30.1.2017   

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C 30/1

30.1.2017   

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C 30/2

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 8 de octubre de 2013, Stichting Greenpeace Nederland y PAN Europe/Comisión (T-545/11, EU:T:2013:523).

2)

Devolver el asunto T-545/11 al Tribunal General de la Unión Europea.

3)

Reservar la decisión sobre las costas.

30.1.2017   

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C 30/3

1)

El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que la circunstancia de que el solicitante de una autorización de comercialización de un producto fitosanitario o biocida no solicitara, durante el procedimiento previsto para la obtención de esta autorización, el tratamiento confidencial de la información presentada en el marco de este procedimiento sobre la base del artículo 14 de la Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios, del artículo 19 de la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas, o de los artículos 33, apartado 4, y 63 del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, no obsta para que la autoridad competente, ante la que un tercero ha presentado, tras la finalización de dicho procedimiento, una solicitud de acceso a esta información sobre la base de la Directiva 2003/4, examine la oposición de dicho solicitante a esta solicitud de acceso y, en su caso, deniegue ésta en aplicación del artículo 4, apartado 2, párrafo primero, letra d), de esta Directiva basándose en que la divulgación de dicha información afectaría negativamente a la confidencialidad de la información comercial o industrial.

2)

El artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2003/4 debe interpretarse en el sentido de que:

3)

El artículo 4, apartado 2, párrafo segundo, de la Directiva 2003/4 debe interpretarse en el sentido de que, en caso de solicitud de acceso a información sobre emisiones en el medio ambiente cuya divulgación afectaría negativamente a uno de los intereses a los que alude el artículo 4, apartado 2, párrafo primero, letras a), d) y f) a h), de esta Directiva, sólo deben divulgarse los datos pertinentes que puedan ser extraídos de la fuente de información que se refieran a las emisiones en el medio ambiente cuando sea posible disociar estos datos del resto de la información contenida en dicha fuente, lo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

30.1.2017   

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C 30/4

1)

Declarar que el Reino de España, en relación con el período anterior al 29 de julio de 2008, ha incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud del artículo 4, apartado 4, de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres, y, en relación con el período posterior a esa fecha, las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, al no adoptar las medidas adecuadas para evitar, dentro de la zona de protección especial «Campiñas de Sevilla», el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies así como las alteraciones que repercutan en las especies que motivaron la designación de dicha zona.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

Condenar a la Comisión Europea y al Reino de España a cargar con sus propias costas.

30.1.2017   

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C 30/5

1)

Los artículos 63 TFUE y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido de que:

2)

El artículo 64 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que:

3)

El artículo 34, apartado 1, del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, firmado en Bruselas el 17 de julio de 1995 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero mediante la Decisión 98/238/CE, CECA del Consejo y de la Comisión, de 26 de enero de 1998, debe interpretarse en el sentido de que:

4)

El artículo 31 del Acuerdo euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra, firmado en Luxemburgo el 17 de junio de 2002 y aprobado en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 2006/356/CE del Consejo, de 14 de febrero de 2006, debe interpretarse en el sentido de que:

5)

En lo que se refiere a las consecuencias para el asunto principal resultantes de la interpretación de los artículos 63 TFUE a 65 TFUE, así como del Acuerdo euromediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra parte, y del Acuerdo euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra:

30.1.2017   

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C 30/7

30.1.2017   

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C 30/8

1)

Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 4, apartados 1 y 3, de la Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1137/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, al no haber garantizado el tratamiento secundario o tratamiento equivalente de las aguas residuales urbanas procedentes de las aglomeraciones de Goyave, Bastelica, Morne-à-l’Eau, Aiguilles-Château-Ville Vieille, Borgo-Nord, Isola, Plombières-les-Bains, Sant-Céré, Vincey, Etueffont y Volx y Villeneuve, bien por la totalidad de sus vertidos, en lo que respecta a las aglomeraciones que tienen un equivalente habitante entre 10 000 y 15 000, bien para para los vertidos en aguas dulces y estuarios, en lo que respecta a las aglomeraciones que tienen un equivalente habitante comprendido entre 2 000 y 10 000.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

Condenar en costas a la República Francesa.

30.1.2017   

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C 30/9

—

El hecho de que el interesado se halle en situación de incapacidad temporal, con arreglo al Derecho nacional, de duración incierta, a causa de un accidente laboral no significa, por sí solo, que la limitación de su capacidad pueda ser calificada de «duradera», con arreglo a la definición de «discapacidad» mencionada por esa Directiva, interpretada a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, aprobada en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 26 de noviembre de 2009.

—

Entre los indicios que permiten considerar que tal limitación es «duradera» figuran, en particular, el que, en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio, la incapacidad del interesado no presente una perspectiva bien delimitada en cuanto a su finalización a corto plazo o el que dicha incapacidad pueda prolongarse significativamente antes del restablecimiento de dicha persona.

—

Al comprobar ese carácter «duradero», el juzgado remitente debe basarse en todos los elementos objetivos de que disponga, en particular, en documentos y certificados relativos al estado de dicha persona, redactados de los conocimientos y datos médicos y científicos actuales.

30.1.2017   

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C 30/10

1)

Desestimar los recursos de casación.

2)

Condenar en costas a Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG, Böhm-Nordkartoffel Agrarproduktion GmbH & Co. OHG, Deutsche Saatveredelung AG, Ernst Benary, Samenzucht GmbH, Freiherr Von Moreau Saatzucht GmbH, Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, Klemm + Sohn GmbH & Co. KG, KWS Saat AG, Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG, Nordsaat Saatzuchts GmbH, M. Peter Franck-Oberaspach, P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH, Saatzucht Streng — Engelen GmbH & Co. KG, Saka Pflanzenzucht GmbH & Co. KG, Strube Research GmbH & Co. KG, Gartenbau und Spezialkulturen Westhoff GbR, W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co. KG, ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV, Agriom BV, Agrisemen BV, Anthura BV, Barenbrug Holding BV, De Bolster BV, Evanthia BV, Gebr. Vletter & Den Haan VOF, Hilverda Kooij BV, Holland-Select BV, Könst Breeding BV, Koninklijke Van Zanten BV, Kweek- en Researchbedrijf Agirco BV, Kwekerij de Wester-Bouwing BV, Limgroup BV y Ontwikkelingsmaatschappij Het Idee BV.

30.1.2017   

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C 30/11

1)

El artículo 2 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe interpretarse en el sentido de que una normativa nacional que, en el marco de un plan de pensiones de empleo, supedita el derecho de las parejas registradas supérstites de los afiliados a disfrutar de una prestación de supervivencia al requisito de que la unión civil registrada se haya celebrado antes de que el afiliado haya cumplido la edad de 60 años, mientras que el Derecho nacional no permitía a dicho afiliado celebrar una unión civil registrada antes de alcanzar ese límite de edad, no constituye una discriminación basada en la orientación sexual.

2)

Los artículos 2 y 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78 deben interpretarse en el sentido de que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal que, en el marco de un plan de pensiones de empleo, supedita el derecho de las parejas registradas supérstites de los afiliados a disfrutar de una prestación de supervivencia al requisito de que la unión civil registrada se haya celebrado antes de que el afiliado haya cumplido la edad de 60 años, mientras que el Derecho nacional no permitía a dicho afiliado celebrar una unión civil registrada antes de alcanzar ese límite de edad, no constituye una discriminación basada en la edad.

3)

Los artículos 2 y 6, apartado 2, de la Directiva 2000/78 deben interpretarse en el sentido de que una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal no puede crear una discriminación basada en el efecto combinado de la orientación sexual y de la edad cuando dicha normativa no constituye una discriminación en razón de la orientación sexual ni en razón de la edad consideradas por separado.

30.1.2017   

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C 30/12

30.1.2017   

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C 30/12

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Condenar en costas a la Comisión Europea.

30.1.2017   

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C 30/13

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de septiembre de 2015, Klement/OAMI — Bullerjan (Forma de un horno) (T-211/14, no publicada, EU:T:2015:688).

2)

Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3)

Reservar la decisión sobre las costas.

30.1.2017   

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C 30/13

1)

El anexo I, punto 7, letra c), de la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, no puede interpretarse en el sentido de que dicha disposición resulta aplicable a un proyecto de acondicionamiento de carretera que, aunque afecte, como sucede en el litigio principal, a un tramo de longitud inferior a 10 kilómetros, consiste en el ensanche o acondicionamiento de una carretera ya existente a cuatro o más carriles.

2)

El anexo I, punto 7, letra b), de la Directiva 2011/92 debe interpretarse en el sentido de que «vías rápidas», a efectos de esta disposición, son aquellas vías cuyas características técnicas se corresponden con las contenidas en la definición del anexo II, sección II 3, del Acuerdo europeo sobre las principales vías de tráfico internacional, firmado en Ginebra el 15 de noviembre de 1975, aun cuando tales vías no formen parte de la red de principales vías de tráfico internacional que rige el Acuerdo o estén situadas en zona urbana.

3)

El concepto de «construcción», en el sentido del anexo I, punto 7, letra b), de la Directiva 2011/92, debe interpretarse como referido a la realización de obras antes inexistentes o a la modificación, en el sentido físico, de obras ya existentes. Para determinar si una modificación de este tipo puede ser considerada equivalente, por su magnitud y sus modalidades, a una construcción, corresponde al órgano jurisdiccional remitente tener en cuenta el conjunto de las características de la obra de que se trate, y no exclusivamente su longitud o el mantenimiento de su trazado inicial.

30.1.2017   

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C 30/14

30.1.2017   

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C 30/15

1)

Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 16, apartados 1 y 5, del Reglamento (CE) n.o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo, al no haber creado su registro electrónico nacional de empresas de transporte por carretera plenamente conforme e interconectado con los registros electrónicos nacionales de los demás Estados miembros.

2)

Condenar en costas al Gran Ducado de Luxemburgo.

30.1.2017   

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C 30/15

1)

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) en el sentido de que la inevitabilidad se refiere sólo a la aparición de las circunstancias extraordinarias o en el sentido de que se refiere también a las consecuencias de éstas, concretamente la cancelación o el gran retraso?

2)

En caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión en el sentido de que la inevitabilidad se refiere al retraso: si las circunstancias extraordinarias afectan a la aeronave utilizada en el vuelo anterior, ¿debe entonces el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, ya desde el momento en que aparecen las circunstancias extraordinarias en el vuelo anterior, procurar una aeronave sustitutoria o puede esperar al momento en que sea seguro que las circunstancias extraordinarias van a causar un retraso significativo en el vuelo posterior?

3)

En caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión en el sentido de que la inevitabilidad se refiere al retraso: ¿no es razonable exigir que se subcontrate el vuelo con otra compañía cuando el coste triplica aproximadamente el coste de un vuelo propio?

30.1.2017   

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C 30/16

1)

¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 261/2004 (1) en el sentido de que la inevitabilidad se refiere sólo a la aparición de las circunstancias extraordinarias o en el sentido de que se refiere también a las consecuencias de éstas, concretamente la cancelación o el gran retraso?

2)

En caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión en el sentido de que la inevitabilidad se refiere al retraso: si las circunstancias extraordinarias afectan a la aeronave utilizada en el vuelo anterior, ¿debe entonces el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, ya desde el momento en que aparecen las circunstancias extraordinarias en el vuelo anterior, procurar una aeronave sustitutoria o puede esperar al momento en que sea seguro que las circunstancias extraordinarias van a causar un retraso significativo en el vuelo posterior?

3)

En caso de que el Tribunal de Justicia responda a la primera cuestión en el sentido de que la inevitabilidad se refiere al retraso: ¿no es razonable exigir que se subcontrate el vuelo con otra compañía cuando el coste triplica aproximadamente el coste de un vuelo propio?

30.1.2017   

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C 30/17

1)

¿Permiten los artículos 28 y siguientes del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, (1) en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, (2) basar el valor en aduana, aplicando un criterio de desglose, en un precio de transferencia pactado que se compone de un importe inicialmente facturado y declarado y de una corrección a tanto alzado al concluir el período de liquidación, con independencia de que al final del período de liquidación se practique al interesado un cargo adicional o un abono?

2)

En caso de respuesta afirmativa:

¿Cabe revisar o determinar el valor en aduana mediante criterios simplificados en caso de que proceda reconocer los efectos de adaptaciones posteriores de los precios de transferencia (tanto al alza como a la baja)?

30.1.2017   

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C 30/17

1)

¿Debe interpretarse el artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, (1) en el sentido de que la expresión «materia contractual» comprende también el derecho a compensación, con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, (2) ejercitado contra el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo y con el cual el pasajero interesado no mantiene ninguna relación contractual?

2)

En caso de ser aplicable el artículo 7, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012:

En un caso de transporte de personas en dos vuelos sin permanencia significativa en el aeropuerto de transbordo, ¿debe considerarse como lugar de cumplimiento, a efectos del artículo 7, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento (UE) n.o 1215/2012, el destino final del pasajero aun cuando el derecho a compensación, con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004, reclamado en la demanda se base en una incidencia sucedida en el primer trayecto y la demanda se dirija contra el transportista aéreo encargado de efectuar el primer vuelo, que no era parte del contrato de transporte?

30.1.2017   

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C 30/18

1.

¿Debe interpretarse el artículo 5, punto 1, letra a), del Reglamento n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, (1) relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en el sentido de que la expresión «materia contractual» comprende también el derecho a compensación, con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91, (2) ejercitado contra el transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo y con el cual el pasajero interesado no mantiene ninguna relación contractual?

2.

En caso de ser aplicable el artículo 5, punto 1, del Reglamento (CE) n.o 44/2001:

En un caso de transporte de personas en dos vuelos sin permanencia significativa en el aeropuerto de transbordo, ¿debe considerarse como lugar de cumplimiento, a efectos del artículo 5, punto 1, letra b), segundo guion, del Reglamento (CE) n.o 44/2001, el destino final del pasajero aun cuando el derecho a compensación, con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) n.o 261/2004, reclamado en la demanda se base en una incidencia sucedida en el primer trayecto y la demanda se dirija contra el transportista aéreo encargado de efectuar el primer vuelo, que no era parte del contrato de transporte?

30.1.2017   

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C 30/18

—

las cuentas anuales deberán ofrecer una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, así como de los resultados de la sociedad (artículo 2, apartado 3, de la Directiva);

—

las provisiones para riesgos y cargas tendrán por objeto cubrir pérdidas o deudas que estén claramente circunscritas en cuanto a su naturaleza pero que, en la fecha de cierre del balance, sean probables o ciertas pero indeterminadas en cuanto a su importe o a la fecha de su producción (artículo 20, apartado 1, de la Directiva);

—

en todos los casos deberá observarse el principio de prudencia y, en particular:

—

se deberán tener en cuenta las cargas e ingresos relativos al ejercicio a que se refieran las cuentas, sin consideración de la fecha de pago o de cobro de tales cargas o ingresos [artículo 31, apartado 1, letra d), de la Directiva];

—

los elementos de las partidas del activo y del pasivo deberán valorarse por separado [artículo 31, apartado 1, letra e), de la Directiva]

30.1.2017   

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C 30/19

30.1.2017   

ES

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C 30/20

1)

¿Puede aplicarse la competencia establecida en el artículo 64, apartado 1, inicio y letra c), del Reglamento n.o 883/2004, (1) habida cuenta de los artículos 63 y 7 de dicho Reglamento y del objetivo y del alcance del mismo, así como de la libre circulación de personas y trabajadores, de tal manera que, en principio, se denegará una solicitud de prorrogar la exportación de una prestación de desempleo, a menos que, a juicio del Uwv [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen], en virtud de las circunstancias específicas del caso concreto, por ejemplo en el supuesto de que existan perspectivas concretas y demostrables de conseguir empleo, no se pueda razonablemente denegar la prórroga de la exportación?

2)

En caso de respuesta negativa, ¿cómo deben aplicar los Estados miembros la competencia establecida en el artículo 64, apartado 1, inicio y letra c), del Reglamento n.o 883/2004?

30.1.2017   

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C 30/20

1)

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, del Reglamento n.o 650/2012 (1) en el sentido de que el ámbito de aplicación del Reglamento («sucesiones por causa de muerte») comprende también las disposiciones del Derecho nacional que, como el artículo 1371, apartado 1, del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán; en lo sucesivo, «BGB»), regulan las cuestiones en materia de régimen económico matrimonial tras el fallecimiento de un cónyuge con el incremento de la parte alícuota correspondiente al otro cónyuge en la herencia?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿deben interpretarse, no obstante, los artículos 68, letra l), y 67, apartado 1, del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que en el certificado sucesorio europeo puede constar plenamente la parte alícuota correspondiente al cónyuge supérstite en la herencia, aunque consista en una fracción de un incremento derivado de una disposición relativa al régimen económico matrimonial como el artículo 1371, apartado 1, del BGB?

En caso de respuesta negativa a esta cuestión, ¿puede responderse afirmativamente, con carácter excepcional, en situaciones en que:

3)

En caso de respuesta negativa a las dos cuestiones anteriores, ¿debe interpretarse el artículo 68, letra l), del Reglamento n.o 650/2012 en el sentido de que en el certificado sucesorio europeo puede constar plenamente (si bien a título meramente informativo a causa del incremento) la parte alícuota correspondiente al cónyuge supérstite en la herencia, incrementada en virtud de la norma relativa al régimen económico matrimonial?

30.1.2017   

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C 30/21

1)

A efectos del principio de equivalencia entre trabajadores temporales e indefinidos ¿deben considerarse «situaciones comparables» la extinción del contrato de trabajo por «circunstancias objetivas» ex art. 49.1 c) ET y la derivada de «causas objetivas» ex art. 52 ET, y por tanto la diferencia indemnizatoria en uno y otro supuesto constituye una desigualdad de trato entre trabajadores temporales e indefinidos, prohibida por la Directiva 1999/70 CE del Consejo (1), de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada?

2)

De ser así, ¿debe entenderse que los objetivos de política social que legitimaron la creación de la modalidad contractual de relevo, justifican también, conforme a la cláusula 4.1 del antes citado Acuerdo marco, la diferencia de trato a la hora de indemnizar peyorativamente la extinción de la relación laboral, cuando el empresario opta libremente porque tal contrato de relevo sea de duración determinada?

3)

A efectos de garantizar el efecto útil de la citada Directiva 1999/70/CE, de entenderse que no hay una justificación razonable conforme a la cláusula 4.1 ¿ha de interpretarse que la desigualdad de trato en la indemnización por extinción contractual entre trabajadores temporales y fijos en la normativa española antes referida, constituye una discriminación de las prohibidas en el art. 21 de la Carta, resultando contraria a los principios de igualdad de trato y de no discriminación, que forman parte de los principios generales del Derecho de la Unión?

30.1.2017   

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C 30/22

—

Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal General en el asunto T-460/13 en cuanto que desestima su pretensión de anulación de la Decisión de la Comisión Europea de 19 de junio de 2013 en el asunto COMP/39226 — Lundbeck (citalopram), que declaró la existencia de una infracción por el objeto del artículo 101 TFUE, apartado 1, y del artículo 53 EEE, en la medida en que afecta a las recurrentes.

—

Que se anule el artículo 1, apartado 4, de la Decisión en la medida en que afecta a las recurrentes.

—

Que se anule el artículo 2, apartado 4, de la Decisión en la medida en que impone multas a las recurrentes o, con carácter subsidiario, que se reduzca el importe de dichas multas.

—

Que se condene a la Comisión al pago de las costas y demás gastos de las recurrentes en relación con este asunto y que se adopte cualquier otra medida que el Tribunal de Justicia considere apropiada.

1.

El Tribunal General no aplicó correctamente el criterio establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Cartes Bancaires/Comisión (C-67/13 P, EU:C:2014:2204; en lo sucesivo, «asunto Cartes Bancaires) para demostrar una infracción «por el objeto» del artículo 101 TFUE, apartado 1. El acuerdo entre las recurrentes y H. Lundbeck A/S (en lo sucesivo, «Lundbeck») que surtió efecto el 16 de junio de 2002 (en lo sucesivo, «acuerdo») no tenía, por su propia naturaleza, efectos nocivos para la competencia. Su finalidad era, prima facie, resolver amistosamente un litigio en materia de patentes entre las recurrentes y Lundbeck. Para determinar si el acuerdo era realmente nocivo para la competencia era necesario que la Comisión examinara sus efectos.

2.

Al concluir que existía «competencia potencial» material entre las recurrentes y Lundbeck en el momento del acuerdo, el Tribunal General manifiestamente desnaturalizó las pruebas que obraban en autos. La Comisión debía demostrar objetivamente que las recurrentes tenían una posibilidad real y concreta de entrar en el mercado de manera económicamente viable. Las pruebas demostraban que (a) tal entrada no era una posibilidad real o concreta, ni desde el punto de vista objetivo ni en términos de viabilidad económica, antes de la expiración del acuerdo; y que, (b) en las negociaciones que condujeron al acuerdo, las recurrentes no tenían ningún incentivo de veracidad en cuanto a su disposición para entrar en el mercado y que convencieron mediante engaño a Lundbeck para que consintiera tanto el suministro de su propio producto a las recurrentes a un precio reducido como para efectuar un pago a las recurrentes. Esto realmente permitió a éstas entrar en el mercado inmediatamente, lo que, crucialmente, no podría haberse producido de otro modo. El Tribunal General no tuvo en cuenta la distinción clave entre las recurrentes y otros fabricantes de genéricos que firmaron acuerdos con Lundbeck, que consiste en que las recurrentes no tenían posibilidad realista y concreta de obtener una autorización de comercialización durante el plazo del acuerdo.

3.

En cualquier caso, no debería haberse impuesto ninguna sanción a las recurrentes. En el momento del acuerdo, las Directrices de la Comisión no consideraban tales acuerdos una infracción «por el objeto». Es un caso nuevo en el que Lundbeck, prima facie, estaba protegida frente a la competencia por sus patentes y por las barreras reglamentarias y en el que las recurrentes en realidad mejoraron su capacidad para competir con Lundbeck en el mercado de referencia, obteniendo con un descuento suministros de los productos de Lundbeck que podían etiquetar como propios. La sanción a las recurrentes no tuvo en cuenta el carácter novedoso de la infracción y el retraso no razonable de la Comisión: la notificación de la investigación podría fácilmente haberse efectuado a las recurrentes más de cinco años antes del momento en que se produjo realmente.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/23

—

Que se anule la sentencia o que se adopte cualquier otra medida que en Derecho proceda.

1.

Primer motivo, basado en que el Tribunal General no ha demostrado que los acuerdos amistosos constituyen infracciones «por el objeto», en el sentido de la sentencia Cartes Bancaires. En particular, el Tribunal General no ha explicado de qué modo los acuerdos amistosos revelan por sí mismos un grado de nocividad suficiente para la competencia sin necesidad de valorar sus efectos reales y potenciales. En su lugar, el Tribunal General expresa sus dudas y su incertidumbre acerca de puntos decisivo del análisis de los acuerdos amistosos.

2.

Segundo motivo, basado en que las pruebas que sustentan la conclusión del Tribunal General no reúnen los requisitos de precisión, fiabilidad, coherencia y exhaustividad, requisitos que este Tribunal ha identificado como necesarios para cumplir con la carga de probar una infracción «por el objeto».

3.

Tercer motivo, basado en que el Tribunal General ha invertido la carga de la prueba al imponer a Generics (UK), para defender la legalidad de los acuerdos amistosos, la obligación de demostrar que se habría entablado necesariamente un litigio en caso de lanzamiento corriendo el riesgo y que Generics (UK) habría perdido sin duda tal litigio.

4.

Cuarto motivo, basado en que el Tribunal General no realizó un control pleno de la desestimación de la aplicabilidad del artículo 101 TFUE, apartado 3, por la Comisión.

5.

Quinto motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al ejercer su control de la legalidad ultra vires cuando declaró la existencia de una nueva infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, a la que no hacía referencia la Decisión y cuando sustituyó las comprobaciones de la Comisión por las suyas propias.

6.

Sexto motivo, basado en que el Tribunal General no identificó pruebas claras, precisas y no contradictorias para confirmar la declaración de que Generics (UK) había cometido la supuesta infracción deliberadamente, según exige el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado.

30.1.2017   

ES

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C 30/24

—

Que se declare que, con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/118/CE, (1) al establecer y mantener en vigor legislación que permite la puesta a disposición de productos petrolíferos sin abonar el impuesto especial en las estaciones de servicio de la empresa «Hellenic Duty Free Shops SA» situadas en los puntos fronterizos de Kipos (en Evros), Karavia y Euzoni, que se encuentran en zonas limítrofes con terceros Estados, concretamente Turquía, Albania y la Antigua República Yugoeslava de Macedonia.

—

Que se condene en costas a la República Helénica.

1.

Con arreglo al dictamen motivado remitido por la Comisión a las autoridades griegas el 1 de septiembre de 2014, Grecia, mediante la aprobación de esta puesta a disposición de productos petrolíferos en las estaciones de servicio que gestiona la empresa «Hellenic Duty Free Shops SA» en los puntos fronterizos de Kipos (en Evros), Karavia y Euzoni, que no está gravada con el impuesto especial correspondiente, incumple las obligaciones que impone la Directiva 2008/118, relativa al régimen general de los impuestos especiales, ya que no tiene en cuenta que esta puesta a disposición es un despacho a consumo real. La venta directa de combustible a vehículos en las mencionadas estaciones de servicio es un despacho a consumo y está sometida a impuestos especiales.

2.

Los supuestos que permiten establecer una excepción a la norma de principio, que establece que el impuesto se devenga en el Estado miembro en cuyo territorio tiene lugar el despacho a consumo, están expresamente recogidos por el legislador de la Unión Europea. La aplicación de los procedimientos simplificados para la exportación a un tercer Estado a la puesta a disposición de productos petrolíferos que está sometida a impuestos especiales es contraria a la Directiva 2008/118, por cuanto no está incluida en el ámbito de aplicación de ninguna de sus disposiciones relevantes.

30.1.2017   

ES

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C 30/25

—

Que se anule total o parcialmente la sentencia.

—

Que se anule la Decisión en la medida en que resulta aplicable a las recurrentes o, con carácter subsidiario, que se anulen las multas impuestas a las recurrentes con arreglo a la Decisión o, con carácter subsidiario de segundo grado, que se reduzcan considerablemente las multas impuestas a las recurrentes con arreglo a la Decisión.

—

Que se condene a la Comisión a pagar las costas y demás gastos de las recurrentes con relación a este procedimiento y al procedimiento ante el Tribunal General.

—

En caso de que resulte necesario, que se devuelva el asunto al Tribunal General para que éste resuelva de conformidad con la sentencia del Tribunal de Justicia.

—

Que adopte cualquier otra medida que el Tribunal de Justicia considere adecuada.

30.1.2017   

ES

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C 30/26

—

Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Novena ampliada) dictada el 15 de septiembre de 2016 en el asunto T-346/14, en la medida en que se especifica en el recurso de casación, es decir, por lo que respecta a los puntos 2 y 4 del fallo de dicha sentencia.

—

Estime las pretensiones de la parte recurrente formuladas en el procedimiento ante el Tribunal General en la medida especificada a continuación, esto es, que:

en la medida en que esas medidas afectan a la parte recurrente; y

—

Condene al Consejo de la Unión Europea a cargar con las costas del recurso de casación y del recurso de anulación formulado en el escrito de adaptación.

1.

Primer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al concluir que el criterio de inscripción en la lista establecido en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/119 PESC, tal como fue modificado por la Segunda Decisión de Modificación, es compatible con los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común definidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea. El Tribunal General no reconoció que los supuestos actos de apropiación indebida de fondos estatales deben ser, al menos, objeto de actuaciones penales en curso o de otros procedimientos judiciales en el país de que se trate cuando, como en el caso de autos, existen pruebas creíbles de que el país en cuestión no tiene un historial consistente y adecuado de respeto de los principios fundamentales de los derechos humanos o de observancia del Estado de Derecho.

2.

Segundo motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho 1) al no concluir que existían pruebas creíbles de que Ucrania no tiene un historial consistente y adecuado de respeto de los derechos humanos o de respeto del Estado de Derecho y 2) al calificar como «alta instancia judicial» a determinadas autoridades ucranianas en cuyas pruebas se fundamentó el Consejo de la Unión Europea. El Tribunal General también incurrió en error por no proporcionar ninguna motivación en lo que respecta a sus posiciones sobre los puntos 1) y 2).

3.

Tercer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho 1) al concluir que la inclusión del nombre del recurrente en la lista, basada en un escrito de las autoridades ucranianas de 10 de octubre de 2014, cumple el criterio de inscripción en la lista y 2) al concluir que el Consejo no incurrió en ningún error manifiesto de apreciación con respecto a la inclusión del recurrente en la lista.

30.1.2017   

ES

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C 30/27

—

Anule la sentencia del Tribunal General (Sala Novena ampliada) dictada el 15 de septiembre de 2016 en el asunto T-346/14, en la medida en que se especifica en el recurso de casación, es decir, por lo que respecta a los puntos 2 y 4 del fallo de dicha sentencia.

—

Estime las pretensiones de la parte recurrente formuladas en el procedimiento ante el Tribunal General en la medida especificada a continuación, esto es, que:

en la medida en que esas medidas afectan a la parte recurrente; y

—

Condene al Consejo de la Unión Europea a cargar con las costas del recurso de casación y del recurso de anulación formulado en el escrito de adaptación.

1.

Primer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al concluir que el criterio de inscripción en la lista establecido en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/119/PESC, tal como fue modificado por la Segunda Decisión de Modificación, es compatible con los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común definidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea. El Tribunal General no reconoció que los supuesto actos de apropiación indebida de fondos estatales deben ser, al menos, objeto de actuaciones penales en curso o de otros procedimientos judiciales en el país de que se trate cuando, como en el caso de autos, existen pruebas creíbles de que el país en cuestión no tiene un historial consistente y adecuado de respeto de los principios fundamentales de los derechos humanos o de observancia del Estado de Derecho.

2.

Segundo motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho 1) al no concluir que existían pruebas creíbles de que Ucrania no tiene un historial consistente y adecuado de respeto de los derechos humanos o de respeto del Estado de Derecho y 2) al calificar como «alta instancia judicial» a determinadas autoridades ucranianas en cuyas pruebas se fundamentó el Consejo de la Unión Europea. El Tribunal General también incurrió en error por no proporcionar ninguna motivación en lo que respecta a sus posiciones sobre los puntos 1) y 2).

3.

Tercer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho 1) al concluir que la inclusión del nombre del recurrente en la lista, basada en un escrito de las autoridades ucranianas de 30 de diciembre de 2014, cumple el criterio de inscripción en la lista y 2) al concluir que el Consejo no incurrió en ningún error manifiesto de apreciación con respecto a la inclusión del recurrente en la lista.

30.1.2017   

ES

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C 30/28

—

Anule la sentencia del Tribunal General de 14 de septiembre de 2016, National Iranian Tanker Company/Consejo de la Unión Europea (asunto T-207/15).

—

Resuelva el litigio planteado ante el Tribunal General y en particular:

—

Condene a la parte recurrida a cargar con las costas del presente recurso y del procedimiento ante el Tribunal General.

1.

Primer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al considerar que la Decisión (PESC) 2015/236 del Consejo, de 12 de febrero de 2015 y el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2015/230 del Consejo, de 12 de febrero de 2015, no infringían los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica, confianza legítima y finalidad, o el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

2.

Segundo motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al declarar que se cumplían los criterios para la designación respecto a la recurrente.

3.

Tercer motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al declarar que la injerencia en los derechos fundamentales de la recurrente era proporcionada.

4.

Cuarto motivo, basado en que el Tribunal General incurrió en error al rechazar el argumento subsidiario de la recurrente de que una interpretación amplia del criterio de designación lo convertiría en desproporcionado.

30.1.2017   

ES

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C 30/29

—

Anule la sentencia del Tribunal General de 8 de septiembre de 2016 en el asunto T-467/13, o bien, subsidiariamente, los artículos 1, 2 y 3 de la Decisión C(2013) 3803 final de la Comisión, de 19 de junio de 2013, en el asunto AT.39226-Lundbeck, en la medida en que afectan a Arrow.

—

Con carácter subsidiario de segundo grado, anule la sentencia del Tribunal General de 8 de septiembre de 2016 en el asunto T-467/13 y devuelva el asunto al referido Tribunal General.

—

Con carácter subsidiario de tercer grado, anule la sentencia del Tribunal General de 8 de septiembre de 2016 en el asunto T-467/13 en la medida en que confirmó la multa impuesta a Arrow en virtud del artículo 2 de la Decisión C(2013) 3803 final de la Comisión, en lo que concierne a los acuerdos británico y danés, o bien reduzca el importe de dicha multa.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

En primer lugar, el Tribunal General trasladó a Arrow la carga de la prueba, liberando a la Comisión de su obligación de probar la existencia de competidores potenciales.

2.

En segundo lugar, el Tribunal General incurrió en error al deducir la existencia de competidores potenciales de una serie de hipótesis, en contra del principio según el cual la competencia potencial requiere la existencia de una posibilidad real y concreta de entrada en el mercado.

3.

En tercer lugar, el Tribunal General atribuyó una importancia indebida a las intenciones de Lundbeck y no valoró correctamente la fuerza probatoria de circunstancias de hecho que se dieron tras la celebración del acuerdo.

4.

En cuarto lugar, el Tribunal General omitió considerar la posible trascendencia de la sentencia «Paroxetine» del Tribunal británico.

5.

En quinto lugar, el Tribunal General dedujo indebidamente la existencia de competidores potenciales de la circunstancia de que Arrow había adoptado medidas para preparar su entrada en el mercado.

6.

En sexto lugar, el Tribunal General incurrió en error al aplicar una presunción de invalidez inicial y de ausencia de infracción de las patentes de Lundbeck.

1.

En primer lugar, el Tribunal General no tuvo en cuenta que un acuerdo que «simplemente puede» restringir la competencia no constituye una infracción por el objeto.

2.

En segundo lugar, el Tribunal General incurrió en error de apreciación al calificar los acuerdos, en esencia, de acuerdos de exclusión del mercado.

3.

En tercer lugar, el Tribunal General concluyó erróneamente que la Comisión podía demostrar el objeto anticompetitivo de los acuerdos sin necesidad de tener en cuenta cuál habría sido la situación de no haber existido los acuerdos.

30.1.2017   

ES

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C 30/31

—

Anule la sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016, notificada al Consejo el 16 de septiembre de 2016, en el asunto T-111/14, Unitec Bio SA/Consejo de la Unión Europea.

—

Desestime el recurso de anulación formulado por la demandante en primera instancia contra el Reglamento impugnado.

—

Condene a la demandante en primera instancia a cargar con las costas del Consejo, respecto de las ocasionadas tanto en dicha primera instancia como en el presente recurso de casación.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para que sea examinado de nuevo.

—

Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento en primera instancia y del presente recurso de casación.

1.

Primero. El Tribunal General aplicó un criterio jurídico erróneo a la hora de apreciar si el Consejo disponía de pruebas que le permitieran decidir que los precios internos de las materias primas obtenidos de los registros de los exportadores argentinos pertinentes estaban tan distorsionados que había razones suficientes para no tenerlos en cuenta y acudir, en su lugar, a los criterios del artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de base. (1) Como consecuencia de ello, el Tribunal General aplicó a la institución una carga de la prueba que resulta excesiva.

2.

Segundo. El Tribunal General no ha motivado de forma adecuada su conclusión según la cual las pruebas aportadas por las instituciones no han demostrado suficientemente que los precios de las materias primas en Argentina hayan resultado sensiblemente distorsionados por efecto del sistema de tasas diferenciales a la exportación.

3.

Tercero. El fallo de la sentencia recurrida, que anula el derecho antidumping en la medida en que afecta a la demandante en la primera instancia, es desproporcionado en relación con el único motivo de anulación considerado por el Tribunal General, lo que implica que la declaración de ilegalidad produce efectos indebidos.

4.

El Consejo demostrará que la sentencia recurrida adolece de diversos errores de Derecho que la invalidan. Además, el Consejo entiende que los hechos relativos al primer motivo invocado por la demandante en la primera instancia están suficientemente probados, de manera que el Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre la base del mismo y desestimar el recurso de la referida demandante.

5.

Por consiguiente, el Consejo solicita respetuosamente que se anule la sentencia recurrida y se desestime el recurso de anulación del Reglamento impugnado formulado en primera instancia por la demandante.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/32

—

Anule la sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016, notificada al Consejo el 16 de septiembre de 2016, en el asunto T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia y PT Wilmar Nabati Indonesia/Consejo de la Unión Europea.

—

Desestime el recurso de anulación formulado en primera instancia contra el Reglamento impugnado.

—

Condene a las demandantes en primera instancia a cargar con las costas del Consejo, respecto de las ocasionadas tanto en dicha primera instancia como en el presente recurso de casación.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para que sea examinado de nuevo.

—

Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento en primera instancia y del presente recurso de casación.

1.

Primero. El Tribunal General aplicó un criterio jurídico erróneo a la hora de apreciar si el Consejo disponía de pruebas que le permitieran decidir que los precios internos de las materias primas obtenidos de los registros de los exportadores indonesios pertinentes estaban tan distorsionados que había razones suficientes para no tenerlos en cuenta y acudir, en su lugar, a los criterios del artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de base. (1) Como consecuencia de ello, el Tribunal General aplicó a la institución una carga de la prueba que resulta excesiva.

2.

Segundo. El Tribunal General no ha motivado de forma adecuada su conclusión según la cual las pruebas aportadas por las instituciones no han demostrado suficientemente que los precios de las materias primas en Indonesia hayan resultado sensiblemente distorsionados por efecto del sistema de tasas diferenciales a la exportación.

3.

Tercero. El fallo de la sentencia recurrida, que anula el derecho antidumping en la medida en que afecta a las demandantes en la primera instancia, es desproporcionado en relación con el único motivo de anulación acogido por el Tribunal General, lo que implica que la declaración de ilegalidad produce efectos indebidos.

4.

El Consejo demostrará que la sentencia recurrida adolece de diversos errores de Derecho que la invalidan. Además, el Consejo entiende que los hechos relativos al sexto motivo invocado por las demandantes en la primera instancia están suficientemente probados, de manera que el Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre la base del mismo y desestimar el recurso de las referidas demandantes.

5.

Por consiguiente, el Consejo solicita respetuosamente que se anule la sentencia recurrida y se desestime el recurso de anulación del Reglamento impugnado formulado por las demandantes.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/33

—

Anule la sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016, notificada al Consejo el 16 de septiembre de 2016, en el asunto T-121/14, PT Pelita Agung Agrindustri/Consejo de la Unión Europea.

—

Desestime el recurso de anulación formulado en primera instancia contra el Reglamento impugnado.

—

Condene a la demandante en primera instancia a cargar con las costas del Consejo, respecto de las ocasionadas tanto en dicha primera instancia como en el presente recurso de casación.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para que sea examinado de nuevo.

—

Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento en primera instancia y del presente recurso de casación.

1.

Primero. El Tribunal General aplicó un criterio jurídico erróneo a la hora de apreciar si el Consejo disponía de pruebas que le permitieran decidir que los precios internos de las materias primas obtenidos de los registros de los exportadores indonesios pertinentes estaban tan distorsionados que había razones suficientes para no tenerlos en cuenta y acudir, en su lugar, a los criterios del artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de base. (1) Como consecuencia de ello, el Tribunal General aplicó a la institución una carga de la prueba que resulta excesiva.

2.

Segundo. El Tribunal General no ha motivado de forma adecuada su conclusión según la cual las pruebas aportadas por las instituciones no han demostrado suficientemente que los precios de las materias primas en Indonesia hayan resultado sensiblemente distorsionados por efecto del sistema de tasas diferenciales a la exportación.

3.

Tercero. El fallo de la sentencia recurrida, que anula el derecho antidumping en la medida en que afecta a la demandante en la primera instancia, es desproporcionado en relación con el único motivo de anulación acogido por el Tribunal General, lo que implica que la declaración de ilegalidad produce efectos indebidos.

4.

El Consejo demostrará que la sentencia recurrida adolece de diversos errores de Derecho que la invalidan. Además, el Consejo entiende que los hechos relativos al segundo motivo invocado por la demandante en la primera instancia están suficientemente probados, de manera que el Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre la base del mismo y desestimar el recurso de la referida demandante.

5.

Por consiguiente, el Consejo solicita respetuosamente que se anule la sentencia recurrida y se desestime el recurso de anulación del Reglamento impugnado formulado en primera instancia por la demandante.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/34

—

Anule la sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016, notificada al Consejo el 16 de septiembre de 2016, en el asunto T-120/14, PT Ciliandra Perkasa/Consejo de la Unión Europea.

—

Desestime el recurso de anulación formulado en primera instancia contra el Reglamento impugnado.

—

Condene a la demandante en primera instancia a cargar con las costas del Consejo, respecto de las ocasionadas tanto en dicha primera instancia como en el presente recurso de casación.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para que sea examinado de nuevo.

—

Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento en primera instancia y del presente recurso de casación.

1.

Primero. El Tribunal General aplicó un criterio jurídico erróneo a la hora de apreciar si el Consejo disponía de pruebas que le permitieran decidir que los precios internos de las materias primas obtenidos de los registros de los exportadores indonesios pertinentes estaban tan distorsionados que había razones suficientes para no tenerlos en cuenta y acudir, en su lugar, a los criterios del artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de base. (1) Como consecuencia de ello, el Tribunal General aplicó a la institución una carga de la prueba que resulta excesiva.

2.

Segundo. El Tribunal General no ha motivado de forma adecuada su conclusión según la cual las pruebas aportadas por las instituciones no han demostrado suficientemente que los precios de las materias primas en Indonesia hayan resultado sensiblemente distorsionados por efecto del sistema de tasas diferenciales a la exportación.

3.

Tercero. El fallo de la sentencia recurrida, que anula el derecho antidumping en la medida en que afecta a la demandante en la primera instancia, es desproporcionado en relación con el único motivo de anulación acogido por el Tribunal General, lo que implica que la declaración de ilegalidad produce efectos indebidos.

4.

El Consejo demostrará que la sentencia recurrida adolece de diversos errores de Derecho que la invalidan. Además, el Consejo entiende que los hechos relativos al tercer motivo invocado por la demandante en la primera instancia están suficientemente probados, de manera que el Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre la base del mismo y desestimar el recurso de la referida demandante.

5.

Por consiguiente, el Consejo solicita respetuosamente que se anule la sentencia recurrida y se desestime el recurso de anulación del Reglamento impugnado formulado en primera instancia por la demandante.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/35

—

Anule la sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016, notificada al Consejo el 16 de septiembre de 2016, en el asunto T-80/14, PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas)/Consejo de la Unión Europea.

—

Desestime el recurso de anulación formulado en primera instancia contra el Reglamento impugnado.

—

Condene a la demandante en primera instancia a cargar con las costas del Consejo, respecto de las ocasionadas tanto en dicha primera instancia como en el presente recurso de casación.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para que sea examinado de nuevo.

—

Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento en primera instancia y del presente recurso de casación.

1.

Primero. El Tribunal General aplicó un criterio jurídico erróneo a la hora de apreciar si el Consejo disponía de pruebas que le permitieran decidir que los precios internos de las materias primas obtenidos de los registros de los exportadores indonesios pertinentes estaban tan distorsionados que había razones suficientes para no tenerlos en cuenta y acudir, en su lugar, a los criterios del artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de base. (1) Como consecuencia de ello, el Tribunal General aplicó a la institución una carga de la prueba que resulta excesiva.

2.

Segundo. El Tribunal General no ha motivado de forma adecuada su conclusión según la cual las pruebas aportadas por las instituciones no han demostrado suficientemente que los precios de las materias primas en Indonesia hayan resultado sensiblemente distorsionados por efecto del sistema de tasas diferenciales a la exportación.

3.

Tercero. El fallo de la sentencia recurrida, que anula el derecho antidumping en la medida en que afecta a la demandante en la primera instancia, es desproporcionado en relación con el único motivo de anulación acogido por el Tribunal General, lo que implica que la declaración de ilegalidad produce efectos indebidos.

4.

El Consejo demostrará que la sentencia recurrida adolece de diversos errores de Derecho que la invalidan. Además, el Consejo entiende que los hechos relativos a la segunda parte del segundo motivo invocado por la demandante en la primera instancia están suficientemente probados, de manera que el Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre la base del mismo y desestimar el recurso de la referida demandante.

5.

Por consiguiente, el Consejo solicita respetuosamente que se anule la sentencia recurrida y se desestime el recurso de anulación del Reglamento impugnado formulado en primera instancia por la demandante.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/36

—

Anule la sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016, notificada al Consejo el 16 de septiembre de 2016, en los asuntos T-112/14 a T-116/14 y T-119/14, Molinos Río de la Plata SA y otros/Consejo de la Unión Europea.

—

Desestime los recursos de anulación formulados en primera instancia contra el Reglamento impugnado.

—

Condene a las demandantes en primera instancia a cargar con las costas del Consejo, respecto de las ocasionadas tanto en dicha primera instancia como en el presente recurso de casación.

—

Devuelva los asuntos al Tribunal General para que sean examinados de nuevo.

—

Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento en primera instancia y del presente recurso de casación.

1.

Primero. El Tribunal General aplicó un criterio jurídico erróneo a la hora de apreciar si el Consejo disponía de pruebas que le permitieran decidir que los precios internos de las materias primas obtenidos de los registros de los exportadores argentinos pertinentes estaban tan distorsionados que había razones suficientes para no tenerlos en cuenta y acudir, en su lugar, a los criterios del artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de base. (1) Como consecuencia de ello, el Tribunal General aplicó a la institución una carga de la prueba que resulta excesiva.

2.

Segundo. El Tribunal General no ha motivado de forma adecuada su conclusión según la cual las pruebas aportadas por las instituciones no han demostrado suficientemente que los precios de las materias primas en Argentina hayan resultado sensiblemente distorsionados por efecto del sistema de tasas diferenciales a la exportación.

3.

Tercero. El fallo de la sentencia recurrida, que anula el derecho antidumping en la medida en que afecta a las demandantes en la primera instancia, es desproporcionado en relación con el único motivo de anulación considerado por el Tribunal General, lo que implica que la declaración de ilegalidad produce efectos indebidos.

4.

El Consejo demostrará que la sentencia recurrida adolece de diversos errores de Derecho que la invalidan. Además, el Consejo entiende que los hechos relativos al primer motivo invocado por las demandantes en la primera instancia están suficientemente probados, de manera que el Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre la base del mismo y desestimar los recursos de las referidas demandantes.

5.

Por consiguiente, el Consejo solicita respetuosamente que se anule la sentencia recurrida y se desestimen los recursos de anulación del Reglamento impugnado formulados en primera instancia por las demandantes.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/37

—

Anule la sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016, notificada al Consejo el 16 de septiembre de 2016, en el asunto T-117/14, Cargill SACI/Consejo de la Unión Europea.

—

Desestime el recurso de anulación formulado por la demandante en primera instancia contra el Reglamento impugnado.

—

Condene a la demandante en primera instancia a cargar con las costas del Consejo, respecto de las ocasionadas tanto en dicha primera instancia como en el presente recurso de casación.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para que sea examinado de nuevo.

—

Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento en primera instancia y del presente recurso de casación.

1.

Primero. El Tribunal General aplicó un criterio jurídico erróneo a la hora de apreciar si el Consejo disponía de pruebas que le permitieran decidir que los precios internos de las materias primas obtenidos de los registros de los exportadores argentinos pertinentes estaban tan distorsionados que había razones suficientes para no tenerlos en cuenta y acudir, en su lugar, a los criterios del artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de base. (1) Como consecuencia de ello, el Tribunal General aplicó a la institución una carga de la prueba que resulta excesiva.

2.

Segundo. El Tribunal General no ha motivado de forma adecuada su conclusión según la cual las pruebas aportadas por las instituciones no han demostrado suficientemente que los precios de las materias primas en Argentina hayan resultado sensiblemente distorsionados por efecto del sistema de tasas diferenciales a la exportación.

3.

Tercero. El fallo de la sentencia recurrida, que anula el derecho antidumping en la medida en que afecta a la demandante en la primera instancia, es desproporcionado en relación con el único motivo de anulación considerado por el Tribunal General, lo que implica que la declaración de ilegalidad produce efectos indebidos.

4.

El Consejo demostrará que la sentencia recurrida adolece de diversos errores de Derecho que la invalidan. Además, el Consejo entiende que los hechos relativos al primer motivo invocado por la demandante en la primera instancia están suficientemente probados, de manera que el Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre la base del mismo y desestimar el recurso de la referida demandante.

5.

Por consiguiente, el Consejo solicita respetuosamente que se anule la sentencia recurrida y se desestime el recurso de anulación del Reglamento impugnado formulado en primera instancia por la demandante.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/38

—

Anule la sentencia del Tribunal General de 15 de septiembre de 2016, notificada al Consejo el 16 de septiembre de 2016, en el asunto T-118/14, LDC Argentina SA/Consejo de la Unión Europea.

—

Desestime el recurso de anulación formulado por la demandante en primera instancia contra el Reglamento impugnado.

—

Condene a la demandante en primera instancia a cargar con las costas del Consejo, respecto de las ocasionadas tanto en dicha primera instancia como en el presente recurso de casación.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para que sea examinado de nuevo.

—

Reserve la decisión sobre las costas del procedimiento en primera instancia y del presente recurso de casación.

1.

Primero. El Tribunal General aplicó un criterio jurídico erróneo a la hora de apreciar si el Consejo disponía de pruebas que le permitieran decidir que los precios internos de las materias primas obtenidos de los registros de los exportadores argentinos pertinentes estaban tan distorsionados que había razones suficientes para no tenerlos en cuenta y acudir, en su lugar, a los criterios del artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de base. (1) Como consecuencia de ello, el Tribunal General aplicó a la institución una carga de la prueba que resulta excesiva.

2.

Segundo. El Tribunal General no ha motivado de forma adecuada su conclusión según la cual las pruebas aportadas por las instituciones no han demostrado suficientemente que los precios de las materias primas en Argentina hayan resultado sensiblemente distorsionados por efecto del sistema de tasas diferenciales a la exportación.

3.

Tercero. El fallo de la sentencia recurrida, que anula el derecho antidumping en la medida en que afecta a la demandante en la primera instancia, es desproporcionado en relación con el único motivo de anulación considerado por el Tribunal General, lo que implica que la declaración de ilegalidad produce efectos indebidos.

4.

El Consejo demostrará que la sentencia recurrida adolece de diversos errores de Derecho que la invalidan. Además, el Consejo entiende que los hechos relativos al primer motivo invocado por la demandante en la primera instancia están suficientemente probados, de manera que el Tribunal de Justicia puede pronunciarse sobre la base del mismo y desestimar el recurso de la referida demandante.

5.

Por consiguiente, el Consejo solicita respetuosamente que se anule la sentencia recurrida y se desestime el recurso de anulación del Reglamento impugnado formulado en primera instancia por la demandante.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/39

—

Anule, en todo o en parte, la sentencia recurrida.

—

Anule, en todo o en parte, la decisión impugnada.

—

Anule o reduzca sustancialmente la multa impuesta.

—

Subsidiariamente, devuelva el asunto al Tribunal General para que resuelva de acuerdo con la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia.

—

Condene a la Comisión a cargar con las costas ocasionadas tanto en el presente procedimiento como en el procedimiento ante el Tribunal General.

1)

El Tribunal General utilizó un criterio jurídico erróneo para apreciar si Alpharma era un competidor potencial en relación con los productos que infringían las patentes de Lundbeck. Ante la falta de pruebas que demuestren la debilidad de tales patentes, éstas deben presumirse válidas, y debe presumirse ilegal la entrada en el mercado con el producto constitutivo de infracción.

2)

Pese a haber reconocido que Alpharma no tuvo conocimiento de que se concedería la patente a Lundbeck y de que sus productos infringían las patentes de esta última hasta poco antes del acuerdo, el Tribunal General omitió apreciar si la Comisión había demostrado que la entrada de Alpharma seguía siendo una estrategia viable desde el punto de vista económico, habida cuenta de la existencia de tales barreras adicionales. En cambio, el Tribunal General se basó en pruebas a las que no se había hecho referencia en la Decisión, y trasladó indebidamente a las recurrentes la carga de la prueba que refutara la alegación de la Comisión de que Alpharma era un competidor potencial.

3)

El Tribunal General utilizó un criterio jurídico erróneo para evaluar si el acuerdo de transacción constituía una restricción de la competencia «por el objeto», puesto que omitió evaluar si la Comisión había demostrado que era probable que dicho acuerdo produjera efectos negativos, y tampoco tuvo en cuenta la falta de experiencia de la Comisión en este tipo de acuerdos sobre patentes.

4)

El Tribunal General omitió apreciar si la Comisión había demostrado que, tal como alegaba, la restricción derivada del acuerdo de transacción sobrepasaba el ámbito de aplicación de las patentes de Lundbeck.

5)

El Tribunal General utilizó un criterio jurídico erróneo para apreciar si la duración de la investigación efectuada por la Comisión había sido excesiva y si, con ello, habían resultado vulnerados los derechos de defensa de las recurrentes.

6)

El Tribunal General incurrió en error al considerar lícito que la Comisión dirigiera la decisión a Zoetis (actualmente, Alpharma LLC) pero no a Merck Generics Holding GmbH, pese a que esta última institución no aportó razón alguna que justificara la distinción entre las situaciones de ambas empresas.

7)

El Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que existía suficiente certeza sobre el régimen legal aplicable cuando se celebró el acuerdo de transacción, y que las recurrentes podían determinar de forma inequívoca cuáles eran sus derechos y sus obligaciones, y adoptar las medidas convenientes al respecto.

8)

El Tribunal General incurrió en error al confirmar la decisión de la Comisión pese a que ésta omitió claramente tener en cuenta la gravedad de la supuesta infracción a la hora de fijar la multa, como prescribe el artículo 23, apartado 3, del Reglamento n.o 1/2003. (1)

9)

El Tribunal General utilizó un criterio jurídico erróneo para establecer el año pertinente a efectos del cálculo del límite del 10 % aplicable a la multa impuesta a A.L. Industrier.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/40

—

Anule el punto 1 del fallo de la sentencia recurrida.

—

Anule los artículos 1, apartado 1, y 2, apartado 1, de la Decisión, y los artículos 3 y 4 de ésta en la medida en que se refieren a Merck.

—

Con carácter subsidiario, anule o reduzca la multa impuesta a Merck.

—

Anule el punto 2 del fallo de la sentencia recurrida y condene a la Comisión a cargar con sus propias costas y con las de Merck, respecto de las ocasionadas tanto en la primera instancia como en el presente recurso de casación.

1.

El primer motivo de la recurrente se basa en un error de Derecho cometido por el Tribunal General, según aquélla, al declarar que los acuerdos de transacción sobre patentes («ATP») celebrados entre Generics (Reino Unido) (en lo sucesivo, «GUK») y Lundbeck constituían restricciones por el objeto en el sentido del artículo 101 TFUE, apartado 1.

2.

El segundo motivo de la recurrente se basa en un error de Derecho cometido por el Tribunal General, según aquélla, al concluir que GUK y Lundbeck eran competidores potenciales en la fecha en que se celebraron los ATP.

3.

El tercer motivo de la recurrente se basa en un error de Derecho cometido por el Tribunal General, según aquélla, al confirmar la multa que le impuso la Comisión.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/42

1)

Declarar inadmisible el recurso, en la parte que insta la anulación del Reglamento (CE) n.o 14/2007 de la Comisión, de 10 de enero de 2007, por el que se modifica por septuagésima cuarta vez el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 467/2001 del Consejo, en cuanto afecta al Sr. Mohammed Al-Ghabra.

2)

Desestimar el recurso por infundado en lo demás.

3)

Condenar al Sr. Al-Ghabra a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

4)

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Consejo de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/43

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a European Dynamics Luxembourg SA y a Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/43

1)

Anular el artículo 2, apartado 1, letra e), de la Decisión C(2014) 9295 final de la Comisión, de 10 de diciembre de 2014, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 101 [TFUE] y con el artículo 53 del Acuerdo EEE (AT.39780 — Sobres).

2)

Condenar en costas a la Comisión Europea.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/44

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a PAL-Bullermann GmbH.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/45

1)

Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 16 de julio de 2015 (asunto R 2755/2014-5) relativa a un procedimiento de oposición entre el Sr. Ramón Guiral Broto y Gastro & Soul GmbH.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

La EUIPO y el Sr. Guiral Broto cargarán con sus propias costas.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/45

1)

Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 16 de julio de 2015 (asunto R 1888/2014-5) relativa a un procedimiento de oposición entre el Sr. Ramón Guiral Broto y Gastro & Soul GmbH.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

La EUIPO y el Sr. Guiral Broto cargarán con sus propias costas.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/46

1)

Desestimar el recurso.

2)

Puro Italian Style SpA cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/46

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Scorpio Poland.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/47

1)

Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 4 noviembre de 2015 (asunto R 1813/2014-2).

2)

Desestimar la oposición formulada por Mueloliva, S.L., al registro internacional que designa a la Unión Europea para la marca denominativa FONTOLIVA solicitada por Sovena Portugal — Consumer Goods, S.A.

3)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

4)

La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Sovena Portugal — Consumer Goods en el procedimiento sustanciado ante el Tribunal.

5)

La EUIPO y Mueloliva cargarán cada una de ellas con la mitad de los gastos indispensables en que haya incurrido Sovena Portugal — Consumer Goods en el procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso de la EUIPO.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/48

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a APAX Partners LLP, incluidos los gastos indispensables soportados por APAX Partners Midmarket a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/48

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Grid applications GmbH.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/49

—

Anule la Decision de la Junta Única de Resolución SRB/ES/SRF/2016/06 de 15 de Abril de 2016 («Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/06)») y la Decisión de la Junta Única de Resolución SRB/ES/SRF/2016/13 de 20 de mayo de 2016 («Decision of the Executive Session of the Board of 20 May 2016 on the adjustment of the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund supplementing the Decision of the Executive Session of the Board of 15 April 2016 on the 2016 ex-ante contributions to the Single Resolution Fund (SRB/ES/SRF/2016/13)»), al menos en la medida en que dichas decisiones afectan a la parte demandante.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la existencia de evidentes vicios sustanciales de forma debido a la falta de notificación (notificación incompleta) de la decisión impugnada.

2.

Segundo motivo, basado en la existencia de evidentes vicios sustanciales de forma debido a la falta de motivación de la decisión impugnada.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/49

—

la anulación de la decisión de 10 de agosto de 2016, por la que el tribunal calificador del concurso EPSO/AST-SC/03/15 excluyó al demandante de dicho concurso;

—

en todo caso, la condena en costas de la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en distintos errores manifiestos de apreciación en los que incurrió el tribunal calificador en la evaluación de la experiencia profesional de la parte demandante.

2.

Segundo motivo, invocado con carácter subsidiario, basado en la motivación insuficiente de la decisión impugnada y fundamentado en la falta de comunicación a la parte demandante de los criterios de selección establecidos por el tribunal calificador del concurso.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/50

—

Considere interpuesto regularmente el recurso de anulación y declare su admisibilidad, de conformidad con el artículo 263 TFUE y a los efectos del artículo 264 TFUE.

—

Anule la Decisión C(2016) 5054 de 9 de agosto de 2016, de conformidad con el artículo 263 TFUE, por cuanto considera que la medida descrita en la denuncia no constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1.

—

Anule la Decisión C(2016) 5054 de 9 de agosto de 2016, de conformidad con el artículo 263 TFUE, por cuanto considera que, aun cuando la medida descrita en la denuncia constituyera una ayuda de Estado, es compatible con el mercado interior en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c).

—

Condene a la Comisión Europea a cargar con las costas del procedimiento y con las de la demandante.

1.

Primer motivo, basado en la falta de fundamentación. La demandante estima que la Decisión adolece de falta de fundamentación, porque en ella se considera que, aun cuando la medida constituyera una ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, sería compatible con el mercado interior en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), sin que esa conclusión esté fundamentada.

2.

Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación. La demandante considera que la Decisión adolece de falta fundamentación, en lo que se refiere a los efectos de la medida de ayuda en la competencia y en el comercio entre los Estados miembros, toda vez que las razones que llevan a la Comisión a afirmar que el efecto de la medida de ayuda en cuestión en el comercio entre los Estados miembros es puramente hipotético o presunto y que, de existir, tendría tan sólo carácter marginal, no están fundamentadas y avalan, en la práctica, la proliferación de medidas de ayuda puntuales análogas, no sólo en la región de Tomar, sino en todo el país, con las consecuencias inherentes en términos de disuasión para para la inversión nacional y la inversión procedente de otros Estados miembros.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, por estimar que la Comisión i) no examinó con la diligencia necesaria y objetivamente si la ayuda de que se trata podía afectar al comercio entre los Estados miembros, ii) no tomó en consideración la inexistencia de un límite o porcentaje mínimo por debajo de los cuales se pueda considerar a priori que el comercio entre los Estados miembros no se ve afectado, iii) no tuvo en cuenta que el menoscabo para el comercio entre los Estados miembros no depende del carácter local o regional de los servicios prestados ni de la importancia de la actividad en cuestión, iv) no destacó suficientemente que cuando una ayuda concedida por el Estado refuerza la posición de una empresa frente a otras empresas competidoras debe considerare que las empresas competidoras de la beneficiaria disfrutarán de condiciones menos favorables para financiar nuevas inversiones en dicho Estado.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/51

—

Anule la Decisión de la Comisión de 1 de septiembre de 2016 por la que se declara compatible con el mercado interior una modificación del acto de la legislación alemana sobre medidas para la promoción del cine alemán en su séptima versión. (1)

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual. (2) Mediante este motivo se alega que:

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 110 TFUE. Las demandantes alegan que:

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 56 TFUE.

4.

Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 49 TFUE.

5.

Quinto motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE.

6.

Sexto motivo, basado en la existencia de vicios sustanciales de forma.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/52

—

Anule la Decisión de la Comisión, de 11 de enero de 2016, sobre el régimen de ayudas estatales en la forma de exención de los beneficios extraordinarios SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) aplicado por Bélgica. (1)

—

Con carácter subsidiario, anule los artículos 2 a 4 de la Decisión.

—

En todo caso, anule los artículos 2 a 4 de la Decisión en la medida en que mediante dichos artículos (a) se exige la recuperación a entidades que no han sido destinatarias de una «decisión anticipada de exención» en el sentido de la referida Decisión, y (b) se exige la recuperación de una cantidad igual al impuesto ahorrado por el beneficiario, sin permitir a Bélgica tomar en consideración los ajustes al alza realizados por otra administración tributaria.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación, el abuso de poder y la falta de motivación, en la medida en que en la Decisión se afirma que existe un régimen de ayudas.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, el incumplimiento de la obligación de motivación y la comisión de un error manifiesto de apreciación, en la medida en que en la Decisión se considera que el supuesto régimen confiere una ventaja selectiva.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, el incumplimiento de la obligación de motivación y la comisión de un error manifiesto de apreciación, en la medida en que en la Decisión se afirma que el supuesto régimen confiere una ventaja.

4.

Cuarto motivo, basado, subsidiariamente, en la infracción del artículo 107 TFUE, la violación del principio de protección de la confianza legítima y del principio de proporcionalidad, la comisión de un error manifiesto de apreciación, el abuso de poder y la falta de motivación, en la medida en que mediante la Decisión se ordena a Bélgica que recupere la ayuda.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/53

—

Anule la decisión de la Comisión Europea de 19 de septiembre de 2016 de no admitir la oferta de la demandante y de atribuir el contrato n.o OIB.02/PO/2016/012/703 al grupo RIDEAUPRESS ITLINE.

—

Estime la pretensión de indemnización formulada por la demandante y que, en consecuencia, condene a la Comisión Europea a pagar a la demandante la cantidad de 387 500 euros en concepto de principal, como indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la pérdida del contrato, más los intereses de demora y judiciales calculados según el tipo legal hasta su pago total.

—

Condene a la Comisión Europea a cargar con la totalidad de las costas del procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en una violación de la obligación de motivación y del derecho de la demandante a una buena administración y del principio de transparencia, en la medida en que, a pesar de las repetidas e insistentes solicitudes de la demandante, la Comisión no le comunicó las especificidades técnicas de los productos del adjudicatario del contrato ni los resultados del informe de evaluación de las ofertas y muestras presentadas por la demandante.

2.

Segundo motivo, basado en una violación de los principios de transparencia e igualdad de trato de los licitadores, tanto en el momento de la elaboración del pliego de condiciones como en el momento de la evaluación de las ofertas de los licitadores por la Comisión. La parte recurrente reprocha, en particular, a la demandada:

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/54

—

Anule la decisión de la Comisión de 19 de septiembre de 2016, Ayuda de Estado SA 44351 (2016/C) (ex2016/NN) — Polonia — Impuesto polaco al comercio minorista, notificada con el número C(2016) 5596.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la calificación errónea del impuesto polaco al comercio minorista como Ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, como consecuencia de una apreciación manifiestamente errónea del requisito relativo a la selectividad.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo de 13 de julio de 2015 por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en la vulneración del principio de proporcionalidad, ya que la Comisión ordenó la suspensión inmediata de la aplicación de la escala progresiva del impuesto polaco al comercio minorista.

3.

Tercer motivo, basado en la motivación defectuosa e insuficiente de la decisión impugnada.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/55

—

Anule la decisión de la Comisión Europea de fecha 21 de septiembre de 2016.

—

Declare ilegales e incompatibles con el mercado común las ayudas abonadas a la CABAB por el FEDER, el Estado francés, el Consejo Regional de Aquitania y el Consejo General de los Pirineos Atlánticos.

—

Requiera al Estado francés, al Consejo Regional de Aquitania y al Consejo General de los Pirineos Atlánticos, entidades estatales autónomas, y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) la restitución de las ayudas ilegalmente abonadas, junto con los intereses legales devengados a partir del momento en que la ayuda fue puesta a su disposición.

—

Condene a la Comisión Europea a cargar con todos los gastos del procedimiento, incluidos los honorarios de los abogados por un importe de 5 000 euros.

1.

Primer motivo, basado en la ilegalidad interna de la decisión de la Comisión Europea.

2.

Segundo motivo, basado en la falta de notificación de la financiación concedida al proyecto «Technocité», operado por el FEDER, la República Francesa, el Consejo Regional de Aquitania y el Consejo General de los Pirineos Atlánticos a favor de la Communauté d’agglomération Côte-Basque-Adour (CABAB).

3.

Tercer motivo, basado en la incompatibilidad de la financiación con el mercado interior.

4.

Cuarto motivo, basado en el incumplimiento de los requisitos necesarios para la concesión de la financiación.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/56

—

Anule la decisión ECHA no SME (2016) 5150, de 15 de noviembre de 2016, mediante la cual se declara que FERTISAC S.L. no cumplía los requisitos para disfrutar de la reducción de tasas establecida para empresas de tamaño medio y se le impone el pago de una tasa administrativa.

—

Anule la factura no 10060160 de la ECHA, de 15 de noviembre de 2016, por un importe correspondiente a la diferencia entre la tasa pagada por FERTISAC S.L. y la tasa exigible a una gran empresa, emitida sobre la base de la decisión ECHA no SME (2016) 5150.

—

Anule la factura no 10060161 de la ECHA, de 15 de noviembre de 2016, que determina la tasa administrativa conforme a la decisión ECHA no SME (2016) 5150.

—

Condene en costas a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).

1.

Primer motivo, basado en un error en la calificación de FERTISAC S.L. como gran empresa.

Los umbrales para efectuar la clasificación de una empresa PYME son dos. No se trata sólo de superar uno sólo de los umbrales (como así resulta de la decisión de la ECHA, ya que el mismo toma sólo uno de ellos: el volumen de negocios anual), obviando de forma clara el primer requisito, es decir, el número de personas, el cual se encuentra perfectamente diferenciado con la conjunción «y». Ahora bien, en ningún momento FERTISAC S.L. ha superado el umbral de tener más de 250 personas.

2.

Segundo motivo, basado en la interpretación errónea por la demandada de la Recomendación 2003/361.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/57

—

Con carácter principal, anule la decisión de la Comisión Europea de 4 de julio de 2016, relativa a la Ayuda estatal SA.29769 (2013) (ex 2013/NN), concedida por España a determinados clubes de fútbol.

—

Con carácter subsidiario, anule los artículos 4 y 5 de dicha Decisión.

—

Condene a la Comisión en costas.

1.

Primer motivo, basado en la alegación de que la decisión recurrida infringe el artículo 49 TFUE, en conjunción con los artículos 107 y 108 TFUE, así como el artículo 16 de la carta de Derechos fundamentales de la Unión Europea (la «Carta»), en la medida en que todo el razonamiento de la Decisión recurrida se fundamenta en una normativa nacional que restringe la libertad de establecimiento.

2.

Segundo motivo, basado en la alegación de que la decisión recurrida infringe el artículo 107.1 TFUE en la medida en que (i) no analiza las deducciones aplicables en función del tipo impositivo para cada tipo y entidad; (ii) no actúa de forma imparcial, buscando pruebas de cargo y descargo; y en consecuencia, (iii) concluye de manera contraria a Derecho que existe una ventaja, en el sentido del artículo 107.1 TFUE.

3.

Tercer motivo, basado en la alegación de que la decisión recurrida infringe (i) el principio de confianza legítima, al ordenar la recuperación de la supuesta ayuda, habida cuenta de que a la luz de la actuación de la Administración Española y la duración del procedimiento, el FC Barcelona podía confiar legítimamente en la legalidad del régimen fiscal al que estaba obligado; y (ii) la exigencia fundamental de seguridad jurídica.

4.

Cuarto motivo, basado en la alegación de que la decisión recurrida infringe el artículo 107.1 TFUE, en la medida en que no tiene en cuenta que la ayuda estaría justificada por la lógica interna del régimen fiscal.

5.

Quinto motivo, basado en la alegación de que la decisión recurrida infringe el artículo 108.1 TFUE y los artículos 21 a 23 del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO 2015 L 248, p. 9), en la medida en que ordena recuperar una ayuda existente y no respeta el procedimiento para este tipo de ayudas.

30.1.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/58

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Ordene a la Unión Europea y/o al Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) que abonen una compensación por las cantidades detalladas en el escrito de demanda en concepto de daño sufrido por las demandantes a raíz de su participación ilegal en la reestructuración de la deuda pública griega debido a la activación de las cláusulas de acción colectiva readaptadas.

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Con carácter subsidiario, ordene a la Unión y/o al Banco Central Europeo (BCE) que abonen a las demandantes una compensación por las cantidades detalladas en el escrito de demanda en concepto de daño sufrido a raíz de la exclusión ilegal de los acreedores del sector público griego con respecto a la reestructuración de la deuda pública griega.

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Con carácter subsidiario de segundo grado, ordene al BCE que abone a las demandantes una compensación de los daños detallados en el escrito de demanda para cada demandante, derivados de la exclusión ilegal del SEBC con respecto a la reestructuración de la deuda pública griega.

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Condene en costas al BCE y/o a la Unión.

1.

Primer motivo, basado en que la actuación de la Unión y/o del BCE y/o del SEBC se realizó ultra vires y con infracción de los artículos 120 TFUE a 126 TFUE, 127 TFUE y 352 TFUE, apartado 1.

2.

Segundo motivo, basado en que la actuación del BCE y del SEBC en lo relativo, en particular, a la exclusión del SEBC con respecto a la reestructuración infringe el artículo 123 TFUE.

3.

Tercer motivo, basado en que la actuación de la Unión y/o del BCE y/o del SEBC vulnera el derecho a la propiedad de las demandantes, protegido por el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

4.

Cuarto motivo, basado en que la actuación de la Unión y/o del BCE y/o del SEBC vulnera la libre circulación de capitales, protegida por el artículo 63 TFUE.

5.

Quinto motivo, basado en que la actuación de la Unión y/o del BCE y/o del SEBC vulnera el derecho a la igualdad de trato de las demandantes, protegido por el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

30.1.2017   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 30/58

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Anule la resolución impugnada.

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Modifique la resolución impugnada en el sentido de declarar la nulidad de la marca controvertida para todos los productos y servicios no anulados mediante la resolución impugnada, excepto embalaje y almacenamiento de mercancías (clase 39), organización de viajes (clase 39) y extintores (clase 9);

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Condene en costas a la EUIPO y a Repower AG.

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Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento n.o 207/2009.

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Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

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Infracción del artículo 75 del Reglamento n.o 207/2009, en relación con el artículo 296 TFUE.