los jóvenes trabajadores cualificados de mañana.

5.4

Es preciso tender un puente que mejore la conexión entre la educación, la adquisición de competencias (21) y la realidad actual y futura de las necesidades del mercado laboral a fin de colmar el foso estructural que observamos hoy en día. Se incluye aquí:

a)

apostar por cualificaciones que sean transferibles;

b)

mejorar la conexión entre las instituciones de educación y formación, los empresarios y los sindicatos;

c)

concienciar a los jóvenes y otros desempleados afectados por la falta de trabajo de sus oportunidades laborales y de los requisitos necesarios;

d)

fomentar las asociaciones entre instituciones de enseñanza, empresas, empresarios, sector público, sindicatos y los propios «ninis» y otros grupos económicamente inactivos (incluidos los migrantes (22));

e)

desarrollar un programa de acción específico para cada subgrupo de población económicamente inactiva, realizar el seguimiento y la evaluación de su aplicación, corrigiendo las desviaciones que puedan producirse;

f)

reducir el horario de trabajo semanal, empezando por los servicios públicos, y crear oportunidades de trabajo para todos.

5.5

La cuarta revolución industrial y la digitalización representan tal vez la última oportunidad de la Unión Europea para recuperar su retraso con respecto a sus principales competidores a través de la inversión y de estrategias y planes de acción adecuados, y avanzar definitivamente hacia una economía del conocimiento y el pleno empleo, tal como preveía la Estrategia de Lisboa (de 2000). Si no lo hace, podemos encontrarnos ante una situación de decadencia a todos los niveles de la sociedad y de la infraestructura productiva europea, así como en términos de los valores fundamentales que sin duda todos queremos preservar.

5.6

Para alcanzar ese objetivo, es necesario un compromiso, una especie de cooperación que abarque a todas las instituciones de la UE, los Estados miembros, los gobiernos nacionales y locales, los sindicatos, las asociaciones patronales y las empresas, y otras organizaciones de la sociedad civil, asumiendo todos y cada uno sus responsabilidades, convirtiéndose todos y cada uno en fuerzas generadoras para que todos los ciudadanos puedan tener su oportunidad de trabajar y participar en la creación de riqueza y de bienestar económico, social y medioambiental. En resumen, el CESE insta a las instituciones (europeas y nacionales, públicas, gubernamentales, municipales y privadas) a que apliquen políticas públicas que sean realmente inclusivas, y no restrictivas, como ha sucedido en los últimos veinte años, lo que ha conducido a la exclusión de muchos millones de personas económicamente inactivas, contribuido al alejamiento de la sociedad civil de las instituciones europeas y puesto en riesgo el futuro de Europa.

Bruselas, 20 de marzo de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Recomendación 2008/867/CE de la Comisión, de 3 de octubre de 2008, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral (DO L 307 de 18.11.2008, p. 11).

(2)  Según datos de Eurostat (enero de 2019), el 26 % de la población (EU-28), con edades comprendidas entre los quince y los sesenta y cuatro años estuvo inactiva en el tercer trimestre de 2018.

(3)  Eurofound (2017), Reactivar: oportunidades de empleo para personas económicamente inactivas, Servicio de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

(4)  Véase la página web de la Comisión Europea sobre la Estrategia Europea de Empleo.

(5)  DO C 271 de 19.9.2013, p. 101.

(6)  DO C 268 de 14.8.2015, p. 40.

(7)  COM(2018) 269 final, Dictamen «Nueva Estrategia de la UE para la Juventud», DO C 62 de 15.2.2019, p. 142.

(8)  DO C 67 de 20.2.2016, p. 1.

(9)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la aplicación de la Recomendación de la Comisión de 2008 sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral [SWD(2017) 257 final].

(10)  Eurofound (2017), Reactivar: oportunidades de empleo para personas económicamente inactivas, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

(11)  Eurofound (2017), Reactivar: oportunidades de empleo para personas económicamente inactivas, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

(12)  Eurofound (2017), Reactivar: oportunidades de empleo para personas económicamente inactivas, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

(13)  Proyecto de Informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y el Consejo que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2019 (COM(2018) 761 final).

(14)  Edad: 15-64; datos extraídos del Informe conjunto sobre el empleo de la Comisión y el Consejo (COM(2018) 761 final)

(15)  Edad: 20-64; datos extraídos de Eurostat, febrero de 2019.

(16)  Edad: 20-64; datos extraídos de Eurostat, febrero de 2019.

(17)  DO C 237 de 6.7.2018, p. 1; DO C 125 de 21.4.2017, p. 10.

(18)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 44, Dictamen «La igualdad de género en los mercados laborales europeos» (DO C 110 de 22.3.2019, p. 26).

(19)  Dictamen SOC/577 «El diálogo social para la innovación en la economía digital», pendiente de publicación en el Diario Oficial (DO C 125 de 21.4.2017, p. 10).

(20)  Estudio: «Skills Mismatches – An Impediment to the Competitiveness of EU Businesses» (Inadecuación de las capacidades – Un impedimento para la competitividad de las empresas de la UE).

(21)  DO C 125 de 21.4.2017, p. 10, Dictamen SOC/588 «Paquete de educación» (DO C 62 de 15.2.2019, p. 136), DO C 81 de 2.3.2018, p. 167, DO C 440 de 6.12.2018, p. 37, DO C 173 de 31.5.2017, p. 45, DO C 173 de 31.5.2017, p. 1.

(22)  Documento informativo SOC/574 «Los costes de la no inmigración y la no integración» (DO C 264 de 20.7.2016, p. 19).


ANEXO

Las enmiendas siguientes, que obtuvieron al menos una cuarta parte de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates (artículo 59.3 del Reglamento interno):

Punto 5.4

Suprímase la letra f)

5.4 A

Es preciso tender un puente que mejore la conexión entre la educación, la adquisición de competencias (1) y la realidad actual y futura de las necesidades del mercado laboral a fin de colmar el foso estructural que observamos hoy en día. Se incluye aquí:

[…]

f) reducir el horario de trabajo semanal, empezando por los servicios públicos, y crear oportunidades de trabajo para todos.

Exposición de motivos

Reducir el número de horas de trabajo semanales no es la forma adecuada de resolver el problema de las oportunidades de empleo, ni tampoco constituye un planteamiento orientado al futuro. El mundo del trabajo está cambiando en el siglo 21. Los cambios tecnológicos y las nuevas formas de trabajo ofrecen nuevas oportunidades y formas de incluir a las personas inactivas en el mercado laboral. Además, el debate en la Sección SOC ha puesto de manifiesto que también se han registrado experiencias negativas en los Estados miembros en los que se ha aplicado dicha medida.

Resultado de la votación:

Votos a favor: 42

Votos en contra: 63

Abstenciones: 5

Punto 1.4

Modifíquese de la manera siguiente:

1.4.

El CESE recomienda que la Comisión Europea anime a los Estados miembros a hacer más eficaces sus políticas activas del mercado de trabajo y a que garanticen que sus servicios públicos de empleo pueden proporcionar una asistencia más específica a las personas que quieren integrarse en el mercado laboral, teniendo en cuenta sus capacidades, y ambiciones y la demanda actual de mano de obra.

Exposición de motivos

El papel de la asistencia específica consiste en dialogar con las personas sobre sus capacidades y ambiciones pero también en explicarles cuál es la situación en el mercado de trabajo en ese momento y poner de manifiesto cuáles son mejores opciones de formación o reconversión profesional.

Resultado de la votación:

Votos a favor: 28

Votos en contra: 66

Abstenciones: 6


(1)  DO C 125 de 21.4.2017, p. 10, Dictamen «Paquete de educación» (DO C 62 de 15.2.2019, p. 136), DO C 81 de 2.3.2018, p. 167, DO C 440 de 6.12.2018, p. 37, DO C 173 de 31.5.2017, p. 45, DO C 173 de 31.5.2017, p. 1.


5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/16


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Sistemas educativos de apoyo para evitar la inadecuación de las capacidades — ¿qué tipo de transición se necesita?»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 228/03)

Ponente: Milena ANGELOVA

Decisión del Pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en sección

13.2.2019

Aprobado en el pleno

21.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

130/0/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE valora positivamente que se haga mayor hincapié en la enseñanza, la formación y el desarrollo de capacidades así como en su aprovechamiento en la UE, algo que la Comisión Europea reitera en diversas iniciativas recientes (1) . Al tiempo que reconoce que la enseñanza y la formación figuran entre las competencias esenciales de los Estados miembros, destaca la relevancia estratégica de estos ámbitos para el futuro de Europa en términos de prosperidad económica, una mejor cohesión y vida democrática, así como para «afrontar las expectativas de los ciudadanos y responder a sus preocupaciones en torno al futuro en un mundo que cambia rápidamente» (2) .

1.2.

El CESE muestra su preocupación por los significativos problemas estructurales que acusan los mercados laborales debido a la inadecuación de las capacidades, algunos de los cuales se deben a factores tecnológicos y demográficos. Solicita, por tanto, que se diseñen y apliquen de inmediato medidas políticas bien orientadas y acompañadas de incentivos y compendios de las mejores prácticas para los Estados miembros, a fin de ayudarles a llevar a cabo, donde se necesite, la adaptación con éxito en apoyo de sus sistemas educativos y de formación encaminada a evitar la inadecuación de las capacidades y el desperdicio de talentos.

1.3.

El CESE considera también que la inadecuación de las capacidades actuales y futuras solo puede abordarse debidamente y de forma sostenible si la Comisión Europea y los Estados miembros diseñan las políticas específicas y adoptan medidas concretas para mejorar y adaptar convenientemente sus sistemas educativos y de formación, en aras de la gestión de los talentos así como de la instauración de sistemas holísticos de gestión de las cualificaciones. Por lo tanto, les invita a hacerlo con rapidez y de manera eficiente. Todo ello debería orientarse a contribuir a actualizar de manera inclusiva y continua la mano de obra en función del nuevo entorno económico.

1.4.

El CESE pide a la Comisión Europea que intensifique la difusión de las mejores prácticas en materia de programas de cualificación y de EFP. También debe preverse una combinación adecuada de incentivos para todos los participantes en el proceso educativo y de formación, a fin de salvaguardar el derecho a una formación adecuada para todos (3) . En consonancia con su anterior Dictamen, el CESE subraya la importancia de un Espacio Europeo de Educación (4) . El CESE considera necesario seguir actualizando y mejorando continuamente las capacidades y cualificaciones de los profesores y formadores en todos los niveles de enseñanza y formación.

1.5.

El CESE es consciente de que siempre persistirán algunas facetas de la inadecuación de las capacidades y que los sistemas educativos nunca podrán formar a los alumnos a la perfección para todas las circunstancias. Sin embargo, las tendencias actuales son preocupantes y obstaculizan el crecimiento económico y la creación de empleo, ya que impiden a los ciudadanos desplegar plenamente su potencial creativo y a las empresas aprovechar todo el potencial innovador de las capacidades que poseen sus recursos humanos. Por esta razón, los gobiernos, los interlocutores sociales y la sociedad civil deberían trabajar codo con codo para superar este problema y ofrecer a las personas la orientación y el asesoramiento necesarios para ayudarles a tomar las decisiones adecuadas y ampliar constantemente sus conocimientos y capacidades en beneficio de la sociedad. Es necesario enfocar la cuestión de manera global y holística, con el fin de anticipar y responder mejor a las necesidades relativas a las capacidades (5) .

1.6.

Indudablemente, la elaboración de predicciones fiables de la oferta y la demanda de cualificaciones y de la futura estructura del mercado laboral de la UE es esencial para reducir la inadecuación de las capacidades. Por este motivo, las universidades, los centros científicos y otras instituciones de investigación deben empezar a trabajar en este asunto en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y los órganos administrativos pertinentes de los Estados miembros. Si bien la experiencia que ha acumulado el Cedefop en estos últimos años resultará de gran utilidad, debe seguir desarrollándose a escala nacional, entrando en más detalles en cada uno de los Estados miembros.

1.7.

Los gobiernos, las empresas y los trabajadores deben considerar la educación y la formación como una inversión. La concesión de incentivos fiscales para quienes realicen tales inversiones podría animar a los empresarios y trabajadores a invertir más. Asimismo, los convenios colectivos pueden reconocer ciertos derechos y obligaciones de los empresarios y los trabajadores en materia de enseñanza y formación. Deberán promoverse las mejores prácticas de mejora de las competencias y reciclaje profesional, con el fin de ayudar a las personas a volver a encontrar trabajo.

1.8.

Gran parte del aprendizaje tiene lugar mediante formatos no formales e informales, como en organizaciones juveniles y mediante el aprendizaje entre iguales, y numerosas competencias laborales no pueden adquirirse en la educación formal en la escuela (6) . Por consiguiente, el CESE insta a los Estados miembros a que busquen modos de validar las cualificaciones adquiridas en tales situaciones. Un modo de llevar esto a cabo es completar y utilizar adecuadamente sus sistemas nacionales de cualificación, recurriendo también a plataformas que proponen evaluaciones normalizadas de los niveles de cualificaciones, independientemente de cómo se hayan adquirido. Este tipo de enfoque permitirá crear un canal adicional para poner de manifiesto ante las empresas el potencial de las personas, en particular de las personas de cierta edad, ya que hace hincapié en las capacidades que no se reflejan en los documentos de cualificación formal pero que son, no obstante, valiosas.

1.9.

El aprendizaje permanente, la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional son una responsabilidad compartida entre el Estado, los empresarios y los trabajadores. Para lograr hacer una buena carrera profesional, los ciudadanos deben recibir apoyo activo, así como orientación, en particular mediante métodos de consultoría, asesoramiento, tutoría y orientación sobre cómo elegir con conocimiento de causa una formación y un aprendizaje que les proporcione las cualificaciones y capacidades que son objeto de demanda en el mercado de trabajo. Los interlocutores sociales deberían desempeñar un papel activo, sensibilizar sobre los problemas esenciales y sugerir posibles soluciones. Antes de invertir su tiempo y su dinero en formación, los ciudadanos deben saber qué cualificaciones son útiles y de qué manera los programas de enseñanza y formación influirán en su carrera. También estarán dispuestos a adquirir cualificaciones o certificaciones reconocidas por terceros.

2.   La inadecuación de las capacidades en el presente y en el futuro

2.1.

El futuro es hoy: se hace realidad más rápido de lo que podemos observar y predecir. Ello plantea importantes retos a las empresas y las administraciones públicas a la hora de establecer nuevos modelos empresariales y para los trabajadores, que necesitan nuevas cualificaciones y capacidades, la mayoría de las cuales son difíciles de predecir actualmente, lo que requiere que la sociedad en su conjunto se adapte lo bastante rápido a los cambios que se producen a gran velocidad. Para que esta transición tenga éxito debemos mantenernos unidos, estar preparados para reaccionar de forma inmediata, aunar fuerzas para anticipar lo que se avecine y gestionar de manera proactiva el cambio revolucionario actual de las relaciones entre los ciudadanos, la robótica, la inteligencia artificial y la digitalización por el bien de nuestra sociedad.

2.2.

La inadecuación de las capacidades es uno de los mayores retos que socava actualmente el crecimiento e impide la creación de empleo sostenible en la UE. Según algunos estudios (7) , los costes de este fenómeno ascienden al 2 % del PIB de la UE. De acuerdo con la Comisión Europea, setenta millones de europeos carecen de aptitudes adecuadas de lectura y escritura, y un número aún mayor tiene escasas destrezas de cálculo y digitales. Un estudio reciente (8) pone de manifiesto que en la UE el porcentaje de trabajadores con cualificaciones inadecuadas sigue siendo, por término medio, en torno al 40 %, con arreglo a la evaluación global del Cedefop. Que los trabajadores tengan las cualificaciones que se requieren es un factor clave para la competitividad de las empresas. Por lo tanto, es muy importante que la mano de obra presente y futura cuente con cualificaciones y capacidades que respondan a las necesidades cambiantes de la economía moderna y del mercado laboral. Nadie debe quedarse atrás (9) y hay que evitar el desperdicio de los talentos. Para alcanzar estos objetivos, es necesario contar con profesores y proveedores de formación muy cualificados y que haya un apoyo adecuado para participar en el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

2.3.

El CESE ha subrayado en dictámenes anteriores (10) el efecto que tienen la digitalización, la robotización, los nuevos modelos económicos, como la industria 4.0 y la economía digital y colaborativa, en la demanda de nuevas cualificaciones. Asimismo, ha expresado su opinión sobre la necesidad de introducir soluciones más innovadoras en los ámbitos de la enseñanza y el desarrollo de capacidades, ya que Europa necesita un verdadero cambio de paradigma en cuanto a los objetivos y el funcionamiento del sector educativo y la comprensión de su lugar y su papel en la sociedad (11) . El Cedefop (12) estima que las capacidades actuales de la población activa de la UE constituyen tan solo un 80 % de las capacidades que los trabajadores necesitan para desempeñar su trabajo al nivel de productividad máximo. Esto pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo acciones concertadas para estimular el aprendizaje de los adultos en Europa.

2.4.

La recuperación de la economía europea, combinada con los cambios en las necesidades relacionadas con las cualificaciones, ha creado una demanda de mano de obra y una escasez de competencias de gran envergadura en la última década. Si bien la tasa de desempleo en la UE está decreciendo (del 10,11 % en 2014 al 7,3 % en 2018), la tasa de vacantes de empleo se ha duplicado (del 1,1 % en 2009 al 2,2 % en 2018) (13) .

2.4.1.

Todos los Estados miembros se enfrentan a este problema, aunque en distinta medida y por distintas razones. Una encuesta global (14) revela que, en muchos Estados miembros, el número de empresarios con dificultades para contratar personal es preocupantemente alto. Diez Estados miembros superan la media global del 45 %, siendo Rumanía (81 %), Bulgaria (68 %) y Grecia (61 %) los Estados en situación más desfavorable. En el otro extremo del espectro se encuentran Irlanda (18 %), Reino Unido (19 %) y los Países Bajos (24 %), que sufren menos problemas, aunque también significativos.

2.4.2.

La razón por la que aproximadamente un tercio de los empresarios no logra suplir las vacantes es la falta de solicitantes. Otro 20 % afirma que los candidatos carecen de la experiencia necesaria. A medida que las empresas se digitalizan, automatizan y transforman, la búsqueda de candidatos con la combinación adecuada de competencias técnicas y genéricas es más ardua que nunca. No obstante, el 27 % de los empresarios asegura que los solicitantes carecen de las competencias que necesitan. A escala internacional, más de la mitad de los empresarios (56 %) afirma que las aptitudes de comunicación, escrita y oral, son las competencias personales mejor valoradas, seguidas de las de colaboración y de resolución de problemas.

2.5.

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Competencias de Adultos (PIAAC) y la encuesta europea sobre capacidades y puestos de trabajo, así como de la investigación académica (15) , muestran que gran parte del desajuste se debe al exceso de cualificación o formación. Normalmente, cuatro de cada diez trabajadores adultos consideran que se desaprovechan sus capacidades y casi un tercio de los titulados de enseñanza superior están sobrecualificados para sus puestos de trabajos. Esto se debe tanto a la asignación inadecuada de los recursos (lo que da lugar a la infrautilización de las capacidades existentes) como a los desequilibrios generales entre las cualificaciones de la mano de obra y la demanda del mercado laboral (16) .

2.6.

Los desajustes de capacidades tienen consecuencias negativas para la economía y el conjunto de la sociedad. ya que:

impiden que los ciudadanos estén satisfechos con sus empleos y sus carreras profesionales y disminuyen sus niveles percibidos de satisfacción, y pueden arrastrar sus salarios a la baja;

dificultan el crecimiento y el desarrollo personal, así como el aprovechamiento del potencial y las capacidades individuales;

disminuyen la productividad laboral, pues algunas estimaciones reflejan que la pérdida de productividad (17) a causa de la inadecuación de las capacidades en la UE equivale aproximadamente a 0,8 EUR por hora de trabajo (18) ;

disminuyen la competitividad de las empresas ralentizando y encareciendo el proceso de contratación e imponiendo la necesidad de gastos adicionales relacionados con la formación.

2.7.

La inadecuación de las capacidades afecta a la mano de obra tanto altamente cualificada como poco cualificada a causa de la velocidad de los cambios, además de a profesiones que normalmente requieren un alto nivel de formación y conocimientos. Los electricistas, mecánicos, soldadores, ingenieros, conductores, informáticos, especialistas en servicios sociales y representantes de comercio son actualmente las profesiones con la mayor demanda de empleo.

2.8.

Las competencias digitales y las capacidades CTIM son cada vez más importantes para la competitividad de las empresas y para aprovechar la productividad de los trabajadores. La importancia de las capacidades CTIM va más allá del contenido de los programas de enseñanza de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y permite a los estudiantes adquirir un mayor abanico de cualificaciones y capacidades, como el pensamiento sistémico y crítico. A fin de asentar este conjunto de capacidades, también es esencial que los trabajadores cuenten con una buena base de capacidades básicas y empresariales. Las denominadas capacidades CTIM pueden adquirirse a través de la educación y la formación profesionales, así como de la enseñanza general. Existe una necesidad particular de alentar más a las mujeres a que cursen estudios relacionados con las CTIM y de abordar adecuadamente, al mismo tiempo, la brecha digital de género (19) . Deberán encontrarse distintas maneras de popularizar las CTIM, especialmente en las regiones, ya que el interés por estas materias suele concentrarse en las grandes ciudades (20) . El radar de cibercapacidades estratégicas es una herramienta útil para acercar a los jóvenes a modelos de referencia o a mentores para que aprendan las capacidades exigidas para determinados puestos de trabajo específicos (21) .

2.9.

Se necesitan medidas políticas bien diseñadas para evitar que siga agravándose el problema de la inadecuación de las capacidades. Debido a la revolucionaria evolución de las tecnologías, los modelos empresariales, las expectativas de los consumidores y la naturaleza del trabajo cambian con frecuencia de un modo sin precedentes y casi impredecible. Como ya ha señalado el CESE (22) , casi la mitad de los empleos actuales pueden automatizarse, por lo que la automatización y la robótica afectarán de manera significativa al futuro del trabajo. Esto puede dar lugar a una brecha cada vez mayor entre las necesidades de las empresas y las cualificaciones, las destrezas y las capacidades de los trabajadores en el futuro, a la vez que supone un reto para los proveedores de enseñanza y formación. Asimismo, destaca la importancia cada vez mayor de las capacidades genéricas y transversales, entre otras, que se adquieren a menudo por medio del aprendizaje informal, y suscita cuestiones relacionadas con el reconocimiento y la validación de la educación y la formación informales.

2.10.

La UE debe instar y ayudar a los Estados miembros a que aborden urgentemente este reto estructural del mercado laboral, así como la inadecuación de las capacidades, que obstaculizan el crecimiento, especialmente en relación con las competencias digitales y de CTIM. Los interlocutores sociales desempeñan un papel importante a la hora de determinar y, cuando sea posible, anticipar las competencias, capacidades y cualificaciones necesarias para las profesiones nuevas y emergentes (23) , de modo que la enseñanza y la formación puedan atender mejor las necesidades de las empresas y los trabajadores. La digitalización es una oportunidad para todos, pero solo si se hace bien y si se logra una nueva comprensión del trabajo y de la mano de obra (24) . Asimismo, es esencial que los interlocutores sociales se involucren en la interpretación de los datos recopilados por los institutos de estadística y las administraciones públicas, pues los empresarios y los sindicatos pueden aportar perspectivas cruciales que en otras circunstancias no se habrían tenido en cuenta. El Fondo Social Europeo (FSE) cumple una función fundamental en el apoyo de iniciativas, incluso mediante acciones conjuntas de los interlocutores sociales.

2.11.

Diversos estudios académicos sobre la inadecuación de las capacidades han revelado que existen diferencias significativas en cuanto a las causas, las magnitudes, las consecuencias y los costes económicos de los distintos tipos de desajustes. Por lo tanto, es probable que las políticas no específicas no sean eficaces, pues cada Estado miembro tiende a acusar el problema de forma distinta. No obstante, es evidente que la aplicación de medidas estratégicas pertinentes encaminadas a reducir la inadecuación de las capacidades puede generar aumentos considerables de la eficiencia. A tal fin, el CESE destaca la importancia de un aprendizaje holístico que respete y enriquezca la diversidad cultural y el sentimiento de pertenencia (25) .

2.12.

El Pasaporte Europeo de Competencias puede desempeñar un papel importante para presentar las cualificaciones, capacidades y competencias de una persona a fin de facilitar una mejor correspondencia entre las capacidades de una persona y el perfil de un puesto de trabajo.

3.   Los retos que afrontan los sistemas educativos y de formación

3.1.   Observaciones generales

3.1.1.

Si la UE desea ofrecer a sus ciudadanos las mejores oportunidades de éxito, así como preservar y mejorar su competitividad, debe instar a los Estados miembros a que fomenten un entorno político que proporcione una educación y formación iniciales centradas en la carrera profesional y que sigan ofreciendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida laboral.

3.1.2.

Los sistemas educativos y de formación de muchos Estados miembros se centran en un largo período de aprendizaje formal seguido de una carrera profesional. La relación entre la formación y la remuneración tiende a ser simple: «cuando más aprendizaje formal, mayor serán las recompensas correspondientes». Los informes económicos sugieren que cada año de escolarización adicional está normalmente asociado a un aumento de los ingresos de entre el 8 y el 13 %. También es cierto que un título universitario ya no puede seguir considerándose una garantía para encontrar trabajo después de finalizar los estudios. En la actualidad, los empresarios no solo examinan el nivel de cualificación que posee una persona sino también las capacidades y competencias que ha adquirido durante su educación y en qué medida estas son pertinentes para el mercado de trabajo. No obstante, dados los nuevos retos actuales, este ya no es un modelo recomendable. Los futuros sistemas educativos deberían vincular la educación y el empleo de nuevas maneras, facilitando tanto la incorporación al mercado laboral como la adquisición de nuevas capacidades a lo largo de toda la carrera profesional de forma flexible.

3.1.3.

Limitarse a pedir más enseñanza y formación no es la solución adecuada, pues «más» no siempre significa «mejor». A fin de reaccionar de forma adecuada, los sistemas educativos y de formación deben estar dirigidos a atender las necesidades reales de la sociedad y la economía, y deben ser capaces de evitar una asignación inadecuada de los recursos y ofrecer la posibilidad del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Para promover un empleo igualitario e inclusivo, deberá abordarse la brecha salarial entre hombres y mujeres con la adopción de las medidas pertinentes.

3.1.4.

Internet ha acabado con la necesidad de conocer y recordar información y detalles importantes, ya que ofrece un portal de conocimiento instantáneo al que se puede acceder con un solo clic. Esto está cambiando los principios fundamentales de las ciencias humanas, pues ha eliminado la necesidad de que los estudiantes memoricen toda la información y la ha reemplazado por la exigencia de enseñarles a aprender y de contar con una imagen conceptual básica de los temas pertinentes, de modo que los alumnos sean capaces de encontrar y procesar la información necesaria para llevar a cabo una tarea determinada con éxito o de encontrar una solución a un problema específico.

3.1.5.

Los cambios tecnológicos se producen a tal velocidad que el contenido de algunas disciplinas se queda anticuado incluso durante el transcurso del ciclo de enseñanza superior del estudiante. Esto supone un reto para los programas de enseñanza tradicionales, especialmente en lo que respecta a la parte «básica», y otorga mayor importancia a la enseñanza de CTIM y al desarrollo de competencias genéricas como el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de aprender y trabajar en equipo. Abordar los retos de la interacción entre las personas y las máquinas es igual de importante.

3.1.6.

El desarrollo de nuevas tecnologías también plantea retos importantes para el componente práctico de la educación y la formación, debido a que en la mayoría de los Estados miembros se necesita un tiempo significativo para desarrollar programas y aprobarlos oficialmente, lo que los hace inflexibles y obstaculiza su rápida adaptación a los avances de la vida real. A fin de abordar este problema, se debe estrechar el vínculo entre todos los niveles de la enseñanza y las necesidades del mercado laboral. Actualizar los programas de enseñanza de manera oportuna se ha convertido en un reto esencial, lo que refuerza el papel de la educación y formación profesionales, así como del aprendizaje profesional.

3.1.7.

En cualquier puesto de trabajo es esencial contar con algunas capacidades técnicas y específicas basadas en el conocimiento del sector en cuestión y la experiencia acumulada. Sin embargo, es cada vez más importante poseer también destrezas fundamentales, como la creatividad y la capacidad de resolución de problemas, así como aptitudes sociales y empatía.

3.1.8.

El ritmo acelerado al que las cualificaciones establecidas quedan obsoletas hace esencial adquirir más rápido nuevas capacidades y genera mayor demanda de una nueva combinación de destrezas como respuesta a los llamados «trabajos híbridos», que combinan distintos tipos de tareas. Por ejemplo, actualmente se exigen competencias de programación en numerosos ámbitos fuera del sector tecnológico y los indicios demuestran que entre un tercio y la mitad de las ofertas de empleo que ofrecen mayores salarios exigen competencias de programación.

3.1.9.

Los recientes y rápidos cambios en el contenido de los nuevos trabajos requieren poner mayor énfasis en el aprendizaje como capacidad en sí misma. La mejor forma de afrontar el reto de la tecnología que cambia de manera impredecible y los trabajos híbridos es la habilidad de adquirir nuevas capacidades rápidamente y aprender de forma continua. A este aspecto deberá prestarse la atención debida a fin de velar por que los grupos desfavorecidos, como los desempleados de larga duración, los trabajadores muy poco cualificados, las personas con discapacidad y las minorías, no se distancien del mercado laboral. A este respecto es importante estrechar la colaboración entre los interlocutores sociales y los proveedores de políticas activas del mercado laboral.

3.1.10.

Para lograr el objetivo mencionado, es importante que los Estados miembros encuentren maneras de motivar a los jóvenes a no abandonar la escuela en las primeras etapas, puesto que quienes dejan prematuramente los estudios suelen figurar entre las personas con baja cualificación y escasa remuneración. Las madres con niños de corta edad necesitan una atención especial en términos de formación para mantener sus capacidades al día dada la rapidez de los cambios en las distintas profesiones.

3.1.11.

El CESE recomienda encarecidamente que se promueva y se recurra en mayor medida el aprendizaje modular y en línea, por ejemplo, las fuentes abiertas de educación y los cursos masivos abiertos en línea (MOOC) (26) .

3.2.   Enseñanza secundaria

3.2.1.

A fin de dotar a los alumnos de las capacidades fundamentales para el futuro —es decir, la curiosidad, la capacidad de encontrar información fiable, la habilidad para el aprendizaje continuo, la creatividad, la destreza en la resolución de problemas y la capacidad de trabajar en equipo— la enseñanza secundaria debe reemplazar su enfoque centrado solo en la memorización y la repetición por un planteamiento orientado a la ejecución de proyectos y la resolución de problemas.

3.2.2.

La EFP dual —en la que los alumnos pasan parte de su tiempo en las aulas y otra parte en una empresa—, especialmente el aprendizaje profesional, es una herramienta poderosa para otorgar a los alumnos capacidades específicas a su profesión y (genéricas) transversales, así como para fomentar una transición satisfactoria de los estudios al trabajo. Por lo tanto, esta ha promoverse de manera más activa en los Estados miembros siguiendo las mejores prácticas de los Estados líderes en este ámbito, en los que entre un tercio y la mitad del alumnado que cursa la enseñanza secundaria lo hace de esta forma. Los períodos de prácticas también desempeñan un papel importante a la hora de ayudar a los jóvenes a adquirir una experiencia laboral práctica. Estos períodos se realizan sobre todo en el marco del proceso de educación y formación. También pueden adoptar la forma de períodos de prácticas en el mercado abierto, una vez que la persona haya finalizado su educación o formación. Las normas que regulan los períodos de prácticas y las condiciones en que se llevan a cabo se determinan a nivel nacional y tienen en cuenta la normativa vigente, las relaciones laborales y las prácticas educativas. Estas normas podrían inspirarse en la Recomendación del Consejo relativa al desarrollo de un marco de calidad para los períodos de prácticas (27) .

3.2.3.

No obstante, la EFP dual debería adaptarse a las nuevas realidades por medio de las actualizaciones oportunas de los programas de enseñanza y la creación de un entorno de aprendizaje favorable en el que puedan desarrollarse y mejorarse las capacidades a lo largo de la carrera profesional.

3.2.4.

Las capacidades y competencias de los docentes son esenciales para lograr una EFP dual de alta calidad; además, son de vital importancia para combinar la experiencia práctica y la teórica. Así pues, es importante que los Estados miembros mantengan un sistema de formación continua de los docentes y formadores, y que, junto con los interlocutores sociales, traten de encontrar formas de motivarlos.

3.3.   Enseñanza universitaria

3.3.1.

El CESE considera que el principal reto en materia de enseñanza universitaria en numerosos Estados miembros es la necesidad de fortalecer los componentes del programa de formación basados en el trabajo, con el fin de que los estudiantes adquieran las capacidades prácticas transversales y específicas que buscan los empresarios. Como consecuencia, es necesario que los interlocutores sociales se involucren en la planificación y la puesta en práctica de la enseñanza y la formación.

3.3.2.

Debe tenerse en consideración en todo momento que la enseñanza universitaria no es una meta en sí. Todos los puestos de trabajo son importantes, puesto que todas las profesiones y ocupaciones permiten que los ciudadanos contribuyan al desarrollo económico y social de la sociedad y la enseñanza universitaria debe seguir siendo una posibilidad, pero no una obligación o un sello que indique la calidad de las personas.

3.3.3.

Contar con un título universitario al inicio de la carrera profesional no hace innecesaria la adquisición continua de nuevas capacidades, en especial debido a que la duración de las carreras profesionales tiende a prolongarse. Las universidades deben asumir como nueva meta social impartir enseñanza a lo largo de toda la vida mediante métodos flexibles (aprendizaje a distancia, clases nocturnas, etc.), y deberían ajustar sus estructuras y planes como corresponda.

3.3.4.

Las aptitudes sociales han cobrado importancia en una variedad de puestos de trabajo a causa de la función que desempeñan a la hora de desarrollar relaciones en el lugar de trabajo, de distribuir y liderar las tareas, así como de crear y mantener un entorno de trabajo productivo y eficiente. Por este motivo, es aconsejable para las universidades complementar su programa de enseñanza tradicional en ámbitos especializados con asignaturas adicionales sobre gestión, comunicación, etc. Además, las universidades deben «derribar el muro» que separa los distintos ámbitos educativos, así como fomentar los enfoques interdisciplinarios. En el futuro, las profesiones de alto nivel de formación exigirán inevitablemente capacidades interdisciplinarias.

3.3.5.

La información sobre estrategias de aprendizaje eficaces también puede personalizarse. Si los estudiantes son conscientes de sus propios procesos mentales, resultará más fácil motivarles a aprender de forma más efectiva y con mejores resultados. Debido al incremento reciente de la popularidad de la enseñanza en línea, la mecánica del aprendizaje se ha dado más a conocer, lo que podría aportar una mejor idea de cuáles son las formas de aprendizaje más adecuadas para cada caso individual. Es probable que, con la aplicación de estos enfoques, los estudiantes puedan adquirir nuevas capacidades más tarde, y se podría ofrecer contenido personalizado a los estudiantes que optan por la enseñanza a distancia.

3.3.6.

Vistos los altos costes de la enseñanza superior y los numerosos casos comprobados de asignación ineficiente de recursos en este ámbito, debería instarse a los Estados miembros a que introduzcan sistemas de supervisión que aporten información sobre la situación real del mercado laboral, con arreglo a la Recomendación del Consejo relativa al seguimiento de los titulados (28) .

3.4.   El sistema de educación y formación profesionales (EFP)

3.4.1.

El CESE acogió con satisfacción el objetivo expuesto en el Marco Europeo para una Formación de Aprendices de Calidad y Eficaz de que al menos la mitad del aprendizaje profesional se realice en el lugar de trabajo. Teniendo en cuenta la diversidad de sistemas nacionales, el objetivo es avanzar gradualmente para que la mayoría del aprendizaje profesional se haga en el entorno laboral (29) .

3.4.2.

El CESE valora positivamente el objetivo de la Comisión Europea de convertir la EFP en una opción de primera categoría para los estudiantes. Subraya la importancia de promover la permeabilidad entre la EFP y la enseñanza superior, a fin de crear oportunidades y ayudar a eliminar el estigma que pesa sobre la EFP (30) .

3.4.3.

En el aprendizaje profesional, los empresarios desempeñan un claro papel a la hora de dispensar partes de la formación relacionadas con el trabajo, de modo que pueden adaptar estas partes a las necesidades relacionadas con las capacidades y las tendencias del mercado laboral.

3.4.4.

La formación profesional —tanto inicial como a lo largo de la vida— independiente de los sistemas de enseñanza secundaria y superior también desempeña una función importante en la resolución de la inadecuación de las capacidades. En un mundo en el que el reciclaje profesional es continuo y el trabajo por cuenta propia es cada vez más frecuente, los trabajadores necesitarán ayuda para cambiar de un empleo a otro (31) . Por este motivo, deben desarrollarse distintas formas de organizar la orientación profesional a fin de ofrecer información sobre las carreras profesionales, las condiciones financieras medias de distintas profesiones, el período de tiempo durante el cual resultarán de utilidad unas capacidades determinadas, etc. (32)

3.4.5.

Las nuevas tecnologías, como la realidad virtual y aumentada, están logrando que el aprendizaje sea más fácil y eficaz; además, podrían mejorar radicalmente la formación profesional. A su vez, las técnicas en materia de macrodatos brindan la posibilidad de dispensar formación personalizada. Para poder aprovechar estas posibilidades, es recomendable que se desarrollen plataformas adecuadas que ofrezcan conexiones instantáneas y económicas y se creen bibliotecas con cursos a la carta. Además del resto de ventajas, tales plataformas también resuelven el problema de las largas distancias para las personas que residen en zonas alejadas. En comparación con la enseñanza universitaria, este aspecto de la EFP se encuentra actualmente poco desarrollado y es necesario fortalecerlo.

3.4.6.

La formación en el puesto de trabajo en las empresas constituye otro modo de mejorar las capacidades de los trabajadores y contribuir a incrementar su productividad y su desarrollo profesional, así como al rendimiento empresarial general y al bienestar de los empleados en su trabajo. A su vez, también motiva a los trabajadores y les permite progresar en cuanto a su carrera profesional y su salario. La formación de los trabajadores es, por consiguiente, un interés común para empresarios y trabajadores, y ambos colectivos comparten la responsabilidad de contribuir a la mejora de las competencias y el reciclaje profesional, lo cual se traduce a su vez en empresas de éxito y mano de obra adecuadamente cualificada.

3.4.7.

Existen numerosos enfoques, normas y legislaciones nacionales en cuanto a la manera de organizar e impartir formación a los trabajadores. Algunos Estados miembros cuentan con políticas sólidas en materia de formación profesional establecidas en su legislación, mientras que las disposiciones sobre formación de otros Estados se establecen en acuerdos colectivos, en varios niveles, o mediante acuerdos directos entre empresarios y trabajadores en el lugar de trabajo. Las oportunidades de acceso a la formación también pueden depender del tamaño de la empresa o del lugar de trabajo. Debería facilitarse a los trabajadores el acceso a una formación eficaz, al mismo tiempo que se respeta la diversidad y la flexibilidad de los sistemas, que varían según diversas prácticas de las relaciones laborales.

3.4.8.

Los Estados miembros y los interlocutores sociales deberían colaborar, explotando plenamente el potencial del diálogo social de manera tripartita y bipartita para mejorar el acceso a la formación de los trabajadores, así como la participación en esta. Esto debe llevarse a cabo de modo que beneficie a todos los trabajadores y empresas o lugares de trabajo como parte de un enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la vida, basándose en el potencial y las necesidades reales de una mano de obra diversa en los sectores tanto público como privado y en empresas y lugares de trabajo pequeños, medianos y grandes.

3.4.9.

Los empresarios y trabajadores deberían acordar de forma conjunta el modo en el que se organiza y se lleva a cabo la formación en el trabajo por medio de una combinación de acuerdos colectivos e individuales. Esto incluye que la formación tenga lugar preferentemente durante las horas de trabajo o, cuando proceda, fuera del horario laboral (especialmente la formación que no esté relacionada con la empresa). Los empresarios deberían enfocar la formación de sus trabajadores de manera positiva. Sin embargo, cuando un trabajador solicite formación o tenga derecho a esta, el empresario debería tener derecho a discutir la solicitud para asegurarse de que esta mejora la empleabilidad del trabajador de tal modo que también sirva a los intereses de la empresa.

3.4.10.

La formación profesional no es solo para los trabajadores. Normalmente, las grandes empresas ofrecen formación especializada a sus altos cargos. No obstante, este no es el caso de las pymes, particularmente las pequeñas empresas tradicionales y familiares. La prosperidad de estas empresas depende casi enteramente de los propietarios o directores. Los cursos de formación cortos y el acceso a servicios de asesoramiento y consulta y a los cursos en vídeo centrados en disposiciones legales, reglamentos, protección del consumidor, normas técnicas, etc. podrían mejorar el rendimiento de este tipo de empresas.

3.4.11.

La Comisión Europea debería animar a los Estados miembros a analizar la experiencia positiva en los países de la UE que cuentan con sistemas de EFP bien desarrollados y considerar la posibilidad de elaborar programas para facilitar este intercambio.

Bruselas, 21 de marzo de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Nueva agenda de capacidades para Europa, 2016, Espacio Europeo de Educación, 2018. También se acoge favorablemente el proyecto de la DG Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes «Plan general de cooperación sectorial sobre capacidades», a pesar de que su alcance sea limitado, así como distintos proyectos de EASME y COSME, como el 2017/001, el 2017/004, el 2017/007, el 2016/033 y el 2016/034.

(2)  COM(2018) 268 final.

(3)  DO C 237 de 6.7.2018, p. 8.

(4)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 136.

(5)  La DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea hace suyo este planteamiento. Además, la Comisión ha contribuido financieramente y apoyado de diversas maneras proyectos de estrategia nacional de capacidades dirigidos por la OCDE en varios Estados miembros, entre los que se encuentran Portugal, Italia, España, Eslovenia y la región belga de Flandes. En los últimos años, el Cedefop también ha ejecutado programas específicos de apoyo a los Estados miembros (Grecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia y Malta) para mejorar sus capacidades de anticipación y adecuación de la infraestructura: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/assisting-eu-countries-skills-matching.

(6)  DO C 13 de 15.1.2016, p. 49.

(7)  https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/skills-mismatches-eu-businesses-are-losing-millions-and-will-be-losing-even-more

(8)  Skills Mismatches-An Impediment to the Competitiveness of EU Businesses, CESE (Inadecuación de las cualificaciones: un impedimento para la competitividad de las empresas de la UE).

(9)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 136.

(10)  DO C 237 de 6.7.2018, p. 8; DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

(11)  DO C 173 de 31.5.2017, p. 45. El 40 % de los trabajadores adultos consideran que sus capacidades no se aprovechan plenamente: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3075.

(12)  «Insights into skill shortages and skill mismatches». Conclusiones de la Encuesta europea sobre capacidades y puestos de trabajo, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), 2018. Véanse también el Panorama de Cualificaciones y el Europass.

(13)  Estadísticas de desempleo, estadísticas de vacantes de empleo, Eurostat.

(14)  Solving the Talent Shortage (Solucionar la escasez de talento), encuesta sobre el panorama laboral de ManpowerGroup, 2018. Entre aquellos que ponen en tela de juicio la fiabilidad de este estudio figura Cappelli (2014): https://www.nber.org/papers/w20382.

(15)  Skills Mismatches – An Impediment to the Competitiveness of EU Businesses (Inadecuación de las cualificaciones: un impedimento para la competitividad de las empresas de la UE), estudio del Institute for Market Economics (IME) encargado por el Grupo de Empresarios del CESE.

(16)  Ibidem.

(17)  Siempre que todos los demás factores sean iguales.

(18)  Ibidem.

(19)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 37.

(20)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 37. Alemania proporciona ejemplos de buenas prácticas que fomentan las cualificaciones CTIM con la ayuda de la House of the small researchers in town: https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/leitfaden-berufsorientierung-1/.

(21)  Cuadro de conclusiones de la Fundación Europea de BMW.

(22)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

(23)  https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/big-data-analysis-online-vancancies. Véase también: «Overview of the national strategies on work 4.0 – a coherent analysis of the role of social partners» (Resumen de las estrategias nacionales sobre el trabajo 4.0: análisis coherente del papel de los interlocutores sociales), https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/overview-national-strategies-work-40-coherent-analysis-role-social-partners-study.

(24)  https://twentythirty.com/how-digitization-will-affect-the-world-of-work.

(25)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 136.

(26)  Estas herramientas pueden otorgar acceso a títulos universitarios completos, especializaciones y cursos más cortos, así como «nanocarreras»; ofrecer una organización flexible por medio del desglose de los títulos universitarios en módulos y, a su vez, de los módulos en cursos o en unidades incluso más pequeñas; ofrecer oportunidades de estudio a los trabajadores de más edad que se encuentren en la última fase de su carrera profesional; reducir el tiempo y los costes de la enseñanza, así como ofrecer un mejor equilibrio entre el trabajo, el aprendizaje y la vida familiar; responder de forma más rápida y flexible a las crecientes demandas del mercado laboral con el fin de dotar a los estudiantes de las cualificaciones y capacidades deseadas; generar confianza y ayudar a los empresarios a recibir información sobre posibles futuros trabajadores que provengan de centros de enseñanza con renombre.

(27)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0857&from=ES.

(28)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1209(01)&from = es.

(29)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 41.

(30)  https://www.ceemet.org/positionpaper/10-point-plan-competitive-industry.

(31)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 36.

(32)  https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/leitfaden-berufsorientierung-1/.


5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/24


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una democracia sólida a través de una sociedad civil fuerte y diversa»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 228/04)

Ponente: Christian MOOS

Consulta

12.7.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29. 2 del Reglamento interno

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobación en sección

6.3.2019

Aprobado en el pleno

20.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

145/5/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Existen considerables fuerzas políticas en Europa (principalmente, aunque no exclusivamente, movimientos y partidos de extrema derecha, algunos de los que ya forman parte de los gobiernos) que socavan la democracia liberal y quieren destruir la Unión Europea.

1.2.

La base de una sociedad civil plural como elemento esencial de una democracia liberal son las libertades civiles, que se ven amenazadas por las ideologías autoritarias. El papel de la sociedad civil es fundamental para mantener la democracia liberal en Europa.

1.3.

Una democracia liberal se basa, entre otras cosas, en la garantía de los derechos fundamentales, un poder judicial independiente, un sistema eficaz de contrapoderes institucionales, un servicio público libre de corrupción que ofrezca servicios de interés general correctamente gestionados y una sociedad civil activa.

1.4.

Una sociedad civil independiente constituye una autoridad de control democrática clave y una escuela de democracia y contribuye a reforzar la cohesión social. No obstante, la sociedad civil tan solo puede cumplir estas funciones si las condiciones sociales, políticas y jurídicas lo permiten. Los intentos de dificultar la financiación independiente del Estado reducen la libertad de asociación y el funcionamiento de la democracia.

1.5.

La sociedad civil y la democracia se enfrentan a dificultades en numerosos ámbitos. Los populistas de derechas ponen en tela de juicio los logros en materia de emancipación de la mujer.

1.6.

Asimismo, la polarización de la sociedad se refleja en la aparición de una «sociedad no civil». Los agentes consolidados que trabajan en las instituciones nacionales y supranacionales se hacen eco, cada vez más, de las ideologías populistas.

1.7.

Los elementos autoritarios, también de terceros países, respaldan esta inclinación hacia una «democracia no liberal», que entraña una menor libertad de los medios de comunicación y aumenta la corrupción en Europa.

1.8.

Hasta la fecha, la UE carece de un instrumento adecuado para preservar la democracia y el Estado de Derecho en sus Estados miembros.

1.9.

El CESE insta a todos los Estados miembros a que se abstengan de cualquier intento de establecer una democracia no liberal. En caso de que algún Estado miembro sucumba a ideologías autoritarias, la UE deberá aplicar todo el peso del Tratado.

1.10.

Los partidos que rechacen la democracia liberal deben quedar excluidos de sus formaciones políticas europeas y de los grupos políticos del Parlamento Europeo.

1.11.

El CESE reitera su petición de instaurar un semestre sobre la democracia que disponga de un mecanismo europeo de control del Estado de Derecho y los derechos fundamentales y crear un cuadro de indicadores de la democracia.

1.12.

El Comité considera que han de estudiarse medidas económicas correctivas cuando se vulnere el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

1.13.

Por lo que se refiere a la protección del presupuesto de la UE frente a las deficiencias relacionadas con el Estado de Derecho, las reducciones no deben ir en detrimento de los beneficiarios de la sociedad civil.

1.14.

El CESE propone prever en el nuevo MFP la suficiente flexibilidad para permitir un mayor apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil cuando los gobiernos nacionales reduzcan o suspendan su financiación por razones políticas.

1.15.

El CESE subraya que las organizaciones e iniciativas de la sociedad civil que reciban financiación a través de la UE en el marco del nuevo MFP deben mostrar un claro compromiso con los valores europeos.

1.16.

El Comité pide al legislador de la UE que reduzca aún más la carga administrativa, en particular para las iniciativas y organizaciones de reducido tamaño.

1.17.

El CESE insta a la Comisión a que incremente su inversión en el desarrollo de competencias de la sociedad civil, refuerce las redes de cooperación trasfronteriza e informe mejor sobre los instrumentos de apoyo disponibles. La Comisión debería proponer normas mínimas para compatibilizar la vida profesional con el voluntariado en el marco de las actividades de la sociedad civil.

1.18.

El CESE apoya el llamamiento del Parlamento de crear un estatuto europeo para las mutualidades, asociaciones y fundaciones y propone, como primer paso, instaurar un sistema alternativo de acreditación formal interinstitucional.

1.19.

El CESE considera que sería útil analizar las razones por las que no se ha llevado a buen término este expediente y, al mismo tiempo, considerar la adopción de una acreditación interinstitucional, una especie de etiqueta para las ONG. El CESE debería estudiar esta posibilidad.

1.20.

El Comité pide a los Estados miembros que establezcan medidas en apoyo de las organizaciones de la sociedad civil sin menoscabo de los servicios públicos ni de la equidad fiscal.

1.21.

El CESE solicita a las instituciones europeas que refuercen aún más la democracia participativa.

1.22.

El Comité espera que todos los agentes trabajen para que las políticas europeas logren mejoras concretas en la vida de los ciudadanos.

1.23.

Los responsables políticos nacionales y europeos deben abordar las cuestiones sociales acuciantes y garantizar la sostenibilidad social mediante sistemas educativos integradores, un crecimiento integrador, industrias competitivas e innovadoras, mercados laborales que funcionen adecuadamente, sistemas tributarios justos y equitativos y sistemas de seguridad social y servicios públicos eficaces.

1.24.

La defensa de los valores europeos fundamentales necesita interlocutores sociales fuertes y una sociedad civil que despliegue toda su diversidad.

2.   Definiciones

2.1.

Las «democracias liberales»son unos sistemas de gobierno que combinan la democracia con el liberalismo constitucional y en los que el poder de la mayoría gobernante se limita garantizando las libertades políticas individuales. Son democracias representativas con sistemas multipartidistas y sociedades civiles plurales, en cuyo seno diversos sistemas de contrapoderes institucionales (incluido un poder judicial independiente) ejercen la supervisión de los órganos de gobierno y garantizan la libertad de los medios de comunicación. Todas las personas físicas y jurídicas están igualmente sujetas al Estado de Derecho. Las democracias liberales respetan y protegen a las minorías, garantizan los derechos cívicos (en particular, el derecho de sufragio activo y pasivo), las libertades civiles (por ejemplo, la libertad de asociación), los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2.2.

Una democracia liberal que funciona de modo correcto es un sistema político que permite la rendición de cuentas permanente de los poderes públicos, un sistema que favorece la expresión y la participación de los ciudadanos y de los organismos intermediarios con los que se relacionan, en todos los espacios cívicos.

2.3.

La «democracia participativa», que complementa a la democracia representativa, necesita cuerpos intermediarios (sindicatos, ONG, redes profesionales, asociaciones temáticas, etc.) para impulsar la participación de los ciudadanos y fomentar una apropiación popular y cívica de las cuestiones europeas y la construcción de una Europa más justa, solidaria e integradora.

2.4.

Las «democracias no liberales»son sistemas políticos en los que se celebran elecciones pero que no aplican el liberalismo constitucional. Los líderes, elegidos democráticamente, restringen los derechos cívicos, las libertades civiles y la protección de las minorías. El sistema de contrapoderes institucionales y un poder judicial y unos medios de comunicación independientes se ven socavados con el objetivo de liberar a la mayoría gobernante de las limitaciones y controles constitucionales.

2.5.

Una «sociedad civil»plural que respete los principios de la democracia y del liberalismo constitucional es un elemento clave de las democracias liberales. Los ciudadanos que participan públicamente en organizaciones de la sociedad civil o en tipos informales de participación constituyen la sociedad civil, que funciona como intermediario entre el Estado y el pueblo. Además de articular los intereses de los ciudadanos, proporcionar conocimientos técnicos durante los procesos legislativos y fomentar la rendición de cuentas de los responsables políticos, la sociedad civil contribuye a instaurar comunidades y tiene una función integradora al reforzar la cohesión social y crear una identidad. Por otra parte, una gran variedad de organizaciones de la sociedad civil, en particular los interlocutores sociales, se dedica a labores prácticas de carácter no comercial y sirve a objetivos de interés benéfico o general, como las formas de autoayuda mutua.

2.6.

Mientras que una sociedad civil dinámica es clave para el funcionamiento de las democracias liberales, sus oponentes también se involucran políticamente en organizaciones formales o en tipos informales de participación. Esta «sociedad no civil»no respeta los principios de democracia y liberalismo constitucional, sino que promueve el concepto de «democracia no liberal». Hace uso de los derechos de participación política con el fin de suprimir el sistema establecido de contrapoderes institucionales, el Estado de Derecho y un poder judicial independiente y de limitar la libertad de los medios de comunicación. Su objetivo es restringir los derechos cívicos, las libertades civiles y la protección de las minorías. En lugar de integrar a la sociedad y reforzar la cohesión social, la sociedad no civil promueve una comprensión nacionalista exclusiva de la sociedad que margina a muchos ciudadanos, en particular a las minorías.

2.7.

El «populismo»es una ideología tenue según la cual hay un pueblo homogéneo con una voluntad coherente. Los populistas dicen ser los únicos y verdaderos representantes de esta voluntad. Aunque el populismo carece de una definición clara de lo que es el «pueblo», esta ideología construye enemigos y opositores de ese pueblo (por ejemplo, la élite) y afirma que obstaculizan la verdadera voluntad del pueblo. Los populistas imprimen emociones a los debates políticos para sembrar el miedo.

3.   Antecedentes

3.1.

Actualmente, la democracia se encuentra bajo la amenaza del populismo, sobre todo por parte de los movimientos y partidos de extrema derecha. Estas fuerzas socavan la democracia liberal, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, en particular la protección de las minorías, los contrapoderes institucionales mutuos y la limitación clara del poder político.

3.2.

En algunos Estados miembros, estas fuerzas ya participan en el Gobierno. En todas partes aseguran estar representando la «verdadera»voluntad del pueblo frente a las «élites». Hacen falsas promesas, niegan la existencia de retos políticos como el cambio climático y pretenden destruir el proyecto europeo y sus logros.

3.3.

El CESE señala que algunos ciudadanos se inclinan hacia las fuerzas populistas y extremistas a causa de su desilusión. No apoyan necesariamente todos los detalles de los programas políticos populistas. El aumento de la desigualdad de riqueza e ingresos y la pobreza abonan el terreno para que los grupos de derechas promuevan el nacionalismo como respuesta a la globalización.

3.4.

Si bien se enfrenta a retos relacionados con la economía y las ideologías autoritarias, como la desigualdad, Europa sigue siendo un líder mundial de la democracia liberal y recibe la admiración de muchos ciudadanos que viven en sistemas autocráticos.

3.5.

Una sociedad civil plural no solo es uno de los elementos fundamentales de la democracia liberal, sino que también es esencial para cualquier orden constitucional basado en las libertades civiles y el Estado de Derecho. A fin de defender estos principios, el CESE ha creado un Grupo sobre Derechos Fundamentales y Estado de Derecho, puesto que considera que una sociedad civil abierta y las libertades civiles corren peligro por las ideologías autoritarias. Esto se debe a que la libertad y una sociedad civil abierta son incompatibles con la idea de una democracia dirigida o no liberal.

3.6.

El CESE considera que el papel de la sociedad civil es fundamental para mantener la democracia liberal en Europa, ya que solo una sociedad civil fuerte y diversa puede defender la democracia y la libertad y proteger a Europa frente a tentaciones autoritarias.

3.7.

Una sociedad civil independiente fuerte y plural es un valor en sí misma en todas las democracias. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la promoción de los valores europeos para ayudar a las comunidades a organizarse y movilizar a los ciudadanos por el bien público.

3.8.

El CESE observa una tendencia de descenso de la confianza en la UE en todo el continente, unida al aumento de las tensiones con las minorías, la xenofobia, los crecientes niveles de corrupción, el nepotismo y la debilidad de las instituciones democráticas en algunos países. En este contexto, las ONG son a menudo la única línea de defensa que ampara y promueve los valores clave del proyecto europeo, como el respeto de los derechos humanos, la libertad, la tolerancia y la solidaridad.

3.9.

El artículo 11 del TUE invita a las instituciones europeas a mantener vínculos con los agentes de la sociedad civil, en particular con las asociaciones.

3.10.

El número de asociaciones y su relevancia en el diálogo civil son indicadores de la calidad de vida democrática en cualquier país. Las funciones sociales y cívicas de las asociaciones son esenciales para el pleno funcionamiento de la democracia, especialmente en este período de desencanto.

3.11.

El CESE destaca que las formas de compromiso ciudadano que abusan de los derechos de participación política para suprimir la democracia, las garantías del Estado de Derecho y la independencia del poder judicial no forman parte de la sociedad civil.

4.   La contribución de la sociedad civil a la democracia

4.1.

Los ciudadanos de la Unión pueden ejercer su derecho a la participación democrática no solo a través de su derecho de voto activo y pasivo, sino también mediante actividades en el seno de la sociedad civil. Las organizaciones intermediarias representadas en el CESE y las redes europeas de organizaciones de la sociedad civil, como la «Sociedad Civil Europa», son sus principales foros representativos a escala de la UE.

4.2.

La única manera de sentar las bases de una democracia plural y de la participación política individual es garantizando las libertades de los ciudadanos, especialmente la libertad de expresión, información, reunión y asociación y su aplicación.

4.3.

Un poder judicial independiente garantiza tanto el Estado de Derecho como los derechos humanos, los derechos fundamentales y los derechos de participación política. No obstante, la independencia del poder judicial está en peligro en algunas zonas de Europa. Actualmente se están llevando a cabo procedimientos judiciales por violaciones del Estado de Derecho contra Polonia y Hungría (1).

4.4.

Un poder judicial independiente es uno de los contrapoderes institucionales que impiden que una fuerza política forme una mayoría duradera en un sector de la sociedad. En particular, no deben cambiarse las reglas para la toma de decisiones políticas de tal modo que se excluya a las personas de los procesos decisorios de forma permanente.

4.5.

Del mismo modo, un servicio público libre de corrupción que disponga de servicios de interés general correctamente gestionados y respete y cumpla los derechos fundamentales y en cuyo marco los funcionarios tengan derecho a objetar contra instrucciones ilícitas es crucial para todo orden constitucional basado en la libertad y el Estado de Derecho.

4.6.

Una democracia liberal eficaz requiere también que sus ciudadanos contribuyan, mediante su participación, a una sociedad tolerante, no discriminatoria, justa y solidaria. Para ello se necesita una sociedad civil activa en la que los ciudadanos puedan participar de forma voluntaria en actividades ciudadanas. Su trabajo voluntario se basa en los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al mismo tiempo, son garantes de los valores expresados en la Carta.

4.7.

En las democracias liberales, una sociedad civil independiente es esencial para supervisar las instituciones políticas y hacerles asumir su responsabilidad y para velar por que los agentes políticos justifiquen sus decisiones de forma satisfactoria. Al realizar un seguimiento crítico de los procesos decisorios y evaluar la aplicación de las decisiones políticas y las políticas públicas en general, la sociedad civil genera transparencia y contribuye con su experiencia a la buena gobernanza.

4.8.

La sociedad civil es una escuela de democracia que permite la participación política y la educación cívica, lo que complementa la educación pública.

4.9.

Paralelamente, la educación pública también desempeña un papel clave en la enseñanza de los valores democráticos y la educación cívica, lo que permite a los jóvenes participar en la sociedad civil y hacer uso de sus derechos cívicos y libertades civiles.

4.10.

La sociedad civil cumple una función de creación de tejido social y de integración reforzando la cohesión social y creando una identidad. En concreto, debe capacitar a los ciudadanos para ejercer sus derechos y, de ese modo, contribuir a una comunidad europea de ciudadanos.

4.11.

El CESE destaca que las iniciativas y las organizaciones de la sociedad civil pueden cumplir esas funciones siempre y cuando las condiciones sociales, políticas y jurídicas lo permitan.

5.   Amenazas actuales

5.1.

El CESE considera que los grupos políticos extremistas desafían actualmente a la sociedad civil europea en muchos ámbitos. Los resultados electorales de prácticamente todos los Estados miembros muestran con claridad el apoyo creciente de esos grupos y revelan que algunos ciudadanos están perdiendo la confianza en las instituciones democráticas.

5.2.

En el extremo derecho del espectro político están cobrando fuerza grupos populistas y extremistas que, cada vez con mayor éxito, intentan normalizar el racismo y la xenofobia en Europa y destruir la cohesión social.

5.3.

Al defender una imagen reaccionaria de la familia, los populistas y los extremistas de derechas cuestionan el progreso en materia de emancipación de la mujer. Se oponen a la igualdad de género y propagan la homofobia.

5.4.

Asimismo, la polarización de la sociedad se refleja en la aparición de una «sociedad no civil». Un número creciente de ONG y de formas de participación ciudadana promueven la exclusión de partes de la sociedad. No comparten los valores europeos del artículo 2 del TUE, en especial los derechos humanos y el Estado de Derecho, sino que promueven un orden político no democrático alternativo.

5.5.

La cultura del debate político y social está cambiando, impulsada por el anonimato en internet y los medios sociales y por campañas de desinformación, y se caracteriza cada vez en mayor medida por su crudeza, agresividad y polarización. En este contexto, los esfuerzos de los agentes proeuropeos por informar al público sobre los valores europeos no han bastado para solventar la crisis de comunicación que atraviesa el proyecto europeo.

5.6.

Los políticos moderados adoptan con mayor frecuencia formas populistas de pensar, como ha demostrado el Brexit. Asimismo, está aumentando el número de representantes de la «democracia no liberal»en las instituciones nacionales y supranacionales, lo que les proporciona una plataforma desde la que pueden propagar sus ideas en mayor medida.

5.7.

Los gobiernos autoritarios de terceros países apoyan el desarrollo de los movimientos populistas y extremistas en Europa y fomentan el cambio de la cultura del debate en los medios de comunicación tradicionales y en internet aportando financiación y difundiendo desinformación específica destinada a debilitar la estabilidad de la UE.

5.8.

El CESE se muestra muy preocupado por que haya surgido en Europa la tendencia de convertir el sistema político europeo en una democracia no liberal. Las reformas llevadas a cabo en algunos Estados miembros están encaminadas a dificultar la participación efectiva de todos los ciudadanos en las decisiones políticas y socavan el marco en el que opera la sociedad civil, sancionado por la ley.

5.9.

La sociedad civil precisa disponer de los recursos necesarios para ejercer su función de autoridad de control de las instituciones políticas Los intentos de dificultar la financiación independiente del Estado reducen la libertad de asociación y el funcionamiento de la democracia.

5.10.

Un fenómeno particularmente preocupante en Europa es la tendencia negativa hacia una menor libertad de los medios de comunicación durante los últimos cinco años. La debilidad de la base económica de los medios de comunicación independientes, la eliminación de la independencia institucional respecto del servicio público de radiodifusión o el monopolio de los medios de comunicación privados, en especial aquellos controlados por los políticos en el Gobierno, ponen en peligro el cuarto poder.

5.11.

En particular, la relación entre los intereses políticos y económicos aumenta el peligro que supone la corrupción para la democracia. Por ello, la ausencia de avances en la lucha contra la corrupción en Europa se considera especialmente crítica. Además, la situación se ha agudizado debido al considerable empeoramiento en algunos Estados miembros.

5.12.

El valor de la UE para la democracia liberal es innegable. En la Europa unida, el Estado de Derecho ha sustituido a la ley del más fuerte. Hasta la fecha, la UE carece de un instrumento adecuado para preservar la democracia y el Estado de Derecho en sus Estados miembros. A pesar de estas deficiencias, o tal vez a causa de ellas, la UE está en primera línea para defender la democracia liberal en Europa.

6.   Recomendaciones de actuación para reforzar una sociedad civil resiliente en Europa

El CESE insta a todos los Estados miembros a que respeten los valores de la Unión, con arreglo al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y a que se abstengan de cualquier intento de establecer una democracia no liberal. La existencia de una sociedad civil plural y resiliente que defienda la democracia solo es posible si los ciudadanos no corren peligro por su participación política. Sin embargo, si un Estado miembro sucumbe a las ideologías autoritarias, la UE deberá hacer pleno uso de los instrumentos legales de los que dispone, como los procedimientos de infracción y el Marco del Estado de Derecho de 2014.

6.1.

Hay que comunicar claramente a los Estados miembros que dejar de lado la democracia y el Estado de Derecho es inadmisible en la UE.

6.2.

El CESE llama la atención sobre el procedimiento con arreglo al artículo 7 del TUE que permite al Consejo retirar el derecho de voto en el Consejo en el caso de que un Estado miembro vulnere gravemente los valores consagrados en el artículo 2 del TUE.

6.3.

El CESE reitera su petición, realizada conjuntamente con el Parlamento Europeo, de instaurar un semestre sobre la democracia y establecer un mecanismo europeo de control del Estado de Derecho y los derechos fundamentales (2). Asimismo, propone crear un cuadro de indicadores de la democracia que refleje, entre otras cosas, las condiciones marco para las actividades de la sociedad civil y dé lugar a recomendaciones de reforma concretas.

6.4.

Los partidos que rechacen la democracia deben quedar excluidos de su correspondiente formación política europea y de su grupo político en el Parlamento Europeo.

6.5.

El CESE considera que debería estudiarse un mecanismo en el que puedan aplicarse medidas económicas correctivas en los casos de no aplicación de las recomendaciones de reforma.

6.6.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de «reforzar la protección del presupuesto de la UE frente a los riesgos financieros vinculados a deficiencias generalizadas en relación con el Estado de Derecho en los Estados miembros», pues considera que es un paso en la dirección correcta (3).

6.7.

La asignación de fondos al nuevo mecanismo no deberá perjudicar a los beneficiarios de la sociedad civil, pues estos deben recibir apoyo directo de la UE.

6.8.

Sin embargo, el CESE critica que el mecanismo se centre exclusivamente en la buena gestión financiera. El Comité pide que las deficiencias en el ámbito de la democracia y el Estado de Derecho que no guarden relación directa con la buena gestión financiera también puedan ser objeto del procedimiento correspondiente.

6.9.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de crear un nuevo clúster llamado «Invertir en las personas, la cohesión social y los valores»en el marco del próximo MFP como contribución a reforzar la resiliencia de la sociedad civil europea. En particular, acoge favorablemente la creación de un nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores, sobre el que el CESE ha emitido un dictamen (4).

6.10.

Asimismo, el CESE propone prever en el nuevo MFP la suficiente flexibilidad para permitir a la Comisión incrementar el apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil cuando los gobiernos nacionales reduzcan o suspendan su financiación por razones políticas. Esta financiación adicional no debe sustituir permanentemente a las subvenciones nacionales, sino que debe, si es posible, ir acompañada de una reducción compensatoria de la financiación para los Estados miembros correspondientes en otros ámbitos.

6.11.

El CESE subraya también que las organizaciones e iniciativas de la sociedad civil que reciban financiación a través de la UE en el marco del nuevo MFP deben mostrar un claro compromiso con los valores europeos consagrados en el artículo 2 del TUE. Las organizaciones que abogan por la abolición de la democracia o el Estado de Derecho, por el racismo o por la xenofobia deberían quedar excluidas del apoyo financiero.

6.12.

En vista de los cambios en la participación de los ciudadanos y el creciente número de iniciativas informales y espontáneas, el CESE pide al legislador de la Unión que reduzca aún más la carga administrativa relacionada con la solicitud, ejecución y contabilidad de los proyectos financiados por la UE y prevea instrumentos de financiación específicos para las iniciativas y organizaciones de reducido tamaño.

6.13.

El CESE pide a la Comisión Europea que informe mejor sobre los instrumentos de apoyo disponibles para la sociedad civil. Esta información deberá dirigirse especialmente a las partes interesadas de las zonas remotas de los Estados miembros.

6.14.

A fin de mejorar el cumplimiento de las condiciones para recibir financiación y los principios de una buena gestión financiera por parte de los agentes de la sociedad civil, el CESE insta a la Comisión Europea a que invierta en mayor medida en el desarrollo de capacidades de la sociedad civil.

6.15.

El CESE propone crear o reforzar instrumentos dedicados a establecer redes transfronterizas de la sociedad civil.

6.16.

El Comité pide a los Estados miembros que establezcan medidas de apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, sin que ello redunde en perjuicio de los servicios públicos ni de la justicia fiscal. Por ejemplo, teniendo en cuenta la capacidad contributiva de las ONG, se podría permitir una deducibilidad fiscal limitada de las cotizaciones de afiliación y de apoyo de los miembros.

6.17.

El CESE pide a la Comisión que presente propuestas para mejorar la aplicación de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (5) a fin de valorar el voluntariado y el compromiso cívico en la vida profesional.

6.18.

El CESE apoya la solicitud del Parlamento a la Comisión para que esta presente una propuesta sobre la creación de un Estatuto Europeo para las mutualidades, asociaciones y fundaciones (6). Como primer paso, un estatuto jurídico europeo complementario o un sistema alternativo de acreditación formal interinstitucional ayudarían a las organizaciones de la sociedad civil que ya no gocen de suficiente protección jurídica en sus Estados miembros.

6.19.

El CESE considera que sería útil analizar las razones por las que no se ha llevado a buen término este expediente y, al mismo tiempo, considerar la adopción de una acreditación interinstitucional, una especie de etiqueta para las ONG. El CESE debería estudiar esta posibilidad.

6.20.

El CESE pide a las instituciones de la UE que pongan en práctica las disposiciones del artículo 11 del TUE y refuercen aún más la democracia participativa en la Unión mediante la integración de asociaciones representativas y la sociedad civil, pasando de la consulta a un verdadero diálogo.

6.21.

Para evitar que los ciudadanos pierdan la confianza en las instituciones europeas, es importante que la política europea logre mejoras concretas en la vida cotidiana de las personas y que los ciudadanos sean conscientes de tales mejoras.

6.22.

Una sociedad civil resiliente requiere un entorno social sano. Los responsables políticos nacionales y europeos deben abordar esta cuestión y garantizar la sostenibilidad social mediante sistemas educativos integradores, un crecimiento integrador, industrias competitivas e innovadoras, mercados laborales que funcionen adecuadamente, sistemas tributarios justos y equitativos y sistemas de seguridad social y servicios públicos eficaces. De no ser así, el descontento civil y el abstencionismo electoral o el auge del extremismo socavarán los cimientos de la democracia liberal. Los derechos sociales y económicos son indisociables de los derechos civiles y políticos.

6.23.

Unos interlocutores sociales fuertes revisten una importancia capital para estabilizar las democracias europeas, pues son los pilares sobre los que se asienta la sociedad civil. No obstante, la defensa de los valores europeos fundamentales necesita una sociedad civil que despliegue toda su diversidad.

Bruselas, 20 de marzo de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Por ejemplo, asunto C-619/18, Comisión/Polonia; asunto C-78/18 en curso, Comisión/Hungría.

(2)  DO C 34 de 2.2.2017, p. 8.

(3)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 173.

(4)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 178.

(5)  COM(2017) 253 final, DO C 129 de 11.4.2018, p. 44.

(6)  Declaración del Parlamento Europeo, 10 de marzo de 2011.


5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/31


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La Senda Paloma de la Paz (White Dove Way) – Propuesta de estrategia de consolidación de la paz de alcance mundial liderada por la UE»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 228/05)

Ponente: Jane MORRICE

Decisión del Pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Relaciones Exteriores

Aprobado en sección

15.1.2019

Aprobado en el pleno

20.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

160/3/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

La Unión Europea se fundó como una misión de paz. Ganó el Premio Nobel de la Paz, pero no puede permitirse dormirse en los laureles. En su lugar, el mayor proyecto de paz en los tiempos modernos debe ocupar el lugar que le corresponde como líder mundial y ejemplo a seguir consolidando la paz en Europa y en el mundo. Dados los graves desafíos existenciales de gran alcance a los que hoy se enfrenta Europa, la renovación global de las instituciones de la UE y la celebración del centenario del final de la Primera Guerra Mundial, no ha habido mejor momento en la historia de la integración europea para que la UE lidere el camino trazando un nuevo rumbo para la consolidación de la paz a escala mundial.

1.2.

La Senda Paloma de la Paz es una hoja de ruta metafórica y física que indica la dirección a seguir. Propone una nueva y dinámica estrategia de consolidación de la paz de alcance mundial liderada por la UE centrada en la prevención de conflictos, la implicación de la sociedad civil, la comunicación efectiva recurriendo a la enseñanza y la información y un itinerario europeo de la paz, que vaya de Irlanda del Norte a Nicosia, para involucrar físicamente a los ciudadanos a fin de incluirlos en el proceso de paz de la UE y de empoderarlos para lograr su objetivo.

1.3.

Para ello, el CESE pide que el nuevo presupuesto de la UE dedique cada vez más recursos a la prevención de conflictos en todos los programas de paz enmarcados en las relaciones exteriores de la UE y solicita también mayor coherencia y cohesión entre el comercio interior y exterior, la ayuda, el desarrollo y las políticas de seguridad.

1.4.

El CESE recomienda decididamente una mayor implicación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones, similar a la de otras iniciativas de la UE de consolidación de la paz en todo el mundo, como el programa PEACE de la UE en Irlanda del Norte, que se beneficia de la contribución activa de empresas, sindicatos y el sector del voluntariado.

1.5.

En consideración del éxito del programa Erasmus, el CESE pide un gran esfuerzo de comunicación para promover el papel de la enseñanza y la información a la hora de comunicar el relato de consolidación de la paz de la UE, facilitar el aprendizaje entre ONG de Europa y de fuera de ella y crear una marca «Paloma de la Paz» para los proyectos de paz de la UE, a fin de aumentar la visibilidad dentro y fuera de su territorio.

1.6.

Para involucrar activamente a los ciudadanos, el CESE propone una ruta de la paz que se vaya de Irlanda del Norte a Nicosia, conectando así dos islas divididas en los dos extremos de Europa. Como pone de manifiesto el éxito de los Itinerarios Culturales, como el Camino de Santiago, los viajeros efectúan estos recorridos como quién hace una peregrinación o para descubrir más de cerca diferentes culturas a través de la interacción humana. En la Senda Paloma de la Paz, descubrirán también el legado de paz creado por la Unión Europea.

1.7.

«White dove» [«paloma blanca»] es la traducción al inglés de «Columbano», nombre del peregrino irlandés considerado santo patrón de la unidad europea. También es el patrón de los motociclistas. Siguiendo su ruta original de Irlanda a Francia, Suiza, Austria e Italia, la Senda Paloma de la Paz atravesará antiguos escenarios de guerra y conflicto, como el frente occidental, Tirol del Sur y los Balcanes. También será un camino «virtual» que funcione como un manual de historia de alta tecnología sobre el viaje de la UE de la guerra a la paz y fomente una manera de vivir y de aprender representada por los valores de la UE de respeto, tolerancia y entendimiento mutuo.

1.8.

El CESE insta a la UE a crear una nueva estrategia de consolidación de la paz de alcance mundial con tres facetas:

Capítulo 1: Prevención de conflictos, sociedad civil, coherencia

duplicación de la financiación para la consolidación de la paz en todas las políticas relacionadas de la UE centrándose en la prevención de conflictos, la reconciliación y un diálogo intercultural que promueva la tolerancia y el respeto tanto en el propio país como en el extranjero;

participación estructurada de la sociedad civil a todos los niveles del proceso de toma de decisiones en las políticas y los programas de relaciones exteriores de la UE relacionados con la consolidación de la paz;

mayor cohesión y coherencia entre las estrategias europeas sobre defensa, ayuda, comercio y resolución de conflictos en todos los países del mundo en los que actúa la UE;

programas para jóvenes, como Erasmus y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que incluyan componentes relacionados con la consolidación de la paz, la ciudadanía europea, el respeto mutuo y la tolerancia;

mayor coordinación entre organismos y entre Estados y un intercambio de experiencias con organizaciones de base de consolidación de la paz, tanto estatales como no estatales, locales, nacionales e internacionales.

Capítulo 2: Información, comunicación, educación

formación en mediación, negociación y diálogo entre ONG de consolidación de la paz locales, nacionales e internacionales;

incentivos para fomentar el aprendizaje y la docencia de la integración europea, la consolidación de la paz y el compromiso cívico en los centros de enseñanza primaria, secundaria y superior de toda la UE;

creación de centros europeos para la consolidación de la paz en Belfast y Nicosia y «centros» de aprendizaje que conecten lugares estratégicos a lo largo de la Senda Paloma de la Paz;

reconocimiento oficial de la UE del símbolo de la paloma de la paz como «marca comercial» para todos los proyectos de paz de la UE y refuerzo de la obligación de los proyectos de dar a conocer el apoyo de la UE;

un mayor esfuerzo por parte de la Comisión Europea para dar a conocer los proyectos de paz de la UE utilizando la «marca» Paloma de la Paz.

Capítulo 3: Camino de la paz europeo

Creación de un Grupo de Acción Paloma de la Paz de la UE para iniciar y apoyar:

consultas con consejos locales, órganos regionales y otras rutas establecidas, como el Camino del Frente Occidental («The Western Front Way»), museos y lugares de interés cultural conectados por la Senda Paloma de la Paz;

colaboración más estrecha con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la UNESCO, la OSCE y el Consejo de Europa;

creación de redes con iniciativas ciudadanas de maratón, recorridos a pie, ciclismo y motociclismo, entre otras;

apoyo a la solicitud de la asociación «Friends of Columbanus» al Consejo de Europa para su reconocimiento oficial como Itinerario Cultural Europeo, que podría pasar a ser uno de los tramos de la Senda Paloma de la Paz;

preparación logística para crear una ruta que conecte Irlanda con Chipre a través de antiguas zonas de conflictos con ramificaciones hacia lugares que han realizado importantes contribuciones a la paz, como los países escandinavos y de Europa Central y Oriental;

apoyo financiero y técnico para una Senda Paloma de la Paz de «realidad virtual», para su uso en escuelas e institutos de toda Europa como un manual de historia de alta tecnología del futuro;

apoyo a una versión interactiva en línea de la Senda Paloma de la Paz que conecte lugares y centros de consolidación de la paz y que incluya una narrativa para quienes no puedan realizar el viaje a pie.

2.   Antecedentes

2.1.

Los graves retos que afronta la UE de hoy están amenazando el núcleo principal del ideal europeo. El aumento del número de los refugiados y de la inmigración, el colapso financiero, la austeridad, el extremismo, las amenazas a la seguridad, el repunte de la polarización política y el impacto del Brexit han sacudido los cimientos mismos de la UE. La UE no puede seguir sin dar una respuesta adecuada si pretende mantener el período más largo de paz en Europa. Dada la gran inestabilidad de esta situación, la UE debe responder con acciones positivas, ambiciosas, creativas y constructivas y adoptar una visión que refleje la misión principal del proyecto europeo: promover y mantener la paz.

2.2.

El éxito del proyecto de paz de la UE significa que las nuevas generaciones de europeos están muy alejadas de la realidad de la guerra. Al recordar a los ciudadanos sus orígenes, la UE recrea un ideal vinculante que mejorará la credibilidad de la UE y su misión. Para lograrlo, la UE debe redoblar sus esfuerzos de consolidación de la paz no solo en el mundo, sino también en la propia Europa. Al intercambiar relatos sobre consenso, compromiso y resolución de conflictos de base entre diferentes culturas, comunidades y países, la UE puede reforzar y promover sus valores fundamentales de libertad, justicia, igualdad, tolerancia, solidaridad y democracia, tanto dentro de su territorio como fuera.

2.3.

Quienes no pertenecen a la UE deben verla como un campeón mundial de la paz, la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, los conflictos en Siria, Afganistán, Yemen y otros lugares nos obligan ser críticos con la respuesta de la UE a las crisis humanitarias que se desencadenan a raíz de la acción militar. Para cumplir sus objetivos y principios declarados, la UE tiene la obligación moral, más allá de intereses geopolíticos o económicos, de proteger la vida de víctimas inocentes atrapadas en los conflictos, en particular la de los niños. Los fondos de la UE pueden contribuir de manera significativa a mejorar la vida en estas zonas, pero los resultados son limitados. Al centrarse en la prevención de conflictos en zonas en las que la paz y la seguridad se ven amenazadas y trabajar estrechamente con la sociedad civil, la UE puede garantizar un mayor compromiso de base y aumentar la probabilidad de una paz duradera.

2.4.

Partiendo de la premisa de que con cada euro invertido en la paz se ahorran siete en defensa, el CESE exhorta a la UE a que priorice la consolidación de la paz en sus propuestas de cara al nuevo presupuesto (MFP 2021-2027). El nuevo «Fondo Europeo de Apoyo a la Paz», propuesto por la Comisión Europea y dotado de 10 000 millones EUR, debe contar con un capítulo verdaderamente dedicado a la consolidación de la paz que implique activamente a las partes interesadas de la sociedad civil local e internacional, un intercambio mutuo de profesionales, centros para transferencia de conocimientos y una estrategia para comunicar su mensaje a escala mundial. El CESE pide asimismo la plena aplicación de la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de 2016, orientada a evitar los conflictos, fomentar la seguridad humana, abordar las causas profundas de la inestabilidad y trabajar por un mundo mejor.

3.   El contexto: conmemorar, celebrar, comunicar

3.1.

El año en el que se celebró el centenario del final de la Primera Guerra Mundial, los ciudadanos de la UE no solo conmemoraron a los caídos, sino que también sopesaron el coste de los conflictos. Si los responsables políticos entienden el camino que llevó a la paz, aprenderán las lecciones de la historia y cómo se afianzaron los procesos de paz. La conmemoración de períodos clave de paz evoca el legado de la guerra y el espíritu de solidaridad que imperaba tras ella. En los próximos años se celebrarán varios acontecimientos clave, como el trigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín y la paz en el Líbano (2019), 25 años desde el Acuerdo de Paz de Dayton (2020). En 2018 también se celebró el vigésimo aniversario del Acuerdo del Viernes Santo y el segundo aniversario del acuerdo de paz de Colombia. Al poner de relieve su apoyo a estos acuerdos, la UE promueve el valor de sus esfuerzos en todo el mundo.

3.2.

Al hilo del Año Europeo del Patrimonio Cultural, los intentos de galvanizar el aprendizaje de Europa de los conflictos en una fuerza que persiga el bien común deben incluir un nuevo componente cultural esencial. Federica Mogherini, Alta Representante de la Unión, ha puesto de relieve la diplomacia cultural como un instrumento clave para la UE en sus relaciones diplomáticas internacionales. Estos ejemplos, desde la protección de lugares del patrimonio cultural a la promoción de identidades culturales e idiomas, ayudan a elaborar políticas estables en las que diferentes grupos étnicos, nacionales, religiosos o lingüísticos se sienten seguros y más dispuestos a interactuar de manera pacífica. A pesar de que se reconocen las virtudes de la diplomacia cultural en las relaciones exteriores, con una creciente polarización intraeuropea, cabe señalar que este concepto es igualmente aplicable para hacer frente a la discordancia en la UE. Columbano (1), peregrino irlandés del siglo VI considerado el santo patrón de una Europa unida, proporciona el legado, la historia y la conexión cultural para una nueva estrategia global de la UE que fomente el entendimiento común y la acción mediante la paz. Como tal, esta iniciativa adopta el símbolo internacional de la paloma de la paz en su nombre.

4.   La Senda Paloma de la Paz

Mediante la combinación de métodos modernos de interacción social y antiguas formas de divulgación, la Senda Paloma de la Paz marca una nueva dirección a la UE conectando su pasado con su presente y su futuro.

4.1.    Liderar el camino: introducir el liderazgo de la UE en la consolidación de la paz mundial

Al apoyar activamente la creación de sociedades estables, justas, equitativas y prósperas en todo el mundo, la UE va más allá del fomento de la paz. Si bien los esfuerzos de la Unión Europea no siempre arrojan los resultados esperados, el fomento de los valores de la UE anima a los países que sufren conflictos a superar la violencia. El programa PEACE de la UE en Irlanda del Norte y el apoyo de la UE al proceso de paz de Colombia son valiosos ejemplos. Otro modelo de participación es la Estrategia de la UE para la Juventud de 2015, cuyo objetivo es garantizar que no se margine a los jóvenes en la UE. Además, al suscitar mayor coherencia y cohesión entre sus estrategias culturales, de defensa, de ayuda, comerciales y de resolución de conflictos y con agencias internacionales, la UE podría asumir el liderazgo en la consolidación de la paz a escala mundial.

4.2.    Mostrar el camino a través de la información, la comunicación y la educación

Al dar ejemplo y promover sus valores fundamentales, la UE puede mostrar el camino recurriendo a estrategias de información, educación y comunicación de una manera más creativa. El intercambio de experiencias entre agentes de consolidación de la paz de base resulta fundamental dentro y fuera de Europa. La creación de centros europeos para la paz que dispensen formación sobre mediación, negociación, diálogo y creación de consenso, como se ha propuesto en dictámenes anteriores (2), y la colaboración con agentes de consolidación de la paz de la sociedad civil es esencial. Al presentar su trabajo a través de programas de educación e información dotados de recursos adecuados y bien orientados, la UE aumenta la comprensión de su papel y justifica sus esfuerzos ante sus ciudadanos, mostrándoles el valor de la interacción multicultural y ayudando a restablecer su fe en el origen del proyecto europeo.

4.3.    Recorrer el camino: un itinerario cultural accesible a todos

4.3.1.

Esta ruta permanente de la paz de Irlanda del Norte a Nicosia atraerá a personas de todo tipo y condición en un esfuerzo físico y mental para forjar nuevas amistades y conocer a otras personas deseosas de compartir su experiencia del conflicto. Con una longitud de 5 000 km a través de Europa, este Itinerario Cultural, siguiendo los pasos de Columbano, irá más allá de la ruta original del peregrino –desde Irlanda hasta Italia– y pasará por lugares profundamente afectados por guerras y conflictos, como el frente occidental, Tirol del Sur y los Balcanes, conectando en su recorrido a personas y lugares. Los viajeros escucharán historias sobre el legado duradero de los conflictos, pero también, lo que es más importante, sobre los mecanismos que crean la paz. La Senda Paloma de la Paz también creará centros de aprendizaje y ramificaciones con el norte, este, centro y sur de Europa, de modo que los caminantes puedan escoger entre varias rutas y realizar tantas visitas como deseen. La Senda Paloma de la Paz animaría a estas «ramificaciones» a extenderse, tanto dentro como fuera de la UE, reconociendo no solo los itinerarios físicos, sino también los vínculos culturales, como por ejemplo con Escocia y, en particular, con la isla de Iona, y los vínculos en materia de consolidación de la paz en lugares como Ucrania y Oriente Medio. También podría encontrar formas de conectarse con otras rutas ya consolidadas, como el Camino de Santiago.

4.3.2.

Contará con un portal en línea que creará una experiencia virtual e interactiva con elementos audiovisuales de cada lugar e incluirá las mismas narraciones orales históricas que se escuchan en el camino para que puedan oírlas aquellos que no dispongan de la movilidad para recorrer la Senda Paloma de la Paz. Esta ruta virtual puede servir de herramienta educativa para la enseñanza de la consolidación de la paz en las escuelas y para seguir desarrollando momentos de creatividad y comprensión sobre la base de la historia local pertinente y establecer posibles vínculos con el itinerario, a fin de fomentar una amplia apropiación en toda la UE y más allá de sus fronteras. Basada en la tecnología utilizada para formar a cadetes en materia de protección civil y prevención de conflictos, creará una experiencia de realidad virtual del conflicto y la consolidación de la paz. Al tratarse de un libro de texto tecnológico, cumplirá los requisitos educativos de la era digital y complementará las antiguas técnicas de enseñanza, más centradas en quienes instigan la guerra que en quienes construyen la paz.

5.   Nuevo presupuesto de la UE (MFP) para maximizar la consolidación de la paz y la inclusión de la sociedad civil

5.1.

Aunque no hay respuestas sencillas a la búsqueda de soluciones de consolidación de la paz, existen maneras de cambiar las estrategias y prioridades para mitigar los peores efectos de los conflictos. La revisión del presupuesto de la UE brinda una valiosa oportunidad de hacerlo suscitando «coherencia, coordinación y complementariedad» entre las políticas de consolidación de la paz de la UE y en la Comisión Europea, ya que la complejidad de sus estructuras dificulta en la práctica la coordinación entre el SEAE y otros servicios. Del mismo modo, hace falta coherencia entre las políticas de la UE sobre comercio, ayuda, seguridad y desarrollo y es preciso reconocer la necesidad de «estrechar los vínculos» entre la política y la práctica de las instituciones de la UE, los Estados miembros y otros donantes importantes.

5.2.    Atención a la prevención de conflictos

Las propuestas para el nuevo presupuesto de la UE 2021-2027 relativas a la acción exterior deben otorgar mayor prioridad a la consolidación de la paz. Estas propuestas incluyen un aumento del 40 % para la seguridad, hasta los 4 800 millones EUR, un nuevo Fondo de Defensa de 13 000 millones EUR, 6 500 millones EUR para «movilidad militar» a través del Mecanismo «Conectar Europa» y un aumento del 26 % de la financiación para la acción exterior, hasta los 120 000 millones EUR. Además, la propuesta de la Comisión Europea de un «Fondo Europeo de Apoyo a la Paz» de 10 500 millones EUR al margen del presupuesto para la intervención conjunta en países no pertenecientes a la UE es ideal para garantizar que la acción de la UE esté verdaderamente orientada hacia la prevención de conflictos. En 2017, la UE adoptó un Reglamento que creaba un nuevo apoyo en el marco del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP) para favorecer la capacitación de los actores militares (Desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo o DCSD). La Oficina Europea de Enlace para la Consolidación de la Paz (EPLO) ha expresado en repetidas ocasiones dudas al respecto y ha destacado la necesidad de una mayor participación de la sociedad civil.

5.3.    Inclusión de la sociedad civil: atención a las mujeres y los jóvenes

Está cada vez más aceptado que la sociedad civil resulta fundamental para garantizar la eficacia y la sostenibilidad a largo plazo de cualquier estrategia de consolidación de la paz. La cooperación con los agentes de base no solo es útil para comprender mejor la situación de conflicto desde abajo, sino también para garantizar una «apropiación» local del proceso al contribuir a la consolidación de la paz y al refuerzo positivo que tenga más en cuenta la dimensión del conflicto. La Resolución 2419 de las Naciones Unidas destaca el papel de los jóvenes en la negociación y la aplicación de acuerdos de paz, al igual que lo hace la Resolución 1325 de las Naciones Unidas sobre el papel de las mujeres. La actividad sindical y las empresas, grandes o pequeñas, también deben desempeñar un papel fundamental en la movilización de la sociedad civil. Los grupos vulnerables, en particular las víctimas, deben recibir atención experta, y también es importante el enfoque de «buena vecindad» de las relaciones en la comunidad y el entorno de trabajo. Como han demostrado las relaciones del CESE con los países vecinos de la UE en África, Asia y otras regiones del mundo, el «diálogo estructurado» entre la UE y la sociedad civil también crea relaciones novedosas y duraderas.

5.4.    Sensibilización de la UE

Dado que el conocimiento de los ciudadanos de los esfuerzos de la UE por consolidar la paz es limitado, el nuevo presupuesto debe hacer mayor hincapié en las estrategias de información, educación y comunicación, en particular en el uso de medios tanto tradicionales como sociales. A pesar de que la preocupación sobre los peligros de las redes sociales y la posible amenaza para las democracias es real, la capacidad de las redes para generar un cambio positivo está infrautilizada. En el nuevo presupuesto de la UE deberían asignarse mayores recursos al periodismo de paz, la diplomacia cultural y el diálogo intercultural. La educación también desempeña un papel importante, pues enseña a los niños y los jóvenes no solo a «tolerar», sino también a respetar la diferencia. Ejemplos de esto han sido el Organismo especial para los programas de la UE y el movimiento de educación integrada en Irlanda del Norte.

5.5.    Puesta en común de buenas prácticas

La UE cuenta con una amplia experiencia en zonas como el sudeste asiático, Oriente Medio, Centroamérica, los Balcanes y el África subsahariana. Algunas de estas experiencias han conocido un gran éxito, otras no tanto. Aprendiendo de la historia, la UE debe respetar y promover el enfoque ético en las intervenciones, tal y como se ha puesto de manifiesto en la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (3) la cual, gracias al fomento de procesos verdaderamente participativos que asocien a la sociedad civil, contribuye a luchar contra la explotación y la corrupción y promueve la buena gobernanza. Estas experiencias, ya sean buenas o malas, deben perfilar la política. Aunque no hay una única solución a todos los problemas, existen principios básicos comunes a distintas zonas de conflicto que no se pueden ignorar. Esta puesta en común de experiencias debe establecerse mejor, en particular entre la acción interior y exterior de la UE, que hasta ahora han carecido de un enfoque sistemático del aprendizaje compartido. Se trata de una oportunidad desperdiciada y un grave error político, y debe ponérsele remedio.

5.6.    Camino a seguir

El centenario del final de la guerra y la celebración de la paz y el patrimonio cultural brinda a la UE una oportunidad perfecta para reafirmar su valor en el mundo, no solo como potencia económica, sino también como líder mundial en la consolidación, el aseguramiento y la promoción de la paz. Centrándose en la paz frente a la amenaza terrorista en su territorio y en el extranjero, la UE puede considerar su propia experiencia como un ejemplo de lo que puede lograrse, pero que debe promoverse continuamente para fomentar el diálogo intercultural, la tolerancia, la solidaridad y el respeto mutuo.

Al proporcionar una hoja de ruta para una estrategia de consolidación de la paz de alcance mundial liderada por la UE junto a una ruta de la paz física y virtual para los viajeros, la Senda Paloma de la Paz funciona como un faro que muestra una manera de vivir, aprender y conectar en un mundo cada vez más globalizado. Las personas, jóvenes y mayores, de distintos orígenes socioeconómicos, generacionales, confesionales, culturales y comunitarios que confluyan desde rincones lejanos de la UE y otras partes del mundo aprenderán sobre distintas culturas y tradiciones y crearán nuevas conexiones basadas en una mayor comprensión de los valores de la UE.

Utilizando el símbolo de la paloma de la paz para señalizar el camino, la Senda Paloma de la Paz no solo constituiría un legado para la consolidación de la paz de la UE en todo el mundo, sino también una nueva visión para la UE y un mensaje de esperanza en tiempos cada vez más difíciles.

En las políticas de consolidación de la paz, donde hay voluntad hay una Senda Paloma de la Paz.

Bruselas, 20 de marzo de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Peregrino irlandés del siglo VI considerado por Robert Schuman, padre fundador de la UE, como el santo patrón de todos aquellos que aspiran a construir una Europa unida.

(2)  Dictamen del CESE sobre «El papel de la UE en el proceso de paz de Irlanda del Norte», 23 de octubre de 2008 (DO C 100 de 30.4.2009, p. 100).

Dictamen del CESE «El papel de la UE en la consolidación de la paz en las relaciones exteriores: buenas prácticas y perspectivas», 19 de enero de 2012 (DO C 68 de 6.3.2012, p. 21).

(3)  Como se menciona en el Dictamen del CESE sobre «Garantizar las importaciones esenciales para la UE mediante la actual política comercial de la UE y sus demás políticas relacionadas», 16 de octubre de 2013 (DO C 67 de 6.3.2014, p. 47).


5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/37


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Escuchar a los ciudadanos de Europa por un futuro sostenible (Sibiu y más allá)»

(2019/C 228/06)

Ponentes: Vladimíra DRBALOVÁ

Peter SCHMIDT

Yves SOMVILLE

Decisión de la Mesa

16.10.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

Aprobado en el pleno

20.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

217/6/8

Escuchar a los ciudadanos de Europa por un futuro sostenible

1.   Introducción

1.1

En razón de la diversidad de sus miembros, el CESE actúa de puente entre las instituciones de la UE y sus ciudadanos y, como tal, desea proponer su ambiciosa visión de futuro, en la que Europa se convierte en el líder mundial del desarrollo sostenible.

1.2

La creación de la Unión Europea es uno de los proyectos pacíficos, sociales y económicos, de mayor éxito en la historia europea. Nuestra Europa se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, no discriminación, tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad entre mujeres y hombres, democracia, estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de personas pertenecientes a minorías (1). Estos valores deben seguir estando en el centro de las políticas y la evolución futuras de la UE.

1.3

Siete décadas de paz y estabilidad en Europa suponen un logro histórico excepcional. El proyecto europeo y la construcción de la Unión Europea lo han hecho posible uniendo a los ciudadanos de Europa —y, paulatinamente, a los Estados europeos— con un propósito común. Ello explica por qué la UE sigue siendo un proyecto atractivo para los países candidatos y para los países que participan en la política de vecindad de la UE. No obstante, Europa debe estar preparada para afrontar nuevos cambios geopolíticos. El CESE debe desempeñar un papel a la hora de concienciar sobre el hecho de que la paz no puede darse por sentada para siempre.

1.4

El mercado único, en todas sus dimensiones económicas, sociales y medioambientales, es el elemento esencial de la integración europea. Por ello, debe tener la capacidad de generar crecimiento sostenible e innovación, atraer inversiones y fomentar una competitividad sostenible de sus empresas en unos mercados globalizados. Sin embargo, también es importante reconocer que las repercusiones positivas del mercado único no se han distribuido equitativamente y que no todos los ciudadanos están en condiciones de disfrutar de su prosperidad.

1.5

Crecimiento sostenible significa que el crecimiento no solo debe ser cuantitativo, sino de hecho más bien cualitativo, lo cual implica i) no explotar el medio ambiente ni la mano de obra; ii) unas condiciones de vida equitativas; iii) un crecimiento económico medido no solo por el flujo anual, sino también por los patrimonios acumulados y su distribución; iv) satisfacer las necesidades de todos con los recursos del planeta; v) desarrollar economías que nos permitan prosperar, independientemente de que estas crezcan o no; y vi) un ciclo cerrado de flujo de ingresos entre las familias, las empresas, los bancos, el gobierno y el comercio que funcione de manera social y ecológica. La energía, los materiales, el mundo natural, la sociedad humana, el poder y la riqueza que compartimos están, en su integridad, fuera del modelo actual. Se ignora el trabajo no remunerado de los cuidadores —principalmente, el de las mujeres—, a pesar de que ninguna economía podría funcionar sin ellos (2).

1.6

Por su parte, la competitividad sostenible es un modelo que mantiene el equilibro entre la prosperidad económica, los problemas medioambientales y la inclusión social. En este contexto, el Índice de Competitividad Global adaptado a la sostenibilidad debe considerar dos dimensiones nuevas: la medioambiental y la social (3).

1.7

Las cuatro libertades, a saber, la libertad de circulación de bienes, ciudadanos, servicios y capital, que juntas permiten el desarrollo comercial y económico, el empleo, la creatividad y la innovación, el intercambio de competencias y el desarrollo de infraestructuras en zonas remotas, son la esencia de Europa. El buen funcionamiento de las libertades económicas y las normas sobre competencia va de la mano de los derechos sociales fundamentales, pero no debería menoscabarlos.

1.8

A pesar de ello, la UE sigue enfrentándose a retos económicos, sociales, medioambientales y políticos excepcionales, tanto internos como externos (4), que ponen en riesgo su existencia (el proteccionismo en el mercado único, las desigualdades sociales, el populismo, el nacionalismo y el extremismo) (5), así como a importantes cambios tecnológicos y del panorama geopolítico.

1.9

La aceleración del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, otros riesgos medioambientales y el fracaso colectivo a la hora de aplicar políticas eficaces son también una importante amenaza para la población, la economía y los ecosistemas de Europa. Esta es la razón por la que necesitamos una estrategia sólida de la UE para la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Las sociedades más equitativas obtienen mejores resultados medioambientales y tienen una mayor capacidad de aumentar su sostenibilidad.

1.10

Existe una necesidad clara de satisfacer la demanda de empleos de calidad por parte de los ciudadanos de toda Europa, especialmente en las regiones con una alta tasa de desempleo, principalmente entre los jóvenes, o que se enfrentan a cambios estructurales. Ello nos impone a todos (instituciones, gobiernos, interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil) la obligación de redefinir una Europa sostenible que fomente la creación de empleos de calidad.

1.11

Debemos mejorar de manera urgente el acceso a los mercados de trabajo, vinculando la creación de empleos de calidad con la mejora del sistema educativo, a fin de generar competencias adecuadas, por ejemplo, mediante el sistema dual.

1.12

Las dimensiones sociales y medioambientales están interrelacionadas, y la economía debe propiciar la renovación social, económica y cultural, especialmente favoreciendo y desarrollando competencias clave y aumentando la diversificación. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas debe alentar al sector privado para que contribuya a alcanzar los objetivos económicos, sociales y medioambientales sostenibles, de modo que se promueva el aumento equitativo y sostenible del bienestar de todos y la protección de los derechos sociales, humanos y laborales (6).

1.13

La dimensión cultural, en toda su diversidad, del proyecto europeo también debe ser reconocida plenamente en todas las políticas de la UE. Esto implica conocer y promover el patrimonio cultural, integrar una dimensión cultural y creativa en la educación, y favorecer la creación contemporánea como motor de cohesión y desarrollo.

1.14

La sostenibilidad es un proceso con visión de futuro que debe ser guiado por una fuerte voluntad política y por la determinación de configurar una Unión Europea sostenible transformando nuestras economías hacia un futuro resiliente y cooperativo, eficiente desde el punto de vista de los recursos, con bajas emisiones de carbono y socialmente inclusivo (7), en el que los comportamientos, las acciones y las decisiones de los gobiernos, las empresas, los trabajadores, los ciudadanos y los consumidores estén determinados por su impacto económico, medioambiental y social responsable.

El CESE pide, en primer lugar, una estrategia general de sostenibilidad a la hora de aplicar la Agenda 2030, garantizada por un presupuesto ambicioso de la UE.

La competitividad y la sostenibilidad no son incompatibles, siempre que los aspectos sociales y medioambientales constituyan una parte esencial de la definición de competitividad. La competitividad no debe definirse exclusivamente en términos cuantitativos y de precios, sino preferiblemente teniendo en cuenta también los valores europeos, los aspectos cualitativos y la sostenibilidad, como parte de un mercado único plenamente desarrollado y que funcione correctamente.

Europa necesita un nuevo modelo de crecimiento, que sea cualitativamente diferente de lo que hemos tenido hasta ahora, que sea más inclusivo socialmente y más sostenible ecológicamente hablando, y que fomente y acompañe la convergencia de las transiciones digitales y ecológicas en nuestros países y sociedades.

La inversión sostenible es un instrumento esencial para impulsar y promover el proceso de refuerzo del liderazgo de Europa en el camino hacia una sociedad sostenible. Debe impulsar la creación de empleos de calidad, las energías renovables, los sistemas educativos, un transporte público ecológico, asequible y accesible, la tecnología digital de diseño ecológico, la investigación y la innovación.

Las empresas europeas deben cumplir su función y sus responsabilidades, y actuar como líderes para el resto del mundo si la competitividad y la sostenibilidad económica de nuestro sistema europeo se redefinen con respecto a los límites del único planeta que tenemos.

2.   La Europa de los ciudadanos

2.1

Para los ciudadanos europeos, Europa está cada vez más fuera de la solución y se percibe cada vez más como un problema. Las amenazas a las que se enfrenta actualmente son el nacionalismo y el proteccionismo. Ante la pérdida de identidad y valores, y el olvido de la dimensión cultural del proyecto europeo, Europa está teniendo dificultades para encontrar las respuestas a los problemas locales y globales.

2.2

Aceptar las inquietudes legítimas de los ciudadanos y promover su participación democrática es muy importante, especialmente en el caso de los jóvenes. Mejorar y reformar los mecanismos de participación y los procesos de consulta existentes en la UE resulta esencial. Las cuestiones relativas a los jóvenes se incluyen en el pilar europeo de derechos sociales, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS), entre otros.

Un diálogo civil estructurado debe ser un instrumento real de participación democrática, tal y como se establece en el artículo 11, apartados 1 y 2, del Tratado de la Unión Europea (8).

El CESE, como representante institucional de la UE de la sociedad civil organizada, seguirá participando activamente en el proceso de elaboración de políticas.

También es necesario seguir apoyando y mejorando la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), tal y como se establece en el artículo 11, apartado 4, del TUE como primer instrumento de participación transnacional a nivel mundial. Por su parte, el CESE ha luchado por la aplicación de un conjunto de normas más simple y comprensible (9), y actúa además como intermediario entre la Comisión y los ciudadanos, principalmente organizando anualmente la conferencia del Día de la ICE y prestando asistencia y apoyo a los organizadores de este tipo de iniciativas.

Debe involucrarse a la juventud y los jóvenes deben participar en el proceso político europeo (10) mediante la promoción de un compromiso cívico más amplio, en particular a través de las elecciones, el voluntariado, la adhesión a organizaciones juveniles y la participación en la democracia en el lugar de trabajo y el diálogo social (11). El CESE fomentará la participación de los jóvenes en sus actividades y organiza actos dirigidos a los jóvenes, como «Tu Europa, tu voz» y el premio a jóvenes emprendedores.

Deben adoptarse medidas encaminadas a garantizar una mayor responsabilidad y transparencia de las decisiones tomadas por las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales, implicando también a los entes locales y regionales, para conseguir el apoyo de los ciudadanos, como, por ejemplo, reformar los métodos de trabajo del Consejo en aras de una mayor transparencia, y resolver los problemas de rendición de cuentas y transparencia que plantea el recurso generalizado a los «diálogos tripartitos» antes de la adopción de actos en la primera y segunda lecturas del procedimiento legislativo ordinario (12) (13).

Se deben crear mecanismos institucionales que incrementen el impacto de los dictámenes del CESE en los procesos de formulación de políticas y toma de decisiones de la UE, por ejemplo, aumentando el control del seguimiento de los dictámenes del Comité y concluyendo un Acuerdo de Cooperación con el Consejo de la Unión Europea con el fin de garantizar, entre otros aspectos, que se proporciona información de forma sistemática a los grupos de trabajo del Consejo sobre los dictámenes del Comité.

Es esencial obtener el apoyo de los ciudadanos para la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas a fin de forjar un nuevo pacto social.

3.   Una Europa social

3.1

El modelo social europeo debe proporcionar una protección sólida y equitativa a todos los ciudadanos, a la vez que mitiga la pobreza y ofrece oportunidades para que todos prosperen. Unos ingresos decentes deberían estrechar la brecha entre los ricos y los desfavorecidos y garantizar la calidad de vida. Todo el mundo debería disfrutar de normas laborales dignas, igualdad, un mayor bienestar y una disminución de las desigualdades en materia de sanidad que se registran entre los países y dentro de ellos, así como entre las distintas generaciones. Los principios clave que deben guiar las agendas políticas nacionales y europeas son la inclusión y la protección social, los empleos de calidad, la igualdad de género, una sanidad pública y una atención sanitaria de calidad asequibles y accesibles, el acceso a viviendas asequibles y de calidad, la justicia medioambiental, una educación pública de alta calidad y el acceso equitativo a la cultura.

Un nuevo «pacto social» que ofrezca a todos los ciudadanos una sociedad más justa y equitativa es indispensable. Esta es la razón por la que el CESE pide un programa de acción social con el fin de transponer la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en todos los niveles.

El CESE exige una mejora general de los sistemas educativos, así como una mayor inversión en ellos, y apoya el derecho universal a la formación continua para que los ciudadanos puedan adquirir competencias, así como reciclarlas y perfeccionarlas. Un aumento de las inversiones en las instituciones, políticas y estrategias que apoyen a las personas en las futuras transiciones laborales y la implementación de una agenda transformadora y cuantificable para la igualdad de género son elementos que deberían recibir un apoyo generalizado (14).

Las políticas públicas y las medidas legislativas deben garantizar que todos los ciudadanos y residentes europeos gozan del mismo nivel de protección y pueden ejercer sus derechos y libertades fundamentales. La UE debe mejorar sus políticas y acciones a fin de garantizar la igualdad de género, así como que todas las personas que sufran diversas formas de discriminación tengan las mismas oportunidades en la sociedad.

Dada la creciente preocupación que suscitan las diferencias de progreso entre los Estados miembros, las medidas para garantizar un salario mínimo y una renta mínima, como parte de un proceso de convergencia social en la UE, pueden constituir un importante elemento de protección social. Esto contribuiría a conseguir un nivel de vida digno en todos los países, a la vez que ayudaría a fomentar el crecimiento y aumentar la convergencia —o evitar la divergencia— dentro de la UE (15).

Una transición sostenible requiere una inversión en sistemas de protección social eficaces e integrados que ofrezcan servicios de calidad (16).

El diálogo social y unos sistemas sólidos de negociación colectiva entre los interlocutores sociales deberían prevalecer como instrumentos clave para anticipar y gestionar las transiciones y los cambios.

Las medidas anteriormente mencionadas deberán contribuir a crear unas condiciones de competencia equitativas que faciliten la plena realización del mercado único.

4.   Medio ambiente sostenible

4.1

Los riesgos medioambientales siguen dominando los resultados del Informe global de riesgos que se elabora cada año. Este año, son tres los que se encuentran entre los cinco principales riesgos por probabilidad y cuatro por impacto. Los fenómenos meteorológicos extremos han sido el riesgo que suscita mayor preocupación, aunque los encuestados afirman sentirse cada vez más inquietos por el fracaso de las políticas medioambientales: después de haber descendido en la clasificación tras el Acuerdo de París, el «fracaso de la mitigación del cambio climático y la adaptación a él» ha subido de nuevo hasta la segunda posición de la clasificación por impacto de este año (17).

4.2

En un planeta muerto, no habrá vida, empleo ni empresas. Por consiguiente, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático exigen como requisito indispensable que la UE cree empleos de calidad (18) y aporte una solución que beneficie a los empresarios, los trabajadores y otros representantes de la sociedad civil. Retrasar la adaptación o no actuar en absoluto podría conducir a un incremento considerable del coste total del cambio climático (19) y a que su impacto sea extremo en la biodiversidad, incluida la humanidad.

4.3

El proyecto de Pacto Europeo de Financiación Climática ha sido objeto de debate durante varios años y lo sigue siendo. Este Pacto permitiría mantener a la UE su posición de liderazgo en materia de desarrollo sostenible y en la lucha contra el cambio climático (20).

Esta estrategia debe garantizar que al menos el Acuerdo de París se aplique de forma completa e inmediata y se refleje a través de la armonización de los objetivos de reducción de emisiones de la UE para 2030 y 2050 con el compromiso de limitar el aumento de la temperatura a un máximo de 1 °C y mediante políticas climáticas ambiciosas de la UE, incluida la rápida eliminación de todos los combustibles fósiles, pasando de la eficiencia energética a una reducción absoluta del uso de energía. La UE deberá acelerar la transición equitativa y sostenible hasta alcanzar el nivel más alto posible de energías renovables (21) que sean limpias y asequibles, favorezcan la participación de la comunidad en la propiedad y no provoquen pobreza energética ni perjudiquen a la competitividad sostenible de las empresas europeas a nivel global.

El Pacto de Financiación Climática debe abarcar todos los aspectos de una política de cambio climático, como una transición justa para mitigar los efectos del cambio y compensar los daños y pérdidas, así como políticas reales de adaptación al cambio climático.

El CESE reitera su llamamiento para que se desarrolle una política alimentaria integral (22) en la UE, cuyos objetivos sean crear dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles, vincular la agricultura a la nutrición y los servicios de los ecosistemas y garantizar cadenas de suministro que salvaguarden la salud pública de todos los grupos de la sociedad europea. Una distribución equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria es esencial.

La agricultura podría ser parte de la solución de mitigación del cambio climático (economía circular, almacenamiento de CO2, etc.), ya que cubre una elevada proporción del territorio europeo. Además, la agricultura sostenible desempeña una importante función a la hora de mantener el tejido socioeconómico en las zonas rurales.

La UE debe pasar de una economía lineal a una economía circular sin carbono. Las políticas de economía circular deben garantizar que los ciclos sean duraderos, breves, locales y limpios. Para algunas actividades industriales específicas, el tamaño de los circuitos puede tender a ser amplio (23).

Se deben establecer y cumplir normas comunes con el fin de ofrecer aire y agua limpios y proteger nuestros océanos. Deben aplicarse medidas ambiciosas para detener la deforestación y la pérdida de biodiversidad en Europa y a nivel mundial, y erradicar la explotación insostenible de los recursos naturales (también los del Sur Global). Estas medidas deben adoptarse para que los niveles de consumo europeos estén en consonancia con la capacidad de producción del planeta, también mediante la aplicación de estrategias de suficiencia (24).

5.   La empresa europea como un líder sostenible a nivel global más sólido

5.1

Las empresas permiten el desarrollo social y medioambiental, y la competitividad sostenible es un requisito necesario para que estas desempeñen su función en la sociedad. Las empresas tienen un funcionamiento cada vez más sostenible basado en sus circunstancias y recursos específicos propios, y en colaboración con sus partes interesadas, para controlar, evaluar e informar sobre los impactos sociales, medioambientales, en la protección del consumidor y en los derechos humanos de sus actividades comerciales. Por tanto, Europa necesita adoptar un enfoque en sus políticas que esté en consonancia con su objetivo de convertirse en líder global en el desarrollo sostenible. En Europa, ya existen empresas que están a la cabeza, aunque deben ser más ambiciosas y extender esta mentalidad sostenible a lo largo de las cadenas de valor, incentivando de manera particular a las pymes.

5.2

Multitud de modelos nuevos están transformando la relación entre productores, distribuidores y consumidores. Algunos de estos nuevos modelos (como la economía funcional, la economía colaborativa y las finanzas responsables) tienen por objeto abordar otros retos clave para las personas y el planeta que son esenciales para el desarrollo sostenible, como la justicia social, la gobernanza participativa y la conservación de los recursos y el capital natural.

La cuarta revolución industrial en curso está modificando drásticamente la economía mundial y, en concreto, la producción y los servicios relacionados con la industria. Europa necesita una auténtica transformación digital para recuperar la competitividad sostenible a nivel global y generar un crecimiento y empleos sostenibles. Europa necesita un cambio general para convertirse en la región digital más dinámica del mundo, teniendo en cuenta el carácter global de la economía digital y la integración de las empresas en las cadenas de valor mundiales.

La necesidad de respaldar estos modelos innovadores representa para la UE la oportunidad de asumir el liderazgo de modelos económicos sostenibles e innovadores que hacen indisociables los conceptos de prosperidad económica, protección social de calidad y sostenibilidad medioambiental, y que definen una «marca europea».

Las empresas europeas deben seguir impulsando la innovación y la creatividad y respetar normas elevadas relacionadas con los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente en Europa. Si bien la elaboración de políticas inteligentes y la buena gobernanza desempeñan un papel importante a la hora de fijar el marco adecuado, son las empresas y sus trabajadores, en estrecha cooperación con los científicos e investigadores, los que innovan y aportan soluciones en respuesta a las necesidades de la sociedad.

Un entorno empresarial que ayude a prepararse para el futuro se basa en mercados abiertos y en la competencia leal, se define por sus aspectos sociales y medioambientales, y ofrece condiciones propicias y favorables a la actividad empresarial.

Debe ofrecerse orientación y apoyo para que todas las empresas, y en particular las pymes, puedan asumir la digitalización, invertir tendencias inadecuadas de la inversión en tecnología e innovación a través de la concienciación, el fomento de la financiación, el apoyo a la investigación y el desarrollo y la inversión en capacidades adecuadas.

6.   El comercio libre y justo

6.1

La política de comercio de la UE es un factor clave aplicable a la UE en conjunto que, de hecho, une a todos sus Estados miembros. La política comercial ha ayudado a la UE a aumentar su prosperidad mediante intercambios comerciales con un gran número de socios. En la actualidad, la UE es la principal fuerza comercial a nivel mundial, ya que existen más de 30 millones de empleos relacionados con el comercio internacional (25), desempeña un importante papel en el comercio de los servicios y presenta superávits comerciales significativos, por ejemplo, con Estados Unidos (más de EUR 107 900 millones en los primeros once meses de 2018). Al mismo tiempo, la UE representa y promueve, a través del comercio, los valores de inclusión social y protección del medio ambiente, que son esenciales para configurar una globalización sostenible, esto es, una forma de globalización que beneficiará no solo a las grandes empresas e inversores, sino también a los ciudadanos de a pie, los trabajadores, los agricultores, los consumidores y las pymes.

6.2

La UE pretende promover —multilateral, bilateral y unilateralmente— una visión de la política comercial que combina el enfoque mercantilista tradicional sobre el acceso al mercado (arancelario y no arancelario) con los objetivos de desarrollo sostenible para luchar contra el cambio climático.

6.3

La política comercial de la UE ha reforzado el papel de la sociedad civil tanto durante la fase de negociación como durante la fase de aplicación gracias a las contribuciones de los grupos consultivos internos. El CESE defiende la profesionalización de todas las organizaciones que permiten a los ciudadanos tener más voz a la hora de determinar el contenido de los acuerdos comerciales, así como un mayor control del cumplimiento de los compromisos y normas «cualitativos» por parte de los socios comerciales (26).

Al igual que su diplomacia y su política de vecindad, la política comercial de la UE debe reflejar sus propios valores internos y ser coherente con ellos dado que es el líder global en sostenibilidad. La UE debe tener la capacidad de mantener su competitividad y gestionar sus alianzas con socios clave, a la vez que conserva, refuerza y mejora su modelo de normas elevadas en los ámbitos social y medioambiental.

El CESE pide, en concreto, una agenda de política comercial ambiciosa en sus tres niveles (unilateral, bilateral y multilateral), una política que genere crecimiento y empleo en la UE y promueva, a su vez, una política comercial basada en normas a nivel global.

A nivel unilateral, la UE debe modernizarse y mejorar el sistema de preferencias arancelarias generalizadas (SPG) y la iniciativa «Todo menos armas» (TMA) a fin de fomentar el desarrollo de los países menos adelantados y de los países en desarrollo.

A nivel bilateral, la UE debe seguir abriendo nuevos mercados, aumentando las oportunidades de negocio y mejorando la satisfacción de los consumidores con más socios, sin dejar de garantizar elevadas normas sociales y medioambientales en los sectores de la agricultura, la industria y los servicios.

A nivel multilateral, la UE debe tomar la delantera en la reforma de la OMC con el fin de evitar la parálisis del Órgano Permanente de Apelación del Órgano de Solución de Diferencias. El CESE ha adoptado recientemente un paquete de propuestas a corto y medio plazo, ambicioso y con visión de futuro, para esta reforma (27). Los objetivos son garantizar que la OMC, la única guardiana del comercio internacional, contribuya de manera fundamental a la consecución de los ODS, mantenga la coherencia entre las normas comerciales y las normas de trabajo internacionales, y facilite el cumplimiento de los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París.

La apertura al comercio requiere instrumentos de defensa comercial eficaces y un mecanismo de control operativo de la inversión extranjera directa en sectores estratégicos de la UE. Su objetivo es, naturalmente, proteger a la UE y a sus consumidores, trabajadores y empresas de las prácticas comerciales desleales y abusivas.

Es esencial aumentar la cooperación a nivel internacional con todas las organizaciones pertinentes (OCDE, CEPE/ONU, OIT, OMC, etc.) para enfrentarse de manera eficaz a los retos globales como el cambio climático, la pobreza, el fraude, la evasión fiscal y los ciberataques.

7.   Bienes y servicios públicos

7.1

Según el principio 20 del pilar europeo de derechos sociales, «Toda persona tiene derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, como el agua, el saneamiento, la energía, el transporte, los servicios financieros y las comunicaciones digitales» (28). Estos servicios no pueden funcionar únicamente de conformidad con las normas comunes de la competencia y del mercado: es fundamental disponer de normas específicas que garanticen que todos los ciudadanos pueden acceder de manera asequible a estos servicios considerados esenciales y reconocidos como valores comunes de la Unión (29).

Las autoridades públicas deben promover los ODS mediante la contratación pública aplicando de forma proactiva los criterios de contratación sociales y medioambientales definidos en la nueva legislación europea sobre contratación pública.

Los servicios públicos básicos (30) como la educación, la sanidad, la atención a la infancia y el transporte público, así como bienes públicos como el agua potable, el aire limpio y la conservación del suelo, entre otros, deben ser accesibles para todos a un coste asequible.

8.   Equidad fiscal

8.1

La política fiscal en la UE tiene dos componentes: la imposición directa, que sigue siendo competencia exclusiva de los Estados miembros, y la imposición indirecta, que afecta a la libre circulación de bienes y a la libre prestación de servicios en el mercado único. Sin embargo, respecto de la imposición directa, la UE ha establecido algunas normas armonizadas sobre fiscalidad de las empresas y las personas físicas, mientras que los Estados miembros han adoptado medidas conjuntas para evitar la evasión fiscal y la doble imposición. No obstante, la UE debe seguir promoviendo un sistema fiscal equitativo que obligue a las personas físicas y jurídicas a pagar impuestos sobre sus ingresos y beneficios de manera proporcional. Por lo que respecta a la fiscalidad indirecta, la UE coordina y armoniza la legislación relativa al impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los impuestos especiales. Garantiza que no se distorsione la competencia en el mercado interior a causa de las diferencias en los tipos impositivos indirectos y los sistemas que ofrecen a las empresas de un país una ventaja injusta sobre las demás.

8.2

La falta de transparencia, la discriminación, la distorsión de la competencia y las prácticas fiscales perniciosas aumentan las desigualdades económicas y reducen las inversiones y el empleo, lo que conduce al descontento social, la desconfianza y el déficit democrático. Esta es la razón por la que debería aplicarse una política fiscal de la UE equitativa, al tiempo que se mantiene la coherencia —evitando la adopción de medidas contradictorias— con la estrategia global de sostenibilidad a fin de promover la convergencia económica y social, la cohesión social y la inversión en el desarrollo sostenible.

La necesaria reforma de la UEM debe incluir una mayor coordinación fiscal entre sus miembros y una representación unificada del euro en las organizaciones internacionales.

El CESE respalda la equidad fiscal y la lucha contra el fraude fiscal, el blanqueo de dinero y las prácticas financieras de los paraísos fiscales; un objetivo común de las instituciones de la UE, los gobiernos y las empresas debe ser trabajar juntos para establecer mecanismos eficaces como las dos Directivas contra la elusión fiscal (31).

La coordinación en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal debe incluir medidas contra la erosión de la base tributaria de las sociedades y la transferencia de beneficios: la Comisión Europea estimó su cuantía entre 50 000 y 70 000 millones EUR al año antes de que empezaran a aplicarse medidas. La cuantía del IVA no recaudado se valora en aproximadamente 150 000 millones EUR anuales.

La UE debe cooperar con otras regiones económicas para luchar eficazmente contra la corrupción y la evasión fiscal en todo el mundo y garantizar que las normas internacionales sobre fiscalidad de las empresas sean claras, transparentes, objetivas y previsibles.

El público exige cada vez más con mayor firmeza que la fiscalidad se utilice para garantizar la cohesión social, luchar contra el calentamiento global y promover el crecimiento sostenible.

El CESE pide medidas fiscales eficaces y coordinadas que garanticen que todas las empresas paguen su parte equitativa de impuestos y contribuyan a los presupuestos públicos nacionales y europeos para que los gobiernos puedan cumplir sus objetivos en materia de derechos sociales (32). El CESE apoya la propuesta de la Comisión relativa al establecimiento de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (33).

Como consecuencia de los nuevos modelos empresariales, que utilizan plataformas de internet y otras herramientas digitales, las empresas dependen menos de la presencia física en un país. El CESE cree que es muy importante desarrollar nuevos principios sobre cómo asignar beneficios empresariales a un Estado miembro de la UE y cómo gravarlos, en diálogo con los socios comerciales, y participar activamente en los debates en curso en la OCDE y el G-20 en torno a un acuerdo mundial sobre la economía digitalizada, con el fin de evitar cualquier escalada de tensiones comerciales y fiscales entre los principales agentes económicos a nivel mundial (34).

9.   Gobernanza

9.1

Dirigir la transformación hacia el desarrollo sostenible requiere un nuevo enfoque de gobernanza, así como nuevos instrumentos y normas a la hora de elaborar y aplicar las políticas de la UE. El desarrollo sostenible requiere una política holística e intersectorial que garantice que los retos económicos, sociales y medioambientales se abordan conjuntamente.

La UE debe velar por que todas sus políticas internas y externas sean coherentes y estén en consonancia con los ODS, de modo que se tengan debidamente en cuenta los principios de eficiencia, proporcionalidad y sostenibilidad.

El uso de instrumentos para mejorar la legislación de la Comisión Europea es otra forma de garantizar la integración del desarrollo sostenible en las políticas europeas. Todas las evaluaciones de impacto de la Comisión deben evaluar los impactos medioambientales, climáticos, sociales y económicos para que la sostenibilidad sea considerada e integrada debidamente. Las evaluaciones ex post también deben analizar las tres dimensiones en un firme enfoque integrado. También son necesarias las consultas a los interlocutores sociales, respetando las disposiciones del TFUE en las que se estipula la consulta específica de trabajadores y empresarios sobre legislación relacionada con cuestiones sociales (artículo 154, apartado 2). Las consultas al Comité Económico y Social Europeo, el CDR y los parlamentos nacionales constituyen otro componente del conjunto de instrumentos para mejorar la legislación al objeto de cumplir el requisito de participación que constituye el núcleo de la Agenda 2030.

Teniendo en cuenta los ODS, la Plataforma REFIT y las evaluaciones y estudios de impacto deben garantizar que la legislación favorece a las empresas y a los ciudadanos. Estos instrumentos deben seguir usando en el futuro todas las fuentes disponibles, incluida la sociedad civil, para evaluar cómo mejorar la eficacia y eficiencia de la legislación de la UE para que cumpla sus objetivos. Estos instrumentos deben contribuir a mejorar ampliamente la reglamentación del desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, no solo para simplificar y reducir cargas innecesarias y garantizar la consecución real de los objetivos legislativos sin rebajar su nivel, sino también para ayudar a revisar, validar, modificar, mejorar o cumplir mejor la legislación existente.

El Semestre Europeo, como marco de gobernanza económica de la UE, se centra de algún modo en el empleo y los resultados sociales, aunque presenta debilidades en lo que respecta a los riesgos que entraña el cambio climático y los avances de la UE hacia la consecución de los objetivos de París, tal y como se señala en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2019 (35). El CESE exige una estrategia de desarrollo sostenible con visión de futuro enmarcada en un ciclo de desarrollo sostenible, basado en indicadores y objetivos sociales, económicos y medioambientales complementarios.

Es necesario que el diálogo social se reconozca como un instrumento de aplicación de la agenda de desarrollo. El diálogo social requiere un entorno propicio y un marco institucional eficaz, que comienzan con el respeto de la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. La UE debe trabajar con los interlocutores sociales para promover buenas prácticas en las relaciones laborales y unas administraciones del trabajo eficaces.

La UE debe reforzar sus vínculos con los Estados miembros y recuperar la confianza de sus ciudadanos a través de una aplicación adecuada de un enfoque de desarrollo local participativo que permita el desarrollo local integrado y la participación de los ciudadanos y sus organizaciones desde la base. El CESE está convencido de que el desarrollo local participativo podría ofrecer muchas ventajas como instrumento eficaz de desarrollo local europeo (36).

10.   Enfoque integral de la política de migración

10.1

El debate sobre el futuro de una Europa sostenible no puede pasar por alto el planteamiento sobre la migración de Europa. Los cambios demográficos muestran que Europa necesitará migrantes, su talento, sus competencias y su potencial emprendedor. Es urgente que se modifiquen el discurso y las políticas sobre migración mediante una cooperación más estrecha con los terceros países a fin de garantizar un debate racional basado en los hechos. Los refugiados y migrantes no deben percibirse como una amenaza, sino como una oportunidad para el modelo económico y social europeo (37). Para ello, necesitamos un enfoque y una estrategia integrales de migración.

La UE debe adoptar políticas y medidas que apoyen una migración segura, ordenada y regular, y reforzar la inclusión y la cohesión sociales. La UE debe coordinarse de manera más estrecha con la OIT en lo que respecta a la migración de mano de obra y los programas de integración.

El CESE exige rutas legales seguras para los refugiados cuando lleguen a la UE. Se necesita un enfoque coordinado entre todos los Estados miembros y las partes interesadas europeas y nacionales, sobre la base de la responsabilidad compartida, la distribución equitativa, la convergencia y el respeto de los derechos fundamentales, con el fin de incluir más opciones para la reagrupación familiar, la reubicación y el reasentamiento.

La no integración entraña riesgos y costes económicos, socioculturales y políticos. Por tanto, la inversión en la integración de los migrantes es la mejor póliza de seguro contra posibles costes, problemas y tensiones futuros.

La integración es bidireccional y tanto la comunidad de acogida como los migrantes tienen derechos y deberes; por lo tanto, la responsabilidad debe ser compartida entre ambas partes. No es justo ni sostenible aspirar a que los recién llegados se integren sin ayuda en un contexto de considerables barreras sociales, culturales y económicas. Para facilitar este proceso, las políticas públicas deben abordar los temores, preocupaciones e inquietudes de los diversos sectores de la población de las sociedades de la UE para evitar los discursos antieuropeístas y xenófobos. Para ello, las políticas pertinentes deben incluir un conjunto claro, coherente y razonado de obligaciones, así como una denuncia coherente de la retórica y las actitudes contra ellos.

La guerra, el cambio climático y la falta de expectativas en terceros países pueden provocar un flujo continuado, e incluso creciente, de refugiados y migrantes. Limitar los factores que empujan a la migración en general es un desafío a nivel mundial. Aumentará la migración de todo tipo (incluidos los migrantes climáticos) debido al fenómeno en aumento de las personas desplazadas. Ante esta situación, la UE debe estar mejor preparada para coordinar su distribución entre los Estados miembros. En este contexto, el CESE ya ha puesto de manifiesto cómo los procesos económicos desequilibrados pueden contribuir a la desestabilización. Por tanto, defiende que el Tratado de Lisboa proporciona un mandato lo suficientemente amplio para revisar la política de inmigración con el objetivo de regular la situación de los «individuos desplazados por factores medioambientales».

11.   El presupuesto de la UE

11.1

El CESE reconoce el elevado valor añadido europeo de los programas en los que las propuestas de marco financiero plurianual de la Comisión para el período 2021-2027 concentran los principales aumentos de gasto (I+D+i, Erasmus+). No obstante, el Comité cuestiona que estos aumentos se realicen a costa de importantes recortes en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la política de cohesión y la política agrícola común (PAC), debido a los esfuerzos realizados para reducir el presupuesto de la UE, que baja del 1,16 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE de los 27 (presupuesto en vigor) a tan solo el 1,11 % en el marco financiero plurianual posterior a 2020.

11.2

El CESE cuestiona los recortes propuestos en los compromisos previstos para la PAC. Dichos recortes imposibilitarán la aplicación de un modelo de desarrollo rural sostenible —un objetivo global de la nueva reforma de la PAC— y de otros objetivos incluidos en la reciente Comunicación de la Comisión sobre el futuro de los alimentos y la agricultura.

11.3

Desgraciadamente, la propuesta de la Comisión parece excesivamente orientada a preservar el statu quo, y el CESE lamenta el desequilibrio entre la naturaleza y la dimensión de los nuevos retos de la UE y sus objetivos y los recursos disponibles para alcanzarlos.

11.4

La desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas nacionales y europeas está dando lugar a un auge de los movimientos políticos que cuestionan los valores y principios democráticos y la propia UE. Algunos de estos movimientos políticos ahora forman parte de varios gobiernos de los Estados miembros de la UE.

Para hacer frente a las prioridades económicas, sociales y medioambientales, tanto las nuevas como las existentes, la Unión necesita, en este momento crítico desde un punto de vista político, un presupuesto de la UE sustancial. La propuesta de la Comisión sobre el marco financiero plurianual para el período 2021-2027 es modesta y poco ambiciosa. Al igual que el Parlamento Europeo y el CDR, el CESE exige que los recursos supongan el 1,3 % de la RNB y que los ingresos procedan en su mayoría de los recursos propios de la UE mediante el establecimiento de los impuestos propuestos por el Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios», presidido por Mario Monti (38).

El CESE opina que los recursos deben ser transferidos a los Estados miembros siguiendo los criterios de justicia distributiva para restablecer la convergencia económica y social interrumpida por la crisis (39).

El CESE considera necesario que el próximo marco financiero plurianual aumente la financiación para permitir i) la aplicación por parte de los Estados miembros de la Declaración de Gotemburgo sobre el pilar europeo de derechos sociales con el fin de estimular la creación de empleos de calidad en el contexto del desarrollo sostenible, ii) el cumplimiento de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y iii) la aplicación del Acuerdo de París mediante la promoción de transiciones justas hacia sociedades ecológicas y digitalizadas.

La UE necesita unos presupuestos ambiciosos que sean instrumentos de políticas que desarrollen una estrategia clara para fortalecer a la Unión, con mayor integración, más democracia, un apoyo más firme a las organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de la UE, mayor apoyo a las empresas para que hagan frente a los desafíos medioambientales y digitales, una dimensión social más fuerte y un mayor apoyo a la vida rural. Solo así podrá la UE limitar y superar las fuerzas centrífugas internas y hacer frente a los riesgos geopolíticos externos.

El CESE apoya la propuesta de que la recepción de fondos de la UE por parte de los Estados miembros esté supeditada al respeto del principio del estado de Derecho, un pilar fundamental de valores de la UE según lo dispuesto en el artículo 2 del TUE.

12.   Comunicación

12.1

Si no se comunican de forma adecuada, ni siquiera los conceptos y programas políticos más ambiciosos a nivel de la UE servirán para acortar la distancia actual entre la Unión y sus ciudadanos.

12.2

Este desequilibrio entre las iniciativas, las actividades y las decisiones a escala de la UE y la percepción que los ciudadanos tienen de ellas lleva a un círculo vicioso de ciudadanos desinformados o mal informados que ha desembocado en un aumento del populismo en la mayoría de los Estados miembros. Al mismo tiempo, se viene observando la aparición de un sentimiento antieuropeísta en algunos sectores de la población, que puede perjudicar los esfuerzos incesantes de construcción del proyecto europeo.

12.3

Por tanto, se necesita urgentemente una estrategia de comunicación general común a todas las instituciones de la UE, a todos los niveles, que incluya a los agentes de la sociedad civil, para luchar contra esta falta de información y contra la información deliberadamente falsa.

12.4

Para que una política de comunicación sea eficaz, tiene que adoptar la forma de un diálogo real entre los que proporcionan la información y los que la reciben a fin de evitar un enfoque de arriba abajo.

12.5

La información significativa, creíble y dinámica sobre las cuestiones europeas ayuda a concienciar y generar interés por ellas.

12.6

El CESE, como puente entre la UE y sus ciudadanos, y a través de sus 350 miembros, debe actuar de intermediario para facilitar dichas medidas coordinadas. La diversidad de los miembros del CESE es una importante ventaja, ya que permite establecer contacto con el máximo número de ciudadanos de todas partes de Europa. En concreto, se debe prestar más atención a los jóvenes.

La UE debe reconocer y apoyar de manera más adecuada el papel clave del CESE a la hora de acortar distancias con los ciudadanos europeos.

Asimismo, la UE debe descentralizar sus diálogos con los ciudadanos para que los municipios y regiones puedan empezar a desarrollar una identidad y un propósito europeos comunes.

Las políticas de la UE deben responder mejor a las propuestas de los ciudadanos, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil al objeto de brindarles motivos para que participen.

El CESE debe evaluar la aplicación de las políticas de la UE en los Estados miembros todos los años en función de los objetivos políticos expuestos en el presente Dictamen, al objeto de aportar respuestas concretas a los ciudadanos sobre los efectos que el hecho de pertenecer a la UE tiene en su vida cotidiana.

Bruselas, 20 de marzo de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

(2)  Esta definición de crecimiento sostenible es de Kate Raworth, del Instituto de Cambios Medioambientales de la Universidad de Oxford, y se basa en su concepto de la «economía donut», una innovadora alternativa a la economía del crecimiento, así como en el nuevo modelo sostenible para el siglo XXI que podría ayudar a acabar con el desequilibrio (https://www.kateraworth.com/doughnut/).

(3)  Esta definición se basa en el trabajo de Sten Thore y Ruzanna Tarverdyan sobre la competitividad sostenible: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516000664?via%3Dihub

(4)  Dictamen del CESE, de 18 de octubre de 2017, sobre «La transición hacia un futuro más sostenible en Europa» (DO C 81 de 2.3.2018, p. 44).

(5)  Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre el tema «El auge de la violencia neofascista en Europa».

(6)  Dictamen del CESE, de 7 de diciembre de 2017, sobre «El papel central del comercio y la inversión en la consecución y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible» (DO C 129 de 11.4.2018, p. 27).

(7)  Dictamen del CESE, de 21 de septiembre de 2016, sobre «Desarrollo sostenible: Inventario de las políticas interiores y exteriores de la UE» (DO C 487 de 28.12.2016, p. 41).

(8)  Dictamen del CESE, de 14 de noviembre de 2012, sobre «Principios, procedimientos y acciones para la aplicación del artículo 11, apartados 1 y 2, del Tratado de Lisboa» (DO C 11 de 15.1.2013, p. 8).

(9)  Dictamen del CESE, de 13 de julio de 2016, sobre «La iniciativa ciudadana europea (revisión)» (DO C 389 de 21.10.2016, p. 35).

(10)  Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativa a un Plan de Trabajo de la Unión Europea para la Juventud para 2016-2018;

Estrategia de participación infantil Eurochild de 5 de abril de 2017;

Programa sobre juventud de las Naciones Unidas: Youth Participation in Development – Summary Guidelines for Development Partners (Participación de los jóvenes en el desarrollo. Resumen de las directrices para los socios por el desarrollo).

(11)  Dictamen del CESE, de 18 de octubre de 2018, Comunicación de la Comisión sobre «Involucrar, conectar y capacitar a los jóvenes: una nueva Estrategia de la UE para la juventud» (DO C 62 de 15.2.2019, p. 142).

(12)  Dictamen del CESE, de 17 de septiembre de 2015, sobre «Mejorar el funcionamiento de la Unión Europea basándose en las posibilidades del Tratado de Lisboa» (DO C 13 de 15.1.2016, p. 183).

(13)  Resolución del CESE, de 5 de julio de 2017, «Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa y otros aspectos» (DO C 345 de 13.10.2017, p. 11).

(14)  Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT: «Trabajar para un futuro más prometedor», 22 de enero de 2019.

(15)  Dictamen del CESE, de 20 de febrero de 2019, sobre la Comunicación de la Comisión «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2019: Por una Europa más fuerte en un contexto de incertidumbre a escala mundial» (DO C 190 de 5.6.2019, p. 24).

(16)  Documento de reflexión de la Comisión Europea «Para una Europa sostenible de aquí a 2030», 30 de enero de 2019.

(17)  The Global Risk Report 2019 (Informe global de riesgos 2019) para el Foro Económico Mundial – Resumen ejecutivo.

(18)  Dictamen del CESE, de 25 de enero de 2017, sobre «Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales» (DO C 125 de 21.4.2017, p. 10).

(19)  OCDE, Informe «The Economic Consequences of Climate Change» (Las consecuencias económicas del cambio climático) de 2 de septiembre de 2016.

(20)  Dictamen del CESE, de 17 de octubre de 2018, sobre el «Pacto Europeo de Financiación Climática» ( DO C 62 de 15.2.2019, p. 8 ).

(21)  Dictamen del CESE, de 2 de julio de 2015, sobre «El Protocolo de París, un plan rector para combatir el cambio climático global más allá de 2020» (DO C 383 de 17.11.2015, p. 74).

(22)  Dictamen del CESE, de 6 de diciembre de 2017, sobre la «Contribución de la sociedad civil al desarrollo de una política alimentaria integral en la UE» (DO C 129 de 11.4.2018, p. 18).

(23)  Dictamen del CESE, de 27 de abril de 2016, «Paquete sobre la economía circular» (DO C 264 de 20.7.2016, p. 98).

(24)  Manifesto for a Sustainable Europe for its Citizens (Manifiesto por una Europa sostenible para sus ciudadanos), 28 de septiembre de 2018.

(25)  Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, «Comercio para todos».

(26)  Dictamen del CESE, de 23 de enero de 2019, sobre «El papel de los grupos consultivos internos en el seguimiento de la aplicación de los acuerdos de libre comercio» (DO C 159 de 10.5.2019, p. 28).

(27)  Dictamen del CESE, de 23 de enero de 2019, titulado «Reformar la OMC para adaptarse a la evolución del comercio mundial» (DO C 159 de 10.5.2019, p. 15).

(28)  Estos servicios, que la Comisión describe como «servicios esenciales» y sobre los que el principio 20 no aporta una lista exhaustiva, pertenecen a los «servicios de interés general» sujetos a obligaciones de servicio público. El concepto de «servicios esenciales» no existe en el Derecho de la UE, que aborda exclusivamente los servicios públicos (transporte) y los servicios de interés general (económicos y no económicos).

(29)  Actualmente, el CESE está elaborando un Dictamen de iniciativa titulado «Promoción de servicios esenciales para una mejor aplicación del pilar social» en el marco de su contribución a la Cumbre de Sibiu y más allá.

(30)  Dictamen del CESE, de 17 de octubre de 2018, sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+)» (DO C 62 de 15.2.2019, p. 165).

(31)  Dictamen del CESE, de 20 de septiembre de 2017, «Un sistema fiscal favorable a una competencia equitativa y al crecimiento» (DO C 434 de 15.12.2017, p. 18).

(32)  Véase la nota 31.

(33)  Dictamen del CESE, de 20 de septiembre de 2017, sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)» (DO C 434 de 15.12.2017, p. 58).

(34)  Dictamen del CESE, de 12 de julio de 2018, sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa» (DO C 367 de 10.10.2018, p. 73).

(35)  Véase la nota 22.

(36)  Dictamen del CESE, de 7 de diciembre de 2017, sobre «Ventajas del enfoque de desarrollo local participativo (DLP) para un desarrollo local y rural integrado» (DO C 129 de 11.4.2018, p. 36).

(37)  Dictamen del CESE, de 12 de diciembre de 2018, sobre «Los costes de la no inmigración y la no integración» (DO C 110 de 22.3.2019, p. 1).

(38)  Informe final y recomendaciones del Grupo de Alto Nivel «Recursos Propios» sobre la futura financiación de la UE, diciembre de 2016.

(39)  Dictamen del CESE, de 19 de septiembre de 2018, sobre «El marco financiero plurianual para el período 2021-2027» (DO C 440 de 6.12.2018, p. 106).


ANEXO

Las enmiendas siguientes, que obtuvieron al menos una cuarta parte de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates (artículo 59.4 del Reglamento interno):

a)   Punto 1.5

Modifíquese de la manera siguiente:

Crecimiento sostenible significa que el crecimiento no solo debe ser cuantitativo, sino de hecho más bien cualitativo, lo cual implica i) no explotar el medio ambiente ni la mano de obra; ii) unas condiciones de vida equitativas; iii) un crecimiento económico medido no solo por el flujo anual, sino también por los patrimonios acumulados y su distribución; iv) satisfacer las necesidades de todos con los recursos del planeta; v) desarrollar economías que nos permitan prosperar, independientemente de que estas crezcan o no; y vi) un ciclo cerrado de flujo de ingresos entre las familias, las empresas, los bancos, el gobierno y el comercio que funcione de manera social y ecológica. La energía, los materiales, el mundo natural, la sociedad humana, el poder y la riqueza que compartimos están, en su integridad, fuera del modelo actual. Se ignora el trabajo no remunerado de los cuidadores —principalmente, el de las mujeres—, a pesar de que ninguna economía podría funcionar sin ellos. El concepto de crecimiento sostenible se refiere al crecimiento que tiene en cuenta no solo consideraciones económicas sino también consideraciones sociales y medioambientales. En los últimos años, se han presentado diferentes tipos de modelos económicos, por ejemplo, la «economía donut», que aspira a satisfacer las necesidades esenciales de todos (sobre la base de doce «fundamentos sociales») con los recursos del planeta (definidos mediante nueve «límites del planeta»). Como consecuencia, se han formulado propuestas para medir el crecimiento con indicadores que vayan «más allá del PIB».

Exposición de motivos

El objetivo es aclarar que el texto suprimido no es una definición comúnmente aceptada de crecimiento sostenible sino que se refiere al modelo económico formulado por Kate Raworth, que se menciona en la nota a pie de página. De hecho, el texto tampoco describe la idea central de este modelo de «economía donut», sino que mezcla requisitos previos, características, implicaciones y aspectos de medición relacionados con él.

Resultado de la votación:

Votos a favor

:

75

En contra

:

132

Abstenciones

:

11

b)   Punto 1.6

Modifíquese de la manera siguiente:

Por su parte, el concepto de la competitividad sostenible se refiere a es un modelo que mantiene el equilibro entre la prosperidad económica, los problemas medioambientales y la inclusión social. En este contexto,Ello se refleja, por ejemplo, en el Índice de Competitividad Global adaptado a la sostenibilidad elaborado por el Foro Económico Mundial (FEM) debe considerar dos dimensiones nuevas: la medioambiental y la social.

Exposición de motivos

El Índice de Competitividad Global adaptado a la sostenibilidad tiene específicamente en cuenta las dimensiones social y medioambiental.

Resultado de la votación:

Votos a favor

:

64

En contra

:

147

Abstenciones

:

13

c)   Primer recuadro (tras el punto 1.14), segundo topo

Modifíquese de la manera siguiente:

La competitividad y la sostenibilidad no son incompatibles, siempre que los aspectos sociales y medioambientales constituyan una parte esencial de la valoración de los productos y servicios en los mercadosdefinición de competitividad. La competitividad no debe definirse exclusivamente en términos cuantitativos y de precios, sino preferiblemente teniendo en cuenta también los valores europeos, los aspectos cualitativos y la sostenibilidad.

Exposición de motivos

Las definiciones no determinan la competitividad de los mercados.

Resultado de la votación:

Votos a favor

:

66

En contra

:

148

Abstenciones

:

9

d)   Primer recuadro (tras el punto 1.14), quinto topo

Modifíquese de la manera siguiente:

Las empresas europeas, los trabajadores y los consumidores europeos y toda la sociedad civil europea deben cumplir su función y sus responsabilidades, y actuar como líderes para el resto del mundo en materia de sostenibilidad si se redefinen la competitividad y la sostenibilidad económica de nuestro sistema europeo con respecto a las fronteras del único planeta que tenemos.

Exposición de motivos

Todos los agentes de la sociedad civil deben cumplir sus funciones y responsabilidades. Esto es cierto con independencia de las definiciones.

Resultado de la votación:

Votos a favor

:

56

En contra

:

138

Abstenciones

:

9


5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/50


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El futuro de la política de cohesión en el período posterior a 2020»

(dictamen exploratorio)

(2019/C 228/07)

Ponente: Stefano MALLIA

Coponente: Ioannis VARDAKASTANIS

Consultas

Consejo – Presidencia rumana, 20.9.2018

Carta de Victor NEGRESCU, ministro delegado de Asuntos Europeos de Rumanía

Fundamento jurídico

Artículo 304 del TFUE

Sección competente

unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en sección

8.3.2019

Aprobado en el pleno

20.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

71/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE considera que la política de cohesión es el pilar fundamental a la hora de acercar la UE a sus ciudadanos y de reducir tanto las disparidades entre las regiones de la UE como las desigualdades entre las personas. El CESE considera a todas luces inaceptable la propuesta de reducir el presupuesto de la política de cohesión para el período 2021-2027.

1.2.

El CESE opina que se necesita una nueva estrategia europea ambiciosa y clara que se ajuste a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y a sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cuenta con un potente mecanismo de coordinación que puede garantizar firmemente la continuidad entre los distintos ciclos políticos. La política de cohesión debe ser una parte integral de esta ambiciosa estrategia y, por lo tanto, la propia política de cohesión debe desarrollarse de tal manera que disponga de las herramientas necesarias para abordar los retos del futuro, tales como el cambio climático, la adopción de nuevas tecnologías, la consecución de un nivel más elevado de competitividad y la gestión de la transición hacia el desarrollo sostenible, sin dejar de crear empleo de calidad.

1.3.

Aunque llevemos a cabo un esfuerzo muy necesario para garantizar el futuro de la política de cohesión, es importante que no olvidemos los retos actuales, que siguen teniendo un gran impacto en la sociedad. Aquí nos referimos específicamente a retos sociales como la marginalización y discriminación de minorías y grupos étnicos específicos o la violencia doméstica, retos económicos como el acceso a la financiación y la mejora de las capacidades, y retos medioambientales como la reducción de la contaminación atmosférica y la gestión de los residuos.

1.4.

La política de cohesión de la UE debe dotarse de un enfoque territorial sólido, orientado a capacitar a cada región proporcionándole las herramientas necesarias para reforzar su competitividad de un modo sostenible. El CESE sostiene que todas las regiones deben poder optar a la financiación. Por otro lado, el CESE ha de manifestar inequívocamente su decepción por el debilitamiento de la dinámica transfronteriza en el marco de la política de cohesión.

1.5.

Si Europa ha de avanzar hacia el siguiente nivel de desarrollo económico, la política de cohesión debe adoptar cada vez más un enfoque diferenciado por regiones al abordar inversiones y respuestas políticas. El CESE cree que esto podría contribuir a un enfoque mejor ajustado a la medida de cada territorio, que apoyaría al mismo tiempo el desarrollo de las zonas más aisladas y escasamente pobladas (regiones con escasa densidad de población, insulares, de montaña, etc.), así como el de las zonas urbanas funcionales «populares»y, sin embargo, problemáticas en su desarrollo.

1.6.

El CESE acoge con satisfacción la mayor vinculación con el Semestre Europeo y también pide la integración con las recomendaciones específicas por país como un medio para fomentar las reformas estructurales. El CESE también espera una mayor vinculación entre la estrategia de inversión a nivel europeo y la de los Estados miembros. Es importante que los fondos no sustituyan la labor de los Estados miembros, sino que la complementen. También es esencial que los Estados miembros consideren llevar adelante proyectos que hayan demostrado tener éxito.

1.7.

El CESE considera que el paquete normativo debe ser mucho más simple y evitar la microgestión de los fondos. Debería diferenciarse en cuanto a los procedimientos burocráticos para programas operativos considerados de un tamaño relativamente menor respecto de programas mucho más grandes. A la vez que solicita a los Estados miembros que promuevan la posibilidad que ofrecen los propios marcos legislativos del procedimiento simplificado con vistas a acceder a fondos para pequeños proyectos, el CESE animaría a la Comisión a examinar otras posibilidades que pudieran facilitar la participación de agentes más pequeños.

1.8.

El CESE apoya el uso de instrumentos financieros, pero pide a la Comisión que se asegure de que, al diseñar dichos instrumentos, se lleve a cabo un control de adecuación que garantice que los instrumentos sean apropiados para todos los Estados miembros y que puedan ser utilizados por pymes y ONG.

1.9.

Uno de los principales problemas que afectan a la política de cohesión es la falta de comunicación eficaz. El CESE pide a la Comisión que siga llevando a cabo una revisión de las actuales obligaciones de publicidad y que las mejore considerablemente teniendo en cuenta los nuevos canales de comunicación digital.

1.10.

Ya es hora de que tanto la Comisión como los Estados miembros se dejen de palabrería en cuanto al aspecto de colaboración y realmente se dediquen a garantizar que exista una participación sólida y significativa de la sociedad civil en todas las etapas del diseño y de la aplicación de la política de cohesión. Esto hay que llevarlo a cabo basándose en las buenas experiencias de asociación que hemos adquirido a nivel local.

1.11.

El CESE destaca que, a nivel de la UE, no se contempla ninguna participación estructurada de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de seguimiento de la aplicación de la política de cohesión. Por lo tanto, recomienda encarecidamente que la Comisión cree un foro europeo de la sociedad civil en favor de la cohesión con la participación de los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas. Este foro permitirá a la Comisión consultar cada año a los interlocutores sociales y las OSC sobre el estado de aplicación de la política de cohesión en todos los ciclos de programación.

2.   Observaciones generales

2.1.

La misión de la política de cohesión de la UE, según se establece en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (1) es reforzar la cohesión económica, social y territorial reduciendo las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones. Este mandato debe mantenerse en el núcleo de todas las acciones realizadas en el ámbito de la política de cohesión y debe ser reforzado por la Comisión con las autoridades de los Estados miembros responsables de la aplicación de la política de cohesión.

2.2.

Los futuros cambios que la sociedad está empezando a experimentar como consecuencia de la globalización y de las tecnologías nuevas y futuras exigen un proceso de adaptación que pocos países han comenzado a abordar en profundidad. Es importante que gestionemos la transición hacia los nuevos modelos económicos basados en estas tecnologías nuevas y futuras. El CESE opina que la política de cohesión dispone de medios para ayudar a abordar los nuevos desafíos emergentes y considera que es uno de los pilares fundamentales para acercar la UE a sus ciudadanos y para reducir las disparidades entre regiones de la UE, así como la desigualdad entre las personas.

2.3.

El presupuesto de la UE es una pequeña parte del gasto público total en la UE, y representa menos del 1 % de los ingresos y solo alrededor de un 2 % del gasto público de los veintiocho Estados miembros de la UE. Durante el período 2014-2020, el presupuesto de la UE equivale al 0,98 % de la renta nacional bruta de la UE. La proporción que ocupa la política de cohesión en el presupuesto total de la UE ha rondado el 35 % durante este período (2).

2.4.

El CESE considera a todas luces inaceptable la propuesta de reducir el presupuesto de la política de cohesión para el período 2021-2027. La política de cohesión es una de las más concretas de la UE y es una política que puede tener una incidencia directa e importante en la vida de los ciudadanos. No podemos pedir a la ciudadanía un mayor apoyo a Europa mientras, al mismo tiempo, reducimos el presupuesto de una política tan importante. No obstante, es de capital importancia que estas inversiones no sustituyan los esfuerzos de los Estados miembros, sino que los complementen tanto a escala nacional como regional.

2.5.

De acuerdo con llamamientos similares del Parlamento Europeo, el CESE pide a la Comisión que presente e impulse una agenda para una política de cohesión sólida y eficaz después de 2020 (3).

2.6.

Al mismo tiempo, el CESE pide a los Estados miembros que trabajen para acordar un sistema más amplio de recursos propios de la UE al objeto de garantizar que el presupuesto de la UE cuente con recursos adecuados para hacer frente a sus amplios desafíos en el futuro.

2.7.

Aunque, desde un punto de vista general, la política de cohesión tiene un presupuesto relativamente pequeño, ha quedado demostrado que aporta un claro valor añadido. En el período comprendido entre 2014 y 2020, la política de cohesión movilizó más de 480 000 millones EUR en inversiones, que deberían dar lugar, por ejemplo, a que más de un millón de empresas reciba ayudas, a que 42 millones de ciudadanos dispongan de acceso a mejores servicios sanitarios, a que veinticinco millones se beneficien de prevención de inundaciones e incendios, a que casi diecisiete millones adicionales de ciudadanos de la UE estén conectados a instalaciones de tratamiento de aguas residuales, a que quince millones de hogares adicionales cuenten con acceso a banda ancha y a que se creen más de 420 000 nuevos puestos de trabajo. Asimismo, cinco millones de europeos se beneficiarán de programas de formación y aprendizaje permanente y 6,6 millones de niños tendrán acceso a escuelas y servicios de atención infantil nuevos y modernos. El CESE considera que la política de cohesión debe fundamentarse en aquellos ejemplos locales que se hayan saldado con un éxito de participación ciudadana.

2.8.

Además, en una serie de Estados miembros la política de cohesión ha demostrado ser la principal fuente de inversión pública (4). Los efectos indirectos de la política de cohesión, resultantes de las mejoras obtenidas para el cumplimiento de sus requisitos (por ejemplo, en términos de transparencia, rendición de cuentas e igualdad de oportunidades), también han beneficiado notablemente a los europeos.

2.9.

No obstante, aunque Europa ha logrado avanzar mucho en cuanto al desarrollo y prosecución de su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial, según se establece en el TFUE, aún tiene un largo camino que recorrer para alcanzar un desarrollo general armonizado.

2.10.

Tras la crisis económica, Europa ha conseguido volver a experimentar un crecimiento económico, especialmente en países de renta baja, y las disparidades regionales finalmente se están reduciendo en términos de PIB per cápita (5). Sin embargo, las diferencias entre las regiones siguen siendo amplias, y en algunos casos incluso están aumentando. La productividad es mayor en los países más desarrollados, y su resiliencia y capacidad para competir en mundo globalizado son mucho mayores que las de los Estados miembros menos desarrollados. Esta situación da lugar a diferencias en el contexto social de la población, como mayores niveles de pobreza, el número y la situación de las personas en riesgo de exclusión o el acceso a protección social y educación de calidad, entre otros aspectos.

2.10.1.

Por lo tanto, con el fin de reducir aún más las disparidades económicas y sociales, el CESE opina que la política de cohesión debe seguir invirtiendo en innovación, empleo, inclusión social, medio ambiente, educación inclusiva, programas de salud e infraestructuras sanitarias, tecnología de vanguardia y accesible, y redes e infraestructuras de transporte eficientes, y todo ello al objeto de mejorar el acceso universal al mercado laboral y crear un mercado único que impulse el crecimiento, la productividad y la especialización en ámbitos de ventaja comparativa en todas las regiones.

2.10.2.

En un mundo globalizado, las empresas tienen que competir con compañías procedentes de ubicaciones de bajo coste, así como con otras altamente innovadoras. La UE debe apoyar reformas que promuevan un entorno favorable a la inversión en el que las empresas puedan crecer y prosperar al tiempo que los ciudadanos se benefician de mejores condiciones laborales. Los fondos de cohesión deben ser utilizados para ofrecer un mejor marco para las empresas emergentes, los emprendedores y las pymes innovadoras y para apoyar a las empresas familiares de un modo más eficaz (6), además de promover la diversidad (género, personas con discapacidad, minorías étnicas, etc.) con el objetivo de mejorar la competitividad y el compromiso con la responsabilidad social.

2.11.

Aún hay muchos ámbitos relacionados con los objetivos medioambientales (usar menos energía y más limpia, desarrollar infraestructuras más eficientes, reducir la contaminación, etc.), las cuestiones de seguridad transfronteriza, la educación, la inclusión social, la accesibilidad para las personas con discapacidad, el transporte, los servicios públicos y otros obstáculos a la libre circulación de bienes, servicios, personas y capital que se beneficiarían de una cohesión territorial más sólida.

2.11.1.

Este es el motivo por el que el CESE considera que todas las regiones deben poder optar a la financiación. Dotada de un sólido enfoque territorial, la política de cohesión de la UE debe ser una parte integrante de la estrategia de inversión europea orientada a capacitar a cada región proporcionándole las herramientas necesarias para reforzar su competitividad. Debe conducir a una transformación económica y estructural que garantice una base resiliente en todas las regiones y que se sustente en los puntos fuertes de cada una de ellas (7).

2.12.

En el corazón de la construcción de un espacio europeo común, la cooperación territorial europea (Interreg), con todos sus componentes transfronterizos, transnacionales, interregionales y de apertura a los países vecinos, constituye el pilar de la integración europea: contribuye a que las fronteras no se transformen en barreras, acerca a los europeos, ayuda a resolver problemas comunes, facilita la puesta en común de ideas y activos y fomenta iniciativas estratégicas en pos de objetivos comunes (8). Por este motivo, el CESE considera esencial que los Estados miembros sigan adoptando medidas conjuntas e intercambiando prácticas y estrategias.

2.12.1.

El CESE lamenta (9), no obstante, que la política de cohesión aún no ofrezca soluciones exhaustivas para los retos a los que se enfrentan las zonas específicas con desventajas estructurales y permanentes (regiones con escasa densidad de población, insulares, de montaña, etc.) mencionadas en el artículo 174 del TFUE. El CESE opina que se ha de desarrollar un nuevo mecanismo que permita a estas regiones abordar eficazmente sus complejos desafíos específicos. Esta no puede seguir siendo una competencia exclusiva de las autoridades nacionales. Así pues, el CESE considera que la política de cohesión debe fomentar la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros y sus partes interesadas a nivel regional y local en la forma en que se aborden sus territorios específicos.

2.13.

La prioridad de la UE respecto de las regiones escasamente pobladas y las regiones ultraperiféricas debe consistir en reforzar los vínculos que las unen al continente europeo y el sentimiento de pertenencia de sus ciudadanos al proyecto europeo. A pesar de que la situación presupuestaria es extremadamente difícil, no debe recortarse el apoyo específico a las regiones escasamente pobladas y a las regiones ultraperiféricas. Estas regiones deben tener acceso a recursos financieros adecuados que les permitan alcanzar los objetivos europeos comunes y compensar los efectos de las desventajas que suponen, entre otros aspectos, su alejamiento (10) o su extremadamente escasa densidad de población. Así pues, es necesario incluir los factores demográficos y geográficos a la hora de calcular y decidir los requisitos de distribución de los fondos («método de Berlín») y de concentración temática, así como las cuotas de cofinanciación ((1) regiones más desarrolladas, (2) de transición y (3) menos desarrolladas). La inclusión de estos factores podría compensar a las zonas menos densamente pobladas y las regiones ultraperiféricas desfavorecidas mediante un volumen adecuado de financiación y una orientación flexible de las inversiones.

2.14.

Más de la mitad de la población mundial vive en la actualidad en zonas urbanas, y se prevé que esta cifra aumente hasta el 70 % de aquí a 2050 (11). Aunque la actividad económica de estas zonas es muy elevada, es fundamental que ofrezcan un entorno de vida sostenible y de alta calidad a sus ciudadanos. Por lo tanto, el CESE opina que deberían seguir recibiendo atención en el marco de la política de cohesión pero también insta a su desarrollo en conexión con su contexto físico (desarrollo policéntrico, vínculos entre zonas urbanas y rurales, etc.).

3.   Una visión más sólida en un marco más claro, más flexible y más eficiente

3.1.

El CESE considera que se necesita una nueva estrategia europea ambiciosa y clara que se ajuste a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y a sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como a los demás compromisos internacionales de la UE, como los acuerdos internacionales (por ejemplo, los Acuerdos de París) y las Convenciones de las Naciones Unidas (por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad), y que cuente con un potente mecanismo de coordinación que pueda garantizar firmemente la continuidad entre los distintos ciclos políticos. En este sentido, el CESE acoge con gran satisfacción el nuevo documento de reflexión de la Comisión sobre una Europa más sostenible en 2030, que abre el debate en esta dirección.

3.2.

La política de cohesión debe ser una parte integral de esta ambiciosa estrategia y, por lo tanto, la propia política de cohesión debe desarrollarse de tal manera que se garantice su futuro, es decir, una política que disponga de las herramientas necesarias para abordar los retos del futuro, tales como el cambio climático, la adopción de nuevas tecnologías, la consecución del desarrollo sostenible y la creación de empleo de calidad.

3.3.

En línea con el afán por garantizar el futuro de la política de cohesión, el CESE pide al Consejo y el Parlamento que insistan en su esfuerzo por seguir revisando el sistema de asignación de fondos en el marco de la política de cohesión, específicamente teniendo en cuenta otros criterios (más allá del PIB). Estos criterios deberían guardar relación con cuestiones tales como la desigualdad, la migración, el desempleo y el desempleo juvenil, la competitividad, el cambio climático, las condiciones laborales y la demografía.

3.4.

Aunque llevemos a cabo un esfuerzo muy necesario para garantizar el futuro de la política de cohesión, es importante que no olvidemos los retos actuales, que siguen teniendo un gran impacto en la sociedad. Aquí nos referimos específicamente a retos sociales como la marginalización y discriminación de minorías y grupos étnicos específicos o la violencia doméstica, retos económicos como el acceso a la financiación y la mejora de las capacidades, y retos medioambientales como la reducción de la contaminación atmosférica y la gestión de los residuos.

3.5.

Con objeto de mejorar la planificación y gestión estratégicas de la Unión, durante el desarrollo de la estrategia anteriormente mencionada, el CESE también invita a la Comisión a integrar los diferentes elementos estratégicos abordados por la Agenda Territorial (12) y la Carta de Leipzig (13), actualmente en proceso de renovación coordinada por la futura Presidencia alemana del Consejo de la UE.

4.   Una ejecución integrada y coordinada

4.1.

El CESE considera que Europa (no solo a nivel de la Unión, sino también con y dentro de los Estados miembros) debe trabajar para aclarar y simplificar sus competencias administrativas, porque así es como se pueden determinar responsabilidades y realizar un seguimiento más eficiente de las mismas. Una vez hecho esto, las administraciones europeas han de reforzar su cooperación y capacidad.

4.1.1.

En este sentido, el CESE acoge con satisfacción la mayor vinculación con el Semestre Europeo (14) y también pide la integración con las recomendaciones específicas por país como un medio para fomentar las reformas estructurales. El CESE se muestra de acuerdo en que también es importante garantizar la plena complementariedad y coordinación con el nuevo y mejorado programa de apoyo a las reformas. El CESE insiste en la necesidad de un mecanismo mejorado de gobernanza que implique también al nivel regional.

4.2.

Europa debe trabajar en pos de la creación de un marco más simple, más flexible y más eficaz para la aplicación de su política de cohesión. Uno de los siguientes objetivos de la UE debe ser que sus diferentes fondos de la política de cohesión (agrícola, social, regional, etc.) se rijan por un conjunto único de normas que fomente firmemente la inversión integrada ofreciendo soluciones simples. Asimismo, el CESE aboga por una mayor sinergia con otros programas e instrumentos de financiación como Horizonte 2020, el Mecanismo «Conectar Europa», etc.

4.3.

Abordar de forma integrada los diferentes aspectos de algunos de los retos más importantes (a nivel social, medioambiental, económico, etc.) refleja con mayor precisión las necesidades de la realidad. El CESE anima a los Estados miembros a que elaboren y apliquen programas plurifondos.

4.4.

Asimismo, opina que es fundamental adoptar un enfoque de base local. El CESE también hace hincapié en que el enfoque que debe fomentarse y reforzarse es el de implicar a los interlocutores de ámbito local para determinar su potencial y sus necesidades e iniciar acciones en las que colaboren todos los agentes a nivel local a fin de satisfacer las necesidades específicas que se hayan establecido. Como ha señalado correctamente la Comisión, no se puede avanzar al siguiente nivel de desarrollo económico mediante una política válida para todos, sino que se necesitan inversiones y respuestas políticas diferenciadas regionalmente (15).

4.5.

El CESE pide que los factores sociales (como los niveles de desigualdad, la pobreza, la migración, los niveles educativos, etc.) se tengan en cuenta a la hora de calcular las cuotas de cofinanciación y los requisitos de concentración temática de las regiones más desarrolladas y en transición. Tener presentes estos factores en cada proyecto permitiría invertir en acciones en favor de las personas más vulnerables (como las personas con discapacidad, los migrantes o los menores no acompañados) que, con una presencia desproporcionada en las ciudades y regiones más desarrolladas de la UE, no pueden optar o han de hacer frente a cuotas de cofinanciación excesivamente elevadas.

4.6.

El CESE considera esencial que estén mejor conectadas las diferentes iniciativas relacionadas con la política de cohesión (estrategias y programas) de los diferentes niveles territoriales, tanto de forma horizontal (por ejemplo, las estrategias macrorregionales con los programas transnacionales) como de forma vertical (entre los diferentes niveles territoriales).

4.7.

Si hemos de seguir aplicando la política de cohesión principalmente por medio de diferentes proyectos, también debemos simplificar la preparación del entorno legal en el que estos se aplican. De acuerdo con las conclusiones del Grupo de Alto Nivel sobre la Simplificación después de 2020 (16), el CESE considera que el paquete normativo debe ser mucho más simple y evitar la microgestión de los fondos. Si bien reconoce que puede existir la tentación de aumentar la eficiencia por medio de una gestión más centralizada, el CESE pide a la Comisión que se resista a esta tentación y que ofrezca las herramientas necesarias para gestionar más fondos de un modo descentralizado.

4.8.

Cabe señalar que es posible que la capacidad administrativa —en particular de las regiones y Estados miembros más pequeños— sufra una gran presión durante las fases iniciales de los períodos de programación. El CESE piensa que es vital reducir de forma considerable la carga administrativa innecesaria que recae en los beneficiarios (desde la solicitud de un proyecto hasta su fase final) garantizando, a la vez, un elevado nivel de legalidad y regularidad.

4.9.

La experiencia ha demostrado que con mucha frecuencia los proyectos pequeños (por debajo de 100 000 EUR) pueden tener un gran impacto entre los grupos más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, también se da a menudo el caso de que precisamente estos mismos grupos se enfrentan a dificultades considerables para acceder a tales fondos. Ateniéndose a todo ello, el CESE solicita a los Estados miembros que promuevan la posibilidad que ofrecen los propios marcos legislativos del procedimiento simplificado para acceder a fondos para proyectos pequeños, al tiempo que anima a la Comisión a examinar otras posibilidades que pudieran facilitar la participación de agentes más pequeños.

4.10.

El CESE hace referencia al aumento del uso de instrumentos financieros como herramienta para la aplicación de la política de cohesión. Aunque apoya este uso, el Comité pide a la Comisión que se asegure de que, al diseñar dichos instrumentos, se lleve a cabo un control de adecuación que garantice: 1) que los instrumentos sean adecuados para todos los Estados miembros y 2) que sean adecuados para pymes y ONG. Cuando surjan situaciones en las que exista una falta de adecuación deberán adoptarse medidas alternativas o compensatorias que garanticen que ningún Estado miembro o entidad quede en desventaja.

4.11.

Con el fin de aumentar la calidad de ciertos aspectos de la aplicación (como la comercialización, las posibilidades técnicas para la celebración de eventos, etc.), el CESE considera que el sector público debería consultar a la sociedad civil y al sector privado para aprovechar su experiencia práctica durante la preparación. Podría ser un error esperar que el personal de la administración pública generalista comprendiera todos los aspectos que hacen que un «producto»sea popular y útil.

4.12.

El CESE opina que deben adoptarse medidas adicionales en relación con la armonización de los indicadores a nivel europeo. Es fundamental desarrollar un sistema de seguimiento que presente resultados complejos de un modo fácilmente accesible tanto para los responsables de la toma de decisiones como para la sociedad en su conjunto.

4.13.

El futuro de la política de cohesión también debería apoyar nuevas formas de integrar el emprendimiento empresarial y los impactos positivos a nivel social o medioambiental. En este sentido, aumentar el apoyo al desarrollo de la economía social es fundamental para la Unión Europea.

5.   Una comunicación general más eficaz

5.1.

Uno de los principales problemas en relación con la política de cohesión es la falta de comunicación eficaz que rodea con demasiada frecuencia a los proyectos financiados por la misma política. Aunque reconoce las diferentes directrices de comunicación establecidas por la Comisión, es evidente que estas directrices no son, en absoluto, suficientes. Es frecuente que apenas se conozca, o que se desconozca, que ciertos proyectos han sido ejecutados o que, de hecho, dichos proyectos están financiados por la UE. Esto tiene como resultado que apenas se valore la política de cohesión, si es que se valora. El CESE pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos de revisión de las actuales obligaciones de publicidad y que las mejore considerablemente teniendo en cuenta los nuevos canales de comunicación digital. Se debe hacer un uso más enérgico de los proyectos de mejores prácticas como ejemplos pragmáticos para fomentar una mayor y mejor ejecución de los fondos.

5.2.

Es necesario mejorar la forma de medir el impacto de la política de cohesión en ciertos ámbitos, como la inclusión social, la calidad de vida y las condiciones laborales de los ciudadanos, el aumento de la competitividad de las empresas o la mejora de los servicios de administración pública. Dicho impacto debe ser comunicado a los ciudadanos de la UE de forma que estos puedan ser conscientes de los éxitos y fracasos de esta política.

5.3.

El CESE pide a la Comisión que elabore un plan estratégico de comunicación en colaboración con todos los socios interesados, incluidas las organizaciones que representan a las personas con discapacidad. El CESE considera también que la comunicación de las mejores prácticas ha de ser de fácil acceso.

6.   Garantizar la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas

6.1.

El CESE reitera la importancia de la gobernanza multinivel, reforzando la participación estructural de las organizaciones de la sociedad civil y de otras partes interesadas en el proceso de programación, ejecución, evaluación y seguimiento de la utilización de los fondos. Ya es hora de que tanto la Comisión como los Estados miembros se dejen de palabrería en este aspecto y se dediquen verdaderamente a garantizar que existe una participación sólida y significativa de la sociedad civil en todas las etapas del diseño y de la aplicación de la política de cohesión. Esto conllevará una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades nacionales, así como un uso más eficaz y significativo de los fondos.

6.2.

Por lo que respecta al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones, el CESE pide que se revise y actualice consultando directamente a las organizaciones de la sociedad civil y a otras partes interesadas. También solicita que el Código de Conducta sea vinculante. El CESE considera que el Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones debe respetarse plenamente en todos los niveles y reforzarse con garantías y medidas sólidas que aseguren su plena aplicación.

6.3.

El CESE está convencido de que el enfoque del desarrollo local participativo podría ofrecer muchas ventajas y cosechar grandes éxitos como un instrumento europeo que permitiera un desarrollo local integrado y la participación de los ciudadanos y de sus organizaciones sobre el terreno (17).

6.4.

Con el fin de mejorar las capacidades y aumentar la eficacia de la colaboración, el CESE pide medidas de desarrollo de capacidades y asistencia técnica para las autoridades urbanas y otros entes públicos, los socios económicos y sociales, la sociedad civil, las organizaciones y organismos pertinentes que los representen, los socios medioambientales y los organismos responsables de promover la inclusión social, los derechos fundamentales, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas con enfermedades crónicas, la igualdad de género y la no discriminación. El Comité desearía igualmente que existiera un mecanismo de consulta anual con los socios pertinentes.

6.5.

Dado que las pequeñas empresas, las microempresas y las organizaciones de la sociedad civil pueden tener dificultades para beneficiarse de las oportunidades que ofrecen los fondos europeos en general, el CESE pide una vez más que se ofrezca un apoyo consistente y considerable a aquellas acciones que refuercen su acceso a la información, les proporcionen orientación y asesoramiento y aumenten su capacidad de intervención. Todo ello debería llevarse a cabo teniendo también en cuenta las necesidades específicas de las personas más vulnerables.

Bruselas, 20 de marzo de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(2)  COM(2017) 358 final, Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE.

(3)  Véase el informe del Parlamento Europeo.

(4)  COM(2017) 358 final, Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE.

(5)  Mi región, mi Europa, nuestro futuro: Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial.

(6)  DO C 81 de 2.3.2018, p. 1.

(7)  https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/ecofin/2017-06-09_eu_cohesion_policy.pdf.

(8)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 116.

(9)  DO C 209 de 30.6.2017, p. 9.

(10)  DO C 161 de 6.6.2013, p. 52.

(11)  http://www.un.org/en/development/desa/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html.

(12)  https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2011/territorial-agenda-of-the-european-union-2020

(13)  https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf

(14)  https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-02-17-362-en-n.pdf y https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-01-14-110-en-c.pdf.

(15)  Comisión Europea (2017), Competitiveness in low-income and low-growth regions: The lagging regions report (Competitividad en regiones de renta baja y escaso crecimiento: el informe sobre las regiones menos desarrolladas), documento de trabajo de los servicios de la Comisión, SWD(2017) 132 final, Bruselas, 10.4.2017.

(16)  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals.pdf.

(17)  https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/advantages-community-led-local-development-clld-approach.


5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/57


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El futuro de la UE: ventajas para los ciudadanos y respeto a los valores europeos»

(Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia rumana del Consejo de la Unión Europea)

(2019/C 228/08)

Ponente: Mihai IVAȘCU

Coponente: Stéphane BUFFETAUT

Consulta

Presidencia rumana del Consejo, 20.9.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Subcomité competente

Subcomité sobre el Futuro de la UE: Ventajas para los Ciudadanos y Respeto a los Valores Europeos

Aprobado en el pleno

20.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

147/6/9

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Más de sesenta años después de la firma del Tratado de Roma, los Estados miembros tienen previsto adoptar en mayo de 2019, en la ciudad de Sibiu, una posición política sobre el futuro de la UE.

1.2.

La dignidad humana y los derechos humanos, la democracia, la libertad, la justicia social, la igualdad, la separación de poderes y el Estado de Derecho son los valores sobre los que se ha construido la UE. Deben seguir siendo irrenunciables y constituir el punto de partida para la reforma de la UE y la adopción de la decisión política de Sibiu.

1.3.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea es uno de los documentos más importantes que garantizan los derechos de los ciudadanos de la UE. Las decisiones políticas importantes, como la mejora de los Tratados, deben tener en cuenta este documento e incorporarlo en el nuevo texto.

1.4.

El proyecto europeo ha propiciado el período de paz más largo de la historia del continente, ha creado una región caracterizada por una riqueza y un desarrollo social sin precedentes, ha facilitado la libre circulación de personas, bienes y servicios y ha establecido el mercado único más grande del mundo. Gracias a ello, los ciudadanos europeos tienen un nivel de vida significativamente mejor, gozan de un bienestar social y de más oportunidades que la mayoría de las regiones del planeta.

1.5.

Los movimientos populistas y euroescépticos a veces dan por sentados o minimizan estos y otros beneficios. Uno nunca debería olvidar lo que debemos a la UE:

la libre circulación de personas, bienes, capitales y servicios;

el mayor mercado único del mundo;

una mayor interconectividad económica y un comercio libre y fluido;

acuerdos comerciales comunes negociados desde una posición de fuerza para todos los Estados miembros;

unas prestaciones sociales mejores y de alta calidad guiadas por el pilar europeo de los derechos sociales;

un modelo social europeo;

una mayor cooperación en materia de inteligencia, asuntos militares y actividades de mantenimiento del orden;

la mejora de las normas medioambientales, una mayor calidad del aire y del agua;

la protección del derecho fundamental de los ciudadanos a la intimidad en el entorno digital;

la mejora de las normas de salud y seguridad;

la reciprocidad de los sistemas de salud en toda la Unión;

unas normas y políticas de lucha contra la discriminación, especialmente hacia las minorías y las mujeres;

oportunidades educativas extraordinarias basadas en programas de intercambio como Erasmus+;

etc.

1.6.

La Unión debe actuar para aumentar la convergencia entre regiones y Estados miembros. La convergencia al alza de las condiciones de vida y de trabajo, basada en un crecimiento sostenible, es fundamental para mejorar el funcionamiento del mercado único y para reducir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

1.7.

Los ciudadanos de la UE deben recuperar el sentimiento de que actuar a nivel europeo no significa renunciar a las políticas nacionales, sino más bien reconocer que algunos proyectos dan mejores resultados cuando las decisiones se toman en común. La igualdad de normas y de oportunidades para todos los Estados miembros y ciudadanos no debería ser negociable y, en un mundo globalizado, el método europeo debería garantizar la libertad y la soberanía.

1.8.

La adopción del euro debería ser prioritaria en la construcción de la UE, ya que la zona del euro solo podrá alcanzar su pleno potencial cuando todos los Estados miembros se hayan adherido a ella. Junto con una unión económica y monetaria sólida, la mejora del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) puede desempeñar un papel más importante en la rendición de cuentas políticas y el refuerzo de la responsabilidad presupuestaria. Además, los Estados miembros deben actuar de manera inmediata y audaz para aumentar la resiliencia de la UE en caso de que se produzca otra crisis económica y financiera.

1.9.

En un mundo que cambia continuamente, el CESE considera que es necesario invertir de manera significativa en I+D y ofrecer capacidades e infraestructuras para que la UE pueda aprovechar sus ventajas competitivas. Europa debe afrontar el reto de la reducción y el envejecimiento de su población, ya que ello repercute en la oferta de mano de obra. Sin embargo, si se quieren evitar enormes dificultades sociales y en la sociedad, las políticas de migración deberán ir acompañadas de políticas sólidas de acogida y asistencia a la integración. Para seguir siendo competitiva, la UE debe atajar la escasez de mano de obra y de cualificaciones. Europa necesita una política de migración bien gestionada, que prepare a la población activa para las cualificaciones que requieren las nuevas tecnologías, apoyando al mismo tiempo el crecimiento y el desarrollo de las empresas. Para beneficiarse plenamente de la evolución tecnológica, los trabajadores europeos deben poder contar con programas de formación, reciclaje profesional, mejora de las capacidades y aprendizaje permanente.

1.10.

En los últimos años han surgido corrientes proteccionistas y se están gestando guerras comerciales. El CESE considera que la UE debería que seguir promoviendo un comercio libre, justo y sostenible en el marco de un sistema mutilateral y unos acuerdos comerciales que respeten los derechos sociales, medioambientales y de los consumidores, apoyando al mismo tiempo el crecimiento y la evolución de las empresas. El proteccionismo no redundaría en beneficio de los ciudadanos. Además, la UE tiene que desempeñar un papel importante en la reforma de la Organización Mundial de Comercio.

1.11.

Es necesario lograr un crecimiento económico sólido junto con una dimensión social estable; el pilar europeo de derechos sociales constituye uno de los principales motores para la cohesión social. Hay que acelerar su aplicación a nivel nacional, con la participación de todas las organizaciones pertinentes de la sociedad civil. Los interlocutores sociales y demás organizaciones de la sociedad civil son agentes decisivos en el proyecto democrático europeo.

1.12.

El CESE considera que debe garantizarse a todos los ciudadanos de la UE la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato en el mercado laboral. Al tiempo que se fomenta una movilidad justa, los ciudadanos deben también tener acceso a un empleo de calidad y a unas condiciones de vida dignas allí donde habitan para evitar la fuga de cerebros y el dumping social.

1.13.

El cambio climático y las cuestiones medioambientales preocupan cada vez más a los ciudadanos de la UE. Varios dictámenes del CESE han puesto de manifiesto que Europa puede y debe cumplir los objetivos de sostenibilidad. También es esencial respetar los compromisos contraídos en los distintos acuerdos sobre el clima, la biodiversidad y el agua. En el contexto de una transición justa, la UE puede impulsar la transición ecológica salvaguardando al mismo tiempo la cohesión social y la inclusión de todos.

1.14.

El CESE considera que los programas activos que facilitan la educación de los jóvenes y su inclusión en el mercado laboral desempeñan un papel importante para el futuro de la Unión Europea. Es necesario impulsar programas como Erasmus+, a fin de dotar a los jóvenes de conocimientos, capacidades y competencias. El CESE considera que, junto a estos programas, deben desarrollarse sin demora otros programas similares que apoyen a quienes tienen menos recursos económicos. Es esencial concienciar a los ciudadanos sobre estos programas, promoviendo al mismo tiempo las ventajas directas que ofrece la condición de miembro de la UE. Además, Erasmus+, entre otros, puede y debe utilizarse en África para lograr la Garantía de la Calidad en la Educación Superior, a fin de dotar a los jóvenes de ambos continentes de conocimientos, capacidades y competencias.

1.15.

Los desafíos en materia de seguridad exterior han aumentado significativamente, aunque se perciben de manera distinta en cada uno de los Estados miembros, que asignan recursos financieros diferentes y tienen distintas opiniones sobre el uso de la fuerza militar. El CESE considera que la UE debe ofrecer una respuesta colectiva y coordinada, para demostrar a sus ciudadanos que puede ser un proveedor eficaz de seguridad. Igualmente importantes para la seguridad de los ciudadanos son las medidas que previenen la ciberdelincuencia en el nuevo entorno digital.

1.16.

La difícil situación de miles de migrantes que huyen de los conflictos y la pobreza poniendo en peligro su vida para cruzar el Mediterráneo es estremecedora. Las consecuencias políticas de esta situación dieron la impresión de que la UE no sabía cómo gestionar esta crisis. El CESE acoge favorablemente el plan de la Comisión en favor de una política de migración equilibrada, global y común que ayude a la UE a aprovechar las oportunidades que ofrece la migración y que le permita, al mismo tiempo, afrontar los desafíos que plantea.

1.17.

Los ciudadanos europeos a menudo dan por sentadas las consecuencias positivas de la pertenencia a la UE, o asocian estas ventajas a las administraciones nacionales, mientras que muchas de las dificultades se achacan a las instituciones europeas. El CESE considera que esto se debe a la comunicación insuficiente sobre lo que ofrece la adhesión a la UE a sus ciudadanos, por lo que tanto la UE como los Estados miembros deberían hacer un esfuerzo mucho mayor para comunicar mejor sobre las políticas, metas y objetivos europeos.

1.18.

El camino a seguir requiere invertir más fondos en la comunicación y, al mismo tiempo, utilizar todos los canales disponibles: europeos y de los Estados miembros, pero también los interlocutores sociales y otros órganos representativos de la sociedad civil organizada. Los ciudadanos siempre deben estar informados sobre las ventajas que implica su pertenencia a la UE, sin perder de vista al mismo tiempo cómo era la vida sin la Unión: guerra, conflicto y dificultades económicas.

1.19.

Para acercarse a sus ciudadanos, la UE debe escuchar continuamente y comprender cuáles son las expectativas fundamentales de los europeos e intentar responder a ellas en consecuencia. Por ello, el CESE considera que deben promoverse y utilizarse con la mayor frecuencia posible la comunicación, las plataformas de cooperación y las consultas públicas, con la participación de todos los Estados miembros.

1.20.

La lucha contra las noticias falsas supone un importante desafío en un mundo en el que la desinformación, la información errónea y la información falsa son cada vez más frecuentes. Por consiguiente, el CESE pide que se adopten medidas comunes y firmes para reforzar la capacidad de análisis de los ciudadanos, protegiendo la libertad de expresión, evitando la divulgación de noticias falsas y desarrollando herramientas de comprobación y verificación de datos.

2.   Introducción

2.1.

El artículo 3 del Tratado de la Unión Europea dispone que la «Unión Europea tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos». La Unión Europea comenzó como un proyecto cuyo objetivo era garantizar la paz y que ha evolucionado hasta convertirse en el mercado único más grande del mundo, con libre circulación de capitales, productos, servicios y, lo que es más importante, de sus ciudadanos. Este sueño ha tomado forma surgiendo de las cenizas de dos guerras mundiales y ha garantizado el desarrollo en todo el continente, lo que ha dado lugar al período de paz más prolongado de su historia.

2.2.

Ahora, en 2019, en un año de elecciones europeas y cambios cruciales para la Unión, todos los agentes europeos deben mostrar su determinación de garantizar la unidad, la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos defendiendo la democracia, los derechos humanos, la separación de poderes, el Estado de Derecho y el modelo social europeo (1).

2.3.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2) consagra determinados derechos políticos, sociales y económicos para los ciudadanos de toda la Unión. Ratificada en el año 2000, ha añadido un importante elemento omitido hasta entonces por los Tratados: la obligación de que la UE actúe y legisle con arreglo a los derechos y valores de la Carta, tal como se recogen en sus siete capítulos: Dignidad, Libertades, Igualdad, Solidaridad, Ciudadanía, Justicia y Disposiciones Generales.

2.4.

Aunque las ventajas para los ciudadanos europeos son manifiestas, por desgracia algunos parecen desconocerlas o incluso cuestionarlas, y en los últimos años han aumentado las tensiones en los Estados miembros y han surgido distintos puntos de vista sobre el camino a seguir. Obviamente, esto ha suscitado preguntas como: ¿cuál debería ser el futuro de la Unión Europea? ¿Deberíamos hacer más o menos juntos? ¿Dónde debería situarse el punto de equilibrio entre los distintos proyectos de cooperación que los Estados miembros están dispuestos a aceptar? Distintas fuerzas políticas, también en el seno de los Estados miembros que crearon la UE, están cuestionando la dirección, la gobernanza e incluso el principio de integración europea.

2.5.

Este punto de inflexión político coincide con la mayor confianza en la UE (3) tras un largo período de desconfianza en la forma en que las instituciones europeas hacen las cosas. Los desafíos recientes, ya sean la crisis financiera o la crisis de la zona del euro, la situación de la migración o el Brexit, han demostrado lo vulnerables que son las instituciones de la UE a los ataques injustificados. Los movimientos euroescépticos han explotado los acontecimientos recientes para impulsar su agenda, independientemente de la responsabilidad o no de la UE en la situación. Los partidos políticos populistas que han llegado al poder en varios Estados miembros cuestionan los beneficios de la UE o difunden desinformación sobre la Unión.

3.   Ventajas para los ciudadanos europeos

3.1.

La interconectividad económica, la mayor cooperación social y política y la libre circulación han disipado el fantasma de la guerra en Europa, que ahora disfruta del más largo período de paz de la historia del continente.

3.2.

El mercado único europeo ha permitido el comercio libre y sin fricciones entre los Estados miembros, contribuyendo a generar riqueza económica, prosperidad y algunos de los niveles de vida más altos del mundo. Sin embardo, esto no ha eliminado las desigualdades sociales y territoriales.

3.3.

Como un único negociador económico, la UE se ha convertido en un actor muy influyente en la escena internacional al ser capaz de negociar acuerdos comerciales estratégicos e influir en la política económica a nivel mundial. Se crean empleos gracias al aumento de la conectividad y a la reducción de los costes operativos para las empresas.

3.4.

La libertad de circulación de los ciudadanos en toda la Unión ha contribuido a eliminar la desconfianza entre naciones y ha dado lugar a innumerables oportunidades educativas y profesionales. Un ciudadano puede trabajar, vivir o jubilarse en cualquiera de los Estados miembros. No es extraño, por ejemplo, encontrarse con un ciudadano rumano que ha estudiado en el Reino Unido, trabaja en Bélgica y vive en los Países Bajos.

3.5.

Los ciudadanos también se benefician de la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, ya que las naciones europeas cuentan con una forma de protección mutua. La UE ofrece un nivel de seguridad que permite a los servicios locales de inteligencia y a las autoridades policiales acceder a un mejor intercambio de datos y recursos.

3.6.

Desde su concepción, la UE en todas sus formas ha obrado por mejorar el medio ambiente. Por ejemplo, la calidad del aire y el agua en todo el continente ha mejorado considerablemente desde la década de 1950 gracias a la coordinación de los esfuerzos y de las normas a nivel de la Unión.

3.7.

En la actual era digital, el nivel de protección de la privacidad en la UE es muy elevado, gracias a la reciente adopción del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Este Reglamento, que protege el derecho fundamental de los ciudadanos a la privacidad, es una de las normas de protección de datos más sólidas del mundo.

3.8.

La UE cuenta con uno de los regímenes de seguridad de los productos y los alimentos más estrictos del mundo. Las autoridades nacionales informan sobre los productos peligrosos que se encuentran en el mercado a través del sistema de alerta rápida para productos peligrosos no alimenticios. La UE también ha asumido el compromiso de detectar los productos inseguros antes de que se vendan a los consumidores. En la UE, los empresarios deben garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores en todos los aspectos de su trabajo.

3.9.

Los ciudadanos de la UE se benefician de la reciprocidad en la asistencia sanitaria cuando se encuentran en cualquiera de los Estados miembros de la UE. Estos derechos se aplican tanto si viajan temporalmente de vacaciones o estudian en el extranjero, si residen de forma permanente en otro país de la UE o si viajan a otro Estado miembro de la UE específicamente para recibir tratamiento médico.

3.10.

Todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a votar y a presentarse a las elecciones al Parlamento Europeo y a las elecciones municipales en el país de la UE en el que residen, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho país. Además, los ciudadanos de la UE tienen derecho a ser contratados en las mismas condiciones que los nacionales del país en el que buscan trabajo y no se les puede pedir que cumplan ningún requisito adicional.

3.11.

Todo ciudadano de la UE puede, rápida y sencillamente, registrar una empresa y abrir una sucursal de una empresa existente con sede en la UE en cualquier país de la UE, así como en Islandia, Noruega o Liechtenstein. Existen muchos fondos e iniciativas diferentes de la UE disponibles para apoyar a las empresas de nueva creación y a las pymes.

3.12.

El modelo social europeo contribuye a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de una gran parte de la población de la UE, y con la reciente introducción del pilar europeo de los derechos sociales se pretende seguir mejorando esta situación.

3.13.

La UE está a la vanguardia de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres respecto de la independencia económica. La Unión se esfuerza continuamente por avanzar en el ámbito de la igualdad de género, acabar con las diferencias salariales y establecer normas y políticas eficaces contra la discriminación.

3.14.

El proceso de adhesión a la UE y la perspectiva de unirse a la Unión han impulsado la formación de economías de mercado viables, han mejorado las normas sociales y han propiciado unas instituciones democráticas estables en Europa.

3.15.

Los ciudadanos de la UE pueden acogerse a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro cuando se encuentren en un país no perteneciente a la UE en el que su propio Estado nacional no tenga representación. Este derecho está consagrado en el artículo 46 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Solo hay tres países en los que todos los Estados miembros están representados diplomáticamente: los Estados Unidos, China y Rusia. En una situación de emergencia, los Estados miembros de la UE deben ayudar a los ciudadanos europeos a evacuar como si fueran sus propios nacionales. La protección también cubre situaciones cotidianas, como el robo de un pasaporte, un accidente grave o una enfermedad.

3.16.

La Unión Europea apoya decididamente la educación. El programa de intercambio Erasmus+, conocido en todo el mundo, ofrece a estudiantes y académicos la oportunidad de mejorar sus competencias y oportunidades de empleo experimentando la vida académica en un país diferente, una ventaja de la que se han beneficiado ya más de tres millones de personas desde 2014. Además, el intercambio de ideas y culturas une a las personas, contribuyendo a configurar la identidad europea.

4.   Valores europeos y derechos fundamentales

4.1.

El CESE cree que, para proteger mejor los intereses de los ciudadanos, toda reforma de los Tratados debe incorporar el texto de la Carta de los Derechos Fundamentales y ningún Estado miembro debe poder eximirse de su aplicación. En la actualidad, la Carta se recoge en el Tratado de Lisboa como un documento independiente, y el Reino Unido y Polonia se han excluido voluntariamente de la misma.

4.2.

Aunque Europa se enfrenta a numerosos desafíos y sigue siendo necesario tomar decisiones comunes, los valores sobre los que se ha construido la UE y que se consagran en los Tratados no son negociables y deben ser el punto de partida para cualquier nueva arquitectura de la Unión: el respeto de la dignidad humana y los derechos humanos, la democracia, la libertad, la igualdad, la separación de poderes y el Estado de Derecho.

4.3.

Si bien la igualdad de trato y de normativa para los ciudadanos de la UE nunca debería ser negociable, la Unión ha transigido de manera significativa e innecesaria a este respecto: visados para los Estados Unidos únicamente para algunos Estados miembros, distintas normas en materia de calidad alimentaria, etc. La UE debe esforzarse por proteger por igual los intereses de todos sus ciudadanos, independientemente de su nacionalidad.

4.4.

El CESE considera que la actuación a nivel europeo no significa renunciar a los intereses nacionales, ni supone el choque de los intereses nacionales y europeos; simplemente significa que algunos logros se pueden conseguir mejor de manera conjunta. Sea cual sea la dirección que tome la Unión, tendrá que prever importantes reformas y normas claras para su gobernanza, con el fin de abordar las tensiones políticas existentes y la creciente diversidad. En un mundo globalizado, el método europeo es el que garantiza la libertad y la soberanía. Los ciudadanos se benefician de la pertenencia a la UE porque les proporciona un espacio jurídico de oportunidades y las mismas normas para todos, al tiempo que se prohíbe expresamente toda discriminación por motivos de nacionalidad.

4.5.

La difícil situación de miles de migrantes que huyen de los conflictos y la pobreza poniendo en peligro su vida para cruzar el Mediterráneo es estremecedora. Las consecuencias políticas de esta situación dieron la impresión equivocada de que la UE no sabía cómo gestionar esta crisis. El CESE acoge favorablemente el plan de la Comisión en favor de una política de migración equilibrada, global y común que ayude a la UE a aprovechar las oportunidades que ofrece la migración y que le permita, al mismo tiempo, afrontar los desafíos que plantea. El Comité respalda, en particular, la nueva política de la Comisión encaminada a que Europa siga siendo un destino atractivo para los migrantes en una época de declive demográfico, así como a reducir los incentivos a la migración irregular. Esto requiere también políticas sólidas de acogida y de asistencia a la integración.

4.6.

El mayor desafío para la UE es continuar siendo una Unión que defienda, proteja y capacite a sus ciudadanos. Por lo tanto, debe ofrecer soluciones a los problemas que preocupan realmente a los ciudadanos: «El Comité sigue convencido de que podemos aspirar a un buen futuro y que una UE más fuerte puede ayudar a definir mejor la globalización y digitalización, de forma que brinde buenas perspectivas a todos los ciudadanos» (4).

4.7.

Los fundadores del proyecto europeo han reconocido que le queda mucho camino por recorrer para alcanzar niveles de legitimidad similares a los de las democracias establecidas de sus Estados miembros. Se ha avanzado ya mucho, pero todo nuevo Tratado deberá garantizar más transparencia y control democrático con el fin de aumentar la legitimidad de la Unión a los ojos del público. Además, debe garantizarse una mayor grado de cumplimiento de la legislación de la Unión Europea por los Estados miembros.

5.   Desarrollo económico sostenible

5.1.

Europa acoge el mayor mercado único del mundo y cuenta con la segunda moneda más utilizada. Es la principal potencia comercial, representa el 16,5 % de las importaciones y exportaciones mundiales (5) y es el mayor donante de ayuda humanitaria y al desarrollo. Gracias en parte a Horizonte 2020, el mayor programa de investigación multinacional del mundo, Europa está a la vanguardia de la innovación. Sin embargo, la competencia con los Estados Unidos y Asia parece más intensa que nunca. Una cosa está clara: ningún Estado miembro puede desempeñar por sí solo un papel preeminente en la escena internacional.

5.2.

El euro, que tiene ya casi veinte años, solamente podrá alcanzar su pleno potencial cuando todos los Estados miembros lo hayan introducido y cuando se haya completado la unión económica y monetaria. Esto entrañaría normas claras aceptadas por todos y aplicables para todos, la actualización del MEDE para que juegue un papel más importante —como el que desempeña el FMI a nivel internacional—, así como la rendición de cuentas políticas y el refuerzo de los consejos presupuestarios (6). La adopción del euro deberá ser una prioridad en la construcción de la UE.

5.3.

El CESE ha alegado en el pasado que la UE tardó en reaccionar a la crisis financiera y que hacen falta reformas en la unión económica y monetaria (7). Desde entonces, se han hecho esfuerzos continuos por llevar a cabo reformas y finalizar la Unión Bancaria y la Unión de los Mercados de Capitales. Como en el pasado (8), el CESE acoge favorablemente una mayor consolidación de los mercados, pero advierte contra la creación de posiciones que concentren demasiado poder decisorio en las manos de un pequeño número de personas. La realización de la UEM debería dar paso a una nueva era para la moneda única que redundara en beneficio de las empresas y los ciudadanos de la Unión Europea al reducir significativamente los costes de transacción y eliminar los riesgos de cambio, mejorar la transparencia de los precios en el comercio y reducir al mismo tiempo los riesgos de inversión.

5.4.

En un mundo en constante cambio, si Europa quiere aprovechar sus ventajas competitivas debe centrarse en ámbitos como la I+D y la oferta de capacidades e infraestructuras. Europa debe afrontar el reto de la reducción y el envejecimiento de su población, ya que ello repercute en la oferta de mano de obra. Para seguir siendo competitiva, la UE debe atajar la escasez de mano de obra y de cualificaciones. Europa necesita una política de migración bien gestionada y una perspectiva a largo plazo para preparar a la mano de obra ante los desafíos futuros, al tiempo que se ayuda a que las empresas crezcan y evolucionen. Sin embargo, si se quieren evitar dificultades sociales y en la sociedad, las políticas de migración deberán ir acompañadas de políticas sólidas.

5.5.

El CESE también ha reclamado en varios de sus dictámenes más inversiones en infraestructuras y servicios públicos, proyectos que generarían crecimiento y bienestar para los ciudadanos. El CESE también ha expresado su apoyo a «una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), así como [a impuestos] sobre las transacciones financieras, los combustibles y las emisiones de dióxido de carbono que, si se recaudaran a nivel europeo, permitirían tanto determinar una base imponible transnacional como contrarrestar los efectos globales sobre el medio ambiente» (9). Esto reduciría la evasión fiscal y proporcionaría uniformidad a la política fiscal. El CESE también señala que «Europa parece disfrutar de una posición destacada en el crecimiento de empresas innovadoras de alta tecnología, pero, cuando estas empresas necesitan inversiones de capital sólidas, normalmente quiebran» (10).

5.6.

La UE ha firmado acuerdos comerciales de amplio alcance destinados a aumentar los intercambios de bienes y servicios al tiempo que se protegen y se mejoran los derechos de los trabajadores y se toman en consideración los desafíos medioambientales. Sin embargo, en los últimos años han surgido corrientes proteccionistas y se están gestando guerras comerciales. La UE debe seguir promoviendo un comercio libre, justo y sostenible en el marco de un sistema mutilateral y unos acuerdos comerciales que respeten los derechos sociales, medioambientales y de los consumidores, apoyando al mismo tiempo el crecimiento y la evolución de las empresas. El proteccionismo no redunda en beneficio de los ciudadanos. La Organización Mundial del Comercio deberá jugar un importante papel, y es crucial que la UE también desempeñe su papel en esta reforma (11). El cierre de las fronteras y el bloqueo del comercio no puede ser el camino a seguir en cualquier circunstancia.

5.7.

En un mundo afectado por el cambio climático, el CESE ha formulado ya en repetidas ocasiones recomendaciones para mejorar la protección de la biodiversidad y de los recursos vitales necesarios para nuestra subsistencia. Para el CESE, la protección de la biodiversidad es tan importante como la prevención del cambio climático. El CESE pide una mayor voluntad política y coherencia legislativa en este ámbito, y recomienda que se pongan rápidamente a disposición todos los recursos necesarios.

5.8.

Considera que una política de lucha contra el cambio climático debe basarse en una transición justa, un proceso que requiere medidas para mitigar los efectos del cambio climático y compensar los daños y pérdidas. Debe favorecerse lo más posible el modelo de economía circular y mejorarse su marco reglamentario. Deben promoverse las cadenas de suministro cortas, especialmente en el sector alimentario, y redefinirse las políticas de movilidad para hacerlas más eficientes y sostenibles. En el marco de la Conferencia sobre el Cambio Climático celebrada en París en 2015, la UE se ha comprometido a cumplir los objetivos de reducción del calentamiento global. Ha realizado ya progresos significativos y puede afianzar los esfuerzos colectivos para cumplir los compromisos contraídos en la COP21 y hacer frente a las necesidades actuales. No obstante, el CESE ha tomado nota de los movimientos estudiantiles y juveniles en varios Estados miembros que exigen más medidas para proteger el medio ambiente.

6.   Progreso social y educación

6.1.

«En comparación con el resto del mundo, las sociedades europeas son lugares prósperos y ricos en los que vivir. Gozan de los niveles de protección social más altos del mundo y figuran entre las más favorecidas en términos de bienestar, desarrollo humano y calidad de vida» (12). Sin embargo, existen una creciente desigualdad y enormes brechas en materia de cohesión social en toda la Unión y es necesario esforzarse por reducir las diferencias entre los Estados miembros. La convergencia al alza de las condiciones de vida y de trabajo, basada en un crecimiento sostenible, contribuirá a generar mejores condiciones sociales y menos desigualdades, y debería ser el principal objetivo para el futuro de Europa.

6.2.

Un importante motor del progreso social debe ser el pilar europeo de derechos sociales, una iniciativa que el CESE respalda firmemente, enmarcado por una estrategia integral y global orientada a ejecutar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Con el fin de garantizar un futuro próspero para los ciudadanos de la UE, el CESE reafirma su sólido compromiso con todos los esfuerzos encaminados a lograr «un mercado laboral justo y verdaderamente paneuropeo», «obtener una calificación social de “triple A”»y «servir de guía para una convergencia renovada» (13). Es necesario acelerar la aplicación a nivel nacional, que deberá ir acompañada de la toma de conciencia de que el crecimiento económico sólido debe lograrse junto con una dimensión social estable. Todas las organizaciones pertinentes de la sociedad civil, junto con la UE y los Estados miembros, tienen un papel importante que desempeñar. El CESE considera importante para el bienestar de los ciudadanos de la UE que la Unión siga supervisando los progresos realizados en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales en el marco del proceso del Semestre Europeo, con la plena participación de los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil.

6.3.

Asimismo, el CESE reafirma que «la Unión Europea debe aprovechar plenamente la experiencia y capacidad de los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) que operan a nivel local, nacional y europeo haciéndolos partícipes, junto con los usuarios de servicios y de acuerdo con sus distintas funciones, de las tareas de programación, ejecución, seguimiento y evaluación de la financiación de la UE. Los interlocutores sociales y demás organizaciones de la sociedad civil son agentes decisivos en el proyecto democrático europeo» (14). La UE ha de promover los convenios colectivos y respetar la autonomía de los interlocutores sociales.

6.4.

La digitalización, la automatización, la inteligencia artificial, etc., requieren una rápida respuesta y sostenible y, junto con la acuciante y enorme necesidad de inversión en educación de calidad e I+D —debida al retraso de la UE con respecto a otras potencias económicas en gasto como porcentaje del PIB (15)—, la economía de la UE necesita una mano de obra dotada de cualificaciones que respondan a los retos de un entorno competitivo cambiante. Esto significa que contribuir a la formación, el reciclaje profesional, la mejora de las capacidades y el aprendizaje permanente de jóvenes y adultos constituye un interés y una responsabilidad compartidos de trabajadores y empresarios, lo cual se traduce a su vez en empresas de éxito y mano de obra adecuadamente cualificada, y ello en colaboración con la UE, los Estados miembros, los interlocutores sociales y otras organizaciones pertinentes de la sociedad civil. Hay que impulsar una mayor digitalización de la economía de la UE en un marco que garantice una transición justa hacia el cambio tecnológico y cerciorarse de que ello contribuya a mejorar las condiciones de vida y de trabajo, lo que incluye crear empleos de calidad y propugnar unas sociedades más igualitarias.

6.5.

Es indispensable tomar medidas para afrontar los futuros retos que se plantearán en el mercado de trabajo, sobre la base de los principios del pilar europeo de derechos sociales. A tal fin, es preciso, a la vez, aprovechar las oportunidades que ofrecen los progresos tecnológicos y superar los retos que plantean las transformaciones industriales y los cambios del mercado de trabajo. Si no se afrontan estos retos, se producirá una gran resistencia al cambio o habrá una parte significativa de la población que no se beneficiará del desarrollo de las nuevas tecnologías.

6.6.

El CESE ya ha pedido que las crecientes desigualdades, la pobreza y la exclusión social sean combatidas a todos los niveles y por todas las partes interesadas. A tal fin, el CESE considera que debe realizarse un mayor esfuerzo para definir normas, políticas, estrategias y principios comunes en los niveles apropiados con vistas a una mejor convergencia de los salarios y el establecimiento de salarios mínimos o el aumento de los mismos a unos niveles adecuados, respetando plenamente la autonomía de los interlocutores sociales. Además, es importante garantizar que todos los ciudadanos estén cubiertos por una renta mínima. Subraya asimismo la necesidad de aumentar los fondos asignados a la cohesión social y la inversión social para hacer frente a los futuros desafíos (16).

6.7.

El CESE considera que debe garantizarse a todos los ciudadanos de la UE la igualdad de oportunidades y la igualdad de trato en el mercado laboral. Al tiempo que se fomenta una movilidad justa, los ciudadanos deben también tener acceso a un empleo de calidad y a unas condiciones de vida dignas allí donde habitan para evitar la fuga de cerebros y el dumping social.

6.8.

El futuro de la UE reside en programas activos que faciliten la educación e inclusión de los jóvenes en el mercado laboral. Programas como Erasmus+ y su predecesor Erasmus han tenido un increíble impacto a la hora de formar la identidad europea, dotando al mismo tiempo a los jóvenes de conocimientos, capacidades y competencias. La intención de la Comisión de duplicar su financiación constituye un innegable paso adelante, aunque el CESE reclamó aún más fondos en octubre de 2018 (17). Este tipo de programas debe continuar y extenderse a aquellos jóvenes que de otro modo, debido a sus dificultades económicas, tendrían dificultades para acceder a una educación de calidad y a la conectividad intercultural.

6.9.

Como ya ha afirmado en un dictamen anterior, el CESE considera que la Estrategia «debería vincularse en mayor medida a programas existentes de la UE, como Erasmus+, la Garantía Juvenil y el Cuerpo Europeo de Solidaridad»y que «también debe fomentar un compromiso cívico más amplio, en particular, el ejercicio del derecho de voto, el voluntariado, las ONG dirigidas por jóvenes, la democracia en el lugar de trabajo y el diálogo social» (18). Es fundamental concienciar sobre estos programas, destacando al mismo tiempo que representan una ventaja directa que ofrece la pertenencia a la UE.

6.10.

El CESE insiste en la importancia de la subsidiariedad y la gobernanza regional para la aplicación de las políticas de cohesión. Habida cuenta de la amplia brecha en materia de bienestar y desarrollo entre las distintas regiones, e incluso en cada Estado miembro, resulta crucial que las políticas sean ejecutadas por aquellos que mejor entienden los problemas fundamentales y que, por tanto, están mejor preparados para actuar. Las instituciones de la UE deben continuar siendo una garantía frente a la discriminación de cualquier tipo, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo.

6.11.

El modelo social europeo es único en el mundo y sigue siendo una de las ventajas más importantes para los ciudadanos europeos. La UE, junto con los Estados miembros, debe basarse en políticas que la protejan, la defiendan y la promuevan, facilitando el progreso económico y la cohesión social, todo ello sin perder de vista que los derechos fundamentales deben ir acompañados de derechos sociales.

7.   Seguridad y defensa

7.1.

Europa es un lugar notoriamente libre y estable en un mundo lleno de discordia y división. De los veinticinco países más pacíficos, quince se encuentran en la UE. Sin embargo, los atentados terroristas, los espacios sin gobernanza ni estabilidad en el Mediterráneo y el África subsahariana y la reaparición de potencias hostiles en el este han demostrado que es necesario actuar de manera firme para preservar la paz y la seguridad de la UE.

7.2.

Si bien es verdad que los desafíos en materia de seguridad interior y exterior han aumentado significativamente, se perciben de manera diferente en los Estados miembros, que no tienen la misma percepción de las amenazas exteriores, asignan recursos financieros diferentes para seguridad y defensa y tienen distintas opiniones sobre el uso de la fuerza militar. Dado que muchas de las amenazas que se deben afrontar tienen características transnacionales, el CESE cree que los Estados miembros y la UE deben colaborar de la manera más estrecha posible y avanzar hacia una respuesta colectiva coordinada, demostrando así a los aliados que la UE es un proveedor de seguridad eficaz.

7.3.

Un esfuerzo coordinado en materia de defensa no solo ofrece un poder duro y creíble para los Estados miembros, sino que también contribuye a crear puestos de trabajo en sectores de alta tecnología y a promover la innovación y el desarrollo tecnológico. El CESE insta a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que apoyen la actuación conjunta en este ámbito, reconociendo al mismo tiempo que ya se han adoptado medidas (19).

7.4.

Se calcula que los ciberataques cuestan a la economía mundial 400000 millones de euros cada año (20) y que suponen una amenaza real para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos. El CESE considera que la UE debería aspirar a reforzar la lucha contra el ciberespionaje, el ciberterrorismo y cualquier otra forma de ciberdelincuencia dirigida tanto a los ciudadanos como a las empresas europeas.

8.   Comunicación con los ciudadanos

8.1.

Los ciudadanos europeos a menudo dan por sentadas las consecuencias positivas de la pertenencia a la UE o asocian estas ventajas a las administraciones nacionales, mientras que se culpa a la burocracia europea de las numerosas dificultades y del exceso de injerencia. Esto sucede, sobre todo, por la comunicación deficiente y por una desconexión con el ciudadano de a pie. Por lo tanto, la UE y los Estados miembros deberían hacer un esfuerzo mucho mayor para comunicar mejor sobre las políticas, metas y objetivos europeos.

8.2.

La UE debe destinar más fondos a la comunicación y debe llevarla a cabo en todos los canales disponibles, no solo a través de los Estados miembros, sino también por medio de los interlocutores sociales y de otras organizaciones representativas de la sociedad civil organizada. La UE debe centrarse más en dar seguridad a los dirigentes y a los ciudadanos sobre su papel a la hora de conseguir la paz, la estabilidad y el desarrollo económico y social, utilizando todas las lenguas oficiales de la Unión Europea para promover sus mensajes.

8.3.

En 2012, el CESE señaló que «aplicar plenamente el artículo 11 es extraordinariamente relevante para reforzar la legitimidad democrática de la Unión Europea a los ojos de sus ciudadanos. En último término, solo una mayor transparencia, un mayor sentido de apropiación y una mayor participación de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada, tanto a escala nacional como europea, permitirán a Europa evitar el extremismo, defender sus valores democráticos y crear una “comunidad de destino”» (21).

8.4.

Si la UE desea acercarse a sus ciudadanos —pues, si no lo consigue, sería un fracaso completo—, tiene que escuchar y entender lo que verdaderamente desean los ciudadanos e intentar lograrlo. Las personas quieren protección, normas justas para los trabajadores y las empresas, unas condiciones de vida y de trabajo saludables y una respuesta clara a los desafíos exteriores. Para lograrlo, Europa debe continuar siendo un catalizador de desarrollo económico y social y estabilidad democrática y asegurarse de que todas las partes son conscientes de su compromiso.

8.5.

La desinformación, la información errónea y la información falsa son instrumentos cada vez más utilizados por numerosos agentes, incluidos los Estados, los grupos de presión, los medios de comunicación y los individuos. Estas técnicas son antiguas, pero el desarrollo de los medios sociales y las posibilidades que ofrecen permiten que este tipo de desinformación llegue a un amplio público. La mejor manera de contrarrestar las noticias falsas es presentando elementos factuales y ayudando a desarrollar el espíritu crítico de las personas. Sin embargo, debe respetarse en todo momento la libertad de opinión y de expresión, sin dejar de luchar contra la mentira.

8.6.

Hay que promover plataformas de comunicación y cooperación que incluyan a todos los Estados miembros. Lo que funciona en un Estado miembro también puede funcionar en otro y lo que haya investigado un Estado miembro puede utilizarse o mejorarse en otro.

Bruselas, 20 de marzo de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO C 110 de 22.3.2019, p. 1

(2)  DO C 326 de 26.10.2012, p. 391.

(3)  Nota de prensa del Parlamento Europeo, 23.5.2018.

(4)  DO C 81 de 2.3.2018, p. 145.

(5)  La UE por temas: Comercio.

(6)  Instituciones presupuestarias independientes.

(7)  DO C 227 de 28.6.2018, p. 1.

(8)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 28.

(9)  DO C 81 de 2.3.2018, p. 131.

(10)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 79.

(11)  DO C 159 de 10.5.2019, p. 15.

(12)  Documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa.

(13)  DO C 125 de 21.4.2017, p. 10

(14)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 165.

(15)  Datos de la OCDE, gasto nacional bruto en I+D.

(16)  DO C 81 de 2.3.2018, p. 145.

(17)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 194.

(18)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 142.

(19)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 58.

(20)  Reforma de la ciberseguridad en Europa.

(21)  DO C 11 de 15.1.2013, p. 8


ANEXO

Las propuestas de enmienda siguientes, que obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates:

Enmienda 12

Punto 5.5

Modifíquese de la manera siguiente:

5.5

El CESE también ha reclamado en varios de sus dictámenes más inversiones en infraestructuras y servicios públicos, proyectos que generarían crecimiento y bienestar para los ciudadanos. El CESE también ha expresado su apoyo por«a las medidas globales que se aplican para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) por parte de las empresas multinacionales, incluida la introducción de una «base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades»(BICCIS). Asimismo, ha expresado su apoyo a la lucha contra el fraude del IVA, que puede combatirse mediante una cooperación constante y más estrecha entre los Estados miembros., así como sobre las transacciones financieras, los combustibles y las emisiones de dióxido de carbono que, si se recaudaran a nivel europeo, permitirían tanto determinar una base imponible transnacional como contrarrestar los efectos globales sobre el medio ambiente». (1) Esto reduciría la evasión fiscal y proporcionaría uniformidad a la política fiscal. El CESE también señala que «Europa parece disfrutar de una posición destacada en el crecimiento de empresas innovadoras de alta tecnología, pero, cuando estas empresas necesitan inversiones de capital sólidas, normalmente quiebran» (2).

Exposición de motivos

A fin de evitar cualquier malentendido, es mejor limitarse a hacer una declaración general. Hasta ahora no se ha debatido en el Comité ni la tributación de las empresas multinacionales como fuente de recursos propios de la UE ni la fijación de una base fiscal europea común para los combustibles y las emisiones de dióxido de carbono o su tributación. El impuesto sobre las transacciones financieras disminuiría las pensiones de los trabajadores, y los trabajos del Consejo a través de la cooperación reforzada, en curso desde hace muchos años, se han estancado por completo. Se formularon observaciones similares a esta enmienda en el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE»[COM(2017) 358 final] (3).

La enmienda se rechaza por 76 votos a favor, 98 en contra y 16 abstenciones.

Enmienda 11

Punto 5.6

Modifíquese de la manera siguiente:

5.6

La UE ha firmado acuerdos comerciales de amplio alcance, por ejemplo con Japón, destinados a aumentar los intercambios de bienes y servicios al tiempo que se protegen y se mejoran los derechos de los trabajadores y se toman en consideración los desafíos medioambientales. Sin embargo, en los últimos años han surgido corrientes proteccionistas y se están gestando guerras comerciales. La UE debe seguir promoviendo un comercio libre, justo y sostenible en el marco de un sistema mutilateral y unos acuerdos comerciales que respeten los derechos sociales, medioambientales y de los consumidores, apoyando al mismo tiempo el crecimiento y la evolución de las empresas. El proteccionismo no redunda en beneficio de los ciudadanos. La Organización Mundial del Comercio deberá jugar un importante papel, y es crucial que el CESE también desempeñe su papel en esta reforma (4). El cierre de las fronteras y el bloqueo del comercio no puede ser el camino a seguir en cualquier circunstancia.

Exposición de motivos

Se facilita la comprensión ofreciendo un ejemplo concreto de acuerdo de libre comercio de la UE, el del AAE entre la UE y Japón.

Como es bien sabido, el AAE UE-Japón entró en vigor el 1 de febrero de 2019 y es el mayor acuerdo comercial celebrado por ambas partes.

Abarca a 640 millones de personas en la UE y Japón, casi un tercio del PIB mundial y el 37 % del comercio mundial.

Hay 74 000 empresas de la UE que exportan a Japón y 600 000 puestos de trabajo vinculados a estas exportaciones. Esto también es algo positivo para los consumidores, ya que implica una mayor variedad a menor precio. Además, envía una señal clara en el sentido de que dos de las mayores economías del planeta apoyan firmemente el comercio libre, justo y basado en normas.

La enmienda se rechaza por 73 votos a favor, 111 en contra y 11 abstenciones.


(1)   DO C 81 de 2.3.2018, p. 131 .

(2)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 79.

(3)  DO C 81 de 23.2.2018, p. 131.

(4)  DO C 159 de 10.5.2019, p. 15.


5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/68


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La educación sobre la Unión Europea»

[Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia rumana]

(2019/C 228/09)

Ponente: Tatjana BABRAUSKIENĖ

Coponente: Pavel TRANTINA

Solicitud de la Presidencia rumana del Consejo

Carta, 20.9.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Dictamen exploratorio

Decisión de la Mesa

16.10.2018

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en la sección

6.3.2019

Aprobado en el pleno

21.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

164/2/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

El CESE:

1.1.

Considera que la vitalidad de la UE depende en gran medida de una fuerte identidad europea y de la identificación de los ciudadanos con la UE sin abandonar la identidad propia nacional, y que el éxito del proyecto europeo se basa en sus valores, su tolerancia y su compromiso con la diversidad de culturas, religiones y patrimonio cultural. Por lo tanto, es importante reforzar el conocimiento y la comprensión de los ciudadanos de la historia y la cultura de la UE, los derechos y valores fundamentales, los principios y decisiones principales y los procesos de toma de decisiones a escala de la UE. También es importante abogar por la ciudadanía global y el papel de la UE como actor global.

1.2.

Subraya que la educación, la formación y el aprendizaje permanente integrales deben desempeñar un papel esencial en el refuerzo de la identidad de la UE, el sentido de pertenencia a la comunidad y la responsabilidad de sus ciudadanos, lo que les alienta a la participación activa en la toma de decisiones sobre la UE; subraya que contribuyen a la paz, la seguridad, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, la solidaridad y el respeto mutuo, el crecimiento económico sostenible y la inclusión y justicia sociales, a la vez que se respeta y enriquece la diversidad cultural. Los objetivos de integración europea y sus ventajas e inconvenientes deben abordarse con valentía y confianza tanto en los Estados miembros como en la UE.

1.3.

Hace hincapié en que el aprendizaje tiene lugar en todas partes y de forma constante, activa y pasiva. Por lo tanto, la educación sobre la UE no es solo un cometido de la educación formal y afecta no solo a los jóvenes. Debe apoyarse la educación permanente e integral y prestarse especial atención a las generaciones mayores a fin de ofrecer información adaptada a sus formas de aprendizaje.

En lo que se refiere a las instituciones y políticas de la UE, el CESE:

1.4.

Subraya la necesidad de aplicar el primer principio del pilar europeo de derechos sociales para hacer de la educación, la formación y el aprendizaje permanente de calidad e integradores un derecho para todos en Europa.

1.5.

Propone que se haga más hincapié en la educación sobre la UE y la identidad de la UE en toda su diversidad como parte de las capacidades básicas y las competencias clave, en concreto la alfabetización sobre la UE, de modo que se defina un conjunto de resultados comunes de aprendizaje en este ámbito (conocimientos, capacidades y actitudes mínimos sobre la UE). En este sentido, se necesitan mejores evidencias de la situación en los Estados miembros: el CESE pide a la Comisión que actualice su estudio sobre este tema.

1.6.

Pide que se adopten medidas políticas estratégicas a escala nacional y de la UE para fomentar el aprendizaje sobre la UE, con el fin de reforzar el sentimiento de identidad y pertenencia a esta y demostrar los beneficios tangibles para los ciudadanos de formar parte de la UE. Es también esencial que los Estados miembros apliquen adecuadamente la Recomendación del Consejo relativa a la promoción de los valores comunes (1) y la Declaración de París de 2015 (2).

1.7.

Recomienda que el futuro aumento del presupuesto para Erasmus+ (2021-2027) fomente un sentimiento de pertenencia a la UE garantizando la movilidad educativa para todos, especialmente para las personas provenientes de entornos socioeconómicos distintos, y pide que todos los proyectos futuros hagan hincapié en el aprendizaje sobre la UE, el desarrollo de una identidad europea, el apoyo al aprendizaje intergeneracional sobre la UE, el aprendizaje de idiomas para todos los grupos de edad y el diálogo civil para los adultos.

1.8.

Acoge con satisfacción el 30.o aniversario de las actividades Jean Monnet de Erasmus+, destinadas a promover la excelencia en la enseñanza y la investigación en el ámbito de los estudios de la UE en todo el mundo, y pide que se incremente el presupuesto del programa y se amplíe a todos los sectores de la educación, a fin de mejorar la educación sobre la UE y reforzar la ciudadanía democrática.

1.9.

Pide que se comparta mejor con los ciudadanos la información sobre la UE, lo que debería contar con el apoyo de las estrategias de información, comunicación y educación de la UE y los Estados miembros; señala la necesidad de contar con la figura de un comisario de Comunicación.

1.10.

Propone que los medios de comunicación europeos y nacionales con obligaciones de servicio público, incluido el canal Euronews, desempeñen un papel estratégico informando a los ciudadanos sobre los logros de la UE. Las oficinas de información de la UE con sede en los Estados miembros y los diputados y otros representantes del PE, los miembros del CESE y otros responsables políticos activos en el ámbito europeo también deben desempeñar un papel activo en el apoyo a los procesos de desarrollo de la identidad de la UE a escala nacional.

1.11.

Recomienda que se establezca una estrategia política a escala de la UE, sin dejar de respetar las competencias nacionales en materia de educación, a fin de proponer recomendaciones sobre la cooperación (por ejemplo, a través del método abierto de coordinación o de un grupo de alto nivel) entre los Estados miembros, con el fin de fomentar las iniciativas en los sistemas educativos y acciones a escala nacional y local en materia de educación sobre la UE e impulsar el desarrollo de la identidad de la UE, en estrecha cooperación con los interlocutores sociales y todas las partes interesadas pertinentes. Esto debería estar respaldado por estudios actualizados que exploren la situación de la enseñanza sobre la UE.

1.12.

Recomienda que se incorpore la educación sobre la UE y el desarrollo de la identidad de la UE en la estrategia UE 2030, el marco estratégico sobre educación y formación 2030 y el proceso del Semestre Europeo (entre las recomendaciones específicas por país pertinentes), siempre que haya disponibilidad de datos sistemáticos precisos.

1.13.

Pide que se cree y se promueva una plataforma centralizada y accesible que contenga materiales de aprendizaje y enseñanza, ofrezca enlaces a varias iniciativas y portales actuales, esté disponible en diferentes lenguas de la UE, se dirija tanto a las instituciones educativas como a los autodidactas y esté consagrada a la UE y al desarrollo de la identidad de la UE, especialmente sus valores fundamentales, la democracia, la participación en la toma de decisiones democráticas, la tolerancia y el entendimiento común.

En lo que se refiere a las iniciativas de los Estados miembros, el CESE:

1.14.

Recomienda que se establezcan estrategias nacionales para incluir la educación sobre los valores, la historia, los logros y la actualidad de la UE en los programas escolares de todos los sectores de la educación, reconociendo así el importante papel del aprendizaje informal y no formal.

1.15.

Propone que el aprendizaje sobre la UE se realice transversalmente en la educación escolar como parte integrante de todas las asignaturas y que la educación cívica, la historia, la geografía y la economía se centren en la ciudadanía de la UE y sus beneficios.

1.16.

Reivindica que la formación profesional inicial y continua de todos los educadores incluya educación sobre la UE y pide a los Estados miembros que los profesores reciban apoyo para un desarrollo profesional continuo de alta calidad en este ámbito. Esta formación debe incluir las competencias para la cultura democrática definidas por el Consejo de Europa (3).

1.17.

Propone desarrollar iniciativas destinadas a fomentar y apoyar la movilidad internacional y el aprendizaje de lenguas extranjeras para todos los educadores y crear un premio europeo o una etiqueta europea que galardone la enseñanza sobre la UE y el desarrollo de una identidad europea, tanto para las escuelas como para los particulares.

1.18.

Recomienda que se aliente y apoye eficazmente a las partes interesadas (por ejemplo, sindicatos, organizaciones empresariales, empresas individuales y otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la educación, la formación, los jóvenes y los adultos, como los scouts y otras organizaciones juveniles y estudiantiles, las asociaciones y sindicatos de profesores y las organizaciones de padres) para que refuercen sus actividades de aprendizaje y enseñanza sobre la UE.

1.19.

Pide a los Estados miembros que fomenten las asociaciones entre proveedores de educación formal y no formal (es decir, escuelas y organizaciones de jóvenes o universidades y organizaciones comunitarias) para ofrecer aprendizaje sobre la UE y educación cívica en general. A este respecto, el CESE recomienda velar por que los organismos juveniles participen en el diseño de los programas escolares y en la definición de formas para impartir educación cívica.

1.20.

Toma nota de la aspiración depositada por Robert Schuman, el 9 de mayo de 1950, en la Declaración de Schuman, de que «Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad […]» (4). El CESE propone que se celebre en los Estados miembros el Día de Europa (9 de mayo), o incluso un día europeo específicamente dedicado a la educación, que sirva como inicio de la planificación de las actividades educativas en escuelas y comunidades relacionadas con la UE.

2.   Contexto

2.1.

La responsabilidad primordial de las políticas culturales y educativas recae en los Estados miembros. Sin embargo, durante años la UE ha desempeñado un papel complementario importante, y redunda en el interés común de todos los Estados miembros aprovechar al máximo el potencial de la educación y la cultura como motores de la creación de empleo, del crecimiento económico y de la justicia social y como medio para experimentar la identidad europea en toda su diversidad.

2.2.

El CESE considera esencial acercar el proyecto europeo a los ciudadanos reforzando sus conocimientos sobre la historia, los logros y la importancia de la UE a la luz de la historia de Europa y su impacto positivo en la vida cotidiana de las personas. El CESE subraya la necesidad de comprender y promover los valores fundamentales de la UE, ya que son clave para la comprensión mutua, la convivencia pacífica, la tolerancia y la solidaridad, así como para la comprensión de los principios fundamentales de la UE.

2.3.

Sesenta años después del Tratado de Roma, los ciudadanos de la UE aún no han establecido plenamente su identidad europea. Actualmente, el 93 % de los ciudadanos de la UE se siente apegado a su país, de los cuales el 57 % se siente muy apegado, y el 89 % se siente apegado a su «ciudad/localidad/pueblo». Sin embargo, solo el 56 % afirma sentirse apegado a la UE y apenas un 14 % se siente «muy apegado» (5). Estas cifras son importantes a la luz de las próximas elecciones al PE y los debates sobre el futuro de Europa.

2.4.

En las últimas elecciones al PE (2014), la participación más alta se registró de nuevo entre los votantes mayores de cincuenta y cinco años (51 % de participación), mientras que de la población comprendida entre los dieciocho y los veinticuatro años tan solo participó el 28 %. El índice de participación está estrechamente relacionado con la situación socioeconómica (6). La falta de educación crítica ante los medios de comunicación y la difusión de información errónea y desinformación se suman a la desconfianza en las instituciones democráticas y la UE. Por lo tanto, conocer mejor la UE y la ciudadanía democrática puede ser útil en este sentido. Esto no es solo un reto para la educación formal inicial.

2.5.

El CESE recuerda que los estudios (7) y la investigación (8) ponen de manifiesto la existencia de una importante brecha entre la política y la práctica en materia de educación cívica y que casi la mitad de los Estados miembros todavía no cuenta con normas o recomendaciones relativas a la educación cívica en la formación inicial del profesorado. Si bien la ciudadanía aparece en el desarrollo profesional continuo de los profesores, los directores de los centros escolares no reciben tal formación en este ámbito.

2.6.

Otra causa de preocupación es la desigualdad en la enseñanza de la educación cívica en los distintos sectores educativos. Por ejemplo, hay menos educación cívica en la educación y la formación profesionales (EFP) iniciales, basadas en el entorno escolar, en comparación con la educación general. Por ejemplo, existen menos planes de estudio para enseñar sobre ciudadanía, menos material de orientación para los profesores y menos recomendaciones sobre la participación de los estudiantes en los consejos escolares o la representación de los padres en los consejos de administración de las escuelas.

2.7.

El aprendizaje sobre la UE debería centrarse también en la enseñanza de la democracia (incluida la participación, la política democrática y la sociedad democrática) y la tolerancia, incluidas las relaciones interpersonales, la tolerancia hacia grupos sociales y culturales diferentes, y una sociedad inclusiva.

2.8.

La educación cívica de la UE debe ser, en general, un proceso de aprendizaje dinámico (9), adaptado a cada contexto y a cada alumno e impulsado por valores, que dote a los alumnos, en su mayoría jóvenes, de los conocimientos, la comprensión, las competencias y las actitudes que necesitan no solo para ejercer sus derechos, sino también para contribuir a su comunidad y la sociedad y actuar con empatía, cuidado y atención a las generaciones futuras. La idea que se tiene actualmente de la educación cívica se ha ido alejando lenta pero constantemente de la visión tradicional, según la cual solo se imparte «el conocimiento y la comprensión de las instituciones formales y los procesos de la vida cívica (como el voto en las elecciones)», hacia una comprensión más amplia que incluye la participación y el compromiso tanto en la sociedad cívica como en la sociedad civil, así como hacia una gama más amplia de formas en las que los ciudadanos interactúan con sus comunidades (incluidas las escuelas) y sociedades y les dan forma.

2.9.

Si queremos que la ciudadanía de la UE supere su actual concepción jurídica limitada, y se base en la idea de lo que es ser europeo en toda Europa y la desarrolle, entonces nuestro enfoque de la educación cívica requiere una clara dimensión europea. Esto puede ayudar a construir una concepción más rica y política de la ciudadanía de la UE, que será crucial si la UE desea aumentar el compromiso y la aceptación por parte de los ciudadanos e incrementar el apoyo a la UE como unión social y política, y no solo económica.

3.   Observaciones generales

3.1.

Es de vital importancia que las personas aprendan y sean conscientes de su papel y de las posibilidades de participación en los procesos democráticos de toma de decisiones a escala local, nacional y de la UE, y que comprendan el liderazgo institucional. La educación integral, la formación y el aprendizaje permanente, que presten especial atención a la ciudadanía democrática y a los valores europeos comunes y la identidad europea, contribuirían de forma significativa a garantizar la paz, la seguridad, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, la solidaridad, el respeto mutuo, el crecimiento sostenible, la inclusión social y la equidad, a la vez que se respetaría y enriquecería la diversidad cultural y se fomentaría el sentimiento de pertenencia a la UE.

3.2.

En su dictamen (10) sobre el Espacio Europeo de Educación (2018), el CESE acogió con satisfacción que la iniciativa proponga una mayor integración en los futuros sistemas educativos, y subrayó que el aprendizaje sobre la UE, los valores democráticos, la tolerancia y la ciudadanía deberían considerarse un derecho de todos, también en el marco de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales. Debería ser accesible para todos y prestar especial atención a los grupos desfavorecidos (11), de forma que todos los ciudadanos puedan comprender su papel participativo en la democracia. Es esencial que los Estados miembros apliquen la Recomendación del Consejo relativa a la promoción de los valores comunes (12).

3.3.

La agenda política de muchos Estados miembros sigue sin incluir la plena aplicación de la nueva Recomendación del Consejo relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente (2018) (13), que es esencial para mejorar el aprendizaje sobre la UE y sus beneficios concretos, los valores democráticos, la tolerancia y la ciudadanía activa como parte de la alfabetización, las competencias multilingües, las competencias personales y sociales, las competencias cívicas, la conciencia cultural y la expresión personal.

3.4.

En su dictamen (14) sobre el futuro Programa Erasmus+ 2021-27 , el CESE reconoció que el anterior programa Erasmus+ (2014-2021) ha apoyado en gran medida la educación y la formación a nivel europeo, nacional, regional y local, ha cultivado un sentimiento de pertenencia a la UE («identidad europea»en toda su diversidad) y ha fomentado el entendimiento mutuo, la ciudadanía democrática y la integración europea. El próximo programa Erasmus+ es esencial para fortalecer los siguientes procesos: apoyar la inclusión y los valores europeos comunes, fomentar la integración social, mejorar el entendimiento intercultural y prevenir la radicalización mediante la participación de personas de todas las edades en los procesos democráticos. Contará con el apoyo de la movilidad educativa y la cooperación entre los ciudadanos europeos, las instituciones de educación y formación, las organizaciones, las partes interesadas y los Estados miembros, todo lo cual reviste una importancia capital para el futuro de la UE.

3.5.

El CESE aprecia los esfuerzos realizados como parte de las actividades Jean Monnet de Erasmus+ para promover la excelencia en la enseñanza y la investigación en el ámbito de los estudios de la UE en todo el mundo. El CESE lamenta que el presupuesto propuesto para este programa siga siendo insuficiente. Si bien hasta ahora el programa se ha centrado únicamente en las universidades, el CESE cree que debe incrementarse su presupuesto y que el programa debe ampliarse a todos los sectores de la educación y a todos los grupos de edad para mejorar la educación sobre la UE y reforzar la ciudadanía democrática.

3.6.

El CESE subraya la importancia de aplicar la Declaración de París, firmada por los líderes de la UE en marzo de 2015 (15), y recuerda que el pensamiento crítico y la alfabetización mediática, las competencias sociales y cívicas, el entendimiento intercultural y los esfuerzos por atajar la discriminación a través de todas las formas de aprendizaje deben ser una realidad.

4.   Observaciones específicas sobre la educación formal

4.1.

El CESE reitera la importancia de apoyar las oportunidades de aprendizaje permanente para todos a través de sus escuelas y comunidades, de modo que se conviertan en ciudadanos comprometidos con la democracia. Las políticas de educación inclusiva pueden ser una realidad si los medios de comunicación nacionales y europeos y las políticas nacionales apoyan y dan buenos ejemplos de democracia y tolerancia. Entre otros, cabe citar el derecho a la participación, el apoyo a la colaboración social y al diálogo de la sociedad civil, la libertad de expresión, la erradicación de las noticias falsas, las acciones integradoras que respeten la diversidad cultural dentro y fuera de las fronteras, la defensa de la igualdad para todos y el apoyo a inmigrantes, refugiados y minorías para que se conviertan en ciudadanos activos de la UE y de los Estados miembros, conservando, al mismo tiempo, su identidad cultural.

4.2.

El aprendizaje sobre la UE, los valores democráticos, la tolerancia y la ciudadanía, así como sobre el papel de la UE en el mundo, debería ser un tema transversal en las escuelas que se enseñase en todas las asignaturas y proyectos, y no solo en clases específicas de historia o de ciudadanía. Deben mostrarse a los alumnos ejemplos de participación activa en actividades sociales y de voluntariado invitando a los representantes de la sociedad civil, y los sindicatos y las empresas a presentar sus actividades. Se debe animar a los estudiantes a participar en los procesos democráticos de toma de decisiones a nivel local, nacional y de la UE. Además, los directores de los centros escolares y los profesores deberían crear una cultura escolar democrática de colaboración, en la que participen los consejos escolares, teniendo en cuenta a los padres y a los estudiantes en la toma de decisiones y garantizando la colegialidad.

4.3.

El CESE subraya la importancia de que todos los Estados miembros dispongan de reglamentos o recomendaciones sobre el desarrollo de las competencias de los profesores y directores de centros escolares en materia de educación cívica a través de la formación inicial del profesorado (desarrollo profesional continuo) (16).

4.4.

El CESE pide que se cree y se promueva una plataforma centralizada y accesible que contenga materiales de aprendizaje y enseñanza , ofrezca enlaces a varias iniciativas y portales actuales (17), esté disponible en diferentes lenguas de la UE, se dirija tanto a las instituciones educativas como a los autodidactas y esté consagrada a la UE y al desarrollo de la identidad de la UE, especialmente sus valores fundamentales, la democracia, la participación en la toma de decisiones democráticas, la tolerancia y el entendimiento común. Los materiales de enseñanza y formación (18), fruto de diversos proyectos financiados por la UE, deberían estar disponibles para todos y promoverse y utilizarse mejor en las escuelas y en otras actividades orientadas al aprendizaje sobre la UE.

5.   Observaciones específicas sobre la educación no formal

5.1.

El CESE entiende la educación cívica como parte de una política y un marco práctico integrales y permanentes. Un enfoque integral de la educación cívica exige la participación de los proveedores de educación formal y no formal, complementándose entre sí en cuanto al contenido y el enfoque de sus programas educativos, el enfoque pedagógico y los tipos de oportunidades de participación.

5.2.

Una amplia gama de programas de aprendizaje impartidos en contextos de aprendizaje no formal se centran en la educación cívica de la UE. Este es el caso de las organizaciones juveniles, por ejemplo, donde el trabajo educativo se desarrolla en torno a un proceso participativo que promueve la ciudadanía activa y amplía los horizontes de los jóvenes. Las organizaciones juveniles desempeñan un papel fundamental como proveedoras de educación cívica al facilitar un espacio de socialización, interacción y acción política y social para sus miembros y para aquellos con los que trabajan.

5.3.

Las organizaciones juveniles organizan una amplia gama de programas, proyectos y actividades relacionados con la educación cívica que a menudo incluyen una dimensión europea. Se eligen en función del mandato y del grupo destinatario de la organización e incluyen, entre otros, voluntariado e intercambios o actos internacionales, reuniones o actividades periódicas de grupos locales, programas de intercambio en escuelas y familias de acogida, simulaciones de deliberaciones de las instituciones de la UE, simulacros de elecciones, etc.

5.4.

Debido al carácter complementario de la educación formal y no formal, es crucial fomentar las asociaciones entre los proveedores de educación formal y no formal a fin de proporcionar una experiencia más práctica sobre cómo ejercer la democracia. Las organizaciones estudiantiles y juveniles deben situarse en el centro de la toma de decisiones y disponer de los medios que les permitan respaldar directamente los mecanismos de información y seguimiento. A este respecto, el CESE recomienda incluir a los jóvenes en los organismos responsables de establecer los programas escolares y definir formas para educar sobre ciudadanía.

6.   Observaciones específicas sobre el aprendizaje informal

6.1.

El CESE es consciente de que gran parte de la información sobre la UE puede obtenerse a través del aprendizaje informal, los medios de comunicación, los debates entre homólogos, etc. Es preciso realizar un esfuerzo coordinado y adoptar medidas concretas que conduzcan a la plena «alfabetización sobre la UE»de todos los ciudadanos de cualquier edad, a fin de alcanzar un nivel mínimo de conocimientos necesarios sobre la Unión. Estos conocimientos deberían incluir, entre otros aspectos, concienciación sobre la interdependencia social y económica de los Estados miembros de la UE y, por lo tanto, la necesidad de contar con una sociedad europea resiliente, capaz de mejorar la competitividad económica conjunta.

6.2.

El CESE pide que se comparta mejor con los ciudadanos la información sobre la UE, lo que debería contar con el apoyo de las estrategias de información, comunicación y educación de la UE y los Estados miembros, y recuerda la importancia de que la Comisión promueva esta agenda, en particular, restableciendo la figura de un comisario de Comunicación.

6.3.

Los medios de comunicación nacionales europeos y proeuropeos con obligaciones de servicio público, incluido el canal Euronews, deberían desempeñar un papel estratégico informando de forma correcta sobre la UE. Las oficinas de información de la UE con sede en los Estados miembros deben desempeñar un papel activo en el refuerzo de la identidad de la UE, con el apoyo de los diputados y otros representantes del PE, la participación activa de los miembros del CESE y el apoyo de otros responsables políticos activos en el ámbito europeo.

6.4.

Basándose en el éxito del programa Erasmus+, el CESE pide que se realice un serio esfuerzo de comunicación destinado a promover el papel de la enseñanza y la información en la historia de la consolidación de la paz por parte de la UE, facilitar el aprendizaje mutuo entre ONG de dentro y fuera de la Unión y crear una etiqueta «Paloma de la Paz»para los proyectos de paz de la UE a fin de aumentar la visibilidad dentro y fuera de su territorio.

6.5.

Es preciso animar a los estudiantes del actual programa Erasmus+ a que utilicen su experiencia en el extranjero para actuar como embajadores de la UE entre sus compañeros y amigos y ofrecer información a personas más jóvenes sobre Europa, difundir su aprendizaje intercultural y relatar cómo es vivir en una cultura diferente.

6.6.

El CESE llama la atención sobre sus propios proyectos, como «Tu Europa, tu voz» (19), un acto anual participativo del CESE consagrado a la juventud. Este acto permite cada año a alumnos de entre dieciséis y dieciocho años procedentes de todos los Estados miembros de la UE y de los países candidatos acudir a Bruselas durante dos días, aprender sobre la UE y trabajar juntos para alumbrar ideas y elaborar resoluciones que luego se transmitirán a las instituciones de la UE.

Bruselas, 21 de marzo de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Recomendación del Consejo (2018/C 195/01) (DO C 195 de 7.6.2018, p. 1).

(2)  Declaración de París de 17.3.2015.

(3)  Consejo de Europa (2016) «Competences for democratic culture».

(4)  Declaración de Schuman.

(5)  Comisión Europea, Eurobarómetro estándar n.o 89, primavera de 2018 - Informe.

(6)  Basado en entrevistas personales con 27 331 personas de dieciocho años o más en la EU-28.

(7)  Informe del Parlamento Europeo sobre la adquisición de conocimientos acerca de la Unión Europea en la escuela (2015/2138(INI)).

(8)  Eurydice, La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo 2017.

(9)  Foro Europeo de la Juventud, ¡Inspirador!Contribución de las organizaciones juveniles a la educación cívica 2016.

(10)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 136.

(11)  Definición de «grupos desfavorecidos»según EIGE.

(12)  Recomendación del Consejo (2018/C 195/01).

(13)  Recomendación del Consejo (2018/C 189/01) (DO C 189 de 4.6.2018, p. 1).

(14)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 194.

(15)  Declaración de París, 17.3.2015.

(16)  Declaración conjunta sobre la Educación para la ciudadanía y los valores comunes de la UE.

(17)  Por ejemplo, eTwinning, Open Education Europe, etc.

(18)  Por ejemplo, https://euhrou.cz/.

(19)  https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/civil-society-citizens-participation/your-europe-your-say


III Actos preparatorios

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

Comité Económico y Social Europeo

5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/74


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización europea para 2019»

[COM(2018) 686 final]

(2019/C 228/10)

Ponente: Elżbieta SZADZIŃSKA

Consulta

Comisión Europea, 14.12.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

7.3.2019

Aprobado en el pleno

20.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

122/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción el programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización europea para 2019, que aporta numerosas mejoras en comparación con el paquete de normalización de 2011. Aunque los trabajos sobre esta iniciativa finalizarán en 2019, el programa de trabajo anual incluye ámbitos que la Comisión actual deberá abordar en el último año de aplicación.

1.2.

Cada año, el Comité presenta sus observaciones y recomendaciones a los programas de trabajo anuales de la Comisión, ya que es consciente de la importancia de las normas para reforzar la competitividad en el mercado único, desarrollar productos y servicios innovadores y mejorar su calidad y seguridad en beneficio de los consumidores, las empresas y el medio ambiente (1). Este dictamen guarda relación con el dictamen sobre el tema «Normas armonizadas» (2).

1.3.

El Comité toma nota de los progresos realizados para garantizar el efecto integrador y la transparencia del sistema europeo de normalización como resultado de la participación activa de las organizaciones enumeradas en el anexo III del Reglamento (UE) n.o 1025/2012. La participación de los representantes de la sociedad civil en el sistema de normalización no debe limitarse a los planos europeo y nacional. También es preciso apoyar, ampliar y promover su participación en el trabajo de normalización internacional.

1.3.1.

El CESE acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión destinados a impulsar la participación de las partes interesadas en los trabajos de normalización, en particular a través del programa Horizonte 2020. No obstante, el Comité recomienda que se refuerce el mecanismo actual y se facilite más información sobre las posibilidades existentes. Esto permitirá a las pequeñas y medianas empresas participar no solo en la creación de normas sino también en su aplicación.

1.3.2.

La coherencia entre las normas europeas e internacionales contribuye a reforzar la posición competitiva de la industria de la UE en la cadena de valor mundial. Por este motivo, el Comité apoya el diálogo de la Comisión con las organizaciones internacionales de normalización, la OMC y otros foros internacionales. En este contexto, el Comité apoya los esfuerzos y las iniciativas de la Comisión por acelerar y reforzar la eficacia de los procesos de normalización a fin de proteger y promover mejores normas europeas a escala internacional (3).

1.4.

El sistema europeo de normalización se basa en las cooperaciones público-privadas. En el programa de trabajo anual de la Comisión se ha definido la orientación básica de su evolución futura. El Comité espera que el mayor número posible de agentes participen en las cooperaciones.

1.5.

El programa de trabajo de este año se ha caracterizado por el diálogo interinstitucional. El Comité considera que mantener el diálogo seguirá contribuyendo a reforzar el sistema europeo de normalización. Ya en sus anteriores dictámenes sobre normalización el Comité expresó su voluntad de crear un foro ad hoc en el que participaran una amplia gama de partes interesadas (4).

1.6.

El programa lista áreas relevantes para la normalización: energía, economía circular, defensa, seguridad, mercado único, mercado único digital y cooperación internacional. El Comité considera que las áreas seleccionadas son adecuadas para los fines perseguidos.

1.7.

El Comité espera con interés los resultados del estudio sobre el impacto de las normas en la economía y la sociedad. En opinión del Comité, este estudio también debería tener en cuenta el impacto indirecto de la normalización (por ejemplo, en el ámbito del empleo) (5). Además, la evaluación ex post debe ser pertinente para el diseño de estrategias y programas de normalización.

1.8.

El CESE reitera su petición de que se lleve a cabo un seguimiento exhaustivo de las actividades de los principales agentes de la normalización, un seguimiento que tiene por objetivo lograr la participación del mayor número posible de agentes en el sistema europeo de normalización. En particular, el CESE podría crear un foro ad hoc para impulsar la participación de una amplia gama de agentes en el sistema europeo de normalización. Este organismo sería responsable de organizar una audiencia pública anual para evaluar los progresos realizados en este ámbito (6).

2.   Propuestas de la Comisión Europea

2.1.

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1025/2012, la Comisión presenta en su Comunicación el programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización europea para 2019.

2.2.

Prioridades estratégicas para la normalización europea en apoyo de la legislación y las políticas de la Unión:

Acción en apoyo de la estrategia del mercado único digital;

Acciones en apoyo de la Unión de la Energía y el clima;

Acción en apoyo del Plan de Acción de la UE para la economía circular;

Acción en apoyo de un mercado interior más justo e integrado con una base industrial reforzada;

Acción en apoyo del Plan de Acción Europeo de Defensa;

Acción en apoyo de la Estrategia Espacial para Europa;

Acción en apoyo de la Agenda Europea de Seguridad.

2.3.

Además, la Comisión:

seguirá cooperando con los organismos internacionales de normalización;

promoverá el desarrollo de cooperaciones público-privadas en las que participen todos los agentes;

examinará el impacto de las normas en la economía y la sociedad.

2.4.

De conformidad con el artículo 24, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1025/2012, relativo a la presentación de un informe sobre la aplicación del Reglamento, la Comisión llevará a cabo una revisión del sistema europeo de normalización con el fin de evaluar su rendimiento.

2.5.

Se espera que los trabajos de la iniciativa conjunta sobre normalización finalicen en 2019. La Comisión analizará los resultados obtenidos, distinguiendo tres categorías:

sensibilización, educación y comprensión del sistema europeo de normalización;

coordinación, cooperación, transparencia y participación de una amplia gama de agentes;

competitividad y dimensión internacional.

3.   Observaciones generales

3.1.

El programa de trabajo anual para 2019 precisa y complementa las prioridades ya puestas en ejecución para adaptar el sistema de normalización europea a la cambiante situación internacional y a los retos que presenta el mercado global.

3.2.

El Comité coincide con la Comisión en que la normalización contribuirá a promover la estrategia para el mercado único digital centrándose en los siguientes ámbitos: internet de las cosas, macrodatos, cadena de bloques, sistemas de transporte inteligentes y conducción autónoma, ciudades inteligentes, accesibilidad, administración electrónica, sanidad electrónica e inteligencia artificial (IA). Además, la nueva normalización debe ser compatible e interoperable con las normas sobre protección de datos personales (Reglamento General de Protección de Datos) (7).

3.2.1.

El Comité expresa su esperanza de que, en consonancia con el Reglamento General de Protección de Datos, se garantice un alto nivel de seguridad y protección de los datos personales de todos los agentes del mercado único digital.

3.3.

En opinión del Comité, deben actualizarse las normas y disposiciones de seguridad vigentes en este ámbito, en particular teniendo en cuenta los nuevos riesgos. Se espera que las nuevas normas reduzcan el impacto negativo de la robótica y la inteligencia artificial en la vida de las personas (8).

3.4.

Los requisitos de ciberseguridad deberían garantizar que las nuevas aplicaciones de la IA no supongan ningún riesgo para los usuarios (por ejemplo, ciberataques a gran escala, rastreo de los consumidores o ataques de piratería informática). Con este fin, la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA), con su mandato permanente, debe desempeñar un papel clave, en particular en el ámbito de la normalización de la ciberseguridad (9).

3.5.

El CESE apoya la propuesta de reducir las emisiones de CO2 en el sector del transporte. Esto debería contribuir, entre otras cosas, a un consumo más eficiente de combustible y energía en los vehículos, lo que también debería dar lugar a una reducción de los costes para los usuarios. El número creciente de vehículos automatizados requerirá también normas armonizadas, ya que estos vehículos están expuestos a riesgos elevados (ciberataques, protección de datos, responsabilidad en caso de accidente) (10).

3.5.1.

Ya en un dictamen anterior el Comité acogió favorablemente el tercer paquete de movilidad como un paso positivo hacia una movilidad sostenible para Europa (11).

3.6.

El Comité considera que las propuestas sobre el etiquetado de los neumáticos (12), la ecologización del transporte marítimo mediante el uso de combustibles alternativos y la ampliación de los requisitos de diseño ecológico (13) a nuevas categorías de productos pueden contribuir a mitigar el cambio climático.

3.7.

El Comité apoya el desarrollo de normas en el ámbito de la economía circular que contribuyan a la producción sostenible y, de esta manera, a la protección de los recursos naturales (14).

3.8.

Las normas técnicas facilitarán la adopción de soluciones innovadoras en la industria.

3.9.

El Comité comparte la opinión de la Comisión de que el desarrollo de un plan de acción para la normalización de la defensa por parte de la Agencia Europea de Defensa y los organismos europeos de normalización contribuiría a garantizar un mercado único de la defensa abierto y competitivo en la UE (15). Se está llevando a cabo una labor similar en el ámbito de las tecnologías espaciales (16).

3.10.

Las normas europeas e internacionales deben ser coherentes. Asimismo, es necesario promover el uso de normas europeas fuera de la UE. Con este fin, la Comisión debe intensificar el diálogo objetivo con los organismos internacionales de normalización y las negociaciones bilaterales con terceros países no europeos.

3.11.

El Comité apoya firmemente la intención de la Comisión, muy acertada, de destacar los efectos positivos de la participación de una amplia gama de agentes en la calidad de la normalización. Incluir en los trabajos de normalización a las organizaciones mencionadas en el anexo III representa un valor añadido en términos de mejora de la competitividad y aporta beneficios a la sociedad en su conjunto.

3.12.

El CESE reitera su petición de que se lleve a cabo un seguimiento exhaustivo de las actividades de los principales agentes de la normalización, un seguimiento que tiene por objetivo lograr la participación del mayor número posible de agentes en el sistema europeo de normalización. En particular, el CESE podría crear un foro ad hoc para impulsar la participación de una amplia gama de agentes en el sistema europeo de normalización. Este organismo sería responsable de organizar una audiencia pública anual para evaluar los progresos realizados en este ámbito.

Bruselas, 20 de marzo de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 17; DO C 75 de 10.3.2017, p. 40; DO C 34 de 2.2.2017, p. 86; DO C 303 de 19.8.2016, p. 81.

(2)  INT/879 «Normas armonizadas», Larghi, 2019 (véase la página 78 del presente Diario Oficial).

(3)  INT/879 «Normas armonizadas», Larghi, 2019 (véase la página 78 del presente Diario Oficial).

(4)  DO C 303 de 19.8.2016, p. 81; DO C 75 de 10.3.2017, p. 40; DO C 197 de 8.6.2018, p. 17.

(5)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 17.

(6)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 17.

(7)  DO C 81 de 2.3.2018, p.102.

(8)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1.

(9)  DO C 227 de 28.6.2018, p. 86.

(10)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 254; DO C 62 de 15.2.2019, p. 274.

(11)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 254.

(12)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 280.

(13)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 97.

(14)  DO C 264 de 20.7.2016, p. 98; DO C 367 de 10.10.2018, p. 97; DO C 283 de 10.8.2018, p. 61; DO C 62 de 15.2.2019, p. 207.

(15)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 62.

(16)  DO C 62 de 15.2.2019, p. 1.


5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/78


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo — Normas armonizadas: aumento de la transparencia y la seguridad jurídica en aras de un mercado único plenamente operativo»

[COM(2018) 764 final]

(2019/C 228/11)

Ponente: Gerardo LARGHI

Consulta

Comisión Europea, 18.2.2019

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

7.3.2019

Aprobado en el pleno

20.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

125/0/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) apoya la Comunicación de la Comisión sobre las normas armonizadas, que se propone mejorar la transparencia y la seguridad jurídica en el mercado único, garantizando un funcionamiento eficaz del mismo. En particular, el Comité reitera su apoyo al principio de normalización armonizada como herramienta clave para la realización del mercado único, ya que brinda oportunidades de crecimiento para las empresas y los trabajadores, refuerza la confianza de los consumidores en la calidad y la seguridad de los productos y hace posible una mejor protección del medio ambiente.

1.2.

El CESE considera que una estrategia eficaz de normalización armonizada debe basarse en una elaboración y publicación más rápidas de las normas en el Diario Oficial de la UE, pero también en el refuerzo de una gobernanza basada en la transparencia y la inclusión de las partes interesadas, así como en una estrategia de defensa a escala global de las normas europeas de las que depende nuestro sistema de producción, las oportunidades de crecimiento y empleo, y la calidad y la seguridad de los productos.

1.3.

El CESE considera que las medidas propuestas por la Comisión parecen avanzar en la dirección correcta en lo que se refiere a una mayor rapidez en la elaboración de normas armonizadas, y que son aceptables en general. Sin embargo, se podría hacer más en el ámbito de la transparencia y la inclusión, dado que todavía hay muchas partes potencialmente interesadas que en realidad no participan en el proceso de normalización. Esta limitación se refleja claramente en la dificultad de la UE para defender de forma coherente sus normas a nivel internacional en el ámbito de las negociaciones con la Organización Internacional de Normalización (ISO).

1.4.

Por consiguiente, el Comité reitera su llamamiento para que se preste un mayor apoyo a la participación de las partes interesadas, en particular mediante el refuerzo y la mejora de la comunicación de los instrumentos financieros ya disponibles (Horizonte 2020). Teniendo esto en cuenta, es importante que se mantenga íntegramente la financiación actualmente prevista o, si es posible, se incremente en el próximo marco financiero plurianual 2021-2027. La misma recomendación se aplica a la financiación de las partes interesadas mencionadas en el anexo III del Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (1). Además, con objeto de reforzar la inclusividad del proceso de normalización, el CESE reitera su voluntad de organizar un foro anual de partes interesadas para evaluar los progresos realizados en este ámbito y promover el intercambio de buenas prácticas entre los distintos sectores productivos.

1.5.

El CESE considera que las iniciativas puestas ya en marcha por la Comisión para recuperar el atraso en la elaboración de las normas constituyen señales positivas. Sin embargo, es evidente que algunos sectores estratégicos, como el sector digital, siguen mostrando signos de grave retraso en cuestiones delicadas como la cadena de bloques, que tienen repercusiones transversales en las vidas de todos los ciudadanos, las empresas y los trabajadores. Por ello, el Comité pide a la Comisión que elabore programas de trabajo cada vez más concretos, con calendarios claros y definidos. Asimismo, se aguardan con interés los resultados de la evaluación de impacto socioeconómico sobre la normalización, en la que se espera que se tengan debidamente en cuenta aspectos indirectos como los niveles de empleo y la seguridad de los trabajadores.

2.   Introducción

2.1.

Las normas armonizadas son una categoría específica de normas europeas elaborada por una organización europea de normalización (2) (OEN) a petición («mandato») de la Comisión Europea en el marco de una asociación público-privada. En torno al 20 % de las normas europeas se elaboran en respuesta a una petición de normalización de la Comisión Europea. Las normas armonizadas pueden utilizarse para probar que determinados productos o servicios comercializados son conformes a los requisitos técnicos previstos por la legislación pertinente de la UE.

2.2.

Los requisitos técnicos indicados en la legislación de la UE son obligatorios, mientras que el uso de las normas armonizadas es voluntario. Ahora bien, para una empresa, especialmente las pequeñas y medianas, es tan complejo certificar sus propias normas alternativas que, en la práctica, casi todas las empresas respetan y reconocen las normas armonizadas.

2.3.

Por tanto, aunque en teoría el uso de normas armonizadas sea voluntario, en la práctica estas constituyen una herramienta crucial para el funcionamiento y el desarrollo del mercado único, ya que aportan una presunción de conformidad que garantiza seguridad jurídica y la posibilidad de comercializar nuevos productos sin costes adicionales. Por tanto, el desarrollo de un buen sistema de normas armonizadas debería redundar en beneficio de todos, ofreciendo oportunidades de crecimiento a las empresas y trabajadores, garantizando la salud y la seguridad de los consumidores y contribuyendo a proteger el medio ambiente en una perspectiva de economía circular.

2.4.

En marzo de 2018, el Consejo Europeo solicitó a la Comisión que evaluara los progresos en la realización del mercado único, así como los obstáculos que todavía persisten. Esta solicitud tuvo su respuesta en la Comunicación COM(2018) 772 (3). En esta evaluación se hace gran hincapié en la normalización como factor clave para la eliminación de los obstáculos técnicos a los intercambios comerciales, pues esta garantiza la interoperabilidad de productos y servicios complementarios, facilita la comercialización de productos innovadores y refuerza la confianza de los consumidores.

2.5.

No obstante, la rápida evolución tecnológica, la digitalización y el desarrollo de la economía colaborativa plantean la necesidad de hacer el sistema de normalización cada vez más rápido, moderno, eficiente y flexible. En este contexto, las normas armonizadas constituyen un factor clave. Además, una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de la UE (4) precisa que las normas armonizadas, aunque sean elaboradas por organismos privados independientes y su uso sea voluntario, entran de pleno derecho en la legislación de la UE; de ahí la obligación de la Comisión de supervisar el proceso y garantizar una rápida elaboración y una aplicación eficaz.

2.6.

Por esta razón, la Comisión ha publicado la Comunicación objeto de examen, con el propósito de hacer balance de las medidas ya adoptadas en materia de normalización armonizada y de lo que queda por hacer para aplicar plenamente el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 sobre normalización.

3.   Síntesis de la propuesta de la Comisión

3.1.

La propuesta de la Comisión se basa en cuatro medidas que deben tomarse de inmediato para seguir avanzando en las cuestiones de inclusividad, seguridad jurídica, previsibilidad y pronta materialización de las ventajas del mercado único que se derivarán de la existencia de normas armonizadas.

3.2.   Medida 1. Eliminar el atraso existente a la mayor brevedad.

3.2.1.

En 2017, la Plataforma REFIT puso de manifiesto un claro retraso («backlog») en el proceso de normalización, en línea con lo que ya habían afirmado distintas partes interesadas (5). Ese retraso afecta sobre todo a los sectores expuestos a la transformación digital de la economía. Por esta razón, de común acuerdo con las organizaciones europeas de normalización, se ha elaborado una estrategia para colmar el retraso.

3.3.   Medida 2. Simplificar los procedimientos empleados para publicar las referencias de las normas armonizadas en el Diario Oficial.

3.3.1.

Esta medida se basa en un examen global del funcionamiento de la Comisión, que ha conducido a la creación de un grupo de consultores encargados de identificar en una fase temprana posibles problemas en el proceso de elaboración. Además, se ha instaurado un diálogo estructurado en el marco de la asociación público-privada, así como un diálogo interinstitucional en el que han participado tanto las principales instituciones europeas (entre ellas el CESE) como las partes interesadas, y que ha llevado a establecer que, a partir del 1 de diciembre de 2018, la Comisión adoptará las decisiones relativas a normas armonizadas mediante el procedimiento escrito acelerado.

3.4.

Medida 3. Elaborar un documento de orientación sobre aspectos prácticos de aplicación del Reglamento sobre normalización.

3.4.1.

El documento de orientación servirá para aclarar el papel y las responsabilidades de los distintos actores en cada una de las fases de elaboración de las normas armonizadas. En particular, se especificarán los aspectos sustanciales y de procedimiento del nuevo formato de solicitud de normalización que está elaborando la Comisión para garantizar más transparencia y previsibilidad a la hora de elaborar normas. También se aclarará el papel de la Comisión y de sus consultores especializados. Por último, se ofrecerán orientaciones adicionales para agilizar el procedimiento de evaluación de las normas armonizadas entre todos los sectores pertinentes, así como para aumentar su coherencia.

3.5.   Medida 4. Reforzar el sistema de consultores para poder disponer de evaluaciones rápidas y fiables de las normas armonizadas, que garanticen su publicación oportuna en el Diario Oficial de la Unión Europea.

3.5.1.

Con objeto de garantizar una mejor coordinación en la fase inicial del proceso de evaluación de las normas armonizadas objeto de desarrollo por parte de las OEN, la Comisión seguirá contando con la asistencia científica del Centro Común de Investigación, reforzando al mismo tiempo su colaboración con los comités técnicos encargados de elaborar normas a través del sistema de consultores especializados creado recientemente. El objetivo es maximizar la velocidad, la calidad y la fiabilidad de las evaluaciones con miras a mejorar la eficiencia de todo el proceso y garantizar que las referencias de las normas armonizadas se publiquen en el Diario Oficial a la mayor brevedad posible.

4.   Observaciones generales

4.1.

El CESE apoya la Comunicación de la Comisión sobre las normas armonizadas, que se propone mejorar la transparencia y la seguridad jurídica en el mercado único, garantizando un funcionamiento eficaz del mismo. El análisis de esta propuesta se ha llevado a cabo en paralelo con el dictamen CESE INT/878 (6), relativo al Programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización europea para 2019 (7), por razones evidentes de proximidad de contenido, a fin de aportar una respuesta integrada, coordinada y coherente.

4.2.

El CESE reitera su pleno apoyo al principio de normalización armonizada como herramienta clave para la realización del mercado único, ya que brinda oportunidades de crecimiento para las empresas y los trabajadores, refuerza la confianza de los consumidores en la calidad y la seguridad de los productos y hace posible una mejor protección del medio ambiente (8). Además, el CESE considera que una estrategia sobre la normalización armonizada no puede disociarse de los procesos en curso a escala mundial, con los que debería integrarse adecuadamente en términos de defensa de las normas establecidas a escala europea. De hecho, cualquier retraso en el proceso de normalización europeo o una defensa ineficaz de las normas europeas en las negociaciones en el marco de la ISO puede conducir a una situación en la que se eludan nuestras normas o estas resulten incompatibles con las aprobadas a nivel internacional, lo que causaría un daño evidente a las empresas y a los consumidores.

4.3.

El CESE acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión, que ha permitido recuperar parte del atraso acumulado durante años (9) en materia de normalización armonizada. Sin embargo, en el caso de algunos sectores digitales estratégicos, como la cadena de bloques, cabe señalar que solo ahora se está poniendo en marcha un Grupo de trabajo ad hoc sobre el tema, lo que denota un retraso significativo. Dado que es extremadamente difícil normalizar la innovación en un plazo breve, sería oportuno elaborar un programa de trabajo más claro y concreto, que prevea plazos y procedimientos de ejecución bien definidos.

4.4.

El CESE estima que la simplificación de los procedimientos internos de la Comisión para abreviar el proceso de toma de decisiones y la publicación en el Diario Oficial es sin duda oportuna, ya que estos constituyen una de las causas del atraso acumulado con los años en materia de normalización armonizada. Es esencial, en particular, que el sistema de normalización armonizada esté a la altura de los nuevos retos del mercado, a fin de evitar movimientos precipitados por parte de algunos Estados miembros que puedan dar lugar a conflictos entre las distintas normativas nacionales.

4.5.

En el proceso más amplio de simplificación previsto por la Comisión, es fundamental que se garantice la transparencia y, en particular, la inclusividad en los procesos de gobernanza. Esto significa que el Comité Económico y Social Europeo, como ya sucedió con el diálogo interinstitucional iniciado en junio de 2018, debe seguir participando plenamente, junto con las demás partes interesadas, tanto a escala europea como nacional (10).

4.6.

El CESE recalca que la participación activa de las partes interesadas a nivel nacional, europeo e internacional contribuye a reforzar y consolidar las normas, y debe fomentarse y apoyarse. Las partes interesadas siguen encontrando, de hecho, numerosas dificultades para acceder a los procesos de definición de normas armonizadas. Cabe destacar, en particular, problemas de información y sensibilización sobre la importancia de este instrumento y sobre las modalidades de acceso, unos criterios restrictivos de participación y los costes excesivamente elevados que suponen para las pequeñas organizaciones o empresas.

4.7.

A este respecto, el Comité observa que los fondos puestos a disposición a través del programa Horizonte 2020 para financiar la participación de las partes interesadas en los procesos de normalización son poco conocidos, cuando deberían resultar de más fácil acceso y comunicarse mejor (11). También es importante que se mantenga íntegramente la financiación actualmente prevista o, si es posible, se incremente en el próximo marco financiero plurianual 2021-2027. La misma recomendación se aplica a la financiación de las partes interesadas mencionadas en el anexo III del Reglamento (UE) n.o 1025/2012.

4.8.

Para aumentar la eficacia de las acciones de apoyo a la normalización, se recomienda que los proyectos financiados por el programa Horizonte Europa también prevean la participación de las partes interesadas en actividades de normalización de la innovación realizadas en el marco de las actividades de difusión.

4.9.

En línea con sus dictámenes anteriores (12), el CESE pide que se lleve a cabo un seguimiento exhaustivo de los esfuerzos realizados por los principales actores en materia de normalización, con el fin de reforzar la dimensión inclusiva del sistema europeo de normalización (SEN). Con este propósito, el CESE podría crear un foro ad hoc sobre la inclusividad del SEN. Este organismo se encargaría de organizar una audiencia pública anual para evaluar los progresos realizados en este ámbito y promover el intercambio de buenas prácticas entre los distintos sectores productivos.

5.   Observaciones específicas

5.1.

El Comité opina que los esfuerzos propuestos por la Comisión para agilizar los procedimientos internos y aumentar el número de consultores podrían aplicarse a más niveles operativos, afectando tanto al personal como al funcionamiento de la organización interna. Estos intentos de mejora son necesarios, pero deberían contar con una financiación adecuada. El CESE pide, por tanto, a la Comisión que aclare más este aspecto y destaque la necesidad de contar con una dotación de fondos acorde con los retos del sector y con los objetivos del Reglamento (UE) n.o 1025/2012 (13).

5.2.

El CESE reitera la necesidad de fortalecer la cultura europea de la normalización —mediante campañas específicas de sensibilización en las que participen los ciudadanos, desde aquellos ya en edad escolar hasta los responsables políticos— y de reflejarla asimismo en el marco de los acuerdos internacionales (14). Además, sería oportuno organizar campañas de sensibilización específicas para las pymes y las empresas emergentes.

5.3.

El CESE espera que la evaluación de impacto socioeconómico del sistema de normalización que figura en el programa de trabajo para la normalización europea de 2019 consagre un espacio específico a las normas armonizadas y considere de forma realista las posibles desventajas y oportunidades, no solo en el marco del mercado interior sino también a escala mundial. Esto implica que la evaluación anteriormente mencionada también debería tener en cuenta los efectos indirectos de la normalización, así como los niveles de empleo y la seguridad de los trabajadores (15).

Bruselas, 20 de marzo de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.

(2)  El Comité Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) y el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI).

(3)  COM(2018) 772 final: El mercado único en un mundo en plena mutación. Un activo único que necesita un compromiso político renovado.

(4)  Sentencia en el asunto C-613/14 «James Elliot Construction contra Irish Asphalt Limited».

(5)  Plataforma REFIT, dictamen XXII.2.b.

(6)  INT/878, Normalización europea para 2019 (véase la página 74 del presente Diario Oficial).

(7)  COM(2018) 686 final.

(8)  DO C 75 de 10.3.2017, p. 40.

(9)  Dato de la Comisión Europea.

(10)  DO C 34 de 2.2.2017, p. 86; DO C 75 de 10.3.2017, p. 40.

(11)  El programa de trabajo LEIT («Leadership in Enabling and Industrial Technologies» – Liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación) de Horizonte 2020 financia proyectos orientados al apoyo de la participación de las partes interesadas en el proceso de normalización. Uno de ellos es el proyecto Standict.eu (www.standict.eu), de dos años de duración, cuyo objeto es normalizar las innovaciones en el sector de las TIC; cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros y un número de beneficiarios potenciales en torno a 300, seleccionados a través de convocatorias publicadas periódicamente. En el programa de trabajo LEIT 2019-2020 se prevé una convocatoria similar, «ICT-45-2020: Reinforcing European presence in international ICT standardisation: Standardisation Observatory and Support Facility» (Refuerzo de la presencia europea en la normalización internacional de las TIC: Observatorio de la Normalización y Mecanismo de Apoyo), con el doble de la dotación financiera (4 millones de euros en lugar de 2) y una duración de tres años (en lugar de dos).

(12)  DO C 303 de 19.8.2016, p. 81; DO C 197 de 8.6.2018, p. 17.

(13)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 17.

(14)  Véase la nota 10 a pie de página.

(15)  Véase la nota 8 a pie de página.


5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/83


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia un marco de la Unión Europea más exhaustivo en materia de alteradores endocrinos»

[COM(2018) 734 final]

(2019/C 228/12)

Ponente: Brian CURTIS (UK-II)

Consulta

Comisión Europea, 14.12.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Decisión de la Mesa

10.7.2018

Sección competente

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobado en sección

27.2.2019

Aprobado en el pleno

21.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

173/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre alteradores endocrinos, que tiene como objetivo mejorar la protección de la salud humana y animal. En concreto, el CESE estima necesario llevar a cabo un control de adecuación completo de la legislación actual, incluido el impacto socioeconómico, a fin de determinar el estado de la cuestión. Un enfoque holístico es fundamental para apoyar una estrategia a largo plazo que permita abordar los alteradores endocrinos de manera coherente y científica. No obstante, el Comité opina que dicha estrategia debe reforzarse mediante un plan de acción realista que establezca objetivos y plazos.

1.2.

El Comité respalda la propuesta de definición de un marco legislativo más coherente. En este contexto, será importante observar el principio «una sustancia, una toxicología»y basar la nueva estrategia en la aplicación armonizada del principio de cautela, en consonancia con las disposiciones efectivas ya aprobadas en materia de biocidas y plaguicidas (1). La nueva estrategia podría integrarse en el marco del paraguas intersectorial que representa REACH.

1.3.

El mecanismo de gobernanza debe basarse en criterios científicos, a fin de garantizar transparencia a los ciudadanos y las partes interesadas. Por tanto, la investigación pública e independiente debe contar con un presupuesto adecuado. En concreto, la investigación independiente podría determinar criterios o métodos científicos consensuados para abordar, apoyar y estimular la actividad y producción en materia de investigación e innovación industrial en Europa. El CESE recomienda que dicho presupuesto no sea inferior al presupuesto actual en el marco de Horizonte 2020. En particular, el Comité aconseja que se establezca una línea presupuestaria específica para la detección temprana de alteradores endocrinos y los riesgos para la salud animal y humana, la determinación de sustancias alternativas seguras y la regeneración medioambiental.

1.4.

Las prohibiciones o restricciones de algunas sustancias o productos, una vez definidos de forma creíble como alteradores endocrinos, podrían tener consecuencias importantes para las empresas y los puestos de trabajo. Por esta razón, el CESE recomienda que la Comisión proporcione un mecanismo financiero específico para apoyar la transición hacia una producción más sostenible con el objetivo de mejorar las técnicas y mecanismos de producción industriales y actualizar las competencias de los trabajadores.

1.5.

El CESE respalda la propuesta de reunión anual de las partes interesadas. Sin embargo, el Comité opina que para que sea realmente eficaz, el diálogo entre las partes interesadas y la Comisión Europea debe incluir un sistema estructurado permanente de intercambio de información y consulta.

1.6.

El Comité pide que la campaña amplia de sensibilización sobre los contaminantes orgánicos persistentes (COP) que la Comisión organizará a escala de la UE se desarrolle siguiendo un enfoque similar centrado en los alteradores endocrinos. El CESE reitera asimismo su recomendación de crear un banco de datos abierto para los COP y alteradores endocrinos con el fin de proporcionar una herramienta útil para las empresas y los consumidores.

1.7.

El Comité está convencido de que la estrategia europea en materia de alteradores endocrinos debe contar con una dimensión internacional a fin de proteger de forma eficaz la salud de los ciudadanos frente a productos potencialmente inseguros procedentes de terceros países. Por este motivo, el CESE respalda la propuesta de la Comisión de que la UE adopte un papel más proactivo a escala global para apoyar a la OCDE en la mejora de sus ensayos. Además, el CESE opina que la UE debería promover la sostenibilidad y la defensa de las disposiciones sobre los alteradores endocrinos en los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. En este contexto, la UE podría colaborar con la OMS y el PNUMA para firmar un convenio global sobre los alteradores endocrinos, como ya lo hizo con los COP (Convenio de Estocolmo), sobre la base de la lista existente de las Naciones Unidas de alteradores endocrinos detectados o potenciales. Estas iniciativas serán también útiles al objeto de crear condiciones de competencia equitativas y proteger el modelo de producción europeo frente a la competencia desleal.

1.8.

El CESE defiende la estrategia abierta adoptada por la Comisión y considera que la sociedad civil organizada podría desempeñar un papel fundamental a la hora de diseñar campañas de sensibilización a escala nacional, a fin de informar a una población más amplia sobre las medidas adoptadas por la UE para proteger la salud de los ciudadanos. Tales iniciativas deben comenzar en las escuelas para reducir los riesgos de exposición a los alteradores endocrinos y promover un comportamiento seguro. En particular, el CESE recomienda que las iniciativas sobre educación y formación se armonicen y se consideren parte de la misma estrategia en virtud de un enfoque de aprendizaje permanente. Debería haber cursos obligatorios de formación específica y estar accesibles para todos aquellos trabajadores europeos que tengan una actividad directa o indirectamente relacionada con los alteradores endocrinos.

2.   Introducción

2.1.

Los alteradores endocrinos son sustancias químicas sintéticas o naturales que modifican el modo de funcionamiento del sistema endocrino y perjudican por consiguiente la salud de los humanos y los animales, en particular el metabolismo, el crecimiento, el sueño y el estado de ánimo. La exposición a los alteradores endocrinos se debe a una serie de fuentes diferentes, como residuos de plaguicidas, metales y aditivos o contaminantes presentes en alimentos y productos cosméticos. Algunos alteradores endocrinos son sustancias que se encuentran de forma natural en el medio ambiente. Los humanos y los animales pueden verse expuestos a los alteradores endocrinos a través de los alimentos, el polvo o el agua, inhalando gases y partículas del aire o simplemente mediante el contacto con la piel (productos de cuidado personal). En ocasiones, los efectos producidos por un alterador endocrino solo pueden constatarse mucho tiempo después de la exposición (2). Debe señalarse que entre los productos con propiedades de alteración endocrina cabe incluir sustancias presentes en determinados alimentos (por ejemplo, legumbres y hortalizas), algunas vitaminas y otros complementos alimenticios, así como en medicamentos importantes (por ejemplo, para el tratamiento del cáncer y métodos anticonceptivos femeninos). Los ciudadanos de la UE pueden verse expuestos a grandes cantidades de alteradores endocrinos a través de estos productos.

2.2.

La inquietud en torno a los alteradores endocrinos no ha dejado de crecer desde los años noventa del siglo pasado. En diciembre de 1999, la Comisión adoptó una Estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos (3), que ha sido desarrollada desde entonces a través de medidas en los ámbitos de la investigación, la normativa y la cooperación internacional. Un estudio en profundidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) planteó la cuestión del amplio impacto de los alteradores endocrinos en un gran número de humanos y animales, en particular en fetos y mujeres gestantes (parto prematuro y bajo peso al nacer, malformaciones y trastornos de desarrollo neurológico), niños y adolescentes (alteración del desarrollo y funcionamiento normal del aparato reproductor, como por ejemplo un desarrollo más temprano de las mamas en chicas jóvenes) y también en adultos (reducción de la fertilidad, obesidad y cáncer) (4).

2.3.

Se sabe que un gran número de sustancias químicas naturales y sintéticas interactúan con la síntesis de hormonas, la actividad o el metabolismo, pero solo una pequeña parte de ellas han sido debidamente investigadas por su potencial para inducir efectos adversos a través de mecanismos de los alteradores endocrinos, tal como también se indica en un reciente informe de las Naciones Unidas. La velocidad con la que se han producido aumentos en la incidencia de enfermedades en las últimas décadas excluye a los factores genéticos como única explicación verosímil. También intervienen factores medioambientales y otros no relacionados con aspectos genéticos, como la nutrición, la edad de la madre, las enfermedades víricas y las exposiciones a sustancias químicas, pero no siempre son fáciles de determinar (5).

2.4.

Se han realizado avances en el entendimiento y la regulación de los alteradores endocrinos y se considera ahora a la UE un líder mundial en la gestión de estas sustancias químicas, cuya legislación se encuentra entre aquellas que mayor nivel de protección brindan en el mundo. La legislación en materia de plaguicidas y biocidas, sustancias químicas en general (el«Reglamento REACH»), productos sanitarios y agua recoge ahora disposiciones específicas (6). El resto de normativas, como la legislación sobre materiales en contacto con alimentos, cosméticos, juguetes o sobre la protección de los trabajadores en el centro de trabajo, no contiene (7) disposiciones específicas sobre alteradores endocrinos. No obstante, las sustancias con propiedades de alteración endocrina están supeditadas a acciones reguladoras en cada caso sobre la base de los requisitos generales de la legislación. La falta de coordinación, sin embargo, ha provocado la fragmentación de la legislación actual y en ocasiones le ha restado coherencia (por ejemplo, el bisfenol A es una materia prima utilizado ampliamente en varios sectores manufactureros. Su uso en productos cosméticos y biberones está prohibido, pero todavía está permitido en el resto de materiales en contacto con alimentos y piensos y en el papel termosensible).

3.   Síntesis de la propuesta

3.1.

La Comunicación, que aparece casi veinte años después de la adopción de la Estrategia comunitaria, señala que la Comisión pondrá en marcha un control de adecuación de la legislación actual a fin de determinar el estado de la cuestión. Este debería constituir el primer paso en pos de actualizar y dotar de coherencia y coordinación la legislación de la UE en cuanto a tres aspectos fundamentales: definición, detección y repercusiones normativas (en particular sobre medidas de protección).

3.2.

Una definición común de los alteradores endocrinos constituye el punto de partida de un enfoque horizontal y un elemento clave del nuevo camino que debe seguirse. Se basará en la definición de alterador endocrino de la OMS (8). Se precisa una definición común a fin de establecer un método armonizado para detectar los alteradores endocrinos.

3.3.

Por lo que respecta a la detección, la Comisión está tratando de impulsar tres líneas de actuación:

un mecanismo horizontal para la detección de alteradores endocrinos;

la actualización de los requisitos de datos en la legislación para detectar nuevos alteradores endocrinos con mayor precisión;

la mejora de la comunicación a lo largo de la cadena de suministro con respecto a los alteradores endocrinos en virtud de REACH (fichas de datos de seguridad).

3.4.

El tercer aspecto consiste en aplicar las mismas medidas y disposiciones en consonancia con el principio de cautela, a fin de proteger al público frente a la exposición a posibles daños en caso de que la investigación científica detecte un riesgo posible. Esto debería conllevar el veto a la producción de dichas sustancias y la restricción de las posibles excepciones. Por este motivo, el control de adecuación prestará especial atención a la coherencia y la intensidad de las medidas de protección de todos los ciudadanos, con particular hincapié en los grupos de población vulnerables especialmente sensibles a los alteradores endocrinos cuando el sistema endocrino se encuentra en etapa de cambio, como por ejemplo en los fetos, adolescentes y mujeres embarazadas.

3.5.

La investigación resultará crucial para el futuro marco legislativo, ya que aún existen varias incógnitas, como por ejemplo:

el modo exacto en que los alteradores endocrinos contribuyen al desarrollo de enfermedades;

la posibilidad de establecer un «umbral de seguridad»para los alteradores endocrinos por debajo del cual no se producen efectos adversos;

qué mezcla puede provocar un efecto «cóctel»y cómo funcionan las «mezclas»en general;

de qué manera podemos dotar de mayor eficiencia a nuestros métodos de ensayo.

3.6.

Desde 1999 se han financiado más de cincuenta proyectos relativos a alteradores endocrinos en virtud de los programas marco de la UE para investigación y desarrollo (más de 150 millones de euros de financiación (9)). Se han asignado 52 millones de euros adicionales en virtud de Horizonte 2020. Se financiarán nuevos proyectos en el marco del programa Horizonte Europa (10). En concreto, la Comisión propone las siguientes líneas de investigación:

continuación del desarrollo de la valoración del peligro, la evaluación de riesgos y la gestión de sustancias químicas, inclusive en lo tocante al efecto «cóctel», y para la recopilación, el intercambio y la combinación de los datos requeridos;

eliminación de sustancias preocupantes en la fase de producción y de final de la vida útil; apoyo al desarrollo de sustitutos seguros y de tecnologías de producción rentables y seguras;

ecoinnovación para prevenir y reparar la contaminación ambiental con sustancias peligrosas y productos químicos que ahora se consideran fuente de preocupación, teniendo en cuenta también la interacción entre las sustancias químicas, los productos y los residuos.

3.7.

Al objeto de que la nueva estrategia sea más eficaz, la Comisión está previendo un papel de la UE más proactivo a escala global y un diálogo abierto con las partes interesadas y el público en general. Tales actividades se estructurarán en torno a cuatro iniciativas:

se organizará un foro anual sobre alteradores endocrinos. El foro permitirá a los científicos a y las partes interesadas públicas y privadas intercambiar información y buenas prácticas, determinar los retos y crear sinergias con el fin de respaldar la labor de la Comisión;

un mayor apoyo a la actividad de las organizaciones internacionales pertinentes, con especial atención en proporcionar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la ayuda necesaria para avanzar en la elaboración de directrices de ensayo acordadas a escala internacional;

explorar las posibilidades de incluir los alteradores endocrinos en el sistema internacional de clasificación de sustancias químicas existente. Ello aportaría una solución a escala mundial para la identificación de alteradores endocrinos (similar al sistema ya vigente para otras clases de peligro tales como las sustancias mutágenas, cancerígenas y tóxicas para la reproducción).

un portal web que proporcione información sobre este tema a las personas, las empresas y las partes interesadas. Dado que existen distintos niveles de información y sensibilización en Europa, se animará a los Estados miembros a que desarrollen campañas específicas que hagan especial hincapié en los grupos vulnerables.

4.   Observaciones generales

4.1.

El CESE acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre alteradores endocrinos. En concreto, el Comité estima necesario llevar a cabo un control de adecuación completo de la legislación actual, incluido el impacto socioeconómico, a fin de determinar el estado de la cuestión. Un enfoque holístico es fundamental para apoyar una estrategia a largo plazo (11) que permita abordar los alteradores endocrinos de manera coherente y científica.

4.2.

El Comité coincide con la Comisión en que los alteradores endocrinos son sustancias especialmente preocupantes. Por esta razón, el Comité apoya la propuesta de creación de un marco legislativo coherente y de aplicación armonizada del principio de cautela, en consonancia con las disposiciones efectivas ya adoptadas en materia de biocidas y plaguicidas (12).

4.3.

En concreto, el CESE considera que la coherencia del nuevo marco legislativo supondrá el principal reto de la UE, puesto que varias sustancias, como el bisfenol A, utilizadas ampliamente como aditivos en varios sectores, se perciben de forma muy distinta. Por tanto, es importante observar el principio científico «una sustancia, una toxicología (13)». Ello implica que los criterios para clasificar una sustancia como alterador endocrino han de ser coherentes en todos los ámbitos normativos de la UE. Así pues, aun cuando es posible contemplar salvedades, las decisiones reglamentarias deben, por lo general, ser coherentes y estar coordinadas. Por último en orden, pero no en importancia, la nueva estrategia podría integrarse en el marco del paraguas intersectorial que ofrece REACH a fin de garantizar la coherencia.

4.4.

En el nuevo contexto, el mecanismo de gobernanza debe basarse en criterios científicos, a fin de garantizar transparencia a los ciudadanos y las partes interesadas. Por tanto, es importante establecer un presupuesto adecuado para apoyar la investigación pública e independiente. El CESE considera que unos criterios o métodos científicos consensuados basados en datos extraídos de la investigación independiente podrían abordar, apoyar y estimular la actividad y producción en materia de investigación e innovación industrial en Europa.

4.5.

El Comité opina que la prohibición o las restricciones impuestas a algunas sustancias o productos, una vez definidos de forma creíble como alteradores endocrinos, podrían tener consecuencias importantes para las empresas y los puestos de trabajo. Por esta razón, la Comisión debe proporcionar un mecanismo financiero específico para apoyar la transición hacia una producción más sostenible al servicio de las empresas, con el objetivo de mejorar la capacidad de innovación de sus técnicas y mecanismos de producción, y de los trabajadores, a fin de actualizar sus competencias (14).

4.6.

La investigación independiente es vital para mejorar y completar nuestro conocimiento sobre los alteradores endocrinos. El Comité observa que la propuesta de la Comisión no ofrece información exacta sobre el presupuesto para investigación e innovación en el ámbito de alteradores endocrinos en el programa Horizonte Europa. El CESE recomienda que dicho presupuesto no sea inferior al presupuesto actual en el marco de Horizonte 2020.

4.7.

El CESE coincide con la propuesta de la Comisión sobre inversiones en investigación e innovación, pero considera que otros ámbitos serán cruciales en los próximos años y, por tanto, deberían recibir financiación:

a)

detección temprana de alteradores endocrinos. Según la OMS, existen más de ochocientas sustancias que constituyen alteradores endocrinos potenciales (15). A causa de su uso extendido, es importante invertir en acelerar las técnicas y mecanismos de individualización científica para el análisis de datos (a fin de lograr una mejor interpretación de los datos existentes);

b)

detección de métodos y sustancias alternativas seguras. El nuevo camino emprendido por la Comisión podría impulsar el descubrimiento de un buen número de alteradores endocrinos nuevos. Algunas de estas sustancias son especialmente útiles en muchos sectores productivos, por lo que es importante invertir en la investigación de alternativas y métodos de producción seguros. La carencia de datos no implica que una sustancia sea segura, y por ello es necesaria una mayor investigación científica. Deben realizarse esfuerzos por ampliar la lista de sustancias evaluadas para evitar centrarse simplemente en sustancias que ya han sido objeto de una amplia experimentación;

c)

regeneración medioambiental. Una vez que se detecta de forma creíble un nuevo alterador endocrino, es importante aplicar un procedimiento específico por lo que respecta a la evaluación y gestión de riesgos de dichas sustancias en el medio ambiente a fin de planificar, en caso necesario (en especial debido a su persistencia), una estrategia específica de regeneración medioambiental.

4.8.

El CESE respalda la propuesta de reunión anual de las partes interesadas. Sin embargo, el Comité opina que para que sea realmente eficaz, el diálogo entre las partes interesadas y la Comisión Europea debe incluir un sistema estructurado permanente de intercambio de información y consulta. El CESE desearía participar en la reunión anual y contribuir a la misma.

4.9.

Los alteradores endocrinos y los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son sustancias distintas y tienen efectos diferentes en los seres humanos y el medio ambiente, pero son igualmente peligrosos para la salud y desconocidos para los ciudadanos. Dado que la estrategia de la UE sobre los COP presenta varias similitudes con la Comunicación de la Comisión sobre los alteradores endocrinos, el Comité propone desarrollar estas estrategias a través de un enfoque similar a fin de impulsar el proceso político y científico. Concretamente, en consonancia con el Dictamen del CESE NAT/719 sobre los COP (versión refundida), el Comité pide que se preste especial atención a los alteradores endocrinos en el marco de la campaña amplia de sensibilización sobre los COP, cuya organización correrá a cargo de la Comisión a escala de la UE. El CESE reitera asimismo su recomendación de crear un banco de datos abierto sobre los COP y alteradores endocrinos con el fin de proporcionar una herramienta útil para las empresas y los consumidores.

5.   Observaciones específicas

5.1.

El CESE considera la Comunicación de la Comisión como un paso importante en pos de una mejor protección de la salud de los ciudadanos mediante la definición de un sistema de fabricación más sostenible. No obstante, el Comité opina que dicha estrategia debe reforzarse mediante un plan de acción realista que establezca objetivos y plazos.

5.2.

Una economía circular bien diseñada, que haga especial hincapié en las materias primas secundarias (16), podría contribuir a minimizar la exposición de los ciudadanos de la UE a los alteradores endocrinos. El Comité considera que la propuesta de la Comisión debe estar vinculada de forma clara y estricta a la legislación actual desarrollada en el marco del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (17) y el resto de iniciativas políticas cruciales para la sostenibilidad, como el Plan de Acción para la Economía Circular y la Estrategia sobre el Plástico, que persigue evitar la fabricación de productos tóxicos. Se trata de una cuestión muy sensible, en especial por lo que se refiere a los «efectos cóctel», que provocan enfermedades en seres humanos y son perjudiciales para el medio ambiente.

5.3.

El CESE alienta a la Comisión a que defina con mayor precisión la propuesta de organización de una consulta pública sobre los alteradores endocrinos. El Comité se muestra convencido de que, más que los ciudadanos de forma individual, la propia sociedad civil organizada puede desempeñar un papel importante, principalmente porque se requieren conocimientos y experiencia específicos para proporcionar asesoramiento útil, fiable y de base científica (18).

5.4.

El Comité está convencido de que toda estrategia europea en materia de alteradores endocrinos debe contar con una dimensión y un desarrollo internacionales a fin de proteger de forma eficaz la salud de los ciudadanos frente a productos potencialmente inseguros procedentes de terceros países. Por este motivo, el CESE respalda la propuesta de la Comisión de que la UE adopte un papel más proactivo a escala global para apoyar a la OCDE en la mejora de sus ensayos. Además, el CESE opina que la UE debería promover la sostenibilidad y la defensa de las disposiciones sobre los alteradores endocrinos en los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. En este sentido, la UE podría colaborar con la OMS y el PNUMA para firmar un convenio global sobre los alteradores endocrinos, como ya lo hizo con los COP (Convenio de Estocolmo), sobre la base de la lista existente de las Naciones Unidas de alteradores endocrinos detectados o potenciales (19). Estas iniciativas serán también útiles al objeto de crear condiciones de competencia equitativas y proteger el modelo de producción europeo frente a la competencia desleal (20).

5.5.

El CESE defiende la estrategia abierta adoptada por la Comisión y considera que la sociedad civil organizada podría desempeñar un papel fundamental a la hora de diseñar campañas de sensibilización a escala nacional, a fin de informar a una población más amplia sobre las medidas adoptadas por la UE para proteger la salud de los ciudadanos. Debe comenzar en las escuelas una campaña eficaz de sensibilización para reducir los riesgos de exposición a los alteradores endocrinos y promover un comportamiento seguro (21). En particular, el CESE recomienda que las iniciativas sobre educación y formación se armonicen y se consideren parte de la misma estrategia en virtud de un enfoque de aprendizaje permanente. Asimismo, el Comité considera que debería haber cursos de formación específicos y obligatorios, accesibles a todos aquellos trabajadores europeos cuya actividad laboral esté relacionada directa o indirectamente con los alteradores endocrinos (22).

Bruselas, 21 de marzo de 2019.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 167 de 27.6.2012, p. 1); Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).

(2)  Sitio web de la ECHA. https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/es/endocrine-disrupters-and-our-health. Según la definición de la OMS (OMS-IPCS) de 2002, que goza de amplio reconocimiento, un alterador endocrino es una «sustancia o mezcla exógena que altera una o varias funciones del sistema endocrino y, por tanto, tiene efectos adversos para la salud en un organismo intacto, su progenie o partes de su población».

(3)  COM(1999) 706.

(4)  Organización Mundial de la Salud, State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals, 2012, páginas VII-XII.

(5)  https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/scientific-knowledge-endocrine-disrupting

(6)  Reglamento (CE) n.o 1107/2009; Reglamento (UE) n.o 528/2012; Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 396 de 30.12.2006, p. 1); Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 117 de 5.5.2017, p. 1); Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

(7)  Reglamento (CE) n.o 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 338 de 13.11.2004, p. 4); Reglamento (CE) n.o 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 342 de 22.12.2009, p. 59); Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 170 de 30.6.2009, p. 1); Directiva 98/24/CE del Consejo (DO L 131 de 5.5.1998, p. 11); Directiva 2004/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 158 de 30.4.2004, p. 50).

(8)  «Una sustancia o mezcla exógena que altera una o varias funciones del sistema endocrino y, por tanto, tiene efectos adversos para la salud en un organismo intacto, su progenie o partes de su población».

(9)  Datos de la Comisión.

(10)  COM(2018) 435 final y COM(2018) 436 final – véase, en especial, en el segundo pilar sobre «Desafíos mundiales y competitividad industrial», el clúster «Salud»(cuyo presupuesto propuesto asciende a 7700 millones de euros) y las acciones directas no nucleares del clúster del Centro Común de Investigación (cuyo presupuesto propuesto asciende a 2200 millones de euros).

(11)  Dictamen del CESE sobre la «Directiva relativa a las aguas destinadas al consumo humano»(DO C 367 de 10.10.2018, p. 107); Dictamen del CESE sobre «Acciones de la UE para mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental»(DO C 283 de 10.8.2018, p. 83); Dictamen del CESE sobre «El actual sistema de garantía de la seguridad de los alimentos y del aprovisionamiento alimentario en la UE y las posibilidades de mejorarlo»(DO C 268 de 14.8.2015, p. 1); Dictamen del CESE sobre la «Seguridad de los juguetes»(DO C 77 de 31.3.2009, p. 8); Dictamen del CESE sobre la «Contribución de la sociedad civil al desarrollo de una política alimentaria integral en la UE»(DO C 129 de 11.4.2018, p. 18).

(12)  Reglamento (UE) n.o 528/2012; Reglamento (CE) n.o 1107/2009; Dictamen del CESE sobre «Biocidas»(DO C 347 de 18.12.2010, p. 62).

(13)  «Scientific principles for the identification of endocrine-disrupting chemicals: a consensus statement», Solecki (2017). https://link.springer.com/article/10.1007/s00204-016-1866-9

(14)  Dictamen del CESE sobre la «Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo»(DO C 288 de 31.8.2017, p. 56); Dictamen del CESE sobre los «Contaminantes orgánicos persistentes (COP) (versión refundida)»(DO C 367 de 10.10.2018, p. 93).

(15)  Según TEDX (Endocrine Data Exchange), dicha lista contiene más de mil sustancias.

(16)  Dictamen del CESE sobre la «Interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, sobre productos y sobre residuos»(DO C 283 de 10.8.2018, p. 56).

Dictamen del CESE sobre una «Estrategia sobre los plásticos en la economía circular (incluida la acción para hacer frente a los desechos marinos)»(DO C 283 de 10.8.2018, p. 61).

(17)  Decisión n.o 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).

(18)  Dictamen del CESE sobre los «Contaminantes orgánicos persistentes (COP) (versión refundida)»(DO C 367 de 10.10.2018, p. 93).

(19)  En agosto de 2018, las Naciones Unidas publicaron una lista de 45 sustancias químicas o grupos de sustancias químicas definidas como alteradores endocrinos o alteradores endocrinos potenciales a raíz de una evaluación científica exhaustiva sobre la base de las definiciones de la OMS/IPCS de 2002 para alteradores endocrinos y alteradores endocrinos potenciales. Lamentablemente, la ausencia de un convenio internacional en materia de alteradores endocrinos no permite definir un procedimiento internacional acordado para la protección de la salud humana y animal contra la exposición a dichas sustancias. https://www.unenvironment.org/explore-topics/chemicals-waste/what-we-do/emerging-issues/scientific-knowledge-endocrine-disrupting

(20)  Dictamen del CESE sobre «La transición hacia un futuro más sostenible en Europa»(DO C 81 de 2.3.2018, p. 44).

(21)  Por ejemplo, el Decálogo para los ciudadanos en materia de alteradores endocrinos. http://old.iss.it/inte/index.php?lang=2&id=289&tipo=29

(22)  Dictamen del CESE sobre los «Contaminantes orgánicos persistentes (COP) (versión refundida)»(DO C 367 de 10.10.2018, p. 93).


5.7.2019   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/89


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación conjunta al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Plan de Acción contra la desinformación»

[JOIN(2018) 36 final]

(2019/C 228/13)

Ponente: Ulrich SAMM

Coponente: Giulia BARBUCCI

Consulta

Comisión Europea, 12.3.2019

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Aprobado en sección

5.3.2019

Aprobado en el pleno

20.3.2019

Pleno n.o

542

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

142/2/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE toma nota de la definición de la iniciativa según la cual se entiende por desinformación la información verificablemente falsa o engañosa que supone una amenaza para la democracia y causa un perjuicio público. La difusión de desinformación ha entrado a formar parte de una guerra híbrida con un objetivo político claro. No obstante, también hace hincapié en que, además de la información falsa, la información muy selectiva, la difamación, el alarmismo y la incitación al odio suponen un ataque a los derechos fundamentales (libertades) de los ciudadanos y de las minorías.

1.2.

La desinformación más eficaz alberga siempre una parte de verdad. Por tanto, es necesario que las partes interesadas emprendan diversas medidas para sensibilizar y ofrecer información de calidad. A tal efecto, el CESE se felicita por la iniciativa de acción coordinada para la protección de la UE, sus instituciones y sus ciudadanos frente a la desinformación. Aun cuando destaca la urgencia de tales medidas, el CESE muestra también su preocupación por la posibilidad de que la repercusión de este plan de acción sea limitada, ya que no falta mucho para las elecciones europeas de mayo de 2019.

1.3.

El CESE reconoce que la desinformación proviene principalmente de tres tipos de fuentes: la Federación de Rusia (bien documentada por el Servicio Europeo de Acción Exterior), agentes económicos y medios de comunicación de otros terceros países (por ejemplo, China y Estados Unidos) y fuentes internas, entre las que figuran diversos medios de comunicación activos en países de la propia Unión, así como movimientos y organizaciones políticas de carácter extremista. El CESE insta a la Comisión a que intensifique su seguimiento y adopte medidas para contrarrestarla como corresponda.

1.4.

El Comité hace hincapié en la urgencia de que los Estados miembros emprendan las medidas necesarias para preservar la integridad de sus sistemas e infraestructuras electorales y los pongan a prueba en todas las fases de las elecciones europeas.

1.5.

El CESE coincide con la Comisión en que una respuesta integral a la desinformación requiere también la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. El CESE se muestra proactivo a la hora de respaldar los esfuerzos conjuntos contra la desinformación, por ejemplo a través de sus dictámenes, audiencias y actos a escala local y de las numerosas actividades de prensa llevadas a cabo por su Grupo de Comunicación profesional.

1.6.

Para crear resiliencia es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad y, en especial, la mejora de la alfabetización mediática de los ciudadanos. La concienciación y el pensamiento crítico comienzan en la escuela pero también exigen una actualización continua y permanente. Estas actividades requieren la asignación adecuada de financiación, tanto ahora como en el nuevo marco financiero plurianual.

1.7.

Los esfuerzos conjuntos deben contar con el apoyo del mayor número posible de agentes a escala de la UE y los Estados miembros, también en el marco de las asociaciones con los países del sur y el este que impliquen a organizaciones públicas y privadas. Los verificadores de datos independientes y el periodismo de calidad desempeñan un papel fundamental y necesitan financiación adecuada para poder ejercer su actividad casi en tiempo real.

1.8.

El CESE acoge favorablemente, en particular, la financiación para investigación asignada a Horizonte 2020 y Horizonte Europa a fin de lograr una mejor comprensión de las fuentes de desinformación y las intenciones, herramientas y objetivos que subyacen a esta.

1.9.

La consolidación de los grupos de trabajo sobre comunicación estratégica llega tarde. Por tanto, el CESE acoge con satisfacción el plan para proporcionar personal adicional y nuevos instrumentos. Habida cuenta de los considerables recursos de que disponen determinados países para generar desinformación, parece que la UE necesita una respuesta adecuada. Así pues, el aumento previsto de recursos para los grupos de trabajo sobre comunicación estratégica debe entenderse tan solo como un primer paso hacia un mayor crecimiento en los próximos años.

1.10.

El CESE se muestra de acuerdo en que se revise el mandato de los otros dos grupos de trabajo sobre comunicación estratégica (Balcanes Occidentales y países meridionales), e insta a los Estados miembros a que contribuyan a la labor de los grupos de trabajo mediante el envío de expertos nacionales.

1.11.

El Comité acoge el Código de buenas prácticas como un compromiso voluntario de las plataformas y los anunciantes de medios sociales en la lucha contra la desinformación, pero, al mismo tiempo, alberga dudas en cuanto a la eficacia de dichas acciones voluntarias. Se insta a la Comisión a que proponga medidas adicionales, incluidas acciones de carácter normativo como sanciones, en caso de que la aplicación del Código de buenas prácticas siga siendo insatisfactoria.

1.12.

El CESE hace un llamamiento urgente a las empresas privadas para que consideren poco ética e irresponsable la publicación de anuncios sobre plataformas en línea que contribuyan a la difusión de desinformación, y las insta a que adopten medidas para evitar esta práctica.

2.   Introducción – La desinformación como amenaza para los sistemas democráticos de la Unión

2.1.

En el contexto de esta iniciativa, la desinformación se define como la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que causa un perjuicio público y supone una amenaza para la democracia. A menudo, los derechos son objeto de ataques mediante la difamación, el alarmismo y la incitación al odio.

2.2.

Quienes distribuyen desinformación lo hacen en ocasiones escudándose en la libertad de expresión. El derecho a la información y la libertad de prensa son, en efecto, derechos fundamentales en la Unión Europea, pero debemos luchar contra todo abuso de este derecho si la desinformación se emplea deliberadamente para perjudicar a la sociedad.

2.3.

Las técnicas digitales facilitan la generación y distribución de la desinformación. Entre otras, cabe citar:

ataques de troles contra perfiles de medios sociales;

el uso de programas informáticos automatizados en internet (ordenadores zombis);

falsificación de documentos;

manipulación de vídeos (deep fakes);

perfiles falsos de medios sociales.

2.4.

Los medios sociales se han convertido en vías importantes para la difusión de desinformación e incluso en algunos casos, como el de Cambridge Analytica, para hacer llegar contenidos de desinformación a usuarios específicos, detectados por el acceso y el uso no autorizados de datos personales, con el objetivo último de influir en los resultados electorales y poner de este modo la democracia bajo amenaza.

Además de los medios sociales, otros métodos más tradicionales como la televisión, los periódicos, los sitios web y los correos electrónicos y mensajes en cadena siguen también desempeñando un papel importante en muchas regiones. Las herramientas y técnicas utilizadas cambian rápidamente.

2.5.

Los agentes que están detrás de la desinformación pueden ser internos, actuando desde dentro de los Estados miembros, o externos, incluidos agentes estatales (o patrocinados por gobiernos) y no estatales. Según determinados informes, más de treinta países utilizan la desinformación e influyen en las actividades de diferentes formas, incluso en sus propios países.

2.6.

Según la célula de fusión de la UE contra las amenazas híbridas, instituida en 2016 en el seno del Servicio Europeo de Acción Exterior, la desinformación por parte de la Federación de Rusia constituye la mayor amenaza externa para la UE En el contexto de varias elecciones y referendos en la UE se ha detectado desinformación producida o difundida por fuentes rusas. Las campañas de desinformación relacionadas con la guerra en Siria, el derribo del vuelo MH-17 en el este de Ucrania y el uso de armas químicas en el ataque de Salisbury están bien documentadas. Sin embargo, otros terceros países desempeñan asimismo un importante papel en la desinformación, y un buen número de agentes dentro de la UE también difunden información falsa.

2.7.

En 2018, la UE propuso una serie de iniciativas contra la desinformación y los contenidos ilegales y en favor de la protección de datos:

Comunicación conjunta sobre el aumento de la resiliencia y el desarrollo de las capacidades para hacer frente a las amenazas híbridas [JOIN(2018)16];

Recomendación sobre medidas para combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea [C(2018) 1177];

Reglamento sobre la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea [COM(2018) 640];

Reglamento en lo que respecta a un procedimiento de verificación relativo a las infracciones de las normas de protección de los datos personales en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo [COM(2018) 636] (1);

Revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (UE) 2018/1808;

Comunicación sobre la lucha contra el contenido ilícito en línea – Hacia una mayor responsabilización de las plataformas en línea COM(2017) 555 (2);

Reglamento por el que se establecen el Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad y la Red de Centros Nacionales de Coordinación (3);

Comunicación sobre la lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo [COM(2018)236] (4) y un informe sobre su aplicación [COM(2018)794];

Comunicación sobre la garantía de unas elecciones europeas libres y justas [COM(2018) 637], presentada en la reunión de los líderes de la UE en Salzburgo los días 19 y 20 de septiembre de 2018.

2.8.

Con vistas a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 y a más de cincuenta elecciones presidenciales, nacionales, locales o regionales que se celebrarán en los Estados miembros de aquí a 2020, es necesaria una acción coordinada urgente e inmediata a fin de proteger a la Unión, sus instituciones y sus ciudadanos contra la desinformación.

3.   Síntesis del Plan de Acción contra la desinformación

3.1.

Este Plan de Acción JOIN(2018) 36 de la Comisión y la Alta Representante de la Unión constituye una respuesta al llamamiento del Consejo Europeo en favor de medidas para «proteger los sistemas democráticos de la Unión y combatir la desinformación». Esta respuesta coordinada se fundamenta en cuatro pilares:

3.2.

La mejora de la capacidad de las instituciones de la Unión para detectar, analizar y exponer la desinformación.

El refuerzo de los Grupos de trabajo sobre comunicación estratégica y las Delegaciones de la Unión recurriendo a personal adicional y nuevos instrumentos, y

la revisión de los mandatos de los Grupos de trabajo sobre comunicación estratégica para los Balcanes Occidentales y los países del sur.

3.3.

El refuerzo de las respuestas coordinadas y conjuntas a la desinformación.

En marzo de 2019, la creación de un sistema de alerta rápida para abordar las campañas de desinformación, en estrecha colaboración con las redes existentes, el Parlamento Europeo, así como la Organización del Tratado del Atlántico Norte y el Mecanismo de Respuesta Rápida del G-7;

la intensificación de los esfuerzos de comunicación sobre los valores y las políticas de la Unión, y

el refuerzo de las comunicaciones estratégicas en los países vecinos de la Unión.

3.4.

La movilización del sector privado para combatir la desinformación.

El 26 de septiembre de 2018 se publicó un Código de buenas prácticas sobre desinformación para las plataformas en línea, los anunciantes y el sector de la publicidad. La Comisión garantizará una supervisión estrecha y continua de su aplicación.

3.5.

El aumento de la sensibilización y la capacidad de respuesta de la sociedad.

Campañas específicas para el público en general y actos de formación para los medios de comunicación y los creadores de opinión en la Unión y los países vecinos al objeto de sensibilizar sobre las consecuencias negativas de la desinformación;

se continuarán los esfuerzos para apoyar la labor de los medios de comunicación independientes y el periodismo de calidad, así como la investigación sobre la desinformación;

los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, deben apoyar la creación de equipos de verificadores de datos e investigadores independientes multidisciplinares con un conocimiento específico de los entornos de información locales al objeto de detectar y exponer las campañas de desinformación entre las diferentes redes sociales y los medios digitales;

como parte de la semana de la alfabetización mediática que tendrá lugar en marzo de 2019, la Comisión apoyará, en colaboración con los Estados miembros, la cooperación transfronteriza entre profesionales de la alfabetización mediática;

los Estados miembros deben aplicar rápidamente las disposiciones de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual que abordan la alfabetización mediática, y

la Comisión supervisará atentamente la aplicación del conjunto de medidas concebidas para garantizar unas elecciones europeas libres y justas y, en su caso, prestará el apoyo y el asesoramiento pertinentes.

4.   Observaciones generales

4.1.

El CESE toma nota de la definición de la iniciativa según la cual se entiende por desinformación la información verificablemente falsa o engañosa que supone una amenaza para la democracia y causa un perjuicio público. No obstante, hace hincapié en que, además de la información falsa, la información muy selectiva, la difamación, el alarmismo y la incitación al odio suponen un ataque a los derechos fundamentales (libertades) de los ciudadanos y de las minorías. La desinformación más eficaz alberga siempre una parte de verdad. Por tanto, es necesario que las partes interesadas emprendan diversas medidas para sensibilizar y ofrecer información de calidad.

4.2.

La difusión de desinformación ha entrado a formar parte de una guerra híbrida con un objetivo político claro. Así pues, el CESE se felicita por esta iniciativa de acción coordinada para la protección de la UE, sus instituciones y sus ciudadanos frente a la desinformación. Aun cuando destaca la urgencia de tales medidas, el CESE muestra también su preocupación por la posibilidad de que la repercusión de este plan de acción sea limitada, ya que no falta mucho para las elecciones europeas de mayo de 2019. No obstante, es indudable que a largo plazo, dichos esfuerzos conjuntos contra la desinformación serán cruciales para proteger los sistemas democráticos de la UE.

4.3.

El CESE reconoce que la desinformación proviene principalmente de tres tipos de fuentes: la Federación de Rusia (bien documentada por el Servicio Europeo de Acción Exterior), agentes económicos y medios de comunicación de otros terceros países (por ejemplo, China y Estados Unidos) y fuentes internas, entre las que figuran diversos medios de comunicación activos en países de la propia Unión, así como movimientos y organizaciones políticas de carácter extremista. El CESE insta a la Comisión a que intensifique su seguimiento y adopte medidas para contrarrestarla como corresponda.

4.4.

El Comité hace hincapié en la urgencia de que los Estados miembros emprendan las medidas necesarias para preservar la integridad de sus sistemas e infraestructuras electorales y los pongan a prueba no solo antes de las elecciones europeas, sino también durante y después del proceso electoral. Resulta fundamental que la Comisión Europea los apoye en esta tarea. El intercambio de mejores prácticas, como ilustra el ejemplo sueco de 2018, debe servir como modelo en este sentido.

4.5.

El CESE acoge con satisfacción la opinión de la Comisión de que una respuesta integral a la desinformación requiere también la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil. Para crear resiliencia es necesaria la participación de todos los sectores de la sociedad y, en especial, la mejora de la alfabetización mediática de los ciudadanos para que aprendan a detectar la desinformación y protegerse frente a ella. La concienciación y el pensamiento crítico comienzan en la escuela, pero también exigen una actualización continua y permanente. No obstante, estas actividades requieren la asignación adecuada de financiación tanto ahora como en el nuevo marco financiero plurianual.

4.6.

El CESE se muestra proactivo a la hora de respaldar los esfuerzos conjuntos contra la desinformación, por ejemplo a través de sus dictámenes, audiencias y actos a escala local y de las numerosas actividades de prensa llevadas a cabo por su Grupo de Comunicación profesional.

4.7.

Los esfuerzos conjuntos deben contar con el apoyo del mayor número posible de agentes a escala de la UE y los Estados miembros, también en el marco de las asociaciones con los países del sur y el este que impliquen a organizaciones públicas y privadas. Los verificadores de datos independientes y el periodismo de calidad desempeñan un papel fundamental y necesitan financiación adecuada para poder ejercer su actividad casi en tiempo real.

4.8.

A largo plazo, una alfabetización mediática ad