21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/1

—

Vista la Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo «Examen/revisión intermedios del marco financiero plurianual 2014-2020. Un presupuesto de la UE centrado en los resultados» [COM(2016) 603 final] (1) y su documento de acompañamiento,

—

Visto su dictamen sobre la revisión intermedia del MFP (2),

1.

toma nota de la propuesta detallada de revisión intermedia del MFP presentada por la Comisión Europea el 14 de septiembre de 2016;

2.

concuerda en vincular las negociaciones de la revisión intermedia al procedimiento presupuestario para el presupuesto de la UE para 2017; esta cronología permitirá adoptar puntualmente la revisión intermedia y dejar tiempo para el debate del próximo MFP posterior a 2020;

3.

lamenta la falta de ambición que manifiesta la Comisión Europea al presentar solamente un examen intermedio del MFP, que ha llegado ya a su límite, en lugar de una revisión completa que permita a la Unión Europea abordar los retos a los que tiene que hacer frente y garantizar que el presupuesto de la UE se concentre en los ámbitos que conduzcan al crecimiento sostenible y a la creación de empleo, con un elevado valor añadido europeo; espera que el próximo MFP suponga un avance significativo hacia la modernización del presupuesto de la UE, que le permita acometer los retos futuros así como afrontar las nuevas prioridades que se han presentado;

4.

toma nota de que la presente revisión intermedia refleja el planteamiento de la Comisión Europea de «un presupuesto de la UE centrado en los resultados», pero le preocupa que el índice de absorción de los programas de la UE haya sido, aparentemente, el principal criterio para los cambios propuestos a los créditos, y reitera su oferta a las instituciones europeas de desempeñar un papel activo en el proceso de evaluación de la eficiencia y la eficacia de todos los programas de la UE;

5.

rechaza resueltamente la impresión que se desprende de la comunicación sobre el MFP de que los programas de gestión compartida no funcionan, y destaca el hecho de que, pese a los retrasos en la adopción de los reglamentos sobre los Fondos EIE y al complejísimo procedimiento de programación, se han comenzado ya más de 200 000 proyectos y se han comprometido más de 46 000 millones EUR de Fondos EIE para la cofinanciación de proyectos por un valor de 68 000 millones EUR;

6.

a este respecto, alerta de que una posible suspensión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos sobre España y Portugal, y cualquier otro Estado miembro, va en detrimento de la ejecución de los programas. Recuerda que: a) el CDR se ha opuesto a la condicionalidad macroeconómica, ya que penaliza a las ciudades y regiones; b) sería contradictoria con las cancelaciones ya aplicadas de sanciones según lo dispuesto por el Reglamento (UE) n.o 1173/2011 sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro; y c) vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 5 del TUE y su protocolo n.o 2. Y por ello solicita que en caso de que se produzca una eventual suspensión, esta sea de cero, considerando las circunstancias económicas y sociales, el desempleo y los efectos de una suspensión en sus economías, como se prevé por el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 (Reglamento de disposiciones comunes);

7.

está efectivamente preocupado por una cierta tendencia a la «centralización» del presupuesto de la UE, que impediría manifiestamente la búsqueda de soluciones específicas a los desafíos locales y regionales; la reducción de la gestión compartida de los programas de la UE afectaría negativamente a la obligación, consagrada en el Tratado, de cohesión económica, social y territorial, así como a los principios de subsidiariedad, asociación y gobernanza multinivel;

8.

lamenta que en la revisión intermedia del MFP se incluyan los ajustes de los presupuestos de la política de cohesión, pues, si bien son obligatorios de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento del MFP, esos ajustes no deberían negociarse más;

9.

celebra, en principio, la propuesta de ampliación y refuerzo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) que será tratada en un dictamen aparte del CDR; espera más mejoras en los ámbitos de la adicionalidad, la cobertura geográfica y sectorial y la transparencia, reitera su petición de que se efectúe una verdadera evaluación de los resultados del FEIE, y en particular de sus sinergias con los Fondos EIE y su contribución a la cohesión territorial hasta la fecha, y espera con interés poder cooperar estrechamente con el Parlamento Europeo en la observación de la ejecución del FEIE, si bien expresa el deseo de que las regiones participen en mayor medida en la gobernanza al objeto de garantizar integraciones funcionales con la política de cohesión;

10.

celebra que se hayan aumentado los créditos de los programas Horizonte 2020 y Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), pero señala que estos incrementos no compensan los primeros recortes presupuestarios a que se sometió a Horizonte 2020 y al Mecanismo «Conectar Europa» cuando se creó el FEIE;

11.

toma nota de la propuesta de la Comisión Europea de reforma del Reglamento financiero y de su intención de simplificar las normas para resolver los problemas derivados de la complejidad administrativa y de los errores de la política de cohesión, en particular por lo que respecta a la ejecución de los programas en régimen de gestión compartida y al refuerzo de las sinergias entre las subvenciones y los instrumentos financieros; dicha reforma se tratará en detalle en un dictamen aparte;

12.

celebra el aumento de los créditos presupuestarios para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y para el programa Erasmus +; lamenta, sin embargo, la falta de iniciativas para hacer frente al desempleo de larga duración;

13.

toma nota de las medidas de flexibilidad que propone la Comisión Europea, en particular la creación de una Reserva de Crisis de la Unión Europea para reutilizar los créditos liberados, la eliminación de los límites anuales a los márgenes globales para los pagos, y el recurso selectivo al ajuste técnico de las dotaciones de la política de cohesión; reconoce los anteriores como pasos positivos para hacer frente a las crisis actuales con un presupuesto de la UE más flexible;

14.

lamenta que la Comisión Europea no haya propuesto en la revisión intermedia ninguna otra medida para hacer frente a las diferentes crisis en la UE relacionadas con la política agrícola común, como la concentración de la producción, una mayor competencia mundial, la reducción de la mano de obra y el creciente declive rural, a las que los agricultores europeos, los consumidores y las autoridades locales y regionales tendrán que hacer frente hasta el final del actual período de programación;

15.

en vista del ambicioso acuerdo mundial sobre el cambio climático alcanzado en París en 2015, recuerda el objetivo del 20 % del gasto de la UE en políticas y proyectos relativos al clima, pero subraya que ese porcentaje representa un mínimo y que probablemente serán necesarios más esfuerzos para asegurar que pueda conseguirse antes de 2020;

16.

celebra la previsión detallada de los pagos a medio plazo, que aborda las preocupaciones relativas a los pagos atrasados en el MFP actual; expresa no obstante su preocupación por los pagos futuros, dado que persisten los retrasos en la ejecución de los programas en régimen de gestión compartida; pone de relieve la responsabilidad de los Estados miembros del Consejo de disponer en los presupuestos anuales créditos de pago suficientes para que la UE tenga medios para afrontar los retos actuales;

17.

expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar de los aumentos de las rúbricas 3 y 4 para hacer frente a la crisis migratoria y de los refugiados, la creación de la reserva de la Unión Europea para situaciones de crisis y una «reserva de flexibilidad», los recursos disponibles del MFP actual sean insuficientes para hacer frente a las demandas cada vez mayores al presupuesto de la UE en cuanto a acogida, distribución e integración de los refugiados o a su protección en sus regiones de origen; recuerda en este contexto que las autoridades locales y regionales tienen responsabilidades fundamentales a la hora de recibir e integrar a los emigrantes y que, por consiguiente, su acceso directo a las oportunidades de financiación pertinentes de la UE les ayudaría considerablemente a hacer frente a esos desafíos; advierte que el aumento de la flexibilidad no es la solución a la insuficiencia de los recursos financieros;

18.

toma nota de la propuesta de creación de un Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, cuestión que abordará de manera más detallada en un dictamen separado;

19.

toma nota de que el previsible abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido puede tener repercusión sobre el marco financiero plurianual actual; expresa su preocupación por las consecuencias de la ejecución actual de varios de los programas de la UE y sugiere que el CDR intervenga con antelación en los sucesivos debates sobre la revisión del MFP vigente;

20.

acoge con satisfacción el capítulo titulado «Hacia el próximo marco financiero plurianual» como primera contribución a un debate más general sobre el futuro del presupuesto de la UE; insta a las instituciones de la UE a entablar prontamente un diálogo con las ciudades y regiones de Europa sobre el ámbito, la estructura y los instrumentos del siguiente MFP, y anuncia que preparará a su debido tiempo sus propuestas al respecto;

21.

encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, al Consejo y al presidente del Consejo Europeo.

21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/4

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Vistos los principales documentos del Semestre Europeo de 2016, a saber, el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, los informes por país, los programas nacionales de reforma y las recomendaciones específicas por país,

—

Visto el proyecto de informe del Parlamento Europeo sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2016 [2016/2101(INI)],

1.

recuerda que la inversión pública y privada ha disminuido en torno al 15 % con respecto a 2007 y que en algunos Estados miembros se ha reducido incluso en un 50 %, debido a la crisis económica y las medidas de saneamiento presupuestario; señala que varios años acumulados de inversión insuficiente (el denominado «déficit de inversión») suponen un condicionamiento importante para la cohesión y la competitividad de Europa y, por ende, para su capacidad de garantizar un crecimiento sostenible y la creación de empleo;

2.

señala que el 40 % de las recomendaciones específicas por país de 2016 abordan obstáculos a la inversión que los entes locales y regionales pueden contribuir a eliminar (1), entre otros, la mala calidad de la administración pública y la falta de coordinación, los desajustes entre las competencias y los recursos financieros de los gobiernos locales y regionales, un marco normativo gravoso para la inversión privada, la corrupción y la falta de mano de obra cualificada y de infraestructuras de transporte adecuadas; anuncia que estas cuestiones se tratarán también en el próximo dictamen del CDR sobre el tema «Superar el déficit de inversión: ¿Cómo afrontar los desafíos»;

3.

se remite a la declaración «Invertir y conectar» (2) aprobada el 9 de julio de 2016 en Bratislava durante la 7.a Cumbre Europea de Regiones y Ciudades, que se centró en la importancia de eliminar los obstáculos que impiden la realización del vasto potencial de inversión no aprovechado de las regiones, ciudades y zonas rurales de Europa y en el papel de los entes locales y regionales para proporcionar infraestructuras y servicios innovadores capaces de impulsar la inversión y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la UE;

4.

expresa su preocupación por el hecho de que aproximadamente un 60 % de los entes locales y regionales que participaron en una encuesta reciente del CDR (3) percibía una tendencia a la baja o un estancamiento de la inversión tanto pública como privada en los últimos doce meses, dato que, de confirmarse, sugeriría que se mantiene la tendencia de inversión insuficiente iniciada con la crisis económica;

5.

destaca que, según la misma encuesta del CDR, la financiación de la inversión pública sigue planteando un reto para alrededor de dos tercios de los entes locales y regionales, en parte debido a su escasa capacidad para diseñar adecuadamente las inversiones públicas, utilizar los instrumentos financieros, presentar proyectos al BEI y constituir asociaciones público-privadas;

6.

acoge favorablemente los primeros resultados positivos del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) concentrados, sobre todo, en su «ventanilla de las pymes»; al mismo tiempo, pide que se mejoren la adicionalidad de la «ventanilla de infraestructuras e innovación» y el equilibrio geográfico del FEIE, también mediante el fomento del desarrollo de estrategias de inversión regionales y el recurso a plataformas de inversión que garanticen que todas las regiones, en particular las menos desarrolladas, pueden obtener beneficios;

7.

celebra, en principio, la propuesta de ampliación y refuerzo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) que será tratada en un dictamen aparte del CDR; espera más mejoras en los ámbitos de la adicionalidad, la cobertura geográfica y sectorial y la transparencia; reitera su petición de que se efectúe una verdadera evaluación de los resultados del FEIE, y en particular de sus sinergias con los Fondos EIE y su contribución a la cohesión territorial hasta la fecha, y espera con interés poder cooperar estrechamente con el Parlamento Europeo en la observación de la ejecución del FEIE;

8.

subraya que tres cuartas partes de los participantes en la encuesta del CDR sobre los obstáculos a la inversión no tenían conocimiento de las oportunidades que ofrecen el FEIE y sus plataformas de inversión, e insta a que estas se den a conocer en mayor medida entre los entes locales y regionales y otras partes interesadas;

9.

advierte de que, por lo general, las regiones y los municipios más pequeños, así como las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares y de montaña, no pueden recurrir al FEIE en razón de los elevados umbrales del valor mínimo de la inversión subvencionada y espera que este umbral se reduzca durante la revisión del FEIE;

10.

subraya que debería reforzarse la capacidad técnica de los potenciales promotores de proyectos a nivel regional y local, con ayuda del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión, en particular en lo relativo a la concepción y establecimiento de plataformas de inversión;

11.

señala que las estrategias de inversión regionales deberían basarse en la premisa de que los cambios económicos y tecnológicos están transformando rápidamente nuestras sociedades y territorios; en este contexto, subraya la necesidad de promover inversiones en la economía circular e hipocarbónica y de apoyar la economía participativa y colaborativa a fin de reducir, de este modo, el coste de desarrollar actividades innovadoras, impulsar la prestación de servicios públicos y privados a los ciudadanos y lograr un sector público más eficiente;

12.

destaca la importancia de incentivar a los entes locales y regionales para que utilicen estrategias de especialización inteligente y asociaciones europeas para abordar de manera conjunta sus prioridades estratégicas de desarrollo;

13.

destaca que la política de cohesión sigue siendo el principal instrumento de inversión de la UE, en particular para los Estados y regiones menos desarrollados, y expresa su deseo de que esta tenga una mayor complementariedad con el FEIE;

14.

se remite a su Dictamen sobre la revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP), en el que se afirma que la falta de créditos de pago correspondientes al marco financiero plurianual 2014-2020 entraña el riesgo de que la Comisión no pueda cumplir sus obligaciones, creando así un retraso en los pagos que tendrá repercusiones negativas para la ejecución de los programas operativos con cargo a los Fondos EIE;

15.

considera que, en el contexto de la revisión de la financiación de los Fondos Estructurales, deberá permitirse que los gobiernos nacionales reserven una parte de la financiación europea para proyectos destinados a las zonas afectadas por una inestabilidad hidrogeológica y que puedan asignarlos también a proyectos de intervención en caso de desastres naturales graves;

16.

destaca que en más de la mitad de las recomendaciones específicas por país de 2016, dirigidas a 26 Estados miembros, se plantean cuestiones territoriales, es decir, se hace referencia a problemas que conciernen a algunas regiones o ciudades más que a otras, o a medidas cuya aplicación depende de los niveles subnacionales de gobierno;

17.

hay que recordar que, en su dictamen sobre «La respuesta de la UE al reto demográfico», el CDR resaltaba el vínculo que debe existir entre el cambio demográfico y el Semestre Europeo, destacando la necesidad de una dimensión territorial de este. Los entes locales y regionales deberían ser agentes destacados en las medidas adoptadas en el marco del Semestre Europeo para hacer frente a los retos demográficos, y ser tenidos en cuenta en las recomendaciones que se realicen a los Estados miembros para hacer frente a dichos desafíos;

18.

subraya que el CDR se ha opuesto de manera recurrente a la aplicación de la condicionalidad macroeconómica a la política de cohesión con arreglo al artículo 23 del Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC), ya que ello significaría que la incapacidad de los Estados miembros de cumplir sus obligaciones con arreglo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento penalizaría a las regiones y ciudades; en este orden de cosas, expresa su temor de que la suspensión de la financiación de los Fondos EIE para España y Portugal tenga efectos negativos en la aplicación de los programas operativos que ya arrastra retrasos considerables. También resultaría contradictorio anular las sanciones en el marco del procedimiento aplicable en caso de déficit presupuestario excesivo (Reglamento (UE) n.o 1173/2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro) pero sopesar la posibilidad de imponer sanciones con arreglo al artículo 23 del RDC. Al mismo tiempo, pone de relieve la necesidad de implantar una gestión económica saneada a nivel nacional, que constituye un requisito previo para una utilización eficaz de los Fondos EIE;

19.

reitera su llamamiento para que las inversiones realizadas por los entes locales y regionales en el marco de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión queden excluidas del cálculo de la deuda y del déficit presupuestario de los Estados miembros de la UE;

20.

señala que casi el 40 % de las recomendaciones específicas por país de 2016, que se refieren a veinte Estados miembros, aborda cuestiones de capacidad administrativa, en particular a nivel subnacional, relacionadas con las reformas estructurales y la eliminación de los obstáculos a la inversión; reconoce que la movilización de la capacidad administrativa debe tener lugar de manera prioritaria mediante al establecimiento de estructuras administrativas más eficientes; se remite a su propuesta, en el marco del programa de apoyo a las reformas estructurales, de elaborar un documento estratégico único en el que se determinen las prioridades y los criterios para coordinar todas las medidas de fomento de la capacidad financiadas por la UE;

21.

subraya que la Comisión debe sopesar la posibilidad de proponer una capacidad fiscal para el conjunto de la zona del euro a fin de aplicar políticas anticíclicas y acelerar la recuperación, y anuncia que en los próximos meses emitirá un dictamen al respecto;

22.

reconoce la importancia de hacer frente a los desafíos sociales y del mercado laboral; expresa su apoyo a la inclusión por parte de la Comisión de indicadores sociales en el procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM);

23.

toma nota de la baja tasa de ejecución de las recomendaciones específicas por país y señala que todos los niveles de gobierno deberían comprometerse a intensificar los esfuerzos para mejorarla; señala que algunos retos requieren esfuerzos a largo plazo, como lo demuestra el hecho de que aproximadamente tres cuartas partes de las recomendaciones de 2016 que se referían a cuestiones territoriales ya se habían formulado en 2015, y dos terceras partes de las recomendaciones del año pasado ya se habían emitido en 2014;

24.

señala que, tal y como se ha visto confirmado este año por los programas nacionales de reforma y las recomendaciones específicas por país, la participación de los entes locales y regionales en el Semestre Europeo se circunscribe sobre todo a la fase de ejecución de las políticas, cuando deberían ser asociados también en el proceso de elaboración de las políticas; subraya que su participación en una fase temprana aumentaría significativamente la tasa de ejecución de las recomendaciones, ayudaría a gestionar el aumento de las disparidades regionales, favorecería una mayor implicación sobre el terreno y reforzaría la confianza entre los Estados miembros y dentro de ellos;

25.

tiene la intención de proponer un código de conducta para la participación de los entes locales y regionales en el Semestre Europeo, que respete las diferencias nacionales y evite cuidadosamente imponer cargas administrativas innecesarias, contribuyendo así al enfoque de una mejor gobernanza. Se entiende que el código reflejará la diversidad y las diferentes modalidades constitucionales de los Estados miembros;

26.

pide que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2017 se centre específicamente en los retos demográficos que requieren también unas políticas económicas y financieras orientadas hacia una integración correcta y equilibrada de los migrantes en el territorio de la Unión;

27.

subraya que el Semestre Europeo debe referirse a un marco político multinivel a largo plazo, en concreto a la Estrategia Europa 2020; se congratula del anuncio realizado por la Comisión de que va a elaborarse un inventario de las políticas de desarrollo sostenible la UE y hace hincapié en la necesidad de alinear la futura estrategia de crecimiento de la UE con una visión territorial actualizada;

28.

encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo y al presidente del Consejo Europeo, así como a la Presidencia eslovaca del Consejo de la UE.

21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/7

—

vista la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural (1);

1.

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea de designar 2018 como «Año Europeo del Patrimonio Cultural» y está de acuerdo con los objetivos generales y específicos del Año;

2.

considera que un Año Europeo dedicado al patrimonio cultural constituye una valiosa oportunidad para aumentar la sensibilización sobre la necesidad de proteger desde la base el patrimonio cultural, llevar el conocimiento a una mayor audiencia y contribuir a conseguir los objetivos compartidos en el contexto paneuropeo (2); por otra parte, el Año Europeo debería fomentar el intercambio de las mejores prácticas en el desarrollo de sistemas de gestión eficaces, ayudando a mitigar los riesgos relacionados con el desarrollo urbano y la transformación del paisaje, así como en la lucha contra las excavaciones ilícitas y el tráfico ilegal de bienes culturales;

3.

aboga por un planteamiento amplio y visionario a la hora de hacer de 2018 el Año Europeo del Patrimonio Cultural, visto también como una oportunidad para reafirmar nuestro lema «Unidad en la diversidad». El CDR reitera su propósito de apoyar el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. En este sentido, manifiesta su disposición a contribuir también al trabajo del grupo de dirección europeo que la Comisión Europea propone establecer en el marco del Año Europeo 2018;

4.

reconoce que la celebración y conmemoración del patrimonio cultural ayuda a los europeos a desarrollar el entendimiento, inspira la creatividad y fomenta la ciudadanía activa. Por consiguiente, fomentar la cultura y el patrimonio cultural es esencial para reforzar la identidad y los valores democráticos en Europa y para contribuir a la cohesión social y económica. En este sentido, es necesario considerar los espacios naturales protegidos formando parte del patrimonio cultural;

5.

acoge favorablemente el reconocimiento dado a la cultura como instrumento para el desarrollo local y regional y el valor de los modelos innovadores de la gobernanza multinivel y de la gestión del patrimonio cultural; sin embargo, subraya que el nombramiento de coordinadores a nivel de Estado miembro debe reflejar plenamente las estructuras de gobernanza de cada Estado miembro, incluidas las estructuras federales y las regiones/ciudades con poderes legislativos;

6.

reitera la importancia del paisaje como componente básico del patrimonio natural y cultural con un profundo impacto en la identidad cultural de los ciudadanos europeos; considera, por consiguiente, que, de acuerdo con la Agenda Europea para la Cultura, los objetivos generales del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 podrían enriquecerse con la inclusión de un fuerte componente del desarrollo territorial, en la forma de estrategias culturales regionales y locales que impliquen la promoción del turismo cultural sostenible;

7.

espera que el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 imprima un impulso al aumento de la financiación disponible en el programa COSME para las pequeñas y medianas empresas relacionados con el turismo cultural;

8.

espera que el turismo, especialmente el cultural y el patrimonial, tenga un importante papel en 2018, dado que es uno de los sectores económicos de más rápido crecimiento en Europa, que impulsa el crecimiento y el desarrollo en el mundo, crea millones de empleos, potencia las exportaciones y la inversión y transforma la vida de las personas;

9.

subraya la importancia de la cultura como uno de los principales factores de atracción del turismo y hace hincapié en la necesidad de promover el patrimonio cultural y natural de Europa en nuestras regiones, ciudades y áreas rurales, que constituyen un escaparate de nuestra diversidad, así como de asegurar una mejor accesibilidad de las áreas difíciles de alcanzar, como la regiones rurales, montañosas o insulares;

10.

recuerda el objetivo de la nueva Agenda Urbana de la UE de mejorar la calidad de vida en las ciudades y desarrollar una nueva gobernanza «urbana», y subraya que también deberían constituirse asociaciones sobre otras cuestiones que requieren planteamientos políticos integrados como, por ejemplo, la consideración de la dimensión cultural y el turismo en el desarrollo urbano, nuevas formas integradoras de participación, innovación y «ciudades inteligentes» (3);

11.

subraya los estrechos lazos entre el patrimonio cultural y el desarrollo rural e insta a las áreas rurales a que presten más atención al patrimonio cultural en sus estrategias de desarrollo, ya que contribuye a mantener y crear puestos de trabajo, apoyar a las explotaciones agrarias, proteger el paisaje cultural y apoyar la artesanía y el arte rural;

12.

insiste en la posible ventaja de usar la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) para proyectos de gobernanza multinivel que permitan que todos los actores pertinentes participen en la gobernanza de un territorio transfronterizo o eurorregional (4) y fomentar la cooperación en el ámbito de la cultura, incluido el patrimonio cultural tangible e intangible, con un efecto positivo para otros sectores, como el turismo y la industria;

13.

reitera su apoyo a las iniciativas de Capitales Europeas de la Cultura (CEC) y el Sello de Patrimonio Europeo (SPE), así como a las Jornadas Europeas del Patrimonio y el Premio de la Unión Europea al Patrimonio Cultural; y subraya la necesidad de fuertes sinergias con las actividades emprendidas en el marco del Año Europeo 2018;

14.

señala que, aunque la cofinanciación a nivel europeo de actividades en apoyo a los Años Europeos se atiene a las posibilidades del establecimiento de prioridades sobre una base anual o plurianual y en relación con los actuales programas, la elección del centro político de cada Año determina en gran medida el tamaño del posible paquete presupuestario disponible. Esto lleva a considerables fluctuaciones de financiación de un Año a otro, que puede poner en peligro la consecución de los objetivos de un Año;

15.

reitera que, en un mundo globalizador, la cultura también puede determinar el atractivo de un lugar y su competitividad para las empresas, inversores e individuos creativos y emprendedores;

16.

considera que el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 es un importante hito a la hora de fomentar la estrategia de la UE para las relaciones culturales internacionales (5);

17.

acoge favorablemente la atención prestada a Oriente Medio a la hora de considerar el papel del patrimonio en el ámbito de las relaciones exteriores, ya que esa región está seriamente afectada por la destrucción deliberada de tesoros culturales en ciertas zonas en conflicto. Está de acuerdo en que también habría que aspirar a la cooperación cultural con los países de la Política Europea de Vecindad y la Asociación Oriental;

18.

subraya que es fundamental que los jóvenes conozcan, comprendan y aprecien su patrimonio y lo sientan como parte de su identidad. A este respecto aboga por un enfoque más proactivo para fomentar el patrimonio cultural europeo y su diversidad entre los jóvenes y los niños; por ello recomienda que en los programas de estudios se incluyan elementos de la educación sobre el arte, música, teatro y cine europeos, a fin de mejorar el conocimiento del patrimonio cultural tangible e intangible del continente;

19.

reitera la importancia de adquirir aptitudes culturales y creativas desde la más tierna infancia, tanto en el marco del sistema educativo como en el tiempo de ocio, que empodere a las jóvenes generaciones para que se beneficien plenamente de las nuevas formas de acceso a la cultura (6);

20.

considera que la accesibilidad es fundamental para que el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018 sea todo un éxito; la mejora de la accesibilidad representa un punto de partida crucial para aumentar también las tasas de participación (7);

21.

confirma su disposición a participar en el diseño de una amplia estrategia de comunicación, así como en la organización de conferencias, actos e iniciativas pertinentes y su voluntad de facilitar el contacto con los ciudadanos y las partes interesadas;

22.

manifiesta su deseo de ver unos medios de comunicación de la UE más activos, así como una política audiovisual y de tecnologías de la información más activa que se proponga promover el patrimonio cultural y lingüístico de Europa;

23.

considera, asimismo, necesario crear la Red Europea de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, considerarlas como Patrimonio Común de todos los ciudadanos europeos y adoptar medidas específicas para preservar y difundir su existencia;

24.

encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, al Consejo, al presidente del Consejo Europeo y a la Presidencia eslovaca.

21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/12

1.

subraya que los Fondos EIE son uno de los pocos instrumentos de la UE que tienen un impacto inmediato, concreto y tangible en la calidad de vida de los ciudadanos a través de los cientos de miles de proyectos emprendidos en toda Europa y que pueden, de este modo, ejercer una influencia positiva sobre su actitud general hacia la UE ahora que su popularidad está bajo mínimos. Por tanto, es necesario mantener y seguir desarrollando este instrumento de conformidad con sus principales objetivos y principios. En cambio, los Fondos EIE y, en particular, la política de cohesión, deberían ser objeto de un proceso de análisis y mejora que aumentara su eficacia y valor añadido, tanto para lograr los objetivos de la UE y de la Estrategia Europa 2020 como en otros ámbitos importantes de la vida de los ciudadanos, lo que mejoraría su percepción de la UE. Para ello, uno de los instrumentos, adecuados e importantes, es simplificar y flexibilizar el conjunto del sistema de ejecución de los Fondos EIE;

2.

hace hincapié en que los procedimientos de utilización de los Fondos EIE se complican no solo de un período de programación a otro, sino también prácticamente de un año a otro; por ello, celebra que, a iniciativa de la comisaria responsable de la política regional, la Comisión Europea haya empezado a considerar seriamente la simplificación de esos Fondos y que haya creado un grupo de alto nivel e invitado a otros socios a debatir sobre la misma. Por otra parte, el CDR señala que la necesidad del proceso de simplificación debería demostrarse no solo en relación con los Fondos EIE, sino también con el conjunto de los programas financieros y las políticas de la Unión;

3.

acoge con satisfacción la estrecha cooperación con las Presidencias neerlandesa y eslovaca del Consejo a la hora de debatir conjuntamente las medidas concretas para simplificar la aplicación de los Fondos EIE y sugiere que se continúe esta práctica con las próximas Presidencias del Consejo y con vistas al debate sobre el futuro de la política de cohesión;

4.

señala que, en el marco de este proceso de simplificación, conviene concretar la finalidad esencial y el espíritu de la política de cohesión como tal: a saber, la política regional; subraya que, en su forma actual, la política de cohesión se aleja progresivamente de la política regional y tiende cada vez más a afrontar los problemas a nivel nacional, como demuestra, entre otras cosas, el hecho de que los diferentes «acuerdos de asociación» se basen en los «programas nacionales de reforma». Además, la política de cohesión se ve obstaculizada por diversas condiciones nacionales cuyo cumplimiento se sustrae totalmente a la influencia de los entes locales y regionales y de los demás beneficiarios. La política de cohesión es cada vez más compleja y complicada, principalmente debido a la falta de confianza entre los diferentes niveles políticos y administrativos. Dicha complejidad, a su vez, contribuye a aumentar las disparidades en el desarrollo de las regiones;

5.

subraya que el CDR representa a los entes locales y regionales que pueden intervenir en diferentes etapas de los eslabones de la cadena en materia de gestión del proceso de ejecución de los Fondos EIE y, sobre todo, como beneficiarios finales, autoridades de gestión o partes interesadas. Habida cuenta del papel de los entes locales y regionales, sus conocimientos y observaciones deberían tenerse prioritariamente en cuenta en el proceso de simplificación;

6.

señala que un proceso de simplificación realmente eficaz requiere la implicación activa no solo de todas las direcciones generales de la Comisión Europea que participan en la programación y el seguimiento de los Fondos EIE, como la DG REGIO, la DG EMPL, la DG AGRI, la DG MARE y la DG COMP, sino también de otras instituciones y órganos europeos (como las autoridades de auditoría). El sistema debe simplificarse tanto para los beneficiarios como para las autoridades administrativas;

7.

recomienda que el proceso de simplificación se centre de forma específica en reducir la carga administrativa que recae en los responsables de la ejecución, así como en la complejidad del circuito de auditoría, la elaboración de informes y la certificación del gasto. La normativa debe adaptarse de forma proporcionada en función tanto de la envergadura del proyecto como de la eficacia del sistema de ejecución;

8.

recomienda que el proceso de simplificación sea objeto de un planteamiento sistemático y estima, por consiguiente, que sería aconsejable definir, en esta perspectiva, un método y unos indicadores de realización y de éxito; por ello conviene distinguir dos tipos de resultados: por una parte, los que permiten una aplicación inmediata de los conocimientos y soluciones propuestas y, por otra, los que se utilizarán en el siguiente período de programación. En lo que respecta al período de programación actual, habida cuenta de la aplicación en curso de los programas operativos y en aras de la seguridad jurídica, no se considera realista llevar a cabo cambios legislativos de gran calado. No obstante, deberían preverse acciones inmediatas mediante cambios en las prácticas de ejecución y los requisitos no jurídicos, una mayor cooperación y una orientación más eficaz, así como ajustes menores en el marco legislativo de la política de cohesión y la legislación conexa. Además, convendría estructurar este proceso de simplificación, en función de los temas (transporte, medio ambiente, etc.), de los fondos y de su reparto (FEDER, FSE, etc.), del nivel (nacional, regional, urbano, local, de la UE) y del ente (público, privado, ONG, etc.). En el marco de este proceso, cabe destacar los vínculos y las repercusiones tanto dentro como fuera de esta estructura y centrarse en la simplificación de las relaciones interinstitucionales entre los distintos niveles que participan en su aplicación;

9.

sugiere mejorar la coordinación entre los diferentes fondos y los programas a escala nacional. Esto debería lograrse también a través de la gestión y planificación estratégicas durante el período de programación, haciendo hincapié en los trabajos estratégicos generales;

10.

subraya que, para garantizar el éxito de todo el proceso de simplificación, conviene responder a las siguientes cuestiones fundamentales:

11.

considera que la simplificación no consiste en:

12.

considera que la simplificación consiste en:

13.

subraya que la simplificación es un proceso continuo que no debería limitarse a aplicar algunas medidas ni a elaborar un informe o un dictamen;

14.

advierte que muchos beneficiarios consideran actualmente que el recurso a los Fondos EIE es arriesgado, ya que no tienen la certeza de no resultar víctimas de una «fuerza mayor»; es decir, de que la financiación de su proyecto no se vea suprimida o bloqueada a causa de alguna disputa entre su país y la Comisión, quizá sobre no satisfacer los requisitos de condicionalidad, por ejemplo, o por errores en el sistema de aplicación. A pesar de haber alcanzado los objetivos del proyecto y de que este haya dado los resultados esperados, la ayuda recibida por un beneficiario podrá verse reducida o retrasada debido a diversas pequeñas faltas o porque se produzca una modificación del proyecto en el curso de su realización. También afrontan el peligro, entre otros riesgos, de que las conclusiones de la autoridad auditora en algún otro proyecto también se les apliquen con efectos retroactivos. Todos estos elementos influyen en la voluntad de utilizar eficazmente los Fondos EIE. Es indispensable volver a centrar la política de cohesión en el proyecto y su promotor creando condiciones favorables para el beneficiario por medio, entre otras cosas, de reducir las cargas administrativas y limitar la notificación por parte de los promotores de proyectos a solo los datos de realización del proyecto, generalizando los costes simplificados y evitando su cuestionamiento por el control, indicando a los promotores los documentos obligatorios cuya conservación en papel seguiría siendo indispensable con una fecha límite de archivo;

15.

considera que constituiría una gran simplificación que todos los fondos de la UE aplicaran las mismas normas para optar a una subvención. Sin embargo, es esencial que la responsabilidad de determinar los costes que pueden optar a una subvención siga estando en el nivel nacional, y esto debería armonizarse en todos los Estados miembros de la UE;

16.

propone otorgar, para los Fondos EIE, a una de las instituciones u órganos existentes las competencias y la función de defensor del pueblo, al que podría dirigirse en última instancia todo beneficiario; dada la complejidad del sistema, muchos beneficiarios que se esfuerzan por llevar a buen término el proyecto de manera que produzca un efecto máximo, se encuentran, paradójicamente, en situaciones problemáticas que, además de ser devastadoras para ellos en el plano moral y económico, contribuyen considerablemente a la percepción negativa que tiene la opinión pública de los Fondos EIE y de la UE como tal. Esa institución no debería aspirar exclusivamente a garantizar la comunicación con la DG REGIO, sino, sobre todo, a tratar la problemática de los Fondos EIE en toda la Comisión Europea y los demás órganos de la UE. En la UE falta una institución de esas características, mientras que otras DG y otros órganos de la UE intervienen en esta problemática de los Fondos EIE. Por otra parte, convendría crear instituciones similares en los Estados miembros que todavía no dispongan de las mismas;

17.

reitera una vez más que es fundamental evitar la retroactividad de las conclusiones. No conviene que las decisiones actuales ni los cambios de procedimientos o directrices puedan aplicarse con carácter retroactivo a otros proyectos, ni siquiera a los proyectos inacabados cuya aplicación se encuentra en una fase avanzada. La prevención de la retroactividad es una medida que se puede aplicar con rapidez y que incrementará la seguridad jurídica de los beneficiarios;

18.

recomienda que, en el marco del proceso de simplificación, se introduzcan reformas para permitir una mayor flexibilidad, ya que la creciente complejidad de los procesos se debe a que las diferentes decisiones concretas que se adoptan en los proyectos dan lugar a orientaciones y directivas generales; por ello recomienda constituir un grupo de trabajo compuesto por especialistas de la aplicación práctica de los Fondos EIE, que se encargue de presentar propuestas de modificación y de dialogar con la Comisión Europea y las demás instituciones;

19.

hace hincapié en los frecuentes casos de discordancia entre el marco jurídico de la UE sobre los Fondos EIE y las legislaciones nacionales en ámbitos que aparentemente no están vinculados como, por ejemplo, las disposiciones sobre el control financiero o la contratación pública, lo que provoca una fragmentación y un planteamiento diferenciado en los diversos Estados miembros; por ello recomienda que, para los Fondos EIE, que movilizan créditos europeos y no nacionales, la legislación y las orientaciones de la UE relativas a los Fondos EIE se impongan a la legislación contradictoria nacional, e incluso de la UE, a pesar de que las cofinanciaciones procedan de recursos nacionales o subnacionales, a fin de evitar la sobrerregulación;

20.

propone difundir las buenas prácticas de los Estados y de los programas que en el pasado solo han presentado un porcentaje insignificante o bajo de errores. Al mismo tiempo, es necesario velar por que todos los Estados tengan las mismas condiciones (y ello a pesar de las diferencias entre las legislaciones nacionales). Las diferentes unidades territoriales siguen actualmente un planteamiento que, en muchos casos, es diametralmente opuesto. En efecto, se producen situaciones en las que lo que se considera un procedimiento correcto y usual en el caso de un Estado determinado se considera una grave irregularidad en el caso de otro Estado. Naturalmente, esto no cambia el hecho de que las cargas administrativas deberían tener en cuenta el tamaño de los proyectos, el importe de la ayuda y la calidad de la estructura de ejecución;

21.

subraya que el éxito del proceso de simplificación exige la resolución del conflicto entre, por una parte, las medidas adoptadas en el marco de la lucha contra la corrupción y para reducir el porcentaje de error, y, por otra, la reducción de la carga administrativa de los Fondos EIE. Conviene revisar las modalidades de ejecución y de gestión que ponen en el mismo plano el fraude y el error involuntario, dando lugar a un clima de desconfianza entre los agentes y una carga administrativa desproporcionada para el promotor del proyecto. Las distintas medidas que se están adoptando gradualmente para garantizar la transparencia y luchar contra la corrupción y el fraude complican considerablemente la totalidad del sistema. Entre dichas medidas, conviene comprobar a posteriori cuáles son realmente eficaces y cuáles se limitan a complicar el proceso y «criminalizar» a los beneficiarios honrados por errores sin importancia. La lucha contra la corrupción no debería dar lugar a que cada beneficiario suscite desconfianza a priori, sino que debería basarse en la confianza, la cooperación y una clara responsabilidad. Esta lucha debe basarse en los principios morales de base y la responsabilidad para lograr lo que el beneficiario se ha propuesto, y no en utilizar los errores detectados para diseñar un modelo inflexible que, por el contrario y a menudo de manera ineficaz, vinculará a otros beneficiarios. De hecho, concentrarse únicamente en satisfacer los requisitos formales y cumplir los plazos podría dar lugar en algunos casos a que la financiación se realice de forma expeditiva o inapropiada, y con impunidad;

22.

tras un debate en su seno y con otros socios, señala las siguientes áreas principales de los problemas que hay que resolver:

23.

Como han demostrado los talleres dedicados a la simplificación, aunque en algunos Estados miembros la contratación pública no plantea mayores problemas, los representantes de muchos países consideran que esta contratación constituye precisamente uno de los principales problemas respecto de la ejecución. Por tanto, consideramos que debería haber normas claras en toda Europa en materia de contratación pública para realizar proyectos en el marco de los FEIE; estas normas deberían imponerse a la legislación nacional en este ámbito. Se trata principalmente de recursos de la UE y no de los Estados miembros, por lo que la contratación pública debería regirse por normas válidas para toda Europa y no por normas nacionales. Además, los procedimientos que rigen el procedimiento de adjudicación de contratos públicos deberían contribuir a alcanzar un resultado final lo más eficiente posible y prever, a este respecto, un cierto grado de flexibilidad para los distintos tipos de contrato, en lugar de atar de manera totalmente formal las manos del órgano de contratación y del licitador en el marco de gestiones y procesos vinculantes. Entre otras cosas, habría que incrementar el valor mínimo para la publicación en el portal de contratación pública y en el Diario Oficial de la UE.

24.

Como han demostrado los talleres dedicados a la simplificación, aunque en algunos Estados miembros la contratación pública no plantea mayores problemas, los representantes de muchos países llaman la atención sobre el hecho de que para un órgano de contratación de pequeño tamaño, el sistema actual es tan complejo y arriesgado que no está en condiciones de redactar por sí mismo la oferta pública y debe recurrir a los servicios de empresas especializadas externas, aunque esto no le exime de su responsabilidad por posibles errores. Esto ha dado lugar a un nuevo sector de actividades comerciales. Es paradójico que se den casos en los que sea necesario lanzar una licitación para determinar la sociedad encargada de elaborar la convocatoria de licitación.

25.

Como han demostrado los talleres dedicados a la simplificación, aunque en algunos Estados miembros la contratación pública no plantea mayores problemas, los representantes de muchos países advierten que la mayoría de los errores cometidos en la contratación pública son realmente equivocaciones debidas a la complejidad de las normas. Por consiguiente, los promotores de proyectos viven una gran frustración por el hecho de auditorías ex post que intervienen en una fase avanzada del proceso, cuando ya no es posible corregir los errores y ni siquiera tienen la posibilidad de solicitar una evaluación previa vinculante. Así pues, el CDR propone que los dictámenes de auditoría y los otros procedimientos de control de la adjudicación de los contratos públicos se efectúen sobre todo ex ante, con el fin de prever los errores, muy frecuentes en este ámbito en particular, y reducir así el importe de las correcciones financieras.

26.

También procede señalar que la legislación relativa al proceso de contratación se centra en el órgano de contratación, que también será sancionado y perseguido por el menor error, mientras que numerosas manipulaciones nefastas de los resultados de la contratación tienen lugar sobre la base de acuerdos entre los licitadores de dicho contrato. Por lo que se refiere a los sectores y segmentos en los que el mercado está muy monopolizado, a menudo el sistema actual de contratación pública no desempeña su papel y puede incluso resultar contraproducente. Por ello, sería conveniente evaluar el sistema en su conjunto y prever un replanteamiento total de su filosofía. Esto concierne en particular a los países pequeños, donde la monopolización del mercado es mucho más pronunciada.

27.

Es importante revisar cuanto antes las directrices en materia de contratación pública para los Fondos EIE, publicadas recientemente (Contratación pública-Guía de orientación), ya que se refieren a las antiguas directivas y no a las nuevas directivas sobre contratación pública que se adoptaron en 2014 y que entraron en vigor a principios de este año. A este respecto, resulta esencial que las contribuciones a las nuevas directrices se sometan a una evaluación adecuada de impacto territorial que permita a los expertos locales y regionales aportar contribuciones directas. Esto está previsto en el paquete «Legislar mejor», que reconoce el papel del CDR como socio clave para una mejor evaluación del impacto de las propuestas de la UE a nivel local y regional.

28.

A lo largo de los años, la situación en el ámbito de las ayudas estatales se ha complicado considerablemente, y aunque en los últimos tiempos se ha producido una mejora parcial para ciertos programas, la situación sigue siendo muy complicada para los beneficiarios y las autoridades de gestión. En la actualidad, no existe una interpretación clara y comprensible de la noción de ayuda estatal, y todo se determina únicamente sobre la base de las solicitudes presentadas y su análisis. Las autoridades nacionales encargadas de la interpretación suelen tener puntos de vista diametralmente opuestos y suelen mostrarse reacias a emitir dictámenes vinculantes y claramente definidos. En algunos países, estas autoridades no forman parte del sistema de ejecución de los Fondos EIE y con sus dictámenes no asumen una responsabilidad clara. Por tanto, en dichos países, sería deseable que las autoridades nacionales formen parte del sistema de ejecución (en los casos en los que aún no estén incorporadas) y que tengan la obligación de emitir dictámenes claramente definidos. Por otra parte, en algunos casos, las entidades privadas se encuentran paradójicamente en una posición más favorable que los entes públicos (porque no están obligadas a cumplir toda una serie de instrucciones, reglamentos y medidas). Aunque los entes públicos actúan con menor frecuencia como agentes económicos competitivos y sus actividades no tienen ánimo de lucro, deben someterse a los mismos procedimientos que los agentes privados.

29.

Además, existe otra incoherencia significativa en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales. Mientras que los procedimientos relativos a las ayudas estatales no se aplican a los programas gestionados de manera centralizada por la Comisión Europea (como, por ejemplo, Horizonte 2020, el Mecanismo «Conectar Europa», el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas), sí se aplican a los proyectos financiados en el marco de la política de cohesión. En la práctica, en materia de ayudas estatales, los proyectos no se consideran por su naturaleza sino en función de si es la Comisión o el Estado miembro el que concede los fondos y en función de la fuente de su financiación.

30.

En este contexto, el CDR quiere recordar que la política de cohesión tiene por objeto fundamental garantizar las mismas condiciones a las regiones menos desarrolladas, gracias a la concesión por la UE de un volumen de recursos financieros más importante y de un porcentaje de cofinanciación superior. Por tanto, se podría considerar que la política de cohesión incluso constituye una distorsión voluntaria del mercado. Por ello, el CDR considera que los procedimientos en materia de ayudas estatales no deberían aplicarse en absoluto a los Fondos EIE.

31.

Conviene prestar especial atención al recurso a las ayudas estatales en el marco de los programas de cooperación territorial europea. En general, existe una desproporción entre los esfuerzos que se requieren para respetar las normas relativas a las ayudas estatales y el riesgo de distorsión de la competencia. Además, las ayudas estatales suelen ser objeto de interpretaciones diversas en los diferentes Estados miembros y, en consecuencia, no es posible aplicar esas normas con la seguridad jurídica adecuada, lo que impide a menudo llevar a buen término proyectos de calidad. Una de las medidas que se podrían adoptar con rapidez para simplificar los Fondos EIE consistiría, por lo tanto, en excluir también la cooperación territorial europea del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales, como es el caso, por ejemplo, del programa «Horizonte 2020».

32.

Se trata también de una cuestión de claridad y proporcionalidad. Dada la pequeña escala de algunos proyectos, especialmente a nivel local, es importante aclarar en mayor medida el marco con las exenciones de las normas en materia de ayudas estatales. Por el momento, existe a menudo confusión sobre cuándo y cómo operan la norma de minimis, el servicio de interés general, la exención general por categorías y las directrices sobre ayudas públicas regionales. El Comité Europeo de las Regiones pide que se elaboren unas directrices consolidadas, mejores y más fáciles de utilizar, durante este período de programación, y que la próxima revisión de las normas en materia de ayudas estatales contribuya a mejorar y simplificar el marco existente.

33.

Habida cuenta de la evolución de la definición de una empresa y a fin de apoyar el empleo, la innovación y el emprendimiento en las regiones, es necesario aumentar el límite máximo de la ayuda con arreglo a la norma de minimis.

34.

La falta de coherencia en las metodologías de auditoría a nivel nacional y europeo es quizás el mayor desafío para el proceso de aplicación de los Fondos EIE. Las autoridades de gestión y los distintos órganos de control europeos y nacionales suelen llegar a diferentes interpretaciones de las mismas normas, cuando no son en absoluto responsables de los controles efectuados. Para los proyectos correspondientes a los Fondos EIE, convendría establecer un sistema de auditoría única (un puesto de control único) a nivel nacional y de la UE, que formularía un dictamen vinculante —también sobre contratación pública— del que también debería rendir cuentas. El beneficiario final también debería tener derecho a solicitar la realización de auditorías a fin de obtener la certeza de que la aplicación se ha efectuado según las normas y que no será objeto de ningún peligro en el futuro o para que pueda eventualmente adoptar medidas correctoras. Para ello, también es necesario adoptar un enfoque más flexible respecto del intercambio de datos y las soluciones informáticas integradas, como formularios electrónicos y bases de datos, como requisito previo para desarrollar un servicio de control único que reduzca la carga que supone el cumplimentar formularios para los beneficiarios y las autoridades de gestión. Generalizar la utilización de una desmaterialización sencilla permitirá limitar al máximo los documentos que cabe escanear y cargar. Así pues, habría que promover el recurso a aplicaciones informáticas que permitan recoger directamente en la fuente los datos administrativos del beneficiario (plantilla, volumen de negocios, cumplimiento de las obligaciones fiscales y sociales, etc.). Sin embargo, se necesita una evaluación previa de riesgos que determine qué datos pueden compartirse, y se requiere asimismo, desde el principio, la participación de la Comisión, los órganos de auditoría nacionales y regionales, así como del Tribunal de Cuentas Europeo; quizá se podría elaborar un vademécum de auditoría común, para evitar problemas de fiscalización más tarde. Actualmente, esta auditoría se percibe como una medida de represión y coerción. En general, las auditorías se refieren únicamente a la administración del proyecto y el respeto de los procedimientos previstos, teniendo en cuenta que cualquier incumplimiento se sancionará sin remisión, aunque se haya realizado para aumentar la eficacia del proyecto, debido a circunstancias imprevisibles o con fines de ahorro. Así pues, el CDR propone que los auditores se dediquen a la «eficacia real de las cargas» y tengan en cuenta el grado de gravedad financiera de los errores y la situación concreta (mayor proporcionalidad de las auditorías). El principio de proporcionalidad debería tenerse en cuenta en las inspecciones y normas de cumplimiento, mostrándose mayor tolerancia con las infracciones menores. Deberíamos pasar a aplicar un enfoque de inspección más proporcionado (con menos controles in situ en aras de unos programas y organismos de ejecución más eficaces) y basado en los resultados (de modo que en una única visita puedan llevarse a cabo más de un tipo de inspecciones, lo cual reviste especial importancia para los programas y operaciones multifondos), así como una auditoría más proporcionada, que se centre menos en sanciones y más en la realización de mejoras y en garantizar la consecución de los objetivos más amplios de la política de cohesión. El auditor debe considerarse un socio en la resolución de problemas y la búsqueda de la vía más eficaz para detectar y corregir los errores. A tal efecto, se necesitaría un gran cambio de actitud por parte de los auditores.

35.

Las autoridades administrativas y de auditoría deben trabajar conjuntamente desde la fase de programación hasta la conclusión de los programas, ya que esta es la única manera de evitar diferentes interpretaciones de las mismas normas. Un sistema común de control o una interpretación común del sistema de control, al que deberíamos aspirar, impediría que una misma operación se audite varias veces, ya que, en principio, las diferentes autoridades de auditoría deberían hacer uso de los dictámenes de las demás autoridades y complementarlos. En este contexto, el CDR propone ampliar el ámbito de aplicación del control proporcional definido en el artículo 148 del Reglamento general n.o 1303/2013 aplicándolo más allá de la autoridad de la auditoría y de la Comisión a todos los tipos de auditoría, incluidos los que corresponden a las autoridades de gestión y certificación y al Tribunal de Cuentas Europeo. En términos más generales, habría que introducir más subsidiariedad en la auditoría. La auditoría de la UE debería limitarse únicamente al respeto de la normativa de los Fondos EIE. En cuanto al Estado miembro y sus autoridades de gestión, deberían asumir la responsabilidad de verificar el cumplimiento de las normativas nacionales (incluidas las derivadas de la legislación europea). Esta subsidiariedad en las actividades de auditoría debería estar supeditada a la celebración de un contrato de confianza entre la CE y cada Estado miembro.

36.

También propone aumentar en un 50 % los umbrales por debajo de los cuales una operación no es objeto de más de una auditoría antes de la presentación de los gastos finales.

37.

Es inaceptable que, en los proyectos en que participan varios socios, el conjunto de la asociación —o, en un caso extremo, todo el programa— se vea penalizado con una corrección financiera a causa de irregularidades descubiertas en las actividades de uno de los socios.

38.

Aunque en algunos Estados existen sistemas de recurso que funcionan sin mayores problemas, en algunos otros estos sistemas, creados sobre la base del artículo 74, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013, son muy dispares y no cumplen siempre su papel desde el punto de vista del beneficiario. Convendría, por tanto, establecer, tanto a nivel nacional (en aquellos Estados miembros que aún no cuenten con uno) como de la UE, un sistema único de recurso, comprensible y rápido. Este sistema debería aplicarse no solo contra las conclusiones de las auditorías, sino también contra las decisiones de todos los niveles y en todos los ámbitos (como, por ejemplo, las ayudas estatales).

39.

El procedimiento mediante el cual un Estado miembro va más allá de los requisitos mínimos establecidos por la legislación de la Unión Europea cuando se transpone esta a su legislación nacional parece ser el problema de los Estados miembros y no de la Comisión Europea. Sin embargo, este proceso se produce en la medida en que lo permiten los reglamentos y las directrices de aplicación de la Comisión. Si se pretende reducir al mínimo este proceso, conviene reforzar el papel de la Comisión en este ámbito, que debe definir claramente en sus reglamentos y directrices de aplicación qué requisitos no se deberían sobrepasar, y que no sea posible ni modificarlos ni flexibilizarlos. Esto se aplica a la contratación pública y la auditoría, entre otros ámbitos. Los recursos de los Fondos EIE son fondos de la UE, por lo que las normas deberían ser establecidas por la UE y no por los Estados miembros.

40.

También se produce una agravación de las cargas reglamentarias porque, en muchos casos, las directrices de aplicación solo se elaboran a escala de la CE en el curso de la ejecución de los programas. Los Estados miembros y las autoridades de gestión se verán, por tanto, obligados a elaborar sus propias directrices, diferentes de las que la Comisión publicará a posteriori. Por consiguiente, los reglamentos de los Fondos EIE deben elaborarse al mismo tiempo que las directrices, y no posteriormente, para dar una idea e interpretar el cumplimiento de cada uno de los distintos artículos de dichos reglamentos. Con frecuencia, este enfoque resulta en retrasos de más de un año a la hora de poner en marcha los programas operativos y en revisiones adicionales que, una vez más, afectan negativamente al nivel de ejecución de los Fondos EIE. El número y el volumen de las directrices y métodos deberán reducirse considerablemente. Al mismo tiempo, habrá que hacer hincapié en su claridad y eficacia, en vez de en su volumen, para que el sistema no sea más complejo y, por lo tanto, ineficaz. Deberían ser explícitas y no experimentar modificaciones en el curso de la aplicación. Las líneas directrices no deben en ningún caso ser retroactivas.

41.

Comprobar qué nivel es el más adecuado para llevar a cabo la programación y concentración temática constituiría una medida eficaz. En la actualidad, la programación se extiende hasta el nivel más bajo de la aplicación. Por consiguiente, como parte de la concentración temática, convendría determinar unos objetivos generales junto con un indicador principal de realización de cada uno de ellos. Las autoridades de gestión deberían disponer de un margen de maniobra para determinar las actividades que les permitan alcanzar cada objetivo en las diferentes regiones, y así tener más en cuenta las necesidades de las regiones en función de sus particularidades y los retos que deben afrontar. Si el objetivo consiste en aumentar el empleo, convendría conceder un margen de maniobra para la elección de los medios para alcanzarlo. En algunas regiones, en función de su nivel, son las actividades en el ámbito de la investigación las que contribuirán a alcanzar este objetivo, mientras que en otras lo serán, por ejemplo, las actividades en el sector turístico. En especial, el fomento de la cooperación transfronteriza, cuyo objetivo es una integración de las regiones más allá de las fronteras, debería tener en cuenta las necesidades específicas de la región transfronteriza en cuestión y, de este modo, permitir apoyar actividades importantes más allá de los objetivos temáticos de la Estrategia Europa 2020. Cabe citar, entre otros, el ejemplo de los «fondos para pequeños proyectos», que apoyan las iniciativas interpersonales y el fomento de actividades turísticas o de las conexiones de transporte deficitarias. En general, conviene preguntarse si la cooperación territorial europea debe obedecer a todas las condiciones que se aplican a los Fondos EIE. Habría que garantizar que no se reduzcan las dotaciones financieras.

42.

Convendría permitir cierta flexibilidad de los programas, de modo que estos puedan hacer frente con facilidad a una nueva situación y a la rápida evolución tecnológica. Sin embargo, es necesario que esta flexibilidad sea real; es decir, que cabe limitar y simplificar completamente el proceso de modificación de un programa. La necesidad de proceder, por ejemplo, a una nueva evaluación de impacto ambiental no puede considerarse como un factor de flexibilidad real de un programa. En el caso antes mencionado, por ejemplo, solo debería ser necesario plantear la realización de una evaluación ambiental estratégica en los casos en que se vean afectados en la reprogramación que se plantee objetivos específicos con una incidencia ambiental significativa, previamente identificados como tales.

43.

El Reglamento (UE) n.o 1303/2013 ha incorporado dos instrumentos que pueden facilitar un enfoque territorial integrado: a saber, inversiones territoriales integradas y planes de acción conjuntos, que harían posible el desarrollo integrado de una determinada zona o región. No obstante, los Estados miembros han recibido muy pocos estímulos por parte de la Comisión para utilizar estos instrumentos, especialmente porque la Comisión, en sus actos delegados y de ejecución, los definió de un modo un tanto vago y complejo. Una mayor aplicación de los dos instrumentos se traduciría en:

44.

En el caso de las inversiones territoriales integradas (ITI), se exige crear estructuras de gestión totalmente desproporcionadas con respecto al importe de los medios financieros que dispensa dicho instrumento. Asimismo, tal como se subraya en el Dictamen del Comité sobre el desarrollo local participativo (DLP), el número de normas específicas que deben cumplirse para cada uno de los fondos, que a menudo también están gestionados por autoridades de gestión independientes, constituye un factor disuasorio para el DLP fuera del Feader. Como consecuencia de ello, el despliegue, sobre el terreno, de estos instrumentos de desarrollo local innovadores e integrados ha sido de carácter limitado hasta la fecha. La necesidad de crear tales estructuras no solo aumenta de forma desproporcionada la gestión de este instrumento y supone una pesada carga para sus agentes, sino que también complica significativamente los proyectos y retrasa su realización.

45.

señala que el hecho de que las normas de la política de cohesión se modifiquen cada siete años, o incluso con mayor frecuencia, no ha contribuido a simplificar la política de cohesión, sino que ha desencadenado el efecto contrario. No obstante, en primer lugar, un marco regulador que cubra varios períodos de programación presupone una simplificación radical. Siempre es posible y deseable realizar cambios menores y ventajosos del sistema de aplicación de la política de cohesión, pero los cambios sustanciales deberían incorporarse con menor frecuencia y prepararse con la debida antelación. Convendría analizar previamente los efectos de esas modificaciones y, de conformidad con el principio de asociación, habría que discutirlos al principio con las partes interesadas que no son solo los Estados miembros, sino también los entes locales y regionales representados por el Comité de las Regiones.

46.

considera que el uso de instrumentos financieros es un elemento importante para aumentar el efecto multiplicador de los programas de los Fondos EIE y combinar la financiación de los Fondos EIE y del FEIE. Sin embargo, existe una necesidad urgente de simplificar la configuración, las obligaciones de información y las normas de auditoría para los instrumentos financieros en el marco de los Fondos EIE, tal como se señaló recientemente en el seminario conjunto con la Presidencia eslovaca del Consejo (1) a este respecto;

47.

recomienda que la Comisión Europea examine por qué hasta ahora en la mayoría de los Estados miembros no se están utilizando instrumentos comerciales para los instrumentos financieros;

48.

toma nota de las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas recientemente publicado sobre la ejecución del presupuesto de la UE por medio de instrumentos financieros — las enseñanzas que pueden extraerse del período de programación 2007-2013, e invita al Tribunal a evaluar también la aplicación de los instrumentos financieros en el período de financiación actual;

49.

toma nota de la reciente publicación del Reglamento denominado Ómnibus (2), por el que también se modifican los reglamentos de los Fondos EIE, en particular en lo que respecta a la simplificación de la utilización de los instrumentos financieros y las opciones de costes simplificados en los programas de los Fondos EIE;

50.

propone que, en aras de la simplificación, la CE detecte y supervise los proyectos que muestran «malas prácticas», lo que serviría para ilustrar la necesidad de simplificar y modificar el planteamiento y completaría los intercambios de buenas prácticas en la ejecución de los Fondos EIE. Dada la experiencia práctica de sus miembros, el CDR debería desempeñar un papel clave en este proceso;

51.

señala que la Comisión ha publicado con tanto retraso los documentos básicos para los distintos fondos en el período de programación 2014-2020 que ha resultado imposible iniciar la ejecución al comienzo del período de programación. Se han registrado largos tiempos de espera, así como dificultades en la coordinación de los distintos PO. En el futuro, los documentos deberán publicarse simultáneamente y con la suficiente antelación;

52.

reitera los posibles instrumentos concretos que pueden ayudar a hacer efectiva la simplificación en la gestión de los fondos EIE. La homogeneización de procedimientos, la generalización del uso de las herramientas informáticas y la administración electrónica constituyen elementos básicos de aplicación generalizada a estos fondos. Además, es importante, entre otras cosas, continuar avanzando en el uso de costes estándar, que permitan eliminar cargas administrativas, y en la simplificación de informes y controles, que eviten cargas burocráticas adicionales a los beneficiarios y las distintas autoridades implicadas en la gestión de estos recursos;

53.

señala que aplicar de modo más amplio el principio de asociación con los entes locales y regionales en el proceso de creación de los Fondos EIE y a lo largo de su ejecución permitiría a la Comisión Europea obtener una información que contribuiría de manera decisiva a aumentar la eficacia del proceso de aplicación y a simplificarlo.

21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/22

1.

indica que este dictamen de iniciativa hace referencia a las siguientes iniciativas de la Comisión: i) la Comunicación de la Comisión sobre las ayudas estatales de conformidad con el artículo 107, apartado 1, del TFUE (1); ii) el procedimiento de consulta sobre el proyecto de ampliación del Reglamento general de exención por categorías (RGEC) (2), en virtud del cual se exceptúan determinadas ayudas a la inversión para puertos y aeropuertos del examen previo de la Comisión según la normativa sobre ayudas estatales; iii) la revisión prevista por parte de la Comisión Europea del paquete Almunia y la revisión del Reglamento relativo a las reglas de minimis, que expira, en el marco de los SIEG;

2.

reitera que las normas europeas en materia de ayudas estatales para los servicios de interés económico general (SIEG) no pueden estar sometidas solo a los principios de la libre competencia sino que deben tener plenamente en cuenta tanto la amplia facultad de apreciación de los Estados miembros (que los Tratados les conceden) para determinar qué es un SIEG como los principios de autonomía local y regional, la cohesión económica, social y territorial y la neutralidad con respecto al régimen de la propiedad en los Estados miembros (artículo 3 TUE, artículos 14, 106 y 345 del TFUE y protocolo 26). Los SIEG deben reflejar la disparidad de las necesidades, de las preferencias del usuario y de la contratación pública que puede resultar de las diferentes situaciones geográficas, sociales y culturales y de los distintos procesos democráticos en los Estados miembros. El CDR recuerda que las ayudas estatales solo pueden examinarse si una normativa nacional, regional o local o la financiación de los SIEG tiene consecuencias transfronterizas o afecta al mercado interior;

3.

destaca el preeminente papel que desempeñan los SIEG para el crecimiento y el empleo, así como el hecho de que los SIEG, a menudo, constituyen el requisito previo para nuevas inversiones públicas y privadas. Por consiguiente, la agenda europea de inversión debe tener en cuenta los SIEG. En este contexto, cabe llamar la atención sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016 de la Comisión Europea, en el que se afirma: «Es fundamental que los Estados miembros promuevan la inversión social de forma más amplia, en particular en asistencia sanitaria, cuidado de niños, ayudas a la vivienda y servicios de rehabilitación a fin de reforzar las capacidades actuales y futuras de las personas para participar en el mercado laboral y adaptarse. […]. La inversión social aporta beneficios económicos y sociales con el tiempo, concretamente en cuanto a perspectivas de empleo, rentas del trabajo y productividad, prevención de la pobreza y refuerzo de la cohesión social»;

4.

por consiguiente, pide que se siga reflexionando sobre la posibilidad de apoyar a los SIEG mediante financiación europea y de conformidad con las normas relativas a las ayudas. Por ejemplo, la aplicación de las normas sobre ayudas estatales deberían seguir simplificándose: podría introducirse la presunción de conformidad legal de la financiación de los Fondos EIE con las normas aplicables a las ayudas, que iría ligada a criterios sencillos, como el cumplimiento de programas operativos aprobados, ya que, en el ámbito normativo de las ayudas públicas, el trato desigual otorgado a los fondos de la UE gestionados directamente, como el FEIE y Horizonte 2020, y a los Fondos EIE no está justificado, aumenta la carga administrativa y obstaculiza las sinergias entre los distintos instrumentos a las que la propia Comisión aspira;

5.

lamenta que la Comisión siga negándose a aplicar el artículo 14 del TFUE como fundamento jurídico de las normas sobre ayudas estatales en el ámbito de los SIEG, lo que garantizaría un procedimiento legislativo apropiado y aumentaría la seguridad jurídica y la legitimidad democrática;

6.

señala que el marco reglamentario europeo sobre ayudas estatales para los SIEG ha llegado a ser excesivamente amplio, detallado y confuso, debido a la complejidad de la cuestión, las interpretaciones divergentes de los conceptos y los ajustes efectuados durante años. La carga administrativa para las autoridades públicas que conceden las ayudas y las empresas debe seguir reduciéndose y la Comisión debería concentrar sus recursos en aplicar las normas sobre ayudas estatales a aquellos casos que tienen el mayor impacto en mercado interior. Asimismo, hace hincapié en que la complejidad de las normas también puede causar que no sean suficientemente conocidas y, por lo tanto, que no se aprovechen las posibilidades de los SIEG. Por ello, hace un llamamiento a la Comisión para que racionalice con mayor rigor la multiplicidad de actos de Derecho secundario y de instrumentos jurídicos no vinculantes (soft law) en el ámbito de las ayudas (reglamentos, comunicaciones, directrices, etc.) y, en lo posible, los combine;

7.

reitera su radical oposición a que la Comisión Europea incluya en el análisis de compatibilidad de la financiación de los SIEG consideraciones adicionales sobre calidad y eficiencia. Los aspectos de calidad y eficiencia, que limitan la discrecionalidad de las autoridades locales y regionales que otorgan las ayudas, en principio no son atribuciones de la Comisión, tal y como quedan establecidas dichas atribuciones en el capítulo del TFUE relativo a la competencia. Las decisiones en materia de calidad y eficiencia deben seguir siendo competencia de las autoridades locales y regionales (3);

8.

subraya que los acuerdos comerciales de la UE no conceden a la UE, sus Estados miembros y sus entes territoriales el derecho de regular, garantizar o apoyar servicios. Espera que las garantías ofrecidas por la Comisión Europea en el contexto de las negociaciones sobre la ATCI sean válidas también para el resto de negociaciones de acuerdos comerciales. Asimismo, espera que no se coarten las posibilidades de los Estados de adoptar o mantener normativas destinadas a garantizar la alta calidad de los servicios y salvaguardar objetivos importantes de interés público (como la protección de la salud, la seguridad pública o el medio ambiente), que la privatización de los servicios no sea obligatoria, que el sector público sea capaz de mejorar la prestación de sus servicios públicos y que puedan ofrecerse como públicos servicios que antes prestaban proveedores privados (4);

9.

a la vista de los vínculos entre los SIEG y las inversiones públicas, recuerda su preocupación por que las normas de contabilidad del nuevo sistema europeo de cuentas nacionales y regionales (ESA 2010) de Eurostat, aplicable desde septiembre de 2014, no distingan entre gasto público e inversión pública. Además, la transposición de estas normas a la legislación nacional de algunos Estados miembros hace que sus entes locales y regionales se vean obligados a aplicar umbrales máximos de inversión pública por habitante y año. Por otro lado, estos umbrales ponen obstáculos a aquellos entes locales y regionales que disponen de una reserva de recursos financieros para emprender proyectos de inversión de cierta envergadura que revisten importancia desde el punto de vista de los SIEG. Por todo ello, insta a la Comisión Europea a que presente un informe sobre la aplicación de la norma ESA 2010 (5);

10.

señala que los Estados miembros, dadas sus estructuras culturales y políticas establecidas, tienen la autoridad para definir una actividad como «servicio de interés económico general» (habida cuenta de la necesidad de una evolución continua de estas actividades), y que los entes locales y regionales pueden decidir qué servicios consideran de interés económico general con total independencia;

11.

acoge con satisfacción que la Comisión haya publicado su Comunicación el 19 de mayo de 2016 (dos años después del procedimiento de consulta sobre las ayudas estatales llevado a cabo en el primer semestre de 2014, de conformidad con el artículo 107, apartado 1, del TFUE), que aclara el ámbito de aplicación de las normas de la UE sobre ayudas estatales a fin de apoyar la inversión pública. Reconoce la intención de la Comisión de querer concentrar su recursos relativos a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en aquellos casos que tengan mayor incidencia en el mercado interior. Sin embargo, constata al mismo tiempo que la Comunicación se limita a establecer una interpretación del concepto de ayuda estatal en aquellos ámbitos en los que ya existe jurisprudencia del TJUE. Por consiguiente, propone que este enfoque no sea demasiado restrictivo y no entre en contradicción con diversas situaciones que se caracterizan por su dinamismo en el ámbito de las inversiones públicas, por ejemplo, la fiscalidad y el desarrollo de nuevos servicios sociales;

12.

expresa su aprobación por que la Comunicación restrinja el concepto de «efectos negativos sobre los intercambios comerciales en el seno de la UE». En efecto, a raíz de siete decisiones individuales que se tomaron el 29 abril de 2015 (7), y tal y como se solicitó en el proyecto de dictamen inicial del CDR, las ayudas para infraestructuras o servicios locales que apenas podrían utilizarse en otros Estados miembros y que, en todo caso, tendrían un efecto marginal en las inversiones transfronterizas no deberían estar sujetas a las normas de la UE sobre ayudas estatales (8);

13.

toma nota de la opinión de la Comisión según la cual las inversiones públicas destinadas a construir o modernizar infraestructuras no constituyen una ayuda estatal si las infraestructuras en cuestión no representan una competencia directa para otras infraestructuras del mismo tipo. Sin embargo, el Comité es contrario a la generalización de la Comisión de que esto se aplica, normalmente, a las infraestructuras viarias y ferroviarias, las vías navegables interiores y las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, pero no a ámbitos como la energía, la banda ancha, los aeropuertos o los puertos;

14.

acoge con satisfacción la precisión de que aquellas subvenciones públicas para determinadas actividades culturales que no tengan carácter comercial, sean gratuitas o se ofrezcan al público contra un importe que no supere el 50 % de los costes no están sujetas a las normas sobre ayudas estatales. Esto reducirá significativamente la elevada carga de auditoría que soportan los entes locales y regionales (a pesar de que seguirá siendo necesario realizar auditorías en casos concretos) y aumentará la seguridad jurídica en materia de financiación pública de la cultura;

15.

por consiguiente, espera que la Comisión Europea deje claro que un servicio local no tiene efecto negativo sobre el comercio y, además, que la responsabilidad de demostrar que el comercio en la UE se ve o puede verse afectado corresponde al demandante o a la Comisión Europea;

16.

espera que los entes regionales y locales gocen en el futuro de seguridad jurídica a la hora de decidir cuándo pueden conceder ayudas de conformidad con la normativa en este ámbito;

17.

no está a favor de restringir las exenciones del IVA para las actividades en el ámbito de los SIEG en el contexto del «Plan de acción hacia un espacio único europeo de valor añadido», que fue presentado en abril de 2016 y que el CDR aborda en un dictamen específico;

18.

subraya la utilidad de la guía práctica del actual RGEC (9), que resume las preguntas de las autoridades nacionales y las respuestas de la Comisión Europea, si bien constata que estas últimas en ocasiones no clarifican del todo las dudas de interpretación de los Estados miembros;

19.

acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de elaborar una primera consulta abierta hasta el 30 de mayo de 2016 sobre una nueva revisión del Reglamento general de exención por categorías (RGEC) (10) con el objetivo de eximir de la obligación de notificación las ayudas a las infraestructuras portuarias y aeroportuarias, ya que la carga administrativa para las autoridades públicas y los beneficiarios finales será tanto más reducida cuanto mayor sea el ámbito de aplicación del RGEC;

20.

señala, sin embargo, que en el caso de los puertos, no existe ninguna base jurídica anterior relativa a los criterios de compatibilidad de las ayudas a la inversión que hubiera permitido a la Comisión elaborar una lista de casos basada en una mayor seguridad jurídica y, por lo tanto, pide a la Comisión que siga profundizando en la cuestión de la existencia o no de ayudas estatales tanto respecto de los tipos de inversiones como del tamaño de los puertos, y que tenga en cuenta las particularidades de la organización de los puertos en los distintos Estados miembros, habida cuenta de su misión pública;

21.

señala que, en el ámbito de los puertos de navegación interior, algunas de las medidas adoptadas por los Estados miembros pueden no constituir ayudas estatales si el beneficiario no lleva a cabo una actividad económica o las ayudas no afectan a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Este podría ser, en determinadas circunstancias, el caso de las medidas de ayuda a las infraestructuras portuarias que tienen un carácter puramente local o en relación con las infraestructuras de los puertos interiores que, al no tener salida directa al mar ni permitir intercambios o comunicaciones con otros Estados miembros por vía navegable, no suponen un falseamiento de la competencia;

22.

pide que en el RGEC también se incluya una exención para las ayudas de funcionamiento a los puertos o, en todo caso, a determinadas categorías de puertos, paralelamente a lo que se solicita para algunos aeropuertos (véase el punto 26 del presente documento);

23.

expresa su preocupación por el hecho de que, una vez que se haya integrado el caso de las infraestructuras portuarias en el RGEC, toda intervención pública que esté comprendida en la definición de ayuda estatal y no pueda beneficiarse de la exención será objeto de una evaluación extremadamente compleja y con un resultado incierto, con vistas a una posible aprobación directa sobre la base del Tratado; por lo tanto, insta a la Comisión a que proponga la adopción de directrices específicas para estas ayudas cuando superen el umbral de exención;

24.

en lo que se refiere a la gestión de ayudas a la inversión para los aeropuertos regionales, apoya explícitamente el enfoque de la Comisión Europea de que «no es adecuado establecer un umbral de notificación en términos del importe de la ayuda, puesto que el impacto en la competencia de una medida de ayuda depende principalmente del tamaño del aeropuerto y no del volumen de la inversión»;

25.

espera que la Comisión Europea garantice que las «definiciones aplicables a las ayudas a los aeropuertos regionales» estén en consonancia con la legislación de la UE vigente;

26.

reitera su posición anterior de que la Comisión debería centrarse en los aeropuertos principales y que el apoyo a los pequeños aeropuertos con una media inferior a 300 000 pasajeros al año no debería entrar en el ámbito de aplicación de las ayudas estatales, ya que esto no afecta de manera significativa al comercio entre los Estados miembros, los aeropuertos son incapaces estructuralmente de cubrir los costes de capital y de funcionamiento (11) y las ayudas estatales representan un apoyo público al desarrollo de infraestructuras de transporte aéreo seguras y viables en las regiones mal comunicadas (12); esta disposición debería ir acompañada de un aumento significativo del umbral de la exención para las ayudas a los aeropuertos que funcionen como SIEG (fijada actualmente en 200 000 pasajeros al año), recuperando la que ya estaba en vigor antes de la adopción del llamado «paquete Almunia» sobre los SIEG, a saber, un millón de pasajeros/año; no obstante, la condición para la aplicación de esta disposición debe ser que no pueda garantizarse una conectividad razonable de otra manera;

27.

pone en duda que los aeropuertos pequeños puedan cubrir por sí mismos un mínimo del 25 % de la ayuda a la inversión. En este contexto, pide a la Comisión que tenga en cuenta que estas ayudas, por regla general, no se destinan a aumentar la capacidad sino a cubrir necesidades de la infraestructura;

28.

pide incluir en el RGEC una excepción para las ayudas de funcionamiento en favor de los aeropuertos, ya que las directrices de la Comisión Europea sobre navegación aérea para ayudas de funcionamiento (directrices de 2014, considerandos 112 y ss.) contienen claras indicaciones, por ejemplo, sobre el cálculo del déficit de financiación inicial, que pueden cumplirse también en el marco de una exención;

29.

considera necesario adaptar las disposiciones actuales relativas a los puertos y aeropuertos a la realidad de las regiones ultraperiféricas, tanto por lo que se refiere a las ayudas a la inversión como a las ayudas de funcionamiento, habida cuenta del gran déficit de accesibilidad que estas regiones presentan y su dependencia total de los sectores marítimo y aéreo, que constituyen la única alternativa de transporte viable en estos territorios aislados;

30.

aboga por incrementar los umbrales propuestos en la revisión del RGEC desde solo el 50 % hasta el 100 % (o según la propuesta de la Comisión: de 100 a 150 millones de euros por proyecto y de 50 a 75 millones de euros por empresa y año) para las ayudas de funcionamiento y de inversión en materia de cultura y conservación del patrimonio, y pide una mayor adecuación de las normas y las disposiciones del RGEC con el texto de la Comunicación sobre el concepto de ayuda, en la medida en que esta última ha introducido algunas clarificaciones fundamentales, acogidas con satisfacción por los Estados miembros, pero que no tienen la misma fuerza obligatoria que un reglamento directamente aplicable como el RGEC;

31.

en consonancia con el aumento de los umbrales solicitado en el punto anterior, se pide también, por lo que se refiere a las ayudas a la inversión y las ayudas de funcionamiento para la cultura y la protección del patrimonio cultural, aumentar de 1 a 2 millones de euros el umbral por debajo del cual es posible aplicar el método de cálculo de la ayuda con arreglo al apartado 8 del artículo 53 del Reglamento 651/2014, es decir, aplicar la intensidad de la ayuda de hasta el 80 % de los gastos subvencionables del proyecto [como alternativa al método que se establece en los apartados 6 y 7 del artículo 53 del Reglamento (UE) n.o 651/2014];

32.

pide a la Comisión que en el RGEC revisado se aclare la situación de las ayudas estatales a la inversión en infraestructura. Sobre la base de la Decisión Propapier/Eisenhüttenstadt de 1.10.2014 (13), en caso de llevar a la práctica medidas generales en el ámbito de la infraestructura siempre debería valorarse si los efectos positivos de la ayuda para el desarrollo regional no superan los efectos negativos para la competencia;

33.

espera que el Reglamento general de exención por categorías equipare las infraestructuras deportivas y las infraestructuras recreativas multifuncionales, de modo que las ayudas de funcionamiento, de hasta dos millones de euros por infraestructura y año, para las infraestructuras recreativas multifuncionales queden exentas;

34.

aboga por una ampliación dinámica del concepto de los SIEG. Los nuevos servicios sociales, como los que se proveen en el contexto de la primera acogida y la integración de refugiados y migrantes o la infraestructura digital en aquellas regiones en que se aprecia una deficiencia del mercado, como ocurre, por ejemplo, en las regiones que se enfrentan al reto del cambio demográfico, podrían ser considerados como parte de los servicios públicos básicos, dada la necesidad de que lleguen a todos los ciudadanos. También los futuros avances deben evaluarse de forma periódica y adecuada y, a nivel de los Estados miembros, considerarse como SIEG cuando sea necesario;

35.

critica el hecho de que la Comisión, en la Comunicación sobre los SIEG, haya intentado ampliar su margen de discrecionalidad sobre la cuestión de qué puede definirse como SIEG mediante la referencia a las «condiciones normales de mercado» (14). Esto está en contradicción con los principios de autonomía local y regional y, en la práctica, constituye para las autoridades públicas una condición que apenas puede demostrarse;

36.

señala que el cuarto criterio establecido en la sentencia Altmark solo creó un incentivo para que los Estados miembros utilicen las normas de adjudicación de contratos públicos en lugar de elegir un enfoque basado en los SIEG. En efecto, los entes locales y regionales se enfrentan con la dificultad de que, en la segunda alternativa del cuarto criterio Altmark (a saber, la referencia a una empresa media, bien gestionada y con los recursos adecuados), no disponen de ningún valor de referencia en caso de que no haya empresas privadas que participen en el sector de que se trate. Por consiguiente, pide a la Comisión que proporcione una orientación detallada para cumplir el cuarto criterio Altmark sobre qué es una empresa media, bien gestionada y con recursos adecuados, incluso mediante estudios de mercado con los que se consigan identificar determinados costes estándar, para que sea más fácil a las autoridades públicas cumplir su labor y, de esta manera, sea posible eximir del examen de ayuda estatal una actividad específica en materia de SIEG;

37.

considera esencial revisar la definición de beneficio razonable de un SIEG, especialmente para tener en cuenta, incluso mediante formas incentivadoras o un aumento del porcentaje de beneficio razonable reconocible, el hecho de que esos beneficios con frecuencia se reinvierten en SIEG;

38.

reitera su petición de aumentar los umbrales en las normas de minimis para las ayudas estatales en el marco de los SIEG. Los umbrales para examinar la admisibilidad de las ayudas en el marco de los SIEG deberían situarse en un millón de euros, caso por caso, por período de tres ejercicios fiscales. Por debajo de este umbral debe presuponerse que no se cumplen todos los requisitos necesarios para considerarse ayuda estatal y que, en razón del contexto a menudo puramente local de los SIEG, no puede producirse un perjuicio al comercio o una distorsión de la competencia que comprometa el mercado interior;

39.

considera que el umbral de 15 millones de euros anuales para las compensaciones concedidas a empresas encargadas de la prestación de SIEG que están exentas de la obligación de notificación (de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del TFUE) debería aumentarse hasta 30 millones de euros, cantidad que ya era de aplicación antes de 2011;

40.

aboga por la prolongación del plazo normal de vencimiento de los actos de atribución a diez años, a fin de tener en cuenta más eficazmente la carga de la atribución y de la amortización de la inversión por entidades encargadas de SIEG;

41.

asimismo, pide ampliar la definición de viviendas sociales que ofrece la Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2011. Para ampliar el margen de los Estados miembros a la hora de planificar, poner a disposición, financiar y organizar las viviendas sociales y garantizar el derecho democrático a elegir, debería eliminarse la restricción de las viviendas sociales únicamente a «las personas desfavorecidas y los grupos más desfavorecidos socialmente». El derecho a una vivienda adecuada y asequible debería ser más prioritario, ya que la incapacidad del mercado inmobiliario de satisfacer todas las necesidades de vivienda afecta no solo a las personas que no tienen ningún acceso a la vivienda sino también a quienes residen en viviendas insalubres o inadecuadas o con exceso de ocupantes, así como a aquellos que dedican la mayor parte de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca;

42.

pide que la Comisión Europea y los Estados miembros refuercen sus capacidades para que las ayudas a los SIEG se conozcan mejor. La Comisión Europea debe establecer un diálogo directo también con los entes regionales y locales y ofrecerles orientación;

43.

insta a los Estados miembros a colaborar con la Comisión Europea para establecer unos mecanismos adecuados de comunicación y coordinación y elaborar documentos de orientación destinados a los entes territoriales, a fin de facilitar los complejos controles de los SIEG. Además, espera que los Estados miembros, al elaborar los informes nacionales sobre la aplicación del paquete Almunia, fomenten la participación de los entes locales y regionales y sus asociaciones, de modo que se garantice una evaluación realista de los problemas y los retos concretos y pertinentes para los SIEG;

44.

con el objetivo de afianzar la seguridad jurídica para los entes locales y regionales, pide que se establezca que el plazo para interponer una denuncia sea de cinco años a contar desde la concesión de la indemnización o la inversión. El plazo actual durante el que la Comisión puede iniciar un procedimiento que pueda desembocar en una decisión de devolución es de diez años a partir de la fecha en que se concedió la ayuda ilegal al beneficiario (lo que funciona, de hecho, como un plazo de prescripción para las denuncias por ayudas estatales ilegales) es demasiado largo. Los entes locales y regionales y las empresas necesitan mayor seguridad jurídica. Un período de prescripción de diez años, al que se añade la duración del procedimiento hace que se pueda llegar a exigir la devolución de ayudas concedidas hasta 20 o 25 años antes, es desproporcionado y perjudica una necesidad básica de los entes locales y regionales y sus empresas, que a menudo son incapaces de obtener asesoramiento jurídico. Además, se anula una de las finalidades de la recuperación de las ayudas estatales, a saber, restablecer la situación de competencia ex ante;

45.

considera necesario que solo aquel que pueda verse afectado directamente en sus intereses económicos pueda interponer una denuncia. Aún es demasiado amplio el círculo de aquellos que pueden presentar una denuncia, es decir, «cualquier Estado miembro o cualquier persona, empresa o asociación de empresas cuyos intereses puedan verse afectados por la concesión de una ayuda y, concretamente, el beneficiario de la misma, las empresas competidoras y las asociaciones socioprofesionales», de conformidad con el artículo 20 en relación con el artículo 1, letra h), del Reglamento procedimental.

21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/28

1.

acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión Europea sobre el tema «Digitalización de la industria europea: Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital» y el paquete de medidas facilitadoras que propone para aprovechar las oportunidades que brinda la Estrategia del Mercado Único Digital. El futuro crecimiento económico y las perspectivas de empleo en Europa, así como la cohesión social, dependen cada vez más de la capacidad de comprender, adoptar y utilizar todos los aspectos de la sociedad de la innovación en sus regiones;

2.

subraya que el mercado único digital de la UE se apoya en sus 500 millones de consumidores y es el instrumento político más potente de la UE y sus Estados miembros y regiones para fomentar la innovación, el crecimiento y el empleo;

3.

señala que está teniendo lugar una continua revolución industrial impulsada por las nuevas generaciones de tecnologías digitales, como los macrodatos, así como por nuevos y diferentes modos de aplicar las tecnologías digitales a problemas sectoriales y locales. El desafío que afronta la industria europea es aprovechar totalmente y con rapidez esas oportunidades digitales. No está de más subrayar las oportunidades para las empresas en sectores no tecnológicos y tradicionales (en particular, las pymes) de aprovechar plenamente la digitalización como medio para reforzar y asegurar su competitividad;

4.

reconoce que el sector de las TIC de la UE representa una parte importante de la economía, pues emplea a más de seis millones de personas y representa alrededor del 4 % del PIB. Recientes estudios estiman que la digitalización de productos y servicios tiene el potencial, si se adopta plenamente, de aportar más de 110 000 millones EUR anuales de ingresos a la industria europea en los próximos cinco años;

5.

está de acuerdo en que dos factores clave para aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital son: a) una industria digital europea sumamente competitiva, unida a b) la disposición de los sectores público y privado a adaptarse en consecuencia mediante la integración de las innovaciones digitales resultantes en sus actividades, a fin de garantizar servicios de calidad para todos los ciudadanos; subraya que también es un factor clave suprimir los obstáculos reglamentarios, reduciendo la burocracia y la modernización de la legislación de la UE;

6.

hace hincapié en que las empresas de todos los tamaños en todas las regiones y sectores pueden aprovechar los puntos fuertes europeos en materia de TIC mediante la construcción de plataformas industriales digitales, a fin de desarrollar tecnologías digitales a partir de componentes de los dispositivos y programas informáticos, para los mercados de consumo y plataformas de datos e internet, así como para las aplicaciones y servicios pertinentes;

7.

subraya que la Estrategia del Mercado Único Digital, en especial el pilar sobre «aprovechar al máximo el potencial de crecimiento de la economía digital», contiene todos los elementos fundamentales para estimular la digitalización de la industria, con acciones en áreas como la economía de datos, la internet de las cosas (IoT), la informática en la nube, las cualificaciones y la administración electrónica. La convergencia de una serie de tecnologías adicionales propicia cada vez más el cambio digital, en particular la robótica y la inteligencia artificial, así como la impresión 3D;

8.

anima a proseguir las inversiones en tres de las asociaciones público-privadas contractuales transversales en el marco de Horizonte 2020: las fábricas del futuro (FoF), la industria de transformación sostenible mediante la eficiencia de los recursos y la energía (SPIRE) y la Empresa Común para las Bioindustrias (BBI);

9.

reconoce que la mayoría de los responsables de la toma de decisiones en el sector tienen dificultades para decidir cuándo invertir, hasta qué nivel y en qué tecnologías. Alrededor del 60 % de las grandes empresas y el 90 % de las pymes consideran que se están quedando rezagadas en la innovación digital;

10.

subraya que el rápido desarrollo y la creciente utilización de las tecnologías digitales también requiere con urgencia la modernización del marco reglamentario actual para mantener el ritmo sin precedentes de la innovación;

11.

está de acuerdo en que habría que hacer más esfuerzos para facilitar la coordinación de la I+D+i europea, amplia, pero fragmentada, en otros campos clave de la tecnología digital;

12.

insiste en que una mayor comprensión de la interoperabilidad como algo importante no solo para las administraciones públicas, sino para todos los sectores (por ejemplo, como forma de garantizar que la libertad de los consumidores no se vea comprometida por las restricciones impuestas por los sistemas privados de distintas empresas tecnológicas) es esencial para el desarrollo de la internet de las cosas y el flujo constante de datos por todas las regiones. La disponibilidad de formatos, normas y especificaciones comunes es un claro requisito;

13.

considera esencial que el programa REFIT de la Comisión Europea sobre la adecuación y eficacia de la reglamentación se centre en las barreras a la innovación y que aborde cómo pueden eliminarse o reducirse mediante enfoques reguladores innovadores, según lo establecido en la Estrategia del Mercado Único. A este respecto, destaca que los entes locales y regionales deben ser considerados interlocutores esenciales en el proceso del programa REFIT y no partes interesadas, dado que ejecutan la mayoría de las decisiones tomadas a escala de la UE;

14.

pide a la Comisión que colabore más estrechamente con las industrias y empresas de todos los tamaños y todos los niveles de gobierno y partes interesadas, con el fin de determinar y reducir los obstáculos reglamentarios a la digitalización de la industria europea, así como simplificar las normativas en vigor;

15.

sostiene que un entorno de normalización de las TIC es crucial para digitalizar la industria europea y clave para el mercado único digital, al permitir que los dispositivos y los servicios se conecten sin interrupciones a través de fronteras y tecnologías. Los esfuerzos en este ámbito deben centrarse estratégicamente en cinco áreas prioritarias para los esfuerzos de normalización: el 5G, la informática en la nube, la internet de las cosas, las tecnologías de datos y la ciberseguridad;

16.

subraya que las normas de TIC prioritarias para el mercado único digital deberían tener por objeto garantizar un rendimiento justo de la inversión global a fin de incentivar la I+D y la innovación mundiales, y un proceso de normalización sostenible, al tiempo que se garantiza una amplia disponibilidad de las tecnologías en un mercado abierto y competitivo;

17.

observa que en muchos ámbitos industriales, el ciclo tradicional de desarrollo, comprobación y normalización ya no es adecuado para las complejas tecnologías que convergen y evolucionan con rapidez;

18.

señala que, para trabajar en una economía digitalizada, serán necesarias también nuevas competencias y habilidades como, por ejemplo, más capacidades creativas, comunicativas y de adaptación, lo que requerirá una mejora masiva de la capacitación de los trabajadores a todos los niveles;

19.

subraya que el desarrollo de la internet de las cosas y los macrodatos también plantean importantes desafíos en materia de fiabilidad y seguridad para cualquier empresa y para la aceptación pública;

20.

insta a que se haga todo lo posible para crear asociaciones fuertes centradas en este ámbito a nivel regional, nacional y de la UE, para conseguir considerables inversiones privadas y lograr un impacto inédito en la competitividad a través del desarrollo de los productos y servicios comercializados, así como para que se produzcan intercambios productivos de experiencias, conocimientos e ideas entre dichas asociaciones con el fin de aprovechar las sinergias y no multiplicar los esfuerzos, creando incluso una red de asociaciones;

21.

anima a proseguir el examen del valor añadido de una mayor cooperación entre los responsables nacionales y regionales de las políticas de innovación teniendo en cuenta el concepto de especialización inteligente y las nuevas iniciativas interregionales ascendentes;

22.

considera que habrá que fomentar la inversión procedente de fuentes públicas y privadas, incluida una mayor contribución de las empresas y agentes institucionales, como el Banco Europeo de Inversiones [BEI, en particular a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)], al tiempo que se debe subrayar la importancia de las sinergias entre Horizonte 2020, las iniciativas Startup Europe y FIWARE, los Fondos EIE y los instrumentos de política regional y nacional relacionados con los objetivos más amplios de competitividad y cohesión de la UE;

23.

reconoce y acoge favorablemente los planes de la Comisión Europea de destinar 500 millones EUR del presupuesto de Horizonte 2020 a la implantación generalizada de centros de innovación digital, aunque debe garantizarse que los centros de innovación digital se financiarán con fondos del segundo pilar de Horizonte 2020, «Liderazgo industrial», y no a cargo del presupuesto de las otras partes del Programa Horizonte 2020; hace hincapié en que los entes locales y regionales se encuentran bien situados para contribuir a esta forma de centros de competencias y ventanillas únicas tecnológicas en nombre de los usuarios finales industriales, y señala que la excelencia científica debe seguir siendo el criterio determinante para la selección de los proyectos subvencionados y que debe tenerse en cuenta debidamente el importante papel de las universidades en la transferencia de conocimientos y en el proceso de innovación, de modo que pueda seguir incrementándose la repercusión de las inversiones previstas en el marco de Horizonte 2020. En este contexto, debería concretarse, y en su caso revisarse, el impacto real de las actividades relativas a los centros de innovación digital;

24.

reitera su petición de que se sigan garantizando los recursos necesarios para las inversiones digitales como un componente fundamental de una política de cohesión de la UE con visión de futuro, a ser posible mediante una inversión mucho mayor que el gasto de 14 000 millones EUR de los Fondos EIE en este ámbito entre 2007 y 2013;

25.

señala que la apertura de internet y el impresionante aumento en la oferta y la demanda de contenidos y servicios ya representan en la actualidad un motor importante de la competitividad, el crecimiento económico, el desarrollo social y la innovación en Europa. Sin embargo, debido a la desventaja que supone la persistencia de los déficits en infraestructuras —sobre todo en contextos rurales, que los operadores privados no consideran rentables—, en la actualidad muchos entes locales y regionales siguen siendo incapaces de aprovechar plenamente estas novedades;

26.

pide a la Comisión Europea que apoye a los entes locales y regionales en sus actividades de financiación, en primer lugar autorizando la inversión prioritaria de los FEIE en infraestructuras digitales en todas las regiones europeas y, en segundo lugar, reconociendo los obstáculos tecnológicos a los proyectos de desarrollo digital en las zonas rurales y escasamente pobladas, o aquellas regiones que han de hacer frente a otros retos demográficos, que deberían considerarse servicios de interés económico general;

27.

sigue compartiendo la preocupación del Parlamento Europeo por las implicaciones de la Decisión del Consejo Europeo de febrero de 2013 de reducir la dotación presupuestaria para infraestructuras y servicios digitales dentro del Mecanismo «Conectar Europa», de 9 200 millones EUR a solo 1 000 millones EUR, incitando así a la Comisión Europea a reorientar radicalmente sus planes;

28.

subraya que los entes locales y regionales están en condiciones de fomentar la innovación y la competitividad mediante soluciones específicas para la oferta y la demanda, incluida la implantación de la banda ancha, la economía digital, la inclusión digital y la administración electrónica. Además, proporcionan centros de educación y formación, ponen en práctica las iniciativas financiadas por la UE y facilitan la cooperación y el intercambio beneficiosos con otras autoridades públicas, incluso a escala transfronteriza;

29.

acoge con satisfacción las oportunidades brindadas a través del Banco Europeo de Inversiones, que se ha comprometido a aumentar sus préstamos destinados a la infraestructura de banda ancha a 2 000 millones EUR anuales y que se ha referido en términos inequívocos al importante papel que están llamados a desempeñar los entes locales y regionales en este tipo de inversiones orientadas al crecimiento. También subraya la importancia de alentar los esfuerzos de tipo participativo como las empresas comunitarias;

30.

insta a que también se apoyen los nuevos instrumentos de inversión para acelerar la implantación de infraestructuras capaces de alcanzar los objetivos de velocidad de la banda ancha marcados en la Agenda Digital para Europa de la Estrategia Europa 2020, y a que se acelere el pleno despliegue de redes 4G (en espera de tecnologías más nuevas, como la 5G), manteniendo la neutralidad tecnológica, así como a permitir la competencia efectiva entre operadores;

31.

insiste en que los entes locales y regionales pueden establecer la prioridad de proporcionar a las personas las competencias digitales y empresariales que les permitan hacer pleno uso de las nuevas tecnologías, comprender las cuestiones de ciberseguridad y la necesidad de protección de los datos personales, aumentar su empleabilidad y crear nuevas oportunidades de negocio, en particular mediante el análisis de los macrodatos;

32.

considera que el comercio electrónico sigue siendo una oportunidad perdida para muchas pequeñas empresas, sobre todo a causa de los costes prohibitivos que supone: el 65 % de los usuarios europeos de internet compran en línea, pero esta demanda tan significativa solo es respondida por el 16 % de las ventas de pymes en línea, y menos de la mitad de estas venden en línea a través de las fronteras (7,5 %);

33.

aboga por que se dé prioridad a los obstáculos al comercio electrónico debidos, por ejemplo, al bloqueo geográfico y la falta de un sistema seguro para el pago con tarjeta de crédito por internet. Estos problemas suponen complicaciones y costes innecesarios, así como el riesgo de exposición al fraude de los minoristas potenciales del comercio electrónico, especialmente los que se dedican a la venta transfronteriza;

34.

hace hincapié en la importancia del Plan de acción sobre administración electrónica de la Comisión Europea, en la modernización de los servicios públicos a través de la digitalización —en concreto la accesibilidad de las instituciones públicas para particulares y empresas, a través de medios electrónicos, independientemente de la ubicación física— y, por lo tanto, subraya su apoyo al desarrollo de servicios públicos transfronterizos interoperables y multilingües (especialmente el intercambio de información) como un medio funcional de superar la ubicación periférica;

35.

señala que, a la hora de utilizar el potencial de la administración electrónica para reportar beneficios sociales (como la reducción de la huella de carbono), de simplificar las gestiones de las empresas, de fomentar el turismo o de poner de relieve los bienes del patrimonio cultural, suelen ser los entes regionales y locales los que desempeñan un importante papel de liderazgo en la identificación de las oportunidades y agentes de las TIC, compartiendo las mejores prácticas tecnológicas, asignando fondos de inversión en herramientas TIC, evaluando los progresos y comunicando los éxitos;

36.

señala que, cuando las empresas aumenten sus competencias digitales y el uso de los servicios digitales, exigirán más posibilidades de resolver sus contactos con las autoridades a través de soluciones digitales. Una administración pública digitalizada y eficaz implica ofrecer servicios electrónicos y procedimientos digitales eficaces a las empresas, las organizaciones y los particulares, lo que aumentará la accesibilidad y simplificará la gestión, además de acortar los plazos de los trámites con el sector público. Una mayor digitalización aumenta las posibilidades de los agentes públicos, a nivel central, regional y local, de liberar recursos que permitan dedicar más tiempo a las reuniones con los clientes y menos a la administración y el control.

37.

subraya que la interoperabilidad de la administración electrónica requiere no solo la compatibilidad del sistema, sino también la capacidad de la administración pública para trabajar en estrecha colaboración con los sistemas de información, así como la concienciación pública sobre las posibilidades que brindan estos sistemas. Por consiguiente, el CDR sugiere que se añada la concienciación y el desarrollo de las capacidades humanas, tanto por lo que respecta a las competencias digitales como a las lingüísticas, al programa ISA2 para soluciones de interoperabilidad, a fin de apoyar la modernización de la administración pública;

38.

acoge positivamente las propuestas de medidas en el mercado interior de las comunicaciones electrónicas con vistas a acelerar el crecimiento dinámico y sostenible de todos los sectores económicos y a crear nuevos puestos de trabajo, así como a garantizar la actualización de la normativa sobre los derechos de autor, habida cuenta de la revolución digital y de los cambios en el comportamiento de los consumidores;

39.

reconoce el potencial que puede tener la Plataforma de Intercambio de Conocimientos (PIC) en la cooperación entre el Comité Europeo de las Regiones (CDR) y la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) de la Comisión Europea como medio para fomentar nuevas soluciones de investigación e innovación (I+i), productos innovadores y buenas prácticas en respuesta a los retos sociales que afrontan los entes locales y regionales de Europa;

40.

subraya que algunas de las prioridades de la Agenda Digital para Europa —en especial considerar que la alfabetización digital y la falta de cualificaciones son oportunidades perdidas para afrontar los retos sociales— son fundamentales para la calidad de vida y la actividad económica y social, que pueden abordarse mejor a nivel local y regional para fomentar servicios más eficaces y personalizados para los ciudadanos, así como para las empresas locales;

41.

reconoce que, por lo que se refiere a los profesionales de las TIC, en los últimos tres años se han generado más de un millón de nuevos puestos de trabajo en Europa. A pesar de ello, se espera que la creciente demanda dé lugar a más de 800 000 puestos de trabajo no cubiertos en este sector de aquí a 2020;

42.

insta al futuro desarrollo de la Gran Coalición para el Empleo Digital como iniciativa transeuropea con participación de múltiples partes interesadas para compensar el desequilibrio de la escasez de capacidades y puestos de trabajo relacionados con las TIC ofreciendo la apropiada formación en TIC, formación en centros de trabajo, prácticas, acciones para facilitar la movilidad o actividades de sensibilización para animar a los jóvenes a estudiar e iniciar una carrera profesional en el sector;

43.

recuerda que es en el nivel subnacional donde puede facilitarse la información más exacta y oportuna sobre los mercados de trabajo y donde los entes locales y regionales pueden desempeñar un papel importante a la hora de detectar los desajustes de capacidades apoyando el desarrollo de programas de formación profesional adecuados e incentivando la inversión en respuesta a la demanda local;

44.

aboga por que los proveedores de educación desarrollen unos enfoques de aprendizaje específicos y más flexibles en el ámbito de las TIC. Los futuros puestos de trabajo requerirán una mezcla apropiada de competencias básicas, sociales y técnicas, en particular competencias digitales y empresariales concretas, que los sistemas de educación y formación no están impartiendo plenamente todavía; por lo tanto, conviene sentar las bases de un sistema de educación y formación que haga más hincapié en los ejercicios prácticos de los alumnos o estudiantes que en los aspectos teóricos;

45.

reconoce la importancia de la creación de la agenda de nuevas cualificaciones para Europa y la manera en que ofrecerá un marco global para la empleabilidad, incluida la necesidad de desarrollar competencias digitales y complementarias;

46.

subraya la enorme importancia de proporcionar alfabetización digital y las competencias digitales necesarias para que los ciudadanos, los trabajadores, los estudiantes y los solicitantes de empleo participen en la amplia digitalización de la economía y la sociedad;

47.

al reafirmar la existencia de una cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018), subraya la importancia de elaborar un paquete básico que cada Estado miembro debería garantizar a los jóvenes alumnos, asegurando un acceso a internet de banda ancha en el sistema educativo, y ofreciendo así a los jóvenes una garantía mínima relativa a la cualificación y las competencias informáticas. Este último punto no solo deberá aplicarse durante la enseñanza obligatoria, sino a lo largo de toda la vida, a través de programas innovadores y de perfeccionamiento acordes con los avances tecnológicos;

48.

advierte que, más allá de la perspectiva económica y laboral, la influencia creciente de las tecnologías digitales, en particular entre los jóvenes, no debe ir en detrimento de las competencias humanas fundamentales, como la alfabetización y la interacción entre personas;

49.

concluye que hay que dar a las regiones de la UE un mayor reconocimiento de su papel en la implantación sostenible de la agenda digital. Los entes locales y regionales se encuentran entre los principales destinatarios de las recomendaciones de la agenda y deben considerarse socios y factores clave para su aplicación.

21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/34

1.

considera que las iniciativas de la Comisión relativas a la Nube Europea y las prioridades de normalización en el sector de las TIC son importantes, en particular con miras a la posición de Europa en la economía digital mundial y la consecución de los objetivos de la Estrategia para el Mercado Único Digital;

2.

señala que la reducción de los obstáculos para poner en común conocimientos impulsará significativamente la competitividad de las empresas europeas y también beneficiará a los entes locales y regionales;

3.

estima que el enfoque progresivo de la Comisión para introducir servicios europeos en la nube es acertada y señala con satisfacción que el marco permitirá primero a la comunidad científica y, seguidamente, a las empresas y a los entes locales y regionales utilizar los conocimientos compartidos, así como generarlos;

4.

comparte la opinión de la Comisión de que una informática de alto rendimiento competitiva solo puede desarrollarse con medidas conjuntas;

5.

se muestra de acuerdo con la Comisión en que deben intensificarse los esfuerzos europeos de normalización en el sector de las TIC para aprovechar el potencial de la digitalización y prestar servicios transfronterizos;

6.

señala que, a pesar de la normalización en el sector de las TIC, las empresas y el sector público también deben disponer de cierto margen para desarrollar, adquirir y aplicar soluciones innovadoras que se aparten de dichas normas;

7.

advierte que el desarrollo o aplicación de normas comunes sigue siendo muy deficiente en muchos ámbitos esenciales para el mercado único digital, como la identificación electrónica, y manifiesta que continúa estando muy preocupado por que las diferencias geográficas en el acceso a la banda ancha de alta velocidad estén obstaculizando la realización del mercado único digital (1). La insularidad es un factor geográfico negativo debido a la necesidad de cables submarinos de mayor coste;

8.

reitera, en este contexto, su llamamiento para que los proyectos de desarrollo de la banda ancha se consideren servicios de interés económico general (2);

9.

afirma que los entes locales y regionales europeos están dispuestos a adoptar los conocimientos compartidos, así como notificar las normas en el sector de las TIC necesarias para responder a sus necesidades en materia de desarrollo de los servicios públicos (3);

10.

insta a la Comisión a garantizar que los interlocutores nacionales relevantes de todos los Estados miembros emprenden las medidas adecuadas para promover los servicios basados en la nube para la ciencia abierta, así como compartir conocimientos de manera más general, ya que, de lo contrario, existe un enorme riesgo de que las diferencias entre los Estados miembros aumenten rápidamente, situación que se reflejaría muy pronto en la actividad de los entes locales y regionales;

11.

coincide con la Comisión en que se espera de cada organización, grande o pequeña, pública o privada, que gestione adecuadamente los riesgos de ciberseguridad y, en caso necesario, esté en condiciones de demostrar que lo hace con éxito, e insta a elaborar medidas para ayudar a desarrollar los conocimientos técnicos en materia de ciberseguridad en todos los niveles necesarios (4);

12.

destaca en general que, a fin de aprovechar las múltiples ventajas del mercado único digital, se necesita mano de obra cualificada para aplicarlo; por tanto, acoge favorablemente las propuestas de la Comisión, en el marco de la Comunicación recién adoptada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa», de hacer hincapié en la inversión en educación y formación digital, con el fin de garantizar que los ciudadanos disponen de las competencias necesarias para la transición digital;

13.

observa que el denominador común de las dos comunicaciones que se abordan en el presente dictamen es la falta de interoperabilidad en muchos sectores diferentes, que impide a los investigadores, la industria, las autoridades públicas y los responsables políticos acceder a los datos que necesitan;

14.

señala que el mayor obstáculo a la interoperabilidad, en relación con dicha puesta en común de datos como los servicios digitales transfronterizos, por ejemplo, suele ser la falta de una estructura normalizada de los datos (5);

15.

recomienda que, además de las normas mínimas y los simples metadatos que se mencionan en la Comunicación, también se considere la posibilidad de definir los datos de referencia que se requieren en los servicios transfronterizos;

16.

comparte la opinión de la Comisión de que la actual situación exige la cooperación entre diferentes sectores respecto de la normalización y da el ejemplo de la sanidad electrónica, donde el aumento de la responsabilidad de las personas por su propia salud requiere una perspectiva más amplia (6);

17.

señala que la sanidad electrónica, los sistemas de transporte inteligentes, la energía inteligente y las tecnologías de fabricación más respetuosas con el medio ambiente, que la Comisión cita en su Comunicación como ejemplos de sectores destinatarios importantes, son fundamentales para las actividades de los entes locales y regionales, que deberán participar activamente si se quieren alcanzar dichos objetivos;

18.

se muestra de acuerdo con la Comisión en que las prioridades deben revisarse periódicamente, dado que las necesidades de normalización pueden cambiar con mucha rapidez, debido a la constante aparición de nuevas innovaciones en los servicios de asistencia, por ejemplo;

19.

considera importante que en la normalización europea se haga un amplio uso de las innovaciones que forman parte de las patentes empresariales, y apoya los esfuerzos de la Comisión para aclarar los elementos básicos de una metodología de concesión de licencias justa, efectiva y vinculante con arreglo a condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias;

20.

señala que los entes locales y regionales europeos ya utilizan muchos programas con licencia de código abierto. Se trata de una evolución positiva, que la Comisión debería impulsar, en particular, aclarando las relaciones entre el código abierto y condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias de licencia;

21.

señala que, además del desarrollo de una normalización oficial internacional y de la UE, es necesario adoptar medidas para respaldar las especificaciones técnicas en materia de TIC elaboradas por otros organismos de normalización y las buenas prácticas generalmente aceptadas que se utilizan de hecho con mayor frecuencia;

22.

considera esencial que se desarrollen procedimientos para garantizar que las necesidades de los usuarios finales de las normas (las empresas y el sector público) se conocen en el momento de elaborar los planes de normalización;

23.

acoge muy favorablemente la propuesta de la Comisión de respaldar una mayor participación de expertos europeos en la normalización internacional de las TIC, dado que los procedimientos mundiales comunes son capitales tanto para la consecución de los objetivos de la digitalización europea como para el desarrollo del sector;

24.

observa que ya han pasado varios años desde la publicación del marco europeo de interoperabilidad para los servicios públicos europeos, y acoge con satisfacción el plan de la Comisión para actualizarlo, con la esperanza de que el potencial de la internet de los objetos también se considere en este proceso (1);

25.

señala que los servicios en la nube están creciendo rápidamente en Europa. Según un estudio de la Comisión, esto podría significar un mercado europeo de servicios en la nube que crecería desde 9 500 millones de euros en 2013 hasta 44 800 millones de euros en 2020, lo que supone quintuplicar su volumen (7). Con arreglo a los datos de Eurostat de finales de 2014 (8):

26.

subraya, en vista de lo anterior, la necesidad de un claro compromiso político de financiar las infraestructuras sobre investigación de la computación en la nube, a fin de aprovechar el enorme potencial que esta representa;

27.

señala que los servicios en la nube se basan en la confianza y que, para obtenerla y conservarla, se deberá prestar mucha atención a la seguridad de los datos y la protección de la intimidad;

28.

espera que se tenga en cuenta el potencial de utilizar los servicios basados en la nube de la ciencia abierta en el sector de la educación;

29.

llama la atención sobre el papel de las asociaciones público-privadas para desarrollar servicios en la nube de la ciencia abierta y reitera lo expuesto en un dictamen anterior en el sentido de que las nubes ya creadas o en fase de desarrollo a nivel nacional, regional y, en su caso, local, deben ser interconectables e interoperables mediante soluciones europeas (9);

30.

señala que un amplio uso de los datos y demás material facilitado por medio de servicios en la nube depende de que se resuelvan los problemas relativos a los derechos de autor (10);

31.

insta a la Comisión a apoyar una mayor puesta en común de los datos europeos en el marco de la legislación vigente en materia de protección de datos; a este respecto pide a la Comisión que presente un listado general de los lugares donde se pueden consultar los datos pertinentes de manera descentralizada, a fin de que los datos sean accesibles;

32.

acoge con satisfacción la intención de la Comisión de presentar una iniciativa europea de «libre circulación de datos» destinada a promover la libre circulación de datos en la Unión (11);

33.

hace hincapié en que la puesta en común de datos normalizados permitirá reducir la fragmentación actual entre los investigadores, las empresas y las autoridades públicas, así como dentro de estos grupos, y por lo tanto alcanzar muchos de los objetivos relativos al mercado único digital;

34.

se muestra de acuerdo con el análisis de la Comisión sobre los prejuicios que obstaculizan en la actualidad la puesta en común de datos y le pide que comunique de manera más activa las ventajas que ofrece compartir información para quien lo lleva a cabo (12);

35.

señala que la puesta en común de los datos también aporta beneficios importantes para los entes locales y regionales. El propietario de los datos no pierde nada al intercambiarlos; al contrario, la puesta en común incrementa el valor que tienen. La apertura de los datos de las administraciones públicas refuerza la democracia y ofrece nuevas oportunidades de negocio. La puesta en común de los datos también reduce la necesidad de las solicitudes de datos ad hoc y con frecuencia costosas;

36.

señala que si los ciudadanos tienen un acceso más amplio en línea a sus datos médicos personales, esto significará que asumen una mayor responsabilidad sobre su propia salud, y espera que aumenten las posibilidades para que las personas también puedan utilizar sus datos en otros ámbitos de la administración pública;

37.

señala que, para beneficiarse de la Nube Europea de la Ciencia Abierta, las autoridades públicas y, en particular, las pymes no solo necesitan los datos reales sino también instrumentos para analizarlos, especialmente en el caso de los macrodatos;

38.

respalda el esfuerzo de la Comisión por reunir a la comunidad europea de los datos, por ejemplo en la asociación público-privada sobre macrodatos en el marco del programa Horizonte 2020, y anima a los entes locales y regionales a participar en esta asociación en la medida de sus posibilidades;

39.

considera que la Nube Europea de la Ciencia Abierta, que reúne los datos de las autoridades públicas, empresas e investigación, podría utilizar métodos de procesamiento de los macrodatos para facilitar, por ejemplo, el tratamiento de cuestiones de política municipal, que a menudo son multidimensionales y complejas;

40.

confirma el papel importante que desempeña la nube europea, en particular, en el ámbito de la protección del medio ambiente, gracias al almacenamiento de documentos, información y datos en formato digital. No solo es más sencillo almacenar diferentes ficheros y acceder a ellos, sino que, además, el hecho de no tener que imprimirlos contribuye a reducir el uso de papel y, por ende, a proteger el medio ambiente;

41.

señala con satisfacción que la internet de los objetos (IO) es una de las prioridades de la Comisión en materia de normalización, ya que en el futuro tendrá un impacto positivo notable en la calidad de los servicios y la productividad de las actividades que competen a los entes locales y regionales. Según un estudio de la Comisión Europea (13), se prevé que el valor de mercado de la internet de los objetos en la UE supere el billón de euros de aquí a 2020;

42.

confía en que la Comisión tenga más en cuenta el gran potencial de la internet de los objetos en los diversos programas relacionados con la digitalización de la administración pública;

43.

considera que establecer normas para la internet de los objetos en el marco de la contratación pública responde a las necesidades de las regiones y los municipios y puede dar a la industria europea una ventaja sustancial en este sector;

44.

señala, no obstante, que la internet de los objetos es un sector incipiente y que no solo son necesarias normas sino también la experimentación innovadora, cuya financiación debe ser prioritaria para la Unión;

45.

indica que varios estudios han demostrado que muchos entes locales y regionales tienen poca información sobre los beneficios de la internet de los objetos, especialmente en la asistencia sanitaria, la eficiencia energética, las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la seguridad y la gestión de inmuebles, por no hablar del transporte inteligente, y espera que la Comisión adopte medidas para garantizar el intercambio de conocimientos y procurar mejor documentación en este ámbito, así como sobre las repercusiones y oportunidades que brinda la internet de los objetos, las iniciativas sobre las ciudades inteligentes y los datos abiertos;

46.

subraya que los cinco ámbitos prioritarios que señala la Comisión respecto de la normalización están conectados entre sí, pero que existe una interdependencia especialmente estrecha entre la internet de los objetos y el futuro de las redes 5G. A menos que se consiga una cobertura geográfica completa con las redes 5G, será imposible que la internet de los objetos se utilice de la misma manera en todas las regiones europeas.

21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/39

1.

acoge favorablemente el plan de acción, iniciativa de la Comisión en la que se indica la vía que cabe seguir para proponer de aquí a 2017 el establecimiento de un territorio único de aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en la UE;

2.

reconoce que el sistema del IVA es un elemento esencial del mercado interior y debería reformarse para hacerlo más sencillo, más justo, más eficaz y menos vulnerable al fraude, a fin de mejorar las condiciones de competencia entre las empresas, reducir la discriminación entre los consumidores y optimizar la obtención de ingresos;

3.

señala la importancia que reviste para los entes locales y regionales un espacio único de aplicación del IVA en la UE en la medida en que, en algunos Estados miembros, estos entes son responsables de la recaudación del IVA y que la redistribución de los ingresos del IVA tiene un papel fundamental en la aplicación de los mecanismos de compensación fiscal en beneficio de los entes locales y regionales. Sin embargo, los sistemas de los Estados miembros de redistribución nacional de los ingresos del IVA no se inscriben en el ámbito de competencias de la UE;

4.

recuerda que el IVA es también una importante fuente de ingresos para los recursos propios de la UE, ya que en 2014 representaba 17 600 millones EUR, lo que supone el 12,3 % de los ingresos totales de la UE;

5.

también apoya a la Comisión en su objetivo de luchar contra el fraude. El inmenso volumen del fraude refleja las deficiencias del sistema actual y genera anualmente importantes pérdidas de ingresos para los Estados miembros. El importe de la pérdida estimada para la UE asciende a 170 000 millones EUR al año. Este fenómeno tiene un impacto negativo en los presupuestos del sector público, incluso de los entes locales y regionales en algunos Estados miembros, y en su capacidad para prestar servicios de calidad. En este contexto, insta a los Estados miembros a recoger y difundir estadísticas relativas al fraude en el IVA transfronterizo;

6.

señala que la fragmentación y complejidad del sistema del IVA acarrea importantes costes de cumplimiento para las empresas implicadas en el comercio transfronterizo. Estos costes son sumamente elevados para las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la base de la economía y del empleo a nivel regional. Señala que el Plan de acción sobre el IVA también tiene que dar lugar a una simplificación para las empresas legítimas dedicadas al comercio transfronterizo. El sistema del IVA no debe interponer barreras injustificadas al comercio transfronterizo;

7.

hace hincapié en que las disparidades de los regímenes del IVA y de los tipos fijados afectan especialmente a las regiones fronterizas y a las actividades de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en estas regiones. Por lo tanto, conviene evaluar el impacto territorial de las propuestas que permitan una mayor flexibilidad a la hora de fijar los tipos del IVA;

8.

señala que la Directiva sobre el IVA prevé disposiciones relativas a los tipos del IVA para proteger el mercado único y prevenir las distorsiones de la competencia; estima que esos principios son esenciales y que conviene examinar atentamente todas las propuestas dirigidas a dejar a los Estados miembros un mayor margen de maniobra a la hora de fijar los tipos a fin de verificar cuál podría ser su incidencia en el mercado interior y la competencia;

9.

apoya las reformas del sistema del IVA que puedan sentar en el futuro las bases del crecimiento, la competitividad y el empleo, a saber, el desarrollo de la economía digital y móvil, nuevos modelos económicos y empresas de servicios. Celebra, en este contexto, la propuesta de la Comisión de hacer extensiva la ventanilla única del IVA para los servicios electrónicos al suministro de bienes, a partir de un proyecto piloto dirigido a mejorar la cooperación entre las administraciones fiscales, y la publicación de una guía para la cooperación entre las autoridades fiscales y las empresas en el comercio electrónico;

10.

considera que la eficacia de los Estados miembros en el ámbito de la administración fiscal es muy variable. La cooperación y confianza entre las administraciones fiscales son insuficientes; considera que las entidades bancarias deberían cooperar plenamente con las administraciones fiscales en los casos en que se sospecha un fraude del IVA, dentro de los límites de la legislación aplicable en materia de protección de datos;

11.

recomienda examinar las buenas prácticas de los Estados miembros consistentes en asignar una parte de los ingresos del IVA a los entes locales y regionales o alternativamente atribuirles competencia para la exacción del impuesto;

12.

pide que en las consultas sobre cualquier cambio del sistema del IVA se incluya a los representantes de los entes locales y regionales a nivel nacional y del CDR a nivel europeo, dadas las repercusiones directas de esta clase de decisiones en el bienestar de la población, en la competitividad de las empresas y en los ingresos de los poderes públicos;

13.

al examinar el principio según el cual los pagos del IVA para las transacciones transfronterizas se someterán a los mismos requisitos que los de las operaciones nacionales, insta a tener debidamente en cuenta su impacto sobre las pymes, dado que diferentes tipos de IVA estarán en vigor al mismo tiempo;

14.

comparte la opinión de que el nuevo sistema debe basarse en el principio de imposición en el Estado miembro de destino y prever que, para las ventas a un cliente establecido en otro Estado miembro de la UE, debe percibirse el IVA de conformidad con la legislación del país proveedor y al tipo aplicado en el país de destino, y que los ingresos del IVA del Estado que lleve a cabo la recaudación deben transferirse a la administración competente del Estado donde se realice el consumo;

15.

celebra la intención de velar por que las empresas que llevan a cabo operaciones comerciales en el interior del mercado único puedan resolver todas las cuestiones relacionadas con el IVA ante la administración competente de su país de origen y que no estén obligadas a inscribirse en el registro del IVA, presentar declaraciones y pagar tasas en todos los Estados miembros de la UE en los que realicen transacciones comerciales. Estas simplificaciones no deben dar lugar a un riesgo de pérdida de ingresos por IVA y de la soberanía fiscal por parte de los Estados miembros;

16.

estima que el plan de la Comisión es ambicioso y que hará falta tiempo para aplicarlo; por ello, apoya el principio de una aplicación progresiva;

17.

insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas para aumentar la eficacia de la fiscalidad y luchar contra el fraude, a fin de reducir el importe del IVA no recaudado por los Estados miembros. Dichas medidas podrán contribuir notablemente a los esfuerzos encaminados a instaurar la confianza en las administraciones fiscales y una cooperación eficaz, lo que es necesario para el buen funcionamiento del nuevo sistema. El Comité insiste en que la introducción de nuevos informes y herramientas de auditoría no puede suponer una carga excesiva para las empresas, en particular para las pymes;

18.

pide a los Estados miembros que adopten decisiones concretas sobre la normativa relativa al IVA en la Unión Europea, especialmente para eliminar las diferencias observadas hasta ahora entre los Estados miembros respecto de las exenciones a la Directiva sobre el IVA concedidas a los distintos países y promover su aplicación por todos los Estados miembros;

19.

señala que la Comisión, cuando formule propuestas para aumentar la eficacia de la administración fiscal, deberá respetar las competencias administrativas nacionales o regionales;

20.

anima a hacer un uso más eficaz de las herramientas informáticas explotando todos los datos electrónicos disponibles para luchar contra el fraude, garantizando al mismo tiempo la protección de los datos;

21.

habida cuenta de los sistemas de pagos invertidos y fraccionados del IVA (1) operados en varios países, subraya la necesidad de reforzar la confianza de la población en el hecho de que el IVA pagado llegue bien a los presupuestos nacionales, regionales o locales, dado que los ciudadanos se encuentran entre los principales pagadores reales del IVA; recomienda examinar la posibilidad de introducir un sistema de pago electrónico voluntario, que transferiría el IVA de las compras de los ciudadanos al presupuesto de la administración competente, y el importe de la compra sin IVA, como en la actualidad, a la cuenta del vendedor;

22.

hace hincapié en que no hay suficientes pruebas que indiquen un falseamiento de la competencia debido a la no imposición del IVA a ciertos tipos de actividades de organismos del sector público, a actividades de cooperación intermunicipal o a actividades consideradas de interés público. La no sujeción de los entes públicos al IVA corresponde a criterios objetivos y armonizados a nivel europeo y no a la discreción de los Estados miembros;

23.

pide que, en la evaluación de impacto de la Comisión, cuya publicación está prevista en 2017, se tengan en cuenta los intereses de los entes locales y regionales; en este contexto, debería clarificarse, en concertación con ellos, el concepto de «distorsiones (significativas) de la competencia»;

24.

considera urgente que todos los Estados miembros tengan la posibilidad de aplicar todas las excepciones establecidas en el pasado por cualquiera de los Estados miembros;

25.

pide reducir el tipo de IVA sobre los edificios escolares al 6 %;

26.

subraya que la lista actual de tipos reducidos del IVA es particularmente opaca y no responde a una lógica bien definida. Por ello lamenta que la Comisión no haya hecho un inventario exhaustivo y transparente de los tipos reducidos concedidos; considera necesario revisar la lista de los tipos reducidos del IVA, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos, económicos y otros, así como las distorsiones generadas por la existencia de distintos tipos del IVA para bienes y servicios similares; en la medida de lo posible, esta revisión debería desembocar en una armonización a fin de evitar la distorsión de la competencia en el mercado interior para las pymes;

27.

considera, por otra parte, que los entes que desarrollan actividades de interés general pueden tener mayor interés económico en deducir el IVA a posteriori en lugar de ser sujetos pasivos ex ante;

28.

considera que la opción 1 (prolongación y revisión periódica de la lista de bienes y servicios a los que se podrán aplicar tipos reducidos) puede entrañar riesgos menos importantes que la opción 2 (supresión de la lista de bienes y servicios a los que se podrán aplicar tipos reducidos);

29.

estima que el hecho de dar a los Estados miembros un mayor margen de maniobra a la hora de fijar los tipos llevará inevitablemente a una mayor diversidad de estos, lo que podría falsear el mercado único e imponer cargas a las empresas, en particular a las pymes; indica que la Comisión debería proceder a una evaluación completa para estudiar las repercusiones de sus propuestas sobre la competencia y las cargas administrativas de las empresas, así como sobre su impacto territorial, especialmente en las regiones fronterizas;

30.

señala que la Comunicación menciona también otros costes y lagunas vinculados a la transferencia de las competencias a los Estados miembros en materia de reducción de los tipos, sobre todo el riesgo vinculado a la disminución de los ingresos y a la complejidad del IVA, así como al aumento de los costes y de la inseguridad jurídica para las empresas; considera que este riesgo debe ser objeto de una profunda evaluación;

31.

apoya, en consonancia con su Dictamen sobre el desperdicio de alimentos (junio de 2016), la propuesta de que se autorice a los minoristas a gran escala a deducir el IVA sobre la donación de alimentos no vendidos;

32.

indica que unas normas complicadas sobre el IVA que difieren de un país a otro constituyen uno de los principales obstáculos al comercio electrónico; reconoce que el sistema del IVA debe simplificarse y los costes de cumplimiento para las pymes reducirse, sobre todo abordando los factores que sean menos favorables a las empresas con base en la Unión Europea que a los proveedores de terceros países;

33.

se muestra a favor de una ampliación del mecanismo de ventanilla única que englobe el comercio de bienes y de la introducción o el incremento de umbrales del IVA para las nuevas empresas y las microempresas;

34.

acoge favorablemente la propuesta de suprimir la exención del IVA para la importación de pequeños envíos procedentes de terceros países y de establecer controles mediante una auditoría única de las empresas transfronterizas, ya que las pymes europeas hacen frente en la actualidad a una desventaja competitiva respecto a terceros países;

35.

indica que el desarrollo económico de los entes locales y regionales se basa en las pymes y que los costes que estas últimas soportarán para garantizar el cumplimiento de las normas relativas al IVA son proporcionalmente mayores que para las grandes empresas, por lo que las pymes se verán obligadas a operar en condiciones de competencia desfavorables;

36.

hace hincapié en que, en varios Estados, se han adoptado medidas dirigidas a simplificar el registro de las nuevas empresas, basándose aparentemente en la mejora del entorno de las empresas; ahora, bien, estas fomentan a menudo la creación de empresas que permiten desarrollar sistemas de fraude de tipo «carrusel»;

37.

señala que las instituciones nacionales pertinentes (incluidas las administraciones fiscales) deberían asumir la responsabilidad de controlar las actividades de las empresas, que están operando legalmente; esta responsabilidad no debería delegarse en contrapartes y otras empresas, tal como el Tribunal de Justicia de la UE ha afirmado reiteradamente en los juicios relativos al IVA;

38.

recomienda que, en el paquete relativo a las pymes que propondrá en 2017, la Comisión prevea las medidas de simplificación pertinentes.

21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/43

1.

El Acuerdo de París es un logro considerable en el sentido de que es universal, vinculante y equilibrado. Establece un plan de acción mundial para mantener el aumento de la temperatura para este siglo considerablemente por debajo de 2 grados e impulsar los esfuerzos para limitar el aumento aún más, hasta 1,5 grados con respecto a los niveles de 1990. Es especialmente importante porque la senda diseñada hacia la descarbonización proporciona una orientación fiable a los responsables de la toma de decisiones en todos los niveles, evita un costoso bloqueo de inversiones con gran intensidad de carbono y ofrece seguridad y previsibilidad a las empresas y los inversores. La 22.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC CP22) será la encargada de mantener el ímpetu positivo de París y la puesta en práctica de los diferentes mecanismos del Acuerdo.

2.

No obstante, incluso si se aplica plenamente, las promesas actuales de las Partes no serán suficientes para alcanzar los objetivos acordados. Se precisará una acción reforzada de las regiones y ciudades, que están estrechamente vinculadas a las comunidades locales y los territorios, mientras que las Partes deberán presentar contribuciones actualizadas lo antes posible, ya en 2018. Por lo que respecta a la UE, en particular, el Comité Europeo de las Regiones mantiene su posición anterior en relación con la necesidad de reducir en un 50 % las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, con el objetivo de que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcancen su máximo lo antes posible y se supriman para 2050 o poco tiempo después.

3.

La UE, con su sistema de gobernanza multinivel altamente desarrollado, tiene una responsabilidad especial para mostrar un liderazgo unido y ambicioso en la lucha contra el cambio climático; por lo tanto, el CDR acoge favorablemente la oportuna ratificación por parte de la UE del Acuerdo de París y pide a los Estados miembros que todavía no lo han hecho que procedan a ratificarlo lo antes posible. Asimismo, solicita a la Comisión Europea y los Estados miembros que actualicen y especifiquen el marco de actuación hasta 2030 y su Hoja de ruta para 2050 con el fin de cumplir la obligación del Acuerdo de elaborar estrategias de desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo para la mitad del siglo; este proceso debería iniciarse cuanto antes, para poder celebrar un debate exhaustivo en el que participen estrechamente los representantes de las autoridades nacionales, regionales y locales, la sociedad civil y el sector empresarial.

4.

El Acuerdo de París reconoció la importancia de la gobernanza multinivel en la política sobre el clima. Ahora, este principio debe ponerse en práctica en todos los niveles de gobierno con el fin de desarrollar conexiones y colmar las lagunas existentes entre las políticas sobre cambio climático de los niveles nacional, regional y local, junto con un marco de transparencia reforzado y el desarrollo de los instrumentos necesarios para el balance global, una mejor comprensión del impacto diferenciado del cambio climático, las pérdidas y los daños, así como la financiación y el apoyo a las capacidades adecuados para la lucha contra el cambio climático.

5.

Por este motivo, el CDR pide que se apoye el desarrollo de la Agenda de Acción Lima-París (AALP) y su correspondiente plataforma, la Zona de los Agentes No Estatales para la Acción Climática (el portal NAZCA). Estas podrían integrarse plenamente en la Secretaría de la CMNUCC a través del programa de acción mundial contra el cambio climático lanzado por los recientemente creados Climate Champions (1). Esto debería constituir, a su vez, la base de una auténtica gobernanza multinivel en la acción por el clima, como también se señala en la Resolución del Parlamento Europeo.

6.

Dado que son los principales contribuyentes a la Agenda y la Zona, las regiones y ciudades ya han mostrado su grado de compromiso con la lucha contra el cambio climático y su potencial para reforzar la acción. Las iniciativas voluntarias, como el Pacto de los Alcaldes y el Memorando de Acuerdo «Under 2 Degrees», tienen un particular valor añadido, ya que aportan datos cuantificados a la Agenda y la Zona y apuntan a metas más ambiciosas que las de los legisladores nacionales. Los gobiernos nacionales y subnacionales, así como las organizaciones internacionales, deberían reconocer la contribución de estas iniciativas para promover medidas a todos los niveles y alentarlas. Habría que tener en cuenta e incluir sus esfuerzos en las respectivas contribuciones determinadas a escala nacional, como ya es el caso, por ejemplo, de México. Asimismo, deberían fomentarse otras iniciativas y mecanismos de seguimiento e información para medir la reducción de emisiones y evaluar las políticas de mitigación y adaptación.

7.

Se necesita una mejor integración de las regiones y ciudades en el proceso de la CMNUCC, lo que permitiría recabar información procedente del terreno y transmitirla a las Naciones Unidas de forma oportuna. Los países tendrían así acceso a la información más completa, lo que les permitiría tomar decisiones eficaces desde el punto de vista de los costes que puedan ser aplicadas por las regiones y ciudades sobre el terreno. Por lo tanto, es necesario establecer un diálogo directo y permanente entre los diferentes niveles, empezando por el nivel regional y local.

8.

Entre las medidas para reforzar este diálogo se hallan las siguientes:

9.

Tras la CP21, la Comisión Europea y el Consejo han incrementado su colaboración con el CDR para integrar mejor el enfoque local en la legislación de la UE, en particular a través de la Agenda Urbana de la UE. Por otra parte, la hoja de ruta para la aplicación del Acuerdo de París en la Unión Europea respalda plenamente el principio de gobernanza multinivel.

10.

La Comisión Europea también ha puesto en marcha la ampliación y el refuerzo del Pacto de los Alcaldes de la UE, que ahora tiene también un componente de adaptación, además de desarrollarse en diferentes partes del mundo.

11.

Desde la perspectiva del CDR, es de vital importancia aprovechar este reconocimiento y garantizar un enfoque equilibrado que reconozca las contribuciones específicas tanto de las regiones como de las ciudades en este contexto.

12.

El CDR desea subrayar que el principio de gobernanza multinivel es integrador y eficaz desde el punto de vista de los costes, ya que permite que todos los niveles de gobierno coordinen sus esfuerzos y, de este modo, maximicen su potencial de acción.

13.

Las regiones desempeñan un papel clave a la hora de proporcionar el marco para las políticas urbanas en un territorio de mayor extensión y vincularlas con otras políticas, tales como la silvicultura, las infraestructuras verdes y azules, la cohesión territorial y la agricultura. Esta función es especialmente importante en la UE ya que el territorio se compone de ciudades pequeñas y medianas, que a menudo tienen recursos y una capacidad de acción limitados. Las regiones contribuyen a evitar una costosa duplicación de esfuerzos y a asegurar una cohesión amplia entre las zonas urbanas y no urbanas.

14.

El Pacto de los Alcaldes de la UE, por ejemplo, cuenta con numerosas regiones como coordinadores regionales. Estos pueden apoyar a varias ciudades simultáneamente para que puedan adherirse al Pacto.

15.

Por lo tanto, el CDR toma nota del papel fundamental de las regiones de los Estados miembros para impulsar este tipo de coordinación vertical entre todos los niveles de gobierno.

16.

En Italia, por ejemplo, las regiones han establecido un comité interregional sobre la adaptación al cambio climático. Este comité reúne al gobierno nacional y a todas las regiones, y vela por que la estrategia italiana de adaptación, que se desarrolló sobre la base de la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, se ejecute a nivel regional.

A su vez, las regiones también son responsables de ayudar a las ciudades y municipios en su territorio para desarrollar planes locales de adaptación en consecuencia.

17.

Sobre la base de este ejemplo, el CDR pide a las regiones de la UE que den muestras de liderazgo en la aplicación de las estrategias nacionales y europeas de lucha contra el cambio climático, y a la hora de impulsar el cambio a nivel local. Asimismo, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que incorporen este papel en su definición de la gobernanza inclusiva en materia de clima y energía, así como en su estrategia para poner en práctica el Acuerdo de París. Esto incluye la necesidad de tener debidamente en cuenta el papel de los «coordinadores regionales» en el marco del Pacto de los Alcaldes a la hora de diseñar nuevas herramientas de apoyo destinadas a los firmantes.

18.

Además de la coordinación vertical, el CDR considera necesario mejorar la coordinación horizontal entre las diferentes políticas. La integración de la acción por el clima en todas las políticas permitirá que las poblaciones locales se beneficien de muchas ventajas colaterales, como una mayor calidad de vida y empleo local. También permitirá crear sinergias y reducir los costes de la acción. Por ejemplo, se calcula que el paquete de la economía circular de la UE podría ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 2 y un 4 % anual (2) si se lleva a cabo correctamente. Por lo tanto, el CDR pide a la COP22 que aborde el papel clave de la reducción de la explotación de las materias primas y una gestión sostenible de los residuos en el contexto de la lucha contra el cambio climático.

19.

Por lo tanto, el CDR pide a las regiones y ciudades que promuevan la cooperación entre administraciones. Cabe señalar el éxito del modelo de la Comisión interadministrativa sobre desarrollo sostenible de Espoo (Finlandia). Gracias a este enfoque integrado, Espoo se clasificó recientemente como la ciudad más sostenible de la UE, según un estudio encargado por la Presidencia neerlandesa de la UE.

20.

Más allá de la cooperación horizontal a nivel local y regional, también deberían evitarse los compartimentos estancos a la hora de diseñar las medidas de apoyo de la UE disponibles para las regiones y las ciudades. A tal fin, el CDR espera con interés la ventanilla única anunciada por la Comisión Europea en su Comunicación «El camino desde París» y subraya asimismo la importancia de este servicio para responder a las necesidades de las regiones.

21.

En preparación de la CP22 y de citas posteriores, el CDR se compromete a apoyar a la Comisión Europea y al Consejo en sus esfuerzos para lograr que la aplicación del Acuerdo sea un éxito, en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo.

22.

El CDR debería aspirar como institución a la neutralidad en emisiones de carbono y seguirá en contacto con las demás instituciones de la UE, en particular el Parlamento Europeo, en este empeño.

23.

Dentro de la UE, el CDR se ha comprometido a informar a las regiones y ciudades sobre su papel clave en el refuerzo de la acción por el clima, en particular facilitando los mecanismos necesarios para apoyar una actuación de abajo arriba.

24.

El CDR, en su calidad de pilar firme del Pacto de los Alcaldes de la UE, está animando a sus miembros a participar en la iniciativa, y ha creado un grupo propio de embajadores del Pacto para promover la iniciativa en sus respectivos países.

25.

Por lo tanto, el CDR también se ha comprometido a predicar con el ejemplo. Participa en el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS) y se compromete a seguir trabajando conjuntamente con la administración y sus miembros para reducir las emisiones de carbono y limitar su consumo de combustibles fósiles. A tal fin, el CDR examinará la manera de compensar las inevitables emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los desplazamientos de sus miembros y personal. Esto implica calcular la huella de carbono del CDR, incluyendo todas las misiones y reuniones fuera de la sede en dicho cálculo. La compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero debería financiar proyectos sostenibles en la UE. Las nuevas tecnologías, como las videoconferencias, deberían utilizarse de forma más generalizada, incluso en las reuniones de las comisiones del CDR.

26.

Con el fin de reducir el uso del papel, el CDR debería seguir el ejemplo del Parlamento Europeo que no imprime expedientes para la sesión plenaria ni las reuniones de comisión, salvo que los miembros lo hayan solicitado explícitamente o que otras razones imperiosas requieran documentos impresos.

27.

Más allá de las fronteras de la UE, el CDR se compromete a trabajar en coordinación con la DG CLIMA, el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros en el marco de la Red de Diplomacia Verde para apoyar la aplicación de los compromisos existentes de Partes no pertenecientes a la UE y animar a que adopten nuevos compromisos similares a los de la Unión Europea.

28.

En particular, el CDR empleará sus estructuras, como la Asamblea Regional y Local Euromediterránea, la Conferencia de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental, el Grupo Operativo para Ucrania y los comités consultivos mixtos y grupos de trabajo con los países candidatos y precandidatos a mantener la política del clima en un lugar destacado de la agenda política y apoyar su aplicación por los entes regionales y locales en todo el mundo.

29.

El CDR participará activamente en la MEDCOP22 organizada en Tánger a fin de seguir capacitando a las ciudades y regiones de la zona para actuar sobre el cambio climático y la energía. En particular, apoyará la atención prestada a la financiación y desarrollo de capacidades de los entes regionales y locales en el área euromediterránea, y someterá estas cuestiones a la atención de la delegación de la UE en la COP22.

30.

Concretamente, el CDR contribuirá a promover la iniciativa del Pacto de los Alcaldes a escala mundial, comenzando con el Pacto de los Alcaldes Euromediterráneos y posiblemente con el Pacto de los Alcaldes del Este en 2016.

31.

Asimismo, el CDR seguirá participando en la CMNUCC en apoyo de la ambiciosa posición de la Delegación de la UE en materia de clima, y en particular del modelo de gobernanza multinivel europeo, entre sus interlocutores del Grupo Principal de Autoridades Locales.

32.

Dada la escala que requiere la acción sobre el clima, tenemos que cambiar la manera en que producimos y consumimos. En consecuencia, y a fin de ganar la aceptación pública de cambios de envergadura, las regiones y ciudades tienen la gran responsabilidad de comprometerse con los ciudadanos y capacitarlos para que puedan desempeñar un papel activo en esta transición.

33.

Las regiones y las ciudades deben desempeñar un papel fundamental a la hora de facilitar la difusión de información sobre el cambio de los comportamientos y las medidas para apoyar la acción individual sobre el clima.

34.

Las regiones y las ciudades también tienen que identificar y eliminar los cuellos de botella, que impiden a los ciudadanos participar plenamente en la transición hacia sociedades resilientes e hipocarbónicas, mediante la coordinación con los niveles superiores de la administración (nacional, de la UE y mundial).

35.

Las asociaciones a largo plazo entre las regiones y las ciudades y las empresas, universidades, comunidades locales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los establecimientos escolares son esenciales para impulsar la acción sobre el clima.

36.

Por lo tanto, el CDR pide a las regiones y ciudades que desempeñen plenamente su papel en la defensa de los proyectos llevados a cabo por una multiplicidad de agentes a nivel subnacional, con el fin de crear una cultura del desarrollo sostenible que estimule los esfuerzos a nivel nacional y europeo, poniendo de relieve que existen diferencias importantes en términos de necesidades y vulnerabilidad frente al cambio climático entre las diferentes partes de la UE y entre regiones y ciudades.

37.

El papel de la investigación en la formulación de respuestas políticas adecuadas al reto del cambio climático es crucial. Establecer vínculos estrechos con el mundo académico contribuirá a una buena elaboración de políticas cuyas decisiones se basen en un asesoramiento sólido por parte de expertos.

Por lo tanto, el CDR pide a las regiones y ciudades que construyan vínculos estrechos con universidades y centros de investigación dentro y fuera de sus territorios y apoyen la cooperación interregional en estos ámbitos.

38.

La coproducción de conocimientos desde una fase temprana y la evaluación cruzada entre responsables políticos y académicos impulsarán la cooperación a la hora de determinar los problemas y resolverlos conjuntamente a lo largo de todo el proceso de investigación y todo el ciclo de elaboración de políticas.

39.

El CDR observa con satisfacción que la reciente decisión del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de redactar un informe especial sobre las ciudades y el clima en 2023 impulsará la investigación a partir de ahora sobre la importancia de las ciudades en la lucha contra el cambio climático. Pide a la Comisión Europea que participe activamente en la elaboración de este informe, que asocie al CDR en este proceso, y que defienda una visión territorial multinivel de la acción por el clima. En particular, el CDR pide a la Comisión Europea que promueva la investigación en estos ámbitos con el fin de contribuir de manera constructiva al informe especial que se utilizará en las futuras negociaciones de la CMNUCC, en particular el balance global, que evaluará el estado de la aplicación del Acuerdo de París de aquí a 2023.

40.

El CDR anima a incluir a representantes del mundo de la investigación en la planificación y puesta en práctica de las políticas de adaptación y mitigación.

41.

Es importante señalar que el Acuerdo de París reconoce el importante impacto positivo de las medidas de adaptación y mitigación.

42.

El CDR elaborará un dictamen específico centrado en la revisión de la Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE, prevista para 2017. En este contexto, el CDR pide un firme compromiso para integrar las medidas de mitigación y adaptación, así como para incorporar la adaptación en todas las políticas pertinentes.

43.

El Comité de las Regiones señala que, debido al potencial efecto negativo del cambio climático en la población y los activos, debería capacitarse a las regiones y ciudades para aumentar su resiliencia tan pronto como sea posible. No obstante, el CDR insiste en que la adaptación al cambio climático exige una cooperación vertical y horizontal, y que las regiones y ciudades también tienen que estar conectadas con el fin de adaptarse al cambio climático.

44.

El CDR acoge favorablemente la publicación del Plan de Acción de la Comisión Europea sobre el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 2015-2030, así como la integración de la resiliencia a las catástrofes en el Acuerdo de la COP21. Deben reforzarse los vínculos entre la construcción de infraestructuras resilientes y la adaptación al cambio climático a fin de promover la coordinación intersectorial entre los servicios de protección civil y las acciones de adaptación al cambio climático en todos los niveles.

45.

El CDR pide una mejor sensibilización y mecanismos de apoyo para el desarrollo de estrategias nacionales de adaptación orientadas a las regiones. Su concretización en planes de acción regionales coherentes y aplicables a nivel local debe ser objeto de un estrecho seguimiento con etapas claras establecidas a nivel de la UE que deben alcanzarse a intervalos regulares.

46.

La cuestión de la financiación y el acceso a la financiación, en especial para las regiones y las ciudades, es fundamental para la aplicación del Acuerdo de París.

47.

Aunque existen diversas posibilidades de financiación dentro de la UE, las regiones y ciudades se enfrentan a diversos obstáculos que les impiden acceder a las medidas de apoyo disponibles a escala de la UE, tanto de los fondos de la UE como a través del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Tras numerosos debates en su seno y con distintas partes interesadas, el CDR pide a la Comisión Europea, el BEI y los Estados miembros que se centren en desarrollar la capacidad administrativa de las regiones y las ciudades de forma apropiada, con el fin de aprovechar al máximo las posibilidades de financiación pública y privada disponibles a nivel de la UE, en particular en el caso de las entidades territoriales de menor tamaño.

48.

Las instituciones de la UE deberían hacer un esfuerzo particular de comunicación e información sobre las distintas posibilidades. El CDR se compromete a apoyar a la Comisión Europea y al BEI en el desarrollo de las herramientas de comunicación específicas necesarias.

49.

El CDR también está alarmado por el uso potencialmente ineficaz de los Fondos Estructurales en varios Estados miembros. Aun cuando el 20 % del presupuesto de la UE se dedica a la lucha contra el cambio climático, el criterio climático no se aplica sistemáticamente ni se verifica en los proyectos financiados por los Fondos Estructurales, lo que implica el riesgo de que los fondos de la UE se utilicen para proyectos que son contrarios a los objetivos climáticos de la UE. La Comisión Europea y los Estados miembros deben mantenerse especialmente vigilantes, examinar estas cuestiones y adoptar las medidas correctoras pertinentes, teniendo en cuenta el principio de la neutralidad tecnológica y el derecho de los Estados miembros a elegir entre las diferentes fuentes de energía.

50.

El CDR insta a los Estados miembros a que cumplan su compromiso de eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente, incluidas las destinadas a los combustibles fósiles. Además, el CDR considera que la reforma en curso del RCDE debe dar lugar a fijar un precio del carbono justo y que no dañe la competitividad de los Estados miembros, así como un mecanismo que permita a las regiones apoyar los esfuerzos encaminados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El CDR desea llamar la atención de la Comisión Europea y del Consejo sobre el exitoso ejemplo de mercado de carbono creado entre California y Quebec. Miles de millones de dólares se reinvierten ahora en la economía local para apoyar a las empresas, las ciudades y los ciudadanos en la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. El CDR pide a la UE que se inspire en este ejemplo para la asignación de cuotas. Asimismo, pide a los Estados miembros que permitan a las regiones desempeñar un papel activo en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), en particular mediante la gestión de una parte de los ingresos procedentes de las subastas y su reinversión en proyectos sostenibles.

51.

Asimismo, la UE debe revisar su propia legislación para facilitar la inversión en energías renovables; por ejemplo, en la actualidad, las tasas reducidas de que se benefician los combustibles ecológicos se consideran ayudas estatales, por lo que tienen el carácter de exención temporal. Para los productores y proveedores de combustibles renovables, ello implica condiciones de inversión inciertas y cargas administrativas.

Dado el gran volumen de financiación necesario, las regiones y las ciudades deben atraer financiación tanto pública como privada. Aún hay un gran potencial sin explotar para las empresas de los sectores relacionados con la aplicación del Acuerdo de París.

52.

Por lo tanto, el CDR pide a las regiones y ciudades que favorezcan un cambio de mentalidad de la «concesión de fondos» a la «financiación» de planes empresariales viables para un desarrollo sostenible.

53.

A tal fin, debe reforzarse el diálogo entre los sectores público y privado. Además, las regiones y las ciudades deberían colaborar en mayor grado con el BEI y el sector bancario para aumentar su conocimiento de los mecanismos de financiación innovadores para proyectos hipocarbónicos y resilientes.

En este contexto, el CDR insiste en que la seguridad y previsibilidad de la reglamentación constituyen condiciones fundamentales para que dichos proyectos puedan materializarse. El CDR destaca asimismo la importancia de compartir buenas prácticas sobre la integración de criterios de sostenibilidad en el sector financiero. Los productos financieros deben evaluarse y etiquetarse respecto de su exposición a los riesgos relacionados con el clima, así como su contribución a la transición hacia una economía hipocarbónica, con el fin de orientar a los inversores públicos y privados.

21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/49

1.

señala que desde la década de 1950 en adelante, la planificación del transporte, el urbanismo y la ordenación del territorio han dado prioridad de forma sistemática al transporte motorizado individual frente a la movilidad activa y el transporte público en muchos lugares de toda Europa. El automóvil se ha convertido en el medio de transporte dominante, incluso para muchos trayectos cortos. Esta evolución ha sido determinante para una serie de problemas importantes, en particular, el cambio climático, la contaminación del aire, el ruido, los problemas de seguridad vial, la congestión, la mala calidad del espacio público, la segregación en el uso del suelo, la dependencia del petróleo en el sector del transporte, la limitación del poder adquisitivo de los consumidores, insuficientes niveles de actividad física entre gran parte de la población, etc.; precisamente, esto último genera otros problemas (por ejemplo, retrasos de las capacidades motrices, sobre todo en niños, obesidad, dificultad de concentración, etc.);

2.

insta a un cambio de paradigma en las políticas de transporte y ordenación del territorio con el fin de hacer frente a estos problemas; este cambio requiere una nueva jerarquía sostenible de los desplazamientos, que dé prioridad en primer lugar a incentivos y medidas para aumentar la seguridad y el atractivo de los modos de desplazamiento activos (a pie y en bicicleta), así como al fomento del transporte público en segundo lugar, al desarrollo del uso compartido de vehículos en tercer lugar y, en último lugar, al uso individual del automóvil privado, y que permita la necesaria integración de los diferentes modos de transporte. Esto se debe trasladar a todos los aspectos de la planificación del tráfico, lo que incluye dar prioridad al flujo de circulación de los usuarios de modos de transporte activos, inversiones en infraestructuras, distribución del espacio vial, prioridad en los códigos de circulación, etc.;

3.

reconoce que un cambio de paradigma en la política de transportes constituye un esfuerzo conjunto entre todos los niveles de gobierno, desde los entes locales y regionales a los niveles nacional, europeo e incluso a nivel mundial, y aboga a tal fin por una mayor integración entre los diversos niveles de la planificación, sobre todo local y regional, con el compromiso activo de todos los agentes de la sociedad civil, entre otros, las empresas, las ONG, los sindicatos, el mundo académico, etc.;

4.

subraya la necesidad de promover, en el marco de los instrumentos de programación territorial, la mejora del acceso de los peatones y ciclistas a las paradas de transporte público y la instalación, en los puntos de intercambio de los sistemas de transporte, de espacios y aparcamientos seguros, atractivos y de acceso público para bicicletas y para eventuales servicios de bicicletas compartidas;

5.

recuerda que los cambios en las políticas y la asignación de recursos, tanto en términos humanos como monetarios, se mueven por objetivos políticos ambiciosos; por consiguiente, recomienda a la Comisión que adopte el objetivo de duplicar el uso de la bicicleta en los Estados miembros de la UE durante los próximos diez años (elevar la cuota actual de aproximadamente el 7-8 % del uso de la bicicleta en el transporte modal a cerca del 15 %);

6.

insta a la Comisión a que analice el potencial del uso de la bicicleta en la distribución modal del transporte en la UE a largo plazo (2030/2040/2050), para calcular las inversiones y otras medidas que se necesitarán para hacer realidad este potencial y llevar a cabo un exhaustivo análisis coste-beneficio. Para este análisis debería basarse en instrumentos existentes y ya probados, como las herramientas de evaluación económica de la salud para los desplazamientos a pie y en bicicleta de la Organización Mundial de la Salud, y debería seguir desarrollándolos teniendo en cuenta un planteamiento transversal sobre el uso de la bicicleta en sectores como la economía, el medio ambiente, el clima, la eficiencia energética, el transporte, la educación, la salud, el deporte, etc.;

7.

acoge con gran satisfacción la iniciativa tomada por el Parlamento Europeo (1) y los Estados miembros (2) de solicitar a la Comisión Europea que presente una hoja de ruta europea/documento estratégico a escala de la UE sobre el uso de la bicicleta. Asimismo, en la Declaración sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte respetuoso con el clima, adoptada durante la Presidencia luxemburguesa de la UE en octubre de 2015, se aboga por la creación de un centro de referencia europeo para el uso de la bicicleta en la Comisión;

8.

acoge con satisfacción la Declaración de París de 2014 adoptada por el Programa Paneuropeo de Transportes, Salud y Medio Ambiente (THE PEP por sus siglas en inglés) y apoya firmemente el desarrollo de un plan director paneuropeo de fomento del uso de la bicicleta por parte de sus Estados miembros, la OMS, la CEPE y otras partes interesadas (3);

9.

insta a incluir una hoja de ruta de la UE para la bicicleta en el programa de trabajo de la Comisión de 2018. La hoja de ruta debería responder a la creciente demanda de tomar medidas coordinadas a escala de la Unión para ayudar a desarrollar los beneficios bien documentados del uso de la bicicleta en materia económica, de salud y medioambiental, al tiempo que garantiza que la hoja de ruta incluye medidas para permitir una mayor sensibilización y la difusión de estos beneficios, con el fin de crear un hábito o una cultura del uso de la bicicleta;

10.

recuerda que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, el desarrollo estratégico de la red nacional de rutas ciclistas es competencia de los Estados miembros, y que la UE debería desempeñar un papel de apoyo, en particular para las interconexiones transfronterizas de estas redes, para las estrategias de los países y regiones con menor presencia ciclista cotidiana, así como para coordinar y desarrollar la red europea de rutas ciclistas;

11.

subraya, no obstante, que los entes locales y regionales son las principales partes interesadas en definir las condiciones necesarias para poner en marcha el sistema urbano de transporte y movilidad del futuro, en plena aplicación del principio de subsidiariedad y proporcionalidad, puesto que la movilidad urbana y el transporte urbano son competencia de los entes locales y regionales. A este respecto, la experiencia pone de manifiesto que los planes de fomento del uso de la bicicleta detallados pueden integrarse en las estrategias de transporte local a fin de desarrollar visiones ambiciosas sobre el uso de la bicicleta que las comunidades puedan apoyar. A su vez, las asociaciones y estrategias regionales de transporte también pueden integrar la utilización de la bicicleta en las políticas regionales y sostener los programas para la bicicleta;

12.

reitera, por consiguiente, la petición del CDR de que los entes locales y regionales participen de forma más dinámica en el proceso decisorio (4) y considera que, como voz de los entes locales y regionales, el CDR debe dirigir el debate sobre las iniciativas de la UE para el fomento del uso de la bicicleta, puesto que son las ciudades y las regiones las que previsiblemente más se beneficiarán de estas medidas;

13.

considera igualmente que la bicicleta es un elemento esencial para una movilidad urbana sostenible, así como un factor clave de una agenda urbana integrada de la UE;

14.

señala que hay sólidos estudios académicos que demuestran que la relación beneficio-coste de las inversiones en infraestructuras ciclistas es de al menos 5:1 (5). Los beneficios económicos proceden de distintas direcciones: en primer lugar, por la creación de puestos de trabajo principalmente locales en la fabricación de bicicletas y el comercio al por menor, reparación, construcción o mantenimiento de las infraestructuras, así como en ámbitos como el cicloturismo y los servicios de transporte y demás servicios. En segundo lugar, por la mejora de la salud pública debido al incremento de la actividad física y la reducción de la contaminación atmosférica y acústica. En tercer lugar, por la menor congestión del tráfico, que se traduce en una disminución de los atascos, los retrasos y la pérdida de horas de trabajo, y en un menor gasto de combustible. Esto supone, en general, una mejor calidad de vida urbana y, a la vez, eleva su atractivo. Por último, los beneficios económicos también se pueden estimar en lo que respecta a un uso más eficiente del suelo;

15.

reitera, por tanto, el llamamiento de los ministros de Transporte en la Declaración sobre el uso de la bicicleta como modo de transporte respetuoso con el clima para elaborar un documento estratégico a escala de la UE sobre el uso de la bicicleta que determine «las políticas y los instrumentos de financiación de la UE que ya están movilizados o que deben movilizarse para aumentar el uso de la bicicleta y promover el empleo relacionado con el ciclismo en la UE, e integrarlo en […] las políticas e instrumentos de financiación de la UE» (6);

16.

insta, además, a promover una política de inversión en transportes de la UE con visión de futuro, que aspire también a mejorar la salud pública y que invierta, con plena consideración del Acuerdo de París en el marco de la COP 21, fondos de transporte de la UE para la bicicleta (7);

17.

propone, como norma general, que todo proyecto de infraestructura pertinente cofinanciado por la UE tenga en cuenta en la medida de lo posible el uso de la bicicleta, también con el fin de evitar las posibles repercusiones negativas en este medio de transporte derivadas de la construcción de autopistas, vías férreas, etc. (es decir, el principio de incluir la bicicleta en todos los proyectos de infraestructuras). Además, el uso de la bicicleta debería considerarse como una prioridad de financiación independiente en los programas de trabajo para 2018-2020 del programa de investigación e innovación de la Comisión Europea, Horizonte 2020 (Movilidad para el crecimiento);

18.

pide que la Comisión Europea establezca unos criterios mínimos de calidad en materia de infraestructuras ciclistas para los proyectos pertinentes cofinanciados con fondos de la UE y, en particular, los criterios de diseño de la red que contemplen la seguridad, funcionalidad y señalización, a fin de garantizar la rentabilidad de las inversiones realizadas con el dinero del contribuyente europeo; pide además que la Comisión Europea trabaje con los Estados miembros y los entes locales y regionales para elaborar documentos orientativos nacionales así como para configurar una base de datos de buenas prácticas y fomentar el intercambio de conocimientos para la creación de infraestructuras ciclistas. Asimismo, pide a la Comisión Europea que establezca criterios sobre financiación, gestión y viabilidad económica de las principales medidas;

19.

propone incluir EuroVelo, la red de rutas ciclistas de largo recorrido (8), en la RTE-T, para mejorar así las conexiones transfronterizas, desarrollar las posibilidades del turismo e impulsar una mejor accesibilidad de los centros urbanos, y sugiere utilizar los fondos del Mecanismo «Conectar Europa» para los nodos urbanos, por ejemplo, para la construcción de vías (rápidas) ciclistas urbanas y suburbanas;

20.

recuerda que el miedo a sufrir un accidente al circular en bicicleta entre el tráfico motorizado contribuye a la percepción generalizada de que montar en bicicleta es una actividad peligrosa. Este miedo no está del todo justificado, ya que la mayoría de los accidentes son accidentes individuales donde no entra en juego ningún otro vehículo. Sin embargo, tiene un efecto inhibidor para el uso de la bicicleta y puede constituir un freno para su utilización generalizada como modo de transporte;

21.

recuerda que los límites de velocidad reducidos en las zonas densamente pobladas y su respeto constituyen uno de los principales factores que permiten reducir la mortalidad en carretera. Las colisiones entre ciclistas y vehículos motorizados a alta velocidad son una de las principales causas de muerte y de lesiones graves para los ciclistas; por ello reclama que la UE proponga a las autoridades locales, regionales y nacionales recomendaciones sobre la mejora de la gestión de la velocidad y la habilitación de medidas de calmado de tráfico con la introducción, entre otras, de calles en áreas urbanas con un límite de velocidad por defecto de 30 km/h (20 mph) y que incluyan las bicicletas, haciendo compatible la coexistencia entre los distintos usuarios de las mismas: peatones, bicicleta, automóvil, vehículos pesados, vehículos de asistencia (ambulancias, bomberos, etc.). Además, también deberían introducirse gradualmente sistemas inteligentes de gestión de la velocidad, mediante su homologación en todos los nuevos vehículos de cuatro ruedas motorizados, autobuses y vehículos pesados de transporte de mercancías que tengan autorización de circular por la vía pública en toda la UE; señala que hay una discrepancia manifiesta entre la seguridad objetiva real del uso de la bicicleta y el sentimiento de seguridad subjetivo que experimentan muchas personas. Para zanjar esta discrepancia, también deberían aplicarse, sobre todo, medidas de información y comunicación flexibles, como campañas informativas públicas eficaces. Solo reduciendo el temor al uso de la bicicleta y, por ende, mejorando el sentimiento subjetivo de seguridad, los ciclistas inseguros se sentirán mejor y usarán la bicicleta como medio de transporte;

22.

recuerda, además, que, a pesar del número relativamente bajo de vehículos más grandes y pesados en las zonas urbanas en comparación con el número total de vehículos de motor, se ven implicados de modo desproporcionado en los accidentes mortales de ciclistas;

23.

lamenta la extrema lentitud con que disminuye la tasa de ciclistas víctimas de accidentes mortales y apoya, a este respecto, que a escala de la UE se fije un objetivo de reducción de lesiones graves y se examine la posible escasez de denuncias de tales lesiones. En este sentido, un principio de trabajo de la hoja de ruta de la UE para la bicicleta debe ser el aproximarse al objetivo de cero muertes y asegurarse el liderazgo mundial en seguridad y protección ciclista;

24.

pide que se revise oportunamente el Reglamento de Seguridad General, en particular en lo que se refiere a las mejoras de visibilidad directa de los conductores de vehículos pesados de transporte de mercancías, que podrían complementarse con otros sistemas de seguridad activa obligatorios, como, por ejemplo, sensores para detectar la presencia de ciclistas y sistemas de frenado automático para evitar colisiones;

25.

pide que se actualice el Reglamento relativo a la homologación de vehículos en lo que se refiere a la protección de los peatones y otros usuarios vulnerables de la vía pública (9), para incluir procedimientos de ensayo para proteger a los ciclistas en caso de impacto de la parte delantera de un automóvil;

26.

pide que se considere la incorporación a las carreteras urbanas y rurales de medidas específicas para mejorar la seguridad ciclista en las directivas vigentes de la UE, como la Directiva de la UE sobre la seguridad de las infraestructuras en materia de túneles y de la RTE-T (10);

27.

pide que las próximas directrices de la Comisión Europea sobre logística urbana (11) reconozcan el enorme potencial del cambio que representaría prestar servicios y entregar mercancías de hasta 250 kg con bicicletas eléctricas de carga, por lo que se recomienda optar, en la medida de lo posible, por este tipo de logística;

28.

señala que la planificación urbana y del tráfico respecto a la movilidad local debe concebirse estrechamente interconectada e integrada en todos los ámbitos;

29.

insiste en que es fundamental que la educación en materia de seguridad vial, normas de tráfico y algunas normas específicas para la bicicleta empiece en la escuela y que contribuirá a la reducción de los accidentes con ciclistas; la Comisión Europea debería contribuir a facilitar la difusión de programas escolares locales de calidad y eficacia demostradas que agrupen a escuelas, servicios de policía y otras partes interesadas con el objetivo de lograr que los ciclistas más jóvenes dispongan de un buen conocimiento de las técnicas de la bicicleta así como de nociones básicas sobre cómo medir la fuerza y la velocidad de potenciales impactos en carretera, al tiempo que se fomentan los beneficios del ciclismo como modo de transporte social, saludable y esencialmente seguro;

30.

reitera su posición referente a que las normas nacionales y municipales sobre accesos urbanos y tarificación vial urbana pueden ser instrumentos eficaces para gestionar las demandas que compiten por el espacio vial urbano y para abordar problemas esenciales como la congestión, la contaminación o la expansión de las ciudades (12), y subraya, en este contexto, que las próximas directrices (no vinculantes) de la Comisión Europea sobre accesibilidad urbana (13) deberían dar siempre prioridad al uso de la bicicleta; recomienda a los entes locales y regionales que los ingresos procedentes de los sistemas de restricción de acceso y de la tarificación vial urbana se reinviertan parcialmente en el uso de la bicicleta para crear alternativas atractivas al uso del automóvil;

31.

señala que combinar el uso de la bicicleta y el transporte público es mutuamente beneficioso y que la multimodalidad es un elemento esencial para el desarrollo con éxito de unas redes de transporte urbano fluido; reitera su llamamiento a la publicación obligatoria de los horarios y otras informaciones sobre los desplazamientos y a la plena accesibilidad para todos los ciudadanos de la UE (14), así como el desarrollo de los sistemas informáticos y aplicaciones sobre rutas que tengan en cuenta la intermodalidad, y pide que, en relación con la multimodalidad, los sistemas de uso compartido de bicicletas se integren plenamente en las normas técnicas, en la legislación de la UE y en los proyectos de I+D financiados por la UE, en particular en lo que se refiere a la planificación de los trayectos, la venta de billetes, los aparcamientos, etc. Las infraestructuras dentro y alrededor de las estaciones de autobuses o trenes, así como las instalaciones del propio transporte público, deben mejorarse para facilitar el transbordo entre trenes, autobuses y bicicletas (15);

32.

propone que las políticas de movilidad con vehículos eléctricos en todos los niveles de gobierno tengan siempre en cuenta la bicicleta eléctrica;

33.

aconseja a la Comisión Europea que incluya el uso de la bicicleta en su revisión de los criterios de contratación pública ecológica de la UE para el transporte. Los criterios de contratación pública no solo deberían tener por objeto llevar a cabo mejoras mínimas en los automóviles y los vehículos industriales ligeros adquiridos por compradores públicos, sino también lograr un cambio modal hacia modos de transporte respetuosos con el medio ambiente, como la bicicleta. Por tanto, en los procedimientos de contratación pública debería ser obligatorio comprobar, de acuerdo con los criterios de contratación pública ecológica de la UE, si pueden adquirirse bicicletas (incluidas las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido o «bicilecs») en lugar de turismos y bicicletas de carga (incluidas las eléctricas y de pedaleo asistido) en lugar de vehículos industriales ligeros. Asimismo, aconseja la incorporación de criterios de compra pública de innovación que faciliten el desarrollo tecnológico en todos los aspectos y la difusión entre los Estados miembros;

34.

reconoce que se necesita un entramado de políticas para mitigar el cambio climático y cumplir los objetivos de descarbonización de la UE para el sector del transporte, así como para mejorar la calidad del aire en las ciudades. Esto incluye soluciones técnicas, cambios en las políticas e incentivos para evitar los desplazamientos innecesarios. Los programas de ejecución ambiciosos dirigidos al uso de la bicicleta deberían ser parte integral de toda estrategia destinada a mitigar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad del aire, cualquiera que sea el nivel de gobernanza. Además, el uso de la bicicleta puede contribuir a la consecución de once de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (16);

35.

hace hincapié en que disponer de datos fiables y comparables es esencial para la toma de decisiones informadas y para medir el impacto de las intervenciones políticas y de financiación, y, por consiguiente, recomienda a la Comisión (Eurostat) que desarrolle una metodología común de recogida de datos y definiciones armonizadas para los datos nacionales y urbanos sobre el uso de la bicicleta;

36.

acoge con satisfacción el nombramiento de una persona de contacto en la DG MOVE, pero señala que este puesto debería convertirse en un punto de contacto para toda la Comisión, dotado en cuanto a recursos de personal de al menos el equivalente de una persona a tiempo completo (ETC) y complementarse con puntos de contacto en materia de bicicleta en todas las direcciones generales pertinentes de la Comisión y una eficiente consulta entre servicios y coordinación dentro de la Comisión;

37.

pide a la Comisión que apoye la creación de un centro de intercambio de información, dotado de los recursos adecuados, para responder a las necesidades de los Estados miembros y de los entes locales y regionales en materia de acceso a las mejores prácticas, estudios de casos prácticos, informes, posibilidades de financiación, etc., con respecto al uso de la bicicleta (17).

21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/54

1.

acoge con satisfacción la visión y el propósito generales de la propuesta, a saber, eliminar las barreras digitales que obstaculizan el desarrollo del mercado único y evitar una mayor fragmentación en el contexto de la modernización de las administraciones públicas;

2.

subraya el papel fundamental de los entes locales y regionales, tanto en la modernización de la administración, en su calidad de creadores y administradores de infraestructuras y servicios digitales en áreas sociales críticas, como en su calidad de entidades encargadas de configurar la prestación de servicios directos a los ciudadanos de modo que respondan a las expectativas de un mundo cada vez más digitalizado;

3.

hace hincapié en la gran importancia de los servicios públicos como motor fundamental de la transformación digital de la economía europea, más allá de la administración electrónica, y observa que las propuestas incluyen medidas en la mayor parte de los ámbitos de actividad de los ciudadanos, pero que faltan otras en el ámbito de la cultura y la educación;

4.

destaca la importancia de modernizar las instituciones públicas y los sistemas de gobernanza y hacerlos accesibles a particulares y empresas a través de los servicios digitales; resalta por ello su apoyo al desarrollo de servicios públicos transfronterizos, especialmente aquellos que posibiliten la interoperabilidad y la transmisión de información, tales como la contratación pública electrónica, la identificación electrónica, la firma electrónica, los servicios electrónicos de documentos y otros componentes básicos de la administración electrónica (1);

5.

recomienda que los entes locales y regionales, que cumplen un papel significativo para el éxito de las acciones previstas, participen no solo en la aplicación, sino también en la concepción misma de las medidas e instrumentos nacionales previstos y especificados en el Plan de Acción;

6.

sugiere formar parte del Consejo de Administración del Plan de Acción sobre Administración Electrónica, a fin de incorporar la dimensión local y regional al debate, ya que los entes locales y regionales se encargan de la prestación de la mayor parte de los servicios de bienestar social;

7.

comparte la opinión de la Comisión de que la administración electrónica permite mejorar la transparencia, sencillez y eficacia de la administración;

8.

considera que la importancia concedida a la digitalización de la gobernanza de las autoridades europeas, nacionales o locales es un elemento positivo, sobre todo desde el punto de vista de la simplificación de los procedimientos administrativos, que consumen mucho tiempo, y también porque permite a los ciudadanos seguir los trabajos legislativos, mantenerse informados sobre las cuestiones que les atañen directamente y participar activamente en los procesos decisorios;

9.

coincide con la Comisión en su valoración de que muchos ciudadanos y empresas aún no aprovechan el pleno potencial de los servicios públicos digitales, y señala que el desarrollo de la administración electrónica en los distintos Estados miembros y regiones de Europa ha sido desigual;

10.

acoge favorablemente, en este contexto, el objetivo del Plan de Acción de funcionar como un instrumento que permita aunar esfuerzos para la modernización de la administración en Europa;

11.

acoge positivamente que su diseño flexible y dinámico posibilite la adopción de medidas adicionales que permitan aprovechar los conocimientos de los entes locales y regionales en materia de prestación de servicios públicos digitales en ámbitos sociales críticos como la educación, los servicios sociales, la actividad empresarial, la sanidad y las infraestructuras;

12.

destaca el potencial de la gobernanza electrónica en muchas áreas, incluida la respuesta a las catástrofes; el aprovechamiento de la tecnología móvil, internet y los medios sociales para fines de comunicación puede ser útil no solo a la hora de recoger, difundir y coordinar los datos, sino también para reforzar el control democrático y la transparencia;

13.

insiste en que el propósito del Plan de Acción de actuar como catalizador para la modernización del sector público es importante. Para que tenga efecto, es esencial que los entes regionales y locales participen en el trabajo y puedan acceder fácilmente a fuentes de financiación y medidas de apoyo en los programas de la UE coordinados mediante el Plan de Acción;

14.

respalda la visión de la Comisión de que, en 2020 a más tardar, las administraciones e instituciones públicas deberán ser abiertas, eficaces e integradoras y prestar servicios públicos digitales sin fronteras, personalizados, fáciles de utilizar y de extremo a extremo a todos los ciudadanos y empresas de la UE;

15.

coincide en la importancia de una administración abierta que ofrezca información y servicios de manera segura a fin de mejorar la transparencia, la eficacia y el control. Al mismo tiempo, insiste en el hecho de que algunos conglomerados de datos tratados por las instituciones públicas necesitan un alto nivel de protección;

16.

respalda asimismo el principio de la versión digital por defecto en la prestación de servicios por parte de las administraciones públicas, y señala por ello que se precisa una labor consecuente, a largo plazo y estructurada con el fin de reforzar la inclusión digital para que más personas puedan acceder a infraestructuras y competencias que les permitan aprovechar las oportunidades digitales;

17.

apoya el grado de ambición del principio según el cual las administraciones públicas solicitarán a ciudadanos y empresas un mismo tipo de información solo una vez;

18.

observa, al mismo tiempo, los retos jurídicos, técnicos y organizativos que deben superarse para lograr que la información pueda reutilizarse; acoge positivamente, a este respecto, el proyecto piloto para la aplicación del principio de «solo una vez» a los contactos transfronterizos con las empresas y considera que en la fase piloto deben analizarse los amplios contactos que las empresas mantienen con los entes locales y regionales;

19.

considera que merece la pena explorar conceptos innovadores de administración electrónica, como la residencia electrónica, que ofrece acceso a ciertos servicios para los ciudadanos y las empresas sin que sea necesario contar con un lugar de residencia propiamente dicho. Esto limita la burocracia innecesaria y es un aliciente para la inversión por parte de las empresas extranjeras;

20.

señala que el principio de diseñar los contenidos y servicios digitales para que sean integradores redunda en beneficio de todos los usuarios, en particular las personas con discapacidad. Por tanto, es importante proseguir la cooperación y la investigación para actualizar las normas existentes a fin de mantenerse al día con el progreso tecnológico;

21.

expresa su acuerdo con el principio de que las administraciones públicas deben intercambiar información y datos entre sí y con los ciudadanos y las empresas, de manera transparente e integradora; subraya asimismo la importancia de que cada organización haga prueba de sensatez para determinar qué conglomerados de datos deberán estar a disposición del público y cuáles requieren protección;

22.

respalda el principio de la escala transfronteriza por defecto para los servicios de administración electrónica de las administraciones públicas y subraya que los entes locales y regionales, muchos de ellos en regiones fronterizas, pueden desempeñar un papel decisivo a la hora de fijar y desarrollar servicios transfronterizos pertinentes, eficaces y sin fisuras;

23.

apoya el principio de interoperabilidad por defecto como elemento clave para aprovechar las posibilidades de la digitalización;

24.

coincide con la Comisión en que, ya en una fase temprana del desarrollo de los servicios digitales, debe incorporarse una protección adecuada de los datos personales, la privacidad y la seguridad de la información, ya que la falta de confianza en los servicios digitales sigue siendo un obstáculo para el desarrollo de la administración electrónica;

25.

subraya, al mismo tiempo, que el principio de una norma transfronteriza por defecto para la administración electrónica y la interoperabilidad de las administraciones públicas no puede sustituir a unas soluciones nacionales, regionales y locales que ya funcionan bien, sino que debe ofrecer una visión de conjunto de las normas y especificaciones que las autoridades pueden aplicar para conseguir la interoperabilidad cuando sus sistemas existentes tengan que renovarse;

26.

señala que toda organización que gestione cualquier tipo de datos sensibles deberá cuidar sistemáticamente la clasificación de datos y la seguridad. Esto es especialmente importante dado que actividades como los ciberataques avanzados, la guerra cibernética y el ciberterrorismo, pueden causar daños muy graves. Aunque sin descuidar la transparencia, todos los datos que se consideren dignos de protección deben hallarse adecuadamente protegidos. En casos extremos, esto podría implicar que la información o la totalidad del sistema se mantengan físicamente separados de internet;

27.

acoge favorablemente, por consiguiente, la armonización del marco jurídico que proporcionará el Reglamento general sobre protección de datos, pero subraya que la competencia en este ámbito se libra a nivel mundial, y destaca la importancia de que el marco normativo no perjudique el ritmo de desarrollo de nuevas soluciones y servicios;

28.

hace hincapié en la importancia de proporcionar una orientación efectiva sobre el Reglamento sobre protección de datos y en la necesidad de implicar a todos los agentes en el debate sobre las cuestiones relativas al derecho de propiedad y a la responsabilidad que se deriva del tratamiento de datos personales;

29.

subraya el papel de la Comisión para crear las condiciones básicas para la interoperabilidad y la armonización que permitan compartir la información conforme a estos principios;

30.

apunta que aún hay grupos de ciudadanos europeos que no tienen acceso a internet ni conocimientos digitales suficientes para utilizar los servicios digitales, y que se precisa una labor enérgica para aumentar la inclusión digital;

31.

subraya que se precisan redes fiables, de alta velocidad y asequibles, en todas las regiones, para asegurar que todos los ciudadanos y empresas tengan acceso a unos servicios públicos digitales modernos y obtener el mayor beneficio posible de la próxima generación de tecnologías (internet de los objetos, macrodatos, sanidad electrónica, ciudades inteligentes, etc.);

32.

insiste en que es preciso seguir desarrollando, de forma coherente y sostenida, medidas alternativas de apoyo a nivel europeo y nacional que permitan respaldar el despliegue de la red de banda ancha de alta velocidad en todas las regiones, en particular en las zonas rurales, donde con frecuencia la falta de rentabilidad frena un desarrollo impulsado por el mercado;

33.

apunta que, para lograr la modernización de las administraciones públicas, se necesitan normas y especificaciones técnicas consensuadas y desarrolladas conjuntamente con todos los agentes pertinentes, a fin de obtener servicios digitales reutilizables y eficaces, con un elevado grado de interoperabilidad;

34.

acoge favorablemente la anunciada revisión del marco europeo de interoperabilidad, y pide a la Comisión que siga fomentando la aplicación de sus recomendaciones en las administraciones;

35.

hace hincapié en que los entes locales y regionales deben considerarse no solo como usuarios de normas y servicios transfronterizos, sino también como importantes productores en el marco europeo de interoperabilidad;

36.

acoge favorablemente que la Comisión tenga la intención de desarrollar un prototipo de catálogo europeo de normas en el ámbito de las TIC para la contratación pública, y subraya la importancia esencial que reviste el proceso de contratación, en particular para los entes locales y regionales, para evitar encajonarse en sistemas propietarios y posibilitar la implementación de soluciones y servicios con un elevado nivel de interoperabilidad e innovación;

37.

pide a la Comisión que colabore más estrechamente con los entes locales y regionales en sus esfuerzos por apoyar la transición hacia una contratación pública puramente electrónica antes de 2019, en particular teniendo en cuenta que los eventuales problemas surgirán en el nivel local y regional, encargado de la ejecución; será fundamental colaborar con los entes locales y regionales y el sector privado a fin de aprovechar plenamente el potencial del ahorro generado en el mercado de la contratación pública, que se calcula puede sobrepasar los 2 billones EUR;

38.

observa que la identificación electrónica es una condición esencial para garantizar la seguridad, eficacia y disponibilidad de los servicios públicos digitales, y acoge con satisfacción que la Comisión Europea tenga previsto acelerar la introducción de los servicios eIDAS (2);

39.

señala que el trabajo en materia de interoperabilidad y normas lleva tiempo y requiere una visión a largo plazo, así como una financiación suficiente y continuada;

40.

acoge favorablemente, por consiguiente, que la Comisión vaya a indicar de qué forma deberá garantizarse la sostenibilidad a largo plazo de los servicios digitales transfronterizos. Esto es necesario para generar confianza en los servicios y sus componentes técnicos y garantizar que las acciones llevadas a cabo en el marco de este trabajo no queden sin efecto;

41.

considera que las instituciones públicas, en colaboración con el sector privado y las empresas sin fines de lucro, deberían trabajar juntas para ofrecer infraestructuras con una accesibilidad adecuada, pero pide a la Comisión que investigue en detalle las consecuencias y los límites de una posible introducción del principio de «ausencia de legado», debido a la complejidad de fijar unos plazos adecuados para la actualización de los sistemas y tecnologías de los ecosistemas digitales;

42.

celebra la intención de la Comisión de convertir el Portal Europeo de e-Justicia en una ventanilla única que ofrezca acceso y funciones para comunicar y encontrar información y jurisprudencia en relación con el Derecho europeo y los procedimientos jurídicos, los datos relativos a las empresas y los registros de insolvencia;

43.

acoge favorablemente la interconexión obligatoria de todos los registros mercantiles de los Estados miembros, ya que las empresas operan cada vez en mayor grado fuera de las fronteras nacionales y existe una necesidad y demanda crecientes de información sobre las empresas en un contexto transfronterizo, sobre todo en las regiones fronterizas de Europa;

44.

acoge positivamente en este contexto la interconexión electrónica de los registros de insolvencia, a fin de aumentar la transparencia y la seguridad jurídica en el mercado interior y evitar la búsqueda del órgano jurisdiccional más ventajoso;

45.

apoya las iniciativas dirigidas a fomentar la utilización de las soluciones digitales durante todo el ciclo de vida de una empresa, y presupone que supondrán una disminución de la carga administrativa de las empresas;

46.

acoge positivamente que la Comisión proponga ampliar el mecanismo electrónico único para el registro y el pago del IVA, y pide que se desarrolle, para la consecución de fines específicos, la compleja normativa sobre el IVA, a fin de facilitar el comercio digital transfronterizo. Esto beneficiará especialmente a las pymes y microempresas, ya que tienen más dificultades para gestionar las cargas administrativas que el complejo marco jurídico inevitablemente implica;

47.

se muestra favorable a aumentar la circulación transfronteriza de los ciudadanos mediante el intercambio de información en materia de seguridad social (EESSI), así como entre los solicitantes de empleo y los empleadores de toda Europa (EURES);

48.

apoya las iniciativas de la UE que permitan el intercambio transfronterizo de datos y servicios sanitarios, incluidos los sistemas interoperativos de recetas médicas electrónicas, lo que reforzará la seguridad de los pacientes, se halla en consonancia con el propósito de la Directiva sobre la movilidad de los pacientes (3) y aumentará la calidad y eficacia de la asistencia sanitaria;

49.

está de acuerdo con la Comisión en que el alto grado de implicación por parte de los ciudadanos, las empresas y los investigadores en el diseño y la prestación de los servicios públicos digitales aumenta la calidad, eficacia y facilidad de uso de estos servicios;

50.

subraya que disponer de datos abiertos facilitados de manera segura y fiable a terceros es un elemento esencial para la modernización y transformación de los entes locales y regionales con vistas a ofrecer los servicios innovadores del futuro en el marco de sus actividades;

51.

por este motivo, acoge con satisfacción la iniciativa de crear una plataforma donde los entes públicos puedan publicar sus datos y servicios de libre acceso; subraya, no obstante, que la Comisión debe apoyar el desarrollo y la coordinación de estrategias destinadas a garantizar el libre acceso a los datos prestando apoyo metodológico y técnico a los entes locales y regionales;

52.

destaca que la puesta a disposición de datos interoperables de alta calidad requiere un trabajo escrupuloso que incluye elementos como la arquitectura de datos, la clasificación de la información y la interoperabilidad a todos los niveles; acoge con satisfacción el despliegue y uso de las infraestructuras de datos a escala de la UE, donde sería positivo que el trabajo llevado a cabo en el marco de la Directiva Inspire sirviese de modelo para establecer descripciones conjuntas de datos;

53.

en este contexto, acoge favorablemente la Iniciativa Europea de Computación en la Nube (4) como una oportunidad para mejorar la transparencia y eficacia, pues permite compartir una infraestructura de computación en nube para ofrecer servicios públicos digitales;

54.

hace hincapié en la enorme importancia de la alfabetización y las competencias digitales de los ciudadanos, los trabajadores y los solicitantes de empleo para alcanzar una amplia digitalización de la economía y la modernización de la administración;

55.

coincide en que la ejecución del Plan de Acción exige un compromiso común y una responsabilidad compartida de todos los niveles de gobierno, y hace hincapié en la responsabilidad de los entes locales y regionales, que cumplen la función de principal «interfaz» del sector público con las empresas y los ciudadanos.

21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/59

1.

acoge con satisfacción la propuesta de un pilar europeo de derechos sociales que ayude a conseguir los objetivos de la Unión Europea establecidos en el artículo 3 del TUE, a saber, que «obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social» […], «combatirá la exclusión social y la discriminación, y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño» y «fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros»;

2.

espera que la Comisión Europea cumpla el principio de subsidiariedad a la hora de proponer el pilar europeo de derechos sociales y que respete las competencias generales de las autoridades nacionales y subnacionales en el ámbito de la política social; al mismo tiempo, hay que garantizar que el contenido de dicho pilar sea conforme con los principios generales del programa «Legislar mejor»;

3.

acoge favorablemente que la Comisión Europea haya decidido lanzar una consulta abierta sobre un pilar de derechos sociales porque, tras años de crisis marcados por unos elevados niveles de desempleo y de austeridad, era muy necesario emprender un debate político sobre una nueva iniciativa en favor de los derechos sociales; considera que el pilar puede contribuir a la coordinación de las políticas y los derechos sociales en los Estados miembros e impulsar una convergencia al alza;

4.

acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para debatir el alcance y el contenido del futuro pilar social y destaca el valor añadido que supone la participación de los entes locales y regionales en este debate, en particular, al reforzar y subrayar la importancia de la dimensión territorial en los asuntos socioeconómicos que se plantean a nivel global en las políticas de la UE y de un enfoque de base local a la hora de diseñar y aplicar políticas socioeconómicas;

5.

reitera su solicitud de una mejor coordinación de las políticas económicas y sociales entre los niveles europeo y nacional, en el contexto del Semestre Europeo, y pide que los entes locales y regionales participen en mayor grado en esta coordinación (1);

6.

insiste en que este pilar social debe desarrollarse sobre la base de un valor añadido demostrable a escala local, regional y nacional y debe ser de carácter horizontal, a fin de garantizar que se tenga más en cuenta la dimensión social de la unión económica y monetaria (UEM) en materia de gobernanza económica, que es esencial para el buen funcionamiento y la viabilidad de la UEM y para la legitimidad del proceso de integración europea;

7.

hace hincapié en que si esta iniciativa se traduce en una fuerte protección social, incluido el acceso a los servicios de sanidad, educación, servicios sociales, junto con servicios sociales de interés general, y seguridad social, puede considerarse como una herramienta de coordinación para ayudar a los Estados miembros a hacer frente a las desigualdades sociales, luchar contra el dumping social, impulsar una convergencia al alza de las normas sociales en la zona del euro y reforzar los objetivos de la UE en favor de un crecimiento integrador y sostenible;

8.

reitera su petición de que, para mejorar la dimensión social de la UEM, es fundamental hacer frente a las disparidades regionales modernizando, en su caso, la legislación vigente y/o considerando nuevas medidas de apoyo a una mayor convergencia; señala por tanto que en el cuadro de indicadores sociales de la UEM deben incluirse indicadores de disparidad regional (2);

9.

confía en que la propuesta de la Comisión Europea de establecer un pilar europeo de derechos sociales contribuirá a reforzar aún más los derechos sociales, ya sean individuales o colectivos, recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (3);

10.

acoge con satisfacción que la consulta de la Comisión Europea abordara cuestiones clave de género, como la escasa participación de las mujeres en el mercado laboral y la segregación de ese mercado por razón de género (principio 5), las disparidades de salarios y pensiones entre sexos (principios 5 y 13), la falta de conciliación de vida familiar y laboral (principios 5 y 18) o la carga múltiple que soportan las mujeres por los cuidados de larga duración que prestan a sus allegados dependientes (principio 17). Asimismo, la Comisión Europea debería explicar si las medidas propuestas son suficientes para reducir la discriminación contra las mujeres o si, adicionalmente, se precisa una mayor integración de las cuestiones de género;

11.

acoge favorablemente que, a pesar de que la propuesta de la Comisión solo se refiera a los Estados miembros de la zona del euro, se invite a participar al resto de los Estados miembros de la UE que se hallan fuera de la zona del euro;

12.

subraya que una coordinación más estrecha de las políticas económicas y fiscales en la zona del euro debe ir acompañada de la plena consideración de la dimensión social de la UEM;

13.

pide que se haga más hincapié en la financiación de la política social, que constituye un reto particular para los entes locales y regionales. Este tipo de retos se plantea no solo porque el gasto destinado a los sistemas de protección social varía mucho en toda Europa, sino también porque está disminuyendo la inversión general a nivel subnacional (4);

14.

subraya la importancia de una sólida agenda social europea en la que la competitividad y la justicia social se complementen mutuamente, y en la que los salarios justos —ámbito en el que la UE posee únicamente competencias de coordinación y que se determina en cada Estado miembro mediante la legislación o la negociación colectiva, pero siempre respetando plenamente sus tradiciones y prácticas— sean un elemento clave; dicha agenda debe respetar plenamente el principio de no discriminación, de conformidad con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales;

15.

destaca que, considerando el aumento del desempleo juvenil y del número de personas pobres o en riesgo de pobreza en los últimos años, el pilar social también debe tener en cuenta la necesidad de reducir la pobreza, favorecer la inclusión social y luchar contra el desempleo juvenil a corto plazo;

16.

destaca la necesidad de una mayor cooperación entre los distintos niveles de gobierno, sectores y partes interesadas, incluyendo un refuerzo del papel de los interlocutores sociales y la introducción de un instrumento eficaz para el diálogo civil, que fortalecería la legitimidad democrática de la Unión;

17.

señala que algunos entes locales y regionales han utilizado las políticas de contratación pública para animar o exigir a sus contratistas que remuneren de manera justa al personal contratado, lo que puede ser un acicate más para que las organizaciones adopten prácticas laborales justas; recuerda por otro lado que la legislación de la UE no se opone a la exclusión de un licitador de un procedimiento de adjudicación de un contrato por haberse negado a retribuir a su personal con el salario mínimo legal (5).

18.

expresa su pesar por que la propuesta de la Comisión no haga mayor hincapié en combatir los retos que se derivan de un mundo laboral cambiante, que implica una mayor digitalización, retos que deberían abordarse prestando especial atención al desarrollo de las competencias digitales de los trabajadores. De hecho, la aparición de formas de trabajo no convencionales conduce a nuevos riesgos de que surjan «zonas grises» en materia de derechos laborales y acceso a la protección social;

19.

recuerda que, en un contexto de rápida digitalización de la economía y la sociedad, es importante proporcionar a los ciudadanos, en particular a la población de más edad, las competencias digitales necesarias para conseguir un modelo social más integrador;

20.

destaca que, a la luz de las realidades laborales cambiantes, son mucho más importantes que nunca la adquisición de cualificaciones mediante la formación y el aprendizaje y el acceso a la formación permanente, y subraya la importancia de hacer coincidir las cualificaciones con las necesidades del mercado laboral;

21.

está convencido de que la legitimidad democrática de la UEM podrá reforzarse si los ciudadanos europeos tienen la certeza de que se vela por el principio de progreso social y la igualdad de oportunidades de modo que el empleo y las normas sociales no se consideran como aspectos periféricos del proceso de ajuste macroeconómico;

22.

insta a que el pilar europeo de derechos sociales garantice que los entes regionales y locales reciban apoyo en sus esfuerzos por aplicar políticas de empleo y sociales adecuadas, incluido el apoyo y desarrollo de capacidades para impulsar las políticas dirigidas a conciliar la vida privada y la vida laboral, de conformidad con la reciente propuesta de la Comisión Europea. Este planteamiento exige abordar los desafíos territoriales específicos en esos ámbitos y facilitar la difusión de las mejores prácticas a nivel local y regional;

23.

señala que Europa se enfrenta a enormes retos sociales, con notables divergencias económicas y demográficas entre las regiones europeas, con un gran número de jóvenes que se enfrentan a numerosos retos, tales como un sistema educativo no acorde a las necesidades del mercado, dificultades para encontrar empleo, obstáculos a la movilidad, especialmente para los jóvenes que viven en pequeños municipios situados en regiones periféricas, ultraperiféricas, insulares o rurales, movilidad forzada o aislamiento social, por lo que no existe ninguna solución política «de talla única» y cualquier intervención política —pública o privada— deberá tener en cuenta las especificidades locales y regionales, como el caso de las regiones que afrontan problemas demográficos y/o fuga de cerebros, asegurando a la vez unas oportunidades sociales, económicas y educativas mínimas para los jóvenes. Al mismo tiempo, a la vista de la persistencia de la elevada tasa de desempleo juvenil, el CDR reitera la importancia de ampliar los beneficios de la Garantía Juvenil a los jóvenes de hasta 30 años (y no solo de hasta 25 años) (6);

24.

insiste en que en el pilar europeo de derechos sociales debería considerarse prioritario salvaguardar el acceso a los sistemas de protección social y los servicios públicos, en el pleno respeto de la competencia de los Estados miembros en este ámbito;

25.

destaca el papel pionero que desempeñan los gobiernos regionales y locales al establecer prácticas de trabajo flexibles y crear unas condiciones de trabajo equitativas en el lugar de trabajo, en concertación con los trabajadores y los sindicatos y sobre la base de los principios de igualdad y respeto;

26.

sugiere que la Comisión estudie la posibilidad de introducir medidas que incentiven a los países de la UEM a aplicar reformas para alcanzar los objetivos sociales de la Estrategia Europa 2020 y combatir los desequilibrios sociales;

27.

solicita a la Comisión Europea que, en el marco del Semestre Europeo, apoye a los Estados miembros en sus esfuerzos por modernizar los sistemas de protección social; asimismo, espera que la Comisión proponga una capacidad fiscal para la zona del euro, abierta a todos los Estados miembros, que también podría permitir una coordinación europea de políticas anticíclicas;

28.

recuerda que encontrarse en situación de desempleo durante un largo período de tiempo puede crear un círculo vicioso que tenga como consecuencia escasas oportunidades de empleo, una erosión de las competencias y un menor potencial de ingresos, lo que aumenta el riesgo de pobreza y de exclusión social;

29.

señala que el envejecimiento de la población causará bajas en el mercado de trabajo en muchos Estados miembros; la mano de obra móvil es una manera de afrontar este desafío. Dado que el número de trabajadores que quieran ejercitar la movilidad profesional en Europa es aún muy reducido, es esencial que se reconozcan las cualificaciones de los profesionales móviles de la UE de modo rápido, sencillo y fiable (7);

30.

destaca que los ciudadanos de edad avanzada se encuentran entre los grupos de población más susceptibles de caer en riesgo de pobreza y exclusión social; en la mayoría de los Estados miembros, las personas que viven en zonas rurales periféricas o en zonas urbanas desfavorecidas son las que se ven especialmente afectadas. Asimismo, las personas mayores suelen ser las que siguen viviendo en regiones despobladas o incluso en comunidades en trance de desaparecer;

31.

tal y como se señala en el Dictamen sobre «La respuesta de la UE al reto demográfico» del Comité de las Regiones, deben construirse servicios públicos más eficaces y eficientes y establecer nuevas fórmulas para mejorar la calidad de vida y el bienestar físico, mental y social de todos los ciudadanos. Hay que aprovechar las oportunidades que ofrece el cambio demográfico, que también son oportunidades de empleo relacionadas con los servicios para las personas mayores inherentes a la «economía de la plata» (físicos, digitales, de estilos de vida saludable, etc.). Tener acceso a estos servicios se deriva de sus derechos fundamentales;

32.

señala que la esperanza de vida de los europeos es larga, por lo que los costes de salud y seguridad social experimentarán un acusado aumento, hasta un 9 % del PIB de la UE en 2050; en este sentido las TIC pueden ser un poderoso aliado para mantener una atención sanitaria y social rentable y de alta calidad, ya que capacitan a las personas de todas las edades para gestionar mejor su salud y calidad de vida, en cualquier lugar;

33.

recuerda que la inversión en TIC representa un instrumento esencial para las regiones y ciudades en sus esfuerzos por responder al reto del envejecimiento demográfico. Tal inversión puede mejorar la calidad de vida de las personas de edad, fomentar la inclusión social, hacer que sigan informadas de las novedades a nivel europeo o nacional y permitir que aporten toda su experiencia y conocimientos al desarrollo de la sociedad y estimular la competitividad y el crecimiento a escala local y regional a través de nuevos productos y servicios;

34.

En el principio 2 a (capítulo I) después de la frase «Deberá garantizarse la igualdad de trato […] las relaciones de empleo precarias y temporales», añádase:«, reforzando el cumplimiento por parte de las empresas de las normas sobre contratos laborales para acceder a los fondos comunitarios y evitar los riesgos de dumping social».

35.

El principio 2 b (capítulo I) debería rezar: «La flexibilidad de las condiciones de empleo puede ofrecer una puerta de acceso al mercado de trabajo y conservar la capacidad de los empleadores para responder con prontitud a las variaciones de la demanda. No obstante, en la medida de lo posible, debería asegurarse la transición hacia los contratos indefinidos».

36.

La primera frase del principio 7 c (capítulo II) debería rezar: «El despido de un trabajador que haya superado el período de prueba deberá estar motivado y precedido de un plazo razonable de notificación definido a nivel nacional; deberá ir acompañado de una compensación adecuada, si el despido está injustificado, existiendo además el acceso a recurrirlo de manera rápida y eficaz en un sistema imparcial de resolución de litigios».

37.

La primera frase del principio 8 a (capítulo II) debería rezar: «El empleo deberá estar justamente retribuido, de modo que permita un nivel de vida digno. Cada Estado miembro deberá fijar los salarios, y cuando sea aplicable, los salarios mínimos, mediante un mecanismo transparente y predecible, ya sea por ley o a través de la negociación colectiva, en el pleno respeto de sus propias tradiciones y prácticas. La fijación de los salarios deberá salvaguardar el acceso al empleo y la motivación para buscar trabajo, y los salarios deberán evolucionar en consonancia con la productividad».

38.

El principio 11 a (capítulo III) debería rezar «Las prestaciones y los servicios de protección social deberán integrarse cuanto sea posible, al menos en los territorios más próximos y con un mayor protagonismo de las Entidades Locales, para reforzar la coherencia y la eficacia de estas medidas y apoyar la integración en la sociedad y en el mercado de trabajo».

39.

La primera frase del principio 12 a (capítulo III) debería rezar: «Toda persona deberá tener oportunamente acceso a asistencia sanitaria de carácter preventivo y curativo de buena calidad así como a asistencia para personas mayores y/o en situación de dependencia, y la necesidad de tal asistencia o de la asistencia a personas mayores no deberá conducir a una situación de pobreza o penuria financiera».

40.

La primera frase del principio 12 c (capítulo III) debería rezar: «Todo trabajador, con independencia del tipo de contrato, deberá tener garantizada la baja por enfermedad adecuadamente retribuida, durante los períodos de enfermedad y en función de los derechos adquiridos en el sistema de protección social; deberá fomentarse la participación de los autónomos en regímenes de seguro». No puede establecerse una prestación en metálico en caso de enfermedad sin tener en cuenta el resto de las normas en materia de seguridad social de un Estado miembro. De lo contrario, esto entrañaría unos derechos de seguridad social disociados de las cotizaciones individuales, lo que, a su vez, sería contrario al principio de subsidiariedad.

41.

La primera frase del principio 13 a (capítulo III) debería rezar: «[…], por ejemplo contabilizando adecuadamente los períodos de cuidados cuando el trabajador sigue teniendo derecho a una continuación del salario o una asignación sustitutoria del salario, en función de sus derechos adquiridos en los sistemas de protección social; deberá fomentarse la participación de los autónomos en los regímenes de pensiones, de acuerdo con las especificidades nacionales».

42.

El principio 15 a (capítulo III) debería rezar: «Deberán garantizarse unas prestaciones mínimas adecuadas, de acuerdo con las prácticas nacionales, a quienes carezcan de recursos suficientes para llevar un nivel de vida digno. Para las personas en edad de trabajar y aptas para trabajar, esta garantía estatal de unas prestaciones mínimas que garanticen la manutención debe ir aparejada con el deber de colaboración, por ejemplo, participar en medidas activas destinadas a apoyar su integración o reintegración en el mercado laboral. La percepción de esta renta no deberá crear obstáculos al empleo».

43.

El principio 18 b (capítulo III) debería rezar: «Deberán tomarse medidas en una fase temprana y adoptarse enfoques preventivos para abordar la pobreza infantil, incluidas medidas específicas para fomentar la participación de los niños de entornos desfavorecidos. Para ello se adaptarán los sistemas de protección haciendo énfasis en la protección de la infancia y de las familias con menores a cargo».

44.

El principio 19 a (capítulo III) debería rezar: «Deberá proporcionarse principalmente a las personas necesitadas o socialmente vulnerables, incluidas las personas sin hogar, y a quienes residan en viviendas insalubres, inadecuadas o con exceso de ocupantes. Deberán suprimirse las situaciones de infravivienda. Se protegerá contra el desahucio a las personas vulnerables que no reciban alojamiento alternativo». 1) Al igual que en anteriores dictámenes, el CDR propone ampliar la definición de viviendas sociales para reflejar el margen de los Estados miembros a la hora de planificar, poner a disposición, financiar y organizar las viviendas sociales, garantizar el derecho democrático a elegir y dar prioridad al derecho a una vivienda adecuada y asequible a causa de la incapacidad de los actuales mercados inmobiliarios de satisfacer las necesidades de vivienda. 2) En cuanto a los desahucios, no deberían prohibirse como tales ya que ello vulneraría el derecho de propiedad y el principio de subsidiariedad. Por consiguiente, la protección contra los desahucios debería limitarse a las personas vulnerables y complementarse con el requisito de proporcionar alojamiento alternativo. 3) No cabe reivindicar un derecho a facilitar el acceso de los hogares con ingresos bajos y medios a la vivienda en propiedad —como sucede en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE—, sobre todo teniendo en cuenta que su pertinencia social y económica depende de las condiciones globales, nacionales, regionales y locales, así como de las prioridades políticas, que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, deben decidirse a escala nacional, regional o local.

45.

El principio 20 a (capítulo III) debería rezar: «Deberá garantizarse a todas las personas un acceso asequible a servicios de interés económico general tales como las comunicaciones electrónicas, la energía, el transporte y los servicios financieros. Deberán ponerse a disposición medidas de apoyo para el acceso a estos servicios». El concepto de «servicios esenciales», a diferencia de los servicios de interés económico general, no forma parte del derecho primario ni del derecho derivado europeo (véase también el artículo 36 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE). Además, el acceso a los servicios debe mejorarse en general, no solo para las personas necesitadas.

21.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/64

1.

considera que fomentar la estabilidad y la prosperidad en las regiones vecinas de la UE constituye una prioridad clave de la política exterior y de seguridad de la UE; pide que en la definición y aplicación de la política exterior de la Unión se tenga en cuenta el potencial de los entes locales y regionales; opina que el Comité de las Regiones debe contribuir de modo sustancial a crear confianza y a la cooperación internacional a nivel regional y local;

2.

señala que la política europea de vecindad (PEV) solo puede tener un efecto duradero si proporciona beneficios tangibles a los ciudadanos de los Estados miembros de la UE y de los países de la PEV; pide que al aplicar la nueva estrategia se atribuya una importancia esencial a este aspecto;

3.

constata que la PEV representa principalmente un proyecto de las instituciones de la Unión Europea y de los Gobiernos de los Estados miembros y los países vecinos. Destaca que una aplicación satisfactoria de los programas y proyectos tendrá repercusiones considerables sobre los niveles regionales y locales tanto de los Estados miembros de la Unión como de los terceros países interesados. Pide que se dé prioridad a la cooperación a nivel local y regional y que se refuerce la interacción de la sociedad civil en el contexto de la PEV, asignando para ello una financiación suficiente; insiste en que los entes locales y regionales y sus asociaciones deben participar en cada fase de la aplicación de la PEV, desde la programación hasta el control democrático; considera que en los trabajos de los consejos de asociación debe darse a los entes locales y regionales y sus asociaciones un estatuto de observador permanente y debe promoverse su participación;

4.

pide que se lleven a cabo más proyectos concretos para fomentar los contactos interpersonales; considera que es esencial aumentar los recursos para la cooperación transfronteriza, las asociaciones entre entes territoriales y los intercambios científicos, culturales y entre los jóvenes; reitera su llamamiento a que se incluya a los socios en programas de la Unión como Erasmus; acoge con satisfacción que la Comisión preste especial atención al objetivo de facilitar los visados y que haya presentado propuestas concretas para Ucrania y Georgia; reitera su apoyo a la colaboración en las cuestiones de visados y movilidad con los socios de la PEV que lo deseen, incluyendo la liberalización de visados y el fomento del diálogo;

5.

reafirma las propuestas formuladas en su dictamen de 9 de julio de 2015 titulado «Nueva política europea de vecindad»; pide a la Comisión Europea y al SEAE que las sigan sistemáticamente en la aplicación de la estrategia;

6.

observa que los conflictos armados, el uso de la fuerza, las violaciones de la soberanía territorial, las violaciones de los derechos humanos y del principio de igualdad de derechos de los pueblos, el terrorismo y la grave inestabilidad que sufren diversos países y regiones de las zonas vecinas de la Unión Europea han dado lugar a altos porcentajes de pérdidas humanas, heridos, desplazados internos y migración forzosa, y son un obstáculo para el desarrollo de asociaciones duraderas. Subraya la importancia de dejar de lado consideraciones geopolíticas e ilusiones para adoptar metas realistas, sobre la base de una evaluación realista, y organizar la cooperación entre los socios que tengan un verdadero interés en cooperar y que asimismo tengan la capacidad de alcanzar objetivos sostenibles; insiste en que, si bien es necesaria la diferenciación, también hay que respetar el equilibrio entre la vecindad oriental y la meridional;

7.

señala que una asociación solo puede fraguarse de manera sostenible sobre una base de igualdad y beneficio mutuo; se congratula de que la Comisión conceda especial importancia a esta cuestión en la revisión de la PEV y pide que se haga especial hincapié en el concepto de responsabilidad bilateral mutua para aplicar en la práctica la asociación de la PEV;

8.

destaca, en particular, que no debe ponerse en peligro la coherencia del respeto de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario (DIH). A este respecto, señala que los conflictos que conmocionan a muchos socios de la PEV, plantean nuevos retos en cuanto a la protección de los refugiados y el respeto del Derecho internacional humanitario y subraya la necesidad de adoptar nuevos enfoques para garantizar la integración de medidas nuevas y más eficaces dirigidas a garantizar el pleno respeto de las normas europeas e internacionales sobre la protección de los refugiados. Por otra parte, subraya que la inminente negociación de los acuerdos globales en materia de migración con muchos países socios de la PEV debe llevarse a cabo con la participación de las autoridades locales y a través de una mayor integración entre la política de migración y la política de vecindad, con el fin de evitar contradicciones y desequilibrios en este sentido;

9.

hace hincapié en que la mayor influencia que puede ejercer Europa en la estabilidad y prosperidad de su vecindad reside en el atractivo de su modelo socioeconómico, la unidad y solidaridad entre los Estados miembros de la Unión, el crecimiento sostenible, la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades democráticas; destaca que el instrumento más pertinente para la estabilidad de los países vecinos es la estabilidad de la UE y el compromiso con sus principios y valores;

10.

pide que se analicen las amenazas de seguridad en toda su complejidad, empezando por las causas de inestabilidad; destaca que deben abordarse como prioridad las causas socioeconómicas de los actuales desafíos, tales como la seguridad y la situación migratoria; acoge con satisfacción el compromiso de la UE de trabajar con los países socios de la PEV para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas; pide que se preste más atención al fomento de los derechos sociales, ya que el desarrollo económico y social sostenible es fundamental para la estabilidad en los países vecinos; subraya que la creación de empleo es una cuestión decisiva para el futuro de la mayoría de los países vecinos; acoge con satisfacción que se preste una atención especial a la lucha contra el desempleo juvenil y a fomentar las pequeñas y medianas empresas; hace hincapié en que esto requiere un enfoque multinivel, a escala nacional, regional y local, así como una cooperación regional, subregional y transfronteriza; pide que los programas sectoriales se diseñen de manera que puedan ser aplicados por los entes regionales y locales;