ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 367

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Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

61.° año
10 de octubre de 2018


Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

DICTÁMENES

 

Comité Económico y Social Europeo

 

536.o Pleno del CESE, 11.7.2018 – 12.7.2018

2018/C 367/01

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Los efectos de una nueva estructura de abastecimiento de energía sin emisiones de carbono, descentralizada y digitalizada en el empleo y en las economías regionales (Dictamen de iniciativa)

1

2018/C 367/02

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El papel del transporte en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y sus consiguientes repercusiones en la formulación de las políticas de la UE [Dictamen de iniciativa]

9

2018/C 367/03

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Conceptos de la UE para gestionar la transición en un mundo laboral digitalizado: aportación clave para un Libro Blanco de la UE sobre el futuro del trabajo [Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia austriaca]

15

2018/C 367/04

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La situación de las mujeres con discapacidad[Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo]

20


 

III   Actos preparatorios

 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

 

536.o Pleno del CESE, 11.7.2018 – 12.7.2018

2018/C 367/05

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 924/2009 en lo que respecta a determinadas comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y las comisiones en concepto de conversión de divisas [COM(2018) 163 final — 2018/0076 (COD)]

28

2018/C 367/06

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 168/2013 en lo que se refiere a la aplicación de la fase Euro 5 a la homologación de tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos [COM(2018) 137 final — 2018/0065 (COD)]

32

2018/C 367/07

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 98/2013 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos[COM(2018) 209 final — 2018/0103 (COD)]

35

2018/C 367/08

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 952/2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión [COM(2018) 259 final — 2018/0123 (COD)]

39

2018/C 367/09

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas [COM(2018) 134 final-2018/0060 (COD)], y sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los administradores de créditos, los compradores de créditos y la recuperación de las garantías reales [COM(2018) 135 final-2018/0063 (COD)]

43

2018/C 367/10

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la legislación aplicable a los efectos en materia de derechos de propiedad de las operaciones con valores [COM(2018) 89 final], sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva [COM(2018) 92 final — 2018/0041 (COD)], sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos [COM(2018) 96 final — 2018/0044 (COD)] y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 345/2013 y (UE) n.o 346/2013 [COM(2018) 110 final — 2018/0045 (COD)]

50

2018/C 367/11

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a las exposiciones en forma de bonos garantizados [COM(2018) 93 final — 2018/0042 (COD)], y sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE [COM(2018) 94 final — 2018/0043 (COD)]

56

2018/C 367/12

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité Europeo de las Regiones — Plan de acción en materia de tecnología financiera: por un sector financiero europeo más competitivo e innovador [COM(2018) 109 final]

61

2018/C 367/13

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros [COM(2018) 99 final-2018/0047 (COD)] y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas [COM(2018) 113 final-2018/0048 (COD)]

65

2018/C 367/14

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa [COM(2018) 147 final-2018/0072 (CNS)] y sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales [COM(2018) 148 final-2018/0073 (CNS)]

73

2018/C 367/15

Dictamen del Comité Económico e Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación [COM(2018) 212 final — 2018/0104 (COD)]

78

2018/C 367/16

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otros tipos para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinados delitos y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo [COM(2018) 213 final — 2018/0105 (COD)]

84

2018/C 367/17

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal [COM(2018) 225 final — 2018/0108 (COD)] — Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales [COM(2018) 226 final — 2018/0107(COD)]

88

2018/C 367/18

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) [COM(2018) 144 final — 2018/0070 (COD)]

93

2018/C 367/19

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre un marco de seguimiento para la economía circular [COM(2018) 29 final]

97

2018/C 367/20

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo Occidental [COM(2018) 115 final — 2018/0050 (COD)]

103

2018/C 367/21

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida) [COM(2017) 753 final — 2017/0332(COD)]

107

2018/C 367/22

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación y el funcionamiento del nombre de dominio de primer nivel .eu y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 733/2002 y el Reglamento (CE) n.o 874/2004 de la Comisión [COM(2018) 231 final — 2018/0110 (COD)]

112

2018/C 367/23

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y 2008/118/CE en lo que respecta a la inclusión del municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano en el territorio aduanero de la Unión y en el ámbito de aplicación territorial de la Directiva 2008/118/CE [COM(2018) 261 final-2018/0124 (CNS)]

117

2018/C 367/24

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al período de aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo en relación con determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude, y al mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA [COM(2018) 298 final-2018/0150(CNS)]

118

2018/C 367/25

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.o 110/2008 en lo que respecta a las cantidades nominales para la comercialización en el mercado de la Unión de shochu de destilación única producido en alambique y embotellado en Japón [COM(2018) 199 final — 2018/0097 (COD)]

119

2018/C 367/26

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 2003/17/CE del Consejo en lo que respecta a la equivalencia de las inspecciones sobre el terreno realizadas en Brasil en cultivos productores de semillas de plantas forrajeras y de cereales, y a la equivalencia de dichas semillas producidas en Brasil, y por lo que respecta a la equivalencia de las inspecciones realizadas en Moldavia en cultivos productores de semillas de cereales, de hortalizas y de plantas oleaginosas y textiles, y a la equivalencia de dichas semillas producidas en Moldavia [COM(2017) 643 final — 2017/0297 (COD)]

120


ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Comité Económico y Social Europeo

536.o Pleno del CESE, 11.7.2018 – 12.7.2018

10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/1


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los efectos de una nueva estructura de abastecimiento de energía sin emisiones de carbono, descentralizada y digitalizada en el empleo y en las economías regionales»

(Dictamen de iniciativa)

(2018/C 367/01)

Ponente:

Lutz RIBBE

Decisión del pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29, apartado 2, del Reglamento interno

 

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Sección de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Aprobado en sección

28.6.2018

Aprobado en el pleno

11.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

123/1/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

La transición del sistema energético a un sistema de abastecimiento sin emisiones de carbono, descentralizado y digitalizado ofrece grandes oportunidades, especialmente para las regiones rurales y poco desarrolladas de Europa. La expansión de las energías renovables puede conllevar considerables efectos positivos en el empleo y diseñarse de tal modo que se logren estímulos completamente nuevos para la economía regional.

1.2.

En particular, existe el potencial de que las políticas europeas de energía y cohesión refuercen mutuamente sus efectos positivos. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) lamenta que la Comisión y los Estados miembros aún no hayan reconocido —y por supuesto tampoco aprovechado— este potencial en suficiente medida.

1.3.

Si bien es cierto que la política de cohesión contribuye, desde su reorientación, a fomentar las energías renovables y la eficiencia energética —lo que el CESE acoge de buen grado—, la política europea de energía apenas ha apoyado hasta ahora a la política de cohesión. No se considera que las energías renovables puedan promover de forma sustancial el desarrollo económico precisamente de las regiones menos favorecidas. Se desperdicia así un enorme potencial político para el crecimiento regional.

1.4.

A fin de explotar este potencial, es preciso capacitar a las regiones para que estimulen el crecimiento de la economía regional mediante el desarrollo de las energías renovables y de la correspondiente infraestructura específica de red e impulsen una amplia participación social en este crecimiento, al tiempo que se las ayuda a conseguirlo. Una forma de participación que reviste particular importancia para la creación de valor regional es la mejora del papel de los consumidores, los cuales, en su calidad de prosumidores, podrían asumir una responsabilidad de nuevo cuño en materia de energía, lograr la participación económica y apoyar objetivos políticos más amplios gracias al enfoque de «protección del clima desde abajo».

1.5.

Para fomentar el desarrollo de las energías renovables es importante adoptar un planteamiento integral en materia de economía regional, lo que significa coordinar a escala local la producción y el consumo de energías renovables, especialmente en los sectores de la electricidad, la calefacción y el transporte. En este sentido, la inteligencia artificial y las redes inteligentes podrían aportar una contribución significativa.

1.6.

La proporción entre la energía demandada en las regiones y las energías renovables producidas o producibles a escala regional permite entender en qué medida las regiones lo logran. El CESE recomienda, en el marco de unos planes regionales de economía circular de la energía, elaborar análisis que permitan valorar de forma detallada el potencial económico regional de las energías renovables para cada región en particular. Los planes también deberían reflejar los efectos de la política de empleo en la región de que se trate. Aunque en general puede decirse que la transición energética creará un mayor número de empleos que el sistema energético anterior, habrá regiones que se beneficiarán más de esto que otras.

1.7.

Los planes regionales de la economía circular de la energía podrían sentar las bases para un diálogo estructurado y diferenciado con los ciudadanos a escala local, lo que resulta importante para mantener o lograr la aceptación local de las energías renovables y fortalecer los centros económicos regionales. El CESE se muestra sorprendido por que tales análisis y planes solo se hayan realizado, hasta ahora, en muy pocos casos concretos.

1.8.

El planteamiento integral en materia de economía regional para el desarrollo de las energías renovables no solo podría contribuir significativamente a la política de cohesión europea, sino que además hay una serie de motivos relativos a la política energética que lo respaldan (reducción de la dependencia y la pobreza energéticas, apoyo a la combinación de sectores, aprovechamiento del potencial innovador de la digitalización y reducción de la carga de la red).

1.9.

Ante esta situación, el CESE anima a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para lograr un planteamiento integral de la economía energética a la hora de desarrollar las energías renovables: definición de regiones energéticas, apoyo al registro empírico de la proporción entre la energía demandada y la energía renovable producida o producible a escala regional, formación y perfeccionamiento específicos e incentivos para su aplicación, por ejemplo, mediante apoyo a la ampliación de la infraestructura de las energías renovables, apertura de las redes y tarificación correspondiente de los costes de red.

2.   Contexto

2.1.

La Unión Europea se enfrenta a unos profundos cambios en su política y suministro de energía. Estos cambios no consisten únicamente en la producción técnica (que pasará de los combustibles fósiles carbonosos al desarrollo de las energías renovables), sino que también traerán consigo inmensos cambios estructurales, tanto en lo que se refiere a la ubicación de la producción de energía (que pasará de grandes instalaciones centrales a unas estructuras más descentralizadas) como a la estructura de producción y consumo (nuevas partes interesadas y nuevos modelos de consumo y distribución, entre otras razones, debido a la digitalización).

2.2.

El CESE ya ha tratado en diversos dictámenes las consecuencias de la transición energética para las regiones, que pueden verse perjudicadas, como las cuencas mineras (1). En estas regiones muchas personas ya han perdido sus puestos de trabajo y es casi imposible evitar nuevas pérdidas de empleos, lo que hace aún más importante reconocer, en una fase temprana, la inminente reestructuración y acompañarla de políticas adecuadas para minimizar y amortiguar las consecuencias económicas y sociales. En este sentido, el CESE celebra las primeras iniciativas de la Comisión (2).

2.3.

No obstante, al CESE le llama la atención que los cambios positivos que podrían producirse, por ejemplo en el valor añadido regional y la creación de empleo, solo se hayan debatido de forma marginal. Es cierto que la Comisión, en varios considerandos de la Directiva vigente sobre energías renovables (2009/28/CE), hace referencia a la importancia de este tipo de energías para el desarrollo económico regional, pero durante sus investigaciones el CESE ha debido constatar que apenas existen estudios sobre las posibles consecuencias económicas regionales del desarrollo de las energías renovables y que no se detecta ninguna estrategia de la Comisión o de los Estados miembros destinada a vincular realmente la política energética con el desarrollo regional conforme a los objetivos. Por consiguiente, tampoco puede hablarse de una estrategia política bien definida que permita explotar plenamente el potencial mencionado.

2.4.

Sin embargo, en Europa ya existe un gran número de ejemplos positivos, de carácter «ascendente», de la expansión de las energías renovables a escala local y regional. Por mencionar tan solo un ejemplo, en la localidad de Langres (10 000 habitantes), situada en el este de Francia, se ha construido una central de calefacción con leña que abastece, a través de una red de calefacción local de cinco kilómetros, a veintidós instalaciones de agua caliente e, indirectamente, a un hotel, un parque acuático y una residencia de ancianos: al año se ahorran 3 400 toneladas de CO2. En muchas de estas iniciativas llama la atención que su importancia económica regional rara vez se evalúa de modo sistemático. En este sentido, cabe constatar una gran carencia de información estadística.

2.5.

Pero en Feldheim (cerca de Berlín) no solo se emplean desde hace unos veinte años los recursos locales para la producción y el suministro local de energía de forma sistemática, sino que también se han descrito detalladamente los efectos económicos regionales. Con el tiempo se ha logrado cubrir un múltiplo de la demanda de energía eléctrica de la localidad y la totalidad de la demanda calorífica. Además de los ingresos directos de la venta de energía, el ahorro de gastos es notable: los ciudadanos pagan por la electricidad 16,6 céntimos/kWh, lo que constituye tan solo un poco más del 50 % del precio medio de la electricidad en Alemania. La población local participa de modo intenso, como «fuerza motriz», en la economía circular de la energía, explotada sistemáticamente (3).

El CESE concede gran importancia a que se comparen, en el marco de una evaluación global, estos posibles efectos positivos para la economía regional con los mencionados efectos secundarios negativos de la transformación energética.

2.6.

El presente dictamen de iniciativa pretende contribuir a estimular un debate profundo que describa los potenciales y los modelos de enfoque y aluda a las carencias.

3.   La importancia de las energías renovables para el desarrollo económico y social de Europa y sus regiones

3.1.

La UE es el mayor importador de energía del mundo: anualmente importamos el 53 % de nuestras necesidades energéticas básicas por una suma total de más de 400 000 millones EUR. La dependencia energética de la Unión es un grave problema económico y geopolítico.

3.2.

El objetivo de la Unión de la Energía europea es: a) aumentar la seguridad energética de Europa reduciendo la importación de energía, b) promover la mitigación del cambio climático, y c) crear nuevos puestos de trabajo. El CESE considera que este objetivo macroeconómico europeo también tiene relevancia y debe aplicarse a escala regional.

3.3.

En este contexto, el fomento de las energías renovables como una fuente de energía «nacional» que —a diferencia de los recursos fósiles— está disponible en todas las regiones de la Unión no solo debe debatirse por razones de mitigación del cambio climático, sino que también debe considerarse un importante objetivo económico regional: la producción de energía podría y debería estimular las economías regionales.

3.4.

Cuanto más se logre facilitar la participación económica de los agentes regionales (ya sean ciudadanos, empresas regionales o los propios municipios), mayor será la aceptación que se necesita para ampliar la infraestructura de energías renovables. El valor añadido regional que se deriva de las energías renovables aumentará en proporción a la participación activa de las partes interesadas regionales.

3.5.

Un análisis pormenorizado de la cadena de valor añadido de las energías renovables explica en detalle cómo puede tener lugar dicha participación económica.

En primer lugar cabe mencionar la inversión real en instalaciones de energía renovable: las propias instalaciones se «importan» mayoritariamente de otras regiones. Lo mismo ocurre con el proceso de planificación, que habitualmente elaboran —sobre todo en el caso de los proyectos de mayor tamaño— servicios u oficinas de estudios que a menudo no están ubicados en la región, por lo que el impacto sobre la economía regional es más bien limitado.

En cambio, los costes de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones generan un valor añadido regional directo. Por otro lado, los gastos de las instalaciones de energías renovables son comparativamente reducidos. En el caso de las granjas solares o de los parques eólicos, por ejemplo, el pago de arrendamientos a los propietarios de tierras locales tiene un impacto positivo, a lo que se añaden los posibles ingresos fiscales de los municipios.

El verdadero beneficio económico de las instalaciones de energías renovables proviene del uso o la venta de la energía obtenida. Por consiguiente, para la economía regional es determinante quién opera las instalaciones y quién puede generar beneficios por su funcionamiento.

3.6.

Los nuevos puestos de trabajo regionales que pueden surgir en el sector energético a raíz del desarrollo de las energías renovables constituyen una forma de participación económica. Numerosos estudios ponen de manifiesto que el impacto neto de la transformación del sistema energético sobre el empleo es claramente positivo [como ha mostrado, por ejemplo, un reciente análisis de los Países Bajos (4)]. Cabe destacar que, según este estudio, todas las provincias neerlandesas se beneficiarán de este impacto positivo.

Para que tales avances positivos puedan lograrse en todas las regiones de Europa, es necesario invertir en una correspondiente cualificación de las personas con la mayor antelación posible.

3.7.

Es evidente que el impacto positivo no puede compensar por completo y en cualquier caso todas las desventajas del cambio estructural, por ejemplo, en las cuencas mineras. Sin embargo, la transición hacia las energías renovables brinda grandes oportunidades para una evolución positiva de las numerosas regiones de Europa que actualmente son meras importadoras de energía.

3.8.

Otra forma de participación económica regional tiene lugar a través de la participación directa en las inversiones en instalaciones de energías renovables y, por lo tanto, también a través de su funcionamiento. En dichas instalaciones los costes de capital constituyen la mayor parte de los costes totales. En lo que se refiere al valor añadido regional, resulta aún más importante que los agentes regionales puedan invertir en instalaciones de energías renovables. Según un estudio para el Estado federado alemán de Hesse, el valor añadido regional puede resultar ser hasta ocho veces mayor si un parque eólico es operado por un agente regional (5).

3.9.

En algunas regiones europeas, los responsables políticos han reconocido esta importancia y han puesto en marcha iniciativas con las que reforzar la participación regional en energías renovables, entre otras, Community Empowerment Bill (Escocia), Lov om fremme af vedvarende energi (Dinamarca), Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz (Estado federado alemán de Mecklemburgo-Pomerania Occidental) o National Energy Independence Strategy (Lituania).

3.10.

Una tercera forma posible de participación consiste en que los consumidores puedan obtener directamente la energía producida en las instalaciones de su región, por ejemplo, a través de los denominados «acuerdos de compra de energía». La digitalización hará que tales acuerdos sean accesibles también para los consumidores de energía de menor tamaño, y la evolución de los costes promete que los costes de la energía eólica o solar producida localmente se mantengan, con creciente frecuencia, por debajo del precio del mercado mayorista.

3.11.

También es importante un posible efecto adicional. Si una economía circular regional de la energía consigue crear un nuevo valor añadido en una región gracias a los ahorros obtenidos o los ingresos derivados de las energías renovables o reduce la salida de dinero que conlleva la importación de energía, se dispondrá de capital que podrá invertirse en otros ámbitos económicos (esto es, fuera del sector energético). Por lo tanto, no han de tenerse en cuenta únicamente los efectos «directos» sobre el empleo (como los puestos de trabajo en el campo de las energías renovables), sino también los «indirectos», que pueden resultar de nuevos flujos financieros regionales.

4.   Las energías renovables como política regional: un «escenario óptimo» en Polonia (Podlasie)

4.1.

La región polaca de Podlasie proporciona un ejemplo que ilustra con especial claridad cómo pueden aplicarse a escala regional las consideraciones del capítulo 3. Este ejemplo muestra cómo el desarrollo de las energías renovables permite aplicar la política regional con buenos resultados, incluso aunque los objetivos nacionales disten mucho de ser óptimos. Sin embargo, esto requiere un enfoque sistemático, que se describe a continuación.

4.2.

En el año 2012, el Parlamento regional (Sejmik) aprobó un plan de desarrollo regional que sentó las bases para la aplicación de los programas operativos destinados a utilizar los Fondos Estructurales europeos.

4.3.

Podlasie, que se incluye entre las regiones de Europa de menor desarrollo e ingresos más bajos, importa al año unos 5 200 millones de eslotis polacos (PLN) (equivalentes a 1 250 millones EUR) en energía. La región no cuenta con fuentes locales propias de energía fósil.

4.4.

La estrategia de desarrollo hace referencia a una «revolución» planificada que tiene cuatro objetivos: 1) independencia de la importación de electricidad, 2) aumento del porcentaje de energías renovables en el consumo energético, 3) reducción de las emisiones de CO2, y 4) aumento del potencial económico de la región mediante la sustitución de los vectores energéticos (carbonosos) importados por formas regionales de energía (limpia).

4.5.

En Podlasie se ha reconocido que una «política energética regional» solo es posible si también se atiende a la estructura de agentes del mercado de la energía. Con ello se persigue que los ciudadanos y empresarios de Podlasie se conviertan en los dueños de las fuentes de energía descentralizadas.

4.6.

Desde finales de 2016 el municipio de Turośń Kościelna, en Podlasie, ha organizado para sus ciudadanos la adquisición de 38 bombas de calor, 77 sistemas fotovoltaicos y 270 paneles solares mediante fondos del FEDER. El municipio coordina los cálculos, los pedidos y la instalación y libera a los residentes de todas las tareas jurídicas y técnicas. Las inversiones fueron financiadas en un 85 % con las ayudas de los Fondos Estructurales de la UE. En el futuro, aproximadamente el 25 % de todas las casas estarán equipadas con tecnología moderna de energía renovable.

4.7.

Sobre la base de los sistemas de medición del consumo neto aplicables en Polonia para pequeños sistemas fotovoltaicos, los ciudadanos producen su propia electricidad «ecológica» (incluidos todos los costes adicionales) por unos 0,18 PLN/kWh (unos 4,3 céntimos/kWh). En comparación, actualmente se pagan 0,65 PLN/kWh (= 15,5 céntimos/kWh) por la electricidad de la red (generada principalmente a partir del carbón). De aquí surge una reducción de los costes de la electricidad del 75 % aproximadamente y el dinero ahorrado redunda en beneficio de la economía regional.

4.8.

El Gobierno regional ha adoptado este enfoque y en 2017 facilitó proyectos similares en otros 62 municipios. En total se solicitó la subvención de unos 4 700 paneles solares para el tejado y 2 250 sistemas fotovoltaicos con una capacidad total de algo más de 7 MWp para su instalación en tejados de las casas. Su puesta en marcha debería tener lugar en 2018.

4.9.

No obstante, hace tiempo que se viene reflexionando, por ejemplo, sobre la electromovilidad. De los 5 200 millones PLN que salen anualmente de Podlasie en concepto de importación de energía, unos 1 500 millones corresponden a la importación de gasolina y gasóleo para vehículos de turismo.

4.9.1.

Podlasie hizo la siguiente reflexión: los turismos matriculados en la región recorren al año unos 5 200 millones de kilómetros. Si todos los vehículos funcionaran con electricidad, harían falta para ello, con un consumo de 15 kWh/100 km, unos 800 000 MWh de electricidad. Teniendo en cuenta los costes actuales de adquisición en la red de 0,63 PLN/kWh, se necesitarían unos 500 millones PLN, en lugar de los 1 500 millones para combustibles fósiles que se gastan ahora. Solo de esta forma se retendrían aproximadamente 1 000 millones PLN en la región, que podrían contribuir a reforzar la economía.

4.9.2.

Las cantidades de electricidad necesarias podrían producirse con unas setenta turbinas eólicas (instaladas por la región). La electricidad anual producida por una de estas turbinas basta para el funcionamiento de unos 7 000 turismos y un kWh cuesta unos 6-7 céntimos. Si 7 000 conductores se agruparan y operaran una de las turbinas de forma cooperativa, sus gastos para el funcionamiento de vehículos eléctricos se reducirían de nuevo significativamente. Sin embargo, esto requeriría un marco jurídico y administrativo adecuado para abrir, por ejemplo, las redes a la distribución entre iguales: la digitalización ofrece posibilidades a este respecto, pero la realidad política las obstaculiza.

4.10.

Asimismo, en Podlasie se baraja el uso de energía eólica producida regionalmente en sustitución del carbón de las centrales de calefacción. La energía eólica se emplearía para las bombas de calor industriales y para los acumuladores de calor, lo que parece una solución muy conveniente. Sin embargo, por el momento las reflexiones no han superado la fase de planificación previa. Ni siquiera se han conseguido recursos para un estudio de viabilidad.

5.   Aumento del valor añadido regional gracias al consumo en las regiones de las energías renovables producidas a escala regional

5.1.

El ejemplo de Podlasie muestra que las energías renovables pueden ejercer un impacto significativo en el aumento potencial del poder adquisitivo regional. Para lograrlo, es importante valorar en primer lugar, en el marco de una economía circular regional de la energía, los potenciales tanto en el ámbito de la electricidad como en el de la calefacción y el transporte.

5.2.

El ejemplo de la energía solar térmica ilustra adecuadamente el potencial del enfoque económico regional. El valor añadido regional obtenido de la instalación y el funcionamiento es reducido, especialmente porque también se enfrenta a efectos negativos, por ejemplo, al reemplazar una calefacción de fueloil, lo que ejerce presión sobre los empleos de los vendedores de fueloil. Sin embargo, la energía solar térmica tiene en realidad un impacto positivo muy elevado para los consumidores, pues cuanto mayor sea el porcentaje de calefacción solar en la demanda total de calefacción, tanto más podrá prescindirse de la importación de materias primas energéticas como el carbón, el petróleo o el gas natural, importación que supone una pérdida de poder adquisitivo en la región y redunda en beneficio de los países exportadores de carbón, petróleo y gas o de los consorcios de gas natural y aceite mineral.

5.3.

En general, parece necesario registrar en un balance energético regional en qué medida se cubre o se podría cubrir el consumo energético regional con energías renovables producidas a escala regional (y en determinadas circunstancias, almacenadas temporalmente). El balance debe englobar cuatro aspectos:

1.

Debe determinarse la demanda de energía de una región en los sectores de la electricidad, la calefacción y el transporte. Tener en cuenta los sectores de la calefacción y del transporte es importante por dos motivos: por un lado, el 75 % del consumo energético corresponde a estos ámbitos; por otro, las aplicaciones en calefacción y transporte constituyen importantes opciones dotadas de flexibilidad que, por lo general, solo están disponibles localmente.

2.

Es preciso entender hasta qué punto las energías renovables de la región pueden cubrir esta necesidad. Para ello, también debe determinarse en qué medida se consigue de esta manera una desviación real de la salida de capital en beneficio de la región. Esto depende, en el caso de la bioenergía, del origen de la biomasa y, en el caso de todas las tecnologías de energías renovables, del origen de las instalaciones y las empresas contratadas para su instalación y mantenimiento. Asimismo, en función de la estructura de operadores y, en su caso, del volumen del consumo intrarregional de electricidad, debe determinarse si el volumen de negocios generado con el funcionamiento permanece en la región y en qué medida estimula una participación económica de los agentes regionales.

3.

La diferencia entre las necesidades energéticas regionales y la parte de estas necesidades que puede cubrirse con energías renovables regionales indica la cantidad de energía que debe importarse de otras regiones (capital que fluye fuera de la región). Asimismo, en el futuro muchas regiones europeas no podrán prescindir de las importaciones de energía, aunque solo sea porque resulte ineficaz, antieconómico o, sencillamente, imposible desde el punto de vista técnico cubrir todas sus necesidades energéticas a escala regional.

4.

En caso de que en la región se produzca más energía de la que se consume en la misma, debe determinarse quién se beneficia de los ingresos de la venta de electricidad.

5.4.

Este balance entre la producción y el consumo de energía regionales debería elaborarse para cada región europea, sin que exista obligación legal de hacerlo. Más bien, cada región debería tener un interés directo en elaborar dichos balances de forma voluntaria. Es preciso comprobar si para ello puede utilizarse la categoría establecida de regiones NUTS 3. Asimismo, en algunos casos resulta atractiva la idea de unas regiones energéticas transfronterizas, también en el sentido del concepto de la «Europa de las Regiones». En este contexto, el servicio de información energética, cuya creación exigió el CESE en un dictamen previo (6), podría asumir una función coordinadora.

6.   El potencial de un balance energético equilibrado o positivo para la política energética y regional

6.1.

Si se logra mejorar el balance, descrito en el apartado 5, de energías renovables producidas y consumidas a escala regional, se contribuirá a reducir la dependencia energética de Europa.

6.2.

Si la participación económica de los agentes regionales en las energías renovables fuera más amplia, se reforzaría la cohesión regional. Esto se debe a que las regiones de menor desarrollo a menudo disponen de las mayores superficies potenciales para implantar energías renovables y, por lo tanto, en esas regiones el impacto económico regional es más significativo.

6.3.

La elaboración de balances energéticos regionales específicos permitiría evaluar el grado de importancia que la transición energética reviste para una región concreta, proporcionaría una base sólida para el debate sobre el cambio estructural en determinadas regiones e impulsaría las correspondientes intervenciones políticas regionales mejor que en la actualidad, pues se tiende a hablar de «cuencas mineras» o «islotes energéticos» de manera relativamente genérica.

6.4.

El hecho de que una región sea exportadora o importadora de energía o tenga o no un balance energético equilibrado acarrea repercusiones concretas para las personas que viven en ella. Sobre esta cuestión debe entablarse un diálogo con las partes interesadas regionales. No existe una solución perfecta que sea adecuada para todas las regiones. En su lugar, deben acordarse soluciones apropiadas y específicas para cada región, también en lo que respecta a la «justicia espacial» (spatial justice), es decir, la cuestión de qué superficies se emplean para qué fin. Los representantes de la política y la administración regionales deben estar debidamente cualificados.

6.5.

Cuanto más se consiga cubrir la demanda energética regional con energías renovables regionales, más independientes de la evolución de los precios en el mercado mundial (especialmente del aceite mineral y del gas natural) se tornarían los consumidores que vivan y trabajen en la región. Esta es la mejor condición para reducir la pobreza energética y la vulnerabilidad de los consumidores finales. Dado que los precios de la energía representan un factor de creciente importancia a la hora de tomar decisiones en materia de inversión, puede incrementarse al mismo tiempo el atractivo de la localidad como centro económico e industrial.

6.6.

La futura integración de los sectores de la calefacción y la movilidad en el sistema eléctrico podría fomentarse proporcionando incentivos específicos al uso regional de las energías renovables producidas en la región, lo que contribuiría a su fortalecimiento.

6.7.

La digitalización de la economía energética brinda grandes oportunidades. En este sentido, los incentivos para mejorar el uso regional de las energías renovables producidas en la región podrían, asimismo, liberar el potencial específico de la digitalización y, de esta manera, impulsar la innovación.

6.8.

Una meta de la Unión de la Energía europea es reforzar el papel de los ciudadanos y los consumidores de energía en la transición energética. No obstante, existen considerables barreras para acceder a los mercados energéticos interregionales y las economías de escala desempeñan un importante papel (7). En último término, esto es consecuencia de unas estructuras de mercado monopolísticas surgidas a lo largo de la historia. A escala regional, resulta mucho más fácil de desempeñar el nuevo papel activo de ciudadanos y consumidores, es decir, en el marco de una economía circular regional de la energía.

6.9.

Una mayor utilización regional de las energías renovables producidas en la región aligeraría la red y, en determinadas circunstancias, reduciría la necesidad de modernizar considerablemente las redes europeas de transmisión de electricidad (véase asimismo el considerando 52 de la propuesta de Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables [COM(2016) 767 final)].

7.   Exigencias relativas a una economía circular regional de la energía

7.1.

El CESE anima a las instituciones de la UE a incluir entre los objetivos de la política energética europea y de la política de cohesión el uso regional de las energías renovables producidas a escala regional y utilizar el balance entre las necesidades energéticas regionales y la producción regional de energías renovables como indicador para evaluar el grado en que se ha alcanzado el objetivo. Esto requiere que, al diseñar en el futuro las medidas de fomento de las energías renovables, se tengan en cuenta las características particulares de la energía producida por los ciudadanos y otros agentes regionales que no se benefician de las economías de escala (8). En particular, el objetivo debe ser eliminar los obstáculos de acceso a los mercados que afectan a las oportunidades de mercado de los pequeños agentes (regionales). Asimismo, resulta de utilidad crear un programa europeo para el desarrollo de las cualificaciones de los agentes regionales e impulsar un mayor intercambio de buenas prácticas.

7.2.

Esto implica tomar una decisión estratégica para orientar la política energética hacia la descentralización. En este sentido, en el paquete «Energía limpia para todos los europeos» aún existen de forma patente demasiadas contradicciones entre una política energética más bien descentralizada y un enfoque claramente centralizado. Debería defenderse la competencia de las regiones y los municipios europeos para regular directamente la participación de los agentes regionales en el uso de las energías renovables regionales. Esto se correspondería también con la tradición de prestar servicios municipales de interés general que ha surgido en numerosos Estados miembros europeos.

7.3.

El CESE pide a la Comisión que presente un plan de medidas sobre la combinación energética a escala europea, nacional y subnacional capaces de contribuir a promover la energía regional. Dicho plan podrá prever, entre otras cosas, la pertinente definición del derecho de venta y compra de energía. Además, sería conveniente formular una metodología que permita a las regiones elaborar su propio balance energético específico. Sería deseable contar con un programa informático en línea que permitiera a los representantes políticos y las partes interesadas regionales obtener, al menos, resultados aproximados.

7.4.

La reestructuración de las tarifas de acceso a la red —y posiblemente de otros impuestos y gravámenes— podría contribuir a lograr los efectos económicos regionales descritos en el desarrollo de las energías renovables. Los precios de la energía exportada, y especialmente de la energía importada, deben fijarse teniendo en cuenta al menos los costes de transporte.

7.5.

La recaudación diferenciada de las tarifas de acceso a la red (es decir, la fijación del precio de una transacción comercial de electricidad en función del número de niveles de la red que se utilicen para procesar la transacción), junto con una mayor cobertura de las necesidades energéticas regionales a partir de las energías renovables producidas en la región, haría más sencillo determinar la necesidad real de modernizar las redes según la demanda del mercado. Si bien es cierto que será importante conectar de forma eficaz las regiones energéticas de Europa, esto no implica que deba concederse siempre prioridad absoluta a la expansión de la red, algo que se sigue haciendo con demasiada frecuencia sin una justificación económica (9).

Bruselas, 11 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO C 303 de 19.8.2016, p. 1.

(2)  https://ec.europa.eu/info/news/no-region-left-behind-launch-platform-coal-regions-transition-2017-dec-08_es

(3)  Para obtener más información, véase el estudio de casos sobre el tema «La transición energética en las regiones de Europa: evaluación del impacto de la transición hacia un suministro energético inteligente e hipocarbónico en la economía regional», presentado durante la audiencia del CESE el 31 de mayo de 2018 https://www.eesc.europa.eu/es/news-media/presentations/presentation-michael-knape.

(4)  Weterings, A. et al. (2018): Effecten van de energietransitie op de regionale arbeidsmarkt — een quickscan, PBL, La Haya, p. 36.

(5)  Institut für dezentrale Energietechnologien (2016): Regionale Wertschöpfung in der Windindustrie am Beispiel Nordhessen.

(6)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 86.

(7)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 91.

(8)  DO C 246 de 28.7.2017, p. 55.

(9)  Véase Peter, F., Grimm, V. y Zöttl, G. (2016): Dezentralität und zellulare Optimierung — Auswirkungen auf den Netzausbaubedarf. https://www.fau.de/files/2016/10/Energiestudie_Studie.pdf.


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/9


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel del transporte en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y sus consiguientes repercusiones en la formulación de las políticas de la UE»

[Dictamen de iniciativa]

(2018/C 367/02)

Ponente:

Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALA

Decisión del Pleno

15.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29.2 del Reglamento interno

 

Dictamen de iniciativa

Sección competente

Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información

Aprobado en sección

28.6.2018

Aprobado en el pleno

11.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

136/0/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El transporte es un factor indispensable para alcanzar varios de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). Contribuye en gran medida a los ODS en todo lo relacionado con el desarrollo económico, la industria y las pymes, así como el comercio y la inversión. Por consiguiente, también ayuda a alcanzar los ODS que tienen como objetivo fomentar el empleo y el bienestar y reducir las desigualdades y la exclusión. A su vez, el transporte ha de asumir numerosos retos respecto de los ODS, como la necesidad de reducir las repercusiones climáticas y medioambientales, mejorar los sistemas de transporte y la seguridad vial, y abordar los problemas relacionados con el empleo y el trabajo digno.

1.2.

El CESE pide a la Comisión que prepare un nuevo marco normativo integrado para la próxima generación de la política de transportes, con el objetivo de sentar las bases que permitan mejorar el transporte y la movilidad a la vez que se cumplen los objetivos sociales y ambientales.

1.3.

Con este fin, la formulación de políticas de la UE debe ofrecer unas condiciones favorables para que el transporte satisfaga las necesidades de movilidad de los ciudadanos y las empresas. Esto requiere, de conformidad con los ODS, inversiones significativas en las infraestructuras adecuadas, innovación y sistemas de transporte que funcionen correctamente, incluido el transporte público.

1.4.

Asimismo, se precisan esfuerzos para responder a los ODS relacionados con los aspectos sociales del transporte, como promocionar el empleo pleno y productivo, el trabajo digno y el desarrollo de capacidades, alcanzar la igualdad de género y prestar especial atención a las necesidades de las personas en situaciones vulnerables, como los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. El diálogo social debe desempeñar un papel fundamental para gestionar de forma adecuada los cambios estructurales.

1.5.

El objetivo relativo al cambio climático supone un gran desafío para el transporte y requiere desarrollar de forma intensiva sistemas de transporte, establecer un amplio abanico de medidas de descarbonización y adoptar enfoques de la movilidad nuevos e innovadores.

1.6.

La digitalización y la robotización son algunas de las grandes tendencias que afectan al desarrollo del transporte y requieren una gestión adecuada de las oportunidades y los retos. La digitalización contribuye a lograr un transporte sostenible al incrementar la eficacia de la logística, facilitar que se proporcione mejor información sobre el transporte a los pasajeros y mejorar la seguridad del tráfico.

1.7.

Puesto que el transporte es un asunto que concierne a toda la sociedad, es fundamental hacer que la sociedad civil participe en la preparación y la aplicación de la política de transportes. Aunque resulta fundamental el papel del sector público, también deben facilitarse actividades y asociaciones de carácter ascendente que permitan encontrar las mejores soluciones posibles para el transporte.

1.8.

Además, el CESE pide a la Comisión que evalúe los indicadores de los ODS desde el punto de vista del transporte y que potencie el desarrollo de indicadores que sean relevantes, ofrezcan una visión realista e informativa de los avances y estén en consonancia con el enfoque integrado.

2.   Contexto del dictamen

2.1.

Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas cubren ampliamente distintos aspectos de los desafíos económicos, sociales y ambientales a los que no enfrentamos globalmente. Ninguno de los ODS se centra específicamente en el transporte o la movilidad, aunque el transporte está relacionado de modo implícito con varios de los objetivos. Además, algunas de las 169 metas que complementan los objetivos están directamente relacionadas con el transporte, en particular las relativas a la infraestructura, los sistemas de transporte local y la seguridad vial. En consecuencia, tres de los 232 indicadores utilizados para supervisar los avances, cuyo fin es cuantificar los volúmenes de transporte, el acceso al transporte público y las muertes por accidentes de tráfico, están relacionados con el transporte.

2.2.

El transporte desempeña un doble papel con respecto a los ODS. Los ODS proporcionan al transporte tanto oportunidades como retos, y el transporte ejerce un papel de facilitación y de adaptación a la hora de aplicar los ODS. Por «transporte» se entiende aquí el transporte de mercancías y de pasajeros, incluidos todos los modos de transporte.

2.3.

La finalidad del presente dictamen de iniciativa es:

determinar el modo en que el transporte contribuye a alcanzar los ODS, así como la forma en que los ODS pueden beneficiar o modelar el transporte;

analizar las posibles consecuencias de los vínculos entre el transporte y los ODS para las políticas de la UE relacionadas con el transporte, tanto a escala nacional como mundial;

proporcionar los puntos de vista y propuestas del CESE sobre cómo deben considerarse estos vínculos en las políticas de la UE y su formulación, a fin de aprovechar correctamente las oportunidades y gestionar los riesgos.

El papel del transporte como factor que facilita realizar los ODS se analiza en los puntos 3 y 4. En el punto 5 se considera la manera en que los ODS benefician al transporte al reforzar sus fundamentos. En los puntos 6 y 7 se analizan qué tipo de retos y expectativas reservan los ODS para el transporte. Con arreglo a dicho análisis, en el punto 8 se resumen las conclusiones en forma de repercusiones y recomendaciones para la formulación de las políticas.

3.   Transporte y ODS: posibilitar el desarrollo económico y el empleo

3.1.

El transporte es uno de los factores principales del desarrollo económico tanto en la UE como a escala mundial y, por consiguiente, merece un lugar prioritario en la agenda de la UE. El transporte tiene un papel esencial para permitir alcanzar el objetivo 8, que tiene por objeto el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

3.2.

A pesar de que la digitalización se está generalizando en todos los ámbitos de la economía y la sociedad, no pone fin a la producción ni al consumo de bienes materiales. La logística combina las distintas partes de las cadenas de suministro, lo que incluye el transporte de materias primas, productos intermedios y productos finales a los consumidores. Por lo tanto, el transporte es una necesidad para las industrias, la agricultura y el comercio.

3.3.

Un transporte gestionado adecuadamente también puede contribuir a la meta específica del objetivo 8 en la que se aboga por poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

3.4.

Además de prestar un servicio a otras empresas, el transporte en sí constituye un sector empresarial importante que proporciona millones de puestos de trabajo y contribuye en gran medida a la economía. Asimismo, el transporte da lugar a industrias manufactureras, tales como la industria automovilística, ferroviaria, naviera y aeronáutica.

3.5.

En conjunto, el transporte contribuye a alcanzar la meta del objetivo 9 que propugna un aumento significativo de la tasa de empleo de la industria y del PIB. Puesto que las actividades económicas relacionadas con el transporte involucran a numerosas pequeñas y medianas empresas, el transporte también contribuye a la integración de las pymes en las cadenas de valor y en los mercados, y al fomento de su crecimiento, tal como exigen los objetivos 8 y 9.

3.6.

En consecuencia, el transporte contribuye a la creación de empleo, como requiere el objetivo 8, en los sectores relacionados con el transporte. Contribuye asimismo a un mejor ajuste geográfico entre puestos de trabajo y mano de obra y, por consiguiente, a una tasa de empleo más elevada. No obstante, también existen retos como la transición provocada por la digitalización y la robotización, al preverse que dará lugar a profundos cambios con respecto a los puestos de trabajo y las funciones correspondientes.

3.7.

En el marco internacional, el transporte contribuye al objetivo 17, que tiene como finalidad reforzar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. Este objetivo requiere la promoción de un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Puesto que el transporte es la columna vertebral del comercio, tiene un importante potencial para promocionar este objetivo.

3.8.

El objetivo 9 defiende el desarrollo de infraestructuras resilientes y sostenibles en los países en desarrollo. Ello está relacionado con el objetivo 10, que trata de reducir la desigualdad en y entre los países y aboga por fomentar la ayuda para el desarrollo y la inversión extranjera directa para los Estados con mayores necesidades.

3.9.

Al ayudar a generar desarrollo económico y empleo digno a través de la producción, el comercio y la inversión, el transporte también desempeña un papel en los esfuerzos por alcanzar el objetivo 1, que tiene como finalidad acabar con la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

4.   Transporte y ODS: posibilitar el acceso a bienes y servicios

4.1.

Los consumidores utilizan el transporte para tener acceso a productos esenciales, como los alimentos, como se menciona en el objetivo 2, y a otros productos básicos o más lujosos. Además, las personas también necesitan el transporte para acceder a los servicios, tales como los relacionados con el turismo, las actividades de ocio o los sistemas de asistencia social.

4.2.

El transporte es uno de los elementos principales que conectan los mercados, ya sea el mercado único o el comercio internacional. Los mercados conectados generan eficacia y mayores beneficios y, de esta manera, contribuyen a la accesibilidad y asequibilidad de los bienes para los consumidores.

4.3.

El transporte también es esencial para la prestación y el uso de servicios sanitarios, tanto en la UE como a escala mundial. Por lo tanto, el transporte contribuye a alcanzar el objetivo 3, que tiene como finalidad prevenir y tratar enfermedades, y garantizar una vida sana y bienestar para todos.

4.4.

Lo mismo puede decirse respecto de impartir enseñanza y recibirla. Por consiguiente, el transporte contribuye al objetivo 4, cuya finalidad es garantizar una educación de calidad integradora y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

5.   Transporte y ODS: sentar las bases para la movilidad

5.1.

El transporte debe ser accesible, asequible, fluido, eficaz y seguro para permitir la movilidad de las personas y las mercancías. Por lo tanto, es fundamental que la UE impulse las inversiones en infraestructura y tecnología adecuadas y mejore los sistemas de transporte eficaces.

5.2.

El objetivo 9 tiene un efecto positivo directo sobre el transporte, dado que aboga por desarrollar «infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad» a fin de apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.

5.3.

Los cruces fronterizos fluidos en el mercado interior y en el transporte internacional y los viajes son de suma importancia para que los mercados funcionen correctamente y para el flujo de mercancías y de personas. El objetivo 9 promueve esta meta haciendo hincapié en el papel de la infraestructura transfronteriza.

5.4.

El objetivo 11 busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Pide que se ofrezca un acceso seguro, asequible, accesible y sostenible a los sistemas de transporte para todos y se preste especial atención a las necesidades de las personas en situaciones vulnerables, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada. Esto requiere una planificación adecuada del uso del suelo y los sistemas de tráfico, así como inversiones públicas adecuadas en infraestructura. El desarrollo del transporte público desempeña un importante papel en este ámbito, tanto en zonas urbanas como rurales.

5.5.

En cuanto a la innovación, el objetivo 9 aboga por mejorar la investigación científica y modernizar las capacidades tecnológicas de los sectores industriales. Esto también es importante desde el punto de vista del desarrollo del transporte y los sectores relacionados con este.

5.6.

Asimismo, el objetivo 7 requiere la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y tecnologías de energía limpia, así como la promoción de la inversión en infraestructura energética y tecnologías energéticas limpias. Estas medidas, incluida la infraestructura para combustibles alternativos y la recarga eléctrica, también impulsan la descarbonización del transporte.

5.7.

Con el aumento de la digitalización y la robotización del transporte, debe prestarse cada vez más atención a las necesidades de infraestructura digital, incluida la gestión del tráfico y los sistemas de control automatizados. El objetivo 9 menciona la necesidad de aumentar significativamente el acceso a las TIC y de esforzarse por ofrecer un acceso universal y asequible a internet. El objetivo 17, a su vez, pide que se mejore el uso de la tecnología de capacitación, especialmente las TIC. La digitalización incrementa la eficacia de la logística y facilita que se proporcione mejor información sobre el transporte a los pasajeros, por ejemplo.

6.   Transporte y ODS: responder a las expectativas sociales

6.1.

Aunque el transporte contribuye a la asistencia sanitaria y el bienestar, también genera riesgos sanitarios debido a la contaminación, como las partículas en el aire, y accidentes de tráfico. El objetivo 3 aspira a conseguir que se reduzcan de forma sustancial dichos riesgos. Unos sistemas eficaces de gestión del tráfico junto con la reglamentación y su cumplimiento son todos ellos medios necesarios para mejorar la seguridad vial. Al reducir el margen de error humano, la automatización avanzada permitirá incrementar la seguridad del transporte, a pesar de las preocupaciones que suscita la tecnología.

6.2.

La educación y la formación que exige el objetivo 4 son esenciales para garantizar las capacidades necesarias de los trabajadores y los empresarios en los sectores relacionados con el transporte. Los cambios en las tareas ocasionados, por ejemplo, por la digitalización implican un cambio considerable en la demanda de capacidades. Por lo tanto, el objetivo 4 es un importante factor que posibilita el transporte.

6.3.

El objetivo 5 exige que se logre la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. El sector del transporte puede mejorar la igualdad de género atrayendo a más mujeres para que se incorporen como empresarias o trabajadoras de este sector y, por lo tanto, aprovechar todo el potencial de las personas de ambos sexos. El transporte, especialmente el transporte público, también debe ser seguro para las mujeres que lo utilizan.

6.4.

El objetivo 8 reivindica el empleo pleno y productivo, la prevención de la exclusión de los jóvenes, el trabajo decente para todos y la protección de los derechos laborales. Las condiciones a este respecto varían considerablemente. En los países en desarrollo, la aplicación de los derechos básicos de los trabajadores puede ser el objetivo más importante, mientras que en la UE las mayores preocupaciones para el futuro se refieren a la promoción del pleno empleo y el trabajo decente para todos.

6.5.

Gestionar los cambios estructurales que afronta la UE debido a la digitalización y la transición hacia una economía hipocarbónica requiere estrategias globales respecto de la forma de garantizar una transición justa y fluida, disminuir las repercusiones sociales negativas y responder a la escasez de capacidades profesionales.

6.6.

Además, el objetivo 10 preconiza el fomento de la inclusión social, económica y política de todos y la adopción de políticas que persigan una mayor igualdad. Estas políticas también impulsan el objetivo 1, que aspira a erradicar la pobreza. Con respecto al transporte, el objetivo 9 propugna el acceso asequible y equitativo para todos. Al facilitar el acceso al trabajo, los bienes y servicios, el transporte —especialmente el transporte público— desempeña un papel en la prevención de la exclusión de las personas.

6.7.

El objetivo 10 también aboga por facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas. Esto está relacionado con el transporte de dos maneras: el transporte desempeña un papel en la prevención de la pérdida de vidas humanas y en el desplazamiento seguro y legal de los refugiados y los migrantes. Por lo demás, el sector del transporte ofrece oportunidades para que los migrantes se integren en los mercados laborales.

7.   Transporte y ODS: alcanzar los objetivos ambientales

7.1.

Además de satisfacer las necesidades de movilidad de las personas y las empresas, el transporte debe cumplir los requisitos climáticos y ambientales. El objetivo 13 subraya la necesidad de una acción urgente para combatir el cambio climático y sus efectos. Dado que el transporte es una de las principales fuentes de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y un sector en el que las emisiones siguen aumentando, este objetivo plantea enormes dificultades para el transporte. Requiere esfuerzos adicionales a fin de lograr los objetivos establecidos en las políticas de la UE, así como la cooperación a nivel mundial en materia de transporte aéreo y marítimo internacional.

7.2.

La meta de disociar el crecimiento económico del deterioro medioambiental, tal como exige el objetivo 8, es un enorme desafío desde el punto de vista del transporte, ya que existe una fuerte correlación entre el transporte y el crecimiento económico. Por lo tanto, los esfuerzos para lograr la disociación requieren el desarrollo intensivo de sistemas de transporte sostenibles con un impacto medioambiental mínimo, la introducción de tecnologías avanzadas, así como enfoques de la movilidad nuevos e innovadores. Ello también corresponde al objetivo 12, que trata del consumo y la producción responsables.

7.3.

La infraestructura desempeña un papel importante respecto del impacto medioambiental del transporte. El objetivo 15 busca proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, que debe tenerse en cuenta en la ordenación territorial y la construcción de infraestructuras. Lo mismo se aplica al objetivo 11, que aborda la necesidad de intensificar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural mundial.

7.4.

Puesto que la energía es un requisito previo para el transporte, el objetivo 7, relacionado con la energía, también se aplica directamente a este sector. En dicho objetivo se aspira a un aumento sustancial del porcentaje de energía renovable en la combinación global de fuentes de energía, así como a una mejora significativa de la eficiencia energética. El objetivo 12, a su vez, incluye la meta de eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles perjudiciales. Dado el uso extendido de combustibles fósiles en el transporte, esta meta tiene un impacto evidente en el transporte y sus usuarios.

7.5.

El objetivo 14 aborda la conservación y el uso sostenible de los océanos, mares y recursos marinos. Además de las actividades terrestres, exige al transporte marítimo mejorar la gestión de los residuos y reducir las emisiones.

7.6.

Los efectos medioambientales no solo están relacionados con el propio transporte, sino también con el ciclo de vida de los vehículos, aeronaves y buques desde la fabricación hasta el fin de vida útil. Dichos efectos pueden reducirse mejorando la eficiencia de los recursos y el uso de tecnologías limpias en los procesos industriales, junto con el reciclaje y la reutilización, como se pide en los objetivos 9 y 12.

7.7.

Las medidas que mejoran el flujo del tráfico también tienen un papel que desempeñar en la reducción de las emisiones. Con tal fin, son sumamente importantes unas infraestructuras de alta calidad y cruces fronterizos fluidos, el uso del suelo y el ordenamiento urbano, un transporte público eficiente y alternativas de transporte multimodal de mercancías.

7.8.

El desarrollo del transporte autónomo puede dar lugar a un mayor uso de automóviles privados debido a su mayor comodidad para los pasajeros. Por otro lado, se pretende que los sistemas de vehículos compartidos y el recurso al transporte público hagan que disminuya el número de automóviles particulares. En resumen, la digitalización y la robotización conducen a un transporte y una logística más eficaces, lo cual tiene un impacto positivo en los efectos del transporte sobre el medio ambiente y el clima.

7.9.

Además de que existe una necesidad de reducir las emisiones generadas por el transporte, este también contribuye a prevenir y solucionar problemas climáticos y ambientales al permitir la difusión de tecnologías, productos y soluciones hipocarbónicos y respetuosos con el medio ambiente, tal como exige el objetivo 17.

8.   Transporte y ODS: repercusiones en la formulación de las políticas de la UE

8.1.

El análisis presentado en los puntos anteriores muestra claramente que el transporte está relacionado con un gran número de ODS. Debido a que el transporte es un factor indispensable que posibilita varios ODS, debe reconocerse plenamente su papel en la aplicación de los ODS a escala local, nacional y de la UE.

8.2.

Entretanto, la política de transportes de la UE debe considerar los ODS de forma integrada, con la finalidad de sentar las bases para mejorar el transporte y la movilidad al tiempo que se respetan los objetivos sociales y ambientales.

8.3.

Abordar el tema del transporte desde los distintos puntos de partida de las diversas áreas políticas («un solo asunto a la vez»), conduce a soluciones ineficientes. Por tanto, es fundamental que la política de transportes se desarrolle de forma conjunta. Por lo tanto, el CESE pide a la Comisión que prepare un nuevo marco normativo integrado para la próxima generación de la política de transportes. Este marco deberá guiar decisiones más detalladas relacionadas con el transporte.

8.4.

El marco político también debe incluir una dimensión mundial, cuyo objetivo es integrar los ODS en la acción exterior y la cooperación internacional relacionadas con el transporte.

8.5.

Puesto que el transporte es un asunto que concierne a toda la sociedad, es importante hacer que la sociedad civil participe en el desarrollo y la aplicación de la política de transportes. Esto correspondería al objetivo 16, que exige una toma de decisiones sensible, inclusiva, participativa y representativa a todos los niveles. En lo que respecta a las cuestiones relacionadas con el mercado laboral y los procesos de transición, el diálogo social debe desempeñar un papel clave.

8.6.

El objetivo 17, a su vez, aboga por fomentar y promover alianzas eficaces públicas, público-privadas y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas. Aunque resulta fundamental el papel del sector público, el CESE pide a los responsables políticos de la UE que reconozcan plenamente el papel esencial de las actividades y las alianzas de carácter ascendente, ya que contribuyen a encontrar las mejores soluciones posibles para los desafíos relacionados con el transporte y las mejores formas de aprovechar las oportunidades, por ejemplo a través de nuevos modelos de producción y consumo desarrollados por las empresas y los ciudadanos.

8.7.

Además, el CESE pide a la Comisión que evalúe los indicadores de los ODS desde el punto de vista del transporte y que potencie el desarrollo de indicadores que sean relevantes, ofrezcan una visión realista e informativa de los avances y estén en consonancia con el enfoque integrado, como se ha señalado antes.

Bruselas, 11 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/15


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Conceptos de la UE para gestionar la transición en un mundo laboral digitalizado: aportación clave para un Libro Blanco de la UE sobre el futuro del trabajo»

[Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia austriaca]

(2018/C 367/03)

Ponente:

Franca SALIS-MADINIER (FR-II)

Coponente:

Ulrich SAMM (DE-I)

Dictamen solicitado por la Presidencia austriaca del Consejo

Carta de 12.2.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Artículo 29, apartado 1, del Reglamento interno

Dictamen exploratorio

Decisión de la Mesa

13.3.2018

Sección competente

Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobado en sección

6.6.2018

Aprobado en el pleno

11.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

152/1/4

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) respalda una transición digital justa, anclada en el respeto de los valores europeos de pleno empleo, progreso social, alto nivel de protección y reducción de la pobreza y la desigualdad.

1.2.

El CESE aboga por que las inmensas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías beneficien a todos: trabajadores, ciudadanos y empresas. En esta transformación no debe haber perdedores. Las políticas han de tender, de forma prioritaria, a reforzar las trayectorias individuales —a fin de equipar a todos los ciudadanos con competencias adecuadas— y los sistemas de seguridad social organizados colectivamente para favorecer el acceso a las prestaciones de seguridad social con arreglo a lo dispuesto en la Carta de los Derechos Fundamentales, las prioridades proclamadas por las instancias europeas en Gotemburgo en el marco del pilar europeo de derechos sociales y los convenios de la OIT.

1.3.

Los puestos de trabajo son susceptibles de modificación debido al efecto de la automatización, la digitalización y la IA. El CESE considera prioritario actualizar las competencias de los trabajadores europeos, en particular de aquellos cuyos niveles de cualificación y competencias obsoletas les impiden ocupar puestos de trabajo nuevos o que se vean modificados por la tecnología. El CESE considera que urge una política, a escala de la UE y de los Estados miembros, en favor de la transformación de la formación inicial y a lo largo de toda la vida, a fin de favorecer las pedagogías adecuadas, capaces de desarrollar las competencias creativas y digitales, cada vez más necesarias en los nuevos puestos de trabajo.

1.4.

Una prioridad central ha de ser su carácter mixto: en los sectores con un alto componente digital, la situación es alarmante ya que las mujeres apenas están representadas (1). Es importante seguir y medir estas tendencias, y promover el acceso de las mujeres a estos sectores.

1.5.

El CESE observa que solo el 0,3 % del gasto público total en la UE (2) se destina a inversiones en políticas sociales. Deben proporcionarse recursos suficientes, en particular en el contexto del próximo marco financiero plurianual de la UE para después de 2020 (3), para reforzar estas políticas y acompañar la transformación digital en el mundo laboral, en beneficio de los trabajadores, las empresas y la sociedad en su conjunto.

1.6.

Las ganancias de productividad fruto de la digitalización pueden liberar recursos adicionales. El CESE recomienda que el diálogo social sobre el reparto del valor añadido se organice a escala del sector y de la empresa para acordar las modalidades de uso.

1.7.

Para cubrir todas las formas flexibles de empleo que la digitalización crea y que ningún trabajador se quede atrás (4), el CESE considera prioritario preservar la calidad y la viabilidad financiera de los sistemas de protección social. El CESE insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que organicen la concertación con los interlocutores sociales para adaptar los regímenes de protección social, especialmente en beneficio de los trabajadores que, debido a su estatuto, no están lo suficientemente cubiertos por estos regímenes.

1.8.

En el marco de la introducción de nuevas tecnologías, como la robótica o las máquinas inteligentes, el estudio del CESE recuerda la importancia de la información y la consulta de los representantes de los trabajadores en fases previas y la necesidad de la negociación colectiva para acompañar los cambios que generan estas tecnologías (5). Recuerda también que la Directiva relativa a los comités de empresa europeos prevé que esta consulta sea obligatoria (6).

1.9.

Por lo que respecta a la inteligencia artificial (IA), el CESE resalta que el funcionamiento poco transparente de los algoritmos y el modo en que toman decisiones que escapan al control humano plantean inmensos retos a la UE, así como cuestiones fundamentales sobre la sociedad en la que queremos vivir. El CESE ya ha hecho hincapié en que, en el nuevo mundo laboral, resulta esencial definir la relación del ser humano con la máquina. Asimismo, se considera fundamental adoptar un enfoque centrado en el control de la máquina por el ser humano (7).

1.10.

El CESE apoya marcos estratégicos universales de la IA que otorguen a la UE una ventaja competitiva (8) y alienta el desarrollo de una IA socialmente responsable y al servicio del bien común. Hace hincapié en que la UE debe apoyar el nuevo ámbito de investigación de la «ergonometría cognoscitiva», cuyo objetivo es adoptar medidas que favorezcan un uso de las tecnologías inteligentes centrados en el ser humano.

2.   Introducción

2.1.

El CESE se ha pronunciado ya, en el marco de tres dictámenes exploratorios solicitados por las Presidencias estonia y búlgara del Consejo, sobre las nuevas formas de trabajo y el futuro del trabajo (9). Esos dictámenes se han enriquecido con una reflexión más amplia sobre «Un concepto sostenible a nivel social para la era digital», desarrollada en el marco de otro dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia búlgara (10).

2.2.

El CESE se opone al postulado de que «con la digitalización habrá ganadores y perdedores». En el presente dictamen, el CESE presenta propuestas para que la digitalización beneficie a todos los ciudadanos y nadie se quede al margen.

2.3.

Para evitar que se quede atrás una parte de los trabajadores y los ciudadanos, deberán aumentarse los gastos destinados a inversión en políticas sociales, que actualmente solo representan el 0,3 % del gasto público total en la UE (11). Deben proporcionarse recursos suficientes, en particular en el contexto del próximo marco financiero plurianual de la UE para después de 2020 (12), para acompañar la transformación digital en el mundo laboral.

2.4.

El CESE destaca que, para que la automatización beneficie a la sociedad en su conjunto, la UE y sus Estados miembros deben ser capaces de confiar en un sistema de aprendizaje permanente de calidad y que funcione correctamente, un diálogo social permanente entre las partes interesadas, una negociación colectiva pertinente y un sistema fiscal adecuado.

2.5.

Es urgente actuar ya para asegurar la disponibilidad de competencias adecuadas para el futuro, de forma que la UE y todos sus Estados miembros sigan siendo competitivos y capaces de crear nuevas empresas y nuevos empleos, garantizar que las personas sigan estando en condiciones de integrarse en el mercado laboral a lo largo de su carrera profesional y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.

3.   Una IA al servicio de los seres humanos para una transición justa y de calidad

3.1.

El CESE resalta los retos que plantea a la UE la IA, entendida como el conjunto de tecnologías tendentes a llevar a cabo mediante la informática tareas cognitivas tradicionalmente realizadas por seres humanos.

3.2.

La digitalización y una IA cada vez más potente y eficiente deben estar controladas, y sus posibles efectos negativos deben anticiparse y regularse, para que beneficien a los trabajadores, los ciudadanos, las empresas, los Estados miembros y la UE.

3.3.

El CESE considera que la nueva generación de los llamados «robots colaborativos» representa una oportunidad que puede beneficiar a la sociedad en su conjunto. Estos robots pueden convertirse en verdaderos colaboradores de los trabajadores, simplificando su trabajo diario de manera que sea menos estresante. También pueden ayudar a las personas con discapacidad física o cognitiva y, especialmente, a aquellas con movilidad reducida.

3.4.

El CESE insiste una vez más (13) en el enfoque basado en el control humano (human-in-command) en todas las fases del proceso de digitalización. Nuestra sociedad debe hacer frente al temor de que algún día los sistemas de IA, en particular, puedan decidir sobre aspectos importantes de nuestra vida sin ninguna interacción humana. El enfoque basado en el control humano define un principio que garantiza que el papel de las máquinas consista claramente en servir a las personas y que las cuestiones más complejas, como asumir responsabilidades y considerar asuntos controvertidos o éticos o el comportamiento irracional, sigan estando bajo control humano. Este principio de carácter muy general puede servir como guía para futuras normativas.

3.5.

Tal como ha recordado el CESE en su dictamen de iniciativa sobre la inteligencia artificial (14), el control de los algoritmos y su transparencia representan un enorme reto para nuestras democracias y nuestras libertades fundamentales, también en el mercado laboral. La UE debe marcarse el objetivo de una transformación digital social y éticamente responsable. El CESE apoya marcos estratégicos universales de la IA que otorguen a la UE una ventaja competitiva. Hace hincapié en que la UE debe apoyar el nuevo ámbito de investigación de la «ergonometría cognoscitiva», cuyo objetivo es adoptar medidas que favorezcan un uso de las tecnologías inteligentes centrado en el ser humano.

3.6.

Utilizando algoritmos sesgados, las decisiones y elecciones realizadas pueden acentuar la discriminación en las empresas, por ejemplo en las prácticas de contratación y en las actividades de recursos humanos en general (15). No obstante, una buena programación de los datos y los algoritmos puede hacer también que la contratación y las políticas en el ámbito de los recursos humanos sean más «inteligentes» y justas.

3.7.

Los investigadores, ingenieros y empresarios europeos que contribuyen al diseño, el desarrollo y la comercialización de sistemas de IA, deben actuar con arreglo a criterios de responsabilidad ética y social. La integración ética y de las ciencias humanas en el plan de estudios de ingeniería puede constituir una buena respuesta ante este imperativo (16). Un código de conducta de la IA podría ser apropiado.

3.8.

El CESE desea llamar la atención sobre una amenaza que plantea la IA para la ciberseguridad y la privacidad. Esta nueva tecnología hace que sea mucho más fácil realizar imágenes, vídeos, discursos y textos falsificados de gran calidad. Las políticas de la UE deben conceder la máxima prioridad a esta grave amenaza.

4.   Observaciones generales

4.1.   Repercusión en el empleo

4.1.1.

La cuestión de la repercusión que tendrán la automatización, la digitalización y la IA en los distintos procesos de producción es muy controvertida. Dependiendo del método adoptado —análisis de las tareas o de los puestos de trabajo—, las previsiones de pérdida de empleos varían enormemente (17).

4.1.2.

Independientemente de esas variaciones, lo cierto es que la gran mayoría de los puestos de trabajo se verán afectados por la digitalización, si bien algunos oficios lo serán más que otros y podrían desaparecer a corto plazo (18). Otros se transformarán y necesitarán una recalificación.

4.1.3.

Se observan importantes diferencias en cuanto a la repercusión de la automatización en el empleo entre los Estados miembros de la Unión Europea (19). Según un estudio de la OCDE, en general, en el Reino Unido, los países nórdicos y los Países Bajos los puestos de trabajo están menos sometidos a la automatización que en los países orientales y meridionales de la UE (20). Diversos factores pueden explicar estas divergencias: diferencias en la organización de las tareas en todos los sectores económicos, en la estructura sectorial y en las inversiones (los países que aún no han adoptado tecnologías capaces de sustituir a la mano de obra ni invertido en ellas tienen una estructura de las tareas que se presta más a la automatización). También hay disparidades en la organización del lugar de trabajo en general, o incluso en el nivel educativo de los trabajadores.

4.2.   Garantizar las competencias clave de todos los ciudadanos

4.2.1.

Ante estas diferencias, unas competencias adecuadas pueden ayudar a los Estados miembros de la UE a integrarse mejor en los mercados globalizados y especializarse en las tecnologías más avanzadas, con unas empresas más innovadoras y que sigan siendo competitivas. Para ello, todos los sectores necesitan trabajadores que posean no solo elevadas competencias cognitivas y creativas (en lectura, escritura, aritmética y resolución de problemas complejos), sino también capacidades de dirección y comunicación y aptitud para el aprendizaje.

4.2.2.

Los trabajadores que requieren medidas prioritarias y un mayor acompañamiento son los que ocupan puestos de trabajo para los que se requieren pocas cualificaciones y que tienen mayor potencial de automatización, transformación, sustitución e incluso desaparición.

4.2.3.

En la UE, la brecha entre las competencias y los futuros empleos es cada vez mayor. En los Estados miembros de la UE, el 22 % de los trabajadores pueden carecer de las competencias digitales adecuadas para la evolución de su puesto de trabajo (21). Desde 2008 ha aumentado la duración media del desempleo y el desempleo de larga duración, en especial para los trabajadores poco cualificados.

4.2.4.

Como se indica en un dictamen reciente del CESE, ante las dificultades de los desempleados para acceder al empleo, es urgente abordar, mediante el diálogo social en los sectores, los territorios y a nivel nacional y europeo, la cuestión de la formación y las competencias (22), para que todos los trabajadores puedan acceder a un empleo de calidad y evolucionar en su trayectoria profesional.

4.3.   Transformar la formación inicial y fomentar la formación durante toda la vida

4.3.1.

Habida cuenta de estos retos, el CESE considera urgente que la UE y los Estados miembros apliquen una política que permita transformar la formación inicial y a lo largo de toda la vida, a fin de favorecer las pedagogías pertinentes, capaces de desarrollar las competencias creativas, que cada vez son más importantes.

4.3.2.

Una sola política uniforme a escala europea puede resultar ineficaz, ya que los Estados miembros registran problemas diferentes, pero es necesaria, desde cualquier punto de vista, una política destinada a reducir las diferencias entre las competencias disponibles y los empleos futuros (23).

4.4.   Puntos de vigilancia del riesgo de discriminación en el trabajo y en la sociedad

4.4.1.

Igualdad entre hombres y mujeres: los puestos de trabajo del futuro y los que estarán más reconocidos y mejor remunerados serán los que se inscriben en el ámbito de las CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y, en particular, en el sector de las tecnologías de la información (TI). Una prioridad central ha de ser su carácter mixto: en los sectores con un alto componente digital, la situación es alarmante ya que las mujeres apenas están representadas (24). Es importante seguir y medir estas tendencias, así como promover el acceso de las mujeres a estos sectores, si queremos evitar más desigualdades en el futuro mundo laboral (25).

4.4.2.

Desigualdades en cuanto a la edad: los cambios en el mundo del trabajo tienen consecuencias en las condiciones laborales de los trabajadores, cualquiera que sea su edad. Esas transformaciones pueden repercutir en la posibilidad de encontrar un trabajo que dure toda la vida profesional. Por ejemplo, el recurso a contratos de duración determinada, que en la actualidad y de manera un tanto injusta se reserva mayoritariamente a los trabajadores jóvenes (26), podría extenderse a trabajadores de más edad, con posibles consecuencias. Al mismo tiempo, el desarrollo tecnológico asociado a la digitalización puede ofrecer oportunidades a los trabajadores de más edad. Es necesario seguir esta evolución en los estudios sobre el trabajo.

5.   Un diálogo social y civil que innova y anticipa

5.1.

El diálogo social a todos los niveles —europeo, nacional, sectorial, regional y empresarial— debe integrar plenamente los retos digitales y desarrollar políticas de anticipación basadas en datos pertinentes sobre los oficios afectados por los cambios, los nuevos empleos creados y las competencias que hay que desarrollar para ocupar estos nuevos puestos de trabajo.

5.2.

El diálogo social debe abordar de forma más global las condiciones de trabajo en la época de la automatización, a fin de tener en cuenta los nuevos riesgos y oportunidades. Los acuerdos que ha generado el diálogo social en los diferentes Estados miembros de la UE y los distintos sectores deberían ser objeto de análisis por parte de la Comisión Europea a fin de aplicar esos resultados [derecho de desconexión (27), acuerdos de teletrabajo, derechos transferibles de la persona, firma de convenios colectivos con plataformas (28), etc.] (29).

5.3.

Para cubrir todas las formas flexibles de empleo que la digitalización crea y que ningún trabajador se quede en la cuneta (30), el CESE considera prioritario preservar la calidad y la viabilidad financiera de los sistemas de protección social, en línea con el pilar europeo de derechos sociales. El CESE insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que organicen la concertación con los interlocutores sociales para adaptar los regímenes de protección social a las nuevas formas de trabajo.

5.4.

Las ganancias de productividad fruto de la digitalización pueden liberar recursos adicionales. El diálogo social sobre el reparto del valor añadido y su distribución debe organizarse a escala del sector y de la empresa.

5.5.

Por lo que respecta a la fiscalidad, es necesario evaluar cuidadosamente las reformas de los sistemas fiscales para asegurar unos niveles impositivos similares para todas las formas de ingresos, ya sean estos generados en los sectores organizados de manera convencional o en la economía colaborativa.

5.6.

Las partes interesadas de la sociedad civil deberían estar activamente implicadas en estos avances. Las políticas de formación dirigidas a los grupos vulnerables ante los rápidos cambios tecnológicos, las políticas de desarrollo de la IA y de la digitalización, cuyos efectos afectan a todos los ciudadanos, legitiman el importante papel de las organizaciones de la sociedad civil.

Bruselas, 11 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Comisión Europea (2018). Women in the Digital Age.

(2)  COM(2017) 206 final, p. 28.

(3)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 1.

(4)  DO C 303 de 19.8.2016, p. 54 y DO C 129 de 11.4.2018, p. 7.

(5)  CESE (2017). Impact of digitalisation and the on-demand economy on labour markets and the consequences for employment and industrial relations.

(6)  DO L 122 de 16.5.2009, p. 28.

(7)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1.

(8)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1.

(9)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 30 y p. 36 y DO C 237 de 6.7.2018, p. 8.

(10)  DO C 237 de 6.7.2018, p. 1.

(11)  Unión Europea (2017). Documento de reflexión sobre la dimensión social de Europa, p. 24.

(12)  DO C 262 de 25.7.2018, p. 1.

(13)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1.

(14)  DO C 288 de 31.8.2017, p. 1.

(15)  OIT (2018). La influencia de la tecnología en la calidad y la cantidad del empleo; véase Villani, C. (2018). Donner un sens à l'intelligence artificielle: Pour une stratégie nationale et européenne.

(16)  Véase el informe de Cédric Villani sobre la inteligencia artificial (marzo de 2018).

(17)  Nedelkoska, L. y G. Quintini (2018). Automation, skills use and training. Documentos de trabajo de la OCDE sobre asuntos sociales, empleo y migración, n.o 202, Ediciones OCDE, París.

(18)  France Stratégie (2018). Intelligence artificielle et travail: rapport à la ministre du travail et au secrétaire d'État auprès du premier ministre, chargé du numérique.

(19)  Cedefop (2018). Insights into skill shortages and skill mismatch: learning from Cedefop’s European skills and job survey.

(20)  Nedelkoska, L. y G. Quintini (2018). Automation, skills use and training. Documentos de trabajo de la OCDE sobre asuntos sociales, empleo y migración, n.o 202, Ediciones OCDE, París.

(21)  Cedefop (2018). Insights into skill shortages and skill mismatch: learning from Cedefop’s European skills and job survey.

(22)  DO C 237 de 6.7.2018, p. 8.

(23)  Cedefop (2018). Insights into skill shortages and skill mismatch: learning from Cedefop’s European skills and job survey.

(24)  Comisión Europea (2018), Women in the Digital Age.

(25)  Comisión Europea (2015). Monitoring the digital economy & society 2016-2021.

(26)  Eurofound (2017), Non-estándar forms of employment: recent trends and future prospects, p. 7, y Eurofound (2017) Working conditions of workers at different ages.

(27)  DO C 237 de 6.7.2018, p. 8.

(28)  Véase el acuerdo firmado en Dinamarca.

(29)  DO C 434 de 15.12.2017, p. 30.

(30)  DO C 303 de 19.8.2016, p. 54 y DO C 129 de 11.4.2018, p. 7.


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/20


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La situación de las mujeres con discapacidad»

[Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo]

(2018/C 367/04)

Ponente:

Gunta ANČA

Consulta

Parlamento Europeo, 3.4.2018

Fundamento jurídico

Artículo 29 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Decisión del Pleno

13.3.2018

Sección competente

Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Aprobación en sección

6.6.2018

Aprobado en el pleno

11.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

187/2/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Las mujeres y las niñas con discapacidad siguen sufriendo una discriminación múltiple e interseccional basada en su género y su discapacidad. Las mujeres con discapacidad no tienen las mismas oportunidades de participar en pie de igualdad con otros en todos los aspectos de la sociedad. Con demasiada frecuencia, se las excluye, entre otras cosas, de la enseñanza y la formación inclusivas, el empleo, el acceso a programas de reducción de la pobreza, una vivienda adecuada y la participación en la vida política y pública, y una serie de actos legislativos les impide tomar decisiones sobre su propia vida, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos. Se topan con obstáculos que impiden el disfrute de sus derechos como ciudadanas de la UE (1).

1.2.

En el presente dictamen se pide a la UE que, junto con todos sus Estados miembros, aplique la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (2), las recomendaciones de la UE recibidas del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con respecto a las mujeres y las niñas con discapacidad en 2015 y la observación general n.o 3 sobre el artículo 6 de la Convención.

1.3.

Pedimos a la UE y sus Estados miembros que incluyan una perspectiva de discapacidad en su próxima estrategia, políticas y programas sobre igualdad de género, y una perspectiva de género en sus estrategias sobre discapacidad, incluida su futura Estrategia Europea sobre Discapacidad 2020-2030 y el pilar europeo de derechos sociales (3). El sucesor de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador también debería incluir la perspectiva de las mujeres con discapacidad, puesto que su participación económica y social es esencial para el éxito de la estrategia económica y social global de Europa (4).

1.4.

Deben adoptarse las medidas necesarias a nivel tanto europeo como nacional para entablar un diálogo estructurado con una línea presupuestaria independiente suficiente para garantizar una consulta significativa a las personas con discapacidad, incluidas las mujeres, las niñas y los niños con discapacidad, y su participación a través de sus organizaciones representativas en la aplicación y el seguimiento de la CDPD (5).

1.5.

Los instrumentos de financiación de la UE actuales y futuros, especialmente los Fondos Estructurales y el Fondo Social Europeo, deben utilizarse como herramientas fundamentales para ayudar a los Estados miembros a promover la accesibilidad y la no discriminación de las mujeres y las niñas con discapacidad (6).

1.6.

La UE y sus Estados miembros deben adherirse con rapidez al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) como paso para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad (7). Entre estas medidas debe incluirse la tipificación como delito de la violencia sexual y otros tipos de violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad, incluido el fin de la esterilización forzada (8).

1.7.

La UE y los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para que las mujeres y las niñas con discapacidad tengan igualdad de acceso a servicios de salud específicos para la discapacidad, así como a servicios convencionales accesibles. Todas las mujeres y niñas con discapacidad deben poder ejercer su capacidad jurídica tomando sus propias decisiones con respecto a un tratamiento médico o terapéutico, con apoyo cuando así lo deseen, entre otras cosas tomando sus propias decisiones sobre la conservación de la fertilidad y la autonomía reproductiva (9).

2.   Introducción

2.1.

Las mujeres con discapacidad siguen estando al margen de la sociedad. Su situación no solo es peor que la de las mujeres sin discapacidad, también es peor que la de sus homólogos masculinos (10).

2.2.

Las mujeres con discapacidad conforman el 16 % de la población femenina total de Europa. Esta cifra se basa en la población femenina actual de algo menos de 250 millones, por lo que en la Unión Europea (UE) hay aproximadamente 40 millones de mujeres y niñas con discapacidad (11).

2.3.

El número de personas mayores está aumentando en Europa y en todo el mundo, lo que implica que el número de personas con discapacidad se elevará en consecuencia. El número de mujeres con discapacidad aumentará de manera desproporcionada dada la mayor esperanza de vida de las mujeres (12).

2.4.

En el presente dictamen se pide a la UE que, junto con todos sus Estados miembros, aplique la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) (13), las recomendaciones de la UE recibidas del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con respecto a las mujeres y las niñas con discapacidad en 2015 y la observación general n.o 3 sobre el artículo 6 de la Convención. La UE y sus Estados miembros han de dotarse de inmediato de un plan de actuación, un calendario y recursos para la aplicación de la CDPD.

3.   Observaciones generales

Marco jurídico internacional y europeo

3.1.

La UE es Parte en la CDPD, junto con sus veintiocho Estados miembros. Actualmente están sujetos a la CDPD por el Derecho internacional, lo que significa que se han comprometido a promover, proteger y garantizar conjuntamente los derechos de las personas con discapacidad consagrados en la Convención, incluidos los de las mujeres y las niñas con discapacidad. La UE y sus Estados miembros deberían dar ejemplo, puesto que es la única organización de integración regional de todo el mundo que es Parte en la CDPD y ocupa una posición única para garantizar la protección armonizada e igualitaria de las mujeres y las niñas con discapacidad en toda Europa.

3.2.

La CDPD reconoce en su artículo 6 que «las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales establecidos en la presente Convención».

3.3.

En 2015, la UE recibió recomendaciones importantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sobre la forma de mejorar la situación de las personas, incluidas las mujeres y las niñas con discapacidad, en la Unión Europea.

3.4.

En 2016, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobó su observación general n.o 3 sobre el artículo 6 de la CDPD, que destaca que los Estados Partes en la Convención, incluida la UE, deben adoptar las medidas mencionadas anteriormente para promover los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad.

3.5.

Todos los Estados miembros de la UE son también Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el instrumento jurídico internacional más completo para impulsar la igualdad de reconocimiento, disfrute y ejercicio de todos los derechos humanos de la mujer en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil y doméstico. Las mujeres y las niñas con discapacidad también deben disfrutar plenamente y ser incluidas en los esfuerzos nacionales de aplicación de esta Convención.

3.6.

Los artículos 10 y 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) obligan a la UE a luchar contra la discriminación por razón de sexo, origen étnico o racial, religión o creencia, discapacidad, edad u orientación sexual al definir y aplicar sus políticas y actividades y mediante la adopción de medidas adecuadas. El artículo 8 del TFUE establece que: «En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad».

3.7.

Los artículos 20 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíben la discriminación por razón de discapacidad y reconocen el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad. La Carta también se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres y a la no discriminación por una serie de motivos, entre ellos el sexo.

4.   Recomendaciones generales

4.1.

En contra de las referencias de la CDPD, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el TFUE y la Carta, la Unión Europea no ha incorporado una perspectiva de discapacidad en todas sus políticas, programas y estrategias de género ni ha adoptado una perspectiva de género en sus estrategias sobre discapacidad. La UE y sus Estados miembros carecen actualmente de un marco jurídico sólido para proteger, promover y garantizar todos los derechos humanos de las mujeres y las niñas con discapacidad. Pedimos a la UE y sus Estados miembros que incluyan una perspectiva de discapacidad en su próxima estrategia, políticas y programas sobre igualdad de género, y una perspectiva de género en sus estrategias sobre discapacidad, incluida su futura Estrategia Europea sobre Discapacidad 2020-2030 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales. El sucesor de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador también debería incluir la perspectiva de las mujeres con discapacidad, puesto que su participación económica y social es esencial para el éxito de la estrategia económica y social global de Europa (14).

4.2.

La UE y sus Estados miembros no consultan ni financian lo suficiente a organizaciones que representan a las mujeres y las niñas con discapacidad. Deben adoptarse las medidas necesarias a nivel tanto europeo como nacional para entablar un diálogo estructurado con una línea presupuestaria independiente suficiente para garantizar una consulta significativa a las personas con discapacidad, incluidas las mujeres, las niñas y los niños con discapacidad, y su participación a través de sus organizaciones representativas en la aplicación y el seguimiento de la CDPD (15).

4.3.

Las mujeres y las niñas con discapacidad siguen encontrándose al margen de todas las organizaciones de derechos humanos. Los informes periódicos elaborados por los órganos pertinentes creados en virtud de los Tratados de derechos humanos de la Unión Europea y los Estados miembros deben incluir automáticamente información sobre las mujeres con discapacidad. Esta práctica debe extenderse a todas las instituciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos tanto a nivel europeo como nacional, incluidas las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias, las mujeres en general y las mujeres con discapacidad (16).

4.4.

La UE y sus Estados miembros carecen de datos e indicadores de derechos humanos coherentes y comparables sobre las mujeres y las niñas con discapacidad, así como de investigaciones sobre su situación en la UE (17). El CESE recomienda que las agencias europeas —y, en particular, Eurofound, Cedefop, FRA y EIGE— adopten un planteamiento más sistemático en su trabajo con las personas con discapacidad y en relación con su situación en el mercado laboral y en la sociedad. Al actuar en este sentido, se debería prestar especial atención a la situación de las mujeres y al hecho de que la interseccionalidad puede dar lugar a numerosas formas de discriminación. Además, el CESE recomienda la inclusión sin ambages de esta cuestión en sus respectivos programas de trabajo. Tanto a nivel de la Unión como nacional, las cuestiones relativas a las mujeres y las niñas con discapacidad deben incorporarse en la recopilación de datos y estadísticas específicos por género y edad, así como en las series estadísticas y encuestas existentes, de conformidad con los principios de la CDPD. Para guiar la planificación de políticas, debería establecerse un mecanismo para supervisar los avances y financiar la recopilación de datos, estudios e investigaciones sobre las mujeres y las niñas con discapacidad y la discriminación interseccional que sufren, también por parte de los grupos más marginados de la sociedad como los provenientes de minorías étnicas o religiosas. Todas las investigaciones sobre los derechos de las personas con discapacidad deben tener en cuenta la perspectiva de género, y la investigación sobre las mujeres y las niñas debe integrar la perspectiva de la discapacidad.

4.5.

Los instrumentos de financiación de la UE actuales y futuros, especialmente los Fondos Estructurales y el Fondo Social Europeo, deben utilizarse como herramientas fundamentales para ayudar a los Estados miembros a promover la accesibilidad y la no discriminación de las mujeres y las niñas con discapacidad (18), así como para sensibilizar y aumentar la visibilidad de las oportunidades de financiación de medidas de este tipo en los programas posteriores a 2020. Las organizaciones de personas con discapacidad deben recibir información accesible y asistencia para aprovechar las posibilidades de financiación.

4.6.

Las mujeres y las niñas con discapacidad corren un mayor riesgo de ser víctimas de discriminación múltiple e interseccional en Europa. La intersección de la raza, el origen étnico, la clase social, la edad, la orientación sexual, la nacionalidad, la religión, el sexo, la discapacidad, la condición de refugiada o migrante, etc. tiene un efecto multiplicador que aumenta la discriminación que sufren las mujeres y las niñas con discapacidad (19). Esta discriminación surge de la forma en que las personas construyen su identidad, al no reconocer la diversidad que existe entre las mujeres con discapacidad y tender a homogeneizarlas en todos los espacios sociales y considerar su realidad desde una perspectiva exclusiva (20). La UE y sus Estados miembros deben derogar toda la legislación, políticas y prácticas discriminatorias y prohibir toda discriminación por razón de género y discapacidad y sus formas interseccionales, entre otras cosas adoptando una legislación europea sólida y amplia que proteja a las mujeres con discapacidad de la discriminación transversal en todos los ámbitos de la vida (21).

4.7.

La historia, las actitudes y los prejuicios en la comunidad, incluido el círculo familiar, han estereotipado a las mujeres y las niñas con discapacidad de manera negativa, contribuyendo así a su aislamiento y exclusión social. Son casi completamente ignoradas por los medios de comunicación y, cuando aparecen, el planteamiento consiste en tratar a las mujeres con discapacidad desde una perspectiva médica asexual e ignorar sus capacidades y contribución al entorno circundante (22). Las mujeres y las niñas con discapacidad no conocen suficientemente sus derechos con arreglo a la CDPD, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la legislación de la UE. La UE y sus Estados miembros deben poner en marcha una campaña exhaustiva para sensibilizar sobre la CDPD y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aumentar la visibilidad y concienciación sobre la situación de las mujeres con discapacidad y combatir los prejuicios contra las mujeres y las niñas con discapacidad (23). Se debe apoyar a los medios de comunicación para que consulten e involucren a las mujeres con discapacidad, preferiblemente nombradas por sus organizaciones, que también deben participar en presentaciones y supervisar programas. Las organizaciones de personas con discapacidad deben recibir la financiación necesaria para informar y formar a mujeres y niñas con discapacidad y a sus familias sobre sus derechos con arreglo a la CDPD.

4.8.

La UE como administración pública tiene la obligación de aplicar la CDPD a nivel interno dentro de sus instituciones. Debe garantizar que las cuestiones relativas a las mujeres y las niñas con discapacidad se incluyan plenamente y se respeten en sus actos y reuniones, actividades de comunicación, información y consulta, y políticas de seguridad social y empleo, y debe esforzarse por garantizar que sus presupuestos tengan en cuenta las cuestiones de género. Deberían emprenderse acciones positivas para garantizar que las mujeres con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en el trabajo y el funcionamiento de las instituciones de la UE.

5.   Observaciones específicas

5.1.   Violencia

5.1.1.

Las mujeres con discapacidad sufren mayor riesgo de violencia, explotación y abuso que otras mujeres. La violencia puede ser interpersonal, institucional o estructural. La violencia institucional o estructural es toda forma de desigualdad estructural o discriminación institucional que mantiene a las mujeres en una posición subordinada, ya sea física o ideológica, en comparación con otras personas de su familia, hogar o comunidad (24). Un estudio de 2014 realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea estimó que las mujeres y las niñas con discapacidad tienen entre tres y cinco veces más probabilidades de ser víctimas de violencia, especialmente violencia doméstica (25).

5.1.2.

La legislación europea y nacional sobre la prevención de la explotación, la violencia y el abuso a menudo no presta atención a las mujeres y las niñas con discapacidad. La UE debe adoptar las medidas necesarias para integrar la discapacidad en toda la legislación, políticas y estrategias para luchar contra la violencia, el abuso y la explotación (26). Hay que tipificar como delito la violencia contra las mujeres, y tomar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas que sean adecuadas para proteger a las mujeres y niñas con discapacidad, tanto dentro como fuera del hogar, frente a todas las formas de explotación, violencia y abusos, y facilitar su acceso a la justicia mediante la proporción de apoyo y asistencia adecuados basados en la comunidad, teniendo en cuenta sus necesidades específicas, incluidos dispositivos de asistencia, para evitar el aislamiento y el confinamiento en el hogar (27).

5.1.3.

La UE y sus Estados miembros deben adherirse con rapidez al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) como paso para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad. Entre estas medidas debe incluirse la tipificación como delito de la violencia sexual y otros tipos de violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad, incluido el fin de la esterilización forzada (28).

5.2.   Salud y derechos sexuales y reproductivos, incluido el respeto del hogar y la familia

5.2.1.

Los estereotipos erróneos relacionados con la discapacidad y el género son una forma de discriminación que tiene una repercusión especialmente grave en el disfrute de la salud y los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a fundar una familia. Entre los estereotipos perjudiciales para las mujeres con discapacidad está la creencia de que son asexuales, incapaces, irracionales o hipersexuales (29).

5.2.2.

A menudo se ignoran las preferencias de las mujeres con discapacidad, especialmente las mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, y sus decisiones suelen sustituirse por las de terceros, incluidos representantes legales, proveedores de servicios, tutores y familiares, violando sus derechos con arreglo al artículo 12 de la CDPD (30). Con demasiada frecuencia, las mujeres y las niñas con discapacidad se ven obligadas a someterse a la esterilización, a la práctica del aborto u otras formas de control de su fertilidad. La UE y los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que todas las mujeres con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica tomando sus propias decisiones con respecto al tratamiento médico o terapéutico, con apoyo cuando así lo deseen, entre otras cosas tomando sus propias decisiones sobre la conservación de la fertilidad y la autonomía reproductiva, ejerciendo su derecho a elegir el número de hijos y el intervalo entre ellos y las cuestiones relacionadas con su sexualidad, y ejerciendo su derecho a entablar relaciones. Esto debe suceder sin coacción, discriminación ni violencia. La esterilización y el aborto forzados son una forma de violencia contra las mujeres y debe tipificarse como delito, con arreglo a lo previsto en el artículo 39 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (31).

5.2.3.

A las mujeres con discapacidad también se les puede denegar el acceso a la información, comunicación y educación sobre su salud sexual y reproductiva y los derechos aparejados a ella, sobre la base de estereotipos perjudiciales que suponen que son asexuales y, por lo tanto, no necesitan esta información en igualdad de condiciones con otros. También puede que la información no esté disponible en formatos accesibles. Los establecimientos y equipos sanitarios, incluidas las máquinas de mamografías y las camillas de reconocimiento ginecológico, a menudo son físicamente inaccesibles para las mujeres con discapacidad (32). La UE y los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para que las mujeres y las niñas con discapacidad tengan igualdad de acceso a servicios de salud específicos para la discapacidad, así como a servicios convencionales accesibles, como atención dental y oftalmológica, salud sexual y reproductiva y servicios preventivos, incluidas consultas ginecológicas, exámenes médicos, planificación familiar y apoyo adaptado durante el embarazo.

5.2.4.

Deben adoptarse las medidas necesarias en materia de formación, sobre todo la destinada a profesionales de la salud y personas que trabajen en el ámbito jurídico, para garantizar que escuchan las voces de las niñas y las mujeres con discapacidad durante las investigaciones y actuaciones judiciales. Estas medidas deberían emprenderse en estrecha colaboración con las organizaciones representativas de las personas con discapacidad.

5.3.   Educación y formación

5.3.1.

Los estereotipos perjudiciales sobre género y discapacidad se combinan para alimentar actitudes, políticas y prácticas discriminatorias, como utilizar material didáctico para perpetuar estereotipos erróneos sobre género y discapacidad, llevar a cabo actividades familiares sobre la base del género, asignar la función de cuidadoras a las mujeres y las niñas y, en algunos ámbitos, dar mayor valor a la educación de los niños que a la de las niñas, alentar el matrimonio precoz de niñas con discapacidad, y, por último, no proporcionar instalaciones sanitarias accesibles en las escuelas para garantizar la higiene menstrual. A su vez, estas dan lugar a mayores tasas de analfabetismo, fracaso escolar, tasas de asistencia diaria desiguales, absentismo y abandono escolar total (33).

5.3.2.

Un análisis comparativo de la UE mostró que, en 2011, solo el 27 % de las personas con discapacidad entre 30 y 34 años había terminado un ciclo de enseñanza superior o equivalente en la UE (34). Sin embargo, no hay datos sobre las mujeres y las niñas con discapacidad en concreto. En las escuelas europeas y en distintos Estados miembros de la UE, muchas niñas y mujeres con discapacidad no pueden acceder a una enseñanza inclusiva de alta calidad de conformidad con la CDPD. Se ha demostrado que la crisis financiera ha influido negativamente en los esfuerzos en pro de la enseñanza inclusiva.

5.3.3.

La enseñanza convencional inclusiva de las niñas y las mujeres con discapacidad debe considerarse a través del paradigma de la enseñanza de alta calidad, la igualdad de oportunidades, el apoyo y las adaptaciones razonables (35), así como la accesibilidad universal durante todo el ciclo de vida, garantizando que disfruten de acceso a una formación continua como manera de aumentar su independencia personal, el libre desarrollo de su personalidad y su inclusión social, ejerciendo al mismo tiempo de forma permanente el derecho a decidir por sí mismas y elegir su forma de vida. Los padres de los alumnos con discapacidad deben disponer de la información necesaria sobre las ventajas de un sistema de enseñanza convencional inclusivo.

5.3.4.

La UE y los Estados miembros deben evaluar la situación actual y adoptar medidas para facilitar el acceso de todos los estudiantes con discapacidad a una enseñanza inclusiva de alta calidad y su disfrute con arreglo a la CDPD fomentando el uso de instrumentos de financiación de la UE, e incluir indicadores específicos de discapacidad en la Estrategia Europa 2020 en el marco del objetivo educativo.

5.3.5.

Los Reglamentos pertinentes de la UE y los programas de intercambio de estudiantes (como Erasmus+) han mejorado en los últimos años, incluyendo ayuda económica para la movilidad de estudiantes con discapacidad. Sin embargo, en la práctica, estos últimos se enfrentan a numerosos obstáculos al intentar acceder a los servicios de enseñanza nacionales del país de destino (actitud, barreras físicas, barreras de comunicación e información y falta de flexibilidad en los planes de estudios) (36). Los programas de la UE sobre enseñanza superior, formación y aprendizaje permanente deben incluir apoyo a las mujeres con discapacidad. El programa europeo de intercambios para empresarios debería incluir apoyo financiero para jóvenes con discapacidad, lo cual no es el caso actualmente. Deberían ponerse en común las buenas prácticas y los retos relativos a los programas de intercambio de estudiantes y jóvenes empresarios, e impartirse formación a profesionales de la enseñanza, interlocutores sociales y medios de comunicación.

5.3.6.

Debe garantizarse a las mujeres y las niñas con discapacidad la igualdad de acceso a las instalaciones de TIC y a la sociedad de la información. A la hora de desarrollar tecnologías de la información y la comunicación, deben tenerse en cuenta los factores económicos, la necesidad de formación y la igualdad de oportunidades, con independencia de la edad, para que puedan acceder a ellas las mujeres y las niñas con discapacidad y en riesgo de exclusión social o pobreza.

5.4.   Empleo

5.4.1.

La actividad de las mujeres en general en el mercado laboral sigue siendo muy inferior a la de los hombres (46,6 % frente a 61,9 %). Los mercados laborales de todos los Estados miembros muestran una segregación por género persistente y significativa. Sin embargo, las mujeres con discapacidad están mucho más excluidas del mercado laboral. Solo el 18,8 % de las mujeres con discapacidad de la UE están empleadas según el Índice de Igualdad de Género de 2015 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género. El 28,1 % de los hombres con discapacidad están empleados. La elevada tasa de desempleo entre las mujeres con discapacidad es inaceptable y hace que tengan más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza y exclusión social. Las mujeres y niñas con discapacidad encuentran mayores obstáculos para acceder al mercado laboral, lo que les dificulta el desarrollo de formas de vida independientes. A menudo reciben salarios inferiores. Las barreras a la movilidad y la mayor dependencia de familiares y cuidadores crean obstáculos a su participación activa en la enseñanza, el mercado laboral y la vida social y económica de la comunidad (37).

5.4.2.

Teniendo en cuenta las elevadas tasas de desempleo e inactividad de las mujeres con discapacidad, la UE y sus Estados miembros tienen que desarrollar medidas tanto generales como positivas dirigidas a ellas para promover la formación, la colocación laboral, el acceso al empleo, la conservación del empleo, la igualdad de remuneración por el mismo trabajo y la igualdad de las oportunidades de carrera, las adaptaciones en el lugar de trabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres con discapacidad deben tener derecho, en pie de igualdad con otros, a condiciones de trabajo justas y favorables, incluida la igualdad de oportunidades y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor (38).

5.4.3.

Teniendo en cuenta el instrumento de microfinanciación de la UE y el Fondo Social Europeo para impulsar el empleo y fomentar la inclusión social, deben promoverse las oportunidades de empleo por cuenta propia, el emprendimiento entre las mujeres con discapacidad, la representación paritaria en los consejos de administración de las empresas, el desarrollo de las empresas sociales o la creación de empresas propias. Las mujeres con discapacidad deben tener los mismos derechos a asistencia financiera durante todo el ciclo de vida de la empresa y deben considerarse emprendedoras competentes. En este sentido, deben facilitarse medidas de acción positiva dirigidas a las mujeres con discapacidad emprendedoras, incluidas las que viven en zonas rurales, mediante préstamos de intereses bajos, microcréditos y subvenciones no reembolsables.

5.4.4.

El aumento del número de personas con discapacidad incrementará la carga para los cuidadores, en particular para los cuidadores familiares, que son principalmente mujeres que se ven obligadas a reducir sus jornadas de trabajo e incluso a salir del mercado laboral para hacerse cargo de sus familiares dependientes (39).

5.4.5.

La UE y los Estados miembros deben promover un mejor equilibrio entre la vida profesional y privada de las mujeres con discapacidad y los cuidadores de personas con discapacidad a través de medidas eficaces basadas en sus demandas específicas. Entre las posibles medidas para cumplir este objetivo están la transparencia de los salarios, los procedimientos de contratación y los pagos a la seguridad social, horarios de trabajo flexibles o teletrabajo a tiempo parcial, un equilibrio entre los gastos asociados a la discapacidad en relación con la maternidad y el cuidado de otras personas con gran necesidad de ayuda, y la promoción del acceso universal a servicios de ayuda asequibles y de alta calidad en distintos momentos del día, como guarderías o servicio asistencial para personas mayores y otras personas con gran necesidad de ayuda (40).

5.4.6.

La UE y los Estados miembros deben incluir a las mujeres con discapacidad y a las familias de las personas con discapacidad en su propuesta de Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, así como en otras medidas políticas para mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional de los trabajadores y los cuidadores (41).

5.4.7.

Las mujeres con discapacidad también se topan con obstáculos específicos a su participación en condiciones de igualdad en el lugar de trabajo, entre ellos acoso sexual, desigualdad salarial y falta de acceso a reparación por las actitudes discriminatorias que desestiman sus demandas. La UE y los Estados miembros también deben garantizar unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo a las mujeres con discapacidad y los cuidadores de personas con discapacidad, incluida protección contra el acoso y reparación de agravios. El acoso en el lugar de trabajo debe evitarse adoptando protocolos eficaces contra él de conformidad con la aplicación de la Directiva 2000/78 de la UE (42).

5.5.   Participación en la vida política y pública

5.5.1.

La voz de las mujeres y las niñas con discapacidad se ha silenciado históricamente, por lo que están desproporcionadamente infrarrepresentadas en la toma de decisiones públicas. En la mayoría de los Estados miembros, la privación de la capacidad jurídica de los ciudadanos con discapacidad da lugar a la pérdida de su derecho de voto. Los obstáculos al derecho de voto también adoptan la forma de procedimientos de votación inaccesibles, incluidos centros electorales inaccesibles (43). La UE debe velar por que las mujeres con discapacidad puedan participar plenamente en la vida pública y política, y especialmente en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019.

5.5.2.

Debido a los desequilibrios de poder y la discriminación múltiple, han tenido menos oportunidades de crear organizaciones que puedan representar sus necesidades como mujeres, niñas y personas con discapacidad o de afiliarse a ellas. La UE debe adoptar medidas para alentar a las mujeres con discapacidad a asumir puestos de responsabilidad en órganos decisorios públicos a todos los niveles y velar por que puedan formar organizaciones y redes de mujeres con discapacidad y afiliarse a ellas (44). Deben instaurarse programas de formación y tutoría para empoderar a las mujeres de manera que puedan acceder a la vida política y pública.

Bruselas, 11 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, observación general n.o 3 (CRPD/C/GC/3), p. 1; Informe alternativo al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en inglés), p.57 del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés).

(2)  Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

(3)  Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, observaciones finales sobre el informe inicial de la Unión Europea (CRPD/C/EU/CO/1, artículo 6).

(4)  Informe sobre las mujeres con discapacidad, Parlamento Europeo, 14 de octubre de 2013, p. 6.

(5)  Ídem nota a pie de página 3, artículo4.3; Ídem nota a pie de página 1, p. 19.

(6)  Ídem nota a pie de página 4, p. 9.

(7)  Ídem nota a pie de página 3, artículo 16.

(8)  Informe sobre el fin de la esterilización forzada de mujeres y niñas con discapacidad (en inglés), Foro Europeo de la Discapacidad, 2018, p. 49.

(9)  2.o Manifiesto sobre los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad en la UE (en inglés), Foro Europeo de la Discapacidad, 2011, pp. 18 y 34.

(10)  Ídem nota a pie de página 9, p. 4.

(11)  Módulo ad hoc de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre las personas con discapacidad y problemas de salud a largo plazo, 2002.

(12)  Ídem nota a pie de página 4, p. 27.

(13)  Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

(14)  Ídem nota a pie de página 3, artículo 6; ídem nota a pie de página 4, p. 6.

(15)  Ídem nota a pie de página 3, artículo 4.3; ídem nota a pie de página 1, p. 19.

(16)  Ídem nota a pie de página 9, p. 47.

(17)  Ídem nota a pie de página 4, p. 18.

(18)  Ídem nota a pie de página 4, p. 9.

(19)  Ídem nota a pie de página 1, p. 2.

(20)  Ídem nota a pie de página 9, p. 52.

(21)  Ídem nota a pie de página 1, p. 17.

(22)  Ídem nota a pie de página 9, p. 11.

(23)  Ídem nota a pie de página 3, artículo 8.

(24)  Ídem nota a pie de página 1, p. 9.

(25)  Encuesta sobre la violencia contra las mujeres (en inglés), Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2014, p. 186.

(26)  Ídem nota a pie de página 3, artículo 16.

(27)  Ídem nota a pie de página 9, p. 21.

(28)  Ídem nota a pie de página 3, artículo 16; ídem nota a pie de página 8, p. 49.

(29)  Ídem nota a pie de página 1, p. 11.

(30)  Ídem nota a pie de página 1, p. 12.

(31)  Informe sobre el fin de la esterilización forzada de mujeres y niñas con discapacidad (en inglés), Foro Europeo de la Discapacidad, 2018, p. 49.

(32)  Ídem nota a pie de página 1, p. 12; ídem nota a pie de página 9, p. 34.

(33)  Ídem nota a pie de página 1, p. 16.

(34)  Estadísticas de la UE sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC, por sus siglas en inglés) de 2011.

(35)  Ídem nota a pie de página 9, p. 32.

(36)  Informe alternativo al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en inglés), p. 43.

(37)  Ídem nota a pie de página 4, p. 8.

(38)  Ídem nota a pie de página 9, p. 41.

(39)  Ídem nota a pie de página 9, p. 45; ídem nota a pie de página 4, p. 6.

(40)  Ídem nota a pie de página 4, p. 15; ídem nota a pie de página 9, p. 43.

(41)  Ídem nota a pie de página 3, artículo 23.

(42)  Ídem nota a pie de página 4, p. 28.

(43)  Informe alternativo al Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en inglés).

(44)  Ídem nota a pie de página 1, p. 18.


III Actos preparatorios

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

536.o Pleno del CESE, 11.7.2018 – 12.7.2018

10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/28


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 924/2009 en lo que respecta a determinadas comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y las comisiones en concepto de conversión de divisas

[COM(2018) 163 final — 2018/0076 (COD)]

(2018/C 367/05)

Ponente:

Daniel MAREELS

Consulta

Parlamento Europeo, 19.4.2018

Consejo Europeo, 3.5.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

7.6.2018

Aprobado en el pleno

11.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

116/0/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité acoge favorablemente la propuesta objeto de examen, que reducirá las comisiones en concepto de pagos transfronterizos en euros en los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro y aportará más transparencia a las comisiones por conversión de divisas, y pide que se aplique lo antes posible.

1.2.

El efecto inmediato de esta propuesta se percibirá en primer lugar en los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro. Las altas comisiones aplicadas a los pagos transfronterizos en euros dentro de la UE desaparecerán, puesto que deberán igualarse a las de menor cuantía que se cobran por las operaciones nacionales en la moneda nacional. El Comité está satisfecho con esta reducción de los costes, que beneficiará sobre todo a los consumidores y las empresas, principalmente a las pymes.

1.3.

Sin duda, la reducción conllevará a su vez un aumento de la libre circulación y el libre comercio transfronterizos en toda la UE, de modo que traerá ventajas para todos los Estados miembros de la Unión. Para el Comité, esta profundización en el mercado único y sus efectos económicos positivos son importantes.

1.4.

El Comité acoge con satisfacción que sirva también para lograr el propósito inicial de la zona única de pagos en euros (SEPA): considerar todos los pagos efectuados en euros dentro de la UE como pagos nacionales. Al mismo tiempo, se hace realidad también el mercado único de servicios financieros al por menor, al poner fin a la división que existe en ese mercado por la división entre los usuarios que pertenecen a la zona del euro y los que no. Las comisiones de menor cuantía que pagan los usuarios de la zona del euro quedarán al alcance de los usuarios que no pertenecen a dicha zona.

1.5.

En el marco de su repetida defensa de la diversidad del panorama bancario como garantía para la estabilidad y eficiencia del sistema, y en atención a los diversos cambios y desafíos que les esperan de cara al futuro, el Comité pide que se preste más atención a la cuestión de los costes que afrontarán los bancos implicados a consecuencia de la propuesta.

1.6.

Los operadores del mercado tendrán que revelar la totalidad de los costes de un cambio de moneda en el extranjero y comunicar esta información a los interesados antes de que efectúen una operación. El Comité estima pertinentes estos nuevos requisitos adicionales de transparencia, dado que permiten al consumidor tomar la decisión adecuada en estas operaciones, a un precio correcto. Sin embargo, también en este caso hay que tener en cuenta la gran complejidad técnica del asunto y los costes que supone para los proveedores.

1.7.

Por último, el Comité también quiere señalar que, aunque se trata de una cuestión muy técnica, sin duda representa una gran oportunidad para comunicarse de forma eficaz y clara con todos los ciudadanos de la Unión. Las modificaciones adoptadas podrían utilizarse para explicar cómo la UE genera cambios positivos para todos y proporciona soluciones a los problemas cotidianos.

2.   Contexto

2.1.

Desde comienzos de la década de 2000 se está trabajando para armonizar la forma en que se efectúan los pagos con medios distintos del efectivo en Europa. Con el mismo propósito, desde la introducción del euro se puso en marcha un sistema de zona única de pagos en euros (SEPA) (1). En ese contexto se llevó a cabo una transición gradual de los sistemas de pago nacionales a los europeos, proceso que se completó en 2014.

2.2.

Sobre esta base, las administraciones públicas, los comerciantes y las empresas pueden efectuar sus pagos con facilidad en cualquier parte de la zona del euro y de la Unión Europea (2) gracias al uso de los mismos medios de pago: tarjetas, transferencias y domiciliaciones. Sea cual fuere el país de residencia, ya no supone diferencia alguna: todos los pagos efectuados dentro de Europa son «pagos internos».

2.3.

Además, se han puesto en marcha otras iniciativas cuyo objetivo no se limita a hacer más transparentes los gastos de pago, sino que también pretenden reducir su cuantía. Gracias a ello, por ejemplo, hoy en día las comisiones de los pagos transfronterizos en euros dentro de la Unión son iguales a las que se aplican a los pagos nacionales en la misma moneda. Esto se consiguió mediante el Reglamento (CE) n.o 2560/2001, que fue sustituido posteriormente por el Reglamento (CE) n.o 924/2009.

2.4.

En la práctica, esta evolución solo surtió efecto en los Estados miembros de la zona del euro (3) y en Suecia, que se acogió a una opción prevista (4) con la que contaban los demás Estados miembros para ampliar esta fórmula a la moneda nacional.

2.5.

En el marco del «Plan de acción de servicios financieros destinados a los consumidores: mejores productos y una oferta más variada» de 2017, la Comisión se comprometió a proponer medidas para reducir los gastos en las operaciones transfronterizas en todos los Estados miembros y a examinar las prácticas vigentes en el ámbito de la conversión dinámica de moneda (5).

2.6.

La propuesta de modificación del Reglamento (CE) n.o 924/2009 objeto de examen (6) pretende extender las ventajas del mencionado sistema de operaciones en euros dentro de la UE para que se beneficien también las personas y empresas de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro. De esta manera, el coste de los pagos transfronterizos dentro de la UE podría reducirse al igualarse a las comisiones de las operaciones nacionales en la moneda de un Estado miembro.

2.7.

Al mismo tiempo (7), se establecen unos requisitos de transparencia adicionales para las prácticas de cambio de divisa, que obligarán, en el futuro, a revelar los costes de una operación transfronteriza.

2.8.

El Comité celebra también la imposición de una serie de requisitos de transparencia adicionales a los operadores del mercado cuando se efectúa un cambio de divisa, gracias a lo cual los interesados conocerán la totalidad de los costes de una operación transfronteriza antes de efectuarla.

3.   Comentarios y observaciones

3.1.

El Comité acoge con satisfacción las propuestas para extender las ventajas de la SEPA a los ciudadanos y las empresas de los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro. Supondrá una reducción del coste de los pagos transfronterizos en euros dentro de la UE en general, y en dichos Estados en particular. Al mismo tiempo, y de forma complementaria, se incrementarán los requisitos de transparencia sobre las comisiones del cambio de divisa.

3.2.

Por lo tanto, estas propuestas contribuyen a la realización de un mercado único de servicios financieros al por menor, al poner fin a la división que existe en el mercado para los pagos transfronterizos en euros dentro de la UE. Los usuarios pertenecientes a la zona del euro pueden disfrutar de todas las ventajas de la SEPA en este tipo de pagos, mientras que por el momento no sucede así con los usuarios de los Estados miembros cuya moneda no es el euro.

3.3.

La mayoría de los usuarios pertenecientes a la zona del euro pueden efectuar estos pagos a un precio reducido o incluso insignificante, pero no así los usuarios no pertenecientes a la zona del euro, que en general soportan unos altos costes. Es positivo, y muy importante, poner fin a esta situación. Los proveedores de servicios de pago en estos Estados miembros deberán equiparar las comisiones de las operaciones transfronterizas en euros a las que se aplican en las transacciones nacionales en la moneda nacional, generalmente más bajas.

3.4.

Esta reducción de costes debería resultar beneficiosa para la libre circulación y los intercambios transfronterizos en todos los Estados miembros de la UE. Los consumidores no pertenecientes a la zona del euro disfrutarán así de mayor facilidad de acceso a los mercados de la zona del euro, que también se verán beneficiados. Las empresas también disfrutarán de esa facilidad, en especial las pymes, ya que les permitirá mejorar su posición en los mercados y ser más competitivas, con las ventajas que eso conlleva.

3.5.

El CESE suscribe la opción de concentrar la fórmula propuesta en las transacciones en euros. Ya en su Dictamen sobre el «Plan de acción de servicios financieros destinados a los consumidores: mejores productos y una oferta más variada» expresó su satisfacción por el hecho de que «la Comisión Europea, en esta fase, se abstenga de imponer medidas reglamentarias (8)». Al mismo tiempo, supone un gran avance para los Estados miembros interesados, quienes ya contaban con la opción desde hace mucho tiempo, pero no daban el paso (9).

3.6.

Aparte de otras consideraciones (10), esta opción representa el equilibrio entre las demandas más manifiestas tanto de los proveedores de servicios de pago (11) como de los usuarios de esos servicios (12). Además, concuerda mejor con la idea de una solución «a medida», puesto que permite tener en cuenta la situación y las características específicas de los Estados miembros implicados, entre otras cosas en cuanto al nivel de los sistemas de pago y los proveedores de servicios de pago.

3.7.

Para que los consumidores puedan elegir correctamente al cambiar de moneda en el extranjero, algo difícil hoy en día al no disponer siempre a tiempo de la información correcta, se impone una serie adicional de requisitos de transparencia a los operadores del mercado, que permitirá revelar la totalidad de los costes de una operación transfronteriza y comunicar esta información a los interesados antes de efectuarla.

3.8.

El Comité concede gran importancia a esta obligación de transparencia en beneficio de los usuarios y consumidores, así como a la seguridad de las transacciones. Igualmente importante es la fijación de un límite máximo para los costes de dichos servicios, a la espera de la finalización de las medidas concretas y definitivas de aplicación (13). Para los proveedores de servicios de pago, se trata de una cuestión muy compleja y difícil, por lo que también debe prestarse atención al aspecto de los costes correspondientes.

3.9.

Los costes y las pérdidas de ingresos que suponen estas propuestas para los proveedores de servicios de pago no son desdeñables (14). Incluso aunque la situación actual pueda no resultar del todo satisfactoria, y las pérdidas se puedan mitigar en cierta medida a largo plazo, es necesario prestar suficiente atención a este aspecto de los costes.

3.10.

Esa atención a la cuestión de los costes es necesaria, como señaló recientemente el Comité (15), en el marco de su defensa de la diversidad del panorama bancario como garantía para la estabilidad y eficiencia del sistema (16). Además, no debe olvidarse que los bancos afrontan actualmente numerosos desafíos importantes, en particular, los relacionados con el marco regulador y de supervisión, una serie de perspectivas futuras (17), la persistencia de los tipos de interés bajos y otras situaciones más (18).

3.11.

Por último, el Comité también quiere señalar que, aunque se trata de una cuestión muy técnica, sin duda representa una gran oportunidad para comunicarse de forma eficaz y clara con todos los ciudadanos de la Unión. De hecho, las modificaciones adoptadas podrían utilizarse para explicar cómo la UE genera cambios positivos en las vidas de los empresarios, los ciudadanos y los consumidores y proporciona soluciones a los problemas cotidianos, como los que se presentan cuando las personas viajan.

Bruselas, 11 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Para información sobre la SEPA, consúltese el sitio web del European Payments Council: https://www.europeanpaymentscouncil.eu/

(2)  El área de aplicación geográfica del sistema SEPA comprende en la actualidad 34 países y territorios: los veintiocho Estados miembros de la UE más Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Mónaco y San Marino. Véase el sitio web de la nota 1.

(3)  Y, por consiguiente, para los pagos en euros.

(4)  Opción prevista en beneficio de todos los Estados miembros en el Reglamento (CE) n.o 2560/2001 y su sucesor, el Reglamento (CE) n.o 924/2009, relativos a los pagos transfronterizos.

(5)  Véase COM(2017) 139 final: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52017DC0139, en particular las propuestas de acción 1 y 2.

(6)  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 924/2009 en lo que respecta a determinadas comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y las comisiones en concepto de conversión de divisas. Véase https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1524213305690&uri=CELEX:52018PC0163

(7)  En la misma propuesta de Reglamento.

(8)  Véase DO C 434 de 15.12.2017, p. 51, punto 1.1.

(9)  Cf. la opción mencionada en el punto 2.4.

(10)  Varias de las cuales se recogen en «FAQ: Cross border payments», publicado junto con el comunicado de prensa sobre las presentes propuestas. Véase http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-2424_en.htm

(11)  Que se inclinaban más bien por defender el statu quo.

(12)  Que eran partidarios de regular aún más operaciones.

(13)  Dada la rápida evolución del entorno y la naturaleza técnica de la cuestión, se ha establecido un plazo máximo de 36 meses a partir de la entrada en vigor del Reglamento.

(14)  En la exposición de motivos de la propuesta se menciona la cantidad de 900 millones EUR anuales en relación con las transacciones transfronterizas en euros.

(15)  Véase el DO C 434 de 15.12.2017, p. 51; Dictamen INT 822, punto 3.6.

(16)  Véase DO C 251 de 31.7.2015, p. 7, punto 1.1., y DO C 451 de 16.12.2014, p. 45, punto 1.11.

(17)  Por ejemplo en relación con la tecnología financiera y la cadena de bloques, así como con la financiación de la economía sostenible. Acerca del «Plan de acción de la Comisión para financiar el desarrollo sostenible», véase https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en [COM(2018)97 final].

(18)  Entre ellas, la perspectiva de la UE sobre los préstamos no productivos (https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/managing-risks-banks-and-financial-institutions/non-performing-loans-npls_en).


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/32


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 168/2013 en lo que se refiere a la aplicación de la fase Euro 5 a la homologación de tipo de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos

[COM(2018) 137 final — 2018/0065 (COD)]

(2018/C 367/06)

Ponente:

Gerardo LARGHI

Consulta

Parlamento Europeo, 16.4.2018

Consejo, 4.4.2018

 

 

Fundamento jurídico

Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

7.6.2018

Aprobación en el pleno

11.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

125/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente la propuesta de Reglamento COM(2018) 137 final, que introduce modificaciones específicas en el Reglamento (UE) n.o 168/2013, con el objetivo de establecer un equilibrio entre la necesidades de desarrollar tecnologías con bajo impacto medioambiental (homologación Euro 5) y la capacidad real de algunas empresas de ponerlas en marcha en los plazos previstos (viabilidad tecnológica). Por lo tanto, las exenciones deberían evitar repercusiones negativas sobre el mercado y los niveles de empleo y, al mismo tiempo, garantizar que se dispondrá rápidamente de mejores normas de emisión.

1.2.

El CESE señala que las modificaciones propuestas por la Comisión están en consonancia con las recomendaciones del anterior dictamen del CESE sobre este asunto (1), a saber, la aplicación gradual y flexible del Reglamento en función de la viabilidad tecnológica real, costes razonables para las empresas y los consumidores, y la exclusión de los vehículos de las categorías L1 y L2 de la utilización del sistema de diagnóstico a bordo (DAB) (2). El Comité también toma nota del amplio apoyo que ha recabado la propuesta entre los Estados miembros y todas las partes interesadas que han participado.

1.3.

El CESE considera que la normativa repercutirá positivamente en los costes soportados por las empresas y, por ende, en los que soportan los consumidores. En este contexto, debe subrayarse el papel social de vehículos de categoría L en las zonas rurales, donde a menudo son una alternativa a la falta de transporte público, y en las ciudades, ya que contribuyen a reducir la congestión causada por el tráfico.

1.4.

El CESE se declara en favor de renovar a la Comisión la facultad de adoptar actos delegados por un período adicional de cinco años. El Comité considera que esta condición es esencial para adaptar oportunamente la normativa vigente en función de la evolución constante de la tecnología y el mercado que registra el sector.

1.5.

El CESE observa que el estudio de la Comisión (3) no tiene en cuenta el coste, la viabilidad técnica y la reproducibilidad del ensayo de consumo de energía (tipo de ensayo VII) para las bicicletas homologadas de propulsión eléctrica (L1e-A) y bicicletas de pedaleo asistido (L1e-B). De hecho, el estudio se centra exclusivamente en el análisis de los vehículos de motor de combustión. Por consiguiente, el Comité recomienda a la Comisión que realice cuanto antes un estudio suplementario sobre el consumo de energía de los vehículos de la categoría L1e-A y L1e-B al objeto de proporcionar un marco jurídico claro a las empresas del sector.

1.6.

El CESE respalda la propuesta de la Comisión de aplazar la aplicación de los límites de emisiones Euro 5 para los cuatriciclos ligeros (minicoches — L6e-B), los ciclomotores de tres ruedas (L2eU) y las motocicletas trial (L3e-AxT) y enduro (L3e-AxE). No obstante, dado que se trata de producciones especializadas (4) fabricadas por pequeñas empresas y microempresas, el CESE recomienda ampliar esta exención hasta 2024, como se había sugerido inicialmente en la evaluación de impacto. Esta medida debería permitir a las empresas del sector una transición menos traumática y contribuir al mantenimiento de los niveles de empleo.

2.   Introducción

2.1.

El sector de «vehículos de categoría L» engloba una amplia gama de vehículos ligeros de dos, tres y cuatro ruedas. Incluye siete categorías de vehículos: bicicletas de pedaleo asistido y ciclomotores de dos ruedas (L1e) y tres ruedas (L2e), motocicletas de dos (L3e) y tres ruedas (L4e — sidecar), triciclos de motor (L5e) y cuatriciclos ligeros (L6e) y pesados (L7e — quad). Cada categoría cuenta con varias subdivisiones, lo que suma un total de 25 subcategorías.

2.2.

La diversidad de modelos, sistemas de propulsión y usos hacen de la categoría L la más diversa y variada del sector de los vehículos. Se calcula que en la UE circulan más de 35 millones de vehículos de categoría L.

2.3.

Desde el 1 de enero de 2016, los requisitos de homologación de tipo para los «vehículos de categoría L» (5) figuran en el Reglamento (UE) n.o 168/2013 y sus cuatro actos delegados y de ejecución (6).

2.4.

La Comisión, basándose en las críticas formuladas en el «Estudio de los efectos de la fase medioambiental Euro 5 para los vehículos de categoría L», propone modificar o integrar algunos artículos del Reglamento (UE) n.o 168/2013 para aclarar sus principios y facilitar su aplicación.

2.5.

Esta propuesta, que cuenta también con el apoyo de las empresas del sector (7), se ha elaborado tras realizar una consulta formal entre todas las partes interesadas (fabricantes, autoridades de homologación de tipo, interlocutores sociales).

3.   Síntesis de la propuesta de la Comisión

3.1.   Sistema de diagnóstico a bordo (DAB)

3.1.1.

El DAB (8) sirve para controlar el funcionamiento general del vehículo y, en particular, detectar fallos o cualquier mal funcionamiento que tengan repercusiones desde el punto de vista de las emisiones nocivas. El DAB, que ya existía en el Euro 4, fue desarrollado ulteriormente en el Euro 5. Con arreglo a la normativa Euro 5, el DAB controlará los sensores e interruptores de los vehículos para supervisar el buen funcionamiento no solo del motor sino también del tratamiento de los gases de escape y del catalizador.

3.1.2.

La Comisión propone aplazar hasta 2025 determinados aspectos relativos a la obligación de instalación de la fase II del DAB y, en particular, los que se refieren al control del catalizador. Esta medida está prevista solo para determinados tipos de vehículos, ya que este tipo de equipamiento no podrá estar listo en 2020 por razones técnicas. La modificación de esta disposición debería garantizar a las empresas un plazo suficiente para aplicar la normativa.

3.1.3.

La Comisión, además, aclara que quedan exentos del requisito relativo al sistema DAB II los ciclomotores (categorías L1 y L2) así como los cuatriciclos ligeros (categoría L6e) y a las subcategorías de motocicletas enduro (L3e-AxE) y trial (L3e-AxT).

3.2.   Sistema de control de las emisiones (procedimiento de durabilidad matemático)

3.2.1.

El estudio de impacto ambiental sobre el Euro 5 pone de manifiesto que el método de someter a los vehículos a ensayo «después de 100 km de uso» no refleja la degradación real del sistema de control de las emisiones de un vehículo durante su vida útil (9).

3.2.2.

La Comisión propone suprimir gradualmente este método de aquí a 2025. Entretanto, se propone incrementar la distancia acumulada requerida que debe recorrer el vehículo antes de ser sometido a ensayo para garantizar que los resultados de los ensayos sean fiables. Por consiguiente, la propuesta prevé que los vehículos matriculados entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024, cuando hayan acumulado más de 2 500 km, deberán ser sometidos a ensayos de eficacia medioambiental si su velocidad máxima es inferior a 130 km/h y, cuando hayan acumulado 3 500 km, si su velocidad máxima es igual o superior a 130 km/h.

3.3.   Aplicación de los límites Euro 5

3.3.1.

El estudio de impacto sobre el Euro 5 confirma que la tecnología necesaria para cumplir los nuevos límites en materia medioambiental ya está disponible, excepto para algunos tipos de vehículos de categoría L (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT y L3e-AxE).

3.3.2.

Por esta razón, la Comisión propone posponer la aplicación de esos límites de 2020 a 2022 para dichas subcategorías. Esta medida permitirá a los fabricantes, principalmente a las pymes, respetar los plazos previstos para la transición hacia sistemas de propulsión con emisiones cero, lo que tendrá por lo demás un impacto positivo en términos de costes que beneficiará a los consumidores.

3.3.3.

Por otra parte, la Comisión también observa que los valores límite del nivel de ruido para Euro 5 deben aclararse en mayor medida. Por lo tanto, propone que los límites existentes (Euro 4) sigan siendo aplicables hasta que puedan establecerse los nuevos límites Euro 5.

3.4.   Actos delegados

3.4.1.

El Reglamento (UE) n.o 168/2013 faculta a la Comisión para adoptar actos delegados durante un período de cinco años que expiró el 21 de marzo de 2018. Habida cuenta de la necesidad de actualizar continuamente la legislación en consonancia con el progreso tecnológico, la Comisión solicita la renovación de la facultad de adoptar actos delegados por un período adicional de cinco años, con la posibilidad de prórroga tácita.

Bruselas, 11 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO C 84 de 17.3.2011, p. 30.

(2)  DO C 84 de 17.3.2011, p. 30, puntos 4.1, 4.3, 5.3.

(3)  Informe del estudio: Effect study of the environmental step Euro 5 for L-category vehicles [«Estudio de los efectos de la fase medioambiental Euro 5 para los vehículos de categoría L», documento no disponible en español] (EU-Books ET-04-17-619-EN-N).

(4)  Estas subcategorías de vehículos representan menos del 1 % de la producción total de vehículos de categoría L.

(5)  DO L 60 de 2.3.2013, p. 52 — Reglamento (UE) n.o 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos.

DO L 53 de 21.2.2014, p. 1 — Reglamento Delegado (UE) n.o 134/2014 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2013, que complementa el Reglamento (UE) n.o 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los requisitos de eficacia medioambiental y rendimiento de la unidad de propulsión y modifica su anexo V.

DO L 25 de 28.1.2014, p. 1 — Reglamento Delegado (UE) n.o 44/2014 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2013, que complementa el Reglamento (UE) n.o 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los requisitos de fabricación y los requisitos generales de homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos.

DO L 7 de 10.1.2014, p. 1 — Reglamento Delegado (UE) n.o 3/2014 de la Comisión, de 24 de octubre de 2013, que complementa el Reglamento (UE) n.o 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los requisitos de seguridad funcional para la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos.

(6)  Véase la nota 3.

(7)  https://www.acem.eu/newsroom/press-releases/329-stefan-pierer-acem-president-we-urgently-need-clarity-from-the-ec-regarding-the-implementation-of-euro-5

(8)  Tecnologías a bordo. Reglamento (UE) n.o 168/2013, artículo 21 y anexo IV (puntos 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3).

(9)  Artículo 23, apartado 3, letra c).


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/35


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 98/2013 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos»

[COM(2018) 209 final — 2018/0103 (COD)]

(2018/C 367/07)

Ponente:

David SEARS

Consulta

Parlamento Europeo, 28.5.2018

Consejo, 31.5.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114 del TFUE

Sección competente

Sección de Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobado en sección

7.6.2018

Aprobado en el pleno

11.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

128/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE acoge con satisfacción el Reglamento propuesto, que desarrolla y sustituye el Reglamento vigente, sobre el que el CESE se pronunció en enero de 2011 (1), e intenta aprender de las experiencias a nivel nacional y de la Unión desde su entrada en vigor en 2013 y su pleno efecto (previsto) en septiembre de 2014.

1.2.

El CESE observa que el plazo disponible para preparar el nuevo Reglamento se ha visto limitado por factores procedimentales, incluido el corto período de tiempo de que se dispone ahora antes de que finalice el mandato actual tanto de la Comisión como del Parlamento Europeo. Dada la corta vida y la lenta ejecución del Reglamento vigente, así como la necesidad de un apoyo e implicación serios por parte de los Estados miembros y de todos los actores de la cadena de suministro en su sustitución, cabe lamentar esta situación. Deben revisarse más a fondo los motivos de la lenta aplicación, en especial por parte de los principales países que sufren atentados terroristas contra su propia población.

1.3.

El CESE toma nota de algunos aspectos en los que debería considerarse introducir una mayor claridad en cuanto al ámbito y la aplicación del Reglamento; estos aspectos también deberán examinarse con mayor detalle con los Estados miembros en los próximos meses. Las disposiciones relativas a la venta por internet necesitan una mayor elaboración si se quiere que tengan un efecto real; resulta difícil comprender en qué medida pueden resultar efectivas únicamente a nivel de los Estados miembros.

1.4.

Por último, una vez más, el CESE cuestiona la efectividad de agrupar sustancias tan dispares en un único régimen normativo. Esto dificulta la redacción de la legislación y, en mayor medida, la aplicación o comprensión como usuario profesional o miembro del público general. Por lo tanto, se recomienda un enfoque diferente específico para cada sustancia. La legislación de la Unión en materia de precursores de drogas ofrece un modelo útil para ello (2).

2.   Introducción

2.1.

Los artefactos explosivos improvisados que incorporan una variedad de explosivos de fabricación casera son utilizados por terroristas y otros agentes no estatales para realizar ataques con vehículos cargados o mediante personas portadoras contra objetivos militares y económicos, principalmente con el fin de infundir terror en la población civil en pos de ideales políticos o religiosos.

2.2.

El conocimiento necesario para construir, almacenar y distribuir tales artefactos se obtiene fácilmente en internet. Las materias primas pueden ser de uso general (harina, azúcar, gasóleo, fertilizantes). Otros explosivos y detonadores más potentes (ATP, PETN, HMTD) requieren una síntesis química de otras sustancias disponibles en el mercado minorista para fines legítimos. Los explosivos de uso industrial (incluida la dinamita, la pólvora negra y el TNT) ya están sometidos a un control estricto y se utilizan actualmente en contadas ocasiones, al menos en el mundo desarrollado.

2.3.

La mayoría de los atentados terroristas tiene lugar, a menudo con carácter diario y sin ser siempre plenamente registrados, en el mundo menos desarrollado. Constituyen casi el 99 % de todas las muertes relacionadas con el terrorismo. Sin embargo, los países más ricos, y también más estables y mejor protegidos, también son objetivos y cuando los ataques tienen éxito, sus efectos pueden ser devastadores, tal como pueden corroborar los ciudadanos de un gran número de grandes ciudades de la UE (y de Estados Unidos).

2.4.

A pesar de esto, el riesgo diario real sigue siendo bajo (como mínimo en comparación con otros peligros naturales o generalmente aceptados) y las respuestas de los gobiernos suelen variar en función de su experiencia local y de la práctica nacional. Naturalmente, los regímenes autoritarios (aún) no se consideran objetivos; los sistemas más liberales pueden ser atacados con mayor frecuencia, pero estos también se preocupan por el respeto de los derechos humanos. Como de costumbre no existen respuestas sencillas.

2.5.

Estas cuestiones han sido tratadas en dictámenes previos del CESE: en 2008 (3), en un dictamen sobre las restricciones de comercialización y uso de «determinadas sustancias peligrosas» incluido el nitrato de amonio, utilizado en cantidades muy grandes como fertilizante a base de nitrógeno y también como un componente efectivo de bajo coste de los explosivos industriales y de fabricación casera, y en 2011 (4), en un dictamen sobre el primer Reglamento en materia de control de precursores de explosivos, que actualmente debe derogarse y sustituirse a la luz de la experiencia adquirida. También se han abordado los precursores de drogas ilegales y su desviación del uso legítimo y la legislación correspondiente puede proporcionar un modelo útil que seguir a este respecto.

3.   Propuestas de la Comisión

3.1.

El nuevo Reglamento propuesto en materia de control de precursores de explosivos (17 páginas) va acompañado de una introducción (19 páginas), tres anexos (uno de dos páginas, y dos de una) y una evaluación de impacto (188 páginas). Se basa en el artículo 114 del TFUE que se refiere al funcionamiento del mercado interior. Impone nuevas obligaciones a los Estados miembros y a todos los que participan en el comercio de las sustancias que figuran en los anexos I (para precursores «restringidos») y II (para precursores «notificables»), y establece el modelo necesario de licencia para «usuarios profesionales» en el anexo III. Está previsto que el Reglamento entre en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial y que se aplique transcurrido un año desde esa fecha.

3.2.

El enfoque general por consiguiente sigue siendo el mismo; un número de sustancias (nueve) figuran en una lista como restringidas en función de su concentración (y por lo tanto su valor y utilidad para fabricar explosivos de fabricación casera) para la venta al público general. Otro conjunto de sustancias (de nuevo nueve) pueden venderse libremente pero las transacciones «sospechosas» son notificables a los puntos de contacto nacionales designados.

3.3.

Dentro de estas listas, el nitrato de amonio ha pasado de la segunda a la primera lista (con la correspondiente modificación del anexo XVII del Reglamento REACH en materia del registro de sustancias químicas) y tres nuevas sustancias o grupos de sustancias que se añadieron mediante actos delegados de la Comisión en noviembre de 2016 se han incluido en la segunda lista (polvos de aluminio, polvos de magnesio y nitrato de magnesio hexahidratado). Las otras catorce sustancias que ya figuraban en la lista no se modifican. La evaluación de impacto expone los fundamentos para estas modificaciones (si bien no se abordan de manera detallada las tres adiciones y no se facilita información alguna —ni en la evaluación ni en los actos delegados relativos a las cadenas de suministro afectadas— sobre las posibles repercusiones en el mercado o las cantidades que pueden ser adquiridas por usuarios profesionales o miembros del público en general).

3.4.

El Reglamento también ofrece la clarificación necesaria de los diferentes papeles en las distintas cadenas de suministro, en particular mediante definiciones claras de «operador económico», «usuario profesional», «agricultor» y «miembro del público general».

3.5.

Debido a que el Reglamento vigente pertenece al ámbito de aplicación del programa REFIT de la Comisión, la nueva propuesta persigue reducir costes y aumentar la eficiencia (y con suerte la efectividad) mediante la reducción del número de opciones disponibles para los Estados miembros. El público en general (los usuarios no profesionales) deberá obtener una licencia para la utilización de precursores restringidos en determinadas concentraciones que superen los valores límite fijados en el anexo I y ya no será suficiente el proceso actual menos estricto de autorregistro. Las licencias existentes podrán renovarse solo si se considera que cumplen los requisitos del nuevo Reglamento.

3.6.

Se reconoce la necesidad de informar y mantener informados sobre las nuevas medidas a todos los agentes relevantes en las cadenas de suministro físicas y en línea, aunque siguen sin estar claros los mecanismos para hacerlo. Las fichas de datos de seguridad, por ejemplo, no tienen por objeto impedir el uso ilegal de las sustancias, sino mantener la seguridad de los trabajadores y consumidores cuando las manipulan. Los indispensables valores límite fijados en el anexo I son difíciles de interpretar en el caso de algunas de las sustancias enumeradas y puede que sea necesario revisarlos, sobre todo porque cada uno de ellos se refiere a una cadena de suministro y a un conjunto de operadores económicos diferentes; si existen algunas mejores prácticas a este respecto a nivel de los Estados miembros, deben compartirse claramente lo más ampliamente posible.

3.7.

Los Estados miembros pueden proponer controles más estrictos (incluidos niveles inferiores de concentración o prohibiciones absolutas) y la Comisión puede añadir nuevas sustancias a los anexos si resulta necesario para luchar contra el terrorismo.

3.8.

Los Estados miembros deberán proporcionar a la Comisión resúmenes anuales del número de transacciones sospechosas, solicitudes de licencia y motivos de denegación, acciones de sensibilización y detalles de las inspecciones llevadas a cabo de actividades en línea y fuera de línea.

3.9.

Por último, transcurridos como mínimo seis años desde la fecha de aplicación, la Comisión efectuará una evaluación e informará al Parlamento Europeo, al Consejo y al CESE sobre la efectividad del Reglamento.

4.   Observaciones generales y específicas

4.1.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de un nuevo Reglamento y apoya firmemente sus objetivos. Las sustancias sometidas a control coinciden básicamente con las listas de prioridades en otras partes del mundo desarrollado. Las nuevas definiciones deben aportar claridad a quienes intentan seguir estas directrices. Habrá costes adicionales para los gobiernos, pero parecen proporcionales a los beneficios de una mayor disminución de la actividad terrorista. Un régimen normativo común en todos los Estados miembros debería beneficiar a los proveedores y otros operadores económicos. La necesidad de reducir los riesgos para el público general (entre otros, incluidas personas relevantes, la policía y el personal militar) y la necesidad de permitir, al mismo tiempo, la libre circulación de mercancías con fines legítimos parecen haberse equilibrado de manera razonable.

4.2.

El CESE también está de acuerdo con la existencia de una necesidad de actuación urgente y coordinada por parte de los Estados miembros y comparte la preocupación de la Comisión sobre la respuesta lenta y variable al Reglamento vigente.

4.3.

Sin embargo, esto a su vez plantea preocupaciones acerca de los procesos seguidos en la preparación de su sustituto, en especial en cuanto al contenido y la calidad de los documentos que lo acompañan. La evaluación de impacto, elaborada por la Comisión tomando como base el trabajo de los consultores de Ernst & Young, se basa en gran medida en estadísticas a nivel de la Unión públicas que pueden ser o no adecuadas o completas. El formato, siguiendo las directrices internas, no facilita la lectura ni la claridad. La consulta pública solo obtuvo 83 respuestas de importancia variable. Ambas se prepararon durante un período corto de tiempo que incluía la Navidad y el Año Nuevo 2017-18, sin tiempo o con muy poco tiempo para cubrir lagunas en las pruebas presentadas. La disponibilidad de los productos en línea se comprobó mediante búsquedas en Amazon; no se realiza ninguna mención sobre fuentes menos transparentes en la web oscura.

4.4.

El CESE entiende que la cuestión fundamental del ámbito de aplicación del Reglamento, es decir, qué productos deben ser controlados, fue examinada por la Comisión en una fase temprana pero no se especifica en la evaluación de impacto. Como ya se ha señalado, no parece haberse realizado ningún análisis de mercado para las tres sustancias añadidas en 2016 mediante actos delegados. Se observa la ausencia de controles sobre el ácido clorhídrico, que se incluyó en la evaluación de impacto elaborada para el Reglamento actual, pero que se vio excluido de la lista existente en el último momento sin explicación alguna. Como mínimo debería debatirse acerca de otros precursores de prioridad media, incluidos el permanganato potásico, el nitrito sódico, la urea y los polvos de cinc, que figuran en otras listas de posibles productos de doble uso. Un objetivo útil sería avanzar hacia una lista reconocida a nivel global, como mínimo para el mundo desarrollado.

4.5.

El CESE está de acuerdo con la lista de posibles medidas de control descartada en una fase temprana. Sin embargo, cabe manifestar una cierta preocupación sobre la reducida gama de controles propuestos ahora, especialmente dada la gran diversidad de los productos afectados. El tamaño de los envases, los códigos de barras y la insistencia en el pago mediante tarjetas o transferencias bancarias rastreables desde cuentas personales o corporativas pueden contribuir a la limitación o al rastreo de las ventas. Puede que las prácticas actuales en los Estados miembros sean diferentes, pero esto no parece ser un argumento de peso en la lucha contra el terrorismo.

4.6.

Sin embargo, las diferencias en la aplicación del Reglamento vigente afectarán a los costes de algunos Estados miembros y de los participantes en la distribución y uso legítimos de productos restringidos. Dado que fueron necesarios varios procedimientos de infracción para garantizar la actuación con el régimen actual, puede que exista cierta reticencia a aceptar un enfoque basado únicamente en licencias, independientemente de los beneficios a largo plazo. Se mencionan los controles de las ventas a través de internet pero no se realiza ningún análisis posterior al ser una competencia nacional.

4.7.

La propuesta incluye un análisis extenso sobre su compatibilidad y legalidad con respecto a otras normativas de la UE, incluido el Reglamento General de Protección de Datos que va a entrar en vigor en breve. También se debate sobre las limitaciones del sistema vigente de códigos CN utilizados actualmente para identificar movimientos transfronterizos de sustancias y mezclas, al igual que hace ocho años cuando se redactó el dictamen previo. Dado que la lista se compone actualmente de solo dieciocho sustancias, y que probablemente no haya más de doce que puedan añadirse a la lista, debería ser posible desarrollar códigos aduaneros adecuados específicamente para su uso con arreglo a este Reglamento y garantizar que otros actos legislativos de la UE elaborados con otros propósitos no entren en conflicto con los objetivos básicos de protección y seguridad de los ciudadanos de la Unión.

4.8.

El CESE también observa que los productos de la lista difieren ampliamente en sus volúmenes de producción, cadenas de suministro y usos finales legítimos tanto para usuarios profesionales como para el público general. El único aspecto que tienen en común es su valor potencial para los terroristas, y la intención de la legislación es por lo tanto interrumpir estas cadenas de suministro no deseadas utilizando todas las medidas disponibles.

4.9.

Estas medidas no serán iguales para todos los productos; su inclusión a la fuerza en un único sistema de control es poco probable que resulte tan efectiva como debería ser. Un enfoque preferido sería el de una Directiva marco sencilla que establezca objetivos amplios, con consultas, análisis, evaluaciones de impacto y Reglamentos específicos que se apliquen a cada una de las sustancias de la lista. En general, esto ahorraría tiempo y salvaría vidas, y sin duda cumpliría mejor los requisitos del programa REFIT.

4.10.

Esto también permitiría una colaboración más estrecha a largo plazo y el intercambio de información con los fabricantes y otros afectados, todos ellos a favor de medidas que reduzcan el uso indebido de sus productos. El volumen desviado para usos ilícitos es ínfimo en comparación con cualquier pérdida de reputación o el riesgo de mayores restricciones. Los esfuerzos globales para controlar las cantidades muy pequeñas de anhídrido acético necesarias para la producción de drogas ilegales, incluida la heroína, ofrece un ejemplo útil de lo que se puede alcanzar a este respecto. El CESE publicó su dictamen sobre la propuesta relativa a los precursores de drogas en enero de 2013 (5). Muchas de las ideas que se consideraron entonces se aplican por igual a los precursores de explosivos sujetos a restricción o notificación con arreglo a esta propuesta.

4.11.

Por último, el CESE acoge con satisfacción su participación continuada en el desarrollo y la aplicación de este Reglamento, aunque, especialmente a la luz del ajustado calendario vigente durante el desarrollo de la propuesta, considera que cualquier revisión ulterior por parte de la Comisión debería llevarse a cabo a más tardar, y no transcurridos como mínimo, seis años después de la fecha de aplicación.

Bruselas, 11 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO C 84 de 17.3.2011, p. 25.

(2)  DO C 76 de 14.3.2013, p. 54.

(3)  DO C 204 de 9.8.2008, p. 13.

(4)  DO C 84 de 17.3.2011, p. 25.

(5)  DO C 76 de 14.3.2013, p. 54.


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/39


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 952/2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión

[COM(2018) 259 final — 2018/0123 (COD)]

(2018/C 367/08)

Ponente:

Antonello PEZZINI

Consulta

Parlamento Europeo, 28.5.2018

Consejo, 29.5.2018

Fundamento jurídico

Artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Mercado Único, Producción y Consumo

Aprobación en el pleno

12.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

147/0/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) siempre ha sostenido que una unión aduanera eficiente es una condición estrictamente necesaria para el proceso de integración europea, a fin de garantizar la libre circulación de las mercancías, de forma eficiente, segura y transparente; con la máxima protección de los consumidores y del medio ambiente, mejores empleos y una lucha eficaz contra el fraude y las falsificaciones.

1.2.

El CESE destaca la importancia de garantizar un marco reglamentario claro, transparente y unívoco para todos los agentes y actores públicos y privados que actúan en el ámbito aduanero de la Unión, a través de definiciones, procedimientos y plazos precisos aplicables a las mercancías que entran o salen del territorio de la Unión, permitiendo que la unión aduanera funcione de manera eficaz y coherente con la aplicación de la política comercial común.

1.3.

Por consiguiente, el CESE apoya el marco reglamentario propuesto, es decir:

modificaciones de las normas y disposiciones técnicas del código aduanero de la Unión (CAU);

rectificación de los errores técnicos y las omisiones, armonizando el código con el acuerdo internacional entre la UE y Canadá (AECG);

la integración, en el territorio aduanero de la Unión, de los enclaves del municipio de Campione y de las aguas territoriales del Lago de Lugano, tal como ha solicitado el Estado miembro interesado.

1.4.

El Comité considera fundamental, para la Unión y para los países con los que ha celebrado acuerdos de libre comercio, apoyar este esfuerzo común para reforzar el comercio libre y equitativo, en una sociedad dinámica y con visión de futuro, con el objetivo de impulsar la actividad económica y de promover los valores y las ideas comunes, que se concretan en el Acta Única Europea de 1986 y el código aduanero de 1992, perfeccionado en el CAU de 2013, y que se integran como propuesta en el presupuesto a largo plazo para 2021-2027, como respaldo para lograr una cooperación fiscal y aduanera más eficaz de la Unión.

1.5.

En lo que respecta a la integración de los «enclaves territoriales», el Comité recomienda prestar especial atención para que se realicen simultáneamente las modificaciones necesarias a la Directiva 2008/118/CE (Directiva sobre impuestos especiales) y la Directiva 2006/112/CE (Directiva del IVA).

1.6.

El CESE pide que la Comisión le transmita en 2021 el informe previsto de evaluación intermedia del marco jurídico del CAU, con el objetivo de evaluar la adecuación de las modificaciones introducidas con este Reglamento y la eficacia de los sistemas digitales comunes que deben estar activados para dicha fecha.

2.   Introducción

2.1.

La unión aduanera es competencia exclusiva de la Unión Europea de conformidad con el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y el código aduanero de la Unión (CAU) ha permitido:

la armonización de las distintas normas anteriores;

la aplicación de la igualdad de trato;

la imposición legítima de sanciones.

2.2.

Desde el 1 de mayo de 2016 entraron en vigor nuevas normas aduaneras con el objetivo de simplificar la vida de las empresas que desarrollan una actividad en Europa y con el objetivo de proporcionar una mayor protección a los consumidores. Con el nuevo código aduanero de la Unión se ha conseguido una importante renovación de la legislación aduanera de la Unión, que entró en vigor en 1992.

2.3.

Con el Acta Única Europea de 1986, que entró en vigor en julio de 1987, comenzó una trayectoria que, a través de tres fases —en 1990 para los capitales, en 1993 para las mercancías y en 1999 con la moneda única— ha resultado en lo establecido en el artículo 28 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es decir: «la prohibición, entre los Estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente».

2.4.

Después del código de 1992 y del Reglamento de 2008, se llegó al actual CAU de 2013, compuesto por varios Reglamentos delegados y de ejecución, que constituye un hito en la unión aduanera europea: el CAU es el marco que permite a los bienes, que ascienden a más de 3 billones de euros, entrar y salir de la UE cada año.

2.5.

Tras la entrada en vigor de las nuevas disposiciones fundamentales del Reglamento (UE) n.o 952/2013, por el que se establece el CAU, el proceso de consulta con los Estados miembros y las empresas ha hecho posible detectar errores y anomalías técnicas que deben corregirse para garantizar la seguridad y la coherencia jurídica.

2.6.

En efecto, el territorio aduanero de la UE no coincide exactamente con la suma de los territorios que forman parte del territorio geofísico de la UE. De hecho, algunas zonas incluidas en los diferentes territorios nacionales están excluidas del territorio aduanero comunitario, mientras que otros territorios que no forman parte del territorio geofísico de la Unión se consideran, a todos los efectos, dentro del territorio aduanero.

2.7.

Mientras que los territorios austriacos de Jungholz y Mittelberg, el Principado de Mónaco, la República de San Marino, los departamentos franceses de ultramar (DOM —Martinica, Guadalupe, Guayana francesa y Reunión), la Isla de Man y las Islas Canarias forman parte del territorio aduanero de la UE, algunos territorios que forman parte del territorio geofísico de la UE están excluidos, como las Islas Feroe, la Isla de Helgoland y el territorio de Busingen, Ceuta y Melilla, los territorios franceses de ultramar (TOM —Polinesia Francesa, Wallis y Futuna, Nueva Caledonia, las islas antárticas y australes francesas y las entidades territoriales de Mayotte, San Pedro y Miquelón) y Livigno. Hasta ahora, también estaban excluidos Campione d’Italia y las aguas nacionales italianas del Lago de Lugano, entre Ponte Tresa y Porto Ceresio, territorios cuya inclusión ha solicitado Italia.

2.8.

Las negociaciones para un Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá (AECG) concluyeron en septiembre de 2014, con la Decisión (UE) 2017/37 del Consejo, de 28 de octubre de 2016. El acuerdo, que entró en vigor el 21 de septiembre de 2017, ha eliminado el 99 % de los derechos de aduana y muchos otros obstáculos que, hasta la fecha, afectaban a los operadores comerciales.

2.9.

El AECG —sobre el cual el CESE se ha podido pronunciar en varias ocasiones (1)— contiene muchos aspectos de gran interés aduanero, habida cuenta de que, tal como prevé su artículo 1, apartado 4, establece —entre Canadá y la Unión Europea— una zona de libre comercio, de conformidad con el artículo XXIV del GATT (1994) (2) y el artículo V del AGCS (3). En cualquier caso, el acuerdo no afecta los derechos y obligaciones ya existentes entre las partes contratantes de conformidad con el acuerdo de la OMC ni tampoco a otros acuerdos de los cuales sean partes respectivamente (4).

2.10.

La zona de libre comercio comprende, salvo que se indique lo contrario (5):

para Canadá, su porción terrestre, su espacio aéreo, sus aguas interiores y territoriales marítimas, así como su zona económica exclusiva, como se define en la legislación nacional canadiense, en consonancia con la parte V de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, celebrada en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982 («Convención CNUDM (6)»); su plataforma continental, como se define en la legislación nacional canadiense, en consonancia con la parte VI de la Convención CNUDM;

para la Unión Europea, los territorios en los que se aplican el TUE y el TFUE, en las condiciones en ellos establecidas y, en lo que se refiere a las disposiciones relativas al régimen arancelario de las mercancías, también en las zonas del territorio aduanero de la Unión Europea no incluidas en ellos.

2.10.1.

La UE y Canadá han firmado, además del AECG, un documento interpretativo común (7) que tendrá fuerza jurídica y que describe claramente y sin ambigüedades los contenidos de lo acordado entre Canadá y la Unión Europea en una serie de artículos del AECG, como los relacionados con el nuevo sistema judicial para la protección de las inversiones, el derecho a legislar, los servicios públicos y la protección del medio ambiente y del empleo.

2.10.2.

El proceso de consulta periódica con los Estados miembros y las empresas ha permitido identificar algunos errores y anomalías técnicas, que deben rectificarse a fin de garantizar la seguridad jurídica y la coherencia. En este contexto, se incluyen las propuestas de la Comisión, incluida la armonización del CAU con un acuerdo internacional, que no estaba vigente en el momento de la adopción del código, y la solicitud de incorporación de una parte de territorio, por parte de Italia.

3.   Propuestas de la Comisión

3.1.

La Comisión propone modificar el código aduanero de la UE para:

corregir los errores técnicos y las omisiones, incluida la armonización del CAU con las disposiciones de acuerdos internacionales aún no en vigor cuando se adoptó el código, como el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) entre la Unión y Canadá;

modificar la definición del territorio aduanero de la Unión, a fin de incluir el municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas italianas del Lago de Lugano;

establecer especificaciones y añadidos para las decisiones y para los plazos de procedimiento, en el ámbito de información arancelaria vinculante (IAV), declaraciones sumarias de entrada, declaraciones de depósito temporal, declaración sumaria o notificación de reexportación, exenciones de derechos de importación, al amparo del régimen de perfeccionamiento pasivo.

4.   Observaciones generales

4.1.

El CESE apoya plenamente el objetivo de la Comisión de introducir modificaciones técnicas en el código aduanero de la Unión (CAU) para garantizar que el código logre los objetivos encaminados a mejorar la competitividad de las empresas europeas, pero también a proteger mejor los intereses financieros y económicos de la Unión, los empleos de calidad y la seguridad de los consumidores de la Unión.

4.2.

El CESE subraya la importancia que el AECG atribuye al comercio y al desarrollo sostenible, y los compromisos correspondientes asumidos por las partes contratantes en relación con el documento interpretativo común para reforzar las disposiciones, así como el planteamiento positivo del nuevo modelo adoptado para la resolución de conflictos en materia de inversiones.

4.3.

El Comité, por tanto, considera positiva la intención de armonizar las normativas de la Unión con los acuerdos firmados con Canadá en materia de:

información arancelaria vinculante;

depósito temporal;

declaración sumaria de entrada y de indicaciones que deben insertarse en caso de no presentar información antes de la llegada, relativas a las mercancías no provenientes de la Unión;

cancelación de la declaración de depósito temporal;

exención total de derechos de importación en algunos casos;

plazos exactos de cancelación en casos de declaración de depósito temporal, de declaración sumaria de salida o notificación de reexportación.

4.4.

El Comité apoya la incorporación de la petición del gobierno italiano de incluir en el territorio aduanero de la Unión, a partir del 1 de enero de 2019, el municipio italiano de Campione d’Italia y las aguas nacionales italianas del Lago de Lugano.

4.5.

El Comité recomienda que se realicen, paralelamente a dicho proceso de inclusión, las modificaciones necesarias de la Directiva 2008/118/CE (Directiva sobre impuestos especiales) y de la Directiva 2006/112/CE (Directiva del IVA) que deberán aplicarse en la misma fecha de 1 de enero de 2019.

4.6.

El Comité pide que, en 2021, la Comisión presente al CESE el informe previsto de evaluación de la eficacia, coherencia y adecuación del nuevo marco jurídico del CAU, en su versión modificada por las actuales normas propuestas.

Bruselas, 12 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  DO C 48 de 15.2.2011, p. 87; DO C 332 de 8.10.2015, p. 45; DO C 227 de 28.6.2018, p. 27.

(2)  Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.

(3)  Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

(4)  Véase el artículo 1, apartado 5 del AECG.

(5)  Véase el artículo 1, apartado 3 del AECG.

(6)  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

(7)  Aprobado por el Consejo en el momento de la firma el 28 de octubre de 2016, que proporciona una interpretación vinculante del AECG en virtud del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13541-2016-INIT/en/pdf).


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/43


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas

[COM(2018) 134 final-2018/0060 (COD)]

y sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los administradores de créditos, los compradores de créditos y la recuperación de las garantías reales

[COM(2018) 135 final-2018/0063 (COD)]

(2018/C 367/09)

Ponente:

Juan MENDOZA CASTRO

Consulta

Consejo de la Unión Europea, 24.4.2018;

Parlamento Europeo, 19.4.2018

Fundamento jurídico

Artículos 114 y 53, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobación en sección

27.6.2018

Aprobación en el pleno

11.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

145/0/2

1.   Conclusiones y recomendaciones

Paquete sobre préstamos dudosos

1.1.

El CESE acoge con satisfacción el paquete de la Comisión, que representa una pieza clave en la ofensiva de la UE para luchar contra el problema persistente que suponen los préstamos dudosos, y una etapa fundamental para avanzar hacia la unión bancaria.

1.2.

Las entidades financieras de la UE han realizado avances tanto en cuanto a la calidad de las carteras de préstamos como al volumen total de préstamos dudosos; sin embargo, se requieren medidas adicionales a escala de la UE para evitar la acumulación de préstamos dudosos en el futuro.

1.3.

Toda comparación del nivel de préstamos dudosos en la UE debería tener en cuenta el hecho de que los bancos de algunos países recibieron cantidades sustanciales de ayudas estatales en la fase inicial de la crisis (2008-2012), mientras que otros no se beneficiaron de este apoyo debido a los cambios en las normas sobre ayudas estatales.

1.4.

El CESE llama la atención sobre las consecuencias sociales de la crisis financiera en términos de exclusión, justicia social y obstáculos para la realización del mercado interior.

1.5.

Resulta esencial eliminar las deudas deterioradas de las cuentas de las entidades financieras a fin de evitar las consecuencias del sobreendeudamiento en el futuro. El CESE pide, asimismo, que las entidades de crédito concedan préstamos de manera responsable.

Mecanismos legales de protección prudencial

1.6.

El CESE es partidario de aplicar mecanismos legales de protección prudencial como medida preventiva para garantizar que se dispone de provisiones suficientes para afrontar las pérdidas crediticias de los futuros préstamos dudosos.

1.7.

El CESE toma nota de la motivación de la propuesta expuesta por la Comisión y añade que la introducción de los mecanismos reglamentarios de protección quedaría justificada por los diferentes objetivos que persigue el marco contable en relación con la regulación prudencial.

1.8.

Sin embargo, el CESE también debe indicar lo siguiente:

el enfoque «de talla única» no tiene en cuenta las diferencias que aún existen en los diferentes Derechos civiles nacionales y en la duración de los procedimientos en los tribunales civiles, y

el calendario para la provisión de nuevos préstamos dudosos podría obligar a los bancos a venderlos rápidamente, en lugar de esperar a que la situación de la empresa con dificultades financieras vuelva a ser más viable.

1.9.

En la medida de lo posible, la Comisión debería tener en cuenta la situación específica de las empresas más pequeñas y especializadas con una estructura de activos menos compleja.

1.10.

El CESE considera que la NIIF 9 debería ser obligatoria para todos los bancos de la UE.

1.11.

El CESE propone que se elabore un análisis de impacto específico a fin de estimar el posible impacto del Reglamento propuesto sobre los bancos, la transmisión del crédito a los hogares, las pymes y el crecimiento del PIB.

1.12.

El CESE observa que el BCE ha publicado ya su adenda, sin tener en cuenta las normas del primer pilar que elaborarán el Parlamento, el Consejo y la Comisión y sin esperar a las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

Desarrollo de los mercados secundarios

1.13.

El CESE reconoce que la Comisión aporta una respuesta a muchos de los problemas de fragmentación de los mercados secundarios de préstamos dudosos en la UE y destaca las propuestas específicas en este ámbito. Sin embargo, considera que los reguladores no deben fomentar la venta de préstamos dudosos.

1.14.

Las propuestas del CESE para paliar las consecuencias de las transferencias son las siguientes:

protección de los consumidores: en general, las propuestas de la Comisión se acogen favorablemente. Las autoridades deben prestar atención a las medidas y recomendaciones específicas destinadas a proteger los derechos de los deudores,

protección de los trabajadores: las autoridades competentes deben tener en cuenta la movilidad y la protección de los trabajadores de las empresas implicadas en transferencias de empresas, de conformidad con las legislaciones nacionales y de la UE.

Procedimiento extrajudicial acelerado de ejecución de garantías reales

1.15.

El CESE destaca, en sentido positivo, el derecho a un juicio justo ante los tribunales nacionales cuando sea necesario y si se restringe la aplicación de este procedimiento tal como se propone en la Directiva.

1.16.

En muchos Estados miembros, el proceso de ejecución ya es eficaz. La solución al problema de los préstamos dudosos consiste principalmente en reforzar los procedimientos judiciales en toda la UE.

2.   Propuestas de la Comisión Europea

2.1.

El 14 de marzo, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento (1) por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas, junto con una propuesta de Directiva (2) sobre los administradores de créditos, los compradores de créditos y la recuperación de las garantías reales.

2.2.

Ambas propuestas se acompañaron de documentos de trabajo de los servicios de la Comisión y de evaluaciones de impacto y, el mismo día, la Comisión también publicó su segundo informe de situación (3) sobre el proceso de reducción de los préstamos dudosos en Europa y un proyecto (4) con orientaciones técnicas sobre cómo establecer sociedades de gestión de activos (SGA) nacionales.

2.3.

Estas propuestas son elementos importantes en el marco de los esfuerzos de la Comisión para reforzar la unión económica y monetaria (UEM) en Europa y son esenciales para culminar la Unión Bancaria. La labor encaminada a hacer frente a los grandes volúmenes de préstamos dudosos y exposiciones dudosas y evitar su posible acumulación en el futuro es una parte integrante de los esfuerzos de la Unión para seguir reduciendo los riesgos en el sector bancario y permitir que los bancos se concentren en la concesión de préstamos a las empresas y los ciudadanos.

2.4.

En la propuesta de Reglamento, la Comisión propone crear un mecanismo legal de protección prudencial fijando unos niveles mínimos comunes de cobertura para nuevos préstamos que pasen a ser dudosos, con el fin de evitar toda acumulación excesiva en el futuro de préstamos dudosos sin la suficiente cobertura de pérdidas en los balances de los bancos y de facilitar su resolución.

2.5.

En la propuesta de Directiva, la Comisión aspira a incrementar la eficiencia de los procedimientos de cobro de deudas mediante la disponibilidad de un procedimiento extrajudicial común acelerado específico de ejecución de garantías reales. La propuesta también promueve el desarrollo de mercados secundarios para los préstamos dudosos mediante la armonización de los requisitos y la creación de un mercado único para la administración de créditos y la transferencia de préstamos bancarios a terceros en la UE.

3.   Observaciones generales

3.1.

El CESE acoge con satisfacción el paquete de la Comisión, que representa una pieza clave en la ofensiva de la UE para luchar contra el problema persistente que suponen los préstamos dudosos (5), y una etapa fundamental para avanzar hacia la unión bancaria.

3.2.

Teniendo en cuenta que la solvencia y la estabilidad del sistema financiero es esencial para la UE, la gran cantidad de préstamos dudosos acumulados en los bancos de algunos Estados miembros durante la crisis y la consiguiente recesión es negativa para el sistema financiero en su conjunto, perjudicial para la economía y, en algunos casos, ha derivado en costes elevados para los contribuyentes.

3.3.

En los últimos años, las entidades financieras de la UE han realizado avances tanto en cuanto a la calidad de las carteras de préstamos como al volumen total de préstamos dudosos; no obstante, estos últimos ascienden a la elevada cifra bruta de 813 000 millones EUR (6). Los bancos y los supervisores tienen las herramientas necesarias para reducir la cantidad de préstamos en situación de impago o deteriorados, pero se requieren medidas adicionales a escala de la UE con objeto de evitar su acumulación en el futuro.

3.4.

El CESE señala que los bancos de algunos países recibieron cantidades sustanciales de ayudas estatales en la fase inicial de la crisis (2008-2012), mientras que otros no se beneficiaron de este apoyo debido a los cambios en las normas sobre ayudas estatales para el sector financiero. Por tanto, toda comparación entre los niveles de préstamos dudosos debería tener en cuenta estas diferencias.

3.5.

El CESE llama la atención sobre las consecuencias sociales de la crisis financiera en términos de exclusión, justicia social y obstáculos para la realización del mercado interior. En algunos Estados miembros, los préstamos dudosos reflejan hasta qué punto se han visto afectadas las familias y los pequeños y medianos empresarios, incluido el riesgo de perder su vivienda o de ser objeto de una ejecución hipotecaria.

3.6.

Resulta esencial eliminar las deudas deterioradas de las cuentas de las entidades financieras a fin de evitar las consecuencias del sobreendeudamiento en el futuro, y el plan del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros debe contribuir a este objetivo. El CESE también solicita una concesión de préstamos responsable que requerirá que las entidades de crédito presten mayor atención a las necesidades y situaciones de los prestatarios, así como que encuentren instrumentos financieros más apropiados a las circunstancias de cada persona (7).

4.   Observaciones específicas

4.1.    Mecanismos legales de protección prudencial

4.1.1.

El CESE es partidario de aplicar mecanismos legales de protección prudencial como medida preventiva para garantizar que se dispone de provisiones suficientes para afrontar las pérdidas crediticias de los futuros préstamos dudosos.

4.1.2.

A fin de reducir los préstamos dudosos y las exposiciones dudosas (8), la modificación propuesta del Reglamento sobre requisitos de capital (RRC) incluye un calendario progresivo para los préstamos garantizados (hasta ocho años) y los no garantizados (dos años).

4.1.3.

La motivación de la propuesta de la Comisión es la siguiente (9):

La contabilidad de pérdidas crediticias no siempre resulta adecuada desde un punto de vista prudencial, cuyo alcance, objetivo y fin son diferentes.

Se espera que la NIIF 9 (10) aporte una mayor armonización con las normas prudenciales que las NIC 39 (11) y que contribuya a abordar la cuestión de las provisiones tardías e insuficientes, al basarse en el criterio de la «pérdida esperada». No obstante, la norma nueva sigue dejando margen de apreciación en la evaluación de los préstamos dudosos y de la garantía subyacente y, como consecuencia, en la determinación de las provisiones.

La regulación prudencial capacita al supervisor bancario para influir sobre el nivel de provisiones de un banco (también en lo que respecta a los préstamos dudosos) dentro de los límites del marco contable aplicable y para exigir ajustes específicos en los cálculos de los fondos propios de dicho banco. Sin embargo, las medidas y los requisitos vinculantes solo pueden ser aplicados por el supervisor caso por caso en función de las circunstancias particulares del banco (conocidas como medidas en el marco del pilar 2).

Las medidas de supervisión personalizadas sobre la base de una evaluación caso por caso por parte de la autoridad supervisora son adecuadas para enfrentarse a los riesgos específicos relativos a préstamos dudosos de bancos particulares.

4.1.4.

El CESE desea añadir que la introducción de los mecanismos reglamentarios de protección estaría justificada por los diferentes objetivos que persigue el marco contable en relación con la regulación prudencial.

4.1.5.

Sin embargo, el CESE también debe indicar lo siguiente:

La propuesta de Reglamento, basada en un planteamiento uniforme, no tiene en cuenta las diferencias que aún existen en los diferentes Derechos civiles nacionales y en la duración de los procedimientos en los tribunales civiles.

El calendario para la provisión de nuevos préstamos dudosos podría obligar a los bancos a venderlos rápidamente, en lugar de esperar a que la situación de la empresa con dificultades financieras vuelva a ser más viable. Con ello se limitaría la posibilidad de permitir una reestructuración de la deuda y de dar a los empresarios una segunda oportunidad, lo cual, a su vez, podría tener consecuencias sociales extremadamente negativas y una repercusión adversa en la tasa de empleo.

Según un análisis (12), las empresas más pequeñas y especializadas con una estructura de activos menos compleja tienen más posibilidades de quedar más afectadas por la introducción simultánea de la NIIF 9 y de los mecanismos de protección prudencial para exposiciones dudosas. La Comisión debe analizar si es necesario perfeccionar la propuesta para abordar este problema.

4.1.6.

Aunque los mecanismos de protección propuestos podrían paliar las diferencias en cuanto a provisiones derivadas de la adopción de distintos marcos contables (NIIF 9 frente a PCGA nacionales (13)), el CESE considera que el NIIF 9 debería ser obligatorio para todos los bancos de la UE.

4.1.7.

El CESE propone que se elabore un análisis específico a fin de estimar el posible impacto del Reglamento propuesto sobre los bancos, la transmisión del crédito a los hogares, las pymes y el crecimiento del PIB.

4.1.8.

Otros riesgos pueden dar lugar a problemas similares a los de los préstamos dudosos, en particular, los riesgos vinculados a los fondos derivados de alta complejidad y a los activos recuperados de nivel 2 y nivel 3. En este contexto, el CESE considera que estos riesgos deberían incluirse en la lista de prioridades para la reducción de riesgos.

4.1.9.

El CESE observa que el BCE ha publicado ya su adenda, sin tener en cuenta las normas del primer pilar que elaborarán el Parlamento, el Consejo y la Comisión y sin esperar a la finalización de las directrices de la ABE (aún en fase de debate). Ello podría vulnerar el principio de «legislar mejor». Por tanto, la adenda del BCE sobre los préstamos dudosos debería adaptarse al futuro marco sobre préstamos dudosos del primer pilar, a fin de asegurar la coherencia de las normas europeas.

4.2.    Medidas para desarrollar mercados secundarios para los préstamos dudosos

4.2.1.

En la UE, las operaciones en mercados secundarios son relativamente reducidas (14). Entre las causas, encontramos una regulación fragmentada; limitaciones legislativas sobre los titulares de algunas clases de activos, sobre el alcance de la participación de los administradores y sobre los tipos de inversor (en algunos casos, solo pueden administrar o comprar préstamos dudosos otros bancos); y diferentes opiniones sobre las perspectivas económicas entre los bancos locales y los inversores extranjeros. El CESE considera que la Comisión aporta una respuesta a muchos de estos problemas.

4.2.2.

Uno de los principales retos para el mercado de préstamos dudosos es la falta de datos de calidad sobre este tipo de préstamos, lo que se traduce en asimetrías de información. El CESE acoge con satisfacción las plantillas de datos destinadas a proporcionar datos uniformes y normalizados sobre los contratos de crédito dudosos.

4.2.3.

No obstante, el CESE considera que los reguladores no deberían fomentar la venta de préstamos dudosos, ya que la gestión de la recuperación de estos préstamos por los bancos podría representar un gasto mayor al del precio obtenido por su venta.

4.2.4.

El CESE destaca, y respalda, los siguientes aspectos de la propuesta de la Comisión:

Administradores de créditos. Las normas de la UE establecen requisitos y procedimientos específicos para otorgar, denegar o retirar una autorización (artículos 5 a 7), incluida la «oportuna honorabilidad», la ausencia de «antecedentes penales» y no hallarse actualmente «incursos en un procedimiento de insolvencia». También abarcan el registro (artículo 8), la relación contractual con el acreedor (artículo 9), las actividades de externalización (artículo 10) y la administración transfronteriza (artículos 11 y 12).

Compradores de créditos. El acreedor facilitará toda la información necesaria relativa al contrato de crédito (artículo 13) de conformidad con las normas técnicas que desarrollará la ABE (artículo 14) y que no podrá estar sujeto a ningún otro requisito adicional diferente de aquellos previstos en virtud de la leyes nacionales de transposición (artículo 15). Pueden ejecutar el crédito directamente (artículo 18) o cederlo (artículo 19).

Los administradores de créditos, las entidades de crédito o sus filiales, que desempeñan un papel activo en las operaciones relacionadas con préstamos dudosos, se incluyen en el artículo 16.

Supervisión. Un aspecto esencial, porque exige la aplicación de las mismas normas en toda la UE, una función de supervisión de las autoridades nacionales competentes y sanciones administrativas (artículos 20 a 22).

Protección de datos. Una condición para transferir un préstamo es «el respeto de los derechos del prestatario y la observancia de las normas de protección de los datos personales, de conformidad con la legislación por la que se rija el contrato de crédito» [artículo 5, apartado 1, letra c)].

4.2.5.   Protección de los consumidores

El CESE considera que es importante garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores en el ámbito de los servicios financieros.

En este sentido, acoge favorablemente el principio general de la propuesta, consistente en «garantizar el mismo nivel de protección, con independencia de quién sea el propietario o el administrador del crédito y del régimen jurídico en vigor en el Estado miembro del comprador del crédito o del administrador del crédito»; en particular, habrán de observarse la Directiva sobre créditos hipotecarios (15), la Directiva sobre crédito al consumo (16) y la Directiva sobre cláusulas contractuales desleales (17).

Asimismo, el CESE destaca las obligaciones del acreedor para con el consumidor en caso de modificación del contrato de crédito (artículo 34).

El CESE observa que la transferencia de préstamos supone que el deudor deba tratar con una empresa que no es del ámbito financiero y que tiene personal diferente, diferentes métodos de trabajo y unos fines diferentes. Conviene, por tanto, que las autoridades nacionales presten atención a medidas y recomendaciones que protejan los derechos de los deudores, tal y como sucede con la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor de los Estados Unidos (18).

4.2.6.   Protección de los trabajadores.

En todos los casos de transferencias a empresas externas, las autoridades competentes deberán tener en cuenta la movilidad y protección de los trabajadores de las empresas implicadas en tales transferencias, de conformidad con las legislaciones nacionales y de la UE.

4.3.    Procedimiento extrajudicial acelerado de ejecución de garantías reales

4.3.1.

El CESE ve con buenos ojos la obligación, a cargo de los Estados miembros, de garantizar que los prestatarios empresariales tengan derecho a impugnar el uso de este mecanismo ante un órgano jurisdiccional nacional (artículo 28). Esto debería proteger adecuadamente el derecho fundamental de los ciudadanos y las empresas a un juicio justo (19), sobre todo en el caso de cláusulas contractuales desleales o abusivas.

4.3.2.

Sin embargo, el CESE toma nota de las dudas expresadas por algunos Estados miembros en el sentido de que un instrumento de este tipo podría acelerar el proceso de ejecución en aquellos Estados miembros cuyos procedimientos judiciales ya se tramitan en un período de tiempo breve; pese a que los procedimientos extrajudiciales pueden ser beneficiosos para el acreedor, la solución al problema de los préstamos dudosos se encuentra principalmente en el refuerzo de los procedimientos judiciales en toda la UE.

4.3.3.

En cualquier caso, el CESE considera positivas las restricciones sobre la aplicación del procedimiento extrajudicial acelerado de ejecución de garantías reales en la propuesta. En primer lugar, solo se incluyen los contratos celebrados entre los acreedores y los prestatarios empresariales. Además, se excluyen de forma específica los siguientes:

los consumidores que participen en actividades no profesionales (20);

las sociedades sin ánimo de lucro;

los acuerdos de garantía financiera (21), y

los bienes inmuebles residenciales que constituyan la residencia principal de un prestatario empresarial (22).

4.4.    Proyecto sobre SGA (sociedades de gestión de activos)

Normas en materia de ayudas estatales

4.4.1.

El CESE está de acuerdo con la Comisión en que las SGA han sido una parte importante de las soluciones para sanear los balances de los bancos en algunos Estados miembros, sobre todo tras la crisis financiera. No obstante, también está de acuerdo en que, en el caso de instrumentos con apoyo o garantías de carácter público, pueden contribuir también a los riesgos para la estabilidad financiera, incluido el posible refuerzo de lo que se conoce como el «círculo vicioso de la deuda soberana».

4.4.2.

El CESE apoya, por lo tanto, la coherencia con el marco normativo de la UE, en especial la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias (DRRB) (23) y el Reglamento relativo al Mecanismo Único de Resolución (MUR) (24).

4.4.3.

En la práctica, casi todas las SGA nacionales se han beneficiado de apoyo estatal de alguna manera, incluidas las siguientes: garantías para responder a las pérdidas o para garantizar la financiación de las SGA (esto puede derivar en que las SGA tengan la calificación «soberana», de modo que los títulos de las SGA sean, por ejemplo, admisibles como garantía de operaciones con pacto de recompra); compra de activos por parte de las SGA por encima de su valor de mercado (el valor que pagaría un inversor), como resultado de adoptar una visión a más largo plazo del valor económico —el exceso de valor económico sobre el valor de mercado constituye ayuda estatal y requiere que la Comisión Europea autorice a cada banco—; recapitalización de bancos que participen en SGA por parte de los gobiernos (25).

4.4.4.

Incluso cuando se permita algún tipo de ayuda estatal, las normas más recientes de la Unión suelen requerir que, como mínimo, la deuda subordinada de un banco se recapitalice de manera interna (que se amortice o se transforme en fondos propios), de manera que la responsabilidad de la recapitalización al menos se divida entre los sectores público y privado.

Bruselas, 11 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  COM(2018) 134 final — Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a la cobertura mínima de pérdidas derivadas de exposiciones dudosas.

(2)  COM(2018) 135 final — Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los administradores de créditos, los compradores de créditos y la recuperación de las garantías reales.

(3)  COM(2018) 133 final — Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo — Segundo informe de situación sobre el proceso de reducción de los préstamos dudosos en Europa.

(4)  SWD(2018) 72 final — Proyecto sobre SGA (sociedades de gestión de activos) — Documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo — Segundo informe de situación sobre el proceso de reducción de los préstamos dudosos en Europa.

(5)  Conclusiones del Consejo sobre el «Plan de acción para hacer frente a los préstamos dudosos en Europa» (11 de julio de 2017).

(6)  Cuadro de riesgos de la Autoridad Bancaria Europea Q4, datos de 2017.

(7)  Dictamen del CESE sobre «El crédito y la exclusión social en la sociedad de la abundancia» (DO C 44 de 16.2.2008, p. 74).

(8)  Definición de la Autoridad Bancaria Europea (ABE): exposición dudosa es toda exposición en situación de mora durante noventa días o para la que existan pocas probabilidades de pago sin la ejecución de la garantía real, incluso cuando no se reconozca como en situación de impago o deteriorada. Las exposiciones en situación de impago o deterioradas de acuerdo con el artículo 178 del RRC y el marco contable aplicable, respectivamente, se considerarán siempre exposiciones dudosas. Además, toda exposición a un deudor se considerará dudosa cuando el volumen vencido durante más de noventa días dentro del balance alcance el 20 % del importe pendiente del total de la exposición a ese deudor dentro del balance («efecto arrastre»). La exposición dudosa total se obtiene sumando los préstamos dudosos, los títulos de deuda dudosos y las partidas fuera de balance dudosas.

(9)  Documento de consulta sobre los mecanismos reglamentarios de protección.

(10)  Norma Internacional de Información Financiera. En vigor desde el 1 de enero de 2018.

(11)  Normas Internacionales de Contabilidad.

(12)  Eurofinas: respuesta a la consulta de la Comisión Europea sobre los mecanismos legales de protección prudencial.

(13)  Principios de contabilidad generalmente aceptados.

(14)  KPGM: 100 000 millones EUR, menos del 10 % de las capital en circulación.

(15)  Directiva 2014/17/UE (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34).

(16)  Directiva 2011/83/UE (DO L 304 de 22.11.2011, p. 64).

(17)  Directiva 93/13/CEE (DO L 95 de 21.4.1993, p. 29).

(18)  https://www.consumerfinance.gov/about-us/newsroom/consumer-financial-protection-bureau-reminds-mortgage-servicers-of-legal-protections-for-consumers-when-transferring-loans/.

(19)  Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 47.

(20)  Directiva 2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo, artículo 3, letra a).

(21)  Directiva 2002/47/CE sobre acuerdos de garantía financiera, artículo 2, apartado 1, letra a).

(22)  «La crisis financiera […] ha obligado a muchos prestatarios de créditos hipotecarios a revender a precios irrisorios los bienes inmuebles que habían adquirido». Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los contratos de crédito para bienes inmuebles de uso residencial» (DO C 318 de 29.10.2011, p. 133).

(23)  Directiva 2014/59/UE.

(24)  Reglamento (UE) n.o 806/2014 (DO L 225 de 30.7.2014, p. 1).

(25)  KPGM.


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/50


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre

la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la legislación aplicable a los efectos en materia de derechos de propiedad de las operaciones con valores

[COM(2018) 89 final]

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva

[COM(2018) 92 final — 2018/0041 (COD)]

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos

[COM(2018) 96 final — 2018/0044 (COD)]

y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 345/2013 y (UE) n.o 346/2013

[COM(2018) 110 final — 2018/0045 (COD)]

(2018/C 367/10)

Ponente:

Petr ZAHRADNÍK

Consulta

Consejo de la Unión Europea, 12.4.2018

Parlamento Europeo, 16.4.2018

Fundamento jurídico

Artículo 53, apartado 1, y artículos 114 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en sección

27.6.2018

Aprobado en el pleno

11.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

152/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE apoya los esfuerzos sistemáticos para poner en marcha todos los elementos clave de la Unión de Mercados de Capitales de aquí a 2019 y prevé que entre los beneficios previstos figurarán la ampliación de las oportunidades de inversión, la racionalización del procedimiento de intermediación financiera, la diversificación de las inversiones y la mejora de las capacidades de gestión de riesgos.

1.2.

Por lo que respecta a la apertura de nuevas oportunidades para la distribución transfronteriza de fondos de inversión, el CESE cree que es importante alcanzar una relación de equilibrio entre los requisitos de protección de los inversores, que son fundamentales a este respecto, ofreciendo al mismo tiempo un margen de creatividad suficiente a los diseñadores y distribuidores de los productos de inversión.

1.3.

Al igual que la Comisión Europea, el CESE opina que los principales obstáculos reglamentarios a la distribución transfronteriza de fondos de inversión en este momento son los requisitos de comercialización, las tasas reglamentarias, los procedimientos de notificación y los requisitos administrativos a escala nacional. Al mismo tiempo, es consciente de que existen otros obstáculos que las medidas propuestas no abordan, como la armonización de las normas fiscales, que, desde una perspectiva realista, es más viable a largo plazo.

1.4.

Sin embargo, el CESE también opina que los principales motivos subyacentes a los obstáculos existentes a la distribución transfronteriza de fondos de inversión no se encuentran en los reglamentos y directivas en vigor, sino, sobre todo, en la falta de orientaciones e instrucciones pormenorizadas de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), como consecuencia de lo cual cada jurisdicción nacional tiene normas distintas. Por lo tanto, la mayoría de las propuestas deberían ir acompañadas de instrucciones pormenorizadas y explicativas de la ESMA, y la propuesta de un nuevo reglamento debería servir únicamente como marco general que garantizara un enfoque uniforme respecto de la normativa.

1.5.

El CESE considera que, para poder lograr un efecto de economías de escala, deberían evitarse las manifestaciones de «inventiva nacional» en el diseño de estructuras de costes y adoptar una vía con disposiciones nacionales claramente definidas e inequívocas que fueran coherentes en toda la UE.

1.6.

El CESE celebra y apoya la intención de mejorar la transparencia de las tasas reglamentarias, ya que ello puede contribuir a acelerar la distribución transfronteriza de fondos de inversión. A este respecto, el papel de la ESMA es crucial.

1.7.

El CESE pide que se introduzcan normas para la notificación sistemática de comunicaciones publicitarias con un efecto lo suficientemente riguroso para evitar la persistencia de prácticas que pudieran fragmentar el mercado de la UE.

1.8.

El Comité acoge con satisfacción la creación de la base de datos de la ESMA, pero observa que con ello no se deberían imponer requisitos adicionales de notificación a los gestores de activos y que dichos requisitos deberían aplicarse exclusivamente a las autoridades nacionales competentes.

1.9.

En relación con las normas propuestas para poner fin a la promoción y comercialización de fondos de inversión, el Comité opina que la decisión sobre el cese ha de ser facultativa y deberá depender de la decisión que adopte el gestor de activos.

1.10.

El CESE recomienda definir normas más detalladas para garantizar la verificación de las cualificaciones y la competencia de las personas que prestan servicios de inversión.

2.   Antecedentes y contexto general: introducción de todos los elementos de la Unión de los Mercados de Capitales para 2019

2.1.

La Unión de los Mercados de Capitales es un proyecto de la UE a largo plazo para aumentar la eficiencia y la eficacia de la intermediación financiera. Su impacto debería ser visible a partir de 2019 —cuando se espera el lanzamiento de todos los elementos actualmente previstos—, con la creación de un entorno de inversión favorable a largo plazo que contribuya a lograr un sólido crecimiento económico, competitividad y empleo.

2.2.

En simbiosis con la Unión Bancaria, una Unión de los Mercados de Capitales que funcione adecuadamente respaldará el entorno operativo del mercado único y reforzará la unión económica y monetaria. También contribuirá a que la UE sea más atractiva para la inversión en todo el mundo. Un elemento crucial es el refuerzo de la diversificación como medio de compartir los riesgos privados a nivel transfronterizo. Para que esta condición previa funcione, es preciso evitar la propagación de activos de baja calidad. De lo contrario, el riesgo se incrementaría aún más.

2.3.

Las propuestas de la Comisión Europea continúan en la dirección de las medidas adoptadas para crear la Unión de los Mercados de Capitales desde su lanzamiento en 2015, con el fin de obtener capital de manera eficaz y distribuirlo —según su rentabilidad— de modo que esté a disposición de todo tipo de empresas, incluidas las pymes.

2.4.

Las actuales propuestas de la Comisión Europea se encaminan específicamente a apoyar el mercado transfronterizo de fondos de inversión y se centran en el mercado de bonos garantizados dentro de la UE como fuente de financiación a largo plazo, y en ofrecer una mayor seguridad jurídica para las operaciones transfronterizas con valores y créditos. Estas propuestas deben tomarse en consideración en términos de su interconexión. También es esencial, al mismo tiempo, respetar el Plan de Acción en materia de tecnología financiera y el Plan de Acción sobre finanzas sostenibles, que también son muy importantes para lograr una Unión de los Mercados de Capitales plenamente operativa.

2.5.

La idea es lograr mayores avances en la Unión de los Mercados de Capitales para 2019 al menos en tres frentes: reforzar el papel de las etiquetas y pasaportes europeos para los productos financieros, armonizar y simplificar las normas para profundizar y homogeneizar los mercados de capitales a través de las fronteras y garantizar una supervisión más coherente y eficiente de los mismos.

2.6.

La finalidad prevista de las medidas propuestas es lograr niveles más elevados de integración y homogeneidad en el mercado de los fondos de inversión, reducir costes a través de las fronteras, aumentar significativamente la oferta para los inversores y mejorar la protección de los inversores con arreglo a normas comunes. En este espíritu, la apertura de mercados para la distribución transfronteriza de fondos de inversión constituye una oportunidad, si bien es una oportunidad que requiere suprimir obstáculos nacionales de carácter legislativo y no legislativo.

3.   Finalidad de la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva

3.1.

Los fondos de inversión colectiva son una importante herramienta en el proceso de intermediación financiera que permiten distribuir e invertir activos financieros privados y públicos en proyectos empresariales reales y proyectos de inversión pública productivos. El mercado de fondos de inversión de la UE asciende a un total de 14,3 billones EUR, cifra que se acerca mucho al PIB de la UE.

3.2.

Sin embargo, todavía no se ha aprovechado plenamente su potencial en el contexto transfronterizo, donde alrededor del 37 % de los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios y cerca del 3 % de los fondos de inversión alternativos se registran para la venta en más de tres Estados miembros.

3.3.

Los motivos de esta situación, además de la persistencia de obstáculos naturales, son las restricciones reglamentarias que impiden una distribución transfronteriza más amplia de los fondos de inversión. La intención de las propuestas de la Comisión es reducir el catálogo de estas restricciones para todos los tipos de fondos de inversión y facilitar su distribución transfronteriza, lo que podría acelerar este proceso y abaratar los productos distribuidos gracias a las economías de escala que se conseguirían. Las restricciones reglamentarias se dan, principalmente, en el ámbito de los requisitos de comercialización, las tasas reglamentarias, los procedimientos de notificación y los requisitos administrativos a nivel nacional. La forma de eliminar estos obstáculos es garantizando la transparencia y la armonización. Las medidas propuestas son, principalmente, de carácter técnico.

4.   Observaciones generales

4.1.

El CESE considera que los principales motivos subyacentes a los obstáculos existentes a la distribución transfronteriza de fondos de inversión no residen en los correspondientes reglamentos y directivas tal y como están formulados en este momento, sino más bien en la falta de orientaciones o instrucciones pormenorizadas de la ESMA y, así, en las diferentes normas en las distintas jurisdicciones europeas. Por lo tanto, el nuevo Reglamento debería adoptarse con respecto a un número mínimo de casos, mientras que la mayoría de las propuestas debería centrarse en instrucciones pormenorizadas y explicativas de la ESMA que garantizaran una explicación clara de las normas existentes, y no en la adopción de nuevas normas, basándose así en la contribución positiva que ha aportado hasta la fecha la ESMA de cara a la adaptación de las normas.

4.2.

El CESE estima que las medidas propuestas en el presente dictamen son, sin duda, significativas, aunque muchas de ellas son sobre todo procedimientos de apoyo de carácter técnico. No obstante, estas constituyen también, en términos generales, una contribución de gran calado al funcionamiento de la UEM. Al mismo tiempo, el CESE recomienda que se incorpore la esencia de los cuatro documentos en cuestión a una nueva propuesta de Reglamento global.

4.3.

El CESE cree que, cuando se incluyen nuevas normas de juego, es preciso respetar la relación de equilibrio entre los requisitos de protección de los inversores y el suficiente margen de creatividad que se otorga a los originadores y vendedores de productos de inversión. Una educación financiera sistemática reforzará el impacto de la protección de los inversores.

4.4.

La legislación de la UE más lograda, como las disposiciones relativas a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA), deberían prevalecer sobre las normas generales consagradas, por ejemplo, en la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID). Esto se debe a que la experiencia real demuestra que las disposiciones sobre OICVM y GFIA ofrecen un marco muy sólido para los fondos de inversión, mientras que el CESE considera que la MiFID entraña —junto con una serie de ventajas— diversas inseguridades, como resultado de lo cual, paradójicamente, ha provocado una mayor fragmentación del mercado único y mayores diferencias entre países dentro de la UE.

4.5.

El CESE respeta el hecho de que la distribución transfronteriza de fondos de inversión exige un régimen fiscal estable que cree las condiciones esenciales para un entorno empresarial sostenible. En esta fase no se plantea una plena armonización de las normas fiscales, incluidos los aranceles. No obstante, se debe prever que, en el futuro, los esfuerzos encaminados a la armonización fiscal podrían contribuir a crear condiciones fiscales uniformes en este segmento en toda la UE. Sin embargo, la labor actual para armonizar los parámetros fiscales se centra en otros instrumentos fiscales.

4.6.

El CESE opina que el modo de lograr las deseadas economías de escala es evitar la «inventiva nacional» en el diseño de estructuras de costes (que en muchos casos superan lo dispuesto en la normativa de la UE con el fin de recuperar costes esenciales) y contar con disposiciones nacionales claramente definidas, inequívocas y coherentes.

4.7.   Comunicación de la Comisión sobre la legislación aplicable a los efectos en materia de derechos de propiedad de las operaciones con valores

4.7.1.

El CESE apoya el objetivo de incluir medidas para reducir la inseguridad jurídica de las operaciones transfronterizas con valores y créditos. Considera importante garantizar la claridad y la previsibilidad del Derecho nacional que se utilizará para determinar el propietario de los activos subyacentes a la operación, ya que los riesgos jurídicos derivados de la inseguridad pueden provocar pérdidas adicionales. Por lo tanto, resulta fundamental y necesario explicar la terminología jurídica que determina la propiedad y los elementos contractuales.

4.8.   Reglamento sobre la ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos

4.8.1.

Además de la Comunicación ya mencionada, el CESE valora positivamente la idea de eliminar la inseguridad jurídica descrita anteriormente proponiendo normas uniformes para determinar por qué ley nacional se rige la propiedad de un crédito cedido en una transacción transfronteriza. La cesión transfronteriza de un crédito es un procedimiento por el cual las empresas pueden adquirir liquidez y acceso al crédito a través de compañías especializadas. El CESE reconoce que la seguridad jurídica en este ámbito contribuirá al refuerzo de las inversiones transfronterizas, al igual que la participación de las pequeñas y medianas empresas. Todo ello implica factoraje, constitución de garantías y titulización.

4.9.   Directiva sobre la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva

4.9.1.

El CESE apoya la creación de un entorno encaminado a aprovechar mejor el potencial de la distribución transfronteriza de fondos de inversión, aumentando la transparencia a nivel nacional y de la UE de los requisitos nacionales para la comercialización, aportando mayor transparencia a la estructura de las tasas reglamentarias a nivel de la UE y garantizando que dichas tasas se fijan de conformidad con una serie de principios comunes.

4.9.2.

El Comité prefiere que sean los gestores de fondos de inversión quienes elijan los medios para ayudar a los inversores locales.

4.9.3.

Además, acoge favorablemente la armonización de procedimientos para la utilización del «pasaporte» en el reparto de los fondos de inversión en un contexto transfronterizo.

4.9.4.

El CESE respalda la creación de normas armonizadas para la comunicación publicitaria.

4.9.5.

Por último, el Comité apoya la creación de un sistema por el que los Estados miembros garantizarán el fácil acceso a la legislación por la que se rige la comercialización transfronteriza de fondos de inversión en su territorio (electrónicamente y en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales).

4.10.   Reglamento relativo a la facilitación de la distribución transfronteriza de fondos de inversión colectiva

4.10.1.

El CESE acoge favorablemente la finalidad esencial de este Reglamento, esto es, llegar a un entendimiento común sobre la especificación de los requisitos relativos a las comunicaciones publicitarias y las medidas encaminadas a garantizar la transparencia de las disposiciones nacionales sobre los requisitos para la comercialización de los fondos.

4.10.2.

Además, respalda la práctica propuesta, según la cual las tasas son proporcionadas a las tareas de supervisión realizadas. El Comité espera que el mantenimiento de una base de datos en línea con las tasas y los métodos relevantes para su cálculo genere beneficios reales, algo que percibe como un verdadero desafío. No obstante, recomienda que se evalúen estos beneficios en función de los costes ocasionados y que se determinen cuáles pueden ser los riesgos asociados con el funcionamiento de la base de datos. El CESE tiene previsto elaborar unas normas técnicas de ejecución para la información relativa a las tasas, y para que la ESMA publique y mantenga una base de datos en línea con las tasas.

4.10.3.

El CESE valora positivamente que se especifiquen los requisitos para los flujos de información, su tipificación y su simplificación, así como la regulación del proceso de precomercialización, en el que se pone a prueba el apetito del inversor por las futuras oportunidades o estrategias de inversión.

5.   Observaciones específicas

5.1.

Respecto de las tasas y cargas recaudadas por las autoridades nacionales competentes y su transparencia, el CESE apoya la intención de la propuesta de impulsar la transparencia sobre las tasas reglamentarias, especificando también el papel de la ESMA en la recopilación de la información necesaria. El Comité considera que esta medida tiene potencial para profundizar en la facilitación de la distribución transfronteriza de los fondos de inversión.

5.2.

Se sugiere introducir normas a nivel de las autoridades nacionales competentes para la notificación sistemática de las comunicaciones publicitarias, con el fin de habilitar controles ex ante de dicho material. Sin embargo, el Comité cree que la existencia de distintas normas para las autoridades nacionales competentes podría provocar la fragmentación del mercado de la UE, ya que no deberían existir diferencias dentro del mercado único. El CESE recomienda que no sea posible que las distintas autoridades nacionales competentes adopten enfoques diferentes a este respecto.

5.3.

Si bien el CESE acoge favorablemente la creación de una base de datos de la ESMA que incluya GFIA, empresas de gestión de OICVM, GFIA y OICVM, añadiría que no es deseable imponer más requisitos de notificación a los gestores de activos. El CESE considera que debería quedar claro, por lo tanto, que los requisitos de notificación basados en los artículos 10 y 11 de la propuesta de Reglamento deberían ser requisitos de notificación para las autoridades nacionales competentes y que no se deberían imponer dichos requisitos adicionales a los participantes en el mercado.

5.4.

El CESE señala que la definición propuesta de «precomercialización» no debe tomarse de la definición incluida en la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos; hace falta mayor pureza y coherencia jurídicas y la experiencia práctica sugiere que existen medios e instrumentos no legislativos que podrían constituir una forma mejor, o la única, de lograr este fin. El CESE teme que la actual propuesta pueda ahondar en la fragmentación del mercado único al propiciar interpretaciones nacionales.

5.5.

En relación con las normas propuestas para poner fin a la promoción y comercialización de los fondos de inversión, el Comité opina que las normas propuestas podrían provocar distorsiones en el mercado único por lo que respecta a los fondos de inversión. La decisión de poner fin a la comercialización de participaciones o acciones de fondos de inversión en cualquier jurisdicción debería ser una decisión exclusivamente empresarial de la empresa que gestiona los activos. La protección de los inversores se establece adecuadamente (tal y como demuestra la experiencia práctica) por medio de:

la publicación de las decisiones;

la facilitación de información a los inversores;

la oportunidad dada a los inversores de retirarse del fondo en un plazo especificado.

5.6.   Otros obstáculos a la distribución transfronteriza de fondos de inversión

5.6.1.

Otros de los obstáculos existentes a la distribución transfronteriza son las normas sobre la comprobación de las cualificaciones de las personas que prestan servicios de inversión. El CESE cree que se deberían adoptar normas más detalladas, por ejemplo:

a qué servicios se aplican las normas existentes;

a qué tipo de actividades en la prestación de dichos servicios se aplican las normas;

cómo se deberían comprobar las cualificaciones si los reguladores locales (nacionales) no pueden introducir procedimientos nacionales;

el reconocimiento de varios modos de comprobación de las cualificaciones a nivel de la UE con procedimientos paneuropeos o mundiales, como los tests de la CFA.

5.6.2.

El CESE apoya el establecimiento de normas pormenorizadas e inequívocas respecto de qué legislación cubre la distribución de los fondos de inversión: en la actualidad, no está claro qué normas (si las de la MiFID o los OICVM, o la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos) se aplican a la distribución de los fondos. Uno de los principales obstáculos a la distribución transfronteriza es, en opinión del Comité, la adopción de un enfoque diferente por parte de cada uno de los legisladores. Debería especificarse claramente que la distribución de fondos recae únicamente en el ámbito de los OICVM o la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos (para fondos propios, fondos administrados y fondos de terceros), donde la compañía de gestión no necesite una licencia MiFID ni licencias para servicios en virtud de la MiFID.

5.6.3.

El CESE expresa su convencimiento de que no debería requerirse ninguna notificación local (nacional). Los reguladores no deberían tener la oportunidad de introducir informes sobre fondos locales (nacionales) por medio de informes reglamentarios en relación con los reguladores ni por medio de la obligación de publicación de información (por ejemplo, en la prensa).

5.6.4.

El CESE cree que la base de datos interactiva de la ESMA sobre tasas y cargas debería ampliarse en un futuro para incluir:

el requisito relativo al plazo necesario para cualquier tipo de licencia o registro;

el requisito de la información pormenorizada necesaria para los informes locales (nacionales), y

el requisito de las normas de distribución locales (nacionales).

Bruselas, 11 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/56


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre

la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a las exposiciones en forma de bonos garantizados

[COM(2018) 93 final — 2018/0042 (COD)]

y sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE

[COM(2018) 94 final — 2018/0043 (COD)]

(2018/C 367/11)

Ponente:

Daniel MAREELS

Consulta

Consejo de la Unión Europea, 28.3.2018

Parlamento Europeo, 16.4.2018

Fundamento jurídico

Artículos 53, 114 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobación en sección

27.6.2018

Aprobación en el pleno

11.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

165/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

Por las diversas razones que se exponen a continuación, el CESE acoge con gran satisfacción las propuestas sobre los bonos garantizados (véanse el punto 1.2 y los puntos siguientes). El CESE insiste en que se haga todo lo posible por lograr avances rápidos y obtener resultados. El Comité también formula una serie de propuestas a este respecto (véanse el punto 1.7. y los puntos siguientes).

1.2.

En primer lugar, estas propuestas forman parte de un marco más amplio y contribuyen a la consecución de objetivos que son esenciales para el Comité, como el rápido establecimiento de una Unión de los Mercados de Capitales (UMC) y la realización de la unión económica y monetaria (UEM). Además, los bonos garantizados facilitan las operaciones de financiación transfronterizas y, por lo tanto, contribuyen a la distribución del riesgo privado.

1.3.

Por otra parte, varios Estados miembros de la UE gozan tradicionalmente de una posición muy sólida en los mercados internacionales y mundiales. El enfoque europeo sobre el tratamiento prudencial de los bonos garantizados es un principio rector en todo el mundo. Las propuestas actuales deberían utilizarse no solo para consolidar esta posición de liderazgo, sino también, en la medida de lo posible, para reforzarla. Sin duda, a la vista de una serie de desplazamientos de poder y de fuerza entre Oriente y Occidente, es importante que la UE actúe con firmeza y determinación.

1.4.

Es preciso aprovechar la oportunidad que ofrecen las propuestas para asegurar una amplia difusión de los bonos garantizados y desarrollar mercados para ellos en toda la Unión. No hay que escatimar esfuerzos que impulsen el éxito de estos instrumentos y mercados, en particular en los Estados miembros en los que todavía no se conocen.

1.5.

Por otra parte, el Comité acoge con gran satisfacción tanto el enfoque adoptado en materia de armonización mínima basada en las normativas nacionales como el contenido de las propuestas, para las que, además, el Parlamento Europeo, las autoridades de supervisión y otras partes interesadas han sentado unas bases sólidas. Esto ha permitido obtener un resultado cualitativo sin perturbar los mercados actuales, y a un coste aceptable.

1.6.

Es de vital importancia que los bonos garantizados permitan a los bancos crear recursos adicionales para financiar la economía a largo plazo. Estos nuevos recursos deberán convertirse en financiación adicional para los gobiernos, las empresas y los hogares. De ser así, esta propuesta contribuirá a restablecer la confianza en los sistemas bancario y financiero.

1.7.

El Comité acoge con especial satisfacción que la propuesta contemple incluir los bonos garantizados en el ámbito de los bancos de menor tamaño. No obstante, el CESE insiste en que se estudie más detenidamente la manera de aprovechar al máximo esta posibilidad. Sin dejar de lado las normas de aplicación general, podría considerarse, por ejemplo, qué requisitos administrativos y de otro tipo podrían adaptarse para los bancos de menor tamaño.

1.8.

Asimismo, el CESE recomienda encarecidamente que el uso de la etiqueta europea para los bonos garantizados sea obligatorio y no facultativo, como se prevé en la actualidad. El reto consiste en considerar la situación de forma global y desde una perspectiva de futuro. Un uso obligatorio generalizado de la etiqueta europea no podrá sino favorecer el liderazgo europeo a escala mundial y crear oportunidades para aquellos Estados miembros (en especial los de reducido tamaño) que deseen aprovechar plenamente las oportunidades que brinda el nuevo sistema. Esto garantizará que sus productos puedan distribuirse en el mercado, y el uso obligatorio de la etiqueta también podría aumentar la confianza de los inversores.

1.9.

Teniendo en cuenta que los bonos garantizados ofrecen protección adicional al no estar sujetos a recapitalización y que su seguridad y liquidez están generalmente aceptadas, el Comité insta a que se estudien las medidas necesarias y deseables para atraer también a ahorradores y consumidores privados. Dado que son instrumentos a largo plazo, los bonos garantizados parecen ser especialmente adecuados para constituir pensiones, y ahí es donde podrían contemplarse las propuestas del producto paneuropeo de pensiones individuales.

1.10.

El Comité acoge favorablemente la evaluación prevista del nuevo sistema, pero realizarla al cabo de tres años, como se propone, parece un período demasiado corto. Habida cuenta de que se trata de una cuestión de mercado y de que es necesario disponer de tiempo suficiente para adquirir una experiencia útil con las nuevas normas, el Comité recomienda que este período se amplíe, por ejemplo, a cinco años. Huelga decir que los Estados miembros podrán supervisar esta cuestión de cerca a escala nacional.

2.   Contexto

2.1.

Desde su entrada en funciones en 2014, la Comisión Juncker ha estado desarrollando un «Plan de inversiones para Europa» destinado a cumplir sus prioridades absolutas, que son el crecimiento, el empleo y la inversión (1). Una de sus principales metas es crear una Unión de los Mercados de Capitales, además de un mercado único digital y una unión energética. Con ello se pretende lograr una Unión de los Mercados de Capitales integrada, que funcione adecuadamente y abarque a todos los Estados miembros.

2.2.

Con el «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales», (2) la Comisión se comprometió a sentar todas las bases necesarias a tal fin de aquí a 2019. En total se presentaron más de 33 iniciativas y acciones.

2.3.

Tras abogar por un progreso rápido (3) (4), en 2017 se llegó a una revisión intermedia del plan de acción, la cual desembocó en una serie de nuevas acciones prioritarias para tener en cuenta los nuevos desafíos y las circunstancias cambiantes, entre ellos el Brexit.

2.4.

Por otra parte, la Comisión aprovechó la ocasión para señalar que «tenemos que ser más ambiciosos y eliminar los obstáculos, pero, sobre todo, aprovechar las nuevas oportunidades» (5). En ese contexto, el 8 de marzo de 2018 publicó la Comunicación titulada «Es el momento de dar un impulso definitivo a la plena realización de la Unión de los Mercados de Capitales en 2019» y presentó un paquete de medidas.

2.5.

Las propuestas actuales sobre los bonos garantizados que forman parte de ese paquete (6) comprenden dos textos:

2.5.1.

la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE (7), y

2.5.2.

la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a las exposiciones en forma de bonos garantizados (8).

2.6.

Estas propuestas pretenden crear un marco habilitador para los bonos garantizados a nivel de la UE. Eso conlleva, entre otras cosas, una definición de esos bonos, el uso de una etiqueta europea en el mercado, los requisitos prudenciales para gozar de un régimen de capital preferente y determinadas obligaciones para las autoridades competentes.

3.   Observaciones y comentarios

3.1.

El CESE está muy satisfecho con estas propuestas enmarcadas en la creación de una UMC y urge a emplearse a fondo para lograr resultados sin dilación.

3.2.

En primer lugar, las propuestas contribuyen a una serie de objetivos más amplios que preocupan profundamente al Comité y que ya había defendido anteriormente (9). Entre ellos pueden citarse:

3.2.1.

La creación de la UMC, necesariamente aparejada a una mayor convergencia económica y social así como a la integración financiera y económica, debe conducir a reforzar la seguridad, estabilidad y resistencia del sistema financiero y económico mediante la ampliación y diversificación de las fuentes de financiación de la economía. Su pronta realización debe continuar siendo una alta prioridad.

3.2.2.

La propuesta de un régimen para los bonos garantizados facilitará las operaciones de financiación transfronterizas y, por tanto, contribuirá a la distribución del riesgo privado. Esto es de suma importancia para los Estados miembros a la hora de prevenir los choques asimétricos en caso de crisis o de reducir sus consecuencias. Por lo demás, la UMC constituye una importante contribución al crecimiento convergente dentro de los Estados miembros de la Unión, lo cual debería permitir a las economías más débiles compensar más rápidamente su retraso frente a las más fuertes.

3.2.3.

También para la ulterior realización de la UEM, la UMC es crucial y su realización imprescindible. Junto con una unión bancaria completa, la UMC debería dar lugar a una auténtica unión financiera, uno de los cuatro pilares fundamentales de la UEM.

3.2.4.

Tradicionalmente, Europa ocupa una posición muy fuerte en materia de bonos garantizados (10). Hay que aprovechar estas propuestas para continuar fortaleciendo el liderazgo europeo a escala mundial. Más en general, y desde una perspectiva internacional, es importante que la UE actúe con firmeza y alcance una posición fuerte, en particular ahora que se está produciendo toda una serie de desplazamientos de poder y de fuerza entre Oriente y Occidente.

3.3.

Las propuestas contribuyen a crear recursos adicionales para financiar la economía a largo plazo. De hecho, mediante la emisión de bonos garantizados los bancos pueden obtener financiación rentable a largo plazo. En conjunto, el potencial de emisión adicional de bonos garantizados podría alcanzar los 342 000 millones EUR y el correspondiente ahorro total anual para los prestatarios europeos podría cifrarse entre 1 500 y 1 900 millones EUR (11).

3.4.

En cualquier caso, es importante que los nuevos recursos se utilicen en beneficio de la economía. Los bancos deben usar estas fuentes complementarias de financiación para conceder préstamos adicionales a gobiernos, hogares y empresas. De ser así, esta propuesta contribuirá a restablecer la confianza en los sistemas bancario y financiero.

3.5.

En aras de la estabilidad y seguridad del sistema financiero, es importante que estos nuevos medios lleguen a través de instrumentos que proporcionen seguridad y liquidez en cualquier circunstancia, y estas propuestas incluyen una serie de garantías a tal efecto. Un régimen sólido para los bonos garantizados debe favorecer también a los inversores ofreciéndoles más y mejores opciones en los mercados. Para estos inversores, el doble crédito (12) (dual recourse) de que disponen cobra gran relevancia y, por consiguiente, es importante que las autoridades insistan en que los emisores valoren adecuadamente los activos subyacentes.

3.6.

En consecuencia, la propuesta de crear un marco habilitador que favorezca el desarrollo de los bonos garantizados y los mercados para esos instrumentos en toda la Unión merece el pleno apoyo del Comité. No hay que escatimar esfuerzos para lograr el éxito, particularmente en los Estados miembros (13) en los que aún se desconocen semejantes instrumentos y mercados. El objetivo es eliminar los últimos espacios en blanco del mapa y asegurar que en todos los Estados miembros exista un régimen de bonos garantizados.

3.7.

Con este apoyo, el Comité pretende dar reconocimiento y respaldo a los esfuerzos previos que, en los últimos años, han realizado la Comisión, el Parlamento Europeo, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y otros en favor de un sistema regulado de bonos garantizados a escala europea. La mayoría de los Estados miembros y otros interesados como el Consejo Europeo de Bonos Garantizados han reaccionado positivamente (14).

3.8.

El Comité también respalda plenamente la opción de inclinarse por una armonización mínima a nivel europeo partiendo de las regulaciones nacionales, puesto que permite lograr varios objetivos a un coste razonable. Al mismo tiempo, se evita perturbar los mercados existentes y se reducen los costes de transición. Sin embargo, es importante que las regulaciones nacionales existentes respalden el objetivo de la propuesta europea para estimular el mercado de los bonos garantizados. Cualquier limitación o restricción nacional contradictoria resultaría, por tanto, inoportuna.

3.9.

Como ya se ha dicho, hay una serie de Estados miembros que ocupan una posición muy fuerte en este mercado, pero al mismo tiempo la evolución reciente muestra que en otras partes del mundo también está creciendo el interés por los bonos garantizados. Visto lo cual, el Comité también está interesado en que se refuerce la actual posición de liderazgo de Europa en este contexto internacional, y se dediquen esfuerzos a promocionar el planteamiento europeo como referente mundial.

3.10.

El Comité también considera importante que se prevea una evaluación de los resultados y el éxito de esta nueva reglamentación. Dado que se trata de una cuestión de mercado y que es necesario prever un período de tiempo suficiente para adquirir una experiencia útil, en particular en los Estados miembros para los que esta situación es nueva, el Comité considera que el período actual de tres años resulta insuficiente y recomienda que se amplíe, por ejemplo, a cinco años. Huelga decir que los Estados miembros son libres de supervisar esta cuestión de cerca en cualquier momento.

4.   Observaciones específicas y comentarios

4.1.

En conjunto, serespalda el planteamiento de la Comisión de crear una reglamentación clara y completa, que incluya una definición, una descripción de las características estructurales, la supervisión pública y la introducción de una etiqueta europea para los bonos garantizados, así como el tratamiento prudencial de este instrumento.

4.2.

Sin embargo, es importante que dicha reglamentación sea accesible y pueda emplearse en la práctica en todos los bancos. A ese respecto, el Comité celebra que se preste particular atención a los problemas y dificultades que pueden encontrar los bancos más pequeños a la hora de emitir bonos garantizados. El CESE pide que se aproveche al máximo esta posibilidad. Sin dejar de lado las normas de aplicación general, podría considerarse, por ejemplo, qué requisitos administrativos y de otro tipo podrían adaptarse para los bancos de menor tamaño.

4.3.

El uso de la etiqueta europea para los bonos garantizados se plantea como algo facultativo, para permitir que los Estados miembros puedan mantener su propio sistema de denominación nacional (15). El CESE no comparte esta posición y apoya firmemente, por el contrario, el uso obligatorio de la etiqueta europea. El reto consiste en considerar la situación de forma global y desde una perspectiva de futuro. El uso obligatorio de la etiqueta europea no podrá sino favorecer el liderazgo europeo a escala mundial y crear oportunidades para aquellos Estados miembros (en especial los de reducido tamaño) que deseen aprovechar plenamente las oportunidades que brinda el nuevo sistema. Para ellos, la etiqueta europea constituye la garantía de que sus bonos garantizados podrán ser distribuidos en los mercados. Este uso obligatorio también podría aumentar la confianza de los inversores.

4.4.

Actualmente, el mercado de los bonos garantizados está principalmente en manos de inversores profesionales e institucionales (16). El Comité insta a que se estudien las medidas necesarias y deseables para atraer también a ahorradores y consumidores privados. Varios elementos abogan por esta idea. No solo se considera tradicionalmente que los bonos garantizados son seguros y proporcionan liquidez incluso en tiempos de crisis, sino que también cabe destacar la contribución de las propuestas actuales. Además, no están sujetos a recapitalización, lo que tiene su importancia desde el punto de vista de la protección de los ahorradores privados. Por ello, también parecen más adecuados que otros productos (17). Dado que son instrumentos a largo plazo, los bonos garantizados parecen ser muy útiles para constituir pensiones, y ahí es donde podría hacerse referencia a las propuestas del producto paneuropeo de pensiones individuales.

Bruselas, 11 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Véase el sitio web de la Comisión Europea.

(2)  Plan de acción de septiembre de 2015. «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales» — Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Véase COM(2015) 468 final.

(3)  El Consejo Europeo pidió «un progreso rápido y decidido» del plan con el fin de «facilitar el acceso a la financiación de las empresas y apoyar la inversión en la economía real».

(4)  Asimismo, la Comisión emitió una Comunicación en la que abogaba por acelerar las reformas. Véase COM(2016) 601 final.

(5)  Véase la Comunicación de la Comisión «Es el momento de dar un impulso definitivo a la plena realización de la Unión de los Mercados de Capitales en 2019» [COM(2018) 114 final].

(6)  Junto a la propuesta citada, el paquete incluye una propuesta para facilitar la distribución transfronteriza de los fondos de inversión colectivos, una propuesta para crear un marco habilitador para los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas, una propuesta relativa a la ley aplicable a los efectos frente a terceros de la cesión de créditos y una comunicación sobre la ley aplicable a las consecuencias patrimoniales de las operaciones de valores.

(7)  Véase la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la emisión de bonos garantizados y la supervisión pública de los bonos garantizados, y por la que se modifican la Directiva 2009/65/CE y la Directiva 2014/59/UE.

(8)  Véase la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 575/2013 en lo que respecta a las exposiciones en forma de bonos garantizados.

(9)  Véase, por ejemplo, ECO 437 — «Unión de los mercados de capitales: revisión intermedia» (DO C 81 de 2.3.2018, p. 117).

(10)  Aproximadamente el 90 % de todos los bonos garantizados del mundo procede de nueve países europeos. Véanse también las cifras que publicó el European Covered Bond Council (ECBC) en su European Covered Bond Fact Book, 12.a edición (2017). A escala mundial, el importe pendiente de bonos garantizados es de 2,5 billones de euros, de los cuales 2,1 billones son emitidos por instituciones con sede en Europa (véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión — Evaluación de impacto [(SWD 2018) 50 final].

(11)  Véase el «Documento de trabajo de los servicios de la Comisión — Evaluación de Impacto» [(SWD 2018) 50 final] en relación con las propuestas objeto de debate.

(12)  El doble crédito de los titulares de bonos garantizados se refiere, por una parte, al conjunto de garantías (cover pool) y, por otra, al emisor.

(13)  En la actualidad, una docena de Estados miembros de la UE aún no dispone de un marco legislativo sobre los bonos garantizados.

(14)  Véase un resumen en el capítulo tres de la propuesta de Directiva y de la propuesta de Reglamento.

(15)  Véase el considerando 33 de la propuesta de Directiva.

(16)  Según las explicaciones verbales de los representantes de la Comisión, un tercio está formado por bancos, otro tercio por el BCE y el último tercio por otros participantes como fondos de inversión y de pensiones.

(17)  También podría hacerse referencia a las propuestas sobre financiación colectiva y préstamos entre pares. Los instrumentos financieros ofrecidos en este marco son, en esencia, instrumentos financieros negociables que representan el capital (por ejemplo, las acciones) o la deuda (por ejemplo, los bonos). La protección prevista para los ahorradores e inversores en este contexto puede considerarse muy limitada.


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/61


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité Europeo de las Regiones — Plan de acción en materia de tecnología financiera: por un sector financiero europeo más competitivo e innovador

[COM(2018) 109 final]

(2018/C 367/12)

Ponente:

Petru Sorin DANDEA

Consulta

Comisión Europea, 10.4.2018

Fundamento jurídico

Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en sección

27.6.2018

Aprobado en el pleno

12.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

126/1/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité respalda el plan de la Comisión y considera que el desarrollo de la tecnología financiera (tecnofinanzas) en el sector financiero europeo puede aportar una serie de beneficios a las empresas europeas y a sus clientes.

1.2.

El Comité considera que el plan podría ser un incentivo para el desarrollo de los mercados de capitales y las pymes del ámbito financiero.

1.3.

Si bien el Comité juzga importantes las medidas incluidas en el plan de acción orientadas a aumentar la ciberseguridad y la resiliencia del sector financiero, opina que deben complementarse con normas que garanticen la uniformidad en el desarrollo de la tecnología financiera en la UE. Asimismo, estima que los operadores del sector de las tecnofinanzas deberían estar sometidos a las mismas normas que el sector financiero, en particular en lo que respecta a la resiliencia, la supervisión y la ciberseguridad.

1.4.

El Comité considera que, para lograr unas condiciones de competencia equitativas por lo que respecta al acceso a los datos de los clientes en el marco de la segunda Directiva sobre servicios de pago y el Reglamento general de protección de datos, es esencial que el derecho a la portabilidad de los datos personales se ejerza de una manera que sea compatible con la citada Directiva.

1.5.

Habida cuenta del desarrollo de las criptomonedas y de su gran volatilidad, el CESE recomienda a la Comisión que supervise de manera permanente y rigurosa la situación en este ámbito, en colaboración con las Autoridades Europeas de Supervisión. En su caso deberán adoptarse en la esfera de la UE todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad y la estabilidad del sistema financiero no corran peligro en momento ni modo alguno.

1.6.

Varios estudios recientes señalan que la introducción de las tecnofinanzas provoca la pérdida de un importante número de puestos de trabajo en las entidades financieras. El CESE recomienda que los Estados miembros diseñen y apliquen programas que incluyan medidas activas para el mercado laboral que permitan a los trabajadores afectados por la introducción de tecnologías innovadoras en el sector financiero encontrar un nuevo puesto de trabajo lo antes posible.

1.7.

El CESE recomienda que la Comisión determine las posibles normas que podrían adoptar las empresas que ofrecen servicios de computación en nube en lo que respecta a su responsabilidad de proteger los datos que alojan. Estas empresas deberían respetar las mismas normas en materia de protección de datos personales que las empresas que externalizan determinados tipos de servicios.

2.   Propuesta de la Comisión

2.1.

Con el objetivo de que el mercado financiero sea más competitivo e innovador, el 8 de marzo de 2018 la Comisión Europea presentó un plan de acción sobre cómo sacar el máximo partido de las oportunidades que ofrece la innovación tecnológica en los servicios financieros, las tecnofinanzas.

2.2.

Este plan de acción pretende que el sector financiero pueda incorporar y hacer uso de los rápidos avances en las nuevas tecnologías, como las cadenas de bloques (1), la inteligencia artificial o los servicios de computación en nube. Según la Comisión, Europa debería convertirse en un polo mundial en el ámbito de las tecnofinanzas, gracias a empresas e inversores capaces de beneficiarse de las ventajas que el mercado único ofrece en este ámbito tan dinámico.

2.3.

Sobre la base de los resultados de la consulta pública que se llevó a cabo entre marzo y junio de 2017, la Comisión considera que, en este momento, la necesidad de llevar a cabo reformas legislativas o reglamentarias a escala de la UE es limitada. Sin embargo, sí es necesario que la UE adopte una serie de iniciativas específicas que permitan integrar plenamente la digitalización del sector financiero.

2.4.

El plan de acción en materia de tecnología financiera dispone, en particular, la adopción de las medidas necesarias para que los modelos empresariales innovadores alcancen una dimensión europea, el apoyo a la integración de la innovación tecnológica en el sector financiero y la mejora de su seguridad y su resiliencia.

2.5.

Junto con esta Comunicación, y como parte del plan de acción, la Comisión ha presentado una propuesta de Reglamento de la UE relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSPF), mediante inversión o crédito, destinados a las empresas.

2.6.

Por lo que respecta a la concesión de licencias a las empresas dedicadas a las tecnofinanzas, la Comisión ha invitado a las Autoridades Europeas de Supervisión a evaluar los procedimientos actuales de concesión de licencias y, si procede, a que le recomienden adaptar la legislación de la UE en materia de servicios financieros. Asimismo, durante el transcurso de 2018, la Comisión seguirá controlando la evolución en el ámbito de las criptomonedas, en colaboración con las Autoridades Europeas de Supervisión, el Banco Central Europeo y el Consejo de Estabilidad Financiera. En función de la evaluación del riesgo, la Comisión determinará si se precisa normativa a escala de la UE.

2.7.

Por lo que respecta a las normas comunes y a las soluciones de interoperabilidad para las tecnofinanzas, la Comisión colaborará con el Comité Europeo de Normalización y la Organización Internacional de Normalización, entre otros en el ámbito de las cadenas de bloques. Para desarrollar modelos de negocio innovadores a escala de la UE, la Comisión invitará a las autoridades competentes de los Estados miembros a adoptar iniciativas que faciliten la innovación. La Comisión también invita a las Autoridades Europeas de Supervisión a que faciliten la cooperación en materia de supervisión, incluida la coordinación y la difusión de información en materia de tecnologías innovadoras y la creación de polos de innovación y de entornos de pruebas normativos.

2.8.

Para respaldar la innovación tecnológica en el sector financiero, la Comisión creará un grupo de expertos encargado de determinar si existen obstáculos normativos a la innovación en el sector financiero. La Comisión invita a las Autoridades Europeas de Supervisión a que reflexionen sobre la necesidad de formular directrices en el ámbito de la externalización a proveedores de servicios en la nube. La Comisión facilitará la elaboración de cláusulas contractuales normalizadas para la externalización de servicios en la nube por parte de las entidades financieras.

2.9.

En opinión de la Comisión, el marco reglamentario y de supervisión europeo debe permitir a las empresas que operan en el mercado único sacar partido a la innovación financiera y ofrecer así productos de más calidad a sus clientes.

2.10.

La Comisión realizará una consulta pública sobre la posibilidad de digitalizar aún más la información sometida a regulación sobre las compañías que cotizan en los mercados regulados de la UE, incluida la posible creación de un portal europeo de transparencia financiera basado en la tecnología de registros descentralizados (RegTech, o tecnología regulatoria).

2.11.

Por lo que respecta a las tecnologías de cadenas de bloques, la Comisión creó un observatorio y un foro de la UE en febrero de 2018 y ha emprendido un estudio sobre la viabilidad de una infraestructura de cadena de bloques de la UE destinada a desarrollar los servicios transfronterizos. La Comisión quiere que se evalúe en qué medida la tecnología de cadena de bloques puede utilizarse como infraestructura de servicios digitales en el contexto del Mecanismo «Conectar Europa». Asimismo, albergará un Laboratorio de Tecnología Financiera de la UE.

2.12.

A fin de mejorar la seguridad y la resiliencia del sector financiero, la Comisión organizará un taller público-privado para evaluar los obstáculos que impiden el intercambio de información sobre las ciberamenazas entre los participantes en el mercado financiero y encontrar posibles soluciones. Asimismo, la Comisión invita a las Autoridades Europeas de Supervisión a evaluar los costes y beneficios del desarrollo de un marco coherente para la realización de pruebas en materia de ciberresiliencia dirigido a los principales participantes e infraestructuras del conjunto del sector financiero de la UE.

3.   Observaciones generales y específicas

3.1.

El Comité respalda el plan de acción de la Comisión, pues considera que el desarrollo de la tecnología financiera (tecnofinanzas) en el sector financiero europeo aporta una serie de beneficios importantes tanto a las empresas europeas como a los consumidores.

3.2.

El CESE considera que el plan de acción es importantísimo para profundizar y ampliar los mercados de capitales mediante la integración de la digitalización y, por tanto, para la unión de los mercados de capitales, una prioridad importante de la agenda europea. Asimismo, el CESE considera que el plan de acción puede ser un incentivo clave para las pymes, que representan el 99 % de las empresas de la UE, pues aumentaría sus oportunidades de financiación al permitirles adoptar soluciones más simples y accesibles.

3.3.

Si bien el Comité juzga importantes las medidas incluidas en el plan de acción orientadas a aumentar la ciberseguridad y la resiliencia del sector financiero, opina que deben complementarse con normas que garanticen la uniformidad en el desarrollo de la tecnología financiera en la UE.

3.4.

El CESE comparte la opinión de la Comisión según la cual el marco reglamentario y de supervisión europeo debe permitir a las empresas que operan en el mercado único sacar partido a la innovación financiera y ofrecer así productos de más calidad a sus clientes. Para el Comité, no obstante, esto no debe hacerse a costa de la seguridad. Se requieren condiciones de igualdad para todos los operadores, independientemente de su modo de operar (2).

3.5.

A raíz de la última crisis financiera, las normas que se aplican a las entidades financieras se han reforzado, tanto a nivel europeo como en los Estados miembros. Hacen referencia, entre otros, a la ciberseguridad, y establecen normas y estándares de seguridad obligatorios para las instituciones del sector financiero. El CESE considera que también deberían aplicarse unas normas de ciberseguridad a escala de la UE para las empresas que ofrecen servicios de tecnología financiera. Para garantizar una aplicación uniforme, estas normas deberían regularse a nivel europeo, e incluso extenderse a nivel mundial.

3.6.

El CESE recuerda que los ciberataques suelen producirse a nivel transfronterizo. Actualmente, el intercambio de información entre las autoridades de los Estados miembros sobre amenazas o ataques informáticos es más bien limitado debido a la legislación nacional. Es esencial que haya más coordinación, regulación y supervisión a escala de la UE.

3.7.

En cuanto a las criptodivisas —y en particular las criptomonedas—, en Europa se ha podido constatar recientemente el desarrollo y la volatilidad que presentan. Dada esta evolución, la falta de transparencia y los elevados riesgos que pueden suponer, el CESE recomienda a la Comisión que supervise de manera permanente y rigurosa la situación en este ámbito, en colaboración con las Autoridades Europeas de Supervisión. Además, se han de adoptar medidas urgentemente cuando en cualquier momento y de cualquier manera corran peligro la seguridad y la estabilidad del sistema financiero. Estas medidas deberán aplicarse, ante todo, a la UE en su conjunto y, por lo tanto, deberán adoptarse en ese ámbito.

3.8.

En el ámbito de las criptomonedas, se ha observado que la innovación basada en la tecnología puede eludir la normativa, a pesar de que opera en un mercado muy regulado. Habida cuenta de la elevada volatilidad y la falta de transferencia de este ámbito, así como de los grandes riesgos que las criptomonedas pueden suponer para los inversores, el CESE recomienda que la Comisión y los Estados miembros examinen los métodos que deberían adoptarse para supervisar las operaciones con estas monedas.

3.9.

La Comisión ha propuesto la creación de un observatorio en el ámbito de las tecnologías de cadena de bloques. El CESE considera que, debido al rápido ritmo de desarrollo de las aplicaciones en el ámbito de las tecnologías financieras, el mandato del observatorio debería ampliarse a todo el sector de las tecnofinanzas. Asimismo, las aplicaciones que utilizan la tecnología de cadena de bloques plantean problemas de competencia y responsabilidad por lo que respecta a la legislación aplicable. El CESE apoya la idea de la Comisión de poner en marcha una iniciativa a escala de la UE relativa a las cadenas de bloques que aclare cómo utilizarlas y combatir la fragmentación actual.

3.10.

Se ha observado que la introducción de las tecnofinanzas provoca la pérdida de un importante número de puestos de trabajo en las entidades financieras. El CESE recomienda que los Estados miembros diseñen y apliquen programas que incluyan medidas activas para el mercado laboral que permitan a los trabajadores afectados por la introducción de tecnologías innovadoras en el sector financiero encontrar un nuevo puesto de trabajo lo antes posible.

3.11.

La Comisión teme que, si las compañías financieras externalizan servicios a empresas que ofrecen servicios de computación en nube, la transmisión de información y de datos se concentre demasiado en un número reducido de empresas que participan en este mercado y que no suelen ser empresas europeas. El CESE recomienda a la Comisión que determine las posibles normas que podrían adoptar las empresas que ofrecen servicios de computación en nube en lo que respecta a su responsabilidad de proteger los datos que alojan.

Bruselas, 12 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Una cadena de bloques es una estructura de datos en constante expansión en la que la información se agrupa en conjuntos denominados «bloques». Estos bloques están unidos entre sí y protegidos mediante técnicas criptográficas. Gracias a su diseño, las cadenas de bloques son resistentes a la modificación de los datos. Es un registro abierto y distribuido en el que pueden registrarse las transacciones entre dos partes de manera eficiente, verificable y permanente. Una vez almacenados, los datos incluidos en un bloque no pueden modificarse a menos que se modifiquen todos los bloques posteriores, lo que requiere el consenso de la mayoría de la red (Fuente: Wikipedia).

(2)  DO C 227 de 28.6.2018, p. 63.


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/65


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros

[COM(2018) 99 final-2018/0047 (COD)]

y sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas

[COM(2018) 113 final-2018/0048 (COD)]

(2018/C 367/13)

Ponente:

Daniel MAREELS

Consulta

Parlamento Europeo, 16.4.2018

Consejo de la Unión Europea, 27.3.2018

Base jurídica

Artículo 114 y artículo 53, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobación en sección

27.6.2018

Aprobación en el pleno

11.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

146/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE acoge con gran satisfacción estas propuestas, cuyo fin es crear un marco que facilite la financiación participativa (crowdfunding), mediante un «29.o régimen». En consecuencia, el Comité aboga por una actuación rápida con el fin de obtener un buen resultado, en particular porque ello encaja dentro de un marco más amplio que es de especial interés para el Comité (1).

1.2.

El CESE acoge con satisfacción el hecho de que se haya tenido en cuenta la financiación de empresas pequeñas, jóvenes e innovadoras. La financiación participativa es una parte importante de la escalera de financiación, y es particularmente pertinente cuando se pasa de la fase de empresa emergente a la de empresa en expansión y no siempre resulta fácil recurrir a una financiación de tipo tradicional. Al mismo tiempo, se crean más y mejores oportunidades para los inversores.

1.3.

Es muy positivo que para ello se haga uso de productos y soluciones innovadores y que se apoyan en la tecnología moderna, de modo que esta propuesta orientada al futuro concuerda perfectamente con la realización de un mercado único digital. La propuesta añade también una dimensión transfronteriza, que contribuye a la eficacia de la integración y profundización de los mercados de capitales. La realización de un mercado único unificado en la UE con las mismas normas tanto para los empresarios como para los inversores debe ser prioritaria.

1.4.

Teniendo en cuenta el hecho de que este marco innovador no debe ralentizarse por obstáculos artificiales, el Comité pide que se adopte un enfoque holístico y global que permita mejorar las propuestas y medidas adicionales con respecto a determinadas aspectos, al menos en la fase de puesta en marcha (véanse los puntos 1.5 y siguientes). A este respecto, el Comité se guía en particular por los principios de «credibilidad», «claridad» y «confianza». Esto implica también garantizar la seguridad y protección para todos los que guardan relación con este tema.

1.5.

Ante todo, el Comité acoge con satisfacción que se preste atención a los aspectos de riesgo asociados a la financiación participativa y los mercados, pero al mismo tiempo considera que, al menos en un primer momento, se debería prestar mayor atención aún a estos aspectos de riesgo, para hacerlos más perceptibles o para reducirlos en la medida de lo posible. Esto incluye los siguientes aspectos:

1.5.1.

Transparencia y protección de los inversores. El Comité considera que la evaluación del riesgo de proyectos específicos para las plataformas de financiación participativa se deja excesivamente en manos de los mercados y los inversores. Considera que se necesitan medidas adecuadas para detectar mejor o limitar todos los riesgos, tanto financieros como no financieros. El objetivo es, en última instancia, lograr una mejor protección de los inversores. A este respecto, el enfoque de la MiFID podría servir como base de apoyo. Por otra parte, con ello se corre el riesgo de crear condiciones de competencia no equitativas con proveedores tradicionales, como las instituciones financieras, que tienen que aplicar estrictamente las normas de protección en relación con sus clientes.

1.5.2.

Posibles ámbitos de fricción en cuanto al estatuto de los proveedores y de los servicios que prestan. La posibilidad de que los proveedores suscriban contratos con los inversores con capacidad de «poder discrecional» para obtener mejores resultados puede dar lugar a situaciones delicadas para los proveedores de servicios, que deben actuar primordialmente como «intermediarios neutrales».

1.5.3.

Supervisión. La función de la AEVM parece clara, pero lo que no queda tan claro es el papel que desempeñan los supervisores nacionales. El Comité considera que debería aportarse más claridad a este respecto y, además, se pregunta si no debería atribuirse un papel sustancial a los supervisores nacionales, ya que están más próximos a los mercados nacionales y conocen mejor las situaciones locales. En cualquier caso, el Comité también considera importante que las autoridades y supervisores a nivel nacional y europeo mantengan una consulta y cooperación coherente y permanente, tanto con vistas a una mayor armonización e integración en la Unión como para el éxito de las actuales propuestas.

1.6.

Como consecuencia de las decisiones tomadas, el 29.o régimen y los sistemas nacionales coexistirán en paralelo, por lo que las partes interesadas en un mismo mercado se verán confrontadas a la vez con distintas legislaciones, condiciones diferentes y un nivel desigual de protección, lo que puede dar lugar a confusión e incertidumbre. En interés de una mayor claridad, se necesitan medidas adicionales:

1.6.1.

En opinión del Comité, deben imponerse obligaciones suplementarias a las autoridades y supervisores para que faciliten a todos los usuarios informaciones precisas y de fácil acceso que proporcionen seguridad y que estén disponibles en su propia lengua.

1.6.2.

Las plataformas de financiación participativa podrán verse obligadas a indicar de forma expresa y clara una «etiqueta de la UE» en todos los casos en que se dirijan al público y en todas sus comunicaciones exteriores.

1.7.

El Comité opina, además, que las disposiciones propuestas sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo siguen siendo de alcance relativamente limitado y muy indirectas. Convendría ampliar y reforzar la sujeción de las plataformas de financiación participativa a estas disposiciones. El CESE considera que no debe permitirse que esta posibilidad se dé una sola vez y que solo la Comisión tenga la facultad de hacer que los proveedores de servicios de financiación participativa se sometan a dichas normas. También es necesario fijar condiciones y criterios claros para tal decisión.

1.8.

Cabe subrayar, asimismo, que la propuesta no contempla el tratamiento fiscal de los rendimientos de la financiación participativa ni las obligaciones fiscales de los deudores, aun cuando es razonable suponer que el régimen fiscal será una cuestión determinante para el éxito de esta iniciativa. El Comité recomienda, por lo tanto, que estos aspectos se incluyan en el debate, y que, en caso necesario, se desarrolle una normativa adaptada en el nivel adecuado.

1.9.

Al tratarse de una cuestión de mercado, el Comité considera de la mayor importancia que todas las partes actúen en la misma dirección para que estas propuestas puedan tener verdadero éxito. Es esencial que las empresas y los inversores hagan un uso amplio y eficaz del 29.o régimen. A este respecto, desde el punto de vista del mercado se plantea la cuestión de si la limitación por proyecto a un millón de euros no será un impedimento.

1.10.

Por último, para asegurar el éxito futuro y permanente de las plataformas de financiación participativa, el Comité considera necesario prever la adopción de medidas para supervisar, evaluar y medir el éxito de este 29.o régimen. Igualmente importantes son la consulta y el diálogo con todas las partes interesadas.

2.   Contexto

2.1.

Desde su entrada en funciones en 2014, la Comisión Juncker ha estado desarrollando un plan de inversiones para Europa destinado a cumplir sus prioridades absolutas, que son el crecimiento, el empleo y la inversión (2). Una de sus principales metas es crear una unión de los mercados de capitales, además de un mercado único digital y una unión energética. El objetivo es lograr una unión de los mercados de capitales integrada, que funcione bien y abarque a todos los Estados miembros.

2.2.

Con el «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales» (3), la Comisión se comprometió a sentar todas las bases necesarias para ello de aquí a 2019. En total se presentaron más de 33 iniciativas y acciones.

2.3.

Tras abogar por un progreso rápido (4) (5), en 2017 se llegó a una revisión intermedia del plan de acción, la cual desembocó en una serie de nuevas acciones prioritarias para tener en cuenta los nuevos desafíos y las circunstancias cambiantes, entre ellos el Brexit. Asimismo es importante avanzar efectivamente en la consecución de la unión bancaria y la unión de mercados de capitales, siendo fundamentales, a este respecto, la coherencia y la cohesión.

2.4.

Por otra parte, la Comisión aprovechó la ocasión para señalar que «tenemos que ser más ambiciosos y eliminar los obstáculos, pero, sobre todo, aprovechar las nuevas oportunidades (6)». En este contexto, la Comisión publicó el 8 de marzo de 2018 una Comunicación con dos planes de acción (7).

2.5.

Con el «Plan de acción en materia de tecnología financiera» (FinTech o «tecnofinanzas») se pretende poner de relieve la aspiración de hacer de Europa un centro mundial de tecnología financiera para que las empresas y los inversores de la UE puedan obtener el mayor beneficio posible de las ventajas de un mercado único en este sector en rápida evolución (8).

2.6.

Una de las acciones clave de ese plan de acción es estimular la financiación participativa y los préstamos entre iguales, haciendo hincapié tanto en el desarrollo de nuevos servicios y etiquetas como en la integración de los mercados de capitales.

2.7.

Más concretamente, las ideas de la Comisión se exponen en:

2.7.1.

la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas» (9), y

2.7.2.

la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros» (10).

2.8.

Estas propuestas pretenden crear una etiqueta europea para plataformas de financiación participativa que posibilite la actividad transfronteriza. Tal medida debe permitir a los proveedores de servicios de financiación participativa ampliar sus actividades y desplegarlas a nivel de la UE, y al mismo tiempo proporcionar a los empresarios y a las empresas —en especial a las empresas pequeñas, jóvenes e innovadoras— un acceso más amplio a la financiación. Las propuestas se aplican únicamente en relación con valores transferibles para servicios de financiación participativa que implican participaciones de capital.

2.9.

Al mismo tiempo, se trata de que esas plataformas se sometan a una normativa adaptada y adecuada, y a una supervisión equivalente, lo cual no solo debe permitir el mantenimiento de la estabilidad económica y financiera en la Unión, sino que además debe servir de apoyo para ganar la confianza de los inversores, particularmente en el contexto transfronterizo.

3.   Observaciones y comentarios

Observaciones generales: una iniciativa bienvenida

3.1.

El CESE acoge con gran satisfacción estas propuestas de introducir un «29.o régimen» sobre la financiación participativa, e insta a no escatimar esfuerzos para lograr un resultado rápido y satisfactorio.

3.2.

En primer lugar, las propuestas contribuyen a una serie de objetivos más amplios que interesan profundamente al Comité y por los que ya había abogado anteriormente (11). Entre ellos cabe citar:

3.2.1.

La creación de la UMC, necesariamente aparejada a una mayor convergencia económica y social, así como a la integración financiera y económica, debe conducir a un incremento de la seguridad, estabilidad y resiliencia del sistema financiero y económico mediante la ampliación y diversificación de las fuentes de financiación de la economía. Su pronta realización debe continuar siendo una alta prioridad.

3.2.2.

Una etiqueta de la UE unificada para las plataformas de financiación participativa facilitará las operaciones de financiación transfronterizas y, por tanto, la distribución del riesgo privado. Esto es importante a la hora de prevenir los choques asimétricos en caso de crisis, o de reducir sus consecuencias. Por otra parte, se produce así una importante contribución al crecimiento convergente entre los Estados miembros de la Unión. De esta forma, las economías menos fuertes podrán recuperar más rápidamente su retraso con respecto a las más avanzadas.

3.2.3.

Asimismo, para la ulterior profundización y realización de la unión económica y monetaria (UEM), la UMC es crucial y su realización, imprescindible. Junto con una unión bancaria completa, la UMC debería dar lugar a una auténtica unión financiera, uno de los cuatro pilares fundamentales de la UEM.

3.2.4.

Puesto que la financiación participativa está poco desarrollada en la UE en comparación con otras grandes economías, cabe afirmar la posición de la UE frente al resto del mundo. La UE debe alcanzar una posición fuerte y actuar con firmeza, en particular ahora que se está produciendo toda una serie de desplazamientos de poder y de fuerza entre Oriente y Occidente.

3.3.

En dictámenes anteriores (12), el Comité ha expresado preocupaciones y planteado preguntas sobre la relevancia y efectividad de la UMC para las pymes, y se congratula de que por fin comiencen a abordarse. La financiación participativa se dirige sobre todo a un determinado grupo de pymes y a un determinado eslabón de la escalera de financiación. El CESE acoge con satisfacción las actuales propuestas, que facilitan la financiación de las empresas pequeñas, jóvenes e innovadoras, a la vez que brindan más oportunidades a los inversores.

3.4.

Por último, cabe mencionar el carácter orientado al futuro de las propuestas, como parte del «Plan de acción en materia de tecnología financiera» (FinTech o «tecnofinanzas»), que pretende poner de relieve la aspiración de hacer de Europa un centro mundial de tecnología financiera. Al crear innovación, y a través de productos y soluciones que se apoyan en la tecnología moderna, esta propuesta concuerda perfectamente con la realización de un mercado único digital.

Las propuestas constituyen una buena base, pero es deseable que la UE adopte medidas de protección complementarias

3.5.

El Comité estima que debe hacerse todo lo posible para llevar a buen puerto estas propuestas. A su juicio, es muy importante que el nuevo régimen se caracterice por la «credibilidad», la «claridad» y la «confianza». La financiación participativa debe presentarse en un marco que proporcione seguridad y protección a todos aquellos que intervienen en ella.

3.6.

El Comité acoge con gran satisfacción que se haya elegido este «29.o régimen», el cual, al posibilitar el uso de las nuevas tecnologías orientadas al futuro, sienta las bases para la realización de un mercado único y armonizado con las mismas normas, tanto para los jóvenes empresarios que buscan financiación transfronteriza como para los inversores que buscan oportunidades adicionales de financiación.

3.7.

En consecuencia, optar por un reglamento para alcanzar este objetivo resulta plenamente oportuno. Esta propuesta puede constituir un ejemplo de integración efectiva y profundización de los mercados de capitales.

3.8.

Sin perjuicio de lo expuesto más adelante, el Comité se congratula de que la Comisión haya prestado atención desde el principio a los aspectos relacionados con el riesgo de los mercados y las operaciones de financiación participativa. Cabe respaldar las condiciones que deben cumplir las plataformas de financiación participativa y los servicios que ofrecen (13), así como la supervisión prevista. También se recomienda a los inversores que limiten sus riesgos (14).

3.9.

Al mismo tiempo, y desde una perspectiva global, el Comité considera que, al menos en un primer momento, debe prestarse aún más atención a estos aspectos del riesgo. El Comité considera que todos los riesgos, tanto financieros como no financieros, deben detectarse mejor aún y reducirse en la medida de lo posible. Asimismo, debe prestarse mayor atención a una serie de factores ambientales que son importantes para el éxito de estas propuestas.

3.10.

La opción política favorable a una solución complementaria basada en los servicios (15) tiene como consecuencia que los reglamentos de la Unión y nacionales existirán y se aplicarán en paralelo. Por otra parte, los interesados se encontrarán con diferentes situaciones en un mismo territorio y un mismo mercado, con proveedores con diferente estatus, como los proveedores de servicios provistos de una etiqueta de la UE que operen a través de las fronteras, los mismos proveedores cuando operen localmente y los proveedores sujetos a las reglamentaciones nacionales (en vigor) o a las autorizaciones ya existentes (16). Como consecuencia, pueden coexistir distintas legislaciones, distintos requisitos y un nivel desigual de protección (17). El Comité pide que se preste más atención a esta situación, que puede causar confusión e incertidumbre (18). En este dictamen se plantean a continuación una serie de propuestas concretas al respecto.

Con respecto a los proveedores de servicios de financiación participativa

3.11.

Los proveedores de servicios de financiación participativa pueden desempeñar sus actividades en el territorio de la Unión con una única autorización, lo que les permite ampliar sus actividades. Se trata de una innovación importante y un gran paso adelante en comparación con la situación actual, en la que apenas es posible desempeñar actividades transfronterizas.

3.12.

Sin perjuicio de lo anterior (19), el CESE pide que se preste mayor atención a los posibles ámbitos de fricción con respecto al estatus de los proveedores y de los servicios que prestan. Por ejemplo, la posibilidad que tienen los proveedores de suscribir contratos con los inversores conforme a los cuales se les permite utilizar su «poder discrecional» puede dar lugar a situaciones delicadas. Como intermediarios, deben actuar «de modo neutral», aunque contractualmente están obligados a actuar para sus clientes a fin de «obtener el mejor resultado posible para dichos clientes» (20). A juicio del Comité, la obligación de neutralidad no puede verse comprometida bajo ninguna circunstancia. Por ello se necesitan medidas adicionales. Las plataformas deben ofrecer servicios de alta calidad.

3.13.

Para todos los usuarios potenciales, ya sean empresas o inversores, es indispensable y primordial en todo momento saber claramente con qué plataforma están tratando. Y ello es tanto más importante cuanto que, como se ha indicado anteriormente, las legislaciones de la UE y nacionales existirán y se aplicarán en paralelo (21). A este respecto, los registros que lleva la AEVM de las plataformas de la UE se consideran insuficientes como instrumento publicitario. En opinión del Comité, deben imponerse obligaciones suplementarias a las autoridades y supervisores para que faciliten a todos los usuarios informaciones precisas y de fácil acceso que proporcionen seguridad y que estén disponibles en su propia lengua.

3.14.

El Comité considera que las plataformas también deben estar sujetas a obligaciones de publicidad. Concretamente, se puede prever que las plataformas que dispongan de la etiqueta de la UE tengan la obligación de mencionarlo de forma explícita y clara en todos los casos en que se dirijan al público o a las partes interesadas (22) y en todas sus comunicaciones externas (23).

3.15.

El papel y la responsabilidad de la AEVM en materia de supervisión parecen claros, pero, al mismo tiempo, cabe preguntarse si no debe atribuirse una función a los supervisores nacionales, dado que están más próximos a los mercados nacionales y conocen mejor las situaciones locales. En cualquier caso, a este respecto es recomendable que haya mayor claridad, lo cual también va en interés de terceras partes, incluidos los empresarios que deseen recurrir a la financiación participativa.

3.16.

Más en general, dado que —como ya se ha indicado— las legislaciones nacionales y de la UE existirán y se aplicarán en paralelo, es importante en cualquier caso (24) que las diferentes autoridades y supervisores del ámbito nacional y europeo mantengan un diálogo constante y colaboren para lograr una mayor armonización e integración en la Unión. Por otra parte, también tienen un papel importante que desempeñar en cuanto a la «confianza», que resulta indispensable para el éxito de la financiación participativa.

3.17.

Si en el marco de su papel de supervisión la AEVM impone sanciones, el recurso que se interponga, en su caso, contra esta decisión, deberá presentarse ante el Tribunal de Justicia Europeo. Ello no solo resulta complejo, sino que plantea la duda de si debe entrar dentro de las competencias de dicho tribunal.

Con respecto a las empresas que recurren a la financiación participativa

3.18.

La financiación participativa se dirige en primer lugar a las empresas jóvenes y de nueva creación que tienen peor acceso a la financiación bancaria o emprenden proyectos más arriesgados e innovadores, en el período inicial de sus actividades, en particular durante la transición de la fase inicial a la de expansión. El Comité celebra que las nuevas propuestas creen un potencial adicional para la financiación de este tipo de pymes y empresas, más amplio y accesible, y dotado de una dimensión transfronteriza.

3.19.

Además, el Comité también coincide con las consideraciones (25) que contemplan, junto a las ventajas ya citadas de la financiación participativa, otras nuevas, como proporcionar al promotor del proyecto una validación del concepto y de la idea, darle acceso a un gran número de personas que aporten sus puntos de vista y otro tipo de información al emprendedor, y ser un instrumento publicitario si la campaña de financiación participativa tiene éxito.

3.20.

Las empresas tienen la opción de financiar sus proyectos hasta un importe máximo de un millón de euros por doce meses. Se plantea la cuestión de si este umbral no es demasiado bajo, especialmente cuando la financiación participativa implica «participaciones de capital» (26). En tales circunstancias, la transferibilidad obligatoria de los títulos es una garantía fundamental para los inversores que deseen abandonar el proyecto (27). Se plantea la cuestión de si el umbral proyectado de un millón no constituye un obstáculo para el establecimiento y el correcto funcionamiento de los mercados para este tipo de valores. Por otra parte, es posible que haya umbrales mayores en los regímenes nacionales (28).

Con respecto a los (potenciales) inversores

3.21.

El Comité celebra la apertura de un nuevo canal para los inversores, que además es de ámbito transfronterizo. Supone una ampliación de sus oportunidades y más capacidad de elección.

3.22.

Sin duda es positivo que se proporcione una primera evaluación de la idoneidad de un potencial inversor a través de una prueba inicial de conocimientos y la posibilidad de efectuar una simulación de la capacidad de soportar pérdidas (29), pero no puede decirse lo mismo del hecho de que el riesgo (y su estimación) recaigan por completo en el mercado y los potenciales inversores.

3.23.

En efecto, el hecho de que no se contemple una aprobación ante factum (30) de la «ficha de información esencial en materia de inversión» por parte de las autoridades competentes, y ni siquiera se exija una notificación (31), resulta desfavorable para la protección de los potenciales inversores. Tampoco les favorecen las limitaciones en cuanto al requisito de traducir los documentos importantes (32). Esta situación resulta insatisfactoria. A juicio del Comité, al menos al comienzo del presente régimen es necesario tomar las medidas adecuadas para identificar mejor los riesgos o reducirlos, en la medida de lo posible, en lo que respecta a los inversores. Lo mismo ocurre con la información que reciben.

3.24.

Si además se tiene en cuenta la forma más tradicional de oferta de valores, en particular a través del canal de los bancos y las sociedades bursátiles, entonces la actual protección limitada del inversor corre el riesgo de generar unas condiciones de competencia desiguales entre los diferentes proveedores de servicios (33). El Comité considera que deben evitarse las divergencias excesivas en este ámbito porque podrían minar la confianza en determinados participantes en el mercado y convertirse en causa de inseguridad y arbitraje regulador. En última instancia, esto podría tener consecuencias para la estabilidad financiera de la UE.

Observaciones adicionales

3.25.

En cuanto a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la normativa prevista no parece suficientemente enérgica, sobre todo teniendo en cuenta que la AEVM ya ha señalado determinados riesgos y peligros al respecto (34). Se han planteado cuestiones sobre las normas relativamente limitadas en este contexto (35) y la facultad conferida a la Comisión de hacer que los proveedores de servicios de financiación participativa se sometan a las normas en cuestión (36). La cuestión que se plantea es si esta decisión es competencia de la Comisión. Si es así, ¿qué criterios se aplican (37)? Por otra parte, ¿por qué se prevé solamente en una ocasión (38) la posibilidad de someter a las normas a los proveedores de servicios? A juicio del Comité, esta opción debería existir en cualquier momento y no debería ser competencia exclusiva de la Comisión. Además, deberían aclararse las condiciones y criterios para que la mencionada opción sea posible.

3.26.

Llama la atención, particularmente a la luz de los objetivos que se persiguen, que en estas propuestas (39) no se aborde el tratamiento fiscal de los ingresos que genere la financiación participativa ni las obligaciones de los deudores (40). Y ello a pesar de que resulta razonable suponer que la cuestión fiscal será determinante para el éxito o el fracaso de esta iniciativa. El Comité pide, por tanto, que se tomen en consideración estos aspectos y que, en caso necesario, se desarrolle una normativa adaptada en el nivel adecuado.

Comenzar con prudencia, generar credibilidad y dirigir la mirada hacia el futuro

3.27.

Para que el éxito de esta propuesta vinculada al mercado sea verdadero, es de suma importancia que todas las partes actúen en la misma dirección. Esto solo ocurrirá si las empresas y los inversores hacen un uso amplio y eficaz del marco facilitador que proporcionan las actuales propuestas. Solo entonces existirá un auténtico mercado en el que la oferta y la demanda converjan. Para el CESE, es importante generar credibilidad en la fase inicial y comenzar con prudencia y cautela, poniendo mayor énfasis en la gestión de riesgos y los factores ambientales.

3.28.

Por último, el Comité considera que es muy conveniente establecer medidas para supervisar, evaluar y medir el éxito del 29.o régimen, con el fin de garantizar su futuro. También deberían incluirse en este ejercicio los demás regímenes de financiación participativa existentes en los Estados miembros. Es importante aprender de las mejores prácticas del mercado e integrarlas en el régimen europeo. Igualmente importantes son la consulta y el diálogo con todas las partes interesadas.

Bruselas, 11 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Véanse los puntos 3.1 a 3.4.

(2)  Véase el sitio web de la Comisión Europea http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_es.htm.

(3)  Plan de acción de septiembre de 2015. «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales» — Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM(2015) 468 final. Véase http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1447000363413&uri=CELEX:52015DC0468.

(4)  El Consejo Europeo pidió «un progreso rápido y decidido» del Plan con el fin de «facilitar el acceso a la financiación de las empresas y apoyar la inversión en la economía real». Véase http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/06/28-euco-conclusions/.

(5)  Asimismo, la Comisión emitió una Comunicación en la que abogaba por acelerar las reformas. Véase COM(2016) 601 final.

(6)  Véase la Comunicación de la Comisión “Es el momento de dar un impulso definitivo a la plena realización de la Unión de los Mercados de Capitales en 2019”. Véase http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:bb607299-22c2-11e8-ac73-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF.

(7)  Se trata del plan de acción citado en el punto 2.5 y del plan de acción para la financiación sostenible.

(8)  Comunicado de prensa de 8 de marzo de 2018«Tecnología financiera: la Comisión toma medidas en favor de un mercado financiero más competitivo e innovador». Véase http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1403_es.htm.

(9)  Véase http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1521456325451&uri=CELEX:52018PC0113.

(10)  Véase http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1521456325451&uri=CELEX:52018PC0099.

(11)  Véase el Dictamen del CESE «Unión de los mercados de capitales: revisión intermedia», DO C 81 de 2.3.2018, p. 117.

(12)  Véanse, en particular, los dictámenes del CESE «Plan de acción para una unión de los mercados de capitales», DO C 133 de 14.4.2016, p. 117, y «Unión de los mercados de capitales: revisión intermedia», DO C 81 de 2.3.2018, p. 117.

(13)  Véase la exposición de motivos de la propuesta de Reglamento y los artículos 1 a 9 de la misma.

(14)  Véase el artículo 16 de la propuesta de Reglamento. La ficha de información esencial para los inversores que debe ponerse a disposición de las partes interesadas incluye la siguiente recomendación: «no debería invertir más del 10 % de su patrimonio en proyectos de financiación participativa».

(15)  En la evaluación de impacto se plantean cuatro opciones de actuación política. Véase el proyecto de Reglamento, capítulo 3, «Evaluación de impacto».

(16)  Incluidas las basadas en la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II), la Directiva sobre servicios de pago (DSP) y la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA).

(17)  Dependiendo de si el operador económico interesado es empresario o inversor.

(18)  Este es uno de los «factores ambientales» que se pide que se tengan en cuenta en el punto 3.9.

(19)  Véase el punto 3.8.

(20)  Véase el considerando 16 de la propuesta de Reglamento.

(21)  Véase el punto 3.10.

(22)  Por ejemplo, en su sitio web.

(23)  Por ejemplo, en todos los documentos destinados a las partes interesadas.

(24)  Independientemente de los controles y de la cuestión mencionada en el punto 3.15.

(25)  Considerando 4 del proyecto de Reglamento.

(26)  Por ejemplo, acciones o valores similares.

(27)  Véase el considerando 11 de la propuesta de Reglamento.

(28)  El Reglamento sobre el folleto (que entra en vigor en julio de 2018) no contempla ninguna excepción para la financiación participativa. Muchos Estados miembros, entre ellos Bélgica, han previsto su propio régimen de excepción. Está permitido para las transacciones inferiores a ocho millones de euros, que no están armonizadas (por encima de esa cantidad siempre es obligatorio presentar un folleto). La consecuencia es que cada Estado miembro está desarrollando su propio régimen de exención de la obligación de publicar un folleto en las transacciones de financiación participativa, lo que resulta en una fragmentación del mercado. Por lo tanto, las plataformas que quieran operar en varios Estados miembros deberán investigar y cumplir el régimen nacional en cada caso. Por ahora, la propuesta se limita a las transacciones inferiores a un millón de euros, de modo que no aporta mucho al mercado de la financiación participativa con transacciones de valor superior.

(29)  Artículo 15 del proyecto de Reglamento.

(30)  Véase el artículo 16 de la propuesta de Reglamento.

(31)  En particular las autoridades nacionales competentes. Véase el artículo 16, apartado 8, del proyecto de Reglamento.

(32)  Está previsto que la «ficha de información esencial en materia de inversión se redacte en al menos una de las lenguas oficiales del Estado miembro de que se trate o en una lengua habitual en el campo de las finanzas internacionales». Todo inversor «podrá solicitar a los proveedores […] que hagan traducir la ficha [antes mencionada] a la lengua de elección del inversor», pero no parece que los proveedores tengan ninguna obligación de proporcionar la traducción. Véase el artículo 16 de la propuesta de Reglamento.

(33)  Los bancos y las sociedades bursátiles están sujetos al régimen de la MiFID, mientras que las plataformas de financiación participativa están exentas (véase la propuesta de Directiva). Estas últimas están sujetas a un régimen específico, tal como se expone en la propuesta de Reglamento.

(34)  La AEVM señaló que la financiación participativa basada en inversiones presenta un riesgo de uso indebido destinado a la financiación del terrorismo, en particular cuando las plataformas solo llevan a cabo una diligencia debida limitada, o incluso inexistente, sobre los promotores y sus proyectos, cuyo propósito podría ser, abierta o encubiertamente, recabar fondos para la financiación del terrorismo [ESMA, Questions and Answers Investment-based crowdfunding: money laundering/terrorist financing]. Véase https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma_2015_1005_qa_crowdfunding_money_laundering_and_terrorist_financing.pdf.

(35)  Véase el proyecto de Reglamento. El artículo 9, en particular, exige que los pagos de las transacciones de financiación participativa se realicen a través de entidades autorizadas en virtud de la Directiva sobre servicios de pago (DSP) y, por lo tanto, están sujetas a la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales (DBC), tanto si proceden de la propia plataforma como si proceden de un tercero. El artículo 9 establece también que los proveedores de servicios de financiación participativa deberán garantizar que los promotores de proyectos acepten la financiación procedente de ofertas de financiación participativa o cualquier pago únicamente por medio de una entidad autorizada en virtud de la DSP. El artículo 10 introduce requisitos de buena reputación de los administradores, entre los que se incluye la ausencia de antecedentes penales conforme a la legislación contra el blanqueo de capitales. El artículo 13 exige que las autoridades nacionales competentes, incluidas las designadas de conformidad con las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849, notifiquen a la AEVM cualquier cuestión que sea pertinente en el marco de la DBC y que involucre a una plataforma de financiación participativa. La AEVM podrá, posteriormente, revocar la autorización basándose en esta información.

(36)  Artículo 38 del proyecto de Reglamento.

(37)  Véase el artículo 38 del proyecto de Reglamento. En él se establece, esquemáticamente, que la Comisión presentará en una fecha por definir (dos años) un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de este Reglamento. Dicho informe debería evaluar «la necesidad y proporcionalidad de someter a los proveedores de servicios de financiación participativa a la obligación de cumplir las disposiciones nacionales» (por lo que respecta al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo). Si procede, este informe deberá ir acompañado de una propuesta legislativa.

(38)  Véase la nota anterior: con arreglo al citado artículo 38, parece, por tanto, que esta es la única ocasión en que puede tomarse la decisión de someter o no a las normas a las plataformas de servicios de financiación participativa.

(39)  Se hace referencia en particular a las obligaciones frente a los deudores de intereses y dividendos (entre otros) que se establezcan sobre la base de las obligaciones en materia de transparencia, como, por ejemplo, las obligaciones de retener o presentar información.

(40)  Se trata de otro de los «factores ambientales» que se pide que se tengan en cuenta en el punto 3.9.


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/73


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establecen normas relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa

[COM(2018) 147 final-2018/0072 (CNS)]

y sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales

[COM(2018) 148 final-2018/0073 (CNS)]

(2018/C 367/14)

Ponente:

Krister ANDERSSON

Coponente:

Petru Sorin DANDEA

Consulta

Consejo de la Unión Europea, 11.4.2018

Fundamento jurídico

Artículos 113 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

unión económica y monetaria y Cohesión Económica y Social

Aprobado en la sección

27.6.2018

Aprobado en el pleno

12.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

175/6/3

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE acoge con satisfacción que la Comisión esté emprendiendo iniciativas relativas a la fiscalidad digital, dando un mayor impulso a los debates internacionales al ofrecer un ejemplo claro de cómo podrían transformarse los principios fiscales actuales.

1.2.

El CESE considera que toda la economía está digitalizada y, al igual que la Comisión, cree firmemente que, en último término, debe alcanzarse una solución mundial, con el fin de aprovechar mejor los beneficios de la globalización, con una gobernanza global adecuada y unas normas globales apropiadas. Por lo tanto, el CESE acoge con satisfacción la estrecha cooperación entre la Comisión, los Estados miembros y la OCDE para apoyar la elaboración de una solución internacional.

1.3.

El CESE cree que es muy importante desarrollar nuevos principios sobre cómo asignar beneficios empresariales a un Estado miembro de la UE y cómo gravarlos, en diálogo con los socios comerciales, con el fin de evitar cualquier escalada de tensiones comerciales y fiscales entre los principales agentes económicos a nivel mundial. El CESE subraya la necesidad de elaborar soluciones justas y de consenso.

1.4.

El CESE considera que la evaluación de impacto debería completarse con un análisis de la repercusión que tendrá la medida provisional en las inversiones, las empresas emergentes, el empleo y el crecimiento. Además tiene que demostrar cómo incidirá la propuesta en las pymes.

1.5.

La medida provisional propuesta por la Comisión para gravar determinados servicios digitales no grava los beneficios empresariales, sino el volumen de negocios. El CESE subraya que este enfoque es diferente al sistema mundial de imposición de las sociedades, que se basa en gravar los beneficios, aunque reconoce que, en el caso de las empresas digitales que no tienen presencia física, el país de venta no recaudará impuestos por los beneficios de las sociedades.

1.6.

Al CESE le preocupa que ese traslado de la imposición redunde en beneficio de las mayores economías que cuentan con muchos consumidores a costa de las economías exportadoras más pequeñas. El CESE subraya que cualquier solución, ya sea a corto o largo plazo, para la fiscalidad de los modelos de negocio digitales ha de propiciar un resultado económico justo y equitativo para todas las economías de la UE.

1.7.

Al evaluar el nivel impositivo efectivo del sector digital, el CESE subraya la necesidad de tener en cuenta los cambios en los códigos tributarios de ahora en adelante debido a la aplicación en curso de las normas en materia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios y, en particular, el considerable aumento del nivel impositivo en los Estados Unidos de las empresas digitales estadounidenses que operan en la UE, debido a los cambios en el código tributario estadounidense.

1.8.

El CESE señala que no se incluye una cláusula de extinción ni otro mecanismo que garantice que la medida fiscal provisional deje de aplicarse cuando se encuentre una solución a más largo plazo. El CESE insta al Consejo a que desarrolle tales normas si se introdujese la medida provisional.

1.9.

El CESE insiste en que la propuesta de establecer un impuesto sobre el volumen de negocios ha dado pie a un intenso debate internacional, lo cual constituía una de las finalidades de esta iniciativa. Europa necesita en estos momentos adoptar una posición común en los debates en curso en el seno de la OCDE.

2.   Introducción y antecedentes

2.1.

Mediante su Comunicación titulada «Es el momento de instaurar un marco fiscal moderno, justo y eficaz para la economía digital», publicada el 21 de marzo de 2018, la Comisión presentó su paquete legislativo para reformar de forma armonizada las normas de la UE relativas al impuesto sobre sociedades para las actividades digitales. El paquete se compone de dos Directivas del Consejo acompañadas de una Recomendación no vinculante relativas a la fiscalidad de las empresas con una presencia digital significativa.

2.2.

En concreto, la Comisión propuso dos nuevas Directivas: i) una propuesta a largo plazo, por la que se establecen normas y disposiciones relativas a la «presencia digital» (establecimiento permanente digital) (1), que tiene el objetivo de reformar las normas relativas al impuesto sobre sociedades de tal forma que los beneficios queden registrados y gravados allí donde las empresas tengan una interacción significativa con los usuarios mediante canales digitales, en lugar de donde generan sus beneficios, y ii) una propuesta a corto plazo de impuesto provisional sobre el volumen de negocios generado mediante la prestación de determinados tipos de servicios digitales (2). El mercado único de la UE necesita un marco fiscal estable y actualizado, adaptado a los modelos de negocio digitales. Se estimularía así la innovación, ya que las empresas podrían invertir en un entorno estable que les permita crecer. Las empresas que realizan actividades digitales, al igual que las demás empresas, deben contribuir a las finanzas públicas y compartir la carga fiscal necesaria para financiar los servicios públicos (3).

2.3.

Concretamente, la propuesta a largo plazo establece normas para el establecimiento de un nexo imponible para las empresas digitales que realizan operaciones transfronterizas en caso de presencia comercial no física, así como principios para atribuir beneficios a una actividad empresarial digital que reflejen mejor la creación de valor de los modelos empresariales digitales. Estas medidas se aplicarían a las empresas que cumplan uno de los siguientes criterios: i) superar un umbral de 7 000 000 EUR de ingresos anuales en un Estado miembro; ii) tener más de 100 000 usuarios en un Estado miembro en un año fiscal; o iii) generar más de 3 000 contratos entre empresas para la prestación de servicios digitales entre la empresa y otros usuarios empresariales en un año fiscal.

2.4.

La propuesta a corto plazo, a saber el impuesto provisional sobre el volumen de negocios, se aplicaría, como un impuesto indirecto, a las actividades que generen ingresos a partir de: i) la venta de espacio publicitario digital; ii) las actividades de intermediación digital que permitan a los usuarios interactuar con otros usuarios y que puedan facilitar la venta de bienes y servicios entre los mismos, y iii) la venta de datos generados a partir de la información proporcionada por los usuarios. Este impuesto solo se aplicará a las empresas con un total anual de ingresos de 750 millones EUR a nivel mundial y de 50 millones EUR al año en la UE. Si se aplica un tipo del 3 %, se prevé que los Estados miembros podrían generar unos ingresos anuales de 5 000 millones EUR.

2.5.

La propuesta de la Comisión es combinar las nuevas Directivas con las modificaciones de la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), garantizando que los sistemas del impuesto sobre sociedades de los Estados miembros y la propuesta de BICCIS contengan normas que aborden las dificultades que plantea la fiscalidad de la economía digital (4).

2.6.

De cara al futuro, la Comisión cree firmemente que debe alcanzarse una solución mundial y está colaborando estrechamente con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para apoyar la elaboración de una solución internacional conforme al informe provisional de la OCDE sobre la fiscalidad de la economía digital, publicado el 16 de marzo de 2018.

3.   Observaciones generales

3.1.

El CESE considera que toda la economía está digitalizada. Habida cuenta del rápido desarrollo de los modelos de negocio, sobre todo en el ámbito de los servicios digitales, reviste una enorme importancia desarrollar también nuestros sistemas fiscales. La economía digitalizada trasciende las fronteras y existe una necesidad cada vez mayor de disponer de un marco fiscal actualizado, adaptado a los modelos de negocio digitales.

3.2.

El CESE, al igual que la Comisión, cree firmemente que, en último término, debe alcanzarse una solución mundial, con el fin de aprovechar mejor los beneficios de la globalización, con una gobernanza global adecuada y unas normas globales apropiadas. Por lo tanto, el CESE acoge con satisfacción la estrecha cooperación entre la Comisión, los Estados miembros y la OCDE para apoyar la elaboración de una solución internacional.

3.3.

Paralelamente a los debates internacionales, y tras su Comunicación (5) publicada en septiembre de 2017, la Comisión está proponiendo ahora soluciones a nivel de la UE. Como afirma la Comisión (6), de esta forma se dará un nuevo impulso a los debates internacionales al ofrecer un ejemplo claro de cómo los principios que se están debatiendo a nivel internacional pueden transformarse en un marco de fiscalidad de las empresas moderno, justo y eficaz, adaptado a la economía digitalizada.

3.4.

El CESE considera que es muy importante establecer una igualdad de condiciones en el ámbito de la fiscalidad de las empresas. En los últimos años ha quedado demostrado que determinadas empresas han sido capaces de utilizar normas fiscales específicas en algunos Estados miembros para reducir su tipo impositivo efectivo a prácticamente cero. La falta de transparencia ha contribuido a que se genere esta situación. Algunos de estos casos han implicado a empresas multinacionales activas en el ámbito de los servicios digitales. Por lo tanto, el Comité comparte la ambición de la Comisión de seguir haciendo frente a las prácticas de planificación fiscal abusiva y falta de transparencia por parte de los Estados miembros con el fin de garantizar una igualdad de trato para las empresas y promover la competitividad europea.

3.5.

El CESE acoge con satisfacción que la Comisión esté emprendiendo iniciativas relativas a la fiscalidad digital, dando un mayor impulso a los debates internacionales al ofrecer un ejemplo claro de cómo podrían transformarse los principios fiscales actuales. La propuesta de establecer un impuesto sobre el volumen de negocios ha dado pie a un intenso debate internacional, lo cual constituía una de las finalidades de esta iniciativa. Europa necesita en estos momentos adoptar una posición común en los debates en curso en el seno de la OCDE.

3.6.

El CESE está de acuerdo con la Comisión en cuanto a que cualquier solución propuesta a nivel de la UE deberá también tener en cuenta la dimensión mundial, y reconoce, al igual que la Comisión, que «[l]as presentes propuestas representan la contribución de la Comisión a la elaboración de la solución de consenso que la OCDE tiene la intención de alcanzar de aquí a 2020. Ilustran la forma en que pueden aplicarse los principios debatidos a nivel internacional» (7).

3.7.

Es muy importante desarrollar nuevos principios sobre cómo asignar beneficios empresariales a un Estado miembro de la UE y cómo gravarlos, en diálogo con los socios comerciales, con el fin de evitar cualquier escalada de tensiones comerciales y fiscales entre los principales agentes económicos a nivel mundial. El CESE subraya la necesidad de elaborar soluciones justas y de consenso.

3.8.

Los regímenes del impuesto sobre sociedades vigentes en el mundo se basan en evaluar el beneficio empresarial atribuible a cada jurisdicción pertinente. La fiscalidad debe basarse en dónde se crea valor. Dadas las dificultades para afirmar dónde se genera el beneficio en la cadena de valor, es necesario encontrar principios universales sobre cómo evaluar dónde se crea valor. Dentro de la labor exhaustiva de la OCDE, se han desarrollado tales normas, que formulan principios de fiscalidad y definiciones sobre cómo fijar precios para los bienes y servicios (normas sobre fijación de los precios de transferencia) para las empresas dentro de un grupo empresarial.

3.9.

El CESE considera que las normas internacionales sobre fiscalidad deben revisarse cada cierto tiempo a medida que evolucionan los modelos de negocio. Las normas actuales han sido revisadas recientemente en relación con el acuerdo sobre erosión de la base imponible y traslado de beneficios (8). Ahora se están aplicando las nuevas normas y definiciones. Se confía en que reduzcan sustancialmente la posibilidad de realizar una planificación fiscal abusiva y la erosión de la base imponible (9).

3.10.

Es importante que la evolución en el ámbito del impuesto sobre sociedades se ajuste a los logros ya alcanzados en el ámbito de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. Uno de los principios de la acción en el ámbito de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios es asignar beneficios a los países en función de dónde se crea valor.

3.11.

El CESE desea subrayar la necesidad de realizar evaluaciones de impacto adecuadas. El CESE considera que la evaluación de impacto no es suficientemente exhaustiva. La Comisión no ha analizado el impacto que la medida provisional tendrá a efectos de las inversiones, las empresas emergentes, el empleo y el crecimiento. La evaluación de impacto tampoco muestra cómo incidirán las propuestas en las pymes.

3.12.

Asimismo, es necesario analizar el impacto en los ingresos de las economías pequeñas y grandes, así como el efecto originado por las medidas al actuar junto a la aplicación de las medidas en materia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios en diferentes países, así como junto a la reforma fiscal estadounidense.

3.13.

Al CESE le preocupa que, al gravar el volumen de negocios, con los efectos negativos que se producirían en cascada, reconocidos expresamente por la Comisión, se podría perjudicar al desarrollo de los servicios digitales, y especialmente a las empresas emergentes. El efecto cascada se produce cuando los servicios se venden varias veces y se gravan cada vez.

3.14.

El CESE considera que debería aumentarse el umbral de 7 millones EUR para crear un establecimiento permanente a partir del cual se aplicaría el nuevo régimen. Sería preferible que las deliberaciones en el Consejo diesen lugar a un resultado que no representase un riesgo de obstaculizar la digitalización, sino que mejorase el funcionamiento del mercado único. Al evaluar el nivel impositivo efectivo del sector digital, el CESE subraya la necesidad de tener en cuenta los cambios en los códigos tributarios de ahora en adelante debido a la aplicación en curso de las normas en materia de erosión de la base imponible y traslado de beneficios y, en particular, el considerable aumento del nivel impositivo en los Estados Unidos de las empresas digitales estadounidenses que operan en la UE, debido a los cambios en el código tributario estadounidense (10).

3.15.

Gravar el volumen de negocios en lugar de los beneficios y aplicar impuestos donde se realice la venta, en lugar de donde se crea valor, constituye un cambio fundamental respecto de los principios fiscales aplicados actualmente. Al CESE le preocupa que ese traslado de la imposición redunde en beneficio de las mayores economías que cuentan con muchos consumidores a costa de las economías exportadoras más pequeñas. El CESE subraya que cualquier solución, ya sea a corto o largo plazo, para la fiscalidad de los modelos de negocio digitales ha de propiciar un resultado económico justo y equitativo para todas las economías de la UE.

3.16.

La medida provisional propuesta implica que se aplicarían impuestos incluso a las empresas no rentables. El CESE subraya que el sistema mundial de imposición de las sociedades aplicado actualmente, que se basa en gravar los beneficios, aunque reconoce que, en el caso de las empresas digitales que no tienen presencia física, el país de venta no recaudará impuestos por los beneficios de las sociedades.

3.17.

El CESE señala que no se incluye una cláusula de extinción ni otro mecanismo que garantice que la medida fiscal provisional deje de aplicarse cuando se encuentre una solución a más largo plazo. El CESE insta al Consejo a que desarrolle tales normas si se introdujese la medida provisional.

4.   Observaciones específicas

4.1.

El tipo fijo del 3 %, uno de los elementos fijados por la Comisión Europea, solo puede considerarse como indicativo: se requiere una evaluación al respecto. Además, podría preverse cierta flexibilidad para tener en cuenta la capacidad contributiva de cada persona.

4.2.

La falta de compensación de pérdidas y ganancias a nivel transfronterizo y el gran número de disputas sobre precios de transferencia y establecimientos permanentes en la UE a menudo dan lugar a una doble imposición internacional, lo que provoca obstáculos considerables en el mercado único. La introducción de un impuesto sobre el volumen de negocios para los servicios digitales que no pudiera deducirse de los impuestos sobre los beneficios en otros países aumentaría aún más la doble imposición, con lo que se añadiría otro obstáculo al mercado único. El CESE considera que es importante evitar la introducción de medidas que pudieran desembocar en una doble imposición.

4.3.

El método de la OCDE para desarrollar una definición de establecimiento permanente es un procedimiento dinámico donde los cambios, en principio, han recibido aceptación a nivel mundial. Desviarse de este procedimiento proponiendo una definición unilateral aumenta la complejidad del sistema fiscal internacional, así como la inseguridad para los inversores. Incluso en el improbable caso de que la OCDE adoptase la misma definición en su informe final sobre la economía digital, previsto para 2020, ambos sistemas no tardarían en diferenciarse (11).

4.4.

El CESE expresa su preocupación por el establecimiento del número de usuarios de servicios digitales como criterio de nexo imponible. El número de clicks en un sitio web puede manipularse fácilmente, y se corre el riesgo de que las empresas pierdan el control sobre la jurisdicción en la que se considera que operan.

Bruselas, 12 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  COM(2018) 147 final.

(2)  COM(2018) 148 final.

(3)  COM(2018) 146 final.

(4)  COM(2018) 146 final. Para más información, véase DO C 434 de 15.12.2017, p. 58.

https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/common-consolidated-corporate-tax-base.

(5)  COM(2017) 547 final.

(6)  COM(2018) 146 final, p. 5.

(7)  COM(2018) 146 final, p. 6.

(8)  OCDE (2015).

(9)  En la UE, la Comisión ha señalado que la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios por parte de las empresas asciende a entre 50 000 y 70 000 millones EUR, equivalente al 0,4 % del PIB [COM(2018) 81 final].

(10)  Ley estadounidense sobre empleo y recortes de impuestos («Tax Cuts and Jobs Act»), 22 de diciembre de 2017.

(11)  El motivo de ello es que la definición de establecimiento permanente adoptada por la UE mediante una Directiva se desarrollaría por medio de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, mientras que la definición de la OCDE aplicada en el resto del mundo se desarrollaría mediante el consenso internacional expresado por la OCDE por medio de sus revisiones continuas.


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/78


Dictamen del Comité Económico e Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación

[COM(2018) 212 final — 2018/0104 (COD)]

(2018/C 367/15)

Ponente general:

Jorge PEGADO LIZ

Consulta

Parlamento Europeo, 28.5.2018

Consejo, 18.6.2018

Fundamento jurídico

Artículo 21, apartado 2, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Decisión de la Mesa

22.5.2018

Aprobado en el pleno

11.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

155/8/5

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE valora de forma muy positiva la iniciativa en examen, que considera necesaria y urgente. Está de acuerdo con la elección del fundamento jurídico, que es adecuado a los limitados términos de la propuesta, y del instrumento legislativo. Confirma que la propuesta respeta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y los derechos fundamentales, y pide que se adopte con urgencia.

1.2.

Está de acuerdo también con la inclusión obligatoria de la imagen facial del titular y de dos impresiones dactilares en formatos interoperables, así como con la exigencia de que los datos biométricos estén separados de todos los demás datos que en su caso contengan las tarjetas consideradas.

1.3.

El CESE estima, no obstante, que la Comisión no justifica debidamente su opción legislativa ni expone las razones que le han impedido presentar una propuesta de armonización legislativa más amplia, que crease un auténtico sistema único de documentos de identificación, lo que tendría innegables ventajas en materia de seguridad, simplicidad y rapidez de los controles y de uniformidad de los procedimientos, con indiscutibles beneficios para los ciudadanos. No se comprende por qué razón no se han establecido los elementos obligatorios previstos en el anexo del estudio de impacto, a semejanza de los que sucede con los documentos de residencia para los ciudadanos de la Unión, en particular, el título del documento, el nombre, el sexo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y el lugar de emisión, la firma y la fecha de caducidad del documento.

1.4.

Considera, además, que la propuesta se queda por debajo incluso de las conclusiones de REFIT y de las consultas a los ciudadanos, en las que quedaron patentes situaciones que impiden claramente la libre circulación en el espacio europeo, ya que mantiene el carácter opcional de la introducción por los Estados miembros de documentos de identidad en su territorio nacional, y deja a su discreción la definición del ámbito, la información mínima y el tipo de documentos de identidad.

1.5.

El CESE habría deseado que la Comisión analizase la posibilidad de crear un documento de identidad europeo que confiriese a los ciudadanos europeos derecho de voto a través de esa tarjeta, aun cuando para ello tuviera que utilizar otro fundamento jurídico.

1.6.

El CESE teme que los costes de cumplimiento de las nuevas tarjetas se transfieran a los ciudadanos en una cuantía indeterminada, desajustada y no proporcional, ya que son de la competencia exclusiva de las administraciones de los Estados miembros.

1.7.

El CESE considera asimismo que podían haberse abordado otros elementos que los Estados miembros asocian a las citadas tarjetas y, en la medida conveniente, haberse uniformizado, tanto por lo que respecta a su inclusión como en lo concerniente a su utilización por los propios interesados o por terceros.

1.8.

En opinión del CESE, es fundamental que la aplicación de la presente propuesta sea objeto de seguimiento y supervisión por la Comisión Europea, a fin de garantizar el claro reconocimiento de los documentos objeto de la propuesta en examen no solo como elementos de identificación sino como instrumento que faculte a su titular para realizar una serie de actos en cualquier Estado miembro, en particular la circulación por el espacio Schengen y la compra de bienes y servicios, en especial en lo que atañe a los servicios financieros y el acceso a servicios públicos y privados.

1.9.

Dada la necesidad y la urgencia de este Reglamento, el CESE recomienda que se acorten todos los plazos previstos para su entrada en vigor y su futuro seguimiento.

1.10.

Insta a la Comisión, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros a que consideren las propuestas específicas del CESE sobre los elementos que estima esenciales y también ciertas normas de utilización de los documentos por parte de terceros, que han resultado fundamentales en algunos Estados miembros.

2.   Breve síntesis del contenido de la propuesta y fundamentos de la misma

2.1.

En la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo — Decimocuarto informe de situación hacia una Unión de la Seguridad genuina y efectiva (1), entre otras reflexiones sobre los avances en dos pilares fundamentales de la defensa europea: la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada y los medios para sustentarlos, y el refuerzo de nuestras defensas y la construcción de resiliencia contra esas amenazas, la Comisión cita, entre otras medidas (2), una propuesta legislativa para mejorar la seguridad de los documentos de identidad y de residencia nacionales que «dificultará que los terroristas y otros delincuentes hagan un uso fraudulento de dichos documentos o los falsifiquen con objeto de entrar en la UE o moverse a través de ella».

2.2.

En dicha Comunicación se indica, en particular, que, como demuestran las estadísticas de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas sobre documentos falsos, «los documentos nacionales de identidad con medidas de seguridad débiles son los documentos de viaje que se usan de forma fraudulenta con más frecuencia en la UE». Como parte de la respuesta europea a la falsificación de los documentos de viaje, expuesta en el Plan de acción de diciembre de 2016, la Comisión ha adoptado, junto con el informe de situación, una propuesta de Reglamento para reforzar la seguridad de los documentos de identidad expedidos a los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias. En la propuesta se lee que: «el refuerzo de las medidas de seguridad de los documentos de identidad y de residencia dificultará que los delincuentes hagan un uso indebido de los documentos o los falsifiquen para moverse por la UE o cruzar sus fronteras exteriores. Unos documentos de identidad más seguros contribuirán a reforzar la gestión de las fronteras exteriores de la UE (también en lo relativo al problema del retorno de los combatientes terroristas extranjeros y los miembros de sus familias), y al mismo tiempo, unos documentos más seguros y fiables facilitarán a los ciudadanos de la UE el ejercicio de sus derechos de libre circulación».

2.3.

La propuesta de la Comisión, fundamentada en una evaluación de impacto y una consulta pública, establece unas normas mínimas de seguridad de los documentos para los documentos nacionales de identidad, entre los que se encuentran en particular una fotografía biométrica e impresiones dactilares almacenadas en un chip presente en el documento. La propuesta también prevé una información mínima que debe proporcionarse en los documentos de residencia expedidos a los ciudadanos de la UE desplazados, así como una plena armonización de las tarjetas de residencia de los miembros de sus familias que no sean ciudadanos de la UE. La Comisión invita a los colegisladores a que examinen la propuesta legislativa sin demora para alcanzar un acuerdo con celeridad.

2.4.

En este amplio marco, se debe evaluar y valorar la propuesta de Reglamento en examen, entre cuyos objetivos destacan:

a)

mejorar y reforzar la gestión de las fronteras exteriores,

b)

combatir el terrorismo y la delincuencia organizada y construir una auténtica Unión de la Seguridad,

c)

facilitar la movilidad de los ciudadanos de la UE en el ejercicio de su derecho a la libre circulación y la acreditación de su identidad ante entidades públicas y privadas, cuando ejercen su derecho a residir en otro país de la UE,

d)

reforzar la respuesta europea a la utilización fraudulenta de documentos de viaje y reducir el riesgo de falsificación y fraude documental,

e)

prevenir abusos y amenazas a la seguridad interna derivados de deficiencias en materia de seguridad documental,

f)

evitar los viajes a terceros países para participar en actividades terroristas y regresar impunemente a la UE.

2.5.

Para alcanzar estos objetivos, la Comisión ha presentado, sobre la base del artículo 21, apartado 2, del TFUE, la propuesta de Reglamento en examen, que considera es el instrumento jurídico adecuado, respeta el principio de subsidiariedad y se mantiene dentro de los límites del principio de proporcionalidad.

2.6.

Entre las tres opciones evaluadas: mantener la situación actual, emprender una armonización amplia o adoptar un sistema de fijación de normas de seguridad mínimas para los documentos de identidad y requisitos mínimos comunes para las tarjetas de residencia expedidas a los ciudadanos de la UE y, para las tarjetas de residencia de los familiares de terceros países de ciudadanos de la UE, la utilización del modelo común uniforme para los permisos de residencia de nacionales de terceros países, se eligió esta última, por considerar que respeta los derechos fundamentales, en especial la protección de los datos y de la vida privada.

2.7.

La propuesta en examen irá acompañada de medidas no vinculantes (como acciones de sensibilización y formación) a fin de garantizar una aplicación fluida que se adapte a la situación y las necesidades concretas de cada Estado miembro, entre las que destacan:

a)

un programa para el seguimiento de los resultados y las repercusiones del Reglamento,

b)

la comunicación por los Estados miembros la Comisión, un año después del inicio de la aplicación, y posteriormente con una periodicidad anual, de la información que se considere esencial para controlar de manera eficaz el funcionamiento del presente Reglamento,

c)

la evaluación por la Comisión de la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la coherencia y el valor añadido europeo del marco jurídico resultante, pero solo seis años después desde la fecha de aplicación, con el fin de garantizar que se disponga de datos suficientes y consultas con las partes interesadas para recabar observaciones sobre los efectos de los cambios legislativos y las medidas no vinculantes aplicadas.

3.   Observaciones generales

3.1.

El CESE valora de forma muy positiva la iniciativa en examen, cuya necesidad ha indicado ya en otros dictámenes. Está de acuerdo con la elección del fundamento jurídico, que es adecuado a los limitados términos de la propuesta, y del instrumento legislativo. Confirma que la propuesta respeta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y los derechos fundamentales, y pide que se adopte con urgencia.

3.2.

Está de acuerdo también con la inclusión obligatoria de la imagen facial del titular y de dos impresiones dactilares en formatos interoperables, así como con las exenciones previstas y la exigencia de que los datos biométricos estén separados de todos los demás datos que en su caso contengan dichas tarjetas por decisión de los Estados miembros.

3.3.

En efecto, el CESE recuerda las conclusiones de REFIT y las consultas a los ciudadanos, en las que quedaron patentes situaciones que impiden claramente la libre circulación en el espacio europeo, en particular debido al no reconocimiento por las autoridades de documentos de identidad como documentos válidos para viajar, a las diferencias en los períodos de validez, que dificultan su reconocimiento por los Estados miembros, y a dificultades de acceso a bienes y servicios por los ciudadanos.

3.4.

Considera, no obstante, que la propuesta se queda por debajo de dichas conclusiones al mantener el carácter opcional por parte de los Estados miembros de la introducción de documentos de identidad en su territorio nacional, así como al dejar a su discreción el ámbito, la información mínima y el tipo de documentos de identidad.

3.5.

El CESE recuerda que los documentos de identidad se emiten normalmente como prueba principal de identidad del titular, lo que brinda a los ciudadanos acceso a servicios financieros (en particular la apertura de una cuenta), prestaciones sociales, atención sanitaria, educación y ejercicio de derechos legales y políticos.

3.6.

Además, a semejanza del estudio del Parlamento Europeo, The Legal and Political Context for setting a European Identity Document (Marco jurídico y político para la creación de un documento de identidad europeo), al CESE le habría gustado que la Comisión Europea hubiese analizado también la posibilidad de crear un documento de identidad europeo que confiriese a los ciudadanos europeos el derecho de voto solo mediante esta tarjeta, aunque para ello hubiese tenido que utilizar otro fundamento jurídico.

3.7.

El CESE teme además que los costes de cumplimiento de las nuevas tarjetas se transfiera a los ciudadanos en una cuantía indeterminada, ya que es de la competencia exclusiva de las administraciones de los Estados miembros. En este sentido, el CESE considera necesario evaluar previamente los costes de impacto de la presente propuesta, a fin de que sean ajustados y proporcionales.

3.8.

El CESE no puede dejar de señalar que, de acuerdo con el estudio de impacto de la propuesta sometida a examen, muchos de los Estados miembros que emiten documentos de identidad todavía no permiten la obtención de datos biométricos (Italia, Francia, Rumanía, Croacia, República Checa, Finlandia, Malta, Eslovaquia y Eslovenia), por lo que es importante concretar y prevenir el impacto financiero y tecnológico que estas medidas tendrán para los ciudadanos y las respectivas administraciones públicas.

3.9.

El CESE destaca asimismo la necesidad de que la propuesta presentada aclare la legitimidad del documento de identidad como instrumento que faculta al titular a realizar una serie de actos en cualquier Estado miembro, en particular, la circulación en el espacio Schengen y la adquisición de bienes y servicios, en concreto servicios financieros.

3.10.

Por otro lado, tampoco puede dejar de señalar los problemas que se han registrado en lo que atañe a los documentos de residencia, en especial la multiplicidad de documentos, y la denegación de entrada en los Estados miembros, así como al acceso a bienes y servicios fundamentales, pues teme que la propuesta actual no sea suficiente para resolver esas situaciones.

3.11.

Sin embargo, resalta la necesidad de que se respete el principio de minimización del tratamiento de datos, garantizando que las finalidades de la recogida de datos biométricos sean claras, transparentes, lícitas y delimitadas.

3.12.

El CESE considera que la Comisión Europea no justifica debidamente su opción legislativa y no demuestra las razones que le impidieron presentar una propuesta basada en una armonización legislativa más amplia, que crease un auténtico sistema único de documentos de identificación, con innegables ventajas en materia de seguridad, simplicidad y rapidez de los controles y de uniformidad de los procedimientos, e indiscutibles beneficios para los ciudadanos, o, como mínimo, indicar que sería una meta deseable a medio plazo. Además, tal como se indica expresamente en el documento de trabajo de los Servicios de la Comisión [SWD(2018) 111 final (3)], esta opción fue la preferida porque «la mayoría de los ciudadanos de la UE consultados apoyan una mayor armonización a escala de la UE de los documentos de identidad nacionales (ID 2), y están a favor de una armonización general de los documentos de residencia (RES 3)».

3.13.

En realidad, no se comprende por qué razón, a semejanza de los que sucede con los documentos de residencia para ciudadanos de la Unión, no se han establecido los elementos obligatorios previstos en el anexo del estudio de impacto de la propuesta en examen, en particular, el título del documento, el nombre y apellidos, el sexo, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y el lugar de emisión, la firma y la fecha de caducidad del documento.

3.14.

El CESE subraya la necesidad de reforzar la política de control de situaciones de fraude, con especial atención a los transportes, en particular el aéreo, terrestre y marítimo, y de que los servicios de fronteras sean dotados de competencias humanas, logísticas y técnicas a fin de garantizar no solo el reconocimiento de los documentos de todos los Estados miembros, sino también de intensificar su control.

3.15.

En este sentido, es fundamental que la aplicación de la propuesta presentada sea objeto de seguimiento y supervisión por la Comisión Europea, a fin de garantizar el claro reconocimiento de los documentos objeto de la propuesta en examen como documentos de viaje y de acceso a servicios públicos y privados.

3.16.

El CESE considera asimismo que, en caso necesario, podían haberse abordado otros elementos que los Estados miembros asocian a las citadas tarjetas y, en la medida conveniente, haberse uniformizado, tanto por lo que respecta a su inclusión como en lo concerniente a su utilización por los propios interesados o por terceros.

4.   Observaciones específicas

4.1.

Artículo 1 — Dado el alcance de la propuesta en examen, el CESE entiende que su objeto debería hacer referencia a los requisitos mínimos de información.

El CESE destaca la necesidad de establecer claramente que el Reglamento sometido a examen observa el principio de legalidad, así como los principios de autenticidad, veracidad, univocidad y seguridad de los datos de identificación de los ciudadanos.

4.2.

Artículo 2 — Además del ámbito de aplicación y sin perjuicio de la Directiva 2004/38/CE, el CESE llama la atención sobre la necesidad de que la propuesta defina «documento de identidad de ciudadano nacional», a fin de garantizar que se trata de un documento armonizado en todos los Estados miembros.

4.3.

Artículo 3, apartado 2 — El CESE cuestiona la exigencia de incluir una segunda lengua oficial si no es adecuada y apropiada para facilitar su reconocimiento transfronterizo.

4.4.

Artículo 3, apartado 10 — El CESE considera que los períodos de validez de estos documentos deberían fijarse de forma uniforme en el Reglamento, en función de grupos de edad uniformes.

4.5.

Artículo 5 — El período para la eliminación de las tarjetas debería ser de tres años en vez de cinco.

4.6.

Artículo 6

4.6.1.

Los documentos de residencia deberán contener también los siguientes elementos:

filiación,

nacionalidad,

lugar de nacimiento,

sexo,

altura,

color de ojos,

firma.

4.6.2.

En cuanto al nombre y apellidos del titular, a fin de garantizar la individualización de los ciudadanos, el nombre deberá estar completo, en consonancia con lo que conste en la partida de nacimiento, y ajustarse a la ortografía oficial.

4.7.

Artículo 8, apartado 2 — El período para la eliminación de los documentos debería ser de tres años en vez de cinco.

4.8.

Artículo 10 — Sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679, el CESE considera que la presente propuesta debería incluir normas concretas sobre la finalidad de la base de datos, el modo de recogida y actualización, la comunicación, consulta y acceso a los datos, así como la conservación de los datos personales.

4.9.

Artículo 12, apartado 1 — El plazo para la presentación del informe de aplicación debería ser de tres años en vez de cuatro, tal como se indica en el considerando 21.

4.10.

Artículo 12, apartado 2 — El plazo para el informe de evaluación debería ser de cinco años y no de seis.

4.11.

El CESE considera aconsejable que el Reglamento fije el plazo para solicitar el documento de identificación tras el nacimiento (por ejemplo, treinta días).

4.12.

El Reglamento debería establecer también que la comprobación de la identidad de una tarjeta de identidad válida, por cualquier entidad pública o privada, en el momento de la presentación de la tarjeta, debería restringir su retención o conservación al mínimo necesario para mantener la seguridad y la defensa de los Estados miembros. Debe quedar prohibida asimismo su reproducción mediante fotocopia o cualquier otro medio sin el consentimiento expreso del titular, salvo por decisión de la autoridad judicial, razones obvias de seguridad, prevención del fraude o uso indebido, así como por motivos de protección de los datos y la vida privada.

4.13.

También se debe prever de forma expresa la supresión inmediata de los datos en caso de extravío, hurto, robo o sustitución de los documentos, para evitar el uso fraudulento de documentos oficiales.

Bruselas, 11 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  COM(2018) 211 final de 17.4.2018.

(2)  Entre dichas medidas, cabe destacar las nuevas herramientas para recoger pruebas electrónicas en procesos penales; facilitar el uso de información financiera para la prevención, la detección, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos graves; normas reforzadas contra los precursores de explosivos utilizados para fabricar explosivos caseros; mejorar los controles sobre la importación y la exportación de armas de fuego para evitar su tráfico ilícito; hacer frente al contenido terrorista en línea; interoperabilidad de los sistemas de información y un intercambio de información mejorado; protección contra los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares y protección de los espacios públicos; lucha contra la ciberdelincuencia y refuerzo de la ciberseguridad.

(3)  Resumen de la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación.


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/84


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otros tipos para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinados delitos y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo

[COM(2018) 213 final — 2018/0105 (COD)]

(2018/C 367/16)

Ponente general:

Victor ALISTAR

Consulta

Parlamento Europeo, 28.5.2018

Fundamento jurídico

Artículo 87, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Decisión de la Mesa

22.5.2018

Aprobado en el pleno

12.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

176/0/1

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE observa que la acción de la Unión tiene por objeto generar un valor añadido al ofrecer un enfoque armonizado que refuerce la cooperación nacional y transfronteriza en las investigaciones financieras sobre delitos graves y terrorismo. Además, una acción a escala de la Unión permitirá que existan disposiciones armonizadas, incluidas las relativas a la protección de datos, a fin de asegurar un espacio común de seguridad y justicia.

1.2.

A fin de alcanzar este objetivo, es necesario completar el marco regulador de las Unidades de Información Financiera (UIF), establecidas en virtud del artículo 114, con un instrumento jurídico basado en el artículo 87, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). La opción elegida es vincular el acceso a los datos financieros de conformidad con la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales (1) con los mecanismos de cooperación judicial entre los Estados miembros.

1.3.

La propuesta de Directiva es un instrumento que refuerza la capacidad de investigar y sancionar la delincuencia en el territorio de la Unión Europea, lo cual asegura a las autoridades competentes de los Estados miembros un acceso más directo a los datos financieros, a fin de perseguir los productos de los delitos e identificar los modelos delictivos.

1.4.

El ámbito de aplicación declarado por la Comisión es investigar y sancionar la delincuencia a través de los mecanismos de cooperación judicial y la remisión a través del artículo 2, letra l), al artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Europol (2), a fin de definir los delitos graves. A este respecto, el CESE considera que es necesario concretar y limitar la lista de los delitos para los que puede utilizarse este mecanismo.

1.5.

La propuesta de Directiva deberá establecer un mejor equilibrio entre los derechos fundamentales de las personas (establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y la necesidad de aplicar mejor la legislación en materia de lucha y sanción de la delincuencia, a fin de garantizar un entorno de seguridad y justicia en toda la Unión.

1.6.

Para lograr un equilibrio entre el acceso a los datos financieros de los ciudadanos europeos y el principio de la necesidad de información, es necesario que la Directiva se restrinja únicamente a la detección de los delitos y a su sanción, y no —en principio— incluya fines demasiado genéricos de prevención, por lo que se recomienda el uso del principio del caso debidamente justificado.

1.7.

Los registros centralizados de cuentas bancarias también podrán completarse con los datos financieros relativos a las cuentas de inversión de los administradores de inversiones en el mercado de capitales, puesto que se sabe que las formas modernas de blanqueo de capitales y de ocultación de los productos financieros de los delitos incluyen las inversiones en el mercado de capitales. Asimismo, el CESE invita a la Comisión a que evalúe si es posible interconectar los datos recopilados en el marco de la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales (3), la Directiva objeto de examen y la cuarta Directiva relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (4). Los datos recopilados en el marco de esta última Directiva solo se utilizarán para documentar delitos graves y su único objetivo será hacer notar discrepancias entre los datos obtenidos durante las investigaciones y la información que se maneja.

1.8.

Como elemento de técnica normativa, el CESE recomienda que el artículo 17, también se complete con disposiciones procesales de remisión a otras normativas europeas en materia de cooperación judicial e intercambio de información financiera con terceros países.

1.9.

El CESE solicita a la Comisión que revise las definiciones del artículo 2, letras f) («información policial») y l) («delitos graves»), de modo que se garantice la claridad, previsibilidad y proporcionalidad de las normas que establecen los mecanismos de acceso a los datos financieros de los ciudadanos de la Unión.

1.10.

Asimismo, el CESE pide a la Comisión que regule la finalidad del acceso a los datos incluidos en el registro nacional centralizado de las cuentas bancarias limitando el acceso en el ámbito de la prevención a los delitos que afecten a la seguridad colectiva e individual de los ciudadanos europeos, como el terrorismo, la trata de seres humanos y el tráfico de drogas, y permitiéndolo en el ámbito de la detección, investigación, enjuiciamiento o recuperación de los activos producto de los delitos para todos los delitos graves.

2.   Antecedentes del dictamen

2.1.

Los grupos delictivos, especialmente las bandas terroristas, operan en diferentes Estados miembros y sus activos, incluidas las cuentas bancarias, están generalmente diseminados por todo el territorio de la UE, e incluso fuera de él. Utilizan tecnologías modernas que les permiten transferir dinero a diferentes cuentas bancarias y pasar de una divisa a otra en cuestión de horas.

2.2.

El CESE observa que la acción de la Unión tiene por objeto generar un valor añadido al ofrecer un enfoque armonizado que refuerce la cooperación nacional y transfronteriza en las investigaciones financieras sobre delitos graves y terrorismo. Además, una acción a escala de la Unión contribuirá a asegurar la armonización de las disposiciones, incluidas las relativas a la protección de los datos, algo que los Estados miembros, legislando de forma independiente, difícilmente podrían lograr.

2.3.

La quinta Directiva contra el blanqueo de capitales (5) establece los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias, que refuerzan la capacidad de tratamiento y la eficacia de las Unidades de Información Financiera (UIF); sin embargo, para mejorar la eficacia de las actividades de investigación y enjuiciamiento es necesario que las autoridades judiciales competentes puedan acceder más rápidamente a la información financiera. A tal fin, es necesario que el marco regulador de las UIF, establecido en virtud del artículo 114, se complete con un instrumento jurídico basado en el artículo 87, apartado 2, del TFUE.

2.4.

De este modo, las autoridades competentes tendrán acceso directo a los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias, lo cual facilitará la actividad de las autoridades judiciales, fiscales y de lucha contra la corrupción que tengan competencias de investigación con arreglo al Derecho nacional. En esta categoría también se incluyen los organismos de recuperación de activos, responsables de la localización e identificación de los activos procedentes de actividades delictivas con vistas a su posible inmovilización y confiscación de modo que los delincuentes se vean privados de los ingresos que hayan obtenido de esta manera.

2.5.

El ámbito de aplicación declarado por la Comisión es investigar y sancionar la delincuencia a través de los mecanismos de cooperación judicial y la remisión a través del artículo 2, letra l), al artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Europol (6), a fin de definir los delitos graves. A este respecto, el CESE considera que es necesario concretar y limitar la lista de los delitos para los que puede utilizarse este mecanismo.

2.6.

Asimismo, el acceso a los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias también se concede a los fiscales europeos en las condiciones establecidas por el Reglamento (UE) 2017/1939 (7), lo cual resultará en una mayor capacidad de investigación de los fraudes contra los intereses financieros de la Unión Europea.

3.   Observaciones generales

3.1.

El CESE reconoce la importancia de los mecanismos de cooperación entre las autoridades responsables de hacer cumplir la ley de los Estados miembros, y acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de crear mecanismos para que las autoridades competentes de los Estados miembros puedan acceder más rápida y directamente a los datos financieros en el territorio de otros Estados miembros.

3.2.

La propuesta de Directiva es un instrumento que refuerza la capacidad de investigar y sancionar la delincuencia en el territorio de la Unión Europea, lo cual asegura a las autoridades competentes de los Estados miembros un acceso más directo a los datos financieros, a fin de perseguir los productos de los delitos e identificar los modelos delictivos.

3.3.

La propuesta de Directiva deberá establecer un mejor equilibrio entre los derechos fundamentales de las personas (establecidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y la necesidad de aplicar mejor la legislación en materia de lucha contra la delincuencia y su sanción.

3.4.

De este modo, el derecho a la vida privada y su protección solo debe limitarse si es proporcional al interés público de garantizar un entorno de seguridad y justicia en la Unión Europea.

3.5.

Para lograr un equilibrio entre el acceso a los datos financieros de los ciudadanos europeos y el principio de la necesidad de información, la Directiva debería limitarse a detectar los delitos y sancionarlos, y —en principio— no debería incluir fines demasiado genéricos de prevención, por lo que se recomienda el uso del principio del caso debidamente justificado.

3.6.

El acceso a los datos financieros solo debe permitirse a las autoridades competentes para investigar y sancionar delitos, así como a los organismos de recuperación de activos, en casos debidamente justificados, a fin de que no se generen series de metadatos ostentados por entidades nacionales o europeas sin competencias de detección ni investigación.

3.7.

Los registros centralizados de cuentas bancarias también podrán completarse con los datos financieros relativos a las cuentas de inversión de los administradores de inversiones en el mercado de capitales, puesto que se sabe que las formas modernas de blanqueo de capitales y de ocultación de los productos financieros de los delitos incluyen las inversiones en el mercado de capitales.

3.8.

La propuesta de Directiva también debería completarse con disposiciones procesales de remisión a otras normativas europeas en materia de cooperación judicial e intercambio de información financiera con terceros países, a fin de responder a los dos requisitos siguientes: por un lado, establecer normas jurídicas adecuadas para los procedimientos judiciales de recogida válida de las pruebas cuando participen también otros instrumentos legislativos de manera complementaria y, por el otro, asegurar mejor los objetivos de política pública incluidos en la exposición de motivos y el análisis ex post realizado por la Comisión.

3.9.

El CESE observa y acoge con satisfacción que en la propuesta de Directiva de la Comisión se establezcan disposiciones muy claras sobre la protección de los derechos fundamentales, pero constata que estas se limitan únicamente a la protección de los datos personales transmitidos en el marco del mecanismo creado y del acceso a los registros centralizados de cuentas bancarias, y no contemplan las normativas específicas de protección de los derechos fundamentales de protección de la vida privada ni de las garantías procesales de restricción de las mismas.

4.   Observaciones específicas y recomendaciones

4.1.

A fin de garantizar que, mediante el uso de los instrumentos de cooperación establecidos por la propuesta de Directiva objeto de examen, no se rebase el carácter legítimo proporcional de la restricción de los derechos fundamentales a la vida privada, es necesario eliminar la finalidad de prevención de la definición de la información financiera prevista en el artículo 2, letra e), sin modificar la definición de la quinta Directiva contra el blanqueo de capitales (8), que permanece inalterada en las condiciones del artículo 1, apartado 2, letra a), de la propuesta de Directiva objeto de examen. De este modo, se elimina el riesgo de incumplimiento de las disposiciones del TFUE relativas a los derechos fundamentales.

4.2.

Del análisis de la definición de los «delitos graves» establecida en el artículo 2, letra l), que remite al anexo 1 del Reglamento (UE) 2016/794 relativo a la Europol (9), en relación con el tenor del texto de la propuesta de Directiva y con la normativa del acceso a los datos a fin de prevenir delitos graves, el acceso parece desproporcionado habida cuenta del fin general perseguido. Por ejemplo, se podría conceder acceso a los datos financieros de los ciudadanos para prevenir los delitos derivados de accidentes de carretera mortales o los delitos racistas o xenófobos o los chantajes.

4.3.

El CESE recomienda que la definición del artículo 2, letra l), se modifique como sigue: «delitos graves»: las formas de delincuencia relacionadas con el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, la trata de seres humanos, la corrupción, las actividades de blanqueo de capitales, los delitos relacionados con materiales nucleares o sustancias radiactivas, el tráfico de inmigrantes, el tráfico ilícito de órganos y tejidos, el secuestro, la retención ilegal y la toma de rehenes, el robo y el hurto con agravantes, el tráfico ilícito de obras de arte, antigüedades y bienes culturales, los delitos contra los intereses financieros de la Unión, la facilitación de información privilegiada y la manipulación de los mercados financieros, el chantaje, violación de derechos de propiedad industrial y falsificación, la falsificación de moneda y de medios de pago, el tráfico de armas, municiones y explosivos, los delitos contra el medio ambiente, incluida la contaminación procedente de buques, los abusos sexuales, la explotación sexual, incluido el material sobre abuso de menores o la corrupción de menores con fines sexuales, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.

4.4.

En esta línea, a fin de aclarar el objeto de la normativa y de asegurar su coherencia con los objetivos de la política pública que se declaran, debería permitirse el acceso a los registros nacionales centralizados de cuentas bancarias para prevenir únicamente los delitos de terrorismo, tráfico de estupefacientes o trata de personas, o para identificar, investigar, enjuiciar, sancionar o remediar los daños, tanto para los delitos mencionados como para todos los demás delitos que se definen en la propuesta de Directiva.

4.5.

El artículo 5 de la propuesta de Directiva debe completarse con un punto nuevo, el punto 3, que establezca garantías de proporcionalidad y de legitimidad relativas al acceso a los datos relacionados con la vida privada (incluidos los financieros) por parte de las autoridades responsables de hacer cumplir la ley. En este sentido, es necesario introducir en el punto 3 la obligación de analizar las solicitudes de acceso caso por caso, sobre la base del principio del caso debidamente justificado, de manera que, en la medida en que estos elementos se transformen ulteriormente en prueba judicial, se respeten las condiciones de legalidad para obtener y valorar las pruebas, los derechos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a un proceso justo, como se ha pronunciado en la práctica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, y las instancias nacionales puedan utilizarlos con éxito para sancionar los delitos.

4.6.

En este sentido, la previsión del acceso a los datos financieros de las personas físicas, bajo reserva de las garantías nacionales establecidas en los artículos 7 y 8, no es suficiente, dado que a estos datos también tienen acceso estructuras que no tienen competencias de investigación propias como Europol, lo que se prevé en el artículo 10.

4.7.

El artículo 7, apartado 1, debe alinearse con las observaciones hechas anteriormente, en el punto 4.1, sobre el artículo 2, letra e), de la propuesta de Directiva. Así pues, se propone modificar el texto del siguiente modo: «[…] sean necesarios […] para la prevención de los delitos de terrorismo, trata de seres humanos y tráfico de estupefacientes y para la detección, investigación o enjuiciamiento de estas infracciones y las demás infracciones penales graves». Esta modificación se propone también en el artículo 7, apartado 2, a fin de guardar la coherencia y simetría.

4.8.

En el artículo 9, apartado 4, el CESE se congratula de que la propuesta de Directiva establezca que, en caso de fallo técnico de FIU.net, los mecanismos alternativos de transmisión de los datos deberán respetar las mismas condiciones de seguridad que la red FIU.net. Asimismo, el CESE considera que los mecanismos alternativos de transmisión de los datos financieros deben ser capaces de producir un documento escrito en condiciones que permitan la comprobación de la autenticidad, al igual que en el caso de la red FIU.net.

4.9.

Con respecto al artículo 10, que establece el acceso de la Europol en paralelo con las autoridades competentes previstas en el artículo 3, el CESE solicita que este derecho de acceso se establezca en relación con las competencias de investigación de la Europol y con las garantías necesarias en relación con el análisis de los metadatos.

Bruselas, 12 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (DO L 156 de 19.6.2018, p. 43).

(2)  Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53).

(3)  Véase la nota 1.

(4)  Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (DO L 146 de 3.6.2016, p. 8).

(5)  Véase la nota 1.

(6)  Véase la nota 2.

(7)  Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).

(8)  Véase la nota 1.

(9)  Véase la nota 2.


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/88


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal

[COM(2018) 225 final — 2018/0108 (COD)]

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales

[COM(2018) 226 final — 2018/0107(COD)]

(2018/C 367/17)

Ponente general:

Christian BÄUMLER

Consulta

Parlamento Europeo, 31.5.2018

Fundamento jurídico

Artículo 82, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Sección competente

Sección de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía

Decisión de la Mesa

22.5.2018

Aprobación en el pleno

12.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

157/2/0

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE considera que el aumento del uso de los servicios de información plantea un reto para la acción penal. Aún faltan tanto una cooperación fiable con los proveedores de servicios como transparencia, y existe inseguridad jurídica en cuanto a la jurisdicción a la que corresponde llevar a cabo una investigación.

1.2.

El CESE acoge con satisfacción que el Reglamento propuesto sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas introduzca instrumentos europeos vinculantes para la seguridad y el acceso a los datos.

1.3.

El CESE acoge con satisfacción que la orden europea de entrega y la orden europea de conservación sean medidas de investigación que solo podrán emitirse en investigaciones o procesos penales para infracciones penales específicas.

1.4.

El CESE acoge con satisfacción que la orden de entrega europea solo sea aplicable para formas graves de delitos. El CESE considera que este objetivo se lograría mejor mediante un umbral mínimo de la pena de tres meses que mediante un umbral máximo de tres años.

1.5.

El CESE señala que el Reglamento debe respetar los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las constituciones de los Estados miembros.

1.6.

El CESE subraya que las cuestiones de en qué condiciones puede accederse a los datos en un proceso penal y a quién compete tal decisión a menudo obtienen respuestas diferentes en cada país. El CESE apoya el desarrollo de normas europeas comunes sobre las condiciones para el acceso a los datos.

1.7.

El CESE acoge con satisfacción que ambas órdenes deban ser emitidas o confirmadas por una autoridad judicial de un Estado miembro. Sin embargo, el CESE considera problemático que, para la obtención de datos de los abonados y de datos relativos al acceso, los fiscales también puedan emitir órdenes de entrega y respalda que la obtención de los datos de carácter personal se someta a la autorización de un juez.

1.8.

El CESE comparte la postura de la Comisión sobre el carácter problemático de la posibilidad de que terceros países establezcan obligaciones recíprocas para los proveedores de servicios de la UE que no sean compatibles con los derechos fundamentales de la Unión. El CESE acoge con satisfacción que la propuesta incluya garantías sólidas y referencias expresas a las condiciones y garantías ya inherentes en el acervo de la UE.

1.9.

El CESE respalda la posibilidad, prevista en la propuesta, de que la Comisión impugne la legalidad, la necesidad o la proporcionalidad de una orden de entrega por parte del destinatario y que el Estado emisor deba respetar los privilegios y las inmunidades que protegen los datos solicitados en el Estado miembro del proveedor de servicios.

1.10.

El CESE acoge con satisfacción que la propuesta de la Comisión establezca la obligación de que los proveedores de servicios designen un representante legal en la Unión para recibir, cumplir y hacer cumplir las órdenes de obtención de pruebas que se hayan dictado.

1.11.

El CESE considera que, en todos los casos, los proveedores de servicios deben tener derecho al reembolso de los gastos si esto está previsto en la legislación nacional del Estado emisor.

2.   Contexto de la propuesta

2.1.

Actualmente, más de la mitad de las investigaciones penales incluyen una petición transfronteriza de acceso a pruebas electrónicas como textos, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería. Por este motivo, la Comisión propone nuevas normas para permitir a las autoridades policiales y judiciales obtener un acceso más rápido y sencillo a las pruebas electrónicas que consideren necesarias para la investigación con el fin de detener y condenar a delincuentes y terroristas.

2.2.

En 2016, el Consejo (1) pidió acciones concretas basadas en un enfoque común de la UE para impulsar una asistencia jurídica mutua más eficaz, mejorar la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros y los proveedores de servicios radicados en países no pertenecientes a la UE y proponer soluciones al problema de la determinación y aplicación de la jurisdicción en el ciberespacio.

2.3.

El Parlamento Europeo (2) también puso de relieve los retos que el marco jurídico, fragmentado actualmente, puede plantear a los proveedores de servicios que desean dar cumplimiento a las solicitudes cursadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad. El Parlamento hizo un llamamiento en favor de un marco jurídico europeo que incluya salvaguardias para los derechos y las libertades de los interesados.

2.4.

Para situaciones en que las pruebas se encuentren en otro país o el proveedor de servicios esté ubicado en otro país, ya se desarrollaron hace varios decenios mecanismos de cooperación entre países. A pesar de las frecuentes reformas, estos mecanismos de cooperación están sometidos a una presión creciente debido a la mayor necesidad de poder acceder rápidamente a pruebas electrónicas al otro lado de la frontera. En respuesta, varios Estados miembros y terceros países han recurrido a ampliar sus instrumentos nacionales. En opinión del CESE, la consiguiente fragmentación genera inseguridad jurídica y obligaciones contradictorias y plantea la cuestión de la protección de los derechos fundamentales y las garantías procesales de las personas afectadas por tales solicitudes.

2.5.

El CESE considera que el aumento del uso de los servicios de información entraña un reto para las autoridades policiales y judiciales, ya que a menudo las autoridades relevantes no tienen preparación adecuada para gestionar pruebas en línea. El largo proceso de obtención de pruebas también se considera uno de los principales obstáculos. Aún faltan tanto una cooperación fiable con los proveedores de servicios como transparencia, y existe inseguridad jurídica en cuanto a la jurisdicción a la que corresponde llevar a cabo una investigación. El CESE respalda la cooperación transfronteriza directa entre las autoridades policiales y judiciales y los proveedores de servicios digitales en las investigaciones penales.

2.6.

El actual marco jurídico de la UE consta de instrumentos de cooperación de la Unión en materia penal, como la Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal (3), el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (4), la Decisión 2002/187/JAI del Consejo por la que se crea Eurojust (5), el Reglamento (UE) 2016/794 sobre Europol (6), la Decisión Marco 2002/465/JAI del Consejo sobre equipos conjuntos de investigación (7) y acuerdos bilaterales entre la Unión y terceros países.

3.   Órdenes europeas de entrega y conservación

3.1.

El CESE acoge con satisfacción que la propuesta de Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal (COM(2018) 225) introduzca instrumentos europeos vinculantes para la seguridad y el acceso a los datos. Los destinatarios son proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, redes sociales y mercados en línea, proveedores de servicios de alojamiento de datos en internet y proveedores de infraestructuras, como registros de nombres de dominio y direcciones IP.

3.2.

La Directiva relativa a la orden europea de investigación en materia penal cubre todas las medidas de investigación transfronteriza en la Unión, incluido el acceso a las pruebas electrónicas, pero no contiene disposición específica alguna sobre la obtención transfronteriza de pruebas electrónicas. Por este motivo, el CESE acoge con satisfacción que la Comisión haya propuesto nuevas reglas que permitan a las autoridades policiales y judiciales un acceso más rápido y sencillo a las pruebas electrónicas.

3.3.

El CESE acoge con satisfacción que la orden europea de entrega y la orden europea de conservación sean medidas de investigación que solo podrán emitirse en investigaciones o procesos penales para infracciones penales específicas. La vinculación con una investigación específica distingue estas órdenes de las medidas preventivas o de las obligaciones de conservación de datos establecidas por ley y garantiza la aplicación de los derechos procesales aplicables a los procesos penales.

3.4.

El CESE toma nota de que las órdenes de entrega de datos de los abonados y de datos relativos al acceso deben emitirse para cualquier infracción penal, mientras que las órdenes de entrega de datos de transacciones o de contenido solo deben emitirse para infracciones penales punibles en el Estado emisor con una pena máxima de privación de libertad de al menos tres años, o para los delitos específicos a que se refiere la propuesta y cuando exista un vínculo concreto con herramientas electrónicas y delitos cubiertos por la Directiva sobre terrorismo (UE) 2017/541. Este umbral de un máximo de tres años debe garantizar que la orden de entrega europea solo pueda utilizarse para formas graves de delito relacionadas con esos datos. El CESE comparte este objetivo y considera que se alcanzaría mejor mediante un enfoque basado en un umbral mínimo de la pena de tres meses.

3.5.

El fundamento jurídico para adoptar medidas jurídicas es el artículo 82, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dispone que se podrán adoptar medidas con arreglo al procedimiento legislativo ordinario a fin de establecer normas y procedimientos para garantizar el reconocimiento en toda la Unión de las sentencias y resoluciones judiciales en todas sus formas.

3.6.

Los nuevos instrumentos se basan en los principios de reconocimiento mutuo para facilitar la obtención transfronteriza de pruebas electrónicas. Una autoridad del país en el que esté establecido el destinatario de la orden no tendrá que intervenir directamente en la notificación y ejecución de la orden. El CESE subraya que, en consecuencia, un ciudadano de la UE puede verse expuesto a que acceda a sus datos una autoridad de otro Estado miembro de la Unión, conforme a las normas de este último.

3.7.

El CESE señala que el Reglamento debe respetar los derechos fundamentales y observar los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y las constituciones de los Estados miembros. Entre estos se incluyen el derecho a la libertad y la seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, la protección de los datos de carácter personal, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, los principios de legalidad y de proporcionalidad y el derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito. El CESE subraya que la protección de estos derechos también depende de las condiciones bajo las que puede interferirse en estos derechos y de la cuestión de a quién compete tal decisión.

3.8.

El CESE subraya que las cuestiones de en qué condiciones puede accederse a los datos en un proceso penal y a quién compete tal decisión a menudo obtienen respuestas diferentes en cada país. Pueden ser competentes para el acceso a los datos las autoridades policiales, el ministerio público o un órgano jurisdiccional. Existen diferencias con respecto al estadio del proceso de investigación y al grado de sospecha que hacen permisible jurídicamente el acceso a los datos. El CESE aboga por que se desarrollen normas europeas comunes sobre cuándo puede accederse a los datos.

3.9.

El CESE acoge con satisfacción que ambas órdenes deban ser emitidas o confirmadas por una autoridad judicial de un Estado miembro. Cuando se emita una orden europea de entrega o de conservación, siempre deberá intervenir en el proceso una autoridad judicial que actúe en calidad de autoridad emisora o de confirmación. En el caso de las órdenes de entrega de datos de transacciones o contenido, se requiere la intervención de un juez o un tribunal. La propuesta de la Comisión aumentaría el nivel general de protección jurídica en Europa.

3.10.

Sin embargo, el CESE considera problemático que, para la obtención de datos de los abonados y de datos relativos al acceso, los fiscales también puedan emitir órdenes de entrega, dado que los datos de los abonados y los datos relativos al acceso son también datos de carácter personal y resulta complicada la protección jurídica a posteriori en caso de acceso a los datos desde otro Estado miembro. El CESE respalda que la obtención de los datos de carácter personal se someta a la autorización de un juez.

3.11.

El CESE respalda la posibilidad, prevista en la propuesta, de que la Comisión impugne la legalidad, la necesidad o la proporcionalidad de una orden de entrega por parte del destinatario. De conformidad con la propuesta de la Comisión, se garantizan plenamente los derechos con arreglo a la legislación del Estado de ejecución, de modo que se respeten en el Estado emisor los privilegios e inmunidades que protegen los datos solicitados en el Estado miembro del proveedor de servicios. Conforme a la propuesta, este es especialmente el caso cuando en el Estado de ejecución se contempla una protección mayor que la prevista en la legislación del Estado emisor.

3.12.

El CESE señala que la orden afecta también a los derechos de los proveedores de servicios, en particular, la libertad de empresa. El CESE acoge con satisfacción que la propuesta incluya el derecho del proveedor de servicios a presentar determinadas alegaciones en el Estado miembro emisor, por ejemplo, en caso de que la orden no haya sido emitida o confirmada por una autoridad judicial. En caso de que la orden se transmita para su ejecución al Estado de ejecución, la autoridad de ejecución podrá decidir, después de consultar a la autoridad emisora, no reconocer o ejecutar la orden si, tras su recepción, considera que se da alguno de los motivos permitidos para rechazarla.

3.13.

La propuesta de la Comisión prevé que el proveedor de servicios pueda solicitar el reembolso de sus gastos al Estado emisor, si esto está previsto en la legislación nacional de dicho Estado respecto de órdenes nacionales en situaciones comparables. El CESE considera que, en todos los casos, los proveedores de servicios deben tener derecho al reembolso de los gastos si esto está previsto en la legislación nacional del Estado emisor.

4.   Conflictos de obligaciones

4.1.

El CESE comparte la postura de la Comisión sobre el carácter problemático de la posibilidad de que terceros países establezcan obligaciones recíprocas para los proveedores de servicios de la UE que no sean compatibles con los derechos fundamentales de la UE, en particular el alto nivel de protección de los datos garantizado por el acervo de la UE.

4.2.

La propuesta aborda esta situación estableciendo una medida que contiene garantías sólidas y referencias expresas a las condiciones y garantías ya inherentes en el acervo de la UE. El CESE comparte la opinión de la Comisión de que esto podría servir de modelo para la legislación extranjera de terceros países.

4.3.

Asimismo, el CESE respalda incluir en la propuesta, como está previsto, una cláusula sobre «conflictos de obligaciones», que permite a los proveedores determinar y plantear la existencia de obligaciones contradictorias a las que deben responder, lo que pone en marcha un control judicial. Esta cláusula tiene por objeto garantizar, por un lado, el respeto de las disposiciones generales de bloqueo —por ejemplo, la ley estadounidense sobre la privacidad de las comunicaciones electrónicas (U.S. Electronic Communications Privacy Act, ECPA), que prohíbe la divulgación de datos de contenido en su ámbito geográfico, excepto en circunstancias determinadas— y, por otro, el respeto de leyes que generalmente no prohíben la revelación, aunque pueden hacerlo en casos específicos.

4.4.

El CESE comparte la opinión de la Comisión de que otros acuerdos internacionales con socios clave podrían reducir aún más las situaciones problemáticas, lo que sería el mejor modo de evitar conflictos.

5.   Directiva sobre la designación de representantes legales

5.1.

La propuesta de la Comisión sobre las órdenes europeas de entrega y conservación debe completarse mediante una Directiva por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales en procesos penales (COM(2018) 226). Actualmente existen distintos enfoques en los Estados miembros sobre las obligaciones impuestas a los proveedores de servicios. Esta fragmentación se aprecia, en particular, en las pruebas electrónicas. Este defecto genera inseguridad jurídica a los operadores y puede dar lugar a obligaciones y sanciones diferentes, a veces contradictorias, para los prestadores de servicios en este ámbito, dependiendo de si prestan sus servicios a escala nacional, de manera transfronteriza dentro de la Unión o desde fuera de la Unión.

5.2.

La Directiva propuesta por la Comisión obliga a los prestadores de servicios a designar a un representante en la Unión para recibir, cumplir y hacer cumplir las órdenes de obtención de pruebas dictadas por las autoridades nacionales competentes en los procesos penales

5.3.

El CESE opina que este Reglamento garantizaría un mejor funcionamiento del mercado interior de manera coherente con la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia. La obligación de designar un representante legal para todos los proveedores de servicios que operan en la Unión garantizaría que exista siempre un claro destinatario de las medidas de investigación. Esto, a su vez, facilitaría a los proveedores de servicios el cumplimiento de las órdenes, ya que el representante sería responsable de recibir, cumplir y hacer cumplir estas órdenes en nombre del proveedor de servicios.

Bruselas, 12 de julio de 2018.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Luca JAHIER


(1)  Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, de 9 de junio de 2016, sobre la mejora de la justicia penal en el ciberespacio, ST9579/16.

(2)  P8_TA(2017)0366.

(3)  Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1).

(4)  Acto del Consejo, de 29 de mayo de 2000, por el que se celebra, de conformidad con el artículo 34 del Tratado de la Unión Europea, el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea.

(5)  Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28 de febrero de 2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas graves de delincuencia.

(6)  Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol).

(7)  Decisión Marco del Consejo 2002/465/JAI, de 13 de junio de 2002.


10.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 367/93


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida)

[COM(2018) 144 final — 2018/0070 (COD)]

(2018/C 367/18)

Ponente:

Brian CURTIS

Consulta del Consejo

Consulta del Parlamento Europeo

13.4.2018

16.4.2018

Fundamento jurídico

Artículo 192, apartado 1, y artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Decisión de la Mesa

19/09/2017 (en previsión de la consulta)

Sección competente

Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Aprobado en sección

26.6.2018

Aprobación en el pleno

12.7.2018

Pleno n.o

536

Resultado de la votación

(a favor/en contra/abstenciones)

157/0/4

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, que tiene por objeto refundir el Reglamento sobre COP (contaminantes orgánicos persistentes) para garantizar la aplicación coherente y eficaz de las obligaciones de la UE con arreglo al Convenio de Estocolmo.

1.2.

El Comité señala que, en la UE, ya se han eliminado la comercialización y uso de la mayoría de los COP. Sin embargo, debido a los efectos extremadamente peligrosos de los COP en el ser humano y el medio ambiente, se debe prohibir la fabricación de esas sustancias y limitar las exenciones a aplicaciones específicas. Por este motivo, el CESE anima a la Comisión a establecer medidas de control más estrictas, en consonancia con el enfoque de precaución y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

1.3.

El CESE respalda la propuesta de transferir tareas de la Comisión a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) a fin de crear unas condiciones más propicias a la hora de prestar asistencia administrativa, científica y técnica a efectos de la aplicación. No obstante, el Comité subraya la necesidad de establecer un método de trabajo sólido con la participación de la Comisión, la ECHA, los Estados miembros y las partes interesadas.

1.4.

El CESE recomienda un uso adecuado y limitado de los actos delegados para mantener un diálogo abierto con todas las partes interesadas, con especial atención a la sensibilización de la opinión pública y la transparencia.

1.5.

El CESE anima a la UE a ser un líder mundial en la lucha contra los COP. La acción de la UE debe centrarse en la armonización de la legislación y las estrategias nacionales de seguimiento y control para los COP. En particular, el Comité considera que la UE debe promover la sostenibilidad y la defensa de las disposiciones sobre COP en los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales.

1.6.

El Comité apoya la propuesta de organizar, dentro del marco del desarrollo sostenible, una amplia campaña de sensibilización sobre los COP a escala de la UE. El CESE considera que un banco de datos abierto sobre COP podría ser una herramienta útil para las empresas y los consumidores.

1.7.

El CESE señala que debería haber cursos de formación obligatorios sobre COP obligatorios y estar accesibles para todos los trabajadores europeos que tengan una actividad directa o indirectamente relacionada con estas sustancias. En particular, el CESE recomienda que las iniciativas sobre educación y formación se armonicen y se consideren parte de la misma estrategia con arreglo a un enfoque de aprendizaje permanente.

2.   Introducción

2.1.

Los contaminantes orgánicos persistentes (COP) son compuestos orgánicos resistentes a la degradación medioambiental mediante procesos químicos, biológicos y fotolíticos. Debido a su persistencia, los COP se bioacumulan, con posibles efectos negativos para la salud humana y el medio ambiente. Muchos COP se utilizan, o se utilizaban, como plaguicidas, disolventes, medicamentos y productos químicos industriales. Aunque algunos COP se producen de forma natural, por ejemplo, en los volcanes y mediante diversas formas biosintéticas, la mayoría es producida por el hombre mediante síntesis total.

2.2.

La comunidad internacional debatió el efecto de los COP sobre la salud humana y el medio ambiente en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes en 2001 (1). El Convenio de Estocolmo, ratificado por 180 Partes y basado en el principio de precaución, es un tratado internacional que proporciona un marco jurídico para eliminar la producción, utilización, importación y exportación de los COP. El Convenio, que incluía una lista de doce elementos (incluido el DDT), fue firmado por la UE en 2005.

2.3.

El compromiso de la Unión Europea consistió en introducir medidas para reducir las emisiones de COP al medio ambiente a fin de reducir la exposición del ser humano y de la fauna silvestre. La Unión Europea ha intervenido muy activamente en el procedimiento para proponer nuevas sustancias en el marco del Convenio (2). El Reglamento (CE) n.o 850/2004 (o «Reglamento COP») es el instrumento jurídico que aplica los compromisos asumidos por la UE y sus miembros en virtud del Convenio.

2.4.

Un segundo convenio sobre contaminantes orgánicos persistentes, el «Protocolo de Aarhus» (modificado por última vez en 2009), se refiere a la transmisión transfronteriza a gran distancia de contaminantes atmosféricos. Se prohíbe directamente la producción de algunos de estos contaminantes y se establece un límite de tiempo para la eliminación de otros. En la actualidad, 22 sustancias figuran en la lista del Protocolo.

3.   Síntesis de la propuesta

3.1.

La propuesta de la Comisión tiene por objeto refundir el Reglamento COP. Esta iniciativa no modifica la legislación vigente por lo que se refiere a los principios (principio de precaución) y los objetivos (protección del medio ambiente y de la salud humana), sino que responde a la necesidad de la plena adaptación legislativa y la mejora de su aplicación.

3.2.

En concreto, la propuesta afronta los siguientes retos:

armonizar el Reglamento COP, que hace referencia a la Directiva 67/548/CEE y la Directiva 75/442/CEE, con el Reglamento (CE) n.o 1907/2006, el Reglamento (CE) n.o 1272/2008 y la Directiva 2008/98/CE. Más específicamente, el Reglamento COP hace referencia a un comité de reglamentación que ya no existe (3) y ha de armonizarse con el Tratado de Lisboa (TFUE). Además, hay que especificar las normas que están sujetas a actos de ejecución y las condiciones aplicables a la adopción de actos delegados;

transferir tareas de la Comisión a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) (4) a fin de crear unas condiciones más propicias a la hora de prestar asistencia administrativa, científica y técnica a efectos de la aplicación. Asimismo, debería facilitarse el cumplimiento del Reglamento COP por parte de los Estados miembros atribuyendo una función de coordinación al Foro de intercambio de información relativa al cumplimiento de la normativa establecido por el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo («REACH») (5);

introducir varias modificaciones técnicas en la parte dispositiva con objeto, por ejemplo, de aclarar las definiciones existentes y añadir las definiciones de «fabricación», «uso» y «sustancia intermediaria en un sistema cerrado y limitado a un emplazamiento», a fin de mejorar y simplificar los procedimientos actuales.

3.3.

La propuesta hace especial hincapié en la transparencia y el acceso público a la información. Deben promoverse y respaldarse programas de sensibilización de la opinión pública sobre los COP, especialmente entre los grupos más vulnerables, así como la formación de trabajadores, científicos, personal docente, técnico y directivo. Además, los ciudadanos deben tener la oportunidad de participar en la elaboración, la aplicación y la actualización de los planes de aplicación a escala nacional.

4.   Observaciones generales

4.1.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, que tiene por objeto refundir el Reglamento COP para garantizar la aplicación coherente y eficaz de las obligaciones de la UE con arreglo al Convenio de Estocolmo. Estas medidas son esenciales para establecer un marco jurídico común en el que se puedan tomar medidas destinadas, en particular, a eliminar la fabricación, comercialización y uso de COP fabricados de forma deliberada y a instaurar controles anuales por parte de cada uno de los países y recabar datos comparativos para la UE.

4.2.

El Comité señala que, en la UE, ya se han eliminado la comercialización y uso de la mayoría de los COP. No obstante, con el fin de minimizar las emisiones de COP, debe prohibirse la fabricación de tales sustancias y limitar las exenciones a aquellas sustancias que cumplen una función esencial en una aplicación específica. Por este motivo, el CESE anima a la Comisión a establecer medidas de control más estrictas que las del Convenio de Estocolmo, en consonancia con el enfoque de precaución para la protección del medio ambiente que se establece en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (6).

4.3.

El Comité es consciente de que la decisión de la Comisión de no realizar una consulta formal de las partes interesadas y los Estados miembros está motivada por un acuerdo consolidado general con todas las partes interesadas públicas y privadas sobre las medidas que deben adoptarse para refundir el Reglamento COP. No obstante, el CESE recomienda a la Comisión que adopte un enfoque inclusivo y eficaz para las próximas etapas de ejecución.

4.4.

El CESE respalda la propuesta de transferir tareas de la Comisión a la ECHA a fin de crear unas condiciones más propicias a la hora de prestar asistencia administrativa, científica y técnica a efectos de la aplicación. No obstante, el Comité subraya la necesidad de establecer un método de trabajo sólido con la participación de la Comisión, la ECHA y los Estados miembros para garantizar una cooperación eficaz y mejores resultados. Una piedra angular de este nuevo marco de trabajo debe ser la consulta de las partes interesadas.

4.5.

El CESE considera que algunos aspectos de la refundición son completamente técnicos. En consonancia con los dictámenes anteriores (7), el Comité considera que los COP representan una grave amenaza para el medio ambiente y la salud pública. Por lo tanto, el CESE recomienda un uso adecuado y limitado de los actos delegados (cuando sea estrictamente necesario) para mantener un diálogo abierto con todas las partes interesadas, con especial atención a la sensibilización de la opinión pública y la transparencia.

5.   Observaciones específicas

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