Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los costes de la no inmigración y la no integración»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 110/01)

Ponente:	Pavel TRANTINA
Coponente:	José Antonio MORENO DÍAZ

Decisión del Pleno	15.2.2018
Fundamento jurídico	Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Sección competente	Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía
Aprobación en sección	7.11.2018
Aprobado en el pleno	12.12.2018
Pleno n.o	539
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	149/09/13

1.   Síntesis de las conclusiones y recomendaciones

1.1

El CESE considera que la inmigración tiene una influencia positiva en el crecimiento de la población y la población activa. Si el crecimiento demográfico natural se vuelve negativo, la inmigración puede ayudar a mantener constante la población total y la población activa. Es cierto que la inmigración no es la solución definitiva para atajar las consecuencias del envejecimiento demográfico en Europa. No obstante, también podría ser un remedio para la escasez de mano de obra y capacidades que no está relacionada con procesos demográficos.

1.2

Un escenario de no inmigración en Europa significaría que: — las economías de los Estados miembros se verían sustancialmente afectadas; los mercados de trabajo se verían sometidos a una presión posiblemente insostenible, muchos sectores industriales quebrarían, disminuiría la producción agrícola y la construcción no podría satisfacer la demanda; — se agravarían los retos demográficos; los sistemas de pensiones no serían sostenibles, el sector de la salud y los cuidados podría derrumbarse, determinadas zonas se despoblarían a un ritmo muy rápido y, de hecho, se vería socavada la cohesión social; — la prohibición total de la migración regular conduciría naturalmente a un repunte de la migración irregular, lo que, a su vez, daría lugar a la adopción de medidas de seguridad, de represión y de policía excesivas, que implicarían costes enormes; se fomentarían los mercados laborales irregulares, la explotación y la esclavitud moderna y tendrían lugar intentos desesperados de reunificación familiar; — el racismo y la xenofobia prosperarían aún más que en la actualidad; las personas de origen inmigrante ya asentadas, incluidas la de segunda o tercera generación, se convertirían en objetivos de la desconfianza y la indignación popular.

1.3

Por el contrario, la migración puede ofrecer las siguientes posibilidades en los países de acogida: pueden cubrirse las vacantes de trabajo y los déficits de capacidades, el crecimiento económico puede ser sostenido y pueden mantenerse los servicios prestados a la población que envejece cuando no hay suficientes jóvenes en el ámbito local. El déficit de las pensiones puede colmarse con las cotizaciones de nuevos trabajadores jóvenes migrantes. Los inmigrantes aportan energía e innovación. Los países de acogida se enriquecen con la diversidad cultural y étnica. Las zonas despobladas pueden reactivarse, incluidas las escuelas, que pueden transformarse. Los países de origen se benefician de las remesas (cantidades de dinero enviadas por los migrantes a sus países de origen), que superan la ayuda exterior. Los migrantes que retornan se llevan consigo ahorros, capacidades y contactos internacionales.

1.4

Para aprovechar todo el potencial de la migración, se necesita un enfoque que, entre otras cosas, aproveche mejor las capacidades de la población migrante. El CESE está convencido de que esto debe apoyarse con políticas y mecanismos de validación de las competencias adecuados y pide a la UE y a los Estados miembros que respalden su rápido desarrollo. Además, la aplicación adecuada de las alianzas de capacidades con países no pertenecientes a la UE sería mutuamente beneficiosa tanto para la UE como para los países de origen de los migrantes.

1.5

La UE debe adoptar políticas y medidas que apoyen una migración segura, ordenada y regular y reforzar igualmente la inclusión y la cohesión social.

1.6

La no integración entraña riesgos y costes económicos, socioculturales y políticos. De ahí que la inversión en la integración de los migrantes sea la mejor póliza de seguro contra posibles costes, problemas y tensiones futuros. Las políticas públicas deberían abordar los temores, preocupaciones e inquietudes de los diversos sectores de la población de las sociedades de la UE, a fin de evitar los discursos antieuropeístas y xenófobos. Para ello, las políticas pertinentes deben incluir un conjunto claro, coherente y razonado de obligaciones para los propios migrantes, pero también una denuncia coherente de la retórica y las actitudes contra ellos.

1.7

El CESE subraya que el fomento de la integración es esencial para reforzar los valores y principios fundamentales de la UE, entre los cuales la diversidad, la igualdad y la no discriminación son cruciales. La integración atañe a toda la sociedad, incluidos los migrantes que se establecen en el país de acogida, independientemente de su situación u origen. Sin embargo, son necesarias políticas especiales para las personas con vulnerabilidades particulares (como los refugiados), y un enfoque comunitario y una ayuda específica a medida —en lugar de un enfoque único— pueden generar mejores resultados. Por lo tanto, es imperativo que los Estados miembros de la UE aprendan unos de otros y se esfuercen sinceramente por fomentar un entorno en el que la integración de los migrantes sea viable y se eviten los riesgos.

2.   Contexto y objetivos del dictamen

2.1

Los mayores flujos migratorios en Europa desde la Segunda Guerra Mundial han suscitado la preocupación de los ciudadanos sobre la posibilidad de nuevos flujos migratorios incontrolados y han puesto de manifiesto la importancia de adoptar un enfoque común para combatir la migración irregular y garantizar la capacidad de actuación de la UE. Los Estados miembros de la UE han tenido que afrontar retos en lo que respecta a la gestión, financiación y comunicación de la migración, así como los miedos de los ciudadanos a este respecto. A pesar de que la situación ha sido explotada por algunos políticos, el CESE está convencido de que existe una necesidad urgente de cambiar la narrativa sobre la migración y volver a un debate racional, basado en los hechos. Los refugiados y migrantes no deben verse como una amenaza sino como una oportunidad para el modelo económico y social europeo.

2.2

Las políticas actuales que hacen del control migratorio una de las prioridades en la agenda de asuntos exteriores menoscaban la posición de la UE en las relaciones exteriores, haciéndola proclive al chantaje y la pérdida de credibilidad en materia de derechos humanos. El CESE está convencido de que la UE y los Estados miembros deben ir más allá del modelo actual y velar por el fomento de formas regulares de entrada que faciliten la migración ordenada y una inclusión satisfactoria. Las rutas seguras y legales pueden aliviar la presión sobre el sistema de asilo de la UE.

2.3

Al mismo tiempo, mientras los mercados de la UE alimenten la demanda de mano de obra, habrá migración, regular o de otro tipo. En determinadas profesiones, al menos, la demanda aumentará (sector de cuidados, trabajo doméstico, servicios sociales, construcción, etc.) (1).

2.4

En los Días de la Sociedad Civil 2017 celebrados en junio, Federica Mogherini, alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, pronunció un discurso inaugural sobre «Una Europa global y su papel en la paz y la estabilidad» (2), en el que afirmó que Europa necesita la inmigración por motivos económicos y culturales. Propuso que el CESE elaborara un estudio o informe sobre el coste de que no hubiera inmigración, ya que tenía la impresión de que determinados sectores de las economías europeas se desplomarían si los inmigrantes desaparecieran de la noche a la mañana. El informe debería transmitir el punto de vista de los agentes económicos y sociales sobre cómo sería Europa sin inmigrantes. Este dictamen de iniciativa es una continuación de su idea.

2.5

La migración tiene muchas caras: puede ser regular, irregular o, como ha sido en los últimos tres años, humanitaria, a raíz de la guerra en Siria y otras partes del mundo. Los flujos migratorios también son mixtos y la migración laboral puede ser estacional, manual o de alta cualificación. El presente documento se centra principalmente en la migración laboral segura, ordenada y apoyada por la UE (y la reunificación familiar conexa); sin embargo, también toma nota de otras formas de inmigración hacia la UE y de la posible contribución de los migrantes que llegan a través de la migración humanitaria (temporal) (solicitantes de asilo) y la migración irregular.

3.   Observaciones generales

3.1   Demografía — El envejecimiento y el descenso de la población en la UE

3.1.1

A principios del siglo XXI, Europa se enfrenta al envejecimiento de su población, el estancamiento o incluso el declive de las poblaciones autóctonas, una tasa elevada de desempleo y —en algunos de sus principales miembros— también un lento crecimiento económico. Al mismo tiempo, Europa sigue siendo uno de los principales destinos de la migración (3).

3.1.2

Los cambios en el tamaño de la población activa figuran entre los principales retos de la Unión Europea. Aunque la oferta de mano de obra (tamaño de la población activa) no se desarrolla de manera independiente a la demanda de mano de obra, sus trayectorias futuras pueden calcularse combinando diversas hipótesis de participación en la población activa con proyecciones de población, tal y como señalan los autores de la European Demographic Data Sheet de 2018 (4). La población activa actual en la Unión Europea asciende a aproximadamente 245 millones de trabajadores. Para calcular la oferta de mano de obra futura hasta 2060, los autores definieron tres hipótesis de población activa: 214, 227 o 245 millones de trabajadores.

3.1.3

En otras previsiones, como la presentada en la ficha informativa de la Comisión Europea para la Cumbre Social de Gotemburgo en 2017, se afirma que en 2060, por cada persona mayor, habrá dos personas en edad de trabajar. En la actualidad hay cuatro. Esto plantea riesgos críticos para mantener el modelo social europeo como lo conocemos hoy.

3.1.4

Por otro lado, la inmigración tiene una influencia positiva en el crecimiento de la población y la población activa. Si el crecimiento demográfico natural se vuelve negativo, la inmigración puede ayudar a mantener constante la población total y la población activa. La inmigración también podría ser un remedio para la escasez de mano de obra y capacidades que no está relacionada con procesos demográficos. Sin embargo, como afirma el Hamburg Institute of International Economics (HWWI) en su informe sobre los costes y beneficios de la inmigración europea (5), la inmigración no es la solución definitiva para abordar las consecuencias del envejecimiento demográfico en Europa (dado que los migrantes también envejecen).

3.2   El potencial de la migración laboral procedente de terceros países

Pueden determinarse los efectos (6) descritos a continuación.

3.2.1

En los países de acogida: — pueden cubrirse las vacantes de trabajo y los déficits de capacidades; — el crecimiento económico puede ser sostenido; — pueden mantenerse los servicios prestados a la población que envejece cuando no hay suficientes jóvenes en el ámbito local; — el déficit de las pensiones puede cubrirse con las cotizaciones de nuevos trabajadores jóvenes migrantes, que también pagan impuestos; — los inmigrantes aportan energía e innovación; — los países de acogida se enriquecen con la diversidad cultural y étnica; — las zonas despobladas pueden reactivarse, incluidas las escuelas con un número cada vez menor de alumnos.

3.2.2

En los países de origen: — los países en desarrollo se benefician de las remesas (cantidades de dinero enviadas por los migrantes a sus países de origen), que actualmente superan a menudo a la ayuda exterior (7), pero también del intercambio cultural; — el desempleo se reduce y los jóvenes migrantes mejoran sus perspectivas de vida; — los migrantes que retornan se llevan consigo ahorros, capacidades y contactos internacionales.

4.   Costes de la no inmigración

4.1   Mantener el crecimiento económico y satisfacer las necesidades del mercado de trabajo

4.1.1

La inmigración extracomunitaria tiene efectos tanto directos como indirectos en el crecimiento económico: parece clara la correlación entre el crecimiento de la fuerza de trabajo por la inmigración y un crecimiento del PIB agregado. Por ejemplo, en los últimos años, Suecia ha concedido miles de permisos de trabajo a desarrolladores de tecnología de la información, recolectores de bayas y cocineros. La inmigración laboral contribuye con valores significativos a la economía sueca: las empresas que contratan inmigrantes laborales crecen más rápido que las empresas comparables. Anualmente, los inmigrantes laborales no pertenecientes a la UE o al EEE contribuyen con más de 1 000 millones de euros al PIB sueco y con más de 400 millones de euros en ingresos fiscales (8).

4.1.2

La población migrante generó un incremento del 70 % en la fuerza laboral de Europa entre 2004 y 2014 (9). Es difícil precisar el impacto que una ausencia de mano de obra de esta magnitud tendría en la economía europea y en la de los distintos Estados miembros. Además, la población nacida en el extranjero acostumbra a incorporarse a nichos de mercado de trabajo (segmentalización) que están en rápido crecimiento o en declive, aportando mayor flexibilidad a las demandas de los mercados laborales en la UE.

4.1.3

De igual modo, la población migrante participa en la situación del empleo de cada país con su contribución al consumo y a la creación de nuevos puestos de trabajo. Los emprendedores migrantes contribuyen al crecimiento económico y al empleo, a menudo recuperando oficios y profesiones abandonados, y, cada vez más a menudo, participan en el suministro de bienes y servicios con un valor añadido (10). Por consiguiente, el CESE recomienda que, para reforzar la «creatividad y capacidad de innovación» de los emprendedores migrantes, se tomen medidas concretas a escala de la UE, de los Estados miembros y de los entes locales con el objetivo de erradicar la discriminación y crear condiciones equitativas para todos con el fin de que puedan contribuir a generar un crecimiento integrador y puestos de trabajo de calidad (11).

4.1.4

El CESE también considera que, dada su tendencia a operar en el sector del trabajo asistencial, la economía colaborativa y la economía circular, las empresas de la economía social pueden contribuir a promover y apoyar no solo la creación de empleo, sino también el espíritu empresarial y el acceso de los migrantes de fuera de la UE a una actividad económica (12).

4.1.5

Medir el impacto fiscal de la inmigración es una cuestión compleja. Sin embargo, la OCDE afirma (13) que, todo sumado, los migrantes han tenido un impacto fiscal neutro en los últimos cincuenta años, es decir, el coste que han podido suponer se ha cubierto con los beneficios que han generado a través de los impuestos y tasas recaudados.

4.1.6

Un estudio de investigación de Oxford Economics (14) concluyó que los trabajadores migrantes habían ayudado a mantener una oferta de mano de obra adecuada para alimentar el auge económico en el período 2004-2008. La disponibilidad de mano de obra migrante parece haber marcado la diferencia en algunas empresas que sobreviven o no tienen que trasladar su producción al extranjero (los autores citan una encuesta a 600 empresas en la que el 31 % decía que los migrantes eran importantes para la supervivencia de su organización, porcentaje que aumentó hasta el 50 % en el ámbito de la salud y atención social y la agricultura).

4.1.7

Está claro que la inmigración puede ser económicamente beneficiosa tanto para los países de origen como para los de acogida. Sin embargo, con las estructuras económicas y comerciales actuales, son los países ricos y poderosos los que más se benefician. La migración también puede unir culturalmente a las personas y fomentar el entendimiento, pero se producen fricciones si no se realizan esfuerzos por erradicar los malentendidos, prejuicios y mitos entre la población local, pero también entre las comunidades de migrantes.

4.2   Subsanar el déficit de capacidades

4.2.1

En términos generales, la economía europea pierde más del 5 % de productividad cada año debido al desajuste entre las capacidades de los trabajadores y las necesidades del mercado laboral, según un estudio del Institute for Market Economics (IME) (15) encargado por el CESE y publicado el 24 de julio de 2018. En el estudio se señala que esto equivale a una pérdida de 80 céntimos de euro por cada hora trabajada. Las profesiones más afectadas son la TI y las comunicaciones, los médicos y, más en general, los ámbitos de ciencias, tecnología e ingeniería. El fenómeno también afecta a profesores, enfermeros y matronas. La tendencia está empeorando debido al declive demográfico y la evolución de la tecnología, afirman los autores. Este déficit de capacidades podría abordarse, en parte, por la migración laboral.

4.2.2

Sin embargo, para aprovechar todo el potencial de la migración en este ámbito, se necesita un enfoque que, entre otras cosas, aproveche mejor las capacidades y cualificaciones de la población migrante. Habitualmente, los inmigrantes suelen estar sobrecualificados para los puestos que se les ofrecen (16).

4.2.3

El déficit de capacidades solo puede cubrirse parcialmente si se validan las capacidades y cualificaciones de los inmigrantes. Sin embargo, los mecanismos de validación de la UE siguen en fase de desarrollo y dependen de los Estados miembros. La herramienta de la UE para crear el perfil de capacidades no se utiliza en grado suficiente por los Estados miembros y los agentes sobre el terreno. No obstante, existen iniciativas no gubernamentales, como las tarjetas de competencias de Bertelsmann Stiftung o las autoevaluaciones profesionales en línea (17).

4.2.4

La aplicación adecuada de las alianzas de capacidades con países no pertenecientes a la UE sería mutuamente beneficiosa tanto para la UE como para los países de origen de los migrantes.

4.3   Mantener el sector de los cuidados

4.3.1

La escasez de mano de obra en el sector sanitario es una «bomba de relojería». El sector atraviesa una crisis (18) y, a menos que se pongan en práctica las respuestas políticas adecuadas, la escasez se irá agravando. Ya en 1994, la Comisión Europea definió los cuidados como un sector estratégico. En 2010 advirtió de que, si no se adoptaban medidas urgentes para paliar la escasez de mano de obra de hasta de un millón de trabajadores en el sector de los cuidados de larga duración (19), en 2020 faltarían dos millones de trabajadores sanitarios.

4.3.2

La escasez de mano de obra en el sector asistencial se da en muchos Estados miembros. La contratación de cuidadores, regulares o indocumentados, permite atenuar las carencias en el sector de los cuidados. Los sistemas asistenciales del sur de Europa, en particular, dependen en gran medida de los cuidadores domésticos internos. En Italia, por ejemplo, los cuidadores domésticos internos migrantes representan cerca de las tres cuartas partes de la fuerza de trabajo asistencial interna (20).

4.3.3

Los países de Europa Central y Oriental (PECO) también se ven afectados por la crisis en el sector asistencial y por el aumento de la demanda de asistencia en Europa Occidental. Por ejemplo, Polonia suministra numerosos cuidadores a otros países, a pesar del gran déficit de mano de obra en el sector asistencial. Esta escasez se compensa con la llegada a Polonia de trabajadores procedentes de Ucrania y otros terceros países (21).

4.3.4

También es importante destacar la importante contribución económica que prestan las mujeres migrantes a las familias y las comunidades a través del trabajo remunerado, y la necesidad de abordar las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral (22). La investigación demuestra que la mayoría de las mujeres migrantes trabajan en empleos del sector de los servicios (por ejemplo, restauración, trabajos domésticos y ocupaciones en el sector de la sanidad). El trabajo irregular, el subempleo y el empleo con contratos temporales podría ser la causa de la desventaja que afrontan las mujeres migrantes en los mercados de trabajo de la UE, y las medidas destinadas a garantizar la igualdad de trato y proteger a las personas vulnerables deberían desarrollarse en mayor medida.

4.4   Abordar la despoblación de las zonas rurales y remotas

4.4.1

Las zonas rurales, montañosas e insulares se están quedando despobladas, lo que crea una espiral económica y social a la baja que cobra impulso a medida que más personas migran a las ciudades. La pérdida de población reduce la cantidad del dinero que circula en la comunidad, lo que afecta, a su vez, a la viabilidad de las empresas, los comercios y las redes de transporte locales así como a la disponibilidad de instalaciones y servicios fundamentales.

4.4.2

En algunas zonas de la UE, por ejemplo en Irlanda o Brandenburgo, la despoblación se está superando gracias a los migrantes que se establecen. En el caso de la agricultura, por ejemplo, la contribución de la mano de obra migrante en Irlanda del Norte ha sido clave para la supervivencia de un sector con graves problemas de disponibilidad laboral y una mano de obra envejecida. La población migrante está dispuesta a aceptar trabajos con salarios y condiciones que rechaza la población local; reside en pueblos con alto riesgo de despoblación, y ello a pesar de tratarse de un sector muy desregularizado y en el que existe el riesgo de explotación laboral (23).

4.4.3

Hay oportunidades en el marco de la política de desarrollo rural de la Unión Europea para ayudar a las comunidades rurales locales con la llegada de migrantes. Una serie de organizaciones de desarrollo rural han señalado la ayuda potencial que las zonas rurales pueden ofrecer a los migrantes, cuya llegada podría desempeñar un papel a la hora de revitalizar las zonas que padecen subpoblación o declive económico. El Parlamento Europeo, en su estudio de 2017, ha hecho hincapié en la importancia de prestar apoyo a la integración social de los inmigrantes y su integración en el mercado laboral (24).

4.5   Abordar la diversidad cultural

4.5.1

La falta de población migrante iría en detrimento de la diversidad en los países de la Unión Europea, lo que conduciría a un discurso xenófobo y autocomplaciente, que choca con los principios rectores de la Unión Europea. Se perdería, además, la contribución a la expansión de valores como la igualdad de trato y la no discriminación, en los que la visibilización de la población de origen migrante ha contribuido a avanzar en los últimos años.

4.6

Por todo ello, la no inmigración en la UE debe descartarse por constituir una hipótesis poco realista, imposible de llevar a la práctica y enormemente perjudicial.

5.   Costes de la no integración (y cómo evitarlos)

5.1

Para aprovechar todo el potencial de la migración a Europa, como se indicó anteriormente, y al mismo tiempo minimizar los riesgos conexos y duraderos y los costes socioeconómicos evitables, es esencial que se establezcan las condiciones para la buena integración de los migrantes.

5.2

Los principales puntos pertinentes para la comprensión del concepto por parte de la UE se enumeran en los principios básicos comunes para una política de integración de los inmigrantes en la UE, adoptados por el Consejo en 2004 (25). Por integración se entiende un «proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros». Es contrario a la idea errónea ampliamente compartida de integración como asimilación, un proceso unidireccional en el que las personas abandonan sus atributos nacionales y culturales por los de su nuevo país de residencia (26). Sin embargo, como se ha reiterado en el Plan de acción de la UE para la integración de los nacionales de terceros países de 2016, un elemento esencial para vivir y participar en la UE es la comprensión y la suscripción de sus valores fundamentales (27).

5.3

Cabe destacar que la integración atañe a todos los migrantes que se establecen en un país de acogida, independientemente de su situación u origen. Sin embargo, son necesarias políticas especiales para las personas con vulnerabilidades particulares (como los refugiados), y un enfoque comunitario en lugar de un enfoque único puede generar mejores resultados.

5.4

El empleo constituye una pieza clave del proceso de integración. Por lo tanto, los Estados miembros y los interlocutores económicos y sociales perciben la inclusión en el mercado laboral de los migrantes como una prioridad. En efecto, la demanda de trabajadores migrantes sigue siendo uno de los principales factores cruciales que impulsa la inmigración.

5.5

Entre otras variables esenciales que determinan la integración de los migrantes en el Estado receptor están la certeza y la previsibilidad de la situación migratoria, las posibilidades y obstáculos para la obtención de la ciudadanía, las posibilidades de reagrupación familiar, la disponibilidad de cursos de idioma, los requisitos de conocimiento lingüístico y cultural, los derechos políticos y la apertura general de una determinada sociedad y su disposición a adoptar y ayudar los recién llegados e interactuar con ellos, y viceversa.

5.6

Además, la integración de los migrantes está estrechamente interrelacionada con una plétora de políticas relacionadas con la protección en el lugar trabajo, la vivienda, la atención sanitaria, la educación, los derechos de las mujeres, la igualdad y la no discriminación, entre otras.

5.7

En un esfuerzo por cuantificar las políticas establecidas, se creó el Índice de Políticas de Integración de los Inmigrantes (MIPEX), que proporciona datos comparables sobre los Estados miembros de la UE y otros varios países (28). Sus resultados subrayan la existencia de discrepancias entre los Estados miembros, incluida la persistente división este-oeste.

5.8

Siguiendo la lógica de la hipótesis de «no integración de los migrantes», pueden determinarse los siguientes riesgos o costes:

5.8.1   Económicos

—	exclusión de los migrantes del mercado formal (y aumento del trabajo no declarado);

—	mayores costes para solucionar problemas sociales después de que aparezcan, en lugar de prevenirlos;

—	incapacidad de los migrantes para explotar plenamente su potencial (transferida a menudo a las siguientes generaciones);

5.8.2   Socioculturales

—	falta de identificación con los valores y normas del país de acogida y su aceptación;

—	agravamiento de las diferencias socioculturales entre los migrantes y las comunidades de acogida;

—	discriminación estructural de los migrantes, incluida falta de un acceso adecuado a los servicios;

—	aumento de la xenofobia y la desconfianza mutua;

—	reproducción de las barreras lingüísticas;

—	segregación espacial que conduce directamente a la creación de guetos;

—	ruptura de la cohesión social general;

5.8.3   Seguridad

—	aumento de los discursos de incitación al odio y los delitos motivados por el odio;

—	deterioro en la aplicación de la ley y posible incremento de los índices de delincuencia, en particular en las zonas socialmente excluidas;

—	posible radicalización y aumento del apoyo a ideologías extremas (por parte tanto de las comunidades de migrantes como de la sociedad de acogida).

5.9

Teniendo en cuenta lo anterior, la inversión en la integración de los migrantes es la mejor póliza de seguro contra posibles costes, problemas y tensiones futuros.

5.10

Las políticas pertinentes deben incluir un conjunto claro, coherente y razonado de obligaciones para los propios migrantes, pero también una denuncia coherente de la retórica y las actitudes contra ellos.

5.11

Por lo tanto, es imperativo que los Estados miembros de la UE aprendan unos de otros y se esfuercen sinceramente por fomentar un entorno en el que la integración de los migrantes sea viable y se eviten los riesgos señalados anteriormente.

5.12

Debe declararse abiertamente que los esfuerzos de los gobiernos por criminalizar o marginar a los migrantes, el avivamiento del nacionalismo étnico y los recortes en la financiación de las medidas de integración (incluida la no distribución de fondos proporcionados por la UE) —como se ha observado recientemente en determinados Estados miembros— van directamente en contra de estos objetivos y pueden causar un daño irreparable a largo plazo.

5.13

Por último, el fomento de la integración es esencial para reforzar los valores y principios fundamentales de la UE, entre los cuales la diversidad, la igualdad y la no discriminación son cruciales.

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(1)  Por ejemplo, entre los 4,3 millones de inmigrantes en la UE en 2016, se estimaba que había dos millones de ciudadanos de terceros países, 1,3 millones de personas con una nacionalidad de un Estado miembro de la UE diferente de aquel al que habían emigrado, alrededor de 929 000 personas que habían migrado a un Estado miembro de la UE cuya nacionalidad poseían (por ejemplo, nacionales que retornan a su país o nacionales nacidos en el extranjero) y unas 16 000 personas apátridas.

(2)  Discurso inaugural de Federica Mogherini en los Días de la Sociedad Civil 2017.

(3)  Migration data portal.

(4)  European Demographic Data Sheet 2018.

(5)  The costs and benefits of European immigration, Econstor.

(6)  Inspirado en «The pros and cons of Migration», Embrace, utilizando sus conclusiones.

(7)  https://www.oecd-ilibrary.org/development/perspectives-on-global-development-2017/remittances-to-developing-countries-far-exceed-official-development-assistance-oda_persp_glob_dev-2017-graph60-en

(8)  DAMVAD Analytics (2016): Labour immigration contributes to Swedish economic development.

(9)  OCDE (2014): «Is migration good for the economy?» Migration Policy Debates.

(10)  Rath, J. (2011): Promoting ethnic entrepreneurship in European cities, Eurofound, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

(11)  DO C 351 de 15.11.2012, p. 16.

(12)  DO C 283 de 10.8.2018, p. 1.

(13)  Perspectivas de la Migración Internacional 2013, OCDE.

(14)  Departamento de Empleo y Aprendizaje, Reino Unido: The Economic, Labour Market and Skills Impacts of Migrant Workers in Northern Ireland.

(15)  CESE (2018): Skills Mismatches — An Impediment to the Competitiveness of EU Businesses, (ISBN: 978-92-830-4159-7).

(16)  LABOUR-INT: «Integration of migrants and refugees in the labour market through a multi-stakeholder approach».

(17)  Meine Berufserfahrung zählt.

(18)  UNI Europa UNICARE (2016).

(19)  Comisión Europea, 2013.

(20)  Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (2016).

(21)  DO C 487 de 28.12.2016, p. 7.

(22)  Informe «Migrant women in the EU labour force. Summary of findings», CE.

(23)  Nori, M. (2017). «The shades of green: migrants' contribution to EU agriculture: context, trends, opportunities, challenges».

(24)  «EU rural development policy and the integration of migrants», PE.

(25)  Principios básicos comunes para una política de integración de los inmigrantes en la UE.

(26)  Para obtener más información sobre la diferencia conceptual, véase por ejemplo Assimilation vs integration, Centre for the Study of Islam in the UK, RE teachers Resource Area.

(27)  Plan de acción para la integración de los nacionales de terceros países.

(28)  Migrant Integration Policy Index 2015: How countries are promoting integration of immigrants.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Una bioeconomía sostenible e inclusiva — nuevas oportunidades para la economía europea»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 110/02)

Ponente:

Mindaugas MACIULEVIČIUS

Coponente:

Estelle BRENTNALL

Decisión del Pleno	15.2.2018
Fundamento jurídico	Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno Dictamen de iniciativa
Sección competente	Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI)
Aprobado en la CCMI	25.9.2018
Aprobado en el pleno	12.12.2018
Pleno n.o	539
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	205/3/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Introducir un marco político y de medidas incentivadoras a largo plazo, coherente y transparente para fomentar la bioeconomía. Los numerosos retos sociales transversales requieren un elevado compromiso político, y el marco político de la UE podría ser más favorable para los bioproductos innovadores y las materias primas producidas en la UE de manera sostenible. Los incentivos financieros o los incentivos fiscales podrían ayudar a impulsar las inversiones necesarias, dado que los Estados miembros y las regiones, y no la UE, tienen la competencia en estos ámbitos. Las organizaciones de agrupaciones de pymes, así como los productores primarios de biomasa sostenible, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de relaciones entre los agentes de la cadena de suministro. Realizar un inventario continuo y actualizado (1), así como evaluar los efectos de la bioeconomía, permitiría identificar las agrupaciones existentes activas en el sector de la bioeconomía; también deberían adoptarse medidas para facilitar el desarrollo de nuevas agrupaciones a nivel europeo, regional y nacional, donde se presenten lagunas.

1.2.

El papel de los agricultores, los propietarios forestales y sus cooperativas es crucial para garantizar un uso eficiente de los recursos naturales y contribuir a la bioeconomía circular. Se necesitan un marco financiero plurianual, una política agrícola común y una estrategia forestal europea firmes para respaldar los servicios de consultoría, la formación y el intercambio de conocimientos, a fin de abordar mejor las necesidades de los agricultores y las cooperativas agrícolas. Deben promoverse ejemplos concretos para sensibilizar a la sociedad y mostrar los beneficios de la bioeconomía para toda la cadena de valor. Esto animará a agricultores jóvenes y nuevos participantes a crear nuevas empresas en este sector. Las cooperativas y organizaciones de productores también deben promoverse como herramientas importantes para aumentar la movilización y el valor añadido de la biomasa existente en la UE. Por lo tanto, apoyar a los sectores agrícola y forestal de la UE es crucial para seguir invirtiendo e innovando en la producción sostenible de biomasa.

1.3.

Apoyar la creación de mercados y ayudar a los consumidores y a los ciudadanos a decidir con conocimiento de causa acerca de los productos e industrias que respaldan gracias a sus compras cotidianas. Para paliar el desconocimiento de los consumidores y transmitir un discurso coherente y riguroso sobre los bioproductos, es necesario que la Unión Europa diseñe una estrategia de comunicación en la que intervengan todos los socios de la cadena de valor, así como el resto de las partes interesadas. Un primer paso importante en este sentido ha sido la adopción de normas claras a escala de la UE en materia de bioproductos, las cuales pueden abrir camino a la introducción de medidas de creación de mercados destinadas a impulsar aún más la aceptación de los bioproductos producidos en la UE por parte de los consumidores y las autoridades de contratación pública.

1.4.

Ofrecer un rendimiento financiero sostenible de las inversiones a través de un fondo de ventanilla única. La normativa inteligente y la aplicación multinivel coherente en toda la UE deberían constituir una prioridad a fin de eliminar los obstáculos y reducir la carga administrativa, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad. Por ejemplo, una herramienta en línea podría ayudar a encontrar la financiación disponible y saber si el solicitante cumple los criterios necesarios para acogerse a este mecanismo. El sistema facilitaría también los enlaces y recursos necesarios para presentar directamente la solicitud del mecanismo de financiación. Podría servir de mercado, facilitando información sobre financiación y poniendo a los solicitantes de fondos en contacto con los posibles financiadores (por ejemplo, un sitio de financiación participativa). Asimismo, es fundamental que la Empresa Común para las Bioindustrias (Empresa Común BBI 2.0) prosiga más allá del actual marco financiero plurianual, a fin de fomentar las cadenas de valor nuevas y existentes de los bioproductos, de reforzar la competitividad de las instalaciones de producción existentes, y de contribuir al desarrollo rural, la creación de empleo y la promoción de empresas.

1.5.

La política de desarrollo regional de la UE posterior a 2020 debe facilitar fondos suficientes para seguir desarrollando las zonas rurales. Hay que centrar la atención principalmente en apoyar las inversiones en las infraestructuras y los servicios necesarios para las empresas rurales eficientes y sostenibles en el ámbito de la bioeconomía.

1.6.

Aprovechar las oportunidades científicas y respaldar la aceptación de innovaciones por medio de un marco jurídico flexible, proporcionado y robusto. La investigación tiene una importancia decisiva si se quiere permitir, establecer y evaluar la innovación en la bioeconomía. La explotación comercial no solo depende de una investigación excelente, sino también del marco estratégico, jurídico y social apropiado, que permita asegurar una transferencia de conocimientos rápida a la industria. Se debería ofrecer a los pioneros de esta reciente disciplina el espacio y el apoyo necesarios para innovar y avanzar con rapidez dentro de los límites normativos. Debería llegarse a acuerdos de innovación y ecológicos con las partes interesadas en los casos en los que la normativa podría apoyar mejor el desarrollo de la bioeconomía general y en los que precisan de soluciones creativas. Además, la innovación también desempeña un papel esencial en la mejora de la sostenibilidad de la producción de biomasa en la UE.

1.7.

Mejorar los programas de educación, formación profesional y capacitación profesional para los nuevos talentos y los trabajadores actuales. Desarrollar el potencial de la bioeconomía podría crear nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, la introducción de las nuevas tecnologías plantea importantes retos para la organización del trabajo y las competencias que necesitan los trabajadores. Por tanto, resulta primordial velar por el desarrollo y la adaptación continuos de las competencias de los trabajadores a lo largo de su vida laboral. Es fundamental que todas las partes interesadas pertinentes (productores de biomasa, proveedores de educación, empresas, sindicatos, servicios públicos de empleo y autoridades) se comprometan a mejorar la calidad y la flexibilidad de la oferta de educación y formación profesional, a fin de reducir la inadecuación de las cualificaciones reforzando las relaciones entre los sistemas educativos y los mercados de trabajo. No obstante, el desarrollo general de capacidades y las políticas de ajuste deberían formar parte de un conjunto de medidas más amplio que incluya políticas en materia de empleo, industria, inversión, innovación y medio ambiente.

1.8.

Analizar el uso de la biomasa. Un uso más eficiente del suministro de biomasa existente debe ser una prioridad para satisfacer la creciente demanda de materia prima. Por lo tanto, también deben mejorarse la calidad y la cantidad de los suelos productivos para la agricultura, así como incentivarse el uso de terrenos abandonados, marginales o infrautilizados. Los productores de materias primas, principalmente los agricultores y los propietarios forestales, desempeñan un papel primordial en el desarrollo de la bioeconomía. Es necesario sensibilizarles sobre las posibilidades (utilizando distintos cultivos) y desarrollar infraestructuras de recogida, almacenamiento y transporte de biomasa. Simplificar los planes de información sobre la sostenibilidad y mejorar la capacidad de producir y transformar biomasa de manera versátil también pueden desempeñar un papel clave. El uso de desechos y residuos como fuentes alternativas de biomasa y la gestión sostenible de los bosques europeos ofrecen oportunidades para la bioeconomía y la bioenergía. Es necesario valorar los flujos de residuos sostenibles, así como realizar más inversiones en la movilización de madera y residuos. Además, es necesario desarrollar tecnologías que permitan gestionar la variabilidad inherente de tales productos. En algunos casos, las políticas nacionales podrían tener que adaptarse para permitir el uso de residuos en los bioproductos.

2.   Observaciones generales

2.1.

La bioeconomía abarca la producción de recursos biológicos renovables y su transformación en alimentos, piensos, bioproductos y bioenergía. Esto incluye la agricultura, la silvicultura, la pesca y la producción de alimentos, pulpa y papel, así como algunos sectores de las industrias química, biotecnológica y energética. A efectos del presente dictamen, no se consideran específicamente la investigación de genomas, el tratamiento de células ni la bioinformática. La Estrategia de Bioeconomía de la UE de 2012 tenía por objeto «[…] allanar el camino hacia una sociedad más innovadora y competitiva, que utilice con más eficiencia los recursos y en la que se concilien la seguridad alimentaria y el uso sostenible de recursos renovables con fines industriales, asegurando al mismo tiempo la protección del medio ambiente». En 2017, la Comisión llevó a cabo una revisión de esta estrategia y concluyó que esta había demostrado la relevancia de sus objetivos y que cada vez se reconocía más, tanto dentro como fuera de Europa, la importancia de las oportunidades que ofrece la bioeconomía.

2.2.

Sin embargo, pese a que los objetivos de la Estrategia de Bioeconomía de la UE de 2012 siguen siendo relevantes para estar a la altura de los retos que plantea la seguridad alimentaria y nutricional, y pese a que el plan de acción adjunto ha cumplido sus objetivos propuestos, se considera necesario reorientar las medidas y la evaluación del ámbito de aplicación de la estrategia a la luz de la reciente evolución de las políticas, como los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y la Convención sobre el Cambio Climático (compromisos de la COP21). Se espera que la población mundial alcance prácticamente los 10 000 millones de personas para 2050, por lo que resulta necesario utilizar de manera más eficiente los recursos biológicos para garantizar alimentos seguros, nutritivos, de alta calidad y asequibles para más personas y con menos impacto ambiental y climático por unidad producida, así como material biológico renovable suficiente para producir una parte considerable de lo que obtenemos actualmente del petróleo crudo fósil, junto con la energía eólica, la energía solar y otras energías renovables.

2.3.

En este contexto, la bioeconomía sostenible abarca varios sectores y constituye la esencia de las estrategias económicas sostenibles a escala mundial. La bioeconomía puede desempeñar un papel clave en la competitividad europea, y ahora es el momento de identificar y aprovechar sus oportunidades, tanto a escala europea como de los Estados miembros y las regiones. Por ejemplo, otros terceros países como los Estados Unidos han experimentado el liderazgo vertical en el desarrollo de una bioeconomía, generando casi 400 000 millones USD y manteniendo más de cuatro millones de puestos de trabajo a través de contribuciones directas, indirectas e inducidas (2).

2.4.

La bioeconomía ofrece opciones que pueden tanto ayudar a reducir las emisiones de CO2 como reducir la dependencia de los recursos fósiles importados. Por ejemplo, los bosques de la UE absorben una cantidad de carbono correspondiente al 10 % de las emisiones anuales de la UE, a la vez que proporcionan un suministro sostenible y constante de biomasa para crear energía renovable. Además, se estima que 100 000 sustancias químicas que se producen actualmente pueden, en teoría, obtenerse a partir de materias primas renovables. Esto no significa que todas ellas deban fabricarse de este modo, pero es teóricamente posible. Así, no solo se ofrecerá la oportunidad de producir nuestros artículos de uso cotidiano de forma local y renovable, sino que también se ayudará a crear empleo y crecimiento en Europa, donde la ventaja competitiva sigue siendo sólida.

2.5.

Sin embargo, sigue habiendo obstáculos importantes a la mejora de la innovación en el sector de la bioeconomía en la UE. Uno de ellos tiene que ver con la competitividad del coste de los productos, tanto si se compara con alternativas de origen fósil como con productos equivalentes de cualquier parte del mundo. En la competitividad de costes influyen muchos factores, como el nivel de preparación tecnológica, el coste laboral, las subvenciones para combustibles fósiles y la amortización, así como el bajo nivel de apoyo comercial a los bioproductos. A esta cuestión de la competitividad se suman las dificultades para acceder a la financiación para proyectos innovadores e instalaciones de producción y, a menudo, la escasa sensibilización de los usuarios finales sobre los bioproductos, así como una falta de capacidades y de relaciones en el campo operativo para impulsar el sector. Asimismo, los procedimientos de autorización de nuevos proyectos de biomasa se están volviendo largos y engorrosos, lo que provoca inseguridad jurídica y riesgos financieros significativos para los agentes económicos.

3.   Observaciones específicas

3.1.

Se estima que los sectores bioeconómicos de la UE tienen un volumen de negocios anual de cerca de 2 billones EUR y que emplean a unos 19,5 millones de personas (3), en su mayoría procedentes de zonas rurales y costeras, representando casi el 8,5 % de la mano de obra de la EU-28. Se espera que la agricultura, el sector forestal y las comunidades rurales se beneficien de la expansión del sector de los bioproductos en toda la UE a través de la creación de empleo y la generación de ingresos. La transformación de la biomasa y la fabricación de bioproductos ofrecen nuevas oportunidades de negocio, en forma de siembra y comercialización de cultivos diversos. Junto con los cultivos tradicionales, como el cereal, la semilla oleaginosa, la patata y la remolacha, los nuevos cultivos, como los cultivos herbáceos, forestales, de algas marinas y de microalgas, se consideran futuras fuentes potenciales de ingresos en las zonas rurales y costeras.

3.2.

Las biorrefinerías existentes ya ofrecen medios de subsistencia y empoderamiento económico a las familias y comunidades del medio rural. Estas fábricas utilizan materias primas renovables (por ejemplo, biomasa, subproductos y coproductos, así como residuos) en lugar de recursos fósiles. Las refinerías están en el centro de la bioeconomía: se encuentran en zonas rurales y costeras, cerca de las materias primas renovables que transforman, en el centro de la producción de alimentos, piensos, productos industriales, madera y energía.

3.3.

Las biorrefinerías mejoran cada componente de la planta que procesan, produciendo el mínimo de residuos. Gracias a tecnologías eficientes y/o innovadoras, las refinerías afincadas en la UE fabrican una amplia variedad de productos, como alimentos para humanos, piensos, sustancias químicas, fibras y combustibles, que comparten las mismas características: son renovables, reutilizables, reciclables, compostables o biodegradables. La versatilidad de los bioproductos y bioingredientes es tal que pueden tener una gran variedad de usos, como piensos para la acuicultura, construcción, cosméticos, cartón, detergente, combustible, lubricante, pintura, papel, fármacos, plástico y otros productos industriales, con lo cual se sustituyen ingredientes de origen fósil por ingredientes renovables.

3.4.

La creación de nuevas biorrefinerías, así como el desarrollo y la ampliación de las actuales, supone invertir en una industria pionera. Las biorrefinerías requieren grandes inversiones, tienen largos períodos de amortización y están expuestas a los riesgos de la tecnología y del mercado. Por lo tanto, es importante contar con un marco normativo y financiero claro, estable y favorable para fomentar dichas inversiones en Europa. Actualmente, se puede acceder a una variedad de instrumentos diferentes, como Horizonte 2020 (la nueva legislación propuesta en materia de Horizonte Europa es un programa de innovación e investigación ambicioso y bien recibido) y la Empresa Común para las Bioindustrias, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), InnovFin y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y por último, aunque no menos importante, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para créditos y garantías. Pero acceder a ellos puede ser difícil. Una forma de sortear obstáculos puede ser la ventanilla única, que permite a las empresas acceder a información detallada, personalizada y que se adapta a sus necesidades.

3.5.

En este contexto, es vital la participación de la sociedad civil, junto con los agricultores, los propietarios forestales y la industria, para impulsar el debate sobre la formación de una bioeconomía más competitiva para Europa y beneficiosa para todos. Es muy importante ayudar a comunicar los beneficios de la bioeconomía si se quiere lograr este cambio de paradigma en favor de una economía menos generadora de carbono y basada en energías renovables. A este respecto, los sistemas fiables de certificación y etiquetado podrían constituir instrumentos importantes para lograr una industria bioeconómica sostenible y fiable, así como generar confianza entre los clientes industriales, las autoridades de contratación pública y los consumidores.

3.6.

La UE, los Estados miembros y las autoridades regionales pueden contribuir de forma decisiva al crecimiento de la bioeconomía estimulando la demanda del mercado de productos y servicios renovables, inteligentes y eficientes desde el punto de vista energético. En la futura planificación estratégica de la PAC, los Estados miembros deben incluir medidas concretas para desarrollar o seguir apoyando las inversiones y promover soluciones sostenibles para los agricultores, los propietarios forestales y sus cooperativas de la UE, a fin de incrementar su competitividad y eficiencia. En los casos en que sea posible sustituir las alternativas fósiles que emiten carbono por bioproductos, esto podría lograrse tanto elaborando nueva legislación, como el paquete de economía circular, como revisando el potencial de otra normativa pertinente que ya exista y que favorezca la sustitución de productos fósiles tradicionales que emiten carbono por bioproductos de producción local. Además, se pueden utilizar las actividades de normalización existentes, como el TC 411, y los sistemas de certificación existentes o los nuevos sistemas de etiquetado voluntario, como el Biobased%.

3.7.

Las autoridades de contratación pública a escala nacional y regional deberían referirse en mayor medida a tales certificaciones y etiquetados fiables de contenido de base biológica. Por ejemplo, en 2016, el organismo de normalización neerlandés (NEN) puso en marcha un nuevo sistema de certificación de base biológica, el Biobased% (http://www.biobasedcontent.eu/). Este determina la cantidad de biomasa que contiene un producto y ayuda a las empresas a proporcionar información transparente y fiable sobre el contenido de base biológica de un producto, en las comunicaciones tanto entre empresas como entre empresas y consumidores. Se basa en la norma europea EN 16785-1:2015, que ofrece un método para determinar el contenido de base biológica de productos sólidos, líquidos y gaseosos mediante análisis de radiocarbono y análisis elementales. Las evaluaciones de la conformidad las llevan a cabo organismos de certificación que han suscrito un acuerdo con el NEN. Una vez establecida esta certificación, es importante sensibilizar e incentivar la utilización de materias primas renovables en la legislación de la UE actual y futura.

3.8.

En la silvicultura, los sistemas de certificación desempeñan un papel importante en la garantía de una movilización sostenible de la biomasa. Por ejemplo, el 60 % de los bosques de la UE han sido certificados por medio del programa para la aprobación de la certificación forestal (PEFC) o el sistema del Consejo de Manejo Forestal (FSC). Además, el sector de la silvicultura de la UE cumple los estándares medioambientales más estrictos del mundo, procedentes de actos legislativos como el Reglamento de la UE sobre la madera, las normas del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS), las Directivas de Aves y de Hábitats y el paquete sobre la economía circular.

3.9.

Por tanto, es esencial mejorar la comunicación entre empresas y entre empresas y consumidores. Sensibilizar a la población sobre la base de información rigurosa, relevante y accesible es esencial para garantizar el desarrollo de una bioeconomía inteligente, sostenible e inclusiva, para crear un mercado para los bioproductos sostenibles y para promover un consumo y una producción más sostenibles. Se necesitan medidas de sensibilización pública, en especial a escala regional y local, que incluyan distinciones o reconocimientos, así como exposiciones sobre el papel de la tecnología y la ciencia en la bioeconomía.

3.10.

Por consiguiente, es de suma importancia transmitir mensajes claros y rigurosos a la población. Dado que la bioeconomía ofrece varias oportunidades para abordar los retos sociales, debe ser objeto de una evaluación económica exhaustiva. Se dispondrá así de información sobre el tamaño del sector de la bioeconomía, que abarca varios sectores, así como sobre su contribución al crecimiento económico y sus efectos en el mercado laboral. La comunidad científica desempeña a este repecto un papel fundamental. Esta es otra razón por la que es esencial mantener las inversiones en investigación interdisciplinaria y básica, a fin de que la UE desarrolle todo su potencial en contribuir a la investigación y la innovación globales en la seguridad alimentaria y nutricional, la competitividad y la bioeconomía basada en el conocimiento. Es esencial que la legislación de la UE se base en información completa sobre los datos científicos más avanzados y la experiencia recabada por todo el mundo y que los procesos de decisión sobre la supervisión normativa sean transparentes.

3.11.

La educación en la enseñanza primaria y secundaria es fundamental si queremos formar a una generación que comprenda los retos que plantea la bioeconomía y sepa aprovechar las oportunidades que ofrece. Por ejemplo, la enseñanza de los principios de la circularidad, de actuar a escala global y local al mismo tiempo («glocalmente»), y la sensibilización respecto de las actividades de exploración ayudarán a preparar a la próxima generación para decidir qué camino desean seguir. A modo de ejemplo, ya se han diseñado nuevos planes de estudios universitarios que combinan las ciencias de la vida, la ingeniería y el marketing. Estas pasarelas entre disciplinas, junto con un entorno propicio para las empresas emergentes, pueden ayudar a los estudiantes a convertirse en empresarios de la bioeconomía. Es necesario que la formación profesional evolucione hasta cubrir las competencias necesarias para la producción primaria, la fabricación, el transporte y otros sectores pertinentes. Además, en las etapas posteriores de su vida, los trabajadores deberán actualizar sus destrezas y competencias. Para ello, existen programas de aprendizaje permanente que conectan a proveedores de educación con productores, empresarios y trabajadores, investigadores e innovadores.

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(1)  https://biconsortium.eu/news/mapping-european-biorefineries

(2)  Véase el documento «USDA’s Fact Sheet: An Economic Impact Analysis of the U.S. Biobased Products Industry: 2016 Update» (Ficha técnica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos: un análisis del impacto económico de la industria de bioproductos de EE. UU.: actualización de 2016), disponible en:

https://www.biopreferred.gov/BPResources/files/BiobasedProductsEconomicAnalysis2016FS.pdf

(3)  Las cifras mencionadas proceden del documento «JRC science for policy report: 2016 Bioeconomy Report» (Informe de la ciencia para la política del Centro Común de Investigación: informe de 2016 sobre bioeconomía), disponible en http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC103138/kjna28468enn.pdf

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Facilitar el acceso a la financiación de la lucha contra el cambio climático para los agentes no estatales»

(Dictamen de iniciativa)

(2019/C 110/03)

Ponente:

Cillian LOHAN (IE-III)

Fundamento jurídico	Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno
	Dictamen de iniciativa
Decisión del Pleno	15.2.2018
Sección competente	Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Aprobado en sección	27.11.2018
Aprobado en el pleno	12.12.2018
Pleno n.o	539
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	114/6/7

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

A pesar de que los pactos de financiación de la lucha contra el cambio climático prometen asignar fondos considerables, el CESE desea llamar la atención sobre el problema del acceso de los agentes climáticos no estatales que operan a pequeña escala a la financiación, a fin de garantizar el apoyo y la realización de iniciativas potencialmente transformadoras.

1.2

Es necesario supervisar y cartografiar urgentemente los flujos de financiación de la lucha contra el cambio climático en la Unión Europea. De este modo, se facilitará la medición del impacto desde el punto de vista de los agentes climáticos no estatales y se garantizará la posibilidad de evaluar los avances realizados en una transición más amplia de la economía a un modelo hipocarbónico.

1.3

Las fuentes de financiación son tan dispares como las iniciativas ascendentes que necesitan acceder a ellas. No se dispone de mecanismos para hacer frente a esta disparidad. Esta cuestión debería abordarse mediante la creación de un foro integrador para la financiación de la lucha contra el cambio climático a nivel de la UE.

1.4

El CESE propone crear un foro para la financiación de la lucha contra el cambio climático que permita abordar las cuestiones fundamentales, congregando a las principales partes interesadas para detectar los obstáculos, hallar soluciones y determinar los mecanismos más eficientes para mejorar la distribución de la financiación, por ejemplo, un servicio de emparejamiento que establezca vínculos entre los proyectos y las fuentes de financiación adecuadas para la lucha contra el cambio climático.

1.5

Es necesario crear un mecanismo (y posteriormente darlo a conocer de manera eficaz) que permita llegar a las iniciativas que requieren menor inversión y que se caracterice por: — un procedimiento de solicitud simplificado; — requisitos de notificación simplificados; — financiación complementaria; — la concesión de ayudas a los proyectos en fase de diseño y la solicitud previa de financiación; — la concesión de ayudas al desarrollo de capacidades, la creación de redes, los intercambios y el desarrollo de una plataforma a nivel local, regional, nacional y europeo.

1.6

No debe ponerse el acento en la financiación de la lucha contra el cambio climático en detrimento de una financiación responsable en otros ámbitos. Todos los instrumentos financieros deben integrar la cuestión del cambio climático a fin de garantizar que los compromisos y objetivos climáticos no se vean perjudicados por los fondos y la financiación movilizados al margen de la financiación específica de lucha contra el cambio climático. Esto debe respetarse en el contexto del artículo 2, apartado 1, letra c), del Acuerdo de París, para que los flujos de financiación existentes sean compatibles con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resistente al cambio climático y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

1.7

Es necesario desarrollar un conjunto de instrumentos, con una estrategia de comunicación clara, que permita a los agentes no estatales a todos los niveles comprender y acceder a la financiación de la lucha contra el cambio climático. Este conjunto de instrumentos debería ayudar a los promotores de proyectos a concebir iniciativas que contribuyan a una economía hipocarbónica y resistente al cambio climático.

2.   Introducción

2.1

El presente dictamen se basa en los dictámenes anteriores del CESE sobre los temas «Coalición para cumplir los compromisos del Acuerdo de París» (1) e «Impulsar las acciones por el clima por parte de los agentes no estatales» (2), así como en un estudio reciente del CESE (3) en el que se destacan los obstáculos que impiden una mayor participación de los agentes no estatales en la acción por el clima.

2.2

El CESE ha pedido en 2018 que se entable un «Diálogo europeo sobre la acción no estatal por el clima» (DE-ANEC) dirigido a reforzar e incrementar el alcance y la magnitud de las acciones europeas no estatales por el clima. Ha señalado que el diálogo no solo debe tener por objeto destacar y dar a conocer las acciones, sino también responder a las necesidades de los agentes no estatales, inspirando nuevas asociaciones entre agentes estatales y no estatales, facilitando el aprendizaje entre pares, la formación y el intercambio de asesoramiento entre los agentes no estatales, aumentando la financiación disponible y facilitando el acceso a la misma.

2.2.1

El término «agentes no estatales» se refiere a los agentes que no son parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Esta amplia interpretación abarca diversos tipos de empresas —incluidas las pymes y las microempresas—, inversores, cooperativas, ciudades y regiones, sindicatos, comunidades y grupos de ciudadanos, organizaciones confesionales, grupos de jóvenes y demás organizaciones no gubernamentales.

2.2.2

El proceso propuesto de diálogo europeo sobre la acción no estatal por el clima debería facilitar el acceso a la financiación para acciones no estatales. Esto debería consistir en: — detallar las posibilidades de financiación; — asesorar sobre planes financiables; — examinar cómo la cadena de valor financiera existente (tanto pública como privada) está aportando financiación para las inversiones en el clima que pretenden realizar los actores no estatales; — analizar las posibilidades de una distribución de fondos/financiera eficaz para los proyectos de menor escala que podrían ser de carácter transformador; — estudiar los actuales procedimientos de diálogo y consulta con los agentes no estatales, a fin de establecer nuevas técnicas y mejores prácticas para mejorar el uso de los fondos europeos e internacionales existentes; — abogar por que el próximo marco financiero plurianual de la UE sirva a las ambiciones climáticas más elevadas de los agentes no estatales e impulse las acciones de estos agentes; — explorar la financiación innovadora (entre pares, participativa y microfinanciación, bonos verdes, etc.).

2.3

La financiación de la lucha contra el cambio climático puede interpretarse de muchas formas, pero el Comité Permanente de Financiación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) la define como una financiación que «tiene por objeto reducir las emisiones, reforzar los sumideros de gases de efecto invernadero y atenuar la vulnerabilidad de los sistemas humanos y ecológicos frente a las repercusiones negativas del cambio climático, así como mantener y aumentar su resiliencia ante estos efectos».

2.4

El presente dictamen examina la financiación de la lucha contra el cambio climático en relación con los Estados miembros de la UE, tanto los que son como los que no son parte en la CMNUCC, permitiendo que las organizaciones de la sociedad civil, los municipios y los gobiernos locales accedan a los instrumentos financieros necesarios para prestar ayuda en el diseño y la ejecución de proyectos, iniciativas y actividades que contribuyan a reducir las emisiones y a lograr que las comunidades se adapten al cambio climático.

2.5

Es importante considerar este dictamen en el contexto de la justicia climática (4) como un medio de garantizar que los costes de la acción por el clima no recaigan de manera desproporcionada en los sectores más pobres y vulnerables de la sociedad.

2.6

La financiación de las primeras etapas de la transición a una economía hipocarbónica, así como de la adaptación y la mitigación, es esencial para garantizar una transición justa y acelerar las acciones sobre el terreno.

2.7

En el caso de los microproyectos y los pequeños proyectos puede resultar difícil acceder a importes de entre 2 000 y 250 000 EUR. Se necesitan mecanismos eficaces para garantizar que las acciones participativas a menor escala no queden excluidas del potencial de transformación de la financiación de la lucha contra el cambio climático.

2.8

En la última década, la UE ha desarrollado con éxito una serie de mecanismos de financiación adaptados a estas necesidades —el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH), la Alianza mundial contra el cambio climático (AMCC), los instrumentos financieros de cofinanciación de ONG y cooperación descentralizada—, que podrían contribuir al desarrollo de instrumentos apropiados de lucha contra el cambio climático.

3.   Problemas detectados

Contexto

3.1

El CESE está firmemente comprometido con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible establecida por las Naciones Unidas y el Acuerdo de París. Sin embargo, nuestra trayectoria actual permitirá, en el mejor de los casos, limitar el aumento de la temperatura a 3 oC o más, muy por encima de lo que prevé el Acuerdo de París. La transición a la sostenibilidad requerirá importantes esfuerzos y una inversión significativa. Según el informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 oC con respecto a los niveles preindustriales, se estima que la inversión total anual media en medidas de mitigación relacionadas con la energía para el período 2015-2050 en las trayectorias que limitan el calentamiento a 1,5 oC se sitúa en torno a unos 900 000 millones de dólares estadounidenses.

3.2

Aunque las inversiones necesarias para hacer frente al cambio climático son importantes, no son tan importantes como las realizadas en los últimos años para rescatar del colapso al sector financiero. En este último caso, se movilizaron inversiones por un valor de 2,5 billones de euros. El posible colapso de los ecosistemas que nos sustentan merecería, como mínimo, una respuesta similar.

3.3

El debate sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático se centra, demasiado a menudo, en la creación de nuevas líneas de financiación explícitas, mientras que el Acuerdo de París pide que todos los flujos de financiación sean compatibles con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resistente al cambio climático y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

3.4

La Alianza de Marrakech y la Agenda Mundial de Acción por el Clima ofrecen a los agentes no estatales la oportunidad de participar en el proceso formal de la CMNUCC. La determinación de acciones dentro de la UE y la financiación de las mismas para maximizar su posible repercusión no constituyen un aspecto esencial a la hora de diseñar paquetes financieros.

3.5

Se han realizado avances en materia de financiación de la lucha contra el calentamiento global y sus efectos, pero se consideran insuficientes. En el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (5) se afirma en términos inequívocos que estamos atravesando un período decisivo y que se necesitarán medidas radicales en el próximo decenio para limitar los efectos a un nivel aceptable. Se ha de dar prioridad política a un sistema financiero y una economía sostenibles, en particular, mediante una legislación clara, estable e incentivadora.

3.6

No basta con destinar un porcentaje fijo del presupuesto a la financiación de la lucha contra el cambio climático si se asignan otras partes del presupuesto a actividades perjudiciales para el clima. Todo gasto debe considerarse en su totalidad desde el punto de vista de su repercusión sobre el clima. Un documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional cifra el total de las subvenciones directas e indirectas que cada año se destinan en el mundo a los combustibles fósiles en 5,3 billones de dólares estadounidenses, lo que equivale a más de 15 000 millones de dólares al día. Incluso con el Fondo Verde para el Clima que se pretende crear, dotado con 100 000 millones de dólares estadounidenses anuales, no podrán compensarse las repercusiones negativas de estas subvenciones.

3.7

La transición energética no se llevará a cabo con éxito a tiempo y de acuerdo con los compromisos contraídos por la UE en el marco del Acuerdo de París, si a nivel político no se atiende a la cuestión de la pobreza energética. Es necesaria una distribución justa de los costes y beneficios financieros y sociales asociados a la transición hacia una energía sostenible en Europa entre todos los niveles de gobierno y los agentes del mercado, incluidos los ciudadanos. El estudio científico Heat Roadmap Europe (6) muestra que Europa puede reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 86 % de aquí a 2050 —respecto de los niveles de 1990— con las tecnologías existentes y de manera asequible y rentable.

3.8

La investigación llevada a cabo a los fines del presente dictamen subrayó la falta de información sobre la cartografía de la financiación destinada de manera específica a la lucha contra el cambio climático en los Estados miembros. Es difícil determinar, por una parte, si los fondos se están dividiendo en cantidades accesibles de menor cuantía y, por otro, cuál es el efecto transformador de la financiación. Esta falta de seguimiento y de notificación aumenta la ambigüedad respecto al problema detectado y obstaculiza el desarrollo de las soluciones más eficaces.

El acceso de las empresas y las pymes

3.9

El acceso a la financiación sigue siendo un reto mayúsculo para todas las categorías de agentes no estatales, incluidos los diversos problemas a los que se enfrentan las pymes y las grandes empresas. Este reto no solo incide en la disponibilidad de más financiación o de fondos adicionales, sino también en la claridad de los mecanismos de financiación existentes.

3.10

Existe, además, la dificultad de definir lo que constituye una «inversión verde». Los inversores se preocupan principalmente por el riesgo y el rendimiento, por lo que les resulta difícil evaluar las posibles repercusiones climáticas y las posibilidades de éxito de los proyectos propuestos. Los prestamistas privados se mostrarán reacios a financiar un proyecto sin una comprensión clara de los riesgos de inversión y de los mecanismos de mitigación de riesgos, es decir, sin garantías.

El acceso de los gobiernos locales y regionales

3.11

Entre los factores que limitan el acceso de los gobiernos subnacionales a la financiación cabe mencionar: calificaciones crediticias bajas, capacidad limitada para movilizar financiación privada debido al tamaño reducido del mercado de inversión en infraestructuras hipocarbónicas y perfiles de riesgos y beneficios poco atractivos, así como límites soberanos establecidos por los gobiernos nacionales en lo que respecta a la posibilidad de que los gobiernos subnacionales reciban préstamos del sector privado y la cuantía de los mismos.

El acceso de las iniciativas comunitarias

3.12

Actualmente, existen miles de iniciativas locales relacionadas con el cambio climático y la sostenibilidad en Europa. Estas iniciativas están llamadas a contribuir de manera significativa a la consecución de los objetivos climáticos, energéticos y de sostenibilidad de la UE, aunque dependen en gran medida del voluntariado y la falta de financiación y apoyo profesional constituye un importante obstáculo para su desarrollo y crecimiento. A menudo, se necesitan recursos muy modestos, sin los cuales las iniciativas tienen problemas para avanzar y poner en marcha proyectos. No se está aprovechando el potencial de transformación de estas iniciativas.

3.13

En muchos casos, las iniciativas de base local encuentran dificultades para acceder a las fuentes de financiación convencionales. A menudo, el importe mínimo de financiación que debe solicitarse es demasiado elevado y va más allá de las necesidades o de la capacidad de gestión de las iniciativas locales a pequeña escala. Los requisitos de cofinanciación crean obstáculos adicionales.

3.14

El respeto de las condiciones de financiación, los trámites excesivos y la complejidad de los procedimientos son algunos de los problemas detectados por los grupos más pequeños en lo que respecta al acceso a la financiación. Si bien este tipo de proyecto/iniciativa es modesto en el plano individual, su efecto acumulado puede ser considerable. Los programas comunitarios a pequeña escala también reportan numerosos beneficios y ventajas adicionales cuando cuentan con fondos suficientes.

3.15

La mayor parte de la financiación, si no toda, está orientada a proyectos y no aborda la necesidad de recursos para apoyar procesos a diferentes niveles, desde la organización comunitaria y el desarrollo de capacidades a nivel local, hasta la creación de redes, el intercambio y el desarrollo de plataformas a nivel regional, nacional y europeo. El apoyo financiero en este ámbito podría ayudar en gran medida a acelerar el nivel de participación ciudadana y comunitaria en la acción por el clima y también a garantizar una organización y colaboración suficiente para impulsar mejoras y contribuir al desarrollo de políticas.

El acceso a la financiación de la innovación

3.16

Los empresarios en la fase inicial también se enfrentan a diferentes retos a la hora de acceder a la financiación, a saber, la falta de conocimientos y experiencia, el acceso a los mercados y la ampliación más allá de la fase de puesta en marcha. La financiación de la innovación es un aspecto esencial de la búsqueda de una solución para la crisis climática, pero también es necesario innovar en los mecanismos de financiación y su ejecución. Las iniciativas como EIT Climate-KIC tienen por objeto abordar estos retos mediante la integración del clima en los mercados financieros, la democratización de la información sobre el riesgo climático y el apoyo a las inversiones en nuevas empresas innovadoras.

4.   Soluciones propuestas

4.1

El CESE propone establecer un tipo de foro para la financiación de la lucha contra el cambio climático a escala de la UE junto con una red descentralizada. Este foro permitiría reunir a todas las partes pertinentes y facilitaría una respuesta coordinada a los problemas correspondientes. Además, serviría de vector de desarrollo de los mecanismos necesarios definidos en el presente dictamen.

4.2

El foro para la financiación de la lucha contra el cambio climático también debe actuar como plataforma de diálogo para ayudar a establecer una conexión entre las soluciones no estatales particularmente prometedoras y eficaces y los inversores privados e institucionales. Además, es necesario prestar especial atención al potencial de desarrollo y reproducción de los resultados en todos los Estados miembros de la UE y en otros lugares, a fin de maximizar el impacto. El CESE, que dispone de una red de grupos de la sociedad civil organizada de toda Europa, está especialmente capacitado para formar parte de un foro para la financiación de la lucha contra el cambio climático, en la medida en que puede dar voz a aquellos que experimentan problemas sobre el terreno para acceder a la financiación.

4.3

Una comunicación efectiva será un aspecto esencial de toda estrategia de éxito para abordar los problemas que se plantean en el ámbito de la financiación de la lucha contra el cambio climático. Se requiere una comunicación de carácter multidireccional, que llegue directamente a su público destinatario para informarle sobre las oportunidades y la accesibilidad de las opciones de financiación en un lenguaje efectivo, preciso y apropiado.

4.4

La Comisión Europea y otras instituciones de la UE deben elaborar documentos de orientación para que los agentes no estatales puedan utilizar los mecanismos de financiación existentes. Se requiere un sistema que permita identificar, analizar, sintetizar y difundir la información sobre las diferentes fuentes de financiación disponibles para la acción por clima por parte de los agentes no estatales. Esto puede basarse en el trabajo que está llevando a cabo el Comité Europeo de las Regiones al objeto de determinar las medidas necesarias para desarrollar un conjunto de instrumentos con información fácilmente comprensible para los entes locales y regionales sobre la financiación y los fondos disponibles para la acción por el clima.

4.5

Asimismo, se necesita un mecanismo de seguimiento para cartografiar con claridad los flujos de financiación de la lucha contra el cambio climático, lo que ayudaría a determinar los obstáculos y a centrar la atención en la búsqueda de soluciones prácticas para eliminarlos. Se trata de un primer paso urgente. La realización de un proceso de cartografía también sería un paso decisivo para entender las barreras que impiden el acceso de los pequeños agentes no estatales. La cartografía de los flujos de financiación ayudará, asimismo, a determinar las deficiencias a la hora de integrar acciones positivas por el clima que deberían formar parte del proceso de la Agenda Mundial de Acción por el Clima.

4.6

El CESE insta a la UE a que asuma un papel de liderazgo, proponiendo un modelo que permita tener en cuenta la contribución de los agentes no estatales a la consecución de los objetivos climáticos. Los agentes no estatales europeos que luchan contra el cambio climático, sobre todo los de menor envergadura, esperan que las instituciones europeas les ayuden a movilizar fondos específicos destinados al cambio climático y a acceder con mayor facilidad a la financiación mediante procedimientos simplificados y un sistema de notificación. Esto permitiría tener en cuenta muchas acciones que pasan desapercibidas en la lucha contra el cambio climático. Los proyectos de un importe inferior a 50 000 EUR, por ejemplo, podrían beneficiarse de una candidatura simplificada y de un formulario de notificación de una sola página.

4.7

Se necesita financiación adicional en forma de subvenciones a pequeña escala, con procedimientos de solicitud y notificación simplificados, destinadas específicamente a la acción de base local relacionada con el cambio climático y la sostenibilidad, y exentas de tasas de cofinanciación prohibitivas. Se podrían diseñar mecanismos que permitan agrupar proyectos para mejorar la repercusión de la financiación y facilitar el acceso. Estos instrumentos deben desarrollarse urgentemente.

4.8

Debería desarrollarse un mecanismo de apoyo para que los proyectos puedan aprovechar los conocimientos especializados en la fase previa de solicitud de financiación, de modo que dichos proyectos estén eficazmente diseñados y correctamente orientados.

4.9

Debe emprenderse una reflexión general a escala de la UE sobre los mecanismos de financiación innovadores. Los agentes no estatales deben participar en este debate desde el inicio para garantizar la sencillez y la claridad de los criterios de asignación.

4.10

De manera general, se ha de estrechar la cooperación entre los fondos para el clima y la sostenibilidad establecidos y los programas financieros y redes de agentes no estatales. Se trata de una cuestión de intercambio de información, comunicación y diálogo, y un foro para la financiación de la lucha contra el cambio climático podría facilitarlo.

4.11

La adopción de medidas financieras también podría incentivar la acción no estatal o el comportamiento respetuoso con el clima por parte de los agentes no estatales. Por ejemplo, las deducciones fiscales a escala nacional podrían contribuir al desarrollo de procesos productivos hipocarbónicos y estimular la participación de los agentes no estatales en la acción por el clima.

4.12

La formulación del nuevo marco financiero plurianual de la UE podría ofrecer oportunidades que permitan la acción por el clima no estatal de carácter ascendente, de modo que puedan cumplirse de forma más eficaz los compromisos climáticos contraídos por la UE en virtud del Acuerdo de París. A este respecto, el CESE pide que se incremente como mínimo en un 40 % el gasto de la UE consagrado a los objetivos climáticos (7). En segundo lugar, el CESE pide que se supriman rápidamente las subvenciones a los combustibles fósiles y que no se utilicen fondos europeos para financiar o cofinanciar, directa o indirectamente, las energías de origen fósil.

4.13

Es preciso desarrollar un instrumento de defensa contra el cambio climático a fin de garantizar que el gasto público no apoye actividades que agraven la crisis climática. Debería adoptarse el mismo planteamiento para los programas de financiación privada. La asignación de fondos específicos a la financiación de la lucha contra el cambio climático no debe traducirse en la asignación de otras partes del presupuesto o de la financiación a actividades contrarias a los objetivos climáticos. Debe alcanzarse el objetivo establecido en el artículo 2, apartado 1, letra c) del Acuerdo de París.

4.14

El desarrollo local participativo (DLP) es el principal instrumento financiero de la UE para apoyar el desarrollo local ascendente y es el más indicado para apoyar este tipo de iniciativa, ya que ofrece la posibilidad de conceder subvenciones y ayudas adaptadas a las circunstancias locales. En diciembre de 2017, el CESE aprobó un dictamen sobre el tema «Ventajas del enfoque de desarrollo local participativo (DLP) para un desarrollo local y rural integrado» (8), en el que se instó a la Comisión Europea a estudiar y analizar en profundidad las posibles oportunidades de crear un fondo de reserva para el DLP a escala de la UE. Al margen de ello, se recomendó a la Comisión Europea que velara por que todos los Estados miembros dispusieran de un fondo nacional de DLP con contribuciones de los cuatro Fondos EIE (Feader, FEDER, FSE y FEMP). Esta estructura de DLP podría ser uno de los conductos utilizados para apoyar a los microproyectos y los pequeños proyectos mencionados supra en el punto 2.7.

4.15

A fin de lograr una cadena de valor financiera más sostenible en su conjunto, el CESE apoya la hoja de ruta de la Comisión para financiar el crecimiento sostenible (9), adoptada en marzo de 2018. El CESE ha formulado recomendaciones concretas sobre este Plan de Acción en sus correspondientes dictámenes (10).

---

(1)  Dictamen del CESE sobre Coalición para cumplir los compromisos del Acuerdo de París (DO C 389 de 21.10.2016, p. 20).

(2)  Dictamen del CESE sobre Impulsar las acciones por el clima por parte de los agentes no estatales (DO C 227 de 28.6.2018, p. 35).

(3)  Estudio del CESE titulado «Kit de herramientas destinado a las colaboraciones de partes interesadas múltiples sobre el clima — un marco político para estimular la acción ascendente por el clima».

(4)  Dictamen del CESE sobre Justicia climática (DO C 81 de 2.3.2018, p. 22).

(5)  Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 oC con respecto a los niveles preindustriales (octubre de 2018).

(6)  Programa de investigación e innovación Horizonte 2020 en virtud del acuerdo de subvención n.o 695989 — Heat Roadmap Europe.

(7)  Dictamen del CESE sobre el Pacto Europeo de Financiación Climática (DO C 62 de 15.2.2019, p. 8).

(8)  Dictamen del CESE sobre el tema Ventajas del enfoque de desarrollo local participativo (DLP) para un desarrollo local y rural integrado (DO C 129 de 11.4.2018, p. 36).

(9)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible.

(10)  Dictámenes del CESE sobre «Plan de acción sobre finanzas sostenibles», «Finanzas sostenibles: taxonomía e índices de referencia», y «Obligaciones de los inversores institucionales y los gestores de activos en materia de sostenibilidad» (pendientes de publicación en el DO).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La situación de las mujeres gitanas»

(Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo)

(2019/C 110/04)

Ponente:

Ákos TOPOLÁNSZKY

Consulta	Parlamento Europeo, 30.5.2018
Fundamento jurídico	Artículo 304, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía
Aprobación en sección	7.11.2018
Aprobado en el pleno	12.12.2018
Pleno n.o	539
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	196/2/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

Una gran proporción de mujeres (y niñas) gitanas están expuestas a una discriminación múltiple en todos los sectores, lo que las mantiene en una situación que limita el ejercicio de sus derechos. Las mujeres gitanas constituyen el grupo minoritario más vulnerable de la UE. Poner fin a esta situación es un deber y una obligación de la mayor importancia para las democracias europeas.

1.2

El CESE agradece a las numerosas mujeres gitanas su determinación actual y pasada de luchar valientemente contra las estructuras discriminatorias y la violencia institucional para alcanzar una convivencia libre en una Europa sin discriminación.

1.3

Es preciso hacer frente sin dilación a la educación segregada, cuyo bajo nivel está precisamente vinculado a la discriminación que la caracteriza, velando al mismo tiempo por que las niñas gitanas tengan acceso a todos los elementos de una educación pública de calidad. Las disposiciones relativas a las escuelas especializadas y los procedimientos de orientación deben ser objeto de un riguroso examen a la mayor brevedad.

1.4

El CESE espera que los Estados miembros den prioridad a la eliminación de las prácticas sanitarias que violan las normas de servicio que corresponden a unos requisitos éticos razonables y la legislación conexa, y que tipifiquen como delito prácticas ilegales, por ejemplo, la esterilización forzada, la denegación de asistencia sanitaria por motivos étnicos o la prestación de servicios de inferior calidad.

1.5

Los Estados miembros deben eliminar inmediatamente las formas y modalidades discriminatorias de empleo y, al mismo tiempo, aplicar las políticas desarrolladas para aumentar las oportunidades de las mujeres gitanas de encontrar empleo.

1.6

Es preciso definir, adoptar y hacer cumplir como un derecho fundamental —en su caso, consagrándolo en las constituciones de los Estados miembros— una norma mínima aceptable sobre vivienda y servicios públicos.

1.7

Es necesario actuar con firmeza y sin discriminación contra todas las formas de trata de seres humanos y los delitos motivados por odio de los que son víctimas los gitanos y, más concretamente, las mujeres de esta comunidad.

1.8

Las mujeres gitanas tienen muy pocas oportunidades de desarrollar y evaluar las políticas que pueden influir en su propio destino. Es preciso garantizar de forma adecuada su participación en tales programas.

1.9

A diferencia de lo que se está haciendo en la actualidad en la mayoría de los Estados miembros, debe prestarse especial atención a las preocupaciones e intereses de las mujeres gitanas en el marco de las estrategias europeas y nacionales de recuperación después de 2020.

2.   Las situación de las mujeres gitanas en la Unión Europea

2.1

Una gran proporción de mujeres (y niñas) gitanas están expuestas a una discriminación múltiple en todos los sectores, lo que las mantiene en una situación que limita el ejercicio de sus derechos. Las mujeres gitanas constituyen el grupo minoritario más vulnerable de la UE. Esta situación debe considerarse un ataque sistémico a la democracia, al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales, que debilita profundamente la idea europea basada en los valores establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (1) y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2). En los últimos años se ha avanzado poco en este ámbito.

2.2

A pesar de que en la mayoría de los Estados miembros no se dispone de datos desglosados por etnia y sexo, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) ofrece una imagen exacta de la situación desfavorable de las mujeres gitanas (principalmente en el marco de la encuesta EU-MIDIS II (3)). Parece que, en todos los sectores de la sociedad, las mujeres gitanas se ven desfavorecidas no solo con respecto a la población en general, sino también con respecto a los hombres de su propia comunidad.

2.3

El CESE está convencido de que la fuerza de la idea europea anteriormente mencionada es proporcional al grado en que los ciudadanos más débiles de la UE pueden beneficiarse de ella. Por esta razón, adoptar las medidas necesarias para mejorar la situación de las mujeres y las niñas gitanas y promover su autonomía no es solo una obligación para las instituciones y los Estados miembros de la UE, sino que constituye también una prueba de la calidad de su organización democrática y la madurez de su Estado de Derecho.

3.   Observaciones generales

3.1

El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea cita, entre los principales valores que defiende la idea europea, la igualdad y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. No puede hablarse de aplicación efectiva de esos derechos si no se garantizan cambios concretos también en beneficio de los grupos sociales marginados y discriminados: la discriminación, la segregación y la hostilidad hacia los gitanos constituyen una negación manifiesta de estos valores.

3.2

La autonomía económica de las mujeres gitanas y la aplicación de los derechos humanos políticos, económicos, sociales, culturales y civiles y de las libertades fundamentales que les corresponden y que deben garantizarse constitucionalmente exigen la igualdad de derechos entre mujeres y hombres gitanos.

3.3

En este contexto, el CESE, en consonancia con sus dictámenes anteriores (4), respalda los objetivos de la estrategia marco de la UE, al tiempo que llama especialmente la atención sobre la necesidad de una aplicación coherente y sobre la insuficiencia de los avances.

3.4

Igualmente, sostiene que la hostilidad hacia los gitanos puede constatarse en casi todos los niveles de actividad de los Estados miembros, tanto dentro de las administraciones como en las instituciones, lo que priva a los gitanos de un acceso equitativo a los servicios públicos y les impide hacer valer sus derechos y exigir la obligación de la igualdad de trato hacia ellos, tomar decisiones políticas sobre cuestiones que les afectan en proporción a su porcentaje en la población total y protegerse contra las consecuencias de la discriminación. Esto es aún más cierto en el caso de las mujeres gitanas.

3.5

Con objeto de elaborar un inventario de las violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres gitanas, el Comité pide que se elaboren «libros blancos», con la ayuda de organizaciones de la comunidad gitana independientes y dignas de confianza que sean consultadas y reconocidas oficialmente, a fin de sentar las bases de una reconciliación histórica.

3.6

El CESE agradece a las numerosas mujeres gitanas su determinación actual y pasada de luchar valientemente contra las estructuras discriminatorias y la violencia institucional para alcanzar una convivencia libre en una Europa sin discriminación.

4.   Ámbitos específicos de las políticas públicas (5)

4.1   Educación

4.1.1

La educación segregada siempre es ilícita y conduce necesariamente a un resultado desfavorable. Las consecuencias negativas de la segregación escolar pesan mucho sobre las niñas gitanas y reducen las oportunidades de movilidad social. Por lo tanto, conviene utilizar todos los medios legales y las ayudas específicas de las políticas públicas y garantizar los recursos adicionales necesarios para afrontar, en consonancia con las expectativas de la UE, el bajo nivel de la educación segregada que resulta de la discriminación, velando al mismo tiempo por que las niñas gitanas tengan acceso a todos los elementos de una educación pública de calidad. Los gobiernos deben garantizar la disponibilidad de recursos humanos, formación y programas educativos adecuados.

4.1.2

El diagnóstico infundado de retraso mental y la segregación escolar que pueden sufrir los niños gitanos deben considerarse como una de las violaciones más graves de sus derechos, una violación que arruina su futuro, por lo que instituciones especializadas independientes deben verificar periódicamente tales diagnósticos. Es preciso garantizar que el procedimiento de verificación pueda iniciarse, sin obstáculos, a instancia de cualquier parte interesada, en primer lugar un padre o tutor, pero también la escuela.

4.1.3

En caso de sospecha de errores de juicio recurrentes y, en particular, sistemáticos, que tengan por objeto o resultado la segregación, debe velarse por que los Estados miembros lleven a cabo, a la mayor brevedad, una investigación exhaustiva de las causas, publiquen las conclusiones, las evalúen en el marco de los mecanismos nacionales de lucha contra la segregación y adopten las medidas legislativas y de ejecución adecuadas, según proceda.

4.1.4

Mientras tanto, es necesario velar por que el nivel pedagógico de las clases especializadas se aproxime al de la educación general y no se trate solo de «hospicios» pedagógicos.

4.1.5

El CESE aboga por limitar, congelar o, en caso de problemas sistemáticos, retirar completamente los fondos europeos a los países en los que la segregación escolar no disminuya o, incluso, aumente. El Comité espera que, en tales situaciones, los mecanismos de protección jurídica de la Unión Europea (artículo 7 y mecanismo de salvaguardia del Estado de Derecho) se apliquen de forma rápida y eficaz.

4.1.6

Con el fin de aumentar sus oportunidades educativas y reducir el riesgo de abandono escolar, es preciso poner en marcha una serie de programas de formación y educación continua que concedan una segunda oportunidad a las mujeres gitanas, de modo que puedan acceder a otro tipo de puestos de trabajo distintos de los empleos subvencionados por el gobierno o de los empleos de segunda clase, parciales o atípicos, que les privan de sus oportunidades de movilidad social.

4.2   Salud

4.2.1

Las mujeres gitanas, que a menudo viven en zonas segregadas o de difícil acceso, suelen enfrentarse a situaciones de rechazo, desprecio e incluso violencia física y psicológica durante la prestación de servicios sanitarios. En lo que se refiere a la salud reproductiva, por lo general tienen un acceso muy limitado a sus derechos. El CESE insta a los Estados miembros a que creen y exploten unidades móviles con el equipo y la capacidad adecuados para las poblaciones segregadas. Asimismo, pide que se revise el funcionamiento de los servicios de maternidad y embarazo y que se apliquen las mejoras necesarias.

4.2.2

El CESE espera que los Estados miembros den prioridad a la eliminación de las prácticas sanitarias que violan las normas éticas razonables y la legislación conexa y que persigan sistemáticamente tales prácticas, cuando proceda. Deben garantizarse recursos gratuitos y fácilmente accesibles para hacer valer los derechos en materia de salud, así como servicios especiales que reflejen las necesidades reales de las personas afectadas, por ejemplo mediante la creación de puntos de información sanitaria, la formación y el despliegue de mediadores sanitarios o la puesta en práctica de iniciativas de salud pública que abarquen a las comunidades segregadas.

4.2.3

Es urgente que los gobiernos asuman un compromiso claro y público con el principio de la igualdad de acceso a la atención sanitaria y su aplicación concreta, combatan las prácticas que vulneren este principio y pongan en marcha programas de concienciación dirigidos a todos los afectados. Es importante dotarse de los medios legislativos necesarios para garantizar que las mujeres y los niños gitanos sin seguro médico básico estén cubiertos.

4.3   Esterilización forzada

4.3.1

En muchos países en los que se han cometido violaciones sistemáticas de los derechos reproductivos de las mujeres en el pasado, y en los que la esterilización forzada y coercitiva ha sido aplicada masivamente y utilizada como instrumento político estatal, los responsables políticos ni siquiera se han disculpado o asumido la responsabilidad. En los casos en que esto ha ocurrido, no ha habido ninguna reparación jurídica o económica. El Comité propone que el legislador europeo haga todo lo posible para que, en el marco de la armonización de la legislación penal europea, los Estados miembros amplíen significativamente, o incluso supriman por completo, el plazo de prescripción de este tipo de infracciones penales —cuyo contenido es similar al de los crímenes contra la humanidad— y adopten una legislación específica para que las víctimas puedan obtener una reparación efectiva y una compensación económica.

4.3.2

Es preciso, de buena fe, aclarar plenamente esta situación y mostrar total transparencia, a fin de lograr la reconciliación y hacer imposible que los poderes públicos cometan cualquier infracción en el futuro. Por consiguiente, el CESE recomienda que, en los Estados miembros afectados, diversos comités de historiadores independientes, en colaboración con las víctimas y sus representantes, examinen las infracciones cometidas en el pasado en este ámbito y publiquen los resultados en el marco de un proceso de reconciliación social, a semejanza de lo que se hizo en Suecia con el «libro blanco».

4.4   Empleo

4.4.1

En el mercado laboral, las mujeres gitanas se encuentran en una situación aún peor que la de los hombres de su comunidad: todos los indicadores de empleo que las afectan descienden hasta cotas muy bajas.

4.4.2

El CESE pide a los Estados miembros que adopten las medidas específicas y globales necesarias para promover la autonomía económica de las mujeres gitanas y dotarlas de las competencias necesarias para ello. La promoción de las empresas de la economía social, la creación de programas de microcréditos y el acceso libre y no discriminatorio a las prestaciones del mercado laboral revisten especial importancia en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

4.4.3

Los empresarios han adquirido mayor importancia como creadores de empleo y actores clave del bienestar de las comunidades locales y regionales, lo que es de particular importancia para las comunidades gitanas. En el marco de las políticas que abordan las necesidades de las empresarias gitanas y de las pymes, deben adoptarse medidas específicas no solo para potenciar la autonomía de las mujeres gitanas sino también para apoyar sus iniciativas relacionadas con proyectos comunitarios y creación de empresas. Dado que esta política específica, concebida especialmente para apoyar a las mujeres gitanas, no existe en la actualidad en la mayoría de los Estados miembros, el CESE pide que se comprometan a aprovechar las oportunidades que la política podría ofrecer.

4.4.4

El Comité pide a las autoridades públicas de todos los niveles de la sociedad que ofrezcan formación para facilitar el ingreso en el mercado laboral, creen puestos de trabajo e impulsen formas de empleo subvencionado en cantidad suficiente. Es importante que proporcionen subsidios de viaje y asistencia para la formación continua y el desarrollo profesional y que apoyen, mediante instrumentos específicos de políticas públicas, la posibilidad de que las mujeres gitanas en situación de vulnerabilidad concilien la vida laboral y familiar.

4.4.5

Los Estados miembros deben hacer todo lo posible por remediar la situación de vulnerabilidad de las mujeres gitanas en el mercado laboral y erradicar las formas (casi) forzosas, informales o ilegales de trabajo de que son víctimas.

4.4.6

Con este fin, y dada la importancia de integrar a estas mujeres en el mercado laboral, es importante establecer programas de empleo que les concedan una segunda oportunidad y proporcionarles la asistencia de mediadores y subsidios de viaje y apoyo a la formación. Además, debe hacerse todo lo posible por erradicar la discriminación en el lugar de trabajo y concienciar a los empresarios.

4.5   Vivienda y servicios públicos

4.5.1

En situaciones de segregación, son las mujeres y los niños quienes más sufren las consecuencias desastrosas de tal segregación en su vida cotidiana. Por consiguiente, el CESE subraya la necesidad de crear un nivel mínimo aceptable para la vivienda, los servicios públicos y las infraestructuras, nivel que debería entenderse como un derecho fundamental y, preferiblemente, consagrarse en las constituciones de los Estados miembros.

4.5.2

El CESE propone que satisfacer estas necesidades (por ejemplo, mediante el suministro de agua potable, electricidad, alcantarillado o tratamiento de aguas residuales, asfaltado de carreteras, eliminación de residuos, accesibilidad de los servicios públicos, etc.) sea una condición previa para seguir invirtiendo en el desarrollo urbano y obtener y utilizar subvenciones.

4.5.3

Es preciso poner fin a los procedimientos de expulsión injustificados e ilegales y garantizar una protección judicial específica, disponible y accesible para las mujeres gitanas que son víctimas de tales procedimientos. Las mujeres traumatizadas por tales desalojos forzosos deben poder recibir una indemnización.

4.6   Eliminación de las estructuras de violencia

4.6.1

Las mujeres y las niñas gitanas son especialmente vulnerables en situaciones de discriminación y segregación y se convierten con facilidad en víctimas de la delincuencia y la violencia. Se ven afectadas de manera desproporcionada por todas las formas conocidas de explotación y trata de seres humanos.

4.6.2

El Comité coincide en que todas las formas de trata de seres humanos y la violencia contra las mujeres gitanas constituyen graves violaciones de los derechos humanos fundamentales expresamente prohibidas por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: los Estados miembros deben actuar sobre esta base (6). Se trata de delitos graves, que responden a una demanda y son muy lucrativos, en muchas de sus formas, para la delincuencia organizada internacional, y cuyas víctimas son las mujeres y los niños gitanos de manera desproporcionada.

4.6.3

El CESE espera que los Estados miembros incorporen inmediatamente a su Derecho penal nacional la tipificación de estas nuevas formas de delincuencia en constante evolución y que adopten medidas judiciales coordinadas y específicas contra ellas y detengan, o incluso eliminen, en la medida de lo posible, los canales de beneficios obtenidos bajo coacción. Es necesario abordar el contexto socioeconómico más amplio en el que se cometen estos delitos, identificando las situaciones de pobreza, discriminación y vulnerabilidad y aplicando de manera coherente los instrumentos (estratégicos, legislativos, financieros, educativos, de investigación, etc.) de política social que permitan atajar estas situaciones.

4.6.4

La violencia que sufren las mujeres gitanas puede provenir tanto de la sociedad en general como de sus propias comunidades. En cualquier caso, es importante actuar con decisión contra todas las formas puntuales y organizadas de violencia en el marco de un enfoque centrado en la víctima y consciente de la cuestión de género, que tenga en cuenta la particular vulnerabilidad y la especial protección de que deben gozar las mujeres y los niños, y que se base en los derechos humanos.

4.6.5

El Comité acoge con satisfacción que, con la firma de la Comisión Europea, la UE se haya convertido en Parte contratante del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido generalmente como el Convenio de Estambul. Insta a todos los Estados miembros de la UE a que lo ratifiquen y empiecen a aplicarlo sin reservas y con determinación, habida cuenta de la especial exposición a que se ven sometidas las mujeres gitanas en este ámbito.

4.6.6

Por otra parte, las mujeres y las niñas gitanas son objeto de ataques desproporcionados, y víctimas de delitos motivados por el odio, especialmente los discursos de incitación al odio. Es preciso adoptar medidas destinadas a facilitar el acceso a la justicia de las personas afectadas y crear instrumentos, con la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil, para concienciar sobre la detección de este tipo de delitos.

4.6.7

El CESE apoya la ampliación geográfica y la aplicación de Justrom, el programa conjunto del Consejo de Europa y de la Comisión Europea, para garantizar el acceso de las mujeres gitanas a la justicia.

4.6.8

El Comité llama la atención sobre el hecho de que todas las formas institucionales de hostilidad hacia los gitanos y segregación también pueden considerarse como una forma de infracción violenta. Destaca la importancia de garantizar protección contra este tipo de infracciones en el marco de los servicios institucionales financiados por el Estado (institutos de protección de la infancia, servicios sociales y sanitarios) y de las estructuras estatales de mantenimiento del orden público (policía, justicia penal, centros penitenciarios), contextos en los que la vulnerabilidad de las mujeres gitanas es particularmente notoria. El Comité llama la atención sobre la importancia de garantizar un acceso sin trabas y gratuito a la protección jurídica en estos casos.

4.6.9

El Derecho nacional e internacional debe interpretar el concepto de matrimonio precoz forzado como una forma de trata de seres humanos y actuar en consecuencia. Las víctimas de matrimonios infantiles forzados deben poder acceder a todos los instrumentos y programas de prevención y protección previstos para combatir la trata de seres humanos.

4.7   Integración y participación

4.7.1

Las mujeres gitanas tienen muy pocas oportunidades de desarrollar y evaluar las políticas que pueden influir en su propio destino. Por consiguiente, el CESE subraya que, sobre la base del principio «nada sobre nosotros sin nosotros», es absolutamente esencial impulsar la participación de las mujeres gitanas —a una escala apropiada— en el diseño, la planificación, la aplicación y la evaluación de cualquier programa que las afecte a ellas o a sus comunidades. El CESE propone que la participación de las mujeres gitanas activas corresponda, al menos, a la mayoría para los programas destinados específicamente a las mujeres gitanas, y al 30 % para los programas destinados a las comunidades gitanas. Debería establecerse un sistema de evaluación que permita medir estas proporciones de manera fiable.

4.7.2

El CESE propone que estos porcentajes de participación se apliquen de manera verificable en el seno de los organismos responsables de las políticas de integración nacionales y regionales (consejos de coordinación nacionales, regionales y locales, comisiones de lucha contra la segregación, etc.).

4.7.3

Invita a los gobiernos y las autoridades a entablar un auténtico diálogo político de fondo con los representantes de las mujeres gitanas en todos los niveles de organización social y a crear las estructuras institucionales que permitan mantener ese diálogo. Con este fin, el Comité recomienda que se creen instituciones jurídicas específicas, como por ejemplo comités de mujeres en el seno de las plataformas nacionales para los gitanos —en cuyo marco las mujeres gitanas tendrían garantizada su representación específica—, o la figura de un defensor del pueblo independiente para las mujeres gitanas.

4.7.4

El Comité señala que tanto la actual estrategia marco europea como las estrategias nacionales de integración de los gitanos no tienen en cuenta, o solo de manera limitada, las opiniones de las mujeres gitanas. Los procesos posteriores a 2020 y las futuras estrategias de integración social tendrán que basarse en mucho mayor grado en la opinión de los representantes de las mujeres gitanas.

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(1)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12012M/TXT

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=es

(3)  Disponible solo en inglés: http://fra.europa.eu/en/project/2015/eu-midis-ii-european-union-minorities-and-discrimination-survey/publications.

(4)  DO C 248 de 25.8.2011, p. 16; DO C 67 de 6.3.2014, p. 110; DO C 11 de 15.1.2013, p. 21.

(5)  Entre las numerosas propuestas presentadas hasta la fecha por la comunidad gitana, las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de los gitanos, la comunidad científica, los organismos internacionales y el CESE, el presente dictamen solo mencionará las que guardan especial pertinencia para la aplicación de los derechos de las mujeres gitanas.

(6)  Articulo 5, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La igualdad de género en los mercados laborales europeos»

(Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo)

(2019/C 110/05)

Ponente:

Helena DE FELIPE LEHTONEN

Consulta	Parlamento Europeo, 3.5.2018
Fundamento jurídico	Artículo 29, apartado 1, del Reglamento interno
Decisión del Pleno:	DD/MM/YYYY
Sección competente	Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía
Aprobado en sección	7.11.2018
Aprobado en el pleno	12.12.2018
Pleno n.o	539
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	151/2/4

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Con el fin de mejorar la igualdad de género en los mercados laborales, el CESE considera necesario definir una estrategia europea integrada y ambiciosa para abordar los obstáculos sistémicos y estructurales y la creación de políticas, medidas y programas de financiación de la UE adecuados para la mejora de la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo así una independencia económica más igualitaria entre mujeres y hombres. Esto también contribuiría a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales.

1.2.

El presente dictamen reitera la necesidad de seguir abordando algunos retos bien establecidos, como la brecha salarial entre hombres y mujeres y el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, sobre los cuales el CESE ya ha emitido dictámenes (1).

1.3.

El CESE considera que se requieren esfuerzos adicionales para hacer frente a la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres. Respalda plenamente el objetivo de la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial de trabajar para reducir las diferencias salariales entre mujeres hombres de aquí a 2030. Lamenta la escasa aplicación de la Recomendación de la Comisión Europea sobre la transparencia salarial de 2014, e insta a los Estados miembros y a la UE a que adopten medidas apropiadas para aplicarla cuanto antes.

1.4.

El CESE recuerda que la transparencia salarial está llamada a desempeñar un papel importante en la lucha contra la brecha salarial entre hombres y mujeres (2). Recomienda la adopción de sistemas salariales neutros en materia de género con el fin de fomentar un enfoque imparcial para la retribución y la contratación.

1.5.

El CESE está de acuerdo en que es necesario reforzar las medidas destinadas a reducir la segregación horizontal de género en la educación, la formación y el mercado laboral. Hay que llevar a cabo campañas de sensibilización y otras acciones para combatir los estereotipos de género y la segregación en la educación y la formación y a la hora de adoptar decisiones profesionales, aprovechando plenamente las nuevas tecnologías. Mejorar las condiciones salariales y laborales en los sectores en los que predominan las mujeres podría incitar a un mayor número de hombres a trabajar en esos sectores.

1.6.

Deben dedicarse más esfuerzos a la integración en el mercado laboral y el empoderamiento de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables, teniendo en cuenta un enfoque intersectorial (3).

1.7.

El CESE aprecia los esfuerzos realizados por la Comisión para supervisar más de cerca la atención a la infancia y la asistencia de larga duración en el marco del Semestre Europeo. Este aspecto ha de seguir siendo prioritario a medio y largo plazo. El CESE está a favor de iniciar una nueva reflexión con los Estados miembros sobre los objetivos de Barcelona 2002 en materia de atención a la infancia, con el fin de lograr que los objetivos sean más ambiciosos y ampliar el enfoque para que abarque el cuidado de otras personas a cargo.

1.8.

El CESE insta al Parlamento y al Consejo a que introduzcan indicadores nuevos y adecuados en los Fondos Estructurales europeos futuros, para supervisar mejor la contribución financiera de la UE a los distintos servicios asistenciales y la igualdad de género.

1.9.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta relativa al FSE+ en el marco financiero plurianual para 2021-2027, que tiene como objetivo específico apoyar la igualdad entre hombres y mujeres y fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral por medio de acciones para mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada y el acceso a servicios de atención a la infancia y otros servicios asistenciales. Sin embargo, considera que la financiación de la UE debería asignarse teniendo más en cuenta la dimensión de género y que la igualdad de género debería fijarse como un objetivo independiente, en lugar de fusionar en un solo objetivo la igualdad de género, la lucha contra la discriminación y la lucha contra el racismo.

1.10.

El CESE también acoge favorablemente el programa InvestEU para 2021-2027, que apoya las inversiones en infraestructuras sociales. El CESE insta al Parlamento y al Consejo a que apoyen firmemente esta nueva oportunidad para acometer las inversiones que resulten necesarias en materia de atención a la infancia (y asistencia posescolar).

1.11.

El emprendimiento femenino está quedando rezagado y debe fomentarse para aprovechar el enorme potencial de la economía digital y las innovaciones tecnológicas. Hay que mejorar el acceso a la financiación y facilitar las transiciones entre las categorías de empleo.

2.   Antecedentes y retos

2.1.

La elaboración del presente dictamen del CESE responde a la solicitud del Parlamento Europeo de un dictamen exploratorio sobre «La igualdad de género en los mercados laborales europeos». A petición del Parlamento, este dictamen examina el impacto de las medidas esbozadas en la Recomendación de la Comisión sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia y la necesidad de adoptar nuevas medidas para combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

2.2.

El artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del TUE, así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, reconocen que el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores fundamentales de la Unión y, como tal, constituye una tarea importante. El pilar europeo de derechos sociales consagra la igualdad de género y la igualdad de retribución para un trabajo de igual valor como uno de los veinte principios esenciales para unos mercados laborales y sistemas de protección social justos y que funcionen correctamente.

2.3.

La Unión Europea y los Estados miembros han venido fomentando la igualdad de género en el mercado laboral mediante una combinación de instrumentos legislativos y no legislativos, recomendaciones, orientaciones en relación con las políticas y apoyo financiero. En su Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019, la Comisión Europea confirmó las prioridades que deben abordarse: la misma independencia económica para mujeres y hombres, la igualdad de retribución para un mismo trabajo y la igualdad en la toma de decisiones, la dignidad, la integridad, la eliminación de la violencia de género y el fomento de la igualdad de género más allá de la UE.

2.4.

En 2017, la tasa de empleo femenino siguió aumentando a un ritmo lento pero continuo, al igual que en el caso de los hombres, y alcanzó el récord del 66,5 % frente al 78,1 % de los hombres. Sin embargo, la disparidad de empleo entre mujeres y hombres, que se sitúa en el 11,5 pp, no ha variado desde 2013. Además, es improbable que se logre la meta de la UE para 2020 de alcanzar una tasa de empleo del 75 % de las mujeres y los hombres. La puntuación en el Índice de Igualdad de Género subió de 62 puntos en 2005 a 65 puntos en 2012, pero solo a 66,2 puntos en 2015, debido en parte a la crisis. En varios Estados miembros, las medidas para luchar contra la crisis no tuvieron en cuenta de manera adecuada el impacto negativo en la igualdad de género.

2.5.

A pesar de los avances generales en materia de igualdad de género en los mercados laborales europeos, persisten desigualdades entre mujeres y hombres. La segregación horizontal y vertical es un factor importante que contribuye a la brecha de género no ajustada en los ingresos brutos por hora, que actualmente se sitúa en torno al 16 %. La brecha se ve agravada por el predominio de las mujeres en trabajos a tiempo parcial y en sectores laborales peor retribuidos, así como en su mayor recurso a regímenes de permiso parental, lo que genera interrupciones en la actividad profesional, un menor progreso profesional y menos derechos devengados de pensión.

2.6.

La actual brecha de empleo entre hombres y mujeres representa una pérdida económica y social importante para la UE, que se calcula en 370 000 millones EUR anuales. Con el reto demográfico y la disminución de la población en edad de trabajar, Europa necesita aprovechar plenamente el potencial que representa el conjunto de las mujeres en el mercado laboral, teniendo en cuenta la intersección de la raza, el origen étnico, la clase social, la edad, la orientación sexual, la nacionalidad, la religión, el sexo, la discapacidad o la condición de refugiado o migrante, que pueden constituir obstáculos específicos para su participación en el mercado laboral.

2.7.

Mientras que las mujeres tienden a predominar en trabajos con salarios más bajos y de menor cualificación, así como en sectores como la asistencia sanitaria, los servicios sociales, la educación, la administración pública y el comercio al por menor, los hombres tienen una mayor representación en la ingeniería, la construcción y el transporte. Cada vez faltan más hombres en profesiones del sector «SEB» (sanidad, educación y bienestar social), una tendencia que se ve reforzada por la falta de modelos de referencia y unas condiciones de trabajo y remuneración que a menudo son menos atractivas. Lo mismo sucede con las mujeres, que están infrarrepresentadas en las profesiones de los sectores CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). En 2016, solo el 17 % de los especialistas en TIC en la UE eran mujeres.

2.8.

Mientras se está debatiendo en el Consejo la nueva legislación de la UE (Directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional), las mujeres siguen padeciendo el fenómeno de la «sanción por maternidad» en el trabajo, en particular, durante el embarazo y después de haber dado a luz, lo cual sigue siendo un problema en muchos Estados miembros. La brecha de empleo es especialmente elevada en el caso de madres y mujeres con responsabilidades familiares. En 2016, más del 19 % de las mujeres inactivas se encontraban en esa situación porque tenían que cuidar de niños o adultos. De media, la tasa de empleo de las mujeres con un hijo menor de seis años es un 9 % inferior a la de mujeres sin hijos, una diferencia que aumenta hasta el 30 % en algunos países.

2.9.

El CESE expresa su gran preocupación por la magnitud del acoso sexual de las mujeres en el lugar de trabajo y por el hecho de que se está generalizando el ciberacoso contra las mujeres. Recuerda la necesidad de mejorar la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) por la que se prohíbe el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo (5).

2.10.

El CESE pide, asimismo, que se adopten medidas integradas y específicas dirigidas a las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables, ya que a menudo encuentran mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo. Destaca la necesidad de un enfoque intersectorial, con el fin de aumentar las oportunidades en el mercado laboral de las mujeres que sufren múltiples formas de discriminación.

2.11.

El emprendimiento femenino aún está poco desarrollado. Aunque las mujeres constituyen el 52 % del total de la población europea, son apenas el 34,4 % de los trabajadores por cuenta propia de la UE y el 30 % de los emprendedores de empresas emergentes. La situación de las trabajadoras por cuenta propia es peor que la de los trabajadores por cuenta propia: el 76,3 % de las trabajadoras por cuenta propia en la EU-28 no tienen empleados, en comparación con el 69 % de los hombres. Por lo tanto, los hombres son con mayor frecuencia empresarios con empleados, mientras que las mujeres tienden más a ser trabajadoras por cuenta propia sin empleados y con un mayor riesgo de renta baja. La creatividad y el potencial emprendedor de las mujeres son una fuente infrautilizada de crecimiento económico y empleo que debe seguir desarrollándose para crear empresas de éxito.

2.12.

El trabajo a tiempo parcial puede ser una herramienta valiosa para mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada de hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres trabajan más a menudo que los hombres a tiempo parcial (representan más del 70 % de los trabajadores a tiempo parcial) y se ha documentado un aumento del número de mujeres en empleos peor remunerados (venta al por menor, limpieza y asistencia). Los niveles de trabajo a tiempo parcial involuntario, tanto para las mujeres como para los hombres, siguen siendo preocupantes. El objetivo de la Estrategia Europa 2020 de una tasa de empleo del 75 % solo podrá alcanzarse por medio de una estrategia integrada, compuesta por una combinación coherente de políticas y medidas que fomenten la participación en el mercado laboral, creen empleos de calidad, garanticen la igualdad de trato en el empleo y promuevan un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares entre los progenitores y las personas que cuidan a otros familiares a cargo.

3.   Ámbitos de actuación para lograr la igualdad de género en los mercados laborales europeos

3.1.   Abordar la transparencia salarial para cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres

3.1.1.

La brecha salarial entre mujeres y hombres es uno de los obstáculos más persistentes tanto a la igualdad de género en el mercado laboral y en la sociedad como al crecimiento económico. El CESE respalda plenamente la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (EPIC), una iniciativa mundial dirigida por la OIT, ONU Mujeres y la OCDE, en la que participan gobiernos, empresarios, sindicatos y sociedad civil con el objetivo de reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres para 2030. El CESE pide a la UE que intensifique su acción para garantizar que las diferencias salariales entre hombres y mujeres en la UE se reduzcan de aquí a 2030.

3.1.2.

El CESE reitera sus recomendaciones con respecto al Plan de Acción europeo para atajar la brecha salarial entre hombres y mujeres (6). El CESE reconoce que la Directiva 2006/54/CE relativa a la igualdad de género (refundición) y la Recomendación de la Comisión 2014/124/UE sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres han sido fundamentales para reducir la brecha salarial de género y siguen siendo válidas. No obstante, hay que redoblar los esfuerzos. El informe de la Comisión de 2013 sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE concluyó que la aplicación práctica de las disposiciones relativas a la igualdad de retribución en los Estados miembros es uno de los ámbitos más problemáticos de la Directiva.

3.1.3.

La EPIC ha declarado que la falta de transparencia salarial desempeña un papel importante en las diferencias salariales entre mujeres y hombres y que una mayor transparencia salarial puede contribuir a reducir estas diferencias. La transparencia salarial está llamada a desempeñar un importante papel en la lucha contra la posible discriminación salarial. El CESE expresa su preocupación por la escasa aplicación de la Recomendación de 2014 sobre la transparencia salarial. Aunque la mayoría de los Estados miembros han adoptado algunas medidas destinadas a aumentar la transparencia salarial, una tercera parte carece de cualquier disposición en este sentido. El CESE insta a los Estados miembros a que intensifiquen la aplicación de la Recomendación, por ejemplo, promoviendo la posibilidad de que las personas soliciten información sobre los niveles salariales, o fomentando que los empleadores de empresas con un tamaño determinado informen sobre los salarios o realicen auditorías salariales, contribuyendo así a la adopción de un enfoque equitativo en materia de contratación y remuneración. Asimismo, debe tenerse en cuenta la necesidad de respetar plenamente la intimidad —los datos— de los trabajadores y las relaciones laborales en sentido amplio.

3.1.4.

A fin de aplicar el principio de igualdad de retribución y abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres, se necesitan mejores sinergias entre las diferentes medidas disponibles. Entre estas medidas, se recomienda encarecidamente la adopción de sistemas salariales neutros en materia de género, ya que fomentan un enfoque imparcial para la contratación y la remuneración.

3.1.5.

Los interlocutores sociales son los más indicados para reconsiderar el valor de las competencias y las profesiones. El diálogo social y la negociación colectiva son fundamentales para alcanzar este objetivo y abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres.

3.1.6.

A nivel europeo, la cuestión de la brecha salarial entre hombres y mujeres también se aborda en el marco del Semestre Europeo. En 2017, esta cuestión se puso de relieve en los informes por país de nueve Estados miembros. Se dirigieron recomendaciones específicas por país a doce Estados miembros, centradas en las inversiones en atención a la infancia y desincentivos fiscales, así como en otras medidas relacionadas con la brecha salarial entre hombres y mujeres.

3.1.7.

Se ha de prestar especial atención a la sensibilización por lo que respecta a los prejuicios inconscientes o el refuerzo de la brecha salarial en la contratación o los ascensos. En la búsqueda de soluciones adecuadas, el apoyo de las organizaciones de las empresas, junto con la cooperación entre los interlocutores sociales, las autoridades y los organismos de igualdad, también es importante para la reducción de la brecha salarial de género.

3.2.   Educación, segregación y estereotipos

3.2.1.

La segregación horizontal en la educación, la formación y el mercado laboral, que persiste como consecuencia de los estereotipos y las barreras existentes en el mercado laboral, debe abordarse ya desde la infancia. Existe un fuerte vínculo entre esta segregación y la brecha salarial entre hombres y mujeres. Debe hacerse mayor hincapié en la tendencia infravalorar determinadas profesiones, incluso en puestos directivos. Mejorar las condiciones salariales y laborales en los sectores en los que predominan las mujeres podría incitar a un mayor número de hombres a trabajar en esos sectores, contribuyendo así a luchar contra la segregación laboral por motivos de género.

3.2.2.

A pesar del mayor logro de las mujeres en la educación, estas se enfrentan a numerosas barreras para hacer carrera en determinados sectores dominados por hombres, como las TIC. Incluso si algunas niñas deciden estudiar materias CTIM, solo el 10 % de las mujeres desarrollan una carrera profesional en estos sectores. Esto requiere un mayor énfasis en la lucha contra la segregación y los estereotipos en la educación, así como una mejor promoción del sector entre las mujeres.

3.2.3.

La ausencia de hombres en el sector SEB (sanidad, educación y bienestar social) está adquiriendo proporciones preocupantes. Además, el CESE pide que se organicen campañas de sensibilización y que se promuevan modelos de referencia, a nivel nacional y de la UE, para fomentar las profesiones en los sectores de las TIC y CTIM entre las mujeres, y las profesiones en el sector SEB entre los hombres.

3.3.   Unos servicios asistenciales para mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada

3.3.1.

La conciliación de la vida profesional, privada y familiar es uno de los principales desafíos para los progenitores y las demás personas con responsabilidades familiares. Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada, ya que, por lo general, recae sobre ellas la responsabilidad de cuidar de familiares a cargo. Lograr un mayor equilibrio entre la vida profesional y la vida privada es especialmente difícil para los hogares formados por una sola persona y las personas pertenecientes a grupos vulnerables. El CESE acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de aumentar la participación de las personas con hijos en el mercado laboral y ayudarles a lograr un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida privada.

3.3.2.

La consecución del objetivo del reparto de las responsabilidades parentales y de otras responsabilidades familiares es importante para una participación equitativa en el mercado laboral (7). El nivel de aceptación de los permisos parentales y de paternidad entre los padres es más bien bajo, y solo suelen solicitarlos si están remunerados. Es esencial adoptar medidas que animen a los hombres a participar más en la vida familiar, abordando al mismo tiempo los posibles costes y los esfuerzos organizativos para las empresas, especialmente las pequeñas empresas y las microempresas.

3.3.3.

Habida cuenta de que las responsabilidades familiares son uno de los principales motivos de la baja participación de las mujeres en el mercado laboral, los objetivos de Barcelona son de crucial importancia, si bien no se han alcanzado suficientemente. Las pruebas demuestran una correlación positiva entre los servicios de atención a la infancia y la tasa de empleo femenino. El CESE lamenta que, más de quince años después de su adopción, los objetivos de Barcelona solo hayan sido alcanzados por un número tan reducido de países, por lo que pide que se estudie la posibilidad de proceder a una revisión que permita establecer metas más ambiciosas a modo de incentivo para fomentar la igualdad de género.

La asequibilidad y accesibilidad de la atención a la infancia y otros servicios asistenciales siguen siendo un reto, especialmente para las familias con bajos ingresos. Por lo tanto, es importante contar con una buena combinación de servicios asistenciales de calidad, tanto públicos como privados. Además, el horario de apertura de los servicios de atención a la infancia sigue siendo un verdadero obstáculo para los progenitores que trabajan.

3.3.4.

El CESE también llama la atención sobre la necesidad de servicios asistenciales extraescolares para los hijos de las personas que trabajan. Estos servicios deben estar disponibles en aquellos países en los que las clases acaban temprano y los progenitores trabajan a tiempo parcial para poder ocuparse de sus hijos. Debe haber más información disponible para entender la magnitud y las consecuencias de este problema estructural de igualdad de género en el mercado laboral.

3.3.5.

El crecimiento del sector asistencial, que presenta un gran potencial laboral desaprovechado, requiere especial atención debido al persistente problema de la segregación de género y, en muchos casos, a las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios. Como ya ha solicitado el CESE, es necesario recopilar datos pertinentes sobre los diferentes aspectos de los sistemas de atención remunerada y las preferencias en Europa. Esto debería incluir la rápida expansión de los servicios de asistencia a domicilio y el caso específico de los cuidadores domésticos internos (8), muchos de los cuales son trabajadores transfronterizos o inmigrantes de terceros países que se quejan de condiciones de trabajo deficientes y salarios bajos. El CESE insta a la Comisión Europea a que adopte una estrategia integrada para el sector asistencial.

3.3.6.

El CESE valora positivamente los esfuerzos realizados por la Comisión para supervisar más de cerca la atención a la infancia y los cuidados de larga duración en el marco del Semestre Europeo y las recomendaciones específicas por país dirigidas a los Estados miembros.

3.4.   Financiar la igualdad de género: el marco financiero plurianual

3.4.1.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta relativa al FSE+ en el marco financiero plurianual para 2021-2027, que tiene como objetivo específico la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, así como fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral por medio de acciones para mejorar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada y el acceso a servicios de atención a la infancia. El CESE anima a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a que acepten su recomendación de que el FSE+ apoye la igualdad de género (9).

3.4.2.

El CESE considera que la financiación de la UE debería asignarse atendiendo a un planteamiento más sensible a los aspectos de género. El CESE teme que la fusión de los objetivos de igualdad de género, lucha contra la discriminación y lucha contra el racismo en un único objetivo socave su visibilidad y la claridad de los importes asignados a cada uno de ellos. Debería emprenderse una reflexión sobre la mejor manera de abordar esta cuestión.

3.4.3.

El CESE destaca la necesidad de invertir en servicios e instalaciones de asistencia de alta calidad, asequibles y accesibles para todos. La propuesta de la Comisión para el FSE+ es un paso en el sentido correcto ya que se realizarán más inversiones en la atención a la infancia. Esta financiación debería seguir fomentándose sobre la base de buenas prácticas que deberá recopilar la Comisión Europea.

3.4.4.

El CESE también acoge favorablemente el programa InvestEU como parte del marco financiero plurianual para 2021-2027 y su prioridad de impulsar las inversiones en infraestructuras sociales, que podrían tener un impacto positivo en la igualdad de género.

3.4.5.

El CESE manifiesta su preocupación por la ausencia de un mecanismo de evaluación del modo en que los Estados miembros han utilizado los fondos de la UE para apoyar la prestación de servicios de asistencia. Esta cuestión deberá abordarse en los próximos programas de financiación mediante la introducción de indicadores nuevos y adecuados para los Estados miembros en los Fondos Estructurales futuros, incluido el FSE+, a fin de supervisar mejor la contribución financiera de la UE a los distintos servicios asistenciales y a la igualdad de género.

3.5.   Sistemas fiscales y de prestaciones

3.5.1.

Según los datos disponibles, las mujeres se enfrentan a menudo a importantes desincentivos económicos cuando acceden al mercado laboral o desean trabajar más, es decir, el modo en que están establecidos los sistemas fiscales y de prestaciones puede actuar como elemento disuasorio para la segunda fuente de ingresos familiares, que suele ser la mujer. Como consecuencia directa de ello, las cotizaciones a los sistemas de pensiones son más bajas o nulas, lo que a su vez se traduce en una pensión más reducida e, incluso, en pobreza.

3.5.2.

El Semestre Europeo ya ha hecho hincapié en la necesidad de adaptar los sistemas fiscales y de prestaciones a fin de evitar fuertes desincentivos para la segunda fuente de ingresos familiares que quiera aceptar un empleo o trabajar más. Será necesario un estrecho seguimiento de la evolución en los Estados miembros.

3.6.   Emprendimiento femenino

3.6.1.

El emprendimiento puede ser una oportunidad para la independencia económica de las mujeres, con empleos de calidad y carreras de éxito, que pueden sacar a las mujeres de la pobreza y la exclusión social, contribuyendo al mismo tiempo a una representación de género más equilibrada en los procesos decisorios. El emprendimiento femenino debe apoyarse mejorando el acceso a las medidas (10) de protección social y la calidad de las mismas e integrando la educación empresarial en la enseñanza y la formación.

3.6.2.

En lo que respecta a la actividad autónoma, las mujeres son con mayor frecuencia trabajadoras por cuenta propia que se enfrentan a un riesgo más elevado de pobreza en situación de empleo, mientras que los hombres tienden más a ser dueños de empresas con empleados. Las mujeres también se enfrentan a un mayor número de barreras estructurales en todo lo relacionado con el acceso a la financiación, los estereotipos y la falta de confianza. Hay que acabar con estos obstáculos. La tutoría de inversores providenciales y las nuevas formas de financiación pueden ser útiles para superar las barreras. Se han de fomentar y diseminar de forma más activa las herramientas existentes en las organizaciones empresariales.

3.7.   Economía digital

3.7.1.

Los cambios en el mercado laboral, propiciados por la globalización, los avances tecnológicos y el cambio demográfico, ofrecen nuevas perspectivas a empleados y emprendedores por igual. Los sectores emergentes y en crecimiento (por ejemplo, las TIC, la economía verde, la Industria 4.0 y el comercio electrónico) pueden ofrecer numerosas oportunidades de empleo bien remunerado a las mujeres. El CESE también ha hecho hincapié en el problema de la brecha digital de género, que plantea una serie de retos que deben abordarse. También ha formulado recomendaciones para superar los desequilibrios relacionados con el sistema educativo y el mercado laboral (11).

3.7.2.

Con el fin de garantizar que las mujeres y los hombres pueden operar con confianza en la economía digital es necesaria una mayor claridad de la situación a nivel nacional en materia de derechos y de prestaciones y obligaciones de seguridad social, tanto en contratos de trabajo como entre empresas. La educación y la formación deben ocupar un lugar central en las estrategias para fomentar las carreras en los ámbitos de las TIC, las CTIM y la economía verde entre las mujeres; además, es necesario integrar la perspectiva de género en la Estrategia para el Mercado Único Digital.

3.8.   Mejor cooperación entre todos los actores

3.8.1.

El papel de los interlocutores sociales en la negociación de convenios colectivos es una herramienta importante para abordar las múltiples dimensiones de la igualdad de género y la igualdad salarial en los mercados laborales europeos. A escala de la UE, los interlocutores sociales adoptaron en 2005 un marco de acción en favor de la igualdad de género, seguido de acciones conjuntas a nivel nacional para abordar los roles de género, promover la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones, respaldar el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, y hacer frente a la brecha salarial entre hombres y mujeres. En 2008, revisaron su Acuerdo de 1996 sobre el permiso parental (Directiva 2010/18/UE del Consejo (12)) y en 2012 desarrollaron una serie de herramientas para mejorar la igualdad de género en la práctica.

3.8.2.

Las organizaciones de la sociedad civil también pueden aportar una contribución valiosa a la promoción de la igualdad de género en el mercado laboral, en particular, para los grupos vulnerables.

3.8.3.

El CESE pide que se elabore una estrategia renovada y ambiciosa a escala de la UE para lograr la igualdad de género en los mercados laborales europeos, que deberá enmarcarse de manera coherente en cualquier futura estrategia europea de empleo, en el pilar europeo de derechos sociales y en la dimensión europea de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

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(1)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 44, DO C 262 de 25.7.2018, p. 101.

(2)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 44.

(3)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 20.

(4)  DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.

(5)  DO C 351 de 15.11.2012, p. 12; DO C 242 de 23.7.2015, p. 9; DO C 367 de 31.7.2018, p. 20.

(6)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 101.

(7)  DO C 129 de 11.4.2018, p. 44.

(8)  DO C 487 de 28.12.2016, p. 7.

(9)  Véase el Dictamen del CESE sobre el «Fondo Social Europeo +» (DO C 62 de 15.2.2019, p. 165).

(10)  DO C 173 de 31.5.2017, p. 45.

(11)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 37.

(12)  OJ L 68 de 18.3.2010, p. 13.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Aplicación de la legislación medioambiental de la UE en materia de calidad del aire, agua y residuos»

(Dictamen exploratorio)

(2019/C 110/06)

Ponente:

Arnaud SCHWARTZ

Consulta	Parlamento Europeo, 03/05/2018
Fundamento jurídico	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
	Dictamen exploratorio
Decisión de la Mesa	17/04/2018 (en previsión de la consulta)
Sección competente	Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Aprobado en sección	27/11/2018
Aprobado en el pleno	12/12/2018
Pleno n.o	539
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	117/2/6

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE acoge con satisfacción el objetivo de la revisión de la aplicación de la política medioambiental (EIR, por sus siglas en inglés) consistente en proporcionar una visión clara de la situación de cada Estado miembro para detectar las principales deficiencias en la aplicación de la legislación medioambiental europea, recomendar medidas correctoras y prestar apoyo a los Estados miembros que se están quedando a la zaga en términos de aplicación, en particular, a través de un nuevo instrumento de asistencia técnica entre pares.

1.2.

No obstante, en su dictamen al respecto (1), el CESE afirma que la EIR de la UE ha puesto de manifiesto que la aplicación deficiente, fragmentada y desigual de la legislación medioambiental europea constituye un grave problema en muchos Estados miembros de la Unión. Hoy como ayer, a las causas profundas de la deficiente aplicación detectadas durante la EIR parecen sumarse la falta de voluntad política por parte de los gobiernos de muchos Estados miembros para hacer de la mejora sustancial de la aplicación una prioridad política y proporcionar recursos suficientes a tal fin (por ejemplo, mediante el marco financiero plurianual — MFP). El CESE recuerda, por tanto, que la adecuada aplicación del acervo medioambiental de la Unión redunda en interés de los ciudadanos europeos y entraña auténticas ventajas económicas y sociales.

1.3.

Asimismo, tal como se indica en el dictamen (2) mencionado anteriormente, el CESE insiste en que la aplicación eficaz de las medidas de protección medioambiental depende, en parte, de que se conceda un papel activo a la sociedad civil: empresarios, trabajadores y otros representantes de la sociedad. Por consiguiente, el CESE reitera su llamamiento a favor de una participación reforzada y más estructurada de la sociedad civil, lo que permitiría profundizar en las EIR. Según el CESE, las organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional deben tener la oportunidad de aportar su experiencia y sus conocimientos a los informes por país, así como a los diálogos estructurados nacionales y a su seguimiento. Por este motivo, el CESE está dispuesto a facilitar el diálogo de la sociedad civil a escala de la UE en el marco de una economía verdaderamente sostenible y circular.

1.4.

En su dictamen sobre las «Acciones de la UE para mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental» (3), el CESE vuelve a insistir en que las deficiencias actuales, que minan la confianza de los ciudadanos en la eficacia de la legislación de la UE, y reitera su petición a los Estados miembros y a la Comisión para que movilicen recursos financieros importantes con el fin de contratar personal adicional, a fin de controlar la aplicación de la gobernanza y la legislación medioambientales.

1.5.

El CESE insiste en que, en algunos casos, también son necesarias las inversiones medioambientales, la sensibilización del público o fuertes cadenas de garantía del cumplimiento y que, pese a disponer ya de inspectores medioambientales, la Unión Europea y sus Estados miembros necesitan, además, jueces y fiscales especializados.

1.6.

El CESE también recuerda, como indica en su dictamen (4), que además de las acciones relativas a los Estados miembros y el público interesados destinadas a dar a conocer las normas que deben cumplirse y fomentar la concienciación pública, han de adoptarse medidas para que, en su calidad de «guardiana de los Tratados», la Comisión Europea pueda supervisar o controlar su aplicación a escala europea. El plan de acción (5) pasa por alto los factores de incumplimiento de las normas, como los relacionados con el oportunismo o la falta de voluntad política. Si bien es necesario apoyar a los Estados miembros, el CESE precisa una vez más que las medidas no vinculantes del plan de acción propuesto no pueden ser la única estrategia para mejorar el cumplimiento de la legislación medioambiental.

1.7.

Tanto la EIR como el plan de acción siguen un ciclo de dos años. Por lo tanto, el CESE subraya que este último debe desempeñar un papel activo en la supervisión y la modificación periódica de su contenido a fin de hacer oír la voz de la sociedad civil en este proceso de mejora continua de las políticas medioambientales de la Unión Europea.

1.8.

Además, tal como lo demuestran una serie de documentos de la Comisión Europea, numerosas deficiencias se deben a la falta de cooperación entre los distintos niveles de gobernanza (nacional, regional, local) responsables de la aplicación de la legislación medioambiental, por lo que el CESE también hace un llamamiento a la UE para que integre a la sociedad civil en la supervisión y evaluación continuas de la aplicación de esta legislación.

1.9.

Los ciudadanos de la Unión consideran que la protección del medio ambiente resulta de vital importancia. Ahora bien, la mayoría de los ciudadanos europeos estiman que la UE y los gobiernos nacionales no están haciendo lo suficiente para proteger el medio ambiente. Por lo tanto, el Consejo, el Parlamento y la Comisión deberían colaborar más estrechamente para responder, con ayuda del CESE, a las expectativas de los ciudadanos. En particular, esta ambición podría traducirse en una solicitud al CESE para que elabore un dictamen exploratorio sobre cómo la sociedad civil podría contribuir más a la elaboración y la aplicación de la legislación medioambiental de la UE.

1.10.

A corto plazo, el CESE pide a la Comisión que difunda la lista de las EIR que recoja, desglosadas por Estado miembro, todas las deficiencias observadas en la aplicación de la legislación medioambiental europea en materia de calidad del aire, agua y residuos, La lista debería basarse en parte en las indicaciones facilitadas a la Comisión y en una consulta a la sociedad civil organizada. Asimismo, pide a la Comisión que defina y, a continuación, aplique soluciones para subsanar estas deficiencias. El CESE se muestra dispuesto a contribuir, con arreglo a sus medios y conocimientos, a desarrollar dichas soluciones y a participar en su futura puesta en práctica.

1.11.

El CESE considera que la Comisión debería no solo formular propuestas legislativas, sino también facilitar y apoyar la aplicación de la legislación, y velar también por que los textos vigentes sean más coherentes entre sí y más acordes con el progreso científico y los compromisos internacionales a fin de proteger la salud pública y de restaurar el buen funcionamiento de los ecosistemas, sin los cuales no son posibles ni el desarrollo económico ni la justicia social. En particular, la aplicación de la legislación medioambiental es esencial para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) y la puesta en la práctica de los acuerdos sobre el clima. Por consiguiente, el CESE llama la atención de las autoridades competentes sobre varios ejemplos de mejora de la legislación medioambiental en materia de calidad del aire, agua y residuos recogidos en el presente dictamen.

1.12.

Por último, a la luz de la reciente propuesta de Directiva sobre los plásticos de un solo uso, parece demostrado que el elevado nivel de aceptación de las medidas propuestas se debe a las acciones de información y a la labor emprendida a través los medios de comunicación sobre la contaminación por plásticos en los océanos, que han elevado el grado de concienciación de los ciudadanos sobre este problema. El CESE considera que este podría también ser el caso de muchas otras medidas que pueden ofrecer a los ciudadanos de la Unión un entorno de vida saludable, permitir su adaptación al cambio climático y poner fin a la destrucción de la biodiversidad. El CESE reafirma en este sentido que es necesario que la sociedad civil participe en aras de una educación cívica y confía en que las autoridades europeas, nacionales y locales redoblen sus esfuerzos para sensibilizar a los ciudadanos, así como a los responsables de la toma de decisiones públicas y privadas (en particular en las pymes y las microempresas) sobre estos grandes desafíos del siglo XXI.

2.   Observaciones generales

2.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción la voluntad de cooperación que demuestra el Parlamento Europeo al formular esta solicitud de dictamen exploratorio sobre la aplicación de la legislación medioambiental de la UE en materia de calidad del aire, agua y residuos.

2.2.

La aplicación de la legislación medioambiental de la UE en materia de calidad del aire, agua y residuos se refiere, en particular, a la protección de los ecosistemas; también brinda nuevas oportunidades y perspectivas económicas que redundarán en beneficio de la salud de los europeos. La aplicación no solo plantea la cuestión de la transposición de las Directivas a los ordenamientos nacionales —esto constituye un mero primer paso—, sino que también implica el establecimiento de las autoridades públicas necesarias o la puesta a disposición de los medios existentes en términos de recursos humanos, competencias y responsabilidades, pericia y capacidad financiera. En muchos casos, se necesitan inversiones medioambientales –públicas o privadas– (por ejemplo, para el tratamiento del agua y de los residuos) y, en otros, hay que regular las actividades que repercuten negativamente en el medio ambiente (por ejemplo, para preservar la calidad del aire).

2.3.

La mejora de la aplicación de la legislación medioambiental de la UE debería considerarse una prioridad en todos los Estados miembros y se debería reforzar las autoridades públicas responsables de estas cuestiones. En numerosos dictámenes anteriores, el CESE ya formuló recomendaciones en este sentido y, más en concreto, en lo que respecta a la aplicación de la legislación medioambiental de la Unión vigente en materia de calidad del aire, agua y residuos. Por lo tanto, el CESE se remite a dichos dictámenes, dedicados específicamente al aire (6), al agua (7) o a los residuos (8).

2.4.

Además de estos dictámenes temáticos, cabe señalar que algunos dictámenes del CESE de carácter más general también incluyen recomendaciones que pueden responder a esta solicitud, por ejemplo, dictámenes sobre el acceso a la justicia (9) o sobre la aplicación actual de la legislación y la gobernanza (10) y la protección de los intereses colectivos de los consumidores (11), dictámenes estratégicos (12), o aquellos que apuntan a un marco geográfico que excede al de la Unión Europea y que tratan en particular de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) (13), de acuerdos de libre comercio (14) o del clima (15).

2.5.

Además de la aplicación de la legislación vigente que facilita el establecimiento de un mercado único propicio para una competencia libre y sin distorsiones, digno de la confianza de los ciudadanos, ya sean productores o consumidores —un Derecho que sea capaz de hacer valer altos niveles de calidad y seguridad en lo que respecta a la protección de la población y su entorno—, parece indispensable tratar de mitigar las carencias de la legislación actual y, al mismo tiempo, garantizar que la Unión, en el contexto de negociaciones comerciales bilaterales o multilaterales, obtenga de manera sistemática la equivalencia de su legislación social y medioambiental para los productos importados.

2.6.

En este contexto, debemos considerar todas las observaciones, conclusiones y recomendaciones enumeradas en el presente dictamen exploratorio, no como un riesgo, sino como una oportunidad para guiar nuestra labor a fin de crear ventajas, ya sean competitivas o de cooperación, que ofrezcan una orientación y un futuro en términos económicos, sociales y medioambientales.

2.7.

Por último, recordemos que, con independencia de que se trate del aire, del agua o de los residuos, deben evitarse las disparidades entre Estados miembros a la hora de aplicar la legislación europea. Si no, se corre el riesgo de crear distorsiones de la competencia, desigualdades medioambientales y sociales o barreras artificiales que dificulten la gestión de recursos que son comunes y, en esencia, transfronterizos. Además, a fin de reforzar todas las medidas vigentes y futuras, también deberíamos dotarnos de los medios necesarios para la armonización de los impuestos sobre la contaminación y los recursos y responder a la necesidad de calibrar mejor las herramientas disponibles para ajustarlas a las externalidades que deben tenerse en cuenta. Las políticas medioambientales deberían dejar de ser una variable de ajuste para convertirse en una palanca importante que permita una reorientación estratégica de las actividades humanas, artesanales, agrícolas e industriales en la Unión y, como resultado de efectos positivos de contagio, también en otras regiones en las que se encuentran sus socios políticos y comerciales.

3.   Observaciones específicas

3.1.   La aplicación de la legislación medioambiental de la Unión en materia de calidad del aire

Junto con el agua, la naturaleza y los residuos, la calidad del aire es uno de los ámbitos que suscita mayor número de procedimientos de infracción. En mayo de 2018, la Comisión intensificó la ejecución de la legislación contra seis Estados miembros que vulneraron la normativa europea en materia de calidad del aire, recurriendo al Tribunal de Justicia de la UE (16). El CESE toma nota de que actualmente la Comisión está sometiendo la Directiva sobre la calidad del aire ambiente a un control de adecuación, con la intención de evaluar el funcionamiento de las Directivas relativas a calidad del aire ambiente durante el período 2008-2018. En particular, los esfuerzos por mejorar la aplicación de la legislación sobre la calidad del aire contribuirían a la consecución del ODS 11 sobre las ciudades sostenibles.

Con respecto a la calidad del aire, debe recordarse que el efecto de la contaminación del aire es triple:

1)

sobre la salud, hasta tal punto que la contaminación del aire interior y exterior sigue constituyendo un riesgo importante tanto dentro como fuera de la Unión Europea (17). Se trata incluso del principal riesgo para la salud y el medio ambiente en el mundo (18), que causa 6,5 millones de muertes prematuras al año y tiene un alto coste para la sociedad, para los sistemas sanitarios, para la economía y para todos aquellos cuya salud se ve afectada. En Europa, el número de muertes prematuras se estima en alrededor de 400 000 al año, según un informe reciente del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la contaminación atmosférica, en el que se afirma que la salud de los ciudadanos europeos todavía no está suficientemente protegida y que las medidas de la UE no han tenido los efectos deseados.

2)	sobre la biodiversidad (efectos sobre los cultivos, los bosques, etc.);

3)	sobre los inmuebles corrientes y, por supuesto, sobre los edificios históricos, que a su vez están vinculados a actividades turísticas.

3.1.1.   Aire interior

a)

A fin de mejorar la calidad del aire interior, el etiquetado debe informar al consumidor de las emisiones de los productos en venta, ya sean materiales de construcción, productos de decoración, mobiliario o productos para el hogar. Con este fin, tras comparar la legislación de sus Estados miembros, la Unión debería dotarse de un marco coherente basado en las mejores prácticas actuales.

b)	Después de la fase de construcción y entrega de un edificio, debería ser obligatorio mantener y controlar periódicamente la calidad de la ventilación. Esta supervisión de los edificios a largo plazo obviamente repercutirá de manera positiva en la salud, pero también en el aspecto energético.

c)

Con el fin de proteger a los colectivos vulnerables cuyo sistema respiratorio se encuentra debilitado o en proceso de desarrollo, y requieren una mejor calidad del aire, también convendría emprender planes de acción a tal fin en los edificios frecuentados por el público general, y especialmente si albergan a niños pequeños.

d)

Finalmente, sería útil armonizar las prácticas en materia de depuración del aire. La Unión debería definir una serie de criterios para medir su eficacia y seguridad, en particular para evitar cualquier deriva comercial, o incluso sanitaria, inducida por la relativa ausencia de normas en la actualidad.

3.1.2.   Aire exterior

a)

A fin de mejorar la calidad del aire y aumentar la confianza entre los ciudadanos y las instituciones europeas, no solo deberían aplicarse más estrictamente las normas actuales y sancionarse más severamente su incumplimiento, sino que también convendría que las normas establecidas en las Directivas europeas tengan por fin en cuenta las recomendaciones pasadas por alto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que ofrezcan un grado de protección para la salud de la población.

b)

En la actualidad, solo se controlan las partículas PM10 y PM2,5 (escala micrométrica). Por lo que respecta a la salud, algunas partículas ultrafinas (PUF) afectan más a la salud (nanoescala) porque penetran mucho más profundamente en el cuerpo humano y pueden acumularse en órganos vitales. Por lo tanto, la legislación europea debería tener en cuenta esta realidad y contemplar que estas partículas sean supervisadas a fin de reducir de manera paulatina su presencia en el aire.

c)

Lo mismo debería hacerse con los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y otros contaminantes que todavía no se controlan, en particular los relacionados con los incineradores, el transporte en barco, los vehículos terrestres, los equipos de construcción, etc., especialmente a medida que avanzan los conocimientos científicos y las capacidades técnicas y esto permitiría lograr una mejor protección de la salud y de los ecosistemas a partir de ahora.

d)

Con este fin, la Directiva relativa a los techos nacionales de emisión (TNE) (19) resulta esencial para que los Estados miembros reduzcan sus emisiones de contaminantes atmosféricos. Sin embargo, solo propone medidas indicativas con arreglo al principio de subsidiariedad para que los Estados miembros cumplan los compromisos de reducción de emisiones. Además, la flexibilidad de aplicación que ofrece hace que esta normativa resulte demasiado laxa.

e)	Otra posibilidad de mejora radica en el hecho de que esta Directiva no ha propuesto un objetivo de reducción de las emisiones de metano, una fuente fundamental de contaminación del aire, ya que es un precursor del ozono, además de un gas de efecto invernadero muy potente.

f)

Con el fin de garantizar la armonización entre las diversas normativas europeas, la política agrícola común (PAC) debería introducir objetivos sobre la contaminación atmosférica del sector agrícola. Por ejemplo, este último es responsable de más del 95 % de las emisiones de amoníaco, un contaminante contemplado por la Directiva TNE. Para que los Estados miembros alcancen sus objetivos de reducción, la PAC debe proporcionar herramientas adecuadas.

g)

Finalmente, debe recordarse que la cuantificación de contaminantes actualmente se basa en su peso (en μg/m3), aunque, durante muchos años, los toxicólogos han señalado en reuniones científicas que sería mejor cuantificarlos por número de partículas. Tal enfoque resulta aún más razonable teniendo en cuenta los elementos ultrafinos que se respiran (20).

3.2.   La aplicación de la legislación medioambiental de la Unión en el ámbito de la política de aguas

Con respecto a la cuestión del agua, cabe señalar de entrada que la Directiva marco sobre el tema resulta en general satisfactoria, pero que su aplicación sigue siendo insatisfactoria y que la mayoría de los Estados miembros no han logrado alcanzar el buen estado ecológico previsto para 2015. Lo mismo puede decirse de Natura 2000, debido a un fracaso generalizado del instrumento contractual. Pueden realizarse diversas mejoras e introducirse novedades relacionadas, en particular, con el progreso científico relativo al funcionamiento del suelo, por una parte, y con la dispersión e interacción de ciertos contaminantes, por otra. Este extremo se analizará más adelante. Los avances en la aplicación de la legislación de la UE sobre el agua contribuirían a lograr varios objetivos relacionados con el ODS 6 sobre el agua limpia y el saneamiento.

Una de las facetas más problemáticas relacionadas con el agua es la aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas donde se constatan grandes divergencias en materia de cumplimiento entre los distintos Estados miembros, debido a una combinación de cuestiones de gobernanza y de financiación. Aunque la Comisión ha realizado importantes esfuerzos durante el mandato actual, persisten considerables necesidades de financiación en este ámbito, así como problemas de gobernanza que deben resolverse. Sobre la base de la experiencia acreditada de la gestión de residuos sólidos, deberían desarrollarse nuevas modalidades para que los fabricantes aporten financiación adicional para el tratamiento de aguas residuales con el fin de capturar los contaminantes emergentes, como los productos farmacéuticos y los microplásticos.

3.2.1.   Aguas superficiales

a)

Para mejorar la situación de las aguas superficiales, y también para evitar regresiones de la legislación y la gobernanza en materia medioambiental, sería preferible definir ciertos conceptos tales como, por ejemplo, «continuidad ecológica», «curso de agua» y «humedal». Por ejemplo, resulta esencial que las normas para la caracterización de los humedales se especifiquen a nivel europeo, dado que el único enfoque basado en el objetivo de la protección es demasiado complejo como para incorporarlo de forma válida a la legislación nacional, al menos en algunos Estados miembros.

b)	Del mismo modo, sería útil contar con un marco unificado para llevar a cabo evaluaciones que sea claro y compartido por todas las partes interesadas implicadas en la aplicación de la legislación en la materia.

c)

Con independencia de que se trate de las nanopartículas, por ejemplo las de la industria textil y alimentaria, o de los disruptores endocrinos, por ejemplo los de las industrias farmacéutica y agrícola, debería reducirse su difusión al medio ambiente en origen y establecerse límites que no puedan excederse para las aguas superficiales y subterráneas dado su impacto en los ecosistemas, y especialmente en las cadenas tróficas que incluyen a los humanos. Con este fin, convendría proporcionar finalmente los medios necesarios para determinar, a largo plazo, los umbrales por efecto de cóctel entre estas sustancias, las diversas sustancias ya controladas y sus subproductos de degradación.

3.2.2.   Aguas subterráneas

a)

En lo que respecta a la legislación relativa al agua, las disposiciones sobre la recuperación de los costes contraídos por las diferentes categorías de usuarios, la internalización de las externalidades y la fijación de precios basada en los costes, tal como se define en la Directiva por la que se establece un marco europeo de actuación en el ámbito de la política de aguas (21), no resultan ni lo suficientemente vinculantes ni bastante precisas para producir un efecto suficiente.

b)

Con el cambio climático, la recarga de las capas freáticas puede volverse más problemática, ya que en algunos lugares las prácticas urbanas o agrícolas tienen como consecuencia una forma indeseable de ruptura del ciclo del agua, debido a que los suelos impermeables o con poca actividad biológica favorecen la escorrentía, la erosión y los deslizamientos de lodo, en lugar de la infiltración, la purificación y el almacenamiento naturales. Para que estos fenómenos no se vean agravados, es necesario que la Unión adopte finalmente una normativa a favor de los suelos vivos, que también tendría la ventaja de responder al mismo tiempo a los problemas de calidad y cantidad de agua disponible para los ecosistemas, el consumo humano, así como para las actividades agrícolas e industriales.

c)

Teniendo en cuenta el papel que desempeñan en la precipitación por evapotranspiración, así como también para filtrar, purificar y almacenar el agua en los suelos y las capas freáticas, los bosques y los setos vivos de árboles y arbustos, y también en menor medida, los pastizales permanentes y los suelos cultivables que se dejan en barbecho a largo plazo, deberían recibir más atención y, en la medida de lo posible, estar más presentes y distribuidos en todo el territorio europeo, máxime porque también representan una ayuda significativa para otros seres vivos, incluidos los numerosos auxiliares de cultivo, frente a los picos de calor y otros episodios climáticos cada vez más extremos que se multiplican de forma creciente.

3.2.3.   Directiva por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas

Con vistas a una mejor aplicación de la Directiva marco sobre el agua, convendría modificar el texto de la Directiva en determinados aspectos, en parte mencionados anteriormente, haciendo hincapié en los siguientes aspectos:

a)	La descripción del estatuto del agua en el preámbulo –«el agua no es un bien comercial como los demás»– debería sustituirse por «el agua no es un bien comercial».

b)	La aplicación de los principios de prevención y de precaución requiere, en vista del estado de las aguas en Europa, que se supriman todas las excepciones, por ejemplo, las contempladas en el artículo 4, apartado 5, o el artículo 7, apartado 4.

c)	Dado el estado de las aguas, se debe requerir una evaluación medioambiental para todos los proyectos que puedan afectar a las aguas y a los ambientes acuáticos. Por lo tanto, se debería eliminar el «procedimiento simplificado de evaluación» (artículo 16).

d)

El principio de «quien contamina paga» debe revisarse, especialmente en lo que respecta a sus modalidades de aplicación con: — una nueva redacción del artículo 9: en lugar de «Los Estados miembros tendrán en cuenta el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incluidos los costes medioambientales y los relativos a los recursos, a la vista del análisis económico efectuado con arreglo al anexo III y, en particular, de conformidad con el principio de que quien contamina paga», debería rezar: «Los Estados miembros pondrán en práctica la recuperación de los costes directos e indirectos relacionados con el impacto de las actividades humanas sobre el agua de acuerdo con el principio de quien contamina paga»; — la supresión de las excepciones contempladas en el artículo 9, apartado 4; — la inclusión de todos los sectores, especificando las tres áreas (agricultura, industria, hogares) para las cuales los Estados establecen normas destinadas a suprimir la externalización de los costes. Un informe anual deberá especificar, por sector, la manera de ejecutar este proceso.

e)	También se deben reemplazar todas las formulaciones del tipo «velarán por que» por una auténtica obligación (véanse, por ejemplo, el artículo 11, apartado 5, o el artículo 14, párrafo primero).

f)

Del mismo modo, parece necesario reducir los umbrales de los contaminantes, incluso mediante la combinación con otras Directivas (como las de nitratos, productos químicos, etc.) y actualizar las sustancias prioritarias (incluyendo, por ejemplo, los compuestos perfluorados, las nanotecnologías, etc.).

g)	Es necesario mejorar la participación de los ciudadanos (artículo 14), principalmente con respecto a la planificación. Esto debería extenderse a los programas de medición básicos y complementarios, así como a todos los controles administrativos anteriores.

h)	Con respecto a los litigios (artículo 23), debe añadirse que, de conformidad con el Convenio de Aarhus, los Estados deben instaurar normas y procedimientos que promuevan el acceso de los ciudadanos a los litigios relacionados con el agua.

3.3.   La aplicación de la legislación medioambiental de la Unión en materia de residuos

La evaluación del impacto de la legislación en materia de residuos promulgada recientemente identificó varios problemas de aplicación ya sean jurídicos o normativos, así como cuestiones relacionadas con la gobernanza y la concienciación. Las deficiencias en la aplicación de la Directiva marco sobre residuos suelen obedecer a la falta de instrumentos económicos, como los que hacen que el reciclaje resulte más atractivo que el depósito en vertederos. Sin embargo, elaborar tales instrumentos económicos puede resultar problemático para los municipios. Los entes locales no suelen contar con capacidad para trasladar los instrumentos y medidas de la UE a la esfera local, lo que plantea una cuestión de gobernanza. El cumplimiento de la legislación también es un problema acuciante en varios Estados miembros. El CESE reconoce que la Comisión ha trabajado en los últimos años con Estados miembros para subsanar dichas deficiencias de aplicación; por ejemplo, ofreciendo asistencia técnica y directrices específicas sobre qué debe cambiarse en los ejercicios de promoción del cumplimiento llevados a cabo en 2012 y 2015.

Las propuestas legislativas aprobadas recientemente en materia de residuos deberían resolver algunos de los problemas de aplicación y contribuir a la consecución del ODS 12 sobre la producción y el consumo sostenibles, aunque todavía quedarán por solventar cuestiones relacionadas con la gobernanza y la aplicación de la legislación en la esfera nacional. Junto con la Comisión, el CESE ha creado una Plataforma europea de partes interesadas de la economía circular que ya ha logrado resultados significativos, facilitando la recopilación, el intercambio y la difusión de los conocimientos y las buenas prácticas existentes entre las diversas partes interesadas. Dicha plataforma es una herramienta fundamental que merece mayor difusión para fomentar la aplicación de la legislación de la UE en este ámbito.

3.3.1.   Prevención de residuos

a)

La reciente revisión de la política de residuos (22) brinda la oportunidad de respaldar con firmeza las medidas destinadas a reducir en origen nuestras necesidades (incluidas nuestras necesidades de materias primas y materias primas secundarias), así como la generación de residuos en el futuro, especialmente aquellos cuya naturaleza resulte peligrosa para los ecosistemas y la salud humana, lo que significa que tenemos que cuestionar nuestras necesidades y los bienes que producimos, la forma en que los diseñamos para prolongar su vida y después transformarlos con la menor pérdida material posible; esto último afecta generalmente al medio ambiente, a la soberanía energética y a la sostenibilidad económica.

b)	Para poder hablar de «materiales sostenibles» en lugar de «residuos» y de una economía circular, es necesario, desde la misma fase de diseño de nuestros productos, eliminar los componentes que resultan tóxicos o peligrosos y que pueden complicar cualquier fase de reciclaje ulterior.

c)

Por lo que respecta a los envases, debe primar la sobriedad, y convendría evolucionar tanto como sea posible, de manera progresiva y obligatoria, para evitar cualquier distorsión de la competencia con respecto a los diversos sistemas de devolución de depósitos y reutilización, existentes y por desarrollar.

d)	La prevención de residuos también depende de la capacidad de nuestras sociedades para reutilizar y reparar nuestros productos. Para ello, se necesita una legislación ambiciosa que prevea objetivos vinculantes que deben alcanzarse y no solo medidas voluntarias.

e)	Con el fin de desvincular el desarrollo económico del consumo de recursos naturales y de las repercusiones sobre el medio ambiente resultantes, es necesario que la Unión se fije objetivos más ambiciosos para aumentar la eficiencia del uso de los recursos en nuestros sistemas de producción.

3.3.2.   Gestión de residuos

a)

A fin de granjearse y mantener la confianza de la población, tanto de los productores como de los consumidores, la economía circular —al tomar en cuenta regularmente los conocimientos científicos más actualizados— debe evitar cualquier escándalo futuro, en particular sanitario, que pueda estar relacionado con la concentración o la dispersión de contaminantes en materiales reciclados (bromuro o disruptores endocrinos, por ejemplo) o en el medio ambiente (nano o microplásticos).

b)	Este enfoque será tanto más creíble como eficaz si, para mejorar la tasa de reciclaje de todo tipo de materiales, se aplica la trazabilidad de sus componentes desde su fase de producción y se garantiza la mayor transparencia posible hasta que llegan al consumidor.

c)

Por lo tanto, el mismo nivel de protección de la salud humana y del medio ambiente debe aplicarse a los materiales reciclados o materiales vírgenes dentro de la Unión Europea. El uso de materiales reciclables no debe permitir recurrir a productos químicos peligrosos en concentraciones más altas. Por lo tanto, al restringir y establecer límites para los productos químicos en virtud del Reglamento REACH (23), la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos debería establecer los mismos límites para los materiales reciclados. Los materiales que no respeten estos límites deberán tratarse de tal manera que la sustancia se elimine o se minimice hasta el punto de que no pueda volverse a utilizarse o a reciclarse.

d)	Más allá del diseño ecológico al que deberían estar sujetos los teléfonos inteligentes y otros productos eléctricos y electrónicos, la Unión debería desarrollar, y también asumir, una verdadera política de gestión de los residuos en su territorio en lugar de enviarlos fuera de sus fronteras.

e)

Con arreglo al análisis del ciclo de vida (ACV), todas las opciones de reciclaje priman sobre la incineración (especialmente debido a la energía incorporada, en los plásticos, por ejemplo), excepto para la madera en algunos casos específicos y también para algunos productos o materiales residuales peligrosos. Esta opción, al igual que la del depósito en vertederos, se debe eliminar gradualmente y han de fijarse objetivos ambiciosos en este sentido.

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(1)  Dictamen sobre la «Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE», DO C 345 de 13.10.2017, p. 114.

(2)  Véase la nota a pie de página n.o 1.

(3)  Dictamen sobre las «Acciones de la UE destinadas a mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental», DO C 283 de 10.8.2018, p. 83.

(4)  Véase la nota a pie de página n.o 3.

(5)  COM(2018) 10 final.

(6)  Dictamen sobre el «Programa “Aire Puro para Europa”», DO C 451 de 16.12.2014, p. 134, y Dictamen sobre el tema «Erradicar el amianto en la UE», DO C 251 de 31.7.2015, p. 13.

(7)  Dictamen sobre «Un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía», DO C 129 de 11.4.2018, p. 90; Dictamen sobre «Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos», DO C 209 de 30.6.2017, p. 60, y el Dictamen sobre la «Calidad de las aguas destinadas al consumo humano», DO C 367 de 10.10.2018, p. 107.

(8)  Dictamen sobre «Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas (RUSP)», DO C 345 de 13.10.2017, p. 110; Dictamen sobre las soluciones posibles a los problemas de la «Interfaz entre las legislaciones sobre sustancias químicas, productos y residuos», DO C 283 de 10.8.2018, p. 56; Dictamen sobre «Una estrategia europea para el plástico en una economía circular» (incluido el tratamiento de los residuos de los buques),DO C 283 de 10.8.2018, p. 61; Dictamen sobre la «Transformación de los residuos en energía en el marco de la economía circular», DO C 345 de 13.10.2017, p. 102; Dictamen sobre el paquete de «Economía circular», DO C 264 de 20.7.2016, p. 98.

(9)  Dictamen sobre el «Acceso a la justicia en materia de medio ambiente», DO C 129 de 11.4.2018, p. 65.

(10)  Véanse las notas a pie de página 1 y 3.

(11)  Dictamen sobre «Un nuevo marco para los consumidores», DO C 440 de 6.12.2018, p. 66.

(12)  Dictamen sobre «La transición hacia un futuro más sostenible en Europa: una estrategia para 2050», DO C 81 de 2.3.2018, p. 44 y Dictamen sobre los «Nuevos modelos económicos sostenibles», DO C 81 de 2.3.2018, p. 57.

(13)  Dictamen sobre «La Agenda 2030 — Una Unión Europea comprometida a apoyar el desarrollo sostenible a escala mundial», adoptado el 20 de octubre de 2016, DO C 34 de 2.2.2017, p. 58 y sobre «El papel central del comercio y la inversión en la consecución y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)», DO C 129 de 11.4.2018, p. 27.

(14)  Dictamen sobre los «Capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en los acuerdos de libre comercio», DO C 227 de 28.6.2018, p. 27.

(15)  Dictamen sobre «El Protocolo de París, un plan rector para combatir el cambio climático más allá de 2020», DO C 383 de 17.11.2015, p. 74, y Dictamen sobre «Justicia climática», DO C 81 de 2.3.2018, p. 22.

(16)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_es.htm.

(17)  Según la Agencia Europea de Medio Ambiente.

(18)  Según la OMS.

(19)  Directiva TNE.

(20)  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969711005730?via%3Dihub.

(21)  Directiva marco sobre el agua.

(22)  http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm.

(23)  Reglamento REACH.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Un sector minorista europeo adecuado para el siglo XXI

[COM(2018) 219 final]

(2019/C 110/07)

Ponente:	Ronny LANNOO
Coponente:	Gerardo LARGHI

Consulta	Comisión Europea, 18.6.2018
Fundamento jurídico	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	21.11.2018
Aprobado en el pleno	12.12.2018
Pleno n.o	539
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	171/3/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre la modernización del sector minorista. El Comité hace nuevamente hincapié en la importancia económica y social que el sector minorista reviste para todas las partes interesadas y para la sociedad en su conjunto (1). El CESE señala que ya ha recomendado en anteriores dictámenes la creación de un entorno económico abierto, destinado a garantizar la competencia leal, a fin de generar las condiciones necesarias para la coexistencia positiva y la cooperación entre minoristas grandes, medianos, pequeños y microminoristas.

1.2.

La defensa y el fomento de la diversidad en el sector minorista es crucial para satisfacer las necesidades de los consumidores y defender y fomentar el sistema productivo europeo. Por lo tanto, el CESE considera que debe encontrarse un equilibrio entre las medidas en favor de los grandes minoristas, expuestas muy claramente en la Comunicación, y las destinadas a satisfacer las necesidades de las microempresas y las pequeñas empresas.

1.3.

El CESE señala que la propuesta de la Comisión se centra demasiado en el «precio» como elemento más interesante para los consumidores, en detrimento de otros aspectos fundamentales como la información, la calidad y la personalización de los productos, la proximidad, la movilidad, la economía circular y la durabilidad, la relación calidad-precio y el servicio recibido antes o después de la compra. La Comisión debe proteger adecuadamente la diversificación de los productos en interés de todas las partes.

1.4.

El Comité considera que el derecho de establecimiento debe abordarse de conformidad con el principio de subsidiariedad y que la mejor forma de atender las necesidades de todas las partes interesadas pasa por una concertación a nivel nacional, regional y local.

1.5.

En particular, el CESE opina que algunos obstáculos a la libertad de establecimiento y algunas restricciones operativas, presentes actualmente en algunos Estados miembros, actúan como barrera al establecimiento de nuevas empresas, pero que la plena liberalización no garantiza el equilibrio necesario entre las grandes empresas, las pequeñas empresas y las empresas familiares.

1.6.

El Comité considera que las normativas nacionales sobre los horarios de apertura de las tiendas y las horas de trabajo son cruciales a la hora de garantizar una igualdad de condiciones entre empresas de distintos tamaños y, sobre todo, una protección social adecuada tanto a los trabajadores asalariados como a los trabajadores por cuenta propia, teniendo también presentes los cambios en los hábitos del consumidor.

1.7.

El CESE reitera que la concertación a nivel nacional o subnacional es la mejor forma de determinar días y horas de apertura y reconciliar las necesidades de los consumidores de tener acceso a determinados productos y servicios y el deseo de algunas empresas de abrir los domingos y días festivos, garantizando al mismo tiempo un equilibrio entre la vida laboral y familiar de empresarios y trabajadores, y reservando un tiempo para formación.

1.8.

El CESE también señala, en consonancia con el pilar social, la necesidad de garantizar una remuneración justa y la calidad del trabajo a todos los trabajadores del sector, ya sea dentro o fuera de internet. Llama la atención, en particular, sobre el caso de los contratos de trabajo de miles de personas que trabajan para empresas en línea a las que todavía no engloba la negociación colectiva, así como los contratos en grandes empresas minoristas destinados únicamente a atender a una mayor afluencia de clientes los fines de semana (lo que da lugar a un aumento de los contratos ocasionales) o que no contabilizan los fines de semana o las noches como horas extraordinarias. Por último, en opinión del CESE, la creación de un mecanismo de diálogo social eficaz que también incluya a las pequeñas empresas y las microempresas brindaría a los comercios mejores oportunidades de desarrollo y a los trabajadores un mejor sistema de salvaguardias.

1.9.

El Comité está de acuerdo con la Comisión en la necesidad de fomentar y apoyar la innovación en el sector minorista, el aprendizaje permanente de empleadores y trabajadores, y la promoción de productos a largo plazo. Sin embargo, cree que, junto con la propuesta de la Comisión, debería haber una hoja de ruta para acompañar este proceso en el contexto de la transición digital, con financiación adecuada y prestando especial atención a las pequeñas empresas y las microempresas en colaboración con organizaciones representantes de las pymes.

1.10.

El CESE apela a las autoridades de todos los niveles para que entablen una estrecha cooperación con todas las partes interesadas con vistas a elaborar un plan de acción específico sobre el futuro del sector minorista europeo en el siglo XXI (en ámbitos como la información, la formación, la financiación y las buenas prácticas, etc.).

2.   Síntesis del documento de la Comisión

2.1.

La Comunicación tiene por objeto contribuir a liberar el potencial del sector minorista para la economía de la UE determinando las mejores prácticas. Por lo tanto, son necesarios esfuerzos por parte de las instituciones de la UE y los Estados miembros para apoyar la competitividad del sector en un momento en el que se está transformando por el rápido crecimiento del comercio electrónico y los cambios en los hábitos de los consumidores.

2.2.

Para que el mercado único funcione, deben adoptarse medidas adecuadas a todos los niveles. La productividad del sector minorista de la UE se ha quedado rezagada con respecto a otros sectores. Esto se debe a la acumulación de normativas tributarias a todos los niveles y a un retraso en la transición al mercado digital.

2.3.

Los minoristas se enfrentan a numerosas restricciones con respecto al establecimiento de tiendas y operaciones. Muchas de estas restricciones están justificadas por razones legítimas de política pública. También pueden crear barreras a las empresas emergentes y la productividad.

2.4.

La apertura de nuevos puntos de venta comerciales es un elemento crucial para la viabilidad del sector. En relación con el acceso al mercado, es importante poder adoptar estrategias que combinen una presencia dentro y fuera de internet. Los procedimientos de establecimiento simples, transparentes y eficientes brindan oportunidades al sector minorista para mejorar su productividad.

2.5.

La Comisión recomienda que los Estados miembros evalúen y modernicen, en caso necesario, sus marcos reguladores inspirándose, cuando proceda, en las mejores prácticas ya desarrolladas en otros Estados miembros.

2.6.

Las restricciones operativas normalmente afectan sobre todo a los comercios minoristas físicos. Las autoridades públicas deben evaluar el equilibrio, la proporcionalidad y la eficiencia de estas restricciones para garantizar una igualdad de condiciones con el comercio electrónico.

2.7.

El coste de cumplimiento supone entre un 0,4 % y un 6 % del volumen de negocios anual de los minoristas. En el caso de las microempresas, es una carga especialmente pesada. Fomentar el desarrollo del sector minorista en beneficio último de los consumidores exige un planteamiento amplio: simplificar los marcos reguladores, garantizar que sean aptos para un entorno multicanal, así como reducir las medidas y procedimientos excesivamente gravosos y costosos impuestos a los comerciantes para garantizar el cumplimiento de dichas normas.

3.   Observaciones generales

3.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente el intento de la Comisión de modernizar el sector minorista para afrontar los nuevos desafíos relacionados con la digitalización y el comercio electrónico.

3.2.

En sus dictámenes anteriores, especialmente el INT/682 sobre un «Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista» (2), el Comité ya recomendó crear un entorno económico abierto destinado a garantizar una competencia leal entre entidades del mismo tamaño. En particular, la UE debería crear las condiciones para la diversidad, la coexistencia positiva y la cooperación entre minoristas grandes, medianos y pequeños, dentro y fuera de internet, así como microminoristas. El fomento de la diversidad en el sector minorista de la UE es una gran forma de responder a las distintas necesidades de los consumidores, pero también de defender y promover el sistema productivo europeo.

3.3.

El CESE señala que la Comisión se centra demasiado en el «precio» como elemento más interesante para los consumidores, mientras que el objetivo principal debe ser proporcionarles información precisa (conciencia del consumidor). Los consumidores deben sentirse libres para tener en cuenta otros elementos al comprar un producto, como su calidad, personalización, durabilidad, movilidad del consumidor, proximidad, relación calidad-precio, servicio prestado durante y después de la compra, incidencia en la economía circular y criterios medioambientales. La diversificación de los productos representa un valor añadido para los sectores productivo y minorista de la UE y la Comisión debe protegerla adecuadamente (3).

3.4.

El CESE considera que el enfoque de la Comisión está muy sesgado en favor de las grandes empresas minoristas y cree que es importante equilibrarlo con las necesidades de las pequeñas empresas y las microempresas. En particular, el Comité opina que debe garantizarse una coexistencia entre las grandes empresas y las microempresas y las empresas familiares.

3.5.

El CESE está de acuerdo en que algunas restricciones al derecho de establecimiento y restricciones operativas aplicadas en algunos Estados miembros podrían actuar como barrera al establecimiento de nuevas empresas y su expansión. Sin embargo, cree que la plena liberalización del derecho de establecimiento no sería la panacea. Además, en este sentido, hay que respetar el principio de subsidiariedad y deben celebrarse acuerdos nacionales, regionales y locales para encontrar respuestas adecuadas a las necesidades locales y a las de todas las partes interesadas.

3.6.

El CESE no está de acuerdo con la lectura negativa que hace la Comisión de la sentencia Visser. Para el CESE, este caso confirma el propósito del legislador con respecto a la Directiva de servicios: codifica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la libertad de establecimiento y solo prohíbe determinados requisitos, como la prueba de necesidades económicas, reconociendo que «[el] objetivo de protección del entorno urbano puede constituir una razón imperiosa de interés general que justifique un límite territorial». Es importante equilibrar estas necesidades con arreglo a los principios de proporcionalidad y subsidiariedad.

3.7.

En este sentido, se puede hacer mucho, en el proceso de creación de un mercado único europeo, para simplificar los procedimientos para crear una empresa y hacer que estos sean transparentes y uniformes, respetando al mismo tiempo las limitaciones legítimas existentes a escala territorial establecidas en consonancia con el principio de subsidiariedad.

3.8.

El CESE considera sumamente importante mantener y proteger algunos entornos económicos específicos, en particular cuando están conectados con la conservación de patrimonio histórico y artístico nacional, objetivos de política social y objetivos de política cultural; un enfoque diferente podría tener un efecto perturbador en las comunidades locales y los consumidores (4).

3.9.

En general, el CESE opina que la expansión transfronteriza, la ampliación y el comercio electrónico deben considerarse como opción seria, y las empresas, en coordinación con sus organizaciones, han de apoyarse en este proceso, pero no puede considerarse una obligación o la única forma de que crezcan todas las empresas, en consonancia con el interés primario de los consumidores (distribución y servicio multicanal). Por ello, es esencial fomentar y sostener los procesos de innovación, la formación y la promoción de productos a largo plazo, incluido el apoyo a las pequeñas empresas y microempresas y a sus organizaciones representantes con una financiación adecuada.

3.10.

Una política minorista eficiente debe encontrar un equilibrio entre la rentabilidad y la eficiencia con respecto a la ubicación. Las consideraciones a (medio) largo plazo deben tenerse en cuenta especialmente por lo que respecta a los establecimientos físicos y su relación con la evolución actual y futura posible (vivienda, servicios disponibles, etc., y, por lo tanto, con los centros urbanos y barrios existentes). El CESE considera que la Comisión debería completar su propuesta, en colaboración con las organizaciones nacionales y regionales pertinentes, introduciendo medidas estructurales con el fin de incorporar los factores de desarrollo territorial para las comunidades locales y centros urbanos (zonas turísticas, planificación espacial local, normativas de construcción, condiciones, etc.).

3.11.

El CESE considera que, atendiendo a las nuevas soluciones de orden tecnológico, las normativas nacionales sobre los horarios de apertura de las tiendas y las horas de trabajo desempeñan un papel crucial para garantizar una igualdad de condiciones entre empresas de distintos tamaños y una protección social adecuada tanto a los trabajadores asalariados como a los trabajadores por cuenta propia y, sobre todo, son una herramienta crucial para su protección social.

3.12.

El CESE reitera que la concertación a nivel nacional o subnacional con las organizaciones pertinentes es la mejor forma de determinar los horarios y días de apertura. De hecho, es importantísimo conciliar la necesidad de los consumidores de tener acceso a determinados productos y servicios y el deseo de ciertas empresas de abrir los días festivos o por la noche, y proteger las necesidades de descanso de los propietarios de microempresas y sus empleados, garantizando al mismo tiempo un equilibrio entre la vida laboral y familiar y, reservando un tiempo para la formación.

3.13.

El CESE también señala, en consonancia con el pilar social, la necesidad de garantizar una remuneración justa y la calidad del trabajo a todos los trabajadores del sector, ya sea dentro o fuera de internet. Llama la atención, en particular, sobre el caso de los contratos de trabajo de miles de personas que trabajan para empresas en línea a las que todavía no engloba la negociación colectiva, así como los contratos en grandes empresas minoristas destinados únicamente a atender a una mayor afluencia de clientes los fines de semana (lo que da lugar a un aumento de los contratos ocasionales) o que no contabilizan los fines de semana o las noches como horas extraordinarias. Por último, en opinión del CESE, la creación de un mecanismo de diálogo social eficaz que también incluya a las pequeñas empresas y las microempresas brindaría a los comercios mejores oportunidades de desarrollo y a los trabajadores un mejor sistema de salvaguardias.

3.14.

El CESE acoge favorablemente la recomendación de que las autoridades públicas faciliten la adopción de tecnologías digitales por parte de las pequeñas empresas. Sin embargo, esta no puede ser la única opción. Los comercios tradicionales siguen siendo un elemento esencial no solo para el crecimiento en la UE, sino también para la cohesión social, en particular en las comunidades locales y para los consumidores que no son nativos digitales. Por este motivo, debe coexistir el comercio dentro y fuera de internet. En este sentido, el CESE opina que la Comisión subestima las dificultades a las que se enfrentan las pequeñas empresas y las microempresas a la hora de participar en el comercio electrónico y beneficiarse de él.

3.15.

El CESE está de acuerdo con la Comisión en la necesidad de impartir formación de calidad a los empleadores que quieren entrar en el comercio electrónico. Sin embargo, considera que la situación es más compleja y las pymes, especialmente las pequeñas empresas y las microempresas, se enfrentan a múltiples desafíos, como a) cambio y adaptación de su organización interna; b) conocimiento de idiomas extranjeros; c) obtención y comprensión de información jurídica y administrativa; d) establecimiento de un sistema de reparto eficiente y competitivo, y e) superación del dumping fiscal y social a nivel europeo (fraude del IVA, falsificación, etc.). Por este motivo, el CESE insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen a las pymes y a sus organizaciones en toda su transición hacia el comercio electrónico, con un enfoque amplio que tenga presentes todas las condiciones necesarias para la creación de prósperas empresas en línea.

3.16.

El CESE considera que el comercio electrónico podría ser una opción importante para muchas pymes. Además, señala que la Comisión publicó hace poco la primera propuesta destinada a regular las relaciones entre plataformas y empresas en el mercado digital. Esta medida se centra en la transparencia, pero no aborda algunas prácticas abusivas frecuentes que obstaculizan la competencia leal (por ejemplo las cláusulas de paridad de precios, el dumping fiscal, la tributación variable, etc.) entre los usuarios comerciales y las grandes plataformas en línea (5). Por esta razón, el Comité recomienda que la Comisión cree una igualdad de condiciones en relación con la competencia leal en el mercado digital.

3.17.

En opinión del CESE, son necesarias diversas medidas para ofrecer las condiciones necesarias al sector minorista, y en particular a las pymes y las microempresas como mayores creadores netos de empleo, para abordar el desajuste de cualificaciones: reforzar la determinación y la anticipación de las necesidades de cualificaciones, incluida la orientación; mejorar los resultados de la educación y la formación en consonancia con las necesidades del mercado laboral, incluida la promoción de la EFP; mejorar las condiciones marco para ajustar mejor la oferta y la demanda; y prestar mayor apoyo a las necesidades de formación de las pymes y las microempresas.

3.18.

El CESE acoge con satisfacción la atención que presta la Comisión al coste de cumplimiento, especialmente de las pequeñas empresas, y el hecho de que destaque el desconocimiento acerca de las especificidades del sector.

4.   Observaciones específicas

4.1.

El CESE insta a la Comisión a afrontar el creciente problema de la desertificación de los centros urbanos y las consecuencias sociales y medioambientales de ello. La habitabilidad de las grandes y pequeñas ciudades depende sobre todo de la supervivencia de muchas pequeñas empresas y microempresas (comercios locales) que cubren las necesidades de muchos consumidores pero corren el riesgo de ser aplastadas por la creciente concentración de grandes grupos de distribución.

4.2.

El CESE lamenta la ausencia de referencias a un sector minorista sostenible y el papel que pueden desempeñar las pequeñas empresas y las microempresas minoristas en este proceso. Sin embargo, es necesario un marco más favorable para hacerlas conscientes del vínculo entre opciones sostenibles y competitividad y proporcionarles información y asistencia técnica a medida, así como los mecanismos de crédito necesarios para aplicar lo que puede mejorarse. Teniendo en cuenta su débil posición en términos de influencia en los consumidores y productores, no deben imponerse opciones a las pequeñas empresas y las microempresas minoristas.

4.3.

En la Comunicación no se presta atención a las fricciones que existen en las relaciones contractuales entre empresas, por ejemplo contratos de franquicia desequilibrados, retrasos en los pagos y prácticas comerciales desleales. En particular, la creciente concentración de poder entre grandes empresas minoristas en Europa plantea serias dificultades (6). Para hacer frente a la competencia distorsionada y mantener la competitividad, estas dos cuestiones deberían haberse abordado en la Comunicación.

4.4.

El CESE recomienda a la Comisión, como ya subrayó en su dictamen sobre «Un nuevo marco para los consumidores», que defina y aplique un sistema eficaz de resolución de litigios, que permita gestionar las situaciones derivadas de abusos de posición dominante y de prácticas que distorsionan la competencia.

---

(1)  Volumen de negocios en 2016: 9 864 468,4 millones EUR; número de empresas (en 2015): 6 205 080; valor de la producción (en 2015): 2 687 115 millones EUR. Este sector empleó en 2016 a 33 399 447 personas, de las cuales 27 892 082 eran trabajadores asalariados.

(2)  DO C 327 de 12.11.2013, p. 20

(3)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 165.

(4)  Véase la nota 2.

(5)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 177.

(6)  Véase la nota 3.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Informe sobre la política de competencia 2017

[COM(2018) 482 final]

(2019/C 110/08)

Ponente:

Baiba MILTOVIČA

Consulta	Comisión Europea, 5.9.2018
Fundamento jurídico	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente:	Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	21.11.2018
Aprobado en el pleno	12.12.2018
Pleno n.o	539
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	188/1/9

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE acoge con satisfacción el estilo conciso y el enfoque del Informe de 2017, que va acompañado de un exhaustivo documento de trabajo de los servicios de la Comisión. La aplicación de una política de competencia eficaz no solo es fundamental para una economía de mercado sostenible, sino que puede garantizar la igualdad de condiciones a los productores de bienes y servicios, tranquilizar a los consumidores, estimular la competencia y lograr objetivos sociales fundamentales, como la libertad de elección de los consumidores, así como objetivos políticos, como el bienestar de los ciudadanos europeos y la promoción de la integración del mercado europeo. Junto con determinados terceros países, también desempeña un papel importante a la hora de apoyar dinámicas empresariales, medioambientales y sociales positivas en materia de comercio internacional.

1.2.

El Informe de 2017 hace especial hincapié en el cumplimiento y la ejecución de la normativa, y proporciona ejemplos de medidas contundentes adoptadas por la Comisión. Los consumidores y las pequeñas y medianas empresas a menudo se encuentran en desventaja debido a que las grandes empresas posiblemente abusan de su posición dominante en el mercado, por lo que las medidas que abordan las prácticas contrarias a la competencia son especialmente bienvenidas.

1.3.

El aumento de las actividades contrarias a la competencia en los mercados de la UE se ha visto acompañado del desarrollo constante de las autoridades nacionales de competencia (en lo sucesivo, ANC) como importantes responsables de la ejecución del Derecho de la competencia. La Directiva REC+, que capacita a las ANC para que sean más eficaces, refuerza la capacidad nacional en este ámbito.

1.4.

El refuerzo de la autonomía de las ANC y la provisión de recursos adecuados resultan de vital importancia. Para que su labor sea eficaz, necesitan verdadera independencia, conocimientos especializados y formación; además, l la Directiva REC+ debe supervisarse de cerca para que así sea. Deberá alentarse la adopción de medidas preventivas para evitar conductas contrarias a la competencia y endurecerse las sanciones de manera que constituyan un elemento disuasorio eficaz.

1.5.

El CESE apoya a la Comisión en lo que respecta al cumplimiento de las normas de competencia en el sector privado y aboga por que los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros faciliten la interposición de demandas colectivas. La Comisión debería seguir supervisando la eficacia de los mecanismos de recurso colectivo en caso de infracciones a la legislación sobre competencia en los distintos Estados miembros y emprender nuevas medidas si fuera necesario. En este sentido, es desalentadora la propuesta sobre los recursos colectivos que la Comisión presenta en el marco de la propuesta «Un Nuevo Marco para los Consumidores».

1.6.

Deberían considerarse otras propuestas sobre franquicias, que se incluirán en el Reglamento de exención por categorías (1) para restablecer el equilibrio comercial y contractual entre los franquiciados y el franquiciador.

1.7.

Cuando resulten significativas para las actividades paracomerciales desarrolladas por entes locales que puedan acogerse a subvenciones públicas que permitan la competencia desleal, deberán analizarse para comprobar si es necesario adaptar las normas sobre ayudas estatales u otros instrumentos.

1.8.

En cuanto a la Directiva sobre denunciantes, se recomienda que al proceder a su transposición y aplicación, la legislación nacional prevea que los denunciantes tengan acceso a representantes sindicales en todo momento y otorgue plena protección al denunciante en cualquier circunstancia.

1.9.

Cuando proceda en aras del control de la aplicación del Derecho de competencia, se sugiere que la Comisión analice detalladamente las prácticas de los reguladores de la energía en todos los Estados miembros, junto con el CEER y la ACER, para identificar acciones que puedan eliminar aquellas prácticas restrictivas que sigan siendo perjudiciales para los consumidores.

1.10.

Una nueva revisión del funcionamiento de la cadena de distribución de alimentos en futuros informes sobre la política de competencia podría identificar y proponer soluciones para erradicar el continuo ejercicio del poder de mercado por parte de los distribuidores dominantes, que puede resultar inadecuado.

1.11.

En el sector de la economía digital existen y surgen continuamente una serie de prácticas contrarias a la competencia. El Comité expresa su preocupación por que no se dediquen los recursos adecuados para realizar un seguimiento de este sector en rápida evolución y pujante económicamente, y pide para ello la inclusión de una disposición específica en el marco financiero plurianual.

1.12.

Existen factores que quedan fuera del ámbito estricto de la política de competencia, pero que suscitan preocupación en cuanto a posibles distorsiones de mercado: grandes divergencias entre Estados miembros en cuanto a su política de tributación de sociedades, prácticas de empleo conocidas colectivamente como dumping social, prácticas que surgen en la economía del trabajo esporádico y cuestiones relativas a la economía circular y a la sostenibilidad económica mundial. El Comité insta a la Comisión a que despliegue plenamente sus competencias y su capacidad para garantizar que, en la medida de lo posible, se vigilen, aclaren y corrijan dichas zonas grises en las que se constata un comportamiento contrario a la competencia.

1.13.

El Derecho de la competencia figura entre los aspectos más antiguos del acervo, pero no siempre se ajusta a los retos de este siglo. En particular, la disociación artificial del mercado y los ámbitos socioambientales se verían beneficiados por una revisión exhaustiva y sistemática del Derecho de la competencia de la UE, teniendo en cuenta objetivos económicos, medioambientales y sociales.

2.   Contenido del Informe sobre la política de competencia de 2017

2.1.

La política de competencia representa la piedra angular del mercado único y ha estado vigente desde el Tratado de Roma y la fundación de la actual Unión Europea. Se ha establecido en un marco consagrado en disposiciones tales como los artículos 101 y 102 del TFUE, que aclaran su contenido y alcance.

2.2.

El año 2017 fue testigo de acciones específicas en beneficio de los consumidores y la industria europea en áreas clave: la economía digital, la energía, el sector farmacéutico y agroquímico, las industrias de redes y los mercados financieros. Este sumario pone de relieve los puntos principales del Informe, que a su vez resume el amplio trabajo realizado en numerosos sectores económicos.

2.3.

La política debe traducirse en normas y debe velarse por el cumplimiento de estas. La Comisión Europea es miembro fundador de la Red Internacional de Competencia y, asimismo, participa activamente en todos los foros internacionales dedicados a la competencia, como la OCDE, la UNCTAD, la OMC y el Banco Mundial. En particular, la Comisión colabora estrechamente con las autoridades nacionales de competencia y ha propuesto nuevas normas en forma de Directiva para que las autoridades de competencia de los Estados miembros puedan supervisar m (2) ás eficazmente la aplicación de las normas de defensa de la competencia de la UE.

2.4.

Es importante que las personas que tengan conocimiento de la existencia o del funcionamiento de un cártel u otros tipos de incumplimiento de las normas de defensa de la competencia dispongan de los medios necesarios para sacar estas prácticas a la luz. Se ha instaurado un nuevo instrumento de denuncias anónimas que facilita este proceso y está plenamente operativo.

2.5.

Los requisitos relativos a la notificación de medidas de ayuda estatal de menor envergadura y menos problemáticas se han simplificado y se han introducido exenciones; además, veinticuatro Estados miembros se han adscrito al módulo de adjudicación con transparencia que proporciona información sobre ayudas estatales.

2.6.

Se han emprendido medidas para el cumplimiento riguroso de las normas de competencia en mercados concentrados. El sector farmacéutico fue objeto de una primera investigación por parte de la Comisión sobre las inquietudes relativas a las prácticas excesivas de fijación de precios en la industria farmacéutica; se analizaron varias fusiones en el sector agroquímico y se prohibió una fusión en la industria cementera que habría reducido la competencia.

2.7.

En el sector de la energía se emprendieron medidas coercitivas en relación con los mecanismos de ayudas estatales y de capacidad; además, se prosiguió investigando las prácticas comerciales de Gazprom en Europa Central y Oriental con una evaluación preliminar que concluyó en que se estaban infringiendo las normas de defensa de la competencia de la UE.

2.8.

En materia de transporte, se examinaron las adquisiciones en el sector de la aviación y se detectaron acciones contrarias a la competencia en el transporte ferroviario en Lituania, que dieron lugar a multas y medidas correctivas, y se apoyó la prestación de ayuda estatal al sector en Grecia y Bulgaria. Se emprendió una acción anticártel contra Scania en relación con el transporte de mercancías por carretera y se impusieron multas elevadas a varias empresas del sector de los recambios para automóviles.

2.9.

La ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento general de exención por categorías a puertos y aeropuertos facilitó la prestación de ayuda estatal apropiada.

2.10.

La investigación de la Comisión sobre la fusión propuesta entre la Deutsche Börse y el London Stock Exchange Group concluyó que habría creado un monopolio de hecho y, en consecuencia, fue prohibida.

2.11.

El CESE observa que la política de competencia de la UE deberá responder de manera constructiva y creativa al desafío de la salida del Reino Unido de la UE. Según lo establecido por el Consejo Europeo, cualquier acuerdo comercial futuro debería garantizar unas condiciones equitativas, especialmente en lo que se refiere a la competencia y las ayudas estatales.

3.   Observaciones generales

3.1.

El CESE acoge con satisfacción el Informe de 2017, que contiene numerosos ejemplos en los que la Comisión se centra en promocionar el bienestar del consumidor y en evitar que se le perjudique. El efecto subsiguiente de este enfoque no es solo fortalecer la integración del mercado único sino también el desarrollo económico y los objetivos conexos de política social.

3.2.

En el último año, los dictámenes del CESE han identificado con frecuencia la importancia de una política de competencia efectiva y llevada a la práctica. Los indicadores de prosperidad y bienestar del consumidor, junto con el mantenimiento de una estructura competitiva efectiva, brindan la justificación para abordar la explotación, las prácticas de exclusión y los acuerdos restrictivos. Al fomentar las mejores prácticas económicas, una política de competencia firme fomenta el fortalecimiento de las empresas europeas en mercados mundiales competitivos y la promoción de los objetivos sociales en los que se basa.

3.3.   Emisiones del sector del automóvil

3.3.1.

En su Dictamen sobre las acciones de la UE para mejorar el cumplimiento y la gobernanza medioambiental (3), el CESE observa que el cumplimiento insuficiente de los mecanismos que garantizan la aplicación de la legislación y la gobernanza en materia de medio ambiente es un factor lamentable de competencia desleal y de perjuicio económico. El Comité observa que el cumplimiento y la adhesión al Estado de Derecho son fundamentales para una política de competencia sólida.

3.3.2.

En este contexto, el Comité aprecia que la investigación preliminar de la Comisión de un posible cártel que involucra a BMW, Daimler, Volkswagen, Audi y Porsche, sobre si estas empresas han restringido el desarrollo de sistemas selectivos de reducción catalítica y filtros de partículas, limitando potencialmente el despliegue de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, ha llevado ahora al equipo anti-competencia a incoar un procedimiento de investigación formal.

3.4.   Los mecanismos de recurso colectivo

3.4.1.

El Comité toma nota de la transposición final de la Directiva sobre daños y perjuicios (4) que, en parte, aborda la cuestión de proporcionar un mecanismo jurídico para interponer recursos colectivos. No obstante, la retirada de la propuesta de Directiva preparada por la DG COMP en 2009, unida a la propuesta recientemente incluida en el paquete «Un Nuevo Marco para los Consumidores», es un indicio de la falta de voluntad política para dar pasos significativos encaminados a definir un régimen de recursos colectivos a nivel europeo verdaderamente eficaz. Por ello, el CESE insta a la Comisión a que siga supervisando la eficacia de los mecanismos de recurso colectivo en caso de infracciones a la legislación sobre competencia en los distintos Estados miembros y adopte nuevas medidas si fuera necesario.

3.5.   Franquicias en el sector minorista

3.5.1.

El CESE señala que existe un problema creciente relacionado con los contratos de franquicia en el sector minorista, que puede tener graves repercusiones en materia de competencia. Por ejemplo, un litigio importante acaecido en los Países Bajos entre el franquiciador HEMA y una serie de franquiciados con respecto a contratos vigentes y la cuota de las ganancias procedente de las ventas por internet ha derivado en la rescisión de contratos de franquicia. El Comité pide a la Comisión que analice esta situación y presente propuestas adicionales sobre franquicias que puedan incluirse en el Reglamento de exención por categorías (5) con el fin de restablecer el equilibrio comercial y contractual entre los franquiciados y el franquiciador.

3.6.   Subvenciones en la esfera de los entes locales

3.6.1.

En muchos Estados miembros, los entes locales se están orientando hacia actividades comerciales utilizando recursos o instalaciones de carácter público, lo que puede conducir a una competencia desleal si existe un elemento de subvención. Por ejemplo, las pymes de los sectores de los servicios alimentarios y del turismo compiten con actividades subvencionadas en los comedores de clubes deportivos, centros de ocio, etc. Los entes locales poseen este tipo de clubes y asociaciones –o les aportan fondos públicos– que a menudo están exentos del pago del IVA y se benefician de primas sociales, en forma por ejemplo de trabajo voluntario. Estas actividades paracomerciales se organizan con frecuencia (en términos de facturación y beneficios) como una empresa comercial normal. El Comité pide a la Comisión que supervise este fenómeno y compruebe si se puede desarrollar a escala de la UE una adaptación de las normas sobre ayudas estatales u otros instrumentos para regular estas actividades locales, que en algunos casos incluso están subvencionadas con fondos de la UE.

3.7.   Información sobre ayudas estatales

3.7.1.

La disponibilidad y el uso del módulo de adjudicación con transparencia es particularmente bienvenido, ya que permite a las partes interesadas (la Comisión, los competidores y el público en general) comprobar la conformidad de las ayudas estatales con las normas. Hasta la fecha, se han publicado alrededor de 30 000 adjudicaciones de ayuda.

4.   Observaciones específicas

4.1.   La Directiva REC+

4.1.1.

El CESE se siente alentado por el énfasis que pone el Informe en el control del cumplimiento de la normativa y por haber aprovechado esta oportunidad para reiterar sus puntos de vista (6) sobre la Directiva REC+ (7), que capacita a las ANC para ser más eficaces.

4.1.2.

El Comité ha expresado anteriormente su opinión de que el Reglamento puede ser el instrumento legislativo más eficaz en este ámbito, pero reconoce la necesidad de proporcionalidad. Además, la política de competencia deberá garantizar la igualdad de oportunidades, y las ANC tienen a su disposición los instrumentos y las medidas legales necesarios para abordar los cárteles secretos.

4.1.3.

Aunque la Directiva REC+ debería garantizar la independencia, los recursos y un conjunto de herramientas efectivas para asegurar la ejecución de la normativa, subsisten dudas sobre la autonomía y las capacidades de las ANC. Para que su labor sea eficaz, necesitan verdadera independencia, conocimientos especializados y formación. Deberá alentarse la adopción de medidas preventivas para evitar conductas contrarias a la competencia y agravarse las sanciones de manera que constituyan un elemento disuasorio eficaz. Sería adecuado reconocer asimismo a las ANC la facultad de litigar por derecho propio.

4.2.   Protección de los denunciantes

4.2.1.

Se debe seguir trabajando para informar al público sobre las normas de competencia, lo cual mejorará la efectividad de las nuevas herramientas actualmente disponibles para notificar infracciones, como el instrumento de denuncia. Aunque se alienta al CESE a que vele por el uso adecuado de este instrumento, la Directiva, que tiene por objeto reforzar la protección de los denunciantes, le provoca cierta inquietud (8).

4.2.2.

El CESE remite a la Comisión a su Dictamen sobre esta Directiva (9) en el que recomienda que el ámbito de aplicación de la Directiva no se limite al control de la aplicación de la legislación de la UE, sino que se amplíe para incluir la ejecución de la legislación nacional.

4.2.3.

También es importante referirse a la inclusión de los derechos de los trabajadores y mencionar a los representantes sindicales y las ONG como ejemplos de personas jurídicas. Los denunciantes deberán tener acceso a representantes sindicales en cualquier etapa del proceso.

4.3.   La economía digital

4.3.1.

El CESE señala que el nuevo Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (10) se adoptó a finales de 2017 y debería garantizar una mejor coordinación entre las redes de consumidores para hacer cumplir las medidas contra las prácticas anticompetitivas transfronterizas. Por ejemplo, el Reglamento identifica las prácticas de bloqueo geográfico en el sector del comercio electrónico, que, por naturaleza, constituye un problema transfronterizo. Los Centros Europeos del Consumidor han trabajado sobre esta cuestión durante muchos años, recopilando ejemplos y prácticas transfronterizos. Junto con la Red Europea de Competencia y la Red de cooperación para la protección de los consumidores, se prevén ahora medidas coercitivas mejor coordinadas.

4.3.2.

En un sector de rápido de crecimiento como es la economía digital, surgen continuamente prácticas contrarias a la competencia de muchos otros tipos. Por ejemplo, el uso de algoritmos sofisticados puede ajustar los precios sobre la base de datos personales recopilados a partir de distintas fuentes en línea y también favorece la colusión en línea entre diversas empresas. La Comisión necesita disponer de recursos presupuestarios adecuados para supervisar y contrarrestar estas prácticas.

4.4.

El CESE considera que una mejor cooperación entre las ANC y las organizaciones de consumidores resultaría beneficiosa para ambas partes, especialmente dado que las organizaciones nacionales de consumidores se hallan en una posición privilegiada para informar a las ANC sobre presuntas infracciones. De hecho, pueden proporcionar a las autoridades datos valiosos sobre su propia tramitación de las quejas.

4.5.

La Unión de la Energía puede estimular el proceso continuo de llevar la competencia leal al sector energético de la UE, en el que persiste una amplia gama de sistemas de fijación de los precios para el consumidor y la industria, y donde la elección del mercado puede restringirse. El CESE considera que un análisis detallado de las prácticas reguladoras, que varían considerablemente en función de los Estados miembros, sentará las bases para un diálogo constructivo que resuelva discrepancias, y las ANC, los reguladores nacionales de la energía y la Comisión deberían llevarlo a cabo conjuntamente. Esto puede arrojar luz sobre la falta de capacidad de elección y las prácticas restrictivas en los sistemas de calefacción urbana, por ejemplo.

4.6.

El ejercicio inadecuado del poder de mercado en el sector minorista de alimentación sigue constituyendo un problema. La Comisión plantea la cuestión de si las grandes cadenas minoristas han obtenido demasiado poder de negociación (en las negociaciones bilaterales con sus proveedores) y poder de compra (en el mercado en general) gracias a su doble función de clientes y competidores (a través de marcas privadas) de sus proveedores (11) El Comité insta a actua.r de acuerdo con su reciente Dictamen sobre este tema (12) y reitera su recomendación de que la Comisión incluya la supervisión del funcionamiento de la cadena de distribución de alimentos en futuros informes sobre la política de competencia.

4.7.   Derecho de la competencia e interés público general

4.7.1.

Las distorsiones del mercado pueden estar causadas por una serie de factores que quedan fuera del ámbito estricto de la política de competencia. Entre ellas figuran las grandes divergencias en la política de tributación de las sociedades entre los distintos Estados miembros, prácticas de empleo conocidas colectivamente como dumping social, prácticas que surgen en la economía del trabajo esporádico, así como cuestiones relativas a la economía circular y a la sostenibilidad económica mundial.

4.7.2.

El Derecho de la competencia, basado en perspectivas económicas de mediados del siglo XX, tiene ahora que estar a la altura de los retos del siglo XXI. Para superar la disociación artificial del mercado y de los ámbitos socioambientales, debe acometerse una revisión exhaustiva y sistemática del Derecho de competencia de la UE, teniendo en cuenta objetivos económicos, medioambientales y sociales.

4.7.3.

El CESE considera que los compromisos contraídos por la UE en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, además de las obligaciones consagradas en los Tratados, deberían considerarse como objetivos de interés público en la aplicación del Derecho de la competencia junto con los intereses de los consumidores.

4.7.4.

Deben reconocerse los efectos de las concentraciones de mercado sobre las generaciones futuras de consumidores y productores. Deberían evaluarse diferentes modelos de cálculo de los efectos perjudiciales a largo plazo, como ya se hizo en el ámbito de la contratación pública a través del cálculo del coste del ciclo de vida.

4.8.

El CESE ha pedido, en varios dictámenes recientes (13), que se refuercen las medidas relacionadas con la equidad fiscal emprendidas por la Comisión Europea (en relación con las multinacionales y los particulares), ya que quedan muchas cuestiones por resolver. Entre ellas figuran la lucha contra el fraude fiscal, los paraísos fiscales, la planificación fiscal agresiva y la competencia fiscal desleal entre Estados miembros.

4.9.

En particular, el mercado sufre continuas y sustanciales distorsiones causadas por las amplias divergencias existentes entre los regímenes nacionales del impuesto sobre sociedades de los distintos Estados miembros, ya que el impuesto sobre sociedades oscila entre el 9 % y el 35 % y en algunos países aplican tipos aún más bajos a categorías como los derechos de propiedad intelectual. Dado que la política tributaria es una atribución nacional, la política de competencia de la UE siempre tendrá dificultades para atenuar las distorsiones causadas.

4.10.

La Directiva de lucha contra la elusión fiscal (DCEF), que transponerse a los ordenamientos de los Estados miembros antes del 1 de enero de 2019, establece normas contra las prácticas de elusión fiscal que afectan directamente al funcionamiento del mercado interior y contiene elementos que deberían ayudar a evitar algunas divergencias entre los enfoques nacionales, lo cual es bienvenido.

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(1)  Reglamento (UE) n.o 330/2010 de la Comisión (DO L 102 de 23.4.2010, p. 1).

(2)  http://ec.europa.eu/competition/antitrust/proposed_directive_es.pdf

(3)  DO C 283 de 10.8.2018, p. 69

(4)  Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre infracciones del Derecho de la competencia (DO L 349 de 5.12.2014, p. 1).

(5)  Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre infracciones del Derecho de la competencia (DO L 349 de 5.12.2014, p. 1).

(6)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 70.

(7)  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo encaminada a facultar a las autoridades de competencia de los Estados miembros para aplicar la normativa con más eficacia y garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior [COM(2017) 142 final].

(8)  Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión [COM(2018) 218 final].

(9)  Dictamen del CESE sobre «Reforzar la protección de los denunciantes en la UE». Ponente: Franca Salis-Madinier (DO C 62 de 15.2.2019, p. 155).

(10)  Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 345 de 27.12.2017, p. 1).

(11)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, SWD(2018) 349 final.

(12)  DO C 283 de 10.8.2018, p. 69.

(13)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 1; DO C 197 de 8.6.2018, p. 29; DO C 81 de 2.3.2018, p. 29.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales

[COM(2018) 398 final — 2018/0222 (NLE)]

(2019/C 110/09)

Ponente:

Jorge PEGADO LIZ

Consulta	Comisión Europea, 12.7.2018
Fundamento jurídico:	Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Sección de Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	21.11.2018
Aprobado en el pleno	12.12.2018
Pleno n.o	539
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	205/3/4

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE toma buena nota de la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (COM(2018) 398 final), cuyo objeto se limita a añadir dos nuevas categorías en el Reglamento de habilitación que permite a la Comisión adoptar exenciones por categorías [Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de 13 de julio de 2015 (1)].

1.2.

El CESE considera que esta propuesta es necesaria y oportuna en el marco de toda una serie de nuevas propuestas relacionadas con el próximo marco financiero plurianual, dado que constituye un instrumento esencial para que funcionen eficazmente varias de las medidas contenidas en las nuevas iniciativas. La propuesta contribuye de manera decisiva a que la Comisión desempeñe un papel importante en la selección de los proyectos financiados de conformidad con el interés común de la UE y a que la ayuda pública complemente la inversión privada de forma totalmente transparente.

1.3.

Por lo tanto, el CESE aprueba y apoya esta nueva propuesta de la Comisión. Asimismo, el Comité considera conveniente animar a las partes interesadas a seguir las orientaciones del Código de Buenas Prácticas.

2.   Propuesta de la Comisión

2.1.

El 6 de junio de 2018, la Comisión presentó su propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1588 del Consejo, de 13 de julio de 2015, sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales (2), en el marco de una serie de nuevas propuestas relacionadas con el próximo marco financiero plurianual (MFP) (3).

2.2.

Dado que el objetivo de esta propuesta es mejorar la interacción entre los programas de financiación de la UE, especialmente en el marco de los programas COSME y Horizonte Europa o el Programa Europa Digital, el nuevo Fondo InvestEU y el fomento de la cooperación territorial europea (CTE) y las normas sobre ayudas estatales, deberá permitir modificaciones específicas de las normas actuales sobre ayudas estatales, de modo que la financiación pública de los Estados miembros —incluida la de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos que se gestiona a nivel nacional— y los fondos de la UE gestionados de forma centralizada por la Comisión puedan combinarse con la mayor eficacia posible, sin falsear la competencia en el mercado de la UE.

2.3.

Por lo tanto, el objeto de la propuesta se limita a añadir dos nuevas categorías en el Reglamento de habilitación que permite a la Comisión adoptar exenciones por categorías (Reglamento (UE) 2015/1588 de 13 de julio de 2015), a partir de la definición de unos criterios de compatibilidad claros que garanticen que los efectos sobre la competencia y el comercio entre Estados miembros sean limitados. Al adoptar tales exenciones por categorías sería posible simplificar considerablemente los procedimientos administrativos para los Estados miembros y la Comisión sobre la base de condiciones de compatibilidad claramente definidas ex ante.

2.4.

En síntesis, la Comisión propone añadir los dos incisos siguientes al artículo 1, letra a), del Reglamento (UE) 2015/1588: «xv) la financiación que se canalice a través de instrumentos financieros o garantías presupuestarias de la UE gestionados de forma centralizada o reciba respaldo de estos, cuando la ayuda revista la forma de financiación adicional prestada a través de recursos estatales; xvi) los proyectos financiados por los programas de cooperación territorial europea de la UE.».

3.   Observaciones generales

3.1.

El CESE, en dictámenes aprobados muy recientemente, ha apoyado las nuevas iniciativas de programas de la Comisión, especialmente en sus dictámenes sobre: a) InvestEU (4); b) Programa Horizonte Europa (5); c) Inteligencia artificial para Europa (6); d) Investigación e innovación: nueva agenda europea (7); e) Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión (8); f) Reglamento sobre la cooperación territorial europea 2021-2027 (9); g) Mecanismo «Conectar Europa» (10); h) Ejecución de los proyectos de la RTE-T (11); i) Movilidad conectada y automatizada (12); j) Programa Europa Digital (13).

3.2.

Esta propuesta de la Comisión es necesaria para que funcionen eficazmente varias de las medidas contenidas en las nuevas iniciativas, cuya lista se incluye a título indicativo ya que los debates entre los colegisladores siguen en curso, y permite que la Comisión desempeñe un papel importante en la selección de los proyectos y programas financiados de conformidad con el interés común de la UE y que la ayuda pública complemente la inversión privada y sea transparente.

3.3.

En efecto, los artículos 107, 108 y 109 del capítulo «Normas sobre competencia» son las disposiciones de base de la Ley Fundamental de la UE (el TFUE) que regulan las ayudas estatales.

3.4.

Con vistas a su ejecución, el Reglamento (UE) 2015/1588 prevé la aplicación de los artículos 107 y 108 del TFUE a determinadas categorías de ayudas estatales horizontales, independientemente de que sean inversiones o garantías públicas.

3.5.

Este Reglamento debe adaptarse para que los objetivos enumerados en la propuesta de la Comisión, que el CESE apoya plenamente, puedan aplicarse.

3.6.

De esta forma, el CESE apoya las modificaciones que deben introducirse en el Reglamento (UE) 2015/1588 tal como se establecen en la propuesta de la Comisión, en la medida en que considera que son esenciales para alcanzar los objetivos citados.

3.7.

Por lo demás, el CESE valora positivamente que la Comisión publicara, pocos días después de la propuesta examinada, un «Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales» (14) que deroga el Código publicado en 2009 e integra la Comunicación sobre el procedimiento simplificado (15).

3.8.

El CESE acoge favorablemente esta iniciativa para aprovechar al máximo las nuevas normas sobre ayudas estatales, como las incluidas en la propuesta que se analiza, proporcionar a los Estados miembros, los beneficiarios de las ayudas y las partes interesadas orientaciones sobre el funcionamiento práctico de los procedimientos relativos a las ayudas estatales y hacer que dichos procedimientos «sean lo más transparentes, sencillos, claros, previsibles y oportunos posible».

3.9.

Este Código de Buenas Prácticas de 2018 no pretende ser exhaustivo ni generará nuevos derechos. Describe el procedimiento y ofrece orientaciones al respecto. Según el texto, este código debe leerse en relación con todos los demás textos aprobados previamente.

3.10.

Su objetivo esencial es fomentar la cooperación de las partes interesadas con la Comisión durante los controles y permitir que el proceso sea más comprensible para las empresas y los Estados.

3.11.

También mejora el procedimiento de tramitación de las denuncias sobre ayudas estatales, al obligar a los denunciantes a demostrar que sus intereses se ven afectados al presentar el formulario de denuncia y fijar plazos indicativos para tramitarlas.

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(1)  DO L 248 de 24.9.2015, p. 1.

(2)  COM(2018) 398 final.

(3)  COM(2018) 321 final, de 2 de abril de 2018.

(4)  ECO/474 (DO C 62 de 15.2.2019, p. 131).

(5)  INT/858 (DO C 62 de 15.2.2019, p. 33).

(6)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 51.

(7)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 73.

(8)  ECO/462 (DO C 62 de 15.2.2019, p. 90).

(9)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 116.

(10)  DO C 440 de 6.12.2018, p. 191.

(11)  TEN/669 (DO C 62 de 15.2.2019, p. 269).

(12)  TEN/673 (DO C 62 de 15.2.2019, p. 274).

(13)  TEN/677 (DO C 62 de 15.2.2019, p. 292).

(14)  Comunicación COM(2018) final de la Comisión 4412, de 16 de julio de 2018.

(15)  DO C 136 de 16.6.2009, p. 13.

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas

[COM(2018) 365 final — 2018/0189 (COD)]

(2019/C 110/10)

Ponente:

Arnold PUECH d’ALISSAC

Consulta	Parlamento Europeo, 10.9.2018 Consejo, 17.10.2018
Fundamento jurídico	Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente	Sección de Mercado Único, Producción y Consumo
Aprobado en sección	21.11.2018
Aprobado en el pleno	12.12.2018
Pleno n.o	539
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	208/1/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Las indicaciones geográficas representan un recurso único y valioso para los productores de la Unión Europea en un mercado mundial cada vez más liberalizado y competitivo.

1.2.

La Comisión Europea siempre debería actuar en interés de la protección de los modelos de producción y los sistemas de control de calidad reconocidos a nivel mundial por su sostenibilidad, que redunda en beneficio de los consumidores y los productores.

1.3.

Las indicaciones tienen, por tanto, la particularidad de poner de relieve la dimensión local de un producto, realzando los aspectos culturales y el saber hacer local, el territorio y sus particularidades agroecológicas. Estas características deben preservarse.

1.4.

Se observa, a nivel mundial, una tendencia significativa hacia el desarrollo de sellos oficiales de identificación de la calidad y del origen.

1.5.

El CESE destaca este aspecto positivo y acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea dirigida a proteger a nivel internacional las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas, en el marco del Acta de Ginebra y de sus prácticas jurídicas, y considera necesario tratar de crear un marco armonizado de protección de los sellos de calidad a nivel internacional. No obstante, considera esencial adoptar un enfoque global que permita proteger y promover el sistema de sellos de calidad en su conjunto.

1.6.

Es necesario proponer un sistema que garantice un trato equitativo a todos los productores europeos que deseen que su indicación geográfica sea reconocida a nivel internacional.

1.7.

El CESE considera que los derechos adquiridos por estas indicaciones geográficas ya registradas y protegidas a nivel europeo deberían conservarse para evitar penalizaciones y un trato desigual.

2.   La propuesta de Reglamento

2.1.

La propuesta de la Comisión se marca como objetivo garantizar el marco jurídico para la participación efectiva de la Unión en la Unión de Lisboa relativa a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), una vez que la Unión se convierta en Parte contratante del Acta de Ginebra.

2.2.

Según el Acta de Ginebra, cada Parte contratante protegerá en su territorio, a tenor de su propio sistema y práctica jurídica, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas. De este modo, toda denominación de origen o indicación geográfica registrada gozará de protección por las Partes contratantes que no hayan denegado la protección.

2.3.

Al convertirse la Unión Europea en Parte contratante del Acta de Ginebra, la Comisión Europea propone que presente una lista de indicaciones geográficas (que deberá acordarse con los Estados miembros) para su protección en virtud del sistema de Lisboa. Tras la adhesión de la Unión Europea a la Unión de Lisboa, será posible presentar solicitudes para el registro internacional de nuevas indicaciones geográficas protegidas y registradas en la Unión a iniciativa de la Comisión o previa solicitud de un Estado miembro o de una agrupación de productores interesada.

2.4.

Deben crearse procedimientos adecuados para que la Comisión evalúe las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas originarias de terceras Partes contratantes e inscritas en el Registro Internacional. La observancia por parte de la Unión de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas originarias de terceras Partes contratantes e inscritas en el Registro Internacional se efectuará de conformidad con el capítulo III del Acta de Ginebra.

2.5.

Según el Acta de Ginebra, las Partes contratantes pondrán a disposición medidas legales de subsanación efectivas en relación con la protección de las denominaciones de origen registradas y las indicaciones geográficas registradas (véase el artículo 14 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa) (1).

2.6.

Siete Estados miembros de la Unión Europea son miembros de la Unión de Lisboa y como tales han aceptado la protección de denominaciones de terceros países. A fin de proporcionarles los medios para cumplir sus obligaciones internacionales contraídas antes de la adhesión de la Unión a la Unión de Lisboa, debe ponerse en marcha un régimen transitorio que únicamente debe producir efectos a nivel nacional, y no tener efecto alguno en el comercio interior de la Unión ni en el comercio internacional.

2.7.

Las tasas que han de abonarse en virtud del Acta de Ginebra y del Reglamento Común para presentar una solicitud para el registro internacional de una denominación de origen o una indicación geográfica correrán a cargo del Estado miembro de procedencia de la denominación de origen o la indicación geográfica (véase el artículo 11 del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa) (2).

2.8.

La Unión ha implantado sistemas de protección de indicaciones geográficas uniformes y exhaustivos para los productos agrícolas. A través de estos sistemas, las denominaciones protegidas de los productos cubiertos gozan de una protección más amplia en toda la UE, basada en un proceso de solicitud única. La propuesta es coherente con la política general de la Unión Europea para promover y reforzar la protección de las indicaciones geográficas a través de acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales.

3.   Observaciones generales

3.1.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea dirigida a proteger a nivel internacional las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas en el marco del Acta de Ginebra y de sus prácticas jurídicas. En un contexto caracterizado por una creciente globalización, especialmente en lo relativo al comercio de productos agroalimentarios, es necesario tratar de crear un marco armonizado de protección de los sellos de calidad a nivel internacional.

3.2.

La Comisión Europea siempre debería actuar en interés de la protección de los modelos de producción y los sistemas de control de calidad reconocidos a nivel mundial por sus efectos beneficiosos para la salud de los consumidores y para la sostenibilidad económica y medioambiental.

3.3.

Las indicaciones geográficas representan un recurso único (un 5,7 % de las ventas de la industria agroalimentaria española, lo que supuso un importe de más de 54 000 millones EUR en 2010) (3) y valioso para los productores de la Unión Europea en un mercado mundial cada vez más liberalizado. No obstante, los esfuerzos por competir en el ámbito de la calidad son inútiles si el principal vector utilizado por nuestros productos de calidad, es decir, las indicaciones geográficas, no recibe suficiente protección frente a los mercados internacionales.

3.4.

El CESE subraya que las indicaciones geográficas son sellos distintivos que permiten diferenciar productos que compiten entre sí e informar al consumidor sobre el origen de un producto. A diferencia de las marcas comerciales, la finalidad de una indicación geográfica es destacar el vínculo entre un producto y su territorio de origen, por lo que las indicaciones tienen la particularidad de hacer hincapié en la dimensión local de un producto, realzando los aspectos culturales y el saber hacer local, el territorio y sus particularidades agroecológicas. Estas características deben preservarse.

3.5.

Ya en 2008, el CESE, en su Dictamen sobre el tema «Indicaciones geográficas y denominaciones de origen» (4), subrayó que «se observa en la sociedad civil europea un crecimiento […] de la sensibilidad de los consumidores por lo que respecta a las características de los productos agroalimentarios, que se traduce en una demanda de productos de calidad». Esta afirmación sigue siendo válida ahora más que nunca, ya que el consumidor europeo busca cada vez más productos de calidad procedentes de un territorio, una región o un país determinado cuya calidad y reputación, entre otras características, estén fundamentalmente vinculadas a este origen geográfico (5).

3.6.

Según un dictamen reciente del Consejo Económico, Social y Medioambiental francés, titulado «Les signes officiels de qualité et d’origine des produits alimentaires» («Los sellos oficiales de calidad y de origen de los productos alimentarios»), se observa, a nivel mundial, un movimiento considerable de desarrollo de los sellos oficiales de identificación de la calidad y del origen. Las indicaciones geográficas progresan porque responden a una demanda creciente de los consumidores y valorizan asimismo una historia, un patrimonio y un saber hacer ancestral ligados a un territorio determinado.

3.7.

El CESE recuerda que, según la FAO (6), se observa que las indicaciones geográficas tienen un efecto muy positivo en los precios, independientemente del tipo de producto, de la región de origen o de la duración del registro.

3.8.

En todos los acuerdos bilaterales concluidos o en proceso de negociación, los aspectos relacionados con la protección de las indicaciones geográficas son cada vez más importantes. El CESE destaca este aspecto positivo. No obstante, considera esencial adoptar un enfoque global que permita proteger y promover el sistema de sellos de calidad en su conjunto.

3.9.

Para ello, el CESE opina que es necesario reconsiderar la propuesta de establecer una lista positiva a escala de la UE que no se ajuste a la exigencia de protección mundial del sistema de indicaciones geográficas. En efecto, es necesario proponer un sistema que garantice un trato equitativo a todos los productores europeos que deseen que su indicación geográfica sea reconocida a nivel internacional. Esto es especialmente cierto ya que los criterios escogidos no tienen en cuenta otros criterios socioeconómicos esenciales para el desarrollo de la economía de ciertos territorios de la Unión Europea. En torno a las indicaciones geográficas suele desarrollarse una economía de proximidad que genera empleo, tiene repercusiones muy importantes en otros sectores de la economía, como el turismo, y redunda en beneficio de la ordenación y la ocupación del territorio.

3.10.

El CESE pide a la Comisión que tenga en cuenta las consecuencias de las futuras nuevas relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido y la incidencia que establecer una lista positiva podría tener en las negociaciones en curso, que deberían llevarse a cabo sobre la base de la protección del sistema de calidad de la Unión Europea en su conjunto. Tras su retirada, el Reino Unido deberá seguir respetando las indicaciones geográficas garantizadas por un sistema del que se ha beneficiado hasta el momento.

3.11.

El CESE subraya que el sector agroalimentario europeo se enfrenta a la grave amenaza de la falsificación de los productos. Un informe (7) publicado recientemente por la Comisión Europea confirma que los productos que se falsifican con mayor frecuencia son los productos agroalimentarios.

3.12.

El CESE recuerda que actualmente siete Estados miembros de la UE ya son miembros efectivos del Arreglo de Lisboa (Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Portugal, Chequia y Eslovaquia) y que dicho acuerdo cuenta a día de hoy con más de mil indicaciones geográficas registradas, para las cuales la protección internacional de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas está garantizada mediante un único procedimiento de registro.

3.13.

El CESE considera que los derechos adquiridos por estas indicaciones geográficas ya registradas y protegidas a nivel europeo deberían conservarse para evitar penalizaciones y un trato desigual.

3.14.

Por último, el CESE llama la atención sobre el estudio de 2012 (que es el único disponible actualmente) relativo al valor comercial de las indicaciones geográficas en la Unión (8). Sin embargo, no parece que desde entonces haya cambiado sustancialmente la tasa de la prima de valor (value premium rate) para las indicaciones geográficas.

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(1)  http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_239.pdf.

(2)  Ibídem.

(3)  Véase la licitación n.o AGRI-2011-EVAL-04.

(4)  DO C 204 de 9.8.2008, p. 57.

(5)  Reglamento (UE) n.o 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 1).

(6)  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

(7)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/report_on_eu_customs_enforcement_of_ipr_2017_en.pdf (por el momento, disponible únicamente en inglés).

(8)  https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/value-gi_en (por el momento, disponible únicamente en inglés).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.o 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) n.o 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación); el Reglamento (UE) n.o 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) n.o 345/2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos; el Reglamento (UE) n.o 346/2013, sobre los fondos de emprendimiento social europeos; el Reglamento (UE) n.o 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2015/760, sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión; el Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado; y la Directiva (UE) 2015/849, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

[COM(2018) 646 final — 2017/0230 (COD)]

(2019/C 110/11)

Ponente general:

Petr ZAHRADNÍK

Consulta	Parlamento Europeo, 4.10.2018 Consejo de la Unión Europea, 12.11.2018
Fundamento jurídico	Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Sección competente:	unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social
Aprobado en el pleno	12.12.2018
Pleno n.o	539
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones)	121/0/4

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE valora positivamente la flexibilidad con la que la Comisión Europea está respondiendo a los problemas que afrontan las instituciones bancarias y financieras, y adoptando medidas complementarias para erradicar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

1.2.

El CESE considera, asimismo, que además de reforzar la coordinación y aumentar la eficacia de las interacciones entre las autoridades de supervisión, las actividades también deberían coordinarse con las demás partes interesadas, a fin de zanjar este problema tan peligroso.

1.3.

El CESE advierte de que las oportunidades tecnológicas y de comunicación no solo permiten crear productos financieros innovadores que reportan beneficios a los depositantes e inversores, sino que también representan una gran tentación para los delincuentes que blanquean capitales o financian el terrorismo. Por este motivo, pide que las soluciones adoptadas se orienten en la medida de lo posible a la eliminación de los riesgos futuros.

1.4.

El CESE destaca la creciente importancia que reviste este problema para los terceros países en un contexto de agravación de los riesgos geopolíticos, de seguridad y políticos, y reconoce la necesidad de que la UE esté más capacitada para eliminar las prácticas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y acabar con el uso indebido del mercado y de las instituciones financieras de la Unión.

1.5.

El CESE es consciente y toma nota de que las medidas propuestas en la propuesta legislativa son etapas sin duda importantes, pero parciales, en términos de coordinación, organización y competencias, que deberán ampliarse con otros conjuntos de medidas para resolver con éxito el problema. Al mismo tiempo, está de acuerdo con la Comisión Europea en que, para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de las medidas adoptadas, es preferible proceder de manera más gradual, a fin de evitar una importante perturbación de la estabilidad y la funcionalidad del sistema existente.

1.6.

El CESE está convencido de que, en el contexto del nuevo equilibrio de competencias entre las autoridades de supervisión, es necesario establecer una relación equilibrada entre una Autoridad Bancaria Europea (ABE) con nuevas competencias reforzadas y las autoridades nacionales de supervisión, de modo que todas las instituciones interesadas hagan el mejor uso posible de sus capacidades para resolver el problema como es debido.

1.7.

El CESE subraya la importancia de la comunicación interna y externa en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para alcanzar el objetivo de las medidas propuestas. Por lo que se refiere a la comunicación interna, resulta esencial optimizar y proteger los flujos de información entre las autoridades de supervisión competentes; en cuanto a la comunicación externa, el reto reside en informar y sensibilizar al público interesado, ya que se trata de una forma de prevención y preparación ante la posibilidad de que se cometa este tipo de acto delictivo.

1.8.

El CESE se pregunta sobre qué base se ha calificado al sector bancario como el más vulnerable a un uso indebido con fines delictivos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, razón por la cual la posición y las competencias de la ABE se han visto reforzadas en detrimento de las otras dos autoridades de supervisión de la UE.

1.9.

El CESE acogería con agrado una descripción más detallada de las nuevas relaciones entre la ABE y las otras autoridades de supervisión, ya sean de la UE, de los Estados miembros o, especialmente, de terceros países, en el ámbito de la coordinación y la acción conjunta en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

2.   Contexto general de la propuesta y datos esenciales

2.1.

La UE cuenta, desde 2011, con un nuevo sistema de supervisión financiera, que no solo ha contribuido de manera decisiva a estabilizar el mercado financiero y limitar los riesgos, sino que ha permitido armonizar las normas de los mercados financieros en la UE y las actividades de supervisión de los mismos. Sin embargo, las numerosas innovaciones tecnológicas y financieras que se han producido desde entonces han ampliado aún más el ámbito de actuación de la delincuencia, que se aprovecha del sector financiero para cometer delitos y blanquear los beneficios. Evidentemente, estos dos tipos de actividades no solo son poco deseables y condenables desde el punto de vista de la sociedad, sino que distorsionan al mismo tiempo el carácter funcional y eficiente de los mercados financieros, ya que su objetivo principal no es maximizar los beneficios procedentes de oportunidades objetivas de crecimiento de cada uno de los activos y su valoración, sino disimular, ocultar y evitar toda difusión de información, lo que significa que no siempre se hace necesariamente el mejor uso posible de los recursos financieros.

2.2.

Por lo tanto, las medidas propuestas no solo tienen por objeto impedir o limitar las posibilidades de cometer delitos o legalizar sus productos, sino también mantener la buena salud de las instituciones financieras utilizadas indebidamente en relación con esos actos delictivos y garantizar su estabilidad y seguridad para los clientes e inversores. Esto también reduce los riesgos políticos y de reputación tanto para los Estados miembros individuales como para la Unión Europea en su conjunto.

2.3.

Dado que actualmente los mercados financieros son más multinacionales e interconectados que nunca, es de suma importancia, a efectos de la propuesta sometida a examen, crear un sistema que cumpla su función en un contexto transfronterizo, ya que los análisis empíricos demuestran que los delitos de este tipo se cometen con cada vez más frecuencia a nivel transfronterizo, entre otras cosas, con la participación de personas de terceros países. Por muy eficaz que sea, la represión de estos actos delictivos no basta para garantizar en última instancia el éxito de estos esfuerzos, si se lleva a cabo en un solo Estado miembro. Por lo tanto, es muy importante una actuación conjunta eficaz por parte de las autoridades nacionales de supervisión en el ámbito del blanqueo de capitales, al igual que la actuación de los organismos nacionales de supervisión financiera con los órganos de la UE que operan en este ámbito, y también con las autoridades de supervisión de terceros países.

2.4.

La medida propuesta, que es objeto del presente dictamen, es solo de carácter parcial en el marco de la finalidad declarada. Para poder medir el éxito de esta última, es absolutamente necesario coordinarla con otros elementos, cuyo conjunto constituye un enfoque sistemático y coherente que dificultará en la medida de lo posible la comisión de estos delitos.

2.5.

En particular, la propuesta tiene por objeto: — optimizar el uso de los conocimientos técnicos y los recursos disponibles gracias a la centralización de las tareas en la Autoridad Bancaria Europea (ABE) relacionadas con la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todo el mercado financiero; — aclarar el alcance y el contenido de las tareas confiadas a la ABE en relación con la lucha contra el blanqueo de capitales; — reforzar los instrumentos para llevar a cabo las funciones de lucha contra el blanqueo de capitales; — consolidar la función de coordinación de la ABE en relación con la lucha internacional contra el blanqueo de capitales.

3.   Observaciones generales

3.1.

El CESE considera que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo está adquiriendo cada vez más importancia, no solo por la dinámica de los avances tecnológicos y las innovaciones financieras, sino también por los numerosos casos que se han puesto de manifiesto recientemente y en los que el sistema bancario y financiero ha sido utilizado indebidamente en varios Estados miembros de la UE para cometer estos delitos. En este contexto, el aumento del riesgo geopolítico, incluidas las actividades terroristas, también puede considerarse significativo.

3.2.

El CESE manifiesta su preocupación por la agravación del problema, ya que estos delitos y los intentos de blanquear los beneficios que de ellos se derivan a través del sector financiero se producen no solo en el ámbito transfronterizo de la UE, sino también en el contexto de actos delictivos que también se extienden a terceros países. El CESE se congratula de que la propuesta de la Comisión busque activamente una solución para estos problemas.

3.3.

En este contexto, el CESE recuerda que, aunque la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera ya se abordó en 2017 (1) y el Comité emitió un dictamen (2) sobre el mismo, aprobado en su pleno del 15 de febrero de 2018, nuevos datos y circunstancias han hecho necesario actualizar la propuesta, añadiendo elementos complementarios para que sea más eficaz. No obstante, el contenido del citado dictamen del CESE no ha perdido su validez ni su pertinencia. Al mismo tiempo, el CESE aprecia la respuesta flexible de la Comisión Europea a una serie de escándalos bancarios en diferentes países de la UE, que ha confirmado que quienes cometen estos actos delictivos pueden hacer un uso indebido tanto de las herramientas tecnológicas y de comunicación como de la legislación en vigor. De este modo, ponen de relieve las deficiencias del dispositivo de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales.

3.4.

El CESE toma nota de que los nuevos elementos contenidos en la propuesta son principalmente de carácter técnico y organizativo, si bien se requiere una solución más amplia y exhaustiva para la situación actual. Añade que la propuesta sometida a examen se refiere a una serie limitada de cuestiones relacionadas con el aumento de las competencias de la ABE y su coordinación con las autoridades nacionales de supervisión en la lucha contra el blanqueo de capitales y, en cierta medida y en algunos casos específicos, también con un cierto control sobre las mismas. Además, la propuesta no se refiere a la actividad de los servicios y unidades de análisis financiero. La propuesta se refiere, en general, a la coordinación de las actividades y los procedimientos, y no al contenido práctico de la lucha contra el blanqueo de capitales.

3.5.

El CESE hace especial hincapié en que el blanqueo de capitales permite legalizar los beneficios derivados de actividades que se consideran incompatibles con la ley y reprobables, pero que al mismo tiempo conducen a una asignación irracional de recursos, dado que estas operaciones tienen por objeto «no ser descubiertas» y «legalizar» los recursos invertidos o transferirlos a un lugar en el que se cometerán otros delitos, pero no necesariamente para producir beneficios. Al mismo tiempo, el CESE señala y destaca el hecho de que la actualización tampoco aborda ni el análisis de las nuevas tendencias ni la forma en que el blanqueo de capitales se está produciendo en las circunstancias actuales. La propuesta presta especial atención de forma estricta a aspectos concretos de la eliminación de estas prácticas desleales, reforzando sobre todo el papel que desempeñan la ABE y los órganos europeos de supervisión en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y mejorando su coordinación y comunicación con las autoridades nacionales de supervisión (en los casos de lucha contra el blanqueo de capitales), que forman parte de los órganos de supervisión de los mercados bancarios o financieros.

3.6.

En este contexto, el CESE considera absolutamente esencial un reparto de competencias adecuado entre la ABE y las autoridades nacionales, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Resulta totalmente indispensable, legítimo y justificado reforzar las competencias de la ABE para abordar las transacciones transfronterizas; no obstante, en lo que respecta a los casos puramente nacionales que la ABE no está en condiciones de tratar, el CESE añade que es necesario dejar las competencias en manos de las autoridades nacionales.

3.7.

Habida cuenta de que la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es decisiva para garantizar unas condiciones económicas y financieras saludables en toda la UE, el CESE se pregunta si no convendría crear una organización específica, por ejemplo, una nueva dirección general, en el brazo ejecutivo de la UE. Esta cuestión se considera cada vez más importante en el contexto del nombramiento de una nueva Comisión Europea en el otoño de 2019.

3.8.

El CESE también se pregunta sobre qué base se propone que la ABE desempeñe un papel de coordinación clave en la resolución de este problema. ¿Significa esto que la Comisión Europea considera a los bancos como el sector que más posibilidades ofrece para blanquear dinero y financiar el terrorismo en la UE?

3.9.

En relación con la propuesta sometida a examen, el CESE está de acuerdo en que se requiere una comunicación eficaz sobre la manera de abordar el problema. Esta comunicación debe centrarse no solo en un intercambio de información eficaz entre todos los órganos de supervisión interesados (comunicación interna), sino también en garantizar que la esfera pública (los clientes del sector financiero y el público en general) esté suficientemente informada.

4.   Observaciones específicas

4.1.

El CESE pide que la propuesta delimite de manera muy precisa los ámbitos y las relaciones en los que la ABE desempeñará un papel dominante frente a otros órganos de supervisión de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con unas competencias más amplias sobre el conjunto del mercado financiero.

4.2.

En esta misma línea, el CESE pide que se aclaren en mayor medida las condiciones en las que la ABE podrá supervisar los procedimientos de los órganos nacionales de supervisión o dirigir decisiones directa e individualmente a operadores del sector financiero.

4.3.

Al mismo tiempo, el CESE tiene especial interés en conocer la naturaleza de la colaboración con los órganos de supervisión de terceros países.

4.4.

El CESE pide, asimismo, que se aclare el modo en que se llevará a cabo la centralización de toda la información pertinente facilitada por las autoridades nacionales en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo cuando se trate de fuentes clasificadas como «secretas» o «muy secretas», y el modo en que se protegerán estas fuentes.

---

(1)  Véase la propuesta legislativa inicial, COM(2017)536 final de 20 de septiembre de 2017. Su objetivo era reforzar la capacidad de los órganos europeos de supervisión para garantizar la convergencia y la eficacia de la supervisión financiera, pero no abordaba específicamente el refuerzo del mandato de estos órganos en asuntos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

(2)  DO C 227 de 28.6.2018, p. 63.