ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 440

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Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

61.° año
6 de diciembre de 2018


Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

DICTÁMENES

 

Comité Económico y Social Europeo

 

537.o Pleno del CESE, 19.9.2018 – 20.9.2018

2018/C 440/01

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa (dictamen de iniciativa)

1

2018/C 440/02

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Confianza, privacidad y seguridad de los consumidores y las empresas en el internet de las cosas (dictamen de iniciativa)

8

2018/C 440/03

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre los Indicadores más adaptados para evaluar los ODS — Contribución de la sociedad civil (Dictamen de iniciativa)

14

2018/C 440/04

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La contribución de las zonas rurales de Europa al Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 para garantizar la sostenibilidad y la cohesión entre zonas urbanas y rurales (Dictamen de iniciativa)

22

2018/C 440/05

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El impacto de la subsidiariedad y de la sobrerregulación en la economía y el empleo (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia austriaca)

28

2018/C 440/06

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La brecha digital de género (Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo)

37

2018/C 440/07

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La bioeconomía como contribución a la consecución de los objetivos en materia de clima y de energía de la Unión Europea y de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (Dictamen exploratorio)

45


 

III   Actos preparatorios

 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

 

537.o Pleno del CESE, 19.9.2018 – 20.9.2018

2018/C 440/08

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Inteligencia artificial para Europa [COM(2018) 237 final]

51

2018/C 440/09

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable[COM(2018) 233 final]

57

2018/C 440/10

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE[COM(2018) 184 final — 2018/0089 (COD)] y b) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE[COM(2018) 185 final — 2018/0090 (COD)]

66

2018/C 440/11

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Nueva agenda europea de investigación e innovación: una oportunidad para que Europa trace su futuro(Contribución de la Comisión Europea a la reunión informal de dirigentes de la UE sobre innovación el 16 mayo de 2018 en Sofía) [COM(2018) 306 final]

73

2018/C 440/12

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 596/2014 y (UE) 2017/1129 en relación con el fomento del uso de los mercados de pymes en expansión [COM(2018) 331 final — 2018/0165 (COD)]

79

2018/C 440/13

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad[COM(2018) 336 final-2018/0168 (COD)]

85

2018/C 440/14

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, referentes a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/… y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 78/2009, (CE) n.o 79/2009 y (CE) n.o 661/2009 [COM(2018) 286 final — 2018/0145 COD]

90

2018/C 440/15

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que complementa la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión[COM(2018) 397 final-2018/0220 (COD)]

95

2018/C 440/16

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 469/2009 relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos[COM(2018) 317 final — 2018/0161 (COD)]

100

2018/C 440/17

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica y se corrige el Reglamento (UE) n.o 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos [COM(2018) 289 final — 2018/0142 (COD)]

104

2018/C 440/18

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Un presupuesto moderno para una Unión que proteja, empodere y vele por la seguridad. El marco financiero plurianual para el período 2021-2027[COM(2018) 321 final] — Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027[COM(2018) 322 final/2-2018/0166 (APP)] — Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea[COM(2018) 325 final-2018/0135 (CNS)] — Propuesta de Reglamento del Consejo sobre los métodos y el procedimiento de puesta a disposición de los recursos propios basados en la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, en el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea y en los residuos de envases de plástico que no se reciclan, y sobre las medidas para hacer frente a las necesidades de tesorería[COM(2018) 326 final-2018/0131 (NLE)] — Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión Europea[COM(2018) 327 final-2018/0132 (APP)] y Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1553/89 del Consejo, relativo al régimen uniforme definitivo de recaudación de los recursos propios procedentes del impuesto sobre el valor añadido[COM(2018) 328 final-2018/0133 (NLE)]

106

2018/C 440/19

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior[COM(2018) 374 final — 2018/0199 (COD)]

116

2018/C 440/20

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo[COM(2018) 373 final — 2018/0198 (COD)]

124

2018/C 440/21

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Autoridad Laboral Europea[COM(2018) 131 final — 2018/0064 (COD)]

128

2018/C 440/22

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Recomendación del Consejo relativa al acceso a la protección social para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia[COM(2018) 132 final]

135

2018/C 440/23

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Adaptación de la política común de visados a los nuevos retos[COM(2018) 251 final] y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre visados (Código de visados) [COM(2018) 252 final — 2018/0061 (COD)]

142

2018/C 440/24

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo [COM(2018) 171 final — 2018/0081 (COD)]

145

2018/C 440/25

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Recomendación del Consejo sobre la intensificación de la cooperación contra las enfermedades evitables por vacunación[COM(2018) 244 final — SWD(2018) 149 final]

150

2018/C 440/26

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 767/2008, el Reglamento (CE) n.o 810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento (UE) 2018/… [Reglamento sobre interoperabilidad] y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión 2008/633/JAI del Consejo[COM(2018) 302 final]

154

2018/C 440/27

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.o 178/2002 (legislación alimentaria general), la Directiva 2001/18/CE (liberación intencional en el medio ambiente de OMG), el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 (alimentos y piensos modificados genéticamente), el Reglamento (CE) n.o 1831/2003 (aditivos en los piensos), el Reglamento (CE) n.o 2065/2003 (aromas de humo), el Reglamento (CE) n.o 1935/2004 (materiales en contacto con alimentos), el Reglamento (CE) n.o 1331/2008 (procedimiento de autorización común para aditivos, enzimas y aromas alimentarios), el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 (productos fitosanitarios) y el Reglamento (UE) 2015/2283 (nuevos alimentos) [COM(2018) 179 final-2018/0088 (COD)]

158

2018/C 440/28

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro alimentario [COM(2018) 173 final]

165

2018/C 440/29

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones, se modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 por el que se establece un plan plurianual para el mar Báltico y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 811/2004, (CE) n.o 2166/2005, (CE) n.o 388/2006, (CE) n.o 509/2007 y (CE) n.o 1300/2008 [COM(2018) 149 final — 2018/0074 (COD)]

171

2018/C 440/30

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un plan de recuperación plurianual para el pez espada del Mediterráneo y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1967/2006 y (UE) 2017/2107[COM(2018) 229 final — 2018/0109 (COD)]

174

2018/C 440/31

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el fomento de la equidad y la transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea[COM(2018) 238 final — 2018/0112 (COD)]

177

2018/C 440/32

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo[COM(2018) 236 final]

183

2018/C 440/33

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo Conectar Europa y se derogan los Reglamentos (UE) n.o 1316/2013 y (UE) n.o 283/2014 [COM(2018) 438 final — 2018/0228 (COD)]

191

2018/C 440/34

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda para el período 2021-2027 (Programa Pericles IV) [COM(2018) 369 final — 2018/0194 (CNS)]

199


ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Comité Económico y Social Europeo

537.o Pleno del CESE, 19.9.2018 – 20.9.2018

6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/1


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa»

(dictamen de iniciativa)

(2018/C 440/01)

Ponente:

Franca SALIS-MADINIER

Decisión del Pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

183/1/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

La inteligencia artificial (IA) y la robótica contribuirán a aumentar y amplificar los efectos de la digitalización de la economía en los mercados de trabajo (1). El progreso técnico siempre ha influido en el trabajo y el empleo y ha hecho necesarias nuevas formas de encuadramiento social y de la sociedad. El CESE está convencido de que el desarrollo tecnológico puede contribuir al progreso económico y social, pero considera que sería una equivocación descuidar sus efectos globales en la sociedad. La IA aumentará y amplificará el alcance de la automatización de los puestos de trabajo en el mundo laboral (2). Por esta razón, el CESE desea contribuir a preparar las transformaciones sociales que acompañarán el auge de la IA y la robótica mediante el refuerzo y la renovación del modelo social europeo.

1.2.

El CESE desea subrayar el potencial que abren la IA y sus aplicaciones, en particular en los ámbitos de la asistencia sanitaria, la seguridad en el transporte y la energía, la lucha contra el cambio climático y la anticipación de las amenazas en materia de ciberseguridad. La Unión Europea, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil tienen un importante papel que desempeñar para aprovechar plenamente los beneficios que puede aportar la IA, en particular a las personas con discapacidad, las personas con movilidad reducida, las personas mayores y los enfermos crónicos.

1.3.

Sin embargo, la UE carece aún de datos sobre la economía digital y la consiguiente transformación social. El CESE recomienda mejorar las herramientas estadísticas y la investigación, en particular sobre la IA, la utilización de robots industriales y de servicios, la internet de las cosas y los nuevos modelos económicos (como la economía de las plataformas y las nuevas modalidades de empleo y de trabajo).

1.4.

El CESE pide que la Comisión Europea promueva y apoye la realización de estudios por los comités de diálogo social sectorial europeos sobre las repercusiones sectoriales de la IA y la robótica y, más en general, de la digitalización de la economía.

1.5.

En general, se admite que la IA y la robótica van a desplazar y transformar los puestos de trabajo, suprimiendo unos y creando otros. En todo caso, la UE debe garantizar el acceso a todos los trabajadores, por cuenta ajena, autónomos o falsos autónomos, a la protección social, de conformidad con el pilar europeo de derechos sociales.

1.6.

La Comisión ha propuesto reforzar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para que se beneficien de él, en particular, los trabajadores por cuenta ajena que pierden su empleo y los autónomos que se han visto obligados a interrumpir su actividad como consecuencia de la digitalización de la economía (3). El CESE considera que se trata de un paso hacia la creación de un auténtico Fondo Europeo de Transición que contribuya a una gestión socialmente responsable de la transformación digital.

1.7.

El CESE recomienda aplicar y reforzar los principios, compromisos y obligaciones enunciados en los textos existentes adoptados por las instituciones europeas, así como por los interlocutores sociales, sobre la información y consulta a los trabajadores (4), en particular con ocasión de la introducción de nuevas tecnologías, en particular la IA y la robótica. El CESE pide que se elabore un programa europeo inclusivo de IA, construido a partir de esos textos y del pilar europeo de derechos sociales, en el que participen todas las partes interesadas.

1.8.

El CESE recomienda que las directrices éticas sobre la IA que elabore la Comisión establezcan un límite claro en la interacción entre los trabajadores y las máquinas inteligentes, de modo que el ser humano no se convierta nunca en ejecutor de la máquina. Con vistas a una IA inclusiva, estas directrices deberán establecer principios de participación, responsabilidad y apropiación de los procesos de producción, de modo que, como se subraya en la Constitución de la OIT, el trabajo brinde a quienes lo realizan la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común.

1.9.

El CESE recomienda asimismo que dichas directrices incluyan principios de transparencia en la utilización de los sistemas de IA para la contratación, la evaluación y la supervisión administrativa de los trabajadores, así como principios de salud y seguridad y de mejora de las condiciones de trabajo. Por último, deberán garantizar la protección de los derechos y libertades relativos al tratamiento de los datos de los trabajadores, de conformidad con el principio de no discriminación.

1.10.

La aplicación de las directrices sobre ética en el ámbito de la IA deberá supervisarse. Podría asignarse esta función de supervisión o vigilancia a un Observatorio europeo de la ética de los sistemas de IA, también en el entorno empresarial.

1.11.

El CESE recomienda formar en las cuestiones éticas a los ingenieros y diseñadores de máquinas inteligentes, para evitar le creación de nuevas formas de taylorismo digital, en las que el ser humano quedaría relegado a ejecutar las consignas de las máquinas. Es necesario fomentar la difusión de buenas prácticas y los intercambios de experiencias en este ámbito.

1.12.

El CESE pide que se aclare el principio de responsabilidad legal. En la relación entre el hombre y la máquina, los riesgos emergentes para la salud y la seguridad deben ser objeto de un enfoque más ambicioso, de conformidad con la Directiva relativa a la responsabilidad por productos defectuosos (5).

1.13.

Dado el riesgo de polarización social en la transformación digital, el CESE pide a las instituciones de la UE que entablen un debate sobre la cuestión de la financiación de los presupuestos públicos y los sistemas de protección social en una economía en la que aumenta la densidad robótica (6), mientras los impuestos sobre el trabajo siguen siendo la principal fuente de ingresos fiscales en Europa. Para aplicar el principio de equidad, sería útil que este debate incluyera la cuestión de la redistribución de los beneficios de la digitalización.

2.   Introducción

2.1.

La IA registró una evolución desigual desde la aparición del concepto en 1956 y durante la segunda mitad del siglo XX. En ocasiones suscitó grandes esperanzas y, en otras, grandes desilusiones. Pero desde hace algunos años registra un nuevo e importante auge, que ha sido posible gracias a la recogida, organización y almacenamiento de una cantidad de datos (macrodatos) inédita en la historia de la humanidad y al aumento exponencial de la potencia de cálculo de los ordenadores y las capacidades de los algoritmos.

2.2.

El CESE elaboró un dictamen sobre la IA en 2017 (7), en el que abordó numerosos retos. Tal como se resaltaba en dicho dictamen, no existe una definición precisa de IA. A los efectos del presente dictamen, consideraremos la IA como una disciplina tendente a utilizar las tecnologías digitales para crear sistemas capaces de reproducir de forma autónoma las funciones cognitivas humanas, incluida la captación de datos y formas de comprensión y adaptación (solución de problemas, razonamiento y aprendizaje automáticos).

2.3.

En la actualidad, los sistemas de IA son capaces de resolver problemas complejos, en ocasiones fuera del alcance de la inteligencia humana. Las aplicaciones parecen potencialmente infinitas, tanto en los sectores de la banca, los seguros, el transporte, la asistencia sanitaria, la educación, la energía, el marketing y la defensa como en sectores como la industria, la construcción, la agricultura y la artesanía, etc. (8) Se espera que la IA mejore la eficiencia de los procesos de producción de bienes y servicios, estimule la rentabilidad empresarial y contribuya al crecimiento económico.

2.4.

Este nuevo auge de la IA ha hecho resurgir numerosas cuestiones sobre su posible función en la sociedad, su grado de autonomía y su interacción con el ser humano. Como resaltaba el dictamen del CESE sobre la IA aprobado en 2017 (9), dichas cuestiones afectan, en particular, a la ética, la seguridad, la transparencia, la vida privada y las normas laborales, la educación, la accesibilidad, la legislación y la reglamentación, la gobernanza y la democracia.

2.5.

Es conveniente combinar los distintos enfoques adoptados en el debate sobre la IA para sacar este debate del carril económico en el que se desliza a veces. Ese marco multidisciplinario sería útil para analizar las repercusiones de la IA en el mundo laboral, ya que es uno de los principales lugares de interacción entre el ser humano y la máquina. Desde siempre, la técnica ha tenido un impacto sobre el trabajo. Los efectos de la IA en el empleo y el trabajo requieren, por tanto, especial atención política, ya que las instituciones tienen el papel esencial de hacer que los procesos de transformación económica sean socialmente sostenibles (10).

2.6.

El objetivo del presente dictamen de iniciativa es poner de manifiesto los retos que plantea la IA en el ámbito del trabajo, por lo que respecta, entre otras cosas, a su naturaleza, las condiciones laborales y su organización. Como ya ha resaltado el CESE (11), es conveniente mejorar las estadísticas y la investigación para poder elaborar previsiones precisas sobre la evolución de los mercados de trabajo, así como indicadores claros sobre determinadas tendencias, relativas, en particular, a la calidad del trabajo, la polarización de los puestos de trabajo y las rentas y las condiciones laborales en la transformación digital. La UE carece de datos sobre la denominada economía «colaborativa», las plataformas de trabajo según demanda y los nuevos modelos de subcontratación en línea, así como sobre la utilización de los robots industriales y de servicios personales, la internet de las cosas y el uso y la definición de los sistemas de IA.

3.   IA y evolución del volumen de empleo

3.1.

La cuestión de la repercusión que tendrá la introducción de la IA y la robótica en los procesos de producción es controvertida. Muchos estudios han intentado responder a esta cuestión sin alcanzar un consenso científico. La diversidad de resultados (del 9 % al 54 % de empleos amenazados (12)) refleja la complejidad de las opciones metodológicas y su decisiva repercusión en los resultados de la investigación.

3.2.

Las previsiones son inciertas, ya que intervienen factores distintos del potencial técnico de automatización, como la evolución política, reglamentaria, económica y demográfica y la aceptación social. No basta que una tecnología esté desarrollada para garantizar su uso y difusión.

3.3.

Por último, es imposible predecir un balance neto de puestos de trabajo automatizables en cada sector sin tener en cuenta la transformación de las profesiones y el ritmo de creación de nuevos puestos. El desarrollo de los sistemas de IA requerirá, en efecto, nuevos puestos de trabajo en ingeniería, informática y telecomunicaciones (ingenieros, técnicos y operadores), así como profesiones asociadas a los macrodatos (big data): delegados de datos, analistas de datos, exploradores de datos, etc.

3.4.

El papel de las instituciones públicas será garantizar la sostenibilidad social de la transformación digital, que podrá afectar tanto a la cantidad como a la calidad de los puestos de trabajo (13). Uno de los riesgos señalados por los expertos es el de una polarización de los puestos de trabajo entre las «superestrellas», por un lado, que poseen cualificaciones útiles para la economía digital, y los «perdedores», por otro, cuyas cualificaciones, experiencia y conocimientos técnicos quedarán obsoletos de forma progresiva debido a esta transformación. En su reciente Comunicación (14), la Comisión Europea propone una respuesta a este reto esencial en materia de esfuerzos de educación, formación y mejora de las competencias básicas en escritura, lectura y cálculo, así como de las competencias digitales. Esa respuesta merece el apoyo de los agentes económicos y sociales, en particular en el marco del diálogo social nacional, europeo, interprofesional y sectorial (15).

3.5.

El CESE considera, no obstante, que esos esfuerzos no bastarán para responder a todos los retos, en particular a la incertidumbre sobre la evolución del empleo. Merece la pena desarrollar tres pistas complementarias: la de una IA «inclusiva», la de la anticipación de los cambios y, por último, cuando resulte inevitable la adopción de planes sociales, unas reestructuraciones socialmente responsables y reguladas.

4.   Una IA y una robotización inclusivas e inteligentes

4.1.

El CESE respalda la aplicación del principio de un programa de IA y de robotización inclusivas. Esto significa que, al introducir en las empresas nuevos procesos en los que se utilicen las nuevas tecnologías, sería útil hacer participar a los trabajadores en las modalidades de funcionamientos de esos procesos. Como señala el WRR (16), la introducción «inclusiva e inteligente» de nuevas tecnologías, en las que los trabajadores sigan ocupando un lugar central en el proceso y participen en su mejora, puede contribuir a favorecer la mejora de los procesos de producción (17).

4.2.

Dado el papel que desempeñan los algoritmos en las condiciones de contratación, trabajo y evaluación profesional, el CESE apoya el principio de transparencia algorítmica, que no consiste en revelar códigos, sino en hacer inteligibles los parámetros y criterios de las decisiones que se toman. El recurso humano debe ser posible en todo momento.

4.3.

Una IA que sitúa al trabajador en un lugar central tiene en cuenta las opiniones de las personas que deberán trabajar con los nuevos procesos tecnológicos, define claramente las tareas y responsabilidades que seguirán estando en manos de los trabajadores y mantiene formas de apropiación del trabajo por los trabajadores, para que estos no se conviertan en meros ejecutores.

4.4.

El principio de responsabilidad legal debe aclararse. Los robots industriales o de servicios colaboran cada vez más con el ser humano. La IA permite a los robots «salir de sus jaulas» y se pueden producir accidentes (18). Por esta razón, hay que establecer claramente las responsabilidades de los sistemas autónomos en caso de accidente, y se han de cubrir los riesgos en materia de salud y seguridad que puedan correr los trabajadores. La Comisión Europea está iniciando una reflexión sobre estos riesgos emergentes en el marco de la Directiva relativa a la responsabilidad por productos defectuosos (19). En lo que respecta a la seguridad en el trabajo, este enfoque debe ser más ambicioso.

4.5.

El principio de equidad aplicado al mundo laboral consiste en no desposeer al trabajador de su trabajo. Algunos expertos advierten del riesgo de que la IA contribuya a una forma de pérdida de cualificaciones de los trabajadores. Por lo tanto, es preciso velar por que, como se subraya en la Constitución de la OIT, el trabajo brinde a quienes lo realizan la satisfacción de utilizar en la mejor forma posible sus habilidades y conocimientos y de contribuir al máximo al bienestar común. Desde el punto de vista de la gestión, es también una forma de mantener la motivación en el trabajo.

5.   Anticipación del cambio

5.1.

Numerosos estudios han señalado en los últimos años un debilitamiento del diálogo social europeo, y en ocasiones nacional, y ello a pesar de la voluntad de «reactivación» expresada por la Comisión y el Consejo Europeo. Sin embargo, este diálogo social es una de las herramientas más adecuadas para hacer frente a los retos sociales de la digitalización. Por esta razón, el CESE aboga enérgicamente por que, en las empresas y a todos los niveles pertinentes, este diálogo sea una práctica constante a fin de preparar las transformaciones de un modo socialmente aceptable. El CESE recuerda que el diálogo social es uno de los mejores garantes de la paz social y la reducción de las desigualdades. Más allá de las declaraciones políticas de reactivación, las instituciones de la UE tienen la gran responsabilidad de fomentar y alimentar este diálogo social.

5.2.

En particular, cuando se trata de introducir estas tecnologías, el diálogo social debe permitir conocer las perspectivas de transformación de los procesos de producción a escala de las empresas y los sectores, y apreciar las nuevas necesidades en términos de cualificaciones y formación, pero también reflexionar en fases previas sobre la utilización de la IA para mejorar los procesos organizativos y de producción, aumentar las cualificaciones de los trabajadores y optimizar los recursos liberados por la IA para desarrollar nuevos productos y servicios, o mejorar la calidad del servicio al cliente.

5.3.

Reestructuraciones socialmente responsables

5.4.

Cuando se considere inevitable la adopción de planes sociales, los retos consistirán en la gestión social de las reestructuraciones. Como han señalado los interlocutores sociales europeos en sus «Orientaciones de referencia para la gestión del cambio y sus consecuencias sociales» (20), muchos estudios de casos resaltan la importancia de buscar todas las alternativas posibles a los despidos, como la formación, la reconversión y el apoyo a la creación de empresas.

5.5.

En caso de reestructuraciones, la información y la consulta de los trabajadores deben permitir, conforme a las directivas europeas aplicables (21), favorecer la prevención de los riesgos, facilitar el acceso de los trabajadores a la formación dentro de la empresa, flexibilizar la organización del trabajo garantizando la seguridad, y promover la participación de los trabajadores en la marcha y el futuro de la empresa.

5.6.

Por último, como destaca con acierto la Comisión Europea, la UE debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos, incluidos los trabajadores por cuenta ajena y los autónomos o falsos autónomos, a la protección social, «con independencia del tipo y la duración de su relación laboral», de acuerdo con el pilar europeo de derechos sociales (22).

6.   IA y evolución de las condiciones de trabajo

6.1.

El 25 de abril de 2018, la Comisión Europea propuso un «enfoque europeo» a fin de promover políticas de inversión para el desarrollo de la IA y establecer directrices en materia de ética. La Comisión destaca el potencial de las tecnologías de IA de transformar nuestras sociedades, sobre todo en los sectores del transporte, sanitario y de la industria manufacturera.

6.2.

Este potencial de transformación se manifiesta en los procesos de producción y también tiene un impacto en el contenido del trabajo, que puede ser positivo, debido, en particular, a que la IA puede mejorar dichos procesos y la calidad del trabajo. Los mismos efectos positivos pueden registrarse en las organizaciones de trabajo «flexibles», en las que el poder de decisión compartido tiene más importancia, así como la autonomía de los equipos, la polivalencia, la organización horizontal y las prácticas innovadoras y participativas (23).

6.3.

Como resaltan el CESE (24) y la propia Comisión, la IA puede ayudar a los trabajadores en las tareas repetitivas, arduas e incluso peligrosas, y algunas aplicaciones de IA pueden mejorar su bienestar y facilitarles su vida diaria.

6.4.

Pero esta visión plantea nuevas cuestiones, en particular en lo concerniente a la interacción entre la IA y el trabajador, y la evolución del contenido del trabajo. En las fábricas, las empresas y las oficinas, ¿hasta qué punto las máquinas inteligentes serán autónomas y cuáles serán las formas de complementariedad con el trabajo humano? El CESE destaca que, en el nuevo mundo laboral, resulta esencial definir la relación del ser humano con la máquina. Se considera fundamental adoptar un enfoque centrado en el control de la máquina por el ser humano (25).

6.5.

A priori, no es éticamente aceptable que un ser humano se vea limitado por la IA, o que sea considerado un ejecutor de la máquina, que le dictaría las tareas que debe realizar, el modo de hacerlo y los plazos de ejecución. Sin embargo, en ocasiones, parece que se franquea esta frontera ética (26). Por consiguiente, es importante que esta frontera quede claramente formulada en las directrices sobre ética en el ámbito de la IA.

6.6.

Evitar reproducir hoy nuevas formas de taylorismo digital orquestado por los desarrolladores de máquinas inteligentes, debe ser una prioridad para la UE. Por esta razón, como ha afirmado el CESE recientemente, los investigadores, ingenieros, diseñadores y empresarios europeos que contribuyen a desarrollar y comercializar sistemas de IA, deben actuar con arreglo a criterios de responsabilidad ética y social. La integración ética y de las ciencias humanas en el plan de estudios de ingeniería puede constituir una buena respuesta ante este imperativo (27).

6.7.

Otra cuestión tiene que ver con la vigilancia y el control administrativo. Todo el mundo está de acuerdo en la necesidad de una vigilancia razonable de los procesos de producción y, por tanto, también del trabajo efectuado. Hoy, nuevas herramientas tecnológicas permiten, en potencia, implantar sistemas inteligentes de control total en tiempo real de los trabajadores, lo que entraña el riesgo de una vigilancia y un control desproporcionados.

6.8.

La cuestión del carácter razonable y proporcionado del control de la ejecución del trabajo y de los indicadores de rendimiento, de la relación de confianza entre gestor y gestionado, es un tema que merece figurar también en el orden del día del diálogo social nacional, europeo, interprofesional y sectorial.

6.9.

Los temas de los sesgos de los algoritmos, los datos de entrenamiento y los posibles efectos perversos de discriminación siguen siendo controvertidos. Para algunos, los algoritmos y otros programas informáticos de contratación predictivos podrían reducir las discriminaciones en la contratación y favorecer la contratación de los más «inteligentes». Para otros, los programas informáticos de contratación siempre pueden reflejar, incluso de forma involuntaria, los sesgos de los programadores de los robots-contratadores. Según algunos expertos, los modelos algorítmicos nunca dejarán de ser más que opiniones revestidas de matemáticas (28). Por esta razón, es necesario velar por que sea posible un recurso humano (en relación con el principio de transparencia anteriormente desarrollado: derecho a solicitar los criterios de decisión), y por que la recogida de los datos y su tratamiento respondan a los principios de proporcionalidad y finalidad. En todos los casos, los datos solo pueden utilizarse para los fines para los que han sido recogidos (29).

6.10.

La posibilidad que el Reglamento general de protección de datos ofrece a los Estados miembros de prever, por ley o mediante convenios colectivos, normas más específicas para garantizar la protección de los derechos y libertades en materia de tratamiento de los datos personales de los trabajadores en el marco de las relaciones laborales, representa una auténtica palanca que deben aprovechar los Estados y los interlocutores sociales (30).

6.11.

Conviene señalar aquí que los riesgos no solo afectan a los trabajadores por cuenta ajena. El desarrollo de la subcontratación en línea, del trabajo en plataformas y de las distintas formas de trabajo participativo va acompañada también de nuevos sistemas de gestión automatizados del rendimiento y la asistencia, cuyos límites éticos parecen franquearse en ocasiones (activación de la webcam del trabajador por la plataforma, capturas de pantalla a distancia, etc.).

6.12.

A menudo, los algoritmos de esas plataformas, que definen entre otras cosas la remuneración del trabajador autónomo, su reputación digital y sus posibilidades de acceso a las tareas, son opacos. No se explican sus modos de funcionamiento a los trabajadores, que no tienen acceso a los criterios de funcionamiento que se les aplican.

7.   Preparar una transición justa

7.1.

A medio plazo, el riesgo de polarización social resaltado por numerosos expertos hace necesaria una reflexión de fondo sobre el futuro de nuestros modelos sociales, incluida su financiación. El CESE pide a la Comisión que entable un debate sobre la cuestión de los impuestos y la financiación de los presupuestos públicos y los sistemas de protección social en una economía en la que aumenta rápidamente la densidad robótica (31), mientras los impuestos sobre el trabajo siguen siendo la principal fuente de ingresos fiscales en Europa. Este debate debería incluir la cuestión de la redistribución de los dividendos de la digitalización.

7.2.

La Comisión propone reforzar el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para que se beneficien de él, en particular, los trabajadores por cuenta ajena que pierdan su empleo y los autónomos que se hayan visto obligados a interrumpir su actividad como consecuencia de la digitalización o automatización de la economía (32). El CESE considera que se trata de un paso hacia la creación de un auténtico Fondo Europeo de Transición que contribuya a la anticipación y a la gestión socialmente responsable de la transformación digital y de las reestructuraciones que conlleve.

7.3.

Los aspectos sociales y, más en general, societales de la IA son objeto cada vez más de debates nacionales. Los recientes debates en el Parlamento británico (33) y en el Senado francés han puesto de manifiesto la necesidad de promover un enfoque ético de la IA, basado en cierto número de principios, como la lealtad, la transparencia y la explicación de los sistemas algorítmicos, la ética y la responsabilidad de las aplicaciones de IA, y la sensibilización de los investigadores, expertos y especialistas en la posible mala utilización de los resultados de sus investigaciones. En Francia, el informe Villani se propone «dar un sentido» a la IA (34). Numerosos expertos de las universidades de Yale, Stanford, Cambridge y Oxford advierten contra las «vulnerabilidades no resueltas» de la IA y hacen valer la imperiosa necesidad de preverlas, prevenirlas y mitigarlas (35). Del mismo modo, el Fonds de recherche du Québec (FRQ), en cooperación de la Universidad de Montreal, trabaja desde hace algunos meses en un proyecto para crear un Observatorio mundial del impacto social de la IA y la digitalización (36).

7.4.

Todas estas iniciativas demuestran la necesidad de sacar el debate sobre la IA del carril económico y técnico, y ampliar las deliberaciones públicas sobre el papel que la sociedad quiere que desempeñe la IA, también en el mundo laboral. Esas deliberaciones permitirán evitar la trampa de la «falsa dicotomía» entre una visión totalmente inocente y optimista de la IA y sus efectos, y una visión catastrofista (37). Que esos debates se lancen a escala nacional es una primera etapa útil, pero la UE tiene también un papel que desempeñar, en particular mediante la definición de directrices en materia ética, como ha empezado a hacer la Comisión.

7.5.

La aplicación de dichas directrices deberá confiarse a un Observatorio consagrado a la ética de los sistemas de IA. Se trata de poner la IA y sus aplicaciones al servicio del bienestar y la emancipación de los ciudadanos y los trabajadores, dentro del respeto de los derechos fundamentales, y evitar que contribuyan de forma directa o indirecta a procesos de desapropiación, desaprendizaje y pérdida de cualificaciones y de autonomía. El principio del «ser humano al mando» en todos los contextos, entre ellos el laboral, debe encontrar aplicaciones concretas.

7.6.

Este principio ha de aplicarse asimismo a otros sectores de actividad, como los profesionales de la salud, que proporcionan servicios estrechamente vinculados con la vida, la salud, la seguridad y la calidad de vida de los seres humanos. Únicamente unas normas éticas rigurosas podrán garantizar que no solo los trabajadores, sino también los consumidores, los pacientes, los clientes y los demás prestatarios de servicios, puedan beneficiarse plenamente de las nuevas aplicaciones de IA.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Acemoglu, D., Restrepo, P. (2018), «Artificial Intelligence, Automation and Work», NBER Working Paper 24196, enero de 2018. Véase también: Conseil d’orientation pour l’emploi (2017), Automatisation, numérisation et emploi. (tomo 1) (www.coe.gouv.fr)

(2)  Acemoglu, D., op.cit.; Conseil d’orientation pour l’emploi (2017), op. cit.

(3)  COM(2018) 380 final.

(4)  Directiva 2002/14/CE; Declaración conjunta de intenciones UNICE-CESE-CEEP sobre el diálogo social y las nuevas tecnologías, 1985; Dictamen conjunto de los interlocutores sociales sobre las nuevas tecnologías, la organización del trabajo y la capacidad de adaptación del mercado de trabajo, 1991; Orientaciones de referencia para la gestión del cambio y sus consecuencias sociales, 2003.

(5)  COM(2018) 246 final.

(6)  https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robots-double-worldwide-by-2020.

(7)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1.

(8)  Véase asimismo: https://www.techemergence.com.

(9)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1.

(10)  Eurofound (2018), Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo.

(11)  DO C 13 de 15.1.2016, p. 161.

(12)  Frey y Osborne, 2013; Bowles, 2014; Arntz, Gregory y Zierahn, 2016; Le Ru, 2016; McKinsey, 2016; OCDE, 2017; véase también el Dictamen exploratorio CCMI/136, DO C 13 de 15.1.2016, p. 161.

(13)  http://www.oecd.org/fr/emploi/avenir-du-travail/.

(14)  COM(2018) 237 final.

(15)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

(16)  Consejo científico neerlandés para la política gubernamental.

(17)  https://english.wrr.nl/latest/news/2015/12/08/wrr-calls-for-inclusive-robot-agenda.

(18)  Véanse los trabajos sobre «riesgos emergentes» de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (https://osha.europa.eu/fr/emerging-risks). Según la Agencia, los actuales enfoques y normas técnicas dirigidos a proteger a los empleados de los riesgos de trabajar con robots colaborativos tendrán que revisarse a la luz de estos desarrollos.

(19)  COM(2018) 246 final.

(20)  Texto conjunto UNICE, CEEP, UEAPME y CESE, 16.10.2003.

(21)  Directiva 2002/14/CE que establece un marco general relativo a la información y consulta de los trabajadores en la UE.

(22)  DO C 303 de 19.8.2016, p. 54; DO C 173 de 31.5.2017, p. 15; DO C 129 de 11.4.2018, p. 7 y DO C 434 de 15.12.2017, p. 30.

(23)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 30.

(24)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

(25)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1; DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

(26)  Varios medios de comunicación europeos se han hecho eco de las condiciones de trabajo en algunos centros logísticos, en los que los trabajadores se encuentran bajo el control de algoritmos que les indican las tareas que deben realizar en plazos prescritos y en los que su rendimiento se mide en tiempo real.

(27)  DO C 367 de 10.10.2018, p. 15.

(28)  Para Cathy O’Neil, doctora por la Universidad de Harvard y especialista en la ciencia de datos, «Models are opinions embedded in mathematics» (los modelos son opiniones incorporadas a las matemáticas) (https://www.theguardian.com/books/2016/oct/27/cathy-oneil-weapons-of-math-destruction-algorithms-big-data).

(29)  Véanse, en particular, los trabajos de la CNIL (Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades) en Francia («Comment permettre à l’homme de garder la main? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle» (¿Cómo lograr que el hombre mantenga el control? Los desafíos éticos de los algoritmos y la inteligencia artificial),

https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf).

(30)  Reglamento (UE) n.o 2016/679 (artículo 88).

(31)  https://ifr.org/ifr-press-releases/news/robots-double-worldwide-by-2020.

(32)  COM(2018) 380 final.

(33)  https://www.parliament.uk/ai-committee.

(34)  http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid128577/rapport-de-cedric-villani-donner-un-sens-a-l-intelligence-artificielle-ia.html.

(35)  https://www.eff.org/files/2018/02/20/malicious_ai_report_final.pdf.

(36)  http://nouvelles.umontreal.ca/article/2018/03/29/le-quebec-jette-les-bases-d-un-observatoire-mondial-sur-les-impacts-societaux-de-l-ia/.

(37)  Acemoglu, D., op.cit. Véase también Eurofound 2018, Automation, digitalisation and platforms: Implications for work and employment, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, Luxemburgo, p. 23: «The risks comprise unwarranted optimism, undue pessimism and mistargeted insights».


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/8


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Confianza, privacidad y seguridad de los consumidores y las empresas en el internet de las cosas»

(dictamen de iniciativa)

(2018/C 440/02)

Ponente:

Carlos TRIAS PINTÓ

Coponente:

Dimitris DIMITRIADIS

Decisión del Pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29. 2 del Reglamento interno

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobación en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

182/3/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El internet de las cosas (en adelante, IoT, por sus siglas en inglés), a partir de la interconectividad de personas y objetos, representa un inmenso abanico de oportunidades para los ciudadanos y las empresas, que deben venir acompañadas de una serie de garantías y controles para asegurar una implantación satisfactoria.

1.2.

Teniendo en cuenta que uno de los pilares del IoT radica en la toma de decisiones automática sin intervención humana, debe garantizarse que estas no socavan los derechos de los consumidores ni conllevan en modo alguno riesgos de carácter ético o contrarios a principios y derechos humanos fundamentales.

1.3.

El CESE solicita a las instituciones europeas y a los Estados miembros que:

1.3.1.

velen por la protección de la seguridad y la privacidad, a través de la elaboración de los marcos regulatorios adecuados, que contemplen estrictas medidas de seguimiento y control;

1.3.2.

delimiten con claridad la responsabilidad de todos los profesionales en la cadena de suministro del producto y en los flujos de información asociados al mismo, evitando los vacíos legales cuando concurren diversos productores y distribuidores;

1.3.3.

establezcan recursos adecuados y mecanismos efectivos de coordinación entre la Comisión Europea y los Estados miembros para garantizar una aplicación coherente y armonizada tanto de la normativa que se someta a revisión como de la nueva regulación, abordando en paralelo el entorno internacional;

1.3.4.

vigilen el desarrollo de las tecnologías emergentes relacionadas con el IoT, para garantizar un nivel elevado de seguridad, plena transparencia y una accesibilidad equitativa;

1.3.5.

fomenten las iniciativas de normalización europeas e internacionales para garantizar la fiabilidad, disponibilidad, resistencia y mantenimiento de los productos;

1.3.6.

vigilen los mercados y preserven el level playing field en la implementación del IoT, evitando la concentración de poder económico transnacional en los nuevos actores tecnológicos;

1.3.7.

se comprometan a promover acciones de sensibilización y capacitación en competencias digitales, de la mano de la investigación fundamental e innovación en la materia;

1.3.8.

garanticen la plena aplicación y una utilización eficaz de los sistemas de resolución alternativa de litigios o de resolución de litigios en línea (RAL y RLL), y

1.3.9.

aseguren la existencia, la aplicación y el funcionamiento eficaz de un sistema europeo de acciones colectivas que permita las órdenes de cesación y la obtención de una indemnización en aquellos casos en que el uso del IoT cause daños o perjuicios de carácter colectivo, como se desprende del Nuevo Marco para los Consumidores.

1.4.

La confianza de los consumidores vendrá asociada tanto al estricto cumplimiento de la legislación correspondiente como a la comunicación de buenas prácticas empresariales en materia de privacidad y seguridad, y es deber de las instituciones engarzarlas con las estrategias de responsabilidad social corporativa y de inversión socialmente responsable.

1.5.

El impacto social y económico del IoT se acrecentará positivamente en la medida en que se entrelace adecuadamente con el desarrollo de políticas socioambientales en el marco de la economía colaborativa, la economía circular y la economía de la funcionalidad.

2.   Antecedentes y contexto

2.1.

Durante los quince últimos años, la irrupción de internet ha producido transformaciones en todos los ámbitos de la vida cotidiana, afectando a los diferentes hábitos de consumo. Se prevé que en los próximos diez años la revolución del internet de las cosas alcance los sectores energético, agropecuario o de transportes, así como los más tradicionales de la economía y la sociedad, lo cual lleva a diseñar políticas integrales que aborden de forma inteligente esta disrupción tecnológica.

2.2.

El concepto de IoT surgió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), y su idea radica básicamente en un mundo lleno de dispositivos totalmente interconectados de manera que puedan automatizarse en conjunto los distintos procesos interoperables. Por su parte, la Unión Europea lleva preparándose para abordar la convergencia digital y los nuevos desafíos del IoT desde el lanzamiento del plan «i2010: Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo» (1), hasta el reciente Plan de Acción de IoT (véase el documento Advancing the Internet of Things in Europe, que formó parte en 2016 de la Comunicación «Digitalización de la industria europea. Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital») (2).

2.3.

El CESE se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la cuarta revolución industrial, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, y se remite en particular al Dictamen emitido en 2017 (3). De hecho, el IoT es el ámbito predilecto de aplicación de las formas más avanzadas de IA y donde los principios definidos por el CESE son puestos a prueba, en particular el principio de que los seres humanos tengan en todo momento control.

2.4.

Los dispositivos del IoT carecen a menudo de las normas de autenticación necesarias para mantener la seguridad de los datos de usuario. Esto da lugar a la aparición de problemas, al quedar expuestos a fallos de seguridad los dispositivos, los datos y los miembros de la cadena de suministro.

2.5.

Las tecnologías emergentes, como la cadena de bloques, pueden resolver problemas de seguridad y confianza: pueden utilizarse para rastrear las mediciones de los datos procedentes de sensores y evitar no solo la duplicación con cualquier otro dato malintencionado sino también preservar la integridad y la trazabilidad de las modificaciones; un libro de contabilidad distribuido puede permitir la identificación de dispositivos del IoT, la autenticación y la transferencia de datos segura, sin fallas; los sensores del IoT pueden utilizarse para intercambiar datos a través de una cadena de bloques en lugar de un tercero; el uso de contratos inteligentes permite la autonomía de los dispositivos, así como la identidad individual y la integridad de los datos; los costes de creación y funcionamiento se reducen al no haber intermediarios; por último, los dispositivos del IoT de la cadena de bloques proporcionan el historial de los dispositivos conectados, muy útil si es necesario resolver problemas (4).

2.6.

Por otra parte, se están desarrollando tecnologías de contabilidad distribuida de código abierto para el intercambio de información y valor entre máquinas en el IoT. No permiten la minería de datos pero utilizan una arquitectura inspirada en un concepto matemático llamado gráfico acíclico dirigido (DAG), que evita las comisiones y propicia que la red aumente su capacidad conforme se incremente el número de usuarios.

2.7.

Estamos ante un hecho con un gran potencial económico y social (5), que presenta grandes oportunidades pero también importantes desafíos asociados a riesgos implícitos, con un carácter multidisciplinar y transversal que afecta por igual a empresas y consumidores, administraciones y ciudadanos. Por ello, el tratamiento de este asunto debe contemplar un enfoque común y, a la vez, particularizado en todo aquello que resulte singular para una u otra condición. Al respecto, basta apuntar que Naciones Unidas estimaba para 2020 en cincuenta mil millones los dispositivos interconectados, con aplicaciones para consumidores a través de televisores, refrigeradores, cámaras de seguridad, vehículos, etc.

2.8.

Las aplicaciones del IoT ya arrojan beneficios económicos y sociales en el marco de un mundo globalizado, entre otros, más servicios sensibles al contexto socioeconómico, ciclos de retroalimentación más cortos, reparaciones a distancia, soportes para la toma de decisiones, mejor asignación de recursos o un control remoto de servicios. Sin embargo, hay factores asociados muy sensibles, tales como la privacidad y la seguridad, la asimetría informativa y la transparencia de las transacciones, responsabilidades complejas, bloqueos de productos y sistemas, o también, un incremento de los productos híbridos que puede afectar en términos de propiedad y exponer a los consumidores a la aplicación de contratos a distancia, con la consiguiente merma de garantías.

2.9.

Los ingentes desafíos legales a los que se enfrentan la UE y sus Estados miembros se explican por el hecho de que muchas de las características específicas del IoT (altos niveles de complejidad y alta interdependencia, el elemento de autonomía, los componentes de generación y/o procesamiento de datos, y una dimensión abierta) son compartidas con otras tecnologías digitales emergentes como la blockchain, la impresión en 3D y la computación en la nube. En opinión del CESE, el documento de trabajo de la Comisión Europea (6) sobre la responsabilidad de las tecnologías digitales emergentes da un paso más en la dirección adecuada.

2.10.

En definitiva, maximizar beneficios y minimizar los riesgos asociados al IoT conlleva facilitar información accesible, clara, concisa y precisa, promoviendo en particular la inclusión y la conectividad digital de los consumidores más vulnerables, mediante el diseño de productos y servicios plenamente trazables que incorporen normas integradas de confianza, privacidad y seguridad.

3.   Confianza de consumidores y empresarios en el IoT

3.1.

El IoT es un complejo ecosistema que permite la interconexión de dispositivos procedentes de diferentes fabricantes, distribuidores o desarrolladores de software, lo que puede generar dificultades para determinar la responsabilidad en situaciones de incumplimiento normativo, o de daños materiales u otros daños a terceros o a sistemas causados por productos defectuosos o por el uso indebido de los productos en la red por parte de terceros, excluidos los usuarios finales. Incluso cabe la posibilidad de que muchos de los operarios que participan en la cadena de valor global del producto no cuenten con suficientes conocimientos y experiencia en temas de seguridad o de protección de datos para dispositivos en red.

3.2.

Por ello se requiere un nuevo enfoque de las responsabilidades orientado a garantizar que tanto los consumidores como las empresas que adopten aplicaciones de IoT estén protegidos en un entorno en el que productos con una configuración adecuada puedan volverse defectuosos e inseguros como resultado de incidentes de seguridad digital o utilizarse indebidamente (por ejemplo, por piratas informáticos). Este entorno debe permitir anticipar, prevenir y protegerse de aquellas decisiones automatizadas que puedan vulnerar los fundamentos éticos y los derechos humanos universalmente reconocidos.

3.3.

El CESE aplaude tanto la revisión de la aplicación de la Directiva de 1985 en materia de responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos (7) como la reciente creación del grupo de expertos multistakeholder sobre responsabilidad y nuevas tecnologías, para garantizar un equilibrio justo entre los intereses de los productores y los consumidores. Un nuevo marco de responsabilidad deberá contemplar de forma clara la trazabilidad de la responsabilidad y la seguridad tanto a lo largo de la cadena de valor del producto como durante su ciclo de vida, incorporando la sostenibilidad como nuevo factor que obligará a contemplar la actualización, mejora, portabilidad, compatibilidad, reutilización, reparación o readaptación del producto.

3.4.

También debe ser objeto de consideración específica para el IoT la determinación de responsabilidad de todos los profesionales en la cadena de suministro del producto, evitando los vacíos legales cuando concurren diversos productores y distribuidores. El CESE considera imprescindible especificar claramente los procedimientos que los consumidores deben seguir en cada caso, promoviendo los mecanismos de resolución alternativa de litigios (ADR, por sus siglas en inglés).

3.5.

El CESE hace hincapié en la importancia de la información precontractual y la transparencia de las cláusulas que se estipulen, así como de las instrucciones de uso de los dispositivos, con advertencia explícita de los posibles riesgos asociados y de la cobertura de los mismos.

3.6.

La interoperabilidad y compatibilidad de los dispositivos y software asociados debe garantizarse, para evitar bloqueos y posibilitar al consumidor comparar proveedores. El CESE remarca que este factor también es clave para establecer un level playing field entre grandes empresas y pymes.

3.7.

Finalmente, el CESE aboga por respetar la neutralidad de la red y exhorta a la Comisión a que ejerza una estricta vigilancia de la conducta de mercado.

4.   Privacidad de los consumidores en el IoT

4.1.

Los consumidores han visto reforzada la capacidad de ejercer control sobre sus datos personales y preferencias de privacidad con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (8). El usuario de un dispositivo debe tener el control de cómo se utilizan los datos que genera y quién puede acceder a ellos, teniendo en cuenta que la diversidad de datos, así como la agregación y vinculación a otros datos, suponen un grave riesgo para la privacidad en el ecosistema del IoT.

4.2.

Conviene tener presente la incidencia que la multiplicidad de productos, servicios o entidades puede tener en la privacidad y en la protección de datos cuando estos se transfieren de forma autónoma con arreglo a su interconectividad. Y del mismo modo, en aquellos casos en los que se trata o reelabora la información a partir de datos inicialmente inocuos, se podría llegar a adquirir un conocimiento preciso de hábitos, ubicaciones, intereses y preferencias de los individuos, lo que incrementa la accesibilidad y rastreabilidad del perfil del usuario.

4.3.

Las garantías jurídicas deben asegurar la plena capacidad de los usuarios para ejercer sus derechos de privacidad y protección de datos personales sin limitación alguna, evitando así potenciales daños como las prácticas discriminatorias, la comercialización invasiva, la pérdida de privacidad o las violaciones de seguridad. Por otra parte, los consumidores deberían tener información sobre el valor económico de sus datos y reservarse el derecho de poder compartirlos.

4.4.

Como ya dispone el RGPD, empresas y reguladores deberán revisar periódicamente el alcance de la recopilación de datos personales y evaluar en qué medida los datos procesados son proporcionados y necesarios para la realización del servicio. Los aspectos e impactos de privacidad deben evaluarse a lo largo de toda la concepción, ciclo de diseño y desarrollo de un producto conectado y el ecosistema en red en el que opera (privacidad por diseño). Por consiguiente, los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto deben aplicarse de manera coherente en el IoT.

4.5.

Así mismo, de forma predeterminada, la configuración de cualquier producto conectado debe establecerse en el nivel más alto de protección de la privacidad (por diseño y por defecto), evitando el seguimiento no deseado del comportamiento de los usuarios y sus ocupaciones.

4.6.

En todo caso, los consumidores deberán conocer de forma fehaciente los datos que se recopilan, quienes acceden a ellos y la utilidad que se les pretende dar mientras la relación de producto o servicio se mantenga activa, así como la política de privacidad aplicable y si los algoritmos utilizados afectan a la calidad, el precio o el acceso a un servicio.

5.   Seguridad de consumidores y empresarios en el IoT

5.1.

La interconectividad de dispositivos que caracteriza el ecosistema del IoT puede alentar el desarrollo de prácticas tecnológicas ilegales o indeseables, convirtiéndose en un espacio propicio para la vulnerabilidad y su propagación viral. Por ello debe acometerse la seguridad de forma integral, en todos y cada uno de los componentes del sistema.

5.2.

La oferta de productos y actualizaciones vinculadas a la ciberseguridad deberá ser justificada y brindar cobertura no solo a dispositivos individuales, sino extenderse también a los riesgos de seguridad que comporta la interconectividad con otros dispositivos en el IoT, no reduciéndose por razón de su número los estándares de calidad de dicha seguridad.

5.3.

A este respecto, la propuesta de Reglamento relativo a la Agencia de Ciberseguridad de la UE (9) incluye un marco de certificación de las tecnologías de la información y la comunicación que permitirá la definición de esquemas de certificación de seguridad y etiquetado para diferentes tipos de productos, entre los que se encuentran los del IoT. Si bien el CESE aplaude esta medida, también expresa su preocupación por el hecho de que no tenga carácter obligatorio.

5.4.

Las medidas de ciberseguridad deberían abarcar los riesgos contra cualquier tipo de vulnerabilidad y, en particular, el hackeo, el acceso no permitido o el mal uso, así como en lo relativo a los medios de pago y los fraudes financieros. A este respecto, el CESE respalda las competencias atribuidas al grupo de expertos multistakeholdersobre responsabilidad y nuevas tecnologías.

5.5.

Asimismo, deberá contemplarse la seguridad personal de los consumidores ante riesgos como el uso de proximidad, las bandas de frecuencia compartidas, la exposición a campos electromagnéticos o posibles interferencias con equipos vitales conectados. El CESE aboga por aplicar medidas de vigilancia y retirada preventiva ante riesgos que afecten a la salud y la seguridad de los consumidores o a sus intereses personales y económicos.

5.6.

Las empresas deberán adoptar estándares de buenas prácticas, como la seguridad por diseño y por defecto, y someterse a evaluaciones externas independientes. En caso de incidentes de seguridad o violaciones de datos, las empresas estarán obligadas a notificar dichas incidencias, incluyendo información relativa a la responsabilidad por daños e incumplimiento normativo.

5.7.

Las empresas deberán facilitar a los consumidores información sencilla y accesible que les permita tomar decisiones adecuadas y adoptar prácticas seguras, proporcionando las actualizaciones de seguridad que resulten esenciales a lo largo del ciclo de vida del producto.

5.8.

Debe abordarse la falta de normas coherentes en relación con las redes de IoT. Es preciso desarrollar tecnologías avanzadas de banda ancha y de nueva generación que mejoren las actuales infraestructuras.

6.   Propuestas de acción en el marco de las políticas públicas (10)

6.1.

Los poderes públicos, en el ejercicio de sus competencias en los diferentes ámbitos territoriales de la Unión Europea, deberán participar activamente en la elaboración de las políticas y planes de acción del IoT con el objetivo de lograr un equilibrio entre las distintas partes interesadas, anticipando las problemáticas y paliando prudencialmente los posibles efectos adversos. El CESE propone:

6.1.1.

crear entornos de prueba (sand boxes), es decir, espacios físicos, clusters, etc., para los proyectos piloto y las pruebas de concepto; Estos deberían tener como objetivo ensayar no solo tecnologías, sino también los modelos de reglamentación (11).

6.1.2.

financiar infraestructuras tecnológicas que permitan el desarrollo de proyectos innovadores de IoT en el marco del nuevo programa «Horizonte Europa»;

6.1.3.

designar institutos y agencias independientes como facilitadores y supervisores de los proyectos del IoT. El CESE se congratula de las medidas contempladas a este respecto en el Reglamento de 2017 relativo a la ciberseguridad y demanda a la Comisión que impulse de forma eficaz y con los recursos presupuestarios adecuados los procesos de normalización para la industria digital (12);

6.1.4.

impulsar asociaciones y plataformas de colaboración público-privadas, en las que participen la comunidad científica, la industria y los consumidores;

6.1.5.

alentar las inversiones en el desarrollo de modelos empresariales locales que aprovechen los beneficios del IoT y faciliten que se aborden aspectos tan complicados como la protección y la propiedad de los datos;

6.1.6.

llevar a cabo acciones de capacitación en el ámbito empresarial desde la óptica de la corresponsabilidad. Es preciso garantizar que la seguridad y la privacidad por diseño y por defecto se integren en los productos y servicios de las TIC, de acuerdo con el principio del «deber de diligencia» que propugna el nuevo Reglamento sobre ciberseguridad. A este respecto, el CESE saluda la prevista elaboración de códigos de conducta, complementarios a la acción normativa;

6.1.7.

fomentar las iniciativas de normalización europeas e internacionales para garantizar que los sistemas de IoT dispongan de las características esenciales, es decir, fiabilidad, inocuidad, disponibilidad, resistencia, mantenibilidad y utilización. En particular, la normalización es esencial para la rápida realización de procesos de fabricación industrial altamente digitalizados;

6.1.8.

garantizar un acceso asequible y de alta calidad a los usuarios del IoT, en particular, a la población más vulnerable o que resida en áreas menos pobladas;

6.1.9.

impulsar campañas de sensibilización y programas educativos para facilitar la adopción del IoT por parte de las empresas y de los consumidores, habilitando la adquisición de las capacidades y competencias precisas (13), con especial atención a los colectivos vulnerables y a la diversidad;

6.1.10.

emprender iniciativas en el ámbito educativo para una adecuada prevención, dada la incorporación precoz de la población infantil a los entornos digitales;

6.1.11.

realizar análisis y estudios diagnósticos del impacto del IoT en los nuevos modelos de producción y consumo sostenibles;

6.1.12.

garantizar la plena aplicación y una utilización eficaz de los sistemas de resolución alternativa de litigios o de resolución de litigios en línea (RAL y RLL), y

6.1.13.

asegurar la existencia, la aplicación y el funcionamiento eficaz de un sistema europeo de acciones colectivas que permita las órdenes de cesación y la obtención de una indemnización en aquellos casos en que el uso del IoT cause daños o perjuicios de carácter colectivo, como se desprende del Nuevo Marco para los Consumidores.

6.2.

Asimismo, el CESE demanda a la Comisión que evalúe la normativa relacionada directa o indirectamente con el IoT y, en su caso, mejore los actos legislativos en vigor. En ese sentido, el New Deal for Consumers debería poner también la lupa tanto sobre los dispositivos que se conectan como sobre las redes y su seguridad, así como sobre los datos asociados a los dispositivos.

6.3.

Finalmente, el CESE señala la importancia de dotarse de mecanismos de cooperación y coordinación entre los Estados miembros para una aplicación eficiente y uniforme de las regulaciones previstas, así como para los convenios que la Unión Europea deba establecer fuera de su territorio debido a la ubicación de las sedes de empresas y proveedores, con especial énfasis en el intercambio de mejores prácticas. La política internacional sobre flujos de datos transfronterizos debe coordinarse para que los países involucrados puedan establecer normas de protección igualmente elevadas en sus leyes nacionales, tanto sustantivas como procesales.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  COM(2005) 229 final.

(2)  COM(2016) 180 final.

(3)  Inteligencia artificial: las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad (DO C 288 de 31.8.2017, p. 1).

(4)  Véase Khwaja Shaik, Why blockchain and IoT are best friends, https://www.ibm.com/us-en/?lnk=m; sobre las innovaciones en el sector financiero europeo, véase DO C 246 de 28.7.2017 p.8.

(5)  Digital McKinsey estima que el IoT tiene un impacto económico potencial de 3,9 a 11,1 billones USD anuales.

(6)  SWD(2018) 137.

(7)  COM(2018) 246 final.

(8)  Vigente desde el 25 de mayo de 2018.

(9)  Véase el COM(2017) 477 final.

(10)  Véase el informe del Grupo del Banco Mundial, Internet of Things: The New Government-to-Business Platform (informe sobre el internet de las cosas, la nueva plataforma gobierno-empresa).

(11)  Véase https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-and-eea-member-states-sign-cross-border-experiments-cooperative-connected-and-automated.

(12)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 17.

(13)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 36.


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/14


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre los «Indicadores más adaptados para evaluar los ODS — Contribución de la sociedad civil»

(Dictamen de iniciativa)

(2018/C 440/03)

Ponente:

Brenda KING

Coponente:

Thierry LIBAERT

Decisión del Pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

 

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobado en la sección

5.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

194/2/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Desde que las instituciones europeas aprobaron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en 2015, el CESE ha venido solicitando a la Comisión la creación de una estrategia europea global en materia de desarrollo sostenible con objetivos, metas y acciones concretos a fin de lograr los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS). A pesar de que la UE lideró la adopción de la Agenda 2030 y que los ODS reflejan los valores fundamentales de la UE, que consisten en promover una mayor armonía social, política, económica y medioambiental, la Comisión Europea no ha desarrollado hasta ahora una estrategia global. El documento de reflexión «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030», que se publicará a finales de 2018, brinda la oportunidad de subrayar la importancia de adoptar una estrategia europea global.

1.2.

La actual falta de una estrategia europea de desarrollo sostenible pone en peligro la coherencia de la aplicación de la Agenda 2030, tanto en la UE como a nivel nacional. Se pueden dar diferencias en los enfoques adoptados para abordar los ODS, puesto que varios Estados miembros ya están preparando sus estrategias nacionales de desarrollo sostenible, cuando aún no existen ni un marco estratégico europeo ni directrices comunes de aplicación.

1.3.

El CESE acoge con satisfacción el primer informe de seguimiento anual de los ODS (1) de Eurostat para 2017, que se basa en un conjunto de cien indicadores que utilizan criterios rigurosos aplicables a los datos. Sin embargo, el Comité ha detectado una serie de deficiencias en relación con el actual conjunto de indicadores que deberían tenerse en cuenta en las próximas ediciones del informe de seguimiento anual de los ODS de Eurostat.

1.4.

El CESE pide que los indicadores puedan servir de base para la planificación y elaboración de políticas. El actual conjunto de indicadores no evalúa la distancia que nos separa de las metas ni informa adecuadamente sobre los progresos realizados. Deben establecerse objetivos políticos específicos a escala de la UE para los ODS, y los indicadores deben ser capaces de supervisar su consecución. A falta de estos objetivos políticos específicos, la UE podría evaluar los resultados nacionales en comparación con los mejores y con el promedio de resultados.

1.5.

El CESE también señala algunas limitaciones técnicas que deben abordarse para garantizar la utilización de los mejores indicadores. Por ejemplo, el uso de indicadores transversales sigue siendo insuficiente para proporcionar información sobre las sinergias y los dilemas entre los objetivos. Tampoco se han integrado plenamente los efectos indirectos sobre el desarrollo sostenible de los países asociados ni la supervisión de la coherencia política entre objetivos políticos externos y nacionales importantes.

1.6.

Eurostat y las oficinas nacionales de estadística deben asegurarse de que utilizan un marco coherente de indicadores. Deberá establecerse un sistema global e integrado de indicadores para garantizar la fiabilidad del ejercicio de seguimiento de la aplicación de los ODS a nivel europeo y nacional.

1.7.

Eurostat y las oficinas nacionales de estadística cuentan con recursos humanos y financieros limitados para recopilar datos nuevos y, por lo tanto, no siempre es posible generar indicadores nuevos y más específicos. El CESE pide que se garanticen recursos suficientes para superar esta importante limitación.

1.8.

Pide asimismo que la sociedad civil participe en mayor medida en la definición de los indicadores y en la evaluación de los progresos de la UE hacia la consecución de los objetivos. La naturaleza transversal de los ODS exige que todas las partes interesadas cooperen de forma integrada.

1.9.

El CESE recomienda que el conjunto de indicadores se complete con un informe alternativo cualitativo, elaborado en estrecha colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, para que todas las partes interesadas sientan en mayor medida los ODS como algo suyo. Una información cualitativa permite resaltar tendencias que de otra manera, es decir, con parámetros exclusivamente cuantitativos, no se hubieran observado. El CESE propone liderar la coordinación de la preparación del informe cualitativo complementario. Sugiere asimismo que la Comisión Europea coopere en la organización de una cumbre europea de los ODS, como un ejercicio de evaluación en el que participen todas las partes interesadas.

1.10.

Un marco estratégico coherente también requiere que los otros indicadores de la UE (por ejemplo, los indicadores incluidos en el cuadro de indicadores sociales o los indicadores de la biodiversidad europea) sean coherentes con el marco de la Agenda 2030. Una estrategia global debería proporcionar esta visión general de la interrelación entre los ODS, las políticas de la UE y los diferentes conjuntos de indicadores.

1.11.

El CESE pide que el actual sistema de gobernanza de la UE se adapte a la aplicación de la Agenda 2030. Una estrategia europea global en materia de desarrollo sostenible plenamente alineada con la Agenda 2030 garantizaría la integración de los ODS en todas las políticas de la UE y ofrecería un marco para la coordinación y el seguimiento de la aplicación de los ODS a escala nacional y de la Unión. Por ejemplo, el aparato del Semestre Europeo debería supervisar y contribuir a la aplicación de los ODS. Además, la formulación y evaluación de políticas de la UE (por ejemplo, el programa de mejora de la legislación) deberían adaptarse a fin de incorporar plenamente los ODS en el ciclo político. Se deberían someter todas las propuestas legislativas y políticas a una prueba de sostenibilidad, a fin de evaluar su impacto en los ODS y decidir sobre la idoneidad de las mismas.

1.12.

El CESE recomienda establecer, dentro de la Comisión, una estructura de trabajo encabezada por un vicepresidente, que disponga de un equipo específico y un presupuesto propio, trabaje con todos los comisarios y los servicios de la Comisión, y esté encargada de integrar los ODS en las políticas de la UE. Asimismo, el presidente de la Comisión Europea deberá presentar los avances realizados y describir las acciones adicionales necesarias para aplicar los ODS en el discurso anual sobre el estado de la Unión Europea.

1.13.

Por último, el CESE pide que se llegue a un acuerdo sobre un presupuesto de la UE que haga del desarrollo sostenible el objetivo central. El CESE recuerda que la versión final del marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027 mostrará la capacidad de la UE para cumplir sus compromisos en relación con la Agenda 2030. La propuesta de la Comisión de mayo de 2018 va en la buena dirección, pero, en definitiva, ha dejado escapar la oportunidad de hacer de la Agenda 2030 la prioridad de la agenda europea.

2.   Ausencia de una estrategia de la UE

2.1.

La UE debería comprometerse en mayor medida con su papel de liderazgo para garantizar y promover el desarrollo sostenible. En realidad, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas está directamente alineada con el propósito fundamental de la Unión Europea, a saber, promover una mayor armonía social, política, económica y medioambiental, tanto dentro de Europa como en todo el planeta. Sin embargo, aunque la UE y sus Estados miembros han firmado la Agenda global, Europa se está quedando rezagada. Hasta ahora, ni la UE ni algunos Estados miembros han sido capaces de aplicar una estrategia de desarrollo sostenible que permita garantizar la consecución de los ODS.

2.2.

En una referencia al desarrollo sostenible contenida en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea se indica lo siguiente: «En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión […] contribuirá […] [al] desarrollo sostenible del planeta […]». Pese a que se incluyen cada vez más elementos de sostenibilidad en las distintas políticas de la UE, como la política industrial, el transporte y la energía, sigue existiendo una falta de ambición y de financiación. En general, el CESE lamenta la evidente falta de estrategia, coherencia política e integración en la coordinación general de las políticas de la UE.

2.3.

El CESE es la única institución a escala europea que ha hecho del desarrollo sostenible una prioridad. El Parlamento Europeo no dispone de una estructura para abordar el desarrollo sostenible, aunque algunos grupos políticos están incluyendo la Agenda 2030 en sus prioridades políticas para las elecciones europeas de mayo de 2019. Por su parte, la Comisión Europea ha establecido la plataforma multilateral para la aplicación de los ODS, que supone un paso en la dirección adecuada, aunque no está claro si esta plataforma continuará más allá de esta Comisión. Además, el CESE propugnaba ya en el pasado un foro de la sociedad civil más ambicioso y más amplio que el que se creó finalmente (2).

2.4.

A nivel nacional, el grado de planificación y aplicación de los ODS es diferente (3). Algunos Estados miembros ya han adoptado estrategias nacionales globales de desarrollo sostenible y, en algunos casos, las autoridades regionales y locales, así como las partes interesadas, también están llevando a cabo iniciativas relacionadas con los ODS para aumentar el nivel de concienciación. Existe el riesgo de incoherencia entre los enfoques nacionales, al carecerse aún de un marco europeo. El CESE pide que el desarrollo sostenible se integre en las políticas nacionales y que la sociedad civil organizada participe plenamente en la elaboración y aplicación, en consonancia con la estrategia global de la UE.

3.   Los pasos siguientes

3.1.

El 13 de septiembre de 2017, el presidente Juncker anunció la elaboración de un documento de reflexión titulado «Hacia una Europa sostenible de aquí a 2030» sobre el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, en particular con respecto al Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Este documento se publicará en invierno de 2018. En la fase actual de preparación, la Comisión está examinando los puntos de vista de los miembros de la Plataforma multilateral sobre los ODS. Estos presentan sugerencias sobre cómo mejorar la gobernanza de la UE en relación con los ODS (por ejemplo, adoptando una estrategia global) y formulan recomendaciones políticas sobre la manera en que deberían evolucionar los instrumentos de la UE para coordinar las políticas, el seguimiento y la rendición de cuentas.

3.2.

La aplicación de los ODS implica fijarse unos objetivos económicos, sociales, políticos y medioambientales que requerirán cambios fundamentales en las sociedades europeas y en las instituciones de la UE.

3.3.

A este respecto, los debates sobre el futuro de Europa que se celebren antes de las elecciones europeas de 2019 son cruciales para sensibilizar a los ciudadanos sobre el desarrollo sostenible. Los partidos políticos europeos deben posicionarse al respecto y abordar el desarrollo sostenible en sus programas electorales.

3.4.

Además, el CESE considera que la futura Comisión Europea y el nuevo Parlamento Europeo que surjan tras las elecciones europeas de 2019 deberían fijarse la prioridad de integrar mejor los ODS en las políticas de la UE. Insta al Parlamento Europeo a reforzar su capacidad de seguimiento y supervisión de los avances en los ODS y a asumir la responsabilidad de los objetivos. Por lo que respecta a la Comisión, también es recomendable reforzar el liderazgo del vicepresidente responsable de la política de desarrollo sostenible y reestructurar las carteras de las direcciones generales para que quede claro quién es responsable de cada uno de los ODS.

3.5.

La decisión definitiva sobre el marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027 mostrará la capacidad de la UE para cumplir sus compromisos en relación con la Agenda 2030. El MFP es esencial para garantizar la integración de los ODS en el resto de las políticas. La propuesta de la Comisión Europea publicada en mayo de 2018 va en la buena dirección, pero ha dejado escapar la oportunidad de presentar la Agenda 2030 como la prioridad de la agenda europea. Más allá del incremento limitado que se propone para el objetivo de la integración climática, el nuevo MFP debe asignar los recursos financieros correspondientes al desarrollo sostenible y garantizar también que ningún tipo de financiación menoscabe la aplicación de los ODS. La financiación tiene que ponerse a disposición de quienes ejecutan los ODS, incluidos los Estados miembros, los entes locales, las empresas y las ONG, para que la destinen a proyectos innovadores y modulables.

3.6.

La UE está experimentando una grave crisis política e institucional y se enfrenta a retos como las crecientes desigualdades sociales, los problemas medioambientales y la pérdida de confianza en los gobiernos y en la UE (4). Para superar esta situación, la Unión necesita adoptar un nuevo discurso que pueda aportar soluciones concretas a los retos a los que se enfrentan nuestras sociedades. Los debates en curso sobre el futuro de Europa deben contribuir a este nuevo discurso, teniendo en cuenta la Agenda 2030 y el Sexto Escenario para Europa (5), para que la UE se convierta en un motor de la sostenibilidad. Se requiere un mayor liderazgo por parte de los Jefes de Estado europeos para hacer de los ODS una parte central de su discurso y de su visión política para Europa.

3.7.

La Agenda 2030 se basa en los valores fundamentales de Europa: democracia y participación, justicia social, solidaridad y sostenibilidad, y respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos, tanto en Europa como en el resto del mundo. El nuevo discurso sobre el desarrollo sostenible debe ofrecer a los ciudadanos respuestas sobre la manera en que las administraciones públicas y la sociedad civil organizada piensan materializar sus aspiraciones de bienestar económico, social y medioambiental.

4.   La cuestión de los indicadores

4.1.

El CESE considera que el enfoque de la UE respecto a sus indicadores relativos a los ODS debe ir más allá de la mera evaluación y contribuir a la formulación y el diseño de las políticas, en vez de limitarse a ser un instrumento de información. Los indicadores deben ayudar a los responsables políticos de la UE a definir las futuras políticas y a planificar la mejor manera de alcanzar los ODS. También deben ayudarles a detectar las desviaciones que se producen con respecto a los ODS e introducir a tiempo los cambios políticos necesarios para que los objetivos se alcancen para 2030.

4.2.

El CESE opina que el informe de seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en la UE para 2017 de Eurostat (2017 Monitoring Report of the Sustainable Development Goals in an EU context) constituye un buen punto de partida, pero hay margen de mejora. Es preciso desarrollarlo mejorando los indicadores. El método actual de evaluación de los progresos (es decir, un cambio positivo de un 1 %), si no hay objetivos cuantificados de la UE, puede inducir a error dado que, a diferencia de otros informes, no proporciona información sobre la distancia que queda por recorrer hasta los ODS. Por ejemplo, mientras que Eurostat concluye que en Europa se han realizado progresos significativos respecto al ODS 12 (6), otras fuentes, como la OCDE, llegan a conclusiones diferentes (7). El informe de seguimiento debe hacer más para que quede clara la naturaleza integrada de la agenda, en la que los esfuerzos tienen que reforzar todos los objetivos en lugar de ir en contra de alguno de ellos. Pese a su valor, el uso de indicadores transversales sigue siendo insuficiente para proporcionar información sobre las sinergias y los dilemas que plantean los objetivos. Además, el informe debe evaluar los efectos indirectos sobre el desarrollo sostenible de los países asociados y supervisar la coherencia política entre objetivos políticos externos y nacionales importantes. Por último, los indicadores deben permitir comparaciones entre los países europeos, detectar divergencias en la aplicación por los Estados miembros y actualizarse con frecuencia para basarse en los mejores datos científicos, conocimientos e información disponibles.

4.3.

Para disponer de un conjunto coherente de indicadores que ofrezca una visión clara de la aplicación de los ODS a nivel de la UE, es fundamental crear un sistema global de indicadores que abarque los niveles europeo y nacionales. En primer lugar, es preciso armonizar o, al menos, interrelacionar los indicadores de los ODS de la UE con los indicadores actuales que se utilizan para los diferentes ámbitos políticos a escala de la UE. Por ejemplo, los conjuntos de indicadores pertinentes, como el cuadro de indicadores sociales o los indicadores de la biodiversidad europea, deben vincularse a los indicadores de los ODS de la UE, y su relación debe definirse claramente. En segundo lugar, las estrategias nacionales de desarrollo sostenible deben utilizar los mismos indicadores o, al menos, otros comparables a los indicadores de los ODS de la UE. De no ser así, se corre un alto riesgo de incoherencia entre los distintos enfoques adoptados por los Estados miembros. En tercer lugar, la UE debe garantizar un proceso global de presentación de informes al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible. La Comisión Europea debe ser capaz de ofrecer una visión clara de la aplicación de los ODS, tanto a escala de la UE como en todos y cada uno de los Estados miembros.

4.4.

El CESE considera que hay que abordar determinadas limitaciones en relación con el proceso de definición de indicadores. Eurostat y las oficinas nacionales de estadística cuentan con recursos humanos y financieros limitados para recopilar datos nuevos y, por lo tanto, no siempre es posible generar indicadores nuevos y más específicos. Según el Informe Anual 2017 presentado por el Comité Consultivo Europeo para la Gobernanza Estadística al Parlamento Europeo, el coste del sistema estadístico europeo asciende al 0,02 % del PIB, y tras los recortes de personal relacionados con la austeridad presupuestaria, la plantilla no se ha restablecido a los niveles anteriores a la crisis económica (8). A fin de mejorar el conjunto de indicadores, se debe dar mayor prioridad al desarrollo de indicadores de sostenibilidad y, por tanto, asignar a Eurostat y a las oficinas nacionales de estadística una financiación adecuada para este tipo de indicadores, de acuerdo con los ODS 17. De este modo, será posible añadir indicadores nuevos que podrían requerir una recopilación adicional de datos.

4.5.

En lo que respecta al actual conjunto de indicadores de Eurostat, el CESE detecta una serie de deficiencias, que idealmente deberían subsanarse tras la publicación del informe de seguimiento de los avances hacia los ODS de 2018 de Eurostat. Entre los ámbitos que deben mejorar figuran los siguientes:

una presentación visual más objetiva de los resultados globales, para no dar la impresión equivocada de que Europa está prácticamente al día con los ODS, lo que contradice otras investigaciones cualitativas o temáticas, así como las percepciones de los ciudadanos;

una mayor atención a los efectos indirectos del modelo de desarrollo actual de Europa, por ejemplo, basándose en los trabajos actuales de Eurostat sobre las huellas ambientales, así como a la contribución de Europa en apoyo de los países asociados para lograr los ODS;

un enfoque más innovador que permita comprender la indivisibilidad de la agenda de los ODS, más allá de los indicadores transversales, que por sí solos no muestran los desequilibrios y las contradicciones entre las diferentes dimensiones de la sostenibilidad y que carecen de un marco adecuado para evaluar la coherencia política;

más datos sobre los resultados de las empresas, los entes locales y las ONG;

más información sobre los resultados de los Estados miembros en relación con los ODS, dado que los promedios ofrecen una imagen incompleta. También es importante proporcionar información a nivel nacional, ya que los Estados miembros tienen competencia exclusiva en relación con varios ODS;

mejores indicadores de cumplimiento de los ODS, en particular los ODS 16 (9) y 17 (10), por ejemplo en relación con el espacio que se da a la sociedad civil en Europa (11) y las asociaciones innovadoras;

una metodología más sólida para medir los avances hacia la consecución de los ODS cuando no hay un objetivo europeo, por ejemplo, comparando los resultados medios con los mejores resultados entre los Estados miembros europeos o con objetivos sustitutivos derivados de otros compromisos internacionales o de la investigación disponible.

4.6.

Aunque las series de larga duración son útiles, los indicadores se deben revisar y mejorar basándose en el establecimiento de nuevos retos y en el progreso del conocimiento científico, incluidos datos nuevos. Pese a que los esfuerzos de Eurostat por incorporar indicadores nuevos en 2018 van por el buen camino, es esencial que haya claridad sobre el proceso y los plazos para incluir indicadores «en espera». Por ejemplo, se debe disponer de un plan de acción y un calendario para el indicador propuesto «Magnitud de la situación de carencia de hogar en la UE», recomendado por la FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar), que actualmente figura como «en espera».

4.7.

Hay que potenciar el papel de la sociedad civil organizada en relación con el informe anual de Eurostat. Eurostat debe realizar más consultas a la sociedad civil sobre el proceso de definición de los indicadores y sobre la evaluación del progreso de los indicadores. Como norma general, se deberá consultar a la sociedad civil en las fases iniciales del proceso para que las recomendaciones puedan tenerse en cuenta, y Eurostat tendrá que explicar las razones por las que se han tenido en cuenta, o no, dichas recomendaciones.

4.8.

Lo que se supervisa y lo que no, en particular el diseño y la elección de los indicadores, tiene importantes implicaciones políticas (12). Por lo tanto, el proceso mediante el cual Eurostat prepara el informe anual debería permitir a la sociedad civil contribuir con una interpretación cualitativa de los indicadores. Este proceso debería ir acompañado de encuestas frecuentes del Eurobarómetro para evaluar la percepción de los ciudadanos sobre los progresos realizados.

4.9.

El CESE es consciente de que la sociedad civil tiene una capacidad estadística limitada a la hora de proponer indicadores nuevos que puedan satisfacer los criterios de solidez estadística de Eurostat. No obstante, la sociedad civil es capaz de definir indicadores útiles que usen otras fuentes distintas de los datos de Eurostat, por ejemplo, los indicadores que está desarrollando la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible. Por tanto, el CESE considera que es necesario apoyar a las organizaciones de la sociedad civil con medidas de capacitación, a fin de garantizar que estas sean capaces de contribuir en mayor medida al diálogo con Eurostat.

4.10.

Al objeto de consolidar el nuevo y poderoso discurso sobre el desarrollo sostenible mencionado anteriormente, el CESE pide a la Comisión Europea y a Eurostat que mejoren la forma de comunicar sobre los progresos de los ODS. El informe de Eurostat no es fácil de leer en su conjunto, y tampoco se ha difundido ampliamente; por lo tanto, se deben explorar vías nuevas para darlo a conocer entre una audiencia y unos ciudadanos no especializados. También deberían explorarse otros productos de investigación y comunicación, como parte de una estrategia ambiciosa de sensibilización. Por ejemplo, crear una sección de «seguimiento de la sociedad civil» en el sitio web de los ODS de Eurostat permitiría compartir la responsabilidad del seguimiento de los objetivos de forma interactiva.

4.11.

El CESE reconoce que el informe anual de Eurostat no incluye ni puede incluir información cualitativa. Para paliar esta laguna (y reforzar la participación de la sociedad civil), el CESE propone que el seguimiento de la aplicación de los ODS se complete con un informe alternativo separado, independiente y centrado en la calidad, elaborado en estrecha colaboración con las partes interesadas de la sociedad civil. Dicho informe alternativo debería centrarse en: a) ofrecer una reflexión y un análisis del informe de Eurostat; b) completar el informe de Eurostat con información cualitativa procedente de la sociedad civil organizada, y c) facilitar a la sociedad civil organizada una interpretación de los progresos realizados en la aplicación de los ODS. El CESE está realizando un estudio sobre la participación de la sociedad civil en el seguimiento de los ODS (que espera finalizar para noviembre de 2018), dedicado específicamente a explorar y proponer un enfoque metodológico de cara a la redacción de este informe complementario al informe anual de Eurostat.

4.12.

La rendición de cuentas constituye el núcleo de la agenda de los ODS. Una estrategia ambiciosa de los ODS tiene que completarse con un marco de rendición de cuentas sólido en el que la sociedad civil organizada desempeñe una función clave. Todo ello exige sensibilizar a los ciudadanos de toda la Unión, así como realizar encuestas de opinión y establecer otros mecanismos para recopilar las opiniones de los ciudadanos. A este respecto, la Comisión Europea (en colaboración con el CESE) debería organizar una cumbre de los ODS a fin de realizar un balance anual con los Estados miembros, el Parlamento Europeo, la sociedad civil, las empresas y los entes regionales y locales, y comprometerse a mantener un diálogo incluyente y periódico con las partes interesadas. Por último, debe promoverse el intercambio de buenas prácticas derivadas de la participación de la sociedad civil en la evaluación de los ODS. El CESE podría desempeñar un papel clave a la hora de ayudar a las organizaciones de la sociedad civil a intercambiar este tipo de experiencias, crear sinergias, aumentar los conocimientos y la sensibilización y fomentar la colaboración.

5.   Integración de los ODS en la gobernanza de la UE

5.1.

Convendría adaptar el actual sistema de gobernanza de la UE para que contribuya a la aplicación de la Agenda 2030. A tal fin, todas las instituciones de la UE deberían tomar medidas para garantizar un trabajo coordinado que permitiera avanzar hacia el logro de los ODS.

5.2.

Pese al liderazgo del vicepresidente de la Comisión Europea, es obvio que hay un bajo nivel de aceptación entre varios servicios de la Comisión, lo que obstaculiza el progreso. Lo mismo se aplica al Parlamento, que debe establecer un proceso fiable en todas las comisiones a fin de dialogar sobre la aplicación de los ODS. Por último, el grupo de trabajo sobre los ODS del Consejo Europeo, que es objeto de una favorable acogida, tiene que garantizar la integración adecuada de los ODS en todos los asuntos que trate el Consejo Europeo como, por ejemplo, el futuro de la PAC, la política de cohesión, la política de transporte (13), las relaciones exteriores (14) y el próximo MFP para 2021-2027.

5.3.

Una estrategia europea global de la UE en materia de desarrollo sostenible desempeñaría un papel esencial en la integración de los ODS en todas las políticas de la UE y ofrecería un marco para la coordinación y el seguimiento de la aplicación de los ODS a escala nacional y de la Unión. Como ya se ha señalado, la estrategia debe establecer objetivos, los medios para alcanzarlos y un conjunto coherente de indicadores que se usarán para hacer un seguimiento de los progresos. El CESE está de acuerdo con el Consejo en lo que respecta a la necesidad de desarrollar un marco de indicadores de referencia (15).

5.4.

Como también se ha indicado ya, este marco de indicadores de referencia debería integrar todos los indicadores europeos pertinentes que se utilizan actualmente en diferentes ámbitos políticos y definir la interrelación entre los indicadores existentes y los indicadores de los ODS. En particular, la Comisión Europea debería garantizar la plena armonización y coherencia entre el cuadro de indicadores sociales y los indicadores de los ODS de la UE. En la actualidad, de los doce indicadores del cuadro de indicadores sociales, ocho están incluidos de forma total o parcial en el conjunto de los ODS de la UE.

5.5.

La coordinación y el seguimiento de los ODS deben integrarse en el proceso del Semestre Europeo, tal y como ha solicitado insistentemente el CESE (por ejemplo, en sus Dictámenes NAT/693 (16), NAT/700 (17), SC/047 (18) y SC/050 (19)). Esto debe incluir un proceso de supervisión de la idoneidad de las estrategias de aplicación de los ODS a nivel de los Estados miembros. Las autoridades nacionales han de recibir orientaciones comunes y ser supervisadas para que todos los esfuerzos vayan en la misma dirección. Además, hay que fomentar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros. En el contexto de una futura estrategia global de desarrollo sostenible, el Semestre Europeo debe extender su ámbito de aplicación más allá de la mera dimensión económica tradicional e integrar plenamente las dimensiones social y medioambiental, que deben gozar del mismo nivel de importancia. Por consiguiente, las recomendaciones específicas por país deben ser coherentes con los ODS, así como con el análisis realizado en los informes nacionales en el marco del proceso del Semestre Europeo.

5.6.

El recientemente creado programa de apoyo a las reformas estructurales (SRSP, por sus siglas en inglés) está destinado a ayudar a los Estados miembros a aplicar reformas institucionales, estructurales y administrativas. Se espera que el SRSP desempeñe un papel importante en los próximos años. Como ya han indicado el CESE (20) y el informe Falkenberg (21), el SRSP debe asumir que todas las reformas que se promuevan tienen que ser coherentes con la Agenda 2030 y los ODS.

5.7.

A fin de garantizar que los ODS se integren en todas las políticas de la UE, el programa de mejora de la legislación tiene que adaptarse en consecuencia para garantizar un enfoque completo y global en relación con los ODS. El CESE considera que los principios de los ODS deben mencionarse de forma explícita en las directrices e instrumentos de mejora de la legislación. Asimismo, los métodos de mejora de la legislación deben revisarse para garantizar que sean capaces de evaluar objetivos a largo plazo y medir la distancia que nos separa de alcanzar los ODS. Por último, es necesario prestar más atención a la coherencia de las políticas como herramienta para aplicar los ODS, usando, por ejemplo, el marco de la OCDE sobre coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible (CPDS).

5.8.

Al proponer nuevas iniciativas legislativas o políticas, la Comisión Europea debe indicar claramente a qué ODS se dirige y realizar una prueba de sostenibilidad para evaluar el impacto esperado en los ODS (como parte del proceso de evaluación de impacto, destinado a evaluar las dimensiones económica, social y medioambiental de las propuestas). En la aplicación de los ODS, hay que determinar cuáles son los principales problemas que persigue solucionar la política propuesta. Del mismo modo, el seguimiento y la evaluación de las políticas actuales de la UE tienen que adaptarse para medir los progresos hacia la consecución de los ODS y para recomendar modificaciones políticas que tengan un mayor impacto en la promoción de los ODS.

5.9.

El programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) de la Comisión también debe integrar el punto de vista del desarrollo sostenible. Los trabajos en el marco del programa REFIT deben garantizar que toda simplificación o modernización propuesta del Derecho de la Unión sea coherente y contribuya al logro de los ODS.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

EL Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Sustainable development in the European Union: Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context (Desarrollo sostenible en la Unión Europea: Informe de seguimiento de los avances hacia los ODS en la UE). Edición de 2017.

(2)  Dictamen del CESE sobre el tema «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible» (DO C 345 de 13.10.2017, p. 91).

Dictamen del CESE sobre «Un foro europeo de la sociedad civil en favor del desarrollo sostenible» (DO C 303 de 19.8.2016, p. 73).

(3)  El CESE está elaborando un inventario de las iniciativas de desarrollo sostenible que existen a nivel nacional. En el sitio web del CESE se publicará un resumen de la situación en cada Estado miembro.

(4)  Dictamen del CESE sobre «La transición hacia un futuro más sostenible en Europa» (SC/047) (DO C 81 de 2.3.2018, p. 44).

(5)  http://www.foeeurope.org/sites/default/files/other/2017/6th_scenario_future_of_europe.pdf.

(6)  ODS 12. El consumo y la producción responsables.

(7)  Véase, por ejemplo, el documento de la OCDE 2017. Measuring Distance to the SDG Targets: an assessment of where OECD countries stand (Medición de la distancia con respecto a los objetivos de los ODS: evaluación de la situación de los países de la OCDE).

(8)  Informe Anual 2017 del Comité Consultivo Europeo para la Gobernanza Estadística, pp. 25-26.

(9)  ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

(10)  ODS 17. Asociaciones para los Objetivos.

(11)  Basarse en las metodologías existentes, como el monitor Civicus, https://civicus.org/index.php/what-we-do/innovate/civicus-monitor.

(12)  Dictamen del CESE sobre el tema «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible» (NAT/700) (DO C 345 de 13.10.2017, p. 91).

(13)  Dictamen del CESE sobre «El papel del transporte en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y sus consiguientes repercusiones en la formulación de las políticas de la UE», (DO C 367 de 10.10.2018, p. 9).

(14)  Dictamen del CESE sobre «Una asociación renovada con los países de África, el Caribe y el Pacífico» (REX/485) (DO C 129 de 11.4.2018, p. 76).

(15)  https://www.consilium.europa.eu/media/23989/st10370-en17.pdf.

(16)  Dictamen del CESE sobre el tema «Desarrollo sostenible: Inventario de las políticas interiores y exteriores de la UE» (NAT/693) (DO C 487 de 28.12.2016, p. 41).

(17)  Dictamen del CESE sobre el tema «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible» (NAT/700) (DO C 345 de 13.10.2017, p). 91.

(18)  Dictamen del CESE sobre «La transición hacia un futuro más sostenible en Europa» (SC/047) (DO C 81 de 2.3.2018, p. 44).

(19)  Dictamen del CESE sobre el «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2018» (SC/50) (DO C 227 de 28.6.2018, p. 95).

(20)  Dictamen del CESE sobre el programa de apoyo a las reformas estructurales (ECO/398) (DO C 177 de 18.5.2016, p. 47).

(21)  «Sustainability Now!» Nota estratégica del CEEP. Número 18 (2016) https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/rapport_kff.pdf.


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/22


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La contribución de las zonas rurales de Europa al Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 para garantizar la sostenibilidad y la cohesión entre zonas urbanas y rurales»

(Dictamen de iniciativa)

(2018/C 440/04)

Ponente:

Tom JONES

Decisión del Pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

 

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobación en sección

5.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

201/2/7

1.   Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

1.1.

El CESE apoya plenamente que se designe 2018 como Año Europeo del Patrimonio Cultural y alaba todos los esfuerzos realizados por los promotores y organizadores a todos los niveles para rendir homenaje e incrementar la visibilidad del rico y diverso patrimonio cultural de Europa (1).

1.2.

El CESE anima a todas las partes interesadas y participantes a que adopten una definición de «cultura» lo más amplia posible y a que incluyan a todos los ciudadanos.

1.3.

Este año no solo debe servir para conmemorar el pasado, sino que también debe fomentar expresiones cambiantes, nuevas y estimulantes de la inspiración y la habilidad humanas, que a menudo son fruto de tradiciones arraigadas en el patrimonio rural de cada país.

1.4.

Doce meses constituyen un período breve, pero cabe esperar que este esfuerzo y estas inversiones adicionales animen a los ciudadanos a centrarse en las oportunidades que brinda el patrimonio cultural en las regiones rurales. Todo ello debería permitirles crear un capital renovado, estético, social y económico del bienestar para las generaciones presentes y futuras. A mitad de recorrido han obtenido el distintivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural más de 3 500 proyectos, y el porcentaje de proyectos rurales varía de una región a otra.

1.5.

El CESE apoya el llamamiento de la Alianza Europea para la Cultura y las Artes, de enero de 2018, para que las instituciones europeas y los Estados miembros garanticen un apoyo considerable dentro del marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020. También acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión Europea con la cultura, anunciado en su proyecto de presupuesto de mayo de 2018, así como los otros compromisos contraídos por medio de la Nueva Agenda para la Cultura (2).

Recomendaciones

1.6.

El patrimonio cultural rural, con toda su riqueza y diversidad, debe reconocerse formalmente por su valor artístico intrínseco y su contribución económica y social al bienestar de todos los ciudadanos europeos (3).

1.7.

Se deberán examinar las repercusiones que la inversión de los financiadores públicos tienen en las zonas rurales de modo que, cuando se diseñe cualquier flujo de financiación nuevo, este incluya apoyo a las contribuciones en curso de las familias y los trabajadores agrícolas, así como a las ONG que integren artistas individuales, asociaciones folclóricas, grupos de acción local o explotaciones de la agricultura social. Al hacerlo, se tendrán plenamente presentes las medidas que se necesitan para potenciar las infraestructuras del patrimonio rural.

1.8.

Los flujos de financiación existentes de la UE, incluido el Programa de Desarrollo Rural, deben apreciar cada vez más el valor horizontal de la cultura y ofrecer un apoyo a los proyectos culturales, incluidos aquellos que protegen, fomentan y potencian los paisajes ricos en biodiversidad. La recuperación del pastoreo y la restauración de cabañas remotas en los Pirineos, los viñedos de Santorini, la protección de los pastos comunales en Șeica Mare (Rumanía) son buenos ejemplos de todo ello, al igual que el proyecto cultural Leader de Lesbos (Grecia) para apoyar la integración de los inmigrantes. Los programas agroambientales deben seguir creando hábitats agrarios y el entorno construido debe hacer gala de unos niveles de diseño elevados que respeten los modelos culturales tradicionales sin dejar de ser adecuados para el uso moderno.

1.9.

Las superficies arboladas, los bosques y las vías navegables sostenibles merecen ser objeto de medidas de apoyo para evitar la degradación y la contaminación. Deben preverse fondos para la conservación de los cinturones protectores de áreas verdes y arbustos creados en el pasado en espacios rurales (por ejemplo en Polonia, según el concepto de Dezydery Chłapowski), que reducen la erosión del suelo y las emisiones de CO2, favorecen el rendimiento y enriquecen el paisaje.

1.10.

La contribución de las jornadas de puertas abiertas en explotaciones, las visitas escolares al campo, las exposiciones, el artesanado y las demás ferias y festivales culturales ayudan a los habitantes de las ciudades a comprender y apreciar mejor las zonas rurales, por lo que merecen recibir financiación pública, al igual que las medidas para tender puentes entre los ciudadanos rurales y urbanos mediante proyectos culturales.

1.11.

Deben promoverse medidas para dar a conocer la cultura y tradiciones rurales a las nuevas generaciones a través de lenguajes modernos e innovadores y se deben cuantificar sus beneficios económicos y sociales, además de compartir y alabar las buenas prácticas. Debe apoyarse a los artistas y otros agentes culturales inspiradores, en ocasiones provenientes de otras partes, para ayudar a las comunidades a materializar todo el potencial de los activos culturales locales.

1.12.

Es necesario hacer frente a la grave pérdida de habilidades artesanales mediante una mayor inversión en formación al objeto de garantizar que las transferencias intergeneracionales se fundamentan en los conocimientos anteriores y alientan la innovación. Las escuelas rurales, por su parte, deben instruir sobre el potencial para el empleo que tienen los activos rurales, así como sobre oportunidades laborales externas. No solo los jóvenes agricultores sino toda la juventud del mundo rural se enfrenta al reto particular de ser emprendedor en su función de custodios de su propio patrimonio.

1.13.

El patrimonio cultural rural debe promoverse, entre otras cosas, de forma sostenible con fines turísticos, de modo que los habitantes de las ciudades aprendan a apreciar los valores culturales de las zonas rurales y opten cada vez más por vivir en el campo y por trabajar en lugares más apartados.

1.14.

Hay que promover la comercialización de productos culturales rurales, incluido el patrimonio gastronómico, y proteger el estatus de las marcas con indicación geográfica, a la vez que proporcionar seguridad a la ciudadanía acerca de su calidad y rastreabilidad.

1.15.

Debe fomentarse que, en beneficio de todos los ciudadanos, las actividades de voluntariado, la participación comunitaria y las empresas sociales, así como las empresas privadas rurales, desarrollen y compartan sus actividades culturales, incluida la promoción de la diversidad de idiomas y dialectos. Las pequeñas comunidades rurales han de hacer suyos el valor y el potencial de sus activos culturales locales y buscar oportunidades para cooperar con grupos similares en otros lugares a fin de fomentar los vínculos, por ejemplo, con vistas a impulsar los beneficios económicos de una mejor oferta turística.

1.16.

Pese a que es probable que los proyectos para conmemorar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 se prolonguen en el futuro, es importante realizar un balance y una evaluación de la inversión y los resultados cuantificables, teniendo en cuenta factores económicos, sociales y culturales. A raíz de las negociaciones tripartitas entre el Parlamento Europeo y el Consejo en 2017 se asignaron cerca de 8 millones de euros a dicho Año; sería razonable esperar que una proporción cuantificable de esta ayuda se pusiera a disposición de las zonas rurales.

1.17.

Se requiere más investigación para cuantificar y medir la calidad de los beneficios del patrimonio y de la actividad cultural en curso sobre el bienestar de los ciudadanos, así como para respaldar ideas de futuras acciones. Los estoicos defensores del patrimonio precisan apoyo para acoger a nuevos migrantes y tradiciones culturales distintas.

1.18.

Hay que actuar de modo urgente en el ámbito de la conectividad del transporte y las infraestructuras digitales, algo fundamental para el asentamiento en las zonas rurales y el desarrollo del turismo cultural.

2.   Introducción

2.1.

Este dictamen se centra específicamente en la amplia variedad de activos y talentos que han aportado, y aportarán, las zonas rurales y sus ciudadanos al patrimonio cultural europeo y en cómo esta amplia definición de cultura favorece una ruralidad más viable y próspera. Apoyamos la Carta paneuropea del patrimonio rural que promueve un desarrollo territorial sostenible (4) y el siguiente enunciado de la Declaración de Cork 2.0 de 2016: «La gestión de la tierra desempeña un papel clave en la relación entre la ciudadanía y el medio ambiente. Las políticas deben incentivar la generación de bienes públicos medioambientales, incluida la conservación del patrimonio natural y cultural de Europa […]».

2.2.

Debe examinarse esta iniciativa desde el punto de vista de las zonas rurales y el CESE muestra su preocupación ante el hecho de que no llegue suficiente información sobre el Año a pequeños grupos comunitarios en pueblos y poblaciones pequeñas a tiempo de que preparen y celebren la gran gama de activos culturales que los rodean. Este año no solo debe servir para conmemorar el pasado, sino que también debe fomentar expresiones cambiantes, nuevas y estimulantes de la inspiración y la habilidad humanas, que a menudo son fruto de tradiciones arraigadas en el patrimonio rural de cada país.

2.3.

Es importante hacer un listado de las actividades culturales que ya existen y aprender de los proyectos que tienen éxito, pero las celebraciones de 2018 deben incluir actos culturales nuevos e innovadores que se basen en el pasado y transmitan el patrimonio cultural a las nuevas generaciones de forma contemporánea, ofreciendo, de este modo, oportunidades a las zonas rurales. Europa Creativa desarrolla dos proyectos rurales —«Raíces y rutas» y «La comida es cultura»— que, si se saldan con éxito, podrían contribuir al aprendizaje y el desarrollo.

2.4.

Si bien es difícil cuantificar los beneficios económicos y sociales de la actividad cultural (más de 300 000 empleos directamente relacionados con la cultura europea), la OCDE cree que la cultura ha de ser utilizada como indicador de bienestar, por lo que conviene que los organizadores del EYCH 2018 lleven a cabo algunos análisis que puedan justificar futuras inversiones públicas. Debe haber una descripción clara de hasta qué punto el año ha tenido éxito a la hora de llegar a las zonas rurales y remotas, y de cómo se pueden usar todas las buenas prácticas transferidas —como los proyectos AlpFoodway (5) y Terract (6)— para establecer prioridades en el futuro a escala regional y europea.

3.   Observaciones generales y específicas

3.1.

Los paisajes rurales, el mosaico de estructuras geológicas naturales y las huellas humanas de la agricultura, la silvicultura, los lagos, los ríos y los asentamientos construidos ofrecen, quizá, el mayor patrimonio cultural que existe. Desde los parques naturales y los espacios Natura 2000 hasta las zonas verdes de la periferia urbana, se puede apreciar una belleza diversa, una fuente de inspiración para generaciones de artistas, músicos, literatos, bailarines y para todos nosotros, que no entramos en ninguna de esas categorías. La Nueva Agenda para la Cultura de la Comisión es bastante sucinta por lo que se refiere a las perspectivas rurales. No obstante, sí estipula que «la restauración y la actualización del patrimonio cultural y natural contribuye al potencial de crecimiento y a la sostenibilidad. Una gestión integrada de los activos culturales y naturales anima a las personas a descubrir dichos activos y a implicarse en ellos». El pueblo mayangna de Nicaragua usa el mismo vocablo para la naturaleza y la cultura, un ejemplo de civismo ecológico.

3.2.

Las comunidades rurales incluso añaden valor a los paisajes. Son los administradores y empleados de las explotaciones y las superficies arboladas, junto con los artesanos, —hombres y mujeres— quienes han esculpido estos paisajes. Generaciones de personas cualificadas que han utilizado la tierra y el agua para obtener alimento, abrigo y generar ingresos. Por ejemplo, la idea de crear cinturones protectores de áreas verdes y arbustos para la preservación de los suelos, que se desarrolló en Polonia en el siglo XIX, da hoy al paisaje su carácter distintivo. Hombres y mujeres que delimitaron el campo con piedras y ramas y construyeron graneros y talleres. Durante sucesivas generaciones, criaron razas autóctonas de ganado adaptadas al terreno y al clima, a la vez que gestionaron la vegetación. Desarrollaron una gastronomía local y unas tradiciones folclóricas específicas. Asimismo, hemos heredado un rico patrimonio de magníficas construcciones, no solo mansiones, castillos e iglesias, sino también casas de campesinos, pequeños molinos y tiendas rurales, como las que se pueden admirar, cuidadosamente restauradas, en el museo de Saint Fagan, en Gales. El mantenimiento de este tipo de arquitectura histórica descansa a menudo en la inversión privada, con cierto apoyo público y benéfico crucial. Un innovador proyecto en el norte de Gales utiliza la energía renovable del lecho marino para producir calor y, de ese modo, reducir los costes en Plas Newydd, una casa señorial del National Trust (7). Al conmemorar el pasado y el presente hay que buscar un equilibrio entre el idealismo y la realidad de la lucha y el esfuerzo humanos.

3.3.

Apreciamos todos los esfuerzos que se despliegan para preservar de manera sensible este patrimonio, y también los de European Heritage Alliance. La restauración implica la necesidad de unas autoridades responsables del ordenamiento que, con su apoyo, garanticen conversiones comprensivas a la hora de edificar. El proyecto REVAB, cofinanciado por el programa Erasmus, ofrece formación para promover las posibilidades que brinda la reutilización de edificaciones agrícolas obsoletas, lo que evita su demolición.

3.4.

La población rural creó su propia cultura, reflejando su trabajo, tiempo libre y retos sociales en todas las expresiones del arte, el deporte y las actividades comunitarias, en general. Con frecuencia, las zonas rurales asumen una importante función de viveros donde se mantiene la diversidad de lenguas y dialectos minoritarios. Los toponímicos de los pueblos, las granjas y los campos revisten interesantes significados que han de ser comprendidos y respetados. Así pues, han creado, y siguen creando, un legado valioso para la sociedad en general.

3.5.

No obstante, sus actividades económicas también evolucionan y, en ocasiones, desaparecen. No todos los paisajes están inmaculados. Algunos dan fe de la explotación industrial, de las guerras y el expolio, de los estragos de la sequía, las inundaciones o el fuego, o incluso de la sobreexplotación causada por una concentración de actividad turística excesiva. Todos tienen una historia que contar, lecciones que aprender. Mitigar la repercusión del cambio climático exigirá la intervención positiva para conservar la diversidad y una variedad de experiencias. Mantener los vínculos con el pasado se considera «suministro de bienes públicos» y los paisajes se degradan si no existe una biodiversidad sostenible, una planificación sensible y un acceso controlado. Incluso las manifestaciones culturales artísticas desaparecen si las poblaciones rurales caen por debajo de niveles sostenibles.

3.6.

En Eurostat 2017 se señala que más de un tercio de los europeos no participa en actividades culturales, razón por la cual el desarrollo del turismo cultural/rural, vinculado a actividades saludables y de ocio, es y será siempre un puente privilegiado entre los habitantes de la ciudad y el campo. La ciudad de Galway es un buen ejemplo de las asociaciones rurales y urbanas, y la iniciativa de las Capitales Europeas de la Cultura (por ejemplo, Plovdiv, Bulgaria, y Matera, Italia, en 2019) debe mostrar siempre características culturales de las zonas rurales, así como de las ciudades. En Gales, el organismo encargado del patrimonio, CADW, tiene una iniciativa de puertas abiertas, que forma parte de un proyecto integrado por cincuenta países para ayudar a los ciudadanos a seguir los pasos del cambio a fin de entender mejor su propia existencia: «para diseñar el futuro es necesario entender el pasado».

3.7.

En Grecia encontramos otro ejemplo de conocimientos compartidos en el espacio Art Farm (8), desarrollado por Sotiris Marinis. En el pueblo de Megali Mantineia, en Mani Occidental, Sotiris Marinis ha construido casas en los árboles y un centro de formación, trabajando sobre el principio de que «una experiencia aquí educa acerca de nuestro patrimonio rural y cultural».

3.8.

El turismo cultural rural es un proveedor de recursos económicos y sociales vigente y creciente, así como la base de la inversión conjunta. La responsabilidad de proteger y apoyar el patrimonio cultural europeo es una competencia nacional, regional y local, y es fundamental que los ciudadanos se sientan orgullosos de ello. Las instituciones europeas pueden promover un sentimiento en favor de los valores comunes europeos e incentivar y promover las buenas prácticas y la puesta en común de las experiencias (9). Las recetas gastronómicas, las cervezas y los vinos regionales y tradicionales, así como los trajes y la música, tal y como se vio en la Semana Verde de Berlín (10), atraen a miles de visitantes extranjeros al año y ayudan a conectar el presente con el pasado. Conectar los alimentos y los productos artesanales directamente con los consumidores y los productores rurales a través de los mercados agrícolas y la venta por internet es algo cada vez más popular, como atestiguan, por ejemplo, los grupos locales de distribución de alimentos REKO, en Finlandia.

3.9.

Los lugares en los que reina la soledad, en los que escuchar y ver aves y experimentar las superficies arboladas —la diversidad forestal y las especies de plantas para usos medicinales— contribuyen a ampliar la curiosidad, el afán de estudio y el bienestar de los ciudadanos. Ampliar el abanico de oportunidades y descubrimientos debería contribuir a evitar el exceso de visitas en sitios vulnerables. Todo esto genera valor añadido en el plano económico y del empleo, a partir de activos rurales básicos, en las regiones más remotas, valor que ya reconocen los pueblos y comunidades pequeños. En las zonas de montaña de Lombardía, el proyecto AttivAree cimienta el sentimiento de pertenencia de las personas al reforzar el patrimonio natural a través del arte. Asimismo, establece colaboraciones para renovar los albergues y promover la disponibilidad de alojamiento en aldeas remotas como Lavenone (11). Debería animarse a las agencias de viaje a colaborar con las empresas y empresas sociales situadas en zonas remotas que promuevan el turismo cultural sostenible.

3.10.

Difundir y presentar información cultural usando la tecnología digital hará menguar de una forma original una brecha que no hacía sino aumentar entre la ciudad y el campo, entre las generaciones jóvenes y las de más edad. Proyectos como YourAlps (12), que reconectan a la juventud con el patrimonio de la montaña, merecen una acogida positiva. Hay muchos ejemplos nuevos de formas innovadoras de retratar las tradiciones culturales, como el proyecto artístico desarrollado en Aasted, Dinamarca, y en el pueblo de Pfyn, Suiza. Se trata de proyectos que surgen de iniciativas locales y de las necesidades locales detectadas y que se sirven de procesos participativos, que forman parte de la tradición cultural europea. Deben estar disponibles recursos públicos y privados a escala europea, estatal y regional para acelerar las inversiones en iniciativas similares.

3.11.

También se recurre cada vez más a las nuevas herramientas digitales —por ejemplo, en lugares de conflicto, pasado o presente— para recrear lugares históricos importantes destruidos por el abandono o la guerra. La tecnología se utiliza para leer con mayor precisión lápidas y manuscritos descoloridos (13). Se valoran positivamente los planes de la Comisión para una estrategia «#Digital4Culture» y esperamos que esta tenga presentes todos los aspectos rurales pertinentes. El Proyecto MEMOLA, por ejemplo, utiliza digitalizaciones tridimensionales de antiguas zonas de riego para enseñar nuevos procedimientos de irrigación.

3.12.

Se requiere más investigación para entender en qué medida la actividad cultural importa a las personas y qué beneficios para la salud se derivan para todas las edades y, especialmente, para los pacientes de enfermedades físicas o mentales (14), mientras que los actuales programas de Erasmus+, como los másteres de TEMA, financian buenas oportunidades de investigación en la actualidad. La conferencia de alto nivel sobre innovación y patrimonio cultural (15) en el marco de Horizonte 2020 y del EYCH solicitó que se realizasen más esfuerzos para desarrollar labores de investigación a fin de identificar prioridades y mejores prácticas en la promoción de las actividades culturales.

3.13.

Diversas iniciativas apoyadas por fundaciones caritativas y filantrópicas han contribuido de manera significativa a la conservación de los sitios naturales y al apoyo de actividades, a menudo a través de empresas sociales, que impulsan el desarrollo sostenible de las zonas rurales. La Fundación Cultural Finlandesa apoya la investigación de medidas para evitar que los residuos agrícolas afecten a la calidad del agua en el Mar Báltico. Esta Fundación colabora con los agricultores en la creencia de que una mayor biodiversidad equivale a una mayor riqueza paisajística. También se acogen favorablemente otras iniciativas benéficas, como la del Fondo del Patrimonio Cultural en los colegios galeses, que fomenta los concursos culturales entre escuelas involucrando a los jóvenes en la definición y ejecución de una actividad cultural de su elección (16). Encontramos un ejemplo que permite a los jóvenes explorar su patrimonio cultural en la escuela de Piscu (17), Rumanía, que está especializada en el patrimonio y organiza seminarios y conferencias. El CESE dio la bienvenida a alumnos de escuelas de toda Europa en marzo de 2018 para hablar sobre sus prioridades culturales bajo el lema «Tu Europa, tu voz» (18). Suscribieron lo siguiente: «Quiero vivir en una Europa que valore y proteja todas las formas de cultura […] queremos evitar el elitismo y popularizar la cultura […], pero también tener la oportunidad de crear una cultura propia […]». En Giffoni, un pueblo del sur de Italia, cerca de 300 alumnos prepararon películas y vídeos para promover su región.

3.14.

Se deberán examinar las repercusiones que la inversión de los financiadores públicos tienen en las zonas rurales de modo que, cuando se diseñe cualquier flujo de financiación nuevo, este incluya apoyo a las contribuciones en curso de las familias y los trabajadores agrícolas, así como a las ONG que integren artistas individuales, asociaciones folclóricas, grupos de acción local o explotaciones de la agricultura social. Se deberán tener plenamente presentes las medidas que se necesitan para potenciar las infraestructuras del patrimonio rural.

3.15.

Existe una demanda por parte de los turistas culturales en favor de una mayor vinculación temática y geográfica. Se da la bienvenida a los proyectos de imagen de marca compartida y de acceso conjunto. Las ferias agrícolas de pueblos y ciudades pequeñas y los actos de carácter nacional, como el Royal Welsh en Builth Wells (19), que atrae a unos 240 000 visitantes, o el festival literario Hay on Wye, que aporta unos 21 millones de libras esterlinas a una pequeña zona rural, son importantes contribuyentes económicos y sociales. Las jornadas de puertas abiertas en granjas, las ferias, los festivales culturales —como el Llangollen International Eisteddfod—, los conciertos, las procesiones, como la de Veurne en Bélgica, los trenes de vapor de vía estrecha, la marcha nórdica y los grupos de danzas tradicionales contribuyen inmensamente, todos ellos, a mantener y promover el patrimonio cultural rural. La participación de voluntarios en estos actos, a lo largo de generaciones, es, en sí misma, una parte importante de nuestro legado cultural. Se reconoce la labor del Centro Europeo del Voluntariado y las organizaciones de voluntarios nacionales y regionales en cuanto a la promoción del voluntariado cultural de calidad y se les anima a seguir desarrollando sus valiosas iniciativas, prestando también formación en materia de salud y seguridad para garantizar experiencias seguras y agradables para voluntarios y turistas por igual.

3.16.

No obstante, estamos ante una creciente escasez de artesanos cualificados que puedan transmitir sus conocimientos a la nueva generación y formarla de modo que se proteja y desarrolle este patrimonio diverso. La iniciativa JEMA (20), de origen francés, fomenta de forma periódica el trabajo de los artesanos y la necesidad de formar a las nuevas generaciones. Hacer frente a esta necesidad es una buena oportunidad para crear vínculos intergeneracionales con y para fines culturales. Es esencial que haya más formación práctica y un reconocimiento de las capacidades adquiridas dentro de los programas nacionales o regionales y de la UE, centrados no solo en las habilidades artesanales y medioambientales existentes, sino también en el asesoramiento, desarrollando técnicas nuevas y la actividad empresarial en el ámbito cultural. Es necesario ayudar a los artistas y otras personas para que trabajen con las escuelas locales rurales y urbanas desarrollando, de manera inclusiva, ideas culturales entre generaciones y grupos étnicos.

3.17.

El patrimonio cultural rural también está relacionado con la democracia participativa. Existe una larga tradición europea de solidaridad colectiva y de lucha contra el aislamiento y las desventajas mediante actividades comunitarias, muchas de las cuales se basan en la cultura. Forjar un liderazgo local sostenible y ejecutar las prioridades locales mediante el desarrollo local participativo y el método LEADER se suma a un acervo de grupos y movimientos civiles organizados. Las actividades sociales y culturales ayudan a unir a las personas en áreas geográficas con escasez de servicios públicos y privados. Una tradición de intervención del sector voluntario, en ocasiones como proveedor de último recurso, conserva paisajes delicados y vulnerables de supervivencia humana. El apoyo público es esencial para dichas actividades.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Dictamen del CESE «Nueva Agenda para la Cultura» (pendiente de publicación en el Diario Oficial).

(2)  https://ec.europa.eu/culture/news/new-european-agenda-culture_es

(3)  Conferencia del CESE de los días 20 y 21 de junio de 2016.

(4)  Resolución n.o 2 de la Conferencia Europea de ministros de Ordenación Territorial o Regional de los Estados miembros del Consejo de Europa (CEMAT) sobre la Carta paneuropea del patrimonio rural: la promoción de una ordenación territorial sostenible («El patrimonio rural como un factor de cohesión territorial»), aprobada en la 15.a sesión de la CEMAT, Moscú, Federación de Rusia, 9 de julio de 2010.

(5)  http://www.alpine-space.eu/projects/alpfoodway/en/home

(6)  http://www.terract.eu/fr/

(7)  https://www.bangor.ac.uk/studentlife/studentnews/gift-s-marine-renewable-visit-to-plas-newydd-18421

(8)  https://www.facebook.com/agroktima.artfarm/

(9)  Dictamen del CESE «Nueva Agenda para la Cultura» (pendiente de publicación en el Diario Oficial).

(10)  https://www.gruenewoche.de/

(11)  AttivAree project in the Lombardy region

(12)  http://www.alpine-space.eu/projects/youralps/en/home

(13)  Proyecto de Andrew Skerrett, presentado en la audiencia del Grupo de Estudio el 24 de julio de 2018 en Cardiff.

(14)  Innovate Trust — Resultados positivos de las jornadas del proyecto hortícola.

(15)  https://ec.europa.eu/info/events/innovation-and-cultural-heritage-2018-mar-20_en

(16)  https://jamesprotheroe.wordpress.com/Darren Park Primary School, Ferndale.

(17)  http://piscu.ro/piscu-school/#

(18)  https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/civil-society-citizens-participation/your-europe-your-say

(19)  http://www.rwas.wales/royal-welsh-show/

(20)  Journées Européennes des Métiers d’Art https://www.journeesdesmetiersdart.fr/


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/28


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El impacto de la subsidiariedad y de la sobrerregulación en la economía y el empleo»

(Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia austriaca)

(2018/C 440/05)

Ponente:

Dimitris DIMITRIADIS

Coponente:

Wolfgang GREIF

Consulta

Presidencia austriaca del Consejo, 12.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobación en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

192/1/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE celebra que la Presidencia austriaca del Consejo de la Unión Europea haya solicitado un dictamen exploratorio sobre «El impacto de la subsidiariedad y de la sobrerregulación en la economía y el empleo». Este dictamen aporta valor y otros aspectos al debate en curso sobre la mejora de la legislación para ofrecer seguridad jurídica, normas claras y «cargas reglamentarias mínimas para las empresas, ciudadanos o administraciones públicas» (1). No debe cuestionarse el nivel actual de protección de los ciudadanos, consumidores, trabajadores, inversores y el medio ambiente en los Estados miembros al aplicar la legislación de la UE.

1.2.

El CESE reitera su exigencia de que las cuestiones relacionadas con el futuro, incluyendo debates sobre competencias y sobre el nivel de reglamentación, deben abordarse en el ámbito nacional y el europeo con la plena participación de los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil. Se trata de una expresión fundamental de democracia participativa multinivel y, por tanto, se debe reforzar tanto en la UE como en los Estados miembros.

1.3.

El CESE subraya la importancia capital de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad para alcanzar un proceso legislativo europeo completo y sólido. Destaca que la UE debe centrarse en áreas en las que el Derecho de la UE aporte un valor añadido considerable. Por tanto, la Comisión Europea (CE) debe indicar las cuestiones que realmente han de tratarse a escala de la UE de la manera más eficaz posible. En caso de que las decisiones requieran que se tengan debidamente en cuenta características nacionales, regionales y locales, las autoridades respectivas deben tener margen de maniobra para poder especificarlas y contar con la participación activa de las partes interesadas pertinentes, incluyendo a los interlocutores sociales.

1.4.

Dentro del CESE hay diversas opiniones respecto del término «sobrerregulación» que reflejan los diferentes puntos de vista de los distintos agentes. Pese a que no existe una definición inequívoca, «sobrerregulación», en general, hace referencia a una situación en la que los Estados miembros introducen requisitos superiores a los mínimos establecidos de conformidad con la legislación de la UE (principalmente las directivas) durante su transposición a la legislación nacional. La Comisión debe establecer una orientación que ayude a los Estados miembros a transponer correctamente los requisitos correspondientes de un acto jurídico, al tiempo que se respetan los principios de proporcionalidad y de subsidiariedad, así como unas condiciones equitativas de competencia.

1.5.

El CESE observa que, sobre todo en vista de la subsidiariedad y la proporcionalidad y de conformidad con el Derecho de la UE, es competencia exclusiva de los Estados miembros introducir medidas adicionales diferentes de aquellas previstas por los requisitos (mínimos) de la UE con objeto de reflejar sus características específicas. Dichas decisiones deben adoptarse de manera transparente, tras la consulta de los interlocutores sociales y las partes interesadas, y deben ajustarse a la legislación de la UE. En ese sentido, el CESE no pone en cuestión la soberanía, libertad y responsabilidad de los Estados miembros a la hora de estipular normas y prácticas nacionales.

1.6.

El CESE pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para reducir las cargas administrativas irracionales con objeto de impulsar el crecimiento y la creación de empleo sostenible.

1.6.1.

En el contexto de la preparación del marco financiero plurianual (MFP) para el período 2021-2027, el CESE insta a la CE a que tome medidas rápidamente para afrontar las cargas administrativas innecesarias que dificultan seriamente las inversiones de los Fondos EIE: las ayudas estatales, la verificación de la conformidad en materia de contratación, las prácticas de auditoría y la demora al adoptar orientaciones detalladas universales o, incluso, su adopción con carácter retroactivo.

1.6.2.

El CESE subraya que la carga normativa y administrativa innecesaria es un obstáculo a la hora de optimizar los beneficios y minimizar los costes normativos de las empresas, los ciudadanos y los poderes públicos. Reitera la necesidad de adoptar una normativa simplificada, coherente y de mejor calidad, que se entienda y se aplique adecuadamente, y de contar con la participación igualmente indispensable de los cuatro niveles de gobernanza: UE, nacional, regional y local.

1.6.3.

Al igual que en anteriores dictámenes (2), el CESE recomienda realizar una prueba rigurosa de las pymes en las evaluaciones de impacto de la CE.

1.7.

El CESE reitera que las normas mínimas europeas, especialmente en el contexto de las políticas social, de protección de los consumidores y de protección ambiental de la UE, tienen por objeto la aproximación de las condiciones de vida y de trabajo en toda la UE con vistas a una convergencia ascendente. Las normas mínimas de las directivas de la UE no deben interpretarse como un «nivel máximo» que no se debe reforzar nunca durante su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales. Sin embargo, el CESE cree que la aceptación popular del proceso de integración europeo no se debe poner en riesgo por la competencia en materia de regulación mediante la nivelación a la baja de las normas. Todas las decisiones deben adoptarse de manera transparente y en diálogo abierto con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil.

2.   Introducción

2.1.

La Presidencia austriaca del Consejo de la UE pidió al CESE un dictamen exploratorio sobre «El impacto de la subsidiariedad y de la sobrerregulación en la economía y el empleo».

2.2.

El CESE observa que la solicitud alude al principio de subsidiariedad y a la sobrerregulación, y que amplía el debate actual sobre la mejora de la legislación, tema sobre el que el CESE ha expresado su opinión en varios dictámenes de reciente aprobación (3).

2.3.

La cuestión de la subsidiariedad ha cobrado recientemente nueva relevancia, en particular con el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa. El Grupo Operativo sobre Subsidiariedad y Proporcionalidad, establecido por el presidente de la Comisión Juncker en noviembre de 2017, presentó un informe con recomendaciones para mejorar la aplicación de los principios de subsidiariedad (4).

El CESE opina que el carácter del informe es, en cierto modo, restringido y cree que esto refleja la composición limitada del Grupo Operativo. Por lo tanto, sugiere encarecidamente que en los actos de seguimiento se incluyan de manera activa representantes de la sociedad civil. El Comité considera que urge abordar la proporcionalidad de la acción europea y, lo que es aún más importe, los ámbitos en que la UE debe intensificar, reducir o incluso detener su acción de conformidad con los intereses de los ciudadanos, la economía y otros intereses sociales.

2.4.

Para el CESE, estas cuestiones relacionadas con el futuro se deben abordar a escala nacional y de la UE con la participación de los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil. Dar a estos agentes espacio a escala local y regional en los procesos de elaboración y aplicación de las políticas nacionales y de la UE contribuiría directamente a practicar de forma manifiesta la subsidiariedad horizontal.

2.5.

El CESE acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Presidencia austriaca de la conveniencia de incluir la dilatada experiencia que tienen los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la concepción, la aplicación y la evaluación de las medidas políticas a escala nacional y de la UE. Se trata de una expresión fundamental de democracia participativa multinivel y, por tanto, se debe reforzar tanto en la UE como en los Estados miembros.

2.6.

A este respecto, el CESE pide al Grupo Operativo que tenga en la debida consideración sus dictámenes sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad, en los que también se basan las observaciones y las recomendaciones del presente dictamen.

3.   El principio de subsidiariedad

3.1.

El principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE tiene por objeto garantizar que ninguna acción de la UE vaya más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado y que la UE solo actúe en aquellos ámbitos en los cuales no tenga competencia exclusiva cuando sea posible conseguir de un modo más eficaz los objetivos de una medida legislativa a escala de la UE que a escala nacional, regional o local.

3.2.

El CESE subraya la vital importancia que revisten estos principios en una comunidad supranacional como la UE, y se felicita expresamente por los instrumentos que establece el Tratado de Lisboa para respetar el principio de subsidiariedad, desde el análisis de la subsidiariedad antes de adoptar un acto legislativo hasta las reclamaciones en materia de subsidiariedad por parte de los órganos legislativos nacionales.

3.3.

El CESE destaca también que todos los ámbitos previstos en el TFUE requieren el buen funcionamiento de Europa y que el principio de subsidiariedad no debe emplearse para contrarrestar una acción de la UE, que tiene claro valor añadido europeo, dar en principio prioridad a enfoques nacionales ni tampoco para que la UE abandone por adelantado ámbitos políticos esenciales. Solo deberían adoptarse las normas que tengan un valor añadido europeo. El CESE considera que los desafíos que actualmente afronta el continente no implican una renacionalización en favor de la opción «menos Europa», sino la adopción de medidas audaces hacia una Europa mejor y más cercana a los ciudadanos que promueva también la cohesión.

3.4.

El CESE reconoce que el papel de los Estados miembros a la hora de aplicar la legislación de la UE es crucial, particularmente en el caso de la transposición de las directivas, que son vinculantes en cuanto al resultado que debe alcanzarse, aunque deja en manos de las autoridades nacionales elegir la forma y los métodos de aplicación, así como decidir —conforme al Derecho de la UE— una mejora de las normas si se estimara oportuno. Al mismo tiempo, la transposición no debería obstaculizar unas condiciones de competencia equitativas entre todos los actores del mercado interior, que son importantes para su correcto funcionamiento.

3.5.

Si bien los Estados miembros son los responsables de transponer las directivas de manera precisa y oportuna, el papel de la Comisión Europea como guardiana de los Tratados estriba en garantizar la aplicación adecuada a escala nacional. Esta «responsabilidad compartida» debe apreciarse claramente desde el comienzo del proceso legislativo: la aplicación correcta depende de una evaluación de impacto clara, transparente y completa como base de la nueva legislación de la UE, de que la propuesta se presente con un lenguaje claro y sencillo y de que se ofrezca un plazo realista de aplicación.

3.6.

No obstante, el CESE advierte de que, incluso si se cumpliesen los requisitos anteriores, la aplicación a escala nacional, regional y local podría ser insuficiente o ineficaz. A este respecto, reitera su petición a la CE para que redoble sistemáticamente sus esfuerzos, en función de sus competencias, a fin de actuar con mayor rapidez y rigor cuando los Estados miembros no transpongan correctamente, o en modo alguno, la legislación de la UE (5) tras haber explorado todas las opciones de cooperación.

3.7.

El CESE observa que determinados compromisos jurídicos y políticos han sido percibidos como abusos de competencias por parte de las instituciones de la UE e injerencias en los ámbitos y las decisiones de los Estados miembros (por ej., relaciones laborales e iniciativas sindicales nacionales; sistemas de pensiones, de salud y de seguridad social de otro tipo o normativas profesionales, como criterios de admisibilidad en el sector sanitario).

Por lo tanto, el CESE se opone igualmente, no solo a dicho abuso de competencias por parte de las instituciones de la UE, sino también a la transferencia de importantes ámbitos de regulación del TFUE, como por ejemplo las normas de protección de los consumidores y de protección del medio ambiente y la política social europea a escala nacional, con el pretexto de la subsidiariedad.

4.   Evitar cargas normativas y administrativas innecesarias: la «sobrerregulación»

4.1.   El debate en torno a la «sobrerregulación».

4.1.1.

Al transponer legislación de la UE, en ocasiones los Estados miembros introducen medidas más estrictas o avanzadas que las establecidas por los requisitos de la legislación de la UE (principalmente directivas) o no usan las opciones que ofrece la directiva para una posible simplificación. En muchos documentos, este fenómeno se denomina «sobrerregulación». En el primer caso se considera «sobrerregulación activa», en el segundo «sobrerregulación pasiva».

4.1.2.

En el CESE hay diversas opiniones sobre la «sobrerregulación» que reflejan también los distintos puntos de vista de los diferentes agentes. Algunas partes interesadas la perciben como un exceso de normas, orientaciones y procedimientos acumulados a nivel nacional, regional y local que genera una carga administrativa innecesaria e interfiere en la consecución de los objetivos esperados que deben lograrse mediante la transposición de la legislación. Sin embargo, otras partes interesadas opinan que el empleo del estigmatizado término «sobrerregulación» conllevaría el riesgo de cuestionar las normas avanzadas de algunos Estados miembros adoptadas democráticamente e incorporadas en sus ordenamientos jurídicos, en particular en los ámbitos del Derecho laboral, en materia de protección del medio ambiente y de protección de los consumidores, así como en relación con las profesiones liberales.

4.1.3.

Por tanto, el CESE es partidario de un enfoque pragmático y equilibrado y, a efectos del presente dictamen, centrará su atención en emplear una terminología neutra y más precisa, de conformidad con en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de mayo de 2016.

4.2.   Definición de «sobrerregulación».

4.2.1.

El CESE sugiere definir la «sobrerregulación» de forma más precisa. En aquellos casos en que los Estados miembros transponen el contenido de legislación de la UE de una forma más ambiciosa (en lo sustantivo o en relación con el procedimiento) o se esfuerzan por ser coherentes con la legislación nacional, se podrán emplear expresiones como «disposiciones más avanzadas», «disposiciones más estrictas» o «requisitos más estrictos». El uso de la expresión «sobrerregulación» debe limitarse a aquellos casos en que se introducen elementos añadidos no razonables e innecesarios a la legislación de la UE durante su transposición a la legislación nacional, que no puedan justificarse a la luz de uno o varios de los objetivos de la medida propuesta o que impliquen una carga administrativa adicional innecesaria. En cualquier caso, la expresión «sobrerregulación» [«gold-plating»] es muy general, su traducción a muchas lenguas nacionales resulta engañosa y debe sustituirse por un término mucho más concreto.

4.2.2.

Con independencia de la terminología (e incluso cuando se utilice el término «sobrerregulación»), el CESE reitera que este concepto no debe referirse, en particular, a lo siguiente:

la restricción de normas establecidas en ámbitos como el Derecho laboral, social, en materia de protección del medio ambiente y de protección de los consumidores al transponer y aplicar legislación de la UE;

las medidas nacionales que no están asociadas (de manera objetiva ni temporal) a la transposición del Derecho de la UE;

el establecimiento de disposiciones generales del Derecho de la UE durante su transposición (por ejemplo, establecer sanciones legales concretas en casos de infracción);

la aplicación de una de las distintas opciones explícitas de transposición del Derecho de la UE;

las disposiciones nacionales avanzadas que superan a las normas mínimas basadas en «cláusulas de no regresión» del Derecho de la UE;

la aplicación del contenido de una directiva en casos similares a fin de garantizar la coherencia y la consistencia de la legislación nacional.

4.2.3.

El CESE reitera que el principio de subsidiariedad permite a los Estados miembros introducir medidas más estrictas al ejercer su derecho a garantizar la consecución de sus diferentes objetivos (por ejemplo, económicos, sociales o medioambientales) y demostrar su compromiso con respecto a un alto nivel de protección, respetando el carácter específico de los instrumentos jurídicos, como las «directivas», así como determinados límites de competencias. El CESE subraya que dichos compromisos más rigurosos solo deben contraerse tras un debate transparente e inclusivo con los interlocutores sociales y las partes interesadas, en un espíritu de entendimiento mutuo y mediante un proceso de toma de decisiones equilibrado.

4.3.   «Sobrerregulación» y mejora de la legislación.

4.3.1.

En el contexto del Programa de Mejora de la Legislación, la CE reconoce el derecho de los Estados miembros a ir más allá de las normas establecidas en la legislación de la UE (sobrerregulación), pero manifiesta su preocupación por la falta de transparencia al respecto. El Reino Unido, los Países Bajos, Bélgica, Alemania y Austria han establecido sistemas para detectar casos de «sobrerregulación». En el Reino Unido y los Países Bajos, la «sobrerregulación» se regula a través de políticas oficiales centralizadas dirigidas a promover el crecimiento económico.

4.3.2.

Pese a que el CESE no cuestiona en modo alguno las disposiciones vigentes del Tratado —especialmente las competencias de la UE o de los Estados miembros—, reitera la importancia de respetar «principios generales del Derecho de la Unión, como los principios de legitimidad democrática, subsidiariedad y proporcionalidad, y seguridad jurídica». Entre otras cosas, esto implica el respeto de la soberanía democrática, la libertad y la responsabilidad de los Estados miembros para concebir leyes y prácticas nacionales que tengan debidamente en cuenta el papel que desempeñan los interlocutores sociales a este respecto. El CESE siempre ha reclamado promover la simplicidad, la claridad y la coherencia en la elaboración de la legislación de la Unión, así como una mayor transparencia en el proceso legislativo.

4.3.3.

El CESE ha subrayado en repetidas ocasiones que «[l]a normativa europea es un factor de integración clave que no constituye una carga o un coste que se deba reducir. Al contrario, si es [equilibrada], proporcionada [y no discriminatoria], ejerce una importante función de protección, promoción y seguridad jurídica para todos los agentes y ciudadanos europeos» (6). Reitera su opinión de que la legislación es primordial para alcanzar los objetivos del Tratado y para crear el entorno adecuado para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo que beneficie a los poderes públicos, las empresas y los ciudadanos (7). Con arreglo al artículo 3 del TFUE, la legislación contribuye también a mejorar el bienestar, proteger el interés general y los derechos fundamentales, promover un alto grado de protección social y medioambiental, y garantizar la seguridad y la previsibilidad jurídicas. Asimismo debería evitar el falseamiento de la competencia y el dumping social (8).

4.3.4.

Al transponer directivas, los Estados miembros a veces añaden elementos que no guardan una clara relación con la legislación de la UE en cuestión. El CESE opina que estos elementos añadidos deben ponerse de manifiesto bien en la ley de transposición, bien en los documentos asociados. La legitimidad de los Estados miembros para complementar actos de la UE debido a una armonización mínima debe reconocerse en general, siempre que sea transparente y respete los principios de no discriminación y proporcionalidad. Son muchos los ejemplos de transposición no minimalista de directivas en los Estados miembros que pueden entenderse como casos de sobrerregulación.

4.3.5.

El CESE subraya que, en los casos de armonización mínima, los Estados miembros podrán redactar disposiciones que tengan como objetivo la creación de empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, una protección social adecuada, un nivel de empleo elevado y sostenible y la lucha contra las exclusiones (artículo 151 del TFUE), la promoción y el desarrollo de las pymes y un nivel elevado de protección de la salud humana y de los consumidores (artículos 168 y 169 del TFUE), así como la protección del medio ambiente (artículo 191 del TFUE), sin que ello suponga la creación de cargas normativas o administrativas innecesarias.

4.4.

El CESE opina que las siguientes medidas contribuirán a sortear cargas normativas y administrativas innecesarias:

la CE debe llevar a cabo evaluaciones de impacto integradas en la legislación europea que tengan debidamente en cuenta las cargas innecesarias y cualquier otro impacto de los textos normativos importantes;

las leyes europeas deben evaluarse según sus propios méritos, caso por caso, a fin de lograr la armonización deseada que, en función de las circunstancias, permita una forma de armonización más avanzada en algunos aspectos y menos en otros. Corresponde a la CE proponer, a través de las evaluaciones de impacto, el nivel más adecuado de armonización, teniendo en cuenta la necesidad de un alto nivel de protección;

al transponer la legislación de la UE, los Estados miembros, a escala nacional y regional, deberían ser plenamente transparentes con respecto a los requisitos complementarios que pudiesen afectar negativamente al mercado único, la competitividad y el crecimiento;

el hecho de que un Estado miembro imponga normas menos estrictas que otro no implica automáticamente que las normas de este último sean desproporcionadas e incompatibles con el Derecho de la UE. Es responsabilidad de los Estados miembros realizar una evaluación caso por caso en la que se tengan en cuenta los puntos de vista de todas las partes interesadas y la totalidad del marco reglamentario. La evaluación de impacto podría ser una importante herramienta a tal efecto;

cualquier requisito adicional durante la transposición de directivas debe acompañarse de documentos donde se indiquen de forma transparente las razones específicas que justifican dichas adiciones.

4.5.

A fin de evitar poner a las empresas y otras partes interesadas en una posición de desventaja competitiva con respecto a sus equivalentes de otros Estados miembros, la CE debe establecer una orientación que ayude a los Estados miembros a transponer correctamente los requisitos de un acto jurídico, al tiempo que se respetan los principios de proporcionalidad y subsidiariedad y unas condiciones de competencia equitativas. A este respecto, el CESE reitera su requerimiento de contar con la máxima participación posible de los interlocutores sociales y otros intereses pertinentes en los ejercicios de transposición, así como la participación activa de los Estados miembros y los Parlamentos nacionales y regionales en sus respectivas evaluaciones ex post (9).

4.6.

Recomendaciones del CESE para una transposición eficaz:

4.6.1.

Los Estados miembros han de prestar atención a los plazos de aplicación pertinentes para que se disponga de tiempo suficiente para realizar las consultas con todas las partes implicadas:

al preparar las posiciones marco nacionales para las negociaciones iniciales en los órganos de trabajo de los Estados miembros, hay que prestar atención al plazo de transposición;

se debe comprobar si las directivas de la UE proporcionan dos plazos, uno para elaborar la legislación de aplicación nacional y otro relacionado con la fecha en que la legislación debe entrar en vigor;

es preciso seguir y no perder de vista el plazo de transposición durante todo el proceso legislativo;

los planes de aplicación de la CE ofrecen apoyo y asistencia.

4.6.2.

Consultas:

a escala de la UE, la asistencia que ofrece la CE durante el proceso de aplicación, como las recomendaciones y los debates de los grupos de expertos, puede ser útil y contribuir a un entendimiento común entre los Estados miembros;

la Comisión Europea debe adaptar la metodología de transposición existente (orientaciones) no solo para garantizar que la transposición de las directivas no entre en conflicto con el Derecho de la UE, sino también para salvaguardar la eficacia de la transposición;

se podría fomentar más el desarrollo por parte de la CE de plataformas electrónicas especializadas (como la interfaz de notificación electrónica existente) o de una base de datos electrónica para determinados actos del Derecho de la UE con vistas al intercambio de mejores prácticas. Hay que promover la gobernanza multinivel, que deberá incluir a todas las partes interesadas.

4.6.3.

Terminología y actos delegados:

se anima a los Estados miembros a que comprueben que se emplea un lenguaje preciso y consensuado durante todo el proceso de negociación en el Consejo;

los términos básicos y las definiciones deben establecerse con claridad tan pronto como sea posible en la etapa inicial de las negociaciones;

la CE habrá de tener en cuenta los distintos significados de los términos y las definiciones que planteen los Estados miembros;

las definiciones de un acto legislativo específico deben ser coherentes con las que establece la legislación de la UE;

los actos delegados estarán sujetos a los requisitos del artículo 290 del TFUE, y se proporcionarán definiciones claras y explícitas en el texto legislativo de base;

los actos delegados solo han de tenerse en cuenta con respecto a elementos no esenciales del acto legislativo y solo estas partes pueden completarse o modificarse (10).

5.   Ámbitos sensibles específicos

5.1.   Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE)

5.1.1.

La política de cohesión europea, especialmente los Fondos Estructurales y el Fondo Social Europeo, que se aplican en un complejo entorno administrativo, institucional y reglamentario, constituye un ámbito específico donde una transposición innecesaria y gravosa puede tener un efecto negativo en las políticas de la UE. En tal contexto, las normas a escala nacional o regional a menudo «añaden elementos» en lugar de limitarse a garantizar que se cumplen los requisitos (europeos) mínimos. Muchas de estas normas conducen a cargas administrativas adicionales. Cabe señalar que los requisitos adicionales suelen sustentarse en la asunción de que son importantes, útiles, necesarios y resultado de un proceso democrático.

5.1.2.

En el contexto de la preparación del MFP para el período 2021-2027, el CESE insta a la CE a que tome medidas rápidamente para afrontar la carga administrativa innecesaria que dificulta seriamente las inversiones de los Fondos EIE: las ayudas estatales, el cumplimiento en materia de contratación, las prácticas de auditoría y la demora al adoptar orientaciones detalladas universales, o incluso su adopción con carácter retroactivo. Reducir o eliminar la carga administrativa innecesaria es una responsabilidad conjunta de todos los agentes.

5.1.3.

Las prácticas inapropiadas podrían generar falta de confianza en todo el sistema de aplicación de los Fondos EIE. Entre dichas prácticas se incluyen: un enfoque de aversión al riesgo a todos los niveles; la falta de coherencia al interpretar las respuestas de las distintas DG de la CE; la persistencia de deficiencias en la armonización de las normas sobre los Fondos EIE a escala nacional, local y regional; el miedo a no cumplir la normativa sobre ayudas estatales; los diversos enfoques a escala de la UE (con el acento puesto en la transparencia) y nacional (con el acento puesto en la relación entre los costes y las prestaciones) con respecto a la política de contratación pública; y las distintas culturas administrativas nacionales.

5.1.4.

Las prácticas inapropiadas también podrían perjudicar a los beneficiarios y a los órganos que gestionan el programa, y aumentar la carga y los costes administrativos derivados de la aplicación de los Fondos EIE, lo que les restaría atractivo. Debido a la falta de sistemas alternativos de solución de diferencias, las empresas, y en particular las pymes, podrían verse perjudicadas por las demoras en el pago, la sobrecarga administrativa, el control inapropiado, el rechazo de proyectos, la exclusión de acciones colectivas, etc. Por estos motivos, el CESE pide que se creen sistemas de solución de diferencias especializados.

5.1.5.

Recomendaciones para acciones futuras para el período 2021-2027:

5.1.5.1.

Reducción de las cargas administrativas en el ámbito de la gestión y del control:

acción rápida a escala de la UE y nacional para detectar y, si fuese posible, eliminar las prácticas, los procesos y los procedimientos redundantes, así como para proponer soluciones más eficaces basadas en buenas prácticas;

la «gestión compartida» es una causa sustancial de la complejidad de los Fondos EIE. Es preciso aplicar el «enfoque integrado», por el que la administración y el control de los Fondos EIE se realizan conforme a las normas nacionales («gestión descentralizada»);

los Estados miembros deben llevar a cabo revisiones de sus propios sistemas de auditoría, gestión y control con vistas a detectar y eliminar normas excesivas o redundantes, salvaguardando al mismo tiempo el uso correcto de los fondos de la UE;

la CE debe tener más en cuenta la intensidad de la ayuda y los elementos específicos que presentan los distintos modelos y mecanismos de aplicación (es decir, subvenciones, instrumentos financieros, costes simplificados, etc.) a la hora de elaborar las normas y los procedimientos pertinentes.

5.1.5.2.

El CESE pide que se simplifiquen y racionalicen las normas sobre ayudas estatales, eliminado también todas las fuentes de incertidumbre en su aplicación. Debe considerarse la posibilidad de realizar modificaciones, también a las normas aplicables cuando sea preciso, de manera que los proyectos de Fondos EIE se traten igual que los que reciben financiación del FEIE y de programas directamente gestionados por la CE, como Horizonte 2020. Asimismo, el CESE advierte de que todas las notas interpretativas y orientativas y los documentos basados en preguntas y respuestas deben restringirse para no añadir capas adicionales de legislación de facto. Recomienda que se sustituyan por una amplia difusión de buenas prácticas y que se evite la aplicación retroactiva. Solicita a la CE que se abstenga de elaborar orientaciones aplicables a todos los Estados miembros cuando se basan en una petición o en problemas de un solo Estado miembro o de un reducido número de Estados miembros.

5.1.5.3.

Con objeto de contemplar los distintos enfoques al tratar las normas de contratación pública, el CESE propone la creación de un grupo de trabajo conjunto compuesto por representantes de las DG pertinentes y representantes de los Fondos para que ofrezca una interpretación coherente de las normas cuando sea necesario, así como asesoramiento coherente y un enfoque uniforme en relación con las correcciones financieras.

5.1.5.4.

El CESE opina que es mejor aplicar la subsidiariedad durante la ejecución de los Fondos EIE, y considera que deben ser las autoridades nacionales las que verifiquen el cumplimiento de las normas nacionales. Invita a los Estados miembros a que hagan pleno uso de las opciones de simplificación proporcionadas en el nuevo período de programación, a que eviten la sobrerregulación, que aquí se refiere a todas las normas, orientaciones y procedimientos de aplicación que pueden considerarse innecesarios con respecto a los objetivos políticos que han fijado las autoridades de gestión, y a que eliminen las cargas administrativas innecesarias.

5.2.   Hacia una mejor regulación

5.2.1.

El CESE subraya que la carga normativa y administrativa innecesaria es un obstáculo para las empresas, los ciudadanos y las autoridades públicas. Reitera la necesidad de adoptar una normativa simplificada, coherente y de mejor calidad, que se entienda y se aplique de manera adecuada y transparente, y de contar con la participación igualmente indispensable de los cuatro niveles de gobernanza: UE, nacional, local y regional.

5.2.2.

Algunos Estados miembros cuentan con comités nacionales ante los que los Gobiernos deben justificar regulaciones más estrictas que los niveles mínimos establecidos en la legislación de la UE («sobrerregulación»). En los Estados miembros en los que dichos órganos no existen no es necesario crear nuevos órganos administrativos, pero sin embargo el proceso de adoptar cualquier requisito superior a las normas de la UE en estos países debe ser transparente.

5.2.3.

Como en los dictámenes previos (11), el CESE recomienda llevar a cabo pruebas de pymes en las evaluaciones de impacto relativas a propuestas de nuevos actos legislativos europeos de manera más eficaz. Pide a los Estados miembros que aprovechen las opciones de conceder excepciones a las microempresas por lo que respecta a determinadas normas de conformidad con el Derecho de la UE. El CESE reitera su opinión de que los objetivos para reducir la carga normativa deben basarse en una evaluación exhaustiva que incluya un diálogo con la sociedad civil y las partes interesadas. No debe cuestionarse el nivel actual de protección de los ciudadanos, consumidores, trabajadores, inversores y el medio ambiente en un Estado miembro al aplicar la legislación de la UE (12).

5.2.4.

El CESE reitera la igualdad y la homogeneidad de los diferentes objetivos de las políticas de la UE de conformidad con el Tratado, destacando en particular una economía de mercado altamente competitiva y socialmente responsable, tendente al pleno empleo y al progreso social, y un nivel elevado de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente.

5.2.5.

Siempre que sea razonable y esté justificado, el CESE invita a la CE a que considere el uso de modelos basados en incentivos, así como normas y orientaciones internacionales.

6.   Impacto en las normas de protección del empleo, los consumidores y el medio ambiente

6.1.

En las últimas décadas, se ha establecido a escala de la UE una serie de normas mínimas en materia de protección del consumidor, del medio ambiente y de los trabajadores con miras a lograr la convergencia ascendente hacia mejores condiciones de vida y de trabajo en la Unión, es decir, una mayor convergencia social conforme al artículo 151 del TFUE.

6.2.

El legislador de la UE ha dejado margen deliberadamente para que los Estados miembros apliquen las normas mínimas a la luz de los principios del Tratado de la UE, ateniéndose en particular al respeto de la proporcionalidad. Por consiguiente, las directivas disponen que los Estados miembros puedan tener en cuenta sus normas más estrictas durante el proceso de aplicación. El CESE subraya que, cuando los Estados miembros decidan introducir normas de protección más ambiciosas, podrían tener en cuenta, entre otras consideraciones, los principios de mejora de la legislación.

6.3.

Estas normas nacionales son el resultado de procesos democráticos de negociación que cuentan con una considerable participación de interlocutores sociales nacionales y europeos, y que benefician a los trabajadores, los consumidores y las empresas. De conformidad con los objetivos del Tratado de la UE, el establecimiento de estas normas mínimas debe tener por objeto garantizar el mejor funcionamiento del mercado único y, al mismo tiempo, no debe afectar negativamente a unos niveles más altos de protección a escala nacional. Las normas mínimas del Derecho de la UE a menudo incluyen, incluso explícitamente, «cláusulas de no regresión» que indican que la aplicación de la directiva no puede utilizarse como pretexto para rebajar normas nacionales más estrictas al nivel europeo. Sin embargo, esto no significa que las normas nacionales sean eternas e inmutables y no puedan modificarse nunca.

6.4.

Durante la transposición nacional del Derecho de la UE, los Estados miembros podrían utilizar evaluaciones de impacto para controlar los efectos sociales, económicos y de otro tipo.

6.5.

En los ámbitos de la política social y de la protección de los consumidores y el medio ambiente, la legislación de la UE se aseguró de que las normas más estrictas de los Estados miembros no debían ser objeto de menoscabo sino de salvaguardia, incluyendo a todas las partes interesadas en las evaluaciones de impacto. A este respecto, el CESE ha expresado en repetidas ocasiones su opinión de que el Programa de Mejora de la Legislación debería garantizar una legislación de la UE de alta calidad, sin socavar los principales objetivos políticos ni ejercer presiones desreguladoras sobre las normas de protección social y ambiental ni los derechos fundamentales (13).

6.6.

El CESE reitera que las normas mínimas europeas, especialmente en el contexto de la política social de la UE, tienen por objeto la aproximación de las condiciones de vida y de trabajo en toda la UE con vistas a una convergencia social ascendente. Las normas mínimas de las directivas de la UE no deben interpretarse como un «nivel máximo» que no deba superarse nunca durante su transposición a los ordenamientos jurídicos nacionales.

6.7.

El CESE apoya el proceso de mejora de la legislación y reconoce su valor añadido. Al mismo tiempo, advierte de que en modo alguno debe utilizarse este proceso como pretexto para rebajar los requisitos, especialmente en ámbitos como la protección de los consumidores o del medio ambiente, la legislación laboral o la promoción de la prosperidad, el crecimiento o la creación de empleo sostenible. El CESE advierte de que esto alimentaría el creciente escepticismo frente a la UE en amplios sectores de la población. El CESE cree que la aceptación popular del proceso de unificación europeo no se debe poner en riesgo por la competencia en materia de regulación mediante la nivelación a la baja de las normas.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_es

(2)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 1.

(3)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 11; DO C 13 de 15.1.2016, p. 192; DO C 303 de 19.8.2016, p. 45; DO C 487 de 28.12.2016, p. 51; DO C 262 de 25.7.2018, p. 22.

(4)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-doing-less-more-efficiently_1.pdf.

(5)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 22, DO C 18 de 19.1.2017, p. 10.

(6)  Véase, entre otros, el punto 1.2 del dictamen del CESE sobre el «Programa REFIT» (DO C 303 de 19.8.2016, p. 45).

(7)  COM(2012) 746 final, p. 2.

(8)  DO C 303 de 19.8.2016, p. 45, punto 2.1.

(9)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 22, punto 1.2.

(10)  CES248-2013 (documento informativo) (DO C 13 de 15.1.2016, p. 145).

(11)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 1.

(12)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 22, puntos 4.7.1 y 4.8.3.

(13)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 22 (puntos 1.1 y 3.4.); DO C 303 de 19.8.2016, p. 45 (puntos 2.1, 2.2 y 2.5); DO C 13 de 15.1.2016, p. 192 (punto 2.4).


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/37


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La brecha digital de género»

(Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo)

(2018/C 440/06)

Ponente:

Giulia BARBUCCI

Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo

Carta, 19.4.18

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobación en sección

19.7.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

176/2/6

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Las causas de la brecha digital de género son múltiples y, por consiguiente, las medidas deben abordar diferentes ámbitos: el sistema educativo desde la niñez hasta la edad adulta, el mercado laboral, la conciliación entre la vida profesional y la vida privada, los servicios públicos y la brecha digital en general. Se recomienda utilizar un enfoque pluridisciplinar que reúna distintos aspectos de la innovación (tecnológicos, sociales, culturales, etc.).

1.2.

La brecha digital de género no solo es una cuestión tecnológica: es una cuestión económica, social y cultural que debe abordarse con políticas globales y a distintos niveles, para dar una respuesta a la desigualdad de género en sus raíces sociales y culturales más profundas.

1.3.

Es importante adoptar medidas para aumentar el número de mujeres en el ámbito de CTIM, ya que esto también puede mejorar las condiciones en otros sectores, así como en el conjunto de la economía y la sociedad. Al mismo tiempo, es esencial reconocer la creciente importancia de la educación relacionada con las TIC, así como de las aptitudes transversales, empresariales, digitales e interpersonales (como la empatía, la creatividad y la resolución de problemas complejos) en todos los sectores de la era digital. La educación interdisciplinaria y los conjuntos de aptitudes centrados en el ser humano serán fundamentales, y los sistemas educativos deben tener en cuenta estos aspectos.

1.4.

Es primordial garantizar la alfabetización digital y la educación para todos, prestando especial atención a las niñas, a fin de eliminar desde la raíz la brecha digital de género. Para superar los estereotipos es extremadamente importante contar con más modelos de referencia femeninos en el ámbito digital.

1.5.

A fin de prevenir la exclusión de las mujeres del mercado laboral, es necesario alentarlas a que participen en empleos técnicos y de alto nivel, superando las barreras y los estereotipos educativos y profesionales y garantizando el aprendizaje digital permanente.

1.6.

Los profesores y formadores deberán contar con las herramientas adecuadas para utilizar las TIC en todos los niveles de la enseñanza, promoviendo la democracia y unos sistemas de educación y formación más inclusivos y personalizados.

1.7.

Con objeto de evitar la espiral de feminización de la pobreza, deben garantizarse unas condiciones de trabajo justas y el acceso a la protección social (1). Este es especialmente el caso en la «economía de los trabajos ocasionales» (2). El diálogo social y la negociación colectiva desempeñan un papel fundamental a este respecto.

1.8.

La presencia de las mujeres en empleos para desarrolladores de TIC puede ayudar a superar el sesgo de género que puede ir incluido en el diseño de una determinada tecnología.

1.9.

Debe apoyarse el emprendimiento femenino eliminando las barreras para el acceso de las mujeres al trabajo autónomo y mejorando el acceso a las medidas de protección social y su calidad (3).

1.10.

El «trabajo inteligente» y el teletrabajo deben supervisarse a fin de sortear el peligro de que se diluyan las líneas divisorias entre la prestación de cuidados, la vida laboral y la vida privada.

1.11.

Es importante mejorar la participación en el mercado laboral de las mujeres con discapacidad, en aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (4).

1.12.

La digitalización del sector público representa una gran oportunidad para facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral y ayudar a las mujeres con responsabilidades familiares, así como para superar los obstáculos relacionados con la burocracia y el acceso a los servicios públicos.

1.13.

Es importante hacer frente a los estereotipos de género: esta cuestión debe considerarse en todas las políticas y en todos los ámbitos, y debe abordarse desde sus raíces sociales y culturales más profundas.

1.14.

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para participar en actividades en línea y redes sociales es el ciberacoso. Hay que ratificar y aplicar el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

1.15.

Todas las políticas a nivel nacional, europeo e internacional deben tener en cuenta la discriminación contra las mujeres en el ámbito digital, que también tiene consecuencias negativas en la economía y la sociedad en general.

1.16.

Las políticas públicas habrían de diseñarse atendiendo a (la integración de) una perspectiva de género. En este sentido, la presupuestación con perspectiva de género y la «lente» de género pueden ser herramientas útiles.

1.17.

El CESE anima a la Comisión Europea a que refuerce el Grupo de Trabajo «Women in Digital» (mujeres en el ámbito digital) y la iniciativa «Digital4Her». Es importante crear y desarrollar redes europeas de mujeres en el ámbito digital que promuevan la participación de niñas y mujeres en estudios y profesiones digitales en toda la UE.

1.18.

La Comisión Europea debería recomendar a los países de la UE que fijaran objetivos e indicadores nacionales para hacer un seguimiento de la situación (cuadro de indicadores anual). Además, habría que medir la mejora o el empeoramiento, recurriendo también a investigaciones realizadas por el EIGE. Se podrían elaborar recomendaciones específicas por país en este ámbito para los Estados miembros en el proceso del Semestre Europeo.

1.19.

Los interlocutores sociales de los niveles adecuados están comprometidos con la mejora de la igualdad de género en la educación y el mercado de trabajo, y desempeñan un papel fundamental en ella, a fin de eliminar la brecha digital de género. En particular, el papel de la negociación colectiva es fundamental para el aprendizaje permanente y el mercado laboral, la lucha contra los roles de género, la promoción del papel de las mujeres en la toma de decisiones y en diversos órganos, el apoyo a la conciliación de la vida profesional y privada, y la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres (5).

1.20.

El CESE recomienda que el Parlamento Europeo apoye dichas recomendaciones para la siguiente legislatura del PE, pues este tema es fundamental para el futuro desarrollo de Europa.

2.   Introducción

2.1.   Desigualdad de género

2.1.1.

En su discurso ante el Parlamento Europeo sobre las prioridades políticas de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker declaró que la discriminación no debe tener lugar en la Unión Europea, e incluyó el ámbito de la justicia y los derechos fundamentales entre las diez prioridades políticas de la labor de la Comisión. La igualdad de género forma parte de dicho ámbito, aunque la Carta de los Derechos Fundamentales ya desempeña un papel importante en este campo al establecer que «[l]a igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución» (6). Mariya Gabriel, comisaria de Economía y Sociedad Digitales, ha esbozado recientemente diversas acciones como parte de su estrategia para facilitar un aumento de la participación de las mujeres en el sector digital. Por lo tanto, es necesario garantizar el seguimiento de la declaración Digital4Her, firmada por empresas de TI, que prevé una cultura y un entorno de trabajo inclusivos y con paridad de género.

2.1.2.

Las mujeres continúan siendo discriminadas en el mercado laboral y en la sociedad en general. El índice de igualdad de género —que mide la desigualdad en los ámbitos del trabajo, el tiempo, el dinero, el conocimiento, el poder, la violencia y la salud— muestra que el avance en estos ámbitos es lento: el índice aumentó de 62 puntos en 2005 a 65 puntos en 2012, y llegó hasta los 66,2 puntos en 2017 (7). Las causas de dicha discriminación son múltiples. Para superar los desequilibrios que provoca esta discriminación, el primer capítulo del pilar europeo de derechos sociales se refiere a la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado de trabajo, reconociendo el hecho de que la igualdad de género y la igualdad de oportunidades son los ámbitos en los que la discriminación es más habitual.

2.1.3.

La brecha digital de género es una forma de desigualdad que tiene su origen en la discriminación que afecta a las mujeres, que es probablemente un obstáculo insostenible para la participación de las mujeres a escala europea y mundial. Esta discriminación ralentiza el crecimiento de la economía europea del futuro, que se caracteriza por la digitalización. En la actualidad, el 68 % de los hombres y el 62 % de las mujeres utilizan un ordenador e internet con regularidad, el 33 % de los hombres y el 18 % de las mujeres instalan software en sus dispositivos, y el 47 % de los hombres y el 35 % de las mujeres utilizan servicios de banca por internet (8). Asimismo, a pesar de representar más de la mitad del número total de titulados, las mujeres continúan estando infrarrepresentadas en los cursos de ciencia y de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): constituyen alrededor de un tercio del total de empleados en el sector, con diferentes porcentajes dependiendo del trabajo específico (en los operadores de tecnologías de la información, un 8 % en software y un 54 % en puestos de nivel inferior). El presente dictamen tiene como finalidad ofrecer recomendaciones y propuestas para superar los desequilibrios relacionados con el sistema educativo y el mercado de trabajo.

2.1.4.

Las mujeres también se enfrentan a más dificultades en línea, debido al ciberacoso: el acoso en línea se dirige mucho más hacia las niñas (según datos del EIGE, el 51 % de las mujeres deben hacer frente al acoso en línea, frente al 42 % de los hombres) (9). Hay que ratificar y aplicar el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

2.2.   Digitalización y brecha digital

2.2.1.

La digitalización ya no es simplemente un proceso tecnológico, sino un proceso económico, social y cultural.

2.2.2.

Según un estudio de la Comisión Europea (10), la digitalización podría suponer un incremento anual de 415 000 millones EUR en el PIB de la UE, y un aumento en el número de mujeres en empleos digitales podría traducirse en un impulso anual de 16 000 millones EUR para el PIB de la UE. Al mismo tiempo, las empresas se enfrentan a dificultades a la hora de contratar expertos en TIC, por lo que hay margen para más empleo y una educación mejor en el campo digital.

2.2.3.

La brecha digital no solo incluye el acceso limitado a una conexión a internet, sino también la falta de las habilidades básicas necesarias para utilizar las herramientas TIC. Uno de los aspectos que conforman la brecha digital es la brecha digital de género. Según los datos desglosados por género de la Unión Internacional de Telecomunicaciones para 91 economías, en 2017 la penetración general de internet fue del 44,9 % para las mujeres, frente al 50,9 % para los hombres; según los datos de Eurostat, en 2017 el 71 % de las mujeres tenía acceso diario a internet frente al 74 % de los hombres, y el 49 % de las mujeres accedía a servicios de banca por internet frente al 54 % de los hombres (11). Es importante considerar la cuestión desde la perspectiva del mercado laboral (la digitalización afectará a todos los trabajadores) y desde el punto de vista de los usuarios (todo individuo es usuario de la tecnología).

2.2.4.

A menudo, la brecha digital se entrelaza con otras formas de discriminación: pertenencia a una minoría étnica, vida en una zona rural, condición de inmigrante, persona con discapacidad o en situación de pobreza, etc. La tecnología puede ayudar a superar dichas barreras, haciendo que el mundo sea más inclusivo para todos, aunque, si este proceso no es dirigido por los interlocutores sociales, también puede acentuarlas.

2.2.5.

La brecha digital de género es una cuestión económica, social y cultural, que debe abordarse con políticas globales y multinivel, ya que provoca una creciente desigualdad de género. Además, la desigualdad de género ha de considerarse en todas las políticas y en todos los ámbitos, y debe abordarse desde sus raíces sociales y culturales más profundas.

2.2.6.

El impacto cualitativo de la digitalización en las necesidades de capacidades también es interesante desde la perspectiva de género debido a que las mujeres están más representadas en algunos trabajos e infrarrepresentadas en otros, como el ámbito de CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Es necesario adoptar medidas para aumentar el número de mujeres en el ámbito de CTIM.

2.2.7.

Sin embargo, también es fundamental reconocer la creciente importancia de las aptitudes interpersonales en la era digital en todos los sectores: la característica principal de la inteligencia artificial (IA) y del internet de las cosas (IdC) es que las máquinas se están volviendo cada vez más sensibles e inteligentes, con el resultado de que la mano de obra humana solo se vuelve irreemplazable si compite sobre la base de habilidades realmente humanas como la capacidad de adaptarse a los cambios y de cooperar. En la sociedad actual, la empatía, la creatividad y la resolución de problemas complejos cada vez se enseñan más a niñas que a niños, y son desarrolladas más por niñas que por niños (12). Se recomienda un enfoque pluridisciplinar que reúna distintos aspectos de la innovación (tecnológicos, sociales, culturales, etc.) en un intento no solo de contrarrestar los riesgos, sino también de aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización a las mujeres.

2.2.8.

Hay que prestar particular atención a las personas con discapacidad, y especialmente a las mujeres, cuya situación «no solo es peor que la de las mujeres sin discapacidad» (13). Por ese motivo, es importante garantizar «a las mujeres y las niñas con discapacidad la igualdad de acceso a las instalaciones de TIC y a la sociedad de la información» (14).

3.   La brecha digital de género en el sistema educativo

3.1.

El sistema educativo es el ámbito político principal que debe abordarse. Se ha producido un descenso en el número de mujeres que realizan estudios superiores relacionados con las TIC con respecto a 2011 (15). Por tanto, mejorar la alfabetización y las capacidades digitales de las mujeres en todos los niveles es fundamental para permitirles participar activamente en el desarrollo de la sociedad, beneficiarse de las oportunidades que surgen de la digitalización y evitar quedarse atrás. Las mujeres con discapacidad deben tener derecho a una educación integradora y de alta calidad. Hay que eliminar los estereotipos culturales y lingüísticos, proporcionando a las niñas diferentes modelos de referencia, especialmente en el sector de los medios de comunicación. Asimismo, las herramientas de TIC se pueden utilizar en la enseñanza y en las actividades en las aulas.

3.2.

En la educación primaria, es fundamental garantizar la alfabetización y la educación digitales para todos, a fin de asegurar la capacidad de adaptación de los futuros hombres y mujeres a las tecnologías en rápida evolución. De acuerdo con el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), que mide el progreso educativo de los adolescentes de quince años en todos los países de la OCDE, hay casi cuatro veces más niños que niñas que aspiran a una carrera en el ámbito de CTIM (16). Según un estudio del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), en la UE entre el 3 % y el 15 % de los chicos adolescentes aspiran a trabajar como profesionales de las TIC, pero solo en cuatro países de la UE entre el 1 % y el 3 % de las chicas adolescentes aspiran a trabajar como profesionales de las TIC. Además, aun si las cibercapacidades de los jóvenes en la UE son iguales entre chicos y chicas, los chicos se sienten más seguros de sus cibercapacidades: de nuevo este es un problema de percepción errónea y de estereotipos de género (17). «El CESE recuerda a los Estados miembros la necesidad de invertir en unos sistemas educativos no discriminatorios e inclusivos» (18).

3.3.

Es importante formar a los formadores para que utilicen las TIC como herramientas de enseñanza. La atención a las niñas reviste una importancia esencial para eliminar la brecha digital de género desde la raíz y promover sistemas educativos y de formación más inclusivos y personalizados. Las herramientas digitales también pueden ser útiles para reducir las cargas burocráticas de los profesores y formadores (19).

3.4.

En la educación interdisciplinaria secundaria y terciaria, las chicas siguen realizando menos cursos de CTIM que los chicos: menos de uno de cada cinco titulados en TIC son mujeres (20). La educación interdisciplinaria y las aptitudes interpersonales centradas en el ser humano también serán fundamentales.

3.5.

La formación dual y la EFP (educación y formación profesionales) deberían reforzarse y tomar en consideración el acceso de las niñas al aprendizaje técnico y a la formación en el empleo (21).

4.   La brecha digital de género en el mercado laboral

4.1.

Es necesario alentar a las mujeres a que participen en trabajos técnicos y de alto nivel, eliminando las barreras y los estereotipos educativos y profesionales. Una mayor presencia de mujeres en las TIC podría beneficiar a dicho sector y a toda la economía y la sociedad en su conjunto.

4.2.

Para superar la brecha digital de género en el mercado laboral, el papel de los interlocutores sociales en el nivel empresarial, nacional y europeo es de vital importancia. El diálogo social y la negociación colectiva pueden proponer soluciones aceptables, teniendo en cuenta tanto las necesidades de los empleadores como las de los trabajadores (22). Un mayor número de mujeres en el ámbito de CTIM y en trabajos de alto nivel también puede contribuir a reducir la brecha salarial de género.

4.3.

El aprendizaje permanente es esencial para evitar la exclusión del mercado de trabajo, lo cual reviste aun si cabe más importancia para las mujeres. El papel de los interlocutores sociales es fundamental en este sentido.

4.4.

La polarización del mercado de trabajo y la «economía de los trabajos ocasionales»: incluso aunque las máquinas pudieran técnicamente reemplazar empleos poco cualificados (tanto manuales como intelectuales, debido al IdC, los sensores, las tecnologías de IA), si dichos empleos son precarios y no se garantiza ningún derecho, podría ser más fácil para las empresas contratar a personas a bajo coste en vez de invertir en máquinas nuevas. Esto ya es una realidad en la denominada «economía de los trabajos ocasionales» o «economía de bolos». En estos contextos no se garantiza ningún tipo de protección social en el sentido de las formas habituales de trabajo (23): debido al carácter informal de este tipo de empleo, las mujeres corren el riesgo de alejarse del empleo tradicional con beneficios sociales en favor del trabajo esporádico que es de más fácil acceso y, en ocasiones, más fácil de gestionar en términos de horario laboral. A fin de evitar la espiral de feminización de la pobreza (24), deben garantizarse condiciones de trabajo justas y todas las partes interesadas deben promover un modelo de desarrollo basado en el high road («la mejor vía»). Para ello, el papel de los interlocutores sociales y de la negociación colectiva es fundamental (25).

4.5.

La tecnología no es neutral: si bien el software o un algoritmo deberían reducir la subjetividad típica de un proceso o decisión humanos, si se introduce un sesgo cultural (como un sesgo de género), siempre reproducirán este tipo de discriminación de manera estructural (y no casual). Por esta razón, las personas que trabajan en el diseño de dichos sistemas deberían ser lo más diversas posible. En la actualidad, solo el 17 % de los ocho millones de personas que trabajan en las TIC son mujeres (26); asimismo, en la UE, solo el 20 % de las mujeres de treinta años o más que poseen un título relacionado con las TIC deciden permanecer en la industria tecnológica (27). Aumentar la participación de las mujeres en dichos empleos y, por consiguiente, la diversidad, puede ayudar a superar el sesgo que podría ir incluido en el diseño de una determinada tecnología.

4.6.

Romper el «techo de cristal» para un sistema económico más digital: solo el 32 % de los líderes económicos son mujeres (28) a pesar de que se ha demostrado que las empresas con mujeres en posiciones de toma de decisiones tienen mejores estilos de gobernanza, que por lo general son más «horizontales» y que fomentan la diversidad y el pensamiento creativo e innovador. Por lo tanto, si las empresas formulan políticas de género a fin de ascender a las mujeres a los niveles más altos de la organización, la empresa se beneficiará en términos de capacidad de innovación. Si se aplica a gran escala, esto, a su vez, beneficiará a todo el sistema económico.

4.7.

El sistema de producción europeo está compuesto en gran medida por pymes que se enfrentan a más dificultades al invertir en nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, las tecnologías digitales facilitan el microemprendimiento: a través de algunas herramientas digitales (tales como el comercio electrónico), es posible para las microempresas tener acceso a los mercados globales y, en términos generales, eliminar las barreras de acceso al trabajo autónomo. De acuerdo con el 2.o European Start-up Monitor, solo el 14,8 % de los fundadores de empresas emergentes son mujeres (29). Este problema está relacionado con redes empresariales más débiles, estereotipos y apoyo financiero inadecuado. La digitalización puede crear el entorno adecuado para el emprendimiento femenino; hay que garantizar la educación y los servicios de apoyo a fin de permitir que las mujeres abran sus propias empresas utilizando las tecnologías digitales disponibles.

5.   La digitalización y la conciliación de la vida profesional y privada

5.1.

De acuerdo con un estudio del EIGE, en los empleos del sector de las TIC los horarios de trabajo son más largos que en otros sectores (30). Por consiguiente, el primer asunto que hay que tratar es el reparto de la prestación de cuidados entre hombres y mujeres: es importante emprender medidas encaminadas a un reparto más equitativo de la prestación de cuidados entre los géneros, aprobando también la propuesta de Directiva sobre la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (31).

5.2.

El «trabajo inteligente» y el teletrabajo son considerados con frecuencia herramientas para conciliar la vida familiar y la vida profesional que tienen en cuenta tanto los riesgos como las oportunidades. Si el trabajo inteligente puede ayudar a los trabajadores a gestionar sus vidas privadas (especialmente al eliminar el «tiempo muerto» que se pierde de ida y vuelta al trabajo), también es cierto que, si no se gestiona adecuadamente, el trabajo inteligente puede conducir a que se diluyan las líneas divisorias entre la prestación de cuidados, el horario laboral y el tiempo libre. El trabajo inteligente debe gestionarse a través de convenios colectivos de empresa específicos, a fin de adaptarse al contexto cultural, los medios de producción y la organización del trabajo. A más largo plazo, el trabajo inteligente también puede modificar la forma en la que vive la gente en las ciudades —y en las zonas rurales— y los espacios sociales.

5.3.

Asimismo, las herramientas digitales pueden representar una oportunidad para quienes están excluidos del mercado laboral. Estas herramientas también pueden facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Sin embargo, las mujeres con discapacidad están mucho más excluidas del mercado laboral (32). Por consiguiente, es muy importante aplicar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (33).

6.   Digitalización del sector público

6.1.

Debido al aumento de la esperanza de vida y a la baja tasa de natalidad, la población europea está envejeciendo y la carga de la prestación de cuidados para las mujeres de mediana edad está aumentando. Si bien es esencial lograr un reparto equitativo entre los géneros en la prestación de cuidados, también es importante reconocer que la digitalización —y especialmente la robótica— en el sector público representa una gran oportunidad para facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral y ayudarlas con cualquier responsabilidad de prestación de cuidados que pudiesen tener que asumir.

6.2.

La robótica puede automatizar y —lo que es más importante— facilitar algunas de las tareas más pesadas que entraña la prestación de cuidados (como el traslado de una persona con discapacidad), ayudar en la rehabilitación de personas con lesiones, prevenir enfermedades, etc. Estas tecnologías pueden mejorar la calidad de vida de toda la sociedad, en particular la de las mujeres, así como la participación de las mujeres en el mercado laboral de dos maneras: podría facilitar el trabajo en el sector de servicios de atención personal, en el que las mujeres están muy representadas, y puede beneficiar a las mujeres que prestan asistencia no remunerada, aunque únicamente si dichas tecnologías están disponibles y garantizadas para todos aquellos que las necesiten.

6.3.

Las tecnologías digitales también pueden tener un profundo impacto en todos los procedimientos burocráticos relacionados con los servicios públicos. Algunos países ya aplican este tipo de tecnología a gran escala y han creado una identidad digital única para todos los procedimientos relacionados con el sector público (impuestos, asistencia sanitaria, educación, etc.). Ampliar este proceso podría mejorar la calidad de vida; sin embargo, también es importante tener en cuenta (y prevenir) los riesgos relacionados con el control de datos por parte de un único agente (aun si se trata de una autoridad pública), con la privacidad, la ciberseguridad, la transparencia y la ética (34).

6.4.

La administración pública debería preparar los presupuestos atendiendo a una perspectiva de género para todos los servicios y actividades, al objeto de promover la igualdad y estudiar el impacto de las políticas en las mujeres. Toda decisión de inversión debería adoptarse recurriendo a la «lente de género» en tres ámbitos: la igualdad de género en el lugar de trabajo, el acceso de las mujeres al capital, y los productos y servicios que benefician a las mujeres.

6.5.

Si bien en algunos países la digitalización del sector público ya está muy avanzada, en otros este proceso apenas está comenzando, y esta podría ser una oportunidad para formar y emplear a más mujeres en el sector público desde una perspectiva de género.

6.6.

Para poder desarrollar la digitalización, se deben facilitar, sin discriminación geográfica, las infraestructuras necesarias, como la banda ancha, el 5G, etc.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  SOC/581 — Dictamen del CESE sobre el tema «Acceso a la protección social» (Véase la página 135 del presente Diario Oficial).

(2)  La protección social de los trabajadores en la economía de plataformas, Parlamento Europeo, 7.12.2017.

(3)  DO C 173 de 31.5.2017, p. 45.

(4)  Dictamen del CESE sobre «La situación de las mujeres con discapacidad» (DO C 367 de 10.10.2018, p. 20).

(5)  «A Toolkit for Gender Equality in Practice» (Conjunto de herramientas para la igualdad de género en la práctica), de los interlocutores sociales europeos CESE, BusinessEurope, CEEP y UEAPME.

(6)  Capítulo III, artículo 23.

(7)  EIGE, Informe de 2017 del índice de igualdad de género.

(8)  Véase la Resolución del PE de 17 de abril de 2018.

(9)  EIGE: «Youth, digitalisation and gender equality: opportunities and risks of digital technologies for girls and boys» (Juventud, digitalización e igualdad de género: oportunidades y riesgos de las tecnologías digitales para niños y niñas), 2018 (en preparación).

(10)  Vessela Karloukovska, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Grupo de Trabajo «Women in Digital» (Mujeres en el ámbito digital), Comisión Europea.

(11)  Datos de Eurostat.

(12)  Martha Ochoa (UNI Global Union) «The path to genderless digitalisation» (La ruta hacia la digitalización neutral en cuanto al género).

(13)  Dictamen del CESE sobre «La situación de las mujeres con discapacidad», (DO C 367 de 10.10.2018, p. 20), punto 2.1.

(14)  Ídem, punto 5.36.

(15)  «Women in the Digital Age» (Mujeres en la era digital), Comisión Europea, 2018.

(16)  Konstantina Davaki, autora del estudio «The underlying causes of the digital gender gap and possible solutions for enhanced digital inclusion of women and girls» (Las causas subyacentes de la brecha de género digital y posibles soluciones para reforzar la inclusión digital de mujeres y niñas).

(17)  Lina Salanauskaitė, Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

(18)  Dictamen del CESE sobre el «Plan de Acción de la UE 2017-2019-Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres», punto 4.4 (DO C 262 de 25.7.2018, p. 101).

(19)  Ekaterina Efimenko, Comité Sindical Europeo de la Educación (ETUCE).

(20)  Vessela Karloukovska, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Grupo de Trabajo «Women in Digital» (Mujeres en el ámbito digital), Comisión Europea.

(21)  DO C 13 de 15.1.2016, p. 161; DO C 434 de 15.12.2017, p. 36.

(22)  Dictamen del CESE sobre «Conceptos de la UE para gestionar la transición en un mundo laboral digitalizado» (DO C 367, de 10.10.2018, p.15).

(23)  Dictámenes del CESE sobre el tema «Por una Directiva marco europea sobre la renta mínima» (se aprobará en el pleno de diciembre) y sobre el tema «Acceso a la protección social» (Véase la página 135 del presente Diario Oficial).

(24)  Mary Collins, Lobby Europeo de Mujeres (EWL) (DO C 129 de 11.4.2018, p. 7).

(25)  Véanse por ejemplo los acuerdos de los interlocutores sociales europeos, así como la propuesta de Directiva sobre la conciliación de la vida profesional y privada, y el pilar europeo de derechos sociales.

(26)  Vessela Karloukovska, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Grupo de Trabajo «Women in Digital» (Mujeres en el ámbito digital), Comisión Europea.

(27)  Mary Collins, Lobby Europeo de Mujeres (EWL).

(28)  Vessela Karloukovska, Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías, Grupo de Trabajo «Women in Digital» (Mujeres en el ámbito digital), Comisión Europea.

(29)  «Women in the digital age» (Las mujeres en la era digital), estudio para el PE.

(30)  Lina Salanauskaitė, Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).

(31)  COM(2017) 253.

(32)  Dictamen del CESE sobre «La situación de las mujeres con discapacidad», (DO C 367 de 10.10.2018, p. 20), punto 5.4.1.

(33)  Dictamen del CESE sobre «La situación de las mujeres con discapacidad», (DO C 367 de 10.10.2018, p. 20), punto 1.2, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

(34)  «Digital Public Services (e-Government and e-Health)» (Servicios públicos digitales: administración electrónica y sanidad electrónica).


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/45


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La bioeconomía como contribución a la consecución de los objetivos en materia de clima y de energía de la Unión Europea y de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas»

(Dictamen exploratorio)

(2018/C 440/07)

Ponente:

Tellervo KILÄ-HARAKKA-RUONALA

Coponente:

Andreas THURNER

Consulta

Presidencia austriaca del Consejo, 12.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 302 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Dictamen exploratorio

Decisión del pleno

13.3.2018

Sección competente

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobado en la sección

5.9.2018

Aprobación en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

180/1/4

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE considera que la bioeconomía es crear valor añadido para la sociedad a través de la producción, la conversión y el uso de recursos biológicos naturales. La transición hacia un balance neutro de carbono y hacia la circularidad actuará cada vez más como un motor para la bioeconomía, dado que una bioeconomía sostenible puede generar al mismo tiempo beneficios económicos, sociales y climáticos.

1.2.

El CESE señala que la bioeconomía contribuye a la mitigación del cambio climático de varios modos: capturando CO2 de la atmósfera en biomasa, almacenando carbono en bioproductos y sustituyendo productos y materias primas fósiles por bioproductos y materias primas biológicos.

1.3.

Asimismo, el CESE hace hincapié en que la bioeconomía contribuye a las metas tanto climáticas como energéticas de la UE, al sustituir los combustibles fósiles por bioenergía en la producción de electricidad, la calefacción y refrigeración y el transporte. También contribuye a la eficiencia energética y a la seguridad del suministro energético.

1.4.

El CESE se muestra convencido de que la bioeconomía desempeña un papel fundamental en el logro de los objetivos generales en economía, medio ambiente y sociedad consagrados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ODS). El papel de la bioeconomía está estrechamente relacionado con objetivos relativos a la industria y la agricultura y a la creación de empleo en estos ámbitos.

1.5.

El Comité solicita que la Estrategia de Bioeconomía de la UE se adapte para proporcionar, en línea con la sostenibilidad económica, medioambiental y social, las condiciones más favorables para que la bioeconomía europea se convierta en una ventaja competitiva para la UE.

1.6.

El CESE subraya que los responsables políticos deben promover la producción y la movilización de biomasa sostenible en la UE, y garantizar un marco estable, fiable y coherente para las inversiones en bioeconomía a lo largo de toda la cadena de valor. Asimismo, deberían impulsar la demanda de bioproductos a través de la contratación pública, y adoptar un marco coherente para las normas técnicas, de seguridad y en materia de ayudas estatales, a fin de crear unas condiciones de competencia equitativas para los bioproductos.

1.7.

El CESE considera que la investigación y la innovación son elementos clave para el desarrollo de una bioeconomía con garantías de futuro. Por lo tanto, deben proseguirse los esfuerzos de innovación promovidos por la Estrategia de Bioeconomía, incluida la Empresa Común para las Bioindustrias (BBI).

1.8.

El Comité subraya asimismo el papel fundamental de la educación, los servicios de asesoramiento, la transmisión de conocimientos y la formación a la hora de garantizar que trabajadores y empresarios cuenten con la información y las competencias necesarias. Se debe informar debidamente a los ciudadanos sobre la bioeconomía y concienciarlos de sus responsabilidades, de modo que puedan ser consumidores activos y conscientes y tomar decisiones de consumo sostenible.

1.9.

El CESE insiste en que una infraestructura apropiada es un requisito previo para la bioeconomía y requiere una financiación adecuada. Se necesitan unos sistemas de transporte eficaces para permitir el acceso a las materias primas y la distribución de los productos a los mercados.

1.10.

El CESE recomienda que la UE se esfuerce por establecer un sistema de precios mundial para las emisiones de carbono, que constituiría una manera imparcial y eficaz de promover la bioeconomía e implicar a todos los agentes del mercado en la lucha contra el cambio climático.

1.11.

A juicio del CESE, es primordial involucrar a la sociedad civil en las iniciativas de bioeconomía y los procesos de toma de decisiones. El Comité subraya asimismo que es fundamental garantizar que la transición a una economía hipocarbónica se lleve a cabo de manera justa.

1.12.

Destaca que una bioeconomía sostenible solo puede tener éxito si adopta un planteamiento intersectorial. Por lo tanto, se necesitan coherencia y coordinación entre las distintas políticas y objetivos de la UE. También es importante garantizar la coherencia de las medidas en los Estados miembros.

2.   Antecedentes

2.1.

La Presidencia austriaca del Consejo pidió al CESE que elaborase un dictamen exploratorio acerca del papel de la bioeconomía en la consecución de los objetivos en materia de clima y de energía de la UE y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS). El CESE también está preparando un dictamen de iniciativa sobre las nuevas oportunidades para la economía europea que ofrece una bioeconomía sostenible e inclusiva (CCMI/160).

2.2.

Al mismo tiempo, la Comisión Europea está actualizando la Estrategia de Bioeconomía europea de 2012. El CESE está haciendo un seguimiento de este proceso y acoge favorablemente los denuedos de la Comisión. Esta ha definido la bioeconomía como «la producción de recursos biológicos renovables y la transformación de estos recursos y flujos de residuos en productos con valor añadido, como alimentos para humanos, piensos, bioproductos y bioenergía».

2.3.

En términos generales, la bioeconomía implica la sustitución de los combustibles y materias primas fósiles por bioenergía y materias primas biológicas. La bioeconomía conlleva actividades económicas basadas en la producción, extracción, transformación y utilización de recursos naturales biológicos. Los flujos de residuos, los productos secundarios y los desechos pueden ser otra fuente importante de suministro de materias primas.

2.4.

La agricultura y la silvicultura, junto con la pesca, deben desempeñar un papel fundamental en la producción de biomasa para usos adicionales. Una amplia gama de sectores, como la silvicultura, la alimentación, la energía y las industrias química, textil y de la construcción, transforman la biomasa, incluidas las materias primas secundarias, en bienes de consumo o productos intermedios destinados a otras industrias. Por regla general, la bioeconomía se basa en cadenas de valor extensas, que incluyen el transporte, el comercio y otros servicios relacionados con las actividades anteriormente mencionadas. Además, los servicios ecosistémicos forman parte de la bioeconomía.

2.5.

La UE se ha comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 40 % con respecto a los niveles de 1990 para 2030 (1), con metas y normas distintas para los sectores que comercian con derechos de emisión y los demás sectores. Además, el sector UTCUTS, es decir el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, ha sido integrado en el marco de 2030, con la condición de que dicho sector no genere emisiones netas, sino que contribuya al objetivo de mejorar los sumideros de carbono a largo plazo. Esto refleja los requisitos fijados en el artículo 4, apartado 1 del Acuerdo de París, que pide «un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero para la segunda mitad del siglo» (2).

2.6.

Para cumplir los objetivos en materia de energía de la UE para 2030, debe aumentarse la eficiencia energética en un 32,5 % con respecto a las previsiones y la cuota de energía renovable en la combinación energética general debe ser del 32 %, ambas entendidas como metas comunes de la UE y no como metas de cada Estado miembro (3).

2.7.

Los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) cubren las distintas facetas de los desafíos económicos, sociales y medioambientales a los que se enfrenta el mundo. Aunque ninguno de los ODS se centra específicamente en la bioeconomía, esta guarda relación con varios de estos objetivos.

3.   Contribución de la bioeconomía a los objetivos en materia de clima y energía de la UE

3.1.

La transición hacia la neutralidad carbónica constituye un inmenso desafío y precisa de una reducción considerable en las emisiones, así como de un aumento en el almacenamiento de carbono. El uso sostenible de recursos naturales biológicos es un elemento clave en este sentido.

3.2.

La bioeconomía contribuye a la mitigación del cambio climático mediante diversos mecanismos: la captura de CO2 de la atmósfera en biomasa a través de la fotosíntesis, el almacenamiento de carbono en bioproductos y la sustitución de productos y materias primas fósiles por bioproductos y materias primas biológicas.

3.2.1.

Una absorción eficaz del CO2 requiere un crecimiento de biomasa sostenible. Una gestión de los bosques y un uso de la madera activos y sostenibles son elementos clave para alcanzar las metas climáticas (como se señaló ya en el los dictámenes NAT/655 (4), sobre las implicaciones de la política energética y climática, y NAT/696 (5), sobre el reparto del esfuerzo y el sector UTCUTS). Un metro cúbico de madera captura aproximadamente 1000 kg de CO2. Dado que solo una biomasa creciente tiene la capacidad de absorber CO2, resulta vital no fijar límites en lo que se refiere al uso de los bosques, siempre que el ritmo de aprovechamiento no supere el ritmo de replantación y crecimiento de los bosques y se apliquen prácticas de gestión forestal sostenible.

3.2.2.

Existen varios tipos de bioproductos, y se están desarrollando otros nuevos. Dichos productos pueden almacenar carbono, evitando que vaya a parar a la atmósfera. Los productos de madera duraderos, como los edificios y los muebles de alta calidad, son el medio más eficaz de almacenamiento de carbono. Mientras los bioproductos de vida más corta se reciclen, tampoco liberarán su contenido de carbono. Además, al final de su vida útil, los bioproductos pueden utilizarse como bioenergía y, por consiguiente, sustituir las fuentes de energía fósiles.

3.3.

La bioenergía también contribuye al objetivo de eficiencia energética de la UE. Las redes de calefacción urbana en las comunidades y la producción combinada de calor y electricidad (PCCE) de manera industrial y sostenible ofrecen buenos ejemplos de ello. Puesto que los edificios consumen una cantidad considerable de energía, la eficiencia energética de los edificios, junto con la fuente de energía utilizada, es muy importante.

3.4.

El transporte debe desempeñar un papel decisivo en la consecución de las metas climáticas. Es preciso recurrir a todos los tipos de medidas que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a la vista de las diferentes necesidades y características de los diversos modos de transporte (como se ha señalado en varios dictámenes del CESE, por ejemplo TEN/609 (6) sobre la descarbonización del transporte).

3.4.1.

Parece que existe una tendencia creciente a electrificar el transporte. Para que esto tenga un impacto positivo en el clima, la electricidad debe producirse utilizando fuentes de energía con un bajo nivel de emisiones de gases de efecto, entre otros mediante el uso de fuentes de bioenergía sostenibles.

3.4.2.

Parte del sector del transporte está sustituyendo los combustibles fósiles por biocarburantes sostenibles. A pesar de la creciente electrificación de los turismos, la aviación y el transporte marítimo, así como el transporte pesado por carretera y la maquinaria no de carretera siguen dependiendo en gran medida de los combustibles. A este respecto, los biocarburantes avanzados son especialmente prometedores.

3.5.

Además de los beneficios climáticos, el uso de bioenergía contribuye a la disponibilidad de energía y a la seguridad del suministro energético. Por lo tanto, si se gestiona correctamente, la bioenergía desempeñará un papel significativo en la consecución de los objetivos básicos establecidos en la política energética europea.

4.   Contribución de la bioeconomía a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)

4.1.

Los ODS nos plantean el reto de evaluar el papel de la bioeconomía no solo desde las perspectivas climática y energética, sino desde los puntos de vista generales de la economía, la sociedad y el medio ambiente, integrando además una perspectiva global a largo plazo. Dada la gran transversalidad de la bioeconomía, existen interconexiones prácticamente con los diecisiete ODS. Sin embargo, la bioeconomía contribuye, en particular, a los siguientes ODS: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15.

4.2.

La bioeconomía tiene el potencial de generar crecimiento económico y empleo, no solo en las zonas urbanas sino también en las regiones rurales. Por lo tanto, debe desempeñar un papel significativo en el logro del ODS 1 (fin de la pobreza).

4.3.

El ODS 2 consiste en poner fin al hambre. La biomasa es un recurso limitado, y hay una relación entre la producción de alimentos, de piensos y de productos de fibra. Se necesita un planteamiento responsable respecto de la bioeconomía sostenible a fin de permitir una producción suficiente para diferentes fines –la seguridad alimentaria es prioritaria– y garantizar unos ecosistemas sólidos. Los principios de la eficiencia en el uso de recursos y la circularidad, así como la transición hacia dietas más vegetarianas, son maneras de cumplir estos objetivos.

4.4.

Una bioeconomía sostenible contribuye al ODS 6 (agua limpia y saneamiento), por ejemplo al mantener unos ecosistemas forestales sanos, que constituyen una condición previa necesaria para disponer de agua limpia.

4.5.

El ODS 7 (energía sostenible y no contaminante) es parte esencial de la bioeconomía. El uso de flujos laterales y flujos de residuos proporciona energía limpia y reduce la dependencia de los recursos energéticos fósiles.

4.6.

En su conjunto, la bioeconomía debe desempeñar un papel fundamental en la consecución de las metas económicas y sociales. Cumple un papel significativo en la consecución del ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico). Además, la bioeconomía de la UE puede ayudar a reducir sustancialmente la dependencia de las importaciones de bienes fósiles, al tiempo que fomenta el valor añadido interior y apoya las cadenas de valor locales.

4.7.

El ODS 9 pide un aumento significativo de la participación de la industria en la creación de empleo y en el PIB, así como la readaptación de las industrias para hacerlas sostenibles, junto con una mayor eficiencia en el uso de los recursos y un mayor recurso a tecnologías y procesos industriales limpios y racionales desde un punto de vista medioambiental. La bioeconomía guarda una estrecha relación con todos estos objetivos, y el uso sostenible de biomasa puede mejorar el liderazgo industrial de la UE. Además, también tiene un gran potencial para fomentar el crecimiento de las pymes e integrarlas en las cadenas de valor.

4.8.

La bioeconomía puede desempeñar un papel importante en el logro del ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles). El concepto de ciudades con un enfoque climático inteligente (7) y de bienestar en las zonas urbanas va parejo con soluciones ofrecidas por la bioeconomía (por ejemplo, construcción con madera, o transporte y calefacción urbana de bajas emisiones).

4.9.

La bioeconomía se encuentra en una buena posición para contribuir al ODS 12 (producción y consumo responsables). Mediante la optimización del uso de materias primas, la aplicación del diseño ecológico y la producción de productos duraderos y reciclables, la bioeconomía desempeña un papel destacado en la transición hacia la economía circular. Sin embargo, el aumento de la sensibilización de los consumidores se considera una importante condición previa para hacer posibles patrones de consumo informados y responsables y fomentar una producción sostenible.

4.10.

La bioeconomía puede contribuir de forma significativa a la mitigación del cambio climático a escala mundial, como reclama el ODS 13 (acción por el clima) y como ya se mencionó en el capítulo 3. Además de sus acciones interiores, la UE puede tener un impacto mundial notable a través de la exportación de bioproductos, soluciones climáticas y conocimientos especializados.

4.11.

Por último, la bioeconomía afecta a los ODS 14 (vida submarina) y 15 (vida de ecosistemas terrestres). Por lo tanto, el uso sostenible, responsable y eficiente de los recursos naturales debe constituir una parte esencial de la bioeconomía.

5.   Requisitos previos para el desarrollo de la bioeconomía

5.1.

Si bien la bioeconomía contribuye de muchas maneras a la consecución de las metas en materia de clima y de energía y de los ODS, las condiciones para ponerla en marcha deben ser favorables. Por una parte, los ODS apoyan y mejoran las condiciones necesarias para ayudar al desarrollo de la bioeconomía; por la otra, ciertos ODS imponen requisitos que la bioeconomía debe cumplir.

5.2.

La Estrategia de Bioeconomía de la UE debe adaptarse a los nuevos mercados a fin de proporcionar, en línea con la sostenibilidad económica, medioambiental y social, las condiciones más favorables para la bioeconomía europea, que se está desarrollando y expandiendo rápidamente.

5.3.

Sobre todo, los responsables políticos deben promover la producción y la movilización de biomasa sostenible en la UE, y la política de desarrollo regional de la UE debería proporcionar apoyo suficiente para garantizar el desarrollo de empresas rurales. Asimismo, deben garantizar un marco estable, fiable y coherente para las inversiones en bioeconomía a través de las cadenas de valor.

5.4.

Los responsables políticos también deberían adoptar un marco coherente para las normas técnicas, de seguridad y en materia de ayudas estatales, a fin de crear unas condiciones de competencia equitativas para los bioproductos. El sector público también desempeña un importante papel en la demanda de bioproductos a través de la contratación pública. Iniciativas como una «Semana Europea de la Bioeconomía» podrían ayudar a impulsar la penetración en el mercado y a potenciar diferentes proyectos.

5.5.

La investigación y la innovación son fundamentales para el desarrollo de una bioeconomía con garantías de futuro, que podría constituir una ventaja competitiva para la UE. Esto debería considerarse a la luz del inmenso potencial ofrecido por nuevos tipos de bioproductos, desde alimentos y productos de fibras tradicionales a nuevos tipos de materiales de construcción y envasado, textiles, bioquímicos y bioplásticos. Lo mismo es aplicable al potencial de la mejora vegetal y de diferentes sustancias como materias primas para bioproductos (por ejemplo, la lignocelulosa, el aceite vegetal, el almidón, el azúcar o las proteínas).

5.6.

Deben proseguirse los esfuerzos de innovación impulsados por la Estrategia de Bioeconomía de la UE, incluida la Empresa Común para las Bioindustrias (8). El Centro de Conocimientos en Bioeconomía (9) también debe desempeñar un papel importante para fomentar el uso de conocimientos, ayudando al crecimiento de la bioeconomía. Además, las iniciativas y programas de investigación e innovación deben hacerse más atractivos para las empresas.

5.7.

La educación, los servicios de asesoramiento, la transmisión de conocimientos y la formación desempeñan un papel vital a la hora de garantizar que trabajadores y empresarios cuenten con la información y las competencias necesarias, con la posible consecuencia de aumentar la sostenibilidad de las empresas actuales y aprovechar nuevas oportunidades en la bioeconomía.

5.8.

Al mismo tiempo, es preciso velar por informar debidamente a los ciudadanos sobre la bioeconomía y concienciarlos de sus responsabilidades, de modo que puedan ser consumidores activos y conscientes y tomar decisiones de consumo sostenible, teniendo en cuenta la distinta disposición al cambio de las personas de diferentes edades. A tal fin, deben organizarse campañas de información que refuercen la confianza de los consumidores en la bioeconomía y los bioproductos.

5.9.

El acceso a las materias primas es otro de los prerrequisitos básicos para la bioeconomía. Por lo tanto, se necesita un entorno empresarial apropiado para la agricultura y la silvicultura, a fin de fomentar la disponibilidad y la movilización de la biomasa. La gestión sostenible de los bosques y los recursos terrestres y marinos, como reclaman los ODS 14 y 15, contribuye de forma esencial a la seguridad del suministro de materias primas. En este contexto, deben reconocerse y promoverse los marcos legislativo y no legislativo existentes relativos a las materias primas sostenibles y renovables en la UE. La creciente utilización de flujos laterales y residuos como materias primas para nuevos usos también ayuda a garantizar la disponibilidad de biomasa. En el caso de las estructuras de pequeña escala, las cooperativas y las organizaciones de productores pueden desempeñar un papel importante.

5.10.

Contar con infraestructuras físicas adecuadas es otro prerrequisito para la bioeconomía, que requiere una financiación adecuada en infraestructuras de energía, transporte y digitales. Unos sistemas de transporte eficaces son fundamentales para posibilitar el acceso a las materias primas y la distribución de los productos a los mercados.

5.11.

En lo que respecta a los mercados globales, la bioeconomía está estrechamente relacionada con el ODS 17, que tiene por objeto reforzar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Este objetivo requiere promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la OMC. Es importante para el comercio de productos tanto agrícolas como industriales de la bioeconomía. No obstante, la cooperación a lo largo de las cadenas de valor regionales debe reforzarse, a fin de fomentar el desarrollo regional.

5.12.

Para impulsar el desarrollo de la bioeconomía de una forma imparcial, la UE debe esforzarse por crear un sistema de precios mundial para las emisiones de carbono, implicando así a todos los agentes del mercado y estableciendo condiciones de competencia equitativas.

5.13.

Es de suma importancia involucrar a la sociedad civil en las estructuras de las iniciativas de bioeconomía y los procesos de toma de decisiones a fin de reforzar la cooperación entre diferentes agentes de la sociedad y aumentar la sensibilización del público en lo que se refiere a la bioeconomía sostenible.

5.14.

Mientras que la transición hacia una economía hipocarbónica y circular constituye un inmenso desafío e implica profundos cambios estructurales en lo que se refiere a los empleos relacionados, es importante garantizar que la transición se lleva a cabo de manera justa.

5.15.

Una bioeconomía sostenible solo puede tener éxito si se adopta un planteamiento intersectorial. Por lo tanto, son necesarias coherencia y coordinación entre las distintas políticas y objetivos de la UE, en particular en materia de clima, medio ambiente, alimentación, agricultura, silvicultura, industria, energía, economía circular, investigación e innovación. A tal efecto, debería establecerse un grupo de alto nivel sobre la bioeconomía sostenible que cuente con la participación de múltiples partes interesadas y el apoyo del presidente de la Comisión.

5.16.

El progreso en el logro de los ODS se mide y se supervisa a través de 232 indicadores. Estos incluyen indicadores relacionados con el clima y la energía, pero no existe ningún indicador de bioeconomía específico. Por lo tanto, la Comisión debe desarrollar los indicadores más relevantes a fin de obtener una imagen realista e ilustrativa del desarrollo de la bioeconomía de la UE.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Véase el Marco sobre clima y energía para 2030: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_es

(2)  Véase el artículo 4, apartado 1 del Acuerdo de París: https://unfccc.int/sites/default/files/paris_agreement_spanish_.pdf

(3)  Véase la Declaración de la Comisión Europea de 19 de junio de 2018: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3997_en.htm

(4)  Véase el Dictamen NAT/655 «Implicaciones de la política del clima y la energía para los sectores de la agricultura y la silvicultura» (DO C 291 de 4.9.2015, p. 1).

(5)  Véase el Dictamen NAT/696 «Reparto del esfuerzo 2030 y uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS)» (DO C 75 de 10.3.2017, p. 103).

(6)  Véase el Dictamen TEN/609 «Descarbonización del transporte» (DO C 173 de 31.5.2017, p. 55).

(7)  http://www.climatesmartcities.org/

(8)  https://www.bbi-europe.eu

(9)  https://biobs.jrc.ec.europa.eu


III Actos preparatorios

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

537.o Pleno del CESE, 19.9.2018 – 20.9.2018

6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/51


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Inteligencia artificial para Europa

[COM(2018) 237 final]

(2018/C 440/08)

Ponente:

Giuseppe GUERINI

Coponente:

Gonçalo LOBO XAVIER

Consulta

Comisión Europea, 12.7.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

199/1/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE cree que la inteligencia artificial («IA») y los procesos de automatización presentan un enorme potencial para mejorar la sociedad europea en términos de innovación y transformación positiva, pero también plantean importantes retos, riesgos y preocupaciones. Por lo tanto, resulta fundamental que las instituciones europeas comiencen a desarrollar y regular plenamente la IA de forma rápida y exhaustiva.

1.2.

Un enfoque avanzado respecto de la IA en Europa debe comprender varios ámbitos, como: (i) inversiones públicas y privadas en I+D y en infraestructuras digitales avanzadas, (ii) aplicación de nuevas normas legislativas o adaptación de las normas aplicables en vigor, (iii) desarrollo de un conocimiento y una concienciación adecuados entre los ciudadanos y los consumidores y (iv) programas de formación específicos para trabajadores.

1.3.

En particular, deberían identificarse y abordarse de manera sistemática a escala internacional, de la UE y de los Estados miembros los retos relativos a la responsabilidad que se plantean en el contexto de las nuevas tecnologías digitales. El CESE desearía colaborar estrechamente con las instituciones de la UE en el análisis y la evaluación de toda la legislación de la UE en materia de responsabilidad, seguridad de los productos y responsabilidad civil, la cual deberá modificarse en consecuencia.

1.4.

El CESE concuerda con el objetivo de la Comunicación de la Comisión, esto es, reforzar la capacidad industrial y tecnológica de la UE con el fin de extender la IA en el mercado interior. El esfuerzo necesario para mantener el ritmo de otros actores globales es tan grande que se requiere un elevado nivel de coordinación entre todos los instrumentos y la financiación disponibles a escala europea y nacional.

Dicho esto, los valores y principios de la UE no deben sacrificarse en aras de la competitividad mundial.

1.5.

Con respecto al objetivo de la Comisión de llevar la IA a todos los usuarios potenciales, con especial hincapié en las pequeñas y medianas empresas, el CESE considera que, para hacer frente al reto de la competitividad global, la IA debe ser accesible al mayor número posible de entidades. Por consiguiente, es crucial ponerla a disposición de los distintos tipos de empresas que operan en el mercado único de la UE, incluidas las pymes, los agricultores, las empresas sociales, las cooperativas, las empresas individuales y las asociaciones de consumidores.

1.6.

La Comisión Europea y los Estados miembros deben trabajar en conjunto para elaborar directrices sobre la ética de la inteligencia artificial y deben implicar a todas las partes interesadas públicas y privadas pertinentes en dicho esfuerzo. Estas directrices deberán incluir principios de transparencia en el uso de los sistemas de IA para contratar personal y evaluar o controlar su rendimiento. Además de los principios éticos, el CESE sugiere que se elabore —a nivel europeo— un marco jurídico claro, armonizado y obligatorio que regule debidamente la IA y actualice las normas existentes afectadas por la IA, en particular las relativas a la responsabilidad del productor y a la protección del consumidor. El CESE desea colaborar estrechamente con las instituciones de la UE en el análisis y la evaluación de la legislación de la Unión pertinente, que deberá modificarse en el futuro debido a los avances en IA.

1.6.1.

La Comisión Europea también deberá llevar a cabo una cuidadosa evaluación de los efectos de la IA en el mercado de trabajo. Dicho examen debe tener en cuenta la posible sustitución de algunos trabajadores por dispositivos electrónicos o robots y el hecho de que algunas funciones, aunque no sean por completo automáticas, se verán profundamente modificadas por las nuevas tecnologías.

1.7.

Por este motivo, el CESE recomienda que el deseo expresado de que «nadie se quede atrás» no se limite a una simple propuesta o exhortación, sino que se traduzca en hechos concretos.

1.8.

Es importante hacer hincapié en el papel que desempeñan los programas educativos y formativos en la protección de aquellos trabajadores europeos cuyo entorno laboral se ve profundamente afectado por la aparición gradual de la IA. Los ciudadanos europeos deberían tener acceso a información adecuada que les permita ser usuarios responsables y utilizar con conocimiento de causa los dispositivos y aplicaciones que ofrecen los rápidos avances tecnológicos.

1.9.

En aquellos casos en que las nuevas medidas permitan que las administraciones públicas utilicen la tecnología para tomar decisiones organizativas y hacer elecciones más rápidas, será necesario hacer frente a la cuestión de la responsabilidad jurídica de dichas decisiones, en un marco jurídico claro que garantice la plena rendición de cuentas de la administración ante los ciudadanos.

1.10.

Debería prestarse especial atención al papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil y la economía social en el aumento de la participación activa de los ciudadanos en los procesos económicos y sociales que, gracias a la inteligencia artificial, incrementarán la participación en nuestra sociedad. Las organizaciones de la sociedad civil y las empresas sociales pueden desempeñar un papel importante para promover la comprensión y la aceptación de las tecnologías por parte de los individuos, en particular, mediante mecanismos colaborativos que permitan la participación de los ciudadanos en la actual transformación digital.

1.11.

La actual revolución tecnológica no puede —ni debe— llevarse a cabo sin incluir de manera significativa y activa a trabajadores, consumidores y organizaciones sociales, y los avances tecnológicos en curso deben ir dirigidos a garantizar una participación mayor y más responsable de ciudadanos plenamente informados. Por este motivo, el CESE recomienda que, al establecer la Alianza Europea de la IA, la Comisión Europea tenga en cuenta la necesidad de crear una plataforma inclusiva, pluridisciplinar y representativa de las distintas partes interesadas que representan a los ciudadanos europeos, entre otros los representantes de los trabajadores, que tendrán que interactuar con máquinas inteligentes (1).

2.   Observaciones generales

2.1.

Los dispositivos digitales y las máquinas de aprendizaje de gran escala están aumentando constantemente la capacidad de los algoritmos para trabajar con enormes cantidades de datos y es probable que esta capacidad aumente aún más en el futuro gracias a las «redes neuronales» (que ya utilizan, por ejemplo, los teléfonos inteligentes para el reconocimiento visual de objetos, rostros e imágenes).

2.2.

Estos cambios están transformando el modo tradicional de «aprender» que las máquinas de IA han empleado hasta ahora, pues ya no se limitan a aprender extrayendo reglas a partir de los datos, sino que también desarrollan una capacidad de aprendizaje flexible y adaptativa. Este proceso incrementará la capacidad de la IA para aprender y actuar en el mundo real.

2.3.

A la vista de la gran velocidad con que se producen los cambios tecnológicos, es crucial que la Comisión Europea y los Estados miembros colaboren para examinar en profundidad los nuevos retos que plantean los rápidos avances de la IA e implicar en el proceso a todas las partes interesadas pertinentes, tanto públicas como privadas, sin socavar las oportunidades de progreso y desarrollo tecnológico.

2.4.

La Comunicación COM(2018) 237 de la Comisión tiene como finalidad reforzar la capacidad industrial y tecnológica de la UE y fomentar la proliferación de la IA en la economía europea, tanto en el sector privado como en la administración pública. Como ya se mencionó en un Dictamen de iniciativa (2), el CESE respalda la iniciativa de la Comisión, que, de hecho, incorpora en su Comunicación una gran cantidad de propuestas anteriores del Comité, pero insta a la Comisión a que actúe de manera rápida y decisiva.

2.5.

La adopción de un enfoque europeo eficaz respecto de la IA conlleva promover una significativa inversión en investigación e innovación, entre otros en las infraestructuras digitales, necesarias para prepararse para los importantes desafíos socioeconómicos que los avances en las nuevas tecnologías plantearán a la sociedad y los mercados europeos en los próximos años.

2.6.

La Comisión Europea y los Estados miembros deben trabajar en conjunto para perfilar directrices sobre la ética de la inteligencia artificial e implicar en el proceso a todas las partes interesadas pertinentes, tanto públicas como privadas.

2.7.

Al mismo tiempo, debe aprobarse un marco jurídico armonizado a escala europea que sea conforme con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con los principios consagrados en los Tratados de la UE. El nuevo marco reglamentario debe incluir normas precisas que aborden los riesgos que entraña el aprendizaje automático, como la falta de transparencia del mercado, la falta de competencia, la discriminación, las prácticas comerciales desleales, las amenazas a la ciberseguridad y la seguridad de los productos.

En particular, deben aplicarse estrictas salvaguardas reglamentarias para aquellas situaciones en las que los datos con los que operan los sistemas de inteligencia artificial se recuperen automáticamente durante la utilización de dispositivos electrónicos y ordenadores.

2.8.

El CESE observa que el documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2018) 137 final, adjunto a la Comunicación de la Comisión, analiza debidamente las implicaciones de la IA para la legislación de la UE y esquematiza los retos en materia de responsabilidad que surgen en el contexto de las nuevas tecnologías digitales.

2.9.

Asimismo, será necesario adoptar planes de acción globales para (i) apuntalar la modernización de los sistemas de educación y formación, alimentando las nuevas capacidades que requerirá el mercado laboral del futuro, y (ii) garantizar un alto nivel de protección de ciudadanos y trabajadores frente a los desafíos previstos (3).

2.10.

El CESE insta a la Comisión a que adopte sin demora más medidas encaminadas a regular y promover las inversiones: el rápido ritmo con que se producen los cambios también exige tiempos de respuesta ágiles.

3.   La propuesta de la Comisión Europea: apoyo europeo para la IA e inversión en ella

3.1.

La Comisión anuncia en su Comunicación que apoyará la difusión de la IA, tanto en la vertiente de la investigación básica como en el sector de las aplicaciones industriales. En este sentido, el CESE destaca la importancia de la participación en dicho proceso de todo tipo de agentes, incluidas las pymes, las empresas de servicios, las empresas sociales, los agricultores, las cooperativas, las asociaciones de consumidores y las asociaciones que representan a las personas de edad avanzada.

3.2.

Con respecto al objetivo de la Comisión de «llevar la IA a todos los usuarios potenciales, con especial hincapié en las pequeñas y medianas empresas», el CESE considera que, para hacer frente al reto de la competitividad global, la IA debe ser accesible al mayor número posible de entidades. Además de los pasos que la Comisión ya ha previsto para desarrollar una «plataforma de IA a la carta», también es importante establecer formas adecuadas de participación y consulta de las distintas partes interesadas, incluidas las pymes, las redes de la economía social y las organizaciones de la sociedad civil (estas últimas asumen la crucial función de implicar a los ciudadanos europeos de un modo informado y activo).

3.3.

La Comisión ha anunciado que apoyará la innovación basada en la inteligencia artificial a través de un proyecto piloto creado por el Consejo Europeo de Innovación, que cuenta con un presupuesto de 2 700 millones de euros para el período 2018-2020.

3.4.

El CESE cree que esta iniciativa puede resultar útil para el desarrollo de la IA, pero resalta al mismo tiempo que la financiación de la investigación debería pasar rápidamente de la fase de experimentación a la fase estructural. También es importante que la Comisión respalde los diversos centros de investigación que ahora tienen su sede en los Estados miembros, con el fin de desarrollar una red europea de colaboración dedicada a la inteligencia artificial.

3.5.

El CESE observa que la Comisión pretende aumentar la inversión en IA en el marco del programa Horizonte 2020 hasta unos 1 500 millones de euros para finales de 2020. Si este enfoque se adopta rápidamente en las asociaciones público-privadas actuales, podría generar 2 500 millones de euros adicionales de inversión en dos años. En el futuro programa marco Horizonte Europa también debe adoptarse el mismo enfoque.

3.6.

Desde una perspectiva diferente, es una buena señal que la Comisión Europea y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, que debería desempeñar un papel esencial en el apoyo al desarrollo de la IA en la UE, hayan puesto en marcha el programa VentureEU, un fondo de capital riesgo de 2 100 millones de euros consagrado a impulsar la inversión en empresas innovadoras de toda Europa.

3.7.

Sin embargo, el esfuerzo necesario para mantener el ritmo de otros actores globales es tan grande que se requiere un elevado nivel de coordinación y sinergia entre todos los instrumentos y la financiación disponible a escala europea y nacional. Está claro que competir en el ámbito de la IA con China y Estados Unidos requiere aunar las fuerzas de todas las partes interesadas públicas y privadas que operan en Europa, para garantizar que la UE desempeña un papel de liderazgo global.

3.8.

A fin de que la UE pueda asumir una función competitiva y rentable en el ámbito de la IA, también será importante realizar inversiones adecuadas en infraestructuras digitales y programas y equipos informáticos apropiados que garanticen a la Unión un papel creíble.

3.9.

La inversión en IA debería tener en cuenta que las empresas europeas son particularmente fuertes en las áreas de automatización y robótica. Por lo tanto, estos sectores, que forman parte de la IA en sentido amplio, podrían resultar verdaderamente importantes para garantizar un papel global significativo de la UE con respecto al desarrollo tecnológico en curso y, por ende, merecen una atención específica.

4.   La inteligencia artificial y su impacto en las personas y los trabajadores

4.1.

No cabe duda de que el desarrollo de la IA está avanzando a un ritmo muy rápido. Por este motivo, es preciso que las instituciones europeas, a la hora de evaluar el impacto de las medidas reglamentarias en materia de inteligencia artificial, adopten un enfoque pluridisciplinar que incorpore no solo los aspectos administrativos, jurídicos y económicos sino también consideraciones antropológicas, psicológicas, sociológicas y tecnológicas.

4.2.

Para apoyar estas innovaciones —pero sobre todo para encaminarlas en una dirección que garantice que los seres humanos sigan siendo los actores centrales—, es importante que la Unión Europea actúe para lograr un nivel elevado de competitividad tecnológica, sin pasar por alto las consideraciones esenciales de carácter ético, social y humano.

4.3.

Por consiguiente, el CESE considera esencial que (i) la privacidad individual y el tratamiento responsable de los datos personales estén regidos por la legislación adecuada, como la puesta en marcha del nuevo Reglamento general de protección de datos, que, en caso necesario, deberá actualizarse constantemente para seguir el ritmo del rápido desarrollo de la IA, (ii) se evalúen actos importantes de la legislación aplicable de la UE y, en su caso, se adapten a los nuevos escenarios generados por la IA, y (iii) se desarrollen las competencias y las capacidades que necesitan las personas, las administraciones y las empresas europeas para aprovechar de modo eficaz las ventajas que ofrece la inteligencia artificial.

4.4.

Como punto de partida para el análisis que debe realizarse, cabe destacar que la IA se apoya en el uso y el tratamiento de grandes cantidades de datos, que conforman el fundamento de cualquier aplicación basada en las nuevas tecnologías. Al ser este el caso, el principal reto para los reguladores europeos es establecer un acceso transparente y regulado a los datos de los usuarios finales.

4.5.

Cuanto mejor sea la calidad de los datos procesados, mejor será la precisión y el rendimiento de los sistemas de IA. Sin embargo, no debe olvidarse que los datos relativos a los individuos deben adquirirse de forma legal y utilizarse de un modo conocido por aquellos directamente afectados, a fin de garantizar la utilización de los datos personales para fines predeterminados y transparentes, para los que el usuario haya otorgado un consentimiento adecuado e informado.

4.6.

Vale la pena señalar que varios ámbitos importantes de la legislación europea —por ejemplo, los que se refieren a la publicidad en línea, las prácticas comerciales desleales, la seguridad y la responsabilidad de los productos, los derechos de los consumidores, las cláusulas contractuales abusivas, las ventas y garantías, los seguros y la indicación de precios— podrían tener que ser modificados y debidamente adaptados a los nuevos escenarios surgidos de un uso más generalizado y refinado de la inteligencia artificial, con el fin de proteger a los consumidores finales.

4.7.

La cuestión decisiva de la seguridad y la responsabilidad de los productos ha sido debidamente tenida en cuenta por la Comisión en su documento de trabajo SWD(2018) 137 final mediante el análisis de estudios de caso y la presentación de una lista de los actos legislativos de la UE que merecen un mayor análisis y evaluación. El CESE anima plenamente a la Comisión a que continúe esta labor y está dispuesto a aportar su propia contribución a este respecto.

4.8.

También es importante poner de relieve el papel de la formación cultural, educativa y académica, por una parte, y el suministro de información adecuada para el público en general, por otra, con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos europeos frente a los avances de la IA. En particular, es importante garantizar la transparencia y la corrección en la gestión de los algoritmos de IA y de las bases de datos en las que operan.

4.9.

Por consiguiente, es esencial que los ciudadanos europeos reciban formación adecuada, así como información simple y comprensible que les permita ser usuarios responsables e informados de los dispositivos y las aplicaciones que pone a su disposición la rápida evolución tecnológica que se está produciendo actualmente y generalizándose cada vez más en todos los niveles.

4.10.

A la luz de todas estas demandas, la UE y los Estados miembros deben ofrecer soluciones claras y eficaces, en particular promoviendo un sistema educativo moderno y ampliando constantemente la formación permanente en el mercado laboral y la sociedad civil.

4.11.

La Comisión Europea deberá llevar a cabo una cuidadosa evaluación de los efectos de la IA en el mercado de trabajo. Esto suscita una gran preocupación entre numerosos trabajadores europeos que cuentan con una vida laboral avanzada pero que aún están lejos de la edad de jubilación y contemplan los cambios que se producen con desconfianza y miedo. Dicho examen debe tener en cuenta la posible sustitución de algunos trabajadores por dispositivos electrónicos o robots y el hecho de que algunas funciones, aunque no sean por completo automáticas, se verán profundamente modificadas por las nuevas tecnologías. El examen y la evaluación deberían centrarse, por lo tanto, no solo en los cambios inevitables y previstos en las líneas de producción, sino también en la nueva concepción de los procesos organizativos y los objetivos empresariales tras un diálogo social adecuado con los trabajadores.

4.12.

En algunas situaciones, tal y como sucede y ha sucedido con otras muchas tecnologías, será recomendable probar la IA en todas las fases y en los sucesivos grados de adaptación antes de utilizarla plenamente, con el fin de que los afectados se familiaricen con las nuevas tecnologías —también mediante itinerarios de formación adecuados— y solucionen los errores de adaptación durante el proceso (4).

4.13.

La introducción de las nuevas tecnologías en las empresas requiere un diálogo social entre los diferentes interlocutores implicados. A este respecto, las organizaciones de trabajadores y los sindicatos deberán ser informados y consultados constantemente.

5.   Inteligencia artificial, administración pública y sociedad civil

5.1.

La IA constituye una innovación tecnológica y social capaz de transformar radicalmente el conjunto de la sociedad y de mejorar el sector público y la relación entre los ciudadanos y la administración pública. Las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial podrían aumentar la eficiencia administrativa y la satisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados por la administración pública y con el funcionamiento eficaz de dicha administración.

5.2.

A fin de lograr estos objetivos también es esencial que los funcionarios estén preparados para hacer frente a los cambios y desafíos que traerá la IA a la sociedad europea. Es preciso que los empleadores públicos y los jefes de la administración —junto con los profesores, los formadores y el personal universitario mencionados— sean capaces de comprender en profundidad el fenómeno de la IA y decidir qué nuevas herramientas deben introducirse en los procedimientos administrativos.

5.3.

La introducción de la IA en los sectores público y privado requiere diseñar procedimientos que promuevan la comprensión y la aceptación de las tecnologías por parte de los usuarios, a través de mecanismos de cooperación que permitan a los ciudadanos contribuir —si es posible, mediante sistemas de gobernanza participativa— al desarrollo de las tecnologías basadas en la IA.

5.4.

Para obtener resultados significativos en este contexto, puede ser útil desarrollar modos de colaboración y asociación cada vez más fiables entre los sectores público y privado, encaminados a aprovechar las oportunidades que surjan de las aplicaciones tecnológicas, la inteligencia artificial y la robótica.

5.5.

El reto para las administraciones públicas es especialmente complicado en términos jurídicos y de legitimidad, ya que deberá lograrse el equilibrio adecuado entre los intereses públicos (que entrañan el ejercicio de las competencias públicas) y los individuales (manifestación específica de la libertad del individuo). A este respecto, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial por parte de las administraciones públicas exigirá conciliar el principio de transparencia y publicación de documentos administrativos con la protección de los datos personales y el derecho de los individuos a la privacidad, con arreglo a un marco reglamentario claro y explícito.

5.6.

En aquellos casos en que las nuevas medidas permitan que las administraciones públicas utilicen tecnología para tomar decisiones organizativas y hacer elecciones más rápidas —como la selección de un contratista en una licitación pública, la gestión de una lista de espera para servicios particulares o la contratación de nuevos empleados en una administración pública—, será necesario hacer frente a la cuestión de la responsabilidad jurídica efectiva de dichas decisiones, en un marco jurídico claro, que garantice la plena rendición de cuentas de la administración ante los ciudadanos.

5.7.

Las organizaciones de la sociedad civil y las empresas sociales asumen un papel importante para promover la comprensión y la aceptación de las tecnologías por parte de los individuos, en particular, mediante mecanismos colaborativos que permitan la participación en los procesos de transformación digital. En este sentido, reviste gran importancia la posibilidad de crear sistemas de gobernanza participativa para estos instrumentos, por ejemplo, de carácter cooperativo, que partan de las plataformas digitales ya en uso para configurar nuevas formas de relaciones económicas en la gestión del trabajo.

5.8.

Las autoridades administrativas encargadas de los mecanismos de vigilancia del mercado deberían tener la experiencia y las competencias necesarias para proteger la competencia leal, los derechos de los consumidores y la seguridad y los derechos de los empleados. Los organismos públicos o independientes deberían encargarse de la auditoría algorítmica. Al mismo tiempo, las empresas deben introducir mecanismos eficaces para auditar el uso de los datos por parte de la IA.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Véase el Dictamen aprobado del CESE INT/845 — Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa (Dictamen de iniciativa); ponente: Franca Salis-Madinier (véase la página 1 del presente Diario Oficial).

(2)  INT/806 de 31 de mayo de 2017 — Inteligencia artificial: las consecuencias de la inteligencia artificial para el mercado único (digital), la producción, el consumo, el empleo y la sociedad — (DO C 288 de 31.8.2017, p. 1).

(3)  Dictamen aprobado del CESE SOC/578 — Gestión de la transición en un mundo laboral digitalizado (DO C 367 de 10.10.2018, p. 15).

(4)  Véase el Dictamen aprobado del CESE INT/845 — Inteligencia artificial: anticipar su impacto en el trabajo para garantizar una transición justa (Dictamen de iniciativa); ponente: Franca Salis-Madinier (véase la página 1 del DO).


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/57


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el Mercado Único Digital, la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable»

[COM(2018) 233 final]

(2018/C 440/09)

Ponente:

Diego DUTTO

Coponente:

Thomas KATTNIG

Consulta

Comisión Europea, 18.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

193/0/3

1.   Conclusiones

1.1.

Al operarse los cambios generados por la transformación digital, las personas deben situarse en el centro de la atención asistencial.

1.2.

Los procesos de digitalización deben ayudar a los profesionales sanitarios a dedicar más tiempo a los pacientes. Hay que garantizar que las profesiones sanitarias estén adecuadamente dotadas de personal cualificado y con las competencias digitales apropiadas.

1.3.

La transición digital está cambiando la naturaleza del trabajo en la sanidad y los servicios asistenciales. Todas las personas involucradas deben abordar esta transformación de manera profesional y con una mente abierta para lograr niveles de calidad elevados.

1.4.

Debe reforzarse el diálogo social a escala europea en relación con los hospitales y la atención sanitaria, así como los servicios sociales. Se necesitan programas adecuados de formación y educación continua, deben mejorarse las condiciones de trabajo y la calidad del empleo y reforzarse la protección de los datos del personal.

1.5.

El CESE es consciente de que la organización y la prestación de servicios sanitarios y de asistencia social recaen en el ámbito de responsabilidad de los Estados miembros. En virtud de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, hay que crear una red de sanidad en línea (la red de sanidad electrónica) para promover la interoperabilidad de soluciones en el ámbito de la sanidad electrónica.

1.6.

Las herramientas digitales tienen que ser un instrumento para desarrollar nuevas formas de organización en los sistemas de salud y atención sanitaria. Apoyan el potencial de los individuos, las comunidades locales y las economías sociales. Hay que reafirmar, mediante una inversión pública adecuada, los valores de solidaridad y universalidad como la base de estos sistemas.

1.7.

Los procesos de digitalización no han de ser malinterpretados como un paquete de ahorro para los presupuestos sanitarios. No deben dar lugar a reducciones de personal ni a recortes en los servicios. Hay que considerar que la asistencia es un servicio personal y es necesario desarrollar, especialmente a la vista del envejecimiento de la población, nuevos conceptos de asistencia de larga duración.

1.8.

El CESE comparte la visión esbozada en la Comunicación: promover la salud, prevenir y combatir las enfermedades, ayudar a responder a las necesidades no atendidas de los pacientes y facilitar a los ciudadanos la igualdad de acceso a servicios asistenciales de alta calidad a través de un uso apropiado de las innovaciones digitales y la economía social.

1.9.

En el plano social y digital, la alfabetización sanitaria se entiende como la capacidad de una persona para adquirir, comprender y utilizar la información para favorecer su bienestar y mantener un buen estado de salud.

1.10.

Los ciudadanos deben tener derecho a acceder a sus datos sanitarios. Ellos deciden si compartir sus datos, así como en qué momento hacerlo. Es indispensable tener en cuenta el Reglamento general de protección de datos, que permite a los ciudadanos controlar el uso de sus datos personales y, en particular, sus datos sanitarios.

1.11.

El CESE sugiere que el «derecho de copia (gratuita)» podría ser una forma activa de protección. Esto afecta a todos los datos generados por los usuarios al interactuar con las plataformas sanitarias digitales, y permite a los ciudadanos reutilizar sus propios datos.

1.12.

Los datos originales de los usuarios tienen un valor útil para los algoritmos y las plataformas; han de considerarse un producto original generado por los usuarios y deben protegerse de acuerdo con la legislación en materia de propiedad intelectual.

1.13.

El «derecho de copia (gratuita)» también ayuda a implicar la protección y la promoción de la competencia, que está siendo puesto a prueba implacablemente por los sistemas utilizados actualmente por las plataformas digitales para expropiar datos e historiales personales.

1.14.

El CESE apoya (1) el proceso de cuatro pilares para el trabajo conjunto transfronterizo sobre transformación digital en la sanidad y los servicios asistenciales, incluidas las evaluaciones clínicas conjuntas, las consultas científicas conjuntas, la definición de tecnologías sanitarias emergentes y la cooperación voluntaria entre los Estados miembros.

1.15.

El CESE sugiere que se adopten las medidas adecuadas para investigar nuevos marcos éticos, jurídicos y sociales que tengan en cuenta los riesgos asociados a la extracción de datos.

1.16.

El CESE sugiere que se fomente la investigación y la innovación en materia de integración de las tecnologías digitales para renovar los procesos sanitarios en campos como, por ejemplo, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la interoperabilidad. El CESE apoya plenamente a los ciudadanos en el acceso transfronterizo seguro a datos sanitarios fiables para realizar avances en la investigación y la prevención de enfermedades.

1.17.

El CESE también respalda el apoyo de la UE a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas sociales que están desarrollando soluciones digitales para prestar servicios asistenciales centrados en el paciente y para recabar sus puntos de vista.

1.18.

El CESE apoya «reequilibrar» la asimetría socioeconómica en las economías de los datos promoviendo el desarrollo de plataformas seguras y apoyando a las organizaciones cooperativas sin ánimo de lucro para que almacenen, gestionen y compartan copias digitales de todos los datos personales.

2.   Antecedentes y observaciones generales

2.1.

El 25 de abril de 2018, la Comisión Europea publicó su Comunicación sobre la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el mercado único digital (2), que aborda las reformas y soluciones innovadoras necesarias para que los sistemas de salud y asistencia lleguen a ser más robustos, accesibles y eficaces a la hora de prestar un servicio asistencial de calidad a los ciudadanos europeos y de crear una sociedad más saludable. Si se diseñan adecuadamente y se aplican de una manera rentable, las soluciones digitales aplicadas a la salud y la asistencia sanitaria pueden aumentar el bienestar de millones de ciudadanos y mejorar radicalmente la eficacia de los servicios sanitarios y asistenciales que se prestan a los pacientes. La digitalización puede favorecer la continuidad del servicio asistencial transfronterizo (Directiva 2011/24/UE), lo cual constituye un factor importante para aquellos que pasan tiempo en el extranjero con fines de negocio o placer. La digitalización también puede contribuir a promover la salud y a prevenir enfermedades, incluida la salud en el lugar de trabajo. Puede favorecer la reforma de los sistemas sanitarios y su transición hacia nuevos modelos de servicios asistenciales, basados en las necesidades de las personas, y permitir una transición desde sistemas centrados en los hospitales hacia estructuras asistenciales integradas y más basadas en la comunidad. Al operarse los cambios, es necesario garantizar que los ciudadanos se sitúen en el centro de la atención asistencial. Los procesos de digitalización deberían ayudar a los profesionales sanitarios a dedicar más tiempo al paciente. Por tanto, hay que garantizar que las profesiones sanitarias estén adecuadamente dotadas de personal cualificado y con las competencias digitales apropiadas.

2.2.

La transición hacia la sanidad y la asistencia digital está transformando la naturaleza del trabajo en estos ámbitos. Esto solo puede conseguirse con un nivel de calidad elevado si todas las personas implicadas abordan la transformación de un modo profesional y con amplitud de miras. Por consiguiente, es necesario seguir reforzando el diálogo social a nivel europeo en el sector de la salud y los servicios sociales, de forma que se desarrollen adecuadamente la formación y la educación continua y se mejoren las condiciones laborales, en particular el equilibrio entre la vida privada y la vida profesional, la protección de los datos del personal y la calidad del empleo.

2.3.

Según la Comisión Europea, los sistemas sanitarios y de bienestar en Europa se enfrentan a retos muy importantes, como el envejecimiento de la población, la multimorbilidad, la vacunación, la escasez de personal sanitario debido a las difíciles condiciones laborales y el creciente problema de las enfermedades no transmisibles prevenibles provocadas por factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y la obesidad, así como otras afecciones, incluidas las enfermedades raras y las neurodegenerativas. Las enfermedades infecciosas también constituyen una creciente amenaza debido a una mayor resistencia a los antibióticos y a patógenos nuevos o reemergentes. El gasto público en sanidad y asistencia de larga duración está aumentando en los Estados miembros de la UE y se prevé que esta tendencia continúe. Es especialmente importante que los costes asociados se utilicen para mejorar la calidad del empleo de los profesionales sanitarios, evitando promover salarios bajos y condiciones de trabajo onerosas. Con el envejecimiento de la población, es necesario desarrollar nuevos conceptos de asistencia de larga duración.

2.4.

Incluso cuando se dispone de datos sanitarios, estos a menudo dependen de tecnologías que no son interoperables entre sí, lo que constituye un obstáculo para su uso generalizado.

2.5.

Por esta razón, los sistemas sanitarios carecen de información esencial para optimizar sus servicios y los proveedores de servicios se enfrentan a dificultades para generar economías de escala para poder ofrecer soluciones digitales eficientes en el ámbito de la salud y la asistencia, y para promover el uso transfronterizo de servicios sanitarios. Los resultados cuantificados basados en datos sanitarios deben aportar información sanitaria personalizada y ser accesibles para los médicos de cabecera, los especialistas médicos y los científicos, de modo que puedan utilizarlos para realizar agrupamientos de datos y modelos predictivos, y recurrir a las mejores prácticas.

2.6.

Como muestran las conclusiones del informe sobre el Estado de la Salud en la UE, el uso de datos sanitarios centrados en el paciente aún no está suficientemente desarrollado en la UE.

2.7.

La organización y prestación de servicios sanitarios y de asistencia social es responsabilidad de los Estados miembros. En algunos de ellos, especialmente los que tienen sistemas federales, son las autoridades regionales quienes se encargan de la financiación y la prestación de servicios sanitarios.

2.8.

En virtud de la Directiva 2011/24/UE relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, se creó una red de sanidad en línea (la red de sanidad electrónica) para promover la interoperabilidad de soluciones en el ámbito de la sanidad electrónica.

2.9.

También se han desarrollado estructuras de cooperación, como la Asociación Europea para la Innovación sobre un Envejecimiento Activo y Saludable, el programa conjunto de apoyo a una vida activa y autónoma (Programa «Vida Cotidiana Asistida y Activa») y los acuerdos de colaboración entre el sector público y privado, como la Iniciativa sobre medicamentos innovadores y la Iniciativa sobre componentes y sistemas electrónicos para un liderazgo europeo. Las estrategias regionales y nacionales para la especialización inteligente también desempeñan un papel central en el desarrollo de ecosistemas regionales más sólidos en el ámbito de la atención sanitaria. Desde 2004, dos planes de acción en materia de sanidad electrónica han proporcionado un marco político para los Estados miembros y la Comisión, y el Grupo de partes interesadas en la sanidad electrónica desempeña un importante papel.

2.10.

Habida cuenta de las posiciones adoptadas en sus anteriores dictámenes (3), el CESE considera que deberían apoyarse las medidas que la Comisión tiene previsto tomar en tres ámbitos, a saber, el acceso seguro de los ciudadanos a datos sanitarios y el intercambio de estos datos con otros Estados miembros; la fiabilidad de los datos para realizar avances en la investigación, la prevención de enfermedades y la personalización de la sanidad y los servicios asistenciales; y la creación de instrumentos digitales para empoderar a los ciudadanos y prestar una asistencia centrada en las personas. Como ya se ha señalado anteriormente, debe garantizarse que los procesos de digitalización no se malinterpretan como un paquete de ahorro para los presupuestos sanitarios y no dan lugar a reducciones de personal o a recortes en los servicios. La escasez de personal da lugar a una asistencia deficiente y a un mayor riesgo de morbilidad. No debe olvidarse que la transformación digital es un fenómeno bidimensional que incluye una dirección y un proceso. En cuanto a la dirección, nos centramos en los factores externos que afectan a las organizaciones, examinando constantemente «qué» aborda la transformación digital. En cuanto al proceso, se pone el acento en la reflexión dentro de las organizaciones, con especial atención a «cómo» se realiza la transformación digital. Por tanto, es absolutamente necesario tener en cuenta este enfoque al examinar el objeto del dictamen con el fin de garantizar un enfoque orientado al paciente.

2.11.

Precisamente por este motivo, el CESE señala, como ya hizo en su dictamen anterior (4), que, para sacar partido de la transformación digital, las redes de la UE y las medidas de apoyo previstas deberían utilizar instrumentos digitales para ejercer y reforzar, y no debilitar, nuestros derechos fundamentales en materia de salud y servicios asistenciales. Las herramientas digitales han de apoyar el desarrollo del potencial individual y de las comunidades locales y la economía social; deben constituir un poderoso catalizador al servicio de la promoción de los derechos y el desarrollo de nuevas formas de organización y gobernanza de la sanidad y los servicios asistenciales; y tienen que contribuir a reafirmar los valores de solidaridad y universalidad en los que se basa nuestro sistema sanitario. Esto habría de garantizarse por medio de una inversión pública adecuada, tal como se recoge en un dictamen anterior del CESE (5).

2.12.

Al igual que en sus anteriores dictámenes, el CESE considera que la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria, que es uno de los objetivos principales de las políticas sanitarias, puede beneficiarse de las ventajas digitales siempre que se respeten varias condiciones:

la igualdad de cobertura territorial, teniendo en cuenta las zonas insuficientemente atendidas por los operadores del sector digital (acceso, banda ancha);

la reducción de la brecha digital en el uso que hacen los ciudadanos, los profesionales de la salud y los agentes de los sistemas de seguro de enfermedad y asistencia sanitaria;

la interoperabilidad entre los diferentes componentes de la arquitectura digital (bases de datos, productos médicos) para facilitar la continuidad de la asistencia dentro de cada estructura y entre estructuras;

la protección de los datos sanitarios, que en ningún caso pueden utilizarse en detrimento de los pacientes;

la difusión electrónica de la información del producto autorizada por las agencias de medicamentos competentes para mejorar el acceso (como se menciona en un dictamen anterior del CESE (6)).

2.13.

El auge de la telemedicina, los productos conectados y las nanotecnologías, las biotecnologías, las tecnologías de la información y las ciencias cognitivas (NBIC) no debe conducir a considerar a los pacientes meros cuerpos conectados que podrían ser analizados, controlados y vigilados a distancia por un todopoderoso programa informático. La tecnificación de la salud incita, en realidad, a lo contrario, es decir, a reafirmar la importancia de la relación interpersonal y el vínculo social en la práctica de la medicina y la asistencia.

3.   Las consecuencias de la transformación digital

3.1.   La incidencia de la transformación digital en la sanidad y los servicios asistenciales

3.1.1.

La Comunicación de la Comisión ilustra cómo la UE puede contribuir a alcanzar los objetivos de las Conclusiones del Consejo, concretamente desarrollando la cooperación e infraestructura necesarias en la UE y ayudando, de este modo, a los Estados miembros a cumplir su compromiso político en estos ámbitos. Las acciones propuestas también respaldan el compromiso contraído por la Comisión de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas «Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades», así como de aplicar los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales.

3.1.2.

El CESE comparte la visión esbozada en la Comunicación: promover la salud, prevenir y combatir las enfermedades, ayudar a responder a las necesidades no atendidas de los pacientes y facilitar a los ciudadanos la igualdad de acceso a servicios asistenciales de alta calidad a través de un uso apropiado de las innovaciones digitales y las empresas sociales.

3.1.3.

El CESE opina que es fundamental aumentar la sostenibilidad de los sistemas de salud y asistencia sanitaria en Europa, ayudando a maximizar el potencial del mercado único digital mediante un mayor recurso a los productos y servicios digitales en los ámbitos de la salud y la asistencia sanitaria. Las medidas propuestas también deben tener por objetivo estimular el crecimiento y promover la industria europea en este ámbito, así como las empresas, con o sin ánimo de lucro, que diseñan y gestionan los servicios de salud y asistencia sanitaria.

3.1.4.

La transformación digital permite, en particular, consultar y explotar datos que ofrecen la posibilidad de reducir los costes de la atención sanitaria a medida que la población crece y la esperanza de vida aumenta, contribuyendo así a optimizar la acción de los poderes públicos a nivel nacional y europeo.

3.1.5.

La digitalización de la sanidad no solo contribuirá a reducir el tiempo de hospitalización, con un impacto directo positivo en la atención sanitaria en los hospitales, sino que también contribuirá a la recuperación de los propios pacientes. En el contexto de un reconocimiento internacional, la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), ha propuesto las «Herramientas de las estrategias nacionales de salud electrónica», que ofrecen fundamentalmente un método para mejorar y desarrollar estrategias nacionales de sanidad electrónica, los planes de acción y los marcos de supervisión.

3.2.   La repercusión de la transformación digital en las personas

3.2.1.

La transformación digital ofrece a los ciudadanos la oportunidad de acceder ampliamente a conocimientos, infraestructuras y servicios sanitarios personalizados innovadores y más eficientes, así como de contribuir (como proveedores de servicios, productores de información y suministradores de datos) a mejorar la salud de los demás.

3.2.2.

También podría considerarse que los ciudadanos tienen el derecho de acceder a sus datos sanitarios y decidir si desean compartir tales datos y en qué momento. El CESE también cree indispensable que se tenga en cuenta el Reglamento general de protección de datos, en vigor desde el 25 de mayo de 2018, que permitirá a los ciudadanos controlar el uso de sus datos personales, incluidos sus datos sanitarios. Además, hay que tener en cuenta la declaración de la Asociación Médica Mundial (AMM) sobre las consideraciones éticas relacionadas con las bases de datos sanitarios y los biobancos en su Declaración de Taipéi, adoptada por la 53.a Asamblea General de la AMM en Washington D. C. (EE. UU.), en octubre de 2002, y revisada por la 67.a Asamblea General de la AMM en Taipéi (Taiwán), en octubre de 2016.

3.2.3.

A este respecto, es esencial hacer frente al riesgo de una brecha cada vez mayor en los niveles de alfabetización digital de las personas. En el plano social y digital, la alfabetización sanitaria se entiende como la capacidad de una persona para adquirir, comprender y utilizar la información de forma responsable para favorecer su bienestar y mantener un buen estado de salud. Para ello, es necesario garantizar a las personas un nivel de competencias y de conocimiento de las nuevas herramientas que les permita mejorar su propio bienestar y el de la comunidad mediante medidas que mejoren su estilo de vida y sus condiciones de vida.

3.2.4.

Habida cuenta de que los usuarios se sitúan en el centro del diseño y del servicio, los datos que generan también deben considerarse fundamentales, y deberían establecerse normativas adecuadas en relación con la propiedad de los datos y el derecho de uso de tales datos por parte del propio usuario y de terceros. Las cuestiones que deben plantearse son: «¿a quién pertenecen los datos?», «¿quién tiene derecho a utilizarlos?», «¿en qué condiciones pueden ser utilizados por terceros que ofrecen servicios?», «¿puede el usuario utilizar los datos libremente?», etc. A este respecto, es importante distinguir bien entre los diferentes tipos de datos: los datos no procesados, por un lado, y los datos generados por algoritmos y servicios de inteligencia artificial, por el otro. Si un tercero genera nuevos datos agregados utilizando algoritmos registrados, ¿cómo debería gestionarse la propiedad de la información? ¿Cómo se diseñan los modelos empresariales para gestionar la presencia de múltiples partes interesadas, cuando cada una de ellas presta una parte fundamental del servicio? También es preciso distinguir entre los modelos empresariales basados únicamente en servicios (más tradicionales, como, por ejemplo, la asistencia en las actividades de la vida diaria), y aquellos basados en datos centrados en los pacientes, con la posibilidad de desarrollar nuevos servicios en el ámbito de la salud a distancia (por ejemplo, los servicios de prevención, apoyo y adaptación al tratamiento).

3.2.5.

Los datos auténticos (es decir, originales) de cada usuario son el único valor útil para algoritmos, servicios y plataformas, lo que significa que pueden o deben considerarse como un producto original generado por los usuarios (y únicamente por ellos mismos, con sus características biológicas, cognitivas, culturales y conductuales) y, como tal, son una «contribución original» que debe protegerse conforme a normas similares a las de la propiedad intelectual, pero adaptadas de manera ad hoc. Se podría sugerir una forma de protección activa mediante un «derecho de copia (gratuita)» de todos los datos generados por los usuarios al interactuar con plataformas sanitarias digitales, de modo que se les permita reutilizarlos (si se considera apropiado), reagrupándolos por medio de otros servicios o algoritmos. El «derecho de copia (gratuita)» también ayuda a solucionar otro problema relacionado con la protección y la promoción de la competencia, que está siendo puesto a prueba implacablemente por los sistemas utilizados actualmente por las plataformas digitales (basándose en contratos u otros medios) para expropiar datos e historiales personales.

3.2.6.

La propia UE ha abordado en diferentes ocasiones la cuestión mencionada en el punto 3.2.5 y, en algunos casos, ha optado por un derecho de puesta a disposición (copia) de los datos (véase el artículo 9 de la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética: «cuando los clientes finales lo soliciten, la información exacta de los contadores sobre la entrada y salida de electricidad que les corresponda les sea facilitada a ellos mismos o a un tercero que actúe en nombre de los clientes finales, en un formato fácilmente comprensible que puedan utilizar para comparar ofertas en condiciones de igualdad»).

3.2.7.

El CESE sugiere la creación de una infraestructura informática conectada de modo que los pacientes con una enfermedad rara puedan ser contactados rápidamente y puedan poner sus datos sanitarios y médicos a disposición de la investigación global sin ánimo de lucro. La Unión Europea está promoviendo la creación de un sistema de historiales médicos electrónicos, apoyando el intercambio de información y la normalización y el desarrollo de redes para el intercambio de información entre proveedores de atención sanitaria con el fin de coordinar las medidas que deberán tomarse en caso de riesgo para la salud pública.

3.2.8.

Esto permitiría a las personas, ciudadanos, pacientes y usuarios recuperar el pleno control de su identidad digital. Les permitirá participar en la adquisición de conocimientos obtenidos a partir de datos sanitarios agregados para la medicina y prevención personalizadas, y también les permitirá disfrutar de los considerables beneficios económicos derivados de estos datos agregados.

3.3.   La repercusión de la transformación digital en los sistemas sociales y sanitarios

3.3.1.

El CESE apoya (tal y como se menciona en otro Dictamen del CESE (7)) el proceso de cuatro pilares para el trabajo conjunto transfronterizo sobre transformación digital en la sanidad y los servicios asistenciales.

3.3.1.1.

La propuesta establece un grupo de coordinación, compuesto por representantes de los organismos de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) de los Estados miembros, y describe los cuatro pilares de la futura cooperación. El trabajo conjunto estaría liderado por los Estados miembros a través del grupo de coordinación y abarcaría:

evaluaciones clínicas conjuntas;

consultas científicas conjuntas;

identificación de tecnologías sanitarias emergentes;

cooperación voluntaria entre los Estados miembros.

3.3.1.1.1.

Las evaluaciones clínicas conjuntas se refieren a las tecnologías más innovadoras, entre las que se incluyen: i) los medicamentos sometidos al procedimiento centralizado de autorización de la comercialización, y ii) determinadas clases de productos sanitarios y productos sanitarios para diagnóstico in vitro que permiten abordar las necesidades médicas no satisfechas, el impacto potencial en los pacientes, la salud pública o los sistemas sanitarios y una dimensión transfronteriza importante. Estas evaluaciones serían elaboradas y definidas por los organismos de ETS de los Estados miembros, las empresas farmacéuticas o los fabricantes de equipos médicos (el «desarrollador»), los pacientes, los expertos clínicos y otras partes interesadas. Una vez verificado por la Comisión, el informe se publicará y después será utilizado por los Estados miembros.

3.3.1.1.2.

Las consultas científicas conjuntas, también denominadas «diálogos precoces», permitirían a un desarrollador de una tecnología sanitaria solicitar el asesoramiento de los organismos de ETS sobre los datos y las pruebas que probablemente se requerirán como parte de una futura evaluación clínica conjunta. Los desarrolladores tendrían la posibilidad de solicitar una consulta científica conjunta con el grupo de coordinación. Tras la aprobación del grupo de coordinación, los informes de consulta científica conjunta se transmitirían al desarrollador de tecnologías sanitarias, pero no se publicarían.

3.3.1.1.3.

La «exploración de perspectivas», o la identificación de tecnologías sanitarias emergentes (tecnologías sanitarias que aún no se han adoptado en el sistema de atención sanitaria), ayudaría a garantizar que las tecnologías sanitarias que se espera que tengan un impacto importante en los pacientes, la salud pública o los sistemas sanitarios se identifiquen en una fase temprana de su desarrollo y se incluyan en el trabajo conjunto.

3.3.1.1.4.

Los Estados miembros tendrían la posibilidad de continuar la cooperación voluntaria a nivel de la UE en ámbitos no cubiertos por la cooperación obligatoria. Esto ofrecería, entre otras cosas, la posibilidad de realizar ETS sobre tecnologías sanitarias distintas de los medicamentos o los productos sanitarios (como los procedimientos quirúrgicos), así como la evaluación de aspectos no clínicos (como, por ejemplo, el impacto de los productos médicos en la organización de la asistencia).

3.3.2.

El despliegue de soluciones innovadoras en el ámbito de la atención sanitaria posibilitadas por la transformación digital plantea una serie de cuestiones multidisciplinares importantes, en particular, cuestiones éticas, legales y sociales. Aunque ya existe un marco jurídico para la protección de datos y la seguridad de los pacientes, deben abordarse otras cuestiones, como el acceso a la banda ancha, los riesgos asociados a la extracción de datos y la toma automática de decisiones, la adopción de normas y de una legislación apropiadas a fin de garantizar una calidad adecuada en los servicios de sanidad electrónica o móvil, y la accesibilidad y calidad de los servicios. Asimismo, en lo que respecta a los servicios, si bien existen normas a nivel nacional y de la UE por las que se rigen la contratación pública, la competencia y el mercado interior, deben examinarse y adoptarse nuevos enfoques que tengan en cuenta la transformación digital.

3.3.3.

La transformación digital llevará consigo una reorganización del sistema de atención sanitaria, con nuevas formas y normas para la prestación de servicios (por ejemplo, utilizando robots junto con los cuidadores). Además, los cuidadores deben someterse a programas de formación adecuados y específicos (por ejemplo, con formación social, médica o técnica) y estar preparados para los nuevos perfiles de empleo y las transformaciones del entorno laboral. Esto dará lugar a la definición de nuevos modelos de servicios, políticas de apoyo, certificaciones y normas adecuadas para la introducción de servicios y tecnologías digitales en contextos y mercados asistenciales reales. Su diseño y desarrollo debería seguir los principios del diseño centrado en el usuario, la ingeniería del uso por diseño, el diseño universal, etc., con los usuarios y sus necesidades en el centro del proceso, y evitando crear una brecha digital y excluir a las personas de los servicios.

3.3.4.

El CESE respalda los esfuerzos de la Comisión por contribuir al desarrollo y la adopción del formato de intercambio de historiales médicos electrónicos de ámbito europeo, así como por desarrollar medidas comunes de identificación y autenticación, conforme a lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2011/24/UE.

3.4.   La repercusión de la transformación digital en el mercado digital

3.4.1.

El reto es «reequilibrar la asimetría socioeconómica en la economía de los datos» (8) por medio de:

un derecho legal a la copia digital de todos los datos personales (médicos y no médicos); portabilidad de los datos (artículo 20 de la Directiva de la UE sobre protección de datos);

una plataforma segura que permita a las personas almacenar, gestionar y compartir activamente los datos según sus propias condiciones;

una estructura organizativa cooperativa sin ánimo de lucro de plataformas de datos personales, para que sean propiedad de los ciudadanos;

una reinversión de los ingresos derivados del uso secundario de los datos controlado por los ciudadanos en proyectos y servicios que benefician a los miembros de las plataformas y a la sociedad en general.

3.4.2.

Las evaluaciones clínicas conjuntas facilitarían un acceso más rápido, evitarían la duplicación a nivel nacional y aportarían una mayor coherencia, claridad y previsibilidad para todos los que participan en el proceso. La industria de los productos médicos es, en general, más escéptica en relación con la propuesta. La cooperación obligatoria en las evaluaciones clínicas de tecnologías aplicadas a la salud (ETS) podría ralentizar el acceso de los productos al mercado, en lugar de agilizarlo.

3.4.3.

Al aumentar la penetración de los dispositivos móviles, las soluciones de sanidad electrónica o móvil ofrecerán servicios innovadores con procesos optimizados. Estos procesos ayudarán a facilitar la movilidad de los profesionales sanitarios y asistenciales.

3.4.4.

La transformación digital fomentará el desarrollo de nuevos modelos empresariales flexibles, impulsará la participación en el negocio de diferentes partes interesadas y reportará beneficios gracias a la cuantificación de las experiencias de los usuarios. Su éxito dependerá de que esté centrada en el consumidor (o en el usuario), con el fin de garantizar que la perspectiva del usuario se tenga en cuenta desde el principio del proceso de diseño (reflexión conceptual).

3.4.5.

La transformación digital permitirá el uso generalizado de datos sanitarios y sociales, fomentando la integración de sistemas y dispositivos con servicios de aprendizaje automático y la necesidad de interoperabilidad y capacidad de interacción (M2M), que debe tener en cuenta los diferentes requisitos y preferencias de los usuarios, el desarrollo de sistemas «a prueba de futuro», la posibilidad de integración con las infraestructuras existentes y los proveedores de servicios locales, con toda tecnología disruptiva y no planificada y con los servicios con nuevos requisitos en materia de normalización.

3.4.6.

Las nuevas tecnologías facilitadoras esenciales, como la 5G, crearán oportunidades para mejores productos y servicios móviles de banda ancha, contribuyendo así al despliegue de millones de conexiones para dispositivos de la internet de las cosas (IdC) a una escala masiva. Con la proliferación de la 5G y de la IdC, las estrategias de transformación digital son fundamentales para muchas partes interesadas que actúan en el ámbito de la asistencia sanitaria, sobre todo porque las nuevas conductas y necesidades de los consumidores exigirán nuevas ofertas digitalizadas.

3.4.7.

El CESE apoya los servicios relacionados con la información sanitaria, la prevención de enfermedades, el desarrollo de sistemas de asesoramiento a distancia, la prescripción en línea, la derivación de pacientes y el reembolso de los gastos médicos. Las plataformas existentes, como Alfred, Big White Wall, Medicine Patient Portal, Empower, etc., pueden considerarse como facilitadoras de la transformación digital en el mercado único digital. Curiosamente, el 29 de mayo de 2018, se anunció que la Nube Europea de la Ciencia Abierta apoyaría a los sectores científicos de la UE que ocupan una posición de liderazgo mundial, creando un entorno seguro para almacenar y procesar datos de investigación. La Nube debería ser una federación amplia y paneuropea de infraestructuras existentes y emergentes excelentes que respete los mecanismos de gobernanza y financiación de sus diversos componentes; la pertenencia a esta federación sería voluntaria; y la estructura de gobernanza incluiría a representantes de ministerios, partes interesadas y científicos de los Estados miembros.

3.5.   La incidencia de la transformación digital en los proveedores de servicios

3.5.1.

En este contexto, el CESE suscribe los siguientes objetivos:

poner el acento en los proveedores de atención sanitaria;

poner el acento en los pacientes cuando acceden al sistema de atención sanitaria;

garantizar una transferencia de datos eficiente en la atención primaria (sanidad electrónica, expediente clínico electrónico o ECE);

obtener el consentimiento de los pacientes para que sus datos puedan utilizarse con fines de investigación; ofrecer incentivos para que se aporten datos adicionales (sanidad móvil);

reducir las dificultades para asociar a los pacientes a la investigación.

3.5.2.

Según estudios tecnológicos, sociales y económicos recientes, la inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica permitirán diseñar y desarrollar nuevos enfoques en ámbitos como la medicina personalizada y de precisión, la fragilidad cognitiva y la robótica cooperativa. Su utilización en la atención sanitaria exigirá adaptar y desarrollar todos los procesos relacionados con el diseño, la prestación y la evaluación de los servicios. En este contexto, la transformación digital representa un factor fundamental, pero también facilitador (o «acelerador») de la integración de las tecnologías innovadoras en el sector de la atención sanitaria.

3.5.3.

La transformación digital tiene el potencial de poner a disposición una gran cantidad de datos que permitan la investigación y el desarrollo de soluciones de servicios innovadoras y ambiciosas basadas en la inteligencia artificial. Esto podría servir de base para crear un marco que permita cuantificar objetivamente las enfermedades crónicas e identificar oportunidades de diagnóstico precoz y seguimiento terapéutico. Además, los avances recientes en la inteligencia artificial se beneficiarían de la disponibilidad de datos para desarrollar sistemas que puedan aprender y después adaptarse a las formas en las que evolucionan las enfermedades.

3.5.4.

El uso generalizado de los datos y la capacidad de las partes interesadas para utilizarlos y transformarlos en función de las necesidades de los usuarios abren nuevas posibilidades para intercambiar datos, conocimientos y experiencia, como ya apoyan las redes europeas de referencia, que proporcionan una estructura de gobernanza para el intercambio de conocimientos y la coordinación de la asistencia en el ámbito de las enfermedades raras en toda la UE. Si un territorio determinado (región o país) no cuenta con experiencia en relación con una enfermedad específica, la red puede ayudar a los médicos a obtener información de los centros de experiencia de otros territorios. Asimismo, los hospitales de toda Europa pueden utilizar los sistemas digitales de interconexión para compartir conocimientos y apoyarse mutuamente.

3.5.5.

Una consecuencia obvia de los puntos anteriores es que la ciberseguridad es una prioridad clave. Como se señala en un informe de la ENISA (ENISA Threat Landscape Report 2017: 15 Top Cyber-Threats and Trends, Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea), la complejidad de los ataques y la sofisticación de las acciones malintencionadas en el ciberespacio siguen aumentando. En el ámbito de la atención sanitaria, donde muchos sistemas generalizados están interconectados y hay mucho en juego, en particular, la vida de los pacientes, datos personales sensibles, recursos financieros, etc., la seguridad de la información es un aspecto prioritario. En el contexto de la transformación digital, se requieren nuevos métodos y orientación para diseñar los marcos de evaluación de la ciberseguridad, las medidas de respuesta organizativas y la conformidad de la interoperabilidad basada en la ciberseguridad.

3.5.6.

El CESE también respalda el apoyo de la UE a las pequeñas y medianas empresas que están desarrollando soluciones digitales para prestar servicios asistenciales centrados en el paciente y recabar sus puntos de vista. Evidentemente, esta cooperación contará con la participación de las autoridades públicas y de otras partes interesadas que se han comprometido a promover principios comunes o mutuamente reconocidos con el fin de validar y certificar soluciones digitales con vistas a su adopción en los sistemas sanitarios (por ejemplo, sanidad móvil y vida independiente).

3.5.7.

El CESE considera, asimismo, que las iniciativas que se han emprendido anteriormente para que los Estados miembros de la UE expidan tarjetas sanitarias deben proseguir en el marco de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el mercado digital. Habida cuenta del carácter sensible de los datos médicos que pueden almacenar, este tipo de tarjeta sanitaria electrónica debe ofrecer una sólida protección de la privacidad.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO C 283 de 10.8.2018, p. 28.

(2)  COM(2018) 233 final.

(3)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 1; DO C 13 de 15.1.2016, p. 14, y DO C 458 de 19.12.2014, p. 54.

(4)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 1.

(5)  DO C 173 de 31.5.2017, p. 33.

(6)  DO C 13 de 15.1.2016, p. 14.

(7)  DO C 283 de 10.8.2018, p. 28.

(8)  Foro Económico Mundial — Global Information Technology Report 2014 (Informe mundial sobre la tecnología de la información en 2014).


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/66


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre a) «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE»

[COM(2018) 184 final — 2018/0089 (COD)]

y b) «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, la Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE»

[COM(2018) 185 final — 2018/0090 (COD)]

(2018/C 440/10)

Ponente:

Jarosław MULEWICZ

Coponente:

Antonio LONGO

Consulta

a)

Parlamento Europeo, 2.5.2018

a)

Consejo, 22.5.2018

b)

Parlamento Europeo, 2.5.2018

b)

Consejo, 22.5.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

20.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

155/1/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE toma nota de la propuesta de la Comisión Europea relativa a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE, y del objetivo de actualizar las normas vigentes para tener en cuenta los nuevos hábitos de consumo y adaptarlas a la evolución del mercado único digital. Sin embargo, como recomendó el CESE en su dictamen sobre la fragilidad de los consumidores frente a las prácticas comerciales (1), todavía deben abordarse las preocupaciones relacionadas con la falta de aplicación de las normas vigentes.

1.2.

El CESE coincide con la Comisión Europea en cuanto a la necesidad de modernizar y simplificar la política de los consumidores de la Unión y considera que el nuevo conjunto de medidas legislativas puede contribuir a reducir las diferencias creadas por el crecimiento exponencial del comercio electrónico, que socavan la confianza de los consumidores y ocasionan distorsiones en el mercado único.

1.3.

En general, el Comité considera que la armonización de la legislación en materia de protección de los consumidores no debe reducir su nivel de protección en los Estados miembros, y al mismo tiempo debe alcanzar un equilibrio con respecto a la seguridad jurídica para los comerciantes. El CESE toma nota de las conclusiones del programa REFIT de que las normas de protección de los consumidores son adecuadas para el fin que persiguen, pero también observa un aumento en el número de consumidores objeto de prácticas de comercialización agresivas y engañosas.

1.4.

El CESE apoya la propuesta de ampliar los derechos de los consumidores a todos los servicios digitales «aparentemente gratuitos» a cambio de los cuales los usuarios facilitan datos personales y no personales. También apoya una mayor transparencia y responsabilidad de las plataformas en línea.

1.5.

Con respecto a la revisión de la Directiva 2011/83/UE relativa a la protección de los derechos de los consumidores, han surgido dos cuestiones preocupantes en el seno del Comité. Los comerciantes están a favor de actualizar, simplificar y adaptar la información precontractual, mientras que los consumidores consideran que esto supondría una reducción de su nivel de protección.

1.6.

El CESE considera que las disposiciones sobre contenido digital, servicios digitales y ventas en línea deben corresponderse con la legislación del mercado único digital.

1.7.

El CESE considera que el derecho de desistimiento es un instrumento eficaz de protección de los consumidores que no se debe menoscabar. Los miembros del Comité comparten opiniones diferentes sobre la propuesta de la Comisión. Los comerciantes, y las pymes en particular, necesitan mayor seguridad jurídica en relación con los productos indebidamente comprobados y el reembolso anticipado. Los consumidores rechazan la modificación y piden que se respete el statu quo. El Comité pide a la Comisión que reconsidere esta importante disposición para ofrecer un equilibro entre los intereses opuestos.

1.8.

El CESE considera que las medidas para proteger a los consumidores contra los productos «de calidad dual» están justificadas y apoya la propuesta de la Comisión de garantizar una mayor transparencia.

1.9.

El Comité apoya el uso de mecanismos de resolución alternativa de litigios y resolución de litigios en línea como la mediación o el arbitraje, que deben promoverse a nivel nacional y europeo.

1.10.

El CESE pide a la Comisión que garantice la aplicación y ejecución eficaces de las normas de protección de los consumidores vigentes por parte de los Estados miembros; que respalde la armonización de las normas de protección de los consumidores; que fomente la cooperación transfronteriza de las autoridades nacionales a través del canal de cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC) y que presente una campaña de comunicación que facilite a las pequeñas y medianas empresas cumplir la legislación en materia de protección de los consumidores.

1.11.

El CESE invita a los Estados miembros a promulgar normas más estrictas para aplicar la legislación vigente en materia de protección de los consumidores, luchar contra las infracciones nacionales y transfronterizas y respaldar el nivel actual de protección de los consumidores.

1.12.

El CESE respalda la propuesta de criterios específicos para el establecimiento de multas como instrumento eficaz de protección de los consumidores. Es importante contar con sanciones verdaderamente disuasorias para las empresas que incumplan las normas, que asciendan a un porcentaje considerable de su volumen de negocios anual y tengan en cuenta las infracciones a escala de la Unión.

1.13.

El CESE toma nota de la propuesta de Directiva relativa a acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE. Sin embargo, el Comité lamenta que las recomendaciones del dictamen del CESE sobre un marco horizontal europeo de recurso colectivo (2) no se hayan tenido en cuenta al redactar la propuesta legislativa.

1.14.

Debe garantizarse el acceso rápido y sencillo a la justicia a todos los ciudadanos europeos. Los consumidores deben poder obtener una indemnización en caso de sufrir un perjuicio como consecuencia de un incumplimiento del contrato. Por lo tanto, se acoge con satisfacción un sistema de recurso adaptado para perjuicios colectivos. Este sistema debe ser pragmático, rentable, ofrecer las salvaguardias pertinentes y tener en cuenta los sistemas judiciales nacionales en vigor.

1.15.

El CESE reconoce los esfuerzos de la Comisión para identificar las entidades habilitadas capaces de solicitar reparación colectiva, de conformidad con el principio de subsidiariedad y el Derecho nacional.

1.16.

Además, los Estados miembros deben respaldar la creación de fondos destinados a litigios para las entidades habilitadas. En casos en los que el perjuicio sea de escasa cuantía y no se pueda localizar a todas las personas que lo hayan sufrido, el CESE apoya la propuesta de la Comisión de destinar dichas cuantías a un fin público; sin embargo, el Comité pide que se aclare su naturaleza (por ejemplo, asistencia a los consumidores, programas de información y educación, y fondos destinados a litigios).

1.17.

Por último, una importante salvaguardia que debe incluirse en la Directiva es la posibilidad de participar o de desvincularse de una acción colectiva. En consonancia con la recomendación del dictamen del CESE sobre un marco horizontal europeo de recurso colectivo (3), los consumidores deberían ser libres para decidir si quieren participar o desvincularse de una acción colectiva.

2.   Información básica e introducción

2.1.

El 11 de abril de 2018, la Comisión Europea presentó un conjunto de medidas legislativas relativas a un «Nuevo marco para los consumidores». Este conjunto de medidas contiene una propuesta de Directiva («Directiva Ómnibus») por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE (4), la Directiva 98/6/CE (5), la Directiva 2005/29/CE (6) y la Directiva 2011/83/UE (7) en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE y la propuesta de Directiva relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE.

Directiva Ómnibus

2.2.

La propuesta de la Comisión COM(2018) 185 relativa a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE tiene como objetivo completar los mecanismos vigentes de protección de los consumidores, infracciones transfronterizas y comercio electrónico, así como reducir la carga que afrontan los comerciantes. La propuesta se atiene a las conclusiones del control de adecuación en el marco del programa REFIT sobre los derechos de los consumidores y el acervo legislativo (8) en materia de comercialización de la Unión y la evaluación de la Directiva 2011/83/UE relativa a los derechos de los consumidores.

2.3.

En particular, la propuesta de Directiva Ómnibus incluye:

2.3.1.

la introducción de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias de forma coordinada tanto para infracciones nacionales como transfronterizas;

2.3.2.

mayor transparencia en el mercado único digital con obligaciones en materia de transparencia para las plataformas en línea;

2.3.3.

la ampliación de la protección de los consumidores a la esfera de los servicios digitales, especialmente aquellos en los que los consumidores no pagan dinero, pero ofrecen datos personales y no personales que tienen valor económico y, por consiguiente, no pueden considerarse «gratuitos»;

2.3.4.

la reducción de la carga para las empresas, que permite a los profesionales la utilización de nuevos medios de comunicación en línea, como formularios web o chats como alternativa al correo electrónico;

2.3.5.

la revisión de determinados aspectos relacionados con el derecho de desistimiento. En particular, el comerciante puede reembolsar al consumidor únicamente tras haber inspeccionado los productos y haber verificado que el consumidor no ha «usado» los bienes en lugar de limitarse a probarlos;

2.3.6.

la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan prácticas agresivas y engañosas no solicitadas en el contexto de la venta a domicilio y las excursiones de venta;

2.3.7.

la inclusión explícita de los productos «de calidad dual» y todas las prácticas de comercialización vinculadas a los mismos, incluidas las prácticas comerciales engañosas, especialmente generalizadas en el sector agroalimentario.

Directiva relativa a las acciones de representación

2.4.

La propuesta de la Comisión COM(2018) 184 relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores sienta las bases para un mecanismo europeo de recurso colectivo contra infracciones generalizadas de la legislación en materia de protección de los consumidores. Esta herramienta, ya disponible en algunos Estados miembros, debe extenderse a todos. No obstante, debe aplicarse el principio de subsidiariedad para permitir a los Estados miembros definir este sistema a nivel nacional, al mismo tiempo que se mantienen los sistemas vigentes.

2.5.

Únicamente las entidades habilitadas a nivel nacional deben poder actuar en nombre de los consumidores y deben cumplir algunos de los requisitos mínimos establecidos por la Comisión Europea.

2.6.

El mecanismo de compensación está vinculado a una resolución de cesación. Las entidades habilitadas deben poder iniciar un proceso de recurso colectivo únicamente después de que el órgano jurisdiccional o la autoridad administrativa haya constatado una infracción de los derechos de los consumidores. La Directiva se aplica a infracciones cometidas a nivel nacional y a nivel de la Unión, permitiendo a los consumidores el recurso colectivo transfronterizo.

2.7.

Respecto de la compensación del perjuicio sufrido por los consumidores, la propuesta establece una distinción entre pérdidas de escasa cuantía, en las que la compensación se destina directamente a un fin público, y cuantías importantes, en las que los consumidores afectados reciben la compensación directamente.

3.   Observaciones generales sobre la Directiva Ómnibus

3.1.

El CESE toma nota de la propuesta de la Comisión Europea relativa a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la UE, y del objetivo de actualizar las normas vigentes para tener en cuenta los nuevos hábitos de consumo y adaptarlas a la evolución del mercado único digital. Sin embargo, como recomendó el CESE en su dictamen sobre la fragilidad de los consumidores frente a las prácticas comerciales (9), todavía deben abordarse las preocupaciones relacionadas con la inaplicación de las normas vigentes.

3.2.

El CESE remite al documento informativo «Derecho de la UE sobre protección de los consumidores y comercialización» (10), en el que se evalúa la manera en que las organizaciones de la sociedad civil en toda la UE perciben la aplicación del Derecho de la UE sobre los consumidores y la comercialización, y al documento informativo «Directiva sobre los derechos de los consumidores» (11), que evalúa la aplicación de esta Directiva. Estos documentos informativos se basan en tres herramientas diferentes de recogida de datos, a saber: un cuestionario, una audiencia con expertos y nueve misiones de investigación, concretamente a Riga, Roma, Varsovia, Madrid, París, Atenas, Vilna, Lisboa y Bruselas.

3.3.

El CESE señala que la propuesta de la Comisión tiene en cuenta los documentos informativos, abogando por incrementar los esfuerzos de sensibilización, formación y coordinación relativos a la política de los consumidores, y la regulación de las plataformas en línea y la economía digital. No obstante, el CESE manifiesta su preocupación por que la armonización de la política de los consumidores, la fragmentación de la ejecución a nivel nacional, así como la necesidad de financiar campañas de sensibilización, fomentar la formación a lo largo de toda la vida, apoyar a las pymes, simplificar la información jurídica dada a los consumidores y promover los sistemas alternativos de resolución de litigios, la autorregulación y los códigos de conducta no se abordan adecuadamente en la propuesta.

3.4.

El CESE reconoce que los consumidores pueden encontrarse en situaciones en las que son engañados o forzados de manera agresiva a celebrar contratos. Se han señalado problemas concretos con las centrales de llamadas que venden contratos de energía, telecomunicaciones o agua que son engañosos para los consumidores. Del mismo modo, se ha señalado una presión similar durante excursiones organizadas para vender productos a determinadas categorías de consumidores vulnerables. En estas situaciones, los consumidores deben tener derecho a desistir del contrato de venta o recibir una indemnización por el perjuicio sufrido.

3.5.

Como recomendó el dictamen del CESE sobre la fragilidad de los consumidores frente a las prácticas comerciales, deben ofrecerse a los consumidores medidas correctoras individuales adecuadas como el reembolso, la sustitución o la resolución del contrato de venta. Las medidas correctoras también deben adaptarse a la situación de cada consumidor, permitiéndole optar por soluciones a medida.

3.6.

El CESE también considera que no se debe rebajar la armonización alcanzada por la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores. Dar un paso atrás no crea igualdad de condiciones; no beneficia ni a los consumidores ni a los comerciantes.

3.7.

El CESE subraya que las tácticas de venta agresivas o engañosas ya están prohibidas por la plena armonización de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales. El CESE anima a la Comisión a que garantice una aplicación más estricta de las normas vigentes por parte de los Estados miembros.

3.8.

El Comité presenta divisiones en cuanto a la propuesta de la Comisión de restringir determinados métodos de distribución. Los comerciantes consideran que estas medidas no deben limitarse a la venta a domicilio, estigmatizando un sector económico completo, sino que deberían aplicarse a todas las prácticas agresivas; los consumidores respaldan la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan ciertos métodos de venta para determinadas categorías de bienes (como medicamentos, armas y productos farmacéuticos) por razones de salud y seguridad.

3.9.

A ese respecto, la cooperación entre las autoridades de protección de los consumidores de los Estados miembros, en el marco del Reglamento CPC, resulta esencial para luchar de forma eficaz contra las prácticas abusivas sin penalizar a los operadores legales. Los consumidores deben tener acceso a información sobre los comerciantes, y deben fomentarse campañas de sensibilización a escala nacional y de la Unión.

3.10.

Con respecto a la revisión de la Directiva 2011/83/UE relativa a la protección de los derechos de los consumidores, han surgido dos posturas y cuestiones preocupantes dentro del Comité. Los comerciantes están a favor de actualizar, simplificar y adaptar la información precontractual, mientras que los consumidores consideran que esto supondría una reducción de su nivel de protección. El Comité apoya un enfoque equilibrado entre la protección de los consumidores y la seguridad jurídica de los comerciantes. El CESE considera que las disposiciones sobre contenido digital, servicios digitales y ventas en línea deben corresponderse con la legislación del mercado único digital.

3.11.

En lo que atañe a las plataformas en línea, debe prevalecer la transparencia con respecto a su identificación y responsabilidad. El CESE considera que es esencial para los consumidores obtener toda la información pertinente sobre su contraparte en el momento de firmar un contrato. Además, la transparencia de las plataformas en línea es un factor clave para el desarrollo del mercado único digital, tanto para los consumidores como para las empresas (B2B: negocios entre empresas) (12).

3.12.

Asimismo, el CESE también apoya la propuesta de ampliar los derechos de los consumidores a todos los servicios digitales «gratuitos» a cambio de los cuales los usuarios facilitan sus datos personales o no personales. Puesto que dichos datos tienen un valor comercial, sería injusto para los consumidores considerarlos «gratuitos» y no ofrecer la protección pertinente. El conjunto de medidas propuestas por la Comisión Europea hace que sea posible reequilibrar, al menos en parte, la relación entre las principales plataformas en línea mundiales y los usuarios individuales.

3.13.

El CESE está a favor de introducir mecanismos modernos de intercambio de información entre comerciantes y consumidores (por ejemplo, bots conversacionales y formularios en línea). El Comité considera que estos mecanismos deben simplificar el diálogo entre las partes siempre que se incluyan salvaguardias apropiadas para los consumidores, como la posibilidad de rastrear el intercambio de información, para obtener información adicional y presentar reclamaciones. En particular, siempre debe ser posible utilizar las formas tradicionales de contacto (como las centrales de llamadas, por ejemplo).

3.14.

El CESE apoya el concepto del derecho de desistimiento y reconoce su función como un instrumento eficaz de protección de los consumidores que no se debe menoscabar. La propuesta de la Comisión se arriesga a limitar los derechos de los consumidores sin ofrecer pruebas adecuadas en lo que concierne al abuso sistemático y generalizado de dichos derechos. Por otro lado, los comerciantes y, en particular, las pymes necesitan mayor seguridad jurídica en relación con los productos indebidamente comprobados y el reembolso anticipado. El Comité pide a la Comisión que reconsidere esta cuestión importante con el fin de alcanzar un equilibro.

3.15.

El CESE acoge favorablemente las aclaraciones en torno a los productos de calidad dual, ya que parece que algunos productos, alimentos en particular, se etiquetaron de forma idéntica aunque su composición era diferente, con el riesgo de engañar a los consumidores. La descripción y el etiquetado engañosos de los productos deben prohibirse para garantizar la transparencia.

3.16.

El CESE respalda la propuesta de criterios específicos para el establecimiento de multas como instrumento eficaz de protección de los consumidores. Como señala el Grupo Consultivo Europeo de los Consumidores, es importante disponer de sanciones disuasorias que asciendan a un porcentaje significativo del volumen de negocios anual de las empresas que incumplan las normas y que tenga en cuenta la dimensión europea de la infracción. La Comisión debe examinar la posibilidad de adaptar la propuesta a las disposiciones del Reglamento general de protección de datos.

3.17.

El CESE también apoya el uso de mecanismos de resolución alternativa de litigios y resolución de litigios en línea (13) como la mediación o el arbitraje, que deben promoverse a nivel nacional. Los acuerdos extrajudiciales pueden ser una opción previa a las acciones judiciales y deben apoyarse si procede. Los tribunales deben seguir siendo una opción de último recurso. La propuesta de la Comisión Europea debe apoyar en mayor medida estas opciones para resolver los problemas relacionados con la protección de los consumidores.

3.18.

En general, el CESE considera que la sostenibilidad y la calidad deben ser la base de la cadena de suministro para garantizar la protección de los consumidores durante todo el ciclo de vida de producción.

4.   Observaciones específicas sobre las acciones colectivas en la UE

4.1.

El CESE toma nota de la propuesta de Directiva relativa a acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (14). Sin embargo, el Comité lamenta que ninguna de las recomendaciones de varios dictámenes del CESE sobre un marco horizontal europeo de recurso colectivo (15) se haya tenido en cuenta al redactar la propuesta legislativa.

4.2.

La evaluación del control de adecuación REFIT demostró que el riesgo de infracciones del Derecho de la Unión que afectan a los intereses colectivos de los consumidores aumenta debido a la globalización y la digitalización de la economía. Además, varios Estados miembros no prevén mecanismos de recurso colectivo de indemnización eficaces adaptados a situaciones de perjuicio masivo y no han aplicado las salvaguardias previstas por la Recomendación de la Comisión de 2013 sobre el recurso colectivo (16).

4.3.

Debe garantizarse el acceso rápido y sencillo a la justicia a todos los ciudadanos europeos. Los consumidores deben poder obtener una indemnización en caso de sufrir un perjuicio como consecuencia de un incumplimiento del contrato. Sin embargo, lo mismo se aplica a los comerciantes, que no deberían ser objeto de litigios injustificados. Las acciones colectivas son un instrumento jurídico, un derecho procesal y un derecho fundamental para permitir la tutela judicial de intereses difusos, colectivos o individuales homogéneos en virtud del artículo 81 del TFUE, que debería ser neutral y no limitarse a los consumidores (medio ambiente, derechos de los trabajadores y las pymes, energía, economía colaborativa, economía circular, plataformas, todos los derechos digitales, etc.).

4.4.

Por lo tanto, acoge con satisfacción un sistema de recurso adaptado para perjuicios colectivos. Este sistema debe ser pragmático, rentable, ofrecer las salvaguardias pertinentes y tener en cuenta los sistemas judiciales nacionales en vigor (por ejemplo, Noruega o Dinamarca). La Directiva de la UE debería determinar las principales directrices para una acción colectiva armonizada, exponiendo claramente, con arreglo al principio de subsidiariedad, qué debe regirse por un instrumento jurídico de la UE y qué debe dejarse a los Estados miembros; garantizar que el sistema contribuya a una aplicación de la justicia más eficaz, rápida, asequible y equitativa; permitir una compensación efectiva y total de los daños y garantizar la sostenibilidad de este mecanismo mediante una financiación suficiente. La propuesta de la Comisión actual no cumple estos objetivos.

4.5.

El CESE reconoce el esfuerzo de la Comisión para identificar las entidades habilitadas capaces de solicitar reparación colectiva, de conformidad con el principio de subsidiariedad. También debe quedar claro que el lugar de establecimiento de la entidad habilitada debe ser lugar de la competencia judicial y determinar el Derecho aplicable. Asimismo, el CESE considera que la Comisión debería especificar más el papel del juez para decidir sobre la coherencia de la demanda; la carga de la prueba y la presentación de pruebas; el régimen de aplicabilidad de la «resolución» —«inter partes» o «erga omnes»; y el sistema de recursos.

4.6.

Deberían sufragarse todos los gastos procesales de las acciones colectivas con arreglo a los sistemas nacionales de asistencia jurídica.

4.7.

Las organizaciones de consumidores o de la sociedad civil deben poder recibir una financiación adecuada y asesoramiento jurídico para solicitar reparación. Las entidades habilitadas deberían recibir la ayuda de fondos específicos para la remuneración de los consejeros jurídicos. Los Estados miembros deben respaldar la creación de fondos destinados a litigios para las entidades habilitadas.

4.8.

En cuanto a la compensación, la legislación propuesta no aborda plenamente la necesidad de ofrecer a los consumidores una compensación real por el perjuicio sufrido. La propuesta debe hacer clara referencia a la compensación de la cantidad total que hayan perdido los consumidores, independientemente del perjuicio sufrido.

4.9.

Al CESE le preocupa la protección de los derechos de los emprendedores, incluida la salvaguardia de los secretos de empresa. Sin menoscabar la protección de los consumidores que hayan sufrido un perjuicio, el CESE acogería con satisfacción la introducción de mecanismos que confirmen la confidencialidad de la información facilitada, no solo en la fase de los procedimientos, sino también en las decisiones finales.

4.10.

Del mismo modo, los comerciantes acogerían con satisfacción la posibilidad de resolver los asuntos dentro de un plazo de tiempo breve, también a través de los mecanismos de resolución alternativa de litigios mencionados anteriormente.

4.11.

El CESE pide a la Comisión que incluya en la propuesta sobre el recurso colectivo una recomendación a los Estados miembros para utilizar las innovaciones tecnológicas, como hacen ya las entidades RAL (resolución alternativa de litigios) y RLL (resolución de litigios en línea) tecnológicamente más avanzadas, en particular para reunir a los participantes en una acción colectiva. Esta medida debería permitir un ahorro de costes considerable para los organizadores de la acción colectiva y las organizaciones de consumidores que decidan sumarse a ella. La Comisión también debería fomentar el intercambio de las mejores prácticas, centrándose específicamente en la recogida de datos sobre todos los casos que sean objeto de una acción colectiva.

4.12.

En consonancia con la recomendación del dictamen del CESE sobre un marco horizontal europeo de recurso colectivo (17), el Comité considera que los consumidores deberían ser libres para decidir si quieren participar o desvincularse de una acción colectiva. En particular, el CESE considera que la participación sería adecuada en aquellos casos en los que un número reducido de perjudicados haya sufrido perjuicios considerables, mientras que la desvinculación sería adecuada en casos en que un gran número de perjudicados haya sufrido perjuicios reducidos.

Bruselas, 20 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO C 12 de 15.1.2015, p. 1.

(2)  DO C 170 de 5.6.2014, p. 68.

(3)  DO C 170 de 5.6.2014, p. 68.

(4)  Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).

(5)  Directiva 98/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la protección de los consumidores en materia de indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores (DO L 80 de 18.3.1998, p. 27).

(6)  Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 11.6.2005, p. 22).

(7)  Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).

(8)  SWD(2017) 208 final y SWD(2017) 209 final, de 23.5.2017.

(9)  DO C 12 de 15.1.2015, p. 1.

(10)  Documento informativo del CESE presentado al pleno de 14 de diciembre de 2016 (INT/796).

(11)  Documento informativo del CESE presentado al pleno de 14 de diciembre de 2016 (INT/795).

(12)  Dictamen del CESE: TEN/662-Equidad y transparencia para las empresas que utilizan servicios de intermediación en línea (véase la página 177 del presente Diario Oficial).

(13)  Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013, p. 63).

(14)  Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 110 de 1.5.2009, p. 30).

(15)  DO C 170 de 5.6.2014, p. 68.

(16)  Recomendación 2013/396/UE de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros (DO L 201 de 26.7.2013, p. 60).

(17)  DO C 170 de 5.6.2014, p. 68.


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/73


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Nueva agenda europea de investigación e innovación: una oportunidad para que Europa trace su futuro»

(Contribución de la Comisión Europea a la reunión informal de dirigentes de la UE sobre innovación el 16 mayo de 2018 en Sofía)

[COM(2018) 306 final]

(2018/C 440/11)

Ponente:

Ulrich SAMM

Coponente:

Stefano PALMIERI

Consulta

Comisión Europea, 18.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

 

 

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobación en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

196/1/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE celebra el hecho de que, también en el contexto del marco financiero plurianual para el período 2021-2027, la Comisión haya precisado que la investigación y la innovación deben seguir siendo una prioridad esencial de la UE.

1.2.

El CESE acoge favorablemente que la innovación tenga más peso y recuerda su llamamiento a favor de que la futura política de financiación esté bien equilibrada para toda la cadena de investigación e innovación, desde la investigación científica básica hasta la investigación centrada en productos. La innovación es crucial para el crecimiento económico y los nuevos instrumentos serán especialmente beneficiosos para las pymes. El CESE reitera la importancia de la inversión pública en investigación y desarrollo como motor clave para producir y mantener un efecto indirecto en las economías de los Estados miembros.

1.3.

Asimismo, el CESE se felicita por el objetivo de simplificar aún más las normas en materia de ayudas estatales a fin de facilitar la combinación de distintos fondos, lo cual puede ser decisivo para superar las grandes desigualdades entre los Estados miembros y las regiones por lo que se refiere al número de proyectos de investigación e innovación que se han saldado con éxito.

1.4.

El programa Horizonte Europa debe invertir en ámbitos en los que existe un particular valor añadido europeo. Los proyectos de investigación en colaboración deben gozar de prioridad, ya que cumplen este requisito como casi ningún otro programa lo hace.

1.5.

El CESE está convencido de que muchos de los grandes retos sociales solo pueden solucionarse a nivel europeo y requieren los esfuerzos concertados de muchos actores, que van más allá del ámbito de aplicación de los proyectos individuales de investigación en colaboración. Por esta razón se apoya la idea de las misiones.

1.6.

Apoyar la movilidad de los investigadores a través de las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) constituye otro factor fundamental para seguir reforzando el Espacio Europeo de Investigación, mientras que las políticas de la UE y nacionales deben tener como objetivo establecer unas condiciones de trabajo adecuadas y atractivas para los profesionales a fin de evitar el fenómeno de la fuga de cerebros, que es contraproducente para lograr la coherencia en la UE.

1.7.

El CESE considera necesario aumentar el volumen de las inversiones de la UE para ayudar a los trabajadores europeos a mantenerse al día de la evolución de las profesiones digitales y a adquirir cualificaciones para poder ejercerlas.

1.8.

El CESE considera asimismo que deberían apoyarse más eficazmente las iniciativas dirigidas a ayudar a las pymes a valorizar y sacar partido de los resultados de la investigación y la innovación.

2.   Introducción

2.1.

En la reunión informal de dirigentes de la UE sobre innovación celebrada el 16 de mayo de 2018 en Sofía, la Comisión Europea invitó a los presentes a debatir y proporcionar orientación estratégica con vistas al próximo marco financiero plurianual en general y a examinar las prioridades que deben concederse a la investigación y la innovación en particular. A tal efecto, la Comisión propuso prioridades y nuevas iniciativas en su Comunicación (1).

2.2.

La propuesta sirve asimismo como un primer paso hacia la definición del próximo programa marco (PM9 u Horizonte Europa) destinado a continuar y mejorar el fructífero programa Horizonte 2020 (2).

2.3.

Igualmente, se proponen actividades para apoyar la innovación e impulsar el liderazgo industrial a raíz de la estrategia renovada en materia de política industrial de la UE (3).

3.   Síntesis de la propuesta

3.1.

La propuesta de la Comisión Europea pretende garantizar que la investigación y la innovación sigan siendo uno de los elementos esenciales de las políticas y las prioridades de financiación de la UE en el futuro en los distintos instrumentos presupuestarios. Se hace más hincapié en la innovación para que Europa se sitúe a la vanguardia de la innovación creadora de mercados.

3.2.

La Comisión propone aumentar la inversión en investigación e innovación mediante la asignación de alrededor de 100 000 millones EUR al futuro programa Horizonte Europa y el Programa de Investigación y Formación de Euratom (4).

3.3.

La Comisión propuso igualmente movilizar aproximadamente 11 000 millones EUR para instrumentos de mercado, incluidos los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias, en un apartado específico del Fondo InvestEU, lo que permitiría movilizar 200 000 millones EUR de inversión privada para apoyar la investigación y la innovación.

3.4.

Se insta a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para aumentar su gasto en investigación e innovación a fin de alcanzar el objetivo del 3 % del PIB.

3.5.

Se pone en marcha de una primera serie de misiones de investigación e innovación a escala de la UE con objetivos ambiciosos y audaces y un gran valor añadido europeo. Las misiones fomentarán la inversión y la participación en múltiples sectores en las cadenas de valor, ámbitos estratégicos (por ejemplo, energía y clima, transportes, tecnologías de fabricación avanzada, salud y nutrición, y mundo digital) y disciplinas científicas (incluidas las ciencias sociales y las humanidades).

3.6.

La Comisión propone que cuando se revisen las políticas y la legislación de la UE y los marcos normativos nacionales se aplique el principio de innovación, garantizando la plena evaluación del impacto sobre la innovación.

3.7.

Se establecerá un Consejo Europeo de Innovación (CEI) para detectar y extender las innovaciones de ruptura y las de vanguardia, centrándose en aquellas innovaciones dinámicas y de riesgo elevado que tengan un gran potencial de creación de mercados totalmente nuevos.

3.8.

Se toman medidas para aumentar la inversión privada en investigación e innovación y ampliar las iniciativas:

la aplicación del programa de fondo de fondos paneuropeos de capital de riesgo (VentureEU);

la transposición de la Directiva (5) sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración.

3.9.

La Comisión propone simplificar aún más la normativa de ayudas estatales para facilitar la combinación armoniosa de distintos fondos y mejorar el uso de normas de evaluación comunes para proyectos de investigación e innovación.

3.10.

Defiende asimismo un sistema tributario (6) que apoye la innovación al hacer posible deducir los costes de la inversión en investigación e innovación y contemplar bonificaciones adicionales para las empresas jóvenes.

3.11.

Se propone introducir un sello de ciencia abierta para universidades y organismos públicos de investigación a fin de empoderarlos para que puedan ser más emprendedores e interdisciplinarios.

4.   Observaciones generales

4.1.

El CESE celebra el hecho de que, también en el contexto del marco financiero plurianual para el período 2021-2027, la Comisión haya precisado que la investigación y la innovación deben seguir siendo una prioridad esencial de la UE. Un programa fuerte y exitoso que reúna excelencia, infraestructuras de investigación conjunta, colaboración transfronteriza, así como sinergias entre el mundo académico, la industria, las pymes y las organizaciones de investigación es un instrumento político fundamental para lograr un crecimiento económico sostenible en Europa y la competitividad, y abordar los principales retos a los que se enfrenta la sociedad europea.

4.2.

El CESE acoge con satisfacción el hecho de que la innovación debe tener más peso y recuerda su petición de que la futura política de financiación esté bien equilibrada para toda la cadena de investigación e innovación, desde la investigación básica hasta la investigación centrada en el producto (7). La innovación es clave para el crecimiento económico y los nuevos instrumentos serán particularmente beneficiosos para las pymes. El CESE reitera la importancia de la inversión pública en investigación y desarrollo como motor clave para producir y mantener un efecto indirecto en las economías de los Estados miembros.

4.3.

Con respecto a las grandes expectativas relacionadas con el impacto de Horizonte Europa y su papel en lo que se refiere a garantizar la competitividad europea, el CESE recomienda una financiación de 120 000 millones EUR, como propone también el Parlamento Europeo. Las instituciones europeas deben demostrar que son conscientes de la enorme importancia de la investigación y la innovación para la futura competitividad de la UE.

4.4.

El CESE considera necesario aumentar el volumen de las inversiones de la UE para ayudar a los trabajadores europeos a mantenerse al día de la evolución de las profesiones digitales y a adquirir cualificaciones para poder ejercerlas. Por otra parte, el CESE considera que deberían apoyarse más eficazmente las iniciativas dirigidas a ayudar a las pymes a sacar partido de los resultados de la investigación y la innovación.

5.   Observaciones específicas

5.1.   Investigación a lo largo de toda la cadena de valor

5.1.1.

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos deben utilizarse para incorporar a las regiones en la economía de la innovación. Deben crearse sinergias con el programa Horizonte Europa, el Fondo InvestEU, el Fondo Social Europeo, el programa Erasmus+, el Programa Europa Digital, la política agrícola común y otros programas.

5.1.2.

La UE es el espacio de investigación e innovación más abierto de todo el mundo. No solo son bien recibidos en sus proyectos organismos de investigación de todo el mundo, sino que también colabora ampliamente con socios internacionales en programas conjuntos. Horizonte Europa debe invertir en aquellos ámbitos en los que existe un valor añadido europeo especial. Los proyectos de investigación en colaboración (8) deben tener prioridad, ya que cumplen este requisito de una forma que casi ningún otro programa lo hace: a fin de seguir avanzando en los retos sociales que no pueden resolverse a nivel nacional, estos proyectos reúnen a los mejores científicos, así como a las pymes más innovadoras y a las partes interesadas de la industria en Europa. Al combinar sus habilidades y competencias en distintas disciplinas, los proyectos de investigación en colaboración dan como resultado valiosos beneficios para los ciudadanos europeos.

5.1.3.

El CESE está convencido de que muchos de los grandes retos sociales solo pueden solucionarse a nivel europeo y requieren los esfuerzos concertados de muchos actores, que van más allá del ámbito de aplicación de los proyectos individuales de investigación en colaboración. Por esta razón se apoya la idea de las misiones. El CESE reconoce que los objetivos ambiciosos comunes pueden inspirar y generar un impulso, es decir, la voluntad de actuar, en diferentes comunidades, incluido el público. Las misiones deben ofrecer una perspectiva de financiación a largo plazo durante todo el período de financiación de Horizonte Europa. Es fundamental que las misiones se conciban, en primer lugar, como misiones de investigación a gran escala, incluso si incorporan varias partes interesadas en sus subproyectos. A fin de lograr los objetivos ambiciosos de las misiones, estas deben cubrir toda la cadena de innovación e incluir actividades de investigación a todos los niveles de desarrollo de la tecnología. El CESE insta a no valorar en exceso el concepto de misiones, sino a proporcionarles la financiación adecuada que necesitan para conseguir sus objetivos, que deben ser alcanzables y tangibles.

5.1.4.

Uno de los puntos fuertes de los programas marco de investigación europeos es su compromiso tangible en toda Europa para fomentar el Espacio Europeo de Investigación abierto a todos los Estados miembros. Esta apertura podría verse respaldada por unas sinergias más fuertes entre el próximo programa marco y los Fondos Estructurales. Colmar las brechas entre las regiones de manera más eficaz es uno de los principales retos políticos para los próximos años, y las asociaciones eficaces entre las instituciones de investigación podrían ser un elemento clave en esta labor.

5.1.5.

Un instrumento importante en este contexto son los buques insignia FET, que se caracterizan por un fuerte enfoque en el desarrollo de tecnologías innovadoras. Este es un punto fuerte sin parangón. Europa necesita permitirse proyectos a gran escala y a largo plazo que, aunque puedan tener cierto nivel de incertidumbre, sean tan innovadores como prospectivos. Por consiguiente, los buques insignia FET deben diferenciarse claramente de las misiones. Es esencial que los futuros buques insignia FET comiencen según lo previsto y continúen financiándose de forma prioritaria.

5.1.6.

Hacer que la infraestructura de investigación sea accesible en toda la UE y más allá de sus fronteras es uno de los grandes logros de los programas marco. Sin duda alguna, la infraestructura de investigación de alto nivel atrae a los mejores científicos y, a menudo, únicamente el acceso a la infraestructura de investigación permite obtener resultados innovadores. Por consiguiente, la infraestructura de investigación necesita urgentemente una mayor financiación a nivel europeo, no la reducción del presupuesto que la Comisión Europea ha establecido en su propuesta. Garantizar el acceso de los usuarios de los países de la EU-13 debe ser una cuestión prioritaria.

5.1.7.

Apoyar la movilidad de los investigadores a través de las Acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA) es otro factor fundamental para seguir reforzando el Espacio Europeo de Investigación y producir un impacto que no puede lograrse a nivel nacional. El CESE acoge favorablemente cualquier iniciativa destinada a apoyar la movilidad de los investigadores que trabajan en pymes. No obstante, expresa su preocupación por el fenómeno de la fuga de cerebros, que podría incluso verse agravado por la financiación de la movilidad. Pide, por tanto, que las políticas de la UE y nacionales se centren en la creación de unas condiciones de trabajo adecuadas y atractivas para los profesionales, a fin de evitar este fenómeno, que es contraproducente para lograr la coherencia en la UE.

5.1.8.

Cabe señalar que las partes interesadas del mundo académico de las instituciones financiadas con fondos públicos en muchos Estados miembros no tienen permitido recibir préstamos. Por consiguiente, Horizonte Europa debe seguir centrándose principalmente en la cofinanciación, no en los préstamos.

5.1.9.

El CESE se une a la petición de que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para aumentar su gasto en investigación e innovación a fin de alcanzar el objetivo del 3 % del PIB.

5.2.   Investigación e innovación para abrir nuevos mercados y reforzar la cohesión en Europa

5.2.1.

Como se subraya en el 7.o informe sobre la cohesión económica, social y territorial, la investigación y la innovación en la UE siguen estando muy concentradas en un número limitado de regiones. En los Estados miembros noroccidentales, las buenas conexiones interregionales, una fuerza laboral altamente cualificada y un atractivo entorno empresarial han permitido aprovechar la «investigación e innovación» para apoyar de manera tangible la competitividad económica y la cohesión social. En los Estados miembros meridionales y orientales, los resultados de la innovación son menos satisfactorios y las regiones cercanas a los centros de innovación, principalmente las capitales, no se benefician de esta proximidad. Esta situación requiere unas políticas que conecten a las empresas, los centros de investigación y los servicios empresariales especializados en todas las regiones. El CESE considera que simplificar aún más las normas en materia de ayudas estatales para facilitar la combinación armoniosa de distintos fondos puede ser clave para lograr este objetivo.

5.2.2.

Los programas de «investigación e innovación» posteriores a 2020 deben tener en cuenta las dimensiones económica, social y territorial que caracterizan a las regiones de la UE, evitando la aplicación de estrategias de «talla única». Este enfoque puede apoyarse con la aplicación de estrategias basadas en la «innovación abierta». En relación con la dimensión territorial de las políticas de «investigación e innovación», es importante desarrollar nuevos programas y prioridades, teniendo en cuenta los aspectos económicos y sociales que caracterizan a los territorios en los que se aplicará la acción.

5.2.3.

Las políticas y los programas de «investigación e innovación» posteriores a 2020 deben ser coherentes con los objetivos de la «economía del bien común —EBC», un modelo económico sostenible orientado a la cohesión social. La EBC es un proceso de «innovación social» y emprendimiento positivo que contribuye a promover y apoyar nuevas ideas que, de manera simultánea, resuelven las necesidades sociales, crean nuevas relaciones sociales y refuerzan la creación de valor económico.

5.2.4.

A pesar de los amplios compromisos asumidos como parte de la aplicación de los programas 2014-2020, el acceso de las pymes a las oportunidades de crecimiento propiciadas por la innovación ha tenido poco impacto en términos de competitividad y creación de empleo. En algunas regiones, el sistema de apoyo a la investigación e innovación sigue siendo demasiado complejo, lo que aleja en particular a las pequeñas y medianas empresas de los proyectos de investigación de la UE. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción la creación de un Consejo Europeo de Innovación (CEI), que debería acelerar la comercialización y el desarrollo de las innovaciones de empresas emergentes que surjan de los proyectos Horizonte Europa. El CEI podría convertirse en un mecanismo más rápido para completar los últimos pasos para cerrar la brecha en el ámbito de la innovación.

5.2.5.

A fin de transformar las oportunidades de investigación e innovación en factores para la competitividad y el desarrollo económico, es fundamental apoyar la cooperación entre las pymes y las instituciones I+D+i, las empresas emergentes basadas en la transferencia de información e innovación, y las actividades de orientación y recaudación de fondos. El CESE considera que es importante apoyar la transferencia y capitalización del modelo de la «quíntuple hélice» (9) para impulsar las asociaciones públicas y privadas.

5.2.6.

Las pymes podrían ser líderes en términos de «innovaciones sociales abiertas», en las que los conocimientos técnicos humanos para la creación de redes y capacidades para crear, diseñar e innovar conjuntamente son fundamentales para la plena consecución de la innovación social en toda Europa. Es necesario promover unas políticas de innovación adecuadas para las pymes, a semejanza de lo que ya se ha realizado con la iniciativa Eureka. Esta tarea podrían llevarla a cabo específicamente las instituciones que pueden apoyar de manera directa a las pymes para participar en el desarrollo empresarial y la innovación, como las cámaras de comercio.

5.2.7.

No obstante, a fin de respetar el principio de subsidiariedad y las capacidades importantes de las regiones y los Estados miembros en materia del apoyo a las pymes, insta a centrarse en el valor añadido europeo. Esto puede traducirse en apoyar la colaboración de más de dos actores europeos en materia de innovación o en proporcionar capital a innovadores con conceptos demasiado arriesgados para ser apoyados a nivel nacional. Asimismo, la simplificación de los instrumentos antes mencionados debería conducir a una mayor eficacia del panorama de financiación. Por consiguiente, cabe esperar que el CEI requiera una dotación presupuestaria de Horizonte Europa más reducida que los instrumentos financieros de Horizonte 2020, en lugar del aumento considerable previsto en la propuesta de la Comisión. En los programas de «investigación e innovación» posteriores a 2020, debe prestarse un mayor apoyo a los aspectos cualitativos de los objetivos.

5.2.8.

La «inteligencia» de un sistema socioeconómico no puede medirse únicamente mediante indicadores cuantitativos como el gasto de investigación e innovación; también deben utilizarse indicadores cualitativos como el tipo de innovaciones aportadas, las ventajas para la sociedad civil y el número de nuevos empleos creados. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción las propuestas en este sentido.

5.2.9.

El CESE acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión haya incluido la accesibilidad como «condición favorable» en el nuevo marco financiero plurianual. Toda la financiación de I+D, tanto de la UE como nacional, debe cumplir plenamente los criterios de accesibilidad, de modo que los resultados beneficien a todos los grupos sociales, incluidas las personas con discapacidad, que representan el 15 % de la población de la UE.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  COM(2018) 306 final.

(2)  Véanse DO C 34 de 2.2.2017, p. 66, y «Evaluación intermedia de Horizonte 2020» (documento informativo).

(3)  DO C 197 de 8.6.2018, p. 10.

(4)  La dotación presupuestaria propuesta de 100 000 millones EUR para el período 2021-2027 comprende 97 600 millones EUR en el marco de Horizonte Europa (de los que 3 500 millones EUR se asignarán mediante el fondo InvestEU) y 2 400 millones EUR para el Programa de Investigación y Formación de Euratom.

(5)  COM(2016) 723 final.

(6)  Anticipado con la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS).

(7)  DO C 34 de 2.2.2017, p. 66.

(8)  La investigación colaborativa como la diseñada y ejecutada por Eureka, con un mínimo de tres socios de diferentes Estados miembros, permite aunar fuerzas para abordar retos que no pueden afrontar los países de manera individual y crea sinergias en el panorama de investigación de la UE, aportando así un importante valor añadido de la UE.

(9)  Quintuple Helix and how do knowledge, innovation and the environment relate to each other? A proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, Vol.1, N.o.1, pp. 41-69.


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/79


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 596/2014 y (UE) 2017/1129 en relación con el fomento del uso de los mercados de pymes en expansión

[COM(2018) 331 final — 2018/0165 (COD)]

(2018/C 440/12)

Ponente:

Mihai IVAȘCU

Consulta

Parlamento Europeo, 11/06/2018

Consejo, 21.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

196/1/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE respalda la propuesta de la Comisión de hacer de los mercados de capitales una alternativa de financiación creíble y cree que debe lograrse un equilibrio entre los tres objetivos principales de la propuesta: expandir los mercados de pymes, reducir las cargas y aumentar el nivel de liquidez. La Comisión Europea no debe sobrerregular, sino mantener un nivel de obstáculos que disuada a las empresas que no estén preparadas.

1.2.

El CESE considera que la propuesta objeto de examen, si bien supone un paso en la dirección adecuada, no basta para abordar los obstáculos existentes en los mercados de pymes en expansión. Aunque efectivamente es necesario un enfoque holístico, cada paso individual debe tener su propio peso.

1.3.

En comparación con las empresas de Estados Unidos, las de la UE siguen recurriendo a los préstamos bancarios como opción de financiación en mucha mayor medida, a veces incluso aceptando costes adicionales considerables. Es necesaria una mayor educación financiera, puesto que los mercados públicos de la UE han tenido dificultades para atraer a nuevos emisores y el número de ofertas públicas iniciales (OPI) no ha aumentado significativamente.

1.4.

El CESE se reafirma sus dictámenes anteriores de que el bajo nivel de comunicación (1) y los enfoques burocráticos (2) son obstáculos considerables y deben realizarse esfuerzos mucho mayores para superarlos. La comunicación desde Bruselas debe dirigirse siempre al último eslabón de la cadena —las propias pymes— involucrando a asociaciones de pymes, interlocutores sociales, cámaras de comercio, etc.

1.5.

El Comité acoge muy favorablemente la propuesta de mantener únicamente listas de iniciados permanentes para las pymes y la prórroga de dos días propuesta en el plazo para publicar las operaciones de los directivos. Con respecto a estas últimas, el CESE solo puede sugerir que la Comisión estudie métodos adicionales para quitar cargas de las pymes y trasladarlas a otras partes interesadas, como por ejemplo las autoridades nacionales competentes.

1.6.

El folleto simplificado supone efectivamente una reducción significativa de las cargas, pero el CESE estima que deben examinarse otras posibilidades para simplificar gradualmente el folleto de transferencia para las empresas que han demostrado su madurez cotizando en los mercados de pymes en expansión durante un número considerable de años.

1.7.

El CESE se muestra a favor de los cambios propuestos en el régimen de prospección de mercado y desea prevenir en contra de que las autoridades nacionales competentes soliciten explicaciones excesivamente detalladas o prescriptivas.

1.8.

El CESE aconseja a la Comisión que estudie la posibilidad de atraer a inversores institucionales, como fondos de pensiones privados, para que inviertan en estos mercados de pymes en expansión, ofreciendo incentivos relacionados, en particular, con el tratamiento fiscal. Los Estados miembros deberán examinar las posibilidades que brindan los sistemas de apoyo de ámbito nacional para incrementar el atractivo de las inversiones.

1.9.

Se acogen muy favorablemente los contratos de liquidez, especialmente para los mercados subdesarrollados. El CESE considera que el 29.o régimen de contratos de liquidez preparado por la Comisión brindará a los emisores una opción más, que vendrá a sumarse a la legislación nacional.

1.10.

El CESE desea señalar que está justificada una evaluación de impacto exhaustiva y periódica. Estas evaluaciones, realizadas anualmente, podrían proporcionar información valiosa para futuros cambios en el marco normativo.

2.   La propuesta de la Comisión Europea

2.1.

La propuesta de Reglamento forma parte de la agenda de la Unión de los Mercados de Capitales y se centra en cambios específicos en el funcionamiento de los mercados de pymes en expansión, regulados desde enero de 2018. La UE ha progresado considerablemente en cuanto a aumento de las fuentes de financiación a disposición de las empresas a medida que se expanden, y a disponibilidad más generalizada de la financiación del mercado en toda la UE. Existen ya nuevas normas dirigidas a impulsar la inversión de los fondos de capital riesgo de la UE (FCRE) en empresas emergentes y medianas empresas. Además, la Comisión, junto con el Fondo Europeo de Inversiones, ha puesto en marcha un fondo de fondos paneuropeo de capital riesgo (programa VentureEU).

2.2.

El objetivo principal de la propuesta es facilitar a las pequeñas y medianas empresas su salida a bolsa y la utilización de mercados de capitales para financiar su expansión. La propuesta incluye un perfeccionamiento del marco inicial que representa un paso adelante hacia una regulación mejorada y más eficaz.

2.3.

La propuesta se aplicará a todas las empresas que cotizan en los mercados de pymes en expansión, sean pymes o no, lo que garantiza, en primer lugar, que no se penalice a las empresas en rápida expansión por sus resultados económicos positivos y, en segundo lugar, que estos mercados puedan atraer también a grandes empresas. Mediante la introducción de estas nuevas normas, la Comisión espera que haya más sistemas multilaterales de negociación (SMN) que se registren como mercados de pymes en expansión (hasta ahora lo han hecho solo tres de cuarenta).

2.4.

La propuesta incluye simplificaciones que:

reducirían las cargas para las pymes en relación con las obligaciones de registro y divulgación, preservando la integridad del mercado y un flujo integral de información hacia los inversores;

crearían normas comunes para los contratos de liquidez en los mercados de pymes en expansión, permitiendo un aumento en la liquidez de las acciones;

permitirían a los emisores elaborar un folleto simplificado en el momento de intentar pasar a un mercado regulado (una nueva categoría de folleto de transferencia permitirá a los emisores que hayan cotizado durante al menos tres años moverse con mayor facilidad para acceder a las principales bolsas, centrándose por tanto en una mejor liquidez y un mayor número de inversores).

3.   Observaciones generales

3.1.

Las pymes representan el 99,8 % de las empresas no financieras en la UE, generan alrededor del 58 % del valor añadido total y emplean a más de 90 millones de personas. Sin embargo, cada año, alrededor de 200 000 pymes quiebran, lo que afecta a 1,7 millones de trabajadores (3).

3.2.

Según la encuesta de inversión del BEI 2016/2017, las pymes habitualmente dependen de financiación interna para invertir (más del 60 %) (4). El resto se compone principalmente de instrumentos bancarios. No se está aprovechando el potencial de financiación que ofrece el mercado. El CESE considera que es fundamental revertir la situación para las empresas innovadoras o para aquellas con un perfil de riesgo y rentabilidad altos.

Cuadro 1

Fuente de financiación de las inversiones en el último ejercicio financiero, Europa de los Veintiocho  (5)

(%)

 

Micro

Pequeña

Media

Grande

Fondos internos o ganancias acumuladas

71

64

59

57

Financiación externa

28

35

38

38

Préstamos bancarios

60

60

57

54

Otra financiación bancaria

11

8

10

11

Leasing

18

23

24

23

Factoraje

2

3

3

4

Contratos de origen familiar o de amistades

4

2

1

1

Subvenciones

4

3

4

3

Bonos

0

0

1

4

Obligaciones

0

0

0

1

Otros

1

1

1

1

Financiación interna del grupo

0

1

3

5

Nota: Todas las empresas que realizaron inversiones el pasado ejercicio presupuestario (no se incluyen las respuestas no sabe/no contesta).

3.3.

El CESE desea señalar la renuencia de las pymes a buscar financiación en los mercados de capitales y su predisposición a soportar mayores costes de financiación recurriendo al crédito bancario. Esta característica cultural es uno de los principales factores de diferenciación respecto de los mercados de capitales estadounidenses, más prósperos, y la menor dependencia de las empresas estadounidenses de los préstamos bancarios. Es fundamental una mayor educación financiera.

3.4.

En otros dictámenes, el CESE ya ha mencionado que considera que «sigue predominando el enfoque burocrático y la complejidad de las normas administrativas en las políticas de la Unión para las pymes y en los mecanismos de apoyo actuales, pese a los constantes esfuerzos que se realizan a escala europea por minimizar la carga administrativa» (6).

3.5.

El CESE ha expresado previamente su apoyo a otras propuestas destinadas a reducir la carga administrativa de elaborar folletos para todos los emisores, en particular para las pymes, emisores frecuentes de valores y emisiones secundarias (7). Además, el CESE ha explicado que «mientras que los préstamos bancarios son un hecho, también es necesario el acceso al capital como instrumento financiero, pero no está suficientemente desarrollado en Europa a causa de los regímenes fiscales punitivos, la falta de cultura accionarial, una escasa cultura financiera y la fragmentación de los regímenes de insolvencia» (8).

3.6.

El CESE está a favor de la iniciativa de la Comisión Europea de reducir la carga administrativa para las pymes, permitiéndoles acceder más fácilmente a los mercados de capitales y diversificar sus fuentes de financiación. También respalda el objetivo declarado de esta propuesta de aumentar la liquidez de las acciones emitidas por emisores de los mercados de pymes en expansión.

3.7.

Aunque las ventajas para las pymes de cotizar en los mercados específicos son evidentes, y a pesar de que esto mejora y diversifica sus posibilidades de financiación, los mercados públicos de la UE en la práctica han tenido dificultades para atraer a nuevos emisores, y el número de ofertas públicas iniciales (OPI) no aumenta de forma significativa. Solo 3 000 de las más de 20 millones de pymes existentes cotizan, y solo se registra la mitad de OPI que antes de la crisis financiera. La liquidez insuficiente en estos mercados se traduce en mayores costes de obtención de capital para los emisores y en reticencias a la hora de invertir por parte de los proveedores de capital e implica que los intermediarios de mercado son menos propensos a apoyar a las pequeñas empresas cotizadas.

3.8.

La financiación mediante emisión de acciones es clave para las empresas innovadoras que generan valor y crecimiento y especialmente para las empresas que presentan un perfil de riesgo y rentabilidad elevados. La financiación inicial mediante emisión de acciones puede impulsar la creación y el desarrollo de empresas, mientras que otros instrumentos de capital, como las plataformas especializadas para la cotización pública de pymes, pueden ofrecer recursos financieros para las pymes innovadoras y orientadas al crecimiento. Además, la financiación mediante emisión de acciones puede resultar más adecuada que la financiación mediante endeudamiento en el caso de las pymes que carecen de garantías, tienen flujos de caja negativos o irregulares o necesitan plazos de vencimiento más largos para amortizar sus inversiones (9).

3.9.

Los mercados de la UE siguen estando fragmentados y no parecen capaces de soportar un gran número de OPI. Europa parece disfrutar de una posición destacada en el crecimiento de empresas innovadoras de alta tecnología, pero, cuando estas empresas necesitan inversiones de capital sólidas, normalmente quiebran. Las empresas en rápida expansión también abandonan a menudo el mercado de la UE en favor de Estados Unidos, en busca de sistemas de opciones bursátiles más accesibles.

3.10.

Las empresas que cotizan dependen menos de la financiación bancaria, pueden acceder a una base de inversiones más amplia y tienen un mayor perfil público. Pese a ello, es necesario seguir trabajando para desarrollar un marco normativo más propicio que sustente el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la financiación en los mercados públicos, especialmente promoviendo el distintivo «mercado de pymes en expansión». También debe lograrse el equilibrio adecuado entre protección de los inversores e integridad del mercado mediante una regulación apropiada.

3.11.

Las pymes con fuentes de financiación diversificadas son más sólidas y competitivas y se benefician de costes reducidos y mejores perspectivas de desarrollo, lo que posibilita un mercado laboral más fuerte y mejores oportunidades para los ciudadanos que buscan empleo, independientemente de su nivel de formación.

3.12.

El CESE recomienda que la Comisión Europea estudie nuevas simplificaciones de las normas y requisitos de los mercados de pymes en expansión, con el fin de diferenciarlos mejor de los mercados regulados y hacerlos más atractivos como mercados de nivel inicial.

4.   Observaciones específicas

4.1.

El CESE respalda totalmente los esfuerzos en curso para convertir los mercados de capitales en una alternativa de financiación creíble, en el marco de la agenda de la Unión de los Mercados de Capitales. Sin embargo, sigue dudando de que las iniciativas actuales sean suficientes para reducir los obstáculos considerables que existen a día de hoy en el mercado. Las pymes no parecen estar cambiando su comportamiento en materia de financiación, por lo que debe hacerse más. La Comisión Europea ha reconocido que apenas se trata de un paso adelante y que no es una solución definitiva para todos los desafíos que plantean los mercados de capitales.

Cuadro 2

Tipos de financiación que las pymes quieren ver más en la combinación de financiación en los próximos tres años, Europa de los Veintiocho (10)

Image

4.2.

Aunque queda por ver si las medidas propuestas en efecto reducirán los costes de cumplimiento, aliviarán las cargas y promoverán la liquidez en el mercado —puesto que todos estos objetivos son bastante ambiciosos—, el CESE considera que son un paso en la dirección correcta.

4.3.

El CESE cree que el bajo número de pymes que acceden a financiación de mercado se debe también a la falta de comunicación destinada a la base. Los mensajes y herramientas a nivel de la UE no están llegando al último eslabón de la cadena: las pymes a las que se dirigen. Esto se debe a varios motivos, y el principal es la insuficiente comunicación proactiva e interacción de Bruselas con los Estados miembros y las asociaciones de pymes, los interlocutores sociales o las cámaras de comercio. El CESE advirtió de ello en un dictamen anterior (11), pero apenas ha visto mejoras hasta la fecha.

4.4.

Por otro lado, el bajo número de inversores institucionales en los mercados de acciones y obligaciones de pymes puede explicarse por la falta de incentivos ofrecidos a estos inversores, especialmente en relación con el tratamiento fiscal. El CESE aconseja a la Comisión estudiar esta posibilidad.

4.5.

El CESE acoge favorablemente la prórroga de dos días propuesta en el plazo para hacer públicas las operaciones de los directivos. Se trata de una herramienta importante para preservar la transparencia y la simetría de los mercados «junior», pero el plazo de tres días constituía un enorme obstáculo para las pymes. El CESE considera que la modificación propuesta dará lugar a un procedimiento más racionalizado en los períodos más difíciles o de mayor trabajo para las empresas. El CESE recomienda que la Comisión estudie formas de eliminar la carga administrativa de las empresas y trasladarla a otros agentes, como las autoridades nacionales competentes.

4.6.

El CESE ya ha manifestado su pleno apoyo a la simplificación y la racionalización de los requisitos del folleto publicado cuando se ofrecen valores en un mercado regulado, haciéndolos más económicos y más útiles para los inversores en cuanto a la información que contienen (12). Toda nueva propuesta encaminada hacia ese objetivo es más que bienvenida. Teniendo en cuenta la gran cantidad de información que están obligadas a divulgar las empresas en los mercados de pymes en expansión con arreglo al Reglamento y la Directiva 2014/65/UE sobre el abuso de mercado, el CESE considera que un folleto de transferencia más simple es suficiente para las empresas que pasan a un mercado regulado.

4.7.

Además, el CESE apoyaría la simplificación gradual del folleto de transferencia al mercado regulado para las empresas que llevan cotizando un número razonable de años en un mercado de pymes en expansión.

4.8.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de mantener solo listas de iniciados permanentes para las empresas que cotizan en los mercados de pymes en expansión, puesto que el número de empleados con acceso a información privilegiada es limitado y casi idéntico. Esto representa una reducción considerable de la carga.

4.9.

El CESE apoya las modificaciones en el régimen de prospección de mercado toda vez que las modificaciones propuestas facilitarán la emisión de bonos de empresa por parte de emisores de los mercados de pymes en expansión. Por lo que respecta a las justificaciones facilitadas por estos emisores de los mercados de pymes en expansión cuando se demore la divulgación pública de información privilegiada, el CESE considera que las explicaciones que soliciten, caso por caso, las autoridades nacionales competentes tras la notificación del emisor no deben ser demasiado detalladas ni excesivamente prescriptivas.

4.10.

El Reglamento sobre el abuso de mercado es una fuente de gastos administrativos y jurídicos y los emisores no pertenecientes a la UE pueden considerarlo una barrera a la cotización en mercados de la Unión. El CESE recomienda que se realicen nuevas modificaciones a fin de adaptar los requisitos para los mercados de pymes en expansión.

4.11.

Aunque los contratos de liquidez son bienvenidos, especialmente para los mercados subdesarrollados, una propuesta a nivel europeo crearía unas condiciones equitativas que podrían servir de base a las condiciones locales. El CESE opina que el 29.o régimen de contratos de liquidez en el que está trabajando actualmente la Comisión brindará a los emisores del mercado la posibilidad de celebrar contratos bien con arreglo a la legislación nacional, allí donde exista, bien sobre la base de una normativa de ámbito europeo.

4.12.

La propuesta de la Comisión Europea es un paso adelante definitivo. Con todo, el CESE sugiere que se realicen evaluaciones de impacto periódicas con un amplio acceso a datos no confidenciales y análisis basados en indicadores cuantitativos.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 15.

(2)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 15.

(3)  Marcin Szczepanski, «Helping European SMEs to grow: Start-up and scale-up initiatives for business ventures in the EU».

(4)  «EIBIS 2016/2017: Surveying Corporate Investment Activities, Needs and Financing in the EU», Banco Europeo de Inversiones, 2017.

(5)  Apostolos Thomadakis, «Developing EU Capital Markets for SMEs: Mission impossible?», ECMI Commentary No. 46, 4 de septiembre de 2017.

(6)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 15.

(7)  DO C 177 de 18.5.2016, p. 9.

(8)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 20.

(9)  Iota Kaousar Nassr y Gert Wehinger, «Opportunities and limitations of public equity markets for SMEs», OECD Journal: Financial Market Trends 2015/1, 49-84.

(10)  Apostolos Thomadakis, «Developing EU Capital Markets for SMEs: Mission impossible?», ECMI Commentary No. 46, 4 de septiembre de 2017.

(11)  DO C 345 de 13.10.2017, p. 15.

(12)  DO C 177 de 18.5.2016, p. 9.


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/85


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad»

[COM(2018) 336 final-2018/0168 (COD)]

(2018/C 440/13)

Ponente:

Christophe LEFÈVRE

Consulta

Consejo, 6.6.2018

Parlamento Europeo, 11.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114, apartado 1, del TFUE

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

191/0/6

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad. No obstante, el Comité lamenta que la Comisión no haya aprovechado la ocasión para anticiparse a los avances en el ámbito de los vehículos autónomos, a pesar de las observaciones formuladas en la evaluación de impacto (1) que acompaña a la propuesta.

1.2.

Por lo que se refiere a la mejora de la protección de las víctimas de accidentes de tráfico en caso de insolvencia del asegurador, el Comité considera pertinente la propuesta de que sea el organismo del Estado miembro en el que reside la víctima quien indemnice a las víctimas. Sin embargo, la Comisión excluye el recurso al organismo si la víctima ha presentado una reclamación directamente al asegurador o ha emprendido acciones legales. Por lo tanto, el Comité recomienda que esta exclusión no se aplique si entretanto se produce una deficiencia económica (quiebra, liquidación) del asegurador o si la víctima autoriza al organismo a subrogarse en los beneficios de las acciones de recurso, con el fin de recibir una indemnización más rápidamente. El Comité recomienda que cuando los niveles de indemnización (factores de perjuicio) del país donde ocurrió el accidente y los del país de residencia sean diferentes, se apliquen a la víctima los que le sean más favorables.

1.3.

En cuanto a la mejora del reconocimiento de los informes de siniestros, el Comité recomienda que se especifique el nombre del conductor implicado y su grado de responsabilidad en el acaecimiento del accidente (total, parcial o nula). El Comité cuestiona el contenido de la certificación en el contexto de una legislación nacional que cubriría un vehículo con independencia del conductor, frente a una legislación que prevé asegurar un vehículo con un conductor declarado y al que se aplican unas tarifas en función del perfil de riesgo y de siniestralidad individual, o incluso el titular del permiso de conducción, independientemente del vehículo utilizado. El Comité pide a la Comisión que exija la emisión de soportes seguros para las certificaciones de seguro y los registros de siniestralidad, y que autorice, para verificar su validez, el uso de una base de datos interconectada que pueda ser consultada por las fuerzas del orden.

1.4.

Por lo que se refiere a los controles del seguro para luchar contra la conducción sin seguro, el Comité acoge con satisfacción la propuesta de utilizar tecnologías de reconocimiento de matrículas para controlar los vehículos en un dispositivo nacional sin tener que detenerlos. En ausencia de una póliza de seguro, el Comité recomienda que se inmovilice el vehículo hasta que se presente un certificado de seguro válido.

1.5.

En cuanto a la armonización de los importes mínimos de cobertura, el Comité recomienda a la Comisión que fije una fecha límite para completar la introducción de los umbrales mínimos de indemnización.

1.6.

En relación con el ámbito de aplicación de la Directiva, el Comité acoge favorablemente la aclaración relativa al concepto de medio de transporte en terrenos públicos o privados, fijo o en movimiento, excluyendo un uso exclusivamente agrícola de los vehículos identificados. Con todo, será necesario garantizar que los vehículos agrícolas que circulan por la vía pública estén sujetos a la Directiva.

1.7.

Por último, por lo que se refiere a la coherencia con las disposiciones vigentes en la misma política sectorial, el Comité observa también que las propuestas de la Comisión están en consonancia con la libre circulación de personas y bienes, así como con los principios del mercado interior que garantizan la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento de los aseguradores.

2.   Antecedentes e introducción

2.1.

La Comisión propone una modificación de la Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad.

2.2.

El objetivo de la Comisión Europea es mejorar la protección, actualmente insuficiente, de las víctimas de accidentes de vehículos automóviles, reducir las diferencias de trato de los titulares de pólizas en la UE en lo que se refiere a los bonus/malus, e incorporar las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictadas desde la aplicación de la primera Directiva de la UE sobre el seguro de automóviles, adoptada en 1972.

2.3.

La Directiva es un instrumento jurídico esencial para el buen funcionamiento del mercado único en materia de libre circulación, basada en una prima única, sin tener que suscribir una póliza de seguro adicional para circular en otro Estado miembro. Su objeto es, asimismo, garantizar un alto grado de convergencia por lo que respecta a la protección de las víctimas de accidentes de tráfico.

2.4.

La legislación se basa en el sistema internacional de la carta verde, que no es exclusivo de la UE y que engloba a 48 países. Los elementos clave de la Directiva 2009/103/CE son los siguientes:

la obligación de que los vehículos automóviles dispongan de una póliza de seguro de responsabilidad civil frente a terceros válida en cualquier parte de la UE, sobre la base de una prima única;

los importes mínimos obligatorios de cobertura que esas pólizas de seguro deben proporcionar (los Estados miembros pueden exigir una cobertura mayor a nivel nacional);

la prohibición de que los Estados miembros lleven a cabo controles sistemáticos del seguro de los vehículos que tengan su estacionamiento habitual en otro Estado miembro;

la obligación de los Estados miembros de crear fondos de garantía para la indemnización de las víctimas de accidentes causados por vehículos no asegurados o no identificados;

la protección de las víctimas de accidentes de automóvil en un Estado miembro distinto de su Estado miembro de residencia («víctimas transeúntes»);

el derecho de los titulares de pólizas a obtener de su asegurador una certificación de sus antecedentes de siniestralidad en los últimos cinco años.

2.5.

En el marco del programa de trabajo de la Comisión para 2016 y del Plan de acción de servicios financieros de marzo de 2017, en 2017 se llevó a cabo una evaluación (3) de la Directiva 2009/103/CE y, ese mismo año, el TJUE dictó dos sentencias. Estos elementos han llevado a la Comisión a adoptar una posición.

2.5.1.   Mejora de la protección de las víctimas de accidentes de tráfico en caso de insolvencia del asegurador

2.5.1.1.

La Comisión propone encomendar a un organismo de cada Estado miembro la indemnización de los perjudicados que residan habitualmente en su territorio, al menos dentro de los límites de la obligación del seguro, por los daños corporales o materiales causados por un vehículo asegurado, a falta de una respuesta motivada, en un plazo de tres meses, a lo planteado en la reclamación de indemnización, o en caso de quiebra o liquidación del organismo de seguros o reaseguros, a menos que la víctima ya haya presentado una reclamación directamente al asegurador o haya entablado acciones legales aún pendientes.

2.5.1.2.

La Comisión prevé que este organismo pueda obtener el reembolso del organismo del país del responsable.

2.5.2.   Mejora del reconocimiento de los informes de siniestros, en particular en un contexto transfronterizo

2.5.2.1.

La Directiva exige la presentación de un registro de siniestralidad de la póliza de seguro de automóviles durante los últimos cinco años. No existe obligación alguna de que los aseguradores tengan en cuenta tal registro a la hora de calcular las primas.

2.5.2.2.

La Comisión recomienda normalizar el contenido y la forma de dichos registros, que deberían especificar los elementos que permitan adaptar las tarifas en función de la siniestralidad y proteger la certificación.

2.5.3.   Controles del seguro para luchar contra la conducción sin seguro

2.5.3.1.

La Comisión recomienda el uso de tecnologías de reconocimiento de matrículas para controlar los vehículos sin detenerlos, en el marco de un sistema de control nacional general, procedimiento que no interfiere con la libre circulación de personas y vehículos.

2.5.3.2.

La Comisión precisa que esa verificación del seguro de los vehículos que entran en el territorio nacional requiere el intercambio de datos entre Estados miembros.

2.5.4.   Armonización de los importes mínimos de cobertura

2.5.4.1.

La Comisión observa asimismo que los niveles mínimos de indemnización varían de un país a otro, en particular porque dichos niveles no se ajustaron durante el período transitorio. La Comisión recomienda armonizar los importes mínimos de cobertura, pero cada Estado miembro puede imponer umbrales mínimos superiores.

2.5.5.   Ámbito de aplicación de la Directiva

2.5.5.1.

Al incorporar tres sentencias del TJUE (4), la Comisión precisa el alcance de la obligación del seguro de responsabilidad civil de los automóviles, con exclusión de los accidentes en los que el vehículo se haya utilizado exclusivamente para fines agrícolas: cualquier utilización de un vehículo conforme con su función habitual de medio de transporte, con independencia del terreno en el que se utilice (público o privado) y de si este está parado o en movimiento.

2.6.   Coherencia con otras políticas de la Unión

2.6.1.

La Comisión señala que sus propuestas están en consonancia con la libre circulación de personas y bienes y con los principios del mercado interior que garantizan la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento de los aseguradores.

3.   Observaciones

3.1.

El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión por la que se modifica la Directiva relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad. Dicha modificación es el resultado del análisis de la experiencia previsto en el marco legislativo, pero también de la evaluación de impacto y de las consultas públicas, así como de la integración de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

3.2.   Mejora de la protección de las víctimas de accidentes de tráfico en caso de insolvencia del asegurador

3.2.1.

El Comité considera pertinente la propuesta de que sea el organismo de residencia del Estado miembro quien indemnice a las víctimas para paliar la carencia de aseguradores, o en ausencia de una respuesta motivada en un plazo razonable, y acoge con satisfacción el hecho de que el organismo de residencia de la víctima pueda presentar un recurso financiero ante el organismo del tercer país del asegurado responsable.

3.2.2.

No obstante, teniendo en cuenta que el organismo gestor no puede indemnizar a la víctima en caso de que haya recurrido directamente al asegurador o en caso de que se haya iniciado un procedimiento judicial, el Comité recomienda que esta exclusión no se aplique en los siguientes casos:

si ocurre entretanto una deficiencia del asegurador (quiebra, liquidación),

en caso de retirada de la autorización por parte de las autoridades de control,

si la víctima autoriza a la organización a subrogarse en el beneficio de las acciones de recurso, con el fin de recibir una indemnización más rápidamente.

El Comité recomienda que cuando los niveles de indemnización (factores de perjuicio) del país donde ocurrió el accidente y los del país de residencia sean diferentes, se apliquen a la víctima los que le sean más favorables.

3.3.   Mejora del reconocimiento de los informes de siniestros, en particular en un contexto transfronterizo.

3.3.1.

El Comité acoge con satisfacción la presentación sistemática de un registro normalizado de la información, que certifique la existencia o no de siniestros relativos a los últimos cinco años.

3.3.2.

El Comité recomienda, además, que se especifique el nombre del conductor implicado, así como su grado de responsabilidad en el acaecimiento del accidente (total, parcial o nula).

3.3.3.

El Comité cuestiona el contenido de la certificación en el contexto de una legislación nacional que cubriría un vehículo con independencia del conductor, frente a una legislación que prevé asegurar un vehículo con un conductor declarado y al que se aplican unas tarifas en función del perfil de riesgo y de siniestralidad individual, o incluso el titular del permiso de conducción, independientemente del vehículo utilizado.

3.3.4.

No obstante, el Comité tiene dudas acerca de la situación de los vehículos de motor sin conductor o, en su caso, del concepto de «conductor» responsable cuando el vehículo de motor se conduce a distancia.

3.3.5.

El Comité observa que la Comisión no tiene previsto legislar sobre el fraude documental vinculado a los registros de siniestralidad o a las certificaciones de seguro.

3.3.6.

El Comité pide a la Comisión que exija la emisión de soportes seguros para las certificaciones de seguro y los registros de siniestralidad, y que autorice, para verificar su validez, el uso de una base de datos interconectada que pueda ser consultada por las fuerzas del orden.

3.3.7.

El Comité observa que la Comisión no se refiere a la financiación del establecimiento de estos sistemas de interconexión transfronteriza.

3.4.   Controles del seguro para luchar contra la conducción sin seguro.

3.4.1.

El Comité acoge con satisfacción la propuesta de utilizar la tecnología de reconocimiento de matrículas para controlar los vehículos sin detenerlos, siempre que los controles realizados formen parte de un sistema nacional general de controles, no sean discriminatorios y no exijan que se detenga el vehículo.

3.4.2.

Por el contrario, la Comisión no se pronuncia sobre la suerte de los vehículos que, gracias a esta tecnología, se detecte que no están cubiertos por una póliza de seguro. El Comité recomienda que se inmovilice el vehículo hasta la presentación de un certificado de seguro válido o con una fecha final del período de validez inferior a un mes.

3.4.3.

La Comisión especifica que esta verificación del seguro de los vehículos a su entrada en el territorio nacional requiere un intercambio de datos entre los Estados miembros y que los derechos, libertades e intereses legítimos de las personas afectadas por estos datos deben estar garantizados por el Reglamento general de protección de datos (RGPD).

3.4.4.

Sin embargo, la Comisión no se pronuncia sobre el operador gestor ni sobre la financiación de los costes de establecimiento y gestión de una base de datos interconectada de pólizas de seguro válidas o inválidas.

3.5.   Armonización de los importes mínimos de cobertura

3.5.1.

El Comité coincide con el análisis de la Comisión sobre los umbrales mínimos dispares y, sobre todo, no conformes, que están por debajo de los umbrales establecidos en la Directiva en casi la mitad de los Estados miembros de la UE.

3.5.2.

Además de la simple recomendación de armonizar los umbrales (5), el Comité recomienda que la Comisión fije una fecha límite de aplicación, que puede ser finales de 2019, para completar la introducción de umbrales mínimos de indemnización, una vez transcurrido el plazo.

3.5.3.

El Comité recomienda que cuando los niveles de indemnización (factores de perjuicio) del país donde ocurrió el accidente y los del país de residencia sean diferentes, se apliquen a la víctima los que le sean más favorables.

3.6.   Ámbito de aplicación de la Directiva

3.6.1.

El Comité acoge con satisfacción la aclaración relativa al concepto de medio de transporte en terrenos públicos o privados, fijo o en movimiento, excluyendo exclusivamente el uso agrícola. Con todo, será necesario garantizar que los vehículos agrícolas que circulan por la vía pública estén sujetos a la Directiva.

3.7.   Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

3.7.1.

El Comité señala igualmente que las propuestas de la Comisión están en consonancia con la libre circulación de personas y bienes, y que son conformes con los principios del mercado interior que garantizan la libre prestación de servicios y la libertad de establecimiento de los aseguradores.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-247-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF.

(2)  DO L 263 de 7.10.2009, p. 11.

(3)  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3714481_en.

(4)  Sentencias Vnuk (2014 C-162/13), Rodrigues de Andrade (2017 C-514/16) y Torreiro (2017 C-334/16).

(5)  Directiva 84/5/CEE, modificada por la Directiva 2005/14/CE.


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/90


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de homologación de tipo de los vehículos de motor y de sus remolques, así como de los sistemas, componentes y unidades técnicas independientes destinados a esos vehículos, referentes a su seguridad general y a la protección de los ocupantes de los vehículos y de los usuarios vulnerables de la vía pública, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/… y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 78/2009, (CE) n.o 79/2009 y (CE) n.o 661/2009

[COM(2018) 286 final — 2018/0145 COD]

(2018/C 440/14)

Ponente:

Raymond HENCKS

Consulta

Parlamento Europeo, 28.5.2018

Consejo, 4.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

4.9.2018

Aprobado en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

193/1/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

A lo largo de los últimos decenios, la seguridad vial en la Unión Europea ha mejorado significativamente gracias al refuerzo del código de circulación, de los requisitos sobre el comportamiento de los conductores y de las condiciones laborales y de formación de los conductores profesionales, a la mejora de las infraestructuras viarias y de la eficacia de los servicios de emergencia, así como al endurecimiento de la normativa de la UE sobre la seguridad de los vehículos, a la que la industria de la automoción ha sabido responder en todo momento con soluciones técnicas innovadoras.

1.2

Sin embargo, la cantidad de víctimas mortales en las carreteras de la Unión sigue siendo muy superior al objetivo que esta se fijó en el Libro Blanco del Transporte de 2011, en particular, aproximarse al objetivo de «cero muertes» para 2050 y reducir a la mitad la cantidad de accidentes mortales en las carreteras de aquí a 2020.

1.3

La mayoría de accidentes de tráfico se deben en exclusiva a un error humano, relacionado en la mayoría de casos con un exceso de velocidad, una distracción o incluso la conducción en estado de embriaguez. Por lo tanto, habrá que animar más, o incluso obligar, a los ciudadanos de la UE a que asuman la responsabilidad principal sobre su propia seguridad y la de los otros usuarios de la vía pública en la Unión mediante la adopción de un comportamiento adecuado.

1.4

Así las cosas, conviene adoptar un enfoque integrado en materia de seguridad vial respecto del comportamiento de los conductores, las condiciones laborales y las capacidades de los conductores profesionales así como las infraestructuras. Los sistemas de seguridad a bordo de los vehículos, capaces de evitar o subsanar errores humanos, también son otro elemento de seguridad decisivo.

1.5

El CESE acoge con satisfacción que la Comisión quiera imponer a todos los vehículos una nueva gama de medidas de seguridad avanzadas como equipamiento de serie para los vehículos de carretera, en particular, sistemas de control de la presión de los neumáticos, asistentes de velocidad inteligentes, sistemas de monitorización de la somnolencia y la atención del conductor, sistemas de reconocimiento de distracciones, sistemas detectores de marcha atrás, sistemas de señal de parada de emergencia y de frenado de emergencia.

1.6

El CESE también aprueba que los vehículos pesados y los autobuses estén obligatoriamente equipados con un sistema de detección y advertencia de la presencia de usuarios vulnerables de la vía pública que estén muy cerca de las partes delantera y lateral del vehículo, que se diseñen y construyan de manera que se mejore la visibilidad de los usuarios vulnerables de la vía pública desde el asiento del conductor y que estén equipados con un sistema de advertencia de abandono del carril. Además, recibe con satisfacción la obligación adicional de diseñar y construir autobuses que también sean accesibles para las personas con movilidad reducida, incluidas las personas en silla de ruedas.

1.7

En cambio, se pregunta por qué motivo la Comisión no impone la instalación de alcoholímetros antiarranque y se limita a prever simplemente la interfaz para la instalación de este dispositivo. El CESE considera que la colocación de un alcoholímetro debe ser una obligación y no una opción.

1.8

Por otra parte, el CESE recomienda que se incluyan registradores de eventos (accidentes) también para los camiones, vehículos pesados y autobuses, dado que, pese a que los tacógrafos facilitan ya una serie de datos sobre la conducción, estos no memorizan datos esenciales durante un accidente ni después de que ocurra.

1.9

Por último, el CESE lamenta que los sistemas de seguridad que son más estrictos que los que impone la legislación europea, aquellos que instalan los fabricantes de forma voluntaria, se limiten a menudo a los modelos de gama alta, en detrimento de los modelos más baratos, que quedan desprovistos de medidas de seguridad avanzadas no obligatorias. De lo anterior se deduce que no todos los ciudadanos de la UE tienen acceso a automóviles con un nivel de seguridad equivalente. A fin de remediar esta situación, el CESE recomienda a la Comisión Europea que exija, respecto del Reglamento analizado y en general, que se adapten las normas europeas a la evolución tecnológica en el menor plazo de tiempo posible.

1.10

Lo anterior también se aplica a los vehículos pesados y los autobuses, en especial en lo que respecta al sistema de detección y advertencia de la presencia de usuarios que estén muy cerca de las partes delantera y lateral del vehículo, cuya instalación ya se prevé en la propuesta de Reglamento objeto de examen, pero que deberá tener carácter obligatorio en el menor plazo de tiempo posible.

2.   Introducción

2.1

A lo largo de los últimos decenios, la seguridad vial ha mejorado significativamente sobre todo gracias a sistemas de seguridad avanzados a bordo de los vehículos, la mejora de las infraestructuras viales, el refuerzo del código de circulación, las campañas de sensibilización de los conductores y la rapidez y competencia de los servicios de emergencia.

2.2

Sin embargo, sigue habiendo grandes diferencias entre los distintos Estados miembros pese a los esfuerzos de la Comisión que, a través de diferentes programas y directrices, intenta armonizar las normas de seguridad en toda la Unión Europea.

2.3

Así, por ejemplo:

las señales de tráfico y la edad mínima para conducir no son las mismas en todas partes;

la utilización del teléfono móvil al volante con ayuda de un sistema «manos libres» está permitida en algunos países;

la tasa de alcoholemia permitida varía desde la tolerancia cero hasta un enfoque algo permisivo en función de los Estados miembros;

los límites de velocidad son diferentes;

los equipos de seguridad requeridos para los ciclistas (casco) y para los conductores (chaleco de seguridad fluorescente, triángulo de señalización de peligro, botiquín de primeros auxilios, extintor) no son los mismos en todas partes.

2.4

En 2017 la cifra de víctimas mortales en las carreteras de la UE ascendió a 25 300, lo que supuso un descenso del 2 % en un año (1), cifra que sigue siendo claramente insuficiente para reducir de forma significativa la cantidad de muertes en la carretera (2) a fin de aproximarse al objetivo de «cero muertes» en el transporte por carretera de aquí a 2050.

2.5

Alrededor de 135 000 personas resultaron gravemente heridas el año pasado (3), de las cuales muchas eran peatones, ciclistas y motociclistas, a quienes la Comisión considera usuarios especialmente «vulnerables».

2.6

Según la Comisión Europea, el coste socioeconómico de los accidentes de carretera se calcula en 120 000 millones EUR al año (tratamientos médicos, incapacidad laboral, etc.).

3.   Propuesta de la Comisión

3.1

La iniciativa analizada forma parte del tercer paquete de movilidad «Europa en movimiento», que pretende hacer que la movilidad europea sea más segura y accesible, que la industria europea sea más competitiva y que los empleados europeos estén más seguros, así como lograr una mejor adaptación a la obligación de luchar contra el cambio climático, en especial mediante un refuerzo de los requisitos relativos a las funciones de seguridad en los vehículos de carretera.

3.2

En vista de que las disposiciones actuales sobre el procedimiento de homologación de tipo de los vehículos de la UE, en el marco de la seguridad de los peatones y de la seguridad del hidrógeno, están superadas en gran medida por la evolución tecnológica, los Reglamentos (CE) n.o 78/2009 (seguridad de los peatones), (CE) n.o 79/2009 (vehículos de motor impulsados por hidrógeno) y (CE) n.o 661/2009 (requisitos de homologación de tipo referentes a la seguridad general de los vehículos de motor) se derogan y sustituyen por las disposiciones equivalentes de los Reglamentos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) y sus modificaciones a los que la Unión haya dado su voto favorable o que la Unión aplique de acuerdo con la Decisión 97/836/CE.

3.3

En general, se mantiene el ámbito de aplicación del Reglamento de seguridad general de los vehículos (RSG), aunque, en el contexto de las funciones de seguridad de los vehículos actualmente aplicables y de las exenciones conexas, el ámbito de aplicación se ha ampliado para incluir todas las categorías de vehículos y eliminar las exenciones correspondientes vinculadas a vehículos utilitarios deportivos (sport utility vehicle) y furgonetas.

3.4

El proyecto de Reglamento establece los requisitos técnicos generales para la homologación de tipo de vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes y proporciona una lista de áreas de seguridad para las que se desarrollan (o deben desarrollarse) normas detalladas en el Derecho derivado. Todos los Reglamentos de seguridad vial de la CEPE aplicables de forma obligatoria en la UE se recogen en un anexo del proyecto de Reglamento que se examina.

3.5

Esta propuesta también prevé facultar a la Comisión para definir normas y requisitos técnicos detallados mediante actos delegados.

3.6

El actual ámbito de aplicación de la obligación de instalar en los turismos un sistema de control de la presión de los neumáticos se amplía a todas las categorías de vehículos.

3.7

Una serie de funciones avanzadas de seguridad, como el asistente de velocidad inteligente, los sistemas de monitorización de la somnolencia y la atención del conductor y de reconocimiento de distracciones del conductor, el detector de marcha atrás, la señal de parada de emergencia, la interfaz para la instalación de alcoholímetros antiarranque y el sistema avanzado de frenado de emergencia, son obligatorias para todos los vehículos.

3.8

Además, los turismos y los vehículos comerciales ligeros deberán estar equipados con lo siguiente:

registrador de datos de eventos (accidentes);

sistema de mantenimiento del carril, y

protección delantera diseñada y construida para ofrecer a los usuarios vulnerables de la vía pública una zona ampliada de protección contra impactos en la cabeza.

Los camiones y los vehículos pesados (categorías N2 y N3) y los autobuses (categorías M2 y M3) deberán estar equipados con lo siguiente:

sistema de detección y advertencia de la presencia de usuarios vulnerables de la vía pública que estén muy cerca de las partes delantera y lateral del vehículo, así como estar diseñados y construidos de manera que se mejore la visibilidad de los usuarios vulnerables de la vía pública desde el asiento del conductor, y

sistema de advertencia de abandono del carril.

Los autobuses deben, además, diseñarse y construirse para que sean accesibles para las personas con movilidad reducida, incluidas las personas en silla de ruedas.

Los vehículos impulsados por hidrógeno deben ser conformes con los requisitos recogidos en el anexo V del Reglamento objeto de examen.

Por lo que respecta a los vehículos automatizados, deben seguir desarrollándose normas y disposiciones técnicas detalladas como base para el despliegue de vehículos automatizados.

4.   Observaciones generales

4.1

El CESE felicita a la Comisión por su iniciativa destinada a imponer una nueva gama de medidas de seguridad avanzadas como equipamiento de serie para los vehículos de carretera. Sin embargo, recuerda que, además de revisar las normas mínimas obligatorias para los vehículos nuevos que se venden en el mercado europeo, es necesario animar, o incluso obligar, a los ciudadanos de la UE a que asuman la responsabilidad principal sobre su propia seguridad y la de los otros usuarios de la vía pública en la UE mediante la adopción de un comportamiento adecuado.

4.2

Se corre el riesgo de que, por sí solas, las nuevas medidas relativas a los dispositivos de seguridad a bordo de los vehículos, por útiles y esenciales que sean, solo tengan un efecto limitado sobre la reducción contemplada de accidentes graves de carretera, si no se toman otras medidas complementarias en materia de comportamiento de los usuarios, condiciones laborales y capacidades de los conductores profesionales e infraestructuras viarias. La persistencia de un número elevado de accidentes de carretera, que se traduce en un número elevado de muertes y de lesiones graves, exige un ajuste dinámico adicional de la política en materia de seguridad vial en cuyo marco, además del refuerzo de los requisitos relativos a las funciones de seguridad en los vehículos de carretera y medidas preventivas, se adopten también medidas disuasorias dirigidas a todos aquellos que no respeten las normas y que pongan en peligro su vida y la de los demás.

4.3

El CESE opina que, aunque se deben fomentar entre los conductores las tecnologías de interacción, así como los sistemas de transporte inteligente (STI), no podemos esperar que la movilidad del futuro, en especial los sistemas de transporte inteligente y la conducción completamente automatizada, responda en el corto y medio plazo a los desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad.

4.4

Según la Comisión, el marco revisado estará mejor adaptado para aumentar la seguridad de los usuarios vulnerables de la vía pública. El artículo 3, apartado 1, del Reglamento objeto de examen define al usuario vulnerable de la vía pública como «un usuario de la vía pública que conduce un vehículo de motor de dos ruedas o un usuario de la vía pública no motorizado, como un ciclista o un peatón». En opinión del CESE esta definición no abarca a todas las categorías de «alto riesgo», entre otras, a las personas que presentan una fragilidad intrínseca vinculada a la edad (niños, personas de edad avanzada) o a una discapacidad.

4.5

Es obvio que los riesgos a los que se exponen los usuarios de la vía pública se deben en su mayoría al comportamiento de los conductores (exceso de velocidad, abuso del alcohol o de los estupefacientes, utilización de dispositivos electrónicos portátiles durante la conducción de un vehículo, momentos de distracción, estado físico de los conductores, periodos de conducción demasiado largos, incumplimiento de los periodos de descanso) y a infraestructuras inadecuadas (falta de instalaciones reservadas a los peatones, falta de alumbrado adaptado a las circunstancias).

4.6

Así pues, el CESE aprueba que, a fin de evitar parte de esos peligros, la Comisión imponga la instalación sistemática de los siguientes elementos en los vehículos nuevos:

un sistema de control adaptativo y asistente de velocidad inteligente que, además de contribuir a la seguridad, fomente una conducción que favorece el ahorro de combustible y que, de este modo, reduzca la contaminación;

un sistema de control de la presión de los neumáticos;

unos sistemas avanzados de monitorización de la somnolencia del conductor y de reconocimiento de distracciones.

4.7

En cambio, se pregunta por qué motivo la propuesta de Reglamento no impone la instalación de alcoholímetros antiarranque y se limita a prever la interfaz para la instalación de este dispositivo. Según un estudio de «Verband der TÜV e.V» (4), el 11 % de los accidentes en 2016 fueron causados por conductores que se encontraban en estado de embriaguez. Conscientes de que la cantidad de casos de conducción en estado de embriaguez que no se detectan responde a una relación de 1 por cada 600, se calcula que la cantidad de accidentes derivados del abuso del alcohol supera el 25 %. El CESE considera que la colocación de un alcoholímetro no se debe limitar a los reincidentes a los que se ha retirado el permiso por orden de un tribunal por haber conducido en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes, sino que debería ser obligatoria de manera general.

4.8

El CESE recomienda que se incluyan registradores de eventos (accidentes) también en los camiones y autobuses, dado que, pese a que los tacógrafos de esos vehículos facilitan ya una serie de datos sobre la conducción, estos no memorizan datos esenciales durante un accidente ni después de que ocurra.

4.9

Según el estudio de impacto de la Comisión, anexo a la propuesta de Reglamento analizada, se prevé que, a lo largo de un período de dieciséis años, la introducción de las nuevas funciones de seguridad que se examinan contribuya a evitar 24 794 víctimas mortales y 140 740 heridos graves. El CESE se pregunta si estas estimaciones, con cifras tan detalladas, no entrañan el riesgo de considerarse poco fiables y de socavar el valor añadido del estudio de impacto.

4.10

Por último, el CESE pone el foco de atención en el hecho de que los fabricantes desarrollan, de manera voluntaria, vehículos con normas de seguridad más elevadas que las impuestas por la legislación europea. Por desgracia, estas mejoras se suelen limitar a los modelos de gama alta vendidos en los principales mercados de los Estados miembros, en detrimento de los modelos más baratos, que quedan desprovistos de medidas de seguridad avanzadas no obligatorias. De lo anterior se deduce que no todos los ciudadanos de la UE tienen acceso a automóviles con un nivel de seguridad equivalente. A fin de remediar esta situación, el CESE recomienda a la Comisión Europea que exija que se adapten las normas europeas a la evolución tecnológica en el menor plazo de tiempo posible.

Lo anterior también se aplica a los vehículos pesados y los autobuses, en especial en lo que respecta al sistema de detección y advertencia de la presencia de usuarios que estén muy cerca de las partes delantera y lateral del vehículo (ángulo muerto), cuya instalación deberá tener carácter obligatorio en el menor plazo de tiempo posible.

Bruselas, 19 de septiembre de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Comunicado de prensa de la Comisión de 10 de abril de 2018 IP/18/2761.

(2)  Comunicado de prensa de la Comisión de 10 de abril de 2018 IP/18/2761.

(3)  Comunicado de prensa de la Comisión de 10 de abril de 2018 IP/18/2761.

(4)  https://etsc.eu/wp-content/uploads/5_VdTÜV_DeVol_Brussels.PPT_17.06.18.pdf.


6.12.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 440/95


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que complementa la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión»

[COM(2018) 397 final-2018/0220 (COD)]

(2018/C 440/15)

Ponente:

Séamus BOLAND

Consulta

Parlamento Europeo, 2.7.2018

Consejo, 3.7.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobación en sección

4.9.2018

Aprobación en el pleno

19.9.2018

Pleno n.o

537

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

198/0/7

1.   Conclusiones

1.1.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea relativa al Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que complementa la legislación de la UE sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino Unido de la Unión.

1.2.

El CESE considera que la propuesta se centra en las medidas prácticas necesarias para abordar las consecuencias reales para la industria de la fabricación y distribución de vehículos y sus consumidores como resultado de las modificaciones legales inevitables en la certificación de homologaciones de tipo por parte de las autoridades del Reino Unido con arreglo al Derecho de la UE.

1.3.

En ese contexto, el CESE considera que esta propuesta debería servir de modelo para otros muchos acuerdos similares que sean necesarios como consecuencia del Brexit.

1.4.

El CESE recomienda que el acuerdo sobre esta propuesta reconozca la necesidad de que haya un margen de tiempo previo a la aplicación completa del nuevo sistema. En general, la fecha límite del 29 de marzo es demasiado restrictiva y debería extenderse según lo acuerden el Reino Unido y la UE.

1.5.

El CESE entiende que, tras la retirada del Reino Unido, las agencias de homologación de tipo de este país no podrán certificar vehículos con arreglo a la legislación de la UE y que los fabricantes con base en él deberán solicitar la aprobación de una de las veintisiete agencias con base en la UE. Teniendo en cuenta que el gobierno del Reino Unido considera que su agencia debería ser reconocida como agencia de homologación de tipo a nivel internacional, el CESE recomienda que se esclarezca toda confusión relacionada con este tema.

1.6.

El CESE observa que esta propuesta se aplicará dentro de los parámetros establecidos en el acuerdo general de retirada del Reino Unido que se haya negociado. Por consiguiente, se recomienda no diluir esta propuesta de ningún modo.

1.7.

El CESE señala que las Directivas de la Unión podrían ser objeto de modificaciones y enmiendas en respuesta a nuevas tecnologías, nueva información, etc. Por lo tanto, recomienda que los acuerdos sean los suficientemente flexibles para que puedan llevarse a cabo las negociaciones adecuadas.

1.8.

El CESE recomienda que la totalidad de los acuerdos generales de comercio, así como el acuerdo de retirada del Reino Unido como miembro de la Unión, tengan en cuenta el gran mercado que constituyen ambos, y que todos los acuerdos velen por que el mercado no resulte afectado de forma negativa.

1.9.

El CESE recomienda encarecidamente que los sistemas de información, la formación y el asesoramiento necesarios cuenten con los recursos adecuados y estén a disposición de todos los sectores de la industria de forma transparente, incluidas las partes interesadas del ámbito medioambiental y de los consumidores.

1.10.

El CESE entiende que, aunque esta propuesta no afecte a los «derechos fundamentales», los derechos del consumidor siempre serán motivo de preocupación y, por lo tanto, recomienda que se tengan en cuenta durante la aplicación.

2.   Consideraciones generales

2.1.

El 23 de junio de 2016, en un referéndum sobre la pertenencia a la UE, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte decidió abandonarla. Esta decisión incluye a Gibraltar.

2.2.

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó a la UE su intención de retirarse de la Unión, con arreglo al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Tras conocer el resultado, se estableció un proceso de negociación de la retirada del Reino Unido con miras a gestionar correctamente los nuevos regímenes jurídicos complejos.

2.3.

Una vez acordado, está previsto que el 30 de marzo de 2019 el Reino Unido deje de ser miembro de la UE y pase a ser un tercer país, salvo que el acuerdo proponga una nueva fecha de inicio.

2.4.

Se prevé que la retirada del Reino Unido como miembro de la Unión cree la necesidad de resolver numerosos asuntos prácticos relacionados con la regulación de bienes y servicios en toda la UE. En concreto, a partir la fecha de retirada, las agencias de homologación de tipo de Gran Bretaña ya no desempeñarán ningún papel como regulador de la UE. A su vez, esto tiene consecuencias para la regulación actual y futura de bienes, incluidos los bienes ya homologados.

2.5.

No obstante, ha de tenerse en cuenta que la posición exacta del Reino Unido en relación con la agencia de homologación de tipo del Reino Unido se resolverá en el acuerdo general que aún está en curso de negociación.

2.6.

Entre las numerosas consecuencias se cuenta la perturbación de las diferentes cadenas de suministro de productos, que están programadas al detalle para entregar bienes de forma rentable y puntual en todos los Estados miembros, incluido el Reino Unido.

2.7.

La propuesta también tiene muy en cuenta la necesidad de mantener todas las normas de calidad, así como garantizar que no se diluyan las normas de protección del medio ambiente y los consumidores.

2.8.

La propuesta podría servir de modelo para otros acuerdos similares y, en este contexto, es esencial que tenga el apoyo de todas las partes interesadas, así como del gran público.

2.9.

La propuesta afirma que no habrá consecuencias para la protección de los derechos fundamentales. No obstante, el CESE señala que los cambios en las estructuras normativas que afecten a los bienes siempre tendrán consecuencias para los consumidores.

2.10.

El presente dictamen se centrará en la situación relativa a los sistemas de homologación de tipo aplicados a motores, vehículos empleados para el transporte de bienes y motores utilizados en maquinaria fija.

3.   Síntesis de la propuesta de la Comisión

3.1.

La propuesta de la Comisión pretende abordar el marco legislativo de la UE que regula el sistema de homologación de tipo según se aplica a varios productos, el cual ya no será válido en el Reino Unido a partir de su retirada de la Unión.

3.2.

En concreto, y en función de las disposiciones transitorias que puedan adoptarse en el acuerdo de retirada del Reino Unido, la propuesta de la Comisión apunta que se verán afectadas las normativas siguientes:

la Directiva 2007/46/CE sobre homologación de tipo de vehículos de motor y sus remolques (que se sustituirá por un Reglamento aplicable a partir del 1 de septiembre de 2020);

el Reglamento (UE) n.o 168/2013 sobre homologación de tipo de los vehículos de dos y tres ruedas y cuatriciclos;

el Reglamento (UE) n.o 167/2013 sobre homologación de tipo de los vehículos agrícolas y forestales, y

el Reglamento (UE) n.o 2016/1628 sobre homologación de tipo de los motores para máquinas móviles no de carretera.

3.3.

La propuesta también clarifica que la actual autoridad de homologación de tipo del Reino Unido no podrá seguir siéndolo con arreglo a la legislación de la UE. Por tanto, a fin de lograr el cumplimiento continuo de la legislación de la UE y mantener el acceso a los mercados europeos, los fabricantes que obtuvieron homologaciones en el Reino Unido necesitarán homologaciones nuevas emitidas por cualquier autoridad de homologación de tipo de uno de los veintisiete Estados miembros. Esto incluye a los productos que ya estén en producción.

3.4.

Si bien la situación tendrá consecuencias considerables para el papel futuro de la autoridad de homologación de tipo del Reino Unido, también despierta serias preocupaciones por el futuro de la fabricación de vehículos en el Reino Unido y, por otro lado, dentro de la UE. Estas preocupaciones se centran principalmente en la inseguridad jurídica de las homologaciones de tipo del Reino Unido y la disolución de uno de los principios normativos fundamentales: el mantenimiento de la coherencia normativa en toda la Unión Europea.

3.5.

La propuesta pretende abordar estos temas por medio de modificaciones temporales de las normas actuales, de modo que los fabricantes afectados puedan solicitar homologaciones a cualquiera de las veintisiete agencias de la UE con la mayor facilidad posible. Sus argumentos principales son que:

permite explícitamente a los fabricantes afectados solicitar a las autoridades de homologación de tipo de los veintisiete Estados miembros nuevas homologaciones para tipos existentes;

autoriza a no repetir los ensayos en los que se basan las homologaciones de tipo del Reino Unido debido a que el servicio técnico no fuera designado y notificado previamente por la autoridad homologación de tipo de uno de los veintisiete Estados miembros;

establece que estas homologaciones solo se concederán si se cumplen los requisitos aplicables a nuevos vehículos, sistemas, componentes y unidades técnicas independientes, y no los aplicables a nuevos tipos;

propone ayudar a identificar nuevas autoridades de homologación de tipo de productos ya presentes en el mercado antes de la retirada para así evitar que no haya autoridad alguna responsable de efectuar controles de la conformidad en circulación o de expedir una posible orden de recuperación en el futuro.

3.6.

La propuesta de la Comisión reconoce la necesidad de proteger a los consumidores en materia de seguridad de los vehículos y mantenimiento de las normas medioambientales.

3.7.

La propuesta clarifica que el trabajo de las autoridades de homologación de tipo no se limita a la producción o comercialización de un vehículo, sistema, componente o unidad técnica independiente, sino que se extiende a lo largo de varios años después de la puesta en venta de dichos productos.

4.   Observaciones

4.1.

Los fabricantes de vehículos necesitan nuevos certificados para los modelos nuevos, cuya comercialización tiene lugar aproximadamente cada siete años, pero también para los cambios significativos en los diseños y motores, que suceden con mayor frecuencia. Esto incrementa claramente la necesidad de garantizar que, tras el Brexit, tenga lugar un reajuste fluido de los mecanismos reguladores necesarios para su producción.

4.2.