6.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/1

6.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/2

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Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que «la Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo»,

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Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, que establece que la acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional,

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Vistos los apartados 9 y 35 de la Declaración conjunta del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión de diciembre de 2005 titulada «El consenso europeo sobre desarrollo» (1),

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Vistos las sucesivas conclusiones del Consejo, los informes bienales de la Comisión y las resoluciones del Parlamento sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD), en particular su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre el Informe de la Unión de 2013 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (2),

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Vistos el quinto informe bienal de la Comisión sobre la CPD y, en particular, su documento de trabajo sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo, publicado en agosto de 2015 (SWD(2015)0159),

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Vista la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en la Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York en 2015 (3), que incluye el objetivo de «mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible» (objetivo 17.14),

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Visto el documento final del Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, de diciembre de 2011, sobre la asociación para una Cooperación al Desarrollo Eficaz,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0165/2016),

A.

Considerando que, en sus Conclusiones sobre el quinto informe bienal sobre la CPD, de octubre de 2015, el Consejo destaca que la CPD constituirá una parte importante de la contribución de la Unión para conseguir el objetivo más amplio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible;

B.

Considerando que la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible representa un nuevo reto para la consecución de la CPD, puesto que establece un único conjunto universal de objetivos de desarrollo aplicable a todos países;

C.

Considerando que la Unión debe asumir el liderazgo en la promoción de la CPD;

D.

Considerando que 1 500 millones de personas viven todavía en la pobreza y padecen privaciones en materia de salud, educación y nivel de vida; que la mayoría de estas personas son mujeres;

E.

Considerando que el margen presupuestario de los países en desarrollo se ve limitado de facto por las exigencias de los inversores y los mercados financieros mundiales; que los países en desarrollo han estado ofreciendo diversos incentivos y exenciones fiscales para atraer o retener a los inversores, dando lugar a una competencia fiscal perniciosa y a una «carrera de mínimos»;

F.

Considerando que la Unión tiene una responsabilidad directa e histórica en sus relaciones con los países socios;

G.

Considerando que el actual marco europeo de desarrollo carece de mecanismos eficaces para evitar y subsanar las incoherencias resultantes de las políticas aplicadas por la Unión;

1.

Considera que la CPD es un elemento clave para la realización y la consecución de la agenda para el desarrollo sostenible; pide medidas proactivas, basadas en un entendimiento común de la CPD; señala que el enfoque basado en los derechos humanos debe conducir a una comprensión más profunda de la CPD, ya que, si no se eliminan los obstáculos a la realización de los derechos, no puede haber progreso hacia el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza; considera que la CPD debe contribuir al establecimiento del Estado de Derecho y de unas instituciones imparciales y a responder al reto de una buena gobernanza en los países en desarrollo;

2.

Lamenta que, a pesar de que la CPD se aprobó en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (4), el Tratado de Lisboa y el Foro de Busan sobre la Eficacia de la Ayuda (5), se ha avanzado poco en cuanto a su aplicación concreta;

3.

Pide un debate a escala de la Unión sobre la CPD en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus diecisiete objetivos de desarrollo sostenible universales e indivisibles, con objeto de comprender mejor cómo podría encajar la CPD en el concepto más universal de coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible;

4.

Recuerda que los objetivos de desarrollo sostenible se aplican tanto a los países desarrollados como en desarrollo y que los objetivos de desarrollo sostenible deben integrarse globalmente en el proceso decisorio de la Unión tanto interno como externo; señala la necesidad de desarrollar procesos de gobernanza para promover la CPD a escala mundial, y pide la inclusión de la CPD como un tema central en los próximos debates en torno a las políticas de la Unión sobre la nueva Estrategia global y el MFP;

5.

Pide que la CPD sea objeto de debate en una reunión del Consejo Europeo, con el fin de estimular un debate interinstitucional en el que participen la Comisión, el SEAE, el Consejo y el Parlamento Europeo, así como de debate a escala nacional;

6.

Propone que, en la preparación de esta cumbre, la Comisión y el SEAE presenten recomendaciones concretas a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión sobre unos mecanismos eficaces para hacer operativa la CPD e integrar las estrategias de la Unión con vistas a aplicar mejor los objetivos de desarrollo sostenible, y sobre la manera de definir más claramente las responsabilidades de cada institución de la Unión por lo que respecta al cumplimiento de los compromisos en materia de CPD; cree que este proceso debe ser tan transparente e integrador como sea posible, y contar con la participación de los gobiernos regionales y locales, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de reflexión;

7.

Acoge favorablemente la creación de un grupo de Comisarios que participen en las relaciones exteriores; pide que la VP/AR informe periódicamente sobre las actividades del este grupo a la Comisión DEVE;

8.

Considera que los mecanismos que han utilizado algunas delegaciones de la Unión para aportar observaciones al informe de la Comisión de 2015 sobre la CPD deben ampliarse a todas las delegaciones de la Unión, y que este proceso debe convertirse en un ejercicio anual; pide a las delegaciones de la Unión que garanticen que la CPD figure en el orden del día de las respectivas reuniones bilaterales y reuniones parlamentarias conjuntas, así como de la reunión anual de jefes de delegaciones de la Unión en Bruselas;

9.

Acoge con satisfacción el paquete «Legislar mejor», adoptado por la Comisión el 19 de mayo de 2015; celebra, asimismo, el hecho de que la CPD se mencione expresamente como requisito legal en la herramienta 30 de las directrices para la mejora de la legislación (COM(2015)0215);

10.

Lamenta que, a pesar de que las evaluaciones de impacto constituyen una herramienta importante para lograr la CPD, las evaluaciones de impacto en materia de desarrollo siguen siendo limitadas y no abordan de manera adecuada el posible impacto sobre los países en desarrollo; confía en que el paquete «Legislar mejor» y sus directrices sirvan para mejorar esta situación al tomar en consideración el desarrollo y los derechos humanos en todas las evaluaciones de impacto y mejorando la transparencia; pide a la Comisión que consulte sistemáticamente a las organizaciones de derechos humanos en una fase temprana del proceso de formulación de políticas y que ponga en marcha salvaguardias y mecanismos más sólidos para equilibrar mejor la representatividad de las partes interesadas; acoge con satisfacción la consulta pública sobre la hoja de ruta, que tiene por objeto determinar los resultados y el impacto de la CPD en los países en desarrollo y que brinda a las partes interesadas externas, incluidos los países en desarrollo y la sociedad civil, oportunidades para opinar y participar activamente; acoge con satisfacción la fase del trabajo sobre el terreno de la hoja de ruta y los estudios de casos, que pueden contribuir eficazmente a una evaluación precisa del impacto de la CPD; considera necesario llevar a cabo unas evaluaciones ex post más sistemáticas en el marco de la aplicación de las políticas de la Unión;

11.

Cree que se debe hacer mayor hincapié en la coordinación institucional, tanto entre las instituciones de la Unión como con los Estados miembros; pide a los gobiernos de los Estados miembros que incorporen la CPD en un acto jurídicamente vinculante y definan un plan de acción para la coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible para ponerla en marcha; considera que los parlamentos nacionales han de participar en mayor medida en el programa sobre CPD, en el contexto de su capacidad de responsabilizar a sus gobiernos y supervisar los avances en este ámbito;

12.

Recuerda el importante papel que debe desempeñar el Parlamento en el proceso de promoción de la CPD concediéndole prioridad en las agendas parlamentarias, aumentando el número de reuniones entre comisiones y de reuniones interparlamentarias sobre la CPD, impulsando el diálogo sobre la CPD con los países socios y favoreciendo el diálogo con la sociedad civil;

13.

Toma nota de que algunos Estados miembros han establecido un mecanismo de coordinación interministerial con un mandato específico sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible; pide a los Estados miembros que realicen un seguimiento y un intercambio de las buenas prácticas que ya han adoptado otros Estados miembros;

14.

Toma nota de que la programación conjunta es un instrumento útil para la planificación coherente de las actividades de cooperación al desarrollo de la Unión; acoge con satisfacción el hecho de que esto incluya las actividades bilaterales de los Estados miembros en los países socios, pero lamenta, no obstante, que en el pasado no se haya logrado vincular la acción de la Unión a las actividades de los Estados miembros, perdiendo así oportunidades para explotar sinergias;

15.

Reconoce que la correcta aplicación de la CPD requerirá un nivel adecuado de recursos y personal; insta a que se conceda a los centros de coordinación para la CPD de los ministerios nacionales y las delegaciones de la Unión los recursos necesarios para poner en marcha estrategias nacionales y europeas sobre la CPD;

16.

Subraya que los Parlamentos nacionales desempeñan un papel esencial en la aplicación de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible al garantizar que los compromisos políticos, la supervisión y la participación plena de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son objeto de un control periódico, y al supervisar los informes de evaluación de impacto de los gobiernos;

17.

Recuerda su propuesta de un sistema independiente dentro de la Unión para la recepción de las quejas de las personas o comunidades afectadas por las políticas de la Unión; reconoce el importante papel de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo y su ponente permanente para la CPD en la transmisión de la inquietudes expresadas por los ciudadanos o las comunidades afectadas por las políticas de la Unión;

18.

Señala la necesidad de que la Unión invierta más recursos en análisis basados en pruebas en materia de CPD; pide a la Comisión que detecte las incoherencias sin demora y elabore un análisis de su coste, y que desarrolle mecanismos adecuados de supervisión y seguimiento de los progresos en materia de CPD; pide también a la Comisión que incluya en sus análisis propuestas sobre la manera de evitar y de subsanar las incoherencias entre las diferentes políticas; destaca además la necesidad de mejorar las referencias a la CPD en los documentos de programación;

19.

Destaca la necesidad de fortalecer la CPD en el contexto de la revisión del Consenso Europeo sobre Desarrollo y en los debates en torno a la fase posterior al Acuerdo de Cotonú;

20.

Reconoce que la Unión se enfrenta a la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial; destaca que resulta esencial reforzar el vínculo entre las políticas de migración y desarrollo para abordar las causas profundas de este fenómeno; considera que la Unión debe utilizar todos los instrumentos de que dispone para afrontar la crisis, incluidos los instrumentos diplomáticas y en materia de seguridad; subraya que la respuesta a la crisis de los refugiados no debe focalizarse solo en las cuestiones de seguridad y que los objetivos de desarrollo deben integrarse mejor de modo que las políticas de migración de la Unión sean compatibles con las que buscan reducir la pobreza hace hincapié en que la CPD representa una parte importante de la nueva política de la Unión en materia de migración; acoge favorablemente la adopción de la Agenda Europea de Migración (COM(2015)0240), que ofrece una respuesta exhaustiva a la crisis; considera que su aplicación debe ir acompañada de acciones concretas para impulsar el desarrollo económico, político y social y la buena gobernanza en los países de origen; destaca la importancia de las remesas de dinero como una fuente de financiación del desarrollo; destaca la importancia de los acuerdos de los Estados miembros de la Unión con terceros países para facilitar el movimiento seguro y la movilidad de los trabajadores internacionales; considera que los programas y los presupuestos de ayuda al desarrollo no se deben utilizar para los fines de control de la migración; destaca que cualquier política migratoria común necesita orientarse principalmente en las vías legales hacia Europa y en la recepción de los migrantes;

21.

Hace hincapié en que la Unión necesita un mayor grado de armonización de las políticas de asilo y migración, tanto dentro de la Unión como con sus socios internacionales; indica que la política migratoria y de asilo solo podrá ser realmente eficaz y global si integra plenamente las políticas interiores y exteriores de la Unión, en particular en el seno de las estructuras de trabajo de la Unión; subraya la importancia de desarrollar una sola política de asilo y migración común; pide un enfoque integrador para abordar las causas originarias de la migración que esté estrechamente vinculado al desarrollo para alcanzar una resolución sostenible de la actual crisis de migración; recuerda que las mujeres y las niñas son, en calidad de refugiadas y migrantes, particularmente vulnerables a la violencia o explotación sexual, y que la perspectiva de género debe integrarse en la política de migración de la Unión;

22.

Pide a la Unión y a sus Estados miembros que, para mejorar la coherencia entre las políticas de migración y de desarrollo, no registren el coste de los refugiados como AOD, puesto que hacerlo tiene un coste de oportunidad enorme en detrimento de los programas de desarrollo que abordan eficazmente las causas originarias de la migración;

23.

Subraya que la Unión y sus Estados miembros juntos siguen siendo los principales donantes de ayuda al comercio del mundo (11 700 millones de euros en 2013 (SWD(2015)0128)); sugiere que la ayuda de la Unión al comercio se oriente también a la capacitación de los productores pobres, las cooperativas, las microempresas y las pequeñas empresas, a facilitar la diversificación de los mercados nacionales, a mejorar la igualdad de las mujeres y a impulsar la integración regional y la reducción de las desigualdades de ingresos; celebra que la Comisión intente prestar más atención a las disposiciones de los acuerdos comerciales relativas al desarrollo; recuerda el compromiso de los Estados miembros de realizar esfuerzos concretos encaminados al objetivo de alcanzar el 0,7 % del PIB como AOD para los países en desarrollo, así como la recomendación del CAD de la OCDE de alcanzar un componente de subvención medio correspondiente al 86 % de la AOD total; subraya que los acuerdos comerciales deben contribuir a la promoción del desarrollo sostenible, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en todo el mundo;

24.

Recuerda que la liberalización del comercio no es, en sí, positiva para la erradicación de la pobreza ya que puede tener efectos negativos sobre el desarrollo sostenible;

25.

Pide a la Comisión que presente un informe anual al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la ejecución de la ayuda europea al comercio en los países en desarrollo, detallando las cantidades asignadas y su procedencia, tanto en la rúbrica IV del presupuesto de la Unión como en el FED; considera que este documento proporcionaría una base sólida para los informes de la Unión sobre la CPD que deben publicarse cada dos años;

26.

Recuerda que el objetivo 17.15 de los objetivos de desarrollo sostenible reconoce la necesidad de respetar los espacios políticos de cada país para la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible; reitera el derecho de los países en desarrollo a regular la inversión a fin de garantizar obligaciones y deberes para todos los inversores, incluyendo los extranjeros, con el objetivo de proteger los derechos humanos y las normas laborales y medioambientales;

27.

Acoge favorablemente el progreso realizado desde el establecimiento del Pacto de Sostenibilidad con Bangladés y pide a la Comisión que amplíe los marcos vinculantes para cubrir otros sectores; insta, en este sentido, a la Comisión a que haga extensivas a otros sectores las iniciativas de responsabilidad social de las empresas y de diligencia debida que complementan la normativa vigente de la Unión sobre la madera o la propuesta de Reglamento de la Unión sobre los minerales de guerra, garantizando de esta forma que la Unión y sus comerciantes y operadores observen la obligación de respetar los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales más rigurosas;

28.

Recuerda que la política de inversión de la Unión, especialmente cuando afecta a los recursos públicos, debe contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible; recuerda la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones de financiación del desarrollo a fin de llevar a cabo un control y seguimiento eficaces de los flujos, de la sostenibilidad de la deuda y del valor añadido en relación con sus proyectos de desarrollo sostenible;

29.

Recuerda el papel único de la AOD en la consecución de resultados de desarrollo eficaces; pide que se protejan el interés por el desarrollo y la naturaleza de la AOD, incluido un sistema de información transparente y responsable; recuerda que la desvinculación de la ayuda es una condición necesaria para ampliar las oportunidades de los agentes socioeconómicos de los países en desarrollo, como las empresas o los expertos en asistencia técnica locales, y aboga por que se impulse el recurso a los sistemas de contratación pública en los países en desarrollo para los programas de ayuda en apoyo de las actividades gestionadas por el sector público a fin de reforzar el sector privado local;

30.

Recuerda, no obstante, que la ayuda por sí sola no es suficiente; considera que es necesario tener en cuenta fuentes de financiación innovadoras y diversificadas, como un impuesto sobre las transacciones financieras, el impuesto sobre el carbono, la tasa de solidaridad sobre los billetes de avión, las rentas procedentes de recursos naturales, etc., y armonizarlas con los principios de la eficacia del desarrollo; considera que debe reforzarse la coherencia entre la financiación pública, privada, nacional e internacional; reconoce el papel fundamental que desempeña el sector privado a este respecto; insiste en la importancia de establecer condiciones favorables a la empresa privada en los países en desarrollo y de alentar el establecimiento de marcos políticos y jurídicos que faciliten el uso de la bancarización y la creación de infraestructuras digitales;

31.

Cree que la política comercial de la Unión debe tener en cuenta las realidades y el nivel de desarrollo de los países en desarrollo para lograr los objetivos de la CPD, y el derecho de los países en desarrollo a establecer sus propias estrategias de desarrollo; destaca que los acuerdos comerciales y de inversión concluidos por la Unión y sus Estados miembros no deben socavar directa ni indirectamente los objetivos de desarrollo ni la promoción y protección de los derechos humanos en los países socios; recuerda que el comercio justo y regulado correctamente de conformidad con las normas de la OMC podría potenciar el desarrollo; acoge con satisfacción la inclusión de capítulos detallados sobre el comercio y el desarrollo sostenible en todos los acuerdos comerciales y de inversión;

32.

Solicita a la Unión que instaure un marco apropiado para abordar la manera cómo las empresas integran los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales; pide a la Unión y a sus Estados miembros que se sigan implicando activamente en la labor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para responsabilizar a las empresas de las violaciones de derechos humanos;

33.

Respalda un sistema fiscal eficaz, justo y transparente, en consonancia con los principios de buena gobernanza; acoge con satisfacción el paquete de medidas de transparencia fiscal presentadas por la Comisión el 18 de marzo de 2015, y el paquete de medidas de lucha contra la elusión fiscal presentado el 28 de enero de 2016, incluida la Comunicación de la Comisión sobre una estrategia exterior para promover la buena gobernanza fiscal a nivel internacional; destaca la importancia de llevar a cabo una evaluación de impacto y un análisis de los efectos indirectos de la nueva legislación fiscal de la Unión para evitar efectos negativos en los países en desarrollo; recuerda que la movilización nacional de recursos a través de la tributación constituye la fuente más importante de ingresos para la financiación pública del desarrollo sostenible; insta a la Unión a que ayude a los países en desarrollo en la creación de capacidades en los ámbitos de la administración fiscal, la gobernanza económica y la gestión de las finanzas públicas, y en el control de los flujos financieros ilícitos; pide a la Unión que garantice que las empresas tributen en los países en los que generan o crean valor; destaca, por lo tanto, la responsabilidad de la Unión de promover y poner en marcha a nivel mundial el principio de la CPD en materia fiscal; pide a la Unión, con este fin, que los países en desarrollo puedan participar en igualdad de condiciones en la reforma mundial de las normas fiscales internacionales existentes;

34.

Considera que la cooperación internacional es crucial para combatir los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal, y pide a la Unión que fomente una mayor cooperación internacional en materia fiscal; pide a la Unión que garantice un trato justo a los países en desarrollo cuando negocien tratados fiscales, con arreglo a la Convención modelo de las Naciones Unidas sobre la doble tributación, teniendo en cuenta su situación particular y garantizando una distribución justa de los derechos impositivos; acoge favorablemente los compromisos asumidos en la Conferencia para la financiación del desarrollo celebrada en Adís Abeba en julio de 2015, como la revisión de la financiación multilateral del desarrollo y la Iniciativa fiscal de Adís Abeba cuyo objetivo es ayudar a los países en desarrollo en la creación de sus sistemas nacionales de financiación; pide a la Unión que haga pleno uso del Modelo de Convenio Fiscal de la OCDE que incluye una disposición facultativa en materia de asistencia en la recaudación fiscal;

35.

Pide una evaluación de impacto de las subvenciones de los precios de las exportaciones, los aranceles y los obstáculos al comercio para los países en desarrollo;

36.

Recuerda que los esfuerzos por asegurar el acceso a las materias primas de los países en desarrollo no deben socavar el desarrollo local y la erradicación de la pobreza, sino ayudar a estos países a traducir su riqueza mineral en desarrollo real;

37.

Subraya que la consecución de la seguridad alimentaria mundial pasa por lograr la CPD a todos los niveles, especialmente con vistas a alcanzar los objetivos más ambiciosos de la Agenda 2030, a saber, erradicar el hambre totalmente y poner fin a todas las formas de desnutrición; considera que la Unión debe promover el establecimiento de marcos normativos sólidos con criterios claros para proteger la seguridad alimentaria y los derechos de las personas vulnerables;

38.

Pide a la Unión que evalúe sistemáticamente el impacto que ejercen, entre otras, las políticas de la Unión en materia agrícola, comercial y energética –como la política de biocarburantes– en la seguridad alimentaria de los países en desarrollo y en la subsistencia de las personas más vulnerables; insta a la Comisión a seguir centrándose en las cooperativas, las micro y las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y en los trabajadores agrícolas, y a promover prácticas sostenibles agroecológicas en consonancia con las conclusiones de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD), las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y los objetivos de desarrollo sostenibles; recuerda la necesidad de garantizar que el despliegue de las medidas de la PAC no pone en peligro la capacidad de producción alimentaria y la seguridad alimentaria a largo plazo de los países en desarrollo; destaca que las cuestiones de fondo de la coherencia y el impacto de las políticas deben abordarse en el seguimiento continuo del marco estratégico de la Unión en materia de seguridad alimentaria (COM(2010)0127); insiste en que la Unión apoye el establecimiento de industrias de transformación en el sector agrícola y la mejora de las técnicas de conservación de los productos alimentarios; recuerda la importancia de tener en cuenta el efecto de los acuerdos de pesca sobre la seguridad alimentaria de los países en desarrollo; pide a la Unión y a sus Estados miembros que contribuyan a la prevención de las apropiaciones de tierras apoyando a los países en desarrollo en la aplicación nacional de las Directrices voluntarias de las Naciones Unidas sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques;

39.

Hace hincapié en la necesidad de que los países en desarrollo prevean con prioridad líneas presupuestarias para el establecimiento de sistemas sanitarios sólidos, la construcción de infraestructuras sanitarias sostenibles y la prestación de servicios básicos y de atención sanitaria de calidad; pide a la Unión que apoye el establecimiento de una cobertura sanitaria universal que garantice la mutualización de los riesgos sanitarios en los países en desarrollo;

40.

Pide que la Unión, sus Estados miembros y todos los socios internacionales actúen con determinación en la aplicación del Acuerdo de París sobre el cambio climático alcanzado recientemente en la CPO/21; destaca que la Unión y otros países desarrollados deben seguir apoyando la acción por el clima para reducir las emisiones y desarrollar la resistencia frente a las repercusiones del cambio climático en los países en desarrollo, en particular en los países menos desarrollados; recuerda la importancia crucial que reviste, en este contexto, una financiación adecuada de la lucha contra el cambio climático; respalda el proceso de transición energética de la Unión y el cambio hacia la energía renovable a este respecto; hace hincapié en que, si no se limita claramente el calentamiento global a menos de 2o C, pueden correr peligro los avances en materia de desarrollo; pide, para ello a la Unión que asuma un papel proactivo en la lucha contra el desafío climático mundial estableciendo unas prioridades estratégicas a todos los niveles y en todos los sectores, y elaborando y aplicando nuevos objetivos vinculantes en materia de clima, eficiencia energética y energías renovables en consonancia con el acuerdo de París;

41.

Reconoce que en el contexto de la lucha contra el cambio climático la financiación privada no puede sustituir a la financiación pública; destaca la necesidad de una información y una rendición de cuentas transparentes y de garantizar la aplicación de unas salvaguardias sociales y medioambientales pertinentes en relación con la financiación privada de la lucha contra el cambio climático;

42.

Acoge con satisfacción el Plan de Acción en materia de género 2016-2020, y anima a la supervisión y aplicación de sus objetivos en todas las actuaciones exteriores de la Unión, incluidos los proyectos financiados por la Unión a nivel nacional; pide también a la Unión que integre la igualdad de género y la capacitación de las mujeres de forma eficaz en todas sus políticas, incluidos los presupuestos, y que garantice que sus políticas externas contribuyen a luchar contra todas las formas de discriminación, incluida la discriminación contra las personas LGBT;

43.

Reconoce que no puede haber desarrollo sostenible ni erradicación de la pobreza sin seguridad; reconoce, por otra parte, que el vínculo entre seguridad y desarrollo es un factor importante para garantizar la eficacia de la acción exterior de la Unión;

44.

Destaca la importancia de garantizar la coherencia política y la coordinación entre las políticas de la Unión en materia de acción exterior, seguridad, defensa, comercio, ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo; llama la atención sobre el desafío que representa la buena gobernanza en los países en desarrollo; insiste en que la CPD debe contribuir al establecimiento del Estado de Derecho y de unas instituciones imparciales, a reforzar acciones que conduzcan al desarme y a asegurar la asistencia sanitaria pública, la seguridad alimentaria y las políticas conexas que garantizan la seguridad y el desarrollo;

45.

Pide a la Unión que refuerce sus capacidades de prevención de crisis y de respuesta rápida para reforzar las sinergias entre la política común de seguridad y defensa y los instrumentos de desarrollo, hallando un equilibrio entre las respuestas a corto plazo a la crisis y las estrategias de desarrollo a más largo plazo; indica que un nuevo instrumento dedicado al vínculo entre desarrollo y seguridad permitiría limitar las incoherencias y aumentar la eficiencia de la CPD; destaca que este instrumento no debería financiarse a través de los instrumentos de desarrollo existentes, sino mediante nuevos créditos presupuestarios; pide la inclusión de las prioridades y las políticas de las regiones y los países interesados en la elaboración de las estrategias de la Unión en materia de seguridad y desarrollo; acoge favorablemente la utilización del enfoque del marco político de crisis como un instrumento importante para permitir un entendimiento común temprano de las crisis; pide una colaboración reforzada entre la Comisión, el SEAE y los Estados miembros para llevar a cabo un análisis exhaustivo que permita elegir con conocimiento de causa entre las acciones de la política común de seguridad y defensa y las que son ajenas a la misma a la hora de afrontar una crisis;

46.

Considera que la Estrategia para la seguridad y el desarrollo en el Sahel (6), la fuerza africana de respuesta rápida y el Plan de acción regional para el Sahel 2015-2020 (7) son buenos ejemplos de una correcta aplicación del enfoque global de la Unión, al combinar efectivamente las respuestas en los ámbitos de la seguridad, el desarrollo y la gobernanza;

47.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan mejorando los vínculos entre la ayuda humanitaria, la cooperación al desarrollo y la resistencia a las catástrofes a fin de permitir una respuesta más flexible y eficaz a las necesidades crecientes;

48.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/10

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Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible y el documento final aprobado el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General, titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», y, en particular, el objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se enumeran en dicho documento, a saber, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible (1),

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Visto el Acuerdo de París alcanzado por las partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobado el 12 de diciembre de 2015 (2),

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Visto el Programa general para el desarrollo de la agricultura en África (CAADP), adoptado por la Unión Africana (UA) en 2002 (3),

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Vista la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana celebrada en Maputo (Mozambique) 2003, en la que los Gobiernos de la Unión Africana acordaron invertir más del 10 % de sus presupuestos nacionales totales en el sector agrícola (4),

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Vista la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana de julio de 2012, en la que el año 2014 fue proclamado «Año de la Agricultura y la Seguridad Alimentaria en África» (5) para conmemorar el décimo aniversario de la adopción del CAADP,

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Vista la Declaración sobre la aceleración del crecimiento agrícola y la transformación en aras de la prosperidad compartida y la mejora de los medios de vida, aprobada el 27 de junio de 2014 por la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana celebrada en Malabo (Guinea Ecuatorial), en la que los Gobiernos de la UA se comprometieron de nuevo a destinar al menos el 10 % del gasto público a la agricultura (6),

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Vista la Iniciativa de L'Aquila sobre la Seguridad Alimentaria, lanzada por el G-8 en 2009 (7),

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Vistos el Marco y las Directrices sobre política del suelo en África adoptado por la Conferencia Conjunta de Ministros de Agricultura, Suelo y Ganadería que se celebró en abril de 2009 en Adís Abeba (Etiopía) (8), así como la Declaración sobre los problemas y retos relacionados con el suelo en África (9) adoptada por los Jefes de Estado de la Unión Africana en la Cumbre celebrada en Sirte (Libia) en julio de 2009, en la que se solicita la aplicación efectiva de dicho marco y directrices,

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Vistos los Principios Rectores sobre la inversión en tierras a gran escala en África, adoptados en la Conferencia Conjunta de Ministros de Agricultura, Desarrollo Rural, Pesca y Acuicultura de la Unión Africana celebrada en Adís Abeba los días 1 y 2 de mayo de 2014 (10),

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Vista la Declaración de mayo de 2013 de diversas organizaciones de la sociedad civil africana titulada «Modernising African agriculture — Who benefits?» (¿A quién beneficia la modernización de la agricultura africana?) (11),

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Vista la Declaración de Yimini, de 13 de marzo de 2014, de las organizaciones de pequeños agricultores del África Occidental (12),

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Vistas las Directrices voluntarias de la FAO en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, de 2004 (13),

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Visto el informe de 2009 de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD) titulado «Agriculture at a crossroads» (La agricultura en una encruzijada), de 2009 (14),

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Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966 (15),

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Vista la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 1979 (16),

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Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1987 (17),

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Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, de 2007 (18),

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Vistos los Principios básicos y directrices de las Naciones Unidas sobre los desalojos y el desplazamiento generados por el desarrollo, de 2007 (19),

—

Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011 (20), así como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, actualizadas en 2011 (21),

—

Vista la Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, de 2011 (22),

—

Vistas las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (VGGT), de 2012 (23),

—

Visto el Convenio internacional para la protección de las obtenciones vegetales (Convenio UPOV), de 1991 (24),

—

Visto el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFG), de 2001 (25),

—

Vistos el Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, su Protocolo anejo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de 2000 y su Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización de 2010 (26),

—

Vista la Ley modelo africana sobre la seguridad de la biotecnología (27),

—

Vista la Resolución sobre la legislación en materia de propiedad de la tierra con miras a la soberanía alimentaria, aprobada por la Asamblea Parlamentaria de La Francofonía el 12 de julio de 2012 (28),

—

Vista la Resolución sobre el impacto social y medioambiental del pastoreo en los países ACP, aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE en Adís Abeba el 27 de noviembre de 2013 (29),

—

Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Un marco estratégico de la UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria» (30), aprobada el 31 de marzo de 2010, y las Conclusiones del Consejo sobre el marco estratégico, adoptadas el 10 de mayo de 2010 (31),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 de mayo de 2013, sobre seguridad alimentaria y nutricional (32),

—

Visto el Plan de Acción de la Comisión sobre nutrición, de julio de 2014 (33),

—

Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre el marco estratégico de la Unión Europea para ayudar a los países en desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria (34),

—

Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre la resiliencia y la reducción del riesgo de catástrofes en los países en desarrollo (35),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2014, sobre la función de los derechos de propiedad, el régimen de la propiedad y la creación de riqueza para erradicar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible en los países en desarrollo (36),

—

Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre Tanzania, en particular la cuestión relativa al acaparamiento de tierras (37),

—

Vista la Declaración de la Convergencia Global de las Luchas por la Tierra y el Agua, emitida en el Foro Social Mundial celebrado en Túnez en marzo de 2015 (38);

—

Vista su Resolución, de 30 de abril de 2015, titulada «La Expo de Milán 2015: Alimentar el planeta, energía para la vida» (39);

—

Vistas la demanda de la sociedad civil africana en relación con la inclusión de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación en la agenda de la presidencia alemana del G7 en junio de 2015 (40);

—

Vista la «Carta de Milán» (41), presentada en la Expo 2015 bajo el epígrafe «Alimentar el planeta — Energía para la vida», firmada por más de un millón de jefes de Estado, gobiernos y ciudadanos, que pide a todos los ciudadanos, asociaciones, empresas e instituciones nacionales e internacionales que asuman su responsabilidad a la hora de garantizar a las generaciones futuras el derecho a la alimentación, y que incluye compromisos vinculantes para garantizar un derecho a la alimentación efectivo en el mundo,

—

Visto que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas es el foro adecuado para un acuerdo de orientación normativa sobre esta cuestión a nivel internacional y es en este foro donde tienen voz todas las partes interesadas,

—

Visto el «Milan Urban Food Policy Pact», (Pacto de política alimentaria urbana de Milán) de 15 de octubre de 2015 (42) promovido por el Municipio de Milán y firmado por 113 ciudades del mundo y entregado al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y que pone de manifiesto el papel básico que desempeñan las ciudades en la elaboración de políticas sobre los alimentos,

—

Vista su Resolución, de 21 de enero de 2016, sobre la situación en Etiopía (43),

—

Vista la audiencia pública sobre la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (NASAN) organizada por la Comisión de Desarrollo el 1 de diciembre de 2015 (44),

—

Visto el estudio titulado «New Alliance for Food and Nutrition Security in Africa» (Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en África), de Olivier de Schutter, encargado por la Comisión de Desarrollo y publicado por la Dirección General de Políticas Exteriores en noviembre de 2015 (45),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0169/2016),

A.

Considerando que la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en África (NASAN) tiene por objeto mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, ayudando a 50 millones de personas en el África Subsahariana a salir de la pobreza antes de 2020; y que los países participantes han negociado marcos de cooperación nacionales (MCN) en los que se establecen compromisos para facilitar la inversión privada en el sector de la agricultura en África;

B.

Considerando que la inversión en el sector agrícola a pequeña escala se ha ignorado durante los últimos treinta años en África, mientras que la dependencia de los países de renta baja con respecto a la importación de alimentos creció considerablemente, haciéndolos vulnerables a las variaciones de precios en los mercados internacionales;

C.

Considerando que existe el riesgo de que las colaboraciones público-privadas (CPP) de gran envergadura creen posiciones dominantes para las grandes empresas agrícolas en el sector agrícola africano, lo que conllevaría la exclusión de las empresas locales;

D.

Considerando que las inversiones privadas realizadas en el marco de la NASAN han llegado a más de 8,2 millones de pequeños agricultores y han creado más de 21 000 puestos de trabajo, de los cuales más de la mitad para mujeres;

E.

Considerando que la crisis alimentaria de 2008 generó el reconocimiento universal de la necesidad de apoyar la producción alimentaria de pequeños agricultores para los mercados internos;

F.

Considerando que la puesta en marcha de programas de ajuste estructural a principios de la década de 1980 contribuyó al desarrollo de una agricultura orientada a la exportación, donde se dio prioridad a la producción de cultivos comerciales para los mercados mundiales; que esta opción favoreció modelos de producción a gran escala, con un grado elevado de capitalización y mecanización, mientras que, en comparación, la agricultura a pequeña escala se dejó de lado;

G.

Considerando que los mercados internacionales serán más volátiles en el futuro; que los países no deberían asumir el riesgo de depender demasiado de las importaciones sino invertir principalmente en la producción interna de alimentos para crear resistencia;

H.

Considerando que las explotaciones familiares y los pequeños agricultores deben constituir el núcleo de la NASAN;

I.

Considerando que la seguridad alimentaria en los países en vías de desarrollo depende, en gran parte, del uso sostenible de los recursos naturales;

J.

Considerando que los denominados «polos de crecimiento» tienen por objeto atraer a inversores internacionales proporcionando tierras a grandes empresas privadas y que esto no debe hacerse en detrimento de las explotaciones familiares;

K.

Considerando que los acuerdos sobre la NASAN no incluyen ningún indicador concreto sobre hambre y malnutrición;

L.

Considerando que las explotaciones agrícolas familiares y los pequeños agricultores han demostrado su capacidad para ofrecer productos diversificados y aumentar la producción de alimentos de manera sostenible mediante prácticas agroecológicas;

M.

Considerando que los monocultivos incrementan la dependencia de abonos y plaguicidas químicos, provocan una degradación masiva del suelo y contribuyen al cambio climático;

N.

Considerando que la agricultura representa como mínimo el 14 % de las emisiones totales anuales de gases de efecto invernadero, debidas principalmente al uso de abonos nitrogenados;

O.

Considerando que existen diversas formas de tenencia de la tierra (consuetudinaria, pública y privada), pero que la NASAN hace referencia casi exclusivamente a la titularización de tierras a la hora de abordar la cuestión de los derechos de tenencia;

P.

Considerando que en 2050 el 70 % de la población del planeta vivirá en grandes ciudades y que la cuestión de la alimentación requerirá cada vez más una respuesta a escala global y local;

Q.

Considerando que la titularización de tierras no es la única garantía de protección frente a expropiaciones y reasentamientos;

R.

Considerando que el género es una dimensión muy importante de la inversión en agricultura en África; y que las mujeres han sido objeto de discriminación desde hace mucho tiempo en lo que se refiere al acceso a una serie de recursos productivos, entre ellos la tierra, el crédito, los insumos y los servicios;

S.

Considerando que, hasta hace poco, el apoyo prestado a la agricultura se ha concentrado en cultivos para exportación administrados por hombres, dejando a las mujeres en gran medida a cargo de la producción de alimentos para el sustento de la familia;

T.

Considerando que la FAO calcula que se ha perdido cerca del 75 % de la diversidad fitogenética a nivel mundial; y que la erosión genética a gran escala aumenta nuestra vulnerabilidad al cambio climático y a la aparición de nuevas plagas y enfermedades;

U.

Considerando que el control, la propiedad y la asequibilidad de las semillas son esenciales para la resistencia de la seguridad alimentaria de los agricultores pobres;

V.

Considerando que debe protegerse el derecho de los agricultores a multiplicar, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas;

W.

Considerando que la mejora de las carencias nutricionales en África es fundamental para la agenda de desarrollo sostenible; y que la nutrición deficiente se deriva de una serie de procesos en interacción que vinculan la atención sanitaria, la educación, el saneamiento y la higiene, el acceso a los recursos, la emancipación de la mujer y otros;

X.

Considerando que los compromisos asumidos en los MCN sobre reformas normativas en el sector de las semillas tienen por objeto reforzar los derechos de los obtentores a costa de los actuales sistemas de semillas de los agricultores, de los que siguen dependiendo en gran medida los agricultores más pobres;

1.

Observa que varios MCN se centran en el desarrollo de zonas económicas especiales con el fin de sacar el mayor provecho posible de las inversiones a través de iniciativas que van desde infraestructuras viarias o energéticas hasta regímenes fiscales, aduaneros o de tenencia de la tierra; hace hincapié, asimismo, en la necesidad de mejorar el acceso al agua y garantizar que se le preste atención, aumentando la educación sobre nutrición y compartiendo estrategias de mejores prácticas;

2.

Observa que las políticas de inversión agrícola se centran en su mayoría en adquisiciones de tierras a gran escala y en una agricultura orientada a la exportación que rara vez guarda relación con las economías locales; observa que el desarrollo del riego extensivo en las zonas de inversión geográfica seleccionadas de la NASAN puede reducir la disponibilidad de agua para otros usuarios, como los pequeños agricultores o los pastores; pone de relieve que, en este contexto, la capacidad de CPP de gran envergadura para contribuir a la reducción de la pobreza y a la seguridad alimentaria de evaluarse desde un punto de vista crítico y mejorarse; subraya que las políticas de inversión agrícola deberían estar conectadas y apoyar el desarrollo de la economía local, incluidos los pequeños agricultores y las explotaciones agrícolas familiares; recuerda que las Directrices sobre tenencia de la FAO recomiendan asegurar el acceso a la tierra para que las familias puedan producir alimentos para consumo en los hogares y aumentar los ingresos de los hogares; hace hincapié en la necesidad de basar en estas directrices la inversión en tierras a gran escala en África, garantizando el acceso de los pequeños agricultores y las comunidades locales a la tierra, promoviendo la inversión en pymes locales y garantizando que las CPP contribuyan a la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza y la desigualdad;

3.

Denuncia que el procedimiento de toma de decisiones en el marco de la cooperación no haya contado con la participación de todas las partes interesadas, sino que ha excluido, entre otros, a las comunidades rurales, los trabajadores agrícolas, los pequeños agricultores, los pescadores y los pueblos indígenas, desdeñando su derecho de participación;

4.

Lamenta que no se consultase a las OSC africanas en relación con la puesta en marcha de la NASAN; hace hincapié en que la participación de los grupos que carecen de seguridad alimentaria en las políticas que les afectan debería convertirse en la piedra angular de todas las políticas de seguridad alimentaria;

5.

Recuerda que la NASAN se ha comprometido a promover un crecimiento integrador, basado en la agricultura y que apoya la agricultura a pequeña escala y ayuda a reducir la pobreza, el hambre y la desnutrición; insiste, en este contexto, en que la NASAN debe limitar, en la medida de lo posible, el uso de abonos químicos y pesticidas debido a sus repercusiones sanitarias y ecológicas en las comunidades locales, como la pérdida de biodiversidad y la erosión del suelo;

6.

Critica la suposición de que la inversión empresarial en agricultura mejora automáticamente la seguridad alimentaria y nutricional y reduce la pobreza;

7.

Toma nota del informe de 2011 del G-20, que subraya que las inversiones realizadas con fines fiscales pueden resultar transitorias; recuerda que numerosos estudios sobre las motivaciones de los inversores han mostrado que los incentivos fiscales especiales tienen un impacto neutro o negativo en sus decisiones sobre las inversiones (46);

8.

Observa que los incentivos fiscales, incluida la exención del impuesto de sociedades en zonas económicas especiales, están privando a los Estados africanos de ingresos fiscales que podrían haber dado lugar a inversiones públicas vitales en la agricultura, en particular en programas de seguridad alimentaria y nutrición (47);

9.

Pide a los gobiernos y a los donantes que suspendan o revisen aquellas políticas, proyectos y consultas que alienten directamente o faciliten el acaparamiento de tierras a través de proyectos e inversiones claramente injustos, o que incentiven de forma indirecta el aumento de la presión sobre la tierra y los recursos naturales, lo que puede dar lugar a graves violaciones de los derechos humanos; pide que se sustituyan por políticas que protejan a los pequeños productores y den prioridad a las necesidades de estos, en especial de las mujeres, y al uso sostenible del suelo;

10.

Advierte de que no se debe reproducir en África el modelo de la «revolución verde» asiática de la década de los 60 ni ignorar sus negativas repercusiones sociales y ambientales; recuerda que entre los ODS figura el objetivo de promover la agricultura sostenible, que deberá haberse alcanzado en 2030;

11.

Observa con preocupación que la NASAN promueve en Malawi la expansión de la producción de tabaco en lugar de apoyar medios de vida alternativos en consonancia con las obligaciones en virtud del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco de 2005 y los compromisos asumidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

12.

Insta a los Estados miembros de la Unión a que se esfuercen por transformar la NASAN en una verdadera herramienta para el desarrollo sostenible y en un instrumento de apoyo a la agricultura familiar y las economías locales en el África Subsahariana y a que recuerden que las explotaciones familiares y los pequeños agricultores producen aproximadamente el 80 % de los alimentos mundiales y representan más del 60 % de los puestos de trabajo en la región;

13.

Observa con preocupación que los MCN se refieren solo de manera selectiva a normas internacionales que definen una inversión responsable en agricultura y que no mencionan las Directrices voluntarias de la FAO de 2004 para apoyar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional ni las obligaciones de los inversores privados de respetar los derechos humanos;

14.

Pide a la Unión y a sus Estados miembros que, en conjunto, son los principales donantes de ayuda al desarrollo, que:

15.

Pide a los países participantes que:

16.

Recuerda el compromiso tomado por las partes de la NASAN que incorporen las Directrices voluntarias de la FAO en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, y pide a las partes de la NASAN que se comprometan a aplicar las normas internacionales por las que se define la inversión responsable en la agricultura, y que respeten los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos y las Líneas Directrices de la OCDE para empresas multinacionales;

17.

Insiste en que la NASAN refuerce la buena gobernanza de los recursos naturales, al mismo tiempo que se garantiza el acceso de la población a sus propios recursos y se protegen sus derechos en el marco de los contratos sobre las transacciones relativas a los recursos naturales;

18.

Pide a la Unión que, de acuerdo con las Naciones Unidas, promueva la adopción vinculante, por parte de todos los Estados, de la «Carta de Milán» y los compromisos en ella recogidos;

19.

Recuerda la importancia de la regulación hidrológica y la lucha contra el cambio climático en favor de la agricultura sostenible; pide a todos los socios de la NASAN que se centren en mejorar el acceso al agua y a las técnicas de riego y en reforzar la protección del entorno y el suelo;

20.

Pide a la Unión que, de acuerdo con las Naciones Unidas, promueva la adopción y la difusión del «Milan Urban Food Policy Pact»;

21.

Pide a los países participantes que se comprometan a aplicar las normas internacionales que regulan la inversión mediante un enfoque basado en los derechos humanos incorporando el Marco y Directrices de la Unión Africana sobre política del suelo en África y sus Principios Rectores sobre la inversión en tierras a gran escala en África;

22.

Pide que se publiquen íntegramente todas las declaraciones de intenciones contenidas en los MCN; destaca la necesidad de contar con marcos institucionales y jurídicos sólidos para garantizar un reparto justo de riesgos y beneficios; hace hincapié en que la participación activa de la sociedad civil en la NASAN es crucial para reforzar la transparencia y el cumplimiento de los objetivos; recuerda que se deben incentivar el diálogo y la consulta con el conjunto de grupos de la sociedad civil;

23.

Lamenta que el único indicador común de los diez marcos de cooperación de la NASAN es el índice «Hacer negocios» del Banco Mundial;

24.

Insiste en que las empresas privadas que participen en iniciativas de desarrollo multilaterales deben rendir cuentas de sus acciones; pide a las partes de la NASAN que, a este fin, redacten un informe anual sobre las acciones tomadas en el marco de la NASAN y que hagan públicos dichos informes y garanticen su acceso a la población y las comunidades locales, así como que establezca un mecanismo independiente de rendición de cuentas que incluya un mecanismo de recurso para la población y las comunidades locales; pone de relieve, por otra parte, que las inversiones en el marco de la Nueva Alianza en lo tocante a los derechos sobre la tierra deben someterse a una evaluación de impacto ex ante en lo referente a los derechos sobre la tierra y deben ser compatibles con las Directrices voluntarias de la FAO sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques;

25.

Observa que las multinacionales que operan en el marco de la NASAN favorecen la agricultura por contrato a gran escala, con lo que se corre el riesgo de marginar a los pequeños productores; pide a los diez Estados africanos que participan en la NASAN que velen por que la agricultura por contrato beneficie tanto a compradores como a proveedores locales; considera esencial, para ello, por ejemplo, reforzar entre otras cosas las organizaciones de agricultores a fin de mejorar la posición de negociación de estos últimos;

26.

Destaca que el sector privado ya está generando el 90 % del empleo en los países socios y que el potencial de participación de este sector es innegable, puesto que las empresas privadas se encuentran en una posición ideal para ofrecer una base sostenible para movilizar recursos internos, lo que conforma la base de cualquier programa de ayuda; subraya la importancia de un marco normativo transparente que establezca claramente los derechos y las obligaciones de todos los actores, incluidos los agricultores pobres y los grupos vulnerables, ya que, en ausencia de un marco de este tipo, no pueden protegerse con éxito dichos derechos;

27.

Pide que se revisen los MCN de manera que se puedan atajar realmente los riesgos que conllevan la agricultura contractual y los sistemas de producción por contrato para los pequeños productores mediante disposiciones contractuales justas, incluidos acuerdos sobre los precios, el respeto de los derechos de la mujer, el apoyo a la agricultura sostenible y mecanismos adecuados de solución de diferencias;

28.

Advierte de que el hecho de centrarse exclusivamente en la titularización de tierras genera con frecuencia inseguridad para los pequeños productores de alimentos y para los pueblos indígenas, y en particular las mujeres, a quienes no se reconocen legalmente sus derechos sobre la tierra y que están expuestos a transacciones de tierras injustas y expropiaciones no consentidas, o bien a no obtener una compensación justa;

29.

Destaca la necesidad de que los pequeños productores de alimentos asuman puestos de liderazgo, permitiendo que sus propias organizaciones independientes los apoyen a la hora de controlar sus tierras, recursos naturales y programas;

30.

Observa con preocupación que los inversores y las élites locales involucrados en transacciones de tierras suelen describir las zonas en el punto de mira como «vacías», «improductivas» o «infrautilizadas», a pesar de que muy pocas tierras de África son verdaderos eriales, debido, por ejemplo, a la hegemonía de las actividades de pastoreo;

31.

Destaca que 1 200 millones de personas siguen viviendo sin acceso permanente a la tierra u ocupan propiedades para las que no han presentado una reclamación formal ni cuentan con títulos legales, mediciones que delimiten sus tierras ni medios jurídicos o financieros para convertir las propiedades en capital;

32.

Celebra que en todos los MCN se hayan incluido las VGGT de 2012; pide que en el proceso de revisión de los MCN se apliquen realmente esas Directrices y el marco de los ODS y se evalúe sistemáticamente su cumplimiento;

33.

Insiste en que la NASAN se centre en la lucha contra el acaparamiento de tierras que viola los derechos humanos, ya que priva a las comunidades locales de los terrenos de los cuales dependen para producir sus alimentos y alimentar a sus familias; recuerda que en varios países en desarrollo el acaparamiento de tierras ha causado el exilio de la población, lo cual les ha privado de su alojamiento, su trabajo y sus medios para subsistir;

34.

Pide a los países participantes que:

35.

Recuerda, asimismo, que los derechos de los usuarios derivados de la tenencia consuetudinaria deben reconocerse y protegerse mediante un sistema jurídico en consonancia con las disposiciones y las sentencias de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos;

36.

Pide que la NASAN se someta a una evaluación de impacto ex ante en lo tocante a los derechos sobre la tierra y que se subordine su aplicación al consentimiento libre, previo e informado de la población local afectada;

37.

Apoya un mecanismo sólido e innovador de control en el marco del CSA; pide a la Unión que construya una posición sólida, en consulta con las organizaciones de la sociedad civil, para contribuir al acto de control mundial durante el 43.o periodo de sesiones del CSA que se celebrará en octubre de 2016, con el fin de garantizar una evaluación completa y exhaustiva del uso y la aplicación de las Directrices sobre la tenencia;

38.

Pide a los Gobiernos de los Estados afectados que se aseguren de que las empresas lleven a cabo un análisis exhaustivo del impacto de sus actividades en los derechos humanos (diligencia debida), realizando y publicando análisis de impacto independientes y ex ante en materia de derechos humanos, sociales y medioambientales, y reforzando y garantizando el acceso a unos mecanismos nacionales de denuncia de violaciones de los derechos humanos que sean independientes, transparentes, fiables y responsables;

39.

Pide a las partes en la NASAN que establezcan mecanismos de reclamación independientes para las comunidades afectadas por la incautación de tierras como consecuencia de proyectos de inversión a gran escala;

40.

Recuerda que la lucha contra la malnutrición exige una vinculación estrecha de los sectores de la agricultura, los alimentos y la salud pública;

41.

Recuerda la necesidad de hacer todo lo posible por lograr una mejor nutrición y seguridad alimentaria y luchar contra el hambre como se indica en el ODS 2; insiste en apoyar mejor el refuerzo de las cooperativas de agricultores, que son clave para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria;

42.

Observa que la estabilidad es mayor y la emigración disminuye allí donde hay seguridad alimentaria basada en suelos vivos y sanos y en ecosistemas agrícolas productivos resistentes al cambio climático;

43.

Destaca que una nutrición de calidad y equilibrada es fundamental, y afirma que la nutrición debe constituir el elemento central de la (re)construcción de los sistemas alimentarios;

44.

Pide, por consiguiente, que se instauren medios para sustituir la excesiva dependencia de alimentos importados por una producción de alimentos nacional resistente que conceda la prioridad a los productos locales que cubran las necesidades nutricionales; señala que esto es cada vez más importante, habida cuenta de la creciente volatilidad del clima y de los mercados;

45.

Recuerda que la ingesta calórica no puede utilizarse por sí sola como indicador del estado nutricional;

46.

Hace hincapié en la necesidad de estrategias para reducir al mínimo el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria;

47.

Subraya la necesidad de proteger la biodiversidad agrícola; pide a los Estados miembros de la Unión que inviertan en prácticas de explotación agrícola agroecológicas en los países en desarrollo, en consonancia con las conclusiones de la IAASTD, las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación y los ODS;

48.

Apoya la elaboración de políticas que den lugar a una agricultura familiar sostenible y alienta a los Gobiernos a crear un entorno propicio (políticas favorables, legislación adecuada, planificación participativa del diálogo político, inversión) para el desarrollo de la agricultura familiar;

49.

Pide a los Gobiernos africanos que:

50.

Destaca que la NASAN debe conducir al establecimiento de una estructura agraria adaptada a nivel regional en las fases inicial y de transformación;

51.

Pide a los Gobiernos africanos que apoyen la solidaridad entre generaciones, al mismo tiempo que reconocen su papel esencial en el marco de la lucha contra la pobreza;

52.

Destaca la importancia de promover programas de educación sobre nutrición en los colegios y en las comunidades locales;

53.

Destaca que el derecho al agua es complementario al derecho a los alimentos y que la Resolución de las Naciones Unidas de 2010 todavía no ha conducido a una acción decisiva con vistas a definir el derecho al agua como un derecho humanos; pide a la Unión que examine la propuesta de un Protocolo opcional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales formulada por el Comité italiano promotor del Contrato Mundial del Agua (CICMA);

54.

Reconoce la importancia fundamental del acceso al agua limpia y potable y las repercusiones que puede tener la agricultura al respecto;

55.

Reconoce la importancia del acceso al agua para las necesidades de la agricultura y los riesgos de una dependencia excesiva de recursos hídricos preciosos para el riego, y, en este contexto, observa la necesidad de reducir las prácticas de riego derrochadoras y subraya el papel que pueden desempeñar las técnicas agronómicas de conservación de agua para impedir la evapotranspiración, retener el agua en un suelo vivo y sano y preservar las fuentes de agua potable libres de contaminación;

56.

Señala que con una gestión del suelo sostenible puede aumentar la producción de alimentos a escala mundial en un 58 % (48);

57.

Toma nota de las sinergias que existen entre los planteamientos basados en los suelos y en los árboles y de la importancia de la adaptación de los ecosistemas agrícolas al cambio climático; destaca especialmente la elevada demanda de leña; observa en especial los múltiples usos de los árboles que fijan el nitrógeno;

58.

Reconoce las necesidades específicas de la agricultura tropical y semiárida, en particular en lo que respecta a los cultivos que necesitan protegerse del sol y a la protección del suelo, y considera que los monocultivos extractivos están obsoletos, así como que se están eliminando gradualmente en los países donantes de la NASAN;

59.

Advierte de nuevo contra la excesiva dependencia de la producción de materias primas agrícolas no alimentarias en lugar de alimentos, en particular materias primas destinadas a la fabricación de biocombustibles, en el marco de iniciativas financiadas por la NASAN, en las que la fabricación de estos productos puede tener consecuencias perjudiciales para la seguridad y la soberanía alimentarias de los países participantes;

60.

Señala que las técnicas agronómicas, que impulsan procesos naturales como la formación de tierra vegetal, la regulación del agua y de las plagas o los ciclos cerrados de nutrientes, pueden garantizar una productividad y una fertilidad a largo plazo con un bajo coste para los agricultores y las administraciones;

61.

Señala que, en los países en desarrollo como los que participan en la NASAN, los productos agroquímicos pueden utilizarse de manera excesiva e inadecuada;

62.

observa que este problema se ve agravado por el analfabetismo y la falta de formación adecuada, y puede conducir a niveles significativamente elevados de residuos de plaguicidas presentes en las frutas y hortalizas, además de envenenamiento y otros efectos para la salud humana de los agricultores y sus familias;

63.

Recuerda que el derecho de los agricultores a producir, intercambiar y vender semillas libremente representa el 90 % de los medios de vida agrícolas en África, y que la diversidad de semillas es fundamental para mejorar la resiliencia de la agricultura frente al cambio climático; destaca que los llamamientos de las empresas para que se refuercen los derechos de los obtentores en consonancia con el Convenio de la UPOV de 1991, no deberían desembocar en la prohibición de esos acuerdos informales;

64.

Señala los peligros que conlleva una desregulación del sector de las semillas en los países participantes, que puede dar lugar a una dependencia excesiva de los pequeños agricultores de las semillas y los productos fitosanitarios fabricados por empresas extranjeras;

65.

Recuerda que las disposiciones sobre ADPIC, que abogan por algún tipo de protección de las variedades vegetales, no obligan a los países en desarrollo a adoptar el régimen de la UPOV; pone de relieve que estas disposiciones, no obstante, permiten a los países desarrollar sistemas sui géneris que se adapten mejor a las características de la producción agrícola de cada país y a los sistemas tradicionales de semillas basados en explotaciones, mientras que los países menos desarrollados que son parte en la OMC quedan exentos de cumplir estas disposiciones del acuerdo ADPIC; destaca que los sistemas sui géneris deben apoyar y no ir en contra de los objetivos y las obligaciones en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya y el TIRFG;

66.

Lamenta el llamamiento de las empresas de armonizar las leyes relativas a las semillas sobre la base de los principios de distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE) en el contexto africano a través de instituciones regionales, lo que impedirá el desarrollo y el crecimiento de sistemas de semillas de agricultores a escala nacional y regional, puesto que estos sistemas normalmente no producen y guardan semillas que cumplan los criterios DHE;

67.

Insta a los Estados miembros del G7 a apoyar los sistemas de semillas gestionados por agricultores a través de bancos de semillas comunitarios;

68.

Recuerda que, aunque las variedades de semillas comerciales pueden mejorar el rendimiento a corto plazo, las variedades, las razas autóctonas y los conocimientos tradicionales de los agricultores son los más adecuados para la adaptación a los entornos agroecológicos específicos y el cambio climático; subraya que, además, el mayor rendimiento de las primeras depende del uso de insumos (abonos, plaguicidas, semillas híbridas), que entrañan el riesgo de atrapar a los agricultores en un círculo vicioso de deuda;

69.

Observa con preocupación que la introducción y diseminación de semillas certificadas en África agravan la dependencia de los pequeños agricultores, incrementa la probabilidad de endeudamiento y reduce la diversidad de las semillas;

70.

Apoya las políticas a escala local destinadas a brindar un acceso coherente y sostenible a una dieta diversa y nutritiva, siguiendo el principio de propiedad y subsidiariedad;

71.

Insta a la Comisión a que garantice que los compromisos asumidos por la Unión en materia de derechos de los agricultores en virtud del TIRFG se reflejen en la totalidad de la asistencia técnica y el apoyo financiero destinados a elaborar una política en materia de semillas; pide a la Unión que respalde regímenes de derechos de propiedad intelectual que potencien el desarrollo de variedades de semillas adaptadas a las condiciones locales y de semillas conservadas por los agricultores;

72.

Insta a los Estados miembros del G-8 a que no apoyen los cultivos de organismos modificados genéticamente en África;

73.

Recuerda que la Ley modelo africana sobre la seguridad de la biotecnología establece criterios estrictos en materia de seguridad de la biotecnología; considera que toda la asistencia que presten los donantes extranjeros para desarrollar la seguridad de la biotecnología a escala nacional y regional debe guiarse por esos criterios;

74.

Insta a los países africanos a que no apliquen regímenes de bioseguridad nacionales o regionales con normas más laxas que las que figuran en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología;

75.

Pide a los países participantes que brinden a los agricultores la posibilidad de evitar la dependencia de los insumos y apoyen los sistemas de semillas de los agricultores para preservar y mejorar la agrobiodiversidad a través del mantenimiento de los bancos de semillas locales públicos, los intercambios y el desarrollo continuo de variedades de semillas locales, previendo, en particular, catálogos de semillas flexibles, de forma que no se excluyan las variedades de los agricultores y se garantice la continuación de la producción tradicional;

76.

Pide a los países participantes que protejan y promuevan el acceso a las semillas y los insumos agrícolas, así como el intercambio de semillas, por parte de los pequeños agricultores, los grupos marginados y las comunidades rurales, y que respeten los acuerdos internacionales en materia de no patentabilidad de seres vivos y procesos biológicos, en especial por lo que respecta a cepas y especies autóctonas;

77.

Destaca el riesgo de mayor marginación de las mujeres en la toma de decisiones, derivado del desarrollo de determinados cultivos comerciales; señala que la formación en agricultura a menudo se dirige a los hombres y tiende a dejar de lado a las mujeres, que, en consecuencia, se ven excluidas de la gestión de las tierras y los cultivos a los que tradicionalmente se han dedicado;

78.

Lamenta que en la mayoría de los MCN no se definan compromisos precisos sobre la presupuestación con perspectiva de género ni el control de los progresos a través de datos desglosados; destaca la necesidad de pasar de compromisos abstractos y generales a otros concretos y precisos en el ámbito del plan de acción nacional para empoderar a las mujeres como titulares de derechos;

79.

Insta a los Gobiernos a que eliminen todas las formas de discriminación contra las mujeres en lo tocante al acceso a la tierra, los sistemas de microcréditos y los servicios, y a que involucren realmente a las mujeres en la concepción y aplicación de las políticas de investigación y desarrollo agrícolas;

80.

Destaca la necesidad de garantizar que la financiación que se otorgue a las empresas del sector privado sea transparente y se divulgue;

81.

Pide a los donantes que adecuen la ayuda oficial al desarrollo (AOD) a los principios de eficacia del desarrollo, que se centren en los resultados de cara a la erradicación de la pobreza, y que fomenten asociaciones incluyentes, la transparencia y la rendición de cuentas;

82.

Pide a los donantes que canalicen su apoyo al desarrollo de la agricultura principalmente a través de fondos de desarrollo nacionales que concedan subvenciones y préstamos a pequeños productores y explotaciones agrícolas familiares;

83.

Insta a los donantes a apoyar la educación, la formación y el asesoramiento técnico de los agricultores;

84.

Pide a los donantes que promuevan la constitución de organizaciones de agricultores de naturaleza profesional y económica y que apoyen la creación de cooperativas de agricultores, que permiten el suministro de medios asequibles de producción y ayuden a los agricultores a transformar y comercializar sus productos de una forma que proteja la rentabilidad de su producción;

85.

Considera que la financiación aportada por los Estados miembros del G-8 a la NASAN es contraria al objetivo de apoyar a las empresas locales, que no pueden competir con empresas multinacionales que ya disfrutan de una posición dominante en el mercado y que se benefician frecuentemente de privilegios comerciales, arancelarios y fiscales;

86.

Recuerda que la ayuda al desarrollo tiene por objeto reducir y a la larga erradicar la pobreza; considera que la AOD debe centrarse en el apoyo directo a la agricultura a pequeña escala;

87.

Destaca la necesidad de reactivar la inversión pública en la agricultura africana, junto con el apoyo a la inversión privada, y de dar prioridad a la inversión en agroecología, con objeto de incrementar de forma sostenible la seguridad alimentaria, así como de reducir la pobreza y el hambre, conservando al mismo tiempo la biodiversidad y respetando las innovaciones y los conocimientos autóctonos;

88.

Destaca que los Estados miembros del G7 deberían garantizar a los países africanos el derecho a proteger su sector agrícola mediante regímenes arancelarios y fiscales que favorezcan la agricultura familiar y a pequeña escala;

89.

Pide a la Unión que aborden todas las deficiencias de la NASAN señaladas anteriormente, que adopte medidas para reforzar la transparencia y la gobernanza, y que vele por que las medidas adoptadas en su marco sean coherentes con los objetivos de la política de desarrollo;

90.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a las partes de la NASAN.

6.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/24

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (1),

—

Visto el informe del Grupo de Alto Nivel sobre Supervisión Financiera en la Unión Europea, presidido por Jacques de Larosière, de 25 de febrero de 2009,

—

Vista la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (2),

—

Vista la Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados miembros a las sociedades, definidas en el artículo 54, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital (3),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 258/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se instituye un programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría durante el período 2014-2020, y se deroga la Decisión n.o 716/2009/CE (4),

—

Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica Reglamento (UE) n.o 258/2014 por el que se instituye un programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría durante el período 2014-2020 (COM(2016)0202),

—

Visto el informe de Philippe Maystadt de octubre de 2013 titulado «Should IFRS standards be more European?» (¿Deben ser las normas NIIF más europeas?),

—

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 2 de julio de 2014, sobre los progresos realizados en la aplicación de la reforma del EFRAG a raíz de la recomendación facilitada en el informe Maystadt (COM(2014)0396),

—

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, 18 de junio de 2015, sobre la evaluación del Reglamento (CE) n.o 1606/2002, de 19 de julio de 2002, sobre la aplicación de las normas internacionales de contabilidad (COM(2015)0301),

—

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 17 de septiembre de 2015, sobre las actividades de la Fundación NIIF, el EFRAG y el PIOB en 2014 (COM(2015)0461),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 30 de septiembre de 2015, titulada «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales» (COM(2015)0468),

—

Vistos el estudio del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) titulado «The European Union’s Role in International Economic Fora– paper 7: The IASB» y los cuatro estudios sobre la norma NIIF («IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9», «The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules», «Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study» y «Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches»),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1569/2007 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2007, por el que se establece un mecanismo para la determinación de la equivalencia de las normas de contabilidad aplicadas por emisores de valores de terceros países, con arreglo a las Directivas 2003/71/CE y 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5),

—

Vista la declaración de los líderes del G-20 de 2 de abril de 2009,

—

Visto el documento de debate del CNIC de julio de 2013 titulado «Revisión del marco conceptual para la información financiera» (DP/2013/1) y la solicitud del CNIC de recabar opiniones de julio de 2015 titulada «Trustees' Review of Structure and Effectiveness» (Revisión de la estructura y efectividad por parte de los administradores),

—

Visto el comentario de la Comisión, de 1 de diciembre de 2015, sobre la «Trustees' Review of Structure and Effectiveness» del CNIC,

—

Vistos la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9 sobre instrumentos financieros, emitida por el CNIC el 24 de julio de 2014, las recomendaciones de incorporación del EFRAG sobre la NIIF 9, la evaluación del EFRAG sobre la NIIF 9 a la luz del principio de la imagen fiel, los documentos de la reunión del Comité de Reglamentación Contable sobre la NIIF 9 y las cartas de observaciones del Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE) sobre la incorporación de la NIIF 9,

—

Vista la carta de 14 de enero de 2014 enviada en nombre de los Coordinadores de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre el documento de debate del CNIC titulado «Revisión del marco conceptual para la información financiera»,

—

Visto el informe de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre las actividades de ejecución y reglamentación de las autoridades responsables de la ejecución de las normas contables en 2014, de 31 de marzo de 2015 (AEVM/2015/659),

—

Vistas las orientaciones de la AEVM sobre la aplicación de la información financiera, de 10 de julio de 2014 (AEVM/2014/807),

—

Visto el cuadro de la AEVM sobre el cumplimiento de las orientaciones de la AEVM sobre la aplicación de la información financiera, de 19 de enero de 2016 (ESMA/2015/203 REV),

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Vista su Resolución, de 24 de abril de 2008, sobre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y la gobernanza del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) (6),

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Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre el papel de la Unión Europea en el marco de las instituciones y los organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales (7),

—

Vista la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas (8), modificada por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014 (9), aplicable a partir de mediados de junio de 2016,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0172/2016),

A.

Considerando que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) son un componente necesario para el funcionamiento eficiente del mercado interior y de los mercados de capitales; que las NIIF y las NIA pueden ser consideradas como de interés público y que, por tanto, no deben poner en peligro la estabilidad financiera ni obstaculizar el desarrollo económico, y deben servir al bien común y no solo redundar en interés de inversores, prestamistas y acreedores;

B.

Considerando que el falseamiento de la contabilidad empresarial representa una amenaza para la estabilidad económica y financiera, además de un quebrantamiento de la confianza de la ciudadanía en el modelo de economía social de mercado;

C.

Considerando que el objetivo de las NIIF es reforzar la rendición de cuentas reduciendo el déficit de información existente entre los inversores y las empresas, proteger las inversiones, aportar transparencia mediante la mejora de la comparabilidad y la calidad de la información financiera a escala internacional, permitir que los inversores y otros participantes en el mercado tomen decisiones económicas con conocimiento de causa, e influir, por tanto, en el comportamiento de los agentes de los mercados financieros y en la estabilidad de dichos mercados; considerando, sin embargo, que este paradigma contable de «utilidad de la decisión» no es plenamente coherente con la función de «adecuación de capital» de la contabilidad, tal y como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y la Directiva sobre contabilidad, que indican que la base conceptual de la contabilidad de acuerdo con el marco de las NIIF no comprende el objetivo de la contabilidad expresado en la legislación de la Unión, para la cual la norma es la imagen fiel de las cifras específicas, según se expresa en la respuesta escrita E-016071/2015 de Jonathan Hill de 25 de febrero de 2016; que el requisito de la imagen fiel exige una evaluación integral, en la que son importantes las cifras y las explicaciones cualitativas;

D.

Considerando que en la Directiva sobre contabilidad se afirma que las cuentas son de «especial importancia para la protección de los accionistas, los socios y los terceros» y que «esas sociedades no ofrecen garantías para terceros más allá de las cuantías de sus activos netos»; que en la Directiva sobre contabilidad también se declara que su objetivo es «proteger los intereses vinculados a las sociedades cuyo capital está dividido en acciones o participaciones» garantizando que los dividendos no se paguen a partir del capital dividido en acciones o participaciones; que este objetivo general de las cuentas tan solo puede cumplirse si las cifras especificadas en las cuentas ofrecen una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad; que para una imagen fiel, la determinación de los pagos de dividendos y la evaluación de la solvencia de una empresa también son necesarias información cualitativa y una evaluación de riesgos más amplia;

E.

Considerando que el CNIC funciona bajo la égida de la Fundación NIIF —sociedad privada sin ánimo de lucro registrada en Londres (Reino Unido) y Delaware (Estados Unidos)— que, como organismo encargado de definir las normas, debe basarse en procedimientos transparentes, independientes y democráticos y estar sujeto a rendición pública de cuentas; que la Unión aporta aproximadamente el 14 % del presupuesto de la Fundación NIIF y que, por tanto, es el mayor contribuyente financiero;

F.

Considerando que la circulación de capitales a escala internacional requiere un sistema mundial de normas contables; que las NIIF se aplican en 116 jurisdicciones en diferentes modalidades (adopción plena, adopción parcial, opción o convergencia), aunque en los EE. UU. no se aplican en el caso de los emisores nacionales;

G.

Considerando que el Acuerdo de Norwalk de septiembre de 2002, celebrado entre el CNIC y el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) de Estados Unidos, propone la convergencia entre las NIIF emitidas por el CNIC y los principios contables generalmente aceptados de los EE. UU.;

H.

Considerando que en la Unión el proceso de adopción de las normas por parte de la Unión se basa en los criterios de adopción establecidos en el Reglamento NIC, que una NIIF no puede ser contraria al principio de la imagen fiel recogido en la Directiva sobre contabilidad, que exige que los estados financieros ofrezcan «una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la sociedad»; que, como establece la Directiva sobre el mantenimiento de capital, los dividendos y los bonos no deben pagarse a partir de beneficios no realizados, lo que en última instancia significa a partir del capital; que las NIIF deben favorecer el interés público en Europa y cumplir unos criterios básicos sobre la calidad de la información exigida en los estados financieros;

I.

Considerando que la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo participan en el proceso de adopción sobre la base de los dictámenes del Grupo Consultivo Europeo en materia de información financiera (EFRAG), asesor técnico privado de la Comisión, y del trabajo del Comité de Reglamentación Contable (ARC), compuesto por representantes de los Estados miembros; que en el informe Maystadt se examinó la posibilidad de fundar una agencia para sustituir al EFRAG como solución a largo plazo;

J.

Considerando que, en el seno de la Unión, diferentes partes interesadas, en particular los inversores a largo plazo, han planteado la cuestión de la coherencia de las NIIF con los requisitos legales de la Directiva sobre contabilidad, en especial los principios de prudencia y buena administración; que la participación del Parlamento Europeo en el proceso de fijación de normas no es suficiente y no es proporcional a la contribución financiera del presupuesto de la Unión a la Fundación NIIF; que también se ha hecho hincapié en reforzar la voz de Europa para garantizar que se reconozcan plenamente estos principios y se consagren mediante el proceso de elaboración de normas;

K.

Considerando que las recientes crisis financieras han puesto el papel desempeñado por las NIIF en la estabilidad financiera y el crecimiento en los órdenes del día del G-20 y la Unión, en particular las normas relativas al reconocimiento de las pérdidas sufridas en el sistema bancario; Considerando que el G-20 y el informe De Larosière destacaron antes de la crisis cuestiones clave con respecto a las normas contables, como la contabilidad fuera de balance, la prociclicidad relacionada con el principio de valor de mercado y de reconocimiento de ganancias y pérdidas, la infravaloración de la acumulación de riesgo durante las fases de recuperación económica cíclica y la falta de una metodología común y transparente para la valoración de activos sin liquidez y deteriorados;

L.

Considerando que el CNIC propuso la NIIF 9 (Instrumentos financieros) como una medida esencial para hacer frente a algunos aspectos de la crisis y su impacto en el sector bancario; que el dictamen del EFRAG sobre la NIIF 9 fue positivo, con varias observaciones relativas al uso de «valor razonable» (fair value) en el caso de dificultades del mercado, la falta de base conceptual en relación con el enfoque de provisión de pérdidas para un periodo de 12 meses y las disposiciones insatisfactorias relativas a inversiones a largo plazo; que, debido a la diferencia de fechas de entrada en vigor de la NIIF 9 y la próxima norma en materia de seguros, el dictamen expresaba una reserva sobre la aplicabilidad de la norma al sector de los seguros; que el propio CNIC ha reconocido este problema; que todavía existen motivos de preocupación en cuanto a que el tratamiento contable propuesto para las participaciones pueda tener un efecto negativo en las inversiones a largo plazo; que las cartas de comentarios del BCE y de la ABE sobre la NIIF 9 eran positivas pero también mencionaban determinadas deficiencias;

M.

Considerando que la cuestión de la contabilidad fuera de balance se trató en subsiguientes enmiendas a la NIIF 7 (Instrumentos financieros: Información a revelar) y con la emisión de tres nuevas normas, la NIIF 10 (Estados financieros consolidados), la NIIF 11(Acuerdos conjuntos) y la NIIF 12 (Revelación de participaciones en otras entidades);

N.

Considerando que, en mayo de 2015, el CNIC publicó para consulta un proyecto de «marco conceptual» en el que se describen los conceptos empleados por el CNIC para el desarrollo de la NIIF, lo que permite a los encargados de elaborar estados financieros elegir y desarrollar políticas contables y ayuda a todas las partes a comprender e interpretar las NIIF;

O.

Considerando que, con arreglo a sus estatutos, la estructura de gobernanza de la Fundación NIIF está siendo objeto de revisión; que es, por lo tanto, el momento oportuno para revisar la estructura organizativa y los cambios necesarios en los órganos de dirección de la Fundación NIIF y el CNIC con miras a integrarlos mejor en el sistema de instituciones financieras internacionales y a garantizar una amplia representación de intereses (agencias de representación de los consumidores y ministerios de Hacienda) y la rendición pública de cuentas, lo que debe garantizar unas normas contables de gran calidad;

P.

Considerando que las NIA las elabora el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB), órgano independiente de la Federación Internacional de Contadores (IFAC); que el Consejo de Supervisión del Interés Público (PIOB) es una organización internacional independiente que supervisa el proceso de adopción de las NIA y otras actividades de interés público de la IFAC;

Q.

Considerando que el programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría para el período 2014-2020 incluye la financiación de la Fundación NIIF y el PIOB para el periodo 2014-2020, pero solo para 2014-2016 en el caso de la financiación del EFRAG;

1.

Acoge con satisfacción el informe sobre la evaluación de las NIC elaborado por la Comisión y relativo a la aplicación de las normas NIIF en la Unión, y se felicita de que se llegue a la conclusión de que se han alcanzado los objetivos del Reglamento NIC; lamenta que la Comisión no haya propuesto todavía los cambios jurídicos requeridos para solucionar las lagunas señaladas en su evaluación; pide al organismo encargado de la fijación de normas que garantice que las NIIF guarden coherencia en el interior del corpus de normas contables existente y promuevan la convergencia a escala internacional; pide un enfoque más coordinado en la elaboración de nuevas normas, con calendarios de aplicación coordinados, en particular con respecto a la aplicación de la NIIF 9 (Instrumentos financieros) y la nueva NIIF 4 (Contratos de seguro); insta a la Comisión a que presente con diligencia propuestas legislativas en este sentido y a que garantice que no se produzcan retrasos que causen desfases o distorsión de la competencia en el sector de los seguros; pide a la Comisión que analice en detalle si se han aplicado plenamente las recomendaciones del informe De Laroisière, en particular la número 4, en la que se expresaba la necesidad de una reflexión sobre el principio de valor de mercado;

2.

Pide a la Comisión que cumpla urgentemente la recomendación Maystadt relativa a la ampliación del criterio de «interés público», es decir, que las normas de contabilidad no deben poner en peligro la estabilidad financiera de la Unión ni obstaculizar su desarrollo económico, y que garantice el pleno respeto de este criterio durante el proceso de adopción; insta a la Comisión a que, junto con el EFRAG, emita unas orientaciones claras sobre el significado de «interés público» y el principio de la «imagen fiel» sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de la Directiva sobre contabilidad para llegar a una comprensión común de estos criterios de adopción; pide a la Comisión que presente una propuesta para incorporar la definición de Maystadt del criterio de «interés público» al Reglamento de las NIC; pide a la Comisión que, junto con el EFRAG, analice sistemáticamente si el criterio de «interés público», tal y como lo define Maystadt, requiere cambios en las normas contables existentes y, sobre esta base, que coopere con el CNIC y los organismos nacionales y de terceros países encargados de la fijación de normas con el fin de obtener un apoyo más amplio a la modificación o, en ausencia de dicho apoyo, que, cuando resulte necesario, disponga en la legislación de la Unión normas específicas para cumplir estos criterios;

3.

Señala que la prueba de la imagen fiel del artículo 4, apartado 3, de la Directiva 2013/34/UE se aplica a las cifras expresadas en las cuentas como norma para los fines de las cuentas preparadas de acuerdo con la legislación europea, conforme a lo reflejado en los considerandos 3 y 29 de la Directiva; destaca que estos fines están relacionados con la función de las cuentas relativa a la adecuación de capital, es decir, que los inversores, tanto los acreedores como los accionistas, utilicen las cifras de las cuentas anuales como base para determinar si una sociedad es solvente en términos de patrimonio neto y para determinar los pagos de dividendos;

4.

Destaca que un componente fundamental para llegar a la imagen fiel de las cifras indicadas en las cuentas es la valoración prudente, que significa no infravalorar las pérdidas ni sobrevalorar los beneficios, según se expone en el artículo 6, apartado 1, letra c), incisos i) y ii), de la Directiva sobre contabilidad; hace hincapié en que esta interpretación de la Directiva sobre contabilidad viene confirmada por numerosas sentencias del Tribunal de Justicia;

5.

Señala que el considerando 9 del Reglamento de las NIC permite un cierto grado de flexibilidad al tomar una decisión de adopción de una NIIF al no requerir «ajustarse rigurosamente a todas y cada una de dichas disposiciones»; señala, sin embargo, que esto no debe llegar al extremo de permitir que las NIIF se desvíen tanto del objetivo general de la Directiva sobre contabilidad (2013/34/UE), que sustituyó a la Cuarta Directiva sobre Derecho de sociedades y a la Séptima Directiva sobre Derecho de sociedades (83/349/CEE) a las que se hace referencia en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento de las NIC, como para dar lugar a estados financieros que sobrevaloren los beneficios o infravaloren las pérdidas; considera, a este respecto, que la adopción de la NIC 39 fue posiblemente contraria a este objetivo general de la Cuarta y la Séptima Directivas sobre Derecho de sociedades, sustituidas por la Directiva sobre contabilidad de 2013, debido a su modelo de pérdidas incurridas, y en particular al artículo 31, apartado 1, letra bb), de la Cuarta Directiva 78/660/CEE del Consejo, en la que se manifiesta que «[deberán medirse y reconocerse] todos los riesgos previsibles y las eventuales pérdidas que hubieran tenido su origen durante el ejercicio o en un ejercicio anterior, incluso si estos riesgos o pérdidas solo se hubieran conocido entre la fecha de cierre del balance y la fecha en la que se hubiera establecido aquel»;

6.

Acoge con satisfacción la intención del CNIC de reintroducir el principio de «prudencia» y reforzar la «buena administración» en el nuevo marco conceptual; lamenta que la interpretación de «prudencia» del CNIC tan solo signifique «tratamiento prudente de la discrecionalidad»; señala que la interpretación que da el CNIC al principio de prudencia y buena administración no es el mismo expuesto en la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia y en la Directiva sobre contabilidad; cree que el principio de prudencia debería ir acompañado del principio de fiabilidad; pide a la Comisión y al EFRAG que se pongan de acuerdo sobre los significados de los principios de prudencia y buena administración según se definen en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y en la Directiva sobre contabilidad y que, sobre esta base, cooperen con el CNIC y los organismos nacionales y de terceros países encargados de la fijación de normas con el fin de obtener un apoyo más amplio a estos principios; pide al CNIC que analice sistemáticamente si un marco conceptual revisado requiere cambios en las normas contables existentes y que incorpore modificaciones donde sean necesarias;

7.

Toma nota de la reforma relativa al reconocimiento de pérdidas en el marco de las NIIF, que debería permitir una acumulación más prudente de las provisiones de pérdidas sobre la base del concepto prospectivo de expectativas de pérdidas, en lugar de pérdidas incurridas; es de la opinión de que el proceso de adopción de la Unión debe enmarcar cuidadosa y prudentemente el modo en que debe especificarse el concepto de expectativa de pérdida, a fin de evitar una dependencia excesiva del paradigma y de permitir unas directrices de supervisión claras sobre el deterioro de activos;

8.

Es de la opinión de que la cuestión de la contabilidad fuera de balance todavía no se ha tratado adecuada y efectivamente, ya que la decisión sobre si un activo debe declararse o no en los balances sigue sujeta a una norma mecanicista que puede eludirse; pide al CNIC que remedie estas deficiencias;

9.

Acoge con satisfacción los protocolos de la Fundación NIIF y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) relativos a una colaboración reforzada, habida cuenta de los problemas fundamentales señalados por el G-20 en relación con la supervisión de los mercados de valores; considera necesaria esta cooperación para satisfacer la necesidad de normas contables mundiales de gran calidad y para fomentar la aplicación de normas coherentes por encima de las diferencias en las condiciones marco de los distintos países;

10.

Expresa su convicción de que el intercambio de información entre el CNIC y la OICV sobre el uso creciente de las NIIF no solo debe considerarse como un ejercicio de inventario, sino también como una oportunidad para identificar mejores prácticas; acoge con satisfacción, a este respecto, la sesión de debate anual entre los organismos de aplicación («enforcer discussion session») introducida por la OICV con el objeto de informar al CNIC de cuestiones fundamentales en la aplicación y ejecución;

11.

Destaca que los efectos de una norma contable se deben entender en su totalidad; insiste en que el CNIC y el EFRAG deben dar prioridad al refuerzo de sus análisis de impacto, en particular en el ámbito de la macroeconomía, y a la evaluación de las diferentes necesidades de las muy diversas partes interesadas, especialmente de inversores a largo plazo y empresas, así como del público en general; pide a la Comisión que recuerde al EFRAG que refuerce su capacidad de evaluar el impacto de las nuevas normas contables en la estabilidad financiera, centrándose particularmente en las necesidades europeas, que deberían introducirse en la normalización del CNIC en una fase más temprana del proceso; observa, en particular, la ausencia de una evaluación cuantitativa de impacto relativa a la NIIF 9, para la que no habrá fechas disponibles antes de 2017; pide a la Comisión que vele por que la NIIF 9 sirva a la estrategia de inversión a largo plazo de la Unión, especialmente restringiendo las disposiciones que podrían introducir una excesiva volatilidad a corto plazo en los estados financieros; toma nota de que las Agencias Europeas de Supervisión AEVM, ABE y AESPJ, que disponen de los conocimientos especializados y la capacidad necesarios para asistir en el desempeño de este cometido, rechazaron ser miembros plenos del consejo del EFRAG por ser el EFRAG un órgano privado; considera que como observadores en el Consejo del EFRAG de los acuerdos de gobernanza reformados, el BCE y las Agencias Europeas de Supervisión contribuirían positivamente a que se tengan más en cuenta los efectos sobre la estabilidad financiera; pide a la Comisión que, en el marco de la revisión del Reglamento de las NIC, estudie vías para recibir formalmente información sistemática de las Agencias Europeas de Supervisión;

12.

Tiene la convicción de que solo unas normas simples pueden ser aplicadas por los usuarios y controladas por los supervisores de una manera eficaz; recuerda que, en su declaración de 2 de abril de 2009, el G-20 pidió que las normas contables aplicables a los instrumentos financieros fueran menos complejas y que se aplicaran con claridad y coherencia las normas de valoración a escala internacional, en colaboración con los supervisores; manifiesta su preocupación por la persistente complejidad de las NIIF; pide que se reduzca esta complejidad, siempre que sea conveniente y posible, cuando se desarrollen nuevas normas contables; considera que un sistema de normas de contabilidad menos complejo contribuirá a una aplicación más uniforme, lo que permitirá que los datos financieros de las sociedades sean comparables entre los Estados miembros;

13.

Pide una notificación obligatoria país por país en el marco de las NIIF; reitera la opinión del Parlamento de que la notificación pública país por país puede desempeñar una función decisiva a la hora de combatir la elusión fiscal y el fraude fiscal;

14.

Pide al CNIC, a la Comisión y al EFRAG que asocien desde una fase temprana al Parlamento Europeo y al Consejo a la elaboración de normas de información financiera en general y al proceso de adopción en particular; considera que el proceso de control de la adopción de NIIF en la Unión debe formalizarse y estructurarse análogamente al proceso de control aplicable a las medidas de «nivel 2» en el ámbito de los servicios financieros; recomienda a las autoridades europeas que inviten a las partes interesadas de la sociedad civil a apoyar sus actividades, también por cuanto respecta al EFRAG; pide a la Comisión que cree un espacio para que las partes interesadas debatan los principios contables fundamentales en Europa; pide a la Comisión que conceda al Parlamento la posibilidad de recibir una lista selecta de los candidatos a la presidencia del EFRAG para organizar audiencias informales antes de que se proceda a la votación sobre el candidato propuesto;

15.

Observa, en este contexto, que el Parlamento debe desempeñar el papel de promotor activo de las NIIF, siempre que se tomen debidamente en consideración las peticiones de la presente Resolución, ya que está demostrado que los beneficios son superiores a los costes;

16.

Tiene la convicción de que en una economía globalizada son precisas normas contables aceptadas internacionalmente; recuerda, no obstante, que la convergencia no es un objetivo en sí misma, sino que tan solo es conveniente si da lugar a unas normas contables mejores, orientadas al interés público, la prudencia y la fiabilidad; considera, por tanto, que debe proseguir un diálogo sólido entre el CNIC y los organismos nacionales encargados de la fijación de normas, pese a la lentitud de los progresos en el proceso de convergencia;

17.

Señala que la mayoría de empresas son pymes; constata la intención de la Comisión de explorar con el CNIC la posibilidad de desarrollar normas contables comunes de gran calidad y simplificadas para las pymes, que podrían utilizar voluntariamente a nivel de la Unión las pymes cotizadas en sistemas multilaterales de negociación (SMN) y, más concretamente, en los mercados de pymes en expansión; toma nota, en este contexto, de las posibilidades de las normas de información financiera vigentes para las pymes; considera que, como condición para el trabajo ulterior en este ámbito, las NIIF deben ser menos complejas y no deben promover la prociclicidad, y los intereses de las pymes deben estar suficientemente representados en el CNIC; considera que las partes interesadas pertinentes deben estar representadas en el CNIC; pide a la Comisión que emprenda una evaluación de impacto adecuada sobre los efectos de las NIIF en las pymes antes de tomar medidas ulteriores; solicita que esta evolución sea seguida de cerca y que se informe plenamente al Parlamento, teniendo debidamente en cuenta el proceso «Legislar mejor»;

18.

Destaca que los organismos nacionales de fijación de normas están ahora estrechamente integrados en el EFRAG; señala, por tanto, la función de asesoramiento del EFRAG en lo que concierne a asuntos contables relacionados con pequeñas empresas cotizadas y con las pymes en general;

19.

Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión anime a los Estados miembros a que sigan las directrices de la AEVM sobre la ejecución de las obligaciones en materia de información financiera; lamenta que varios Estados miembros no acaten ni tengan la intención de acatar las directrices de la AEVM sobre la ejecución de las obligaciones en materia de información financiera; pide a estos Estados miembros que hagan un esfuerzo hacia su cumplimiento; pide a la Comisión que evalúe si las competencias de la AEVM le permiten garantizar una aplicación consistente y coherente en toda la Unión y, de no ser así, que explore otras vías para garantizar una aplicación y un cumplimiento adecuados;

20.

Reconoce que el equilibrio entre el ámbito de aplicación obligatoria del Reglamento NIC y la posibilidad de que los Estados miembros amplíen el uso de las normas NIIF a nivel nacional garantiza una subsidiariedad y una proporcionalidad adecuadas;

21.

Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de examinar la conveniencia de coordinar las normas de la UE relativas a la distribución de dividendos; recuerda, en este contexto, el artículo 17, apartado 1, de la Directiva sobre el mantenimiento de capital, que hace referencia directamente a las cuentas anuales de la empresa como base para las decisiones sobre pagos de dividendos y establece ciertas restricciones al respecto; señala que la evaluación por la Comisión del Reglamento de las NIC ha detectado algunos elementos que muestran que persisten las diferencias entre los Estados miembros en cuanto al cumplimiento de las NIIF; subraya que las normas relativas al mantenimiento de capital y la distribución de dividendos se citan en el informe sobre la evaluación del Reglamento de las NIC como causa de recursos judiciales que podrían plantearse en determinadas jurisdicciones en las que los Estados miembros permiten o exigen el uso de las NIIF para determinados estados financieros anuales en los que se basan beneficios distribuibles; destaca que cada Estado miembro ha de considerar en su legislación nacional cómo tratar estas cuestiones, en el marco de los requisitos de la Unión en materia de mantenimiento de capital; pide, a este respecto, a la Comisión que vele por el cumplimiento de la Directiva sobre el mantenimiento de capital y la Directiva sobre contabilidad;

22.

Pide al EFRAG y a la Comisión que examinen lo antes posible si las normas contables permiten el fraude fiscal y la elusión fiscal y que introduzcan todos los cambios necesarios para corregir y prevenir posibles abusos;

23.

Observa los esfuerzos crecientes por potenciar la transparencia y la comparabilidad de la contabilidad pública mediante el desarrollo de las Normas Europeas de Contabilidad para el Sector Público;

24.

Apoya las recomendaciones de la Comisión según las cuales el Consejo de Supervisión de la Fundación NIIF debería desplazar su atención del tema de la organización interna y centrarla en debatir asuntos de interés público que se podrían remitir a la Fundación NIIF; considera, sin embargo, que deben hacerse más progresos en lo que respecta a la gobernanza de la Fundación NIIF y del CNIC, especialmente en términos de transparencia, de prevención de conflictos de intereses y de diversidad de expertos contratados; destaca que la legitimidad del CNIC está en juego si el Consejo de Supervisión sigue en desacuerdo sobre su responsabilidad, a pesar de que depende de decisiones por consenso; apoya, en particular, la propuesta de la Comisión de que se tomen en consideración las necesidades de información de inversores con diferentes horizontes temporales de inversión y se den soluciones específicas a la hora de desarrollar normas, en especial para los inversores a largo plazo; apoya una mejor integración en el sistema de instituciones financieras internacionales y las medidas para garantizar una amplia representación de intereses (por ejemplo, agencias de representación de los consumidores y ministerios de Hacienda) y la rendición pública de cuentas, lo que debe garantizar unas normas contables de gran calidad;

25.

Señala que el CNIC está dominado por actores privados; destaca que las empresas de tamaño medio no están representadas en absoluto; subraya que la Fundación NIIF continúa dependiendo de contribuciones voluntarias, a menudo del sector privado, lo cual puede entrañar riesgos de conflicto de intereses; pide a la Comisión que inste a la Fundación NIIF a que tienda hacia una estructura de financiación más diversificada y más equilibrada, basada, entre otros elementos, en tasas y fuentes públicas;

26.

Se felicita por las actividades de la Fundación NIIF / del CNIC en cuanto a la información sobre el carbono y el clima; es de la opinión, en particular, de que cuestiones estructurales clave a largo plazo, como la valoración de activos bloqueados en los balances de las empresas vinculados a las emisiones de carbono, deben añadirse expresamente al programa de trabajo del CNIC con miras a desarrollar normas al respecto; pide a los órganos del CNIC que incluyan en su orden del día el desafío de la notificación del carbono y los riesgos del carbono;

27.

Pide a la Comisión y al EFRAG que examinen el cambio de acciones a bonos en la asignación de activos de pensión a raíz de la introducción de la contabilidad según valor de mercado en el marco del CNIC;

28.

Apoya la idea de que la Comisión pida a la Fundación NIIF que garantice que la aplicación de las NIIF y la existencia de una contribución financiera permanente sean requisitos para formar parte de los órganos de gobierno y supervisión de la Fundación NIIF y del CNIC; pide a la Comisión que explore vías para reformar la Fundación NIIF y el CNIC a fin de eliminar los derechos de veto de los miembros que no cumplan los criterios mencionados;

29.

Pide a los administradores de las NIIF, el Consejo de Supervisión de la Fundación NIIF y el CNIC que promuevan en sus respectivos foros un equilibrio de género adecuado;

30.

Recuerda su petición formulada en el informe Goulard de medidas para fomentar la legitimidad democrática, la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad, entre otros ámbitos, en materia de acceso público a los documentos, diálogo abierto con las diferentes partes interesadas, elaboración obligatoria de registros de transparencia y normas que regulan la transparencia de las reuniones de los grupos de interés, además de normas internas, en particular para la prevención de conflictos de intereses;

31.

Destaca que la reforma del EFRAG debe mejorar la contribución europea al desarrollo de nuevas NIIF y podría participar en la reforma de la gobernanza de la Fundación NIIF;

32.

Lamenta que el Consejo del EFRAG haya estado durante algún tiempo sin presidente, habida cuenta de su importante papel para alcanzar el consenso y para hacer oír a escala internacional una voz europea clara y firme sobre asuntos de contabilidad; destaca la importancia de que se nombre lo antes posible un nuevo presidente; insta, por tanto, a la Comisión a que acelere el proceso de nombramiento, teniendo en cuenta debidamente la función del Parlamento Europeo y su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios;

33.

Se congratula de la reforma del EFRAG que entró en vigor el 31 de octubre de 2014, y reconoce que se han hecho esfuerzos significativos a este respecto; toma nota de la mejora de la transparencia; lamenta que, en lo que respecta a la financiación del EFRAG y, en particular, a la posibilidad de establecer un sistema de tasas obligatorias pagadas por empresas cotizadas, la Comisión haya centrado sus esfuerzos en aplicar las partes de la reforma que pueden realizarse a corto plazo; pide a la Comisión que, como recomienda el informe Maystadt, tome medidas formalmente para animar a los Estados miembros a que establezcan un mecanismo nacional de financiación si no disponen ya de él; pide a la Comisión que proponga la prórroga del programa de la Unión para el EFRAG para el periodo 2017-2020; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación exhaustiva anual de la reforma acordada, como establece el artículo 9, apartados 3 y 6, del Reglamento (UE) n.o 258/2014; pide a la Comisión que examine la conveniencia y la viabilidad de la transformación a largo plazo del EFRAG en una agencia pública;

34.

Lamenta que se haya convertido en una mera posibilidad el requisito sugerido por Maystadt de combinar las funciones de director general del EFRAG y presidente del grupo de expertos técnicos del EFRAG; señala que la composición del nuevo consejo se aparta de la propuesta de Maystadt, ya que las Autoridades Europeas de Supervisión y el Banco Central Europeo declinaron ser miembros de pleno derecho del consejo; pide al EFRAG que amplíe el número de usuarios presentes en el consejo, que actualmente es de solamente uno, y que garantice que estén representadas en el EFRAG todas las partes interesadas pertinentes;

35.

Se congratula de que el PIOB diversificara su financiación en 2014; observa que la financiación total aportada por la IFAC ascendió al 58 %, lo que, si bien sigue representando una proporción significativa de la financiación del PIOB, está muy por debajo del umbral de dos tercios, por lo que no hay necesidad de que la Comisión limite su aportación anual, como establece el artículo 9, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 258/2014 pide al PIOB que intensifique sus esfuerzos por garantizar la integridad de la profesión de la auditoría;

36.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

6.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/33

—

Visto el título V del Tratado de la Unión Europea, y, en particular, sus artículos 21, 41, 42 y 43,

—

Visto el artículo 220 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Carta de las Naciones Unidas, y en particular sus capítulos VI, VII y VIII,

—

Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 1 de abril de 2015, «Alianzas para la paz: hacia las asociaciones de colaboración en cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la paz» (1),

—

Vista la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 28 de abril de 2015, sobre «Desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo — Capacitar a los socios para la prevención y la gestión de las crisis» (2),

—

Visto el informe, de 16 de junio de 2015, del Grupo de alto nivel de las Naciones Unidas sobre las Operaciones de Paz (3),

—

Vista la declaración realizada el 28 de septiembre de 2015 en la Cumbre de Líderes sobre el Mantenimiento de la Paz convocada por el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama,

—

Vistos el documento, de 14 de junio de 2012, titulado «Plan de acción para reforzar el apoyo de la PCSD de la UE a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas» (4) y el documento, de 27 de marzo de 2015, titulado «Fortalecimiento de la asociación estratégica Naciones Unidas-UE en materia de mantenimiento de la paz y gestión de crisis: prioridades 2015-2018» (5),

—

Vistas la Asociación Estratégica UE-África (JAES) adoptada en la segunda Cumbre UE-África, celebrada en Lisboa los días 8 y 9 de diciembre de 2007 (6), y la hoja de ruta de JAES 2014-2017 aprobada en la cuarta Cumbre UE-África celebrada en Bruselas los días 2 y 3 de abril de 2014 (7),

—

Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.o 3/2011 «La eficiencia y la eficacia de las contribuciones de la UE canalizadas a través de las organizaciones de las Naciones Unidas en países afectados por conflictos»,

—

Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2015, sobre «el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas — cómo conseguir mejor los objetivos de la política exterior de la UE» (8),

—

Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 9 de diciembre de 2015, sobre la evaluación del Fondo de Apoyo a la Paz para África a los diez años de su puesta en funcionamiento: eficacia y perspectivas futuras,

—

Vista la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,

—

Vistas las Directrices de Oslo sobre la Utilización de Recursos Militares y de Defensa Civil Extranjeros para las Operaciones de Socorro en Casos de Desastre, de noviembre de 2007,

—

Vistos los artículos 4 nonies y 4 undecies del Acta constitutiva de la Unión Africana,

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre el décimo aniversario de la Resolución 1325(2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad (9),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de octubre de 2012, sobre «Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores»,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0158/2016),

A.

Considerando que las operaciones de apoyo a la paz (OAP) son una forma de responder a las crisis, generalmente en apoyo de una organización reconocida a nivel internacional como las Naciones Unidas o la Unión Africana (UA), dotadas de un mandato de las Naciones Unidas, y destinadas a prevenir un conflicto armado, restablecer o mantener o consolidar la paz, velar por el respeto de los acuerdos de paz y hacer frente a las situaciones de emergencia y los retos complejos que plantean los Estados fallidos o débiles; que la estabilidad de la vecindad africana y europea beneficiaría en gran medida a todos nuestros países;

B.

Considerando que el objetivo de las OAP es contribuir a crear entornos estables, seguros y más prósperos a largo plazo; que, para ello, la buena gobernanza, la justicia, el refuerzo del Estado de Derecho, la protección de los ciudadanos, el respeto de los derechos humanos y la seguridad son condiciones previas fundamentales, y el éxito de los programas de reconciliación, reconstrucción y desarrollo económico contribuirá a conseguir una paz y prosperidad sostenibles por sí mismas;

C.

Considerando que el panorama de la seguridad ha cambiado radicalmente en la última década, en particular en África, con la aparición de grupos terroristas e insurgentes en Somalia, Nigeria y la región del Sahara-Sahel, y con unas operaciones de mantenimiento de la paz y de lucha contra el terrorismo que son ahora la norma y no la excepción en numerosas zonas; que los Estados frágiles y los espacios sin gobierno son cada vez más numerosos, dejando a tantos en una situación de pobreza o anarquía o en la que prosperan la corrupción y la violencia; que la permeabilidad de las fronteras en el continente contribuye a avivar la violencia, reducir la seguridad y crear oportunidades para la actividad delictiva;

D.

Considerando que en la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se ha reconocido que la paz es fundamental para el desarrollo y se ha introducido el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) n.o 16 sobre la paz y la justicia;

E.

Considerando que las organizaciones y las naciones dotadas de la experiencia y del equipamiento adecuados, idealmente con un mandato claro y realista de las Naciones Unidas, deben proporcionar esos recursos necesarios para el éxito de las OAP, con el fin de contribuir a crear entornos seguros para que las organizaciones civiles puedan realizar su trabajo;

F.

Considerando que las Naciones Unidas siguen siendo el principal garante de la paz y la seguridad internacionales y ofrecen el marco más amplio para la cooperación multilateral en la gestión de las crisis; que actualmente son 16 las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas con más de 120 000 efectivos desplegados, la cifra más elevada hasta la fecha; que más del 87 % de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se encuentra desplegado en ocho misiones en África; que el ámbito de las operaciones de las Naciones Unidas es limitado;

G.

Considerando que la UA está sujeta a limitaciones distintas a las de las Naciones Unidas y puede adoptar posiciones, intervenir sin haber sido invitada y hacerlo en ausencia de un acuerdo de paz, respetando aun así la Carga de las Naciones Unidas; que se trata de una diferencia importante, teniendo en cuenta el número de conflictos interestatales e intraestatales en África;

H.

Considerando que la OTAN ha prestado apoyo a la UA, entre otras a las misiones AMIS en Darfur y AMISOM en Somalia, en forma de planificación y de recursos estratégicos de transporte aéreo-naval y de desarrollo de las capacidades para la fuerza africana de intervención rápida;

I.

Considerando que las crisis que se registran en África exigen una respuesta mundial coherente que vaya más allá de los meros aspectos de seguridad; que la paz y la seguridad son condiciones previas indispensables para el desarrollo y que todos los actores locales e internacionales han hecho hincapié en la necesidad de coordinar estrechamente la política de seguridad y la de desarrollo; que se requiere una perspectiva a largo plazo; que la reforma del sector de la seguridad y el desarme, la desmovilización y la reintegración de antiguos combatientes pueden ser de importancia para lograr los objetivos de estabilidad y desarrollo; que la Oficina de Enlace para la Paz y la Seguridad de las Naciones Unidas y la Misión Permanente de la Unión Africana en Bruselas desempeñan una función esencial en el desarrollo de las relaciones entre sus organizaciones y la UE, la OTAN y las embajadas nacionales;

J.

Considerando que el mecanismo principal para la cooperación europea con la UA es el Fondo de Apoyo a la Paz para África, creado originalmente en 2004 y que moviliza cerca de 1 900 millones de euros procedentes de las contribuciones de los Estados miembros al FED; que, cuando se creó el Fondo de Apoyo a la Paz para África, en 2003, se preveía que su financiación a través de los fondos del FED sería provisional, si bien doce años más tarde el FED sigue siendo la principal fuente de financiación del Fondo de Apoyo a la Paz para África; que, en 2007, el ámbito de aplicación del Fondo se amplió para dar cabida a un mayor número de actividades de prevención de conflictos y de estabilización después de los conflictos; que el programa de acción 2014-2016 tiene en cuenta la evaluación externa y las consultas a los Estados miembros e introduce nuevos elementos para mejorar su eficacia; que en el artículo 43 del TUE se hace referencia a las misiones «Petersberg Plus», que abarcan las misiones de asesoramiento y asistencia militar, las misiones de prevención de conflictos y mantenimiento de la paz y las misiones de las fuerzas de combate en la gestión de las crisis, incluidas las operaciones de mantenimiento de la paz y estabilización después de los conflictos; que en 2014 más del 90 % del presupuesto se destinó a OAP, destinándose el 65 % de este importe al personal de la AMISOM; que el refuerzo de las capacidades institucionales de la Unión Africana y de las comunidades económicas regionales africanas es un elemento esencial para el éxito de las OAP y los procesos de reconciliación y rehabilitación después de los conflictos;

K.

Considerando que el papel de la UE va enmarcado en el contexto de las contribuciones realizadas por numerosos países y organizaciones para las OAP; que, por ejemplo, los Estados Unidos son el principal contribuyente financiero del mundo a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y proporciona apoyo directo a la UA a través de su asociación de respuesta rápida para el mantenimiento de la paz en África, y que apoya con aproximadamente 5 000 millones de dólares USA las operaciones de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, Mali, Costa de Marfil, Sudán del Sur y Somalia; que la complementariedad de estas diversas fuentes de financiación está garantizada por el grupo de socios de la Unión Africana para la paz y la seguridad; que China participa ahora activamente en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y que el Foro para la Cooperación entre China y África incluye la Comisión de la UA; que, después de Etiopía, India, Paquistán y Bangladés son los países que más soldados destinan a las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas;

L.

Considerando que los países europeos y la propia UE son importantes contribuyentes al sistema de las Naciones Unidas, en particular prestando apoyo financiero a programas y proyectos de las Naciones Unidas; que Francia, Alemania y el Reino Unido son los países que más contribuyen al presupuesto de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas; que los Estados miembros de la UE son, de forma colectiva, el mayor contribuyente al presupuesto de las Naciones Unidas destinado al mantenimiento de la paz, con alrededor de un 37 %, y que contribuyen actualmente con el envío de soldados a nueve misiones de mantenimiento de la paz; que, además, en 2014 y 2015 los compromisos financieros de la Unión en favor de la Unión Africana totalizaron 717,9 millones de euros y las contribuciones de la Unión Africana representaron solo 25 millones de euros; que la contribución de los países europeos solo es de alrededor del 5 % del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, con 5 000 soldados de un total de alrededor de 92 000; que, sin embargo, Francia, por poner un ejemplo, forma cada año a 25 000 soldados africanos y despliega por su parte a más de 4 000 efectivos en operaciones de mantenimiento de la paz en África;

M.

Considerando que las minas antipersona han sido el principal obstáculo a la rehabilitación y al desarrollo después de los conflictos, sobre todo en África, y que en los últimos 20 años la UE ha destinado cerca de 1 500 millones de euros a financiar procesos destinados a apoyar las operaciones de retirada de minas y atender a las víctimas, convirtiéndose así en el principal donante en este ámbito;

N.

Considerando que, al margen del papel de cada uno de los países europeos, la UE debe prestar una contribución específica a las OAP en forma de acciones pluridimensionales; que la UE está prestando apoyo técnico y financiero a la UA y a las organizaciones subregionales, en particular a través del Fondo de Apoyo a la Paz para África, el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz y el Fondo Europeo de Desarrollo; que la UE está llevando a cabo acciones de asesoramiento y formación en el marco de sus misiones de la política común de seguridad y defensa (PCSD), contribuyendo así al fortalecimiento de las capacidades africanas en materia de gestión de crisis;

O.

Considerando que las cinco misiones civiles y las cuatro operaciones militares de la UE que se están llevando a cabo en África se desarrollan con frecuencia paralelamente a las acciones de las Naciones Unidas, de la UA o nacionales;

P.

Considerando que la UE está comprometida a ayudar a reforzar la Arquitectura de Paz y Seguridad de África, en particular apoyando la operatividad de la fuerza africana de intervención rápida;

Q.

Considerando que el Consejo Europeo ha pedido que la UE y sus Estados miembros refuercen su apoyo a países y organizaciones socios, facilitando formación, asesoramiento, equipos y recursos, de modo que cada vez puedan prevenir o gestionar mejor las crisis por sí mismos; que, para lograr este objetivo, existe una clara necesidad de intervenciones en los ámbitos de la seguridad y el desarrollo que se refuercen mutuamente;

R.

Considerando que la UE debe apoyar las acciones de otros actores mejor capacitados para desempeñar funciones particulares, evitando solapamientos y ayudando a fortalecer la labor de los actores ya presentes sobre el terreno, en particular los Estados miembros;

S.

Considerando que el artículo 41, apartado 2, del TUE prohíbe el gasto con cargo a los presupuestos de la UE para operaciones que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa sin excluir explícitamente la financiación por parte de la Unión de tareas militares tales como las operaciones de mantenimiento de la paz con objetivos de desarrollo; que los costes comunes corren a cuenta de los Estados miembros en el marco del mecanismo Athena; que, si bien el principal objetivo de la política de desarrollo de la Unión es la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza, los artículos 209 y 212 del TFUE no excluyen explícitamente la financiación del desarrollo de capacidades en el ámbito de la seguridad; que el FED y el Fondo de Apoyo a la Paz, instrumentos ambos ajenos al presupuesto de la Unión, son importantes a la hora de abordar el nexo entre la seguridad y el desarrollo; que el FED requiere que la programación se conciba para cumplir los criterios de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), que excluyen la mayor parte de los gastos relacionados con la seguridad; que la UE está trabajando en la posibilidad de contar con nuevos instrumentos específicos en el marco de su iniciativa en materia de desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo;

T.

Considerando que los principios rectores para la participación de la UE han de ser las necesidades de los países en cuestión y la seguridad europea;

1.

Subraya la necesidad de acciones exteriores coordinadas que utilicen las herramientas diplomáticas, de seguridad y de desarrollo para restablecer la confianza y afrontar los desafíos de las guerras, los conflictos internos, la inseguridad, la fragilidad y la transición;

2.

Observa que las operaciones de mantenimiento de la paz hoy en día se caracterizan cada vez más por el desarrollo de múltiples misiones autorizadas por las Naciones Unidas que reúnen a diferentes actores y organizaciones regionales en un mismo escenario de operaciones; subraya que la gestión de estas asociaciones complejas, sin duplicar a la vez el trabajo de las misiones, resulta esencial para el éxito de las operaciones; pide, a este respecto, la evaluación y la racionalización de las estructuras existentes;

3.

Subraya la importancia de una comunicación temprana y de la mejora de los procedimientos de consulta en caso de crisis con las Naciones Unidas y la UA, así como con otras organizaciones como la OTAN y la OSCE; subraya la necesidad de mejorar el intercambio de información, también por lo que respecta a la planificación, la ejecución y el análisis de las misiones; acoge con satisfacción la finalización y la firma del acuerdo administrativo entre la UE y las Naciones Unidas sobre el intercambio de información clasificada; reconoce la importancia de la asociación entre África y la Unión y el diálogo político entre la UE y la UA en materia de paz y seguridad; recomienda la celebración de un acuerdo entre la UA, la UE y otros actores clave y las Naciones Unidas sobre una serie de objetivos comunes con vistas a la seguridad y el desarrollo de África;

4.

Insta a la UE, teniendo en cuenta la magnitud de los retos y la complejidad de la participación de otras organizaciones y naciones, a que encuentre una división adecuada de las competencias y se centre en los ámbitos en los que pueda aportar el mayor valor añadido; señala que varios Estados miembros ya se han implicado en operaciones en suelo africano y que la UE podría aportar un verdadero valor añadido brindando un mayor apoyo a estas operaciones;

5.

Señala que en las misiones de las Naciones Unidas y de la UA, que se desarrollan en un contexto de seguridad cada vez más complejo, es necesario aplicar un enfoque global del que son elementos esenciales, además del despliegue de recursos militares, diplomáticos y de desarrollo, un profundo conocimiento del contexto de seguridad, el intercambio de inteligencia, información y tecnologías modernas, el conocimiento de las medidas para afrontar el contraterrorismo y la lucha contra la delincuencia en las zonas en conflicto y posconflicto, el recurso a capacitadores críticos, la prestación de ayuda humanitaria y el restablecimiento del diálogo político, elementos a los que los países europeos pueden contribuir; señala el trabajo ya realizado por parte de determinados Estados miembros, así como por otras organizaciones multinacionales en este ámbito;

6.

Subraya la importancia de los demás instrumentos de la Unión en el ámbito de la seguridad y, en particular, las misiones y operaciones de la PCSD; recuerda que la Unión interviene en África para contribuir a la estabilización de países en crisis, en particular mediante misiones de formación; pone de relieve el papel de las misiones de la PCSD, tanto de carácter civil como militar, en apoyo de las reformas del sector de la seguridad y que contribuyen a la estrategia internacional de gestión de crisis;

7.

Señala que la percepción de la legitimidad de una OAP es fundamental para el éxito de la misma; opina que la UA debe, por tanto, contribuir con ayuda y fuerzas militares en la medida de lo posible; señala que esto también es importante con respecto a los objetivos a largo plazo de autorregulación de la UA;

8.

Celebra el hecho de que el nuevo programa de acción del Fondo de Apoyo a la Paz para África da respuesta a las deficiencias y pone un mayor acento en las estrategias de salida, en un reparto mejor de las responsabilidades con los países africanos, en un apoyo más específico y en la mejora de los procedimientos de toma de decisiones;

9.

Acoge con satisfacción la asociación estratégica Naciones Unidas-UE en materia de mantenimiento de la paz y de gestión de crisis y sus prioridades para 2015-2018 acordadas en marzo de 2015; señala las misiones de la PCSD pasadas y en curso dirigidas al mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el refuerzo de la seguridad internacional, y toma nota del papel clave de otras organizaciones, incluidas las organizaciones panafricanas y regionales, y de los países de esas zonas; pide a la UE que siga haciendo esfuerzos por facilitar las aportaciones de los Estados miembros; recuerda que la Unión se ha comprometido en actividades relacionadas con la gestión de crisis en África en aras del mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el refuerzo de la seguridad internacional, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas; observa que, en la Cumbre de Líderes sobre el Mantenimiento de la Paz celebrada el 28 de septiembre de 2015, solo once de los veintiocho Estados miembros de la UE asumieron compromisos, mientras que China se comprometió a poner a disposición una fuerza de intervención rápida de 8 000 soldados, y Colombia, un contingente de 5 000 soldados; pide a los Estados miembros de la UE que aumenten significativamente su contribución en efectivos militares y policiales a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas;

10.

Subraya la necesidad de una rápida respuesta africana a la crisis y reconoce el papel fundamental que desempeña la Fuerza Africana de Reserva a este respecto; hace hincapié en la importante contribución de la Unión mediante el Fondo de Apoyo a la Paz para África y la financiación de la UA, que permite a la UA reforzar sus capacidades para dar una respuesta colectiva a las crisis del continente; anima a las organizaciones regionales, como la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) o la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), a que redoblen sus esfuerzos en el ámbito de las respuestas rápidas africanas a las crisis y que complementen los esfuerzos de la UA;

11.

Destaca, no obstante, la importancia de invertir más recursos en la prevención de conflictos, teniendo en cuenta factores como la radicalización política o religiosa, la violencia electoral, los desplazamientos de población y el cambio climático;

12.

Reconoce la contribución fundamental del Fondo de Apoyo a la Paz para África al desarrollo de la asociación triangular entre las Naciones Unidas, la UE y la UA; opina que este Fondo representa tanto un punto de partida como un instrumento potencial para crear una asociación más sólida entre la UE y la UA, y que ha resultado ser indispensable a la hora de permitir a la UA, y a través de ella a las ocho comunidades económicas regionales, planificar y llevar a cabo sus operaciones; considera esencial que las instituciones de la UE y los Estados miembros mantengan una participación estrecha para poder aprovechar plenamente el Fondo, y que la UA muestre niveles más elevados de eficiencia y transparencia al utilizar los fondos; considera que el Fondo debe centrarse en un apoyo estructural, en lugar de financiar meramente los sueldos de las fuerzas africanas; reconoce que se están utilizando otros mecanismos de financiación, pero cree que, dada la atención exclusiva que le presta a África y teniendo en cuenta sus claros objetivos, el Fondo reviste una importancia vital para las OAP en África; considera que debe darse a las organizaciones de la sociedad civil que realizan actividades de consolidación de la paz en África la oportunidad de aportar sus puntos de vista, como parte de un compromiso más estratégico con estas organizaciones en materia de paz y seguridad; sigue preocupado por los constantes problemas de financiación y voluntad política por parte de los países africanos; señala las Conclusiones del Consejo de 24 de septiembre de 2012, según las cuales deberán estudiarse otras formas de financiación procedente del FED;

13.

Observa que el refuerzo de la cooperación militar europea mejoraría la eficiencia y la eficacia de la contribución europea a las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas;

14.

Celebra, dada la enorme importancia que reviste el desarrollo de las capacidades africanas, el éxito del ejercicio Amani África II en octubre de 2015, que contó con la participación de más de 6 000 militares, policías y civiles, y espera con interés que la fuerza africana de intervención rápida, que contará con 25 000 efectivos, sea operativa cuanto antes en 2016;

15.

Pide a la UE y a sus Estados miembros, así como a otros miembros de la comunidad internacional, que contribuyan con formación —incluida la disciplina—, equipamiento, apoyo logístico, ayuda financiera y definición de normas de enfrentamiento, que animen y asistan plenamente a los Estados africanos y continúen su compromiso con la fuerza africana de intervención rápida; insta a un respaldo más activo de la fuerza africana de intervención rápida en las capitales africanas por parte de las embajadas de los Estados miembros y de las delegaciones de la UE; considera que la AOD debe rediseñarse en el marco de la OCDE desde una óptica de consolidación de la paz; considera que debe revisarse el Reglamento relativo al FED para permitir un diseño de la programación que incluya gastos en los ámbitos de la paz, la seguridad y la justicia en aras del desarrollo;

16.

Subraya la importancia de las misiones de la PCSD para la seguridad en África, en particular a través de misiones de formación y apoyo a las fuerzas africanas, como las misiones EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali y EUCAP Sahel Níger, EUTM Somalia y EUCAP Nestor; toma nota del apoyo complementario que ofrecen estas misiones a los esfuerzos realizados por otras misiones de las Naciones Unidas; pide a la UE que refuerce las capacidades de estas misiones de formación, en particular para que puedan efectuar un seguimiento de los soldados africanos formados en los teatros de operaciones y después de su regreso;

17.

Insiste en la necesidad de que ni la UE ni sus Estados miembros, en su apoyo a las OAP, actúen de modo aislado, sino que tengan plenamente en cuenta las contribuciones de los demás actores internacionales, mejoren su coordinación con ellos, agilicen su respuesta y centren sus esfuerzos en determinados países prioritarios, adjudicando a los Estados miembros y Estados africanos más adecuados y expertos el papel de naciones dirigentes; subraya la importancia de las comunidades económicas regionales en la arquitectura de seguridad de África; destaca el papel que podrían desempeñar las delegaciones de la UE como facilitadoras de la coordinación entre actores internacionales;

18.

Apoya un enfoque integral de la Unión, que es el principal instrumento para movilizar todo el potencial de acción de esta en el contexto de las operaciones de mantenimiento de la paz y del proceso de estabilización, así como para activar diferentes vías de apoyo al desarrollo de los países de la UA;

19.

Insiste en que la ayuda para la gestión de las fronteras debe ser una prioridad del compromiso de la UE en África; observa que la permeabilidad de las fronteras es uno de los principales factores de expansión del terrorismo en África;

20.

Celebra la Comunicación conjunta sobre el desarrollo de capacidades y se une al Consejo en su petición de su rápida aplicación; señala el potencial que tiene la Unión, en particular a través de su enfoque integral que cubre medios civiles y militares, para ayudar a reforzar la seguridad en países frágiles y afectados por conflictos y para responder a las necesidades de nuestros socios, en particular destinatarios militares, reiterando al mismo tiempo que la seguridad es una condición imprescindible para el desarrollo y la democracia; lamenta que ni la Comisión Europea ni el Consejo compartieran con el Parlamento Europeo su evaluación de las opciones jurídicas para el apoyo del desarrollo de capacidades; pide a ambas instituciones que informen al Parlamento al respecto a su debido tiempo; pide a la Comisión Europea que proponga una base jurídica de acuerdo con los objetivos europeos originales de 2013 expuestos en la iniciativa «Enable and Enhance» (Capacitar y mejorar);

21.

Señala que en la contribución del Servicio Jurídico del Consejo de 7 de diciembre de 2015 titulada «Desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo — cuestiones jurídicas», se proponen alternativas para financiar el equipamiento de las fuerzas militares de los países africanos; pide al Consejo que prosiga esta reflexión;

22.

Celebra las respuestas positivas que ha recibido Francia tras la activación del artículo 42, apartado 7; acoge con suma satisfacción la renovación del compromiso de los ejércitos europeos en África;

23.

Reconoce que, a menudo, el problema no es la falta de financiación, sino más bien el modo en que se utilizan los fondos y la naturaleza de los otros recursos que se utilizan; observa que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas relativas a los fondos de la UE no se han aplicado plenamente; pide que se realicen revisiones periódicas de la forma en que se utiliza la financiación procedente de los Gobiernos nacionales a través de la UE y de las Naciones Unidas; opina que es fundamental utilizar los fondos de manera eficaz, teniendo en cuenta su naturaleza limitada y la dimensión de los problemas que hay que afrontar; opina que la rendición de cuentas forma parte esencial de este proceso y ayuda a superar la corrupción endémica en África; insiste en una evaluación más profunda y transparente de las OAP que apoya la UE; respalda iniciativas tales como el fondo fiduciario Bêkou, que opera en la República Centroafricana y trata de agrupar los recursos, las competencias y las capacidades europeas en materia de desarrollo para paliar la fragmentación y la ineficacia de la acción internacional en el marco de la reconstrucción de un país; aboga firmemente por una programación conjunta más sistemática de los diversos instrumentos de la UE;

24.

Toma nota del Informe de Evaluación de las Naciones Unidas, de 15 de mayo de 2015, sobre la aplicación y los esfuerzos de asistencia y apoyo a las víctimas de explotación y abuso sexual elaborado por el personal de las Naciones Unidas y otras personas activas en operaciones de mantenimiento de la paz; considera que la UA, las Naciones Unidas, la UE y los Estados miembros deben ejercer una fuerte vigilancia respecto de tales cuestiones penales, e insta a que se pongan en marcha los procedimientos disciplinarios y judiciales más rigurosos y a que se realicen los mayores esfuerzos para prevenir tales delitos; recomienda asimismo que se impartan una formación y una educación adecuadas al personal de las operaciones de mantenimiento de la paz, y considera que la designación de personal femenino y asesores sobre la cuestión del género contribuiría a superar malentendidos culturales y reducir los casos de violencia sexual;

25.

Pide un esfuerzo concertado en favor del desarrollo de capacidades por parte de la Unión y de las Naciones Unidas; opina que el actual programa de financiación no es sostenible y que el Fondo de Apoyo a la Paz para África debería estar sujeto a condiciones con el fin de animar a la UA a aumentar sus propias contribuciones a las OAP;

26.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Conejo Europeo, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Presidenta de la Comisión de la Unión Africana, al Presidente del Parlamento Panafricano, al Secretario General de la OTAN y al Presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN.

6.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/40

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 15 de julio de 2014, titulada «Hacer frente a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas» (COM(2014)0472),

—

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas (COM(2016)0032),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 28 de octubre de 2009, titulada «Mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa» (COM(2009)0591),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 31 de enero de 2013, sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario y no alimentario entre empresas en Europa (COM(2013)0037),

—

Vista su Declaración de 19 de febrero de 2008 sobre la investigación y la subsanación del abuso de poder por parte de grandes supermercados que operan en la Unión Europea (1),

—

Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre unos ingresos justos para los agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en Europa (2),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2012, sobre los desequilibrios en la cadena alimentaria (3),

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 12 de noviembre de 2013, sobre el Libro Verde de la Comisión relativo a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario y no alimentario entre empresas en Europa,

—

Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la gran distribución: tendencias y repercusiones para el agricultor y el consumidor (4),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, relativa al informe anual sobre la política de competencia de la Unión Europea (5), y en particular el apartado 104,

—

Vista la Decisión de la Comisión, de 30 de julio de 2010, por la que se instituye el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria (6),

—

Vista su Resolución, de 5 de julio de 2011, sobre un mercado minorista más eficaz y más justo (7),

—

Visto el estudio sobre el «Control de la aplicación de principios de buenas prácticas en las relaciones verticales de la cadena de suministro alimentario», elaborado por Areté srl para la Comisión (enero de 2016),

—

Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista en beneficio de todos los agentes (8),

—

Vista la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (9),

—

Vista la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (10),

—

Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (11),

—

Vista la investigación del «Groceries Code Adjudicator» (la persona encargada de regular las relaciones entre supermercados y suministradores) en el Reino Unido sobre Tesco plc, de 26 de enero de 2016,

—

Vista la Directiva 93/13/CEE del Consejo de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (12),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 261/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de marzo de 2012 que modifica el Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo en lo que atañe a las relaciones contractuales en el sector de la leche y de los productos lácteos (13),

—

Visto el informe de evolución, de julio de 2015, sobre la Iniciativa de la Cadena de Suministro (ICS),

—

Visto el informe de 2012 de Consumers International titulado «The relationship between supermarkets and suppliers: what are the implications for consumers?»,

—

Visto el marco internacional para la Evaluación de la Sostenibilidad de los Sistemas Agrícolas y Alimentarios (SAFA), desarrollado por la FAO,

—

Vista la situación extremadamente crítica a la que se enfrentan los agricultores y las cooperativas agrícolas, especialmente en los sectores de los lácteos, la carne de porcino, la carne de vacuno, las frutas y verduras y los cereales,

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0173/2016),

A.

Considerando que las prácticas comerciales desleales son un problema grave que afecta a muchos sectores de la economía; que el informe de la Comisión, de 29 de enero de 2016, sobre las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario entre empresas (COM(2016)0032) confirma que dichas prácticas pueden producirse en todas las etapas de la cadena de suministro; que el problema de las prácticas comerciales desleales se hace especialmente evidente en la cadena de suministro alimentario y redunda negativamente en el eslabón más débil de la cadena; que todos los agentes de la cadena de suministro alimentario y numerosas autoridades nacionales de competencia confirman la existencia de dicho problema, y que, en sus trabajos hasta la fecha, tanto la Comisión como el Parlamento y el Comité Económico y Social Europeo lo han señalado en reiteradas ocasiones;

B.

Considerando que los «agravios comparativos» en la cadena de suministro de alimentos son difíciles de convertir en infracciones del Derecho de la competencia vigente, ya que sus actuales instrumentos solo son eficaces en determinadas formas de comportamiento contrario a la competencia;

C.

Considerando la magnitud y la importancia estratégica de la cadena alimentaria en la Unión Europea; que el sector emplea a más de 47 millones de personas en la Unión Europea y representa cerca del 7 % del valor añadido bruto de la Unión, y que el valor total del mercado de la Unión de productos relacionados con el comercio minorista alimentario se estima en unos 1 050 millones de euros; que el sector minorista representa el 4,3 % del PIB y el 17 % de las pymes de la Unión Europea (14), y que el 99,1 % de las empresas del sector de la alimentación y las bebidas está constituido por pymes y microempresas;

D.

Considerando que el mercado único ha reportado beneficios importantes a los agentes de la cadena alimentaria, y que el comercio de artículos alimentarios está adquiriendo una dimensión cada vez más transfronteriza y es de especial importancia para el funcionamiento del mercado interior; que el comercio transfronterizo entre los Estados miembros de la Unión Europea representa el 20 % de la producción total de alimentos y bebidas de la Unión, y que el 70 % de las exportaciones de alimentos de todos los Estados miembros tienen por destino otros Estados miembros;

E.

Considerando los cambios estructurales fundamentales que se han producido en los últimos años en la cadena de suministro alimentario (B2B), consistentes en un alto nivel de concentración e integración vertical y transfronteriza de los agentes que operan en el sector de la producción, y en particular en los sectores de la transformación y el comercio minorista, así como en los procesos previos a la producción;

F.

Considerando que los participantes en la cadena de suministro alimentario han notificado prácticas comerciales desleales, entre las que cabe destacar las siguientes:

G.

Considerando que es imposible detener el proceso de producción agrícola una vez puesto en marcha y que, por su propia naturaleza, los productos agrícolas son perecederos, lo que hace a los agricultores especialmente vulnerables a las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario;

H.

Considerando que los productores trabajan a veces a pérdida tras una negociación desfavorable con los demás participantes en la cadena de suministro alimentario, por ejemplo en el caso de reducciones y promociones en los supermercados;

I.

Considerando que las prácticas comerciales desleales aparecen en situaciones de desigualdad en las relaciones comerciales entre socios en la cadena de suministro alimentario, como consecuencia de las diferencias en el poder de negociación en las relaciones comerciales, las cuales son fruto a su vez de la creciente concentración del poder de mercado en un número reducido de grupos multinacionales, y que dichas diferencias tienden a perjudicar a los pequeños y medianos productores;

J.

Considerando que las prácticas comerciales desleales pueden tener consecuencias negativas para los diferentes agentes de la cadena de suministro alimentario, especialmente en el caso de los agricultores y las pymes, lo cual puede repercutir a su vez en el conjunto de la economía de la Unión, así como en los consumidores finales, al limitar su elección de los productos y el acceso a productos nuevos e innovadores; que las prácticas comerciales desleales pueden tener efectos en las negociaciones de precios entre empresas, desincentivar el comercio transfronterizo en la Unión y perjudicar el correcto funcionamiento del mercado interior, y que las consecuencias de las prácticas desleales pueden manifestarse especialmente en la restricción de las inversiones y la innovación por parte de las empresas, en particular en el ámbito del medio ambiente, las condiciones laborales o el bienestar animal, debido a la reducción de los ingresos y a la incertidumbre con respecto a los mismos, y pueden empujarlas a abandonar la actividad productiva, transformadora o comercial;

K.

Considerando que las prácticas comerciales desleales constituyen un obstáculo para el desarrollo y la evolución adecuada del mercado interior y pueden distorsionar gravemente el correcto funcionamiento del mercado;

L.

Considerando que las prácticas comerciales desleales pueden generar costes excesivos o redundar en ingresos menores de los previstos para las empresas con menor poder de negociación y causar sobreproducción y despilfarro alimentario;

M.

Considerando que las prácticas comerciales desleales pueden suponer para los consumidores una pérdida de variedad de los productos, de herencia cultural y de comercios minoristas;

N.

Considerando que las pymes y las microempresas, que constituyen más del 90 % del tejido económico de la Unión, están especialmente expuestas a las prácticas comerciales desleales y sufren en mayor medida que las grandes empresas los efectos de dichas prácticas, que merman su capacidad de mantenerse en el mercado, acometer nuevas inversiones en productos y tecnología, innovar y ampliar sus actividades, especialmente a nivel internacional en el contexto del mercado interior; que las pymes se muestran reacias a establecer relaciones comerciales debido al riesgo de que les impongan prácticas comerciales desleales;

O.

Considerando que las prácticas comerciales desleales no tienen lugar únicamente en la cadena de suministro alimentario, sino también —casi con la misma frecuencia— en las cadenas de suministro de otros sectores como la industria textil o la automoción;

P.

Considerando que numerosos Estados miembros han adoptado medidas destinadas a contrarrestar las prácticas comerciales desleales, en algunos casos mediante mecanismos voluntarios y de autorregulación, y en otros introduciendo mecanismos de regulación adecuados a nivel nacional; que ello se ha traducido en un alto grado de divergencia y diversificación entre países por cuanto se refiere al nivel, la naturaleza y la forma de la protección jurídica, y que algunos países no han adoptado ninguna medida en este campo;

Q.

Considerando que algunos Estados Miembros que habían optado inicialmente por combatir las prácticas comerciales desleales por medio de enfoques voluntarios, posteriormente han decidido hacer frente a dichas prácticas introduciendo medidas legislativas;

R.

Considerando que la cuestión de las prácticas comerciales desleales se refiere solo parcialmente al Derecho de competencia;

S.

Considerando que el Derecho europeo de competencia debería permitir a los consumidores beneficiarse de una amplia gama de productos de calidad a precios competitivos, asegurando al mismo tiempo que las empresas tengan incentivos para invertir e innovar, de tal forma que se les brinde la oportunidad equitativa de promover los puntos fuertes de sus productos y no sean indebidamente expulsadas del mercado como consecuencia de las prácticas comerciales desleales;

T.

Considerando que el Derecho europeo de competencia debería permitir al consumidor final adquirir bienes a un precio competitivo, pero también garantizar una competencia libre y leal entre las empresas, especialmente para alentarlas a la innovación;

U.

Considerando que el «factor miedo» distorsiona las relaciones comerciales cuando la parte más débil no puede hacer valer sus derechos de forma efectiva y no está dispuesta a denunciar las prácticas desleales impuestas por la parte más fuerte por temor a comprometer sus relaciones comerciales;

V.

Considerando que el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario afecta a la vida diaria de los ciudadanos de la Unión, que destinan aproximadamente el 14 % de su presupuesto familiar a la alimentación;

W.

Considerando que son muchos los agentes que participan en la cadena de suministro alimentario —por ejemplo, fabricantes, minoristas, intermediarios y productores— y que las prácticas comerciales desleales pueden intervenir en los diferentes eslabones de la cadena;

X.

Considerando que el «factor miedo» impide que los pequeños productores hagan valer sus derechos para recurrir de forma efectiva a los tribunales —cuando se han previsto las vías de recurso pertinentes para ello—, y que serviría mejor a sus intereses la creación de otros mecanismos más asequibles y accesibles, como la mediación de un organismo independiente de arbitraje;

Y.

Considerando que la Iniciativa de la Cadena de Suministro (ICS) tiene importantes limitaciones que impiden que sea una herramienta efectiva para luchar contra las prácticas comerciales desleales, como la falta de sanciones por incumplimiento y la imposibilidad de presentar denuncias confidenciales;

1.

Acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la Comisión dirigidas a combatir las prácticas comerciales desleales, asegurar con ello un mercado más equilibrado y superar la fragmentación actual provocada por las diferentes enfoques nacionales para abordar el problema de las prácticas comerciales desleales en la Unión, al tiempo que señala que las medidas mencionadas no son suficientes para luchar contra estas prácticas; acoge con satisfacción el informe mencionado de la Comisión de 29 de enero de 2016, así como el estudio de acompañamiento —esperado desde hace tiempo— sobre el seguimiento de la aplicación de los principios de buenas prácticas en las relaciones verticales de la cadena de suministro alimentario, si bien constata que sus conclusiones no allanan el camino para establecer un marco de la Unión Europea que permita abordar las prácticas comerciales desleales a escala de la Unión;

2.

Celebra las medidas adoptadas por el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y la creación de la plataforma de expertos en prácticas comerciales entre empresas (B2B), que ha elaborado una lista, una descripción y una valoración de las prácticas comerciales que pueden considerarse manifiestamente desleales;

3.

Reconoce la creación y el desarrollo de la ICS, que desempeña un papel importante en la promoción del cambio de cultural y la mejora de la ética empresarial y ha redundado en la adopción de una serie de principios de buenas prácticas en las relaciones verticales en la cadena de suministro alimentario y de un marco voluntario integral para la aplicación de dichos principios que, en su segundo año de funcionamiento, cuenta ya con más de mil empresas participantes de toda la Unión, sobre todo pymes; acoge con satisfacción los progresos realizados hasta el presente, y estima que los esfuerzos dirigidos a promover las prácticas comerciales leales en la cadena de suministro alimentario pueden constituir una aportación realmente valiosa, si bien no pueden considerarse suficientes para abordar el problema que plantean dichas prácticas en la cadena de suministro alimentario; destaca, sin embargo, que la eficacia de la ICS, reconocida tanto por el reciente informe de la Comisión como por la evaluación externa, se ve debilitada por una amplia serie de carencias, como las deficiencias de la gobernanza, las limitaciones en la transparencia, la no aplicación de medidas o sanciones, la falta de medidas eficaces de disuasión contra las prácticas comerciales desleales y la no admisión de denuncias anónimas individuales por parte de las víctimas potenciales de dichas prácticas o de investigaciones por propia iniciativa a cargo de un organismo independiente, todo lo cual redunda en una representación insuficiente, en particular, de las pymes y los agricultores, que pueden llegar a la conclusión de que la ICS es inadecuada para su finalidad; recomienda que, cuando proceda, se emprendan iniciativas similares en las cadenas de suministro de sectores distintos del alimentario;

4.

Lamenta, no obstante, que algunas de las opciones de resolución de conflictos promovidas por la ICS todavía no se hayan puesto en práctica, lo cual significa que la evaluación de su eficacia se basa en meros juicios teóricos; expresa su preocupación por el hecho de que no se ha examinado ningún caso concreto con el fin de evaluar el papel de la ICS a la hora de abordar las prácticas comerciales desleales ni se ha llevado a cabo un análisis más detallado de la recogida de datos sobre las quejas recibidas y los casos resueltos; considera que la falta de un nivel más profundo de evaluación pone en entredicho la valoración global de la iniciativa; expresa su decepción por la constatación, en los términos que recoge el estudio elaborado por Areté srl para la evaluación de la eficacia de la ICS, de que «los resultados reales de la ICS pueden parecer muy modestos si se analizan a la luz de la amplitud y la gravedad, reales o aparentes, del problema que representan las prácticas comerciales desleales»;

5.

Toma nota de la creación de plataformas nacionales de organizaciones y empresas en la cadena de suministro alimentario para desarrollar ICS destinadas a alentar el diálogo entre las partes interesadas, promover la implantación y el intercambio de prácticas comerciales leales y erradicar las prácticas desleales, si bien pone en tela de juicio su eficacia real; señala que algunas plataformas nacionales no han cumplido esos objetivos y que en algunos casos —por ejemplo, en Finlandia— los agricultores han abandonado la plataforma; propone que se aliente e incentive a los Estados miembros para que adopten, mediante instrumentos adecuados, medidas adicionales con respecto a las denuncias o los incumplimientos notificados por las respectivas plataformas nacionales;

6.

Considera conveniente ampliar y aplicar de forma efectiva los principios de buenas prácticas y la lista de ejemplos de prácticas leales y desleales en las relaciones verticales en la cadena de suministro alimentario;

7.

Acoge con satisfacción el estudio que está llevando a cabo actualmente la Comisión sobre la oferta y la innovación en el sector minorista; considera que este ejercicio desempeñaría un papel decisivo para aclarar la evolución y los factores determinantes de la oferta y la innovación a nivel del mercado en su conjunto;

8.

Acoge con satisfacción el desarrollo de mecanismos alternativos e informales de resolución de litigios y atención de reclamaciones, especialmente a través de procedimientos amistosos y de mediación;

9.

Señala que, cuando se plantea el problema de prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario, estas vulneran los principios básicos del Derecho;

10.

Denuncia las prácticas que abusan de los desequilibrios en el poder de negociación entre agentes económicos y tienen efectos adversos en la libertad contractual;

11.

Observa que las prácticas comerciales desleales aplicadas por las partes en una posición negociadora dominante repercuten negativamente a lo largo de toda la cadena de suministro alimentario, en particular en el empleo, en detrimento de las posibilidades de elección de los consumidores y de la calidad, la variedad y el carácter innovador de los productos suministrados; destaca que estas prácticas pueden obstaculizar la competitividad y la actividad inversora de las empresas y empujarlas a recortar los costes a expensas de los salarios, las condiciones laborales y la calidad de las materias primas;

12.

Reafirma que una competencia libre y leal, unas relaciones equilibradas entre todos los agentes, la libertad contractual y una aplicación rigurosa y efectiva de la legislación pertinente, de forma que sea posible proteger a todos los agentes económicos de la cadena de suministro alimentario independientemente de su situación geográfica, revisten una importancia fundamental para asegurar el correcto funcionamiento de la cadena de suministro alimentario y garantizar la seguridad alimentaria;

13.

Señala la necesidad de instaurar una confianza mutua entre los socios de la cadena de suministro sobre la base de los principios de libertad contractual y de una relación mutuamente beneficiosa; destaca que la parte contractual que goza de una posición negociadora dominante tiene la responsabilidad social y empresarial de limitar su posición de ventaja durante las negociaciones y cooperar con la parte más débil para encontrar una solución satisfactoria para ambas;

14.

Celebra que, en su Libro Verde de 31 de enero de 2013, la Comisión haya reconocido que, cuando se da una marcada desigualdad entre las partes, no existe una auténtica libertad contractual;

15.

Reconoce que las prácticas comerciales desleales se deben principalmente a los desequilibrios de ingresos y de poder en la cadena de suministro alimentario, y destaca que estos factores deben abordarse urgentemente a fin de mejorar la situación para los agricultores del sector alimentario; señala que la venta por debajo del coste de producción y el grave uso indebido de los alimentos agrícolas básicos (por ejemplo, productos lácteos, frutas y hortalizas) como «productos reclamo» por parte de la gran distribución amenazan la sostenibilidad a largo plazo de la producción de estos artículos en la Unión Europea; acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por iniciativas como Tierwohl en Alemania, destinada a ayudar a los agricultores a competir en función de los méritos de sus productos;

16.

Señala que las prácticas comerciales desleales acarrean graves consecuencias negativas para los agricultores, por ejemplo menores beneficios o costes más elevados de lo previsto, sobreproducción o despilfarro de alimentos y dificultades en la planificación de la financiación; destaca que, en último término, estas consecuencias negativas reducen las opciones de los consumidores;

17.

A la vista de las limitaciones de la iniciativa, cuestiona el apoyo incondicional a la ICS expresado en el informe de la Comisión; reitera la renuencia de los agricultores a participar en dicha iniciativa debido a una serie de factores que no se han tenido debidamente en cuenta, como la falta de confianza, la restricción de las denuncias anónimas, la falta de competencias normativas, la incapacidad de aplicar sanciones significativas, la falta de mecanismos adecuados para luchar contra las prácticas comerciales desleales bien documentadas y las preocupaciones acerca de los desequilibrios relacionados con la naturaleza de los mecanismos sancionadores; lamenta la renuencia de la Comisión a garantizar el anonimato y las sanciones adecuadas;

18.

Considera que la ICS y otros sistemas voluntarios nacionales y de la Unión (como los códigos de buenas prácticas o los mecanismos voluntarios de resolución de litigios) deben desarrollarse y promoverse de forma complementaria con mecanismos de aplicación eficaces y sólidos a escala de los Estados miembros, de tal manera que se garantice el anonimato de las denuncias y se impongan sanciones disuasorias, contando con un procedimiento de coordinación a nivel de la Unión Europea; alienta a las empresas productoras y comerciales, incluidas las organizaciones de agricultores, a participar en este tipo de iniciativas; considera que estas iniciativas deben beneficiar a todos los proveedores que no estén preocupados por mantener el anonimato, y que pueden evolucionar positivamente como plataformas para la formación y la puesta en común de mejores prácticas; señala que, en su informe reciente, la Comisión constata la necesidad de mejorar la ICS, en particular para tener en cuenta las denuncias confidenciales y la adjudicación de competencias de investigación y sanción a organismos independientes;

19.

Pide a la Comisión que adopte medidas destinadas a garantizar el funcionamiento de mecanismos efectivos de ejecución, por ejemplo mediante el desarrollo y la coordinación de una red de autoridades nacionales que gocen de un reconocimiento mutuo a escala de la Unión; señala, en este mismo contexto, que «Groceries Code Adjudicator» (la persona encargada de regular las relaciones entre supermercados y suministradores) del Reino Unido podría ser un posible modelo a escala de la Unión que actuara como un verdadero elemento disuasorio frente a las prácticas comerciales desleales y ayudara a suprimir el «factor miedo»;

20.

Acoge con satisfacción la medida adoptada recientemente por la ICS para facilitar que las pymes y las microempresas puedan adherirse a ella mediante un procedimiento simplificado; constata que ha aumentado el número de pymes registradas; destaca, no obstante, la necesidad de reforzar la ICS por medio de una serie de medidas definidas por la Comisión en su informe de 29 de enero de 2016, cuyos avances debería supervisar la propia Comisión con miras a:

21.

Toma nota de la observación de la Comisión de que los representantes de los agricultores han decidido no adherirse a la ICS por el hecho de que, a su modo de ver, no garantiza la confidencialidad suficiente a las partes denunciantes, carece de competencias normativas para llevar a cabo investigaciones independientes e imponer sanciones significativas y no dispone de mecanismos para combatir las prácticas comerciales desleales bien documentadas, y porque no se han tenido debidamente en cuenta sus preocupaciones acerca de los desequilibrios inherentes a la naturaleza de los mecanismos sancionadores; considera que la participación de los agricultores es crucial y que la menor participación no refleja una falta de conocimiento, sino la falta de confianza en los procedimientos y la gobernanza actuales de la ICS; sugiere, por tanto, que la mejora del funcionamiento de la ICS —entre otros aspectos, mediante una gobernanza independiente, garantizando la confidencialidad y el anonimato y asegurando una ejecución efectiva y el funcionamiento de dispositivos disuasorios eficaces— podrían constituir un primer paso para aumentar el interés, el respaldo y, con ello, la participación de los agricultores;

22.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten y fomenten que los productores se adhieran a las organizaciones de productores y a las asociaciones de organizaciones de productores con el fin de reforzar su poder de negociación y su posición en la cadena de suministro alimentario;

23.

Reconoce, no obstante, que, si se combinan con unos mecanismos de ejecución independientes y eficaces, la voluntariedad y la autorregulación pueden ser instrumentos eficientes para garantizar una conducta adecuada en el mercado, resolver litigios y poner fin a las prácticas comerciales desleales; destaca, sin embargo, que esos sistemas han mostrado hasta ahora unos resultados limitados debido a las carencias en la ejecución, la representación insuficiente de los agricultores, la imparcialidad de las estructuras de gobernanza, los conflictos de intereses entre las partes implicadas, unos mecanismos de resolución de litigios incapaces de reflejar el «factor miedo» entre los proveedores y el hecho de que no se aplican a toda la cadena de suministro; insta a la Comisión a que continúe fomentando el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros;

24.

Constata la existencia de legislación europea para luchar contra las malas prácticas comerciales desleales en las relaciones entre las empresas y los consumidores (Directiva 2005/29/CE), si bien recuerda la falta de una normativa europea que luche contra las prácticas desleales entre los diferentes actores de la cadena agroalimentaria;

25.

Destaca que un análisis serio de las prácticas comerciales desleales debe partir del nuevo paradigma económico aparecido en los últimos años: la gran distribución organizada (GDO), en la que el acceso a los puntos de venta se convierte en una variable competitiva crítica bajo el control de los supermercados; señala que algunas autoridades de competencia han identificado prácticas específicas que transfieren un riesgo excesivo a los proveedores y podrían debilitar su competitividad; señala, asimismo, que las mismas autoridades llegaron también a la conclusión de que las marcas blancas introducen una dimensión de competencia horizontal hacia las marcas industriales a la que no se había prestado la consideración suficiente;

26.

Subraya que la lucha contra las prácticas comerciales desleales es un paso hacia el correcto funcionamiento del mercado interior y una condición para el desarrollo del comercio transfronterizo dentro de la Unión y con terceros países; señala que la fragmentación de los mercados y las diferencias entre las legislaciones nacionales sobre las prácticas comerciales desleales expone a los agentes de la cadena de suministro a condiciones de mercado muy dispares y puede inducir la práctica conocida como búsqueda del foro de conveniencia («forum shopping»), lo cual podría dar lugar a su vez a una situación de incertidumbre normativa;

27.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen de forma plena y rigurosa el Derecho de competencia, las normas sobre competencia desleal y las disposiciones antimonopolio, y, en particular, que impongan sanciones severas en caso de abuso de posición dominante en la cadena de suministro alimentario;

28.

Considera fundamental garantizar que el Derecho de la Unión en materia de competencia tenga en cuenta las características específicas de la agricultura y esté al servicio del bienestar de los productores y los consumidores, que desempeñan un papel importante en la cadena de suministro; estima que el Derecho de la Unión en materia de competencia debe crear las condiciones para un mercado más eficiente que permita a los consumidores beneficiarse de una gran selección de productos de calidad a precios competitivos, al tiempo que garantiza que los productores primarios tienen incentivos para invertir e innovar sin que se vean excluidos del mercado mediante prácticas comerciales desleales;

29.

Destaca que, si bien los productos de marca blanca propia pueden ofrecer un valor añadido, ampliar la posibilidad de elección y brindar productos de comercio justo a los consumidores, plantean por otra parte una cuestión estratégica a medio y a largo plazo, ya que introducen una dimensión de competencia horizontal con respecto a marcas industriales que hasta ahora nunca había sido un factor a tener en cuenta y pueden situar en una posición desleal y anticompetitiva a los agentes minoristas, que se convierten tanto en consumidores como en competidores; señala la existencia de un «umbral de riesgo» más allá del cual la penetración en el mercado de las marcas blancas en una determinada categoría de productos transforma sus actuales efectos positivos en negativos y desincentiva la labor innovadora de muchas empresas; reitera, por tanto, que la cuestión de las marcas blancas propias requiere una atención especial por parte de la Comisión y las autoridades de competencia, especialmente por lo que se refiere a la necesidad de evaluar las posibles consecuencias a largo plazo para la cadena de suministro alimentario y para la posición de los agricultores dentro de ella, teniendo en cuenta que los hábitos de consumo varían entre los Estados miembros;

30.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen de forma plena y rigurosa la Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, a fin de que las empresas paguen a sus acreedores en un plazo máximo de sesenta días o, en caso contrario, les abonen intereses y unos costes de cobro razonables;

31.

Pide a la Comisión que presente una propuesta o propuestas de un marco de la Unión Europea que establezca principios generales y tenga debidamente en cuenta las circunstancias nacionales y las mejores prácticas para abordar las prácticas comerciales desleales en toda la cadena de suministro alimentario, con el fin de asegurar la igualdad de condiciones en los Estados miembros, de tal forma que facilite el correcto funcionamiento de los mercados y el establecimiento de unas relaciones leales y transparentes entre los productores, los proveedores y los distribuidores del sector alimentario;

32.

Expresa su firme convencimiento de que, cuando se formule la propuesta de un marco de la Unión Europea, debería tenerse debidamente en cuenta la definición de prácticas comerciales desleales propuesta por la Comisión y las partes interesadas pertinentes en el documento titulado «Vertical relationships in the Food Supply Chain: Principles of Good Practice», de 29 de noviembre de 2011 (15), junto con una lista abierta de prácticas comerciales desleales;

33.

Sugiere, asimismo, que el anonimato y la confidencialidad se incorporen a cualquier futura iniciativa legislativa en este ámbito;

34.

Considera que los Estados miembros deberían crear o reconocer a nivel nacional —en el caso de que no lo han hecho ya— agencias públicas u organismos especializados de arbitraje que velen por el cumplimiento de las medidas de lucha contra las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario; considera que las agencias públicas de este tipo pueden facilitar la ejecución —por ejemplo, si están facultadas para acometer y llevar a cabo investigaciones por propia iniciativa o sobre la base de informaciones informales o denuncias tratadas de forma confidencial (evitando así el «factor miedo»)— y pueden actuar como mediadores entre las partes implicadas; destaca la necesidad de un reconocimiento mutuo y una cooperación efectiva entre las autoridades nacionales a escala de la Unión que garanticen el intercambio de información pertinente, en particular en materia de buenas prácticas y competencias especializadas en relación con los nuevos tipos de prácticas comerciales desleales, respetando plenamente el principio de subsidiariedad;

35.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las demás partes interesadas pertinentes que, como respuesta al informe de la Comisión, faciliten la incorporación de las organizaciones de agricultores (incluidas las organizaciones de productores y sus asociaciones) en el marco de los organismos sancionadores nacionales que regulan la cadena de suministro alimentario, en particular garantizando el anonimato de las denuncias y un régimen sancionador efectivo;

36.

Considera que es necesaria una legislación marco a escala de la Unión para hacer frente a las prácticas comerciales desleales y garantizar que los agricultores y los consumidores europeos dispongan de la posibilidad de beneficiarse de condiciones de venta y de compra equitativas;

37.

Señala que dicha legislación marco europea no debe reducir el nivel de protección de los países que ya disponen de una legislación nacional en materia de lucha contra las prácticas comerciales desleales entre empresas;

38.

Pide a los Estados miembros que no disponen de una autoridad de ejecución competente que consideren su establecimiento y le confieran las competencias para supervisar y hacer cumplir las medidas necesarias para abordar las prácticas comerciales desleales;

39.

Destaca que las autoridades de ejecución deberían contar con un amplio abanico de medidas coercitivas y de sanciones que permitan modular la respuesta en función de la gravedad de las circunstancias específicas; considera que estas medidas y sanciones deberían tener un efecto disuasorio dirigido a modificar el comportamiento;

40.

Recuerda que ya existen en todos los Estados miembros marcos reguladores para combatir las prácticas comerciales desleales; toma nota de las medidas reguladoras recientemente adoptadas por algunos Estados miembros, consistentes en la introducción de disposiciones complementarias de la legislación nacional en materia de competencia, la ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales a las relaciones entre empresas (B2B) y la creación de agencias independientes responsables del cumplimiento de la legislación; señala, no obstante, que los diferentes enfoques adoptados al respecto por los Estados miembros interesados se ha traducido en diferentes grados y modalidades de protección contra las prácticas comerciales desleales;

41.

Señala que, en el proceso de adopción de medidas dirigidas a contrarrestar las prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario, deben tenerse debidamente en cuenta las características específicas de los diferentes mercados y las condiciones jurídicas aplicables a cada uno de ellos, las diversas situaciones y enfoques en los diferentes Estados miembros, el grado de consolidación o fragmentación de los mercados y otros factores fundamentales, aprovechando también las medidas adoptadas en algunos Estados miembros que ya han dado prueba de su eficacia; considera que toda propuesta de iniciativa reguladora en este ámbito debería garantizar una relativa libertad de elección de las medidas que se vayan a adoptar en función de las características específicas de cada mercado, con el fin de evitar los enfoques únicos; estima, asimismo, que este tipo de iniciativas deberían basarse en el principio general de reforzar la ejecución mediante la participación de todos los organismos públicos pertinentes, junto con la idea de la aplicación privada, de tal forma que se contribuya a mejorar el nivel de cooperación entre los diferentes organismos nacionales de ejecución, actualmente débil y fragmentado, y se aborden los desafíos transfronterizos que plantean las prácticas comerciales desleales;

42.

Señala que la actual cooperación, débil y fragmentada, en el seno de los diferentes organismos de aplicación nacionales es insuficiente para afrontar los desafíos transfronterizos que plantean hoy las prácticas comerciales desleales;

43.

Pide a la Comisión que evalúe la eficacia y el impacto de las medidas reguladoras y no reguladoras teniendo debidamente en cuenta todas las posibles consecuencias para las diferentes partes interesadas y la incidencia en el bienestar de los consumidores, así como de la combinación de políticas señaladas en las respuestas al estudio Areté srl mencionado anteriormente, esto es, la interacción de las iniciativas voluntarias y las medidas públicas de ejecución (33 % del total de respuestas) con la legislación específica a nivel de la Unión Europea (32 %);

44.

Manifiesta su convencimiento de que la concienciación de los consumidores sobre los productos agrícolas resulta fundamental para abordar los problemas derivados de los desequilibrios en la cadena de suministro alimentario, incluidas las prácticas comerciales desleales; pide a todas las partes que participan en la gestión de la cadena de suministro alimentario que refuercen la transparencia de esta cadena en su conjunto y aumenten la información dirigida a los consumidores mediante sistemas más adecuados de etiquetado y certificación de los productos, para que los consumidores puedan decidir con conocimiento de causa sobre los productos disponibles y actuar en consecuencia;

45.

Pide a la Comisión que, en estrecha cooperación con los Estados miembros, promueva iniciativas dirigidas a prevenir a los consumidores del peligro que representa el dumping de precios para la producción primaria, al tiempo que respalda expresamente las campañas de sensibilización al respecto en los centros escolares y de formación;

46.

Señala que, desde 2009, ha adoptado cinco resoluciones sobre problemas relacionados con la cadena minorista de la Unión, incluidas tres resoluciones específicas sobre los desequilibrios y los abusos en la cadena de suministro alimentario; indica asimismo que, en el mismo período, la Comisión ha publicado tres comunicaciones y un libro verde y ha encargado dos informes finales sobre cuestiones similares; declara, por tanto, que la elaboración de análisis adicionales sobre la situación de la cadena de suministro alimentario no hará más que retrasar la aplicación de medidas urgentes dirigidas a ayudar a los agricultores a luchar contra las prácticas comerciales desleales;

47.

Insta a todas las partes de la cadena de suministro alimentario a que estudien la opción de utilizar contratos normalizados y contratos de nueva generación que permitan compartir los riesgos y beneficios;

48.

Reconoce que la reforma de la política agrícola común (PAC) y la nueva organización común de mercados única han introducido una serie de medidas destinadas a abordar la disparidad de poder de negociación entre los agricultores, el comercio minorista, el comercio mayorista y las pymes en la cadena de suministro alimentario, respaldando en especial la creación y el desarrollo de organizaciones de productores; subraya la importancia que reviste la cooperación entre proveedores;

49.

Señala que el Reglamento (UE) n.o 1308/2013, en el que se prevé la creación de organizaciones de productores, está respaldado por los incentivos financieros del segundo pilar de la PAC; observa que el marco jurídico amplía las posibilidades de negociación colectiva (en determinados sectores) y de contratos de entrega (en todos los sectores) para las organizaciones de productores y sus asociaciones y organizaciones interprofesionales, y también introduce exenciones temporales a determinadas normas de competencia en períodos de grave desequilibrio en el mercado, sujetas a salvaguardias;

50.

Insta a la Comisión a que promueva firmemente este enfoque para aumentar el poder de negociación de los productores primarios y aliente a los productores a adherirse a organizaciones de productores y sus asociaciones; destaca, en particular, la vulnerabilidad de las explotaciones agrícolas pequeñas y familiares, que tienen el potencial de crear y mantener puestos de trabajo en zonas aisladas, remotas y de montaña;

51.

Considera que el fortalecimiento y la creación de organizaciones de productores deben ir acompañados del refuerzo del poder de negociación de los agricultores en la cadena alimentaria, especialmente mediante el derecho a negociar sus contratos de forma colectiva;

52.

Pide que se aumente la transparencia y la información facilitada en la cadena de suministro y que se refuercen los organismos y las herramientas de información sobre el mercado, como el instrumento europeo para el seguimiento de los precios de los alimentos y el Observatorio Europeo del Mercado de la Leche, con el fin de ofrecer a los agricultores datos precisos y oportunos sobre el mercado;

53.

Considera que los precios deben reflejar mejor, a lo largo de toda la cadena de suministro alimentario, el valor añadido por los productores primarios; pide, en este sentido, que la fijación de los precios al por menor disponga de toda la transparencia necesaria;

54.

Recuerda que los agricultores de varios Estados miembros han conseguido una fuerte posición en la cadena de suministro alimentario mediante la creación de cooperativas que garantizan que el valor añadido en la fase de procesamiento repercuta en los agricultores, y considera determinante que estas cooperativas no sean sometidas a gastos adicionales derivados de una burocracia obligatoria y costosa;

55.

Insta a los productores y procesadores a que colaboren con objeto de invertir en innovación y de aumentar el valor añadido de sus productos;

56.

Recuerda a la Comisión que, en diciembre de 2013, el Parlamento adoptó un informe de iniciativa en el que le pedía que examinara la posibilidad de adoptar medidas coercitivas independientes para abordar el «factor miedo» entre los productores primarios; insta a la Comisión a que tenga en cuenta este aspecto en la elaboración su propio informe;

57.

Considera que las organizaciones profesionales pueden servir como plataforma que permita a los productores primarios presentar denuncias ante una autoridad competente, sin ningún tipo de recelo, en el caso de presuntas prácticas comerciales desleales;

58.

Encarga a su Presidente que transmita el presente informe al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

6.3.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/51

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 11, 114, apartado 3, 168, apartado 1, y 191,

—

Vista la Decisión 2013/743/UE del Consejo, de 3 de diciembre de 2013, por la que se establece el Programa Específico por el que se ejecuta Horizonte 2020 — Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y se derogan las Decisiones 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE y 2006/975/CE (1),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión 1982/2006/CE (2),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1698/2005 (3),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (4),

—

Vista la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas (5),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020 (6),

—

Vistos el Reglamento (CE) n.o 870/2004 del Consejo, de 24 de abril de 2004, por el que se establece un programa comunitario relativo a la conservación, caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrario y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1467/94 (7), y el informe de la Comisión, de 28 de noviembre de 2013, titulado «Los recursos genéticos agrarios: de la conservación a la utilización sostenible» (COM(2013)0838),

—

Visto el Reglamento (CE) n.o 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (8),

—

Visto el Memorando de Acuerdo de 14 de julio de 2014 entre la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones sobre la cooperación en materia de agricultura y desarrollo rural en 2014-2020,

—

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2014, sobre el futuro del sector de la horticultura en Europa: estrategias de crecimiento (9),

—

Visto el estudio elaborado en 2014 por el Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión — Agricultura y desarrollo rural, titulado «Precision agriculture: An opportunity for EU farmers — potential support with the CAP 2014-2020» (Agricultura de precisión: una oportunidad para los agricultores de la Unión: posibilidades de apoyo en el marco de la PAC 2014-2020),

—

Visto el estudio de 2013 de la Unidad de Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) titulado «Opciones tecnológicas para alimentar a 10 000 millones de personas»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de febrero de 2012, sobre la cooperación de innovación europea «Productividad y sostenibilidad agrícolas» (COM(2012)0079),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de febrero de 2012, titulada «La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa» (COM(2012)0060),

—

Vista la Decisión de la Comisión, de 16 de octubre de 2015, sobre la creación del Grupo de Alto Nivel de Consejeros Científicos (C(2015)6946),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2015, titulada «Legislar mejor para obtener mejores resultados — Un programa de la UE» (COM(2015)0215),

—

Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2015, sobre las patentes y derechos de obtentor (10),

—

Visto el artículo 52 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0174/2016),

A.

Considerando que nuestras sociedades afrontan múltiples retos relacionados con la agricultura y que deben asumir la responsabilidad que les corresponde, y que se estima que la población mundial alcanzará los 9 600 millones en 2050, lo que significa que para entonces habrá aproximadamente 2 400 millones de personas más que en la actualidad;

B.

Considerando que, en promedio, se desperdicia un tercio de los alimentos que se producen, y casi la mitad en algunos sectores, y que una de las maneras más eficaces de satisfacer la demanda prevista sin agotar los escasos recursos es dotarse de soluciones tecnológicas que aumenten la producción, mejoren los medios de distribución y combatan el desperdicio de alimentos;

C.

Considerando la acuciante necesidad de producir en mayor cantidad alimentos que sean seguros, sanos y nutritivos, para los ciudadanos de la Unión y del resto del mundo, a fin de afrontar problemas como la malnutrición, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares, entre otros; y considerando que las elevadas normas de calidad de la Unión para los productos alimentarios gozan de reconocimiento a escala mundial;

D.

Considerando que existen muchas alternativas de uso del suelo, como la urbanización, la industria, el turismo y el ocio, que compiten con la agricultura;

E.

Considerando que las materias primas agrícolas ofrecen perspectivas de crecimiento en el sector de la química ecológica;

F.

Considerando que aumentar la sostenibilidad de la agricultura se perfila como un objetivo cada vez más importante para los operadores, dada la necesidad de contener los costes para proteger los beneficios, por una parte, y de responder al agotamiento y la degradación de los recursos ambientales (suelo, agua, aire y biodiversidad), por la otra; considerando que el 70 % del consumo de agua dulce corresponde a la agricultura, y que la disponibilidad de agua supone ya una importante restricción a la producción agrícola en determinadas regiones de la Unión y del mundo entero; considerando que se puede reducir de manera considerable el consumo de agua potable en la agricultura mediante el uso eficaz de los métodos de irrigación modernos y optando por cultivos adaptados a las condiciones climáticas locales;

G.

Considerando que los abonos nitrogenados permiten obtener un elevado rendimiento, pero que su producción representa cerca de la mitad del consumo de energía procedente de combustibles fósiles de los sistemas de producción agrícola;

H.

Considerando que está previsto que la demanda mundial de energía aumente en un 40 % de aquí a 2030 y que ha llegado el momento de reflexionar detenidamente sobre cómo satisfacer esta demanda a través de una mayor eficiencia energética y una combinación energética segura que incluya energías renovables; considerando que las investigaciones indican que unas cadenas agroalimentarias más cortas pueden suponer una reducción de los insumos energéticos, lo que reportaría beneficios ambientales y de rentabilidad;

I.

Considerando que, cada año, los cultivos rinden hasta un 40 % menos a escala mundial debido a las plagas y las enfermedades vegetales, y que se espera que este porcentaje aumente de forma significativa en los próximos años; considerando que es preciso tomar medidas para evitar que esta cifra siga aumentando, en particular mediante la introducción de enfoques sistémicos y la adaptación de los modelos de producción existentes, y considerando que el cambio climático está contribuyendo a dicha pérdida de rendimiento y provocando la aparición de plagas y enfermedades vegetales nuevas desde el punto de visto ecológico;

J.

Considerando que el calentamiento global está generando fenómenos atmosféricos extremos, que provocan sequías o inundaciones que entrañan perjuicios considerables para los grupos de población afectados y graves riesgos para su seguridad alimentaria; que la resiliencia climática de unos ecosistemas agrícolas diversos desde el punto de vista biológico y estructural puede contribuir a reducir este riesgo;

K.

Considerando que no se está aprovechando de manera sistemática el potencial genético de los cultivos de la Unión, ya que, en los últimos años, los rendimientos de las explotaciones agrícolas europeas se han estancado;

L.

Considerando que la diversidad y la calidad de los recursos genéticos de las plantas son fundamentales para la resiliencia y la productividad agrícolas, por lo que constituyen factores determinantes para la agricultura a largo plazo, así como para la seguridad alimentaria;

M.

Considerando que colmar esa «brecha de rendimiento» representa un problema particular para el programa de investigación en materia de agricultura sostenible;

N.

Considerando que la agricultura de precisión consiste en el uso de la automatización y otras tecnologías para mejorar la precisión y la eficacia de prácticas clave de gestión agrícola y que se basa en planteamientos sistémicos para recopilar y analizar datos y optimizar las interacciones entre el clima, el suelo, el agua y los cultivos, y que este tipo de agricultura ha sido concebido, en última instancia, para reducir el uso de plaguicidas, abonos y agua, al tiempo que se mejora la fertilidad del suelo y se optimiza el rendimiento;

O.

Considerando que la ciencia del suelo nos muestra que los suelos vivos y sanos alimentan y protegen los cultivos gracias a especies benéficas que los defienden de los patógenos y las plagas y además les aportan nutrientes y agua a cambio de los azúcares que exudan sus raíces; considerando que las prácticas agrícolas pueden afectar negativamente a la calidad biológica, química y física de los suelos, con repercusiones como la erosión de los suelos, la degradación de sus estructuras y la pérdida de fertilidad;

P.

Considerando que los beneficios de las tecnologías innovadoras no deben circunscribirse a un solo tipo de práctica agrícola sino que han de poder aplicarse a todos los tipos de agricultura y ganadería, sea convencional o biológica, a pequeña o a gran escala;

Q.

Considerando que el número de sustancias activas de los plaguicidas se redujo en un 70 % entre 1993 y 2009, y que, por el contrario, los brotes de plagas aumentaron en la Unión Europea; considerando que los procedimientos de aprobación, incluidos los criterios utilizados para definir las sustancias activas y los relativos a nuevas sustancias que constituyen una alternativa a los productos fitosanitarios, plantean cada vez mayores retos para la agricultura de la Unión y para sus ciudadanos; considerando la necesidad de abordar con urgencia la falta de sustancias activas para usos menores;

R.

Considerando que las carencia de soluciones fitosanitarias para cultivos especializados pone en peligro la calidad, la diversidad y la producción sostenible de cultivos alimentarios en la Unión, lo que tiene un impacto directo que se ha estimado en más de mil millones de euros, teniendo en cuenta las pérdidas de producción y los costes adicionales para los agricultores;

S.

Considerando que el cortoplacismo a la hora de definir las prioridades políticas y de financiación de la investigación puede resultar perjudicial para las competencias, la infraestructura y la innovación en la agricultura, y que debería darse prioridad a la transferencia eficaz de los resultados de las investigaciones a los agricultores y a programas de investigación destinados a la mejora de la sostenibilidad de la agricultura, la reducción de los costes de producción y el aumento de la competitividad;

1.

Señala que el sector agrícola siempre ha recurrido a nuevos modelos empresariales y prácticas agrícolas, incluidas nuevas técnicas y métodos de producción para aumentar el rendimiento y adaptarse a circunstancias nuevas y cambiantes; hace hincapié en que los servicios ecosistémicos, como los ciclos de nutrientes, son un elemento central de la agricultura y que algunas funciones, como la captura de carbono, van más allá de las producción de alimentos;

2.

Está convencido de que la innovación alberga potencial para contribuir a lograr una agricultura sostenible en la Unión y considera que las tecnologías agrícolas de precisión son especialmente importantes para seguir avanzando, pero reconoce las limitaciones que impiden su adopción de manera generalizada, en particular su fiabilidad, la capacidad para gestionarlas y los conocimientos limitados sobre estas tecnologías y la posibilidad de adaptarlas a explotaciones agrícolas de distinto tipo y tamaño;

3.

Considera que los principios en los que se basa la agricultura de precisión pueden generar beneficios ambientales considerables, aumentar los beneficios de los agricultores, racionalizar la utilización de la maquinaria agrícola y mejorar significativamente la eficiencia en el uso de los recursos, incluido el uso del agua con fines de riego; anima, por tanto, a la Comisión a que promueva políticas que estimulen el desarrollo y la implantación de las tecnologías agrícolas de precisión para todos los tipos de explotación, con independencia de su tamaño y de su producción, tanto para explotaciones agrícolas como ganaderas;

4.

Destaca la necesidad concreta de que el proceso de innovación asociado a la agricultura de precisión resuelva el problema del «alto coste» que suponen el desarrollo y el uso de algunas tecnologías de dicha agricultura, y de que toda la cadena de suministro participe activamente en el desarrollo de esas tecnologías para garantizar que las explotaciones obtengan beneficios indiscutibles y contribuir a que sean más resilientes;

5.

Expresa su convencimiento de que el desarrollo económico y la producción sostenible no se excluyen mutuamente y pueden alcanzarse a través de la innovación; destaca la necesidad de apoyar la innovación en materia de tecnología y gobernanza, garantizando que existen coherencia y claridad normativas y oportunidades para emprender, e insta a la Comisión a que garantice que en próximas revisiones y reformas de la legislación pertinente se tenga explícitamente en cuenta la innovación; destaca que la agricultura europea es capaz de producir productos de una calidad y un valor añadido elevados, así como de ofrecer soluciones rentables basadas en el conocimiento para alimentar a una población mundial cada vez más numerosa y exigente;

6.

Pide a la industria, a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen conjuntamente para mejorar el rendimiento y la adaptabilidad de la robótica y otras técnicas empleadas en la agricultura de precisión a fin de que los fondos asignados a la investigación se utilicen de manera efectiva en el interés de la agricultura y la horticultura;

7.

Pide al sector que aproveche las oportunidades que ofrece la innovación para desarrollar las capacidades de la agricultura de precisión que están a disposición de todo el mundo, empoderando de ese modo a las personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de género y ampliando la base de competencias y las oportunidades de empleo en las comunidades rurales;

8.

Acoge con satisfacción la inclusión de la robótica aplicada a la agricultura de precisión en el programa de trabajo de Horizonte 2020 para el período 2016-2017, recientemente publicado, pero lamenta que no se exija que las propuestas presentadas en el marco de dicha convocatoria adopten un enfoque multilateral, lo que puede tener como consecuencia la exclusión de los agricultores de los enfoques innovadores; hace hincapié en que la agricultura de precisión puede reducir el consumo de recursos en al menos un 15 %; alienta el uso de la agricultura de precisión, que ofrece nuevos enfoques de gestión integral de las explotaciones, como la maquinaria dotada de tecnología GPS/GNSS y los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS);

9.

Señala que el sector agrícola, al igual que el resto de sectores de la economía, está atravesando un proceso de transformación; subraya que la agricultura moderna resultó posible únicamente gracias a la aceptación del progreso científico y tecnológico, y que los avances digitales brindan, del mismo modo, la posibilidad de seguir desarrollando el sector agrícola;

10.

Hace hincapié en que la recopilación y el análisis de grandes conjuntos de datos integrados pueden servir para impulsar la innovación en la agricultura y resultan especialmente útiles a la hora de abordar y desarrollar una cadena alimentaria eficiente y sostenible que beneficie a los agricultores, la economía, los consumidores y el medio ambiente; pide a la Comisión y a los Estados miembros que supriman los obstáculos a la integración de sistemas TIC complejos y fragmentados, estimulando la inversión y asumiendo los costes de formación, y que velen por que las infraestructuras necesarias sean más accesibles para el sector agrícola;

11.

Acoge con satisfacción los avances logrados por la Agencia Espacial Europea (ESA) en favor de la agricultura de precisión; considera, a este respecto, que el satélite Sentinel 2B de la ESA, que estará en órbita a finales de 2016, podría proporcionar una visión más precisa de la cobertura de los cultivos y los bosques, que permita aplicar de forma más eficaz las políticas agrícolas, racionalizar el uso de los recursos y determinar los períodos óptimos de cosecha; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen el uso de sistemas por satélite;

12.

Señala que la degradación del suelo es un obstáculo de primer orden para la producción agrícola, y pide más ambición y mayores esfuerzos para mejorar las prácticas de gestión del agua y del suelo, en particular ante la perspectiva del cambio climático; acoge favorablemente el desarrollo de tecnologías de control de rodada (CTF), que reducen los daños que la sobreexplotación ocasiona en los suelos, así como los recientes esfuerzos para integrar en la agricultura ecológica las tecnologías de teledetección de alta resolución; anima a la Comisión a que cuantifique las ventajas de las nuevas tecnologías para el medio ambiente y la producción y a que garantice la transferencia de información, conocimientos y tecnología;

13.

Pide que se incluya a los agricultores en el diseño, los ensayos y la difusión de las tecnologías de cartografiado de los nutrientes del suelo para contribuir a mejorar su eficacia;

14.

Lamenta que la eficiencia en el uso de los nutrientes en la Unión sea muy baja y hace hincapié en que es necesario actuar para mejorar la eficiencia en el uso del nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K) y así reducir su impacto en el medio ambiente y mejorar la producción de alimentos y energía; pide que se lleven a cabo investigaciones específicas (y que se apliquen sus resultados) para mejorar el seguimiento de la eficiencia de los nutrientes y seguir mejorando las tecnologías de distribución variable;

15.

Coincide en que el desarrollo de nuevas tecnologías y prácticas agrícolas innovadoras podría contribuir de manera significativa a reducir el uso de productos fitosanitarios, fertilizantes y agua, así como a frenar la erosión del suelo;

16.

Opina que la pérdida de diversidad genética que se ha producido a lo largo del último siglo supone una amenaza para la seguridad de los alimentos y los piensos, y socava las políticas de la Unión en materia de agricultura sostenible y protección de la biodiversidad, así como sus estrategias de mitigación del cambio climático; considera que el monocultivo y la falta de rotación de los cultivos son dos de las principales causas de dicha pérdida de biodiversidad; considera que todas las variedades vegetales y especies animales, incluidas las variedades autóctonas, sus variedades silvestres y semisilvestres emparentadas, y variedades antiguas y pioneras son fundamentales para el mantenimiento de la diversidad genética, los programas de cría y la producción de alimentos suficientes, nutritivos y sanos;

17.

Considera que la legislación de la Unión debe permitir a los agricultores y obtentores aprovechar al máximo dichos recursos genéticos para salvaguardar la biodiversidad y la innovación en el desarrollo de nuevas variedades; hace hincapié en que las normas de la Unión deben tratar en todos los casos de no frenar estos procesos innovadores imponiendo cargas administrativas innecesarias a los obtentores y agricultores;

18.

Subraya la necesidad de un mayor diálogo entre los bancos genéticos, la investigación vegetal en los sectores público y privado, los obtentores, los usuarios finales y el resto de actores que participan en la conservación y el uso de los recursos genéticos, con el fin de desarrollar la resiliencia y abordar los desafíos que plantea la agricultura sostenible en toda Europa;

19.

Destaca la ayuda facilitada anteriormente por la DG Agricultura y Desarrollo Rural (AGRI) y la DG Investigación e Innovación (RTD) para actividades de conservación de los recursos genéticos, como, por ejemplo, la Red Europea de Conservación de Semillas Autóctonas (Ensconet), y pide que los programas que las sucedan sigan apoyando las actividades de conservación genética de los cultivos y el ganado, en particular el uso sobre el terreno de recursos genéticos a través de la aplicación de medidas en explotaciones agropecuarias;

20.

Destaca la importancia de ampliar la conservación de los recursos genéticos a una mayor variedad de especies vegetales y animales, así como de que los fondos asignados a la investigación en este ámbito den como resultado mejoras tecnológicas aplicables a la agricultura y la horticultura;

21.

Pide a la Comisión que presente propuestas relativas a la estrategia europea de conservación de la diversidad genética agraria prevista en la actuación 10 de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020;

22.

Reconoce la necesidad de utilizar las colecciones de germoplasma de manera responsable para determinar y describir características que favorezcan la eficiencia en el uso de los recursos, la resistencia contra plagas y enfermedades y otros atributos que confieran una mayor calidad y resiliencia; considera que esto requiere que se otorgue mayor importancia a la fenotipificación, que representa un obstáculo especial para muchos cultivos;

23.

Señala que la forma más eficaz de mantener la diversidad genética en la agricultura es su uso in vivo; pone de relieve que de los tres criterios DHE (distinción, homogeneidad y estabilidad) que se aplican a los catálogos de semillas oficiales de la Unión, la homogeneidad y la estabilidad no son características naturales de las plantas genéticamente diversas; señala que la adaptación al cambio climático depende de una elevada variación genética; pone de relieve la creciente concentración de los mercados de semillas y la disminución de la variación por variedad; promueve el papel desempeñado por los sistemas y los intercambios de semillas de las explotaciones agrícolas a la hora de empoderar a los agricultores, y reconoce en la obtención participativa una larga tradición de innovación de las comunidades rurales;

24.

Reconoce la necesidad de mantener y utilizar recursos genéticos para la seguridad alimentaria a largo plazo y de ampliar la base genética de los modernos programas de mejora vegetal y animal; es consciente de que las explotaciones ecológicas se enfrentan a una situación de escasez de nuevas variedades que sean resistentes a las plagas y enfermedades y puedan cultivarse sin recurrir a productos fitosanitarios; apoya el concepto de acceso y de participación en los beneficios, pero insta a una aplicación del Protocolo de Nagoya, en virtud del Reglamento (UE) n.o 511/2014 y de su Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1866, de manera que la complejidad y los costes no disuadan a los obtentores de utilizar material silvestre para introducir nuevas características, como la resistencia a las plagas y las enfermedades, la calidad nutricional y la resiliencia ambiental; señala que ello debería llevarse a cabo sin restar poder a las comunidades rurales que llevan años protegiendo especies y obteniendo variedades;

25.

Considera esencial mantener y desarrollar el rendimiento de las especies locales, dada su capacidad de adaptarse a las características de su entorno nativo y que, con el fin de garantizar la diversidad genética de la agricultura europea, se respete el derecho de los agricultores a obtener plantas de manera autónoma y a almacenar e intercambiar semillas de diferentes especies y variedades;

26.

Reconoce la necesidad de apoyar la rotación de unos cultivos adecuados, que sigan siendo rentables para los agricultores; destaca asimismo la necesidad de mantener, además de los recursos genéticos, un abanico de herramientas adecuadas para la protección de una amplia gama de cultivos; hace hincapié en que sin dichas herramientas se verá gravemente afectada la diversidad de cultivos que pueden producirse de modo rentable;

27.

Apoya la necesidad de progresos constantes en la mejora innovadora mediante la aplicación de técnicas seguras y probadas para incrementar no solo la gama de características de resistencia frente a las plagas y las enfermedades de los cultivos, sino también la variedad de materias primas alimentarias comercializadas con características nutricionales y beneficiosas para la salud;

28.

Considera importante garantizar también un apoyo sostenido para el desarrollo y uso de futuras herramientas tecnológicas que puedan conseguir que la obtención de variedades dé una respuesta satisfactoria a los retos sociales que se avecinan;

29.

Considera oportuno que la Comisión publique el informe final del grupo de trabajo sobre nuevas técnicas y que utilice los resultados científicos obtenidos como base para, entre otras cosas, aclarar la situación jurídica de las técnicas de mejora vegetal y animal que son actualmente objeto de examen, y que emplee un análisis jurídico riguroso en sus deliberaciones;

30.

Anima a un diálogo abierto y transparente entre todas las partes interesadas y los ciudadanos sobre el desarrollo responsable de soluciones innovadoras y de alta precisión para los programas de mejora, que aborde también sus riesgos y beneficios; observa que para ello será necesario llevar a cabo una labor de sensibilización en relación con las nuevas técnicas y de mejora de su comprensión por los agricultores y el público en general; pide a la Comisión que garantice que los consumidores y agricultores reciban la formación necesaria en técnicas de mejora nuevas y emergentes para que pueda tener lugar un debate público abierto e informado;

31.

Expresa su preocupación ante la reciente decisión de la Alta Cámara de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), de 25 de marzo de 2015, en los asuntos G2/12 y G2/13;

32.

Destaca la urgente necesidad de revisar la aplicación del marco reglamentario de los productos fitosanitarios y de desarrollar un sistema de evaluación y aprobación coherente, eficaz, previsible, basado en los riesgos y científicamente sólido; considera importante reducir lo más posible la dependencia de los agricultores de los plaguicidas, sin olvidar que la producción de alimentos y piensos se desarrolla en un entorno internacional y competitivo; considera importante desarrollar productos fitosanitarios rentables, seguros y respetuosos con el medio ambiente;

33.

Acoge con satisfacción las iniciativas REFIT del programa de trabajo de la Comisión de 2016, que comprometen a la Unión Europea a llevar a cabo una evaluación del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 y del Reglamento (CE) n.o 396/2005; subraya que el proceso REFIT no debe llevar a una rebaja de las normas en materia de seguridad alimentaria y protección del medio ambiente;

34.

Pide a la Comisión que incluya en su informe al Parlamento y al Consejo las distintas opciones para modificar y mejorar la legislación actual, en particular la relativa al funcionamiento del reconocimiento mutuo de autorizaciones y al proceso de evaluación por zonas;

35.

Manifiesta su preocupación por que el sistema de autorizaciones por zonas no funcione correctamente debido a que se siguen utilizando metodologías de autorización nacional desfasadas y pide a la Comisión que armonice el sistema de aprobación para garantizar el reconocimiento mutuo de productos por parte de los Estados miembros en todas las zonas determinadas en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009;

36.

Acoge con satisfacción el reciente proyecto Gestión Integrada de Plagas del Espacio Europeo de Investigación (IPM-ERANET) y la nueva plataforma de coordinación para «usos menores», pero considera que la plataforma podría aprovecharse mejor para impulsar la investigación y la innovación encaminadas a abordar la falta de soluciones fitosanitarias para usos menores y cultivos especializados;

37.

Destaca la importancia de evaluar de manera transparente las repercusiones de las sustancias activas a fin de garantizar una agricultura sostenible con arreglo a la legislación de la Unión, así como de evaluar exhaustivamente los riesgos y peligros asociados al uso de los productos, y recuerda que debe aplicarse el principio de precaución cuando el grado de incertidumbre sea tan elevado que no sea posible garantizar la salud pública o unas condiciones agrícolas y ambientales óptimas;

38.

Pide a la DG Salud y Seguridad Alimentaria (SANTE) que establezca criterios claros para determinar las sustancias activas de bajo riesgo para el desarrollo y el uso de plaguicidas de bajo riesgo, teniendo en cuenta la evolución de los conocimientos científicos y garantizando el cumplimiento de los objetivos en el ámbito de la salud y la protección ambiental, y que vele por que se disponga de datos en materia de seguridad respecto de los criterios aplicados a todas las sustancias potencialmente de bajo riesgo;

39.

Opina que las sustancias de bajo riesgo, incluidas las alternativas no químicas a los productos fitosanitarios, como los controles biológicos, deben ser objeto de una evaluación con carácter prioritario por los Estados miembros ponentes y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) para contribuir a alcanzar los objetivos de la Directiva 2009/128/CE en lo relativo a la gestión integrada de plagas y el uso sostenible de los plaguicidas, especialmente para el uso de los productos en cultivos menores o especializados;

40.

Subraya que los agricultores necesitan contar con más herramientas para proteger sus cultivos y decidir cuáles serán las medidas más eficaces para ello; exhorta, por tanto, a una utilización más generalizada de las distintas alternativas existentes a los plaguicidas tradicionales, incluidos los bioplaguicidas, en el marco de la gestión integrada de plagas, y pide que se redoblen los esfuerzos destinados a desarrollar alternativas más rentables, apoyando la investigación de campo y documentando en mayor medida las alternativas no químicas y las medidas de bajo riesgo, así como los plaguicidas más respetuosos con el medio ambiente;

41.

Señala que los controles biológicos son métodos de protección de los cultivos basados en el uso de organismos vivos o sustancias naturales y que podrían reducir el uso de plaguicidas tradicionales y contribuir a mejorar la resiliencia vegetal;

42.

Pide a la Comisión que presente un plan de acción y cree un grupo de expertos con el fin de conseguir un sistema más sostenible de gestión de plagas; destaca el potencial de un sistema de gestión de plagas que mejore la interacción entre los esfuerzos de mejora vegetal, los sistemas de defensa natural y el uso de plaguicidas;

43.

Lamenta la lentitud con la que los Estados miembros y la Comisión proceden, respectivamente, a aplicar y a evaluar la aplicación de la gestión integrada de plagas y de la Directiva 2009/128/CE;

44.

Reconoce que el desarrollo de tecnologías relacionadas con el sector agrario exige un amplio abanico de perfiles de competencias y de conocimientos especializados con un enfoque interdisciplinar y que incluyen, sin limitarse a ellas, las ciencias generales relativas a los vegetales, los animales y el medio ambiente, la fisiología y la ingeniería;