9.6.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/1

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la Comunicación de la Comisión Europea de 25 de octubre de 2016 sobre su programa de trabajo para 2017;

—

su Resolución de 4 de junio de 2015 sobre sus prioridades para el período 2015-2020 y su Resolución de 15 de junio de 2016 sobre la contribución al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2017;

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el Protocolo de Cooperación con la Comisión Europea de febrero de 2012;

1.

observa con preocupación que, 60 años tras su fundación, la Unión Europea está inmersa en una profunda crisis en la que persiste el bajo nivel de confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo y que necesita llevar a cabo reformas; al mismo tiempo subraya que, año tras año, los ciudadanos de la UE consideran que el nivel local y el nivel regional son los niveles de gobernanza de la UE más fiables de todos los que existen. Por consiguiente, el CDR está entablando diálogos con los ciudadanos, que cuentan con la participación activa de los líderes locales y regionales, sobre temas que abordan las necesidades y características locales y, por ello, contribuyen a la reflexión sobre Europa;

2.

coincide con la Comisión en que los retos que tiene ante sí la UE son:

3.

si bien comparte la convicción de la Comisión de que estos retos requieren un enfoque de gobernanza multinivel de abajo arriba encabezado por los ciudadanos, destaca que la acción de la UE debe centrarse en capacitar a los ciudadanos;

4.

subraya la necesidad de involucrar a los entes locales y regionales en la preparación del Libro Blanco sobre el futuro de Europa y pide a la Comisión que tenga en cuenta los dictámenes del CDR sobre este tema e involucre al CDR en el proceso de consulta;

5.

lamenta que el programa de trabajo preste escasa atención al papel esencial que desempeñan los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para llegar a todos los ciudadanos y regiones de Europa, reforzar la cohesión, fomentar la innovación y expresar una verdadera solidaridad europea para el desarrollo armonioso de la UE en su conjunto. Pide a la Comisión que prepare el futuro de la política de cohesión después de 2020, puesto que se trata de la principal política de inversión de la UE y debe fundamentarse en un enfoque de base local y una actualización de la visión territorial; paralelamente, el CDR anima a la Comisión a que continúe sus esfuerzos por mejorar y simplificar los procedimientos de los Fondos EIE a fin de reducir la burocracia y contribuir a aumentar la absorción;

6.

reitera la petición de que el gasto público realizado por los Estados miembros y los entes locales y nacionales en el marco de la cofinanciación de los Fondos EIE no se incluya en los gastos estructurales, según se definen en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que estas inversiones contribuyen a las prioridades europeas y tienen un efecto multiplicador ulterior en el crecimiento económico europeo;

7.

acoge con satisfacción la propuesta de ampliación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), tanto en términos de duración como de capacidad financiera, pero señala que este anuncio se ha hecho sin una completa evaluación de impacto ni una evaluación independiente previa a la propuesta de la Comisión; subraya la necesidad de seguir desarrollando las sinergias entre el FEIE y otros Fondos de la UE, en particular los Fondos EIE, y continuar simplificando los procedimientos para reducir la burocracia y contribuir a incrementar la absorción de los Fondos de la UE; pide a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones que intensifiquen su labor de concienciación sobre el terreno a fin de abordar los desequilibrios geográficos del FEIE, de permitir la máxima integración y sinergia de las inversiones en la perspectiva de una programación uniforme de las intervenciones derivadas de la política de cohesión y hacer accesible al público información más detallada sobre los proyectos realizados en el marco del FEIE, destacando en particular su adicionalidad;

8.

se compromete a contribuir, en una fase temprana, al debate sobre la propuesta para el futuro marco financiero plurianual posterior a 2020, incluida la reforma de los recursos propios;

9.

pide que se adopte rápidamente el «Reglamento Ómnibus» con el fin de reforzar el impacto y garantizar una mejor utilización de los programas de los Fondos EIE que ya están incluidos en el actual período de programación;

10.

destaca la necesidad de hacer un seguimiento de la aplicación de la Agenda Urbana de la UE y subraya la importancia de integrar la dimensión urbana en el resto de las políticas de la UE; a este respecto, reitera su petición de elaborar un Libro Blanco sobre la Agenda Urbana de la UE;

11.

reitera su llamamiento de establecer una agenda europea de la vivienda, que abordaría de una manera horizontal el planteamiento hasta ahora fragmentado de la vivienda a través de políticas sectoriales como la Agenda Urbana, el desarrollo sostenible, la política de cohesión, la política de competencia o las iniciativas sociales, como el Pilar europeo de los derechos sociales;

12.

destaca la necesidad de que se cree un código de conducta para la participación de los entes locales y regionales en el Semestre Europeo de 2017 y pide que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento se complemente con un análisis territorial, que debe contar con un capítulo territorial específico en los informes por país; asimismo, destaca la necesidad de que se establezcan directrices para los Estados miembros sobre la participación de los entes locales y regionales en los programas nacionales de reforma;

13.

apoya que la Comisión siga centrándose en las inversiones, en particular mediante la adopción de medidas destinadas a aumentar la inversión en el Semestre Europeo; a este respecto, recuerda la Declaración de Bratislava «Invertir y Conectar» del Comité, que pone de relieve que el crecimiento local y regional impulsado por la inversión debe basarse en las estrategias de desarrollo territorial, y subraya la importancia de garantizar que los presupuestos públicos en apoyo de las inversiones de calidad actúen en sinergia con otras fuentes de financiación a escala regional, local, nacional y europea;

14.

acoge con satisfacción la intención de la Comisión de seguir trabajando para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hace hincapié en que Europa necesita una estrategia a largo plazo para garantizar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que proporcione orientación al Semestre Europeo; tal estrategia debe basarse en la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020;

15.

acoge favorablemente que la Comisión se centre en el desempleo juvenil reforzando la Garantía Juvenil de la UE y la Iniciativa de Empleo Juvenil y poniendo en marcha un Cuerpo Europeo de Solidaridad, iniciativas que deberían beneficiarse de la participación temprana, proactiva y clara de los entes regionales y locales, las organizaciones juveniles y la sociedad civil en general;

16.

lamenta la falta de iniciativas para hacer frente al desempleo de larga duración y, en particular, para considerar la adopción de algún tipo de seguro de desempleo europeo que complemente los sistemas nacionales en caso de grave recesión cíclica y contribuya a evitar que un choque asimétrico se convierta en una desventaja estructural para toda Europa;

17.

pide que los puntos fuertes y los retos de los entes locales y regionales (incluidas las necesidades divergentes de los mercados del trabajo locales y regionales) se tomen en cuenta en la Nueva Agenda de Capacidades para Europa y espera poder trabajar sobre un marco de calidad para la formación de aprendices y sobre la propuesta de refuerzo de la movilidad para aprendices;

18.

espera la propuesta de la Comisión de abordar mejor los retos de la conciliación entre vida laboral y privada, en particular en relación con la participación de las mujeres en el mercado laboral;

19.

en el período previo al Año Europeo del Patrimonio Cultural de 2018 se propone centrarse en la cultura y el patrimonio cultural, así como en las relaciones culturales internacionales de la UE, que son componentes esenciales para reforzar la identidad europea y promover los valores europeos fundamentales, la integración social, la innovación, el diálogo intercultural y el turismo cultural e histórico;

20.

subraya la necesidad de considerar la revisión intermedia de Horizonte 2020 y la próxima consulta sobre el siguiente Programa Marco de Investigación e Innovación como un proceso orgánico que aborde la brecha en materia de innovación en Europa; anuncia que el CDR presentará a su debido tiempo una contribución a la revisión del plan de acción sobre bioeconomía prevista para 2017;

21.

toma nota de que el Libro Blanco sobre el futuro de Europa también incluirá propuestas sobre el futuro de la UEM y acogería con satisfacción que se llevaran a cabo reformas destinadas a consolidar la legitimidad democrática de la gobernanza de la UEM;

22.

destaca que, para mejorar la dimensión social de la UEM, es fundamental hacer frente a las disparidades regionales y sociales; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de proponer un pilar europeo de derechos sociales que establezca unos principios para una Unión Europea basada en la justicia social y el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

23.

acoge con satisfacción la propuesta de revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero insta a la Comisión a que tenga en cuenta la necesidad de hacer el Pacto más favorable al crecimiento, en particular en lo que se refiere a las inversiones que propician ese crecimiento; reitera su llamamiento en favor de una evaluación completa de las repercusiones territoriales de las normas estadísticas europeas sobre la inversión pública;

24.

acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de fomentar la eficiencia energética y las energías renovables en el marco de una política global de la Unión de la Energía, junto con unas sólidas normas de gobernanza, unas medidas adecuadas de apoyo a la innovación y una revisión del diseño del mercado de la electricidad y la mejora de la infraestructura energética con el fin de garantizar conexiones interregionales y transfronterizas y respaldar la descentralización de los sistemas energéticos sostenibles como paso hacia la instauración de un mercado interior flexible para la energía;

25.

recomienda específicamente que las políticas de la UE en el ámbito del diseño del mercado de la electricidad y de las energías renovables estén coordinadas y sean equilibradas, y que se preste la debida atención a los intereses regionales y locales, como el acceso a la red de distribución para pequeños proveedores de energía;

26.

apoya la aplicación del Acuerdo de París y señala que la necesidad de colmar la brecha entre los compromisos nacionales y los esfuerzos necesarios para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 oC requerirá que se integren los esfuerzos de las ciudades y regiones en los compromisos nacionales y que lleve a cabo una coordinación horizontal y vertical, también a escala de la UE y la CMNUCC. Por consiguiente, el CDR pide a la Comisión que apoye la solicitud del CDR de incluir este aspecto en los compromisos fijados a escala nacional a fin de mejorar la institucionalización de NAZCA y la labor de los paladines de la lucha contra el cambio climático en el seno de la Secretaría de la CMNUCC, y de facilitar la puesta en común de experiencias a escala local y regional. Asimismo, el CDR pide a la Comisión que fomente proyectos de investigación sobre ciudades, regiones y cambio climático para contribuir a los futuros trabajos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático;

27.

insta a la Comisión Europea a que trabaje con el CDR para desarrollar el concepto de contribuciones regional y localmente determinadas, a fin de fomentar la acción a nivel local y regional para conseguir los objetivos acordados en la COP21 en París;

28.

pide a la Comisión que actualice sus objetivos en materia de clima y energía para lograr, de aquí a 2030, una reducción del 50 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990, así como integrar las estrategias de adaptación en las políticas y la financiación a todos los niveles. La Comisión debe apoyar las iniciativas voluntarias que fomenten la transición hipocarbónica y resiliente en las ciudades y regiones. El informe de evaluación de la Comisión sobre la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE debe contener una aclaración sobre la capacitación de ciudades y regiones;

29.

anima a la Comisión a apoyar la aplicación de las estrategias de reducción del riesgo de catástrofes en ciudades y regiones, especialmente en las regiones transfronterizas, y garantizar que las inversiones de la UE respeten las normas de reducción del riesgo de catástrofes;

30.

acoge con satisfacción el lanzamiento de la Plataforma de la UE sobre pérdidas y desperdicio de alimentos y pide a la Comisión que adopte medidas en el ámbito del desperdicio de alimentos fijando un objetivo de reducción ambicioso; esto debería integrarse en una estrategia de sistemas alimentarios sostenibles en toda la UE que incluya la protección de la biodiversidad, el medio ambiente, la salud, el comercio, la ordenación de tierras y recursos y los valores sociales y culturales de los alimentos;

31.

pide a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones del CDR a la hora de aplicar el Plan de Acción para la Economía Circular y presente, a principios de 2017, la revisión prevista de la Directiva sobre el agua potable, la propuesta de Reglamento sobre requisitos mínimos de calidad del agua reutilizada y la estrategia para la utilización, reutilización y reciclaje de plástico, que debería establecer objetivos claros y ambiciosos para el depósito y la lixiviación de plásticos; pide a la Comisión que proponga nuevas iniciativas sobre el sector de la construcción y la demolición, el diseño ecológico y la utilización de materias primas, sustancias y componentes secundarios;

32.

está dispuesta a intensificar su cooperación con la Comisión sobre las acciones, tan esperadas, relativas al objetivo prioritario 4 del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (PMA) 2014-2020 a través de la Plataforma técnica para la cooperación en materia de medio ambiente; lamenta que las iniciativas previstas para 2017 no tengan carácter legislativo y reitera su llamamiento en favor de una propuesta de Directiva de la UE que establezca disposiciones que garanticen el cumplimiento de todo el acervo medioambiental de la UE, así como de una nueva Directiva sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente;

33.

en consonancia con la reciente Declaración de Cork 2.0, reitera su petición de elaborar un Libro Blanco sobre las zonas rurales que sirva como punto de partida para una política de desarrollo rural posterior a 2020, y pide que se adopten medidas prácticas destinadas a «comprobar la repercusión en las zonas rurales» de las políticas de la UE, dado que las zonas rurales a menudo se ven desatendidas y desconectadas de los principales avances políticos;

34.

en el contexto de los preparativos de la PAC después de 2020, subraya la fuerte interconexión entre el desarrollo rural y la agricultura y, por consiguiente, aboga por que se adopten medidas de apoyo a las explotaciones agrarias familiares y, en particular, se ataje la volatilidad de los precios de los productos agrarios;

35.

seguirá trabajando por una gobernanza sostenible de los océanos en beneficio de las regiones costeras y marítimas europeas y de sus economías relacionadas con el mar; a fin de generar crecimiento y empleo «azules», el CDR colaborará estrechamente con las regiones y todas las partes interesadas a la hora de fomentar la gobernanza y el desarrollo de capacidades, dar respuesta a los retos en la cadena de producción de alimentos, reducir la presión sobre el medio ambiente causada por las prácticas de pesca ilegales y la contaminación e impulsar el conocimiento del medio marino, la ciencia y la innovación;

36.

lamenta que el programa de trabajo de la Comisión para 2017 no preste suficiente atención a la salud, puesto que la Comisión debería apoyar a los Estados miembros y sus regiones en sus esfuerzos por incrementar la prevención, reformar y optimizar sus sistemas sanitarios (en particular mediante soluciones de sanidad electrónica) y desarrollar estrategias globales en materia de demografía;

37.

acoge con satisfacción la intención de la Comisión de presentar medidas dirigidas a consolidar el mercado único de bienes, especialmente en relación con el reconocimiento mutuo y los productos no conformes, y subraya la necesidad de seguir avanzando en la realización del mercado único de los servicios, que es, precisamente, uno de los puntos clave de la Estrategia para el mercado único;

38.

reitera su llamamiento para que el pilar del mercado único se incluya en el Semestre Europeo y cuente con un sistema de seguimiento y evaluación con carácter periódico;

39.

toma nota de la intención de la Comisión de defender la industria europea y destaca que la competitividad de la industria europea depende también de una cadena de suministro competitiva y que la política comercial desempeña un papel importante a este respecto;

40.

subraya la importancia de elaborar una regulación inteligente y reducir la carga administrativa para las pymes, en particular consolidando el programa REFIT y garantizando que en las nuevas normas se tenga en cuenta sistemáticamente el impacto sobre las pymes;

41.

manifiesta su apoyo a la creación de un «foro de las ciudades sobre la economía colaborativa», en el que participaría el CDR como parte interesada clave; del mismo modo, lamenta la ausencia de propuestas destinadas a salvaguardar los derechos de las nuevas formas de empleo que resultan de la digitalización;

42.

destaca la necesidad de revisar la Decisión y Marco sobre servicios de interés económico general (SIEG) y pide a la Comisión que lance una consulta pública en 2017 a fin de permitir a los entes locales y regionales exponer sus puntos de vista sobre las dificultades a las que se enfrentan para llevar a cabo el control de las ayudas estatales cuando financian los SIEG;

43.

destaca el papel clave que un sistema de contratación eficiente desempeña en cuanto a la capacidad de los entes locales y regionales para cumplir los objetivos de inversión de la UE y pide a la Comisión que brinde asistencia para garantizar la plena aplicación de las Directivas sobre contratación pública y evaluar las dificultades a las que se enfrentan los entes regionales y locales al aplicar esas Directivas;

44.

reitera su llamamiento en favor de una nueva estrategia europea de turismo en el marco de una línea presupuestaria específica para el turismo en la UE e insta a la Comisión y los Estados miembros a que faciliten el acceso a la financiación a las pequeñas y medianas empresas del sector turístico;

45.

acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para completar la aplicación de la Estrategia del Mercado Único Digital, en particular a través de la contratación pública electrónica, y aportará su contribución mediante la recién creada Plataforma de banda ancha participativa de carácter conjunto; destaca la necesidad de que todas las regiones europeas se beneficien del mercado único digital gracias al acceso a conexiones de banda ancha de alta velocidad;

46.

destaca que la migración es un complejo proceso multinivel, en el que los países, las regiones y las ciudades de origen y destino desempeñan un papel esencial. Es importante fomentar un mayor diálogo y una cooperación más estrecha entre los Estados miembros y las instituciones de la UE y de los países de origen y de tránsito de los migrantes y sus respectivos entes locales y regionales;

47.

por consiguiente, pide a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones del CDR sobre protección de los refugiados en sus países de origen y sobre el nuevo marco para los acuerdos de asociación;

48.

pide apoyo para los entes locales y regionales a la hora de aplicar la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y el resto de los instrumentos de la UE desarrollados sobre la base de la Agenda Europea de Migración, como las disposiciones revisadas en materia de migración legal y el plan de acción para la integración; pide a la Comisión que incluya las recomendaciones del CDR sobre la integración de los migrantes en su revisión intermedia de la Agenda Europea de Migración; recuerda que la integración es un proceso basado tanto en derechos como en deberes;

49.

manifiesta su preocupación por las dificultades que se presentan a la hora de controlar la presencia de menores no acompañados y el riesgo de que sean víctimas de la trata y la explotación; reclama enérgicamente que se apliquen programas de integración y formación tanto para los menores como para las administraciones locales y regionales que se ocupan de la acogida, y que se involucre a las comunidades de origen de los menores ya establecidos en el país de acogida para garantizar que los menores tengan la posibilidad de vivir temporalmente con familias de acogida o en instalaciones equipadas adecuadamente, en las que se les pueda prestar apoyo acorde con su desarrollo social, emocional y cognitivo;

50.

pide a la Comisión que facilite a los entes locales y regionales información práctica y específica sobre las posibilidades de financiación para la acogida e integración de migrantes y reitera su llamamiento en favor de promover el acceso directo de los entes locales y regionales a los instrumentos de financiación de la UE pertinentes;

51.

pide a la Comisión que proporcione ayuda a los entes locales y regionales para desarrollar estrategias de prevención destinadas a combatir la radicalización, que siga reuniendo y divulgando buenas prácticas sobre la manera de evitar la radicalización mediante políticas adecuadas a escala regional y local, y que proporcione apoyo a la cooperación entre ciudades para combatir la radicalización;

52.

toma nota de que la Comisión tiene la intención de continuar las negociaciones comerciales con EE. UU., Japón, Mercosur, México, Túnez y los países de la ASEAN, así como solicitar nuevos mandatos para iniciar negociaciones con Turquía, Australia, Nueva Zelanda y Chile, pero considera que la Comisión debe hacer esfuerzos adicionales para demostrar el valor añadido de esas negociaciones;

53.

reitera, en particular con vistas a la ambiciosa futura agenda comercial, que la Comisión debería acompañar de una evaluación de impacto territorial cada iniciativa significativa en materia de política comercial;

54.

acoge con satisfacción que la Estrategia Global de la UE haga un llamamiento explícito en favor de una renovación de las asociaciones exteriores y afirma que la UE apoyará distintas maneras de lograr la resiliencia en su vecindad, prestando especial atención a los casos más graves de fragilidad gubernamental, económica, social y climática/energética, así como a la elaboración de políticas de migración más eficaces para Europa y sus socios;

55.

destaca la contribución del CDR –a través de sus comités consultivos mixtos y grupos de trabajo y la organización del Día de la Ampliación junto con socios de los países candidatos a la adhesión– al objetivo, enmarcado en la política de ampliación de la Comisión, de fomentar la estabilidad y la prosperidad compartidas con los países candidatos y potenciales candidatos;

56.

subraya que la política europea de vecindad (PEV) solo puede tener un efecto duradero si aporta frutos concretos a todos los beneficiarios, y destaca que debe mantenerse un equilibrio entre la vecindad oriental y la vecindad meridional; hace hincapié en el papel de los entes locales y regionales en la consolidación de la democracia y la primacía de la ley en la sociedad, instando a que se facilite mayor apoyo a las reformas de descentralización en los países de la PEV;

57.

destaca que la cooperación regional contribuye de manera significativa a la estabilidad mundial e insta a la Comisión a que intensifique la cooperación con la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), la Conferencia de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental (Corleap) y el Grupo Operativo para Ucrania del CDR, especialmente a la hora de aplicar programas regionales y nuevas iniciativas;

58.

subraya la necesidad, al aplicar la PEV revisada, de conceder una elevada prioridad a las iniciativas que respalden los procesos de descentralización, los hermanamientos y el refuerzo de la capacidad administrativa en el ámbito subnacional; hace hincapié en la iniciativa de Nicosia lanzada por el CDR en apoyo a las ciudades libias y que ha contribuido a satisfacer las necesidades con apoyo técnico para recuperar la capacidad de las municipalidades libias como prestadoras de servicios; pide a la Comisión que dé más apoyo a tales formas de cooperación ascendente y proporcione recursos administrativos y financieros suficientes; reitera la necesidad de desarrollar nuevos instrumentos destinados a crear capacidades en los países en vías de adhesión y los países de la PEV que sustituyan el antiguo instrumento para la administración local;

59.

apoya los recientes acontecimientos a raíz de la fusión del Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía con el «Compact of Mayors», que ha creado la mayor asociación de ciudades comprometidas con la acción por el clima, y está dispuesto a utilizar sus canales, contactos, contrapartes y asociaciones internacionales (entre otros, ARLEM para el Pacto del Sur y el Pacto de África, Corleap para el Pacto del Este, ICLEI y la Asociación UE-China sobre Desarrollo Urbano para América del Norte y Asia Sudoriental) para seguir ampliando los esfuerzos en pro de la mitigación, adaptación y resiliencia frente al cambio climático y los retos del desarrollo sostenible;

60.

pide a la Comisión que coopere estrechamente con el CDR para afrontar las preocupaciones específicas y promover las experiencias y las contribuciones de las ciudades europeas en la nueva estructura de gobernanza del Pacto Mundial;

61.

acoge con satisfacción la propuesta de un nuevo marco de asociación con terceros países y el nuevo plan europeo de inversiones exteriores y pide que los entes locales y regionales participen en este proceso;

62.

insta a la Comisión a que fomente la participación activa de los entes locales y regionales en la cooperación al desarrollo durante las negociaciones sobre la revisión del Consenso Europeo sobre Desarrollo y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el acuerdo posterior a Cotonú, que serán el tema principal de la Conferencia sobre Cooperación Descentralizada del CDR de marzo de 2017;

63.

pide a la Comisión que revise el Reglamento de la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) con el fin de simplificar y mejorar el marco jurídico de este instrumento;

64.

acoge favorablemente la iniciativa REFIT de la Comisión y, en particular, la propuesta de evaluar la transparencia y el control democrático de los procedimientos relativos a los actos delegados y de ejecución, así como de determinados actos secundarios;

65.

reitera su llamamiento para que se incluyan las evaluaciones de impacto territorial en la fase de evaluación del impacto de la nueva legislación de la UE, cuando proceda; a la hora de evaluar la aplicación de la legislación de la UE, recomienda establecer una cooperación más estrecha entre el CDR y el Centro de Competencias de las Políticas Territoriales del Centro Común de Investigación, de reciente creación;

66.

pide que se aumente la transparencia, cooperación y eficiencia de las instituciones de la UE y acoge con satisfacción su compromiso común, en el marco del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor», de establecer, de forma conjunta, objetivos y prioridades amplios, especialmente para las propuestas legislativas; hace un llamamiento para que se integre al CDR en todas las fases del proceso legislativo a fin de aprovechar plenamente su potencial en el ciclo legislativo;

67.

espera gozar de una mayor cooperación con la Comisión y el Parlamento Europeo en el control de la subsidiariedad y en torno a la Conferencia sobre Subsidiariedad en 2017;

68.

encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, a la Presidencia eslovaca del Consejo de la UE y al presidente del Consejo Europeo.

9.6.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/8

1.

apoya los esfuerzos de la Comisión Europea por garantizar que las políticas europeas reflejen mejor las preocupaciones de los gobiernos nacionales, regionales y locales e insiste en que todos los niveles de gobernanza deben asumir una responsabilidad compartida;

2.

apoya la idea de que legislar mejor no solo consiste en que haya menos legislación a escala de la UE, sino también en determinar en qué esfera se pueden lograr mejor los objetivos previstos y hace hincapié en que la aplicación efectiva del principio de subsidiariedad es un elemento clave para legislar mejor;

3.

hace hincapié en que toda la legislación tiene que lograr un equilibrio entre preocupaciones y expectativas igualmente válidas en materia de «seguridad», por una parte (individual, jurídica, administrativa o financiera), de «eficacia» y de «libertad» o flexibilidad, por otra; equilibrar estas preocupaciones en contextos concretos es una tarea propia del proceso democrático y una responsabilidad que incumbe a los representantes elegidos democráticamente de todos niveles que han de explicar a los ciudadanos los inevitables compromisos y negociaciones;

4.

es consciente del trabajo del Grupo de Alto Nivel sobre Cargas Administrativas (Grupo Stoiber), su informe final y sus dictámenes divergentes;

5.

toma nota de la firma del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» por parte del Consejo, la Comisión y el Parlamento el 13 de abril de 2016, y confía en que este nuevo acuerdo contribuirá a mejorar la toma de decisiones de la Unión Europea en todas las fases: planificación, redacción, aprobación, aplicación y evaluación; muestra, sin embargo, su preocupación por que en el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» no se mencionan las funciones específicas de los representantes democráticamente elegidos de los entes locales y regionales y del CDR en ningún contexto más que en el de las «partes interesadas», a pesar del peso y el mandato que le otorga el Tratado de Lisboa;

6.

desea que se le asocie a más iniciativas sobre la interpretación y la aplicación del nuevo acuerdo, de modo que su potencial en cuanto órgano consultivo en el ciclo legislativo pueda aprovecharse plenamente; recuerda que gran número de miembros del CDR son competentes a la hora de aplicar las políticas de la UE;

7.

se congratula de que la Comisión Europea haya solicitado un dictamen prospectivo más amplio que formule propuestas adicionales sobre los requisitos impuestos por la legislación de la UE y formas más simples de alcanzar los mismos resultados o incluso mejores;

8.

acoge con satisfacción las peticiones de la Comisión para que el Comité elabore dictámenes prospectivos sobre ámbitos políticos específicos como el medio ambiente, la energía, los servicios financieros y la agricultura, entre otros, donde los entes locales y regionales pueden identificar cargas y presentar sugerencias de mejora en función de sus necesidades;

9.

señala que este dictamen prospectivo más amplio aporta una visión general de las repercusiones de la legislación para los entes locales y regionales y anima a que se realicen análisis políticos y sectoriales específicos para determinar obstáculos y cargas;

10.

acoge con agrado el planteamiento general de implicar específicamente a los agentes regionales y locales en las consultas sobre legislar mejor; en este sentido, acoge con satisfacción por ejemplo el informe «Dutch provinces for better EU regulation» y llama la atención sobre una serie de obstáculos identificados y las soluciones específicas propuestas;

11.

se congratula, a este respecto, de la adopción del Pacto de Ámsterdam con vistas a la aplicación concreta de la Agenda Urbana de la UE, habida cuenta de que el aspecto de «legislar mejor» desempeña un papel importante en las asociaciones temáticas. En este contexto se ha elaborado también el estudio «Bridge! Better EU regulation for local and regional authorities» (Bridge! Una mejor legislación de la UE para los entes locales y regionales), que presenta ejemplos de situaciones concretas en las que la práctica local y regional encuentra dificultades con la legislación europea.

12.

insta a la Comisión Europea a que analice las soluciones propuestas en relación con las reglamentaciones sectoriales, la proporcionalidad, los obstáculos transfronterizos, la ayuda estatal y la presión de las auditorías, y las tenga en cuenta en la elaboración de nuevas normativas;

13.

reconoce el papel específico desempeñado por los entes locales y regionales en varios ámbitos a los que afecta considerablemente la reglamentación de la UE y su papel en cuanto autoridades encargadas de la aplicación de la legislación y de la gestión de los fondos de la Unión y subraya que sus responsabilidades específicas les ofrecen buenas oportunidades para evaluar qué ámbitos de los marcos normativos son problemáticos y, en su caso, deben modificarse;

14.

opina que todos los niveles de gobernanza deben garantizar que la legislación es apropiada, eficaz y eficiente y que no genera costes y cargas innecesarios, al mismo tiempo que protege a los ciudadanos, a los consumidores, la sostenibilidad y el medio ambiente;

15.

entiende que las instituciones de la Unión Europea deben demostrar a todos los ciudadanos el valor de los marcos normativos así como el valor añadido de la legislación de la Unión, respetando siempre los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

16.

admite que las dificultades económicas recientes han creado un contexto económico en el que, para muchos entes locales y regionales, los costes adicionales causados por la sobrerregulación han agravado las reducciones presupuestarias. Todo esto en una situación en la que han visto reducidos sus recursos disponibles. Ello ha resultado gravoso y ha incitado a estos entes a intentar reducir los costes administrativos a la vez que se enfrentan a mayores exigencias de actuación. Reitera que es preciso simplificar y reducir las cargas administrativas, cuando estas incidan en misiones centrales que los entes locales y regionales deban desempeñar;

17.

señala que los informes y los dictámenes elaborados previamente por el Parlamento Europeo, el CESE y el CDR han confirmado la importancia de que la Unión actúe de manera coordinada en un espíritu de colaboración entre las instituciones nacionales y europeas, así como con los entes locales y regionales;

18.

subraya que los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental para apoyar a las ciudadanas y ciudadanos a superar las dificultades causadas por la persistencia de los problemas económicos, también a través del recurso a los programas de la UE, y recuerda que la seguridad jurídica y la capacidad de acceder con mayor facilidad a los programas de la UE son condiciones esenciales para que puedan cumplir su misión de manera adecuada, al tiempo que reconoce la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales;

19.

señala que la financiación de la UE es importante para que muchos entes locales y regionales puedan aplicar la legislación de la Unión, en particular para aplicar una política de cohesión diferenciada en función de la capacidad económica;

20.

reconoce que la accesibilidad de los programas de la UE y los regímenes normativos pertinentes pueden provocar problemas significativos relacionados con la interpretación de los marcos normativos, las normas de aplicación, la auditoría y la labor de informar, y llama la atención sobre el hecho de que, en particular, el sistema de auditoría origina muchas dificultades a los patrocinadores de los proyectos, sobre todo en cuanto a la conservación de la información a largo plazo, tal y como se advierte en el dictamen del CDR sobre la simplificación de los Fondos EIE;

21.

acoge con satisfacción la Resolución del Parlamento Europeo sobre el Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): situación actual y perspectivas (1), donde se respalda el importante papel que desempeña el CDR en calidad de institución política, y está de acuerdo en que el programa REFIT no debe utilizarse para menoscabar las normativas;

22.

aunque apoya el objetivo de reducir los trámites burocráticos y eliminar las cargas administrativas innecesarias, hace hincapié en que REFIT no debe usarse como pretexto para rebajar el nivel de ambición, en especial en ámbitos como el medio ambiente, la seguridad de los alimentos, la salud y los derechos de los consumidores;

23.

respalda el objetivo de que la legislación de la UE se aplique a nivel nacional siempre que sea posible de forma plena e incondicional y que, solo en los casos en que existan razones objetivas y técnicas que así lo requieran, se pueda ir más allá de las normas de las disposiciones de la UE. No obstante, los Estados miembros y las regiones deberán seguir teniendo la posibilidad de determinar en cada caso qué es necesario para una aplicación apropiada. La propuesta de la Comisión de que la «sobrerregulación» deba estar debidamente justificada podría contribuir a incrementar la transparencia. Con todo, la obligación de una mejor rendición de cuentas sobre la aplicación a escala nacional y regional no debe dar lugar a una intervención en las cuestiones de organización administrativa interna y en los procedimientos administrativos nacionales;

24.

hace hincapié en la importancia de tener en cuenta, al evaluar la legislación, tanto los costes como los beneficios (sociales, medioambientales y otros) para los ciudadanos y para la economía, así como el denominado «coste de la no Europa» (2), esto es, el coste que entraña la falta de acción común a escala europea en un sector determinado;

25.

en este contexto, reitera su llamamiento a la Comisión Europea para que elabore una definición de sobrerregulación estándar a nivel de la Unión al objeto de mejorar la seguridad jurídica en la aplicación y ejecución del Derecho de la Unión y limitar la burocracia excesiva (3);

26.

insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan el desarrollo de métodos digitales y herramientas informáticas, entre otros en el marco del Plan de acción de la UE sobre administración electrónica, a fin de proporcionar un formato y un proceso comunes para recopilar los datos necesarios para supervisar e informar de las necesidades, y de ese modo reducir la carga administrativa que se genera al enviar los datos a bases datos tanto nacionales como europeas;

27.

destaca la importancia de los «controles de adecuación» para identificar los solapamientos y las incoherencias que se hayan producido a lo largo del tiempo debido al gran número de objetivos y nuevas iniciativas políticas, en especial en lo referente a los requisitos de notificación y conformidad;

28.

subraya la necesidad de un mayor conocimiento del alcance de las obligaciones de información introducidas para cumplir la normativa de la UE; propone que requisitos de notificación aplicables a los entes locales y regionales y sean objeto de una enumeración y armonización lo más amplia posible y que las metodologías de elaboración de informes empleadas tengan por objetivo reducir la carga administrativa para los ciudadanos y las pymes, así como los entes locales y regionales;

29.

reconoce que el lenguaje y la forma en que se use pueden constituir o un obstáculo o una invitación para la participación; así pues, el lenguaje fácilmente accesible y comprensible es un componente clave para el cambio legislativo y normativo;

30.

considera que la integración exige un lenguaje, unas estructuras y unas reglamentaciones simples y claras para garantizar que tanto la UE como sus propósitos, programas, políticas, legislación y ayuda práctica son accesibles para todos;

31.

insta a la Comisión Europea a que, por consiguiente, simplifique y haga comprensible de modo generalizado el lenguaje que emplea y sugiere que el uso del lenguaje técnico se reduzca a un mínimo, de conformidad con los requisitos legales;

32.

está convencido de que es necesaria una interpretación más «fácil de usar» y coherente de las normas y los reglamentos europeos, incluidos, por ejemplo, unos requisitos de auditoría proporcionales, un mayor uso de tasas fijas, solicitudes, reclamaciones e informes simplificados y una interpretación más clara de los reglamentos (por ejemplo, en lo referente a la ayuda estatal y la legislación sobre contratación pública);

33.

entiende que la UE necesita prestar la debida atención a una estrategia de comunicación activa diseñada para implicar a los socios, mantener la actividad y captar inversiones;

34.

destaca el papel formativo e informativo que tanto los entes locales como regionales desarrollan sobre las políticas y programas europeos, para acercarlos a sus ciudadanos;

35.

destaca el papel de los EDIC a la hora de informar a los ciudadanos sobre la legislación y los programas europeos adecuando los contenidos y el lenguaje al de los ciudadanos;

36.

toma nota de que los centros de conocimiento, como Europa Decentraal en los Países Bajos, desempeñan un papel importante a la hora de facilitar la correcta aplicación e interpretación de la legislación de la UE. Sus expertos desempeñan una función importante a la hora de facilitar información y asesoramiento gratuitos a los entes locales y regionales y sus asociaciones. Por otra parte, el gran número de peticiones dirigidas a los centros de conocimiento demuestra la necesidad de simplificar la legislación de la UE;

37.

valora que la práctica actual sea invitar a los ciudadanos a participar en consultas. Sin embargo, las aportaciones de ciudadanos a título personal son escasas debido a que la mayoría de las consultas se ven limitadas por la accesibilidad del lenguaje y el uso de términos y contextos técnicos que, en consecuencia, las hacen poco atractivas. Así pues, estas consultas quedan fuera del alcance de todos salvo de unos pocos ciudadanos que cuentan con las capacidades y los conocimientos lingüísticos que les permiten participar; Εs importante asegurarse de que todas las partes interesadas, y en particular la sociedad civil, tengan acceso en igualdad de condiciones a los textos de las consultas, que han de ser traducidos a todas las lenguas oficiales de la Unión y redactarse de la forma más sencilla, clara y comprensible que se pueda, a fin de proporcionar la máxima información posible sobre la normativa que se promueve;

38.

considera que las consultas a ciudadanos deberían complementar, y no sustituir, a las consultas públicas estructuradas y que no deberían menoscabar el papel de los órganos institucionales pertinentes reconocidos en el Tratado de Lisboa;

39.

reitera la importancia de que, en la fase de la iniciativa legislativa, se prevea la consulta específica de las asambleas legislativas locales y regionales, por intermedio del CDR, dado que estas, en su calidad de representantes de los territorios, constituyen la síntesis democrática de las necesidades reales de los ciudadanos, incluidos aquellos que no pueden hacer oír su voz de forma individual;

40.

considera que, en este contexto, es necesario conceder a los entes regionales y locales prioridad sobre las empresas privadas, tanto por el papel que les reconoce el Tratado de Lisboa como por el hecho de ser la expresión de la democracia y la representación política;

41.

pide a la Comisión que cree una «ventanilla única» para asesorar sobre la normativa a fin de garantizar que los solicitantes de fondos europeos reciban un asesoramiento oportuno, adecuado, inequívoco y claro;

42.

sugiere que en el transcurso de cada período de programación se recaben las opiniones de profesionales para que las mejoras de la legislación y el marco normativo estén basadas en la experiencia práctica;

43.

propone un mecanismo específico que permita usar los fondos destinados a la asistencia técnica para establecer equipos jurídicos vinculados a los programas, a los que todos los solicitantes puedan acceder libremente y que puedan proporcionar un asesoramiento sólido y coherente basado en la interpretación uniforme y adoptada de las disposiciones jurídicas con arreglo a las orientaciones de la Comisión Europea, así como en la práctica existente sobre las normas de financiación de la UE a fin de acabar en gran medida con la incertidumbre y la responsabilidad a las que actualmente debe hacer frente el destinatario final;

44.

propone que las disposiciones sobre gestión establezcan una separación clara entre la administración de programas y la ejecución de proyectos o programas para evitar los posibles conflictos de intereses y la parcialidad de las valoraciones;

45.

sugiere que, dentro de los límites presupuestarios existentes, se aumenten al máximo los montantes de la financiación que permite un enfoque basado en los resultados, según el cual se combinan varios proyectos relacionados y el éxito se mide en función de los resultados principales y no de los resultados específicos de cada proyecto, en ámbitos como el de la energía, por poner solo un ejemplo;

46.

propone que se estudien las posibilidades de desarrollar y mejorar los modelos de ingeniería financiera, incluidos los fondos especialistas de capital riesgo para ámbitos clave, una adecuación más efectiva de la concesión de subvenciones al programa Jessica, a fin de estimular el mercado de las inversiones inmobiliarias, y la posibilidad de un sistema de microcréditos basado en el programa Jasmine, a fin de apoyar a las empresas emergentes y las pequeñas empresas;

47.

sugiere que se aumenten las oportunidades de cofinanciación, en especial la procedente del sector privado, al objeto de garantizar que hay financiación disponible para permitir a los entes locales y regionales responder a las necesidades locales;

48.

pide a la Comisión que proponga un mecanismo mediante el cual la financiación no utilizada y liberada se devuelva al presupuesto de la UE asignándola al Estado miembro correspondiente como ingresos afectados, de modo que se garantice que estos fondos se asignen y utilicen en el marco de las políticas sectoriales, dentro de dicho Estado miembro, a las que fueron destinados en un principio;

49.

en la actualidad, la no utilización de los créditos de financiación se debe, en particular, a una configuración pobre, compleja y excesivamente detallada del sistema de ejecución, junto con una insuficiente definición de las prioridades. Es esencial garantizar una buena comunicación con los entes locales y regionales y con los organismos nacionales para redefinir y aclarar las prioridades, con el fin de que los beneficiarios no se vean perjudicados;

50.

por lo tanto, resulta esencial garantizar que los programas plurianuales de financiación, sobre todo, tengan seguridad de planificación y fiabilidad intrínseca para alcanzar sus objetivos. Por esta razón, una mayor flexibilidad en el marco financiero plurianual no debe entrañar redistribuciones de fondos o nuevas iniciativas políticas en detrimento de programas ya aprobados;

51.

propone que se asignen claramente papeles a los socios en relación con la notificación y la supervisión de los programas financiados por la UE en el ámbito municipal o regional, incluidos una revisión de los gastos y los resultados y el diseño de medidas correctoras, y pide a la Comisión que facilite ayuda, también financiera, para los entes regionales y locales cuando la simplificación, legislativa o no, suponga un aumento de los costes públicos de prestación de sus servicios;

52.

pide a la Comisión Europea que adopte medidas adicionales para simplificar la política de cohesión teniendo en cuenta las propuestas de los entes locales y regionales expuestas en su Dictamen «Simplificación de los FEIE desde el punto de vista de los entes locales y regionales» (ponente: Petr Osvald, CZ/PSE) (4);

53.

recuerda que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) son la principal herramienta de la UE para fomentar la cohesión económica, social y territorial en todos los Estados miembros y que su simplificación es fundamental para lograr los objetivos políticos; deberían introducirse mejoras inmediatas en el período de programación actual, así como una simplificación a largo plazo, que puedan conducir a una revisión sustancial del mecanismo de ejecución y de la legislación existentes;

54.

llama especialmente la atención sobre la necesidad de llevar a cabo una simplificación, incluidos cambios legislativos y no legislativos, en los ámbitos relacionados con la auditoría, los requisitos y las directrices para la notificación, las ayudas estatales, la contratación pública y la sobrerregulación;

55.

señala que los esfuerzos de simplificación requieren la cooperación específica entre todos los servicios pertinentes de la Comisión, especialmente la DG REGIO, la DG EMPL, la DG COMP y la DG GROW;

56.

insta a la Comisión Europea a que facilite más información y apoyo en materia de formación de los entes locales y regionales sobre las sinergias entre los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE);

57.

pide la simplificación de los procesos de solicitud y notificación de los fondos de investigación e innovación, al tiempo que se refuerza también la aplicación de los costes estándar, en especial en lo que atañe a la auditoría;

58.

hace hincapié en las recomendaciones de su Dictamen sobre el tema «Simplificación de la política agrícola común (PAC)» aprobado en octubre de 2015 (5);

59.

reitera la necesidad de reforzar el principio de confianza en los destinatarios finales aligerando la obligación de presentar los justificantes correspondientes a los gastos durante la fase de notificación final e interviniendo en la fase de control, centrándose en los resultados de los proyectos financiados;

60.

expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar del propósito explícito de la nueva PAC de reducir el número de normas a nivel de la UE, la producción normativa de la Comisión mediante actos delegados haya aumentado;

61.

reitera su petición de una mayor coherencia y complementariedad entre la PAC y otras políticas europeas, como la política medioambiental (y los fondos); se necesita una mayor coherencia entre el Fondo de Desarrollo Rural y el resto de Fondos Estructurales y de Inversión Europeos a fin de que se aplique conjuntamente un marco estratégico común basado en los objetivos políticos más amplios de la Estrategia Europa 2020;

62.

considera que la PAC debe configurarse de forma compatible con el objetivo de cohesión territorial consagrado en el Tratado de Lisboa, y que debe evitarse que las medidas de la UE aumenten los desequilibrios territoriales o que los servicios públicos se vean amenazados, por ejemplo, en las zonas rurales;

63.

considera muy importante que las necesidades reales de los agentes en el entorno de las empresas regionales y locales se tengan plenamente en cuenta en el proceso de trabajo en curso encaminado a mejorar la legislación para las pymes;

64.

señala que la plataforma REFIT debe también prestar una atención suficiente a la carga normativa que pesa sobre las administraciones públicas. Es importante evitar que la carga normativa se transfiera del sector privado a las administraciones públicas y viceversa;

65.

indica que en una consulta a los ganadores de su galardón «Región Emprendedora Europea» se señaló que los ámbitos prioritarios para la simplificación o los ámbitos en los que el grado de simplificación introducido mediante la normativa existente aún no es suficiente incluyen la participación de las pymes en los proyectos financiados por el FEDER, el acceso de las pymes a la contratación pública, los derechos de los consumidores y REACH. Los requisitos de notificación sobre estadísticas comerciales (Intrastat) también han sido identificados como un ámbito prioritario para adoptar medidas adicionales;

66.

considera que es necesario actuar en el ámbito de la simplificación administrativa para las pymes, especialmente en lo relativo al IVA;

67.

pide que se adopten medidas para simplificar el acceso de las pymes a la contratación pública; teme que el grado de simplificación que se introduzca a través de las nuevas directivas y del documento europeo único de contratación siga sin ser suficiente para garantizar unas normas de contratación favorables para las pequeñas y medianas empresas;

68.

advierte que las medidas de simplificación mencionadas no deben menoscabar la autonomía de los entes locales y regionales para adoptar estándares más exigentes en función de sus circunstancias específicas y necesidades de sus ciudadanos, en especial en ámbitos como la igualdad, y la política social, industrial o medioambiental;

69.

señala que el marco reglamentario de la UE sobre ayudas estatales para los servicios de interés económico general (SIEG) se ha hecho excesivamente detallado y complejo debido a la multiplicidad de actos de Derecho secundario y de instrumentos jurídicos no vinculantes (soft law) en este ámbito. Una mayor simplificación reforzaría la seguridad jurídica, aceleraría la ejecución de los proyectos de inversión, garantizaría la prestación oportuna de los SIEG y promovería el crecimiento y el empleo;

70.

destaca la necesidad de sensibilizar más a las pequeñas empresas innovadoras sobre los nuevos procedimientos de contratación pública, sus ventajas y sus limitaciones, así como sobre el apoyo disponible. Las normas de la UE sobre contratación pública deben ser objeto de una evaluación de impacto al cabo de tres años para comprobar si han conseguido facilitar el acceso de las pymes a las licitaciones, reducir las barreras burocráticas y contribuir a la creación de asociaciones a largo plazo para los suministros y servicios que no están actualmente en el mercado;

71.

reitera su petición de aumentar tanto los umbrales de minimis para las ayudas estatales en el marco de los SIEG como el umbral que queda exento de la obligación (de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE) de notificación de las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedida a algunas empresas encargadas de la gestión de SIEG, puesto que estas medidas redundarán en una mayor simplificación para los entes locales y regionales y para las empresas que reciben la compensación;

72.

hace hincapié en su Dictamen sobre el tema «La legislación medioambiental de la UE: mejorar la notificación y el cumplimiento» aprobado en abril de 2016 (6) y pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que sigan sus recomendaciones cuando lleven a cabo el control de adecuación de las obligaciones de supervisión y notificación en materia de política ambiental;

73.

destaca en particular las recomendaciones específicas que se formulan en el Dictamen sobre las auditorías y los requisitos de notificación excesivamente gravosos, y pide en particular que se automaticen las herramientas de información y se busquen sinergias entre las obligaciones de información previstas en las distintas Directivas; reitera su propuesta de establecer «indicadores de aplicación» para las nuevas directivas en el ámbito de la legislación medioambiental;

74.

respalda la opción de una directiva horizontal de la UE en la que se establezcan disposiciones de garantía del cumplimiento para todo el acervo medioambiental de la Unión, basadas en los principios mencionados en el Dictamen del CDR citado previamente;

75.

toma nota de que en 2013 la Unión Europea se fijó una amplia serie de 63 objetivos vinculantes y 68 no vinculantes, la mayoría de los cuales debían alcanzarse de aquí a 2015 y 2020. Debe evaluarse y tenerse en cuenta el impacto de estos objetivos en los gobiernos subnacionales y en las empresas a la hora de proponer y modificar los objetivos. Los objetivos inútiles deberían eliminarse, a fin proporcionar a los responsables de los gobiernos locales una autonomía suficiente para que puedan adaptar las medidas a las condiciones económicas y medioambientales locales;

76.

reitera que, para garantizar la coherencia, eficacia y fiabilidad de los informes e indicadores relativos al estado del medio ambiente, se necesita un reparto adecuado de las responsabilidades y los recursos, junto a un flujo de información clara entre los municipios, las regiones y el nivel nacional sobre los requisitos de los Estados miembros relativos al seguimiento y la notificación en materia de medio ambiente.

9.6.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/15

1.

apoya la política de la UE de afirmar la posición de liderazgo de Europa como región más visitada del mundo que alcanzó en 2015 el 51,4 % de todas las llegadas internacionales de turistas, equivalente a unos 609 millones de personas (1), y maximizar la aportación de este sector a la sostenibilidad, la innovación, el crecimiento económico y el empleo;

2.

destaca que, de conformidad con el artículo 195 del TFUE, el turismo es competencia de los Estados miembros y que la Unión dispondrá de competencias para llevar a cabo acciones destinadas a apoyar, coordinar o complementar las acciones de los Estados miembros y, por tanto, también de los entes locales y regionales, en este ámbito. Los entes regionales y locales desempeñan un papel crucial a este respecto dadas sus competencias, ya que muchas regiones tienen competencias exclusivas en este sector. Habida cuenta de la importancia del sector turístico para el mercado interior, es necesario que haya una cooperación entre los Estados miembros y los niveles local y regional de gobierno, respetando el principio de subsidiariedad y la gobernanza multinivel, así como principios, medidas y criterios europeos comunes que aporten valor añadido europeo;

3.

pide a la Comisión Europea (CE) que revise la estrategia de turismo de 2010, lance una política integrada de la UE en materia de turismo vinculada con todas las otras políticas pertinentes de la UE, mejore la confianza en el sector turístico en su conjunto, refuerce el enfoque de la CE respecto de la estacionalidad y presente un programa de trabajo plurianual con objetivos, medidas e indicadores claros en favor del turismo;

4.

pide a los Estados miembros que, sobre la base de la estrategia de turismo de la UE, desarrollen políticas nacionales de turismo en consulta con los entes locales y regionales;

5.

pide que todas las estrategias macrorregionales se complementen con un capítulo dedicado al turismo (2). Pide a la CE que elabore, junto con el CDR, una lista de temas que detalle posibles objetivos turísticos para las macrorregiones;

6.

destaca que el turismo es hoy uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento en Europa, un sector que impulsa el crecimiento y el desarrollo en el mundo, crea millones de empleos, potencia las exportaciones y la inversión y transforma la vida de las personas, además de apoyar el intercambio de la diversidad cultural y los valores y contribuir activamente a la progresiva consolidación de una identidad europea en las jóvenes generaciones;

7.

pide a las regiones y ciudades que, consecuentemente, elaboren estrategias de turismo que estén en consonancia con las estrategias europeas y macrorregionales, e insta a la colaboración entre entidades públicas y a la creación de asociaciones público-privadas para desarrollar, fomentar y realizar nuevas infraestructuras turísticas, que tengan en cuenta las necesidades de una población europea que envejece y permitan a las personas mayores viajar sin barreras por toda la Unión. Estas estrategias deben ir unidas al desarrollo de planes de dinamización turística en los destinos para la mejora de los recursos e instalaciones, tanto públicos como privados, que favorezcan su competitividad. También deben impulsarse mejoras en aquellos destinos maduros en los que el tiempo ha perjudicado los recursos existentes como factores de atracción de los flujos turísticos;

8.

pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que permitan y apoyen activamente la cooperación transfronteriza de los entes locales y regionales en el ámbito del turismo;

9.

pide que se creen plataformas locales y regionales intersectoriales  (3) destinadas a fomentar redes de desarrollo estratégico y comercializar los destinos turísticos (4), para proseguir el diálogo y el intercambio de buenas prácticas y de los conocimientos sobre el uso de los instrumentos financieros de la UE;

10.

recuerda que el turismo es uno de los ámbitos políticos más importantes para la cooperación transfronteriza en Europa. Las estructuras de cooperación transfronteriza, incluidas las AECT y las eurorregiones, han de facilitar la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional a través de enfoques turísticos transfronterizos (por ejemplo, sobre transporte o mercadotecnia) con el fin de aumentar el valor añadido, el empleo y la oferta regional para los consumidores. Para ello, deberían poder acceder a todos los fondos europeos posibles (por ejemplo, el FEIE, los Fondos EIE, Interreg, Horizonte 2020) con la participación de organizaciones, agrupaciones o redes altamente experimentadas que tengan relación con el sector;

11.

pide que se utilicen recursos públicos y privados para mejorar de forma sostenible las infraestructuras de los viajes y el turismo (5) en zonas remotas, montañosas, insulares y costeras, que en muchos ámbitos prestan servicios de interés general, a fin de garantizar la accesibilidad, la prestación de servicios y la competitividad de las regiones turísticas, e insta a que:

12.

pide que se incorporen las cuestiones de la lucha contra el terrorismo, sobre todo en los lugares públicos, la seguridad y la protección civil en las estrategias turísticas europeas, nacionales y regionales; en particular, la gestión de crisis y la comunicación en caso de crisis deben formar parte de los planes y procesos de emergencia nacionales, regionales y locales;

13.

invita a la Comisión Europea a que reconsidere drásticamente, con motivo de la revisión intermedia del marco financiero plurianual, el enfoque que adopta respecto al turismo en el marco de los Fondos EIE, ya que, en la actualidad, ha descartado de hecho apoyar el turismo en algunos Estados por medio de esos fondos, a pesar de la existencia de zonas poco desarrolladas en numerosas regiones de esos países, en los que el turismo constituye prácticamente el único instrumento posible de desarrollo (como, por ejemplo, los parques nacionales, las áreas protegidas desde el punto de vista medioambiental, etc.);

14.

hace hincapié en la necesidad de invertir en la competitividad del sector turístico europeo. Las pymes, en particular, deben utilizar mejor la estrategia del mercado único digital y las medidas de ayuda correspondientes (FEIE, Fondos EIE, FEMP, Interreg, Urbact, LIFE, Horizonte, COSME, Europa Creativa, Erasmus+, EaSI) (9); A este respecto son deseables iniciativas de acompañamiento y formación destinadas a las pymes para un uso más eficaz de los fondos;

15.

apoya el llamamiento en favor de introducir una línea presupuestaria para la promoción del turismo europeo en el presupuesto anual de la UE, destinada a financiar proyectos transfronterizos e interregionales innovadores, competitivos y sostenibles, y tener más en cuenta las inversiones relacionadas con el turismo en la política regional de la UE después de 2020. Las ayudas de la UE deben contribuir a simplificar la labor de las pymes, y los trámites burocráticos ligados al procedimiento de solicitud de ayudas deben reducirse significativamente;

16.

pide a los Estados miembros y a sus administraciones regionales que incluyan las prioridades del turismo en sus programas operativos después de 2020, con el fin de que los poderes públicos y el sector privado puedan acceder a los fondos para financiar sus proyectos; consciente del rápido ritmo del cambio demográfico, recomienda favorecer iniciativas destinadas a adaptar las infraestructuras turísticas y los medios de transporte a las necesidades de una población que envejece;

17.

pide a los Estados miembros que:

18.

lamenta que las pymes, por carecer de información, no aprovechen suficientemente el FEIE, y apoya la creación de plataformas de inversión regionales en el marco del FEIE para que las pymes puedan acceder a informaciones y conocimientos prácticos a semejanza del modelo de desarrollo regional (por ejemplo, «theALPS») (10). En aplicación de la declaración que aprobó en su séptima Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, celebrada en Bratislava («Invertir y conectar») (11), el CDR propone a la CE y al BEI crear una plataforma de inversión a escala europea para las pymes relacionadas con el turismo y organizar conjuntamente foros locales de inversión para el turismo en el marco del FEIE. Concretamente, en 2018 deberían realizarse cinco proyectos piloto en este ámbito en regiones seleccionadas (zonas rurales o remotas o ultraperiféricas, montañosas, fronterizas, insulares o costeras, así como ciudades), posiblemente con la participación de redes como NECSTouR, la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, las agrupaciones europeas de cooperación territorial o las eurorregiones;

19.

pide a las regiones y a las AECT, junto con la Junta Directiva del FEIE y el BEI, que motiven a los bancos establecidos en sus regiones a que desarrollen programas de inversión que faciliten el acceso de los inversores transfronterizos y las pymes relacionadas con el turismo a los fondos de la UE y a los recursos del sector privado (modelos de asociación público-privada);

20.

pide a la CE que apoye los pequeños proyectos y microproyectos transfronterizos en el ámbito del turismo, así como los proyectos interpersonales, que pueden aportar una valiosa contribución para crear una conciencia europea y ayudar en especial a las regiones fronterizas;

21.

reitera su petición de que los umbrales de minimis para ayudas estatales a los SIEG, que a menudo también benefician a las infraestructuras relacionadas con el turismo, se aumenten hasta un millón de euros por cada tres ejercicios fiscales. En las regiones cuya estabilidad económica y social dependa significativamente del turismo y que se caractericen por un gran desempleo, estos umbrales deberían aplicarse también a las inversiones públicas en infraestructuras importantes para el turismo, siempre y cuando la población local también las utilice con regularidad. Al mismo tiempo, recuerda que el actual Reglamento general de exención por categorías n.o 651/2014, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020, ya incluye las ayudas a la cultura y la conservación del patrimonio y las ayudas a infraestructuras deportivas y recreativas multifuncionales;

22.

señala que el turismo es un elemento central de la estrategia de muchas regiones menos desarrolladas que cuentan con un enorme potencial económico y medioambiental que aún no han aprovechado plenamente;

23.

llama la atención sobre las dificultades para respetar el marco regulador y recomienda a los Estados miembros que no sobrecarguen innecesariamente la legislación de la UE con normas nacionales (sobrerregulación). Recomienda a la CE que, en el marco del programa REFIT, tome las siguientes iniciativas específicas en el sector del turismo:

24.

pide que las estrategias de rehabilitación del centro de la ciudad, al determinar las necesidades futuras de inversión en infraestructuras, analicen cuidadosamente el impacto potencial de tales inversiones en lo que se refiere a la protección o el aumento del atractivo local para las actividades turísticas y la mejora de la accesibilidad para los ciudadanos y visitantes con movilidad reducida;

25.

propone que se promuevan proyectos de turismo temático  (13) (en el sentido de la «especialización inteligente» de las «regiones y ciudades inteligentes») para hacer frente a los efectos negativos del turismo de masas, y que se instituya el galardón «Capital europea del turismo inteligente», que representantes del sector turístico, la CE, el PE y el CDR concederán anualmente a un máximo de tres ciudades o regiones de la UE. Para ello se concederá especial atención a la promoción de los destinos turísticos competitivos y sostenibles, como un valor añadido para los «destinos europeos de excelencia» (EDEN). Deberían tomarse en consideración las zonas fuera de los centros urbanos y de los lugares de interés habituales, de manera que también se beneficien los nodos urbanos situados en la periferia de las áreas metropolitanas o las ciudades medianas y pequeñas;

26.

destaca que el turismo de ciudad crea dinámicas de ordenación del espacio que transforman el paisaje urbano por medio de la regeneración de los espacios públicos, la infraestructura y conectividad, así como el desarrollo de equipamientos municipales e instalaciones de ocio. Esto no solo beneficia a los turistas, sino también a las comunidades locales y los ciudadanos;

27.

pide que se apoye el turismo cultural, natural, histórico y religioso, que contribuye al empleo, la comprensión multicultural y el desarrollo local, regional y rural, y pide que se coordinen los lugares de interés turístico para crear itinerarios turísticos temáticos a escala europea, nacional y local, como las ciudades y sitios declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En este sentido debe crearse en la Unión Europea la Red Europea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y adoptarse medidas específicas para preservarlas y difundir su conocimiento;

28.

reitera que el turismo de salud y de bienestar es una de las ramas del turismo que registra un crecimiento más rápido, dado que atrae a turistas de edad europeos y de terceros países, y recomienda reforzar los vínculos entre el turismo y el programa de la economía plateada;

29.

subraya que el turismo rural preserva las comunidades locales mediante la creación de empleo, el fomento del desarrollo, la protección del medio ambiente y el apoyo a la cultura, el arte y la artesanía rurales e insta a que:

30.

subraya el importante papel del turismo gastronómico para la creación de nuevos puestos de trabajo sostenibles y señala que el desarrollo de este segmento turístico tiene como objetivo promover los productos tradicionales y locales de calidad. Dado que más de un tercio del gasto de los turistas se centra en el consumo de alimentos, la gastronomía representa una fuente de ingresos segura y esencial;

31.

reitera su apoyo a las iniciativas de Capitales Europeas de la Cultura (CEC) y Sello de Patrimonio Europeo (SPE), así como a las Jornadas Europeas del Patrimonio y el Premio de la Unión Europea al Patrimonio Cultural;

32.

recuerda que en muchas regiones el turismo es un elemento básico de seguridad para el crecimiento económico, el empleo y la renta. El CDR pide a las regiones que en sus planteamientos sobre el turismo tengan en cuenta la sostenibilidad  (14) del turismo (15), con instrumentos innovadores para supervisar y reforzar la sostenibilidad del turismo en sus tres dimensiones medioambiental, social y económica (ETIS), a fin de ofrecer un enfoque integral que prevea y sea capaz de afrontar una mayor presión sobre el medio ambiente como resultado de actividades relacionadas con el turismo. A la hora de desarrollar estos planteamientos es preciso contar con el apoyo específico de la política de cohesión de la UE;

33.

pide que se establezca un fundamento legislativo europeo para la economía colaborativa, la cual conlleva efectos positivos y riesgos, como la falta de protección social de los trabajadores, la falta de disposiciones relativas a la acogida de clientes/turistas, la transferencia del riesgo de los empresarios a los trabajadores, efectos fiscales negativos y falta de control en la calidad del destino;

34.

apoya el desarrollo de un turismo cultural sostenible en las ciudades, que puede ser un catalizador esencial y generar ingresos para las prácticas innovadoras en materia de conservación y gestión del patrimonio. El turismo en las ciudades también estimula la innovación. La utilización de tecnologías de la información y la comunicación y el concepto de ciudad inteligente no solo crean una experiencia positiva para el visitante sino también mejoran la calidad de vida de la población local;

35.

anima a las regiones turísticas a que, en la perspectiva del cambio climático, diversifiquen sus prioridades económicas —en las regiones costeras y las zonas de montaña, en particular, se dan condiciones favorables para la producción de energía renovable (energía hidráulica y eólica, energía solar, geotérmica y de biomasa)— e inviertan, junto con el sector turístico, en proyectos respetuosos con el clima utilizando instrumentos como Hotel Energy Solutions (HES) (16) y Nearly Zero Energy Hotels (neZEH) (17);

36.

pide a la Comisión Europea que promueva campañas para concienciar en mayor medida al sector sobre la gestión sostenible de los recursos naturales (con vistas a reducir el consumo de agua, el desperdicio de alimentos y el uso de productos de limpieza y artículos de higiene);

37.

pide a la CE y a los Estados miembros más medidas para el reconocimiento formal a nivel transfronterizo de las cualificaciones en el sector turístico, así como una formación polivalente para reducir la dependencia de la estacionalidad. El reconocimiento de las cualificaciones debe orientarse a criterios estrictos (18);

38.

subraya la necesidad de luchar contra el trabajo no declarado y subdeclarado, que está especialmente generalizado en el sector turístico (19);

39.

pide a la CE que, en el contexto de la red EURES, desarrolle, en cooperación con las agencias nacionales de empleo, programas específicos de turismo en toda Europa para proporcionar un servicio de empleo a escala europea de mano de obra cualificada en las zonas de turismo intensivo;

40.

insta a los entes locales y regionales y a las agencias de empleo a que creen redes de formación en el sector turístico consagradas a ofrecer, en el marco del aprendizaje permanente, formaciones a fin de mejorar la calidad (la sostenibilidad, la atención, la seguridad, etc.) y la comercialización (digitalización) en el sector del turismo;

41.

acoge con satisfacción la adopción de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (20) por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 70.o período de sesiones y destaca que, entre los 17 ODS, el turismo figura explícitamente en los objetivos 8, 12 y 14 por su capacidad para fomentar el crecimiento económico, la inclusión y un empleo digno para todos, promover el consumo y la producción sostenibles e impulsar la conservación y el desarrollo sostenible de los recursos acuáticos, además de poner de relieve las líneas de actuación principales: asesoramiento y sensibilización, creación y difusión de conocimientos, elaboración de políticas, desarrollo de capacidades y educación;

42.

en el contexto de la iniciativa europea para la formación, propone:

43.

pide a los Estados miembros, las regiones y las ciudades que integren con más rapidez a los migrantes y solicitantes de asilo en el mercado laboral y hagan uso de sus conocimientos lingüísticos y profesionales, así como que les permitan ampliar esos conocimientos mediante cursos;

44.

hace hincapié en que el ciudadano europeo debe verse, en tanto que turista en la UE, como consumidor que está protegido por el Derecho de la Unión, con derecho a circular libremente en el mercado interior de la UE y en el espacio Schengen. En consecuencia, el turismo reviste gran importancia para crear una conciencia de ciudadanía europea y fomentar el entendimiento mutuo. Por lo tanto, es conveniente crear incentivos para fomentar que los ciudadanos europeos pasen más tiempo de sus vacaciones en Europa. El CDR pide a la CE y a los Estados miembros que reflexionen sobre las siguientes ideas, respetando al mismo tiempo el principio de subsidiariedad y aplicando la gobernanza multinivel, y propone que:

45.

subraya que el sector del turismo aporta una contribución importante al entendimiento entre los pueblos y a una mejor comprensión de otras culturas;

46.

propone que la CE, el PE y el CDR concedan un premio de los medios de comunicación (óscar del turismo) para galardonar aquellas labores de documentación (en prensa escrita y medios audiovisuales) que difundan el conocimiento del patrimonio cultural y natural europeo, den a conocer los lugares de interés turístico locales y regionales en Europa y contribuyan a crear conciencia de ciudadanía europea;

47.

hace hincapié en el papel del mercado interior y del espacio Schengen para el turismo transfronterizo y los mercados locales. Pide expresamente a los Estados miembros de la UE que garanticen un espacio Schengen sin fronteras;

48.

acoge favorablemente el «paquete de visados» (23) adoptado por la CE en abril de 2014 y subraya que facilitar los visados es fundamental para animar a los turistas a visitar Europa (24). En este contexto, es preciso ponderar cuidadosamente las cuestiones de seguridad frente a la contribución económica que implica la actividad turística; el Comité acoge con satisfacción en este contexto la introducción de un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (25) para reforzar la seguridad de los viajes al espacio Schengen en el marco de los acuerdos de exención de visados;

49.

propone que los asuntos relacionados con el turismo, en especial las medidas destinadas a mejorar la seguridad de los turistas europeos en los terceros países, se aborden en un informe de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM);

50.

apoya las plataformas de cooperación creadas recientemente entre la UE y sus socios internacionales como China mediante iniciativas como la Comisión Europa-China OBOR («Un cinturón, una ruta») para el desarrollo de la cultura y el turismo (26);

51.

apoya plenamente la decisión de proclamar 2018 «Año Europeo del Patrimonio Cultural», dado que el turismo será un elemento clave de todas las iniciativas pertinentes, y pide que se proclame un Año Europeo del Turismo;

52.

aboga por coordinar de manera conjunta la promoción de Europa en terceros países entre una organización central de agencias nacionales de promoción turística y la European Travel Commission;

53.

recomienda que se amplíe la oferta turística y que esta se oriente por país, grupo destinatario, sector, etc., al tiempo que se presta una atención especial a la difusión de información a escala mundial de manera más atractiva y comprensible mediante la utilización, en la medida de lo posible, de los medios de comunicación más modernos. Un mejor acceso a la información sobre la oferta turística europea puede intensificar los flujos turísticos procedentes tanto de Europa como de países geográficamente más alejados;

54.

pide a la Comisión que aborde en mayor medida las interferencias entre el turismo y la migración y los flujos de refugiados, estudie las repercusiones culturales, económicas y sociales y destaque, en cooperación con el CDR, el potencial de la regiones afectadas (mercado de trabajo, etc.);

55.

recomienda a la CE que:

56.

pide a la CE que asocie al CDR a las reuniones anuales del Foro Europeo del Turismo y al Día Europeo del Turismo;

57.

pide que se celebre un debate anual sobre el turismo entre las comisiones y órganos competentes del PE y del CDR, que podría incluir una audición conjunta de las partes interesadas del sector;

58.

pide a las futuras Presidencias del Consejo de la Unión Europea que incluyan en su orden del día temas relacionados con el turismo europeo y prevean la participación de representantes del CDR;

59.

apoya el Manifiesto del turismo en favor del crecimiento y el empleo (29), una iniciativa de los agentes públicos y privados del sector turístico europeo, y propone firmarlo con el fin de aunar esfuerzos para mantener a Europa como destino atractivo y garantizar que el sector del turismo sigue contribuyendo a la cohesión económica, social y territorial de Europa;

60.

invita a la Organización Mundial del Turismo a apoyar sus iniciativas para desarrollar el turismo europeo;

61.

pide que los Gobiernos y el sector privado fomenten políticas y prácticas de turismo responsable, con arreglo a los principios del Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT, un marco global para el desarrollo de un turismo sostenible, responsable y accesible para todos que tenga en cuenta todas las dimensiones económicas, sociales, culturales y medioambientales;

62.

hace especial hincapié en la responsabilidad social del turismo y pide a los ciudadanos europeos y no europeos que actúen como turistas y viajeros informados y responsables y respeten las costumbres y culturas locales.

9.6.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/24

1.

toma nota de que la Comisión Europea confirma, al titular la Comunicación publicada el 2 de junio de 2016«Una Agenda Europea para la economía colaborativa», la preferencia por utilizar el término «economía colaborativa» en lugar de «economía participativa», más amplio.

2.

considera que es insuficiente la referencia al aspecto «sin ánimo de lucro» de la economía colaborativa en dicha Comunicación: «Por lo general, las transacciones de la economía colaborativa no implican un cambio de propiedad y pueden realizarse con o sin ánimo de lucro», ya que los cambios e innovaciones que promueve la economía colaborativa no se limitan a los efectos derivados del juego de la oferta y la demanda de servicios;

3.

destaca la apertura que demuestra la Comisión con esta Comunicación respecto de la economía colaborativa. Es necesario un marco normativo común, que sirva de orientación y directriz para los Estados miembros y los entes locales y regionales;

4.

reitera, dado que este asunto abarca de manera evidente múltiples niveles, la importancia de un enfoque multinivel acompañado de una estrecha y constante interacción y cooperación entre los diferentes niveles institucionales;

5.

lamenta que el programa de trabajo de la Comisión para 2017 no incluya ninguna propuesta de seguimiento de la Agenda Europea para la economía colaborativa. En efecto, la legislación europea pertinente no parece consolidada y el marco de las relaciones contractuales entre las plataformas y sus contribuyentes no está muy claro;

6.

opina que, dado que esta nueva economía se basa en muchos aspectos en el empoderamiento de los ciudadanos y los consumidores, es necesario un enfoque normativo basado en la gobernanza multinivel, la participación, la proporcionalidad y la disminución de la burocracia;

7.

pide que las iniciativas futuras en este ámbito estén sujetas a estrictas evaluaciones de impacto territorial por parte de la Comisión, tal como se destacó en el seminario de expertos sobre evaluación del impacto urbano organizado por el CDR (1) sobre este tema; pone de relieve la importante dimensión local y regional de la economía colaborativa, ya que muchas de sus iniciativas tienen un impacto considerable, especialmente en las ciudades, y suelen estar encuadradas y reguladas, y a veces gravadas, a nivel local o regional;

8.

suscribe el planteamiento de la Comisión Europea de evitar una fragmentación de las normas y pide que este objetivo se persiga para asegurar que las economías locales y regionales cosechen los beneficios de la economía colaborativa. Pide, por tanto, a la Comisión que tenga en cuenta la dimensión local y regional de las «razones imperiosas de interés general» establecidas en el artículo 4, apartado 8, de la Directiva de servicios;

9.

subraya la necesidad de abordar un fenómeno transversal como la economía colaborativa en el marco de la Agenda Urbana de la UE, en particular respecto de la transición al entorno digital, uno de los temas prioritarios del Pacto de Ámsterdam;

10.

considera indispensable adoptar un planteamiento global que permita abarcar la riqueza económica, social y medioambiental aportada por los sistemas ya existentes de gestión/puesta en común/intercambio de bienes y servicios, que ahora se difunden por medio de las nuevas tecnologías;

11.

destaca que, a pesar de su complejidad, una intervención rápida, destinada ante todo a evitar la fragmentación, sería en todo caso mucho menos difícil que proceder a una armonización a posteriori de veintiocho marcos nacionales e innumerables normas locales y regionales;

12.

señala que una regulación excesiva podría impedir la innovación; subraya, no obstante, que la ausencia de medidas reguladoras puede crear incertidumbre e inhibir, en consecuencia, las inversiones y el desarrollo del sector;

13.

considera que esta cuestión también es importante respecto de la necesidad de reducir la brecha digital. El riesgo de tratar de modo diferente dichas economías podría aumentar las disparidades entre las zonas rurales y urbanas;

14.

señala la fuerte presencia de empresas estadounidenses en la economía colaborativa y subraya que la introducción de normas claras en la UE que respeten los principios de proporcionalidad y subsidiariedad permitiría a las empresas europeas emergentes crecer y mejorar su competitividad a escala mundial; por lo demás, estima que debe tenerse en cuenta el coste de la no Europa en materia de economía colaborativa o de economía participativa (2);

15.

considera que este nuevo planteamiento basado en la puesta en común/colaboración/participación/relación tiene una fuerza que procede no solo de las nuevas tecnologías, sino también de la confianza y la responsabilidad, y tiene un valor económico, pero también social y «experiencial»;

16.

señala que las organizaciones empresariales de la economía participativa/colaborativa que tengan una visión a largo plazo deben desempeñar un papel activo en la elaboración de las futuras políticas en la materia;

17.

considera que es prioritario determinar y establecer los parámetros y valores que se quiere apoyar y defender, con objeto de evitar que el nuevo paradigma adopte una forma que «no es nuestra» y para que sea sostenible desde el punto de vista social. Esta necesidad se plasma, por ejemplo, en el sector de la hostelería donde existe el riesgo de provocar una competencia desleal entre los servicios de la economía colaborativa y las actividades tradicionales, al tiempo que podría influir en el mercado inmobiliario mediante un aumento de los precios o el cambio del uso de los edificios. La cuestión que debe abordarse a escala local es determinar en qué medida las plataformas de la economía colaborativa se complementan con la disponibilidad de viviendas existente y con los establecimientos hoteleros tradicionales;

18.

considera esencial, para garantizar la protección de los derechos, disponer, en la medida de lo posible y en el pleno respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, de definiciones y conceptos similares, con el fin de velar por la homogeneidad y la seguridad a escala europea. Estima que es imprescindible que la UE defina con mayor claridad los conceptos de proveedor de servicios, empresario y trabajador y aborde, mediante plataformas en línea, la cuestión de las relaciones entre consumidores y comerciantes para, a continuación, determinar qué derechos y qué legislación son aplicables;

19.

como ya afirmó en su anterior dictamen: «Sin embargo, considera que la regulación de los mercados preexistentes debería someterse a una revisión periódica a fin de verificar su capacidad para permitir continuos procesos de innovación. El debate sobre la economía circular y el mercado único digital podrían constituir algunos de los ámbitos en los que la economía colaborativa debería tenerse en cuenta» (3);

20.

lamenta, no obstante, la falta de toda referencia a la intención de asociar a los entes locales y regionales en los futuro análisis y el hecho de haber dejado demasiado margen a los Estados miembros, con un riesgo de fragmentación que debería evitarse;

21.

considera que la Comunicación de la Comisión presenta elementos y criterios de evaluación, sin dar una respuesta completa, por lo que llevará inevitablemente a interpretaciones divergentes, así como a una mayor fragmentación del mercado único; en consecuencia, pide a la Comisión que proponga un marco jurídico claro que garantice el respeto de los principios de competencia leal; a este respecto, lamenta que el planteamiento de la Comisión parece consistir en dejar que el legislador europeo solo ratifique una serie de decisiones judiciales (4), en particular, sobre la cuestión de saber qué cubre exactamente la exclusión de los «transportes» del ámbito de aplicación del artículo 2 de la Directiva 2006/123/CE sobre los servicios;

22.

considera positivo el enfoque de la Comisión que, gracias a los datos recogidos en el documento de trabajo de sus servicios, expone el potencial económico de la economía colaborativa. Al mismo tiempo, pide que se analicen y reconozcan no solo los beneficios económicos cuantificables, sino también los beneficios y ahorros que las actividades colaborativas generan en términos medioambientales y sociales. Por consiguiente, el CDR sugiere determinar la mejor forma de estudiar y seguir esta «riqueza» producida por el uso compartido, que puede formar parte integrante de la economía circular y ser reconocida como tal;

23.

señala que la creación de ventanillas únicas para los empresarios de la economía participativa/colaborativa, que presten todos los servicios de apoyo a las empresas, podría contribuir a una mayor difusión de las actividades de la economía participativa/colaborativa;

24.

se pregunta si el concepto de «prestador de servicios» recogido en la Directiva de servicios sigue siendo pertinente, habida cuenta de que la redacción actual incluye cualquier actividad económica, incluidas muchas actividades sumamente infrecuentes y no profesionales realizadas entre pares;

25.

considera especialmente útil determinar «umbrales» de acceso, «cualitativos» y «cuantitativos», con el fin de determinar quién está sujeto a los requisitos de acceso al mercado, así como para evitar la propagación de actividades que, con el pretexto de la economía colaborativa, puedan eludir las disposiciones legales y reglamentarias;

26.

considera que la Comisión debe aclarar las orientaciones respecto de la definición de «comerciante»; señala que la falta de ánimo de lucro debe excluir que se asigne a un proveedor la condición de comerciante y que deben utilizarse umbrales a escala de la UE basados en la frecuencia del servicio prestado;

27.

observa que las evaluaciones y las calificaciones pueden ser un factor importante, junto con los requisitos legales, con el fin de garantizar la confianza y la protección de los consumidores y subraya que las plataformas deben esforzarse más por luchar contra las falsas evaluaciones;

28.

señala, no obstante, que muchas formas de trabajo de la economía colaborativa parecen situarse a medio camino entre trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia, una situación que plantea cuestiones importantes sobre las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad, la cobertura sanitaria, la baja retribuida de enfermedad, las prestaciones de desempleo y las pensiones de jubilación; subraya que esto podría dar lugar a una nueva categoría de trabajadores con empleos precarios;

29.

señala que el desarrollo de algunos de los modelos empresariales de la economía colaborativa genera fuertes externalidades negativas a nivel social y laboral, en particular, mediante el abuso del concepto de «trabajo por cuenta propia», y se basan en divergencias sociales entre los trabajadores en función de la legislación nacional aplicable en el país en el que se presta el servicio; a este respecto, pide a la Comisión que determine un marco más concreto para garantizar la coordinación entre los Estados miembros;

30.

pide a los Estados miembros, los entes locales y regionales y la Comisión que promuevan soluciones innovadoras para los retos sociales y laborales que plantea la economía colaborativa, como las organizaciones cooperativas y las mutuas, que conceden el estatuto de trabajador por cuenta ajena a personas que, de otro modo, se verían obligadas a elegir, en contra de su voluntad, la condición de trabajador por cuenta propia, y les permiten acceder de esta forma a una amplia gama de medidas de protección social;

31.

subraya, en cambio, que cualquier actividad ejercida a través de una plataforma para la intermediación en línea es totalmente rastreable y que, con medidas políticas adecuadas, la economía colaborativa puede representar un instrumento para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y reducir las cargas administrativas;

32.

insta a las plataformas de economía colaborativa a exigir que todos los prestadores activos cumplan las normas fiscales vigentes, así como a colaborar con las autoridades nacionales, regionales y locales para crear mecanismos de transferencia de información que permitan hacer cumplir estas obligaciones en el pleno respeto de la legislación aplicable sobre la protección de los datos; destaca que ya existen ejemplos de tales sistemas y que deben generalizarse;

33.

destaca en particular el caso de las tasas turísticas, que constituyen una gran preocupación para numerosos entes locales y regionales, habida cuenta de que, en muchas localidades donde se aplica dicho impuesto, no se percibe para estancias reservadas a través de las plataformas de economía colaborativa; añade que esta infracción de la legislación no puede tolerarse, ya que genera una competencia desleal respecto de los alojamientos tradicionales y, además, priva de ingresos a los entes locales y regionales; al mismo tiempo, acoge favorablemente que se haya llegado a acuerdos entre algunas ciudades y plataformas sobre la recaudación sistemática de esas tasas;

34.

subraya que las responsabilidades sociales de las plataformas en todas sus diversas configuraciones deberán determinarse con mayor precisión, especialmente en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo y la formación; destaca que el derecho de los trabajadores a la información y a la consulta en la empresa y el derecho de negociación y de acción colectiva, consagrados respectivamente en los artículos 27 y 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales, deben garantizarse con independencia del modelo empresarial;

35.

considera de suma importancia el papel de las plataformas en línea, instrumento multiplicador en el paradigma económico de que se trata, y quiere que asuman la responsabilidad de garantizar el respeto de los derechos de los usuarios, de la comunidad y del territorio, ya que ello no implica automáticamente un obstáculo o una barrera;

36.

considera positiva la indicación de la Comisión de que su iniciativa sobre la «libre circulación de datos» facilitará la transferencia y la portabilidad de estos entre las diferentes plataformas en línea; en efecto, se trata de un aspecto fundamental para garantizar la competencia leal y la protección de los usuarios en el mercado único;

37.

pide a la Comisión que estudie la necesidad y viabilidad de imponer a las plataformas la obligación legal de proporcionar una descripción resumida, sencilla y fácil de usar de sus condiciones generales, además de los documentos de uso general, dado que su longitud y complejidad desaniman a la mayoría de los usuarios a leerlas, lo que genera una relación muy asimétrica;

38.

acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de colaborar con las plataformas en línea para crear un código de conducta contra la incitación al odio en línea;

39.

pide a la Comisión que adopte lo antes posible un planteamiento de conjunto de la cuestión, para no bloquear la evolución y el impacto de la economía colaborativa en un futuro próximo;

40.

apoya la posibilidad de crear un estatuto europeo específico para las plataformas colaborativas a medio plazo que podría ir precedido de un proceso de etiquetado iniciado por las propias plataformas o, en su defecto, por las autoridades públicas. Este proceso de etiquetado debería permitir que las plataformas aclaren sus responsabilidades y, en particular, establezcan requisitos mínimos sobre las normas y principios aplicables a los trabajadores de la economía colaborativa (remuneración, normas de clasificación y desreferenciación, resolución de litigios, etc.);

41.

destaca la necesidad de lograr un equilibrio adecuado a nivel normativo: los responsables políticos no deben ahogar la innovación ni regular la economía colaborativa hasta estrangularla, pero al mismo tiempo deben intervenir de forma precisa para evitar la fragmentación y gestionar los retos socioeconómicos;

42.

pide a la Comisión que comunique, informe y asocie a todos los niveles interesados, para dar a conocer el «proyecto piloto» que aprobó a propuesta del Parlamento Europeo sobre estudios, seguimiento y programas de formación en el ámbito de la economía colaborativa;

43.

pide que se exploren y consideren los umbrales dentro de la UE por debajo de los cuales una actividad económica sigue siendo no profesional y «entre pares», por lo que no está sujeta a ninguna condición relativa al acceso al mercado;

44.

opina que dichos umbrales deben ser relativos y estar basados en el tiempo (por ejemplo, el número de pernoctaciones por alojamiento o el número de días/horas trabajados en otros sectores) más que absolutos y monetarios, a fin de garantizar unas condiciones uniformes para todos los países; también estima que deben ser bajos, a fin de evitar abusos y garantizar el carácter realmente ocasional y no profesional de la actividad de que se trate;

45.

pide a las plataformas de la economía colaborativa en el sector del alojamiento que impongan a los prestadores el cumplimiento de las normas en materia de tasas turísticas y que recauden dicho impuesto sobre todas las reservas que se realicen a través de ellas en las ciudades y regiones interesadas; destaca que ya existen diversos ejemplos de dicha cooperación entre las autoridades y las plataformas;

46.

apoya el establecimiento de un «foro de las ciudades sobre la economía colaborativa» para poner en común experiencias e intercambiar buenas prácticas, en el que, además del CDR, deberían participar las organizaciones y redes europeas activas en la dimensión local y regional de la economía colaborativa y cooperar con las asociaciones temáticas pertinentes de la Agenda Urbana de la UE; hace hincapié en que dicho foro constituiría un recurso clave y un socio importante con vistas a la necesaria evaluación del impacto territorial en este ámbito;

47.

insta a todos los niveles de gobierno a aunar esfuerzos en la situación actual, sin olvidar que el verdadero reto político consiste en concebir la economía colaborativa del mañana.

9.6.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/29

1.

subraya que la nueva Agenda de Capacidades es de gran importancia para el desarrollo futuro de Europa. La inversión económica, social y cultural tiene efectos a largo plazo y reviste la máxima importancia. Por este motivo, el CDR acoge con satisfacción la nueva Agenda de Capacidades y pide que no se escatimen esfuerzos para que pueda aplicarse con celeridad y eficacia. Se trata de cuestiones que afectan en gran medida a los entes locales y regionales de Europa;

2.

subraya que el mercado laboral es cada vez más fluido. Los trabajadores tienen que ser versátiles y flexibles para poder afrontar cambios inesperados y aprovechar nuevas oportunidades. Además de las capacidades específicas ligadas a una ocupación determinada, los empresarios buscan cada vez más capacidades «transversales» o «aptitudes interpersonales». Esto está en consonancia con las exigencias de la vida actual y de la sociedad moderna, de manera que los trabajadores capacitados y con una personalidad equilibrada no solo obtienen mejores resultados en el mercado laboral, sino también son personas mejor informadas, ciudadanos más comprometidos y consumidores más inteligentes;

3.

hace hincapié en la necesidad de dar a los ciudadanos europeos con capacidades básicas deficientes la oportunidad de participar activamente en la vida laboral y la posibilidad de subvenir a sus necesidades, mediante medidas de capacitación. Esto es importante tanto para las personas como para la sociedad en general. En Europa se han percibido últimamente señales de malestar social, lo que claramente muestra que la inclusión social constituye un objetivo esencial de las medidas educativas y de formación básicas, como un instrumento para combatir la exclusión. La ciudadanía activa –que implica estar de acuerdo con los valores democráticos y saber qué significa asumir activamente su responsabilidad para defenderlos– debe incluirnos a todos. Es importante, por tanto, con vistas a la integración, que los migrantes, incluidos los solicitantes de asilo y los refugiados, se beneficien, según fórmulas adecuadas, de la Garantía de Capacidades;

4.

no obstante, destaca la importancia de que las capacidades básicas se adquieran principalmente en las etapas más tempranas de la educación y, en todo caso, durante la escolaridad obligatoria;

5.

considera que la nueva Agenda de Capacidades es un instrumento importante para afrontar la escasez de mano de obra cualificada en Europa ya que abarca todo el espectro de las necesidades de capacidades, desde las básicas hasta las complejas, y desde las transversales hasta las específicas por sectores. Aunque es importante desarrollar un amplio abanico de capacidades a una edad temprana, la Agenda de Capacidades también es relevante para diferentes categorías de adultos: los recién llegados, los que necesitan actualizar sus capacidades para acceder al mercado de trabajo o conservar el empleo, los que necesitan desarrollar nuevas capacidades para trabajar en otros ámbitos de actividad, los que desean cruzar fronteras y los que requieren una base para seguir estudiando y formándose. Asimismo considera importante garantizar la coherencia y complementariedad dentro de los sistemas educativo y de formación en general y entre estos –y en particular la formación profesional– y la prestación de formación en el lugar de trabajo, cuando se trata de aplicar medidas de mejora de las capacidades;

6.

apoya la propuesta de la Comisión sobre una Garantía de Capacidades para mejorar el empleo y la plena participación en la sociedad de las personas adultas con baja cualificación en Europa. La oferta de participación en la Garantía de Capacidades debe incluir objetivos claros en cuanto al nivel de capacidades y de cualificación a alcanzar y especificar los compromisos que deberán asumir las personas adultas poco cualificadas. La oferta deberá tener en cuenta el nivel y la naturaleza de las capacidades que demanda el mercado de trabajo y, cuando sea posible, aprovechar las competencias profesionales que ya poseen las personas. Estas cuestiones tienen repercusiones importantes para los entes locales y regionales, en cuanto que cuentan con competencias en materia de educación, formación y empleo;

7.

considera necesario establecer un vínculo claro entre la elaboración de un perfil de capacidades y las posteriores actividades de formación, mediante un plan de aprendizaje personalizado. Un buen plan de aprendizaje personalizado debe incluir información concreta sobre la estructura, los objetivos y las metas de los estudios del interesado;

8.

considera asimismo que para establecer planes de aprendizaje personalizados es necesario contar con servicios de calidad y eficientes de información y orientación profesional a lo largo de la vida. Estos servicios informarán a la persona interesada sobre las oportunidades de aprendizaje que se ajustan a sus necesidades y que le servirán para adquirir las capacidades necesarias para insertarse laboralmente. Puede tratarse de actividades de orientación, visitas de estudio y experiencias prácticas, asesoramiento sobre la financiación de los estudios e información sobre las oportunidades de aprendizaje, así como información sobre cómo acceder a diferentes formas de educación y centros de enseñanza;

9.

subraya que el objetivo de las medidas de formación debe ser que sus beneficiarios se hagan con las capacidades necesarias para acceder al mercado laboral y la vida en sociedad y permanecer en ellos. Hace hincapié en la conveniencia de que los participantes también tengan la oportunidad de combinar estudios en distintos niveles del sistema educativo y en diferentes entornos de aprendizaje adaptados a sus necesidades. Se trata de obtener rápidamente las capacidades necesarias para el mercado de trabajo y la vida en sociedad, en particular para los solicitantes de asilo y refugiados. Puede tratarse, por ejemplo, de capacidades básicas en un idioma, combinados con conocimientos de nivel primario, secundario o superior. También es preciso facilitar el trabajo que pueda combinarse con los estudios;

10.

subraya que debe asegurarse a las personas en el grupo destinatario el acceso a diferentes tipos de formación, teniendo en cuenta el espacio y tiempo de que disponga cada persona en función, por ejemplo, de las particularidades geográficas y sociales, de la posibilidad de combinar los estudios con otras actividades y de las distintas formas de aprendizaje. El Comité destaca la importancia de que se aprovechen al máximo las nuevas oportunidades de aprendizaje –con una buena supervisión– en sus diferentes formas, como el aprendizaje a distancia basado en las tecnologías de la información (en tiempo real), o los cursos de aprendizaje mixto u otras formas de educación abierta. Hay razones para suponer que las posibilidades técnicas se desarrollarán rápidamente en los próximos años. El reto reside en conseguir que la actividad educativa sea capaz de seguir el ritmo;

11.

destaca que una estructura de este tipo debería incluir un acercamiento activo a potenciales interesados, para llegar a grupos desfavorecidos que necesitan una mejora de las capacidades pero que no toman la iniciativa de buscar una formación. Las intervenciones de este tipo deben ser una combinación de instrumentos de nivel tanto nacional como regional y local. Por ejemplo, las autoridades locales o regionales son las responsables de determinar cuál es el público destinatario de la campaña y animarlo a través de actividades de acercamiento, y posteriormente, las personas que reúnen las condiciones de participación pueden beneficiarse de ayudas establecidas a nivel nacional, como becas reforzadas, desgravaciones fiscales o días libres. Subraya que los agentes de la sociedad civil, como las organizaciones juveniles, pueden desempeñar un importante papel en estas acciones de acercamiento;

12.

coincide con las conclusiones mencionadas en la Comunicación, a saber, que los empresarios no buscan, en la misma medida que en el pasado, capacidades específicas ligadas a una ocupación determinada, sino que están cada vez más interesados en capacidades transferibles, como la capacidad de trabajar en equipo, la resolución de problemas y el pensamiento creativo y la capacidad de trabajar en diferentes ámbitos de actividad. Cuando se trata de diseñar y aplicar acciones de formación, conviene tener en cuenta este nuevo contexto. Sin embargo, cree necesario desarrollar contenidos formativos específicos destinados a los nuevos sectores económicos, como la economía verde y la economía azul;

13.

pide una estrecha cooperación basada en la asociación entre organismos públicos a nivel nacional, regional y local, las empresas, los trabajadores y sus organizaciones y los agentes de la sociedad civil, a fin de aprovechar mejor las capacidades y cualificaciones adquiridas mediante el aprendizaje no formal o informal. La validación de las capacidades adquiridas fuera de los sistemas de educación formal puede mejorar considerablemente el conocimiento de las necesidades en materia de nuevas capacidades y cualificaciones;

14.

subraya que, mientras que el contenido y la organización de los sistemas educativo y de formación son competencia de los Estados miembros, la Garantía de Capacidades debe desarrollarse atendiendo a las particularidades nacionales, regionales y locales y teniendo en cuenta los recursos disponibles, sin olvidar asimismo que la inversión en capital humano debe considerarse como una inversión social. El Comité insiste en que las posibilidades de cofinanciación europea, mediante programas de financiación existentes o futuros, son de gran importancia para la aplicación de una garantía de formación en los Estados miembros;

15.

acoge con satisfacción la intención de la Comisión de seguir trabajando en pos de una comprensión común de las competencias clave de manera que se vean claramente articuladas en las políticas nacionales, tengan efecto en la enseñanza y se evalúen en los distintos niveles directivos del sistema de educación y formación. Es necesario que las cuestiones relacionadas con la importancia de las competencias clave, cuya finalidad también es capacitar a las personas para responder a la demanda en rápida evolución del mercado laboral, se planteen en distintas plataformas en Europa, a nivel nacional, regional y local. Por ello, esto debería hacerse preferiblemente en el marco de un estrecho diálogo entre representantes de la organización social, el empleo, la educación, la investigación y la sociedad civil;

16.

considera esencial que los entes locales y regionales, en su calidad de, entre otras cosas, proveedores de educación y formación, y los centros de formación del profesorado participen en estos trabajos durante el proceso de desarrollo, a fin de que las capacidades tengan efecto lo más rápidamente posible. Subraya que los marcos de referencia elaborados por la Comisión para las capacidades digitales y empresariales son pasos importantes en esta evolución. Propone por tanto que se elaboren documentos de este tipo para las demás competencias clave, como unos conocimientos financieros básicos, junto con material de apoyo para su aplicación, supervisión y evaluación;

17.

considera esencial que se mantengan los esfuerzos de la Comisión en forma de semanas temáticas, así como la cooperación con la organización World Skills. Esto, a su vez, servirá para fomentar y apoyar los esfuerzos nacionales, regionales y locales para fomentar la formación con jornadas de información y concursos de capacidades, así como con experiencias prácticas;

18.

acoge con satisfacción la actuación de la UE para afrontar la escasez de mano de obra capacitada que, con frecuencia, es especialmente problemática para los entes locales y regionales pequeños y rurales. Espera, a este respecto, la aplicación de la nueva propuesta de Plan de cooperación sectorial sobre capacidades para ver si este nuevo sistema puede contribuir a la cooperación intersectorial de los entes locales y regionales. Esta plataforma de cooperación intersectorial podría ser beneficiosa para las economías, la mano de obra y los servicios públicos locales;

19.

apoya la propuesta de la Comisión de instar a los Estados miembros a que desarrollen sus sistemas educativos de modo que permitan cambios graduales para pasar de la formación general a cursos específicos de formación en distintos ámbitos profesionales;

20.

respalda la idea de instar a los Estados miembros a que ofrezcan a los recién llegados que entraron rápidamente en el mundo del trabajo gracias a medidas específicas, oportunidades para seguir formándose a fin de evitar una posterior exclusión del mercado laboral;

21.

apoya la aspiración de la Comisión de estimular una oferta más amplia de formaciones profesionales de nivel superior para mejorar gradualmente la formación profesional. Una asociación bien desarrollada entre los proveedores de educación, los investigadores, las empresas y los entes locales y regionales debe constituir el marco de tales sistemas de formación;

22.

señala que la Comisión debe seguir esforzándose para que la formación profesional permita continuar el aprendizaje a lo largo de la vida y ofrezca la posibilidad de proseguir un aprendizaje posterior en un nivel más avanzado;

23.

apoya la propuesta de la Comisión de que se inste a los Estados miembros a desarrollar estrategias nacionales globales para la educación digital;

24.

señala que, para ser innovadores y de alta calidad, los métodos y formas de aprendizaje de contenido digital requieren:

25.

considera que la digitalización representa una oportunidad para responder a varios de los retos que afronta el sistema escolar. Puede tratarse de:

26.

hace hincapié en que para que los esfuerzos en materia de capacidades digitales porten fruto se requiere un liderazgo pedagógico reforzado en los distintos niveles educativos. El Comité considera que el énfasis en las capacidades digitales en las escuelas podría contribuir a entornos de trabajo más atractivos, en los que los profesores se vean respaldados en su voluntad de desarrollar sus capacidades y se les ofrezca la oportunidad de hacerlo;

27.

llama la atención sobre el hecho de que es necesario hacer una distinción entre las capacidades digitales básicas, que todo el mundo debe aprender, y unas capacidades digitales más específicas relacionadas con determinadas disciplinas o ámbitos de conocimiento;

28.

espera que la revisión del Marco Europeo de Cualificaciones garantice la actualización, cuando las circunstancias así lo requieran, de los marcos nacionales de cualificación y asegure que los informes al respecto se elaboren en un formato común. Al mismo tiempo, reitera que los Estados miembros son los responsables de fijar los principios que permitan garantizar la calidad del marco nacional de cualificaciones;

29.

subraya la importancia de continuar la colaboración en materia de calidad entre los Estados miembros y coincide con la Comisión Europea en que es necesario un enfoque gradual para la cooperación entre la UE y los terceros países por lo que respecta a la correspondencia de las cualificaciones;

30.

subraya que la mayoría de las profesiones y ámbitos de ocupación están experimentando grandes cambios, que van surgiendo nuevas funciones profesionales y otras se vuelven obsoletas. Por consiguiente, es importante, de cara al futuro, que los perfiles profesionales y los inventarios de capacidades puedan reflejar un mercado laboral en rápida evolución y renovación. En este contexto, la importancia de las competencias clave debe ser objeto de una atención especial;

31.

señala que, como ha declarado el Parlamento Europeo (2016) (1), es esencial apoyar la inclusión y la integración de los refugiados, los solicitantes de asilo y las personas en circunstancias similares. Por consiguiente, es importante que, tan pronto como sea posible, los Estados miembros ofrezcan acceso a la elaboración de un perfil de capacidades, una introducción al idioma, medidas de capacitación y otras medidas de apoyo para facilitar la integración en la vida laboral y social. También resulta fundamental que las personas con una formación o diploma del país de origen puedan solicitar una evaluación de sus capacidades sin demora;

32.

acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de prestar especial atención, en el marco de la Agenda de Capacidades, a la innovación en el ámbito educativo, y espera que esto facilite también la adquisición de competencias clave, que son un componente esencial de los sistemas educativos y de formación europeos;

33.

considera que la Comisión debe apoyar un desarrollo del aprendizaje centrado en el alumno y basado en los aspectos del aprendizaje digital, tal como el Comité expuso en su dictamen sobre la Comunicación de la Comisión sobre los recursos educativos abiertos (2014) (2);

34.

señala que el éxito de la nueva Agenda de Capacidades dependerá de la capacitación de todos los profesores, en particular los que trabajan en el sector de la educación para adultos y de la formación comunitaria. Los planes de aplicación de los Estados miembros deberían tener debidamente en cuenta el apoyo al personal docente; además, podrían tomarse medidas para fomentar la concienciación respecto de la plataforma electrónica para el aprendizaje de adultos en Europa (EPALE);

35.

coincide con la Comisión en que es necesario que los Estados miembros refuercen la educación y la formación continua de los profesores y demás personas relacionadas con la ejecución de la Garantía de Capacidades;

36.

acoge con satisfacción la intención de la Comisión de trabajar con diversas partes interesadas en sus esfuerzos de modernización de la enseñanza superior, en particular por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la evaluación de las capacidades. Dicho trabajo debería tener en cuenta los sistemas nacionales de educación de los Estados miembros, así como los puntos fuertes y retos a nivel local y regional, incluidas las diferentes necesidades de los mercados laborales regionales y locales. Insiste, en este contexto, en la necesidad de extraer lecciones de los éxitos y fracasos de ejercicios similares anteriores a fin de garantizar el compromiso necesario para llegar a un consenso que haga avanzar la modernización de la educación superior;

37.

por lo que se refiere a la iniciativa anunciada por la Comisión de efectuar un seguimiento profesional de los titulados, subraya que este tipo de iniciativas no debe servir para crear cargas administrativas adicionales para las autoridades y universidades nacionales y regionales ni cargas para los estudiantes; además, se señala la necesidad de respetar las disposiciones que rigen la protección de datos. En este sentido, cabe cuestionar la idea de utilizar datos sobre los impuestos y la seguridad social para el proyecto;

38.

acoge con satisfacción la intención de la Comisión de revisar el actual marco Europass. Para garantizar la información precisa y en tiempo real sobre la oferta y la demanda de capacidades, la revisión del actual marco Europass debe basarse en las actuales experiencias a nivel local y regional. Por ello, los entes locales y regionales pueden contribuir positivamente a la información sobre las capacidades y al trabajo de la plataforma de servicios en línea propuesta.

9.6.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/36

1.

señala que el plan de acción adoptado en la Cumbre del G-20 de junio de 2011 para luchar contra la volatilidad de los precios agrícolas ha logrado pocos avances hasta ahora y, por tanto, pide que se reanuden las negociaciones sobre este tema durante la presidencia alemana del G-20 en 2017;

2.

señala que, a pesar de las reformas de la política agrícola común (PAC) realizadas en los últimos años, los mecanismos de gestión de riesgos, destinados a proteger a los agricultores de las repercusiones negativas de las variaciones en los rendimientos y los precios y de los daños de origen sanitario o medioambiental, siguen siendo el pariente pobre de la PAC. En efecto, absorben menos del 2 % de los fondos del segundo pilar de la PAC y el 0,4 % del presupuesto agrícola total. Los Estados miembros son libres de decidir en qué medida desean utilizar estos instrumentos del Reglamento Feader;

3.

considera que los mecanismos encaminados a hacer más segura la renta de los agricultores deben reforzarse de forma considerable para reducir los efectos negativos de la elevada volatilidad de los precios agrícolas y de los insumos, a fin de mejorar la competitividad de los sectores agroalimentarios europeos, mantener la agricultura en todos los territorios, impulsar la modernización y la innovación y conservar un tejido rural vivo;

4.

estima que este objetivo puede alcanzarse si se aplican de forma conjunta una serie de medidas dirigidas a: i) reforzar el papel de los agentes privados de los sectores agroalimentarios en la regulación de los mercados agrícolas, a fin de compensar en parte la desregulación de la PAC; ii) ampliar y simplificar el acceso a la gama de herramientas de gestión de riesgos disponibles para los agricultores, dado que los instrumentos existentes en el marco del Feader no pueden utilizarse debido a la insuficiencia de los medios disponibles para el segundo pilar, y estos deberían incrementarse sin poner en cuestión los fondos disponibles para el primer pilar; y iii) alentar, en el marco de la próxima reforma de la PAC, así como a escala local y regional, un aumento del valor añadido de las explotaciones europeas, a fin de hacerlas menos vulnerables a las fluctuaciones de los precios agrícolas mundiales;

5.

recuerda que los contratos garantizan la comercialización de la producción de los agricultores y el abastecimiento de los transformadores a unos precios conocidos con antelación. Contribuyen así al equilibrio entre la oferta y la demanda y hacen posible un mejor control de la calidad del producto, lo que puede conducir a unos precios más altos para los productores y a una distribución más equitativa a lo largo de la cadena de suministro;

6.

propone que en los Estados miembros en los que no existan acuerdos de cooperación vertical se refuerce la contractualización en toda la cadena alimentaria (y no solo entre agricultores y transformadores de productos agrícolas) y se permita que los Estados puedan hacerla obligatoria, así como favorecer la firma de contratos multipartitos, entre, por ejemplo, una organización de productores (OP), un transformador y un distribuidor;

7.

propone dar, en el marco de una interpretación más flexible y uniforme de las normas de la competencia en la Unión, más poder a las empresas agrícolas, a las organizaciones de productores y a las organizaciones interprofesionales reconocidas, así como a los operadores de mercados y centros agroalimentarios reconocidos como estructuras competentes para la defensa del interés público, de cara a evitar las crisis. A tal fin, las organizaciones interprofesionales, que agrupan a los distintos eslabones de la cadena, y dichos operadores de mercado y centros agroalimentarios deben ser capaces de proporcionar a las empresas previsiones sobre los mercados, a fin de ayudarlos a tomar las decisiones adecuadas, pero sin fijar precios de referencia. Esta práctica existe ya en algunos Estados miembros y, por lo tanto, es procedente también tenerla en cuenta en el intercambio de buenas prácticas;

8.

propone que, en caso de desequilibrio del mercado o de riesgo probado de desequilibrio del mercado, evaluado a partir de determinados indicadores, las empresas agrícolas, incluidas las OP y sus asociaciones, puedan aprovechar su margen de actuación y reducir su producción, antes incluso de ser autorizadas a ello por la Comisión Europea en aplicación del artículo 222 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios (OCM). La OCM debería permitir, así, de forma explícita, que las empresas agrícolas, incluidas las OP y sus asociaciones, puedan llevar a cabo acciones preventivas con vistas a reequilibrar el mercado y evitar los abusos de posición dominante, comunicándolo previamente a las autoridades competentes;

9.

observa que la regulación de la volatilidad de los precios agrícolas y la lucha contra las prácticas comerciales desleales (PCD) en la cadena de suministro alimentario guardan una estrecha relación, ya que las fluctuaciones de los mercados avivan las relaciones de fuerza para el reparto del valor añadido de los sectores, y los arbitrajes resultantes suelen ser desfavorables a los productores, que tienen un poder de negociación limitado debido, en particular, a la creciente concentración de la industria agroalimentaria y, sobre todo, de la gran distribución, así como a la atomización de los productores y su insuficiente organización;

10.

recomienda adoptar una reglamentación europea específica contra las PCD en la cadena de suministro alimentario, tal como propone la Resolución del Parlamento Europeo de 7 de junio de 2016 [2015/2065 (INI)], dado que: los contratos hacen posible cierto reparto de los riesgos, pero no corrigen la desigualdad entre las partes; las disposiciones antimonopolio no bastan para poner remedio a las PCD ni a las disparidades en las relaciones de fuerza características de los sectores agroalimentarios; los mecanismos de autorregulación de los agentes no son eficaces, en particular porque los agricultores y los transformadores a menudo temen presentar denuncias por miedo a quedar excluidos del mercado; es absolutamente necesaria una ley marco de la Unión Europea para armonizar las condiciones de competencia y hacer que los agricultores y los consumidores europeos se beneficien de unas condiciones de venta y de compra equitativas;

11.

preconiza ampliar el derecho a la negociación colectiva de los contratos a todas las producciones agrícolas, a fin de aumentar el poder de negociación de los agricultores en los sectores;

12.

reconoce que, al reagrupar la oferta, se puede evitar que los pequeños productores sufran el importante peso contractual de las grandes empresas, al tiempo que se garantiza a los consumidores una mayor transparencia en materia de precios y trazabilidad de los productos;

13.

observa que el refuerzo del papel de los agentes privados en la regulación de los contratos agrícolas requiere una mayor transparencia de los mercados;

14.

sugiere, a tal fin, crear un observatorio europeo de los mercados agrícolas, alimentado por una red de observatorios nacionales por sector de producción, que aproveche la experiencia del Observatorio del Mercado de la Leche y del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo que la Comisión Europea publica periódicamente. Este nuevo observatorio proporcionaría de manera clara y oportuna los datos necesarios para el conocimiento de los mercados desde los puntos de vista coyuntural (en particular, a fin de anticipar las crisis) y estructural (lo que permitiría analizar la evolución de los precios y de los márgenes de los distintos agentes de los sectores);

15.

resalta que la aplicación de la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID 2), prevista para 2018, debería favorecer un mayor conocimiento y un seguimiento periódico de las posiciones defendidas por las distintas categorías de operadores en los mercados financieros de productos agrícolas, a fin de reducir el riesgo de especulación excesiva y hacer posible una gestión eficaz del riesgo de precio por parte de los agentes comerciales de los sectores;

16.

observa que la aplicación y el refuerzo de las herramientas actuales de gestión de riesgos y crisis de la PAC tropiezan con numerosos obstáculos, entre otros, la competencia entre los fondos del segundo pilar, del que dependen la mayoría de estas herramientas, la inadecuada dotación financiera de la reserva de crisis, —que, dado que es necesaria, no debería establecerse a partir de reducciones anuales de los pagos directos—, la falta de datos actuales y previstos sobre los resultados económicos de las explotaciones agrícolas, etc., y afirma la necesidad de reducir estos obstáculos para aplicar una estrategia ambiciosa y eficaz de gestión de los riesgos agrícolas;

17.

considera que la próxima reforma de la PAC debería inducir a los Estados miembros a elaborar y aplicar una amplia gama de herramientas de gestión de riesgos, complementarias y a un coste asequible para los agricultores, siguiendo un enfoque segmentado de los riesgos, clasificados en función de su intensidad (1): i) riesgos «normales», en lo esencial absorbibles mediante la constitución de un ahorro de precaución por los agricultores y mediante medidas fiscales; ii) riesgos «medianos», transferibles por los agricultores a los mercados financieros (contratos a plazo, opciones, contratos OTC), a compañías de seguros (para la gestión de los riesgos de rendimiento, de volumen de negocios y de margen bruto) y a fondos mutuales (para la gestión de los riesgos sanitario y medioambiental y la estabilización de la renta de las explotaciones); y iii) riesgos de «catástrofe», asumidos esencialmente por los poderes públicos a través de las redes de seguridad sobre los precios y medidas de crisis excepcionales; sin embargo, debe velarse por que una mayor fragmentación de los riesgos no implique al mismo tiempo un aumento de los gastos administrativos;

18.

resalta que el desarrollo de las herramientas de gestión de riesgos debe llevarse a cabo sin afectar de forma sustancial la estabilidad del presupuesto de la PAC, garantizada hoy por las ayudas disociadas de la producción y los precios. En efecto, un presupuesto cuyos gastos siguiesen estrechamente las fluctuaciones de los precios agrícolas y disminuyesen de forma coyuntural en razón del buen comportamiento de los mercados, estaría expuesto a un riesgo de reducción no despreciable en los debates sobre las perspectivas financieras plurianuales de la Unión Europea. De ello resultaría una disminución de la protección proporcionada por la PAC, que sería perjudicial para los agricultores en caso de cambio de tendencia de los mercados;

19.

propone que, para constituir un ahorro de precaución contra los altibajos de los mercados, una posibilidad sea que los agricultores puedan reservar, en una cuenta especial, una parte de los pagos de base del primer pilar. La reserva de esta parte de los pagos de base sería obligatoria cuando determinados indicadores del mercado, como los precios de los productos agrícolas o la relación entre los precios de los productos agrícolas y los precios de los insumos, evolucionen al alza. Las cantidades así reservadas podrían desbloquearse y ser utilizadas por los agricultores cuando los indicadores de mercado registren un retroceso. En cualquier caso, conviene evitar la creación de cargas administrativas adicionales;

20.

reconoce que, además de la mejora de la capacidad autoaseguradora de los agricultores, este mecanismo tendría varias ventajas: sustituiría en parte a la reserva de crisis actualmente en vigor, cuyo mal funcionamiento es patente; su coste de gestión sería bajo; no afectaría a la estabilidad del presupuesto de la PAC; y, por último, daría una mayor legitimidad a las ayudas disociadas a los ojos de la opinión pública en períodos de precios agrícolas altos;

21.

observa que se pueden prever otros mecanismos dirigidos a alentar la constitución de un ahorro de precaución, inspirados, por ejemplo, en el mecanismo vigente en Canadá, con arreglo al cual los agricultores que efectúan un depósito en una cuenta de ahorro reciben de los poderes públicos una contribución monetaria equivalente;

22.

resalta el interés de favorecer la creación y la adopción de nuevos productos de seguros, más diversificados y en su caso menos costosos, contra las incertidumbres económicas sufridas por las explotaciones agrícolas, inspirándose en particular en los programas de seguros existentes en los Estados Unidos. Esos nuevos productos podrían consistir, por ejemplo, en: i) un seguro de volumen de negocios, que garantice los ingresos de los cultivos previstos en el momento de la siembra sobre la base del rendimiento histórico de la explotación y de los precios observados en los mercados a plazo, pero en el que solo se subvencionaría el componente del rendimiento para respetar las normas del «compartimento verde» de la Organización Mundial del Comercio (OMC); ii) seguros vinculados a un índice, basados en el rendimiento, el volumen de negocios o el margen bruto obtenidos en promedio en la región en la que esté situada la explotación (en los que solo estaría subvencionado el componente del rendimiento), habida cuenta de que esos seguros tienen unos costes de gestión claramente inferiores a los seguros basados en el rendimiento individual del agricultor; iii) un seguro de los ingresos globales de la explotación, que podría reservarse a las pequeñas y medianas explotaciones diversificadas, que practican sistemas de policultivo-ganadería o producen frutas y hortalizas o cultivos especiales que cuentan con poco o ningún apoyo y para los que no existe un seguro de cosecha; iv) seguros específicos para los productores que practican la agricultura ecológica, que tengan en cuenta los rendimientos por lo general más bajos, los costes de producción superiores y los precios de mercado normalmente más altos de estos productos; Estas medidas deberían ser objeto de un estudio destinado a evaluar, en particular, los costes potenciales de este tipo de coberturas en términos de reaseguro estatal;

23.

pide a la Comisión Europea que trabaje en estrecha colaboración con las autoridades nacionales, regionales y locales y con las organizaciones agrarias para mejorar el conocimiento y la comprensión de las herramientas de gestión de los riesgos disponibles en el marco del segundo pilar de la PAC; insta además a la Comisión a que aumente la dotación financiera de los instrumentos de gestión de riesgos del segundo pilar de la PAC, incrementándola con respecto al actual 2 % de los fondos del segundo pilar;

24.

recomienda el desarrollo de fondos mutuales inspirados en el instrumento de estabilización de los ingresos (IEI) creado por la reforma de la PAC en 2013, velando por un equilibrio adecuado en la redistribución entre regiones y sectores de actividad, pero que solo dos Estados miembros (Hungría e Italia) y una región (Castilla y León, en España) han integrado en su plan de desarrollo rural 2014-2020. Dichos fondos mutuales proporcionarían una protección contra los descensos importantes (superiores al 30 %) del margen bruto de la explotación, medidos con respecto a los tres o cinco años anteriores. Pérdidas de esta magnitud difícilmente pueden colmarse solo con el ahorro de precaución constituido por los agricultores. Además, no se pueden gestionar mediante un seguro del volumen de negocios como el existente en los Estados Unidos, que ofrece una garantía contra la disminución de las previsiones de ingresos entre la siembra y la cosecha pero no proporciona, por sí mismo, una protección contra los precios bajos;

25.

preconiza que los fondos de estabilización de los ingresos se apliquen a escala sectorial, para reforzar la integración de los sectores, y a escala nacional, incluso transnacional, para ampliar la mutualización de los riesgos y reducir los costes. Así, en cada Estado miembro existiría un fondo para grandes cultivos, un fondo para la leche, un fondo para las frutas y hortalizas, etc.;

26.

recomienda a los Estados miembros que procedan a un ensayo experimental de los fondos de estabilización de los ingresos antes de instaurarlos a gran escala, debido a las dificultades prácticas de aplicación y funcionamiento vinculadas a estos mecanismos (recogida de datos contables de las explotaciones, necesidades de reaseguro, etc.);

27.

resalta que los tres tipos de herramientas de gestión de los riesgos anteriormente descritas —ahorro de precaución, seguros, fondos de estabilización de los ingresos— se completan y deberían aplicarse, en la medida de lo posible, de forma conjunta para constituir una red de seguridad fuerte y coherente contra la volatilidad de los precios, y contribuir así a limitar la frecuencia y la intensidad de las crisis sufridas por los agricultores;

28.

considera que, para que los productores puedan hacer frente, en condiciones comparables, a la volatilidad de los precios, los porcentajes de los pagos directos deberían estar armonizados entre los Estados miembros de la Unión Europea;

29.

está convencido de que los pagos directos deben seguir siendo un instrumento de la PAC más allá de 2020 para contribuir a sostener y estabilizar la renta de los agricultores y compensar los costes derivados del cumplimiento de las estrictas normas de la Unión Europea;

30.

propone que, si en la próxima reforma de la PAC se decide reducir las ayudas directas del primer pilar y consagrar las cuantías así obtenidas a la gestión de los riesgos, los agricultores puedan recibir «cupones» equivalentes a un determinado porcentaje de sus pagos de base. Los agricultores utilizarían esos cupones de manera voluntaria para suscribirse a los mecanismos de su elección: constitución de un ahorro de precaución, seguros o fondos mutuales. Este sistema permitiría mejorar la financiación de las herramientas de gestión de los riesgos, sin afectar a la estabilidad del presupuesto del primer pilar de la PAC (2);

31.

pide que la Comisión Europea realice un estudio detallado de las distintas opciones existentes para ampliar la gama de instrumentos de gestión de los riesgos, incluidos en particular el ahorro de precaución, los seguros y los fondos mutuales para estabilizar los ingresos. Dicho estudio debería precisar las consecuencias, ventajas y limitaciones de cada uno de esos instrumentos sobre la base de distintos criterios. Analizaría además distintos escenarios de financiación de una estrategia de desarrollo de la gestión de los riesgos, incluido el sistema de cupones propuesto en el punto 30;

32.

considera que las políticas públicas deben favorecer un aumento del valor añadido de las explotaciones agrícolas europeas, mejorando al mismo tiempo la sostenibilidad medioambiental de las prácticas agrícolas para hacerlas menos vulnerables a las fluctuaciones de los precios mundiales, e inscribir la agricultura en la transición ecológica necesaria para atenuar el cambio climático, adaptarse a sus efectos y reducir la presión sobre los ecosistemas;

33.

subraya a este respecto la necesidad de prestar una atención particular al sector agrícola de las regiones ultraperiféricas, que requiere medidas propias, adaptadas y exclusivas por sus características únicas y particulares reconocidas en el TFUE;

34.

reconoce que la agricultura europea es muy variada: la mayoría de las explotaciones comercializan su producción en el mercado comunitario, mientras que otras exportan, directa o indirectamente, una parte de su producción a terceros países;

35.

considera importante preservar esta diversidad, habida cuenta de que la comercialización de una parte de la producción agrícola en terceros países contribuye al equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado comunitario y que la Unión Europea, primer exportador mundial de productos agroalimentarios, debe poder beneficiarse del incremento, en cantidad y calidad, de la demanda alimentaria mundial;

36.

considera que existen dos vías principales para incrementar el valor añadido de las explotaciones agrícolas: i) aumentar la productividad agrícola, que presenta preocupantes signos de estancamiento en determinados sectores, mediante una intensificación sostenible de la producción agrícola, produciendo más con menos insumos o disminuyendo las compras de insumos para mejorar la autonomía de las explotaciones, lo que requiere la adopción de sistemas de producción innovadores y más resilientes, basados en la agricultura de precisión, la simplificación del laboreo, la rotación y la diversificación de los cultivos, un mejor aprovechamiento de los sistemas de pastos u otras prácticas; o ii) incitar al desarrollo de sistemas alimentarios territorializados, que respondan a la demanda creciente de los consumidores europeos y permitan liberarse en parte de la volatilidad de los mercados mundiales de materias primas agrícolas, desarrollando los circuitos de proximidad (comedores escolares, restauración, venta directa), los mercados nicho y los sectores de calidad, y privilegiando los modos de producción más respetuosos con el medio ambiente (agricultura ecológica y otros enfoques);

37.

recomienda que la PAC y las políticas nacionales alienten a los agricultores a explorar estas dos vías con el concurso de las regiones y los entes locales.

9.6.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/41

1.

acoge con satisfacción la revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, así como el hecho de que la Comisión Europea encuentre interesantes varias de las propuestas que formuló en el dictamen adoptado al respecto en 2015;

2.

acoge favorablemente la modificación relativa a las excepciones al principio del país de origen que permiten, en el marco de procedimientos más claros y sencillos, tener en cuenta los intereses del país de destino;

3.

lamenta, sin embargo, que la nueva Directiva no tenga en cuenta la dimensión regional tal como lo recomendó en su día, lo cual contribuiría a valorizar las identidades culturales europeas, las coproducciones transfronterizas en la Unión Europea y las innovaciones creativas locales;

4.

insiste, además, en la necesidad de asociar a los entes locales y regionales en la aplicación de la Directiva, ya que desempeñan un papel muy importante en el ámbito de los servicios de medios audiovisuales. En varios Estados miembros, algunos entes son propietarios de empresas de servicios de medios de comunicación, que podrían no estar incluidas en la categoría de microempresas y pequeñas empresas;

5.

reafirma que la independencia de las autoridades reguladoras nacionales, tanto respecto de los poderes públicos como de los agentes audiovisuales y los partidos políticos, constituye un fundamento de la regulación de los medios audiovisuales europeos que corresponde a cada Estado miembro garantizar a cualquier precio y que constituye la garantía principal de la diversidad de la información y de un mercado de los medios de comunicación pluralista a nivel europeo, nacional, regional y local;

6.

celebra que la Directiva revisada extienda su ámbito de aplicación a los servicios de las plataformas de distribución de vídeos, que desempeñan un papel cada vez más importante entre los proveedores de servicios de medios audiovisuales;

7.

manifiesta su preocupación por el hecho de que la normativa propuesta en materia de jurisdicción aplicable a las plataformas de intercambio de vídeos no aclare las situaciones en las que el proveedor no tiene ningún interés en instalarse en el territorio de la Unión Europea, pero en las que pone el servicio a disposición de los ciudadanos europeos;

8.

señala que, en la actualidad, la reventa de contenidos sin infraestructuras (servicios de transmisión libre), que representa un segmento cada vez mayor del mercado de los servicios de medios audiovisuales, se lleva a cabo en un marco jurídico opaco y pide a la Comisión que, en la futura normativa sobre los medios y la comunicación, y más particularmente cuando se revisen las disposiciones relativas a las comunicaciones electrónicas, se preste especial atención a aclarar la situación jurídica de esta práctica;

9.

desea, una vez más, llamar la atención de la Comisión Europea sobre las minorías lingüísticas y culturales que afrontan obstáculos a la hora de acceder a los servicios de comunicación audiovisual en su propia lengua;

10.

considera conveniente que en los distintos procedimientos del ERGA se tomen en consideración las dimensiones regionales de determinadas cuestiones reglamentarias y se reflejen los principios territoriales;

11.

acoge con satisfacción que la Directiva revisada refuerce y armonice la protección de los menores, tal y como solicitó en una recomendación anterior. Vuelve a pedir que se incentiven los contenidos específicamente concebidos y adaptados para los niños, y que se fomenten las asociaciones entre los operadores audiovisuales y la comunidad educativa en el entorno digital;

12.

recuerda la importancia que otorga a una mayor promoción de los contenidos de alfabetización mediática, especialmente para los nuevos medios de comunicación;

13.

destaca la necesidad de dedicar más recursos al desarrollo de la alfabetización mediática para que los servicios de comunicación audiovisual no solo propongan una oferta homogénea, sino que reflejen también las estructuras y particularidades de las regiones a nivel económico, comercial y cultural;

14.

manifiesta su preocupación por el hecho de que la propuesta de Reglamento no aborde cuestiones como la transparencia en cuanto a la propiedad de los medios de comunicación, la concentración de los medios y los conflictos de intereses, que tienen un impacto sustancial en términos de pluralismo y libertad de los medios de comunicación;

15.

celebra que la modificación de la Directiva incluya la flexibilización de las normas sobre el tiempo de publicidad y, concretamente, que extienda el ámbito de aplicación de la normativa a los servicios de comunicación audiovisual no lineales;

16.

aprueba que las microempresas y las pequeñas empresas no estén obligadas a contribuir financieramente a la producción de obras europeas; señala, sin embargo, a la Comisión que muchas de las televisiones locales y regionales que emiten sus programas en su sitio web en forma de servicios de comunicación audiovisual a la carta no entran en esta categoría;

17.

celebra que, en el caso de los servicios a la carta, la Directiva revisada garantice unas condiciones equitativas para las obras europeas, que deben constituir al menos el 20 % del catálogo de proveedores de estos servicios;

18.

subraya que, por lo que respecta a los servicios a la carta, el requisito de al menos el 20 % que incumbe a los proveedores de servicios no es suficiente; también es necesario asegurarse de que estas obras sean fáciles de encontrar y accesibles para los usuarios;

19.

hace hincapié en que, si bien la propuesta parece cumplir con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, es necesario mantener el enfoque de armonización mínima y los mecanismos de cooperación, por lo que las normas propuestas en relación con las autoridades reguladoras nacionales deben ofrecer un margen de maniobra suficiente para la toma de decisiones a nivel nacional y subnacional.

9.6.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/55

1.

acoge favorablemente el plan de acción de la Comisión Europea para la integración de los nacionales de terceros países (1) en el contexto de la creciente diversidad de la sociedad europea y la necesidad de que se integren plenamente en nuestra sociedad; subraya asimismo la importancia de la integración, un proceso que conlleva reciprocidad e implica tanto a los nacionales de terceros países como a la sociedad de acogida;

2.

considera que la integración debe verse como un proceso dinámico, interactivo y temporal que permita a los nacionales de terceros países formar plenamente parte de la sociedad de acogida y trabajar en favor de la autosuficiencia; y anima a la interacción y la participación en la sociedad de acogida;

3.

destaca que la integración es una competencia de los Estados miembros según lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2) que permite establecer medidas a escala europea para proporcionar incentivos y apoyar la acción de los Estados miembros con vistas a promover la integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en su territorio, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros; pide que se mantengan los esfuerzos para controlar el cumplimiento del principio de subsidiariedad y recuerda que las medidas tomadas por los Estados miembros en este ámbito deben respetar el acervo de la UE, incluidos los principios básicos comunes relativos a la integración de los inmigrantes en la UE;

4.

señala que la política de integración real se lleva a cabo principalmente en los niveles políticos próximos al ciudadano. Por tanto, un enfoque de gobernanza multinivel es muy apropiado, obviamente con un enfoque especial en los entes locales y regionales ya que estos se enfrentan más directamente a los desafíos y oportunidades de la integración;

5.

señala que en el debate político es importante usar la terminología correcta con relación a las diferentes categorías de recién llegados. El plan de acción se refiere solamente a los recién llegados (inmigrantes, refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria) que sean nacionales de terceros países y residan legalmente en la Unión. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión cuyos padres o abuelos proceden de un tercer país y los nacionales de la Unión que han ejercido su derecho de libre circulación y sus familiares quedan por tanto fuera del ámbito de este plan de acción;

6.

destaca que la integración, como ámbito político, no puede existir por sí misma y que, por definición, abarca los diferentes ámbitos políticos clásicos como educación, empleo, bienestar, salud pública, vivienda, etc. y que, por tanto, idealmente, las políticas de integración deben aplicarse horizontalmente prestando atención a los desafíos y los retos que plantea la integración en cada ámbito político;

7.

destaca que la integración es un proceso bidireccional que debe formar parte de un marco de derechos y obligaciones, en el que tanto el nacional del tercer país como la sociedad de acogida deben asumir sus responsabilidades;

8.

destaca que la integración, idealmente, representa la culminación de una política de asilo y migración y que, por tanto, el plan de acción no debe verse independientemente de, entre otras, las propuestas de la Comisión Europea en relación con el Sistema Europeo Común de Asilo (3) y el nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración (4);

9.

resalta, considerando que el trabajo aporta una contribución esencial a la integración social de los nacionales de terceros países, el vínculo con la «tarjeta azul» de la propuesta sobre Migración Legal de la Comisión junto con la revisión de la Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado (5);

10.

comparte el análisis de la Comisión según el cual la no integración de los nacionales de terceros países sería una enorme pérdida tanto para los nacionales de terceros países como para la sociedad, y los costes sociales y económicos de la no integración posiblemente podrían exceder tanto las inversiones en la política de integración como el potencial que de ello se deriva;

11.

está convencido de que una buena integración es una de las condiciones necesarias para mejorar los índices relativamente más bajos de empleo, formación, ingresos, vivienda, salud, participación ciudadana y cohesión social de los nacionales de terceros países, como muestran los indicadores de la OCDE (6);

12.

coincide con la Comisión en su petición de adoptar más enfoques a medida y está convencido de que las políticas de integración deben prestar más atención a la gran diversidad dentro de los diferentes grupos de nacionales de terceros países y sus distintas necesidades. Por tanto, una buena política de integración se basa en la personalización y no en un enfoque único. Entre otras cosas, hay que tener en cuenta el conocimiento de idiomas, antecedentes culturales, nivel de formación, duración prevista de estancia, razón de migración, habilidades, experiencia laboral, posibles traumas, etc. Los entes locales y regionales se encuentran en las condiciones adecuadas para responder a la gran diversidad de situaciones entre los propios nacionales de terceros países y sus necesidades específicas, y pueden ofrecer un espacio para intercambiar conocimientos y experiencias en este ámbito. En este contexto, el Comité de las Regiones se remite a las buenas prácticas basadas en un enfoque individual de los programas de integración e integración cívica, que están perfectamente adaptados a las necesidades de los nacionales de terceros países;

13.

celebra que la Comisión y el Parlamento Europeo (7) estén convencidos de que la política de integración en general, y la integración de los refugiados en el mercado laboral en particular, no deben llevarse a cabo a expensas de la política dirigida a otros grupos vulnerables de la comunidad de acogida;

14.

destaca que nuestra sociedad europea se basa en normas y valores fundamentales como la democracia, el Estado de Derecho, la libertad de expresión, la libertad de religión, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos humanos, la solidaridad, la tolerancia, entre otros. Además, acoge favorablemente el que la relación entre la integración y estos valores se abordara en el Consejo Europeo de Asuntos Generales sobre el Estado de Derecho del 24 de mayo de 2016 (8) y pide a las futuras Presidencias de la UE (Malta y Estonia) que prosigan este diálogo para profundizar en el entendimiento entre los Estados miembros, las instituciones de la UE, los entes locales y regionales y la sociedad civil respecto de la protección de estas normas y valores y la forma en que pueden facilitar la integración;

15.

expresa su convencimiento de que para lograr una integración satisfactoria, la comprensión y la aceptación de los mencionados valores y normas europeos es esencial, tanto para los nacionales de terceros países como para la sociedad de acogida. Esto encaja con la idea de que lo mejor es vincular la política de integración con la integración cívica y el desarrollo de la comunidad, por lo que es necesario desarrollar y respaldar a diferentes niveles instrumentos adecuados para fomentar el entendimiento mutuo, con un apoyo suficiente a nivel europeo, incluida la educación cívica mediante métodos de enseñanza tanto tradicionales como innovadores;

16.

pone de manifiesto la necesidad de profundizar mecanismos que fortalezcan, por un lado, la solidaridad y la cooperación entre todas las regiones de la UE y, por otro, la colaboración entre las diferentes administraciones y los agentes especializados. La sensibilización de los gobiernos de los Estados miembros, que tienen competencias en materia de asilo, es un desafío fundamental;

17.

señala a este respecto las buenas prácticas de integración cívica en las que se ofrecen cursos de orientación social a los nacionales de terceros países para familiarizarlos de manera interactiva con las normas y valores europeos y el modo de vida de la sociedad de acogida. El objetivo es ayudarlos a adquirir las herramientas necesarias para convertirse en miembros de la sociedad que participan plenamente en ella;

18.

propone que se examinen todas las iniciativas de los distintos Estados miembros de la Unión, donde se invita a los nacionales de terceros países a firmar una declaración de participación o compromiso con, entre otros, las normas y valores fundamentales, investigando de qué modo estas iniciativas pueden influir en la comunidad en cuestión y compartiendo los resultados y las experiencias en este ámbito para permitir a los entes locales y regionales beneficiarse de ellas; subraya que no solo los nacionales de terceros países, sino también la población local, deberían comprometerse activamente con estas normas y valores fundamentales;

19.

reitera que la integración es un proceso bidireccional en el que el país de acogida también tiene un papel que desempeñar. En este contexto, la comunidad de acogida es la que debe eliminar obstáculos y facilitarles el acceso a los servicios básicos para permitir la participación activa de los nacionales de terceros países. También debe organizar el proceso de integración de tal manera que los nacionales de terceros países se familiaricen con las sociedad en la que viven. La comunidad de acogida puede desempeñar un papel importante en el proceso de integración, sobre todo en el caso de la migración familiar. Nos referimos en primer lugar a los Estados miembros y los entes locales y regionales, aunque también son socios clave en la política de integración las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, el sector privado, las comunidades religiosas o las minorías étnicas dentro de la comunidad de acogida;

20.

señala también la responsabilidad de todas estas partes interesadas a la hora de preparar a la sociedad de acogida para la llegada de nacionales de terceros países y fomentar la aceptación, y destaca en este contexto la importancia de facilitar información adecuada a la comunidad de acogida;

21.

manifiesta su convencimiento de que el proceso de integración, a ser posible, debe empezar cuanto antes, incluso cuando el nacional de un tercer país se encuentra aún en su país de origen;

22.

señala que el conocimiento del idioma del país de acogida es esencial para integrarse adecuadamente y que el dominio de un idioma nuevo a menudo requiere tiempo. Por tanto, varios Estados miembros de la Unión organizan actualmente clases de idiomas o pruebas antes de la llegada del nacional de un tercer país al país de acogida. De esta manera, se limita o se elimina por completo el período de estancia del nacional de un tercer país en el país de acogida en que no puede comunicarse en el idioma local, lo cual facilita la interacción con la sociedad de acogida. Naturalmente, dicha oferta no puede constituir una condición para la concesión de protección a los refugiados y a los beneficiarios de la protección subsidiaria;

23.

señala que para lograr soluciones personalizadas, las entrevistas de admisión con los nacionales de terceros países son herramientas imprescindibles para tener una mejor idea, tanto de sus expectativas como de las de la sociedad de acogida. A ser posible, estas entrevistas de admisión podrían llevarse a cabo en el país de origen para que, tan pronto como el nacional de un tercer país se encuentre en la sociedad de acogida, pueda dedicarse plenamente al propio proceso de integración;

24.

destaca la importancia de las medidas de acompañamiento en el contexto de la facilitación de información a la comunidad de acogida antes de la llegada de los nacionales de terceros países, especialmente en las comunidades que reasientan refugiados;

25.

acoge favorablemente el enfoque de la Comisión en la educación como uno de los ámbitos políticos principales para poner en práctica una política de integración satisfactoria y ruega que en este contexto se vele por el respeto del principio de subsidiariedad;

26.

destaca que el aprendizaje de los idiomas cooficiales de la comunidad de acogida es una prioridad para que los nacionales de terceros países y sus hijos puedan interactuar cuanto antes con la sociedad de acogida, a fin de que puedan ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones. También aquí es importante centrarse en la educación personalizada basada en el perfil y las necesidades específicas del nacional del tercer país;

27.

hace referencia a las buenas prácticas en materia de enseñanza de acogida en la educación primaria y secundaria para los nacionales de terceros países que hablan otra lengua: se les ofrece una educación a medida, bien en un aula aparte, mediante un apoyo adicional en las aulas regulares o por medio de una combinación de estas formas (9);

28.

se remite a las buenas prácticas dirigidas a superar la barrera del idioma, como los traductores e intérpretes sociales, que contribuyen a garantizar que los nacionales de terceros países que aún no dominan el idioma del país de acogida puedan comunicarse con los centros de educación a los que acuden sus hijos para recibir su formación;

29.

acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de explorar la posibilidad de impartir cursos de ciudadanía en la educación secundaria en vista de la necesidad de que todos reciban información sobre las leyes, la cultura, las normas y los valores de la sociedad y sugiere que también se impartan en la formación de adultos y la formación ocupacional;

30.

pide que se preste especial atención al grupo objetivo de nacionales de terceros países entre dieciséis y dieciocho años que a menudo está a punto de rebasar la edad de educación obligatoria y que con frecuencia aún no dispone de las herramientas adecuadas para iniciar una formación profesional o estudios superiores o para incorporarse al mercado laboral;

31.

acoge favorablemente el hecho de que la Comisión considere la integración en el mercado laboral como una de las prioridades en lo que respecta a las posibilidades de los nacionales de terceros países de establecerse y participar en la sociedad, dado que su tasa de empleo es, en general, más baja que la de los autóctonos, especialmente entre las mujeres (10);

32.

pide que se establezcan sistemas, si procede a través de programas de prácticas, así como servicios de orientación y asistencia jurídica, que permitan a los nacionales de terceros países acceder al mercado laboral lo más pronto posible. Esto les brinda la posibilidad de practicar el idioma en los intercambios con sus colegas y de esta manera crearse una red de contactos que pueda abrirles las puertas al empleo y a la posibilidad de ganarse la vida;

33.

acoge con satisfacción, en el marco de la integración en el sistema educativo y el mercado laboral, las medidas adoptadas para que los nacionales de terceros países que ya no están en edad obligatoria de escolarización puedan adquirir formación profesional básica y mejorar su grado de formación;

34.

está convencido de que la gestión de una migración laboral económica contribuirá a cumplir con los desafíos que plantean el envejecimiento de la población activa, la necesidad de mano de obra específica y la presión sobre nuestros sistemas de seguridad social, pero subraya que la acogida y la integración correspondiente de refugiados y el principio de reagrupación familiar deben considerarse como una ayuda en interés tanto de las sociedades de acogida como de los migrantes, basada en los derechos fundamentales y en las obligaciones internacionales, y no deben presentarse equivocadamente como la solución a nuestros problemas en el mercado laboral;

35.

reconoce la necesidad de evaluar y validar con rapidez y precisión las competencias y cualificaciones académicas y formativas de los nacionales de terceros países ya que es una prioridad para que puedan incorporarse al mercado laboral o para prepararlos a través de la formación profesional. Por lo tanto, estamos a la espera de que la Comisión elabore sus propuestas en el marco de su nueva agenda de capacidades para Europa (11);

36.

destaca que, con relación a la revisión de la Directiva sobre la tarjeta azul (12), es esencial para nuestras economías europeas que atraigamos a personas altamente cualificadas para vacantes efectivas;

37.

aplaude el encuentro de la Cumbre Social Tripartita del 16 de marzo de 2016 sobre la crisis de los refugiados pero pide también que se consideren las aportaciones de la comunidad de la educación, ya que es un socio importante que puede ayudar a avanzar en el debate en torno a la integración (en el mercado laboral);

38.

destaca una vez más que se debe hacer una clara distinción entre los migrantes (económicos) y los refugiados o los beneficiarios de protección subsidiaria, especialmente en el debate político sobre el acceso a los servicios básicos, en la medida en que los distintos grupos pueden tener diferentes necesidades que requieren un enfoque fundamentalmente diferente; subraya, sin embargo, que la necesidad de lograr una buena integración concierne a todos los nacionales de terceros países que residen legalmente en la UE;

39.

destaca que es una competencia que corresponde a los Estados miembros organizar sus sistemas de seguridad social y toma nota del debate político de varios Estados miembros en los que se presenta el principio del seguro y opta, por lo tanto, por una constitución progresiva de ciertos derechos sociales, también para los nacionales de terceros países, basada en cotizaciones abonadas;

40.

pide, en el ámbito de la asistencia sanitaria, que se preste mayor atención a la salud mental, que puede ser especialmente importante en la acogida e integración de refugiados de guerra o con otras experiencias traumáticas, sobre todo niños y adolescentes;

41.

es consciente de que los Estados miembros tienen el derecho de pedir a los migrantes que no pueden acogerse a la protección prevista en el Derecho internacional que cuando lleguen a la comunidad de acogida sean ciudadanos autosuficientes y por lo tanto no deban recurrir a un sistema de seguridad social;

42.

destaca que hay que seguir prestando la debida atención a la vivienda social con independencia de que el habitante, sea o no nacional de un tercer país, llegue a alcanzar finalmente una situación de autosuficiencia que le permita encontrar alojamiento en el mercado privado;

43.

acoge favorablemente la posición de la Comisión de que la política de integración no debe llevarse a cabo a expensas de políticas dirigidas a otros grupos vulnerables en la comunidad de acogida;

44.

acoge favorablemente el que en esta sección de su plan de acción la Comisión opte por una ciudadanía activa en la cual los nacionales de terceros países no sigan siendo para siempre recién llegados sino que pasen a formar parte de las sociedades de acogida lo antes posible, independientemente de su nacionalidad. Por tanto, defiende no solo la política de integración sino también la integración cívica y el desarrollo del espíritu colectivo;

45.

coincide con la Comisión en que la integración no solo consiste en hablar el idioma y encontrar trabajo, sino también en participar activamente en la comunidad y la sociedad civil. Por esto, entre otras cosas, es tan importante que la integración de los nacionales de terceros países no solo se ofrezca o se imponga desde el ámbito político, sino que también participe en ella la sociedad civil;

46.

opina que, además de la enseñanza formal de los idiomas cooficiales de la sociedad de acogida a través de la formación, la interacción con la sociedad civil ofrece a los nacionales de terceros países un entorno informal para utilizarlos y practicarlos y que de este modo se familiarizan de manera muy práctica con los nuevos idiomas;

47.

se muestra convencido, al igual que la Comisión, de que el compromiso de los nacionales de terceros países con la sociedad civil de la sociedad de acogida fomenta el diálogo y la comprensión mutua entre los nacionales de terceros países y la sociedad de acogida, aumentando la aceptación por parte de la comunidad de acogida y reduciendo la discriminación y el racismo;

48.

apoya a la Comisión en su llamamiento a los Estados miembros para que garanticen el respeto de los derechos a la protección contra la discriminación y el racismo y pide que se desarrolle una política activa de igualdad de oportunidades y no discriminación con el fin de fortalecer la convivencia ciudadana;

49.

acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión dirigidos a cambiar la actual red de puntos de contacto nacionales para la integración por una red de integración europea, especialmente en colaboración con la sociedad civil y los entes locales y regionales;

50.

pide a la Comisión que la red de integración europea se convierta en una plataforma encargada de animar y apoyar la actuación cooperativa y corresponsable entre los distintos niveles estatal, regional y local en la definición de las políticas de integración y en la coordinación y el reparto de competencias (13);

51.

lamenta, aunque reconozca que es un asunto de su competencia, que los Estados miembros, en el contexto del marco financiero plurianual para el período 2014-2020, hayan asignado menos fondos a la integración a través de sus programas nacionales para el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) justo cuando las necesidades han aumentado, especialmente en el contexto actual de la crisis de migración, asilo y humanitaria;

52.

acoge favorablemente el objetivo de la Comisión de incrementar, en el proyecto de presupuesto 2017, la ayuda financiera de la UE a los Estados miembros con referencia a la política de integración a través del AMIF;

53.

se muestra convencido de que deben encontrarse sinergias entre los distintos fondos europeos que pueden apoyar la integración. En primer lugar, se trata obviamente del AMIF, pero también deberían poder realizarse ciertos proyectos de integración en el marco del Fondo de Seguridad Interior (FSI-Fronteras y Visados), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y el Fondo de Ayuda Europea para las personas más Desfavorecidas (FEAD) (14);

54.

insta a la Comisión Europea a estudiar la posibilidad de crear un objetivo temático específico sobre la integración en el marco de la política de cohesión después de 2020, para garantizar una concentración más eficiente y específica de los recursos de los Fondos EIE en proyectos de integración. En cuanto a la programación 2014-2020, deberían facilitarse a las autoridades de gestión directrices adicionales, lo más claras y detalladas posible, sobre las acciones en materia de integración financiables con cargo a los Fondos EIE;

55.

hace un llamamiento para asegurar que la presentación de propuestas para los programas nacionales en el marco de los distintos fondos sea de la mayor sencillez posible para los Estados miembros, los entes locales y regionales y la sociedad civil. En este sentido, acoge favorablemente, en particular, la propuesta de la Comisión de buscar un mayor compromiso en el uso de mecanismos de cooperación;

56.

solicita que se haga un uso más amplio y orientado de Interreg en apoyo de proyectos de integración, en particular mediante una reordenación de las normas y las prioridades de sus programas operativos. Destaca el papel central que puede desempeñar la cooperación territorial europea para mejorar las políticas de integración, especialmente a escala local, favoreciendo las sinergias y el intercambio de buenas prácticas;

57.

pide a la Comisión que reduzca el exceso de trámites administrativos y de burocracia en los mecanismos de control de los distintos fondos europeos que se utilizan para los proyectos de integración, de manera que todo el esfuerzo de los Estados miembros y los entes locales y regionales sea invertido en los ámbitos de la política de integración de manera efectiva, sin perjuicio de efectuar un control riguroso que asegure que los fondos públicos se emplean de manera eficiente;

58.

pide a la Comisión que adopte el enfoque personalizado que requiere la política de integración para los mecanismos de control en los distintos fondos europeos empleados para los proyectos de integración, sin perjuicio de efectuar un control riguroso que asegure que los fondos públicos se emplean de manera eficiente;

59.

reitera que la política de integración se lleva a cabo principalmente a escala local y regional y que aquí es donde se afrontan de manera más directa los desafíos y las oportunidades de la integración;

60.

pide por tanto a la Comisión que considere las necesidades específicas de los entes locales y regionales, y que los involucre y apoye en mayor medida que en el pasado en las políticas de integración elaboradas, llevadas a cabo o fomentadas a nivel europeo:

61.

insta a la Comisión a promover y apoyar financieramente a los Estados miembros y las regiones durante la ejecución de las intervenciones en favor de la integración, especialmente en el ámbito de la educación y la formación profesional, inserción en el mercado laboral y de la vivienda, y a fomentar el intercambio de las buenas prácticas que ya llevan a cabo las regiones que han aplicado medidas de integración, como la acogida difusa;

62.

pide a la Comisión, a este respecto, que considere al Comité de las Regiones en calidad de órgano consultivo de la Unión compuesto por representantes de los entes locales y regionales europeos, como socio privilegiado, y que impulse otras formas de cooperación con los entes locales y regionales, sus asociaciones u otras colaboraciones, redes y plataformas (como la Asamblea Regional y Local Euro-Mediterránea, la Conferencia de las Autoridades Regionales y Locales de la Asociación Oriental, los Comités Consultivos Mixtos, Grupos de Trabajo, el Consejo de Municipios y Regiones de Europa, la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, etc.) para obtener el máximo posible de información de los entes locales y regionales;

63.

pide a la Comisión que asocie activamente al Comité de las Regiones en su apoyo e intercambio de buenas prácticas con los entes locales y regionales, específicamente en el ámbito de las medidas de integración que se toman antes de la salida o la llegada, y en las políticas de integración relativas a la educación, el empleo y la formación profesional, el acceso a los servicios básicos, la participación activa y la inclusión social. A este respecto, remite, en particular, al estudio comparativo sobre la política de la integración realizado para el Comité de las Regiones (15);

64.

pide a la Comisión que siga avanzando en la cuestión de los menores no acompañados en el proceso migratorio, cuya gestión es competencia de algunas regiones, y le pide que promueva ante los Estados miembros un reparto solidario de cargas y responsabilidades entre los niveles europeo, nacional y regional. Por ello esperamos con impaciencia la nueva estrategia global de la Comisión, que se desarrollará como complemento del plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014), de modo que se tome en consideración la situación de los niños desaparecidos o no acompañados;

65.

acoge favorablemente la referencia específica de la Comisión a la red SHARE con su proyecto «Share City Curriculum» (16), a través del cual los entes locales y regionales tienen acceso a un conjunto de herramientas que les ayudan con las medidas de integración para la comunidad de acogida en el contexto del reasentamiento de refugiados;

66.

pide a la Comisión que involucre activamente al Comité de las Regiones en la nueva red de integración europea, el Foro Europeo de la Migración, la alianza para la integración de nacionales de terceros países en el marco de la Agenda Urbana de la UE (17) y en la evaluación y el seguimiento de los llamados indicadores de integración.

9.6.2017   

ES

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C 185/62