24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/1

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/2

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

El Reino de Suecia cargará con las costas de la Comisión Europea.

3)

La República Checa, el Reino de Dinamarca, la República Federal de Alemania, el Reino de España y la República de Finlandia cargarán con sus propias costas.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/3

—

las disposiciones de la sección A (Protección de las inversiones) del capítulo 9 (Inversiones) del Acuerdo, en la medida en que se refieran a las inversiones entre la Unión y la República de Singapur distintas de las directas;

—

las disposiciones de la sección B (Solución de diferencias entre un inversor y un Estado) de ese capítulo 9, y

—

las disposiciones de los capítulos 1 (Objetivos y definiciones generales), 14 (Transparencia), 15 (Solución de diferencias entre las Partes), 16 (Mecanismo de mediación) y 17 (Disposiciones institucionales, generales y finales) del Acuerdo, en la medida en que se refieran a las disposiciones del mencionado capítulo 9 y en tanto en cuanto estas últimas se incluyan en el ámbito de una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/3

1)

La libertad de establecimiento debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa fiscal de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, con arreglo a la cual tanto una sociedad no residente que ejerza una actividad económica en dicho Estado miembro por medio de un establecimiento permanente como una sociedad residente, incluida la filial residente de una sociedad no residente, están sujetas a un impuesto con las características del fairness tax cuando dichas sociedades distribuyan dividendos que, a causa de la aplicación de determinadas ventajas fiscales establecidas en el régimen fiscal nacional, no se reflejen en su resultado imponible definitivo, a condición de que el método de determinación de la base imponible de dicho impuesto no lleve, de hecho, a tratar a esa sociedad no residente de manera menos ventajosa que a una sociedad residente, extremo que incumbe verificar al órgano jurisdiccional remitente.

2)

El artículo 5 de la Directiva 2011/96/UE, del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa fiscal de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, que establece un impuesto con las características del fairness tax, al que están sujetas las sociedades no residentes que ejerzan una actividad económica en dicho Estado miembro por medio de un establecimiento permanente y las sociedades residentes, incluida la filial residente de una sociedad no residente, cuando distribuyan dividendos que, a causa de la aplicación de determinadas ventajas fiscales establecidas en el régimen fiscal nacional, no se reflejen en su resultado imponible definitivo.

3)

El artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/96, puesto en relación con el apartado 3 de dicho artículo, debe interpretarse en el sentido de que dicha disposición se opone a una normativa fiscal nacional como la controvertida en el litigio principal, en la medida en que esa normativa tiene como consecuencia, en el supuesto de que los beneficios percibidos de su filial por una sociedad matriz sean distribuidos por esa sociedad matriz con posterioridad al ejercicio en el que los percibió, someter esos beneficios a un gravamen que rebasa el límite máximo del 5 % fijado en la referida disposición.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/4

1)

El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de apreciar si un menor, ciudadano de la Unión Europea, se vería obligado a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto, privándosele de este modo del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos que le confiere dicho artículo si a su progenitor, nacional de un país tercero, se le denegase el reconocimiento del derecho de residencia en el Estado miembro de que se trate, el hecho de que el otro progenitor, ciudadano de la Unión, sea realmente capaz de asumir por sí solo el cuidado diario y efectivo del menor y esté dispuesto a ello es un elemento pertinente pero no suficiente para poder declarar que no existe entre el progenitor nacional de un país tercero y el menor una relación de dependencia tal que diese lugar a que este último se viese obligado a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto en caso de que se produjese esa denegación. Tal apreciación debe basarse en la toma en consideración, respetando el interés superior del niño, del conjunto de circunstancias del caso concreto y, en particular, de su edad, de su desarrollo físico y emocional, de la intensidad de su relación afectiva con el progenitor ciudadano de la Unión y con el progenitor de un país tercero y del riesgo que separarlo de este último entrañaría para el equilibrio del niño.

2)

El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro supedite el derecho de residencia en su territorio de un nacional de un país tercero, progenitor de un niño menor que posee la nacionalidad de dicho Estado miembro, y que se encarga de su cuidado diario y efectivo, a la obligación de que ese nacional aporte los datos que permitan acreditar que una decisión que deniegue el derecho de residencia al progenitor de un país tercero privaría al menor del disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión, obligándole a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto. Corresponde, no obstante, a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate proceder, basándose en los datos aportados por el nacional de un país tercero, a las investigaciones necesarias para poder apreciar, a la luz del conjunto de circunstancias del caso concreto, si una decisión denegatoria tendría esas consecuencias.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/5

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Condenar en costas a Yoshida Metal Industry Co. Ltd.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/6

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 4 de junio de 2015, Deluxe Laboratories/OAMI (deluxe) (T-222/14, no publicada, EU:T:2015:364).

2)

Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3)

Reservar la decisión sobre las costas.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/6

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/7

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/8

1)

El artículo 51, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro aplica el Derecho de la Unión, a efectos de dicha disposición, y por tanto la citada Carta es aplicable, cuando su legislación prevé la imposición de una sanción pecuniaria a un administrado que se niega a facilitar información en el marco de un intercambio de información entre autoridades tributarias, basado en particular en las disposiciones de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE.

2)

El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que un administrado, al que se ha impuesto una sanción pecuniaria por no atender una decisión administrativa mediante la que se le requiere que aporte información en el marco de un intercambio de información entre Administraciones tributarias nacionales en virtud de la Directiva 2011/16, puede impugnar la legalidad de esa decisión.

3)

El artículo 1, apartado 1, y el artículo 5 de la Directiva 2011/16 deben interpretarse en el sentido de que la «pertinencia previsible» de la información solicitada por un Estado miembro a otro Estado miembro constituye un requisito que debe cumplir la solicitud de información para que el Estado miembro requerido esté obligado a tramitarla y, en consecuencia, un requisito de legalidad de la decisión de requerimiento dirigida por este Estado miembro a un administrado y de la medida sancionadora impuesta a este último por no atender dicha decisión.

4)

El artículo 1, apartado 1, y el artículo 5 de la Directiva 2011/16 deben interpretarse en el sentido de que la comprobación de la autoridad requerida, ante la que la autoridad requirente ha presentado una solicitud de información en virtud de la citada Directiva, no se limita a la regularidad formal de esa solicitud, sino que debe permitir a la autoridad requerida asegurarse de que la información solicitada no carece de toda pertinencia previsible, habida cuenta de la identidad del contribuyente de que se trate y de la del tercero eventualmente informado así como de las necesidades de la inspección fiscal en cuestión. Estas mismas disposiciones de la Directiva 2011/16 y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que, en el marco de un recurso interpuesto por un administrado contra una medida sancionadora que le ha impuesto la autoridad requerida por no atender una decisión de requerimiento adoptada por ésta a raíz de una solicitud de información dirigida por la autoridad requirente en virtud de la Directiva 2011/16, el juez nacional dispone, además de competencia para modificar la sanción impuesta, de competencia para controlar la legalidad de dicha decisión de requerimiento. En cuanto al requisito de legalidad de esta decisión respecto a la pertinencia previsible de la información solicitada, el control jurisdiccional se limita a la verificación de la falta manifiesta de tal pertinencia.

5)

El artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debe interpretarse en el sentido de que, en el marco del ejercicio del control jurisdiccional por un juez del Estado miembro requerido, tal juez debe tener acceso a la solicitud de información dirigida por el Estado miembro requirente al Estado miembro requerido. El administrado concernido no dispone, en cambio, de un derecho de acceso a la totalidad de esta solicitud de información, que sigue siendo un documento secreto, conforme al artículo 16 de la Directiva 2011/16. A fin de defender plenamente su causa en relación con la falta de pertinencia previsible de la información solicitada, basta, en principio, con que disponga de la información a que se refiere el artículo 20, apartado 2, de la mencionada Directiva.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/9

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/10

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/10

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 11 de noviembre de 2015, Dyson/Comisión (T-544/13, EU:T:2015:836), en la medida en que desestimó la primera parte del primer motivo y el tercer motivo invocados en primera instancia.

2)

Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea a fin de que resuelva sobre la primera parte del primer motivo y sobre el tercer motivo invocados en primera instancia.

3)

Reservar la decisión sobre las costas.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/11

1)

El artículo 11, apartado 1, primer guion, de la Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los Derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, debe interpretarse en el sentido de que no sólo contempla los supuestos de inejecución total del contrato celebrado entre el empresario y el tercero, sino también los de inejecución parcial de este contrato, como que no se alcancen el volumen de operaciones o la duración previstos en el contrato.

2)

El artículo 11, apartados 2 y 3, de la Directiva 86/653 debe interpretarse en el sentido de que la cláusula de un contrato de agencia comercial según la cual el agente está obligado a reembolsar una parte proporcional de su comisión en caso de inejecución parcial del contrato celebrado entre el empresario y el tercero no constituye una excepción «en detrimento del agente comercial», en el sentido del artículo 11, apartado 3, si la parte de la comisión sujeta a la obligación de reembolso es proporcional al alcance de la inejecución de dicho contrato y a condición de que tal inejecución no se deba a circunstancias atribuibles al empresario.

3)

El artículo 11, apartado 1, segundo guion, de la Directiva 86/653 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «circunstancias atribuibles al empresario» no sólo hace referencia a las causas jurídicas que hayan conducido directamente a la ruptura del contrato celebrado entre el empresario y el tercero, sino a todas las circunstancias fácticas y jurídicas atribuibles al empresario que hubieran dado lugar a la inejecución del contrato.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/12

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/12

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/13

1)

El principio de igualdad de trato de los operadores económicos que se recoge en el artículo 10 de la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que, en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato público, la entidad adjudicadora requiera a un licitador para que aporte los documentos y declaraciones cuya presentación exigiese el pliego de condiciones y que no hayan sido remitidos en el plazo fijado para presentar las ofertas. En cambio, el referido artículo no se opone a que la entidad adjudicadora requiera a un licitador para que aclare una oferta o para que subsane un error material manifiesto del que adolezca dicha oferta, a condición, no obstante, de que dicho requerimiento se envíe a todos los licitadores que se encuentren en la misma situación, de que todos los licitadores sean tratados del mismo modo y con lealtad y de que esa aclaración o subsanación no equivalga a la presentación de una nueva oferta, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

2)

La Directiva 92/13/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1992, relativa a la coordinación de los disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de las normas comunitarias en los procedimientos de formalización de contratos de las entidades que operen en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, en su versión modificada por la Directiva 2007/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la que es objeto del litigio principal, en la que un procedimiento de adjudicación de un contrato público ha dado lugar a la presentación de dos ofertas y a la adopción por parte de la entidad adjudicadora de dos decisiones simultáneas, una de rechazo de la oferta de uno de los licitadores y otra de adjudicación del contrato al otro, el licitador excluido que recurre contra esas dos decisiones debe poder solicitar que la oferta del licitador adjudicatario quede excluida, de modo que la expresión «determinado contrato» del artículo 1, apartado 3, de la Directiva 92/13, en su versión modificada por la Directiva 2007/66, puede referirse, en su caso, a la eventual tramitación de un nuevo procedimiento de adjudicación del contrato público.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/14

1)

En circunstancias como las del litigio principal, el acuerdo por el que una sociedad cuyo titular mayoritario es un Estado miembro acepta, para la extinción de un crédito, una dación en pago de un activo del que es propietaria otra sociedad cuyo único accionista es dicho Estado miembro y decide pagar un importe para saldar la diferencia entre el valor estimado de ese activo y el importe del citado crédito puede constituir una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, cuando:

Incumbe a los órganos jurisdiccionales nacionales comprobar si concurren tales requisitos.

2)

Si un órgano jurisdiccional nacional califica de ayuda de Estado el acuerdo por el que una sociedad cuyo titular mayoritario es un Estado miembro acepta, para la extinción de un crédito, una dación en pago de un activo del que es propietaria otra sociedad cuyo único accionista es dicho Estado miembro y decide pagar un importe para saldar la diferencia entre el valor estimado de ese activo y el importe del citado crédito, las autoridades de tal Estado miembro están obligadas a notificar tal ayuda a la Comisión antes de su ejecución, en aplicación del artículo 108 TFUE, apartado 3.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/15

1)

El artículo 203, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, debe interpretarse en el sentido de que este precepto no se aplica en caso de que no se haya presentado el volumen total de la mercancía en régimen de tránsito comunitario externo ante la aduana de destino establecida con arreglo a ese régimen debido a la destrucción total o pérdida irremediable de una parte de esa mercancía, demostrada adecuadamente.

2)

El artículo 204, apartado 1, letra a), del Reglamento n.o 2913/1992, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, debe interpretarse en el sentido de que, cuando el volumen total de la mercancía en régimen de tránsito comunitario externo no se ha presentado en la aduana de destino establecida con arreglo a dicho régimen, debido a la destrucción total o pérdida irremediable de una parte de esa mercancía, demostrada adecuadamente, tal situación, que constituye un incumplimiento de una de las obligaciones vinculadas al referido régimen, concretamente, la de presentar la mercancía intacta en la aduana de destino, origina, en principio, una deuda aduanera de importación por la parte de la mercancía que no se ha presentado en esa aduana. Corresponde al tribunal nacional comprobar si una circunstancia como el deterioro de un dispositivo de descarga cumple, en este caso, los criterios que caracterizan los conceptos de «fuerza mayor» y «caso fortuito», a efectos del artículo 206, apartado 1, del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, esto es, si tal circunstancia resulta anormal en el caso de un operador que ejerce su actividad en el ámbito del transporte de sustancias líquidas y si es ajena a éste, y si sus consecuencias no habrían podido evitarse pese a toda la diligencia empleada. Al realizar esta comprobación, el tribunal nacional debe, en particular, tener en cuenta la observancia, por parte de operadores como el obligado principal y el transportista, de las normas y los requisitos vigentes en lo que respecta al estado técnico de las cisternas y la seguridad del transporte de sustancias líquidas, como es el caso de un disolvente.

3)

El artículo 2, apartado 1, letra d), y los artículos 70 y 71 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, deben interpretarse en el sentido de que este impuesto no se devenga por la parte totalmente destruida o irremediablemente perdida de una mercancía que se encuentra en régimen de tránsito comunitario externo.

4)

Lo dispuesto en el artículo 96, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 204, apartados 1, letra a), y 3, del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, debe interpretarse en el sentido de que el obligado principal es responsable del pago de la deuda aduanera originada por una mercancía en régimen de tránsito comunitario externo, aun cuando el transportista no haya cumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 96, apartado 2, de este Reglamento, en particular la de presentar la mercancía intacta en la aduana de destino dentro del plazo establecido.

5)

El artículo 96, apartados 1, letra a), y 2, el artículo 204, apartados 1, letra a), y 3, y el artículo 213 del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 648/2005, deben interpretarse en el sentido de que la autoridad aduanera de un Estado miembro no tiene obligación de exigir la responsabilidad solidaria del transportista que, junto al obligado principal, debe considerarse responsable de la deuda aduanera.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/16

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/17

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Condenar en costas a la República Portuguesa.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/17

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Condenar en costas a la República Portuguesa.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/18

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Condenar en costas a la República Portuguesa.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/18

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/19

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/19

1)

«¿Se oponen los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, (2) a una interpretación de las correspondientes normas de transposición nacionales (artículos 24 y 25 del Código de consumo italiano, respectivamente) en virtud de la cual debe calificarse como “influencia indebida” y, por consiguiente, como “práctica comercial agresiva” que puede mermar “de forma importante” la libertad de elección o de comportamiento del consumidor medio, la conducta de un operador de telefonía consistente en omitir la información de que la tarjeta SIM tiene preactivados determinados servicios telefónicos (por ejemplo, el servicio de contestador y de internet), en particular, en una situación en la que no cabe imputar al citado operador de telefonía ninguna otra conducta material ulterior?

2)

¿Debe interpretarse el punto 29 del anexo I de la Directiva 2005/29/CE […] en el sentido de que existe un “suministro no solicitado” cuando un operador de telefonía móvil solicita a su cliente el pago de los servicios de contestador y de internet en una situación caracterizada por los siguientes elementos:

3)

¿Se oponen el propio fundamento de la Directiva “general” 2005/29, en cuanto “red de seguridad” para la protección de los consumidores, así como el considerando 10 y el artículo 3, apartado 4, de dicha Directiva a una normativa nacional que reconduzca la apreciación del cumplimiento de las obligaciones específicas previstas en la Directiva sectorial 2002/22/CE (3) para proteger a los usuarios, al ámbito de aplicación de la Directiva general 2005/29 sobre prácticas comerciales desleales, excluyendo, en consecuencia, la intervención de la autoridad competente para sancionar las infracciones de la directiva sectorial en los supuestos que puedan ser constitutivos de una práctica comercial desleal o irregular?

4)

¿Debe entenderse que el principio de especialidad recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva n.o 2005/29/CE regula las relaciones entre ordenamientos (ordenamiento general y ordenamientos sectoriales), entre normas (normas generales y normas especiales) o bien entre autoridades de reglamentación y supervisión de los distintos sectores?

5)

¿Ha de considerarse que sólo se produce un “conflicto” en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 en caso de total antinomia entre las disposiciones de la normativa sobre prácticas comerciales desleales y las demás normas derivadas del Derecho europeo que regulan aspectos sectoriales específicos de las prácticas comerciales o, por el contrario, basta con que las disposiciones de que se trate establezcan una regulación distinta a la de la normativa sobre prácticas comerciales desleales en relación con las especificidades del sector, de forma que en un supuesto concreto se produzca un concurso de normas (Normenkollision)?

6)

¿Se refiere el concepto de normas comunitarias recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE únicamente a las disposiciones contenidas en los reglamentos y las directivas europeos y a las normas de transposición directa o incluye también las disposiciones legislativas y reglamentarias que aplican principios de Derecho europeo?

7)

¿Se oponen el principio de especialidad, consagrado en el considerando 10 y en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE, los artículos 20 y 21 de la Directiva 2002/22/CE, y los artículos 3 y 4 de la Directiva 2002/21/CE (4) a una interpretación de las correspondientes normas nacionales de transposición en virtud de la cual, siempre que en un sector que incluya en su reglamentación normas sectoriales sobre protección de los consumidores, que atribuyan potestad reglamentaria y sancionadora a la autoridad del sector, se constate una conducta que pueda ser calificada de “práctica agresiva”, en el sentido de los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29, o “agresiva en cualquier circunstancia”, en el sentido del anexo I de la Directiva 2005/29, se deba aplicar la normativa general sobre prácticas irregulares, incluso cuando exista una normativa sectorial, adoptada en aras de la protección de los consumidores y basada en disposiciones de Derecho de la Unión, que regule debidamente las mismas “prácticas agresivas” o “agresivas en cualquier circunstancia” o las citadas “prácticas irregulares”?».

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/21

1)

«¿Se oponen los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, (2) a una interpretación de las correspondientes normas de transposición nacionales (artículos 24 y 25 del Código de consumo italiano, respectivamente) en virtud de la cual debe calificarse como “influencia indebida” y, por consiguiente, como “práctica comercial agresiva” que puede mermar “de forma importante” la libertad de elección o de comportamiento del consumidor medio, la conducta de un operador de telefonía consistente en omitir la información de que la tarjeta SIM tiene preactivados determinados servicios telefónicos (por ejemplo, el servicio de contestador y de internet), en particular, en una situación en la que no cabe imputar al citado operador de telefonía ninguna otra conducta material ulterior?

2)

¿Debe interpretarse el punto 29 del anexo I de la Directiva 2005/29/CE […] en el sentido de que existe un “suministro no solicitado” cuando un operador de telefonía móvil solicita a su cliente el pago de los servicios de contestador y de internet en una situación caracterizada por los siguientes elementos:

3)

¿Se oponen el propio fundamento de la Directiva “general” 2005/29, en cuanto “red de seguridad” para la protección de los consumidores, así como el considerando 10 y el artículo 3, apartado 4, de dicha Directiva a una normativa nacional que reconduzca la apreciación del cumplimiento de las obligaciones específicas previstas en la Directiva sectorial 2002/22/CE (3) para proteger a los usuarios, al ámbito de aplicación de la Directiva general 2005/29 sobre prácticas comerciales desleales, excluyendo, en consecuencia, la intervención de la autoridad competente para sancionar las infracciones de la directiva sectorial en los supuestos que puedan ser constitutivos de una práctica comercial desleal o irregular?

4)

¿Debe entenderse que el principio de especialidad recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva n.o 2005/29/CE regula las relaciones entre ordenamientos (ordenamiento general y ordenamientos sectoriales), entre normas (normas generales y normas especiales) o bien entre autoridades de reglamentación y supervisión de los distintos sectores?

5)

¿Ha de considerarse que sólo se produce un “conflicto” en el sentido del artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29 en caso de total antinomia entre las disposiciones de la normativa sobre prácticas comerciales desleales y las demás normas derivadas del Derecho europeo que regulan aspectos sectoriales específicos de las prácticas comerciales o, por el contrario, basta con que las disposiciones de que se trate establezcan una regulación distinta a la de la normativa sobre prácticas comerciales desleales en relación con las especificidades del sector, de forma que en un supuesto concreto se produzca un concurso de normas (Normenkollision)?

6)

¿Se refiere el concepto de normas comunitarias recogido en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE únicamente a las disposiciones contenidas en los reglamentos y las directivas europeos y a las normas de transposición directa o incluye también las disposiciones legislativas y reglamentarias que aplican principios de Derecho europeo?

7)

¿Se oponen el principio de especialidad, consagrado en el considerando 10 y en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/29/CE, los artículos 20 y 21 de la Directiva 2002/22/CE, y los artículos 3 y 4 de la Directiva 2002/21/CE (4) a una interpretación de las correspondientes normas nacionales de transposición en virtud de la cual, siempre que en un sector que incluya en su reglamentación normas sectoriales sobre protección de los consumidores, que atribuyan potestad reglamentaria y sancionadora a la autoridad del sector, se constate una conducta que pueda ser calificada de “práctica agresiva”, en el sentido de los artículos 8 y 9 de la Directiva 2005/29, o “agresiva en cualquier circunstancia”, en el sentido del anexo I de la Directiva 2005/29, se deba aplicar la normativa general sobre prácticas irregulares, incluso cuando exista una normativa sectorial, adoptada en aras de la protección de los consumidores y basada en disposiciones de Derecho de la Unión, que regule debidamente las mismas “prácticas agresivas” o “agresivas en cualquier circunstancia” o las citadas “prácticas irregulares”?».

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/22

—

Anule en su totalidad la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Novena) de 19 de enero de 2017 en el asunto T-701/15, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA).

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para su reexamen.

—

Declare que cada parte cargue con sus propias costas.

1.

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea, (1) debido a la falta de un examen exhaustivo respecto a la existencia de riesgo de confusión, basado en una impresión de conjunto de los elementos distintivos y dominantes de los signos, y ello debido en particular a que el examen se limitó, de forma injustificada, a la similitud del signo con un único elemento de la marca anterior (elemento denominativo).

El Tribunal General cometió un error al aceptar la posibilidad de limitar la apreciación de la similitud entre las dos marcas al examen de uno de los elementos que constituyen la marca compuesta (elemento denominativo) y compararlo con otra marca eliminando el elemento gráfico de ese examen, sin haber acreditado antes que el elemento denominativo constituye el elemento dominante y que el elemento gráfico es irrelevante. El Tribunal declaró únicamente que el elemento gráfico tenía un carácter distintivo débil, no tomando en consideración que la posesión de un elemento con un carácter distintivo débil no debe confundirse con el carácter no dominante de ese elemento.

2.

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 y vulneración de los principios de igualdad de trato, buena administración y seguridad jurídica al no tomar en consideración el hecho de que la EUIPO no siguió su práctica decisoria anterior, como queda recogida en las Directrices de la EUIPO y, como consecuencia de ello, ratificar una resolución contraria a dicha práctica.

El Tribunal General no apreció el hecho de que la EUIPO se desvió de su práctica decisoria anterior, recogida en las Directrices relativas a la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009 y de que no existían circunstancias específicas que justificasen separarse de esa práctica.

3.

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 al apreciar la existencia de riesgo de confusión aceptando erróneamente la veracidad de hechos que, según el conocimiento general, no se dan y que omite elementos relevantes y conocidos, provocando una desnaturalización de los hechos y las pruebas, en particular:

4.

Incumplimiento de la obligación de motivación al aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 dado que:

24.7.2017   

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C 239/24

24.7.2017   

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C 239/24

1)

¿Debe interpretarse el artículo 23, apartado 3, del Reglamento de Dublín (1) en el sentido de que Italia ha pasado a ser responsable del examen de la petición de protección internacional presentada por el demandante en dicho país el 23 de octubre de 2014, pese a que los Países Bajos eran el Estado miembro en principio responsable en virtud de las solicitudes de protección internacional presentadas anteriormente en dicho país, en el sentido del artículo 2, inicio y letra d), del Reglamento de Dublín, la última de las cuales se hallaba todavía en fase de examen en los Países Bajos, pues el Consejo de Estado (Sección de Derecho administrativo) no se había pronunciado aún sobre el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia [AWB 14/13866] del rechtbank [de La Haya, Sección de Middelburg] de 7 de julio de 2014? [omissis]

2)

¿Se desprende del artículo 18, apartado 2, del Reglamento de Dublín que las autoridades neerlandesas debían, inmediatamente después de presentarse la petición de readmisión de 5 de marzo de 2015, suspender el examen de la solicitud de protección internacional todavía en curso en los Países Bajos cuando se presentó dicha petición, y poner fin a dicho examen tras la expiración del plazo establecido en el artículo 24 revocando o modificando la decisión anterior de 11 de junio de 2014, por la que se denegaba la solicitud de asilo de 4 de junio de 2014?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿ha de considerarse que la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional presentada por el demandante no se ha trasladado a Italia, sino que sigue recayendo sobre las autoridades neerlandesas, puesto que el demandado no revocó ni modificó la decisión de 11 de junio de 2014?

4)

¿Han incumplido las autoridades neerlandesas la obligación que les incumbe en virtud del artículo 24, apartado 5, del Reglamento de Dublín, de proporcionar a las autoridades italianas información que les permitiera examinar si Italia es responsable en virtud del citado Reglamento, al no haber informado a las autoridades italianas del recurso de apelación pendiente en los Países Bajos ante el Consejo de Estado (Sección de Derecho administrativo) en el segundo procedimiento de asilo?

5)

En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, ¿debe deducirse del incumplimiento que, por esa razón, la responsabilidad de examinar la solicitud de protección internacional del demandante no se ha trasladado a Italia, sino que sigue incumbiendo a las autoridades neerlandesas?

6)

En caso de que la responsabilidad haya dejado de recaer sobre los Países Bajos, ¿estaban obligadas las autoridades neerlandesas, en relación con la entrega del demandante desde Italia a los Países Bajos en el marco del procedimiento penal incoado contra él, en virtud del artículo 17, apartado 1, del Reglamento de Dublín, no obstante lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento, a examinar la solicitud de protección internacional que el demandante presentó en Italia, y, como consecuencia, no podían razonablemente hacer uso de la facultad, establecida en el artículo 24, apartado 1, del Reglamento de Dublín, de solicitar a las autoridades italianas la readmisión del demandante?

24.7.2017   

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C 239/25

1)

2)

3)

24.7.2017   

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C 239/26

a)

una persona mayor de edad, que también es nacional de un Estado tercero, pierde de pleno derecho la nacionalidad de su Estado miembro, y por ende la ciudadanía de la Unión, por haber tenido durante un período ininterrumpido de diez años su residencia principal en el extranjero y fuera de la Unión Europea, cuando existen posibilidades de interrumpir este plazo de diez años?

b)

una persona menor de edad pierde, en determinadas circunstancias, de pleno derecho la nacionalidad de su Estado miembro, y por ende la ciudadanía de la Unión, como consecuencia de la pérdida de la nacionalidad por su progenitor, como en el supuesto mencionado en la letra a)?

24.7.2017   

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C 239/27

24.7.2017   

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C 239/27

—

Anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-162/14.

—

Estime la demanda en primera instancia y anule el Reglamento impugnado en la medida en que afecta a las recurrentes.

—

Condene a la parte recurrida a cargar con sus propias costas y con las de las recurrentes, tanto de primera instancia como de la casación.

—

Condene a las demás partes del recurso de casación a cargar con sus propias costas.

—

Anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-162/14.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para su reexamen.

—

Reserve la decisión sobre las costas de la primera instancia y del recurso de casación hasta la resolución final por el Tribunal General.

—

Condene a las demás partes del recurso de casación a cargar con sus propias costas.

1.

El Tribunal General cometió un error de Derecho al exigir a las recurrentes que demostrasen la existencia de un interés en plantear los motivos primero y segundo: en todo caso, el Tribunal General cometió un error al calificar jurídicamente los hechos, ya que las recurrentes tienen ese interés.

2.

El Tribunal General cometió un error de Derecho al exigir a las recurrentes que demostrasen la existencia de un interés en plantear el tercer motivo: el Tribunal General cometió un error al interpretar el artículo 2, apartado 7, letra a), del Reglamento n.o 1225/2009 (Reglamento de Base). (1)

3.

El Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar que el Reglamento 1168/2012 era aplicable a la presente investigación anti-dumping. (2) El Tribunal General cometió un error de Derecho al declarar que la falta de respuesta por parte de la Comisión a la solicitud de las recurrentes con el fin de obtener la concesión del trato de economía de mercado no vicia el Reglamento impugnado.

4.

El Tribunal General cometió un error de Derecho al permitir a las Instituciones establecer el derecho antidumping a un nivel que permite reparar perjuicios causados por factores distintos de las importaciones objeto de dumping; el Tribunal General cometió un error de Derecho al invertir indebidamente la carga de la prueba.

24.7.2017   

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C 239/28

—

Anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-163/14.

—

Estime la demanda y anule el Reglamento impugnado en la medida en que afecta a las recurrentes.

—

Condene a la parte recurrida a cargar con sus propias costas y con las de las recurrentes, tanto de primera instancia como de la casación.

—

Condene a las demás partes del recurso de casación a cargar con sus propias costas.

—

Anule la sentencia del Tribunal General en el asunto T-163/14.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para su reexamen.

—

Reserve la decisión sobre las costas de la primera instancia y del recurso de casación hasta la resolución final por el Tribunal General.

—

Condene a las demás partes del recurso de casación a cargar con sus propias costas.

24.7.2017   

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C 239/29

—

Que se anule la Decisión (UE) 2017/477 del Consejo, de 3 de marzo de 2017, sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo de Cooperación instituido por el Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Kazajistán, por otra, por lo que respecta a las modalidades de trabajo del Consejo de Cooperación, el Comité de Cooperación, los subcomités especializados o cualquier otro organismo. (1)

—

Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

24.7.2017   

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C 239/30

1)

¿Deben valorarse de igual manera las normas nacionales en materia de extradición por un delito, en cuanto a la libre circulación de los nacionales de otro Estado miembro, independientemente de si una solicitud de extradición de un tercer país basada en un acuerdo de extradición se formula con fines de ejecución de la pena o (como en el asunto Petruhhin) (1) con fines de enjuiciamiento penal? ¿Tiene alguna relevancia a este respecto que la persona cuya extradición se solicita, además de la ciudadanía de la Unión, posea la nacionalidad del Estado que haya formulado la solicitud de extradición?

2)

¿Coloca injustificadamente en una situación desfavorable a los nacionales de otro Estado miembro una disposición nacional con arreglo a la cual sólo los propios nacionales no pueden ser extraditados fuera de la Unión para la ejecución de la pena? En un caso en que se trata de la ejecución de una pena, ¿deben aplicarse también los mecanismos del Derecho de la Unión, mediante los cuales puede alcanzarse de forma menos gravosa un objetivo de por sí legítimo? ¿Cómo se ha de responder a una solicitud de extradición cuando ha sido transmitida al otro Estado miembro en aplicación de tales mecanismos, pero éste no adopta ninguna medida respecto a su nacional, por ejemplo, por existir impedimentos jurídicos para ello?

24.7.2017   

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C 239/31

24.7.2017   

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C 239/31

1)

A efectos del artículo 10, letra g), de la Directiva 2014/24, (1) para caracterizar un contrato de «contrato de trabajo», ¿basta con que sea un contrato de trabajo subordinado o debe ir acompañado de otras características (por ejemplo, respecto del tipo de trabajo, las condiciones de contratación, las cualidades de los candidatos, los elementos del procedimiento de selección), de modo que la selección de cada trabajador sea el resultado de una valoración individual y subjetiva de su personalidad por parte del empresario? Los contratos de trabajo de duración determinada que se celebren sobre la base de criterios objetivos, como el tiempo durante el que el candidato ha estado desempleado, la experiencia anterior o el número de hijos menores, previo control formal de los justificantes, y de la concesión de una puntuación predeterminada a los citados criterios, como los contratos del artículo 63 de la Ley 4430/2016, ¿pueden considerarse «contratos de trabajo» en el sentido del artículo 10, letra g), de la Directiva 2014/24?

2)

A efectos de las disposiciones de la Directiva 2014/24 (artículos 1, apartado 4, 18, apartados 1 y 2, 19, apartado 1, 32 y 57, en relación con el considerando 5), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 49 y 56) y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículos 16 y 52), y de los principios de igualdad de trato, de transparencia y de proporcionalidad, ¿está permitido el recurso de las Administraciones públicas a otros medios, incluidos los contratos de trabajo, distintos de los contratos públicos, para cumplir las mismas obligaciones de interés público y, en su caso, bajo qué condiciones, cuando ese recurso no tiene el carácter de organización estable del servicio público, sino —como en el caso del artículo 63 de la Ley 4430/2016— que se hace uso de él por un período limitado para hacer frente a circunstancias extraordinarias, así como por razones relativas a la eficacia de la competencia y la legalidad del funcionamiento de las empresas que operan en el mercado de los contratos públicos? ¿Pueden razones de este tipo, así como circunstancias tales como la imposibilidad de ejecutar de modo ininterrumpido el contrato público o el logro de un mayor beneficio económico frente a un contrato público, considerarse razones imperiosas de interés general que justifiquen la adopción de una medida que limita gravemente en cuanto a su alcance y duración la actividad empresarial en el sector de los contratos públicos?

3)

A efectos del artículo 1 de la Directiva 89/665, (2) en su versión vigente, ¿queda excluida de su ámbito de aplicación la protección jurisdiccional frente a una resolución de la Administración pública, como las impugnadas en el litigio principal, relativa a la celebración de un contrato presuntamente excluido del ámbito de aplicación de la Directiva 2014/24 (por ejemplo, como un «contrato de trabajo»), cuando quien interpone el recurso es un operador económico que tiene interés legítimo en que se le adjudique un contrato público de objeto similar y sostiene que se actuó de modo contrario a Derecho al no aplicar la Directiva 2014/24, por considerar que ésta podía no aplicarse?

24.7.2017   

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C 239/32

1)

¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

24.7.2017   

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C 239/33

1)

¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

24.7.2017   

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C 239/34

1)

¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

24.7.2017   

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C 239/34

1)

¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

24.7.2017   

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C 239/35

1)

¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

24.7.2017   

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C 239/36

1)

¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

24.7.2017   

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C 239/37

1)

¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

24.7.2017   

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C 239/37

1)

¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

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1)

¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

24.7.2017   

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C 239/39

1)

¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

24.7.2017   

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1)

¿La ausencia, debida a bajas por enfermedad, de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? (1) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿la ausencia espontánea de una parte relevante del personal asignado a la realización de los vuelos del transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo, debida a un paro laboral no legitimado por el Derecho laboral ni por los convenios colectivos («huelga salvaje»), constituye una circunstancia extraordinaria a los efectos del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004? En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿cuál debe ser la cuota de absentismo para que pueda apreciarse tal circunstancia?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿la circunstancia extraordinaria debe concurrir en el momento del propio vuelo cancelado, o el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo tiene derecho a elaborar un nuevo plan de vuelo por razones de economía empresarial?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la primera o a la segunda cuestión, ¿el carácter evitable se refiere a la circunstancia extraordinaria o a las consecuencias derivadas de que se haya producido la circunstancia extraordinaria?

24.7.2017   

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C 239/40

—

Que se declare, en virtud del artículo 258 TFUE, que Rumanía ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 14, letra b), en relación con el artículo 13, de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, al no haber cumplido, por lo que respecta a sesenta y ocho vertederos, la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para cerrar lo antes posible, de acuerdo con los artículos 7, letra g), y 13 de dicha Directiva, las instalaciones que no habían recibido una autorización para continuar sus actividades conforme a lo dispuesto en su artículo 8.

—

Que se condene en costas a Rumanía.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/41

—

Que se anulen los apartados 39 a 47 de la sentencia del Tribunal General de 22 de marzo de 2017 (asunto T-231/15), en los que se declara inadmisible la pretensión de anulación de la Decisión (PESC) 2016/850 del Consejo, de 27 de mayo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, (1) y del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/840 del Consejo, de 27 de mayo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, (2) así como sus puntos 1, 3, 4 y 5 del fallo.

—

Que, en consecuencia, se ordene la supresión del nombre del Sr. George Haswani de los anexos adjuntos a los citados actos.

—

Que, avocando la resolución del asunto, se anule la Decisión 2015/1836 (3) y el Reglamento 2015/1828. (4)

—

Que, avocando la resolución del asunto, se condene al Consejo al pago de 700 000 euros en concepto de indemnización por todos los daños y perjuicios sufridos.

—

Que se anulen los puntos 4 y 5 del fallo y los apartados 91 a 93 de la sentencia recurrida, por cuanto se condena al Sr. George Haswani a cargar, además de con sus propias costas, con dos terceras partes de las costas en que haya incurrido el Consejo.

—

Que se condene al Consejo a cargar con la totalidad de las costas, conforme al artículo 184, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/43

1)

Anular el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 626/2012 del Consejo, de 26 de junio de 2012, que modifica el Reglamento (UE) n.o 349/2012 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de ácido tartárico originario de la República Popular China, en la medida en que se aplica a Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.

2)

El Consejo de la Unión Europea cargará con la mitad de las costas de Changmao Biochemical Engineering, así como con sus propias costas.

3)

Changmao Biochemical Engineering cargará con la mitad de sus propias costas.

4)

La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

5)

Distillerie Bonollo SpA, Industria Chimica Valenzana SpA, Distillerie Mazzari SpA, Caviro Distillerie Srl y Comercial Química Sarasa, S.L., cargarán con sus propias costas.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/44

1)

Desestimar el recurso.

2)

Groupe Léa Nature SA cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y de la coadyuvante ante los Tribunales General y de Justicia.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/44

1)

Condenar a la Unión Europea, representada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a pagar una indemnización de 654 523,43 euros a Guardian Europe Sarl, por el perjuicio material sufrido por esta sociedad debido a la inobservancia del plazo razonable de enjuiciamiento en el asunto que dio lugar a la sentencia de 27 de septiembre de 2012, Guardian Industries y Guardian Europe/Comisión (T 82/08, EU:T:2012:494). Esta indemnización deberá reevaluarse añadiéndosele intereses compensatorios, a partir del 27 de julio de 2010 hasta la fecha de la presente sentencia, al tipo equivalente a la tasa de inflación anual declarada para dicho período por Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea) en el Estado miembro en el que se encuentra domiciliada dicha sociedad.

2)

Se añadirán a la indemnización contemplada en el punto 1 intereses de demora, desde la fecha de la presente sentencia hasta la de su pago íntegro, al tipo fijado por el Banco Central Europeo (BCE) para sus operaciones principales de refinanciación, incrementado en dos puntos porcentuales.

3)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

4)

Guardian Europe cargará con las costas de la Unión, representada por la Comisión Europea.

5)

Guardian Europe, por una parte, y la Unión, representada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por otra parte, cargarán con sus propias costas.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/45

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a las Sras. Jožica Blaž Jamnik y Brina Blaž.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/46

1)

Desestimar el recurso.

2)

AWG Allgemeine Warenvertriebs GmbH cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/46

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Kaane American International Tobacco Company FZE.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/47

—

Dicte una sentencia de revocación de la decisión de la EUIPO de fecha 10 de febrero de 2017, resolviendo en el asunto R 1308/2016-4 por la que se concede parcialmente la solicitud de marca de la Unión Europea no 12929071 «MEMORAME» y, en consecuencia, proceda a la denegación total de la solicitud de marca de la Unión Europea no 12929071 «MEMORAME».

—

Dicte en una sentencia la condena al demandado al pago de los gastos incurridos por la recurrente de acuerdo con los artículos 87.2 y 3 del Reglamento.

—

Infracción de los artículos 8(1)(b) y 8(5) del Reglamento no 207/2009.

—

La demandante subraya que la Sala de recurso de la demandada no ha tomado debidamente en consideración que la marca oponente «MEMORA» goza de un especial grado de notoriedad en el territorio de la Unión Europea.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/47

—

Anule con efectos inmediatos el elemento que figura con el código 2015-CZ-TM-0330-M, titulado «Terminal de contenedores multimodal Paskov, fase III» y el elemento que figura con el código 2015-CZ-TM-0406-W, titulado «Terminal intermodal Melnik, fases 2 y 3», en la lista del anexo de la Decisión de Ejecución de la Comisión de 5 de agosto de 2016, por la que se establece la lista de propuestas seleccionadas para recibir asistencia financiera de la Unión Europea en el ámbito del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) — Sector del transporte, tras las convocatorias de propuestas iniciadas el 5 de noviembre de 2015 basadas en el Programa de Trabajo Plurianual.

—

Anule el acuerdo de subvención en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) — Sector del transporte n.o INEA/CEF/TRAN/M2015/1133813 celebrado entre la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) y Advanced World Transport a.s. (AWT) (relativo al proyecto 2015-CZ-TM-0330-M titulado «Terminal de contenedores multimodal Paskov»), o, con carácter subsidiario, declare su nulidad u ordene a INEA que ponga fin a dicho acuerdo de subvención relativo a Paskov.

—

Anule el acuerdo de subvención en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) — Sector del transporte n.o INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714 celebrado entre la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) y České přístavy, a.s. (Puertos checos) (relativo al proyecto 2015-CZ-TM-0406-W titulado «Terminal intermodal Melnik, fases 2 y 3»), o, con carácter subsidiario, declare su nulidad u ordene a INEA que ponga fin a dicho acuerdo de subvención relativo a Melnik.

—

Condene a INEA y a la Comisión a cargar solidariamente con las costas de la demandante correspondientes al procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en la alegación de que la medida impugnada vulnera principios fundamentales de los Tratados de la Unión relativos a la protección de la libertad de mercado y competencia en el mercado interior.

2.

Segundo motivo, basado en la alegación de que la medida impugnada infringe el artículo 93 TFUE y otros artículos de dicho Tratado (artículos 3, 26, 93, 107, 119, 170, apartado 2, y 171, apartado 1, el Protocolo n.o 8 y su artículo 1, y el Protocolo n.o 27).

3.

Tercer motivo, basado en la alegación de que la medida impugnada infringe el Reglamento (UE) n.o 1316/2013 y el Reglamento (UE) n.o 1315/2013 y normativa complementaria.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/48

—

Anule la decisión implícita de EIGE de 26 de agosto de 2016, denegatoria de la solicitud presentada por el demandante el 26 de abril de 2016 para una segunda renovación de su contrato de trabajo.

—

Anule asimismo, en la medida en que resulte necesario, la decisión de EIGE de 20 de enero de 2017, notificada al demandante el 23 de enero de 2017, por la que se desestima la reclamación interpuesta por el demandante el 3 de octubre de 2016 contra la decisión implícita de EIGE.

—

[Ordene que se] indemnice al demandante por los daños materiales e inmateriales sufridos.

—

[Ordene que se] proceda al reembolso de todas las costas generadas por el presente recurso.

1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento del deber de motivación y en la vulneración del principio de buena administración.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8 del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea y de la Decisión n.o 82 de EIGE, de 28 de julio de 2014, relativa al procedimiento de renovación/no renovación contractual aplicable a los agentes temporales y contractuales (en lo sucesivo, «Decisión n.o 82»).

3.

Tercer motivo, basado en la existencia de vicios de procedimiento, incluidas la infracción de las normas de procedimiento interno establecidas en la Decisión n.o 82 y la vulneración de los derechos de defensa, del derecho a ser oído, del principio de buena administración y del deber de diligencia.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/49

—

Anule la decisión impugnada de 30 de junio de 2016, por la que se deniega la solicitud de asistencia de la demandante, así como, en la medida en que resulte necesario, la decisión por la que se desestima la reclamación.

—

Condene a la demandada a abonar a la demandante una cantidad de 10 000 EUR, u otra cantidad que el Tribunal considere apropiada, en concepto de indemnización por el daño inmaterial sufrido, más los correspondientes intereses legales hasta que se efectúe el pago completo.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 24 del Estatuto y del deber de asistencia

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/50

—

Con carácter principal, anule parcialmente la Decisión de la Comisión Europea de 2 de febrero de 2017 relativa a los regímenes de ayudas SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) aplicados por Francia a favor de las empresas de transporte en autobús en la región de Île-de-France, en la medida en que dicha Decisión declara en su artículo 1 que el régimen de ayudas se aplicó «ilegalmente», mientras que se trataba de un régimen de ayudas existente.

—

Con carácter subsidiario, anule parcialmente la Decisión de la Comisión Europea de 2 de febrero de 2017 relativa a los regímenes de ayudas SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) aplicados por Francia a favor de las empresas de transporte en autobús en la región de Île-de-France, en la medida en que dicha Decisión declara en su artículo 1 que el régimen de ayudas se aplicó ilegalmente durante el período anterior al 25 de noviembre de 1998.

—

Condene a la Comisión Europea a cargar con la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo, alegado con carácter principal y basado en el hecho de que el régimen de ayudas regional controvertido no se aplicó ilegalmente, dado que no estaba sometido a la obligación de notificación previa. En efecto, se trataba de un régimen de ayudas existente a efectos del artículo 108 TFUE, apartado 1, y de lo dispuesto en el artículo 1, letra b), y en el capítulo VI del Reglamento (UE) n.o 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015, L 248, p. 9). Según la normativa que regula los regímenes de ayudas existentes, su aplicación no es ilegal y la Comisión únicamente puede prescribir, en su caso, medidas apropiadas con el fin de que dichos regímenes evolucionen o desaparezcan en el futuro.

2.

Segundo motivo, alegado con carácter subsidiario y basado en el hecho de que, aun suponiendo que el régimen de ayudas controvertido no constituyera un régimen de ayudas existente, la Comisión no hubiera debido remontar su examen más allá de los diez años anteriores al 25 de noviembre de 2008, fecha en que la Comisión remitió a las autoridades francesas una solicitud de información. En efecto, el artículo 17 del Reglamento n.o 2015/1589 establece que el plazo de prescripción de diez años sólo se interrumpe mediante una acción emprendida por la Comisión o por un Estado miembro a petición de la Comisión. Por consiguiente, las partes demandantes consideran que la Comisión sólo podía remontar su examen hasta el 25 de noviembre de 1998.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/51

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la recurrida y a la otra parte en el procedimiento ante el Tribunal General y la Sala de Recurso.

—

Infracción de los artículos 62 y 63 del Reglamento n.o 6/2002.

—

Infracción del artículo 25, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.o 6/2002.

—

Infracción del artículo 3, letra a), del Reglamento n.o 6/2002.

—

Infracción del artículo 4, apartado 1, del Reglamento n.o 6/2002.

—

Infracción de los artículos 5 y 6 del Reglamento n.o 6/2002.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/51

—

Con carácter principal, anule íntegramente la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías), habida cuenta de la vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad y de igualdad de trato (primer motivo) y de la falta de competencia sobre el transporte aéreo desde los aeropuertos situados fuera del EEE a los aeropuertos del EEE (segundo motivo).

—

Con carácter subsidiario, anule el artículo 1, apartados 2, letra d), y 3, letra d), de la Decisión impugnada, en la medida en que en esas disposiciones se afirma que la demandante ha incurrido en infracción en relación con el transporte aéreo desde los aeropuertos situados fuera del EEE a los aeropuertos del EEE (segundo motivo).

—

Anule el artículo 1, apartados 1, letra d), 2, letra d), 3, letra d), y 4, letra d), de la Decisión impugnada, en la medida en que en esas disposiciones se afirma que la infracción única y continuada incluyó la decisión de no pagar comisiones por los recargos (tercer motivo).

—

Condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento en el caso de que el Tribunal anule la decisión impugnada en todo o en parte.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad y de igualdad de trato

2.

Segundo motivo, basado en la falta de competencia sobre el transporte aéreo de mercancías desde los aeropuertos situados fuera del EEE a los aeropuertos del EEE

3.

Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la comisión de un error manifiesto de apreciación, por haberse considerado que la decisión de no pagar comisiones por los recargos constituye un elemento separado de la infracción

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/53

—

Anule total o parcialmente la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías).

—

Con carácter subsidiario, reduzca la multa impuesta a las demandantes.

—

Adopte las diligencias de ordenación del procedimiento o diligencias de instrucción solicitadas o adopte cualquier otra diligencia que el Tribunal General considere necesaria.

—

Condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración de los derechos de defensa de las demandantes y del principio de igualdad de armas, al denegar a las demandantes el acceso a pruebas relevantes, tanto inculpatorias como exculpatorias, que la Comisión recibió con posterioridad a la notificación de su pliego de cargos.

2.

Segundo motivo, en el que alegan incompetencia puesto que la decisión aplica los artículos 101 TFUE y 53 del Acuerdo EEE a los servicios de fletes aéreos dentro del Espacio EEE, así como a rutas entre Suiza y los tres Estados miembros del EEE que no son miembros de la Unión Europea.

3.

Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación de las pruebas por parte de la Comisión y en su conclusión de que queda probada la participación de las demandantes en un incumplimiento global, único y continuado o su conocimiento del mismo.

4.

Cuarto motivo, basado en un incumplimiento del artículo 266 TFUE, del artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales y del artículo 296 TFUE, apartado 2, en la medida en que la Decisión impugnada es inconsistente en sí misma, en particular, en lo que respecta a la atribución de la responsabilidad de la infracción alegada.

5.

Quinto motivo, basado en que la Comisión incurrió en error al imponer cualquier multa a las demandantes, puesto que no pueden ser responsables de la infracción alegada y, en cualquier caso, en que la Comisión incurrió en error al calcular la multa, en lo que respecta a los valores de ventas, el grado de gravedad relacionado con la situación particular de SAS Cargo, la duración, el incremento por reincidencia y las diferentes circunstancias atenuantes. Por lo tanto, debe anularse la multa o, con carácter subsidiario, reducirse significativamente.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/53

—

Con carácter principal, anule íntegramente la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías), habida cuenta de la vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad y de igualdad de trato (primer motivo); de la falta de competencia sobre el transporte aéreo desde los aeropuertos situados fuera del EEE a los aeropuertos del EEE (segundo motivo), y de la vulneración del artículo 49 de la Carta de los derechos Fundamentales de la Unión Europea, del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE, del artículo 8 de Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo y de las Directrices para el cálculo de las multas (1) (cuarto motivo).

—

Con carácter subsidiario, anule el artículo 1, apartados 2, letra d), y 3, letra d), de la Decisión impugnada, en la medida en que en esas disposiciones se afirma que la demandante ha incurrido en infracción en relación con el transporte aéreo desde los aeropuertos situados fuera del EEE a los aeropuertos del EEE (segundo motivo).

—

Anule el artículo 1, apartados 1, letra d), 2, letra d), 3, letra d), y 4, letra d), de la Decisión impugnada, en la medida en que en esas disposiciones se afirma que la infracción única y continuada incluyó la decisión de no pagar comisiones por los recargos (tercer motivo).

—

Con carácter alternativo, en el caso de que el Tribunal no anule íntegramente la Decisión impugnada de conformidad con lo expuesto en los motivos primero, segundo y cuarto, haga uso de su competencia jurisdiccional plena para reducir la multa impuesta a la demandante en el artículo 3, letras c) y d), de la Decisión impugnada (motivos primero, segundo, tercero y cuarto).

—

Condene a la Comisión a cargar con las costas del presente procedimiento en el caso de que el Tribunal anule la Decisión impugnada en todo o en parte o reduzca la multa.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad y de igualdad de trato

2.

Segundo motivo, basado en la falta de competencia sobre el transporte aéreo de mercancías desde los aeropuertos situados fuera del EEE a los aeropuertos del EEE

3.

Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación y en la comisión de un error manifiesto de apreciación, por haberse considerado que la decisión de no pagar comisiones por los recargos constituye un elemento separado de la infracción

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de legalidad y de proporcionalidad de las multas, previsto en el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 101 TFUE y en las Directrices para el cálculo de las multas, y en la manifiesta inadecuación de la multa

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/55

—

Anule total o parcialmente la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías).

—

Anule la multa o, con carácter subsidiario, reduzca sustancialmente su importe.

—

Condene en costas a la Comisión Europea.

1.

Primer motivo, basado en una vulneración de los derechos de defensa, del derecho a ser oído y de requisitos esenciales del procedimiento.

La demandante alega que la Comisión Europea no comunicó en el pliego de cargos la teoría de todo el caso, tal como se expresó por primera vez en la Decisión impugnada, impidiendo a la demandante defenderse contra los cargos, siendo esto motivo suficiente para anular íntegramente la Decisión impugnada.

2.

Segundo motivo, basado en una vulneración de los derechos de defensa, del derecho a ser oído y de requisitos esenciales del procedimiento.

Según la demandante, la Comisión Europea violó los derechos de defensa de la demandante, al omitir (i) facilitar motivación o motivación adecuada para fundamentar la declaración relativa a la existencia de una infracción única y continuada en todas las rutas; (ii) definir la naturaleza y el alcance de la(s) infracción(es) alegada(s) con el detalle que requiere la ley; (iii) corregir la contradicción inherente entre una infracción única y continuada y cuatro infracciones distintas que condujeron a la anulación de la Decisión C(2010) 7694 final de 9 de noviembre de 2010, siendo éstos motivos suficientes para anular íntegramente la Decisión.

3.

Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación y en un error manifiesto de Derecho en relación con la imposibilidad de que compañías aéreas extracomunitarias no pertenecientes a Estados del EEE operen en rutas intraeuropeas.

La demandante alega que la Comisión Europea: i) dedujo erróneamente del artículo 1, apartados 1 y 4, de la Decisión impugnada que la demandante había participado en una o varias infracciones en rutas dentro del EEE y entre aeropuertos sitos dentro de la UE y aeropuertos de Suiza, rutas en las que no podía legalmente ofrecer servicios de transporte aéreo; ii) no tuvo en cuenta o malinterpretó el régimen internacional y el régimen de la Unión Europea por los que se rigen los derechos de tráfico aéreo; iii) aplicó erróneamente la jurisprudencia pertinente, al declarar que no existían «barreras insuperables» para la demandante que ofrece servicios en rutas intraeuropeas y, por lo tanto, identificó a la demandante como posible competidor en dichas rutas. Según la demandante, todo esto supone errores manifiestos de apreciación y manifiestos errores de Derecho y, por sí solos o en conjunto, constituyen motivo suficiente para la anulación íntegra de la Decisión impugnada o, con carácter subsidiario, del artículo 1, apartados 1 y 4, de dicha Decisión.

4.

Cuarto motivo, basado en un error de Derecho y de hecho en lo que respecta a la competencia jurisdiccional.

La demandante pone de relieve que la Decisión impugnada adolece de errores manifiestos de Derecho y de hecho en relación con i) la fundamentación errónea en actos totalmente legales en rutas de terceros países para demostrar o constituir una infracción en rutas intraeuropeas cuya infracción es imposible de cometer (motivos para anular la Decisión impugnada en su totalidad); ii) la afirmación errónea de la competencia jurisdiccional para conocer de la supuesta práctica colusoria en el tráfico «intraeuropeo» en rutas de terceros países (motivo para anular la Decisión impugnada en su totalidad o, con carácter subsidiario, del artículo 1, apartados 2 y 3).

5.

Quinto motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en relación con las pruebas inculpatorias presentadas contra la demandante.

La demandante señala que la Comisión Europea: i) incurrió en error al aplicar el Derecho en relación con la infracción única y continuada en lo que respecta a las pruebas; ii) no estableció una base probatoria fiable, ni probó los hechos imputados a la demandante de conformidad con el nivel legal requerido; y iii) incurrió en error al negarse a aceptar la retirada por parte de la demandante de su solicitud de clemencia errónea y no consideró el efecto de dicha retirada sobre las pruebas inculpatorias contra la demandante, siendo esto motivo suficientes para anular la Decisión impugnada en su totalidad.

6.

Sexto motivo, basado en que de conformidad con los motivos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, la demandante solicita al Tribunal que cancele la multa impuesta en el artículo 3 o, con carácter subsidiario, la reduzca considerablemente de conformidad con su competencia jurisdiccional plena derivada del artículo 261 TFUE, del artículo 31 del Reglamento n.o 1/2003 y de reiterada jurisprudencia.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/56

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/57

—

En el supuesto de que el Tribunal estime los motivos primero, segundo, tercero o cuarto, anule en su totalidad el artículo 1, apartados 1 a 4, de la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías), en la medida en que se aplica a Cargolux.

—

En el supuesto de que el Tribunal estime el quinto motivo:

—

En el supuesto de que el Tribunal estime el sexto motivo, anule el artículo 1, apartados 2 y 3, de la Decisión impugnada en la medida en que da a entender que Cargolux participó en cualquier infracción relativa a las rutas aéreas de entrada (es decir, desde cualquier aeropuerto de un tercer país a aeropuertos situados en la EU o en Islandia y Noruega).

—

Anule la multa impuesta a Cargolux en el artículo 3 y, en el supuesto de que el Tribunal no anule la multa en su totalidad, la reduzca sustancialmente en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena.

—

Adopte en consecuencia las medidas necesarias en relación con el artículo 4 en la medida en que se aplica a Cargolux.

—

Condene a la Comisión a cargar con las costas de Cargolux.

1.

Primer motivo, en el que se alega un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión actuó ultra vires al basarse en pruebas relativas a rutas aéreas y a periodos para los que no era competente.

2.

Segundo motivo, en el que se alegan vicios sustanciales de procedimiento, violación del derecho de defensa y error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión incumplió requisitos esenciales del procedimiento y violó el derecho de defensa de la demandante al no formular un nuevo pliego de cargos antes de adoptar de nuevo la Decisión.

3.

Tercer motivo, en el que se alega un error de Derecho y un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión no llevó a cabo una valoración adecuada del contexto económico y jurídico a fin de concluir válidamente que existía un comportamiento constitutivo de infracción en razón de su objeto.

4.

Cuarto motivo, en el que se alegan vicios sustanciales de procedimiento, defecto de motivación, violación del derecho de defensa y error manifiesto de apreciación tanto de hecho como de Derecho en la medida en que la Comisión no identificó con suficiente precisión el alcance y los parámetros de la supuesta infracción del artículo 101 TFUE y de otras disposiciones pertinentes.

5.

Quinto motivo, en el que se alega un error manifiesto de apreciación en la medida en que la Comisión no logró establecer una base probatoria fiable para sus conclusiones ni probar los hechos en que basaba sus conclusiones con arreglo a los criterios legalmente exigibles.

6.

Sexto motivo, en el que se alega un error de Derecho en la medida en que la Comisión reivindicó erróneamente su competencia sobre una supuesta coordinación anticompetitiva en relación con los vuelos desde aeropuertos de terceros países a aeropuertos del EEE, incurriendo así en un error de Derecho, ya que tales actividades quedan fuera del ámbito territorial de aplicación del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE.

7.

Séptimo motivo, relativo a la pretensión de una revisión de la multa en virtud de la competencia jurisdiccional plena del Tribunal, en el que se alega un error manifiesto de apreciación y una violación del principio de proporcionalidad.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/59

—

Anule la Decisión de la Comisión de 21 de marzo de 2017 (Ares(2017)1515573), con la cual se solicitó el reembolso de una parte de la ayuda financiera para el proyecto de ayuda Food Security promotion for very food insecure farming households in Zimbabwe (ECHO/ZWE/BUD/2009/02002) por un importe de 643 627,72 euros, así como la nota de adeudo relativa a la misma de 7 de abril de 2017 (N.o 3241705513), con la cual la demandada solicitaba el pago del primer plazo por un importe de 321 813,86 euros.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en que el comportamiento imputado por la demandada no constituye infracción alguna del Derecho sustantivo.

2.

Segundo motivo, basado en que no existen otros motivos para el reembolso.

3.

Tercer motivo (subsidiario), basado en el no uso de la apreciación y discrecionalidad y en la falta de proporcionalidad.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/60

—

Anule la resolución impugnada.

—

Conceda la solicitud de marca de la Unión n.o 13521125 «SEVENOAK» para todos los productos incluidos en la solicitud.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/60

—

Anule en su integridad la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías), en la medida en que afecta a la sociedad demandante.

—

Con carácter alternativo, en el ejercicio de su competencia de plena jurisdicción, reduzca la cuantía de la multa impuesta a la demandante.

—

Condene en costas a la Comisión Europea.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión violó el principio non bis in idem e infringió el artículo 266 TFUE al declarar a la sociedad demandante responsable de aspectos de la infracción en relación con los cuales la propia Comisión, en la Decisión de 2010, había declarado exenta de responsabilidad a dicha sociedad y en que, en cualquier caso, no tuvo en cuenta el plazo de prescripción aplicable al imponer a la demandante una multa en relación con los mencionados aspectos y no acreditó ningún interés legítimo al declarar formalmente una infracción en relación con aquéllos.

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión violó el principio de no discriminación al adoptar la Decisión impugnada, en la medida en que la demandante se encuentra en una posición menos ventajosa que otros de los destinatarios de la Decisión de 2010 en relación con los cuales esta Decisión se convirtió en definitiva y vinculante.

3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 101 TFUE y el artículo 53 EEE, se extralimitó en el ejercicio de sus atribuciones y vulneró el derecho de defensa de la demandante al declarar a ésta responsable de una infracción en las rutas interiores del EEE y en las rutas UE-Suiza durante un período en el que dicha institución carecía de competencia para aplicar el artículo 101 TFUE y el artículo 53 EEE en relación con compañías aéreas que operaban exclusivamente en las rutas EEE-terceros países, y en que, por consiguiente, la conducta de la demandante en estas rutas era conforme a Derecho.

4.

Cuarto motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 101 TFUE y el artículo 53 EEE al declarar que la demandante había participado en una infracción única y continuada que incluía rutas en las que ésta no operaba y en relación con las cuales carecía de los derechos legales necesarios para ello.

5.

Quinto motivo, basado en que la Comisión infringió el artículo 101 TFUE y el artículo 53 EEE al atribuirse competencia sobre servicios de transporte aéreo de mercancías en rutas EEE-terceros países, en la medida en que tales servicios se venden a clientes radicados fuera del EEE.

6.

Sexto motivo, basado en que la Comisión vulneró el derecho de defensa de la demandante y violó los principios de no discriminación y de proporcionalidad al aplicar diferentes exigencias de prueba a las distintas compañías de transporte aéreo.

7.

Séptimo motivo, basado en que la Comisión infringió las Directrices sobre multas (1) y vulneró el principio de proporcionalidad al incluir en el valor de las ventas utilizado como base para calcular el importe de la multa ingresos obtenidos de componentes del precio por servicios de transporte aéreo de mercancías que no guardaban relación alguna con la infracción declarada en la Decisión impugnada.

8.

Octavo motivo, basado en que la Comisión infringió las Directrices sobre multas y vulneró el principio de confianza legítima al incluir en el valor de las ventas utilizado como base para calcular el importe de la multa ingresos obtenidos por servicios de transporte aéreo de mercancías en rutas de entrada entre los Estados del EEE y terceros países.

9.

Noveno motivo, basado en que la Comisión violó el principio de proporcionalidad al circunscribir al 15 % la reducción de la multa concedida a la demandante en virtud del marco normativo.

10.

Décimo motivo, basado en que la Comisión violó los principios de no discriminación y de proporcionalidad y vulneró asimismo el derecho de defensa de la demandante al no haber concedido a ésta una reducción del 10 % de la multa basándose en su limitada implicación en la infracción, siendo así que tal reducción sí fue concedida a otros destinatarios de la Decisión impugnada y de la Decisión de 2010 que se encontraban en una posición objetivamente similar a la de la demandante.

11.

Undécimo motivo, basado en que el Tribunal debería aplicar su competencia de plena jurisdicción y reducir significativamente la cuantía de la multa.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/62

—

Anule total o parcialmente la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías).

—

Con carácter adicional o alternativo, y en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, anule o reduzca el importe de la multa impuesta a la demandante en la Decisión impugnada.

—

Condene a la Comisión a cargar con las costas de la demandante en el presente procedimiento.

1.

Primer motivo, por el que se alega que la Comisión incurrió en error de Derecho o incumplió requisitos esenciales de forma, al adoptar una decisión de declaración de infracción que se basa en dos apreciaciones contradictorias de los hechos y disposiciones pertinentes, que, en consecuencia, es incoherente e incompatible con el principio de seguridad jurídica y que puede dar lugar a confusión en el ordenamiento jurídico de la Unión.

2.

Segundo motivo, por el que se alega que la Comisión incumplió la obligación que le incumbe en virtud del artículo 266 TFUE, en la medida en que, con la adopción de una nueva decisión lesiva para la demandante, optó por una medida que pretende atajar los errores señalados por el Tribunal en la sentencia T-48/11, pero que, más que solventarlos, los agrava.

3.

Tercer motivo, por el que se alega que la Comisión incurrió en error de Derecho o incumplió requisitos esenciales de forma, al no haber motivado adecuadamente la multa impuesta a la demandante. Conforme a lo señalado por ésta, la imposición de la multa se basa en apreciaciones sobre la infracción que no se formulan en la medida en cuestión y que contradicen las contenidas en dicha medida. Con carácter adicional o alternativo, la demandante alega que el enfoque adoptado por la Comisión a este respecto queda fuera de su ámbito competencial.

4.

Cuarto motivo, por el que se alega que la Comisión carecía de competencia para aplicar el artículo 101 TFUE o el artículo 53 del Acuerdo EEE a las supuestas restricciones de la competencia relativas a la prestación de servicios de transporte aéreo de mercancías en las rutas de entrada a la UE o al EEE. Asimismo, la demandante alega que tales restricciones son ajenas al ámbito de aplicación territorial del artículo 101 TFUE y del artículo 53 EEE.

5.

Quinto motivo, por el que se alega que la Comisión incurrió en error al aplicar el artículo 101 TFUE o el artículo 53 del Acuerdo EEE a la coordinación sobre los recargos por los servicios de transporte aéreo de mercancías con destino o con procedencia en determinados países, habida cuenta de los regímenes reguladores aplicables y de sus efectos prácticos, y que la reducción de la multa adoptada a este respecto fue arbitraria e inadecuada. Asimismo, la demandante alega que, en cualquier caso, el razonamiento de la Comisión con respecto a determinados países es manifiestamente inapropiado.

6.

Sexto motivo, por el que se alega que la Comisión incurrió en error al concluir que la demandante había participado en una infracción relativa a la decisión de no pagar comisiones por los recargos.

7.

Séptimo motivo, por el que se alega que la Comisión incurrió en error al determinar el «valor de las ventas» para el cálculo de las multas en la Decisión impugnada. En opinión de la demandante, debería haber determinado que sólo los ingresos relacionados con los recargos eran pertinentes y debería haber excluido el volumen de negocios relativo a los servicios de entrada en la UE o el EEE.

8.

Octavo motivo, por el que se alega que la Comisión incurrió en error al concluir que la demandante era la novena empresa en presentar una solicitud en virtud de la Comunicación sobre clemencia y, por consiguiente, sólo tenía derecho a una reducción del 10 % de la multa, pese a que, en realidad, la demandante fue la primera en presentar una solicitud de ese tipo después del solicitante de dispensa y en aportar un valor añadido significativo.

9.

Noveno motivo, por el que se alega que la Comisión incurrió en error de apreciación acerca de la fecha de inicio de la infracción de la demandante. En opinión de ésta, la fecha de inicio pertinente no va más allá de octubre de 2001 y las pruebas presentadas para acreditar otra fecha anterior no cumplen con los mínimos legales.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/63

—

Anule el artículo 1 de la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías).

—

Condene a la Comisión a cargar con las costas, incluidas las de los demandantes.

1.

Primer motivo, basado en que la Decisión impugnada adolece de una deficiencia de motivación, por no expresar sin ambigüedad el alcance geográfico de la infracción en la parte dispositiva y la motivación.

2.

Segundo motivo, basado en que la decisión impugnada infringe el artículo 11 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, al estar basada en contactos entre competidores que tuvieron lugar en Suiza y se referían, sobre todo, al transporte aéreo de mercancías entre Suiza y países terceros.

3.

Tercer motivo, basado en que la decisión impugnada vulnera el principio de irretroactividad en la aplicación de las leyes, al basarse en contactos que se referían únicamente a rutas fuera del EEE que tuvieron lugar antes de la entrada en vigor del Reglamento n.o 1/2003. (1)

4.

Cuarto motivo, basado en que la decisión impugnada infringe el artículo 101 TFUE, el 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, al declarar, sin hacer hecho un análisis adecuado, que contactos que tenían lugar fuera del EEE, contactos relativos a la WOW alliance (alianza entre Japan Airlines Cargo, Lufthansa Cargo, SAS Cargo y Singapore Airlines Cargo) y contactos que atañen a comisiones relativas a los sobreprecios, formaban parte de la misma infracción única y continuada que los contactos entre competidores que se produjeron a nivel de las centrales de dirección.

5.

Quinto motivo, basado en que la decisión impugnada infringe el artículo 101 TFUE y el artículo 53 del Acuerdo EEE en la medida en que se basa en la idea de que contactos entre competidores que se producen fuera del EEE constituyen infracciones del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE. Según las demandantes, los acuerdos o prácticas concertadas con respecto a transportes de mercancías dentro del EEE no restringen la competencia dentro del EEE, ni afectan al comercio entre Estados miembros. Además, las demandantes alegan que la Decisión impugnada aplica un criterio jurídico erróneo al analizar si una intervención pública en determinados países impide aplicar el artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/64

—

Anule cada una de las declaraciones de infracción establecidas en el artículo 1, apartados 1 a 4, de la Decisión C(2017) 1742 final de la Comisión, de 17 de marzo de 2017, relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 TFUE, el artículo 53 del Acuerdo EEE y el artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo (Asunto AT.39258 — Transporte aéreo de mercancías), en la medida en que afectan a la demandante.

—

Anule el artículo 3 de la Decisión impugnada en la medida en que impone a la demandante una multa de 57 120 000 euros o, con carácter subsidiario, reduzca el importe de dicha multa.

—

Condene a la Comisión Europea a cargar con las costas de la demandante.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho y/o en un error de hecho y/o no probó suficientemente en Derecho sus conclusiones al incluir a la demandante en los apartados 1 a 4 de la parte dispositiva de la Decisión impugnada y al declarar que la demandante participó en la supuesta infracción única y continuada.

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión, al adoptar en contra de la demandante una segunda decisión que le imputa un nuevo comportamiento infractor, ha violado el artículo 25 del Reglamento 1/2003 así como los principios de seguridad jurídica, de justicia y de buena administración de la justicia.

3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión no probó suficientemente en Derecho que la demandante sea responsable de haber participado en la supuesta infracción única y continuada.

4.

Cuarto motivo, basado en que la Comisión no motivó suficientemente su conclusión de que la demandante participó en la supuesta infracción única y continuada.

5.

Quinto motivo, basado en que la Comisión incurrió en error al apoyarse en las actividades de la demandante en jurisdicciones reguladas de terceros países como prueba de la participación en la infracción única y continuada y no motivó este modo de proceder.

6.

Sexto motivo, basado en que la Comisión carece de competencia para aplicar el artículo 101 TFUE a un comportamiento relativo a los vuelos entrantes, esto es, a los servicios de transporte aéreo procedentes de países terceros y destinados a Europa.

7.

Séptimo motivo, basado en que la Comisión incurrió en un error de Derecho al calcular la multa impuesta a la demandante.

24.7.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 239/65