(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Bélgica debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 3 que figuran más abajo.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Bélgica fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Bélgica de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Bélgica hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(4)

El 27 de abril de 2018, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Bélgica se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario desde un déficit del 1,0 % del PIB en 2017 a un superávit del 0,1 % del PIB en 2021. Se espera alcanzar de aquí a 2020 el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales. No obstante, el saldo estructural recalculado (6) sigue apuntando a un déficit del 0,2 % en 2020. Tras haber tocado techo en casi el 107 % del PIB en 2014 y bajar a cerca del 103 % en 2017, se espera que la ratio deuda pública/PIB siga bajando hasta situarse en el 94,6 % de aquí a 2021, según el Programa de Estabilidad de 2018. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, no se han especificado las medidas necesarias para apoyar la consecución de los objetivos de déficit previstos a partir de 2019, lo que contribuye al deterioro previsto del saldo estructural en 2019 en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018.

(7)

El 23 de mayo de 2018, la Comisión publicó un informe con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE, dado que Bélgica no había logrado avances suficientes en el cumplimiento del valor de referencia en la reducción de la deuda en 2017. Tras una evaluación de todos los factores pertinentes, dado que actualmente no hay pruebas suficientemente sólidas para llegar a una conclusión sobre la existencia de una desviación significativa en Bélgica en 2017 y a lo largo de 2016 y 2017 considerados conjuntamente, el informe no pudo determinar plenamente si se cumple o no el criterio de la deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (7). La Comisión volverá a evaluar la conformidad con el valor de referencia en la reducción de la deuda sobre la base de los datos ex post para 2018 que deberán notificarse en la primavera de 2019.

(8)

El Programa de Estabilidad de 2018 indica que el impacto presupuestario de las medidas relacionadas con la seguridad en 2017 es considerable y prueba de manera adecuada el alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos adicionales subvencionables ascendieron en 2017 al 0,02 % del PIB en relación con las medidas relacionadas con la seguridad. Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la gravedad de la amenaza terrorista constituye un acontecimiento excepcional, su impacto en las finanzas públicas de Bélgica es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, y para tener en cuenta estos costes adicionales, se ha reducido el ajuste requerido en 2017 hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

(9)

El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Bélgica que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (8) no supere el 1,6 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, se declaró que la evaluación del proyecto de plan presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Bélgica. A raíz de la evaluación por la Comisión de la solidez de la recuperación en Bélgica, dando la debida consideración a sus retos en materia de sostenibilidad, efectuada en el marco de su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de Bélgica para 2018, no deben tenerse en cuenta elementos adicionales a este respecto. Según las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018, sigue existiendo el riesgo de una desviación significativa de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018 y a lo largo de 2017 y 2018, considerados en su conjunto.

(10)

En 2019, en vista de la ratio de deuda pública de Bélgica por encima del 60 % del PIB y de la previsión de la brecha de producción del 0,4 % del PIB, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 1,8 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa de ese requisito en 2019 y a lo largo de 2017 y 2018, conjuntamente considerados. No se espera, a priori, que Bélgica cumpla la norma en materia de deuda ni en 2018 ni en 2019. En términos generales, el Consejo considera que a partir de 2018 deberán tomarse medidas para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente la utilización de los posibles beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas.

(11)

La sostenibilidad de las finanzas públicas sigue constituyendo un reto. La reforma de las pensiones aprobada en 2015 fue un paso significativo para abordar los riesgos relacionados con el envejecimiento de la población a largo plazo, pero el Informe sobre el envejecimiento de 2018 apunta a un aumento mayor de lo previsto del gasto relacionado con el envejecimiento de la población a largo plazo, tanto para las pensiones como para los cuidados de larga duración. Se prevé que el gasto en pensiones aumente en 2,9 puntos porcentuales del PIB en 2070, en comparación con un aumento de 1,3 puntos porcentuales en 2060 (y una reducción de 0,1 puntos porcentuales del PIB por término medio en la Unión) en la anterior actualización. A este respecto, la plena aplicación de la hoja de ruta del Gobierno para la reforma podría contribuir a abordar estos riesgos. Además, se prevé que el gasto en cuidados de larga duración aumentará, pasando de un nivel ya superior a la media de la Unión del 2,3 % del PIB al 4,0 % del PIB de aquí a 2070. La reducción de la fragmentación en la organización de los cuidados de larga duración, debido a la distribución de competencias entre los diferentes niveles administrativos, tiene el potencial de aumentar la eficiencia del gasto en este ámbito.

(12)

La eficaz coordinación del presupuesto es esencial en un Estado miembro federal, como Bélgica, en el que gran parte de las competencias en materia de gasto se han transferido a los gobiernos subnacionales. A fin de mejorar la coordinación interna y de transponer el componente fiscal del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la unión económica y monetaria («Pacto Presupuestario»), el Gobierno federal y las administraciones regionales y locales firmaron en 2013 un acuerdo de cooperación con el objetivo de definir sendas presupuestarias plurianuales generales y particulares, que serán supervisadas por el Alto Consejo de Finanzas. Se ha alcanzado un acuerdo sobre los objetivos presupuestarios para 2020, lo que constituye un paso positivo. Sin embargo, aún no hay un acuerdo formal sobre los objetivos presupuestarios anuales en todos los niveles de gobierno. Se han realizado progresos en relación con el establecimiento de garantías suficientes con respecto a la independencia del Alto Consejo de Finanzas.

(13)

Existe margen para otorgar a la limitación del gasto un mayor papel en el saneamiento presupuestario. El gasto público total como porcentaje del PIB se sitúa por encima de la media de la zona del euro. Pese al potencial que encierra para estimular el crecimiento a largo plazo, la inversión pública es baja en comparación con la media europea, en particular en relación con el gasto público total. A las bajas reservas de capital público hay que sumar el deterioro sufrido por las infraestructuras públicas. Las revisiones del gasto pueden contribuir a una asignación más inteligente del gasto y apoyar un saneamiento que propicie el crecimiento. A nivel regional, solo Flandes tiene previsto introducir un enfoque de revisión del gasto en el proceso presupuestario. Actualmente, ningún nivel de gobierno en Bélgica está vinculado por reglas de gasto nacionales, con la excepción de un límite máximo para los gastos de asistencia sanitaria. Esto contrasta con la creciente adopción de dichas reglas en toda la Unión e impide un saneamiento presupuestario basado en el gasto. Por otro lado, las cotizaciones al sistema de garantía de depósitos belga no se invierten en una cartera separada de activos de bajo riesgo.

(14)

El reparto entre deuda y activos en los hogares belgas revela algunos puntos débiles, a pesar de su posición general de riqueza. Un período prolongado de aumento de los precios de la vivienda más rápido que la renta disponible de los hogares, junto con los constantes aumentos en el endeudamiento de los hogares, han debilitado la situación financiera de estos. En abril de 2018 se aplicó una medida macroprudencial, que presta atención principalmente a la resiliencia del sector bancario, para abordar un aumento de los riesgos sistémicos en relación con el sector inmobiliario residencial. En el futuro, podría mejorarse el marco nacional de toma de decisiones macroprudenciales con el fin de aumentar la capacidad macroprudencial de la autoridad para emplear instrumentos macroprudenciales de forma oportuna. Los precios de la vivienda parecen actualmente algo sobrevalorados.

(15)

Según lo indicado en la Recomendación para la zona del euro, la lucha contra la planificación fiscal abusiva es indispensable para impedir las distorsiones de la competencia entre empresas, proporcionar un trato equitativo a los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. El antiguo sistema de deducción de los intereses teóricos que se basaba en las acciones se ha sustituido por un sistema incremental. El nuevo sistema, que comparte una estructura incremental con la bonificación en concepto de crecimiento e inversión propuesta en la base imponible común del impuesto sobre sociedades se limitará a dicho incremento de capital calculado sobre la base de una media de cinco años. Este cambio tiene por objeto contribuir a la neutralidad presupuestaria de la reforma del impuesto sobre sociedades y al mismo tiempo abordar el uso potencial del sistema en la planificación fiscal abusiva y aliviar además el problema del sesgo de la financiación en favor del endeudamiento. Si bien la falta de normas específicas contra las prácticas abusivas era un motivo de preocupación, actualmente se está preparando una reforma del marco de lucha contra estas prácticas. Esto constituye un paso positivo que será objeto de un estrecho seguimiento para garantizar que las nuevas normas aborden todas las formas de abuso. Sobre la base de las últimas gestiones, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes.

(16)

El crecimiento económico reciente ha generado mucho empleo. El crecimiento del empleo fue sólido en 2017 y la tasa de desempleo se acerca actualmente a su nivel anterior a la crisis. No obstante, en lo que se refiere a la tasa de empleo de la población de entre 20 y 64 años (68,5 % en 2017), Bélgica no va por buen camino para alcanzar su objetivo del 73,2 % fijado en la Estrategia Europa 2020. Se ha progresado de forma limitada en la participación en el mercado laboral de los grupos desfavorecidos, dado que la inactividad y el desempleo se concentran en gran parte entre los trabajadores poco cualificados, las personas de origen migrante y los trabajadores de más edad, lo que sugiere que factores tanto estructurales como específicos de ciertos grupos obstaculizan la integración en el mercado de trabajo. En particular, las personas de origen migrante, que suponen una gran proporción de la población en edad de trabajar, siguen presentando resultados desfavorables en el mercado de trabajo, lo que representa por tanto considerables capacidades potenciales sin explotar. En 2016, la tasa de empleo de los no nacidos en la UE fue del 49,1 %, es decir, más de 20 puntos porcentuales por debajo de la población nacida en Bélgica (la diferencia era incluso más pronunciada para las mujeres). Las medidas de activación podrían ayudar a las personas de entornos desfavorecidos, pero hay indicios de que dichas medidas de activación no son igual de eficaces para todos los grupos de población. Aunque se han tomado medidas para ayudar a los recién llegados a integrarse y para abordar la discriminación, sigue habiendo una falta de coordinación entre los distintos ámbitos de actuación y en los distintos niveles políticos para hacer frente al reto de integrar a las personas de origen migrante en el mercado de trabajo. Persisten importantes disparidades regionales en los resultados del mercado de trabajo.

(17)

A pesar de los esfuerzos para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo, los factores que desincentivan el trabajo siguen siendo elevados en el caso de algunos grupos, como los hogares formados por una sola persona que perciben el salario medio, y las segundas fuentes de ingresos familiares. A pesar de las medidas anteriores, la cuña fiscal para un hogar formado por una sola persona que percibe el salario medio se mantuvo entre las más elevadas de la Unión en 2016. La trampa del desempleo para los trabajadores con salarios bajos (67 % del salario medio para un hogar formado por una sola persona) es también una de las mayores de la Unión. Persiste un elevado nivel de desincentivos fiscales para la segunda fuente de ingresos familiares, en su mayoría mujeres.

(18)

La tasa de vacantes de empleo es una de las más elevadas de la Unión, lo que indica una importante inadecuación de las cualificaciones, debida, entre otros factores, al bajo nivel de movilidad y, especialmente en la región bilingüe de Bruselas, a la insuficiencia de conocimientos lingüísticos. La participación en el aprendizaje permanente es baja. Un mayor compromiso por parte de las personas y los empleadores respecto del aprendizaje permanente es importante para que las personas puedan gestionar la transición entre empleos.

(19)

Se han hecho algunos avances por lo que respecta a la igualdad de oportunidades para participar en una educación y formación profesionales de calidad a medida que las comunidades neerlandófona y francófona van integrando paulatinamente las reformas de la enseñanza. No obstante, pese a los buenos resultados medios en comparación con la situación internacional, sigue habiendo elevadas desigualdades educativas que se prolongan. Los resultados educativos de los alumnos de 15 años muestran diferencias importantes relacionadas con el origen socioeconómico y la condición de migrante. Las diferencias de rendimiento entre las comunidades flamenca y francófona, así como la insuficiente representación de los grupos desfavorecidos entre los estudiantes con mejores resultados en ciencias, lectura y matemáticas, suscitan preocupación. Las grandes diferencias de rendimiento entre las escuelas van parejas a la desigualdad de oportunidades educativas. La proporción de titulados de educación superior es elevada. No obstante, se observan desigualdades en el acceso a la educación de calidad, deficiencias de cualificaciones y disparidades regionales. La proporción de licenciados en ciencias, tecnología y matemáticas es una de las más bajas de la Unión y las carencias en estos sectores podrían convertirse en un grave obstáculo para el crecimiento y la innovación. La escasez de profesores suscita preocupación y las reformas relativas a la formación de profesores avanzan lentamente. Es necesario adaptar el desarrollo profesional permanente de los profesores. Tanto la comunidad neerlandófona como la francófona han emprendido importantes reformas de sus sistemas educativos. La ejecución de estas reformas está programada a lo largo de la próxima década y años sucesivos. Sin embargo, a finales de 2017, Flandes tomó la decisión de aplazar un año la entrada en vigor de determinadas medidas clave. El impacto de las reformas y medidas dependerá en gran medida de su aplicación y seguimiento efectivos.

(20)

Solo se han emprendido reformas limitadas para abordar el restrictivo marco reglamentario en el sector de los servicios. Flandes suprimió la ley de establecimiento para un número seleccionado de profesiones artesanales. No obstante, la regulación sigue siendo elevada en algunos servicios profesionales. En consecuencia, la competencia es débil en estos sectores, y se registran bajos índices de entrada de nuevas empresas en el mercado. En el sector de la construcción, los regímenes de autorización horizontal para el acceso al mercado se imponen y las licencias de construcción siguen siendo complejas pese a las medidas adoptadas en los últimos años. El índice de rotación en el sector de la construcción belga está muy por debajo de la media de la Unión, lo que puede indicar que el sector sufre falta de competencia. Esto también afecta a la entrega de importantes proyectos de infraestructura. También hay importantes restricciones en el ámbito de los servicios de transporte ferroviario y por carretera. El escaso crecimiento de la productividad de la economía belga viene determinado en gran medida por el bajo incremento de la productividad en el sector de los servicios. Las restricciones normativas tienen también repercusiones negativas en los usuarios de estos servicios, en particular el sector manufacturero. Más reformas estructurales profundas en sectores de servicios clave ayudarían a fomentar el crecimiento de la productividad, un factor esencial para garantizar el crecimiento en el futuro, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas.

(21)

También se han realizado progresos limitados en la mejora del funcionamiento del sector minorista. A pesar de las recientes reformas, las restricciones reglamentarias siguen pesando sobre los resultados del sector y dificultan la inversión. Los precios de muchas categorías de productos siguen siendo más elevados que en los países vecinos. Es necesario un mayor esfuerzo para hacer que el entorno empresarial sea competitivo y favorable a la inversión a fin de que los consumidores disfruten de una mayor oferta de productos y de precios más bajos. En abril de 2018, la Comisión propuso buenas prácticas para orientar las reformas de los Estados miembros en el sector minorista.

(22)

El espíritu empresarial en Bélgica sigue siendo bajo, a pesar de una serie de reformas en los últimos años y de las recientes medidas cuyo impacto está aún por evaluar. El dinamismo empresarial es reducido, ya que la tasa de creación de empresas sigue siendo de las más bajas de Europa, muy inferior a la media de la Unión, acompañada de un bajo porcentaje de destrucción de empresas. Por otra parte, la carga administrativa de las empresas sigue siendo muy pesada, caracterizándose por procedimientos complejos y un bajo nivel de seguridad jurídica.

(23)

Bélgica obtiene resultados medios en materia de servicios públicos digitales. En comparación con su buena posición global en el desarrollo de su economía digital, solo está en la media en cuanto a servicios públicos digitales. La estructura federal de Bélgica presenta retos específicos para el establecimiento de servicios de Administración electrónica coherentes a escala nacional. Unos sistemas diversos, no necesariamente interoperables, producen pérdidas por fricción. Siguen existiendo preocupaciones graves sobre el sistema judicial, en particular por lo que respecta a la lentitud de los procedimientos, la digitalización, y la fiabilidad, comparabilidad y homogeneidad de los datos de los órganos jurisdiccionales. El desarrollo de iniciativas para digitalizar determinados servicios judiciales en todos los juzgados (como e-deposit o e-box), está retrasado. No obstante, mientras este sistema de codificación uniforme no se aplique en todos los tribunales, los datos sobre la eficiencia de los procedimientos judiciales seguirá teniendo una limitada fiabilidad y comparabilidad.

(24)

Pese a las recientes reformas, el sistema tributario belga sigue siendo complejo. La reforma del impuesto sobre sociedades rebajará los tipos legales y contribuirá a simplificar el sistema. No obstante, se mantiene un gran número de exenciones e incentivos distorsionadores, tal como muestra la tendencia al alza del volumen total de desgravaciones fiscales. Podría utilizarse en mayor medida la oportunidad de desplazar la presión fiscal hacia bases que permitan un mayor crecimiento. Los ingresos procedentes de impuestos relacionados con el medio ambiente siguen estando entre los más bajos de la Unión. Sin duda, existe un potencial considerable para una traslación tributaria «verde» que aborde, entre otras cosas, el trato favorable otorgado a los vehículos de empresa, que contribuyen a la contaminación atmosférica, la congestión y las emisiones de gases de efecto invernadero.

(25)

Los avances han sido limitados a la hora de hacer frente a la congestión del tráfico. La movilidad acusa una insuficiencia de inversión pública en infraestructuras, la existencia de incentivos fiscales distorsionadores y la falta de competencia en los servicios de transporte, lo que causa grandes atascos y dificulta el crecimiento de la productividad. La congestión del tráfico por carretera empeora de año en año, desalentando la inversión extranjera e incurriendo en elevados costes sociales, económicos y medioambientales. Los retos más urgentes son completar y mejorar las infraestructuras de transporte ferroviario y por carretera, especialmente en el entorno y en el interior de Amberes y Bruselas. También existen considerables restricciones en el ámbito de los servicios de transporte ferroviario y por carretera. Las autoridades pueden fomentar un uso más eficiente de la infraestructura existente y la transferencia modal desde el transporte individual y colectivo hacia un mayor uso de alternativas con bajas emisiones.

(26)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bélgica en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bélgica, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(27)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (9) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

2.

3.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

(2)

El informe específico de 2018 sobre Bulgaria se publicó el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Bulgaria de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Bulgaria hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Bulgaria está experimentando desequilibrios macroeconómicos. Las vulnerabilidades del sector financiero se unen al elevado endeudamiento y a los préstamos dudosos en el sector empresarial, en un contexto de ajuste incompleto del mercado de trabajo.

(3)

El 19 de abril de 2018, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente. El Programa Nacional de Reformas de Bulgaria de 2018 incluye compromisos tanto a corto como a medio plazo y abarca los retos identificados en el informe por país de 2018. En particular, anuncia medidas para reforzar la supervisión bancaria y no bancaria, mejorar el marco de insolvencia y reducir las restantes deficiencias detectadas en las pruebas de resistencia de 2016. También figuran medidas para reforzar la recaudación tributaria y luchar contra la economía sumergida, mejorar la focalización de las políticas activas del mercado de trabajo, aumentar la protección social y hacer frente a los diversos retos de la asistencia sanitaria y la educación. En conjunto, la aplicación efectiva del Programa Nacional de Reformas de 2018 favorecería la corrección de los desequilibrios.

(4)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(5)

Bulgaria está actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno, partiendo de un superávit global del 0,9 % del PIB en 2017, se ha propuesto como objetivo lograr un presupuesto equilibrado en 2018 y un superávit del 0,3 % del PIB en 2019, del 0,5 % en 2020 y del 0,2 % en 2021. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (déficit estructural del 1 % del PIB) se siga cumpliendo con un margen a lo largo de todo el período del Programa. De acuerdo con el Programa de Convergencia para 2018, se prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya gradualmente desde el 25,4 % del PIB en 2017 al 19,4 % en 2021. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se mantenga en superávit, pero que disminuya desde el 0,9 % del PIB en 2017 al 0,5 % en 2018 y que se mantenga en el mismo nivel en 2019. Así pues, se prevé que el saldo estructural se mantenga por encima del objetivo presupuestario a medio plazo en ambos años. En general, el Consejo considera que Bulgaria cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

(6)

Aumentar la eficiencia de la política presupuestaria reviste la máxima importancia. Los ingresos fiscales y el cumplimiento de las obligaciones fiscales están mejorando, pero más como consecuencia de una mejor perspectiva económica que de la mejora de la Administración tributaria y la recaudación de impuestos. La eficiencia del gasto público en algunos sectores es muy baja. Las reformas en el ámbito de la gestión de las finanzas públicas son importantes en este sentido y la actual coyuntura económica y las condiciones fiscales son especialmente favorables para este tipo de reformas. Los resultados económicos de las empresas estatales son pobres en comparación con otros países de la región y con el sector privado, y también son una fuente de incertidumbres y riesgos para las finanzas públicas porque los atrasos en los pagos de estas empresas representan pasivos contingentes. En general, la gobernanza de las empresas estatales sigue suponiendo un reto y no cumple las normas internacionales. Por otra parte, las reformas en este ámbito son muy importantes para el mundo empresarial.

(7)

La solidez del sector financiero ha seguido mejorando, pese a la persistencia de algunas flaquezas. Los préstamos empresariales dudosos todavía son elevados, aunque su volumen se ha reducido. En general, las reservas de capital son cómodas y facilitan así margen para un saneamiento de los balances. Se han registrado notables progresos en la mejora de la supervisión del sector financiero, pero algunas medidas importantes no se han aplicado plenamente. Mitigar los riesgos residuales asociados a la exposición de las partes vinculadas y mejorar la valoración de activos es fundamental para reforzar los balances y potenciar la capacidad de recuperación de los bancos y las compañías de seguros.

(8)

La ineficacia del marco de insolvencia está lentificando la reducción del endeudamiento del sector privado y el saneamiento de los préstamos no productivos. Los procedimientos resultan demasiado largos y la tasa de recuperación es baja. Todavía faltan determinados elementos de un marco operativo y en particular se carece de normas para los procedimientos de condonación de deudas y para la concesión de una segunda oportunidad a los empresarios en un plazo razonable tras la quiebra. La falta de instrumentos de recopilación de datos y de herramientas de seguimiento adecuados impide evaluar la eficacia de los procedimientos antiguos o nuevos, incluidos los aplicables a la reestructuración empresarial.

(9)

Los niveles de trabajo no declarado siguen siendo elevados, lo que tiene repercusiones importantes para los ingresos fiscales, las condiciones laborales y la suficiencia de los ingresos tras la jubilación. Recientemente, Bulgaria ha adoptado una serie de medidas para mejorar la situación, a saber: contratos de un día de duración en el sector agrario, mejora de la cooperación entre autoridades tributarias y laborales e intensificación de los esfuerzos para sensibilizar a la opinión pública acerca de las consecuencias negativas para los trabajadores. Su eficacia dependerá de su aplicación efectiva. Acelerar la transición a la economía formal es esencial para lograr un crecimiento inclusivo y garantizar unas condiciones de trabajo justas para todos.

(10)

El mercado de trabajo ha mejorado, pero subsisten retos. La tasa de empleo ha alcanzado los niveles anteriores a la crisis y la tasa de desempleo es inferior a la media de la Unión. Sin embargo, la evolución favorable del mercado laboral no está beneficiando del mismo modo a toda la población en edad laboral. Los desempleados de larga duración, los jóvenes inactivos, los miembros de la población gitana y las personas que viven en las regiones más pobres y las zonas rurales siguen enfrentándose a importantes dificultades a la hora de acceder o de reintegrarse al empleo. El envejecimiento y la disminución de la población, junto con una tasa de actividad inferior a la media de la UE, da lugar a la escasez de trabajadores y de cualificaciones, debilitando así las perspectivas a largo plazo de la economía. Así pues, estaría justificada una mayor atención a la mejora de las competencias y la formación. La participación en el mercado laboral y la empleabilidad podrían impulsarse mediante una combinación de medidas de comunicación eficaces, políticas activas del mercado laboral y servicios sociales.

(11)

La desigualdad de ingresos y de acceso a los servicios (educación, asistencia sanitaria y vivienda), así como el riesgo de pobreza o exclusión social siguen estando entre los más altos de la Unión. En 2016, dos quintas partes de la población se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social y los ingresos del 20 % más rico de los hogares era casi ocho veces superior al 20 % más pobre. El gasto en protección social es bajo, también en lo que concierne al régimen general de renta mínima, cuya cobertura y suficiencia son limitadas, así como su impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Se carece de un mecanismo objetivo de revisión del nivel de prestaciones. A pesar de recientes mejoras en la adecuación de las prestaciones de asistencia social y las pensiones mínimas, el sistema de protección social no ofrece suficiente nivel de apoyo a los grupos más vulnerables o desfavorecidos, como la población gitana, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y las que viven en zonas rurales. La prestación de servicios sociales sigue siendo escasa, y su integración en el mercado de trabajo y otros servicios está incompleta.

(12)

El salario mínimo se ha fijado sin un mecanismo claro y transparente y el porcentaje de trabajadores que percibe el salario mínimo ha aumentado más del doble en los últimos seis años. La ausencia de un mecanismo de este tipo puede poner en peligro la consecución e un equilibrio adecuado entre los objetivos de apoyo al empleo y la competitividad, salvaguardando al mismo tiempo las rentas del trabajo. Además, genera una inseguridad que puede afectar desfavorablemente a la previsibilidad de las condiciones de la actividad empresarial. El Gobierno ha presentado propuestas de un mecanismo de fijación del salario mínimo que subsane esta deficiencia. Sin embargo, no hay acuerdo entre los interlocutores sociales sobre este tema. Asimismo, en sus previsiones presupuestarias, el Gobierno incluyó aumentos del salario mínimo hasta 2020. En 2018, Bulgaria ratificó el Convenio relativo a la fijación de salarios mínimos de la Organización Internacional del Trabajo. Esta podría ser una buena base para el establecimiento de un mecanismo objetivo.

(13)

Sigue constituyendo un reto importante el acceso limitado a la asistencia sanitaria, causada por la escasez de gasto público, la distribución desigual de los recursos limitados y la baja cobertura de los seguros de salud. El bajo nivel del gasto público tiene que ser compensado por un elevado nivel de gasto privado, principalmente en forma de pagos directos. La proporción de búlgaros sin seguro de enfermedad es elevada en comparación con la proporción correspondiente en la mayoría de los Estados miembros de la UE. Las diferencias en el reparto de médicos en función de los distritos y el escaso número de enfermeros sigue suscitando preocupación. Como nota positiva, el número de médicos que abandonan Bulgaria ha descendido en los últimos tiempos. Medidas como la estrategia nacional de salud deberían utilizarse para abordar estas deficiencias.

(14)

A pesar de las recientes medidas encaminadas a modernizar el sistema educativo, los resultados educativos son pobres y se ven muy influidos por la situación socioeconómica. Los niños de familias desfavorecidas, en particular los gitanos, no disfrutan de igualdad de oportunidades. El gran nivel de abandono escolar prematuro tiene consecuencias negativas para las futuras oportunidades de empleo y el funcionamiento del mercado de trabajo. Ofrecer servicios de guardería, escuelas y clases donde exista diversidad étnica sigue siendo un reto para la prestación de servicios de calidad en el marco de un sistema general de enseñanza inclusivo. La reforma de los planes de estudio aspira a mejorar los resultados educativos y las competencias digitales. Sin embargo, el nivel de competencias digitales sigue siendo uno de los más bajos de la Unión y varía entre los diferentes grupos socioeconómicos. Pese a las recientes medidas, la adecuación de la educación y la formación profesionales al mercado laboral sigue siendo insuficiente. La reforma de la enseñanza superior está en curso, pero abordar la escasez de competencias constituye un reto debido al desequilibrio de los perfiles de titulados por sectores. La participación en el aprendizaje de adultos es muy baja, a pesar de la necesidad de mejorar la capacitación profesional. En un contexto de envejecimiento pronunciado entre los profesores, se han comenzado a tomar medidas para hacer frente a futuras carencias. A pesar de recientes mejoras, los programas de educación de los profesores todavía deben reforzarse.

(15)

Se han aplicado muchas de las medidas incluidas en la Estrategia Nacional de Contratación Pública. No obstante, las autoridades nacionales deben poner mayor empeño en garantizar su aplicación efectiva. En opinión de empresas y organizaciones no gubernamentales, el panorama de la contratación pública ya ha empezado a mejorar. No obstante, la falta de transparencia y la corrupción siguen siendo motivo de preocupación. El incremento en el uso de adjudicaciones directas y el elevado número de ofertas únicas podría obstaculizar significativamente la transparencia y la eficacia del sistema. Está en curso la primera evaluación independiente de las nuevas funciones de control del Organismo de Contratación Pública. Serían necesarias actualizaciones periódicas para asegurar una optimización de las funciones de control del Organismo. Los problemas que siguen existiendo con la capacidad administrativa, también a nivel municipal, reclaman nuevos esfuerzos de profesionalización y normalización, así como de consideración detenida de las posibilidades que ofrecen las centrales de compras. La agregación de la demanda podría mejorar también la eficacia y producir un ahorro en el sistema de contratación pública en materia de salud. La búsqueda de una solución para la prevención de retrasos relacionados con importantes proyectos públicos requerirá una reflexión más detenida.

(16)

Las deficiencias estructurales y el elevado grado de fragmentación en el sistema de investigación, desarrollo e innovación limitan su aportación a la productividad y el crecimiento. Los segmentos de baja tecnología dominan todavía la producción y la innovación es muy escasa. El nivel de deuda pública, así como el gasto de las empresas en investigación y desarrollo es particularmente bajo. La lentitud de las reformas impide la evolución hacia un sistema orientado a la innovación. Aunque existen muchas universidades e institutos de investigación, solo algunos de ellos producen resultados científicos de gran calidad. La comercialización de la investigación sigue siendo un importante punto débil. El sistema de financiación de la investigación carece de convocatorias de licitación competitivas, de una evaluación internacional y de una financiación basada en el rendimiento de los centros de investigación. La cooperación entre los sectores público y privado en el ámbito de la investigación y el desarrollo es escasa. La iniciativa emblemática «Sofía Tech Park» todavía se enfrenta a una serie de problemas, entre ellos: gobernanza ineficiente, gestión inestable, infrautilización de la infraestructura científica y falta de compromiso financiero a largo plazo del Gobierno. La transformación estructural, junto con una gobernanza eficaz y un nivel estable de recursos públicos de investigación e innovación, pueden maximizar el impacto en la productividad y el crecimiento y apoyar la transición de la economía hacia actividades de mayor valor añadido en consonancia con la estrategia de especialización inteligente.

(17)

El entorno empresarial debe ser objeto de mejoras adicionales. Aunque se ha adoptado una serie de reformas, su aplicación práctica se está eternizando. Las empresas siguen preocupadas por la corrupción, las deficiencias institucionales y la insuficiente oferta de mano de obra. Los avances en la reforma de la administración pública y en la administración electrónica son lentos. La gobernanza del sector público podría beneficiarse de una mayor transparencia, unas normas más claras y una perspectiva a largo plazo. Además, el papel del diálogo social puede evolucionar, facilitado, en caso necesario, por las autoridades públicas. Las deficiencias en las infraestructuras se reflejan en la escasa eficacia y rendimiento del sector del transporte. El mercado del transporte de viajeros ha estado sufriendo una falta de competencia efectiva. No se han puesto en práctica medidas bien orientadas y efectivas destinadas a reducir la contaminación atmosférica.

(18)

En 2017, Bulgaria continuó sus esfuerzos para reformar el poder judicial y subsanar las deficiencias en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. La celebración de nuevas elecciones al Consejo Judicial Supremo confirmó el impacto positivo de las reformas constitucionales y legislativas aplicadas en 2015 y 2016. Se han adoptado reformas del Código Penal para mejorar el sistema de enjuiciamiento en casos importantes de corrupción, y se están estudiando otras reformas. A principios de 2018 se aprobó una ley que establece un nuevo organismo unificado de lucha contra la corrupción destinado a reforzar la prevención y la disuasión de la corrupción a gran escala. En el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación, la Comisión sigue realizando un seguimiento de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en Bulgaria. Por tanto, estos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Bulgaria, aunque son relevantes para el desarrollo de un entorno empresarial positivo en el país.

(19)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bulgaria y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bulgaria en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bulgaria, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(20)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018 y estima que (5) cabe esperar que Bulgaria cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(21)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Convergencia de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2 y 3 que figuran a continuación.

1.

2.

3.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Chequia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

(2)

El informe específico de 2018 sobre Chequia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Chequia a la hora de poner en práctica las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Chequia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(3)

El 30 de abril de 2018, Chequia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(4)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(5)

Chequia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno prevé un superávit presupuestario durante el periodo 2018-2021. El objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1,0 % del PIB) sigue cumpliéndose, con un margen, a lo largo de todo el periodo del programa. Según el Programa de Convergencia de 2018, la ratio deuda pública/PIB debería disminuir gradualmente hasta el 29,9 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Los riesgos para el logro de los objetivos presupuestarios parecen, en general, equilibrados, con un repunte esperado de la inversión pública y un mayor crecimiento de los salarios públicos. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural disminuya hasta aproximadamente un 0,9 % del PIB en 2018 y un 0,2 % en 2019, permaneciendo así por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. En general, el Consejo estima que, conforme a las previsiones, Chequia cumplirá con las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

(6)

Chequia sigue presentando riesgos de sostenibilidad presupuestaria medios a largo plazo. Mientras que los costes del envejecimiento de la población suponen un reto para la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, los cambios en el sistema de pensiones merecen especial atención. Las proyecciones actualizadas del gasto relacionado con la edad apuntan a un aumento superior al indicado en el «Informe sobre el envejecimiento» de 2015. Se espera que el gasto en pensiones aumente del 8,2 % del PIB en 2016 al 10,9 % en 2070. Este esperado incremento en los gastos de pensiones refleja principalmente la limitación de la edad legal de jubilación a 65 años. De hecho, la armonización de la esperanza de vida con la edad legal de jubilación no es automática; el Gobierno debe revisar este límite cada cinco años, a partir de 2019. Dado que se deja a la discreción del Gobierno, las actuales previsiones de gasto en pensiones no tienen en cuenta estas revisiones de la edad de jubilación. Por otra parte, la indexación de las pensiones es ahora más generosa, teniendo en cuenta el 50 % de incremento de los salarios reales en lugar del 33 % anterior de incremento de los salarios reales. El impacto de estos cambios en los gastos asciende a 2 puntos porcentuales del PIB en 2070. Otros cambios que se están debatiendo actualmente, como el aumento del importe de la pensión de base y pensiones más altas para los pensionistas de mayor edad, también empeoran los indicadores de sostenibilidad. Por lo que respecta al gasto público en asistencia sanitaria, a largo plazo está previsto que aumente en 1,1 puntos porcentuales del PIB, por encima de la media estimada de incremento de 0,9 puntos porcentuales para la Unión. En este contexto, existen indicios de uso ineficiente de los recursos en asistencia ambulatoria y hospitalaria.

(7)

La nueva ley de responsabilidad presupuestaria en vigor desde principios de 2017 ha reforzado considerablemente el marco presupuestario de Chequia y ha establecido un Consejo Presupuestario Independiente. Un proyecto de ley sobre las auditorías independientes se encuentra actualmente en el procedimiento interservicios de presentación de observaciones y tiene por objeto abordar la transposición pendiente de la Directiva 2011/85/UE del Consejo (5).

(8)

El Banco Nacional Checo puede recomendar límites macroprudenciales de créditos hipotecarios, pero sus facultades sancionadoras son limitadas puesto que carece de autoridad formal de ejecución. Aunque los bancos checos cumplen determinados límites a nivel agregado, no se han adherido plenamente a las directrices de 2016 del Banco Nacional Checo. Unos límites legislativos vinculantes aumentarían probablemente el nivel de cumplimiento entre los bancos checos, garantizando la estabilidad financiera y la disminución del riesgo para los prestatarios. Se espera que el Parlamento debata en 2018 una propuesta legislativa por la que se modifica la Ley sobre el Banco Nacional Checo.

(9)

Chequia sigue afrontando retos en cuanto a la mejora de la transparencia y la eficiencia de la contratación pública y la lucha contra la corrupción. Si bien se han tomado algunas medidas para mejorar el marco de contratación pública, el nivel de competencia sigue siendo un motivo de preocupación, ya que casi la mitad de todas las licitaciones públicas desembocan en un procedimiento de oferta única. Al mismo tiempo, el establecimiento del uso obligatorio de procedimientos electrónicos tiene potencial para aumentar la transparencia y la eficiencia. Las autoridades checas han invertido en la plataforma estatal de contratación pública electrónica «Herramienta Electrónica Nacional», que debería ser cada vez más fiable y de fácil uso, además de plataformas privadas al servicio del mercado checo. Hay todavía un margen considerable para eliminar los obstáculos administrativos y aprovechar el potencial de la contratación pública estratégica y agregada a fin de conseguir una mejor relación calidad-precio para el erario público. Tanto las autoridades centrales como locales han comenzado a emprender iniciativas específicas para formar al personal que participa en los procedimientos de contratación pública. No obstante, el establecimiento de medidas de contratación conjunta y la adquisición de conocimientos especializados en determinados ámbitos siguen constituyendo retos importantes. Además, la corrupción y el soborno preocupan a las empresas y los ciudadanos. Si bien se han adoptado algunas grandes reformas de la estrategia de lucha contra la corrupción, algunos ámbitos siguen sin afrontarse.

(10)

Aunque los resultados de la Administración electrónica siguen siendo inferiores a la media de la Unión, se han adoptado medidas legislativas pertinentes a fin de garantizar el aumento de la accesibilidad y la disponibilidad de estos servicios. En 2018 se espera introducir algunas iniciativas a gran escala, pero su éxito dependerá de la capacidad de las autoridades para sensibilizar y hallar soluciones fáciles.

(11)

Determinadas cargas administrativas y normativas están frenando la inversión. Estas cargas tienen que ver principalmente con las licencias de construcción y la complejidad del sistema tributario. Sin embargo, las autoridades aprobaron una modificación de la Ley de Edificación que simplifica el procedimiento para la obtención de licencias de obras, mediante la inclusión de la evaluación de impacto ambiental en la decisión de ordenación del territorio o en la licencia conjunta de construcción y ordenación del territorio. Sin embargo, no queda claro si esto puede racionalizar también los procedimientos para grandes proyectos de infraestructuras, ya que en este sistema de licencias conjuntas no se incluyen otras autorizaciones diversas. Se está debatiendo en el Parlamento una modificación de la legislación existente que regula la construcción de la infraestructura de transportes. Si bien se han realizado modificaciones en el sistema fiscal para mejorar la recaudación de impuestos, las normas y los tipos fiscales han subido en la lista de preocupaciones como ámbitos problemáticos para la actividad empresarial. El nuevo Gobierno ha indicado posibles cambios con el fin de mejorar la transparencia y simplificar el sistema tributario, incluidos los trabajos en curso para modernizar la legislación del impuesto sobre la renta. Los costes de cumplimiento han aumentado ligeramente y se mantienen por encima de la media de la Unión. Aunque han aumentado los ingresos fiscales, la «declaración periódica del IVA» ha aumentado el tiempo necesario para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. A pesar de la considerable reducción del número de horas necesarias para cumplir los requisitos de la legislación fiscal, Chequia está aún en el extremo superior de la escala. Además, los nuevos tipos del impuesto sobre el valor añadido reducido podrían incrementar la complejidad del sistema de este impuesto, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.

(12)

Mientras que la economía checa está avanzando hacia actividades más intensivas en conocimiento, existen varios problemas que siguen obstaculizando el desarrollo de un sistema de investigación e innovación eficaz. El aumento de la inversión de las empresas en I+D está principalmente impulsado por las inversiones extranjeras directas, ya que el gasto en I+D de las empresas nacionales se ha reducido en los dos últimos años. A pesar de una importante inversión pública en I+D, Chequia obtiene resultados deficientes en cuanto a calidad de la base científica pública. Se adoptaron medidas para establecer vínculos entre el mundo académico y las empresas, y mejorar el rendimiento de la base científica pública, pero los resultados hasta la fecha han sido limitados, y las reformas todavía no se han aplicado plenamente. Por otra parte, la gobernanza del sistema de investigación e innovación sigue fragmentada.

(13)

Una educación y formación integradoras y de calidad son esenciales, en vista del aumento de las dificultades en el mercado de trabajo checo. Los resultados educativos siguen estando profundamente afectados por la situación socioeconómica de los estudiantes. Las medidas de educación integradora aún no se han aplicado plenamente, en particular para los niños gitanos. La escasez de profesores cualificados, junto con las previsiones demográficas, indican que podría ser más difícil contratar y retener a los profesores. El nuevo sistema de carrera previsto para los profesores, que habría vinculado el desarrollo profesional continuo, la trayectoria profesional y los salarios, no fue adoptado por el Parlamento. Los salarios de los profesores continúan siendo bajos en comparación con los de otros trabajadores con educación superior, pero se prevén más incrementos salariales en los próximos años. La profesión docente, por tanto, sigue siendo relativamente poco atractiva para los jóvenes con talento. Por último, el éxito de la reforma para que la educación sea más integradora (introducida en 2016 con el apoyo del Fondo Social Europeo) dependerá de la disponibilidad de financiación nacional, suficiente y sostenible, de una mayor formación para docentes y asistentes, y de la sensibilización de la opinión pública sobre los beneficios de una educación integradora.

(14)

El mercado laboral checo funciona satisfactoriamente. El empleo ha aumentado constantemente durante los últimos seis años y el desempleo se ha reducido considerablemente. El potencial de las mujeres, los trabajadores poco cualificados y las personas con discapacidad sigue estando no obstante infrautilizado. En un contexto de escasez de mano de obra, existe un claro margen para incrementar su participación en el mercado laboral. El empleo y las diferencias salariales entre mujeres y hombres siguen siendo elevados a pesar de las recientes medidas que han flexibilizado los permisos parentales y han aumentado el número de guarderías. La tasa de empleo de las mujeres sigue estando muy por debajo de la de los hombres. La maternidad sigue teniendo un fuerte impacto en la participación en el mercado de trabajo, unida a la insuficiente oferta de guarderías a precios asequibles, los permisos parentales prolongados, el escaso uso de modalidades de trabajo flexibles y la falta de instalaciones dedicadas a cuidados de larga duración. En 2016, solo el 4,7 % de los niños menores de tres años acudían a guarderías oficiales. A pesar de que representan una pequeña proporción de la población, la tasa de empleo de las personas poco cualificadas es bastante inferior a la de las personas con cualificación media y alta. Del mismo modo, la tasa de empleo de las personas con discapacidad es inferior a la media de la Unión, a pesar de una histórica tasa mínima de desempleo general y de la escasez de mano de obra en el mercado de trabajo. Esto podría suponer un aliciente para aprovechar el potencial no utilizado de las personas con discapacidad. Debido a su limitada capacidad, actualmente los servicios públicos de empleo no consiguen dar a los demandantes de empleo apoyo personalizado y continuo. El aumento de las capacidades de comunicación y activación de los servicios de empleo público, unido a unas políticas y unos servicios individualizados del mercado de trabajo activos, apropiados y bien enfocados, contribuiría a potenciar la participación de estos grupos. Las iniciativas de capacitación (también en cuanto a competencias digitales) podrían mejorar el acceso al mercado de trabajo.

(15)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chequia y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Chequia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Chequia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incorporando aportaciones del nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(16)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018, y estima (6) que cabe esperar que Chequia cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

1.

2.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Dinamarca como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

(2)

El informe específico de 2018 sobre Dinamarca fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Dinamarca de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Dinamarca hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(3)

El 24 de abril de 2018, Dinamarca presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(4)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(5)

Dinamarca se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno prevé lograr un déficit global del 0,7 % del PIB en 2018 y seguir cumpliendo el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 0,5 % del PIB) durante todo el periodo del programa hasta 2025. Con arreglo al Programa de Convergencia de 2018, se prevé que la ratio deuda pública / PIB disminuya del 35,6 % del PIB en 2018 y siga reduciéndose hasta el 34,2 % en 2020, antes de aumentar a poco menos del 40 % para 2025. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil a lo largo del periodo del programa. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural alcance un superávit del 0,3 % del PIB en 2018 y del 0,9 % del PIB en 2019, algo por encima del objetivo del Programa de Convergencia de 2018 y por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Desde un punto de vista global, el Consejo considera que Dinamarca cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

(6)

Garantizar la oferta de mano de obra en tiempos de cambio demográfico y abordar la incipiente escasez de mano de obra en determinados sectores es una condición indispensable para el crecimiento sostenible en Dinamarca. Es probable que las reformas tendentes a aumentar la participación y la tasa de finalización de la educación profesionales, y las medidas para un mejor desarrollo de las competencias digitales, incrementen la oferta de trabajadores cualificados. Por otra parte, las medidas para integrar mejor a los grupos marginados y desfavorecidos en el mercado de trabajo sería beneficiosa en este sentido. Esto se aplica a los jóvenes con bajo nivel educativo, a las personas con capacidad laboral reducida y discapacidades y a las personas de origen migrante. Las recientes medidas de integración laboral han comenzado lentamente, pero parecen estar mejorando la situación de los refugiados recién llegados. La integración de los niños de origen migrante en el sistema educativo sigue siendo un reto clave, pues en general obtienen peores resultados educativos en comparación con otros niños.

(7)

Un gran crecimiento de la productividad es fundamental para sustentar el crecimiento económico, mantener el nivel relativamente elevado de bienestar de Dinamarca y garantizar la competitividad del país. Aunque el nivel de productividad de Dinamarca es elevado en comparación con otros Estados miembros de la Unión, el crecimiento de la productividad ha venido disminuyendo desde hace mucho tiempo, y existe un amplio abanico de posibles obstáculos al crecimiento de la productividad (también identificado por el Consejo Danés sobre Productividad y la Autoridad de Competencia). En particular, los servicios orientados al mercado interno se han caracterizado por la atonía de la productividad, respecto de lo que el Gobierno solo tomó medidas limitadas en 2017 a fin de aumentar la competencia. A este respecto, algunas partes, como los bancos de crédito hipotecario, no están expuestos a la competencia extranjera. La debilidad de la competencia en algunos sectores de servicios orientados al mercado interno (por ejemplo, comercio minorista, finanzas, distribución de servicios, transporte y venta al por mayor de productos farmacéuticos) sigue pesando en la productividad, la inversión y la creación de empleo.

(8)

Tras varios años de incrementos considerables de los precios de la vivienda, están surgiendo riesgos de sobrevaloración, especialmente en las grandes zonas urbanas. La Junta Europea de Riesgo Sistémico envió una advertencia a ocho países de la Unión, entre ellos Dinamarca, señalando vulnerabilidades a medio plazo en el sector inmobiliario residencial debido al aumento de los precios de la vivienda, sumado al elevado endeudamiento de los hogares. Los hogares siguieron reduciendo su deuda en 2017, pero la deuda sigue siendo una de las más elevadas de la Unión (en porcentaje del PIB) y por encima de lo que justifican los indicadores económicos y los umbrales prudenciales, según las estimaciones de la Comisión. Por otra parte, la proporción de préstamos hipotecarios con ratios muy elevadas préstamo/ingresos ha aumentado considerablemente desde 2013, especialmente en Copenhague y alrededores. Las autoridades danesas han adoptado una serie de nuevas medidas macroprudenciales para restringir más la toma de préstamos en condiciones de riesgo (efectivas a partir de 2018 y 2020) y han introducido una reforma del impuesto sobre los bienes inmuebles (efectiva a partir de 2021) para abordar los desequilibrios regionales en los precios de la vivienda. Sin embargo, la combinación de ratios muy elevadas entre préstamo e ingresos, elevada deuda junto con elevada sensibilidad al tipo de interés, y sobrevaloración potencial de los precios de la vivienda, está aumentando el riesgo de una corrección de precios que podría perjudicar a la economía real y al sector bancario.

(9)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Dinamarca y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Dinamarca en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Dinamarca, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(10)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018 y estima que (5) cabe esperar que Dinamarca cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

1.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Alemania como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Alemania debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 y 2 que figuran más abajo.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Alemania fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Alemania de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Alemania hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Alemania está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, el superávit de la balanza por cuenta corriente persistentemente elevado tiene una incidencia transfronteriza y refleja una atonía de la inversión en relación al ahorro, tanto en el sector privado como en el público. El superávit, en gran medida con países terceros, se ha reducido ligeramente desde 2016 y se espera que disminuya paulatinamente debido a un repunte de la demanda interna en los próximos años, si bien permanecerá en niveles históricamente elevados durante el período objeto de la previsión. Mientras que en la actualidad se está produciendo un cambio hacia un mayor peso de la demanda interna como factor impulsor del crecimiento, el consumo y la inversión siguen siendo moderados en porcentaje del PIB a pesar de las favorables condiciones cíclicas y de financiación y de las necesidades de inversión en infraestructura, para las que existe un margen de maniobra presupuestario. Si bien se han tomado varias medidas para reforzar la inversión pública, estos esfuerzos aún no se han traducido en un aumento sostenible de la inversión pública como porcentaje del PIB. Los avances en el cumplimiento de las recomendaciones en otros ámbitos también han sido limitados.

(4)

Alemania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 30 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 19 de abril de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Alemania se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé un superávit presupuestario de entre un 1,0 % y un 1,5 % del PIB para el período 2018-2021. El objetivo presupuestario a medio plazo (déficit estructural del 0,5 % del PIB) sigue cumpliéndose con un margen a lo largo de todo el período del programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera un descenso gradual de la ratio deuda pública/PIB, para situarse en el 53 % en 2021. Mientras que el Programa de Estabilidad enumera y describe varias medidas previstas en el acuerdo de coalición de marzo de 2018, que representan en torno a un 1,5 % del PIB durante el período 2018-2021, todavía no están incluidas en las previsiones del Programa de Estabilidad, ya que todavía no han sido adoptadas. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias, que no ha sido respaldado por un organismo independiente, es verosímil (6). Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 1,2 % del PIB en 2018 y del 1,0 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que la deuda de las administraciones públicas siga descendiendo claramente. En general, el Consejo estima que Alemania cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019. Al mismo tiempo y respetando el objetivo a medio plazo, sigue existiendo margen para utilizar las políticas tributarias y estructurales con objeto de lograr un crecimiento sostenido de las inversiones públicas y privadas, en particular el gasto en educación, investigación e innovación.

(7)

La inversión pública real se incrementó considerablemente en 2015-2017. Esta tendencia refleja los esfuerzos del Gobierno para reforzar la inversión. La inversión pública está repuntando, aunque en términos de porcentaje del PIB el aumento es mínimo y persiste un retraso significativo a nivel municipal, estimado en el 4 % del PIB. El volumen de capital público sigue disminuyendo en porcentaje del PIB, debido al resultado negativo de la inversión neta a escala municipal (aproximadamente 6 000 millones EUR al año entre 2010 y 2016). Para recuperar el retraso acumulado en materia de inversiones municipales sería necesaria una inversión pública adicional anual del 0,3 % del PIB a lo largo del próximo decenio. La inversión en porcentaje del volumen de capital en el sector público, así como la inversión pública como porcentaje del gasto público, son inferiores a la media de la zona del euro. En 2017 comenzó a funcionar un servicio público creado para apoyar la inversión a escala municipal, pero se precisan esfuerzos adicionales para hacer frente al retraso acumulado en materia de inversión. Junto con la favorable situación presupuestaria, esto indica que existe margen para aumentar la inversión en todos los niveles de gobierno, en particular a escala de los Estados federados y de los municipios.

(8)

El gasto público en educación se mantuvo en el 4,2 % del PIB en 2016, por debajo de la media de la Unión, del 4,7 %. El gasto en educación e investigación se mantuvo en el 9,0 % del PIB en 2016, sin alcanzar el objetivo nacional del 10 %. Esto corresponde a un déficit de inversión estimado en unos 33 000 millones EUR. Aunque el gasto en educación ha aumentado en términos reales, persiste un considerable retraso en la materia. Al mismo tiempo, retos como el creciente número de estudiantes, la escasez de profesores y la expansión de la educación infantil y la atención a la infancia requerirán una financiación pública apropiada. Es esencial incrementar el gasto en educación, así como en investigación e innovación, para materializar el potencial de crecimiento de Alemania.

(9)

La digitalización de la economía alemana avanza lentamente y el país se enfrenta a importantes retos. Existe una obvia brecha digital entre las zonas urbanas y las rurales en lo que se refiere a la cobertura de acceso rápido a internet (acceso de próxima generación de hasta 30 Mbit), pues solo llega al 54 % de las zonas rurales. Alemania va a la zaga en materia de despliegue de banda ancha de muy alta capacidad (> 100 Mbit). Solo una pequeña parte del territorio alemán (7,3 %) está cubierto por redes de acceso mediante fibra de alto rendimiento, frente a un promedio del 26,8 % en la Unión. Por el contrario, la mejora de las redes existentes de cable de cobre (vectorización) continuó siendo la solución tecnológica preferida por el operador histórico dominante. Muchos servicios dependen de una conexión a muy alta velocidad, y en 2017 el 25,3 % de las empresas alemanas consideraban que sus conexiones a internet eran demasiado lentas para cubrir sus verdaderas necesidades empresariales. La falta de esta conectividad frena la inversión, especialmente por parte de las pymes, muchas de las cuales están ubicadas en zonas rurales y semirrurales. Los resultados en el ámbito de los servicios públicos digitales y la sanidad electrónica también están por muy debajo de la media de la Unión.

(10)

La inversión de las empresas en investigación y desarrollo crece y Alemania está cerca de alcanzar su objetivo de intensidad de las actividades de investigación y desarrollo en el marco de la Estrategia Europa 2020. Sin embargo, la inversión está cada vez más concentrada en grandes empresas y en manufacturas de tecnología media a alta, mientras que declina la aportación de las pymes. Se han tomado una serie de medidas para reforzar la actividad empresarial, especialmente atrayendo inversiones privadas en capital de riesgo. Sin embargo, el mercado alemán de capital de riesgo sigue estando menos desarrollado que los de otros líderes internacionales en innovación.

(11)

A pesar de algunas mejoras en los últimos años, el sistema tributario alemán sigue siendo ineficiente, debido en particular a su complejidad y a que distorsiona los procesos de toma de decisiones, por ejemplo, sobre inversión, financiación y participación en el mercado laboral. Para lograr ingresos, Alemania pone un énfasis relativamente fuerte en los impuestos directos y existe potencial para reducir los impuestos directos distorsionadores o para un cambio hacia impuestos menos distorsionadores que graven el patrimonio, las sucesiones y el consumo. Los niveles de impuestos y cotizaciones sociales sobre los ingresos procedentes del empleo fueron los sextos más elevados de la Unión en 2015. El coste del capital y el tipo medio efectivo del impuesto sobre sociedades, que difieren entre los Estados federados, se encuentran entre los más altos de la Unión (28,2 % en total nacional, en comparación con una media del 20,9 % en la Unión). Debido a la interacción entre impuesto de sociedades, impuesto sobre actividades económicas locales e impuesto de solidaridad, el sistema del impuesto sobre sociedades es complejo y genera unos altos costes de administración tributaria y distorsiona el nivel y la localización de la inversión. Además, el impuesto sobre sociedades falsea las decisiones de financiación con un sesgo en favor de la financiación mediante deuda. Este sesgo es el séptimo mayor en la Unión. La reducción de los costes de capital de las participaciones podría reforzar la inversión privada y el relativamente escaso desarrollo del mercado alemán del capital de riesgo. Por otra parte, las disposiciones relativas al traslado de pérdidas siguen siendo relativamente estrictas, limitando el importe al 60 % de la renta imponible en un año determinado.

(12)

En Alemania la regulación sigue siendo muy restrictiva, especialmente en lo que respecta a los servicios a las empresas, las profesiones reguladas y los trámites administrativos para la prestación transfronteriza de servicios. Las restricciones fundamentales se refieren, entre otras cosas, a la forma jurídica y la participación en el capital. El porcentaje de rotación en servicios esenciales para las empresas, como los jurídicos, contables y de arquitectura e ingeniería, son inferiores a la media de la Unión, mientras que los coeficientes de explotación bruta en esos sectores se encuentran por encima de la media, lo que sugiere una menor presión competitiva. Debido a la función de los servicios como insumos intermedios, una regulación menos restrictiva de los servicios aumenta la productividad en los sectores derivados que recurren mucho a ellos.

(13)

Los resultados del mercado laboral alemán han sido muy buenos. El desempleo descendió hasta un mínimo histórico del 3,6 % en el cuarto trimestre de 2017, y el empleo alcanzó el 79,8 %. El nivel de desempleo juvenil (6,8 % en 2017) es uno de los más bajos de la Unión. Alemania padece una creciente escasez de mano de obra cualificada, mientras que el potencial del mercado laboral para determinados grupos sigue estando infrautilizado. El porcentaje de personas que trabajan a tiempo parcial, especialmente mujeres y personas de origen inmigrante y personas con responsabilidades familiares, es uno de los más altos de la Unión. En el caso de las mujeres, factores clave son la falta de incentivos para trabajar más horas, junto con una carencia de suficientes servicios de atención infantil y de guardería. Unas normas fiscales específicas, especialmente para la segunda fuente de ingresos familiares y los trabajadores con bajos salarios, y los efectos de retraimiento derivados del umbral de 450 EUR de quienes tienen un miniempleo, desincentivan trabajar durante más horas. Alemania tiene una de las mayores cuñas fiscales sobre los salarios bajos, la mayoría de los cuales corresponden a mujeres. El alto porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial está acompañado de una de las mayores brechas entre sexos en el empleo a tiempo parcial en la Unión (37,5 % frente al 23,1 % de media en la Unión), lo que contribuye a una amplia brecha salarial entre hombres y mujeres.

(14)

El crecimiento nominal de los salarios fue moderado en 2017, situándose en el 2,4 %, pese a un desempleo históricamente bajo y a un elevado porcentaje de empleos no cubiertos. Este crecimiento de los salarios relativamente moderado se debe en parte al lento aumento de la productividad en los servicios, a la baja cobertura de los convenios colectivos en algunos sectores, y a una reducción del desempleo estructural. Hasta ahora, la reacción ante el repunte de la inflación ha sido limitada, ya que el aumento real de los salarios pasó del 1,8 % en 2016 al 0,7 % en 2017. Desde comienzos de 2018, los convenios colectivos podrían dar lugar a cierta aceleración de los salarios; deberá prestarse atención a lo que ocurra en este ámbito. La proporción de trabajadores con salarios bajos sigue siendo alta, y existe margen para aumentar el número de horas trabajadas en los deciles con salarios más bajos. El aumento de la inmigración no impidió el crecimiento de los salarios en dichos segmentos. La introducción del salario mínimo legal en 2015 y su posterior incremento en 2017 aumentó los salarios en el caso de los más bajos. Además de los aumentos salariales, los interlocutores sociales se están centrando en la flexibilidad de la jornada laboral en la actual ronda de negociaciones salariales.

(15)

En general, Alemania dispone de un sólido sistema de protección social. Sin embargo, la tasa de riesgo de pobreza aumentó progresivamente hasta 2015 aunque la tendencia se invirtió ligeramente en 2016. La desigualdad de ingresos también comenzó a disminuir en 2015, lo que supuso una reducción modesta de la ratio de distribución de la renta por quintiles S80/S20 debido a la mejora de la renta de los hogares más pobres. La reciente mejora registrada en 2016 de la tasa de pobreza de las personas con empleo también fue modesta y solo benefició a los hombres.

(16)

Alemania puede mejorar la permanencia de los trabajadores de más edad en el mercado laboral, lo que aumentaría los ingresos en concepto de jubilación, impulsaría el potencial de producción, ayudaría a adaptarse a un mercado laboral competitivo y reduciría la necesidad de ahorro en previsión de la vejez. Los riesgos de sostenibilidad presupuestaria son actualmente bajos, debido en gran parte al relativamente alto superávit primario. Sin embargo, se espera que Alemania registre uno de los mayores aumentos del gasto en pensiones en la Unión hasta 2070, de acuerdo con el Informe de 2018 sobre el envejecimiento demográfico. El riesgo de pobreza en la vejez (es decir, por encima de 65 años), situado en el 17,6 % en 2016, fue superior a la media de la Unión del 14,7 %. Se espera que el futuro deterioro de la suficiencia de las pensiones en el primer pilar legal aumente el riesgo de pobreza en la vejez, especialmente para los trabajadores con salarios bajos, las personas con contratos atípicos y quienes han interrumpido en algún momento su vida laboral. La diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres es una de las más grandes de la Unión. Al mismo tiempo, mientras que la tasa de empleo de los trabajadores de entre 60 y 64 años (58,4 % en 2017) era una de las más elevadas de la Unión, la tasa de empleo de los trabajadores de entre 65 y 69 años se situaba en el tercio medio de los Estados miembros (16,1 %).

(17)

El origen socioeconómico sigue determinando en gran medida los resultados educativos y la integración en el mercado laboral. En las asignaturas científicas supone una diferencia de tres años de escolarización entre los cuartiles sociales mayor y menor según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de 2015. Los datos nacionales confirman la importante correlación también en la enseñanza primaria. Los estudiantes de origen inmigrante tienen que hacer frente a retos particulares. En comparación con los estudiantes nacidos en el país, es mucho más probable que obtengan resultados insuficientes en aptitudes básicas y que abandonen el colegio o la universidad. Asimismo, el potencial que las personas de origen inmigrante podrían aportar al mercado laboral no se utiliza plenamente. En 2017, la tasa de empleo de los nacionales de terceros países (entre 20 y 64 años) fue más de 27 puntos porcentuales inferior a la de los alemanes (32 puntos en el caso de las mujeres no ciudadanas de la Unión). La participación de los trabajadores en el aprendizaje de adultos constituye un motivo de preocupación en lo que respecta al rendimiento futuro de los trabajadores en el mercado laboral, en particular para los 7,5 millones de adultos sin formación que no saben leer ni escribir.

(18)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Alemania y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Alemania en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Alemania, sino también en qué medida cumplen las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(19)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y estima (7) que cabe esperar que Alemania cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(20)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 y 2 que figuran a continuación.

1.

2.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Estonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Estonia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la recomendación 1.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Estonia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Estonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Estonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Estonia no está experimentando desequilibrios macroeconómicos.

(4)

El 26 de abril de 2018, Estonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Estonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Gobierno prevé pasar de un déficit de las administraciones públicas del 0,3 % del PIB en 2017 a un superávit del 0,2 % en 2018 y del 0,5 % en 2019 y avanzar hacia un presupuesto equilibrado a partir de entonces. Su objetivo presupuestario a medio plazo es un déficit estructural del 0,5 % del PIB. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se prevé que el déficit estructural recalculado (6) ascienda al 0,8 % del PIB en 2018 al 0,4 % en 2019 y que se mantenga con un ligero déficit a partir de entonces. Se espera que la ratio deuda pública / PIB se mantenga por debajo del 9 % del PIB en 2018 y 2019, disminuyendo hasta el 5,3 % en 2022. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es favorable. Los riesgos vinculados con las hipótesis de rendimiento recaudatorio se refieren principalmente a algunas de las medidas que no están bien especificadas, que afectan a todos los años del periodo cubierto por el programa.

(7)

Para 2018, se recomendó a Estonia que se mantuviera en el objetivo presupuestario a medio plazo. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) del 6,1 %, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,2 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de cierta desviación de dicho requisito en 2018. En 2019, en vista de la previsión de una brecha de producción del 2,7 % del PIB en Estonia y con una previsión de crecimiento del PIB inferior a la tasa de crecimiento potencial estimada, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 4,1 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de cierta desviación de dicho requisito en 2019 y a lo largo de 2018 y 2019 considerados conjuntamente. En general, el Consejo considera que Estonia tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas para poder garantizar su cumplimiento en 2018 y 2019.

(8)

Dotarse de una red de seguridad social más adecuada apoyada por una mejor prestación de servicios sigue siendo un gran reto para Estonia, puesto que el país gasta menos en protección social (cerca del 16 % del PIB) que la media de la Unión (cerca del 28 % del PIB). El impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza está mejorando, pero sigue siendo débil e inferior a la media de la Unión. Estonia sigue registrando una elevada tasa de riesgo de pobreza, en particular para las personas con discapacidad, los hogares con todos sus miembros desempleados y las personas de edad avanzada, especialmente aquellas que viven solas. La desigualdad de ingresos, del 5,6 % en 2016, sigue siendo superior a la media de la Unión (5,2 % en 2016), a pesar de las recientes mejoras. Se están tomando medidas para conceder prestaciones familiares adecuadas a las familias numerosas, lo que ha reducido en mayor medida la pobreza relativa entre los niños. El nivel de prestaciones de renta mínima ha aumentado, acompañado de incentivos para regresar al trabajo. El pago de una asignación de 115 EUR para las personas con bajas pensiones y que viven solas fue el primer paso para abordar la elevadísima tasa de riesgo de pobreza de este grupo. La brecha existente entre el riesgo de pobreza o de exclusión social de las personas con discapacidad y las personas que no la tienen (20,9 % en 2016) era también superior a la media de la Unión (10,1 %). La financiación de los servicios de cuidados de larga duración no responde a las necesidades que plantea el envejecimiento de la población. El impacto de la reforma administrativa en curso sobre la prestación de servicios de alta calidad aún tiene que dejarse ver.

(9)

La brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo una de las más elevadas de la Unión, situándose en el 25,3 %, aunque está disminuyendo. El equilibrio entre vida profesional y vida privada se está promoviendo con los recientes cambios introducidos en el sistema de prestaciones y los permisos parentales. Se espera que estos cambios ofrezcan a las mujeres un incentivo para volver al trabajo antes, contribuyendo así a la reducción de las diferencias salariales entre hombres y mujeres en Estonia. Las modificaciones se aplicarán entre 2018 y 2020. La propuesta sobre la segunda fase de la reforma del permiso parental se está debatiendo. La colaboración continuada con los interlocutores sociales y el refuerzo de sus capacidades, habida cuenta de las muy bajas tasas de afiliación, siguen siendo importantes en este contexto y en un contexto más amplio. Las enmiendas a la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres para mejorar la transparencia salarial aún no se han adoptado, y una vez adoptadas solo se aplicarán a las entidades del sector público. No se espera que se elabore una herramienta informática para analizar las diferencias salariales entre hombres y mujeres antes de 2019.

(10)

El lento crecimiento de la productividad de Estonia está ligado a sus moderados resultados en el campo de la investigación, la tecnología y la innovación. Menos del 0,5 % de las empresas estonias comunicaron actividades de investigación en 2016, por lo que la intensidad de I+D de las empresas equivale solamente al 0,7 % del PIB, la mitad de la media de la Unión, del 1,3 %. Además, varios indicadores que miden la innovación —como las pequeñas y medianas empresas que crean nuevos productos y procesos o que realizan innovación interna— han disminuido de forma considerable en los últimos años. Mientras que la economía tiene algunas actividades de una gran intensidad de conocimientos y alto valor añadido, la intensidad de I+D de las empresas, los vínculos entre ciencia y empresa, y la capacidad tecnológica y de innovación de las empresas sigue siendo escasa. El gasto del sector público en investigación, tecnología e innovación ha estado tradicionalmente por encima de la media de la Unión. Sin embargo, la insuficiente fijación de las prioridades de la investigación pública plantea dificultades. Estonia ha aplicado varias medidas para estimular los resultados en investigación y desarrollo de la economía, pero el reto consiste en maximizar su impacto.

(11)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Estonia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Estonia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Estonia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(12)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

2.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Irlanda como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Irlanda debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular las recomendaciones 1 y 2.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Irlanda fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Irlanda de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Irlanda hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Irlanda está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, unos volúmenes grandes de deuda privada y pública y de pasivos externos netos constituyen puntos vulnerables. No obstante, las mejoras han sido considerables. El fuerte crecimiento de la productividad en los últimos años ha supuesto una mejora de la competitividad y una balanza por cuenta corriente positiva que implica una rápida reducción del elevado volumen de pasivos exteriores netos. Un fuerte crecimiento económico sigue apoyando el proceso de desapalancamiento privado. Sin embargo, el volumen de deuda privada sigue siendo elevado, aunque debe tenerse en cuenta la fuerte influencia de las actividades de las empresas multinacionales a la hora de evaluar la deuda de las empresas, y la deuda de los hogares parece globalmente en consonancia con los indicadores económicos fundamentales. Se prevé que la deuda pública siga bajando, y el déficit se está acercando al equilibrio. Los precios de la vivienda, que probablemente estaban infravalorados, están aumentando ahora con rapidez, lo que también refuerza los balances de los hogares. Los bancos están bien recapitalizados y su rentabilidad mejora gradualmente. El volumen de préstamos dudosos, si bien sigue siendo elevado, continúa disminuyendo. Se han tomado medidas para abordar estos puntos vulnerables, pero algunas necesitarán tiempo para generar los efectos esperados.

(4)

Irlanda presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 18 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 30 de abril de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Irlanda se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno espera que el déficit global disminuya ligeramente hasta el 0,2 % del PIB en 2018 y que siga disminuyendo gradualmente a partir de entonces, hasta convertirse en un superávit del 0,4 % del PIB en 2021. Se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo —un déficit estructural del 0,5 % del PIB— a partir de 2019. Con arreglo al Programa de Estabilidad, se prevé que la ratio deuda pública/PIB se reduzca al 66 % en 2018, para posteriormente descender hasta el 58,7 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2019 no se han concretado suficientemente.

(7)

El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Irlanda que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no superase el 2,4 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, el Consejo señaló que debe prestarse atención a lograr una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Irlanda. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de cierta desviación del ajuste presupuestario recomendado en 2018 y a lo largo de 2017 y 2018 considerados conjuntamente.

(8)

En 2019, Irlanda deberá alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo. Esto es coherente con una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) que no exceda del 5,3 % (7), lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,1 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural alcance un déficit del 0,4 % del PIB en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Está previsto que Irlanda cumpla con la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y con la norma en materia de deuda en 2019. En general, el Consejo considera que Irlanda deberá estar dispuesta a adoptar nuevas medidas para garantizar el cumplimiento en 2018 y se prevé que cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2019. En vista de la diferencia entre las mediciones del PIB y la producción nacional en Irlanda, así como el impacto asociado en la ratio deuda/PIB; de las condiciones cíclicas actuales de Irlanda; y de los mayores riesgos externos, sería prudente la utilización de cualquier posible beneficio excepcional para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas.

(9)

Las finanzas públicas han mejorado aún más como consecuencia del fuerte crecimiento de la producción, pero los riesgos de volatilidad de los ingresos persisten, y existe margen para lograr unos ingresos más resilientes frente a las fluctuaciones económicas y las perturbaciones adversas. Limitar el número y el alcance de los gastos tributarios, y ampliar la base impositiva mejoraría la estabilidad de los ingresos frente a la volatilidad económica. No obstante, algunas de las medidas fiscales más recientes se han centrado en reducciones y desgravaciones, y parecen haber aumentado aún más la dependencia de fuentes de ingresos muy procíclicas. Por otra parte, Irlanda tiene potencial para mejorar la manera en que su sistema tributario puede contribuir a alcanzar objetivos de protección del medio ambiente.

(10)

Según lo indicado en la Recomendación para la zona del euro de 2018, la lucha contra las estrategias de planificación abusiva del contribuyente es indispensable para impedir las distorsiones de la competencia entre las empresas, proporcionar un trato equitativo a los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos para los Estados miembros de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. El elevado nivel de los pagos de cánones y dividendos como porcentaje del PIB sugiere que la normativa fiscal de Irlanda es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. La limitada aplicación de la retención en origen sobre los pagos de cánones y dividendos salientes (por ejemplo, de residentes en la Unión a residentes en terceros países) por empresas con sede en Irlanda puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el territorio donde se reciben. Por otra parte, las empresas pueden utilizar ciertas disposiciones de los convenios fiscales bilaterales entre Irlanda y algunos otros países para invalidar la nueva norma sobre residencia fiscal establecida en Irlanda en 2015, y se justifica un análisis más detallado de la cuestión. El resultado de la consulta realizada por Irlanda a raíz de la revisión independiente del Código del Impuesto sobre Sociedades será pertinente para la concepción de las anunciadas reformas fiscales. La Comisión toma nota de las recientes medidas positivas anunciadas o adoptadas (es decir, medidas adoptadas para luchar contra la planificación fiscal abusiva a nivel nacional y posibles medidas de defensa contra los territorios no cooperadores). Sobre la base de los últimos intercambios, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes.

(11)

Siguen existiendo riesgos de sostenibilidad presupuestaria a largo plazo relacionados con el coste del envejecimiento de la población. Irlanda ha introducido algunas medidas de eficiencia importantes, como un acuerdo de ahorro de costes con el sector farmacéutico, un sistema de gestión financiera y la financiación basada en las actividades. También se han tomado medidas para mejorar la disponibilidad de la atención sanitaria primaria. No obstante, el sistema sanitario irlandés es costoso y se enfrenta a numerosos retos, que se ven agravados por un envejecimiento rápido de la población. Asimismo, los servicios de atención primaria y comunitaria todavía no son capaces de aliviar la creciente presión sobre la capacidad y los costes en la asistencia hospitalaria. El proyecto de avanzar hacia una asistencia sanitaria universal debe ir acompañado de una presupuestación plurianual y un mejor control del gasto. Asimismo, debe basarse en las conclusiones de un análisis exhaustivo del gasto sobre la efectividad y la eficiencia del sector de la salud. Además, debería estudiarse la posibilidad de reforzar el papel de la atención primaria como filtro para los sobrecargados hospitales irlandeses. A pesar de una amplia gama de reformas encaminadas a frenar el gasto público en pensiones, se espera que el déficit general del sistema de pensiones crezca considerablemente a largo plazo. Una aplicación oportuna de la hoja de ruta que se ha presentado para la reforma de las pensiones es fundamental para reforzar la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones irlandés.

(12)

Años de baja inversión tras la contracción económica están pasando factura a la disponibilidad de infraestructuras adecuadas en los ámbitos del transporte, la energía limpia, los servicios de agua, la vivienda y las telecomunicaciones. La persistencia de la escasez de oferta, junto con el aumento de la demanda, siguen alimentando las subidas de precios de la vivienda. Aunque los precios no parecían sobrevalorados en 2016, la asequibilidad es un motivo de preocupación. Si no se toman medidas, las restricciones que limitan la oferta de vivienda pueden contribuir a crear desequilibrios. Junto con la ordenación territorial, la mejora de las infraestructuras es un factor facilitador fundamental para una respuesta adecuada en términos de oferta de vivienda, el aumento de la inversión privada, el crecimiento de la productividad y un desarrollo económico regional equilibrado. Por último, la inversión en infraestructuras en los sectores de la energía limpia, el transporte público limpio y el agua, así como la intensificación de los esfuerzos en el ámbito de las energías renovables y la economía circular, serán esenciales para que Irlanda tenga éxito en su transición hacia una economía hipocarbónica y resiliente desde el punto de vista medioambiental. El Plan Nacional de Desarrollo para 2018-2027 y el Marco Nacional de Planificación, que forman parte de la «Estrategia Irlanda 2040», constituirán pasos firmes en la buena dirección una vez que se tomen medidas y se ejecuten en estrecha coordinación con las partes interesadas.

(13)

Los actuales esfuerzos de mitigación del cambio climático no permitirán a Irlanda lograr sus objetivos climáticos de Europa 2020 a escala nacional. Solo se han realizado avances limitados en la descarbonización de sectores claves de la economía, principalmente en la agricultura, el transporte por carretera y el sector residencial. Por esto, Irlanda necesitará aplicar los mecanismos de flexibilidad disponibles para cumplir la Decisión de reparto del esfuerzo, como la compra de asignaciones a otros Estados miembros. Las previsiones nacionales, publicadas en 2017, ponen de relieve la magnitud del trabajo adicional que se precisa: las emisiones con arreglo a la Decisión de reparto del esfuerzo (fijación de objetivos anuales vinculantes sobre emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros para el período 2013-2020) se espera que aumenten hasta 2025, antes de estabilizarse a un nivel ligeramente por debajo de las emisiones de 2005, sobre la base de las políticas actuales. Irlanda ha adoptado recientemente un Plan de Mitigación que establece una hoja de ruta para una economía con bajas emisiones de carbono y un marco coherente para abordar los persistentes retos en el sector de la energía. En su forma actual, no obstante, el plan ofrece pocas medidas de mitigación nuevas y específicas. A su vez, el Marco Nacional de Planificación tiene también un componente climático, en reconocimiento del hecho de que una ordenación territorial adecuada será un factor crítico de mitigación del cambio climático, dado que la población está muy dispersa e Irlanda solo cuenta con un pequeño número de grandes áreas urbanas, que se enfrentan en su totalidad a graves problemas de congestión y transporte público. Por último, el Plan de Desarrollo Nacional (2018-2027) y su aplicación efectiva desempeñarán un papel fundamental en la descarbonización de la economía, ya que determinará la medida en que se movilizan medios adicionales para la descarbonización del sector de la energía, el despliegue de fuentes de energía renovables y la mejora del transporte público y la eficiencia energética.

(14)

Garantizar un crecimiento integrador sigue siendo un reto en Irlanda. La tasa de desempleo descendió al 6,7 % en 2017, pero algunos grupos siguen apartados en gran medida del mercado laboral y en situación de exclusión social. Los sistemas fiscal y de protección social funcionan bien para contener la pobreza y la desigualdad, e Irlanda ha tomado medidas encaminadas a incentivar el empleo modulando la retirada de las prestaciones y los pagos complementarios. La persistente alta tasa de riesgo de pobreza o de exclusión social en Irlanda está ligada al elevado porcentaje de personas que viven en hogares con baja intensidad laboral (casi el doble de la media de la Unión y el más elevado de la Unión: 18,2 % frente al 10,5 % en 2016). Esto es especialmente frecuente en los hogares monoparentales. Casi tres cuartas partes de las personas que no trabajan en Irlanda son personas inactivas. Las tasas de riesgo de pobreza o de exclusión social de la población infantil y de la población general descendieron ligeramente en 2016, pero siguen siendo superiores a la media de la Unión. A resultas de ello, Irlanda debe completar la aplicación del Plan de Acción para Hogares sin Empleo, por ejemplo mejorando el apoyo integrado a las personas más alejadas del mercado laboral. La oferta de vivienda social requiere una atención continua a fin de alcanzar unos objetivos ambiciosos y responder a la elevada demanda.

(15)

El acceso a guarderías asequibles, con unos horarios amplios y de calidad sigue siendo un reto. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el gasto en atención infantil en Irlanda — en relación con los salarios — fue, en 2015, el más elevado de la Unión para las familias monoparentales y el segundo más elevado de la Unión para las parejas. Los elevados costes de la atención a la infancia pueden obstaculizar el acceso a un empleo remunerado, especialmente en los hogares con bajos ingresos, incluidos los hogares monoparentales. Esto tiene un efecto negativo sobre la tasa de empleo de las mujeres, que era del 65,4 % en 2016, cerca de la media de la Unión. Está a punto de finalizar el procedimiento parlamentario relativo a una Ley que prevé un sistema asequible de atención a la infancia, aunque ya se están poniendo de manifiesto los retrasos en su aplicación. La calidad de los servicios de atención a la infancia también se ha promovido, en particular mediante iniciativas dirigidas a garantizar una aplicación estricta de las cualificaciones del personal.

(16)

Las diferencias entre las tasas de empleo de los trabajadores con cualificaciones baja, media y alta se encontraban entre las más elevadas de la Unión en 2016, y la tasa de empleo de la mano de obra poco cualificada es 10 puntos porcentuales inferior a la registrada antes de la crisis económica. Como consecuencia y en relación con el cambio en la actividad económica, la inadecuación de las cualificaciones y la falta de capacidades son cada vez más evidentes en varios ámbitos. Esto acentúa la necesidad de acelerar las políticas y medidas de mejora de las competencias y reciclaje de capacidades. Irlanda tiene en particular un bajo nivel de participación en actividades de aprendizaje permanente entre las personas poco cualificadas con empleo, lo que las hace vulnerables a los cambios en la demanda de mano de obra. Irlanda tiene, en general, uno de los niveles más bajos de competencias digitales de la Unión, en claro contraste con la elevada proporción de titulados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que se gradúan en el sistema de educación superior irlandés. Irlanda también tiene una de las tasas más bajas de empleo de personas con discapacidad de la Unión.

(17)

El crecimiento de la productividad en Irlanda está impulsado principalmente por empresas multinacionales. La brecha de productividad entre estas empresas y las empresas irlandesas —en su mayoría pymes— es cada vez mayor. La elevada movilidad internacional de algunas multinacionales y las incertidumbres actuales pueden poner en riesgo la sostenibilidad y la resiliencia de la economía irlandesa a más largo plazo. Una investigación reciente ha puesto de manifiesto que las empresas irlandesas obtienen limitados réditos y beneficios procedentes de las actividades de las multinacionales en Irlanda, en términos de crecimiento de la productividad, innovación y exportaciones. Sin embargo, las empresas irlandesas que realizan labores de I+D se benefician de efectos colaterales de las multinacionales. Los incentivos públicos para realizar I+D y aumentar la disponibilidad de trabajadores cualificados para las pymes de Irlanda, fomentaría la difusión de las nuevas tecnologías en dichas empresas. Además, y como señala reiteradamente el Consejo Nacional de Competitividad irlandés, garantizar la competitividad de las empresas irlandesas exige limitar el crecimiento de determinados insumos y costes jurídicos en particular. Las barreras en el mercado de los servicios jurídicos siguen representando un reto, obstaculizando la competencia y aumentando los costes para los destinatarios de los servicios. Se ven afectadas principalmente las pequeñas empresas, ya que aumentan los costes de los litigios. Aún no hay normas de desarrollo para la nueva Ley de Regulación de los Servicios Jurídicos. Las consultas públicas, que constituyen un requisito previo para las normas de desarrollo, están sufriendo considerables retrasos.

(18)

Aunque el sector financiero de Irlanda está en vías hacia una recuperación sostenida, los problemas heredados siguen creando limitaciones. Si bien Irlanda ha seguido progresando en la reducción de los préstamos no productivos, su proporción respecto de los préstamos brutos totales (11,2 % en septiembre de 2017) sigue siendo una de las más elevadas de la Unión. El sobreendeudamiento, la concentración del mercado y una mayor incertidumbre en algunos sectores exportadores lastran la demanda de crédito por parte de las pymes, que se mantiene moderada. Es esencial reducir la morosidad de larga duración, de la cual los vencidos hace más de dos años representan en torno al 60 % del total de los préstamos hipotecarios en situación de mora en 2017. La reducción de estos pagos atrasados podría contribuir también a resolver el problema del sobreendeudamiento, que reduce los incentivos de las empresas, y en particular las pymes, para colocar el crédito en usos más productivos. Aunque el Informe del cuarto trimestre de 2017 sobre mora de las hipotecas y ejecuciones hipotecarias señala que aproximadamente el 87 % de los créditos hipotecarios reestructurados están cumpliendo lo dispuesto, el Banco Central de Irlanda ha destacado que las reestructuraciones que implican una reducción temporal de los pagos son especialmente proclives a volver a la situación de impago. La viabilidad de las ejecuciones hipotecarias y las amortizaciones podría mejorarse y complementarse con un marco sólido de protección del consumidor que salvaguarde las novedades positivas del mercado secundario de ventas de préstamos y la sostenibilidad de las soluciones de reestructuración de préstamos.

(19)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Irlanda y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Irlanda en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Irlanda, sino también en qué medida cumplen las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(20)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(21)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

1.

2.

3.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a España como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, España debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 3 que figuran más abajo.

(3)

El informe específico de 2018 sobre España fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por España de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de España hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que España está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los grandes volúmenes de deuda interna y externa, tanto pública como privada, en un contexto de elevado desempleo, siguen siendo puntos vulnerables con incidencia transfronteriza. La recuperación del equilibrio externo está avanzando, gracias a los superávit de la balanza por cuenta corriente registrados desde 2013, que están respaldados por mejoras estructurales en los resultados comerciales. No obstante, los pasivos exteriores netos siguen siendo elevados. La reducción de la deuda del sector privado también está avanzando, respaldada por unas condiciones de crecimiento favorables, pero siguen existiendo necesidades de desapalancamiento. Un sector financiero más sano está apoyando la actividad económica. A pesar del fuerte crecimiento del PIB nominal, la deuda pública en porcentaje del PIB apenas disminuye lentamente. La tasa de desempleo ha continuado su rápido descenso, pero sigue siendo muy alta, y el elevado grado de segmentación del mercado de trabajo obstaculiza un crecimiento más rápido de la productividad laboral. Tras el fuerte impulso reformista registrado entre 2012 y 2015, los avances en la aplicación de las recomendaciones han sido más limitados. La situación económica actual supone una oportunidad para abordar las necesidades de reforma pendientes con vistas a hacer la economía española más resiliente y afianzar el crecimiento de la productividad.

(4)

España se encuentra actualmente en el componente corrector del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, España prevé corregir el déficit excesivo a más tardar en 2018, en consonancia con la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a una reducción del déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo (5). Se prevé que el saldo de las administraciones públicas siga mejorando para alcanzar un superávit del 0,1 % del PIB en 2021. El Programa de Estabilidad de 2018 recoge todas las medidas incluidas en el proyecto de presupuesto presentado al Parlamento el 3 de abril de 2018, así como las medidas adicionales anunciadas a finales de abril de 2018. No está previsto que el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación presupuestaria equilibrada en términos estructurales se alcance durante el período de aplicación del Programa de Estabilidad de 2018. El Programa de Estabilidad de 2018 prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya hasta el 97,0 % en 2018, el 95,2 % en 2019 y el 89,1 % en 2021. Las hipótesis macroeconómicas del Programa de Estabilidad de 2018 son verosímiles. En conjunto, la consecución prevista de los objetivos de déficit global sigue dependiendo de unas perspectivas económicas sólidas y de que el gasto público crezca menos que el PIB nominal. Los riesgos para la consecución de los objetivos presupuestarios se derivan del hecho de que el Programa incluye tanto un mayor crecimiento de los ingresos como un aumento más contenido del gasto de los que figuraban en las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018, así como de la posible materialización de mayores pasivos contingentes.

(5)

En su Decisión (UE) 2017/984, el Consejo instó a España a poner término a su situación de déficit excesivo a más tardar en 2018, y en particular a reducir el déficit de las administraciones públicas hasta situarlo en un 4,6 % del PIB en 2016, un 3,1 % en 2017 y un 2,2 % en 2018. Se consideró que esta mejora del saldo de las administraciones públicas era coherente con un deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB en 2016 y una mejora del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018, según las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión. España registró un déficit global del 3,1 % del PIB en 2017, tal como exigía la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo. Las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión estiman que el déficit global disminuirá hasta el 2,6 % del PIB en 2018, un 0,4 % por encima del objetivo de déficit global del Programa de Estabilidad de 2018 y del fijado por el Consejo. En comparación con dicho Programa de Estabilidad de 2018, las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión prevén un menor crecimiento de los ingresos públicos y un gasto algo superior. En las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se deteriore en un 0,3 % del PIB en 2018, en un contexto de medidas que aumentan el déficit incluidas en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que llegó al Parlamento el 3 de abril de 2018, y que solo mejore ligeramente en 2019. Por tanto, el esfuerzo presupuestario en 2018, así como el esfuerzo acumulado durante el período 2016-2018, podría no estar garantizado. Mientras que la expansión económica está apoyando la reducción del déficit, no se está utilizando para fortalecer estructuralmente las finanzas públicas. Por consiguiente, en su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario actualizado de España de 2018, la Comisión concluye que el plan se ajusta en líneas generales a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018 prevén que el déficit excesivo se corregirá a su debido tiempo, pero es expansionista.

(6)

Para 2019, en caso de que se lograse una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo, España estaría sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma transitoria en materia de deuda. En vista de que España registra una ratio de deuda pública superior al 60 % del PIB y de la previsión de una brecha de producción positiva del 2,3 % del PIB, el gasto público primario neto nominal (6) debería disminuir al menos un 0,3 % en 2019, en consonancia con el ajuste estructural del 1,0 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Al mismo tiempo, existen indicios de que la capacidad no utilizada en la economía está subestimada. En 2019, todavía está previsto que España registre una de las tasas de desempleo más elevadas de la Unión, lo que va a contener las presiones salariales, especialmente en el sector privado, y a su vez se espera que la inflación se mantenga muy por debajo del 2 %. Esto apunta a una persistente atonía del mercado laboral. Además, aunque la evaluación por la Comisión de las estimaciones sobre la brecha de producción (basadas en la metodología establecida de común acuerdo) no indica que estas no sean plausibles, muestra una gama bastante amplia de estimaciones realistas sobre la brecha de producción en el caso de España. Sobre esta base, un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a una tasa máxima de crecimiento del gasto público primario neto del 0,6 %, parece adecuado. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, existe el riesgo de una desviación significativa en 2019 del ajuste presupuestario requerido. Además, no se espera que España cumpla los requisitos de la norma transitoria en materia de deuda en 2019. En general, el Consejo considera que España tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas a efectos de garantizar el cumplimiento en 2018, y que a partir de 2019 deberán tomarse las medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente la utilización de los posibles beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.

(7)

Además, en su Decisión (UE) 2017/984, el Consejo también pidió a España que adoptase medidas para mejorar su marco presupuestario, con vistas a incrementar la automaticidad de los mecanismos para prevenir y corregir las desviaciones de los objetivos presupuestarios y reforzar la contribución de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad al saneamiento presupuestario. Sin embargo, el Programa de Estabilidad de 2018 no informa de planes para reforzar la regla de gasto nacional. Tampoco informa de medidas para aumentar por ley la automaticidad de los mecanismos correctores y preventivos. El Consejo también pidió a España que adoptase medidas para mejorar su marco de contratación pública. España ha avanzado con la adopción, en noviembre de 2017, de una nueva Ley de Contratos del Sector Público. Sin embargo, la nueva legislación solo podrá mejorar la eficiencia y la transparencia de la contratación pública si se aplica de forma rápida y ambiciosa mediante el establecimiento de la nueva estructura de gobernanza y la mejora de los mecanismos de control de los procedimientos de contratación pública en todos los niveles de gobierno. En particular, la futura estrategia nacional de contratación pública deberá especificar los controles previos y posteriores que deberán realizar las nuevas estructuras. En junio de 2017, el Gobierno encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que revisase el gasto en subvenciones específicas del sector público. La Comisión hace un seguimiento del desarrollo de la revisión, que se espera que esté finalizada a principios de 2019.

(8)

El 27 de abril de 2018, España presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(9)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(10)

El empleo ha seguido creciendo a buen ritmo en España, apoyado por los efectos de las anteriores reformas del mercado de trabajo y la moderación salarial. La tasa de desempleo continúa disminuyendo, pero se mantiene muy por encima de los niveles anteriores a la crisis, y se encuentra entre las más altas de la Unión. Ello implica un considerable potencial de capacidades sin explotar, en particular de los jóvenes desempleados. La proporción de desempleados que han estado sin empleo durante más de un año está disminuyendo, pero sigue representando el 44,5 % de todos los desempleados. España ha adoptado una serie de iniciativas para ampliar el apoyo individual a los desempleados de larga duración y para ayudar a los jóvenes a entrar en el mercado de trabajo y mejorar sus posibilidades de empleo, en particular aumentando el número de beneficiarios de la Garantía Juvenil. La eficacia de estas medidas depende también de la capacidad de los servicios sociales y los servicios públicos de empleo autonómicos para prestar apoyo personalizado a los demandantes de empleo, que mejora solo lentamente. También hay margen para una mayor cooperación con los empresarios, en particular aumentando el porcentaje de puestos vacantes gestionados por los servicios de empleo, así como mejorando la elaboración de perfiles de los demandantes de empleo y la correspondencia con las necesidades de las empresas. Al mismo tiempo, deberían mantenerse los esfuerzos para mejorar la coordinación entre los servicios sociales y de empleo, que experimentó ciertos avances en 2017.

(11)

La proporción de trabajadores con contratos temporales se encuentra entre las más altas de la Unión, y se compone principalmente de jóvenes y de trabajadores poco cualificados. Los contratos temporales son a menudo cortos y rara vez sirven de trampolín para un contrato permanente. Su uso generalizado, incluso en sectores menos proclives a la actividad estacional o cíclica, puede obstaculizar el crecimiento más rápido de la productividad y suele asociarse a menores derechos a prestaciones sociales y a un mayor riesgo de pobreza. Aunque los contratos indefinidos han aumentado en porcentaje de crecimiento neto del empleo en los últimos dos años, es necesario adoptar nuevas medidas para incentivar la transición de contratos temporales a indefinidos. El sistema de incentivos a la contratación sigue estando fragmentado y no se centra de forma efectiva en el fomento de la contratación indefinida. España adoptó un plan para reducir la temporalidad del empleo en el sector público, pero su aplicación está apenas empezando y debe acelerarse para cumplir el objetivo del 8 % establecido para 2019. La mayor capacidad y eficacia de las inspecciones de trabajo en la lucha contra el abuso de la contratación temporal ha dado lugar a la conversión de un mayor número de contratos temporales en indefinidos, pero no parece disuadir a los empresarios de seguir recurriendo ampliamente a los contratos temporales. La Mesa tripartita creada a principios de 2017 para analizar la calidad del empleo todavía no ha presentado propuestas concretas. La participación de los interlocutores sociales en la elaboración de las políticas se ha incrementado recientemente, pero sigue habiendo margen para nuevas mejoras.

(12)

El crecimiento económico y la creación de empleo están contribuyendo a reducir el porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social (que no obstante sigue estando por encima de la media de la Unión), así como la desigualdad de ingresos. La pobreza de las personas empleadas es un motivo de preocupación, especialmente entre los hogares cuyos miembros están empleados con contratos temporales o a tiempo parcial. La tasa de pobreza infantil, aunque está disminuyendo, se mantiene en un nivel muy elevado. El impacto de las transferencias sociales distintas de las pensiones en la reducción de la pobreza es inferior a la media de la Unión y está disminuyendo. Los sistemas de renta mínima garantizada se caracterizan por grandes diferencias en las condiciones de acceso en las distintas autonomías y por la fragmentación de los múltiples sistemas nacionales dirigidos a distintos grupos de demandantes de empleo, que están gestionados por distintas administraciones. En consecuencia, algunas personas necesitadas no reciben ayuda. Todavía no se ha acordado un plan de acción que plasme las conclusiones del reciente estudio de evaluación de la eficacia de los sistemas nacional y autonómicos de renta mínima garantizada. La puesta en marcha de un sistema de Tarjeta Social Universal hará que las prestaciones sociales concedidas sean más transparentes y facilitará la participación en las medidas de activación asociadas, si bien no abordará directamente las deficiencias de los sistemas existentes. La eficacia de las prestaciones familiares también es baja y la cobertura es desigual. El sistema de pensiones español desempeña un importante papel en el mantenimiento de la calidad de vida de las personas de más edad, que como consecuencia de ello se enfrentan a un riesgo de pobreza significativamente más bajo que las generaciones más jóvenes. En relación a los salarios, las pensiones actuales se encuentran entre las más elevadas de la Unión. Las proyecciones que figuran en el próximo Informe de 2018 sobre el envejecimiento y en el Informe sobre la adecuación de las pensiones (8) indican que las reformas de 2011 y 2013 contribuyeron a garantizar la sostenibilidad y la relativa adecuación de las pensiones a largo plazo. Sin embargo, las subidas de las pensiones y el aplazamiento del factor de sostenibilidad propuesto durante el proceso de adopción del proyecto de presupuesto de 2018 ponen en entredicho el compromiso para con estas reformas. Al mismo tiempo, no abordan el reto principal de la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que está más bien relacionado con la elevada tasa de desempleo y la segmentación del mercado laboral.

(13)

Si se resolviesen las deficiencias en la capacidad de innovación de las empresas españolas se podría mejorar su productividad. Los resultados en materia de innovación y el crecimiento de la productividad se ven obstaculizados por la persistente atonía de los niveles de inversión en investigación y desarrollo, que hacen muy improbable que se logre alcanzar el objetivo nacional del 2 % de intensidad de investigación y desarrollo contemplado en la Estrategia Europa 2020. Esta tendencia se ve reforzada por el porcentaje de ejecución bajo y decreciente del presupuesto público dedicado a investigación y desarrollo. Mientras que la gobernanza de la política nacional de investigación e innovación se está racionalizando, en parte mediante la nueva Agencia Estatal de Investigación, la coordinación entre los niveles nacional y autonómicos para la concepción, la aplicación y la evaluación de las políticas sigue siendo débil. El desarrollo de una cultura de evaluación que sistematice el análisis de la eficacia de los programas y políticas de apoyo permitiría extraer enseñanzas de las políticas y crearía sinergias en todos los niveles de gobierno.

(14)

La limitada capacidad de innovación de las empresas españolas se explica también por la inadecuación de las cualificaciones, que repercute negativamente en el potencial a largo plazo de aumento de la productividad. La falta y el exceso de cualificaciones en el trabajo están generalizadas en España. A pesar de haber mejorado notablemente a lo largo del último decenio, las tasas de abandono escolar prematuro están muy por encima de la media de la Unión, y junto con los resultados educativos, varían mucho entre comunidades autónomas y pueden afectar a la igualdad de oportunidades. Los programas específicos para abordar estas disparidades solo han tenido hasta ahora efectos limitados. El Pacto Social y Político por la Educación, encaminado a una reforma en profundidad del sistema educativo, se encuentra aún en fase de negociación. Mientras tanto, el desarrollo profesional de los profesores va a ser apoyado mediante la reducción de los contratos de trabajo temporal, así como el aumento de los recursos para su formación. Al mismo tiempo, los titulados superiores en particular tienen dificultades a la hora de encontrar un empleo estable y adecuado. Una mayor cooperación entre la educación y la empresa podría incrementar el acceso al mercado de trabajo de jóvenes titulados, ofreciendo al mismo tiempo a las empresas las cualificaciones necesarias para aumentar su capacidad de innovación. En este contexto, la propuesta de una nueva estrategia digital nacional reconoce la necesidad de mejorar las competencias digitales, pues existen problemas relacionados con el bajo número de especialistas en tecnologías de la información y la comunicación, así como con la promoción del papel del sistema educativo en el fomento de las competencias digitales. El reciclaje profesional de los trabajadores para que adquiriesen competencias digitales permitiría también a las empresas españolas seguir siendo competitivas en una economía cada vez más digitalizada.

(15)

Las disparidades normativas a que se enfrentan las empresas también contribuyen a frenar el crecimiento de la productividad. En el contexto actual, las disparidades y restricciones normativas para las empresas provocan que los márgenes sean elevados, la movilidad geográfica de las empresas y de los trabajadores sea baja y el crecimiento de la productividad sea reducido. La Ley de garantía de la unidad de mercado, cuyo objetivo era resolver este problema, se ha aplicado solo parcialmente. El seguimiento de la aplicación de dicha Ley a nivel autonómico y local debe mejorarse y el papel de las conferencias sectoriales debe reforzarse. La Ley introdujo el principio de que el cumplimiento de determinados requisitos en una parte del territorio permitiría a las empresas operar en todo el territorio. En varias sentencias emitidas en 2017, el Tribunal Constitucional declaró que este principio no es válido a falta de normas mínimas comunes o equivalentes para el acceso a una actividad económica o el ejercicio de la misma. A la luz de estas sentencias, el establecimiento de normas coherentes comunes o equivalentes en todo el territorio podría contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Ley. Además, debe mejorarse la cooperación en todos los niveles de la Administración y en todas las fases de la aplicación para hacer frente más eficazmente a los efectos negativos que la fragmentación tiene en las empresas. El trabajo del Comité para la Mejora de la Regulación, que se estableció para garantizar la adaptación de la legislación al acervo de la Unión en materia de servicios, debería acelerarse. Las restricciones que afectan a determinadas profesiones reguladas, como los ingenieros civiles y los arquitectos, también se destacaron en el paquete de servicios adoptado en enero de 2017, y hasta la fecha no se han tomado medidas específicas para subsanarlas.

(16)

De manera más general, las mejoras en la calidad de las instituciones podrían impulsar la confianza en la economía española y aumentar los beneficios derivados de las medidas adoptadas para reforzar el crecimiento de la productividad. Se ha avanzado en la transparencia de la financiación de los partidos, así como en las declaraciones de patrimonio y los conflictos de intereses. La actividad empresarial también se ha beneficiado de los avances en la lucha contra la corrupción, si bien sigue habiendo problemas en este ámbito. La percepción de la independencia del sistema judicial también ha mejorado entre los ciudadanos y las empresas. Los esfuerzos para seguir mejorando la eficacia del sistema judicial están en curso y deben continuar. Aunque se han realizado progresos en este amplio ámbito, sigue vigente el reto de fomentar la confianza en las instituciones en todos los niveles de gobierno.

(17)

La mejora de las infraestructuras de transporte, energía y agua fomentaría la cohesión territorial, una mejor integración en el mercado común y el aumento de la productividad. Las conexiones transfronterizas en los ámbitos del transporte y la energía, así como las infraestructuras hídricas, se enfrentan a déficits de inversiones. Podría hacerse un mejor uso de las infraestructuras ferroviarias de pasajeros y mercancías. Los diferentes anchos de vía que coexisten en España, Portugal y Francia son un obstáculo crucial para una mejor conectividad ferroviaria, aunque recientemente se han inaugurado nuevos tramos con el ancho más habitual a escala internacional. También existen deficiencias en el transporte ferroviario de mercancías entre los principales puertos de las costas atlántica y mediterránea y las zonas industriales del interior. La insuficiente conectividad obstaculiza también una mayor integración en los mercados del gas y de la electricidad de la Unión. Es necesaria una mayor inversión en infraestructuras para mejorar la gestión del agua, por ejemplo, para tratar las aguas residuales, reducir las fugas en las redes y mejorar el suministro. Esto aportaría beneficios medioambientales, económicos y sociales a España.

(18)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de España y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a España en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de España, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(19)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (9) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(20)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

1.

2.

3.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Francia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Francia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular las recomendaciones 1 y 2.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Francia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Francia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Francia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Francia está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los puntos vulnerables derivan del alto nivel de deuda pública y de una pobre dinámica de competitividad en un contexto de bajo crecimiento de la productividad. El riesgo de una repercusión adversa en la economía francesa y, dado el tamaño de esta, de efectos secundarios negativos para la unión económica y monetaria, es especialmente grande.

(4)

El 25 de abril de 2018, Francia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Tras la corrección oportuna y duradera del déficit excesivo y la Decisión (UE) 2018/924 del Consejo (6) de derogar el procedimiento de déficit excesivo, Francia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé una mejora gradual del déficit global, que pasaría del – 2,6 % del PIB en 2017 al + 0,3 % del PIB en 2022. No se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 0,4 % del PIB) se logre durante el período abarcado por el Programa de Estabilidad de 2018. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se espera que la ratio deuda pública/PIB baje del 97,0 % del PIB en 2017 al 89,2 % en 2022. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2019 no se han concretado suficientemente.

(7)

El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Francia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) no supere el 1,2 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, se precisó que la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En el contexto de su dictamen sobre el proyecto de Plan Presupuestario de Francia para 2018 y tras la evaluación efectuada por la Comisión sobre la solidez de la recuperación en Francia, teniendo debidamente en cuenta los retos relativos a la sostenibilidad, no es necesario considerar ningún otro elemento adicional. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe el riesgo de una desviación significativa de la senda de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2018.

(8)

En 2019, en vista de la ratio de la deuda pública de Francia superior al 60 % del PIB y de la brecha de producción prevista del 0,6 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería superar el 1,4 %, de conformidad con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada prevista en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión y suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa respecto de este requisito en 2019 y para el período 2018-2019 tomado en su conjunto. En principio, no se prevé que Francia cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y 2019. En general, el Consejo considera que deben adoptarse las medidas necesarias a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente usar cualquier beneficio extraordinario para reducir aún más la ratio de deuda de las administraciones públicas.

(9)

El nivel de gasto público en Francia es uno de los más elevados de la Unión. Está previsto que la ratio de gasto se sitúe en el 56,0 % del PIB en 2018, es decir, 10,6 puntos porcentuales más que la media de la Unión. Aunque la estrategia de saneamiento de los últimos años se ha beneficiado principalmente del descenso de los tipos de interés y de recortes en la inversión pública, esta situación de tipos bajos tiene pocas probabilidades de mantenerse a medio plazo y el recorte en las inversiones productivas podría perjudicar el futuro potencial económico. Las revisiones de gastos realizadas desde 2014 no consiguieron ahorros importantes y las mejoras de eficiencia fueron limitadas debido a la falta de seguimiento adecuado y a la escasa implicación política. La estrategia más reciente de revisión del gasto ha sido abandonada y será sustituida por Acción Pública 2022 (Action Publique 2022), cuyos principios se recogen en el mandato otorgado por el Gobierno en octubre de 2017. El Comité de Acción Pública 2022 (Comité Action Publique 2022) debe elaborar un informe antes del verano de 2018 y analizar las medidas que es preciso adoptar. Sin embargo, no se han propuesto todavía unas medidas claramente especificadas y los nuevos ahorros en este marco solo se materializarán a partir de 2020. Los esfuerzos para hacer frente a las actuales necesidades de saneamiento presupuestario a corto y medio plazo podrían beneficiarse de una rápida aplicación de medidas de reducción del gasto.

(10)

En la actualidad, en Francia coexisten 37 regímenes de pensión diferentes que cubren a diversos grupos de trabajadores y funcionan con arreglo a conjuntos de normas dispares. Unificar progresivamente la normativa permitiría mejorar la transparencia del sistema, aumentar la solidaridad intergeneracional y fomentar la movilidad laboral. La armonización de las normas de cálculo también contribuiría a controlar mejor el gasto público. Si bien se espera que las reformas de las pensiones ya adoptadas reduzcan el nivel de gasto público en pensiones a largo plazo, un sistema de pensiones más sencillo y eficaz podría generar ahorros adicionales y ayudar a mitigar los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo. Según un estudio reciente realizado por la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (iFRAP), la adaptación de los distintos regímenes de pensiones en los sectores público y privado podría aportar un ahorro de más de 5 000 millones EUR al gasto público de aquí a 2022.

(11)

La tasa de desempleo disminuyó del 10,4 % en 2015 al 9,4 % en 2017, y se prevé que baje aún más en los próximos años, mientras que la tasa de empleo aumentó hasta el 70,6 % en 2017. Sin embargo, las condiciones del mercado de trabajo para los jóvenes, los trabajadores poco cualificados y las personas de origen migrante (primera y segunda generación) siguen siendo relativamente más difíciles. En 2017, solo el 55,6 % de las personas no nacidas en la UE (de entre 20 y 64 años) tenía trabajo, cifra inferior en 17,0 puntos porcentuales a la cifra correspondiente a los nacidos en Francia. Los habitantes de las zonas más desfavorecidas (Quartiers de la politique de la ville), entre ellos los de origen migrante, siguen enfrentándose a dificultades específicas en el mercado laboral. Pese a las medidas adoptadas, el impacto del origen socioeconómico y del origen migrante en los resultados educativos es comparativamente alto y obstaculiza la integración en el mercado de trabajo. También hay indicios de prácticas discriminatorias en dicho mercado. Un apoyo eficaz al empleo activo, incluido la formación lingüística, una orientación profesional intensiva y la ayuda a la contratación, así como el refuerzo de las medidas contra las prácticas discriminatorias, son claves para promover la igualdad de oportunidades en el mercado laboral.

(12)

La Ley de 2016 sobre el trabajo, que moderniza el diálogo social y asegura las trayectorias profesionales pretende mejorar la capacidad de las empresas para adaptarse a los ciclos económicos y reducir el porcentaje de trabajadores con contratos temporales. Aunque se están registrando más contratos de duración indeterminada, la segmentación del mercado de trabajo sigue siendo un reto y debería fomentarse la transición hacia formas de empleo por tiempo indefinido. En este contexto, es importante finalizar la aplicación del ambicioso programa de reformas en curso, que abarca la reforma recientemente adoptada del Derecho laboral, la reforma prevista del sistema de prestaciones por desempleo y la del sistema de educación y formación profesionales, incluida la formación de aprendices.

(13)

La implantación gradual de medidas para reducir la cuña fiscal sobre el trabajo ha mejorado la competitividad de Francia desde 2013, pero todavía no se han recuperado las anteriores pérdidas acumuladas. En relación con el salario medio, en 2016 Francia tenía uno de los mayores tipos de cotizaciones sociales empresariales en la Unión como porcentaje del total de los costes laborales. Las medidas políticas existentes destinadas a reducir el coste de la mano de obra se deben seguir consolidando y reforzando a partir de 2019, con la anunciada transformación de la bonificación fiscal para la competitividad y el empleo (CICE) en una reducción general de las cotizaciones sociales de los empresarios, y la introducción de reducciones adicionales para los salarios bajos, a fin de impulsar el empleo de las personas poco cualificadas.

(14)

Desde 2013, el salario mínimo francés se ha atenido a las normas en materia de indexación, sin ningún tipo de subida ad hoc. Por ello, ha crecido más lentamente que los salarios de referencia (1,23 % en 2017, en comparación con el 1,31 % del salario medio), en un contexto de baja inflación y crecimiento endeble de los salarios. Si bien comparado con otros países el salario mínimo es alto en relación con el salario medio, el coste de los trabajadores que reciben el salario mínimo se ha reducido significativamente debido a reducciones de las cotizaciones sociales. Estas reducciones se intensificarán y serán permanentes a partir de 2019. Si bien la indexación del salario mínimo es importante para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores, el actual mecanismo de indexación (único en la Unión) podría limitar el ajuste de los salarios a unas condiciones cambiantes, con posibles consecuencias negativas sobre la competitividad. Un grupo de expertos independientes evalúa anualmente el salario mínimo y elabora dictámenes no vinculantes sobre su evolución. En 2017, el grupo recomendó revisar la fórmula de indexación del salario mínimo, por ejemplo limitándolo únicamente a una indexación en función de la inflación.

(15)

El actual sistema inicial de educación y formación profesionales no está suficientemente preparado para la integración en el mercado laboral y una parte significativa de los estudiantes son orientados hacia vías con escasas perspectivas de empleo. Además, los estudiantes franceses de educación y formación profesionales logran resultados muy inferiores a la media de la Unión, mientras que los de la enseñanza general los obtienen mucho mejores. En este contexto, las medidas para fomentar el aprendizaje, asociadas a mejores perspectivas de empleo, junto con medidas destinadas a mejorar los resultados escolares, son esenciales para apoyar el empleo juvenil y fomentar la igualdad de oportunidades. Al mismo tiempo, es también importante mejorar el acceso a la formación permanente de los trabajadores y los demandantes de empleo poco cualificados y promover la obtención de mayores cualificaciones, respaldada por una formación adecuadamente orientada. Como reflejo de estos retos y, en concreto, de la necesidad de mejorar la gobernanza del sistema, garantizar la relevancia del mercado laboral así como la calidad y el acceso a una formación y unas transiciones laborales seguras, el Gobierno presentó el 27 de abril de 2018 un proyecto de ley de reforma del sistema de formación de aprendices y de educación y formación profesionales continua. Además, el Programa Nacional de Reformas de 2018 confirma la intención de aplicar un plan de inversión de 14 000 millones EUR para la adquisición de capacidades y abre la vía a la reforma complementaria de los centros de formación profesional inicial.

(16)

En general, el sistema de protección social ofrece buenos resultados. Las desigualdades de ingresos después de las transferencias se sitúan por debajo de la media de la Unión y el número de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, pese a un reciente aumento, permanece en un nivel relativamente bajo. Sin embargo, algunos grupos corren más riesgo de pobreza, en particular las familias monoparentales, las personas que no han nacido en la Unión y las que viven en zonas urbanas desfavorecidas. El acceso a una vivienda digna para las personas pobres sigue siendo un motivo de preocupación. A pesar de las recientes mejoras, las viviendas sociales escasean en algunas zonas.

(17)

Pese a las reformas en curso para reducir la presión fiscal sobre las empresas y apoyar las inversiones productivas, el sistema fiscal francés sigue caracterizándose por un elevado nivel de complejidad en el que el gasto fiscal, los impuestos ineficientes y los impuestos sobre la producción obstaculizan el buen funcionamiento de las empresas. El elevado gasto fiscal (créditos fiscales, exenciones, reducción de impuestos) añade una carga a las que ya pesan sobre las empresas, en particular las pymes, debido al incremento de los costes de cumplimiento, y genera incertidumbre. También genera costes adicionales de control para la Administración tributaria. En la Ley presupuestaria para 2018, los gastos fiscales se incrementarán en número y en valor, previéndose que alcancen los 99 800 millones EUR en 2018 (4,2 % del PIB), frente a 93 000 millones EUR en 2017. Además, se han localizado alrededor de 192 impuestos que generan pocos ingresos (menos de 150 millones EUR al año), pero solo un número muy limitado han sido eliminados desde 2014 (8). Por último, Francia tiene un nivel muy alto de impuestos sobre la producción en la Unión (9) (3,1 % del PIB en 2016), consistentes principalmente en impuestos sobre el capital y el trabajo que soportan las empresas como resultado de su participación en la producción, independientemente de sus resultados económicos.

(18)

Los servicios de mercado representaban más del 50 % del valor añadido, un 40 % del empleo y el 20 % del valor añadido de las exportaciones de la industria manufacturera francesa en 2016. Pese a que la competencia en los servicios de mercado tiene un impacto en toda la economía, se siguen viendo obstaculizados por requisitos normativos y cargas administrativas, que suponen también obstáculos a la capacidad de crecimiento de las empresas. Las reformas en el sector de los servicios podrían tener un significativo impacto económico positivo si fuesen suficientemente ambiciosas y se aplicasen plenamente. Al priorizar los esfuerzos de reforma, es importante tener en cuenta el significado económico y el rendimiento de los subsectores de los servicios. Un enfoque basado en indicadores utilizado para identificar las reformas prioritarias en los sectores de servicios apunta a una serie de servicios prestados a las empresas (arquitectura e ingeniería, actividades jurídicas y de contabilidad, servicios administrativos y de apoyo), el comercio minorista, la hotelería y la hostelería, y la sanidad. En el ámbito específico de los servicios profesionales, la Ley de Crecimiento, Actividades e Igualdad de Oportunidades Económicas (conocida como «Ley Macron»), de 6 de agosto de 2015, solo relajó las restricciones en un pequeño número de profesiones, la mayor parte de ellas de carácter jurídico. Sigue habiendo margen para realizar más reformas en los servicios profesionales. Otras reformas deberían centrarse en las restricciones específicas a la entrada y al ejercicio (por ejemplo, reservas de actividad, restricciones del derecho de voto, restricciones a la participación accionarial, restricciones multidisciplinares y númerus clausus), que se consideran excesivas. Las reformas destinadas a abordar los principales obstáculos a la expansión de las empresas podrían incluir la eliminación en los reglamentos de los efectos de umbral ligados a criterios relacionados con el tamaño y la reducción de las cargas administrativas que pesan sobre las empresas. Por último, la mejora de la cobertura de banda ancha mejoraría su capacidad para beneficiarse de la economía digital.

(19)

Según el Cuadro europeo de indicadores de la innovación, los resultados en materia de innovación de Francia siguen siendo inferiores a los de los líderes en innovación de la Unión, pese a la cuantía relativamente elevada de las ayudas públicas concedidas. En particular, la mejora de la eficiencia de los programas públicos de apoyo incluido el crédito fiscal para investigación y desarrollo (Crédit d'impôt recherche) estimularía mejor los resultados de la innovación. A este respecto, los resultados de las evaluaciones en curso también deben tenerse en cuenta a fin de mejorar el diseño de las ayudas públicas a la innovación. La transferencia de conocimientos entre investigación pública y empresas sigue planteando un reto y limita la explotación comercial de los resultados de la investigación. En comparación con otros países de la Unión, Francia tiene pocas publicaciones en las que colaboren los sectores público y privado y la I+D pública financiada por empresas. Existe, por ende, cierto potencial para reforzar los mecanismos de transferencia entre el mundo académico y la industria mediante la simplificación de la colaboración en materia de investigación y la incentivación de la movilidad de los investigadores.

(20)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis general de la política económica de Francia y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Francia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Francia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(21)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (10) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(22)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

1.

2.

3.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Croacia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

(2)

El informe específico de 2018 sobre Croacia se publicó el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Croacia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones de años anteriores, así como los avances de Croacia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Croacia todavía experimenta desequilibrios macroeconómicos excesivos, aunque se están reduciendo. Las vulnerabilidades están vinculadas a niveles elevados de deuda pública, privada y externa, en gran medida denominada en moneda extranjera. El nivel de préstamos dudosos sigue siendo elevado, especialmente para las sociedades no financieras. El potencial de crecimiento de Croacia sigue siendo insuficiente para permitir un ajuste duradero y en general se han registrado escasos avances en la aplicación de medidas encaminadas a abordar los problemas crónicos de baja utilización de la mano de obra y lento crecimiento de la productividad. La competitividad y la inversión se siguen viendo obstaculizadas por un entorno empresarial restrictivo, y la fragmentación de la Administración pública supone un lastre para la eficiencia en la prestación de los servicios públicos.

(3)

El 26 de abril de 2018, Croacia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(4)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(5)

Croacia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma en materia de deuda. Partiendo de un superávit de las administraciones públicas del 0,8 % del PIB en 2017, el Programa de Convergencia de 2018 prevé que el saldo global caiga hasta registrar un déficit del 0,5 % del PIB en 2018 y que después mejore gradualmente hasta llegar a un superávit del 0,5 % del PIB en 2021. El objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1,75 % del PIB) se prevé que siga alcanzándose con creces durante todo el período del programa. Según el Programa de Convergencia de 2018, se prevé que la ratio deuda pública/PIB baje del 78,0 % del PIB en 2017 al 75,1 % en 2018 y que siga disminuyendo hasta el 65,9 % en 2021. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sin embargo, los objetivos presupuestarios previstos parecen prudentes. Las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión estiman el saldo de las administraciones públicas en el 0,7 % y el 0,8 % del PIB en 2018 y 2019, respectivamente.

(6)

El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Croacia permanecer en su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se sitúe en el – 0,3 % del PIB en 2018 y en el – 0,6 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que Croacia cumpla la norma en materia de deuda en 2018 y 2019. En general, el Consejo considera que Croacia cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

(7)

La adopción prevista de legislación fundamental para mejorar el marco presupuestario de Croacia está pendiente desde hace tiempo. Los fallos en la concepción de la normativa fiscal digital hacen ineficaz la planificación de la política presupuestaria y el papel de la Comisión de Política Presupuestaria como organismo independiente es todavía poco relevante. El aún elevado nivel de deuda pública de Croacia y su exposición al riesgo de tipo de cambio significa que siguen siendo esenciales unas prácticas sanas de gestión de la deuda. En 2017 se reforzó la función de gestión de la deuda y se elaboró una estrategia para dicha gestión, que exige actualizaciones periódicas. La introducción de un impuesto sobre bienes inmuebles ya se pospuso y no hay indicios de cuándo y cómo se aplicará. Esto deja a Croacia con una baja proporción de ingresos procedentes de la fiscalidad recurrente sobre los bienes inmuebles. Tal impuesto podría crear margen para mejorar una recaudación de ingresos que favorezca el crecimiento, garantizando al mismo tiempo una fuente de ingresos estable y previsible para las administraciones locales.

(8)

El mercado laboral croata siguió recuperándose en 2017. No obstante, las tasas de empleo y de actividad siguen estando muy por debajo de la media de la Unión, lo que obstaculiza el crecimiento potencial. Hasta la fecha, la edad legal de jubilación es de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres. La convergencia y el aumento de la edad legal de jubilación es lento, porque está previsto que ambos sexos no alcancen la edad de jubilación de 67 años hasta 2038. Además, los trabajadores mayores pueden beneficiarse de muchas vías para la jubilación anticipada y el sistema de pensiones incluye una serie de regímenes especiales que ofrecen unas condiciones de jubilación más favorables. Las responsabilidades familiares de las mujeres contribuyen además a su reducida participación en el mercado laboral. La consiguiente baja duración media de la vida laboral implica una insuficiencia de las pensiones actuales y futuras, y riesgo de pobreza en la vejez. Las medidas anunciadas para fomentar la prolongación de la vida laboral todavía no se han aplicado.

(9)

Aunque existe una estructura de diálogo social en Croacia, la interacción efectiva entre las autoridades y las partes interesadas en el proceso de elaboración de las políticas es limitada y ha estado circunscrita principalmente a la comunicación por escrito de opiniones sobre las medidas propuestas por el Gobierno. Además, la gran fragmentación de los sindicatos limita su capacidad para implicarse realmente en el diálogo social.

(10)

A pesar de recientes mejoras, la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social sigue siendo alta, con marcadas disparidades territoriales entre condados. Los mayores, los trabajadores menos cualificados y las personas con discapacidad se ven particularmente afectados. El sistema de protección social presenta carencias desde el punto de vista de la eficacia y la equidad. Las prestaciones sociales tienen una limitada capacidad de reducción de la pobreza. La falta de coordinación entre instituciones y la inferior capacidad presupuestaria de las administraciones locales más pobres provoca disparidades en la oferta de prestaciones sociales.

(11)

Croacia se sitúa por debajo de la media de la Unión en materia de inversión en educación, educación primaria y guarderías, formación básica, número de personas con estudios de educación superior finalizados y relevancia de la educación y la formación profesionales para el mercado laboral. El país ha iniciado la aplicación de varias reformas contempladas en la estrategia en materia de educación, ciencia y tecnología. Es probable que la reforma de los planes de estudio tenga un impacto positivo en la calidad de la enseñanza, si se aplica en su totalidad y coherentemente con otras acciones en el marco de la estrategia. La importancia para el mercado laboral de los programas de formación profesional parece escasa, como sugiere el hecho de que más de la mitad de los desempleados registrados tienen un título de formación profesional. Es necesaria una mayor coordinación entre las autoridades públicas y las empresas para mejorar la identificación de las necesidades en materia de cualificaciones. El sistema de educación de adultos destinado a contribuir a la inclusión en el mercado laboral se caracteriza por un gran número de prestadores en todo el país, aunque desigualmente distribuidos, y por unos programas de aprendizaje que no se evalúan adecuadamente. La participación en programas de educación de adultos y programas educativos ofrecidos como parte de las políticas activas del mercado laboral es sumamente baja.

(12)

La fragmentación territorial de la Administración pública croata y la amplia distribución de competencias entre los niveles de gobierno lastran la eficacia de los servicios públicos y del gasto público. Muchas pequeñas unidades locales carecen de la suficiente capacidad financiera y administrativa para desarrollar funciones descentralizadas. Los indicadores de la eficacia de la Administración pública muestran unos resultados inferiores a la media de la Unión, lo que constituye un obstáculo para el diseño y la aplicación de políticas públicas y para un uso más eficiente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. La reducción prevista del número de sucursales locales de la Administración central y la racionalización del sistema de organismos estatales se han pospuesto nuevamente. La falta de coherencia en los mecanismos de fijación de salarios en la Administración y los servicios públicos impiden la igualdad de trato y el control del Gobierno sobre la masa salarial del sector público. La legislación prevista para su armonización se ha pospuesto de nuevo, hasta mediados de 2018. Las autoridades han dado los primeros pasos para integrar algunas funciones de los hospitales, con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios y el acceso a la atención sanitaria. No obstante, un modelo inefectivo de financiación del sistema sanitario resulta en una acumulación de deudas, especialmente por lo que respecta a la asistencia hospitalaria.

(13)

Las empresas estatales mantienen su gran presencia en la economía. Las medidas para mejorar su gestión han avanzado lentamente, y continúan mostrando bajos niveles de productividad y rentabilidad. Se ha adoptado nueva legislación sobre gestión y enajenación de activos del Estado.

(14)

En noviembre de 2017 finalizó una revisión independiente de la calidad de los activos del Banco Croata de Reconstrucción y Desarrollo. Dada la importancia del Banco para la aplicación de los instrumentos financieros de la Unión y del Plan de Inversiones para Europa, así como su creciente implicación en préstamos directos, las conclusiones de la revisión deben utilizarse para reforzar el marco de supervisión y regulación del Banco y sus estructuras de gobernanza.

(15)

La carga administrativa y las exacciones parafiscales siguen pesando sobre la actividad empresarial. La reducción de la carga administrativa ha progresado de manera constante, aunque a un ritmo muy pausado. Las reducciones de tasas parafiscales han sido moderadas y la transparencia es baja, ya que no se llevaron a cabo ni la actualización periódica del registro ni evaluaciones de impacto de los recortes previstos.

(16)

El plan de acción contra la corrupción 2017-2018 debe aplicarse plenamente a fin de cumplir los objetivos de la estrategia de lucha contra la corrupción 2015-2020. Todavía se precisan mejoras en varios elementos clave, especialmente la declaración de patrimonio y de conflictos de intereses, la sensibilización sobre los cauces de denuncia de irregularidades y un control efectivo de los riesgos en la contratación pública, que sigue siendo muy vulnerable a la corrupción debido a la gran proporción de procedimientos de contratación internos en las entidades de propiedad estatal.

(17)

La normativa restrictiva en los mercados de bienes y servicios, en particular un elevado número de profesiones muy reguladas, dificulta la competencia. La flexibilización de la normativa ha sido lenta en el contexto de una fuerte oposición por parte de grupos de interés.

(18)

La lentitud de los procedimientos judiciales y los retrasos acumulados siguen pesando sobre la calidad y la eficiencia del sistema judicial y, por consiguiente, en la actividad empresarial. El descenso observado de los retrasos se debió principalmente a una menor entrada de nuevos asuntos y no a unas resoluciones más rápidas. A pesar de las mejoras registradas, la comunicación electrónica de los litigios y los procedimientos de insolvencia sigue infrautilizada.

(19)

Mediante la estrategia de especialización inteligente de Croacia se están realizando esfuerzos específicos para reformar el sistema nacional de ciencia e innovación. Las responsabilidades políticas en materia de apoyo a la ciencia y la innovación parecen poco coordinadas, lo que debilita la aplicación de la estrategia. Del mismo modo, las principales universidades tienen estructuras de gobernanza muy fragmentadas y normas administrativas rígidas. La cooperación entre las instituciones de investigación y la empresa es escasa. No se realiza un seguimiento sistemático y una evaluación de impacto de las políticas de investigación e innovación existentes, lo que impide la correcta fijación de prioridades. El sistema de enseñanza superior podría beneficiarse de incentivos para promover la calidad y la pertinencia del mercado laboral.

(20)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Croacia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Croacia en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Croacia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(21)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018 y opina (5) que cabe esperar que Croacia cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(22)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Convergencia de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

1.

2.

3.

4.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Italia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Italia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 4 que figuran más abajo.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Italia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Italia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Italia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Italia está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En especial, la alta deuda pública y la prolongada debilidad de la dinámica de la productividad acarrean riesgos con incidencia transfronteriza, en un contexto aún caracterizado por el elevado volumen de los préstamos dudosos y un desempleo alto, aunque ambos a la baja. Reviste una particular importancia adoptar medidas que reduzcan el riesgo de repercusiones negativas sobre la economía italiana y sobre la Unión Económica y Monetaria, dado el tamaño y la relevancia transfronteriza de la economía de Italia.

(4)

El 16 de mayo de 2018, Italia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Italia se encuentra actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. El Programa de Estabilidad de 2018 presentado por el Gobierno saliente se basa en la hipótesis de que no haya cambios en las políticas. Las autoridades italianas prevén que el déficit global mejorará, pasando del 2,3 % del PIB en 2017 al 1,6 % en 2018, al 0,8 % en 2019 y a una situación prácticamente de equilibrio presupuestario en 2020. El objetivo presupuestario a medio plazo, suponiendo una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales, debería alcanzarse en 2020 y mantenerse en 2021, mientras que el saldo estructural recalculado (6) apunta a un pequeño déficit estructural (0,2 % del PIB) en ambos años. Tras haber disminuido ligeramente en 2017 (hasta el 131,8 % del PIB, frente al 132,0 % en 2016), en el Programa de Estabilidad de 2018 se estima que la ratio deuda pública/PIB disminuya en un punto porcentual del PIB hasta el 130,8 % en 2018, alcanzando el 122,0 % en 2021, entre otras cosas gracias a los ingresos previstos por privatizaciones, que suman un 0,3 % anual en el período 2018-2020. Sin embargo, los objetivos de privatización no han sido alcanzados en los últimos años. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión se inclinan por un crecimiento del PIB real más bajo y un déficit más elevado en 2019 que en el Programa de Estabilidad de 2018. De hecho, la previsión de la Comisión no incorpora una subida del IVA (0,7 % del PIB) legislada como «cláusula de salvaguardia» para alcanzar los objetivos presupuestarios en 2019.

(7)

El 23 de mayo de 2018, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del TFUE debido a que Italia incumplió presuntamente la norma en materia de deuda en 2016 y 2017. El informe concluyó, tras una evaluación de todos los factores pertinentes, que el criterio de la deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (7) debe considerarse cumplido en la actualidad y que la incoación de un procedimiento de déficit excesivo no está justificada atendiendo, en particular, a la posterior conformidad de Italia con respecto al componente preventivo en 2017. La Comisión reevaluará la conformidad sobre la base de los datos a posteriori de 2018 que deben notificarse en la primavera de 2019.

(8)

El Programa de Estabilidad de 2018 indica que el impacto presupuestario de la afluencia excepcional de refugiados y la protección contra riesgos sísmicos es considerable y prueba de manera suficiente el alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, el gasto adicional admisible ascendió en 2017 al 0,16 % del PIB en relación con la excepcional afluencia de refugiados y al 0,19 % del PIB en relación con la protección contra riesgos sísmicos. Las disposiciones del artículo 5, apartado 1, y del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la llegada de refugiados y las medidas de protección antisísmica guardan relación con acontecimientos inusuales, su impacto en las finanzas públicas italianas es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, y para tener en cuenta estos costes adicionales, se redujo el ajuste requerido en 2017 hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

(9)

El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Italia que garantizase una reducción de la tasa nominal del gasto público primario neto (8) no inferior al 0,2 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, se precisó que la evaluación del proyecto de plan presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras la evaluación efectuada por la Comisión sobre la solidez de la recuperación en Italia, que tuvo en cuenta los retos en cuanto a la viabilidad y fue realizada en el contexto de su dictamen sobre el proyecto de plan presupuestario de 2018 de Italia, se requiere un esfuerzo presupuestario estructural del 0,3 % del PIB para 2018, sin ningún margen adicional de desviación durante un año. Esto se traduce en una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto que no supere el 0,5 %. Teniendo en cuenta la evaluación general sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018.

(10)

En 2019, teniendo presente la ratio de deuda pública italiana, superior al 60 % del PIB y la brecha de producción prevista del 0,5 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería sobrepasar el 0,1 %, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencias en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de un desviación significativa con respecto a este requisito en 2019 y para el período 2018-2019 tomado en su conjunto. En principio, no se prevé que Italia cumpla la norma en materia de deuda en 2018 y 2019. Además, situada en torno al 130 % del PIB, la alta ratio de deuda pública de Italia supone que se están asignando recursos significativos para financiar los costes del servicio de la deuda, en detrimento de partidas más generadoras de crecimiento, tales como educación, innovación e infraestructuras. Globalmente, el Consejo considera que se deben adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento a partir de 2018 de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente la utilización de los posibles beneficios excepcionales para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas.

(11)

El gasto de Italia en pensiones, situado aproximadamente en el 15 % del PIB, es actualmente uno de los más elevados de la Unión. Los pasivos implícitos derivados del envejecimiento de la población se vieron restringidos en anteriores reformas de las pensiones, mejorando la sostenibilidad a largo plazo de Italia al adaptar también gradualmente la edad de jubilación a la esperanza de vida. Sin embargo, tanto el presupuesto de 2017 como el de 2018 contenían disposiciones que revirtieron parcialmente esas reformas. Italia tiene una proporción de población de más de 65 años superior a la media de la Unión. Se prevé que esta proporción aumente gradualmente, empeorando así la ratio de dependencia de la tercera edad de Italia. Por lo tanto, el gasto en pensiones aumentará a medio plazo. La gran proporción del gasto público que se destina a pensiones de jubilación también restringe otros gastos sociales, entre ellos los destinados a la lucha contra la pobreza y las partidas de gasto que propician el crecimiento, como la educación, cuya participación en el gasto ha estado marcada por un descenso desde principios del siglo XXI. Respetando al mismo tiempo los principios de equidad y de proporcionalidad, podrían alcanzarse ahorros considerables mediante la intervención en los derechos a pensiones altas no cubiertas por cotizaciones.

(12)

El sistema tributario italiano ejerce un peso considerable sobre el capital y el trabajo, con efectos negativos sobre el crecimiento económico. A pesar de la reciente ampliación de incentivos fiscales específicos, la carga fiscal sobre los factores de producción sigue siendo una de las más elevadas de la Unión, lo que desalienta la inversión y el empleo. Hay margen para reducirla de manera presupuestariamente neutra, pasando a bases tributarias menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos sobre bienes inmuebles y el consumo. El impuesto recurrente sobre los bienes inmuebles que grava las primeras residencias fue derogado en 2015, incluso para las rentas más altas. Además, los valores catastrales suelen estar muy obsoletos en general, y está pendiente una reforma para adecuarlos a los valores de mercado actuales. El número y volumen de los gastos fiscales, en particular en el caso de los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido, son particularmente altos y su racionalización se ha pospuesto de nuevo, a pesar de ser obligatoria en virtud de la legislación nacional. También hay margen para reducir la carga que pesa sobre las empresas y las familias que cumplen sus obligaciones tributarias, reduciendo la complejidad de la legislación tributaria y aumentando el nivel general de dicho cumplimiento. La extensión de la obligación de facturación electrónica a todas las operaciones del sector privado desde 2019 es un paso positivo en esa dirección. No obstante, el aumento de los umbrales legales de los pagos en efectivo podría desalentar el uso de medios de pago electrónicos, cuya obligatoriedad puede mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El Instituto Nacional de Estadística de Italia calcula que la economía sumergida representa en torno al 12,6 % del PIB en 2015, pero no está prevista ninguna acción estratégica para hacer frente a este reto. Alrededor del 15,9 % del empleo no se declara parcial o totalmente, con picos aproximados del 50 % en algunos sectores.

(13)

La inversión disminuyó considerablemente durante la crisis y todavía no ha recuperado su nivel de 2007. A pesar del aumento registrado en 2017, el nivel de inversión sigue siendo bajo en comparación con otros países de la Unión. La inversión privada ha sido particularmente escasa debido a factores estructurales. Entre ellos se incluyen un ambiente menos favorable a las empresas, limitaciones financieras relacionadas con unos mercados de capitales poco desarrollados, el deterioro de los préstamos bancarios y falta de personal cualificado debido, entre otros motivos, a la fuga de cerebros y a un limitado aprendizaje permanente. Los activos inmateriales, tales como la investigación y el desarrollo, la innovación y la formación de los trabajadores, son cruciales para la productividad y el crecimiento económico, y pueden contribuir a explicar las diferencias de productividad entre países. Sin embargo, la inversión en tales activos sigue siendo inferior a la media de la Unión. Esto se debe al gran número de microempresas, a la falta de especialización de Italia en sectores intensivos en conocimiento, y a la limitación de la digitalización y de las competencias digitales. Al mismo tiempo, el gasto público en investigación y desarrollo se ha reducido. La financiación de las pymes depende sobremanera del sector bancario, y el crédito sigue moroso, a pesar de unos costes de financiación que se encuentran a niveles históricamente bajos. Existen también grandes diferencias regionales en la inversión en investigación y desarrollo, la incorporación de los recientes incentivos para las empresas innovadoras y la calidad de la educación. Sobre la base de la evaluación actual de los resultados de las diferentes medidas industriales en virtud de las iniciativas «Financiación para el crecimiento» e «Industria/Empresa 4.0», parece conveniente establecer un marco político a largo plazo para apoyar la inversión, capaz de reforzar los distintos factores que apoyan la innovación, como la disponibilidad de crédito, la fuerte base de investigación, la educación superior y la adecuación de las cualificaciones. Además, parece oportuno considerar las diferencias existentes en los sistemas educativos e industriales regionales.

(14)

La eficiencia del sistema de justicia italiano ha mejorado solo ligeramente en los últimos años y la duración de los procedimientos judiciales sigue siendo un motivo de preocupación, sobre todo en las altas instancias. Por ejemplo, en 2016, el tiempo necesario para resolver contenciosos civiles y mercantiles seguía siendo uno de los más altos de la Unión en todas las instancias. El retraso siguió aumentando en el Tribunal de Casación (Corte suprema di Cassazione), que obtiene uno de los peores resultados de toda la Unión. Durante dos años ha estado pendiente en el Parlamento una importante ley para racionalizar las normas procesales civiles e introducir medidas más disuasorias contra los litigios entablados con temeridad. Además, entre las medidas encaminadas a contener los litigios y reforzar la disciplina procesal, el procedimiento simplificado (rito sommario), no se han convertido en la opción por defecto en los tribunales de apelación, y el uso del filtro de la inadmisibilidad de los recursos sigue siendo desigual y limitado en segunda instancia, por lo que no aporta la reducción esperada de los asuntos admitidos a trámite. Por el contrario, en 2016, el número de asuntos civiles incoados aumentó tanto en primera como en segunda instancia, debido también al aumento constante del porcentaje de recursos. Además, una creciente proporción de recursos de casación fueron declarados inadmisibles en 2016, lo que confirma la reciente tendencia al alza. La capacidad del Tribunal de Casación para hacer frente a esta afluencia de casos se vio negativamente afectada en el contexto de un acusado aumento de los asuntos no penales debido principalmente a casos tributarios, lo que podría socavar su papel. La aplicación adecuada de las normas procesales, incluso contra el uso indebido de los litigios, también podría contribuir a la correcta y eficaz administración de la justicia.

(15)

En Italia, la corrupción sigue representando un reto para la actividad empresarial y la contratación pública. Italia ha mejorado su marco de lucha contra la corrupción mediante la revisión de su legislación sobre prescripción, la ampliación a los trabajadores del sector privado de la protección brindada a los denunciantes de irregularidades, así como una mejor adaptación a las normas internacionales del delito de corrupción entre particulares. Si bien la reforma adoptada sobre la prescripción no suspende los plazos de prescripción tras una condena en primera instancia, según lo recomendado por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, podría reducir los litigios penales abusivos como táctica dilatoria utilizada por los abogados en instancias superiores. Como tal, puede aliviar una preocupación ya antigua en el sentido de que los casos de corrupción acaban prescribiendo tras una condena en primera instancia. La represión de la corrupción podría mejorarse aumentando la eficiencia de la justicia penal. En 2014, Italia registraba el mayor número de asuntos penales pendientes en la Unión en segunda y tercera instancia, debido también a una de las tasas más altas de recursos de casación, lo que resulta en un proceso penal más largo. Incentivar los procedimientos acelerados y evitar que se abuse de los procesos penales podría contribuir a que la justicia y la lucha contra la corrupción fuesen más eficaces. Por otra parte, la Autoridad Nacional de Lucha contra la Corrupción tiene un papel clave en la complicada aplicación del nuevo marco en la materia.

(16)

Mejorar la calidad de la Administración pública italiana repercutiría positivamente en la actividad empresarial y la inversión, así como en la capacidad de las empresas para aprovechar las oportunidades de innovación. La gran variación regional de la capacidad de respuesta de las administraciones hacia las empresas sugiere que los empresarios de zonas específicas se enfrentan a mayores obstáculos a la hora de hacer negocios. En 2015, se aprobó una ley general que permite la reforma de la Administración pública, con potencial para mejorar la eficiencia en beneficio de la economía. Al final de 2017, había concluido la aplicación de la reforma y ahora se requiere su ejecución, en especial en las regiones con peores resultados. En materia de empresas estatales, la reforma tiene por objetivo garantizar una mejor adecuación entre las normas que regulan las empresas estatales y las entidades privadas. Los objetivos declarados son: racionalizar las empresas estatales mediante concentraciones, consolidaciones de empresas no rentables y privatizaciones; aumentar la eficiencia de las restantes empresas, y evitar la proliferación de empresas estatales no esenciales. La ejecución del nuevo marco es fundamental para lograr estos objetivos. Además, los servicios públicos locales están protegidos de la competencia frente al mercado, lo que se traduce en ineficacia, baja calidad de los servicios y descontento de los consumidores. La reforma de la Administración pública de 2015 también preveía un nuevo marco de reforma de la gestión de los servicios públicos locales. Sin embargo, en noviembre de 2016, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el procedimiento seguido para la adopción de determinados decretos legislativos, incluido el relativo a los servicios públicos locales. Como el plazo de los decretos expiró en noviembre de 2016, es necesaria una nueva iniciativa legislativa.

(17)

La mejora del entorno empresarial facilitaría el espíritu empresarial, mientras que la mejora de las condiciones marco para la competencia favorecería una asignación más eficiente de los recursos y aumentos de productividad. La ley de 2015 en materia de competencia fue adoptada en agosto de 2017 y ha de aplicarse correctamente. No obstante, persisten importantes obstáculos a la competencia en determinados sectores, como los servicios profesionales, el transporte público local, el ferrocarril y los sectores minoristas. Potenciar los procedimientos competitivos para la adjudicación de contratos de servicio público y concesiones de acceso a bienes públicos repercutiría positivamente en la calidad de los servicios. En el ámbito de la contratación pública, las ventajas de la reciente reforma dependerán de la finalización a tiempo de esta, de una aplicación coherente de los planes relativos a la contratación pública electrónica y de la activación del órgano central de agregación para la coordinación de las políticas (Cabina di regia per gli appalti pubblici).

(18)

La confianza del mercado en los bancos italianos ha aumentado a raíz de las medidas adoptadas en 2017 para resolver el problema planteado por varios de los bancos más débiles. Gracias a la mejora de las condiciones económicas y a la presión que ejercen los controles, se han logrado progresos en la reducción de los préstamos no productivos, pero el legado sigue pesando mucho. Ello limita la rentabilidad de los bancos y su capacidad de generar capital a nivel interno. El ritmo de liquidación de los préstamos no productivos, que incluye la profundización del mercado secundario de préstamos no productivos, debe mantenerse a fin de consolidar la estabilidad financiera y la concesión de créditos a la economía real. También debe apoyarse una mayor reestructuración y consolidación de los balances, en particular para los bancos pequeños y los de segundo nivel. Esto implica abordar la debilidad estructural de los bancos mediante el recorte de costes y la optimización del modelo de negocio.

(19)

Considerando las diversas reformas en curso de la gobernanza empresarial, la plena aplicación de las reformas de los grandes bancos cooperativos y los pequeños bancos mutualistas propiciará la salud general del sector bancario. Los marcos de insolvencia y de ejecución hipotecaria siguen siendo poco favorables a una rápida puesta a punto y reestructuración de los préstamos no productivos. Adoptar y aplicar rápidamente las medidas legislativas necesarias para la reforma de la insolvencia podría ayudar a corregir las deficiencias estructurales. Las medidas adoptadas en 2016 para acelerar la ejecución de garantías por los bancos todavía no se han utilizado. El marco para la ejecución de garantías extrajudiciales todavía no es plenamente aplicable a los hogares y ha empezado a aplicarse recientemente a las empresas.

(20)

A pesar de los avances realizados gracias a varias medidas políticas adoptadas durante los últimos años, el acceso a la financiación sigue siendo un obstáculo importante para la inversión y la financiación para el crecimiento, en particular de las pymes. Las empresas siguen recurriendo para su financiación fundamentalmente a los bancos, mientras que el mercado de capitales está poco desarrollado en comparación con otros países de la Unión. La proporción de pequeñas y medianas empresas financiadas mediante la venta de acciones es particularmente baja en comparación con la media de la Unión. La introducción de la «desgravación para el capital social» constituyó una reforma importante, pero el tipo de referencia se redujo posteriormente, lo que anuló sus consecuencias positivas. Impulsar el acceso de las empresas a la financiación en el mercado sería un componente esencial a la hora de diversificar sus fuentes de financiación a fin de apoyar la inversión y el crecimiento.

(21)

Las instituciones del mercado laboral se han reformado considerablemente en los últimos años. Las condiciones del mercado laboral siguen mejorando, ya que el número de empleados aumentó un 1,2 % en 2017, superando los 23 millones de personas y recuperando así los niveles anteriores a la crisis. La tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 años superó el 62 % el año pasado, aunque, en gran medida se trataba de empleos temporales. Sin embargo, es una cifra considerablemente inferior a la media de la Unión. La tasa de desempleo cayó al 11,2 % en 2017, pero el total de horas trabajadas es aún considerablemente menor que antes de la recesión. A pesar de las mejoras, el desempleo juvenil y de larga duración sigue siendo elevado, lo que pone en peligro la cohesión social y el crecimiento. Al haberse situado en casi un 20,1 % en 2017, el porcentaje de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación se encuentra entre los más altos de la Unión, y persisten amplias diferencias regionales.

(22)

La negociación salarial a nivel territorial sigue siendo limitada, debido también a la prevalencia de las pequeñas empresas en Italia. Esto puede impedir la adaptación rápida de los salarios a las condiciones económicas locales. A finales de febrero de 2018, Confindustria firmó un acuerdo marco con las tres grandes organizaciones sindicales italianas (Cgil, Csil y Uil), en el que destaca el papel de la negociación de segundo nivel, mediante el aumento de la seguridad jurídica gracias a normas más claras para la representación de los interlocutores sociales en las negociaciones. Las desgravaciones fiscales sobre los incrementos salariales ligados a la productividad establecidos por los acuerdos de segundo nivel se reforzaron en 2017, pero su eficacia es difícil de evaluar. Aunque el número total de convenios colectivos aumenta, tan solo un pequeño porcentaje está firmado por las principales organizaciones sindicales y patronales.

(23)

La reforma de las políticas activas del mercado laboral esbozadas por la Ley de Empleo registró pocos avances en 2017. La formación y el reciclaje son particularmente importantes visto el aumento de la flexibilidad y la proporción de contratos temporales en el mercado laboral italiano. Todavía no se han establecido unas normas de servicio generalmente vinculantes y los servicios de empleo siguen careciendo de personal y de un control adecuado, a pesar de que la nueva ley presupuestaria para 2018 ha asignado a las regiones recursos financieros y humanos adicionales para los servicios públicos de empleo. Aumentar el personal y velar por que tenga una cualificación suficiente para prestar servicios de empleo y servicios sociales es fundamental también para la correcta ejecución del sistema introducido en 2018 de lucha contra la pobreza y para la Garantía Juvenil, cuyo objetivo es ofrecer a los jóvenes que lo necesitan un empleo o una formación adecuados y oportunos.

(24)

La proporción de mujeres que participan en el mercado laboral, aunque creciente, sigue siendo una de las más bajas de la Unión. El impacto de las medidas introducidas recientemente y centradas en el pago en efectivo por parto independientemente de los recursos del beneficiario, no ha sido evaluado por las autoridades italianas. Hay indicios de que esas transferencias de efectivo pueden no ser eficaces para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Además, es poco probable que contribuyan aumentar la natalidad, que se ha estancado en niveles muy bajos durante los últimos 20 años. No existe una estrategia general enfocada a compaginar la vida familiar y profesional. Estas deficiencias se reflejan en la falta de un equilibrio entre sexos en el diseño del permiso parental, en la falta de disposiciones laborales flexibles y en la oferta insuficiente de guarderías y servicios asistenciales adecuados, asequibles y de calidad.

(25)

Introducir medidas para incrementar el capital humano y las cualificaciones ayudaría a mejorar la empleabilidad y a responder a las futuras necesidades del mercado laboral. La calidad general de la escolarización está mejorando, pero persisten grandes disparidades regionales. La proporción de alumnos que abandonan la escuela sin título sigue superando la media de la Unión, especialmente entre los alumnos nacidos en el extranjero (30,1 % en comparación con la media de la Unión del 19,4 %). En general, la aplicación de la reforma escolar es satisfactoria y la educación y la formación profesionales están mejorando. La educación superior, que sufre un grave déficit de financiación pública, ya que representa un gasto de menos del 0,4 % del PIB, se caracteriza por unas altas tasas de abandono y períodos de estudio prolongados. Por ello, el nivel de titulaciones es uno de los más bajos de la Unión (26,9 % de la población entre 30 y 34 años). La tasa de participación en los programas de aprendizaje de adultos aumenta, pero sigue siendo una de las más bajas de la Unión, especialmente para los adultos menos cualificados. Debe fomentarse la mejora de las cualificaciones y el reciclaje profesional, y animarse a los empresarios a ofrecer más oportunidades de aprendizaje a los trabajadores. La aplicación de la estrategia nacional sobre capacidades, iniciada en octubre de 2017, será crucial.

(26)

A diferencia de la tendencia de la Unión, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha seguido aumentando y se situaba en el 30 % en 2016, muy por encima de la media de la Unión. Esto afecta especialmente a niños, trabajadores temporales y migrantes. La desigualdad de rentas es elevada y sigue aumentando. En 2016, los ingresos del 20 % de los hogares más ricos eran 6,3 veces superiores a los del 20 % de los hogares más pobres. Esta proporción es incluso mayor en el caso de las personas en edad de trabajar, pues el efecto redistributivo de las pensiones está excluido. La introducción de un nuevo régimen permanente para abordar la pobreza (Reddito di Inclusione) constituye un paso significativo en las políticas sociales. Concebido como una transferencia universal para las personas que cumplan determinadas condiciones de pobreza, se espera que el régimen aumente la todavía escasa repercusión de las prestaciones sociales en la reducción de la pobreza. El régimen se basa en sólidos mecanismos de gobernanza y se someterá a una evaluación sistemática. Es importante destacar que también se prevé un refuerzo sustancial del personal de los servicios sociales, en la actualidad muy infradotados. Una cooperación más estrecha entre los servicios sociales y los servicios públicos de empleo, así como la asignación de recursos suficientes, será crucial para una aplicación sin problemas de la reforma. El régimen incorpora el antiguo sistema de subsidio de desempleo (ASDI), como primer paso para la racionalización del gasto social. El sistema italiano de asistencia sanitaria ofrece una cobertura universal y la salud de la población es buena en general; no obstante, las necesidades no satisfechas de atención médica son elevadas y persisten diferencias entre regiones en la organización y la calidad de la asistencia sanitaria. Italia ha hecho algunos esfuerzos para garantizar un acceso adecuado a la asistencia sanitaria para todos, por ejemplo, mediante la revisión y la ampliación del conjunto mínimo legal de prestación de servicios asistenciales.

(27)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Italia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Italia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Italia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(28)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (9) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(29)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 4 que figuran a continuación.

1.

2.

3.

4.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Chipre como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Chipre debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones 1, 3 y 5 que figuran más abajo.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Chipre fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), el seguimiento de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Chipre hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Chipre está experimentando desequilibrios macroeconómicos excesivos. En particular, es fundamental que aborde sus grandes desequilibrios en forma de sobreendeudamiento privado, público y exterior, y el alto nivel de préstamos no productivos.

(4)

El 19 de abril de 2018, Chipre presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y el 30 de abril su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Según lo previsto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Chipre se encuentra actualmente sujeto al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé un superávit presupuestario en términos nominales del 1,7 % del PIB en 2018 y ligeramente por debajo del 2,0 % durante el período del programa. Se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo de una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales durante el período 2018-2021. Tras haber disminuido hasta aproximadamente el 97,5 % del PIB en 2017, se espera que la ratio deuda pública/PIB llegue al 105,6 % en 2018 y que descienda constantemente con posterioridad, alcanzando el 88 % en 2021, según el Programa de Estabilidad de 2018. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Los riesgos asociados con las hipótesis macroeconómicas presentadas en el Programa de Estabilidad parecen reducirse y están ligados principalmente al gran volumen de préstamos no productivos en el sector financiero.

(7)

El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Chipre que se mantuviese dentro del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. Esto es coherente con una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) del 1,9 % en 2018, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,4 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,8 % del PIB en 2018 y del 0,5 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que Chipre cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y la norma en materia de deuda en 2019. Globalmente, el Consejo considera que Chipre probablemente cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019. Al mismo tiempo, la evolución del gasto debe ser objeto de un estrecho seguimiento a corto y medio plazo, especialmente en vista de los posibles futuros riesgos para la solidez de los ingresos.

(8)

A pesar de los esfuerzos recientes en materia de Administración electrónica, calidad de la regulación y movilidad del personal, la ineficiencia de la Administración pública sigue siendo un reto y tiene repercusiones sobre la actividad empresarial. Siguen pendientes importantes propuestas legislativas encaminadas a abordar esta cuestión, como los proyectos de ley sobre la reforma de la Administración pública y de los gobiernos locales. Por otra parte, las deficiencias en el marco de gobernanza de las entidades estatales podrían facilitar la acumulación de pasivos contingentes públicos y obstaculizar la capacidad de inversión en servicios esenciales, como telecomunicaciones y energía. La contención de la masa salarial del sector público ha sido un factor significativo en el saneamiento presupuestario de Chipre. Sin embargo, el actual convenio colectivo que limita el aumento de los salarios del sector público expira en 2018 y todavía se carece de una solución más permanente.

(9)

En diciembre de 2017, se adoptó una estrategia nacional de lucha contra la corrupción y su plan de actuación. El organismo existente de lucha contra la corrupción sigue falto de recursos, pero el Gobierno estudia la creación de una nueva agencia independiente. Varias iniciativas legislativas, por ejemplo los proyectos de ley sobre protección de denunciantes, grupos de presión y declaraciones de patrimonio, están siendo examinadas actualmente por el Parlamento y, si se aprueban, también contribuirían a reforzar el marco nacional de lucha contra la corrupción.

(10)

Como se indica en la Recomendación de 2018 para la zona del euro, la lucha contra las estrategias de planificación fiscal abusiva es esencial para impedir las distorsiones de la competencia entre empresas, garantizar la igualdad de trato de los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos para los Estados miembros de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. El elevado nivel de pagos de dividendos e intereses (con relación al PIB) sugiere que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. La ausencia de retención de impuestos sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en países terceros) de dividendos, intereses y cánones realizados por empresas establecidas en Chipre a residentes en países terceros puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos en caso de que tampoco estén sujetos al impuesto en el país beneficiario. La ausencia de tales impuestos, junto con las normas sobre fiscalidad de las empresas residentes, podrían facilitar la planificación fiscal abusiva. Mientras que los regímenes de deducción de los intereses teóricos ayudan a reducir el sesgo de la financiación en favor del endeudamiento, también pueden utilizarse con fines de elusión fiscal si no existen normas efectivas contra los abusos. La Comisión toma nota de las recientes medidas positivas que han sido anunciadas o adoptadas (es decir, la anunciada revisión de las normas sobre residencia fiscal corporativa y los cambios previstos en las disposiciones sobre precios de transferencia). Sobre la base de recientes conversaciones, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes.

(11)

Las ineficiencias en el sistema judicial siguen afectando a la ejecución de los contratos y a la rápida resolución de los asuntos civiles y mercantiles. Los engorrosos procesos civiles y la deficiente aplicación de las decisiones judiciales pesan sobre los incentivos de los bancos para utilizar los marcos de insolvencia y de ejecución hipotecaria con objeto de reducir el volumen de sus préstamos no productivos. Una serie de reformas han empezado a abordar los problemas más importantes del sistema judicial, en particular la escasa digitalización de los tribunales y la falta de formación permanente de los jueces.

(12)

La utilización de los nuevos marcos de insolvencia y de ejecución hipotecaria siguen siendo limitados, socavando los esfuerzos destinados a reducir los préstamos no productivos. Se creó un grupo de trabajo de las partes interesadas para revisar la aplicación y el cumplimiento de los marcos. Se han adoptado medidas administrativas para reducir el retraso en la expedición de las escrituras de propiedad. Sin embargo, persisten los grandes retrasos y todavía está pendiente una solución estructural a las deficiencias del sistema de transmisión de bienes inmuebles (es decir, la expedición y transferencia de escrituras de propiedad).

(13)

El alto nivel de préstamos no productivos sigue siendo uno de los principales puntos débiles del sector bancario y afecta a la oferta de crédito. Los bancos siguen enfrentándose a obstáculos para hacer valer sus derechos frente a los prestatarios en situación de impago y la deficiente disciplina de los reembolsos sigue siendo problemática. En 2017, los préstamos no productivos se redujeron, aunque de forma desigual en función de los bancos, como consecuencia de la reestructuración de la deuda a través de condonaciones y permutas financieras. Persisten dudas sobre la viabilidad de los planes de reducción de los bancos, ya que los nuevos impagos de préstamos y la reestructuración siguen siendo altos y la exposición directa de los bancos al mercado inmobiliario aumenta. Estos factores apuntan a la necesidad de una rápida aplicación de una estrategia más general para acelerar el saneamiento de los balances de los bancos, teniendo en cuenta las consecuencias sociales para los grupos vulnerables, y de incentivos cuidadosamente diseñados para reforzar la disciplina en los reembolsos. Como parte de esta estrategia, parecen necesarias modificaciones legislativas para permitir la aplicación eficaz de los créditos y facilitar la venta de préstamos, incluidas las relativas a la protección del prestatario y a la introducción de las subastas electrónicas. Además, la gobernanza y la capacidad administrativa de la supervisión de los seguros y los valores siguen siendo deficientes. El Gobierno tiene la intención de presentar propuestas legislativas en el curso de 2018 para abordar este problema.

(14)

La aplicación del plan de acción para el crecimiento ha dado lugar a ciertos progresos en los ámbitos de las inversiones estratégicas, el espíritu empresarial y la mejora de la reglamentación. Sin embargo, algunas importantes reformas se han estancado, especialmente en lo que respecta a la concesión de licencias para proyectos de inversión. El acceso a la financiación ha mejorado gracias a ciertas mejoras en materia de garantías, pero sigue siendo un problema importante, en particular para las pymes. Las medidas de apoyo financiero se basan principalmente en subvenciones. Las fuentes alternativas de financiación, como el capital de riesgo, la financiación mediante fondos propios y la microfinanciación colectiva, siguen siendo marginales para las empresas chipriotas. Los esfuerzos de privatización destinados a atraer inversión extranjera que aumente la productividad se han suspendido en muchos casos y solo unos pocos proyectos de privatización avanzan gradualmente (por ejemplo, el puerto de Larnaca).

(15)

El empleo aumenta y el desempleo disminuye rápidamente, aunque sigue siendo elevado entre los jóvenes y los desempleados de larga duración. Prosiguen los esfuerzos para mejorar la capacidad administrativa de los servicios públicos de empleo. No obstante, siguen suponiendo un reto prestar servicios a las empresas, asegurar la clasificación de clientes, la orientación personalizada y la activación, en particular para los beneficiarios de la renta mínima garantizada. El porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que ni estudian, ni trabajan ni se forman profesionalmente se encuentra entre los más altos de la Unión. Las medidas de divulgación y asistencia personalizada y oportuna a los jóvenes son limitadas, como lo confirma su escasa presencia en los correspondientes sistemas de activación.

(16)

La modernización del sector de la educación ha avanzado, pero persisten importantes retos. Entre los recientes hechos positivos cabe citar una revisión exhaustiva de los programas escolares y la aplicación de un nuevo sistema de nombramiento de profesores. El gasto en educación de Chipre está por encima de la media de la Unión, lo que demuestra un fuerte compromiso con la educación, la formación y el aprendizaje permanente. Sin embargo, los resultados educativos siguen siendo insatisfactorios y el abandono escolar prematuro, aunque muy por debajo de la media de la Unión, ha aumentado de manera considerable. La participación en la educación y la formación profesionales es baja, la reforma del sistema de evaluación de profesores está todavía pendiente y una gran proporción de titulados de la enseñanza superior sigue trabajando en empleos que no requieren necesariamente una titulación académica.

(17)

Chipre ha realizado avances importantes en el ámbito de la asistencia sanitaria mediante la adopción de legislación para establecer el nuevo Sistema Nacional de Salud, que pretende mejorar el acceso, introducir la cobertura sanitaria universal, reducir el elevado nivel de pagos directos y aumentar la eficiencia de la prestación de asistencia sanitaria en el sector público. Antes de que el sistema esté a pleno funcionamiento en 2020, se plantean importantes problemas de aplicación así como necesidades de inversión. Es preciso proseguir los esfuerzos para protegerse contra posibles sobrecostes, modernizar y mejorar la eficiencia de los prestadores de asistencia sanitaria, incluida la atención sanitaria primaria, la introducción de la salud electrónica y la creación de la Organización Nacional de Medicamentos. El nivel de los cuidados de larga duración es bajo y sigue constituyendo un reto, dado el creciente envejecimiento de la población.

(18)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Chipre y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Chipre en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Chipre, sino también en qué medida cumplen las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(19)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y estima (7) que cabe esperar que Chipre cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(20)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en la recomendaciones 1 a 5 que figuran a continuación.

1.

2.

3.

4.

5.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Letonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Letonia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular las recomendaciones 1 y 2.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Letonia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Letonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Letonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(4)

Letonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 11 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 16 de abril de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Letonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé un deterioro del saldo global desde un déficit del 0,5 % del PIB en 2017 a un 0,9 % tanto en 2018 como 2019, antes de una mejora hasta el 0,4 % en 2020 y 2021. Se espera que esta evolución sea coherente con el objetivo presupuestario a medio plazo de un déficit estructural del 1 % del PIB, y las desviaciones permitidas deberían basarse en la reforma de las pensiones y en la cláusula de reforma estructural para el sector sanitario. Se estima que el saldo estructural recalculado (6) pasará del – 1,2 % del PIB en 2017 al – 1,7 % en 2018 para luego descender hasta el – 1,5 % en 2019. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se espera que la ratio deuda pública/PIB baje del 40,1 % en 2017 a aproximadamente el 36 % en 2021. Las previsiones de crecimiento del PIB recogidas en el Programa de Estabilidad de 2018 parecen claramente favorables para 2018 y verosímiles para 2019 en comparación con las previsiones de la Comisión. Los riesgos para la posición presupuestaria marcan una tendencia a la baja debido a las previsiones optimistas sobre los resultados de las medidas destinadas a mejorar la recaudación tributaria.

(7)

El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó que Letonia alcanzara su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018, teniendo en cuenta los derechos vinculados a la aplicación de la reforma del sistema de pensiones y de las reformas estructurales para las que se concede una excepción temporal. Esto es coherente con una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) del 6,0 % en 2018, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,3 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto al objetivo presupuestario a medio plazo en 2018. Sin embargo, debido a unos resultados mejores de lo previsto para 2017, este riesgo puede ser menor en 2018. Al mismo tiempo, el instrumento de verosimilitud basado en las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión indica un alto grado de incertidumbre acerca de la estimación de la brecha de producción de Letonia sobre la base de la metodología común. En caso de confirmarse, estos factores se tendrán en cuenta en la evaluación a posteriori de 2018 que se efectuará en la primavera de 2019.

(8)

En 2019, Letonia debería alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta los derechos vinculados a la aplicación de las reformas estructurales en el sector de la sanidad para 2017-2019. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 4,3 % en 2019, que corresponde a una mejora del saldo estructural requerida del 0,4 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé una desviación significativa con respecto a ese criterio en 2019 y en 2018 y 2019 tomados en su conjunto. En términos generales, el Consejo considera que a partir de 2018 deberán tomarse medidas para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(9)

La desigualdad de rentas en Letonia es elevada. La proporción de ingresos del 20 % de los hogares más ricos con respecto al 20 % más pobres se situaba en el 6,3 en 2017, una de las más altas de la Unión, ya que la redistribución a través del sistema tributario y de prestaciones es inferior. El sistema tributario letón se ha reorganizado y se ha incrementado la progresividad del impuesto sobre la renta; no obstante, la cuña fiscal sobre los trabajadores con salarios bajos sigue siendo relativamente elevada y desincentiva el empleo formal. La reforma tributaria es limitada en términos de desplazamiento de la fiscalidad a otras fuentes de impuestos menos perjudiciales para el crecimiento y para lograr el objetivo declarado de aumentar la cuota de los ingresos tributarios en el PIB. La baja proporción de los ingresos tributarios en el PIB limita los recursos para la sostenibilidad de la prestación de servicios públicos y la inclusión social. El potencial de ingresos de la tributación sobre los bienes inmuebles y sobre el capital está infrautilizado en relación con otros países de la Unión. A pesar de algunos progresos en la lucha contra la evasión fiscal, el cumplimiento de las obligaciones tributarias sigue planteando un reto importante.

(10)

Las insuficiencias de la red de seguridad social se ven reflejadas en la gran proporción de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y plantean retos por lo que respecta a la renta mínima, las pensiones y la inclusión de las personas con discapacidad. Las tasas de pobreza entre las personas con discapacidad y las de edad avanzada ha aumentado en los últimos años y se encuentran entre las más altas de la Unión. La reforma del nivel de renta mínima, anunciada en 2014, no se ha materializado, lo que afecta negativamente a los hogares más pobres. La adecuación de las prestaciones de asistencia social solo aumentó ligeramente y sigue siendo baja. La pensión mínima de jubilación no se ha incrementado desde 2006. El porcentaje de personas que sufren privación grave de vivienda es una de las más altas de la Unión y la vivienda social escasea.

(11)

El mercado laboral se está endureciendo debido a la adversa evolución demográfica y a la emigración. Aunque el crecimiento del empleo se ve limitado por la caída de la oferta de mano de obra, las oportunidades de empleo varían entre regiones y niveles de cualificaciones. La reforma de los planes de estudio en la enseñanza y la formación profesionales, cuyo objetivo es adaptarlos a las exigencias contemporáneas, ha progresado. Sin embargo, son necesarios esfuerzos adicionales para aplicar plenamente la reforma y aumentar la participación en la educación y la formación profesionales inicial y continuada. Ha comenzado la aplicación del nuevo enfoque de aprendizaje basado en el trabajo, con la participación de interlocutores sociales y empresas. Sin embargo, son pocos los estudiantes inscritos en este régimen. La participación de los adultos en actividades de aprendizaje solo ha aumentado ligeramente y la de los desempleados en medidas activas del mercado laboral es inferior a la de la mayor parte de los demás Estados miembros. Esto es preocupante en el contexto de una alta tasa de desempleo de las personas poco cualificadas. En un contexto más amplio, reforzar la capacidad de los interlocutores sociales es importante para fomentar su participación.

(12)

Se han aplicado reformas en el sistema sanitario. Se espera que el aumento de la financiación de la asistencia sanitaria aborde algunas restricciones de acceso relacionadas con los límites del servicio anual y unos largos plazos de espera. Sin embargo, la financiación pública de la asistencia sanitaria sigue estando muy por debajo de la media de la Unión y aún están pendientes de aplicación medidas que incrementen la eficiencia, como medidas de prevención efectivas, la racionalización del sector hospitalario, el refuerzo de la atención primaria y la atención especial prestada a la gestión de la calidad. Los resultados en el campo de la salud son relativamente pobres y el acceso oportuno a una asistencia sanitaria asequible para todos sigue siendo un motivo de preocupación. Los elevados pagos directos y la división de los servicios sanitarios en dos grupos («completo» y «mínimo») podría reducir el acceso de algunos grupos y provocar efectos negativos para la salud.

(13)

Las insuficiencias en la calidad de la regulación y la escasa eficacia y eficiencia de la Administración pública obstaculizan las actividades empresariales. En 2017, el Gobierno adoptó un ambicioso plan de reformas para lograr un sector público más eficiente y profesional a través de reducciones de personal y la centralización de las funciones de apoyo, reforzando al mismo tiempo los salarios basados en el rendimiento y aumentando la transparencia. No obstante, este plan se limita a la Administración central, a pesar de que también podría lograrse un aumento significativo de la eficiencia a nivel municipal. Las empresas públicas, que representan una parte considerable de la economía, son coordinadas por el Gobierno. Mientras que las empresas propiedad del Gobierno central están sujetas a una gestión centralizada, los puertos y las empresas de propiedad municipal quedan excluidas de este mecanismo.

(14)

La corrupción daña a las actividades empresariales en Letonia, y la prevención de los conflictos de intereses sigue siendo rígida y formalista. Los retrasos a la hora de legislar en materia de protección de los denunciantes obstaculizan la rendición de cuentas y la eficiencia de la Administración Pública. La regulación del proceso concursal se ha reforzado considerablemente en los últimos años, lo que limita las posibilidades de abusos. No obstante, el Consejo del Poder Judicial impulsó la investigación de acusaciones de abusos en el pasado en el sistema concursal mediante la revisión de algunos asuntos, recomendando mejorar la evaluación de las cualificaciones de los jueces y reconsiderando las medidas disciplinarias existentes.

(15)

Los bancos letones que tienen clientes no residentes están expuestos a un elevado riesgo de participación en el blanqueo de capitales. Esto crea problemas para la integridad del sector financiero letón, podría dañar su reputación y afectar negativamente a la inversión y al crecimiento económico. La normativa contra el blanqueo de capitales ha sido reforzada recientemente, pero deberán continuar los esfuerzos para lograr una mejora sostenible. Letonia ha adoptado recientemente una ley destinada a limitar la exposición de su sector financiero al riesgo de blanqueo. Sus elementos clave son el refuerzo del intercambio de información entre entidades financieras y organismos policiales y judiciales y la supresión de las operaciones con sociedades ficticias. Las consecuencias de la ley y su eficacia habrán de ser objeto de seguimiento.

(16)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Letonia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Letonia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Letonia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(17)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1.

1.

2.

3.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Lituania como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Lituania debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la recomendación 1.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Lituania fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Lituania de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Lituania hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(4)

Lituania presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 26 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 30 de abril de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Lituania se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé mantener un superávit global del 0,6 % del PIB de 2018 a 2020, antes de su reducción prevista al 0,3 % del PIB, en 2021. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1 % del PIB) se alcance a lo largo de todo el periodo del programa. En 2016 y 2017, también se concedió a Lituania una desviación temporal vinculada a la aplicación de la reforma sistémica de las pensiones y de las reformas estructurales. Estas desviaciones se han prorrogado por un periodo de tres años. Con arreglo al Programa de Estabilidad de 2018, se prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya del 39,7 % del PIB en 2017 al 35,3 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de superávit previstos a partir de 2019 no se han concretado suficientemente.

(7)

Con respecto a 2017, el 11 de julio de 2017 el Consejo recomendó a Lituania que permaneciese en su objetivo presupuestario a medio plazo en 2018, teniendo en cuenta los márgenes de maniobra vinculados a la aplicación de la reforma sistémica de las pensiones y de las reformas estructurales para las que se concedió una desviación temporal. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) del 6,4 % en 2018, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,6 % del PIB. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el déficit estructural de Lituania permanezca en el 0,7 % del PIB en 2018 y en el 0,6 % del PIB en 2019. Por tanto, se prevé que el saldo estructural permanezca por encima del objetivo presupuestario a medio plazo en ambos años. En general, el Consejo considera que Lituania cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

(8)

Los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales y los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles siguen siendo inferiores a la media de la Unión. Lituania ha emprendido una reforma de su régimen tributario sobre los bienes inmuebles, que introduce un elemento de progresividad en el sistema, y ha suprimido las exenciones de impuestos especiales para el carbón y el coque utilizados para calefacción. Sin embargo, continúa existiendo un margen para ampliar la base impositiva a otras fuentes que sean menos perjudiciales para el crecimiento. Si bien en los últimos años Lituania ha mejorado en la recaudación del IVA, su brecha del IVA sigue siendo una de las más elevadas de la Unión. Lituania está tomando medidas adicionales para combatir la evasión fiscal y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y las medidas aplicadas recientemente están arrojando los primeros resultados positivos. Aumentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales podría incrementar los ingresos presupuestarios y mejorar la equidad del sistema tributario.

(9)

Con la introducción de una nueva fórmula de indexación de las pensiones en 2018, que las vincula al crecimiento de la masa salarial, se prevé que el porcentaje de gasto público en pensiones del PIB se mantendrá estable hasta 2040. De este modo se garantizaría la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones lituano. Sin embargo, esta evolución está impulsada principalmente por una disminución de la ratio de beneficio dado que se prevé que la masa salarial total aumente a un ritmo más lento que los salarios, debido a la rápida disminución de la población en edad de trabajar. Esto suscita preocupación por la adecuación de las pensiones, que ya están entre las más bajas de la Unión. Tampoco está claro cómo funcionará en la práctica esta reforma, ya que el Gobierno está jurídicamente obligado a proponer medidas en caso de un descenso de la tasa de sustitución. Si la tasa de sustitución no sufriese modificación alguna, el total del gasto en pensiones como porcentaje del PIB aumentaría en casi un 45 % a finales de la década de 2040, sometiendo así a una fuerte presión a las finanzas públicas. Por consiguiente, es importante aclarar la incertidumbre jurídica sobre la legislación en materia de pensiones y garantizar la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo del sistema de pensiones, ocupándose al mismo tiempo de su baja adecuación.

(10)

El mercado laboral está endureciendo rápidamente sus condiciones como consecuencia de un crecimiento económico sólido, pero también debido a circunstancias adversas en la evolución demográfica y la emigración, que ya están llevando a una carencia de competencias. Tal situación exige un sistema de educación y formación capaz de proporcionar a todos los ciudadanos las competencias necesarias. Mientras que las reformas iniciadas durante el año pasado constituyen un paso en la buena dirección, es importante que Lituania aplique estas reformas para mejorar los resultados de sus sistemas de educación y formación. Las normas en materia de acreditación y financiación en la educación superior de Lituania contribuyen a aumentar el número de personas con educación superior, pero, al mismo tiempo, han contribuido a aumentar la preocupación por su calidad, fragmentación y adecuación a las exigencias del mercado laboral. La consolidación universitaria en curso, si se complementa con cambios en las normas en materia de acreditación y financiación, debería contribuir a hacer frente a los desafíos actuales. Además, la persistente presión demográfica ha afectado a la eficiencia del sistema educativo y ha hecho más urgente la necesidad de facilitar un acceso equitativo a una educación inclusiva y de calidad. Para abordar los resultados educativos inferiores a la media en competencias básicas en Lituania, se precisan reformas en la formación inicial, las carreras y las condiciones de trabajo de los docentes, junto con otras reformas centradas en la calidad.

(11)

La baja participación de los adultos en el aprendizaje en Lituania indica que el aprendizaje de adultos sigue estando poco desarrollado y no permite que la economía se beneficie de la mejora de las capacidades, la innovación y la mejor integración de las personas desfavorecidas en el mercado laboral (por ejemplo, los adultos de más edad, los desempleados o los inactivos). A pesar de las inversiones en infraestructuras, el contenido de la educación y la formación profesionales está a menudo desfasado, mientras que podría avanzarse en su armonización con las necesidades de los mercados de trabajo locales y regionales. El aprendizaje en el lugar de trabajo se encuentra todavía en fase inicial y podría ampliarse. Las medidas activas del mercado de trabajo contienen una mayor oferta de formación, pero esta oferta podría mejorarse. Las recientes reformas y medidas adoptadas en este ámbito no han tenido resultados significativos hasta la fecha. En un contexto más amplio, es importante reforzar la capacidad de los interlocutores sociales para fomentar su participación.

(12)

Persisten las carencias en materia de atención sanitaria, que están teniendo un impacto negativo sobre la productividad, la competitividad de la economía y la calidad de vida. La prestación de servicios sanitarios sigue dependiendo demasiado de la atención hospitalaria, dejando margen para seguir reforzando la atención primaria. Una mayor racionalización de los recursos, junto con medidas destinadas a mejorar la calidad de la atención primaria y hospitalaria, son fundamentales para mejorar la eficacia de los servicios sanitarios. Las políticas de promoción de la salud y la prevención de enfermedades deberían frenar los comportamientos de riesgo con mayor firmeza y rapidez. Sin embargo, la escala de estas políticas sigue siendo reducida, mientras que la colaboración entre los diversos estamentos está infradesarrollada y la obligación de rendir cuentas por los resultados no está suficientemente integrada a nivel municipal. Un alto grado de dependencia de los pagos directos, el bajo nivel de gasto en salud y una asignación ineficiente de recursos limitan la eficiencia del sistema de asistencia sanitaria.

(13)

El alto porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, junto con la elevada desigualdad de ingresos, siguen constituyendo retos importantes para Lituania que dificultan sus perspectivas de crecimiento económico. También amenazan la cohesión social y pueden avivar la emigración. Pese al crecimiento económico continuado, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad, los niños, los hogares monoparentales y los desempleados se enfrentan al riesgo más elevado de pobreza y exclusión social. La capacidad de corrección del sistema fiscal y de prestaciones sociales de Lituania es una de las más bajas de la Unión. Aunque se han dado pasos iniciales importantes para luchar contra la pobreza y la desigualdad de ingresos, el país todavía tiene un largo camino por recorrer para converger hacia las medias de la Unión en estos aspectos. La relativamente elevada cuña fiscal sobre los trabajadores con bajos ingresos podría limitar sus incentivos para trabajar y aumentar el riesgo de pobreza y las desigualdades. Los niveles de pobreza y desigualdad podrían reducirse incentivando la participación en el mercado de trabajo, en particular entre las personas pertenecientes a grupos vulnerables y con bajos ingresos, y aumentando la capacidad de corrección del sistema fiscal y de prestaciones con la ayuda de una mejor recaudación de impuestos. Dichas medidas también podrían aumentar la justicia social.

(14)

Después de haberse moderado desde el año 2012, el crecimiento de la productividad se recuperó en 2017, aliviando las presiones sobre la competitividad de los costes. No obstante, esta mejora está impulsada en gran medida por el sector privado. Apenas se han logrado pequeños avances en la mejora de la eficiencia de la inversión pública. En particular, la eficiencia del gasto público en I+D y la cooperación entre las empresas y la ciencia se mantienen en niveles bajos. Por otra parte, la inversión pública en I+D disminuyó considerablemente en 2016. La fragmentación de la coordinación y la gobernanza de la política de investigación e innovación generó ineficiencias e impidió que las empresas se beneficiasen plenamente de la variedad de los sistemas de apoyo. Nuevos avances en la reforma en curso de la organización y financiación del sector de la investigación pública deberán contribuir a un mejor uso de los recursos disponibles.

(15)

Lituania ha progresado en la consolidación de su marco de prevención de la corrupción mediante la adopción de legislación relativa a la defensa de intereses y a la protección de denunciantes para los trabajadores de los sectores público y privado. No obstante, la aplicación de la legislación sigue constituyendo un reto. La corrupción en el sector de la salud sigue preocupando, a pesar de los encomiables resultados del programa de «manos limpias» del Gobierno.

(16)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Lituania y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Lituania en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Lituania, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(17)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y estima (7) que cabe esperar que Lituania cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

1.

2.

3.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Luxemburgo como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Luxemburgo debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 2 que figuran más abajo.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Luxemburgo se publicó el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), el seguimiento de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Luxemburgo hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(4)

El 30 de abril de 2018, Luxemburgo presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Luxemburgo se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018 el Gobierno prevé un descenso del superávit global desde el 1,5 % del PIB en 2017 al 1,1 % en 2018, seguido posteriormente de un incremento casi constante, para alcanzar un superávit del 2,4 % en 2022. El objetivo presupuestario a medio plazo (déficit estructural del 0,5 % del PIB) sigue cumpliéndose con un margen a lo largo de todo el período del programa. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se espera que la ratio deuda pública/PIB permanezca muy por debajo del 60 % del valor de referencia del PIB establecido en el Tratado. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es favorable para el período hasta 2020 y verosímil posteriormente. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,8 % del PIB en 2018 y del 0,3 % en 2019, inferior, en particular en 2019, a lo previsto en el Programa de Estabilidad de 2018, aunque todavía por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. En general, el Consejo estima que Luxemburgo cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.

(7)

La economía luxemburguesa continúa registrando una expansión sólida y ha obtenido mejores resultados que la media de la zona del euro desde la recesión mundial de 2009. El sector financiero sigue siendo el principal motor del crecimiento económico y se muestra sano y rentable. Esto se refleja en fuertes superávits en la balanza de servicios y en la balanza por cuenta corriente. La contribución relativa media del sector exterior al crecimiento del PIB real representó un 61 % en 2013-2016, a pesar de una balanza comercial que se mantiene negativa. Luxemburgo es un acreedor neto con respecto al resto del mundo y, a finales de 2016, los activos y pasivos externos brutos alcanzaban los 10,5 billones EUR. Las autoridades nacionales han seguido aplicando medidas de supervisión y macroprudenciales, y los intermediarios financieros afectados se están adaptando al cambiante marco político nacional y de la Unión.

(8)

Según lo indicado en la Recomendación para la zona del euro, la lucha contra las estrategias de planificación fiscal abusiva es indispensable para prevenir las distorsiones de la competencia entre empresas, proporcionar un trato equitativo a los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos para los Estados miembros de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. A pesar del tamaño de su sector financiero, el alto nivel de pagos de dividendos, intereses y cánones como porcentaje del PIB sugiere que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. La mayor parte de la inversión directa extranjera está en manos de entidades con fines especiales. La ausencia de retención en origen sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en países terceros) de intereses y cánones, y la exención de las retenciones en origen sobre los pagos de dividendos en determinadas circunstancias puede dar lugar a que dichos pagos eludan los impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el país receptor. La Comisión toma nota de las medidas positivas tomadas por Luxemburgo (por ejemplo la adopción de un régimen de reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles conforme con las normas internacionales). Sobre la base de las últimas gestiones ante las autoridades luxemburguesas, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes.

(9)

Durante varios decenios las autoridades luxemburguesas han intentado activamente diversificar la economía mediante el desarrollo de determinados sectores, en particular el de las tecnologías de la información y la comunicación y el sector espacial. Teniendo en cuenta los elevados costes laborales del país, las actividades con mayor valor añadido encierran potencial para aprovechar otras fuentes de crecimiento. Por ello, el éxito de la diversificación de la economía luxemburguesa depende en gran medida de sectores que son menos sensibles a los niveles de costes laborales. Estos sectores se basan en gran medida en la investigación y la innovación, que tienden a requerir una gran intensidad de tecnología y conocimientos. Esta estrategia se ha intensificado recientemente. Se están ejecutando grandes proyectos de inversión pública, incluidos los reglamentos sobre I+D y de mercado, entre otras medidas enfocadas a desarrollar los sectores prioritarios. Entre 2000 y 2016, Luxemburgo quintuplicó su gasto público en I+D, alcanzando el 0,60 % del PIB. Estas inversiones han llevado a Luxemburgo a crear rápidamente un buen sistema público de investigación. Sin embargo, aunque la inversión pública en I+D se sitúa por encima de la media de la zona del euro, ello no ha impedido que la inversión privada en I+D y los resultados de la innovación, medidos con arreglo al cuadro europeo de indicadores de innovación, sigan bajando. La estructura de la economía luxemburguesa explica en parte la menor intensidad de la I+D empresarial con respecto a los resultados internacionales, porque los sectores que aportan el mayor porcentaje del PIB de Luxemburgo, concretamente el sector de los servicios y en particular el sector financiero, invierten tradicionalmente menos en I+D. No obstante, esta tendencia es más acentuada en Luxemburgo en comparación con la media de la Unión, y la intensidad de la I+D empresarial se redujo al 0,64 % del PIB en 2016, desde el 1,5 % registrado en 2000. La tendencia descendente de la inversión privada indica que siguen existiendo obstáculos en dicho ámbito. Esto apunta también a una falta de efecto de apalancamiento de los esfuerzos públicos de I+D sobre la inversión de las empresas. Por consiguiente, la creación de capacidades de investigación pública tendría que estar mejor integrada en un enfoque general del «ecosistema de innovación». En 2017 se aprobó una nueva ley destinada a renovar los regímenes de ayudas para investigación, desarrollo e innovación ampliando el ámbito de aplicación de las ayudas públicas disponibles.

(10)

Se prevé que Luxemburgo incumplirá su objetivo para 2020 de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La contaminación atmosférica y la congestión del tráfico en horas punta constituyen problemas importantes para el país y han exacerbado las concentraciones de dióxido de nitrógeno y las emisiones de gases de efecto invernadero. En 2015, más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero procedían del sector del transporte. La baja fiscalidad del combustible utilizado en el transporte, el gran número de vehículos de empresa y el alto precio de la vivienda son los principales factores que estimulan los elevados niveles de uso de vehículos privados e incrementan el número de trabajadores transfronterizos. Los tipos impositivos del combustible de transporte son de los más bajos de la Unión e incentivan un mayor consumo, incluidas ventas transfronterizas. No obstante, ciertas medidas recientes han fomentado el desarrollo de una movilidad más sostenible, en particular a través de la reforma fiscal de 2016, pero también gracias a una inversión considerable en transporte público. Los retos más urgentes son, en particular, completar y mejorar las infraestructuras ferroviarias.

(11)

Luxemburgo mantiene su compromiso de reducir las restricciones reglamentarias en el sector de los servicios a empresas. Las medidas recientes se han centrado sobre todo en las profesiones de arquitecto e ingeniero, y se han anunciado reformas adicionales para reducir aún más las restricciones en ambas. Además, la denominada «Ley Ómnibus» adoptada en marzo de 2017 introdujo medidas de simplificación administrativa (es decir, permitir el control horizontal de los procedimientos administrativos). Sin embargo, en Luxemburgo persisten obstáculos reglamentarios en el sector de las empresas de servicios. La falta de un procedimiento específico de evaluación de la equivalencia de los requisitos de seguro profesional que permita una cobertura equivalente del seguro por parte de los proveedores de servicios de otros Estados miembros puede ser una fuente de restricciones. Las profesiones jurídicas están especialmente afectadas por normas que son muy restrictivas en comparación con la media de la Unión. El amplio alcance de las actividades reservadas tiene un impacto en la prestación de servicios de asesoría jurídica por parte de los abogados u otros proveedores de servicios, en particular para los servicios en línea. Otras restricciones son la forma jurídica y los requisitos para la participación en el capital, las normas de incompatibilidad y las restricciones multidisciplinarias.

(12)

Sigue preocupando la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas debido al aumento previsto de los costes relacionados con el envejecimiento. Se prevé un notable aumento de la población de edad avanzada que será dependiente en 2070 y, según las previsiones de 2016 de la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, el equilibrio operativo del sistema de pensiones registrará un déficit en 2023. No obstante, se han ahorrado los superávit pasados y actuales del sistema de pensiones y las reservas acumuladas mantendrán la viabilidad del sistema durante otros veinte años. Según el informe de 2018 al respecto, los costes derivados del envejecimiento de la población deberían aumentar en 13 puntos porcentuales del PIB entre 2016 y 2070 y superar los umbrales de sostenibilidad, y se derivarían particularmente de las pensiones (8,9 puntos porcentuales). El gasto en cuidados de larga duración en porcentaje del PIB es uno de los más altos de los Estados miembros y, pese a la reforma aprobada en 2017, se prevé que hasta 2070 aumente en 3 puntos porcentuales respecto del nivel actual.

(13)

La tasa de empleo de las personas de más edad sigue siendo especialmente baja y se requieren nuevas medidas para mejorar su empleabilidad y sus oportunidades en el mercado de trabajo. Esto también es importante para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Siguen estando generalizados los regímenes de jubilación anticipada que fomentan que los trabajadores abandonen el empleo: así, el 59,2 % de las pensiones acordadas recientemente corresponden a jubilaciones anticipadas. En diciembre de 2017, se aprobó una ley que suprime los regímenes de jubilación anticipada, pero su impacto neto sobre la edad media efectiva de jubilación y los gastos es incierto, ya que relaja los requisitos en otros regímenes de jubilación anticipada. Este deficiente comportamiento del mercado laboral puede atribuirse en parte a la desincentivación financiera del trabajo, que es comparativamente más elevada para este grupo. Fomentar el empleo de los trabajadores de edad avanzada requiere una estrategia general que incluya medidas para ayudarles a seguir en activo durante más tiempo. El «Pacto de la Edad», un proyecto de ley presentado al Parlamento en abril de 2014 cuyo objetivo es animar a las empresas con más de 150 empleados a contratar y mantener a trabajadores mayores gracias a medidas de gestión de la edad, está aún pendiente en el Parlamento. Por lo que se refiere a la educación, Luxemburgo debe abordar el fuerte impacto de la situación socioeconómica de los estudiantes en sus resultados educativos. Esto también es importante para responder a la gran demanda de conocimientos muy especializados.

(14)

Los precios de la vivienda han seguido creciendo, lo que puede minar la capacidad de atraer y retener a trabajadores cualificados, una gran proporción de los cuales no son luxemburgueses. La presión sobre los precios de la vivienda se deriva de un desajuste fundamental entre oferta y demanda. Por lo que respecta a la oferta, la falta de terrenos y de incentivos para que los propietarios privados vendan terrenos o edificios parece representar un obstáculo a la construcción de nuevas viviendas. Es necesario seguir trabajando para fomentar la inversión en vivienda, aumentando los incentivos para la promoción de la venta de bienes inmuebles, mejorando los procedimientos administrativos de concesión de licencias de obras y ofreciendo viviendas sociales asequibles. La reforma tributaria recientemente aprobada en relación con las plusvalías sobre las ventas de bienes inmuebles y la actualización del programa de vivienda social hace improbable que aumente la oferta inmobiliaria, dada la constante tendencia al aumento de los precios. Por el lado de la demanda, la gran población y el crecimiento del empleo empujan los precios al alza. La situación del mercado de la vivienda agrava además el problema de la congestión del tráfico y la contaminación. Además, este aumento de precios repercute en el endeudamiento de los hogares, lo que suscita inquietud sobre la sostenibilidad de esta deuda, pues dicho endeudamiento se ha incrementado rápidamente en los últimos diez años para alcanzar, se estima, el 165 % de la renta disponible en 2016, lo que refleja la inflación de precios de los bienes inmuebles, ya que casi el 80 % de la deuda de los hogares se deriva de préstamos hipotecarios. No obstante, Luxemburgo ya ha introducido las medidas macroprudenciales pertinentes para reducir significativamente los posibles riesgos para la estabilidad financiera. A raíz de las propuestas de la comisión nacional de riesgo sistémico, el Gobierno también ha presentado recientemente un proyecto de ley que ofrece un marco para establecer medidas ligadas a los empréstitos a fin de evitar un aumento de la vulnerabilidad de los hogares, aunque dicho proyecto de ley aún está pendiente de aprobación por el Parlamento.

(15)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Luxemburgo y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Luxemburgo en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Luxemburgo, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(16)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y estima (6) que cabe esperar que Luxemburgo cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

1.

2.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Hungría como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

(2)

El informe específico de 2018 sobre Hungría fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Hungría de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (2), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Hungría hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(3)

El 30 de abril de 2018, Hungría presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(4)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(5)

Hungría se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno prevé que el déficit global empeore del 2,0 % en 2017 al 2,4 % en 2018 y que después mejore gradualmente hasta el 0,5 % del PIB para 2022. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1,5 % del PIB) se alcance a más tardar en 2020. Sobre la base del saldo estructural recalculado (4), el objetivo presupuestario a medio plazo se alcanzará como muy tarde en 2022. Con arreglo al Programa de Convergencia, se prevé que la ratio deuda pública / PIB disminuya gradualmente hasta quedarse ligeramente por debajo del 60 % para el final de 2022. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es favorable, lo que plantea notables riesgos para la consecución de los objetivos de déficit.

(6)

El Programa de Convergencia de 2018 indica que el impacto presupuestario de las medidas en el ámbito de la seguridad en 2017 es considerable y constituye una prueba suficiente del alcance y la naturaleza de estos gastos presupuestarios. Según la Comisión, los gastos adicionales subvencionables ascendieron en 2017 al 0,17 % del PIB en relación con las medidas relacionadas con la seguridad. Las disposiciones recogidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la gravedad de la amenaza terrorista constituye un acontecimiento excepcional, su impacto en las finanzas públicas de Hungría es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, y para tener en cuenta estos costes adicionales, se ha reducido el ajuste requerido en 2017 hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

(7)

El 12 de julio de 2016, el Consejo recomendó a Hungría que lograse un ajuste presupuestario anual del 0,6 % del PIB hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2017 a menos que el objetivo presupuestario a medio plazo se respetase con un menor esfuerzo. Atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2017, se constató que Hungría presentaba una desviación significativa con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE y con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97, el 23 de mayo de 2018 la Comisión advirtió a Hungría de que en 2017 se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Posteriormente, el 22 de junio de 2018, el Consejo adoptó una Recomendación (5) en la que se confirmaba la necesidad de que Hungría adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no rebasara el 2,8 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación del esfuerzo recomendado.

(8)

En 2019, en vista de la ratio de deuda pública de Hungría por encima del 60 % del PIB y de la previsión de la brecha de producción del 2,3 % del PIB, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 3,9 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,75 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2019. En general, el Consejo considera que, a partir de 2018, será preciso adoptar nuevas medidas significativas para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habida cuenta del acusado proceso de deterioro de las perspectivas presupuestarias, en consonancia con la recomendación dirigida a Hungría el 22 de junio de 2018 con vistas a corregir la desviación significativa observada con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo.

(9)

La tasa de empleo ha mejorado significativamente y la favorable evolución económica proporciona una oportunidad para la reinserción, en particular la de los desempleados, en el mercado laboral. La diferencia de empleo entre mujeres y hombres es amplia, especialmente en el grupo de edad de 25 a 39 años, lo que puede explicarse en parte por una oferta limitada de servicios de guardería de buena calidad. El nivel de asistencia a guarderías de los niños menores de tres años está muy por debajo del objetivo de Barcelona y de la media de la Unión. Aunque el programa de obras públicas sigue siendo la principal política activa del mercado laboral, el hecho de que el número de participantes en este programa se haya reducido considerablemente constituye un avance positivo. Sin embargo, el programa todavía no tiene un enfoque suficientemente preciso, y su eficacia a la hora de reintegrar a los participantes al mercado de trabajo abierto continúa siendo limitada, habida cuenta de la situación de dicho mercado. Las políticas activas del mercado de trabajo que se centran más en la capacitación y el reciclaje profesional están poco desarrolladas.

(10)

El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social ha disminuido al 26,3 % en 2016, pero no obstante sigue estando por encima de la media de la Unión. Los niños en general están más expuestos a la pobreza que otros grupos de edad. El nivel de prestaciones de renta mínima es inferior al 50 % del umbral de pobreza para los hogares formados por una sola persona, lo que lo convierte en uno de los más bajos de la UE. La adecuación de las prestaciones por desempleo es muy baja: la duración máxima de tres meses es la menor de la UE, y representa solo en torno a una cuarta parte del tiempo medio que los solicitantes de empleo tardan en encontrar trabajo. Además, las cuantías del subsidio están entre las más bajas de la UE.

(11)

En Hungría, las estructuras y procesos de diálogo social están infradesarrollados y no permiten una adecuada participación de los interlocutores sociales en la concepción y ejecución de las políticas. Las deficiencias en la participación de las partes interesadas y la limitada transparencia tienen un impacto sobre la base factual del proceso de elaboración de políticas y su calidad, generando incertidumbre para los inversores y ralentizando la convergencia.

(12)

Se han aplicado medidas para mejorar el sistema fiscal, pero persisten algunos problemas. Aunque en retroceso, la cuña fiscal sobre el trabajo, sobre todo para algunos grupos con bajos ingresos, sigue siendo elevada en comparación con el resto de la Unión. La complejidad del sistema fiscal, junto con la presencia continua de impuestos sectoriales específicos distorsionadores, sigue siendo un punto débil. Las medidas contra las estrategias de planificación abusiva del contribuyente son indispensables para impedir las distorsiones de la competencia entre empresas, tratar equitativamente a los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos para los Estados miembros de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. Hungría registra entradas y salidas de capital relativamente altas a través de entidades específicas, que no tienen conexión con la economía real. La ausencia de retención en origen sobre los pagos salientes de dividendos, intereses y cánones (es decir, de residentes en la Unión a residentes en países terceros) por empresas con sede en Hungría puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el territorio donde se reciben. La Comisión toma nota de que Hungría reconoce que los pagos salientes pueden conducir a una planificación fiscal abusiva si se utilizan indebidamente. Sobre la base de los últimos intercambios, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes.

(13)

Las barreras reglamentarias en el sector de los servicios, y en particular en el comercio minorista, repercuten en el rendimiento del sector y dificultan la reasignación eficiente de recursos, la productividad y la innovación. Existe una tendencia a confiar determinados servicios a empresas estatales creadas específicamente para estos fines, en detrimento de la competencia abierta. La imprevisibilidad del marco jurídico es otro problema, especialmente en el sector minorista, que en los últimos años ha tenido que hacer frente a frecuentes cambios de las normas. Como la normativa propuesta está con frecuencia adaptada al volumen de negocios o al tamaño físico, afecta principalmente a las cadenas minoristas extranjeras. Esto aumenta la incertidumbre entre los operadores y puede disuadir de la inversión. Se precisa un entorno normativo estable y favorable a la competencia. La reglamentación restrictiva de las profesiones sigue siendo elevada en Hungría, en particular en lo que se refiere a profesiones clave como los servicios jurídicos y contables.

(14)

Persisten dudas por lo que respecta a la prevención y la persecución de la corrupción. Según varios indicadores, la exposición a la corrupción en Hungría parece haber aumentado durante los últimos años y los riesgos de corrupción podrían afectar negativamente al potencial de crecimiento del país. El funcionamiento de la fiscalía es de crucial importancia para luchar contra la corrupción y el blanqueo de dinero, y mientras que las medidas para luchar contra la pequeña corrupción parecen haberse aplicado con cierto éxito, no se presta suficiente atención a iniciar investigaciones en los grandes casos de corrupción. La limitada transparencia y las restricciones en materia de acceso a la información obstaculizan la toma de nuevas medidas de prevención de la corrupción. Se han dado importantes pasos en cuanto a la contratación pública, pero hay margen para seguir mejorando la transparencia y la competencia en los procesos de licitación. Esto podría lograrse, entre otros medios, haciendo accesibles al público los datos obtenidos mediante la contratación pública electrónica.

(15)

Los resultados educativos en cuanto a capacidades básicas se sitúan muy por debajo de la media de la Unión, especialmente en el caso de los niños de origen socioeconómico desfavorecido. Los alumnos son canalizados muy pronto a distintos tipos de centros escolares, con grandes diferencias en cuanto a resultados educativos y vías de acceso al empleo. Los niños desfavorecidos, en particular los gitanos, tienden a concentrarse en centros de formación profesional secundaria que se caracterizan por bajos niveles de capacidades básicas y elevadas tasas de abandono escolar, y las personas que se gradúan en estas escuelas reciben salarios más bajos por término medio. La tasa de abandono escolar prematuro aumentó al 12,4 % por término medio, y es especialmente elevada entre los niños gitanos. Estos retos son especialmente acuciantes en el contexto de una educación inclusiva y de calidad. La disminución del número de candidatos y la elevada tasa de abandono en la enseñanza superior limitarán aún más la tasa de rendimiento académico en un momento en que la demanda de trabajadores altamente cualificados es cada vez mayor.

(16)

A pesar de los esfuerzos en curso para mejorar la salud pública, los deficientes indicadores de salud, agravados por estilos de vida poco saludables, persisten y tienen un impacto negativo sobre el capital humano. Los bajos niveles de gasto sanitario, junto con una asignación de recursos poco eficiente, limitan la eficacia del sistema sanitario húngaro. Esto, junto a una elevada dependencia de los pagos directos, presenta consecuencias negativas en términos de equidad por lo que respecta al acceso oportuno a una asistencia sanitaria asequible, preventiva y curativa, de buena calidad. La escasez de personal sanitario también dificulta el acceso a la atención sanitaria, a pesar de que los recientes incrementos salariales han mitigado este problema. Los esfuerzos de reforma en curso se centran en la lucha contra el uso excesivo de la asistencia hospitalaria, una de cuyas principales causas es que los proveedores de atención primaria no estén adecuadamente equipados para actuar de filtros eficaces. Una mayor racionalización de los recursos hospitalarios, junto con inversiones dirigidas a reforzar los servicios de atención primaria, permitirían reducir las disparidades en el acceso a la asistencia sanitaria, aumentar la eficiencia y mejorar los resultados en materia de salud.

(17)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Hungría y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Hungría en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Hungría, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión para las futuras decisiones nacionales.

(18)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

2.

3.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Malta como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (2) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Malta debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la recomendación 1. El informe específico de 2018 sobre Malta fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Malta de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Malta hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(3)

El 13 de abril de 2018, Malta presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(4)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(5)

Malta se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno se propone mantener un superávit en términos presupuestarios durante el período 2018-2021. El objetivo presupuestario a medio plazo (situación de equilibrio del PIB) sigue cumpliéndose con un margen positivo a lo largo de todo el período del programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB permanezca por debajo del valor de referencia del Tratado, a saber, el 60 % del PIB, y que siga disminuyendo desde el 50,8 % del PIB en 2017 hasta aproximadamente el 36 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil para 2018-2019 y favorable para 2020-2021. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural registre un superávit del 0,6 % del PIB en 2018 y del 1,1 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. En general, el Consejo estima que Malta cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019. Al mismo tiempo, la evolución del gasto debe ser objeto de un estrecho seguimiento a corto y medio plazo, especialmente en vista de los posibles riesgos futuros para la solidez de los ingresos.

(6)

Como se indica en la Recomendación de 2018 para la zona del euro, la lucha contra las estrategias de planificación fiscal abusiva es esencial para impedir las distorsiones de la competencia entre empresas, garantizar la igualdad de trato de los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes entre los Estados miembros requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. La ausencia de retención de impuestos sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en países terceros) de dividendos, intereses y cánones realizados por empresas establecidas en Malta puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos en caso de que tampoco estén sujetos al impuesto en el país beneficiario. Aunque el nuevo régimen de deducción de los intereses teóricos contribuirá a reducir el sesgo de la financiación en favor del endeudamiento, unas normas insuficientes contra las prácticas abusivas, combinadas con una tasa relativamente elevada y un régimen basado en valores, pueden ofrecer oportunidades para la elusión fiscal. La existencia de determinadas disposiciones en los convenios bilaterales en materia fiscal entre Malta y otros Estados miembros (en conjunción con el sistema impositivo maltés), en virtud de las cuales una sociedad residente, pero que no está domiciliada en Malta, es gravada en origen y con arreglo a sus transferencias, pueden ser utilizadas por empresas para participar en prácticas de elusión fiscal. La Comisión toma nota del compromiso de Malta de luchar contra la planificación fiscal abusiva por parte de los contribuyentes. Sobre la base de recientes conversaciones, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación fiscal abusiva de los contribuyentes.

(7)

La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de Malta sigue planteando un reto. Esto está impulsado totalmente por el impacto presupuestario de los gastos relacionados con el envejecimiento de la población, tales como la asistencia sanitaria, los cuidados de larga duración y las pensiones. El sistema de pensiones se enfrenta al doble reto de garantizar la sostenibilidad y, al mismo tiempo, unos ingresos adecuados por jubilación. Las perspectivas de sostenibilidad a largo plazo de los gastos en concepto de pensiones han mejorado, gracias principalmente a una evaluación más positiva del potencial de crecimiento a largo plazo de Malta. No obstante, las medidas introducidas en el presupuesto de 2016 solo tuvieron un impacto limitado sobre la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, que, por lo tanto, sigue planteando un reto importante. Además, a pesar de la introducción de medidas para mejorar la adecuación de las pensiones, la brecha entre sexos en materia de cobertura de las pensiones sigue siendo amplia. El funcionamiento del sistema sanitario ha mejorado y los tiempos de espera se están reduciendo. Sin embargo, persisten dificultades en la redistribución de los recursos y las actividades, desde los hospitales hasta la atención primaria. La configuración institucional de la prestación de asistencia sanitaria primaria ejerce presión sobre la asistencia hospitalaria y la urgente. La atención primaria y la hospitalaria no están bien coordinadas y los servicios de urgencias se siguen utilizando de forma ineficiente. El acceso a medicamentos innovadores sigue planteando un reto, también desde el punto de vista presupuestario. Se emprendieron iniciativas para hacer frente a la presión creciente ejercida sobre los cuidados de larga duración, como la incentivación de la atención primaria de proximidad y la asistencia a domicilio.

(8)

Se han registrado algunas mejoras en la cooperación transfronteriza. Sin embargo, parece que la Autoridad de Servicios Financieros de Malta sigue careciendo de personal suficiente y que subsisten dudas sobre su capacidad para supervisar un gran sistema financiero transfronterizo, en particular su segmento no bancario. Además, mientras que el sector de los servicios (en particular, el de los juegos de azar en línea) ha contribuido significativamente al crecimiento económico sostenido, esto podría menoscabar la integridad del sistema financiero, lo que demanda un sólido marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Malta ha incorporado recientemente la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales; la eficacia de su ejecución deberá evaluarse. Por otro lado, a raíz de la transposición de la Directiva en la legislación nacional, las autoridades maltesas han presentado recientemente una estrategia integrada para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Entre otras acciones, se ha creado un Comité Nacional de Coordinación de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, compuesto por representantes del Gobierno y de las autoridades nacionales pertinentes. Sin embargo, persisten dificultades para garantizar la correcta aplicación y el efectivo cumplimiento del marco regulador recientemente adoptado.

(9)

En el contexto de un fuerte crecimiento económico y de unas reformas destinadas a apoyar el empleo femenino y la mejora de las cualificaciones de los trabajadores, los resultados del mercado laboral de Malta han seguido mejorando. Sin embargo, las grandes diferencias en los empleos entre mujeres y hombres y la baja participación en el mercado laboral de las mujeres mayores de 30 años y las personas con discapacidad siguen planteando un reto. La concepción de los permisos de paternidad y parentales sigue siendo relativamente endeble, pero es importante para un equilibrio entre hombres y mujeres de la carga que supone el cuidado de los hijos y para apoyar la participación de las mujeres en el mundo laboral. Se agudiza la falta de mano de obra y persiste la inadecuación entre cualificaciones y puestos de trabajo. Una parte sustancial de los trabajadores malteses siguen teniendo una baja cualificación, mientras que aumenta el recurso a trabajadores extranjeros para subsanar la escasez de mano de obra y de cualificaciones. Se espera que continúen las iniciativas políticas que se están llevando a cabo en los ámbitos del mercado laboral, la inclusión social y el desarrollo de capacidades, pero habrán de basarse en los resultados del seguimiento y la evaluación.

(10)

Con un 18,6 % en 2017, la tasa de abandono escolar sigue siendo la más alta de la Unión y ha mejorado poco en comparación con el año anterior. Malta también tiene la mayor tasa de abandono escolar de personas con discapacidad, que se sitúa en el 50 %, el doble de la media de la Unión. Además, los resultados de la enseñanza se ven muy influidos por la situación socioeconómica, el tipo de centro y la discapacidad. La diferencia en los resultados científicos entre estudiantes de las escuelas que obtienen mejores y peores resultados es una de las más elevadas de la Unión y supone 1,5 veces la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La proporción de alumnos con bajo rendimiento en matemáticas, ciencias y lectura es la cuarta más elevada de la Unión. Es necesario un planteamiento global para mejorar la calidad educativa y reducir las desigualdades en los resultados educativos entre los grupos sociales y los distintos tipos de escuelas.

(11)

El fuerte crecimiento económico ha aumentado la presión sobre la infraestructura y los recursos naturales. En particular, el sector del transporte por carretera se enfrenta a grandes retos en materia de infraestructuras y de sostenibilidad a largo plazo. Unas insuficientes infraestructuras de transporte y el aumento de los costes derivados de los atascos suponen una barrera para la inversión. El creciente número de vehículos y del volumen de tráfico provoca un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y afecta negativamente a la calidad del aire. También puede repercutir negativamente en el turismo, que es un pilar importante de la economía maltesa. Por lo tanto, la necesidad de abordar las disparidades en materia de infraestructuras va de la mano con la necesidad de soluciones de transporte limpias. En 2016, el Gobierno adoptó una Estrategia Nacional de Transporte con vistas a 2050 y un Plan Director Operativo de Transporte hasta 2025. También anunció un proyecto de 700 millones EUR para mejorar la red viaria. En conjunto, se espera que estas medidas reduzcan los costes económicos de los atascos en menos del 20 %. Una mayor actividad económica puede exacerbar la congestión de las infraestructuras existentes, incrementando incluso la presión sobre los recursos medioambientales. Además, el plan no fija claramente un objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte y no propone un sistema de seguimiento eficaz de la ejecución de las medidas notificadas (aparte de una revisión cada cinco años). Por lo tanto, es importante definir objetivos y aplicar medidas destinadas a reducir sustancialmente la congestión y las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte de aquí a 2025, permitiendo un seguimiento periódico de los progresos realizados.

(12)

Los retos planteados por el tamaño del país y su carácter insular agudizan la necesidad de avanzar hacia una economía más circular. La inversión inteligente puede ayudar a reducir la presión sobre los recursos naturales vulnerables de la isla. Por ejemplo, si no se toman medidas, las dificultades para eliminar los residuos de demolición y construcción podrían rebajar la calidad del medio ambiente y el atractivo del país como destino turístico. Aunque Malta permanece en la categoría más baja de ecoinnovación (puesto 26.o en la Unión en 2016, 18.o en 2013, según el índice de ecoinnovación), tiene potencial para movilizar inversiones que generen o adopten soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia energética y de los recursos en la construcción, así como la gestión de los residuos y las aguas residuales. En especial, se necesitan mejoras en la gestión de residuos, así como invertir en instalaciones de reciclado de los residuos de construcción y demolición, y realizar controles para evitar que se formen vertederos ilegales con ellos o se arrojen al mar.

(13)

El sistema judicial sigue afrontando retos en lo que se refiere a su eficiencia, y es necesario un marco jurídico e institucional reforzado para combatir la corrupción con objeto de garantizar un entorno empresarial de gran calidad. Las deficiencias en la gobernanza del marco de lucha contra la corrupción pueden afectar negativamente al clima empresarial y lastrar la inversión. Debe mejorar la eficacia de los esfuerzos de Malta para luchar contra la corrupción, especialmente en lo que se refiere a su investigación y enjuiciamiento. Mejorar el marco de gobernanza es fundamental para preservar la reputación de Malta y su atractivo como destino de la inversión internacional.

(14)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Malta y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018 y el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Malta en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Malta, sino también en qué medida cumplen las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(15)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y estima (5) que cabe esperar que Malta cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

1.

2.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a los Países Bajos como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, los Países Bajos deben velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 2 que figuran más abajo.

(3)

El informe específico de 2018 sobre los Países Bajos fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), el seguimiento de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de los Países Bajos hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que los Países Bajos están experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los Países Bajos muestran el mayor superávit por cuenta corriente medio de tres años en términos de PIB entre los Estados miembros de la zona del euro. El superávit sugiere una asignación de recursos que no es óptima, desaprovechando oportunidades de un mayor crecimiento y bienestar. La deuda privada es elevada, concretamente las hipotecas de los hogares y la deuda de las empresas multinacionales. Los abultados balances de los hogares aumentan la vulnerabilidad a las crisis financieras.

(4)

Los Países Bajos presentaron su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 30 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 26 de abril de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Los Países Bajos se encuentran actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé que el superávit de las administraciones públicas experimente un descenso, pasando del 1,1 % del PIB en 2017 al 0,3 % en 2021. El objetivo presupuestario a medio plazo, que se sitúa en un déficit estructural del 0,5 % del PIB, sigue cumpliéndose a lo largo de todo el período del Programa. Según el Programa de Estabilidad, se espera que la ratio deuda pública/PIB registre un descenso para situarse en el 44,0 % del PIB en 2021. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural pase de un superávit del 0,5 % del PIB en 2017 a un déficit del 0,1 % en 2018 y del 0,3 % en 2019, por encima del objetivo presupuestario a medio plazo. Se prevé que la deuda bruta de las administraciones públicas siga una firme tendencia a la baja y por debajo del valor de referencia establecido en el Tratado. En general, el Consejo estima que los Países Bajos cumplirán las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019. Al mismo tiempo, aun respetando el objetivo a medio plazo, sigue existiendo margen para utilizar las políticas presupuestarias y estructurales para incrementar las inversiones públicas y privadas en investigación, desarrollo e innovación.

(7)

Los Países Bajos disponen de un sector de investigación y desarrollo eficiente que, junto con un sistema educativo y una base científica sólidos, sientan unos cimientos sanos para impulsar la capacidad de innovación y crecimiento a través de la educación y de actividades de investigación y desarrollo. Se han anunciado inversiones adicionales sustanciales que podrían contribuir a estabilizar la investigación pública y privada y la intensidad del desarrollo. Todavía sigue siendo incierto si los Países Bajos alcanzarán los objetivos de Europa 2020, en particular en lo que respecta a la inversión en investigación y desarrollo y en energía renovable.

(8)

Un reto fundamental para hacer frente al alto endeudamiento de los hogares lo constituye el mercado de la vivienda, en el que las rigideces y los incentivos distorsionadores que se han ido acumulando durante decenios determinan las pautas de financiación de la vivienda y el ahorro sectorial. Desde 2012, se han aplicado una serie de medidas para abordar parcialmente esta cuestión. En 2017, el Gobierno anunció planes para acelerar la reducción de la deducibilidad fiscal de los intereses de las hipotecas a partir de 2020. Sin embargo, el mal funcionamiento del segmento medio en el mercado de alquiler anima a los hogares a comprar en vez de alquilar, lo que ha dado lugar a altas ratios de endeudamiento y a vulnerabilidad económica desde una edad precoz. El sector de la vivienda social es uno de los más desarrollados de la Unión, pero las viviendas no siempre están ocupadas por quienes realmente las necesitan. Los hogares con altos ingresos siguen habitando viviendas sociales, dado que las entidades de vivienda social no incrementan los alquileres tan rápidamente como podrían hacerlo. Aunque el Gobierno ha anunciado su intención de apoyar la oferta de viviendas asequibles en el mercado de alquiler a particulares, todavía no se han comunicado planes concretos para este apoyo.

(9)

Según lo indicado en la Recomendación para la zona del euro, la lucha contra las estrategias de planificación fiscal abusiva es indispensable para obstaculizar las distorsiones de la competencia entre empresas, proporcionar un trato equitativo a los contribuyentes y salvaguardar las finanzas públicas. Los efectos indirectos para los Estados miembros de las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes requieren una acción coordinada de las políticas nacionales para complementar la legislación de la Unión. El elevado nivel de pagos de dividendos, cánones e intereses efectuados a través de los Países Bajos da a entender que la normativa fiscal del país es utilizada por empresas que participan en prácticas de planificación fiscal abusiva. Una gran proporción de la inversión directa extranjera acumulada está en manos de entidades con finalidades especiales. La ausencia de retención fiscal sobre los pagos salientes (es decir, de residentes en la Unión a residentes en países terceros) en concepto de pagos de cánones e intereses puede dar lugar a que dichos pagos eludan impuestos, si tampoco están sujetos al impuesto en el país receptor. La falta de determinadas normas contra los abusos, especialmente en el caso de las entidades híbridas, también puede facilitar la planificación fiscal abusiva. La Comisión toma nota del compromiso de los Países Bajos de combatir la planificación fiscal abusiva, tal como se explicita en el programa de reformas fiscales, incluida la retención en origen sobre los pagos de cánones, intereses y dividendos en caso de abuso o de pagos a países con baja tributación constituye un paso en la dirección adecuada para reducir la planificación fiscal abusiva y debe aplicarse con rapidez y ser objeto de un seguimiento atento. A tenor de los últimos contactos mantenidos con las autoridades neerlandesas, la Comisión proseguirá su diálogo constructivo para luchar contra las estrategias de planificación abusiva de los contribuyentes.

(10)

Pese a una baja tasa de desempleo y a un número de empleos no cubiertos, el crecimiento nominal de los salarios fue moderado, registrando un 1,5 % en 2017. Este porcentaje es inferior al nivel que podría esperarse sobre la base de la inflación, la productividad y el desempleo. El crecimiento salarial moderado puede estar parcialmente vinculado al lento incremento de la productividad, a la atonía que muestra el resto del mercado laboral y a la creciente segmentación de dicho mercado. En 2017, el Gobierno adoptó varias medidas fiscales que reducen la carga fiscal sobre el trabajo y pretenden aumentar la renta neta disponible de los hogares en los que sus miembros trabajan. Impulsar la renta neta disponible de los hogares mediante la creación de las condiciones necesarias para promover el crecimiento de los salarios y reformar el segundo pilar del sistema de pensiones para que sea más transparente, más justo desde el punto de vista intergeneracional y más resistente en caso de perturbaciones, apoyaría la demanda interna y contribuiría al reequilibrio de la zona del euro.

(11)

El reciente crecimiento del empleo puede atribuirse en gran medida a un aumento del número de personas con contratos temporales y de los trabajadores por cuenta propia. El alto y creciente porcentaje de contratos temporales, así como el rápido aumento de la actividad por cuenta propia sin asalariados ocurre en un contexto de grandes diferencias en las normas laborales aplicables y la protección laboral, así como de diferencias en la legislación fiscal y la relativa a la seguridad social. Aunque se han adoptado algunas medidas y recientemente se han anunciado otras adicionales, algunos de estos factores siguen creando incentivos financieros para que los empleados comiencen a trabajar como autónomos o para favorecer su contratación mediante contratos temporales. Además, la aplicación de medidas para luchar contra el falso trabajo por cuenta propia se ha suspendido hasta 2020. A menudo, los trabajadores por cuenta propia están insuficientemente asegurados contra la discapacidad, el desempleo y en materia de pensiones. Esto podría afectar a la sostenibilidad a largo plazo del sistema de seguridad social.

(12)

A pesar de un mercado laboral que funciona bien en general, todavía existe un potencial de mano de obra no aprovechado. En particular, el gran número de mujeres que trabajan a tiempo parcial y la situación laboral de las personas de origen migrante siguen constituyendo retos importantes. La tasa de empleo de los migrantes nacidos fuera de la UE es 20,6 puntos porcentuales inferior a la de las personas nacidas en los Países Bajos, y esta diferencia todavía crece en el caso de las mujeres.

(13)

El aumento en los últimos años de la tasa de ahorro de los hogares se debió en parte al mayor ahorro en el segundo pilar del sistema de pensiones (regímenes privados complementarios obligatorios), a lo que contribuyó el marco normativo. Una adecuada distribución intrageneracional e intergeneracional de los costes y riesgos más allá de las normas aprobadas en materia de indexación y las reservas financieras (marco de evaluación financiera) podría ayudar a los hogares a emplear sus recursos financieros de una forma más favorable al crecimiento. El Gobierno ha confirmado su intención de reformar sustancialmente el segundo pilar del sistema de pensiones con el fin de mejorar la cobertura y de crear un sistema más transparente, flexible y justo desde el punto de vista actuarial del sistema. Por lo que se refiere a la sostenibilidad de las finanzas públicas, el informe sobre el envejecimiento de 2018 indica un riesgo medio para la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo, ya que se prevé que el gasto en cuidados de larga duración aumentará del 3,5 % al 6,0 % del PIB hasta 2070.

(14)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de los Países Bajos y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a los Países Bajos en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de los Países Bajos, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(15)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018 y estima (6) que cabe esperar que los Países Bajos cumplan el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(16)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 y 2 que figuran a continuación.

1.

2.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Austria como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (2) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Austria debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 2 que figuran más abajo.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Austria fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Austria de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Austria hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(4)

Austria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 25 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 21 de marzo de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Austria se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé que el saldo presupuestario mejore desde un déficit del 0,7 % del PIB en 2017 hasta un superávit del 0,4 % en 2022. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 0,5 % del PIB en 2017) se cumpla en 2019. Con arreglo al Programa de Estabilidad, se prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya gradualmente hasta el 62,2 % en 2022, desde el 78,1 % de 2017. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es favorable para 2018 y verosímil con posterioridad. Los principales riesgos subyacentes de la planificación presupuestaria a medio plazo son medidas políticas discrecionales previstas a partir de 2020, tales como la anunciada reforma del impuesto sobre la renta, cuyos efectos presupuestarios netos aún no se han especificado plenamente.

(7)

El Programa de Estabilidad indica que el impacto presupuestario de la excepcional afluencia de refugiados y de las medidas de seguridad conexas es considerable y constituye una prueba suficiente del alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. Según la Comisión, los gastos adicionales elegibles ascendieron en 2017 al 0,03 % del PIB en relación con la excepcional afluencia de refugiados, mientras que no se incurrió en gastos adicionales en relación con las medidas de seguridad. Las disposiciones recogidas en los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 permiten hacer frente a este gasto adicional, en la medida en que la afluencia de refugiados, así como la gravedad de la amenaza terrorista, son acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas austriacas es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal respecto de la trayectoria de ajuste de cara al objetivo presupuestario a medio plazo. Por ello, se ha reducido el ajuste requerido para la consecución del objetivo presupuestario a medio plazo para 2017 a fin de tener en cuenta los gastos adicionales relacionados con los refugiados.

(8)

El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Austria que velara por que la desviación del objetivo presupuestario a medio plazo en 2018 se limitase al margen vinculado al impacto presupuestario de la excepcional afluencia de refugiados y las medidas de seguridad conexas. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un deterioro permitido en el saldo estructural del 0,2 % del PIB. Teniendo en cuenta los márgenes concedidos, las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión apuntan a un riesgo de cierta desviación de dicho requisito en 2018 y a lo largo de 2017 y 2018, considerados conjuntamente.

(9)

En 2019, Austria deberá alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo, teniendo en cuenta el margen vinculado a acontecimientos excepcionales, para lo que se concede una desviación temporal. Esto es coherente con una tasa máxima de crecimiento nominal del gasto público primario neto del 2,9 %, lo que corresponde a una mejora en el saldo estructural del 0,3 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, suponiendo que no haya cambios en las políticas, Austria tendría un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2019, debido a la desviación a lo largo de 2018 y 2019 considerados conjuntamente. Al mismo tiempo, se prevé que Austria se encuentre a una distancia de un 0,1 % del PIB de su objetivo a medio plazo en 2019. Además, se espera que Austria cumpla la norma en materia de deuda en 2018 y en 2019. En general, el Consejo considera que Austria tiene que estar preparada para tomar nuevas medidas a efectos de garantizar la conformidad en 2018, y que en 2019 deberán tomarse las nuevas medidas necesarias para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(10)

Según el Informe de 2018 sobre el envejecimiento, el aumento previsto de los gastos en pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración apunta a un riesgo medio para la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo. El gasto público de Austria en pensiones es superior a la media de la Unión (13,8 % frente al 11,2 % del PIB en 2016), y se espera que siga aumentando hasta 2070 (0,5 % frente al -0,2 % del PIB). Las recientes reformas han tenido éxito al ofrecer incentivos para jubilarse más tarde. No obstante, al no haberse aumentado la edad legal de jubilación, la mayor acumulación de derechos a prestaciones durante una vida útil ampliada no mejora la sostenibilidad a largo plazo. La edad legal de jubilación de las mujeres, que es de 60 años, es una de las más bajas de la Unión y solo comenzará a alinearse gradualmente con la de los hombres en 2024, logrando la armonización en 2033. En general, el aumento de la edad legal de jubilación y la restricción de la jubilación anticipada contribuirán a la sostenibilidad de las pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico.

(11)

El gasto público en asistencia sanitaria es superior a la media de la Unión (7 % frente al 6,8 % del PIB en 2016), y se espera que aumente más que la media de la Unión (1,3 % frente al 0,9 % del PIB), lo que elevaría el gasto en asistencia sanitaria pública al 8,3 % del PIB de aquí a 2070. Se prevé que el gasto en cuidados de larga duración se duplique, pasando del 1,9 % al 3,8 % del PIB de aquí a 2070. La introducción de límites máximos de gasto mediante la Ley de Compensación Financiera de 2017 y la reforma que refuerza la atención sanitaria primaria y reduce la dependencia respecto al sector hospitalario han comenzado a abordar el problema de la sostenibilidad. La persistencia de un elevado número de organismos de seguro de enfermedad es un indicio de los posibles ahorros adicionales en materia de gobernanza y costes administrativos. Además, una contratación pública más efectiva (por ejemplo, contratación a escala de la Unión, uso de criterios de adjudicación distintos del precio y agregación transregional de licitaciones) contribuiría a mejorar la calidad y la relación coste/eficacia. En el ámbito de los cuidados de larga duración, se espera que las recientes medidas, tales como la decisión de suprimir el recurso al patrimonio privado de las personas para financiarlos, aumenten el gasto, en lugar de contenerlo.

(12)

La Ley de Compensación Financiera de 2017 ha contribuido a racionalizar las relaciones presupuestarias entre los distintos niveles de gobierno, iniciando una financiación orientada a las tareas, simplificando la distribución de las transferencias entre el Estado central y los Estados federados, y asignando una fuente propia de ingresos a los Estados federados. No obstante, a pesar de estos esfuerzos de reforma, el marco presupuestario sigue siendo opaco y persiste el considerable desajuste entre las competencias en materia de gasto y las competencias en materia de recaudación de impuestos, proporcionando escasos incentivos para aumentar la eficacia a nivel subnacional.

(13)

A pesar de la reforma fiscal de 2016, la carga fiscal sobre el trabajo sigue siendo alta y se prevé que aumente gradualmente a lo largo del tiempo si los tramos impositivos no se indexan con la inflación. Las personas con rentas superiores se beneficiaron relativamente más de la reforma que aquellas con ingresos más bajos, y la carga fiscal para las personas con bajos ingresos sigue siendo elevada. La reforma fiscal también benefició más a los hombres que a las mujeres. Las fuentes de ingresos consideradas menos perjudiciales para el crecimiento, tales como los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles, parecen estar infrautilizadas, debido principalmente a una base imponible en gran parte obsoleta. En Austria, los ingresos procedentes de los impuestos recurrentes sobre bienes inmuebles son muy bajos, situándose en el 0,2 % del PIB, en comparación con una media de la Unión del 1,6 % en 2016. El desplazamiento de la carga fiscal del trabajo hacia fuentes de ingresos menos perjudiciales podría contribuir a resolver este problema.

(14)

El mercado de trabajo funciona bien; no obstante sigue habiendo dificultades para grupos específicos (por ejemplo, las mujeres y las personas de origen migrante). A pesar de la alta tasa de empleo de las mujeres, el porcentaje de estas que tienen un empleo a tiempo completo sigue siendo bastante bajo. La tasa de empleo a tiempo parcial de las mujeres (de entre 20 y 64 años), de un 47,9 % en 2017, sigue siendo una de las más elevadas de la Unión (media de la Unión: 31,1 %). Los problemas relacionados con el acceso a guarderías oficiales, en particular fuera de la zona urbana, contribuyen a este resultado. La alta proporción de mujeres que trabajan a tiempo parcial, debida en gran medida a que las mujeres realizan importantes funciones no remuneradas como el cuidado de niños y de familiares, así como los inferiores ingresos por hora, contribuyen a que siga siendo ancha la brecha salarial entre hombres y mujeres, algo que tiene un impacto directo en la acumulación de derechos de pensión de las mujeres, lo que da lugar a una gran brecha en materia de pensiones.

(15)

Los resultados académicos de los estudiantes desfavorecidos no han mejorado. Existe una amplia brecha de rendimiento entre los estudiantes con y sin origen migrante. Las pruebas nacionales efectuadas en 2016 confirmaron que alrededor de una cuarta parte de los alumnos de 8.o curso no logran alcanzar el nivel educativo en alemán, o solo lo hacen parcialmente. Las recientes pruebas internacionales también han confirmado una brecha cada vez mayor en lectura para aquellos con menor nivel socioeconómico o de origen migrante. Comparando los resultados de 2012 y 2015 del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA), la proporción de alumnos con bajo rendimiento aumentó en los tres ámbitos centrales analizados, es decir, matemáticas, lectura y ciencias. Los alumnos nacidos en Austria tienen mejores resultados que los migrantes de primera generación en un nivel equivalente a casi tres años de escolarización.

(16)

Si bien la productividad es elevada en Austria, su crecimiento ha sido mediocre durante los últimos años, pese a los considerables esfuerzos realizados por el país, por ejemplo en inversión en I+D y en la mejora del marco para las empresas de nueva creación. El resto de los instrumentos para apoyar el crecimiento de la productividad se refieren a la digitalización de las empresas, el crecimiento y la competencia en el sector de los servicios. En Austria existen importantes barreras de acceso y normas restrictivas para el ejercicio de los servicios a las empresas y las profesiones reguladas. Entre estas figuran los requisitos específicos relativos a la participación en el capital de una sociedad, las numerosas actividades reservadas y las restricciones interdisciplinarias. La labor continuada destinada a reducir las cargas y la evaluación prevista de la Ley de Licencias Comerciales (Gewerbeordnung) son instrumentos importantes para abordar esta cuestión.

(17)

Una mayor competencia en el sector de los servicios ayudaría a abordar los desafíos de Austria en la difusión de las tecnologías digitales y los modelos empresariales, en particular entre las microempresas y las pymes. La digitalización de estas empresas es especialmente importante, ya que constituyen la espina dorsal de la economía austriaca. Iniciativas tales como «KMU Digital» y «AT: net» y la aplicación de la hoja de ruta digital de Austria son fundamentales. Otro problema se refiere a la expansión de las empresas, y en particular de las muy innovadoras. La financiación en una fase posterior, como en forma de capital de riesgo y de acceso a los mercados de capital público para las empresas en expansión, constituye un obstáculo. Las empresas de crecimiento rápido son esenciales para la difusión de nuevas tecnologías y modelos de negocio, incluidos los digitales, y por tanto para el crecimiento de la productividad.

(18)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Austria y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Austria en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Austria, sino también en qué medida cumplen las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(19)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (5) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

2.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Polonia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

(2)

El informe específico de 2018 sobre Polonia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Polonia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Polonia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(3)

El 26 de abril de 2018, Polonia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(4)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(5)

Polonia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo presupuestario desde un déficit del 1,7 % del PIB en 2017 a un 0,7 % en 2021. No se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, un déficit del 1,0 % del PIB en términos estructurales, de aquí a 2021, es decir, en el período cubierto por el Programa de Convergencia. El saldo estructural recalculado (5) apunta a un déficit del 1,3 % del PIB en 2021. De acuerdo con el Programa de Convergencia de 2018, la ratio deuda pública / PIB disminuirá del 50,6 % del PIB en 2017 al 50,4 % en 2018 y al 46,0 % para 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es cauteloso en 2018 y verosímil con posterioridad.

(6)

El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Polonia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 3,7 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. Al mismo tiempo, se declaró que la evaluación del proyecto de plan presupuestario para 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018, deberán tener debidamente en cuenta el objetivo de conseguir una orientación presupuestaria que contribuya tanto a reforzar la recuperación en curso como a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas de Polonia. La Comisión ha realizado una evaluación cualitativa de los puntos fuertes de las condiciones económicas en Polonia, prestando la debida consideración a sus retos en materia de sostenibilidad. Sobre esta base, se concluye que no deben tenerse en cuenta elementos adicionales. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe el riesgo de una desviación significativa de ese ajuste recomendado en 2018.

(7)

En 2019, en vista de la previsión de una brecha de producción del 1,5 % del PIB en Polonia, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 4,2 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada prevista en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa de dicho requisito en 2019. En términos generales, el Consejo considera que a partir de 2018 deberán tomarse las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(8)

A medio y largo plazo, Polonia tendrá que hacer frente a presiones sobre el gasto en varios ámbitos, en particular en relación con el envejecimiento de la población, que requieren nuevos mecanismos para evaluar la eficiencia y la eficacia del gasto público y facilitar una reasignación de los recursos. Con este fin, el Gobierno ha comenzado a trabajar en la reforma del proceso presupuestario, en particular para reforzar el marco presupuestario a medio plazo, e incorporar las revisiones del gasto en el proceso presupuestario. Polonia es el único Estado miembro sin un auténtico consejo presupuestario independiente y sin planes conocidos para crear uno, aunque las instituciones independientes existentes realizan algunas de las funciones de dicho consejo. El informe por país de 2018 concluye que Polonia no ha avanzado en limitar el uso generalizado de los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido. No obstante, el Ministerio de Hacienda polaco está trabajando para simplificar el modo en que los tipos aplicables se asignan a los bienes y servicios.

(9)

El comportamiento del mercado laboral polaco ha sido satisfactorio en los últimos años y las tasas de empleo han seguido aumentando. Sin embargo, la participación de algunos grupos en la población activa, especialmente las mujeres, los trabajadores poco cualificados y las personas de edad avanzada, sigue siendo baja en comparación con otros Estados miembros. Varias medidas recientes han tendido a disminuir los incentivos para trabajar, especialmente en el caso de las mujeres y las personas de edad avanzada. El sistema de protección social polaco ofrece insuficientes incentivos al trabajo. Mientras que las prestaciones por hijos han reducido la pobreza y la desigualdad, ya han tenido un efecto negativo en la participación de los padres, en su mayoría mujeres, en el mercado de trabajo, pues su tamaño y limitados recursos compensan los incentivos al trabajo de otras prestaciones sociales. La tasa de matriculación en guarderías oficiales de los niños menores de tres años sigue siendo una de las más bajas de la Unión, lo que dificulta aún más la participación de las mujeres en el mercado laboral. El limitado apoyo a disposición de las personas que prestan cuidados de larga duración les impide acceder al mercado laboral. La reducción de la edad legal de jubilación ha animado a algunos de los trabajadores de más edad a abandonar el mercado laboral. La migración procedente de países no pertenecientes a la UE está contribuyendo a satisfacer el aumento de la demanda de mano de obra.

(10)

Una vía complementaria para apoyar tanto la participación en la población activa como la capacidad innovadora de la economía es dotar a los alumnos y a los adultos de competencias y cualificaciones profesionales adecuadas que impulsen el empleo en un mercado de trabajo en rápida transformación. El porcentaje de la participación de los adultos en la educación y la formación es muy inferior a la media de la Unión. Este hecho, unido a la existencia de algunas deficiencias en las competencias digitales, así como en lectura, escritura y cálculo, en particular entre los adultos con educación inferior al nivel superior, está obstaculizando su empleabilidad. Todavía no se sabe hasta qué punto las medidas introducidas recientemente y planificadas, como los cambios en la organización de la enseñanza general, la formación profesional y la educación superior, tendrán un impacto en los niveles de cualificación.

(11)

Polonia ha seguido adoptando medidas para abordar la segmentación del mercado laboral, limitando la posibilidad de abuso del empleo temporal, aumentando las contribuciones a la seguridad social de algunos contratos de trabajo atípicos, e introduciendo un salario mínimo por hora para algunos de estos contratos. El número y la proporción de contratos indefinidos ha aumentado desde finales de 2016; no obstante, la proporción de contratos temporales sigue siendo una de las más elevadas de la Unión. Algunos otros cambios legislativos pertinentes para la dualidad del mercado laboral podrían incluirse en la reforma del Código Laboral. La cobertura de la protección social de los trabajadores autónomos y de aquellos con determinados contratos atípicos parece un problema potencial, especialmente desde el punto de vista de la adecuación de sus futuras pensiones. Desde 2015 se han introducido distintas medidas para mejorar la cobertura de la protección social de los trabajadores autónomos y de los trabajadores con contratos atípicos.

(12)

La edad media de jubilación se ha incrementado en los últimos años, como consecuencia de anteriores reformas, tales como la retirada de las posibilidades de jubilación anticipada y el incremento gradual de la edad legal de jubilación. Un aumento continuado de la edad efectiva de jubilación es crucial para el crecimiento económico a medio plazo y para garantizar la adecuación y la sostenibilidad presupuestaria del sistema de pensiones. No obstante, la reciente reducción de la edad legal de jubilación a los 60 años para las mujeres y a los 65 años para los hombres va en la dirección opuesta. En cambio, la edad de jubilación de los jueces, tanto hombres como mujeres, de los tribunales ordinarios se ha armonizado en 65 años, lo que está en consonancia con la petición de la Comisión. El régimen especial de seguridad social de los agricultores, subvencionado con un coste cercano al 1 % del PIB, es una de las causas de la escasa movilidad de la mano de obra y del desempleo encubierto en la agricultura.

(13)

Se precisan un mejor acceso a la atención sanitaria y un aumento de su eficacia a fin de mejorar los resultados en materia de salud en Polonia. Las necesidades de cuidados médicos no satisfechas declaradas están entre las más altas de la Unión, y los tiempos de espera para determinadas intervenciones son especialmente prolongados. El número de camas de hospital es relativamente alto y no está distribuido de manera óptima desde el punto de vista geográfico. Los servicios sanitarios de asistencia primaria y ambulatoria se hallan por lo general infradesarrollados, con médicos que tienen incentivos para remitir las exploraciones y el tratamiento a especialistas. Abordar estas cuestiones es especialmente difícil, habida cuenta de que el nivel de financiación pública y el número de personal médico y de enfermería en determinadas especialidades en Polonia están muy por debajo de la media de la Unión. En 2017 se realizaron algunos esfuerzos para distribuir los recursos de asistencia sanitaria de forma más eficiente, pero los efectos de estas medidas están aún por verse.

(14)

El aumento de la capacidad de la economía para innovar es fundamental para permitir a Polonia ascender en la cadena de valor mundial, respaldando así el potencial para mejorar el nivel de vida. Esto requiere medidas en muchos frentes en un proceso gradual de varios años. Entre los principales ámbitos pertinentes figuran la creación de un clima de confianza en el entorno reglamentario; ofrecer incentivos para que las empresas gasten en I+D; reforzar la base científica, en particular a través de reformas de la educación superior; y fomentar un fuerte flujo de conocimientos y una estrecha cooperación entre las empresas y los centros de investigación. Esto último incluye también garantizar condiciones favorables para la comercialización de la investigación, desarrolladas y financiadas con fondos públicos. Ya se han aplicado varias medidas en estos ámbitos, y el Gobierno está planeando otras.

(15)

El rápido ritmo del cambio normativo y el uso limitado de las consultas públicas y las consultas a los interlocutores sociales sobre una serie de leyes fundamentales inciden en la calidad de la legislación y aumentan la incertidumbre de las empresas. Garantizar el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial son también esenciales en este contexto. Cabe recordar que, en diciembre de 2017, la Comisión presentó al Consejo una propuesta motivada para determinar la existencia de un riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho por parte de Polonia. La seguridad jurídica y la confianza en la calidad y la previsibilidad de las instituciones y las políticas normativas, fiscales y otras son factores importantes que podrían permitir un aumento de la tasa de inversión. Unas evaluaciones de impacto previas y posteriores sólidas, y unas consultas públicas y a los interlocutores sociales bien diseñadas y realizadas podrían ayudar a mejorar la calidad de la legislación, limitar la necesidad de modificaciones posteriores y, de esta manera, aumentar la previsibilidad del entorno normativo. Esto también podría ayudar a limitar los posibles efectos colaterales negativos a corto plazo de las nuevas leyes, como por ejemplo el aumento temporal de la carga administrativa resultante de un cambio en la legislación fiscal.

(16)

La red viaria se ha desarrollado rápidamente gracias a la financiación de la Unión, pero la tasa de mortalidad en carretera sigue siendo una de las más altas de la Unión. Por otra parte, las ciudades se enfrentan a crecientes retos de movilidad, como la congestión y la contaminación atmosférica creadas por el aumento de la flota de automóviles y la gran proporción de coches antiguos. Los actuales incentivos para utilizar el transporte público, que tiene un nivel bajo de emisiones, y los modos de desplazamiento activos son insuficientes para hacer abordar estos retos. La ejecución de proyectos ferroviarios cofinanciados por la Unión sigue enfrentándose a importantes cuellos de botella debido principalmente a la limitada capacidad del sector de la construcción y a la debilidad institucional del gestor de infraestructuras ferroviarias. Aunque el Gobierno prevé actualizar un documento estratégico pertinente, en la actualidad no se dispone de información suficiente sobre una visión estratégica para el desarrollo a largo plazo de las redes de transporte en todos los modos después de 2023. Sus respectivos papeles quedarían claramente definidos y atribuidos en dicho documento. Además, a pesar de las inversiones realizadas en los últimos años, siguen existiendo cuellos de botella y deficiencias en las redes e infraestructuras energéticas.

(17)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Polonia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Polonia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Polonia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(18)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

2.

3.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Portugal como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Portugal debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 3 que figuran más abajo.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Portugal fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Portugal de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Portugal hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluye asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Portugal está experimentando desequilibrios macroeconómicos. En particular, los grandes volúmenes de pasivos exteriores netos y de deuda privada y pública, así como un alto porcentaje de préstamos dudosos, constituyen puntos vulnerables en un contexto de bajo crecimiento de la productividad. Una posición prudente por cuenta corriente y el mantenimiento de la competitividad adquirida son necesarios para garantizar el ajuste de los pasivos exteriores netos. Las ratios de deuda privada siguen disminuyendo desde niveles elevados, debido a la reanudación del crecimiento nominal y los flujos de crédito ligeramente negativos, y se prevé que la ratio deuda pública / PIB haya enfilado a la baja, en un contexto de persistentes necesidades de desapalancamiento. Las intervenciones en el sector financiero han contribuido a reducir los riesgos para la estabilidad, aunque los bancos siguen penalizados por la baja rentabilidad y un gran volumen de préstamos dudosos, que, no obstante, han comenzado a disminuir. Un mayor crecimiento de la productividad es esencial para mejores perspectivas de competitividad, desapalancamiento y potencial de crecimiento. El desempleo lleva varios años disminuyendo rápidamente. Sigue habiendo carencias en materia de políticas, en particular en lo que concierne a aplicar las medidas contempladas para reducir los préstamos dudosos y mejorar el entorno empresarial. La adopción y aplicación de diversos planes de reforma, que incluyan medidas para abordar la segmentación del mercado de trabajo o reformas presupuestarias estructurales para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, tendrán que ser objeto de seguimiento.

(4)

El 27 de abril de 2018, Portugal presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente. El Programa de Estabilidad de 2018 prevé una sólida trayectoria descendente de la ratio deuda pública / PIB. El Programa Nacional de Reformas de Portugal de 2018 incluye compromisos tanto a corto como a medio plazo y abarca los retos identificados en el informe por país de 2018. En particular, anuncia medidas en los ámbitos de las cualificaciones y la innovación, que pueden impulsar la productividad y aumentar el valor de las exportaciones portuguesas. La estrategia presentada para reducir los préstamos no productivos, junto con las acciones destinadas a promover la capitalización de las empresas contribuyen a reducir el endeudamiento de la economía portuguesa y al saneamiento de los balances de los bancos. En términos generales, la aplicación efectiva de los programas presentados contribuirá a la corrección de los desequilibrios.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el periodo 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Portugal se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeto a la norma transitoria en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2018, Portugal prevé alcanzar un déficit global del 0,7 % del PIB y del 0,2 % en 2018 y 2019, respectivamente, y posteriormente una mejora hasta un superávit del 1,4 % del PIB en 2021. Esos planes no incluyen los posibles efectos de aumento del déficit derivados de las medidas de apoyo a la banca a partir de 2019. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (un superávit estructural del 0,25 % del PIB) se alcance a más tardar en 2020. El Programa de Estabilidad de 2018 prevé que la ratio de deuda pública / PIB alcanzará el 122,2 % en 2018 y el 118,4 % en 2019 y, posteriormente, el 107,3 % en 2021. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil para 2018, pero favorable para los años siguientes. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2018 no se han concretado suficientemente.

(7)

El Programa de Estabilidad de 2018 de Portugal indica que el impacto presupuestario de los grandes incendios forestales que se produjeron en 2017 es importante y aporta pruebas suficientes sobre el alcance y la naturaleza de estos costes presupuestarios adicionales. En particular, el Programa de Estabilidad de 2018 señala que el presupuesto para 2018 incluye gastos excepcionales equivalentes al 0,07 % del PIB relativos a medidas preventivas para la protección del territorio nacional contra los incendios. El Programa de Estabilidad de 2018 cuantifica los gastos relativos a la gestión de las emergencias, clasificados como medidas puntuales, y a la prevención. Debido al carácter integrado de estos gastos y al vínculo directo con los grandes incendios forestales de 2017, el tratamiento específico de los gastos de prevención de incendios forestales podría tenerse en cuenta al aplicar la «cláusula de acontecimientos excepcionales». Según la Comisión, los gastos adicionales elegibles en 2018 ascienden al 0,07 % del PIB en concepto de medidas preventivas. Las disposiciones establecidas en el artículo 5, apartado 1, y en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1466/97 se aplican a estos gastos adicionales, ya que los incendios forestales de magnitud sin precedentes se consideran acontecimientos excepcionales, su impacto en las finanzas públicas portuguesas es significativo y la sostenibilidad no se vería comprometida al permitir una desviación temporal de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo. En la primavera de 2019 se realizará una evaluación final, incluso de los importes elegibles, sobre la base de los datos de 2018 facilitados por las autoridades portuguesas.

(8)

El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Portugal que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 0,1 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual de al menos el 0,6 % del PIB. Al mismo tiempo, se precisó que la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras la evaluación efectuada por la Comisión en el contexto de su dictamen sobre el proyecto de Plan Presupuestario de Portugal para 2018, con respecto a la solidez de la recuperación en Portugal, teniendo debidamente en cuenta los retos relativos a la sostenibilidad, no es necesario considerar ningún otro elemento adicional al respecto. De acuerdo con las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión y en la hipótesis de mantenimiento de la política, existe un riesgo de cierta desviación respecto de este requisito en 2018 y para el período 2017-2018 tomado en su conjunto.

(9)

En 2019, en vista de la ratio de deuda pública de Portugal por encima del 60 % del PIB y de la previsión de la brecha de producción del 1,3 % del PIB, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 0,7 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En la hipótesis de que no haya cambios en la política, existe un riesgo de cierta desviación respecto de este requisito en 2019 y para el período 2018-2019 tomado en su conjunto. Al mismo tiempo, se prevé que Portugal cumpla la norma transitoria en materia de deuda en 2018 y 2019. En general, el Consejo considera que será preciso adoptar nuevas medidas a partir de 2018 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería prudente usar cualquier beneficio imprevisto para reducir aún más la ratio de deuda de las administraciones públicas.

(10)

Garantizar la sostenibilidad de la deuda pública depende de un saneamiento presupuestario sostenible a través de una mejora estructural de las finanzas públicas, que deberá lograrse mediante una mayor recaudación de ingresos y el control del gasto. Para reforzar los controles del gasto, son fundamentales la aplicación efectiva de la Ley de Control de los Compromisos, una estricta y oportuna aplicación de la ley marco presupuestaria y unos esfuerzos continuados de revisión del gasto y racionalización. La planificación y la ejecución presupuestaria sigue siendo un reto importante, especialmente en el sector sanitario, en donde los retrasos en los pagos son frecuentes, lo que también indica deficiencias en el control contable y en las prácticas de gestión. Para un saneamiento presupuestario sostenible, deben abordarse los altos y crecientes costes ligados al envejecimiento. A medio plazo, se prevé que los mayores riesgos presupuestarios relacionados con el envejecimiento en gran medida estén vinculados a los costes de financiación de las pensiones, mientras que los costes relacionados con la salud ejercerán una presión a largo plazo. Con vistas a hacer frente a estos riesgos, sería necesario introducir medidas para mejorar la sostenibilidad a medio plazo del sistema de pensiones, junto con una estrategia general para hacer frente a los costes sanitarios derivados del envejecimiento de la población.

(11)

En una línea similar, controlar el gasto, gestionar la deuda y mejorar la sostenibilidad financiera de las empresas públicas podrían contribuir significativamente a la mejora estructural de las finanzas públicas. Aunque los ingresos netos totales siguen siendo negativos, en general los resultados operativos de las empresas públicas han mejorado en los últimos años, con la excepción del sector de la salud, en donde han empeorado. La deuda total no consolidada de las empresas públicas incluidas en las administraciones públicas también sigue siendo elevada, situándose en el 18,3 % del PIB a finales de 2017. Se están poniendo en marcha medidas para mejorar la vigilancia de las empresas públicas, aunque su impacto aún está por ver. El plan puesto en marcha para la gestión de la deuda y la recapitalización de las empresas públicas debería reducir el endeudamiento y recortar los gastos en concepto de intereses, pero podrían reforzarse unos incentivos adecuados garantizando un marco predecible y transparente para limitar las transferencias presupuestarias.

(12)

Continúa la recuperación del mercado de trabajo portugués, en consonancia con unos mejores resultados económicos. Se crearon más de 150 000 puestos de trabajo en 2017 y la tasa de empleo de las personas de entre 20 y 64 años aumentó hasta el 73,4 % en 2017, recuperando el nivel anterior a la crisis. La tasa de desempleo disminuyó considerablemente y en la actualidad es inferior a la media de la zona del euro. La tasa de desempleo de larga duración también bajó rápidamente, aunque sigue siendo relativamente elevada. Además de las políticas activas del mercado de trabajo en curso, las exenciones en materia de seguridad social y un servicio público de empleo que sigue un modelo de ayuda personalizada a los demandantes de empleo, Portugal está asimismo poniendo en marcha «ventanillas únicas» de empleo en 2018. Esto podría desempeñar un importante papel a la hora de garantizar una cobertura más amplia de las medidas de activación. Los indicadores de pobreza y desigualdad también han mejorado. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se está acercando a la media de la Unión y la participación en la renta del 20 % de las personas más pobres ha aumentado desde 2015. Sin embargo, el nivel de desigualdad de ingresos sigue siendo elevado. Además, las transferencias sociales (excluidas las pensiones) son ineficaces para sacar a las personas de la pobreza, la adecuación del régimen de ingresos mínimos (pese a haber mejorado) sigue siendo limitado y la asequibilidad de la vivienda representa un reto creciente para los hogares con bajos ingresos.

(13)

A pesar de un importante aumento del número de puestos de trabajo permanentes en 2017, la proporción de trabajadores temporales se mantuvo estable en el 22 % y continúa siendo una de las más altas de la Unión. En 2017, aproximadamente el 82 % de los empleados temporales se encontraban involuntariamente en esa situación. Aunque más personas están pasando de empleos temporales a permanentes, los contratos temporales siguen siendo la norma para los desempleados que encuentran un puesto de trabajo. Por otra parte, la ya muy amplia brecha salarial entre los trabajadores temporales y los que tienen contratos indefinidos aumentó durante la crisis. Las medidas adoptadas para fomentar la creación de puestos de trabajo permanentes (por ejemplo, Contrato-Emprego) y las exenciones de cotizaciones sociales para contratar a personas pertenecientes a grupos vulnerables demostraron su eficacia, pero tuvieron una cobertura limitada. Algunos aspectos de la legislación de protección del empleo y unos procedimientos judiciales engorrosos pueden obstaculizar la contratación indefinida. No obstante, por el momento no está prevista ninguna medida para revisar el marco jurídico del despido. El Gobierno se propone adoptar medidas para hacer frente a la segmentación del mercado de trabajo mediante un debate tripartito con los interlocutores sociales.

(14)

El nivel general de cualificación de la población adulta sigue siendo uno de los más bajos de la Unión, lo que perjudica al potencial de innovación y a la competitividad del país. Esto incluye las competencias digitales: en 2017, solo el 50 % de los ciudadanos de entre 16 y 74 años disponía unas competencias digitales básicas o por encima de las básicas (frente a una media del 57 % en la Unión). Se están poniendo en marcha programas en este sentido (en particular Qualifica y la Iniciativa Nacional de Competencias Digitales Incode 2030), pero su eficacia para la mejora de las capacidades básicas de los trabajadores (capacidad de cálculo, alfabetismo y cibercapacidad) y, en última instancia, para el aumento de la productividad, dependerá de la cobertura y la calidad de la formación ofrecida, es decir, que vaya más allá del reconocimiento de las capacidades. Aunque hay indicios de que los recientes aumentos del salario mínimo (que suponen un porcentaje de incremento acumulado del 18,3 % desde 2014) no han perjudicado a la tasa de empleo de los trabajadores poco cualificados, el considerable aumento del número de empleados cubiertos, hasta un 20,4 % en el tercer trimestre de 2017, provocó una mayor compresión de los salarios. Esto amenaza con reducir la prima salarial otorgada a quienes poseen cualificaciones, en particular entre los grupos con cualificaciones bajas y medias, reduciendo los incentivos para que las personas poco cualificadas inviertan en educación y formación. El Gobierno sigue de cerca la evolución del salario mínimo junto con los interlocutores sociales.

(15)

El abandono escolar prematuro sigue siendo superior a la media de la Unión, pero se mantiene en una tendencia a la baja a largo plazo, gracias también a las medidas que se están aplicando para fomentar los buenos resultados educativos y reducir las tasas de abandono. Los resultados educativos siguen mejorando, pero existen problemas de equidad ya que la proporción de alumnos con bajo rendimiento difiere considerablemente entre los cuartiles socioeconómicos inferiores y superiores. El porcentaje de personas de entre 30 y 34 años que finaliza estudios superiores disminuyó desde el 34,6 % en 2016 al 33,9 % en 2017, muy por debajo del objetivo nacional del 40 % para 2020. A pesar de la elevada capacidad de inserción profesional de los licenciados en ciencias, ingeniería, tecnologías y matemáticas, hay pocos estudiantes de estas carreras.

(16)

Pese a los avances logrados en el sistema portugués de investigación e innovación en los últimos años, en particular en lo que respecta a la cantidad y calidad de los recursos humanos y la producción científica, persisten importantes cuellos de botella en la creación de una cultura de capacitación y en el establecimiento de unas condiciones que permitan una intensificación de la cooperación entre las esferas académica y empresarial. Estos incluyen barreras a la transferencia de conocimientos y de tecnología y a la comercialización de los resultados de investigaciones, así como unas trayectorias de investigación que no invitan suficientemente a los investigadores a explorar vías de «investigación empresarial» y las oportunidades de colaboración con la industria. Reforzar la sensibilización y la claridad de la propiedad intelectual en la relación entre el ámbito académico y el empresarial podría contribuir a reducir el tiempo de ejecución de los objetivos contractuales, a la monetización de los conocimientos científicos y a su potencial económico.

(17)

Se está aplicando una estrategia general para una reducción más rápida de los activos no rentables. Esto ha contribuido a reducir la ratio de préstamos no productivos del 17,2 % de los préstamos brutos al final de 2016 al 13,3 % en el cuarto trimestre de 2017. Los préstamos no productivos de las empresas son un motivo de especial preocupación, ya que suponen alrededor de dos tercios del total de préstamos no productivos; la proporción de préstamos no productivos a empresas sigue siendo elevada (25,2 % de los préstamos brutos). La resolución de activos tóxicos es fundamental para la liberación de crédito destinada a nuevas inversiones y al crecimiento sostenible. No obstante, los procedimientos para las empresas insolventes y un pequeño mercado secundario para activos tóxicos siguen siendo importantes obstáculos para reducir la proporción de préstamos no productivos. Aunque los incrementos de capital, junto con los esfuerzos en curso para reducir costes y algunos otros avances positivos recientes en lo que respecta a los préstamos no productivos, están mejorando las perspectivas del sector financiero, la rentabilidad sigue siendo baja, alta la exposición a la deuda soberana y los colchones de capital, endebles.

(18)

El acceso a la financiación sigue siendo un reto importante para la economía portuguesa. Conseguir acceder a financiación estable y, en particular, a participaciones de capital, se considera uno de los principales retos para las empresas portuguesas, exacerbado por las presiones de desapalancamiento. En términos relativos, las fuentes alternativas de financiación siguen siendo poco importantes. En los últimos años, se han puesto en marcha nuevos programas y nuevas líneas de crédito, junto con otras simplificaciones en el entorno empresarial, pero aún queda mucho por hacer. Al mismo tiempo, y aunque ha disminuido, la deuda de las empresas y los préstamos no productivos siguen siendo elevados, y la mejora de la asignación del capital a las empresas más productivas sería beneficiosa para la inversión.

(19)

A pesar de registrarse avances en la introducción de la simplificación administrativa para las cuestiones horizontales que afectan a la vida diaria de los ciudadanos y las empresas, obstáculos reglamentarios y administrativos específicos siguen dificultando la inversión y una asignación eficiente de los recursos. Una reforma de los flujos procedimentales mediante el acortamiento de los plazos para la toma de decisiones, las excepciones al principio de aprobación tácita solo en casos muy limitados y la sustitución de los regímenes de autorización que exigen la presentación de múltiples documentos por «declaraciones responsables» son reformas sectoriales muy necesarias específicas al respecto. Las cargas administrativas en el sector de la construcción deberían adaptarse a los costes reales. Si bien la competencia en la contratación pública sigue siendo limitada, el Código de Contratación Pública revisado tiene por objeto promover la transparencia, la competencia y la mejora de la gestión de los contratos públicos. La aplicación de las nuevas normas debe ser objeto de seguimiento, en particular los efectos de las normas más estrictas en materia de utilización de las adjudicaciones directas. A pesar de que el sistema judicial portugués mejora su eficiencia, la duración de los procedimientos judiciales en los tribunales administrativos sigue constituyendo un problema. Por otra parte, la corrupción y la falta de transparencia siguen siendo percibidas por las empresas como ámbitos preocupantes. Aunque se ha seguido avanzando en la lucha contra la corrupción, los esfuerzos para mejorar la cultura de integridad en las instituciones públicas no han dado hasta ahora unos resultados suficientes.

(20)

Las reformas reglamentarias han sido escasas desde el programa de asistencia financiera, lo que ha paralizado o a veces incluso revertido reformas acordadas en ese contexto. Los grupos empresariales tienen prohibido prestar varios servicios profesionales. Las ordenanzas de determinados servicios empresariales profesionales, en particular los jurídicos, son menos ambiciosas que las de la legislación marco en elementos esenciales como la forma jurídica, el accionariado, la gestión, la publicidad y las prácticas multidisciplinares. La reforma de la autorización y el registro de los proveedores de servicios de construcción ha sido escasamente complementada por una relajación de los controles para los servicios de instalación y las licencias de construcción.

(21)

En el contexto del Semestre Europeo de 2017, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Portugal y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018, así como las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Portugal en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Portugal, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(22)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

(23)

A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Estabilidad de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 1 a 3 que figuran a continuación.

1.

2.

3.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Rumanía como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.

(2)

El informe específico de 2018 sobre Rumanía fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Rumanía de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (2), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Rumanía hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(3)

Rumanía presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 10 de mayo, y su Programa de Convergencia de 2018 el 14 de mayo de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(4)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(5)

Rumanía se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno prevé un déficit global del 2,95 % del PIB en 2018, y una reducción posterior, hasta el 1,45 % del PIB, en 2021. No se espera alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo (un déficit estructural del 1 % del PIB) de aquí a 2021, cuando finaliza el periodo cubierto por el programa. Está previsto que el saldo estructural recalculado alcance el -2,1 % en 2021. Según el Programa de Convergencia, se espera que la ratio deuda pública / PIB permanezca por debajo del 40 % de aquí a 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan estas previsiones presupuestarias es favorable. Además, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos no se han concretado suficientemente.

(6)

El 16 de junio de 2017, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 121, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía en 2016. En vista de la desviación significativa observada, el 16 de junio de 2017 el Consejo recomendó a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (4) no rebasara el 3,3 % en 2017, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. El 5 de diciembre de 2017, el Consejo concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la recomendación del Consejo de 16 de junio de 2017 y emitió una recomendación revisada. En la nueva recomendación, el Consejo pidió a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. El 22 de junio de 2018, el Consejo (5) concluyó que Rumanía no había tomado medidas efectivas en respuesta a la recomendación del Consejo de 5 de diciembre de 2017. Además, atendiendo a los datos sobre la ejecución de 2017, se constató que Rumanía presentaba una desviación significativa respecto del ajuste recomendado en 2017.

De conformidad con el artículo 121, apartado 4, del TFUE y con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97, el 23 de mayo de 2018 la Comisión advirtió a Rumanía de que en 2017 se había observado una desviación significativa respecto del objetivo presupuestario a medio plazo. Posteriormente, el 22 de junio de 2018, el Consejo (6) adoptó una Recomendación en la que se confirmaba la necesidad de que Rumanía adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 3,3 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación de dicha Recomendación en 2018.

(7)

Para 2019, el 22 de junio de 2018 el Consejo recomendó a Rumanía que adoptase las medidas necesarias para garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no rebasara el 5,1 %, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,8 % del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación de dicho requisito en 2019. Además, las previsiones de la Comisión de la primavera de 2018 apuntan a un déficit de las administraciones públicas del 3,4 % y del 3,8 % del PIB en 2018 y 2019, por encima del 3 % del PIB, que es el valor de referencia del Tratado. En general, el Consejo considera que, a partir de 2018, será preciso adoptar nuevas medidas significativas para dar cumplimiento a las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, habida cuenta del acusado proceso de deterioro de las perspectivas presupuestarias, en consonancia con la recomendación dirigida a Rumanía el 22 de junio de 2018 dirigida a corregir la significativa desviación observada respecto de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en Rumanía.

(8)

La planificación presupuestaria de Rumanía hace caso omiso regularmente de lo establecido en su marco presupuestario, a pesar de la necesidad de introducir políticas presupuestarias responsables. La Ley de Responsabilidad Presupuestaria de Rumanía transpone el Pacto Presupuestario en la legislación nacional. Sus normas están bien concebidas, pero en la práctica se pasan por alto constantemente. En 2016, el déficit estructural aumentó por encima del objetivo a medio plazo, infringiendo la norma del déficit. Los presupuestos de 2017 y 2018 tenían como objetivo un déficit global próximo al 3 % del PIB, lo que supone un deterioro del saldo estructural que infringe la norma. Las dos enmiendas presupuestarias realizadas en 2017 no eran conformes con las normas que prohíben los aumentos de los límites máximos del déficit global y del déficit primario y los aumentos de gasto en personal y del gasto público total durante el ejercicio en curso, respectivamente. Además, como en años anteriores, en 2017 la actualización de la estrategia presupuestaria se presentó al Parlamento bien rebasado el plazo legal, por lo que no ofrece una perspectiva a largo plazo para la planificación presupuestaria.

(9)

El cumplimiento de las obligaciones tributarias sigue siendo bajo, en particular para el impuesto sobre el valor añadido. El año pasado, Rumanía realizó avances limitados en lo que respecta al seguimiento de la repetida recomendación específica por país de reforzar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recaudación de impuestos. Por lo que respecta al impuesto sobre el valor añadido, la diferencia entre los ingresos previstos teóricamente y los realmente recaudados sigue siendo muy elevada. Para mejorar el cumplimiento, las autoridades introdujeron los pagos fraccionados. Esta medida es opcional, salvo para las empresas insolventes y los sujetos pasivos con grandes importes pendientes en concepto de IVA. Sin embargo, la medida todavía no ha dado resultados significativos. La introducción de cajas registradoras electrónicas conectadas al sistema informático de la Administración tributaria está aún pendiente de aplicación.

(10)

La salud del sector financiero ha mejorado, pero algunos acontecimientos requieren un seguimiento. La banca está bien capitalizada y la calidad de sus activos ha mejorado. Sin embargo, varias iniciativas legislativas en curso, que pueden afectar negativamente a la transferencia de préstamos no productivos y al crédito y la inversión, justifican una estrecha vigilancia. La reciente reducción de las cotizaciones a los fondos de pensiones del segundo pilar prefinanciados suavizó los problemas presupuestarios a corto plazo, pero podría tener consecuencias negativas para el desarrollo de los mercados de capitales.

(11)

El mercado de trabajo ha registrado tensiones debido al crecimiento del empleo, junto con una reducción de la mano de obra debido al envejecimiento de la población y a la emigración. Rumanía tiene al mismo tiempo un considerable potencial de mano de obra no utilizado, y algunos grupos como los jóvenes, los gitanos, los desempleados de larga duración y las personas con discapacidad tienen dificultades a la hora de acceder al mercado laboral. El año pasado, Rumanía realizó pocos avances respecto a la recomendación específica por país de reforzar unas políticas selectivas de activación y servicios públicos integrados, centradas en las personas más alejadas del mercado laboral. A pesar del aumento de los incentivos financieros para los sistemas de movilidad, la participación en las políticas activas del mercado de trabajo se ha mantenido muy baja, y la carga administrativa ha sido elevada. Los programas de obras públicas de ámbito local han hecho muy poco para proporcionar las capacidades pertinentes y apoyar la transición a empleos convencionales. No existe una gestión de casos para los desempleados de larga duración y los beneficiarios de asistencia social. La cooperación entre los servicios públicos de empleo y los proveedores de servicios sociales y educativos, y los proveedores externos, ha sido limitada.

(12)

El riesgo de pobreza o exclusión social ha sido muy elevado. Las familias con hijos, las personas con discapacidad, la población gitana y la población rural se han visto especialmente afectadas. La desigualdad de ingresos sigue siendo elevada, también debido a la escasa incidencia del sistema de ventajas fiscales en la mitigación de la desigualdad de los ingresos procedentes del trabajo y de las rentas. El índice de referencia social, que sirve para calcular las prestaciones sociales más importantes, no se ha actualizado desde 2008. La Ley sobre inclusión mínima, que estaba previsto que entrase en vigor en 2018, habría aumentado la cobertura y la adecuación de las prestaciones de asistencia social. No obstante, su entrada en vigor se ha pospuesto más de un año. La edad de jubilación más baja de las mujeres supone unos derechos a pensión más reducidos, agravando la pobreza en la vejez y la disparidad en el empleo entre hombres y mujeres.

(13)

La participación de los interlocutores sociales en la concepción y la aplicación de las reformas económicas y sociales ha sido muy limitada. Los puntos de vista de los interlocutores sociales no suelen tenerse en cuenta, ni siquiera cuando convergen. El marco de negociación colectiva de Rumanía no es propicio para el buen funcionamiento del sistema de relaciones laborales. El diálogo social se caracteriza por unos bajos niveles de negociación colectiva, especialmente a nivel sectorial, y de afiliación a sindicatos y organizaciones patronales. Los altos umbrales de representatividad y la vaga definición de los sectores se encuentran entre los principales obstáculos a un diálogo social más eficaz. Las enmiendas legislativas dirigidas a mejorar el marco han avanzado poco hasta ahora.

(14)

En los últimos años, el salario mínimo ha aumentado en varias ocasiones de manera discrecional. Desde 2015, el salario mínimo neto se ha incrementado en más del 60 %. En 2017, aproximadamente el 30 % de los trabajadores ganaban el salario mínimo, lo que supone una escala salarial corta. Los interlocutores sociales han refrendado una propuesta para un mecanismo objetivo de incremento del salario mínimo, pero no ha sido aplicada por el Gobierno.

(15)

La oferta de capacidades no es acorde con las necesidades de la economía. Los bajos niveles de las capacidades básicas y de las cibercapacidades tienen un impacto adverso en la competitividad, el empleo y la convergencia. La participación en el aprendizaje de adultos ha sido muy baja. Aún no existe un mecanismo que adapte las políticas activas del mercado laboral a la demanda de capacidades, y la capacidad para prever las futuras necesidades de capacidades y estimar el impacto previsto de las nuevas tecnologías es débil. La educación y la formación profesionales sigue siendo una segunda opción y no está suficientemente armonizada con las necesidades del mercado de trabajo ni con las estrategias de especialización regionales o sectoriales.

(16)

El bajo rendimiento del sistema educativo contribuye a la gran desigualdad de oportunidades y debilita las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Rumanía. La existencia y el acceso a una educación general de calidad es un reto, en particular para la población gitana y los niños de las zonas rurales. Aún está por desarrollar una metodología de seguimiento para hacer frente a la segregación escolar. El porcentaje de abandono prematuro de la educación y la formación está disminuyendo, pero sigue siendo elevado. Se está desarrollando un mecanismo de alerta precoz para identificar a los niños en riesgo de abandono escolar, pero su atención a la calidad de la educación es insuficiente. Pese a que se han tomado algunas medidas, la garantía de la calidad en la educación escolar y superior se enfrenta a dificultades. Los resultados en educación superior son muy bajos. La inversión en educación es relativamente baja, y en particular las escuelas desfavorecidas carecen de un apoyo adecuado.

(17)

El estado de salud de la población ha mejorado, pero sigue por debajo de los niveles de la Unión. El acceso a la asistencia sanitaria sigue siendo un reto, con repercusiones negativas en el desarrollo de los niños, la empleabilidad de la mano de obra y el envejecimiento saludable. La escasa financiación y el uso ineficiente de los recursos limitan la eficacia del sistema de asistencia sanitaria, en el contexto de una considerable escasez de personal médico y de enfermería. El acceso a la asistencia sanitaria está limitado por la prevalencia de los pagos informales y la distancia a las infraestructuras sanitarias. Rumanía ha realizado algunos avances para cumplir la recomendación específica por país de frenar los pagos informales, y se está instaurando un mecanismo de control, aunque su impacto real aún debe evaluarse. Rumanía ha realizado avances limitados en lo que respecta al seguimiento de una recomendación específica por país de proceder a una reorientación hacia la asistencia ambulatoria. La instauración en curso de la estrategia nacional de asistencia sanitaria se ve obstaculizada por el cambio de prioridades y una planificación deficiente de las inversiones.

(18)

La planificación estratégica, el proceso de consulta pública y la evaluación del impacto de la legislación siguen siendo débiles en la concepción, aplicación y seguimiento de las medidas. Ello va en detrimento de la calidad y la previsibilidad de la reglamentación. Por otra parte, los cambios frecuentes en la legislación, como las modificaciones del código fiscal, pesan sobre el entorno empresarial. La participación de los interesados en la concepción y aplicación de las reformas es escasa, y apenas tiene lugar un verdadero diálogo, aunque existen las estructuras institucionales pertinentes. El mecanismo para abordar las opiniones de las partes interesadas en las consultas públicas no garantiza su adecuado seguimiento. Un ejemplo reciente es el incumplimiento de una propuesta aprobada por los interlocutores sociales respecto de un mecanismo objetivo para incrementar el salario mínimo, que habría respondido a una recomendación específica por país. No se han alcanzado resultados tangibles en las reformas de la Administración pública. La adopción de la legislación pertinente sobre la gestión de los recursos humanos en la Administración pública se ha retrasado. La Secretaría General del Gobierno desempeña un papel limitado en el control de calidad de la elaboración de políticas.

(19)

La mala calidad de las infraestructuras, entre otros en los sectores del transporte, los residuos y las aguas residuales, limita las perspectivas de crecimiento de Rumanía. La inversión pública se caracteriza por una baja eficiencia, especialmente en la elaboración y establecimiento de prioridades de los proyectos. El estado general y la fiabilidad de las infraestructuras viarias, ferroviarias y de vías de navegación interior siguen siendo deficientes y la reforma del sector del transporte avanza muy lentamente. Los avances en la reforma de la gestión de los residuos también son lentos, mientras que los sectores de los residuos sólidos y las aguas residuales se enfrentan a desafíos similares. El plan director de transporte y el plan nacional de gestión de residuos están destinados a servir de hoja de ruta estable para las inversiones y reforzar la capacidad administrativa en los sectores, pero la adaptación de la preparación de los proyectos a la planificación estratégica ha sido limitada hasta la fecha. Rumanía ha avanzado poco en el refuerzo de la priorización y la preparación de los proyectos de inversión pública, una de las recomendaciones específicas por país.

(20)

La eficiencia y transparencia de la contratación pública siguen siendo fundamentales para hacer frente a los grandes retos políticos a que se enfrenta Rumanía, en particular la eficiencia del gasto público, la lucha contra la corrupción y el fomento de la innovación y el crecimiento sostenible e integrador. Rumanía ha realizado algunos avances para abordar la recomendación específica por país de aplicar la estrategia de contratación pública, pero el plan aún no está plenamente ejecutado. Al mismo tiempo, siguen constituyendo retos el aumento de la eficacia y el uso estratégico de la contratación pública, auditorías efectivas y el control del fraude. La sostenibilidad de las medidas adoptadas y la irreversibilidad de las reformas necesitan un seguimiento continuado. Los desafíos de la transparencia y la eficiencia en relación con la contratación pública afectan, en particular, a las grandes inversiones en infraestructuras sanitarias en los hospitales regionales de Iași, Cluj y Craiova.

(21)

Las empresas públicas desempeñan un papel fundamental en los sectores de infraestructuras críticas tales como la energía y el transporte ferroviario. No obstante, su rendimiento operativo y financiero es más débil que el de sus homólogos del sector privado. El buen gobierno de las empresas públicas se ha debilitado en gran medida últimamente, revirtiendo el progreso alcanzado en las recomendaciones específicas por país de 2015 y 2016. No solo la aplicación de la nueva legislación ha sido vacilante, sino que se está intentado eximir a una serie de empresas de su ámbito de aplicación. Además, la publicación de los datos financieros sobre empresas estatales se ha retrasado. En consecuencia, las condiciones clave para promover el uso eficiente de los recursos públicos se están deteriorando, lo que abre un margen para decisiones de inversión distorsionadas. En febrero de 2018, el Tribunal Constitucional instó al Parlamento a que revisara estas exenciones.

(22)

Los acontecimientos del año pasado pusieron en tela de juicio la irreversibilidad y la sostenibilidad del importante avance de Rumanía en la reforma de su sistema judicial y la lucha contra los grandes casos de corrupción. La independencia judicial está en entredicho y se está ejerciendo presión sobre las instituciones judiciales y sobre el marco jurídico de lucha contra la corrupción; por otro lado, los avances respecto a los retos pendientes son poco visibles. La aplicación de la estrategia nacional de lucha contra la corrupción 2016-2020 que desarrolla medidas para prevenir y combatir la corrupción sigue avanzando a nivel técnico, pero es necesario un apoyo político más tangible, puesto que la corrupción y los problemas de gobernanza en el sector público persisten en todos los niveles y figuran entre los principales retos para el entorno empresarial.

(23)

En el marco del mecanismo de cooperación y verificación, la Comisión sigue realizando un seguimiento en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción en Rumanía. Por tanto, estos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país para Rumanía, pero son pertinentes para el desarrollo de un entorno socioeconómico positivo en el país.

(24)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Rumanía y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Rumanía en años anteriores. Ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Rumanía, sino también en qué medida cumplen las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(25)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

2.

3.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Eslovenia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Eslovenia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la recomendación 1.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Eslovenia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Eslovenia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Eslovenia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión la llevó a concluir que Eslovenia no está experimentando desequilibrios macroeconómicos.

(4)

Eslovenia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 el 13 de abril de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018 el 26 de abril de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Eslovenia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria en materia de deuda. El Programa de Estabilidad de 2018 fue presentado por un Gobierno en funciones y se basa en la hipótesis de mantenimiento de la política. Así, el Gobierno prevé que el superávit global mejore, pasando al 0,4 % del PIB en 2018 y al 0,9 % en 2021. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (superávit estructural del 0,25 % del PIB) no se alcanzará en 2021 si se mantiene la misma política. En virtud del Programa de Estabilidad de 2018, se espera que la ratio deuda pública/PIB baje hasta situarse en el 69,3 % del PIB en 2018 y que siga disminuyendo hasta el 58,3 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil.

(7)

El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Eslovenia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 0,6 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 1,0 % del PIB. Al mismo tiempo, se precisó que la evaluación del proyecto de Plan Presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 deberán tener en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras la evaluación efectuada por la Comisión sobre la solidez de la recuperación en Eslovenia, realizada en el contexto de su dictamen sobre el proyecto de Plan Presupuestario de 2018 de Eslovenia, y que tuvo debidamente en cuenta los retos ligados a la sostenibilidad, se requiere un esfuerzo presupuestario estructural de al menos el 0,6 % del PIB para 2018, sin ningún margen adicional de desviación durante un año. Esto se traduce en una tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto que no supere el 1,5 %. Teniendo esto en cuenta en la valoración global, basada en las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa respecto de la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2018.

(8)

En 2019, habida cuenta de la ratio de deuda pública de Eslovenia por encima del 60 % del PIB y de la brecha de producción positiva prevista del 4,1 % del PIB, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería superar el 2,2 %, de conformidad con el ajuste estructural del 1,0 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Al mismo tiempo, existen fuertes indicios de que la capacidad no utilizada en la economía se subestima, de que la inflación alcanzará el 2 % en 2019, de que el empleo precario se situará por encima del nivel anterior a la crisis y de que la inversión repuntará marcadamente, tras una fuerte contracción durante los años de la crisis. Además, el instrumento de verosimilitud señala asimismo que existe un alto grado de incertidumbre que rodea a las estimaciones de la brecha de producción sobre la base del método común. Sobre esta base, un ajuste estructural anual del 0,65 % del PIB, que corresponde a un índice de crecimiento del gasto público primario neto del 3,1 %, parece adecuado. En la hipótesis de mantenimiento de la política, existe un riesgo de una desviación significativa respecto de este requisito en 2019 y para el período 2018-2019 tomado en su conjunto. Se prevé que Eslovenia cumpla la norma en materia de deuda transitoria en 2018 y la norma en materia de deuda en 2019. En general, el Consejo estima que a partir de 2018 deberían adoptarse las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

(9)

El Gobierno ha presentado propuestas de reforma del sistema de asistencia sanitaria. El proyecto de Ley de Asistencia Sanitaria y Seguro de Enfermedad, que es el elemento central de la reforma y que garantizará la financiación del sistema sanitario a largo plazo, se presentó al Consejo Económico y Social para consulta en diciembre de 2017, pero no fue aprobado antes de las elecciones, de modo que las perspectivas de su adopción son inciertas. En la actualidad se está redactando un proyecto de Ley de Cuidados de Larga Duración con objeto de que estos cuidados pasen a ser un nuevo pilar, complementario a otros ámbitos de la seguridad social (asistencia sanitaria, asistencia social y seguridad de las pensiones). Así pues, sigue siendo incierto cómo Eslovenia incrementará la rentabilidad, la accesibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria en el futuro. En 2017 se adoptaron propuestas de modificación de la Ley sobre Profesiones de la Medicina, la Ley de Servicios de Salud, la Ley sobre Derechos de los Pacientes y la Ley de Medidas de Intervención para Garantizar la Estabilidad Financiera de las Instituciones de Asistencia Sanitaria Pública, que ahora deben aplicarse para garantizar la accesibilidad y la calidad de la asistencia sanitaria. Se han dado los primeros pasos para aplicar el Plan Nacional de Asistencia Sanitaria para 2016-2025. Las clínicas de medicina de familia se están introduciendo gradualmente, se prevé un sistema de evaluación de la tecnología sanitaria para 2020 y las soluciones de sanidad electrónica mejorarán el seguimiento a escala nacional. Además, se prevé que los beneficios de una contratación pública mejor coordinada en el ámbito de la asistencia sanitaria contribuyan a mejorar la relación coste/eficacia de dichos contratos.

(10)

En julio de 2017, el Consejo Económico y Social adoptó unánimemente un documento titulado «Puntos de base para la modernización del sistema de pensiones y seguro de invalidez de la República de Eslovenia», que subraya diversas medidas para garantizar unas pensiones suficientes y un sistema de pensiones sostenible y transparente. No obstante, falta todavía un plan de acción concreto para adoptar dichas medidas y, pese a un acuerdo entre los interlocutores sociales y el Gobierno para aplicar la reforma en 2020, el período de introducción progresiva de la reforma aún no se ha concretado. Siguen persistiendo retos en lo que respecta a: garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la suficiencia del sistema de pensiones, adaptando la edad legal de jubilación y fomentando el retraso de la jubilación; impulsar la cobertura de los regímenes complementarios de pensión; responder adecuadamente a las diferentes trayectorias profesionales y reducir los riesgos de pobreza en la vejez.

(11)

El crecimiento económico ha continuado y han mejorado la evolución del mercado de trabajo y el ámbito social. El porcentaje de personas en riesgo de pobreza y exclusión social se redujo, pero sigue siendo superior a la media de la Unión en el caso de las personas mayores, y en especial entre las mujeres. El empleo siguió aumentando y el desempleo prosiguió su disminución. No obstante, se observan indicios de escasez de mano de obra en determinadas profesiones. El desempleo de larga duración se mantiene por encima de los niveles anteriores a la crisis y representa casi la mitad del total de parados. Persisten algunas dificultades, en particular para los trabajadores de más edad, ya que sus tasas de empleo y actividad siguen figurando entre las más bajas de la Unión. La sociedad eslovena envejece rápidamente, lo que significa que la población en edad laboral y la oferta de mano de obra están decreciendo. En respuesta a esta evolución, el Gobierno ha preparado una Estrategia de Envejecimiento Activo, pero todavía no dispone de planes de acción concretos.

(12)

El envejecimiento de la población enfatiza la necesidad de incrementar la participación en la formación continua, que ha estado disminuyendo desde 2010, y que es especialmente baja entre los trabajadores poco formados y los de más edad. La mejora de las cualificaciones mediante el aprendizaje permanente incrementaría las oportunidades de empleo, en particular para los trabajadores poco cualificados y de más edad. La tasa de empleo de los trabajadores poco cualificados mejoró, pero sigue por debajo de los niveles anteriores a la crisis y de la media de la Unión. La evaluación de las políticas activas del mercado laboral muestra que la mayor parte de los programas funcionan adecuadamente, pero el gasto en este ámbito y la tasa de participación de los desempleados en los programas siguen siendo limitados. Aunque la reforma del mercado laboral de 2013 ayudó sin lugar a dudas a encontrar trabajo a determinados grupos vulnerables, el empleo temporal sigue siendo un problema.

(13)

Se han adoptado medidas para mejorar las posibilidades de financiación de las empresas eslovenas y facilitarles alternativas a los créditos bancarios. Sin embargo, la dependencia con respecto al crédito bancario supone un permanente reto de financiación, en particular para las pymes, para las que el acceso a financiación sigue constituyendo una barrera al crecimiento. Las medidas actuales todavía no han mejorado la financiación, sobre todo para las empresas innovadoras. En Eslovenia solo existe un pequeño número de empresas de rápido crecimiento, y carecen de apoyo para expandirse. El capital de riesgo, como forma de financiación mediante emisión de acciones, está creciendo, pero parte de un nivel muy bajo. Las empresas innovadoras también se beneficiarían de una investigación pública más eficiente, actualmente obstaculizada por dificultades a la hora de atraer talento nacional y extranjero y por la falta de una financiación basada en los resultados. El nivel de inversión privada en Eslovenia sigue siendo relativamente bajo en comparación con países similares, lo que demanda esfuerzos focalizados para mejorar las condiciones marco para la inversión, particularmente en ámbitos que presentan un fuerte potencial de incremento de la productividad.

(14)

Las empresas se ven obstaculizadas por la todavía elevada carga normativa y administrativa. La burocracia se considera uno de los factores más problemáticos desde el punto de vista de la actividad empresarial en Eslovenia. Esto se deriva principalmente de la incertidumbre y la complejidad de los procedimientos tributarios, pero no se limita a este ámbito porque todavía es necesario aproximadamente un año para que un asunto mercantil sea visto por un órgano jurisdiccional. Eslovenia ha creado un instrumento para ayudar a reducir la carga administrativa y está implantándolo progresivamente. Una parte significativa de esta implantación todavía no se ha realizado.

(15)

Del mismo modo, Eslovenia solo ha empezado a abordar su elevado nivel de normativas restrictivas en determinados sectores de servicios. Se han aplicado reformas para liberalizar los requisitos profesionales de los arquitectos e ingenieros civiles, pero otros problemas observados por la Comisión en enero de 2017 siguen sin afrontarse. Las reformas también beneficiarían a las empresas manufactureras eslovenas, que dependen de unos insumos competitivos.

(16)

Una contratación pública eficaz es fundamental para controlar los costes y mejorar la calidad en el sector sanitario de Eslovenia. El fomento de la contratación pública centralizada y de otras formas de agrupación de contratos, como la contratación conjunta por parte de los hospitales, es crucial para garantizar la oferta de productos innovadores de buena calidad a precios competitivos.

(17)

Eslovenia tiene que hacer frente a ineficiencias en la contratación pública. La competencia entre licitadores es comparativamente baja, según indica el escaso número de ofertas recibidas por licitación y la alta proporción de procedimientos negociados sin convocatoria de licitación previa. Esto último también reduce la transparencia. La profesionalización de los agentes implicados en materia de contratación pública es baja y hay pocas garantías contra la corrupción y la colusión entre licitadores. En particular, la independencia de la Comisión Nacional de Control es limitada, debido al procedimiento de nombramiento de sus miembros. Aunque las autoridades estiman que la delincuencia económica y la corrupción han causado un daño significativo en los últimos años, algunas reformas en materia de lucha contra la corrupción siguen pendientes.

(18)

El Estado esloveno todavía participa activamente en la economía, en particular en el sector financiero. Los planes de privatización hechos públicos en el pasado se han aplicado con lentitud. Ejecutar las privatizaciones incrementaría la viabilidad a largo plazo de las empresas y reduciría los riesgos para las finanzas públicas.

(19)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Eslovenia y lo ha publicado en el informe por país de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Eslovenia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Eslovenia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(20)

A la luz de la revisión a fondo efectuada por la Comisión y de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (7) se refleja en particular en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

2.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Eslovaquia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Eslovaquia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la recomendación 1.

(3)

El informe específico de 2018 sobre Eslovaquia fue publicado el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Eslovaquia de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Eslovaquia hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.

(4)

El 25 de abril de 2018, Eslovaquia presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Estabilidad de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente.

(5)

En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicará esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.

(6)

Eslovaquia se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Estabilidad de 2018, el Gobierno prevé que el déficit global experimente una mejora hasta llegar al 0,8 % del PIB en 2018 y, gradualmente, al 0,0 % en 2021. Se espera que el objetivo presupuestario a medio plazo (déficit estructural del 0,5 % del PIB) se alcance en 2020. Según el Programa de Estabilidad de 2018, se prevé que la ratio deuda pública/PIB descienda gradualmente del 49,3 % en 2018 al 43,3 % en 2021. El escenario macroeconómico en el que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Al mismo tiempo, las medidas necesarias para apoyar los objetivos de déficit previstos a partir de 2019 no se han especificado completamente. El presupuesto incluye una partida de gastos no especificada denominada reservas presupuestarias que representa una parte no desdeñable (0,7 % del PIB) y puede utilizarse para operaciones ad hoc, reduciendo así la previsibilidad en la aplicación del presupuesto.

(7)

El 11 de julio de 2017, el Consejo recomendó a Eslovaquia que garantizase que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto (6) no supere el 2,9 % en 2018, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,5 % del PIB. Al mismo tiempo, en la evaluación del proyecto de plan presupuestario de 2018 y la posterior evaluación de los resultados presupuestarios de 2018 se estableció que deberá tenerse en cuenta el objetivo de alcanzar una orientación de la política presupuestaria que contribuya a reforzar la recuperación en curso y a garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Tras la evaluación de la Comisión sobre la solidez de la recuperación de Eslovaquia, teniendo debidamente en cuenta los retos relativos a la sostenibilidad, no es necesario tener en cuenta ningún otro elemento adicional al respecto. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, existe el riesgo de desviación significativa respecto de esta recomendación en 2018.

(8)

En 2019, en vista de la brecha de producción prevista del 1,2 % del PIB en Eslovaquia, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería superar el 4,1 %, de conformidad con el ajuste estructural del 0,5 % del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe el riesgo de que Eslovaquia se desvíe significativamente con respecto de este requisito en 2019 debido a la desviación durante el período 2018-2019 en su conjunto. En general, el Consejo estima que a partir de 2018 deberían adoptarse las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

(9)

Las finanzas públicas de Eslovaquia siguen afrontando riesgos a largo plazo. El gasto en asistencia sanitaria continúa planteando un riesgo para la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, habida cuenta de la dificultad que plantea mejorar la relación coste/eficacia del sistema sanitario eslovaco. A largo plazo, se prevé que el gasto público en asistencia sanitaria aumente en 1,2 puntos porcentuales del PIB, por encima de la media estimada de incremento de 0,9 puntos para la Unión. El sistema de pensiones ha experimentado una mejora progresiva de su sostenibilidad a largo plazo, debido principalmente al aumento automático de la edad de jubilación, que ha reducido el incremento previsto del gasto derivado del envejecimiento de la población a largo plazo.

(10)

Aunque se han dado algunos pasos para mejorar la relación coste/eficacia del sistema sanitario, en particular mediante la aplicación de la revisión del gasto en función de la rentabilidad, el potencial para racionalizar el uso de los recursos sigue siendo significativo. No muestran avances los planes para una profunda reforma del sistema sanitario que permita la racionalización de los servicios, una mejor gestión de los recursos hospitalarios y un sistema de asistencia más eficaz. El consumo de servicios hospitalarios sigue siendo elevado, con un gran porcentaje de hospitalizaciones causadas por enfermedades crónicas y tasas de altas superiores a la media de la Unión, junto con un porcentaje relativamente bajo de ocupación de camas. Aunque el refuerzo de la atención primaria puede aliviar la elevada carga que pesa sobre los hospitales, el sistema adolece de falta de médicos generalistas, exacerbada por su distribución geográfica desigual. Asimismo, la edad de los médicos generalistas puede plantear problemas de plantilla en el futuro. Por último, varias medidas destinadas a mejorar la relación coste/eficacia del sistema sanitario, como la plena introducción de un sistema de pago de diagnósticos por grupos homogéneos de pacientes y el funcionamiento efectivo del sistema de salud en línea, se encuentran aún en fase de desarrollo, y es probable que se enfrenten a nuevos retrasos y problemas de aplicación en el futuro.

(11)

Los ingresos fiscales aumentan gracias a un buen crecimiento económico y se están haciendo esfuerzos para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y para colmar la gran brecha de Eslovaquia derivada del impuesto sobre el valor añadido (IVA). Aunque se incrementaron los incentivos fiscales para promover la I+D, los impuestos sobre bienes inmuebles siguen aportando escasos ingresos. Un programa evolutivo de revisiones del gasto para todos los ámbitos esenciales del gasto público se está revelando un instrumento eficaz y riguroso para mejorar la relación coste/eficacia del gasto público.

(12)

Continúa la evolución positiva del mercado laboral, caracterizado por el aumento del empleo y el históricamente bajo nivel de desempleo. No obstante, el desempleo de larga duración sigue siendo uno de los más altos de la Unión y afecta particularmente a los grupos desfavorecidos, como los trabajadores poco cualificados, los jóvenes y las comunidades gitanas marginadas. Como consecuencia de la mejora de las condiciones del mercado laboral, han comenzado a surgir noticias de escasez de mano de obra cualificada en determinados sectores de la economía. Las disparidades regionales en el mercado laboral son acusadas, pues el mayor desempleo se concentra en Eslovaquia oriental y la mayor escasez de mano de obra, en la parte occidental del país. Eslovaquia ha comenzado a aplicar su plan de acción para la integración de los desempleados de larga duración, apoyado por el Fondo Social Europeo. El plan introduce en particular servicios personalizados, asesoramiento social y un nuevo sistema de creación de perfiles de base. No obstante, la aplicación no ha producido aún mejoras estructurales significativas. Siguen existiendo lagunas en la cooperación con los interlocutores privados y las organizaciones no gubernamentales para aliviar la presión sobre los servicios públicos de empleo, mientras que la orientación individualizada se encuentra en una fase inicial. Además, la segmentación poco detallada de los desempleados de larga duración no sirve como instrumento para encaminarlos hacia medidas de activación. Se han reforzado los programas de formación y de reconversión, pero siguen siendo insuficientes, y la atención que prestan a los desempleados de larga duración y los grupos desfavorecidos es limitada. Además, la participación de los adultos en la formación es aún muy baja y la educación compensatoria para los grupos desfavorecidos no está suficientemente desarrollada. Las condiciones para poder recibir prestaciones por desempleo son estrictas y la duración de las prestaciones es corta. Esto se traduce en que pocos desempleados de corta duración reciben prestaciones por desempleo.

(13)

Las diferencias de empleo y de salario entre mujeres y hombres son muy superiores a la media de la Unión. La baja tasa de empleo de las mujeres en edad fértil refleja el hecho de que el permiso parental de larga duración rara vez es disfrutado por hombres, y está acompañada por la parca presencia de modalidades de trabajo flexible y por la carestía y el escaso número de plazas de guardería. Especialmente en el caso de los niños menores de tres años, su asistencia a guarderías es extremadamente baja.

(14)

El sistema educativo no contribuye suficientemente al desarrollo socioeconómico de Eslovaquia, y su financiación es insuficiente a todos los niveles. La calidad de los resultados educativos, la participación de los gitanos en un sistema general de enseñanza inclusivo y la integración efectiva de los estudiantes procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos en la educación y la formación constituyen desafíos acuciantes. Los resultados educativos y el nivel de competencias básicas siguen siendo decepcionantes en comparación con los niveles internacionales y se ven profundamente condicionados por la situación socioeconómica del estudiante. El abandono escolar prematuro es bajo, pero está aumentando, y las disparidades regionales en las tasas de abandono escolar son notables. A pesar de los planes destinados a incrementar los sueldos de los profesores anualmente en un 6 % hasta 2020, la profesión de docente sigue siendo poco atractiva, debido en parte a la limitada formación inicial y a las escasas oportunidades de desarrollo profesional. La aplicación de medidas encaminadas a incrementar la participación de los alumnos gitanos en un sistema general de enseñanza inclusivo es muy tibia, debido a la insuficiente dotación económica y a la falta de seguimiento, así como a la escasa formación de los profesores en materia de cuestiones interculturales.

(15)

La Administración pública aún se ve lastrada por ineficiencias y obstáculos ocasionados por una deficiente o escasa cooperación interministerial y su poco convincente neutralidad política. La aplicación de la Ley del Funcionariado ha sido lenta y su impacto en la mejora de la gestión de los recursos humanos sigue estando por ver. En relación con la gestión de los fondos de la Unión, la capacidad y la eficiencia de la Administración son aún limitadas y la rotación del personal sigue siendo elevada, en parte vinculada al ciclo político. No obstante, este problema está siendo abordado por el refuerzo del papel de coordinación de la Oficina del Viceprimer Ministro, que actúa como elemento de estabilización de la continuidad y la experiencia institucional de las organizaciones encargadas de la aplicación.

(16)

Los Fondos EIE son esenciales para hacer frente a los principales retos de mejora de la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo en Eslovaquia. Eslovaquia sufrió una pérdida de 26 millones EUR de financiación para investigación e innovación en 2017, principalmente debido a problemas con la aplicación de los criterios de selección y la selección de los evaluadores, según lo confirmaron las comprobaciones efectuadas. Si no se adoptan medidas para acelerar la aplicación, existe un riesgo elevado de que se pierda otra parte de la financiación. Aunque el porcentaje de selección de proyectos ha superado la mitad de la asignación total para el actual período de programación, la aplicación sobre el terreno resultó en pagos a los beneficiarios que solo suponen un 11 % de la asignación.

(17)

La escasa eficacia de la Administración pública también se traslada a otros sectores, como la energía y el medio ambiente. Las tasas de reciclado son muy bajas y la calidad del aire sigue siendo relativamente pobre. La gestión sostenible de los bosques constituye un reto cada vez mayor. El sector de la energía sufre de un exceso de regulación y las políticas energéticas no están plenamente en consonancia con los objetivos climáticos y energéticos de la Unión.

(18)

Eslovaquia ha adoptado importantes medidas para establecer un sistema de contrataciones públicas eficaz y ha hecho esfuerzos para introducir criterios cualitativos en la adjudicación de contratos. Para octubre de 2018 deberían estar funcionando herramientas electrónicas obligatorias para la tramitación de los procedimientos de contratación pública. Aunque no hayan sido óptimas desde el punto de vista de la eficacia, se han realizado previamente verificaciones exhaustivas de todos los proyectos financiados a través de los Fondos EIE. No obstante, todavía no se han logrado resultados satisfactorios en los ámbitos de los controles internos, la transparencia, la digitalización, la profesionalización de los servicios y la contratación pública estratégica y sostenible desde el punto de vista medioambiental. Esto se refleja en los resultados que Eslovaquia obtiene con respecto a las prácticas contrarias a las normas de competencia, que siguen estando un poco por encima de la media de la Unión, a pesar de unas ligeras mejoras. Por otra parte, los indicios de compromiso en la lucha contra la corrupción siguen siendo limitados. Más de la mitad de las empresas consideran que la corrupción está muy extendida en la contratación pública gestionada por las autoridades nacionales.

(19)

La corrupción, unos procedimientos administrativos complejos, las normativas excesivas y rápidamente cambiantes aplicables a las empresas y las preocupaciones sobre la gobernanza de varios organismos reguladores afectan sobremanera a la calidad de la actividad empresarial eslovaca. Aunque haya perdido terreno en algunas comparaciones internacionales, Eslovaquia ha definido una serie de medidas destinadas a mejorar la calidad de la actividad empresarial y estimular la inversión. También ha reforzado su marco aplicable a la normativa sobre evaluaciones de impacto, ampliando su uso en los últimos años. Por último, recientemente se ha adoptado la RIA (evaluación de impacto de la legislación) 2020, una nueva estrategia para legislar mejor. Persisten importantes obstáculos reglamentarios en el sector de los servicios a las empresas, pues las restricciones son superiores a la media de la Unión en lo que respecta a arquitectos, ingenieros, asesores fiscales, abogados, agentes de patentes, agentes inmobiliarios y guías turísticos. En la Comunicación de la Comisión de 10 de enero de 2017 relativa a las recomendaciones para la reforma de la regulación de los servicios profesionales se hicieron recomendaciones destinadas a abordar los obstáculos reglamentarios. No obstante, Eslovaquia no ha informado de ningún avance en lo que respecta a la subsanación de esas restricciones.

(20)

En general, no se han logrado avances en la intensificación de la lucha contra la corrupción. La percepción de la existencia de corrupción sigue siendo elevada y el enjuiciamiento de estos delitos ha disminuido todavía más. Esta percepción se ha deteriorado aún más a raíz del asesinato de un periodista de investigación que había hecho averiguaciones sobre un gran número de casos importantes de corrupción. La proporción de casos importantes de corrupción enjuiciados es bajísima. La falta de rendición de cuentas de la policía y la fiscalía no se ha resuelto y obstaculiza la lucha contra la corrupción y las investigaciones de los casos de corrupción sensibles.

(21)

Mejorar la efectividad y la independencia del sistema judicial constituye un reto para Eslovaquia, a pesar de algunas mejoras en materia de eficiencia. Persiste la preocupación por la independencia de la judicatura, por ejemplo los procedimientos de nombramiento de jueces en todas las escalas del sistema judicial.

(22)

Aunque el estímulo a la innovación puede impulsar la competitividad y facilitar la transición hacia una economía basada en el conocimiento, la capacidad de Eslovaquia para innovar sigue siendo limitada, ya que la actividad de I+D de las empresas es muy baja (0,40 % del PIB en 2016). Aunque en Eslovaquia existe gran sector industrial de tecnología media y alta, las empresas multinacionales dominantes solo han mostrado hasta el momento un interés limitado en desarrollar actividades I+D y el porcentaje de pymes con innovación interna fue mucho menor en Eslovaquia (13,9 %) que en el conjunto de la Unión (28,8 %) en 2016.

(23)

La inversión pública en I+D se incrementó marcadamente entre 2009 y 2015, debido al recurso a los Fondos EIE. El pleno potencial de estas inversiones no ha llegado a alcanzarse debido a ineficiencias en el entorno de investigación eslovaco. A pesar del refuerzo de la Oficina del Viceprimer Ministro para coordinar la investigación, el desarrollo y la innovación, la gobernanza en este ámbito es deficiente. La naturaleza fragmentada del sistema y el débil marco de gobernanza, dado que las responsabilidades se dividen entre varios ministerios y organismos que a menudo pecan de falta de coordinación, da lugar al constante aplazamiento de las reformas. Las medidas para estimular la transferencia de conocimientos, reforzar las capacidades de investigación en la industria y mejorar la cooperación entre las empresas y el mundo académico avanzan muy lentamente.

(24)

En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis general de la política económica de Eslovaquia y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Eslovaquia en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Eslovaquia, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.

(25)

A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2018, y su dictamen (7) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.

1.

2.

3.

(1)

El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que no se señalaba a Finlandia como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 22 de marzo de 2018. El 14 de mayo de 2018, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación para la zona del euro»).

(2)

Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la Unión Económica y Monetaria, Finlandia debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones que figuran más abajo, en particular la recomendación 3.