1)

¿Deben interpretarse los objetivos de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido ([«Directiva del IVA»]), (1) en especial las exigencias de prevención de los conflictos de competencia entre Estados miembros y de la doble imposición, contempladas en los considerandos 17 y 62, y el Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo, (2) en especial los considerandos 5, 7 y 8 y los artículos 28 a 30, en el sentido de que se oponen a una práctica de una administración tributaria de un Estado miembro que, al atribuir a una operación una calificación que difiere tanto de la interpretación jurídica sobre la misma operación y los mismos hechos que efectúa la administración tributaria de otro Estado miembro como de la contestación a una consulta vinculante proporcionada por esta última sobre la base de esta interpretación, así como de la conclusión confirmatoria de ambas que dicha administración alcanza en la inspección tributaria efectuada, da lugar a la doble imposición del sujeto pasivo?

2)

En el caso de que de la respuesta a la primera cuestión se desprenda que tal práctica no es contraria al Derecho comunitario, ¿puede la administración tributaria de un Estado miembro, teniendo en cuenta la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y el Derecho de la Unión, determinar unilateralmente la obligación tributaria, sin tomar en consideración que la administración tributaria de otro Estado miembro ya ha confirmado en varias ocasiones, primero a instancia del sujeto pasivo y después en sus resoluciones a raíz de una inspección, la conformidad a Derecho de la actuación de ese sujeto pasivo?

¿O bien deben las administraciones tributarias de ambos Estados miembros cooperar y llegar a un acuerdo, en aras del principio de neutralidad fiscal y de la prevención de la doble imposición, para que el sujeto pasivo solo deba pagar [IVA] en uno de esos países?

3)

En el caso de que de la respuesta a la segunda cuestión se desprenda que la administración tributaria de un Estado miembro puede modificar la calificación fiscal unilateralmente, ¿deben interpretarse las disposiciones de la [Directiva del IVA] en el sentido de que la administración tributaria de un segundo Estado miembro está obligada a devolver al sujeto pasivo obligado al pago del IVA el impuesto fijado por esa administración en la contestación a una consulta vinculante y abonado en relación con un período cerrado con una inspección, para que con ello queden garantizados tanto la prevención de la doble imposición como el principio de neutralidad fiscal?

4)

¿Cómo debe interpretarse la expresión contenida en la primera frase del apartado 1 del artículo 33 de la Directiva armonizada del IVA, conforme a la cual el transporte es efectuado «por el proveedor o por su cuenta»? ¿Incluye esta expresión el caso en que el sujeto pasivo ofrece como vendedor, en una plataforma de compra en línea, la posibilidad de que el comprador celebre un contrato con una empresa logística con la que dicho vendedor colabora para operaciones distintas de la venta, cuando el comprador también puede elegir libremente otro transportista distinto del propuesto y el contrato de transporte lo concluyen el comprador y el transportista, sin intervención del vendedor?

¿Tiene relevancia a efectos interpretativos —teniendo en cuenta especialmente el principio de seguridad jurídica— que para el año 2021 los Estados miembros deban modificar la normativa por la que se transpone la disposición mencionada de la [Directiva del IVA], de modo que el artículo 33, apartado 1, de dicha Directiva también deba aplicarse en caso de colaboración indirecta en la elección del transportista?

5)

¿Debe interpretarse el Derecho de la Unión, concretamente la [Directiva del IVA], en el sentido de que los hechos mencionados a continuación, en su conjunto o por separado, tienen relevancia para examinar si entre las empresas independientes que llevan a cabo la entrega, expedición o transporte de los bienes el sujeto pasivo ha configurado, para eludir el artículo 33 de la [Directiva del IVA] y para cometer con ello un abuso de Derecho, relaciones jurídicas que pretenden aprovechar la circunstancia de que el gravamen del IVA es menor en el otro Estado miembro:

1)

¿Es compatible con las disposiciones del Tratado FUE que regulan los principios de prohibición de la discriminación (artículos 18 TFUE y 26 TFUE), de libertad de establecimiento (artículo 49 TFUE), de igualdad de trato (artículo 54 TFUE), de igualdad de las participaciones financieras en el capital de las sociedades definidas en el artículo 54 TFUE (artículo 55 TFUE), de libre prestación de servicios (artículo 56 TFUE), de libre circulación de capitales (artículos 63 TFUE y 65 TFUE) y de igualdad en la imposición de tributos a las empresas (artículo 110 TFUE) el hecho de que los sujetos pasivos de titularidad extranjera que explotan varios establecimientos comerciales a través de una sola sociedad mercantil y que ejercen la actividad de comercio al por menor en establecimientos comerciales deban pagar efectivamente el impuesto específico correspondiente al tramo superior de un tipo impositivo marcadamente progresivo, mientras que los sujetos pasivos de titularidad nacional que operan en régimen de franquicia bajo una única enseña —a través de establecimientos comerciales que generalmente constituyen sociedades mercantiles independientes— están incluidos de hecho en el tramo exento o se les aplica uno de los tipos impositivos inferiores siguientes a dicho tramo, de manera que la proporción entre el impuesto pagado por las sociedades de titularidad extranjera y la recaudación tributaria total derivada del impuesto específico es sustancialmente mayor que en el caso de los sujetos pasivos de titularidad nacional?

2)

¿Es compatible con las disposiciones del Tratado FUE que regulan el principio de prohibición de ayudas estatales (artículo 107 TFUE, apartado 1) el hecho de que los sujetos pasivos que explotan varios establecimientos comerciales a través de una sola sociedad mercantil y que ejercen la actividad de comercio al por menor en establecimientos comerciales deban pagar efectivamente el impuesto específico correspondiente al tramo superior de un tipo impositivo marcadamente progresivo, mientras que los sujetos pasivos de titularidad nacional que son competidores directos suyos y que operan en régimen de franquicia bajo una única enseña —a través de establecimientos comerciales que generalmente constituyen sociedades mercantiles independientes— están incluidos de hecho en el tramo exento o se les aplica uno de los tipos impositivos inferiores siguientes a dicho tramo, de manera que la proporción entre el impuesto pagado por las sociedades de titularidad extranjera y la recaudación tributaria total derivada del impuesto específico es sustancialmente mayor que en el caso de los sujetos pasivos de titularidad nacional?

3)

¿Deben interpretarse los artículos 107 TFUE y 108 TFUE, apartado 3, en el sentido de que sus efectos se extienden a una medida fiscal que presenta una relación orgánica con una exención fiscal (constitutiva de una ayuda estatal) financiada mediante la recaudación tributaria generada con la medida fiscal, por cuanto el legislador ha alcanzado el importe de los ingresos presupuestarios previstos, que fueron fijados antes de la introducción del impuesto específico sobre el comercio al por menor (en función del volumen de negocios de los operadores del mercado), mediante la aplicación de un tipo impositivo progresivo en función del volumen de negocios, y no mediante la introducción de un tipo impositivo general, de manera que la normativa pretende deliberadamente conceder una exención fiscal a una parte de los operadores del mercado?

4)

¿Es compatible con el principio de equivalencia procesal y con los principios de efectividad y primacía del Derecho de la Unión una práctica de los órganos del Estado miembro encargados de aplicar el Derecho con arreglo a la cual, en las inspecciones tributarias incoadas de oficio o en los procedimientos judiciales subsiguientes —a pesar del principio de efectividad y de la obligación de no aplicar la norma de Derecho nacional incompatible—, no es posible presentar una solicitud de devolución del impuesto declarado con arreglo a una norma nacional en materia tributaria contraria al Derecho de la Unión, por el motivo de que la administración tributaria o el órgano jurisdiccional solo examinan la incompatibilidad con el Derecho de la Unión en procedimientos específicos iniciados a instancia de parte que puedan incoarse con anterioridad al procedimiento de oficio, mientras que, en lo que se refiere al impuesto que se ha declarado de manera contraria al Derecho nacional, nada impide presentar la solicitud de devolución en un procedimiento ante la administración tributaria o ante un órgano jurisdiccional?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 53 del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 (1) en el sentido de que, si así lo solicita una de las partes, el tribunal del Estado miembro que dictó la resolución debe expedir automáticamente el certificado relativo a la resolución, sin examinar si [el asunto] está incluido en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1215/2012?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿debe interpretarse el artículo 1, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 en el sentido de que una acción de reintegro entre los miembros de una pareja de hecho no registrada está comprendida en un régimen que regula relaciones con efectos (jurídicos) comparables al matrimonio?

1)

¿Deben interpretarse los principios básicos y las normas del Derecho de la Unión (en particular el artículo 4 TUE, apartado 3, y la exigencia de interpretación uniforme), tal como los ha interpretado el Tribunal de Justicia, especialmente en la sentencia dictada en el asunto Köbler, en el sentido de que la declaración de responsabilidad del tribunal del Estado miembro que resuelve en última instancia por una sentencia que infringe el Derecho de la Unión puede basarse exclusivamente en el Derecho nacional o en los criterios establecidos por el Derecho nacional? En caso de respuesta negativa, ¿deben interpretarse los principios básicos y las normas del Derecho de la Unión, en especial los tres criterios establecidos por el Tribunal de Justicia en el asunto Köbler para declarar la responsabilidad del «Estado», en el sentido de que la concurrencia de los requisitos de la responsabilidad del Estado miembro por violación del Derecho de la Unión por parte de los tribunales de dicho Estado debe apreciarse sobre la base del Derecho nacional?

2)

¿Deben interpretarse las normas y los principios básicos del Derecho de la Unión (en particular el artículo 4 TUE, apartado 3, y la exigencia de tutela judicial efectiva), especialmente las sentencias del Tribunal de Justicia en materia de responsabilidad del Estado miembro dictadas en los asuntos Francovich y otros, Brasserie du pêcheur y Factortame y Köbler, entre otros, en el sentido de que la fuerza de cosa juzgada de las sentencias que infringen el Derecho de la Unión dictadas por tribunales del Estado miembro que resuelven en última instancia excluye la declaración de responsabilidad por daños y perjuicios del Estado miembro?

3)

¿Deben interpretarse los principios de «efectividad» y equivalencia establecidos por las Directivas 89/665/CE, (1) 92/13/CE (2) y 2007/66/CE (3) y las sentencias del Tribunal de Justicia Kühne & Heitz, Kapferer, Impresa Pizzarotti, y Transportes Urbanos y Servicios Generales en el sentido de que, en el marco del procedimiento de revisión, la parte ya no puede invocar las apreciaciones contenidas en una sentencia del Tribunal de Justicia dictada a raíz de un procedimiento de remisión prejudicial iniciado por el tribunal de segunda instancia del litigio principal, habida cuenta de que en el litigio principal no se tomaron en consideración estas apreciaciones, en particular en caso de que el tribunal del Estado miembro que conoce en la más alta instancia haya desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada en el litigio principal basándose en la circunstancia de que la parte no invocó a su debido tiempo las apreciaciones contenidas en la sentencia del Tribunal de Justicia?

4)

¿Deben interpretarse las Directivas citadas en la tercera cuestión prejudicial, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada, en particular, de las sentencias Impresa Pizzarotti (C-213/13), Kapferer (C-234/04), Kühne & Heitz (C-453/00) y Transportes Urbanos y Servicios Generales (C-118/08), en relación con la admisión del recurso de revisión, y los principios básicos establecidos por el Tribunal de Justicia en los asuntos C-470/99, C-327/00 y C-241/06, en relación con los plazos establecidos por el Derecho nacional para los procedimientos de recurso en materia de contratación pública, en el sentido de que los tribunales nacionales actúan correctamente al no tomar en consideración, por haber sido invocadas extemporáneamente por la parte en el procedimiento en segunda instancia, la sentencia del Tribunal de Justicia dictada a solicitud del tribunal de segunda instancia en el procedimiento del que conoce o una sentencia del Tribunal de Justicia cuya versión en la lengua oficial del Estado miembro no estuvo disponible hasta la segunda instancia, y al inadmitir, no obstante, el recurso de revisión que interpuso esa parte esgrimiendo sentencias del Tribunal de Justicia que había invocado, sin que fueran tomadas en consideración, y hechos relevantes a efectos de tales sentencias?

5)

¿Deben interpretarse las Directivas citadas en la tercera cuestión prejudicial y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia derivada, en particular, de las sentencias Impresa Pizzarotti (C-213/13), Kapferer (C-234/04), Kühne & Heitz (C-453/00) y Transportes Urbanos y Servicios Generales (C-118/08), en el sentido de que, en un caso en que la parte del litigio hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Kempter (C-2/06) —según la cual no es preciso que invoque las sentencias del Tribunal de Justicia, debiendo el tribunal aplicarlas de oficio— los tribunales nacionales actúan correctamente al no tomar en consideración sentencias del Tribunal de Justicia, basándose en las normas procesales nacionales, y en contra de lo declarado en la sentencia [Kempter], de forma que ni siquiera se haga mención de esta circunstancia en la resolución que pone fin al procedimiento o en la motivación de la misma, y al inadmitir, no obstante, el recurso de revisión que interpuso esa parte esgrimiendo sentencias del Tribunal de Justicia que había invocado, sin que fueran tomadas en consideración, y hechos relevantes a efectos de tales sentencias?

6)

¿Debe interpretarse el requisito de violación suficientemente caracterizada establecido en las sentencias Köbler y Traghetti del Mediterraneo en el sentido de que tal violación no existe cuando el tribunal que resuelve en última instancia inadmite un recurso de revisión contraviniendo abiertamente una jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia que se cita con el máximo detalle —con apoyo incluso en distintos dictámenes jurídicos—, sin hacer ninguna referencia a la misma y sin motivar en absoluto esta decisión a la luz del Derecho de la Unión, y, visiblemente, tampoco examina ni alude siquiera a la necesidad de remitir el asunto al Tribunal de Justicia, a pesar de que, para justificar esta necesidad, se haya citado también con el máximo detalle la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia? Habida cuenta de la sentencia del Tribunal de Justicia CILFIT (C-283/81), ¿debe el tribunal nacional fundamentar su resolución cuando, apartándose de la interpretación jurídica establecida con carácter vinculante por el Tribunal de Justicia, inadmita un recurso de revisión y, a este respecto, se niegue a plantear una remisión prejudicial sin ofrecer una motivación?

7)

¿Deben interpretarse los principios de tutela judicial efectiva y de equivalencia de los artículos 19 TUE y 4 TUE, apartado 3, la libertad de establecimiento y de la libertad de prestación de servicios establecidas en el artículo 49 TFUE, y la Directiva 93/37/CEE del Consejo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, así como las Directivas 89/665/CEE, 92/13/CEE y 2007/66/CE, en el sentido de que [no se oponen a que] las autoridades y tribunales competentes, con inobservancia manifiesta del Derecho de la Unión aplicable, desestimen uno tras otro los recursos interpuestos por el demandante por haber sido excluido de un procedimiento de contratación pública, recursos para los cuales es preciso elaborar, en su caso, múltiples documentos con una inversión considerable de tiempo y dinero o participar en audiencias, y, aunque es cierto que existe teóricamente la posibilidad de declarar la responsabilidad por daños causados en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales, la normativa pertinente priva al demandante de la posibilidad de reclamar al tribunal una indemnización por el perjuicio sufrido como consecuencia de las medidas ilegales?

8)

¿Deben interpretarse los principios establecidos en las sentencias Köbler, Traghetti del Mediterraneo y San Giorgio en el sentido de que no puede indemnizarse el daño ocasionado por el hecho de que, contraviniendo la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia, el tribunal del Estado miembro que resuelve en última instancia no haya admitido la revisión solicitada en tiempo oportuno por la parte, en el marco de la cual esta habría podido reclamar una indemnización de los gastos causados?

9)

Cuando con arreglo al Derecho nacional debe admitirse un procedimiento de revisión por razón de la existencia de una nueva resolución del Tribunal Constitucional y en aras del restablecimiento de la constitucionalidad, ¿no debe también, habida cuenta del principio de equivalencia y del contenido de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Transportes Urbanos y Servicios Generales (C-118/08), admitirse un procedimiento de revisión en el supuesto de que en el litigio principal no se tomaran en consideración, invocando las disposiciones de Derecho nacional relativas a los plazos procesales, una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal de Justicia en otro asunto, una sentencia del Tribunal de Justicia dictada a solicitud del tribunal en el litigio principal, y hechos relevantes a efectos de tales sentencias?

1)

¿Cabe interpretar el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 31 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (denominada «Directiva de procedimientos»), (1) a la luz de lo dispuesto por los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que es posible que un Estado miembro garantice la tutela judicial efectiva aun en caso de que sus órganos jurisdiccionales no puedan modificar las resoluciones dictadas en procedimientos de asilo, sino que solo puedan anularlas y ordenar la tramitación de un nuevo procedimiento?

2)

¿Cabe interpretar el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 31 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (denominada «Directiva de procedimientos»), nuevamente a la luz de lo dispuesto por los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el sentido de que es conforme [con dicha normativa] la legislación de un Estado miembro que establece un plazo imperativo único de sesenta días en total para los procedimientos judiciales de asilo, con independencia de toda circunstancia individual y sin considerar las particularidades del asunto ni las posibles dificultades en materia de prueba?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 10, letra h), y el considerando 28 de la Directiva 2014/24/UE (1) en el sentido de que están cubiertos por la exclusión establecida en el citado artículo 10, letra h) o, por el contrario, forman parte de los servicios mencionados en los artículos 74 a 77 de dicha Directiva

2)

¿Debe interpretarse la Directiva 2014/24/UE en el sentido de que se opone a una normativa nacional que dispone que, incluso cuando no exista una emergencia real, se atribuyan con carácter prioritario a asociaciones de voluntariado a través de una adjudicación directa mediante convenio

1)

Desestimar el recurso.

2)

La República de Austria cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

3)

La República Checa, la República Francesa, el Gran Ducado de Luxemburgo, Hungría, la República de Polonia, Rumanía, la República Eslovaca y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas al Consejo Regulador del Cava.

—

Anule la decisión ASK-40399, comunicada por la demandada a las demandantes el 15 de mayo de 2018, de divulgar documentación sobre la base del Reglamento n.o 1049/2001/EC.

—

Condene a la demandada a cargar con las costas de las demandantes y con el resto de costas y gastos relacionados con este procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en que la demandada incurrió en un error de Derecho al estimar que el artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001/CE, en su segundo guion, referido a los «procedimientos judiciales», no era aplicable al presente asunto, basándose en que la documentación no constituía un documento «preparado a efectos de un procedimiento judicial». Sin embargo, jurídicamente, la demandada debería haber estimado que sí procedía aplicar esta excepción.

2.

Segundo motivo, con carácter adicional o subsidiario, basado en que el único resultado aceptable de una correcta ponderación, de acuerdo con el primer guion, dedicado a los «intereses comerciales», del artículo 4, apartado 2, del Reglamento n.o 1049/2001/CE, habría sido tomar la decisión de no divulgar la información, habida cuenta de: 1) la irrefutable relevancia del interés privado de las demandantes en evitar la divulgación; y 2) la existencia de un interés público en la divulgación meramente vago y genérico.

—

Anule la decisión de la Junta Única de Resolución de 12 de abril de 2018 relativa al cálculo de las contribuciones ex ante al Fondo Único de Resolución para el año 2018 (SRB/ES/SRF/2018/3).

—

Con carácter subsidiario, anule dicha decisión impugnada y declare total o parcialmente inaplicable el Reglamento Delegado (UE) 2015/63 de la Comisión («Reglamento Delegado»), (1) de conformidad con el artículo 277 TFUE.

—

En cualquier caso, condene a la JUR al pago de las costas del presente procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 103, apartado 2, de la Directiva 2014/59/UE, (2) del artículo 70, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 (3) y del artículo 4, apartado 1, del Reglamento Delegado, al utilizar datos incomparables para determinar el pasivo neto de la demandante.

2.

Segundo motivo, invocado con carácter subsidiario respecto del primero, basado en la infracción del artículo 103, apartados 2 y 7, de la Directiva 2014/59/UE y del artículo 290 TFUE, debida a que el Reglamento Delegado, tal como lo aplicó la JUR en la decisión impugnada, sobrepasó el mandato establecido por la Comisión Europea, por lo que no procede aplicar dicho Reglamento Delegado, de conformidad con el artículo 277 TFUE.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad al no tener debidamente en cuenta los depósitos garantizados de la demandante.

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de seguridad jurídica al no tomar debidamente en consideración los depósitos garantizados de la demandante.

5.

Quinto motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato al no tener debidamente en cuenta los depósitos garantizados de la demandante.

—

Anule las Decisiones del Banco Central Europeo LS/MD/18/141 y LS/PT/2018/9, de 8 de mayo y de 9 de febrero de 2018, respectivamente; y

—

Condene en costas al Banco Central Europeo.

1.

Se alega en el primer motivo que las resoluciones del BCE denegatorias de acceso a la documentación interesada no están suficientemente motivadas porque no consideran debidamente las finalidades pretendidas por el legislador comunitario al establecer el derecho de acceso de las personas físicas y jurídicas a los documentos de las instituciones europeas, en el marco de un procedimiento transparente y a la luz de los principios de buen gobierno y de participación ciudadana. Además, los argumentos utilizados por el BCE son de carácter genérico. Asimismo, el BCE no tiene en cuenta que la divulgación de los documentos solicitados no puede afectar de ninguna manera al adecuado desarrollo del procedimiento de decisión en el ámbito de la Resolución de entidades de crédito. Y es que, no solo el concreto procedimiento de Resolución ya está concluido, sino que se encuentra en revisión jurisdiccional, de modo que la denegación de acceso dificulta esa revisión al propio Tribunal. Por último, las Decisiones no tienen en cuenta que el acceso a la documentación solicitada se realiza con el único fin de ejercitar el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

2.

Se alega en el segundo motivo que las resoluciones impugnadas infringen el artículo 4.1.c) de la Decisión BCE/2004/3, sobre acceso a documentos, en la medida en que deniegan a esta parte el acceso a la información solicitada amparándose en que los documentos estarían, total o parcialmente, cubiertos de una presunción general de no accesibilidad por ser documentos confidenciales cubiertos por el secreto profesional aplicable a las instituciones. Esa presunción general de no accesibilidad no está expresamente prevista en la legislación sectorial aplicable y, de existir, sería inaplicable pues no cabe acudir a una interpretación amplia y por analogía de las excepciones al derecho de acceso.

3.

Se alega en el tercer motivo que las resoluciones impugnadas vulneran el artículo 4.1.c) de la Decisión BCE/2004/3, en la medida en que deniegan a la parte demandante el acceso a la información solicitada amparándose en que los documentos estarían, total o parcialmente, cubiertos por el secreto profesional aplicable a las instituciones, cuando resultan necesarios para unos procedimientos judiciales y su denegación impide o dificulta la función pública jurisdiccional.

4.

Se alega en el cuarto motivo de recurso que las resoluciones impugnadas vulneran el artículo 4.1 a), guiones segundo y sexto, de la Decisión BCE/2004/3, en la medida en que afirman que la divulgación de la información podría perjudicar al sistema bancario en general.

5.

Se alega en el quinto motivo de recurso que las resoluciones impugnadas vulneran el artículo 4.2, primer guion, de la Decisión BCE/2004/3, al afirmar que la divulgación de los documentos e informaciones solicitados podría afectar a los intereses comerciales de Banco Santander y podría tener un impacto sobre inspecciones futuras.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 15, apartado 2, de la Ley de marcas.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 15, apartado 3, de la Ley de marcas.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 63 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, en relación con la Regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 15, apartado 2, de la Ley de marcas.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 15, apartado 3, de la Ley de marcas.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 63 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, en relación con la Regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 15, apartado 2, de la Ley de marcas.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 15, apartado 3, de la Ley de marcas.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 63 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, en relación con la Regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 15, apartado 2, de la Ley de marcas.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con el artículo 15, apartado 3, de la Ley de marcas.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 63 del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, en relación con la Regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del Artículo 7, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.