30.8.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 316/1

30.8.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 316/2

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Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH),

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Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

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Visto el Convenio de las Naciones Unidas, de 1949, para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena,

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Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín de 15 de septiembre de 1995, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y los documentos resultantes aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas sobre Pekín+5 (2000), Pekín+10 (2005) y Pekín+15 (2010),

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Visto el Reglamento (UE) no 606/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (1),

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Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (2),

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, y en especial su artículo 6, relativo a las mujeres con discapacidad,

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Vista la Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección (3),

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Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (4),

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Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (Directiva sobre mujeres en los consejos de administración (COM(2012)0614)),

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Visto el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

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Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020) de 7 de marzo de 2011 (5),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2010, titulada «Un compromiso reforzado a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. Una carta de la Mujer» (COM(2010)0078),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 septiembre de 2010, titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea, de 16 de septiembre de 2013, titulado «Revisión intermedia de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015)» (SWD(2013)0339),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 8 de mayo de 2013, titulado «Informe sobre los progresos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en 2012» (SWD(2013)0171),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de noviembre de 2013, titulada «Hacia la eliminación de la mutilación genital femenina» (COM(2013)0833),

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Visto el informe de 2012 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, titulado «Examen de la Aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en los Estados miembros de la UE: La violencia contra la mujer — Apoyo a las Víctimas»,

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 5 y 6 de junio de 2014, sobre la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la mutilación genital femenina,

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Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2014, sobre la eliminación de la mutilación genital femenina (6),

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Vistas las Directivas de la UE posteriores a 1975 relativas a los distintos aspectos de la igualdad de trato entre hombres y mujeres (Directiva 2010/41/UE (7), Directiva 2010/18/UE (8), Directiva 2006/54/CE (9), Directiva 2004/113/CE (10), Directiva 92/85/CEE (11), Directiva 86/613/CEE (12) y Directiva 79/7/CEE (13)),

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Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor (14),

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Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer (15),

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Vista su Resolución, de 11 de junio de 2013, sobre la movilidad educativa y ocupacional de las mujeres en la UE (16),

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Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de género en la UE (17),

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Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas (18),

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Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2012, sobre las condiciones de trabajo de la mujer en el sector de los servicios (19),

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Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor (20),

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Vistas sus Resoluciones, de 10 de febrero de 2010, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2009 (21), de 8 de marzo de 2011, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2010 (22), y de 13 de marzo de 2012, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2012 (23),

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Vista su Resolución, de 6 de julio de 2011, sobre las mujeres y la dirección de las empresas (24),

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Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres (25),

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Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la situación de la pobreza femenina en la Unión Europea (26),

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Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de la recesión económica y la crisis financiera (27),

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Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2009, sobre la no discriminación basada en el sexo y la solidaridad entre las generaciones (28),

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Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género (29),

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Vista su Resolución, de 13 de octubre de 2005, sobre mujeres y pobreza en la Unión Europea (30),

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Vista su Resolución, de 25 febrero de 2014, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer (31),

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Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (Directiva sobre el permiso de maternidad (COM(2008)0637)),

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Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre igualdad entre mujeres y hombres en el deporte,

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Vista la Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (32),

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Visto el informe de situación de la Comisión, de 3 de junio de 2013, titulado «El desarrollo de los servicios de acogida de niños de corta edad en Europa en pro de un crecimiento sostenible e integrador»,

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Visto el informe de la Comisión, de septiembre de 2014, titulado «Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe» (Datos estadísticos sobre las mujeres empresarias en Europa),

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Vista la encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), de marzo de 2014, titulada «Violencia contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE», que, por primera vez, ofrece datos relativos al alcance, la naturaleza y las consecuencias de las diversas formas de violencia contra las mujeres, así como sobre la respuesta de las víctimas a los incidentes violentos y su conocimiento de sus derechos,

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Visto el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea relativo a la salud pública y, en particular, su apartado 7, que establece que «la acción de la Unión […] respetará las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica»,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0015/2015),

A.

Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho fundamental reconocido en los Tratados desde el Tratado de Roma de 1957 y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; que, si bien la Unión Europea ha adoptado muchos textos para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, así como para combatir todas las formas de discriminación por razones de sexo, y se ha impuesto la tarea específica de integrar el principio de la igualdad de sexos en todas sus actividades, los avances siguen siendo insuficientes y aún persisten muchas desigualdades entre mujeres y hombres;

B.

Considerando que el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, también por lo que respecta a la maternidad, la paternidad y el reparto de las obligaciones familiares;

C.

Considerando que es vital tener en cuenta las formas múltiples e interrelacionadas de discriminación que sufren muchas mujeres y niñas en Europa (por razones de discapacidad, origen inmigrante, origen étnico, edad, orientación sexual, identidad de género, embarazo, condiciones de vivienda, bajo nivel educativo, ser víctima de la violencia, etc.) y que sus condiciones han empeorado durante los últimos años;

D.

Considerando que la Estrategia Europa 2020 para una economía inteligente, sostenible e integradora tiene objetivos ambiciosos, como una tasa de empleo del 75 % y la reducción del número de personas afectadas o amenazadas por la pobreza y la exclusión social en, como mínimo, 20 millones antes de 2020, y que estos objetivos solo pueden realizarse si los Estados miembros aplican políticas innovadoras en favor de una verdadera igualdad entre mujeres y hombres;

E.

Considerando que las políticas de saneamiento presupuestario desarrolladas por los Estados miembros afectan principalmente al sector público, en el que las mujeres son más numerosas y del que son los mayores beneficiarios, lo que supone un castigo doble, y que con estas políticas el empleo es más precario, debido concretamente a un mayor recurso al tiempo parcial (un 32 % de las mujeres frente al 8,2 % de los hombres) y a los contratos temporales, sin olvidar la reducción de los salarios;

F.

Considerando que hay más mujeres que hombres en situación de pobreza y exclusión, particularmente mujeres de edad avanzada (cuya pensión es, de media, un 39 % inferior a la de los hombres) y madres solteras; que, por motivos familiares, las mujeres trabajan con mayor frecuencia que los hombres a tiempo parcial o con contratos de trabajo temporales o de vencimiento fijo, y que la pobreza de las mujeres se debe en gran medida a la precariedad de sus empleos;

G.

Considerando que la lucha contra la pobreza es uno de los cinco objetivos cuantificables que la Comisión propone en la Estrategia Europa 2020; que la directriz integrada 10 de la Estrategia Europa 2020 (Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza) puede favorecer la adopción de políticas nacionales de protección de la mujer, en particular frente al riesgo de pobreza, garantizando una renta segura para las familias monoparentales y las mujeres mayores;

H.

Considerando que la caída de la tasa de natalidad en la Unión Europea se ha visto agravada por la crisis, ya que el desempleo, la precariedad y la incertidumbre frente al futuro y la economía llevan a las parejas, y sobre todo a las mujeres más jóvenes, a postergar la decisión de tener hijos, lo que incrementa aún más la tendencia extendida en toda la Unión Europea hacia el envejecimiento demográfico;

I.

Considerando que el sistema impositivo existente en ciertos Estados miembros refleja una concepción limitativa de la familia al favorecer a las familias con un solo miembro activo, desincentivar a menudo el trabajo de las mujeres y no apoyar suficientemente a las familias monoparentales, las numerosas y aquellas con personas dependientes a su cargo;

J.

Considerando que las mujeres constituyen cerca del 60 % de los licenciados universitarios en la UE y, sin embargo, su representación entre los altos funcionarios y en los cargos decisorios es desproporcionadamente baja, y que la proporción de científicas e ingenieras en la UE no alcanza el 33 %, mientras que las mujeres representan el 80 % de la población activa en los sectores de la sanidad, la educación y el bienestar social;

K.

Considerando que existe una marcada segregación horizontal o división sexual del trabajo, ya que casi la mitad de la tasa de empleo de las mujeres se concentra en 10 de las 130 ocupaciones enumeradas en la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) elaborada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y tan solo un 16 % de los trabajadores pertenece a sectores con una proporción igualitaria de mujeres y hombres;

L.

Considerando que la función de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 99 % de las empresas europeas y crean dos de cada tres puestos de trabajo en el sector privado, es fundamental para la consecución de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; que solo el 31 % de los empresarios de la UE son mujeres; que la tasa de emprendimiento entre las mujeres de la UE es del 10 % frente a un 19 % entre los hombres; que es necesario promover y apoyar el aumento del emprendimiento entre las mujeres;

M.

Considerando que las mujeres representan aproximadamente un 42 % de las personas que se dedican con regularidad a la agricultura en la UE y que tres de cada diez granjas de Europa están dirigidas por mujeres; que la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, velando por una mayor participación de las mujeres en la vida económica y social, especialmente en la agricultura, debe constituir una preocupación constante en Europa;

N.

Considerando que la tasa de empleo de las mujeres es del 63 %; que la diferencia salarial entre mujeres y hombres se cifra en 16,4 %; que el 73 % de los diputados nacionales son hombres, y que las mujeres representan el 17,8 % de los miembros de los consejos de administración de las grandes empresas y dedican a las tareas domésticas por semana más del triple de tiempo que los hombres (por ejemplo, cuidando de los niños, de las personas de edad avanzada o de los discapacitados y realizando tareas del hogar);

O.

Considerando que el 37 % de los diputados del nuevo Parlamento Europeo, 9 de cada 28 nuevos comisarios y 7 de cada 28 jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son mujeres;

P.

Considerando que la tasa de desempleo de las mujeres está infravalorada, dado que muchas mujeres no están inscritas como desempleadas, en especial las que viven en zonas rurales o aisladas y muchas de las que solo se dedican a las tareas del hogar y cuidado de los hijos; que esta situación da lugar a una disparidad de acceso a los servicios públicos (subsidios, pensiones, permisos de maternidad, baja por enfermedad, acceso a la seguridad social, etc.);

Q.

Considerando que, a este ritmo, habrá que esperar hasta 2038 para alcanzar el objetivo consistente en que la tasa de empleo de las mujeres sea del 75 %, y que la igualdad salarial se hará realidad en 2084; que es posible lograr la igualdad de representación en los Parlamentos nacionales, en las instituciones de la UE y en los consejos de administración de las empresas europeas antes de 2034, pero el reparto igualitario de las tareas domésticas no sería una realidad hasta 2054;

R.

Considerando que, en general, la falta de promoción de políticas de conciliación de la vida profesional y la vida privada y, en particular, la falta de centros de alta calidad de acogida para los niños y servicios asistenciales para las personas mayores y las personas que necesitan cuidados especiales representan un obstáculo importante para la independencia económica de las mujeres y su progresión hacia los puestos de responsabilidad, así como para la igualdad de participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, también como medio para prevenir y reducir la pobreza;

S.

Considerando que el reparto de las obligaciones familiares y domésticas entre mujeres y hombres, que ha de conseguirse especialmente mediante un mayor recurso a los permisos parental y de paternidad, es una condición indispensable para conseguir la igualdad entre las mujeres y los hombres; que una cuarta parte de los Estados miembros no existe el permiso de paternidad;

T.

Considerando que los roles de género tradicionales y los estereotipos siguen teniendo una gran influencia en la división de tareas entre mujeres y hombres en el hogar, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general, limitando, por tanto, las opciones de empleo y el desarrollo personal y laboral de las mujeres, e impidiéndoles realizar su pleno potencial como personas y como agentes económicos;

U.

Considerando el importante papel que pueden desempeñar los medios de comunicación, tanto en términos de difusión de estereotipos, degradación de la imagen de la mujer e hipersexualización de las niñas, como de superación de los estereotipos de género y fomento de la participación de la mujer en la toma de decisiones y de la igualdad entre mujeres y hombres;

V.

Considerando que el Consejo sigue sin adoptar una posición oficial tras la aprobación de dos Resoluciones legislativas del Parlamento Europeo sobre cuestiones fundamentales para la igualdad entre mujeres y hombres, a saber, la Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la propuesta de Directiva relativa al permiso de maternidad, y la Resolución, de 20 de noviembre de 2013, sobre la propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines;

W.

Considerando que, en su informe de 6 de diciembre de 2013 sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE, la Comisión cuestiona la conformidad de las legislaciones nacionales de 26 Estados miembros con las nuevas disposiciones de la mencionada Directiva (33);

X.

Considerando que, según la encuesta de la FRA realizada en marzo de 2014, una de cada tres mujeres de la UE ha sido víctima de violencia física o sexual, mientras que una de cada cinco ha sufrido violencia física después de los 15 años y casi una de cada dos ha experimentado violencia psicológica; que la violencia contra las mujeres constituye una transgresión de los derechos fundamentales que implica consecuencias psicológicas que pueden ser graves, afecta a todos los niveles de la sociedad, independientemente de la edad, la educación, los ingresos, la condición social y el país de origen o de residencia, y es uno de los delitos menos denunciados; que la violencia contra las mujeres es uno de los principales impedimentos de la auténtica igualdad entre mujeres y hombres;

Y.

Considerando que la violencia contra las mujeres y las niñas en internet es un fenómeno cada vez más extendido y que, en este sentido, el comportamiento de los menores en las redes sociales es extraordinariamente preocupante;

Z.

Considerando que la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos finalizará en 2016; que, según el informe de Eurostat de 2014 sobre la trata de seres humanos, la amplia mayoría (el 80 %) de las víctimas registradas de la trata de seres humanos en la UE son mujeres y niñas;

AA.

Considerando que seis Estados miembros todavía no han firmado el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul) y que tan solo ocho lo han ratificado;

AB.

Considerando que la recogida de datos fiables, comparables y desglosados por género es particularmente importante en el marco de la elaboración de las políticas públicas nacionales y a escala de la UE, concretamente en materia de violencia contra las mujeres;

AC.

Considerando que las mujeres presentan problemas de salud específicos, que son objeto de ensayos clínicos con menos frecuencia que los hombres y que esas diferencias tienen consecuencias importantes para la salud de las mujeres;

AD.

Considerando que las niñas y las mujeres, especialmente aquellas con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, participan menos que los niños y los hombres en actividades físicas, que el deporte constituye un medio de afirmación y realización, así como un vector de ciudadanía y solidaridad, y que una práctica regular del deporte mejora la salud física y psíquica; que la violencia contra la mujer, los estereotipos, las diferencias de remuneración y los obstáculos a la participación de las mujeres en puestos de dirección son elementos que también se encuentran presentes en el ámbito del deporte;

AE.

Considerando que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales y que conviene tenerlos en cuenta en el programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud;

AF.

Considerando que la elaboración y aplicación de políticas en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos es competencia de los Estados miembros;

AG.

Considerando que el informe anual sobre la igualdad de género elaborado por la Comisión Europea es un instrumento de gran importancia para evaluar la evolución de la situación de las mujeres en Europa;

1.

Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que integren las cuestiones relativas a la perspectiva de género, los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades en la elaboración de sus políticas, en sus procedimientos presupuestarios y en la aplicación de los programas y acciones de la UE, mediante medidas, en particular en el marco de las políticas de estímulo, procediendo sistemáticamente a la realización de análisis de impacto en función del género de forma individualizada;

2.

Denuncia que los objetivos de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 no van a poder alcanzarse, especialmente en lo relativo a la independencia económica, lo que se debe, entre otros motivos, a la retirada de la propuesta de Directiva sobre el permiso de maternidad; hace hincapié, al mismo tiempo, en que las diferencias económicas entre mujeres y hombres han aumentado de forma progresiva;

3.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que integren un pilar de género en la Estrategia Europa 2020 para medir los progresos en la reducción de la brecha laboral de género y con el fin de transformar las medidas políticas del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento en las recomendaciones específicas por país;

4.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un plan general de inversión en infraestructura social, ya que se estima que, con un plan de inversión basado en el género, el producto interior bruto (PIB) europeo aumentaría progresivamente en un 2,4 % más antes de 2018 que sin dicho plan de inversión;

5.

Destaca que una participación igualitaria de mujeres y hombres en el mercado de trabajo podría aumentar de forma significativa el potencial económico de la UE y garantizar al mismo tiempo su carácter equitativo e integrador; recuerda que, según las previsiones de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), una convergencia plena de las tasas de participación se traduciría en un aumento del 12,4 % del PIB per cápita de aquí a 2030;

6.

Subraya la urgencia de luchar contra la pobreza femenina, en particular la pobreza de las mujeres mayores y las madres solteras, sin olvidar a las mujeres que son víctimas de la violencia de género, las mujeres discapacitadas, las mujeres inmigrantes y las mujeres pertenecientes a minorías; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que apliquen estrategias de inclusión más eficientes y que utilicen de manera más eficaz los recursos asignados a las políticas sociales, en particular el Fondo Social Europeo y los Fondos Estructurales;

7.

Lamenta que la eficacia de las políticas sociales respecto a la reducción de la pobreza cayese casi un 50 % en 2012 en comparación con 2005 en aquellos hogares con un solo adulto, una situación que engloba a la mayoría de las viudas y solteras; muestra su preocupación, asimismo, por que la eficacia de las políticas sociales aplicadas en ciertos Estados miembros solo represente la tercera parte de la media europea; pide, por tanto, a los Estados miembros que refuercen las políticas sociales destinadas especialmente a las personas desempleadas con el fin de hacer frente al aumento de la pobreza, en particular entre las mujeres;

8.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que aborden la dimensión de género de la pobreza y la exclusión social; lamenta que las recomendaciones específicas por país adoptadas hasta el momento como parte de los ciclos anuales del Semestre Europeo no tengan la suficiente coherencia con los objetivos sociales y en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020; pide que las recomendaciones específicas por país aborden sistemáticamente las causas estructurales de la pobreza femenina;

9.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta la evolución de las estructuras familiares a la hora de elaborar sus políticas fiscales y de prestaciones, en particular, apoyando económicamente a las familias monoparentales y a las personas mayores a través de créditos fiscales o de ayudas en materia de asistencia sanitaria;

10.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por que la igualdad entre mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género se tengan en cuenta en los fondos de la política de cohesión y se fomenten durante su preparación y aplicación, así como en sus programas, incluidas las fases de seguimiento, presentación de informes y evaluación;

11.

Lamenta que ahora el informe anual no constituya más que un documento de trabajo adjunto al informe sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea e insta a la Comisión a que restablezca la plena legitimidad política de dicho informe favoreciendo una adopción oficial y diferenciada;

12.

Apunta la necesidad imperativa de reducir la diferencia entre mujeres y hombres por lo que respecta a los salarios y las pensiones, entre otros aspectos, mediante la disminución de concentración persistente de las mujeres en trabajos a tiempo parcial, con una baja remuneración y condiciones precarias, y garantizando unos centros de asistencia de una calidad suficiente para los hijos y otras personas a cargo; deplora profundamente que más de un tercio de las mujeres mayores que viven en la Unión Europea no reciba ningún tipo de pensión; insta, en este sentido, a los Estados miembros a que garanticen la aplicación total de los derechos previstos en la Directiva 2006/54/CE, en particular el principio de igualdad de retribución y la transparencia de los salarios, y a que revisen sus legislaciones nacionales en materia de igualdad de trato con vistas a simplificarlas y modernizarlas; pide a la Comisión que continúe evaluando regularmente la transposición de las Directivas relativas a la igualdad de género y la invita a proponer una refundición de la Directiva 2006/54/CE lo antes posible, con arreglo al artículo 32 de dicha Directiva y sobre la base del artículo 157 del TFUE, a partir de las recomendaciones detalladas estipuladas en el anexo a la Resolución del Parlamento Europeo de 24 de mayo de 2012;

13.

Lamenta en los términos más enérgicos que las mujeres no perciban el mismo salario en casos en los que ocupan el mismo empleo que los hombres o empleos de igual valor y condena, asimismo, la segregación tanto horizontal como vertical; subraya además que la inmensa mayoría de los salarios bajos y la práctica totalidad de los salarios muy bajos corresponden al tiempo parcial y recuerda que cerca del 80 % de esos asalariados pobres son mujeres; hace hincapié en que, según las conclusiones de la evaluación del valor añadido europeo, la reducción de un punto porcentual en la brecha salarial entre mujeres y hombres supondría un aumento del crecimiento económico de un 0,1 %, por lo que la eliminación de la brecha salarial reviste una importancia fundamental en el actual contexto de recesión económica; insta, por tanto, a los Estados miembros, empresarios y sindicatos a que elaboren y apliquen herramientas de evaluación de puestos específicas y útiles que sirvan para determinar trabajos de igual valor y garantizar, de esta manera, la igualdad de salario entre mujeres y hombres;

14.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen políticas proactivas en favor del empleo de calidad de las mujeres para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en particular luchando contra los estereotipos y la segregación profesional, vertical y horizontal, favoreciendo la transición entre la jornada a tiempo parcial y a tiempo completo y centrándose especialmente en las personas sin estudios, trabajo ni formación (ni-ni); pide a los Estados miembros que establezcan metas específicas en materia de empleo en el marco de sus programas nacionales de reforma, a fin de garantizar que las mujeres puedan acceder al mercado laboral y permanecer en él en igualdad de condiciones con respecto a los hombres;

15.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen políticas proactivas para animar a las mujeres a emprender carreras científicas y para promover, en particular mediante campañas de información y de sensibilización, la participación de las mujeres en sectores de actividad asociados tradicionalmente con los hombres, como las ciencias y las nuevas tecnologías, con el fin de aprovechar plenamente el capital humano que ofrecen las mujeres europeas; destaca, en particular, que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecen nuevas oportunidades y pide a la Comisión que garantice la plena integración de la perspectiva de género en la prioridad otorgada a la agenda digital durante los próximos cinco años;

16.

Subraya que la independencia económica es un camino clave para la igualdad y que el espíritu empresarial de las mujeres constituye un potencial infravalorado e infraexplotado para el crecimiento y la competitividad en la UE; pide, por consiguiente, al Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) que recopile más y mejores datos sobre el emprendimiento entre las mujeres; pide a los Estados miembros, a la Comisión y a otros órganos pertinentes, como las cámaras de comercio y la industria, que fomenten, promuevan y respalden el emprendimiento entre las mujeres facilitando el acceso al crédito, reduciendo la burocracia y eliminando otros obstáculos para la creación de empresas por parte de las mujeres, integrando una perspectiva de género en las políticas pertinentes, promoviendo la creación de una plataforma única multilingüe de datos electrónicos e intercambio para las mujeres empresarias sociales, y respaldando redes regionales y europeas de tutoría y asesoramiento entre pares;

17.

Considera que, con el fin de favorecer la reinserción de las mujeres en el mundo laboral, se necesitan soluciones políticas con múltiples dimensiones (que contemplen la formación profesional y el aprendizaje permanente, así como la promoción de empleos más estables y prácticas de trabajo adaptadas) y llama la atención sobre la generalización de la flexibilidad horaria; señala que la flexibilidad afecta en mayor medida a los trabajadores a tiempo parcial, que son en su mayoría mujeres; insiste, por tanto, en la defensa del derecho a la negociación colectiva ya que contribuye a la lucha contra la discriminación y la salvaguardia y mejora de los derechos;

18.

Hace hincapié en que una mayor flexibilidad en las medidas laborales puede aumentar las posibilidades de las mujeres de participar activamente en el mercado laboral, pero observa, al mismo tiempo, que esta flexibilidad puede tener un impacto negativo en los salarios y las pensiones de las mujeres; destaca, así pues, la necesidad de propuestas concretas destinadas a compatibilizar la vida profesional y la vida privada, y anima a los hombres y a las mujeres a asumir un reparto más equilibrado de las responsabilidades profesionales, familiares y sociales, especialmente en el ámbito de la asistencia a personas dependientes y del cuidado de los hijos;

19.

Pide a los Estados miembros que incluyan en los programas de desarrollo rural estrategias para impulsar los puestos de empleo para las mujeres en zonas rurales, garantizándoles así unas pensiones dignas, y políticas que promuevan la presencia de mujeres en los foros políticos, económicos y sociales de dicho sector y que fomenten más la igualdad de oportunidades en zonas rurales, en consonancia con la multifuncionalidad de la agricultura;

20.

Hace hincapié en el consenso creciente a escala de la UE sobre la necesidad de promover la igualdad de género, entre otros medios, a través de la participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas y políticas, que es una cuestión de derechos fundamentales y democracia, ya que es el reflejo actual de un déficit democrático; acoge con satisfacción, por tanto, los sistemas de igualdad y cuotas de género legislados e introducidos en algunos Estados miembros y pide al Consejo que adopte una posición en relación con la propuesta de Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas, a fin de que el procedimiento legislativo siga adelante lo antes posible; pide al Consejo y a la Comisión Europea que adopten las medidas necesarias para animar a los Estados Miembros a que hagan posible la participación equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de toma de decisiones; pide también que las instituciones de la UE hagan todo lo posible para garantizar la igualdad de género en el Colegio de Comisarios y en los altos cargos de todas las instituciones, agencias, institutos y órganos de la UE;

21.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen la posible inclusión de cláusulas relativas al género en los anuncios de licitaciones a fin de animar a las empresas a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres en sus filas; reconoce que esta idea únicamente puede llevarse a cabo en un marco de respeto del derecho a la competencia de la UE;

22.

Felicita a Suecia, Bélgica, Francia, Eslovenia, Dinamarca y el Reino Unido por haber alcanzado los objetivos de Barcelona y pide a los demás Estados miembros que prosigan sus esfuerzos; pide a los Estados miembros que vayan más allá de los objetivos de Barcelona adoptando un enfoque más sistémico e integrado en materia de educación y de servicios de atención preescolares entre las autoridades naciones y locales, en particular para los niños menores de tres años; pide a la Comisión que continúe aportando su apoyo financiero a los Estados miembros para que ofrezcan sistemas de cuidado de niños, en particular guarderías, asequibles para los padres, entre otras cosas mediante la creación de estructuras de este tipo en el lugar de trabajo; considera que los proyectos familiares y las ambiciones personales y profesionales pueden integrarse armoniosamente solo cuando las personas implicadas pueden, en el plano económico y social, elegir de manera verdaderamente libre, y cuando cuentan con el apoyo de decisiones políticas y económicas a escala nacional y de la UE, sin tener que soportar ninguna desventaja, y cuando existen las infraestructuras adecuadas; pide a los Estados miembros que aumenten los presupuestos de ayuda a la infancia, en particular mediante el aumento de las redes públicas de guarderías, jardines de infancia y servicios de actividades de tiempo libre para niños; pide también a la Comisión que aborde la falta de servicios de guardería asequibles en sus recomendaciones específicas por país;

23.

Lamenta en los términos más enérgicos que, a pesar del nivel de financiación de la UE disponible (3 200 millones de euros de los fondos estructurales para el período 2007-2013 fueron asignados para ayudar a los Estados miembros a desarrollar servicios de guardería y promover el empleo para las mujeres), ciertos Estados miembros han llevado a cabo recortes presupuestarios que afectan la disponibilidad (por ejemplo, debido al cierre de guarderías) y la calidad (por ejemplo, debido al déficit de personal) de los servicios de guardería y los hacen más caros;

24.

Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que establezcan un permiso de paternidad remunerado de una duración mínima de diez días laborables y que promuevan medidas, legislativas y no legislativas, que permitan a los hombres, y en concreto a los padres, ejercer su derecho a conciliar la vida privada y la vida profesional, en particular promoviendo el permiso parental, al que pueda acogerse el padre o la madre, pero sin transferibilidad, hasta que su hijo alcance una determinada edad;

25.

Lamenta el bloqueo en el Consejo de la propuesta de Directiva sobre el permiso de maternidad, insta a los Estados miembros a que reanuden las negociaciones al respecto y reitera su voluntad de cooperar;

26.

Pide a los Estados Miembros que, a fin de poder conciliar la vida personal, familiar y laboral, establezcan servicios asequibles, flexibles, de calidad y de fácil acceso para el cuidado de personas que no puedan valerse por ellas mismas para realizar actividades de la vida cotidiana por carecer de autonomía funcional suficiente;

27.

Pide a la Comisión que aliente la ratificación a escala nacional y que ponga en marcha el procedimiento de adhesión de la UE al Convenio de Estambul lo antes posible; subraya que la adhesión inmediata de todos los Estados miembros al Convenio de Estambul conllevará la configuración de una política integrada y la promoción de la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres;

28.

Reitera su solicitud a la Comisión de que presente, de conformidad con el artículo 84 del TFUE, una propuesta de acto legislativo que establezca medidas para alentar y apoyar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, respaldando un marco político exhaustivo y eficaz sobre la violencia de género, centrándose en la prevención, el enjuiciamiento de los responsables de estos delitos, la protección de las víctimas y una prestación de servicios apropiados y adecuados, y educando en la igualdad y estableciendo sanciones para las conductas discriminatorias y violentas contra las mujeres; pide, además, a los Estados miembros que trabajen sistemáticamente en la capacitación de las mujeres para que denuncien la violencia ante las autoridades, así como en la formación de los expertos que traten con las víctimas;

29.

Pide a la Comisión que garantice la aplicación eficaz y adecuada de su Comunicación sobre la eliminación de la mutilación genital femenina;

30.

Pide al Consejo que active la cláusula de pasarela y adopte una decisión unánime para clasificar la violencia de género como uno de los ámbitos delictivos contemplados en el artículo 83, apartado 1, del TFUE, que ya cubre la trata de seres humanos y la explotación sexual de mujeres y niños;

31.

Pide a la Comisión que regule mejor el mercado digital con objeto de proteger a las mujeres y las niñas frente a la violencia en internet;

32.

Recomienda a los Estados miembros que, en sus planes nacionales de acción para la supresión de la violencia doméstica, establezcan el deber de prestar ayuda a las mujeres inmigrantes indocumentadas en la misma igualdad de condiciones que a las mujeres en situación legal, y que no obliguen a las instituciones a notificar estos casos a las autoridades.

33.

Recomienda que los Estados miembros refuercen sus servicios de salud públicos gratuitos a fin de apoyar a todas las mujeres que sean víctimas de la violencia —incluidas las refugiadas—, entre otras medidas, incrementando la capacidad de estas y prestando una asistencia especializada a mujeres de distintas nacionalidades y a mujeres con discapacidades;

34.

Reitera su solicitud a la Comisión y a los Estados miembros de que se declare 2016 año europeo contra la violencia ejercida contra las mujeres concediendo para ello recursos suficientes que permitan llevar a cabo acciones de sensibilización; destaca, en este sentido, que es necesario ofrecer la formación adecuada a todas las autoridades y los servicios implicados, así como a los profesionales —agentes de policía, médicos, jueces, letrados, educadores, etc.— y a quienes, desde su puesto, presten ayuda a las mujeres víctimas de violencia;

35.

Pide a la Comisión que establezca un registro de órdenes europeas de protección, habida cuenta de que el plazo de los Estados miembros para transponer la Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección venció el 11 de enero de 2015;

36.

Reconoce que, en las zonas en guerra, el fenómeno de la violencia contra las mujeres constituye una flagrante violación de sus derechos fundamentales y se traduce en el trato degradante y humillante del sexo femenino; destaca que la igualdad de género es un factor fundamental en la construcción de la paz, ya que refleja la necesidad de prevenir y luchar contra fenómenos como este, que afectan a las mujeres;

37.

Pide al EIGE, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a Eurostat que continúen recopilando datos comparables, en particular datos armonizados sobre la violencia, a fin de que los Estados miembros y la Comisión cuenten con los instrumentos necesarios para la elaboración de políticas eficaces; pide, asimismo, a la Comisión y a los Estados miembros que centren su atención en la situación de los Estados miembros en lo relativo a los mecanismos institucionales instaurados para promover la igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de que estos no se vean afectados por la crisis económica y las reformas que esta conlleva, teniendo en cuenta que, sin ellos, la prioridad horizontal de igualdad entre mujeres y hombres en el conjunto de las políticas llevadas a cabo, con las especificidades que su gestión supone, no generaría resultados;

38.

Pide a la Comisión que salvaguarde el programa Daphne como parte del Programa especial «Derechos fundamentales y ciudadanía», tanto a nivel de financiación como de visibilidad, con el fin de permitir que las asociaciones que luchan contra la violencia contra la mujer sigan realizando su trabajo;

39.

Solicita una vez más a la Comisión Europea que cree un observatorio europeo de violencia de género dentro de las premisas del actual Instituto Europeo para la Igualdad, que estaría dirigido por un coordinador europeo en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas;

40.

Insta a la Comisión a condenar con firmeza las campañas de los medios de comunicación y otras comunicaciones que reflejen a las víctimas de la violencia sexual como responsables de estos actos, dado que tales suposiciones atentan contra todos los principios básicos de la igualdad de género;

41.

Hace hincapié en el papel determinante que desempeña la educación en la lucha contra los estereotipos de género y para poner fin a la discriminación por motivos de género; insiste en la necesidad de incluir a los niños y a los hombres en el fomento de los derechos de las mujeres y de la igualdad entre mujeres y hombres; pide, por tanto, a la Comisión que adopte medidas políticas decisivas para luchar contra los estereotipos de género y sugiere a los Estados miembros que sensibilicen en materia de igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres en el marco de sus respectivos sistemas educativos;

42.

Pide al Consejo y a la Comisión Europea que adopten medidas para que los medios de comunicación social hagan un uso no sexista del lenguaje, garanticen la participación activa de las mujeres y una presencia equilibrada de las mismas, y presenten una imagen plural de ambos sexos al margen de cánones de belleza y estereotipos sexistas sobre las funciones que desempeñan en los diferentes ámbitos de la vida y con especial incidencia en los contenidos dirigidos a la población infantil y juvenil;

43.

Pide a los Estados miembros y a sus órganos de regulación de los medios de comunicación que presten atención al lugar que se reserva a las mujeres en dichos medios, en especial en los televisivos, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, velando en particular por que se respete la dignidad de las mujeres, no se transmitan estereotipos de género y se frene toda tendencia a la hipersexualización de las niñas pequeñas;

44.

Pide a los Estados miembros que, tras la adopción de las Conclusiones del Consejo sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el deporte, aprovechen plenamente las posibilidades que ofrece el deporte para fomentar la igualdad de género, especialmente al elaborar planes de acción concretos para luchar contra los estereotipos y contra la violencia, para fomentar la igualdad entre los profesionales del deporte y para promover el deporte femenino.

45.

Señala que diversos estudios demuestran que las tasas de abortos son similares en los países en los que el procedimiento es legal y en los que está prohibido e incluso son más altas en estos últimos (Organización Mundial de la Salud, 2014);

46.

Señala que la elaboración y aplicación de políticas en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, así como en materia de educación sexual, es competencia de los Estados miembros; hace hincapié, no obstante, en que la UE puede contribuir al fomento de las mejores prácticas entre Estados miembros;

47.

Insiste en que las mujeres tienen que tener el control sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, en particular mediante un acceso fácil a la contracepción y al aborto; apoya, en consecuencia, las medidas y acciones destinadas a mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva y a sensibilizarlas respecto de sus derechos y de los servicios disponibles; pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten medidas y acciones de sensibilización entre los hombres con respecto a sus responsabilidades en materia sexual y reproductiva;

48.

Hace hincapié en la importancia de las políticas activas de prevención, educación e información dirigidas a adolescentes, jóvenes y adultos para que la ciudadanía pueda disfrutar de una buena salud sexual y reproductiva, evitando así enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados;

49.

Pide a los Estados miembros que, en el contexto de la aplicación del Reglamento (UE) no 536/2014 en los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano, velen por la igualdad de representación de mujeres y hombres en los ensayos clínicos, prestando especial atención a la transparencia por lo que respecta a la composición por género de los grupos de participantes; pide a la Comisión que, a la hora de considerar la correcta aplicación del presente Reglamento, supervise específicamente aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres;

50.

Subraya que la UE ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 22 de enero de 2011, y que, con arreglo a dicha Convención, los Estados Partes deben asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, absteniéndose de actos o prácticas que sean incompatibles con la Convención;

51.

Pide a la Comisión que impulse decididamente la igualdad de género en las relaciones exteriores de la UE con terceros países, apoyando de este modo un enfoque estratégico global en cuestiones de igualdad; destaca, en este sentido, la importancia del refuerzo de la cooperación con organismos internacionales y regionales con el fin de promover la igualdad de género y el aumento de la sensibilización respecto a los derechos de las mujeres;

52.

Insta a la UE a que ponga fin a las políticas que establecen una dependencia entre miembros de una familia en el marco de la reagrupación familiar, y exhorta a la UE y a sus Estados miembros a que concedan a las mujeres inmigrantes un estatus de residencia autónomo, en particular en los casos de violencia doméstica;

53.

Pide a la Comisión Europea que garantice la inclusión de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en todos los acuerdos de asociación y en todas las negociaciones con terceros países;

54.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

30.8.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 316/15

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Vistos el Informe de la Comisión sobre la política de competencia 2013 (COM(2014)0249), de 6 de mayo de 2014, y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión (SWD(2014)0148) que lo acompaña,

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 101 a 109,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (1),

—

Visto el Reglamento (CE) no 169/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable (2),

—

Vista la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (3),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (4),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 4 de febrero de 2011 titulado «Consulta Pública: “Hacia un planteamiento europeo coherente del recurso colectivo”» (SEC(2011)0173),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, titulada «Hacia un marco horizontal europeo de recurso colectivo» (COM(2013)0401),

—

Vista la Recomendación 2013/396/UE de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (5),

—

Visto el estudio publicado en junio de 2012 por el Departamento Temático A de la Dirección General de Políticas Interiores titulado «Collective redress in Antitrust» (Recurso colectivo en el ámbito de la defensa de la competencia),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, publicada de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, sobre el asunto AT.39740 — Google (6),

—

Vistos los compromisos ofrecidos a la Comisión de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, sobre el asunto COMP/39.398 — Visa MIF,

—

Visto el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (7),

—

Vista la consulta de 27 de marzo de 2013 realizada por la Comisión sobre el control de las concentraciones por la UE — propuesta de revisión del procedimiento simplificado y reglamento de ejecución de concentraciones,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de octubre de 2008, titulada «La aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras en el contexto de la actual crisis financiera mundial» («Comunicación bancaria») (8),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de diciembre de 2008, titulada «La recapitalización de las instituciones financieras en la crisis financiera actual: limitación de las ayudas al mínimo necesario y salvaguardias contra los falseamientos indebidos de la competencia» (9) («Comunicación sobre recapitalización»),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2009, sobre el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector bancario comunitario (10) («Comunicación sobre activos deteriorados»),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de julio de 2009, sobre la recuperación de la viabilidad y la evaluación de las medidas de reestructuración en el sector financiero en la crisis actual con arreglo a las normas sobre ayudas estatales (11) («Comunicación sobre reestructuración»),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de diciembre de 2008, titulada «Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera» (12) (marco temporal original),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de diciembre de 2010, titulada «Marco temporal comunitario aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis económica y financiera» (13) (nuevo marco temporal que sustituye al que concluyó el 31 de diciembre de 2010),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis financiera (14) («Comunicación bancaria»),

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Visto el documento sobre cuestiones clave de la Comisión a la atención del CEF, sobre la revisión de las directrices relativas a las ayudas estatales para la reestructuración de los bancos,

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Visto el estudio del Departamento Temático A de la Dirección General de Políticas Interiores titulado «State aid — Crisis rules for the financial sector and the real economy» (Ayudas estatales: reglas para los servicios financieros y la economía real en tiempos de crisis), de junio de 2011,

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Vista la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general (15),

—

Vista la Decisión 2012/21/UE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general (16),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Marco de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011)» (17),

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Visto el Reglamento (UE) no 360/2012 de la Comisión, de 25 de abril de 2012, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis concedidas a empresas que prestan servicios de interés económico general (18),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la reforma de las normas de la UE en materia de ayudas estatales aplicables a los servicios de interés económico general (19),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, titulada «Modernización de las ayudas estatales en la UE» (COM(2012)0209),

—

Vista su Resolución, de 17 de enero de 2013, sobre la modernización de las ayudas estatales (20),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Consejo, de 30 de julio de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales y el Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera (COM(2012)0730),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Consejo, de 5 de julio de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (COM(2012)0725,

—

Vistas las Directrices de la Comisión sobre las ayudas estatales a las empresas ferroviarias (21),

—

Vista su Resolución, de 12 de junio de 2013, sobre la política regional como parte de regímenes más amplios de ayudas estatales (22),

—

Visto el Acuerdo marco, de 20 de octubre de 2010, sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (23) («Acuerdo marco»), y en particular sus apartados 9, 12, 15 y 16,

—

Vistas sus Resoluciones, de 22 de febrero de 2005, sobre el XXXIII Informe de la Comisión sobre la política de competencia — 2003 (24); de 4 de abril de 2006, sobre el informe de la Comisión sobre la política de competencia 2004 (25); de 19 de junio de 2007, relativa al Informe sobre la política de competencia 2005 (26); de 10 de marzo de 2009, sobre los informes sobre la política de competencia 2006 y 2007 (27); de 9 de marzo de 2010, sobre la política de competencia 2008 (28); de 20 de enero de 2011, sobre el Informe sobre la política de competencia 2009 (29); de 2 de febrero de 2012, sobre el informe anual sobre la política de competencia de la UE (30); de 12 de junio de 2013, sobre el informe anual sobre la política de competencia de la UE (31); y de 11 de diciembre de 2013, sobre el informe anual sobre la política de competencia de la UE (32),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 20 de junio de 2013 titulado «Towards more effective merger control» (Hacia un control más eficaz de las concentraciones de empresas),

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Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 9 de julio de 2014, titulado «Hacia un control más eficaz de las concentraciones de empresas en la UE»,

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Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2014, sobre los acuerdos de cooperación de la UE para el cumplimiento de la política de competencia — el camino hacia adelante (33),

—

Vista la declaración de Margrethe Vestager, comisaria de Competencia, sobre las investigaciones de ayudas estatales de tipo fiscal, de 6 de noviembre de 2014,

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Visto el cuadro de indicadores digitales de la Comisión para 2014,

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Vistos el artículo 52 y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0019/2015),

A.

Considerando que algunos sectores del mercado único siguen divididos por fronteras nacionales y barreras artificiales, y, al mismo tiempo, prácticas preocupantes, como el dumping social o el abuso de los Fondos Estructurales, suscitan preocupación y también deben abordarse en el marco de la política de competencia de la UE; considerando que la competencia no funciona de un modo igualmente satisfactorio en todos los Estados miembros;

B.

Considerando que la política de competencia es en sí misma una herramienta de salvaguarda de la democracia europea, en tanto en cuanto impide la excesiva concentración de poder económico y financiero en pocas manos, lo que supondría un riesgo para la independencia del poder político europeo respecto de los grandes grupos industriales y bancarios;

C.

Considerando que una política de competencia basada en la igualdad de condiciones en todos los sectores es una piedra angular de la economía social de mercado europea, así como un instrumento esencial para garantizar el correcto funcionamiento de un mercado interior dinámico, eficiente, sostenible e innovador, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo y ser competitivo en la escena mundial; considerando que la crisis económica y financiera no debe por lo tanto ser un pretexto para relajar la aplicación de las normas sobre competencia;

D.

Considerando que cada año se registran unas pérdidas de entre 181 000 y 320 000 millones de euros (aproximadamente el 3 % del PIB de la UE) debido a la existencia de carteles;

E.

Considerando que entre 2008 y finales de 2011 se han concedido a los bancos de la UE ayudas estatales equivalentes a 1,6 trillones de euros;

F.

Considerando que se calcula que la evasión fiscal, el fraude fiscal y los paraísos fiscales están costando a los contribuyentes de la UE un billón de euros al año en pérdidas de ingresos, lo que distorsiona la competencia en el mercado único entre aquellas empresas que pagan impuestos y las que no lo hacen;

G.

Considerando que los ciudadanos europeos desean una prestación de servicios públicos que sea de alta calidad y asequible;

H.

Considerando que la aplicación estricta de los principios relativos a la competencia redunda principalmente en beneficio del consumidor, mientras que de la falta de competencia se derivan una asignación incorrecta de los recursos y una menor productividad;

I.

Considerando que, en términos de costes de la energía, en el mercado único europeo se registran resultados peores que en los Estados Unidos, con una dispersión de precio del 31 % en comparación con el 22 % en los Estados Unidos;

J.

Considerando que la creación de un «pasaporte administrativo del mercado único» reduciría las distorsiones de la competencia y la fragmentación del mercado único y reforzaría el potencial de crecimiento de la economía europea;

K.

Considerando que el desarrollo satisfactorio de las pymes en un marco de libre competencia constituye una de las condiciones esenciales para la creación de empleo, el crecimiento sostenible, la innovación y la inversión; considerando que en muchos Estados miembros las pymes, que representan el 98 % de las empresas de la UE, se ven afectadas por una grave contracción del crédito;

L.

Considerando que la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales es fundamental para el crecimiento; considerando que el proteccionismo puede limitar las perspectivas de crecimiento a largo plazo de las industrias nacionales;

M.

Considerando que la duración de los carteles al descubierto oscila entre seis y catorce años desde su creación, y que tiene repercusiones en la economía, ya que representa una carga más importante para los clientes y, en última instancia, los consumidores;

N.

Considerando que la patente unitaria de la UE es un paso adelante hacia la compleción del mercado único, y todos los Estados miembros deberían participar en ella;

O.

Considerando que la publicación de los documentos conocidos como «LuxLeaks» por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) señala la necesidad de una investigación exhaustiva e independiente de las prácticas de los Estados miembros en relación con los acuerdos fiscales y su conformidad con las normas de la UE que rigen el control de las ayudas estatales; considerando que la independencia de la DG Competencia es de suma importancia para lograr esto y sus restantes objetivos de manera satisfactoria;

1.

Se congratula de que los Tratados establezcan que, en la dimensión económica, la UE es una «una economía de mercado abierta y de libre competencia»; hace hincapié en que es necesario centrarse en mayor medida en el fomento de la competencia para alcanzar los objetivos ambiciosos en cuanto a empleo, crecimiento, inversión y competitividad a nivel mundial de la economía europea, ya que la competencia sostenible y eficaz fomenta las inversiones y el beneficio de los usuarios finales y alimenta la economía; destaca el papel fundamental que desempeña el cumplimiento de la política de competencia para la creación de condiciones de competencia equitativas que fomentan la innovación, la productividad, la creación de empleo y la inversión entre todas las partes implicadas en el mercado único y todos los modelos empresariales, incluidas las pymes, respetando plenamente la diversidad nacional; pide a la Comisión que aplique las normas de defensa de la competencia, en materia de ayudas estatales, y de control de las fusiones, a fin de lograr un mercado interior que funcione adecuadamente y el progreso social;

2.

Considera que garantizar condiciones de competencia equitativas a las empresas en el seno del mercado interior también conlleva la lucha contra el dumping social y la aplicación de la legislación social y medioambiental europea; pide a la Comisión que evalúe el impacto social y laboral de sus intervenciones en el ámbito de las ayudas estatales, en particular en las regiones en las que se registran tasas elevadas de desempleo, y que incluya este análisis en sus decisiones;

3.

Subraya la necesidad de apoyar a los grupos industriales europeos y a las pymes frente a la mundialización a través de medidas adecuadas en materia de competencia y fiscalidad;

4.

Pide a la Comisión que defina posibles desequilibrios entre los Estados miembros que puedan distorsionar la competencia, así como sus causas y su impacto económico;

5.

Destaca que la política de competencia desempeña una función esencial en el refuerzo del enfoque holístico del mercado único que tiene por objeto afrontar los desafíos económicos, sociales y medioambientales a los que se enfrenta Europa; pide a la Comisión que respete de forma efectiva las necesidades de los ciudadanos, los consumidores y las pymes, situando las preocupaciones de estos en el centro del proceso de toma de decisiones, de forma que las políticas de competencia propuestas puedan aportar valor añadido a los ciudadanos europeos;

6.

Reitera que la Comisión debería plantearse el traslado de recursos de líneas presupuestarias obsoletas o infrautilizadas a la DG Competencia; señala que la Comisión debe dotarse de recursos de personal apropiados si pretende ampliar y profundizar significativamente sus investigaciones sobre las ayudas estatales de tipo fiscal, como los acuerdos fiscales y la elusión fiscal, para conferir a la política de competencia un carácter suficientemente proactivo; considera que la Comisión debe asimismo disponer de recursos legales competentes para seguir determinando las lagunas de las que somos conscientes a través de la revelación de los regímenes fiscales específicos que practican varios Estados miembros; recomienda, en particular, el fortalecimiento de la unidad de la DG Competencia encargada de las ayudas estatales de tipo fiscal ante las revelaciones de LuxLeaks;

7.

Espera la pronta divulgación del balance de la Comisión de los resultados alcanzados tras una década de vigencia del Reglamento (CE) no 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia y pide a la Comisión que incluya al Parlamento en todas las iniciativas resultantes; pide a la Comisión que adopte las medidas oportunas para adaptar el Reglamento a la nueva realidad jurídica, en particular como consecuencia de la adopción de la Directiva relativa a las acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia;

8.

Recuerda a la Comisión que hay que prestar gran atención a la cuestión de la independencia de las autoridades nacionales de competencia;

9.

Hace hincapié en que no debe hacerse un uso indebido de los instrumentos de la política de competencia para permitir intervenciones de carácter fiscal; anima a la Comisión a exponer claramente cuáles son sus temores en materia de fiscalidad;

10.

Considera que, en el futuro, los fundamentos y las directrices principales de la política de competencia se deberían elaborar y adoptar en más estrecha colaboración con el Parlamento, a fin de reforzar la legitimidad democrática de las autoridades de competencia;

11.

Comparte el enfoque común aplicado en el proceso de modernización de las ayudas públicas, en el sentido de conseguir una mayor eficacia en el gasto público en un contexto presupuestario limitado, especialmente en aquellos Estados miembros más afectados por la crisis;

12.

Reconoce que la aplicación eficaz de la política de competencia requiere una interpretación judicial coherente y uniforme;

13.

Toma nota de que la Comisión se basa cada vez más en decisiones de compromiso; considera que, no obstante, es necesaria una mayor transparencia en relación con el fondo de las denuncias, así como establecer un mayor número de precedentes legales; piensa que esto es especialmente cierto en los casos que abordan problemas de competencia en ámbitos nuevos, como los mercados de bienes digitales, en los que las empresas pueden tener dificultades para evaluar si un determinado comportamiento constituye una violación de las normas sobre competencia;

14.

Cree que, para garantizar una mayor transparencia y mitigar algunas de las desventajas de las decisiones de compromiso, al mismo tiempo que se conservan sus principales beneficios, debe publicarse la relación completa de las objeciones dirigidas por la Comisión a los acusados;

15.

Constata que los servicios de interés económico general representan una parte importante del total de los servicios prestados en los Estados miembros y sostiene que hacer esto de manera más eficaz (en comparación con otros servicios) puede reportar importantes beneficios; reafirma la importancia de la designación de los servicios de interés económico general para asegurar servicios de acceso universal de importancia vital a los ciudadanos europeos, desde la asistencia sanitaria hasta la seguridad social y la vivienda y, al mismo tiempo, hace hincapié en la responsabilidad que tiene la Comisión de garantizar la compatibilidad de la compensación concedida a los servicios de interés económico general con las normas de la UE en materia de ayudas estatales;

16.

Reitera que los Fondos Estructurales de la UE no pueden utilizarse de manera que apoye directa o indirectamente la deslocalización de servicios o de la producción a otros Estados miembros;

17.

Considera que deben investigarse en más detalle los clubes deportivos (especialmente los de fútbol) que deben millones de euros a la administración de la seguridad social sin que esas cantidades se paguen ni el Gobierno se las reclame, ya que puede tratarse de ayudas estatales de hecho;

18.

Hace hincapié en la necesidad de evaluar los efectos acumulativos de la presión fiscal sobre las empresas, así como de las ayudas estatales;

19.

Pide a la Comisión que supervise atentamente la transposición de la Directiva por parte de los Estados miembros y garantice una aplicación igual de las normas en toda la Unión Europea;

20.

Reitera su inquietud por que el recurso a las multas como único mecanismo de sanción posible no sea suficientemente eficaz; pide una vez más que se diseñen instrumentos más sofisticados, a fin de reforzar la eficacia del sistema de sanciones; reitera el llamamiento a la Comisión para que se plantee la revisión de sus directrices sobre multas de 2006 y pide que estas se incorporen al Reglamento (CE) no 1/2003; insta a la Comisión a que estudie la posibilidad de complementar las multas por prácticas de concertación con la imposición de sanciones personales, como las multas personales y la inhabilitación de los directores; pide a la Comisión que vele por evitar consecuencias negativas para las empresas infractoras más allá de la reparación proporcionada de la infracción;

21.

Pide a la Comisión que cree grupos de trabajo especiales de carácter transversal entre varias direcciones generales para controlar aquellos sectores cuyas características estructurales (como los fuertes obstáculos a la entrada o los elevados costes asociados al cambio de proveedor) hacen más probable la vulneración de las normas de defensa de la competencia;

22.

Pide a la Comisión que contribuya a establecer un mecanismo institucional que garantice que, siempre que una autoridad nacional adopte una decisión de defensa de la competencia, tenga lugar automáticamente un procedimiento de comprobación por el que la Comisión estudie si cuestiones similares afectan a distintos mercados geográficos en toda Europa en los que también tengan presencia las empresas sancionadas;

23.

Respalda la actual cooperación en la Red Europea de Competencia (REC), que permite la coherencia a escala europea en la aplicación pública de la normativa de competencia, al tiempo que alienta su consolidación;

24.

Pide a la Comisión que establezca procedimientos claros en cuanto a los plazos y los ritmos, a fin de agilizar el proceso de investigación y evitar retrasos injustificados; pide, asimismo, que se ponga el debido énfasis en el principio de presunción de inocencia y se respeten los derechos formales de todas las víctimas y las partes en los procedimientos antimonopolio o relativos a un cartel;

25.

Pide a la Comisión que ofrezca una evaluación jurídica y económica exhaustiva de los casos relacionados con los procedimientos antimonopolio y las prácticas de cartel, especialmente en los mercados en rápida transformación, con el fin de obtener una imagen clara de las tendencias y las estructuras del mercado y adoptar las medidas apropiadas para proteger a los consumidores;

26.

Señala que la política de competencia debería centrarse especialmente en la protección de los consumidores, la mejora de su bienestar, el fomento de la innovación y el estímulo del crecimiento económico;

27.

Pide, a este respecto, que se especifique en qué circunstancias se puede considerar a las sociedades matrices responsables individualmente de las infracciones de la normativa en materia de competencia de sus filiales, cuando las primeras ejercen cierta influencia sobre las segundas, pero sin estar directamente implicadas en infracción alguna;

28.

Reitera la necesidad, por lo que se refiere a la reincidencia, de que se establezca un vínculo claro entre la infracción objeto de investigación, por un lado, e infracciones anteriores de la empresa implicada, por otro lado;

29.

Constata que ha aumentado el número de solicitudes de reducción de las multas por insolvencia, en particular en el caso de las empresas monoproducto y las pymes; subraya la necesidad de adaptar las directrices sobre multas a las especificidades de las empresas monoproducto y las pymes;

30.

Opina que el dominio del mercado mediante el crecimiento, la innovación y el éxito no supone un problema de competencia como tal; considera en cambio que el abuso de posición dominante constituye un grave problema de competencia; insta, por consiguiente, a la Comisión a seguir preservando la independencia y objetividad de los procedimientos relativos a la competencia;

31.

Pide a la Comisión que aborde de manera decidida todos los motivos de preocupación surgidos en las investigaciones antimonopolio en curso y adopte todas las medidas necesarias para poner fin a estas dañinas prácticas y restablecer una competencia leal;

32.

Coincide en que el control eficaz de las concentraciones de empresas es un instrumento importante en la aplicación de las normativas de competencia, ya que contribuye a mantener la presión competitiva sobre los participantes en el mercado;

33.

Pide a la Comisión que preste especial atención a aquellos casos en que, justo después de concluirse un procedimiento de fusión, aumentan los precios al consumidor o se produce una reducción significativa de la calidad de un producto;

34.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de simplificación de las concentraciones de 5 de diciembre de 2013, así como las propuestas de su Libro Blanco (34) más reciente, pero pide que se mejoren significativamente las definiciones de «cuota de mercado», «poder de mercado» y «delimitación de mercados»;

35.

Subraya la necesidad de evaluar si la práctica actual de control de las concentraciones tiene debidamente en cuenta la internacionalización de los mercados, especialmente en lo relativo a la delimitación geográfica de mercados; opina que la Comisión debe atender a los resultados de esta evaluación durante la revisión de las normas relativas al control de las concentraciones;

36.

Insta a la Comisión a examinar cuidadosamente si efectivamente existen vacíos legales en cuanto a su competencia para revisar participaciones minoritarias;

37.

Destaca la importancia que reviste un suministro de energía asequible, sostenible y seguro para la economía europea y su competitividad; considera que la política de competencia ha de tener en cuenta este triple objetivo al abordar la fragmentación actual del mercado, al aplicar de forma correcta y oportuna el tercer paquete de liberalización del gas y la electricidad, al fomentar la segmentación funcional de los servicios mayoristas y minoristas con el fin de prevenir las prácticas anticompetitivas y al contribuir a que el suministro de energía resulte asequible tanto para las familias como para las empresas; toma nota de que las nuevas «Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía» de la Comisión podrían limitar los intentos de algunos Estados miembros de fomentar la energía renovable; subraya que la regulación de las ayudas públicas a las fuentes de energía sostenible debe llevarse a cabo, en la medida de lo posible, con el mismo ánimo que en cualquier otro sector, sin olvidar los objetivos de la UE para 2030 en el ámbito del clima y la energía ni la diversidad nacional;

38.

Destaca la importancia de evitar las prácticas monopólicas con el fin de establecer un mercado europeo de la energía plenamente equitativo y competitivo; pide, por tanto, que se supriman los suministros de carácter monopólico y las prácticas discriminatorias para los usuarios; considera que el mercado europeo del gas debe avanzar hacia una Unión de la Energía, con precios justos y estables, mediante la mejora de la diversificación de las fuentes de energía y el acceso a las infraestructuras estratégicas;

39.

Pide a la Comisión que emprenda las investigaciones pertinentes y adopte las medidas necesarias para asegurarse de que los gestores de las redes de transmisión (GRT) mantengan plenamente accesibles las actuales interconexiones eléctricas para el mercado de la energía, a fin de mejorar el funcionamiento del mercado interior de la electricidad y respaldar la consecución de los objetivos de la UE para 2030 en el ámbito del clima y la energía al coste socioeconómico más bajo posible a nivel de la UE;

40.

Insta a la Comisión a disponer la comunicación de las reservas de combustibles fósiles y las potenciales emisiones de CO2 por parte de las sociedades cotizadas y las que soliciten su admisión como tales en el mercado único, así como a elaborar informes agregados correctos y fiables y publicar los niveles de reservas y emisiones utilizando directrices contables adecuadas, puesto que ello resulta esencial para garantizar la igualdad de condiciones en el mercado de la inversión sostenible;

41.

Pide a la Comisión que examine en qué medida la concentración de proveedores de materias primas críticas puede provocar una desigualdad de condiciones y redundar en perjuicio de la actividad de los sectores clientes y menoscabo de una economía más ecoeficiente; considera que algunas de estas materias son de capital importancia para el desarrollo de las tecnologías e innovaciones ecoeficientes necesarias para alcanzar los objetivos ambientales;

42.

Reitera que la política de competencia debería contribuir a promover la transparencia, las normas abiertas y la interoperabilidad, con el fin de evitar el bloqueo tecnológico (lock-in) de los consumidores y los clientes por cualesquiera operadores del mercado en el sector energético; insta a la Comisión a que supervise estrechamente el grado de competencia, habida cuenta de que los tres operadores más importantes siguen acaparando aproximadamente el 75 % del mercado de la electricidad y más del 60 % del mercado del gas, a pesar de la apertura gradual de los mercados desde mediados de la década de los noventa; pide a la Comisión que garantice unas condiciones adecuadas de competencia en el mercado de la energía, a fin de mejorar el apoyo público a la innovación y el acceso a las fuentes de energía renovable;

43.

Pide a la Comisión que garantice que los reglamentos y directivas en materia de energía se transponen y aplican correctamente en todos los Estados miembros; insta, asimismo, a la Comisión a que preste una atención especial a los aumentos de precios por encima de la media de la UE, dado que los precios elevados distorsionan la competencia y perjudican a los consumidores;

44.

Considera que la consolidación del mercado único digital debe situarse en el centro de los esfuerzos de la UE para conseguir resultados en la consecución de los objetivos relacionados con la creación de empleo, el crecimiento y la inversión; reconoce el papel desempeñado por la política de competencia en pos de un mercado único digital; considera que el marco legislativo de la UE debe adaptarse rápidamente a la evolución del mercado; pide a la Comisión que estudie lo idóneos que son para la era digital los instrumentos legislativos de que dispone en materia de competencia; considera que las prioridades establecidas en el informe titulado «Priorities towards a Digital Single Market in the Baltic Sea Region» (Prioridades para un mercado único digital en la región del mar Báltico) podrían pasar a ser parte de las aspiraciones de toda la UE;

45.

Acoge con satisfacción el anuncio de la comisaria de Competencia de que la Comisión emprenderá nuevas investigaciones sobre las prácticas de Google en el sector de la telefonía móvil y del mercado digital en general; lamenta que, a pesar de cuatro años de investigación y tres grupos de propuestas de compromiso, la Comisión no haya logrado resultados patentes en cuanto al principal problema de competencia de su procedimiento antimonopolio contra Google, esto es, el trato preferencial que la empresa da a sus propios servicios al mostrar los resultados de las búsquedas; destaca que, si quiere mantener la credibilidad de su estrategia digital, la Comisión debe resolver con urgencia el procedimiento contra Google y así garantizar condiciones de competencia equitativas; insta a la Comisión a que actúe de forma decidida en todos los asuntos identificados, a que adopte medidas enérgicas, basadas en el principio de no discriminación, frente a las infracciones de las normas sobre competencia en mercados digitales dinámicos y en rápida transformación como son el de los motores de búsqueda y el de la publicidad en línea y a que dé con una solución a largo plazo que permita establecer una estructura de búsqueda en internet equilibrada, equitativa y abierta;

46.

Pide a la Comisión que se centre en la movilización tanto de los instrumentos de la política de competencia y como de los conocimientos especializados en materia de mercado, de forma que estos contribuyan de la manera más apropiada a los programas de fomento del empleo y el crecimiento, en particular en el sector del mercado único digital; considera, en este mismo contexto, que es importante avanzar en el planteamiento de un enfoque económico y jurídico en la evaluación de las cuestiones relativas a la política de competencia, así como proseguir la tarea de supervisión del mercado, prestando de este modo el apoyo necesario a las actividades más generales de la Comisión;

47.

Destaca que, en el sector de la banda ancha de nueva generación, los antiguos monopolios acaparan una increíble cuota de mercado superior al 80 %; recuerda que la competencia efectiva es el factor incentivador por excelencia de la eficiencia en las inversiones, y que ofrece el máximo beneficio a los consumidores en términos de elección, precios y calidad; pide, por tanto, a la Comisión que aplique correctamente, tanto ex post como ex ante, las normas de competencia de la UE con miras a impedir la concentración excesiva del mercado y los abusos de posición dominante, ya que la presión competitiva es un factor clave que garantiza que los consumidores puedan obtener el máximo beneficio de servicios de alta calidad a precio asequible;

48.

Señala que es poco probable que limitando la competencia se consiga incrementar la inversión en la banda ancha, ni siquiera en las zonas más periféricas, en la medida en que la cobertura total de los servicios básicos de banda ancha se ha logrado en Europa mediante un marco regulatorio que garantiza el acceso a las redes de los operadores dominantes;

49.

Considera que la inversión en infraestructuras de banda ancha de «próxima generación» ocupa claramente una posición central en el proceso de creación de una economía y una sociedad de base digital, aunque, con el fin de maximizar las inversiones, las políticas desarrolladas en el sector de las telecomunicaciones deben facilitar que todos los participantes puedan llevar a cabo inversiones eficientes, brindándoles un acceso efectivo a activos de redes no duplicables y a productos de acceso al por mayor adecuados a su finalidad;

50.

Pide a la Comisión que fundamente sus decisiones y propuestas de políticas en un análisis exhaustivo e imparcial de conjuntos de datos correctos, pertinentes e independientes; expresa sus dudas, en particular, sobre la exactitud de los datos presentados por lo que se refiere a las bajas prestaciones de la UE en la banda ancha de alta velocidad, incluidas las velocidades recibidas a nivel de los usuarios finales, las inversiones en infraestructuras y el estado financiero del sector en una comparación global;

51.

Recuerda que la neutralidad de la red es un factor de vital importancia para impedir la discriminación entre los servicios de internet y velar por una competencia plena y efectiva;

52.

Destaca que hacer frente a la fragmentación del mercado único digital, también mediante la investigación de la naturaleza de los obstáculos que actualmente impiden la entrada en sectores fundamentales de dicho mercado, y garantizar una internet abierta y consagrar la neutralidad de la red en la legislación de la UE, para asegurar el mismo trato a todo el tráfico que circula por internet sin discriminación, restricción ni interferencia alguna, resulta esencial para fomentar la competencia e impulsar el crecimiento, la competitividad y la confianza de los consumidores en el sector digital; considera que unas normas abiertas y la interoperabilidad contribuyen a una competencia leal; destaca la necesidad de que la política de competencia se adapte al futuro y tenga en cuenta nuevas formas de venta a través de internet;

53.

Destaca que los esfuerzos para fomentar una competencia libre y leal, especialmente mediante la realización del mercado único digital, y otros aspectos del sector de los servicios, deben obrar en interés de los consumidores y de las pymes; reitera que dichos esfuerzos mejorarán las posibilidades de elección de los consumidores y desarrollarán un entorno en el que las pymes y las microempresas puedan desplegar una mayor innovación y creatividad; opina que para aplicar las políticas de competencia es esencial que las autoridades reguladoras y encargadas de la ejecución tomen medidas rápidas contra las prácticas engañosas y desleales;

54.

Pide a la Comisión que estudie la forma de integrar en la legislación europea el ascenso de la economía colaborativa (sharing economy); considera que esta adaptación resulta necesario para garantizar la igualdad de condiciones y la competencia leal entre todos los participantes;

55.

Considera que las empresas relacionadas con la denominada economía colaborativa deben estar sometidas a las mismas obligaciones tributarias y regulatorias que las empresas tradicionales, dado que de otra forma no solo se distorsionaría la competencia, sino que también se producirían efectos fiscales negativos para las finanzas de los Estados miembros;

56.

Considera especialmente importantes la supervisión eficaz de la conducta de las empresas dominantes y una reacción diligente cuando se detectan abusos, ya que las prácticas ilegales pueden provocar la expulsión temprana del mercado de los competidores pequeños e innovadores;

57.

Señala que la falta de regulación de la economía colaborativa procura una ventaja injusta a determinadas empresas al tiempo que disminuye los incentivos para invertir en los sectores afectados;

58.

Pide a los Estados miembros que apliquen las nuevas normas de contratación pública de la UE de manera oportuna, incluidas las disposiciones sobre criterios vinculados al asunto objeto del contrato, incluidas las características sociales, medioambientales e innovadoras, y en materia de administración electrónica, contratación pública electrónica y división en lotes para impulsar la competencia leal y garantizar a las autoridades públicas la máxima rentabilidad; pide a la Comisión que se asegure de que se aplican de la manera más completa posible a fin de eliminar distorsiones de la competencia provocadas por colusiones en licitaciones, abusos de posición dominante, discriminación y falta de acceso para las pymes; pide a la Comisión que incluya sus acciones en un marco mundial, vinculando la política de competencia de la Unión en el territorio europeo a la defensa de la apertura de los mercados de contratación pública fuera de la UE;

59.

Destaca la importancia de contar con directrices claras y detalladas de la Comisión para las autoridades públicas y las empresas, especialmente las pymes, con el fin de facilitar la comprensión de los nuevos actos legislativos aprobados en materia de contratación pública y, en particular, la nueva flexibilidad que estos ofrecen;

60.

Pide a la Comisión que supervise con atención la centralización de las compras en mercados de contratación pública con objeto de evitar excesivas concentraciones de poder adquisitivo y colusiones, así como para preservar las posibilidades de acceso al mercado de las pymes con arreglo a la «Small Business Act» para Europa;

61.

Pide a la Comisión que, en los contratos públicos que adjudique a través de sus Direcciones Generales y Agencias ejecutivas, aumente los contratos de bajo valor y los contratos superiores a 193 000 euros, en vez de recurrir casi exclusivamente a los contratos marco, que conllevan barreras a la apertura del mercado de la contratación pública a las pymes europeas y solo favorecen a las grandes empresas y consorcios localizados cerca de los centros de decisión;

62.

Pide por cuarta vez consecutiva que se ponga fin cuanto antes al régimen de ayudas estatales en tiempos de crisis en favor del sector bancario; reconoce que la Comunicación bancaria de la Comisión de agosto de 2013 no basta para proteger a los contribuyentes europeos y limitar el importe de la ayuda que pueden recibir los bancos; hace hincapié en que las ayudas estatales al sistema bancario no han logrado ni aumentar el nivel de crédito ni restaurar la confianza; insta a la Comisión a mantener una estrecha vigilancia sobre el sector bancario con el fin de reforzar la competencia en los mercados bancarios europeos, aumentando hasta el máximo los beneficios para los ciudadanos de la Unión; hace hincapié en la necesidad de regresar a la aplicación tradicional del control de las ayudas estatales en cuanto resulte posible para el sector bancario;

63.

Subraya que la aplicación de la normativa en materia de carteles ha ayudado a hacer más transparente el sector de los servicios financieros;

64.

Considera lamentable que la Comisión no haya tomado medidas para hacer frente a los abusos cometidos en la reestructuración de bancos privados, incluidos los que han afectado a los pequeños ahorradores y pequeños tenedores de instrumentos financieros, como acciones preferentes, que en muchos casos se comercializaron sin cumplir plenamente la legislación de la UE;

65.

Pide a la Comisión que supervise estrechamente el sector financiero, a fin de reforzar la competencia y la protección de los inversores y los consumidores en el mercado bancario e inversor europeo; observa que la consolidación del sector bancario ha incrementado la cuota de mercado de varias entidades financieras de modo que ahora supera los niveles alcanzados en el período anterior a la crisis, y que el sector de la inversión financiera ha crecido simultáneamente sin beneficio alguno para la economía real de la Unión; considera que, para mantener un mercado único plenamente operativo, ha de existir igualdad de condiciones entre los operadores del sector financiero y se deben adoptar medidas para suprimir los obstáculos a la transparencia e impedir el desarrollo de estructuras de cartel;

66.

Reconoce la importancia del papel que desempeña el control de las ayudas públicas desde que comenzó la crisis como mecanismo de reestructuración y resolución de las entidades bancarias en dificultades;

67.

Considera que el control de las ayudas públicas durante la crisis debería centrarse en estabilizar el sistema bancario y en abordar las cuestiones de la segmentación desleal de las condiciones de crédito y la discriminación contra las pymes en el mercado único;

68.

Considera que la Comisión debería considerar la posibilidad de que las ayudas públicas a las entidades bancarias se vinculen a la condicionalidad de la concesión de créditos a las pymes;

69.

Considera que la regulación bancaria debe tener en cuenta que las pequeñas entidades disponen de menos recursos para asegurar su cumplimiento, y que, por consiguiente, esta debe formularse de la forma más simple posible, a fin de evitar distorsiones a favor de las grandes entidades;

70.

Insta a la Comisión a realizar un estrecho seguimiento de aquellos mercados del sector bancario en los que la concentración sea elevada o esté creciendo, en particular como resultado de la reestructuración llevada a cabo como respuesta a la crisis; recuerda que los mercados oligopólicos tienen especial tendencia a las prácticas contrarias a la competencia; teme que dicha concentración pueda perjudicar en última instancia a los consumidores;

71.

Insta a la Comisión a garantizar que los bancos, antes de recibir ayudas estatales, vendan sus participaciones en otras compañías, reduciendo así la carga para los contribuyentes;

72.

Considera que hay que prestar especial atención a la fragmentación del mercado de pagos electrónicos con tarjeta, en particular aquellas situaciones como la pérdida de servicio cuando el consumidor se traslada a otro Estado miembro;

73.

Celebra la sentencia del TJUE de 11 de septiembre de 2014 sobre las tasas de las tarjetas de crédito que atentan contra la competencia, así como las satisfactorias medidas tomadas por la Comisión para garantizar que los procesos de estandarización en el sector de los pagos no afecten al acceso al mercado y a la innovación; reitera la posición del Parlamento, según el cual deben introducirse límites para las tasas de las tarjetas de crédito con el fin de reducir costes innecesarios para los consumidores; pide, en este contexto, a la Comisión que acelere el proceso de planificación del trabajo de normalización de los pagos móviles, velando por que ninguna de las medidas adoptadas excluya a los nuevos participantes ni favorezca a los operadores dominantes y asegurándose de que el marco reglamentario sea tecnológicamente neutral, con el fin de facilitar futuros avances tecnológicos;

74.

Considera que hay que supervisar cuidadosamente las externalidades de las novedades en este sector; expresa su preocupación ante la creación de distintos estándares entre competidores en igualdad de condiciones a causa de la armonización de la normativa financiera;

75.

Toma nota del progreso notable que se ha producido en la regulación del sector financiero a partir de 2008; subraya la necesidad de que se siga buscando una solución al problema de las entidades financieras que son demasiado grandes para quebrar y que, a resultas de ello, continúan beneficiándose de subvenciones implícitas; considera que el próximo informe de la Comisión ECON sobre la evaluación del impacto y el balance de los resultados de la legislación en materia de servicios financieros debería incluir un análisis exhaustivo de los aspectos relacionados con la competencia de la nueva regulación financiera de la UE, a fin de garantizar la competitividad de los bancos de la UE siempre que compitan con entidades internacionales;

76.

Expresa su preocupación por posibles prácticas fiscales ilegales de las empresas en los Estados miembros y pide a la Comisión que concluya lo más rápidamente posible la investigación que está llevando a cabo sobre los acuerdos fiscales utilizando para ello todas las pruebas disponibles; pide que se dé prioridad a las investigaciones sobre las reducciones de impuestos, que pueden constituir una forma de ayudas estatales ilegales; hace hincapié en que una competencia fiscal más leal resulta fundamental para la integridad del mercado interior, la sostenibilidad de la hacienda pública y la igualdad de condiciones de competencia;

77.

Destaca la publicación de los documentos conocidos como «LuxLeaks» por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación; se congratula del compromiso de la comisaria de Competencia con la investigación exhaustiva e independiente de las prácticas de los Estados miembros en materia de acuerdos fiscales, así como su cumplimiento de la legislación de la UE sobre competencia; observa que la elusión de impuestos por parte de algunas empresas distorsiona la competencia en el mercado único; anima a la Comisión a aplicar con vigilancia las normas de la UE que rigen el control de las ayudas estatales;

78.

Pide al presidente de la Comisión que garantice la independencia de la investigación sobre las prácticas de los Estados miembros en materia de acuerdos fiscales que dirige actualmente la comisaria de Competencia, así como la de las investigaciones que se realicen en el futuro; insiste en que se tenga informado al Parlamento del avance general de las investigaciones, a fin de garantizar que se llevan a cabo con transparencia e independencia; pide a la Comisión que presente lo antes posible un informe con sus conclusiones; recuerda el compromiso asumido por la comisaria de Competencia de examinar qué consecuencias de carácter más general pueden tener para la competencia las prácticas agresivas de elusión de impuestos observadas en las empresas y fomentadas por los Estados y de ampliar la investigación si, una vez recopilados los hechos, ello resultara necesario;

79.

Pide a la Comisión que, en su próxima revisión de la reforma de la PAC, estudie la cofinanciación de los fondos transferidos; insta a simplificar las medidas relacionadas con la superficie de interés ecológico que estén centradas en la competitividad y a examinar de una manera neutra desde un punto de vista competitivo los parámetros de superficie de interés ecológico para los cultivos intermedios y los fijadores de nitrógeno;

80.

Pide a la Comisión que, tras su reciente estudio acerca de la repercusión económica que la modernización del comercio al por menor tiene en la oferta y la innovación del sector alimentario de la UE, examine el posible impacto de los grandes supermercados que dominan el mercado hasta tal punto que su poder de negociación colectiva distorsiona la competencia entre las cadenas de suministro, tanto en Europa como en el mundo en desarrollo;

81.

Señala que este sector se halla fragmentado a causa de las normativas nacionales; acoge con satisfacción la contribución de la política de competencia de la UE para abordar los obstáculos de acceso artificiales;

82.

Pide que se tengan especialmente en cuenta los medicamentos y procedimientos médicos innovadores al estudiar los casos relacionados con el establecimiento de precios provisionales;

83.

Constata que la política de competencia puede influir en la mejora del acceso a los medicamentos genéricos;

84.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por una igualdad de condiciones que permita que, en todos los modos de transporte, la competencia sea no solo libre, sino también justa; reconoce, no obstante, que al promover esto hay que tener debidamente en cuenta la gran cantidad de peculiaridades nacionales que hay en el Derecho vial; hace hincapié en que las infraestructuras de transportes resultan esenciales para la supervivencia y el bienestar de las personas físicas y jurídicas, en particular en las regiones poco pobladas y en las islas periféricas;

85.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por garantizar una competencia leal y una mayor calidad de los servicios en el sector ferroviario, así como en la gestión de las redes portuarias y aeroportuarias, en particular cuando esta sea competencia de la Administración central; subraya que la competencia no implica necesariamente la privatización de los servicios existentes; pide asimismo a la Comisión que vele por que las compañías aéreas no abusen de su posición dominante en determinados aeropuertos;

86.

Considera que la Comisión debe reforzar aún más los vínculos entre la política de competencia y la política de transportes con objeto de mejorar la competitividad del sector europeo de los transportes y seguir avanzando en la realización del mercado único de los transportes;

87.

Insta a la Comisión a completar la aplicación del espacio ferroviario europeo único, a garantizar la plena transparencia en los flujos de dinero entre los gestores de infraestructuras y las empresas ferroviarias y a verificar que todos los Estados miembros cuentan con un regulador nacional fuerte e independiente;

88.

Hace hincapié en que el mercado único en el sector de los transportes de mercancías por ferrocarril se ve afectado por una transposición incorrecta o incompleta de la legislación de la UE por parte de los Estados miembros y por cuellos de botella a la movilidad transfronteriza que perjudican la competencia y el crecimiento; pide a la Comisión que compruebe si las barreras técnicas o del mercado, que difieren de un Estado miembro a otro, como el ancho de vía, el suministro energético y los sistemas de señalización, pueden considerarse infracciones de las normas sobre competencia;

89.

Invita a la Comisión a presentar un estudio justificado que establezca cuáles son las compañías aéreas que, por medio de condiciones especiales o de supuestos abusos de su posición dominante en determinados aeropuertos, se benefician de ventajas frente a otros proveedores de servicios;

90.

Manifiesta su preocupación por la distinta aplicación y puesta en práctica en los Estados miembros de la normativa sobre el transporte internacional por carretera, como ocurre, por ejemplo, con la normativa sobre cabotaje y sobre los tiempos de descanso, así como por el posible dumping social en el seno de los servicios de transporte en sentido amplio, y considera que estos problemas deben abordarse;

91.

Celebra la iniciativa de la Comisión respecto a las empresas internacionales de alquiler de vehículos que tiene por objeto acabar con las prácticas que impiden que los consumidores accedan a los mejores precios disponibles según su país de residencia; hace hincapié en que no debe impedirse que los consumidores hagan uso de la mejor tarifa disponible cuando adquieren bienes o contratan servicios en el mercado único;

92.

Pide a la Comisión que tome medidas para reducir la fragmentación del sector de alquiler de vehículos, dado que, con las normativas nacionales vigentes, se produce un aumento considerable de los costes de los desplazamientos transfronterizos, perjudicando así al mercado único;

93.

Subraya que los esfuerzos por fomentar una UE competitiva deben realizarse siempre en aras del interés público; reconoce la relación que existe entre una política de competencia de la UE eficaz y la necesidad de una inversión a gran escala en servicios públicos fundamentales, incluidos los servicios de transportes;

94.

Insta a la Comisión a que investigue las prácticas restrictivas y abusivas de las federaciones deportivas internacionales, como la de denegar a sus miembros el derecho a participar en eventos deportivos alternativos no autorizados por las respectivas federaciones o la de imponer de por vida a los atletas, responsables y entrenadores, en caso de incumplimiento de lo anterior, la prohibición de participar en los juegos olímpicos y los campeonatos del mundo;

95.

Pide que en el acuerdo de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión se incluya un capítulo relativo a la competencia con disposiciones que abarquen la prevención de prácticas restrictivas de la competencia, las concentraciones de empresas, las empresas estatales, las subvenciones y el acceso desigual al mercado; pide que los medios de comunicación informen de manera imparcial en cuanto a las medidas, los problemas y los avances en estos acuerdos;

96.

Reconoce y respalda la necesidad de que la Comisión refuerce el papel de la política de competencia en la cooperación económica internacional, también a través de la cooperación con las autoridades de defensa de la competencia de todo el mundo; recuerda que la cooperación vinculada a la regulación y ejecución de esta política ayuda a garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las empresas europeas que operan en los mercados mundiales;

97.

Subraya que, en la era de la globalización, la cooperación internacional es fundamental para una aplicación eficaz de los principios relativos a legislación sobre competencia; pide, por consiguiente, a la Comisión que impulse la cooperación internacional en materia de competencia;

98.

Pide a la Comisión que estudie las posibilidades de celebrar con otros terceros países acuerdos en materia de competencia que faciliten el intercambio de información entre autoridades investigadoras; subraya, en este sentido, que el acuerdo en materia de competencia recientemente celebrado con Suiza puede servir de modelo para posteriores acuerdos de este tipo;

99.

Hace hincapié en la disposición del Acuerdo marco en la que se establece que el Parlamento y el Consejo deben recibir el mismo trato en lo relativo al acceso a las reuniones y al suministro de información a la hora de preparar la legislación o el Derecho indicativo en el ámbito de la política de competencia;

100.

Destaca el papel esencial desempeñado por el Parlamento Europeo en la representación de los intereses de los consumidores europeos para aplicar adecuadamente las normas en materia de competencia;

101.

Acoge con satisfacción el papel del Parlamento como colegislador en la Directiva relativa a las acciones por daños por infracciones del Derecho de la competencia y considera que el procedimiento seguido en dicha Directiva constituye un ejemplo para la futura colaboración interinstitucional en materia de competencia;

102.

Reitera que, al elaborar la política de competencia, la Comisión debe ser plenamente responsable y seguir las resoluciones del Parlamento;

103.

Pide a la comisaria de Competencia que se comprometa a reunirse frecuentemente con la comisión o las comisiones competentes del Parlamento, así como con el grupo de trabajo para la competencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento;

104.

Considera que el Parlamento debe tener poderes de codecisión en materia de política de competencia; lamenta que los artículos 103 y 109 del TFUE solo prevean la consulta al Parlamento; considera que este déficit democrático es intolerable; propone que se subsane este déficit lo antes posible mediante acuerdos interinstitucionales en el ámbito de la política de competencia y que se corrija en la próxima modificación del Tratado;

105.

Hace hincapié en el papel de la comisaria de Competencia en el fomento del empleo y el crecimiento, así como en el mercado único digital, la política energética, los servicios financieros, la política industrial y la lucha contra la evasión fiscal;

106.

Insta a la Comisión a elaborar directrices y procedimientos en el marco de la REC para garantizar que se supervise efectivamente si los acuerdos fiscales de los Estados miembros cumplen la normativa sobre ayudas estatales;

107.

Aplaude el compromiso de la Comisión por aplicar de manera efectiva las normas sobre competencia relativas a la prevención de prácticas restrictivas de la competencia y los carteles, así como a las concentraciones de empresas y las ayudas estatales, de tal modo que los instrumentos en materia de competencia sigan de cerca los cambios en el mercado, al mismo tiempo que se promueve una cultura de la competencia innovadora tanto en la UE como en el resto del mundo;

108.

Pide a la Comisión que evalúe su proceder en los últimos casos antimonopolio y aborde las inquietudes formalistas que se han suscitado;

109.

Pide a la Comisión que, de forma coordinada, elabore propuestas en materia de competencia fiscal y las presente al Consejo;

110.

Pide a la Comisión que siga informando anualmente al Parlamento sobre los progresos y los efectos de la aplicación de la política de competencia;

111.

Acoge favorablemente los compromisos que adquirió en su audiencia la comisaria, especialmente en lo relativo a la cooperación y al refuerzo de las relaciones con el Parlamento Europeo;

112.

Pide a la Comisión Europea que dé mayor impulso a una política de competencia activa como uno de los pilares fundamental de la economía social de mercado;

113.

Opina que se debe poner pronto a disposición de los consumidores y las empresas un fichero de casos a modo de recurso indicativo de la competencia;

114.

Señala la permanente falta de claridad existente en algunos Estados miembros en cuanto a si la financiación de centros europeos para la protección de los consumidores se considera una ayuda estatal ilegal; expresa su preocupación por el hecho de que, de esa forma, la financiación de dichos centros europeos de protección de los consumidores se ve amenazada; pide a la Comisión que aclare a los Estados miembros lo antes posible la necesidad de notificar esta financiación con el fin de seguir garantizando los servicios de apoyo de los centros europeos de protección de los consumidores;

115.

Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a garantizar el estricto cumplimiento a todos los niveles políticos de las normas sobre ayudas estatales;

116.

Pide que se cree una institución conjunta, formada por el Parlamento, el Consejo, la Comisión y científicos, que analice las tendencias y la evolución a largo plazo de la política de competencia en sectores de futuro, como la economía digital o el sector energético;

117.

Pide que se examine sin cortapisas qué entraña una política fiscal nacional responsable, especialmente en lo que respecta a las prácticas fiscales desleales y los regímenes y exenciones fiscales que falsean la competencia, a fin de poder adoptar en el futuro medidas eficaces al respecto;

118.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a las autoridades nacionales de competencia.

30.8.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 316/30

—

Visto el Informe Anual 2013 del Banco Central Europeo,

—

Vistos los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y, en particular, su artículo 15,

—

Visto el artículo 284, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 126 y 132, apartado 1, de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0011/2015),

A.

Considerando que, según las previsiones de los servicios de la Comisión de primavera de 2014, el PIB de la zona del euro se redujo en un 0,4 % en 2013, tras haber experimentado una caída del 0,7 % en 2012, y que los servicios de la Comisión esperan una recuperación, con un aumento del PIB del 1,2 % en 2014 y del 1,7 % en 2015; considerando que los servicios de la Comisión revisaron a la baja las perspectivas de crecimiento en sus previsiones de otoño de 2014, anticipando un aumento del PIB de solo un 0,8 % en 2014 y un 1,1 % en 2015 y la persistencia de los riesgos a la baja;

B.

Considerando que, según estas mismas previsiones, el desempleo en la zona del euro se incrementó del 11,3 % a finales de 2012 al 11,9 % a finales de 2013, y se mantuvo a unos niveles elevados en 2014;

C.

Considerando que existen grandes disparidades entre las tasas de desempleo de los distintos Estados miembros, cuyas cifras varían entre el 5 % y el 26 %; que los porcentajes de desempleo juvenil son aún mayores y se encuentran en torno al 50 % en algunos Estados miembros; que las diferencias en las porcentajes de desempleo juvenil aumentan la divergencia económica entre los Estados miembros;

D.

Considerando que los Estados miembros no deben aprovechar el éxito del anuncio del programa de operaciones monetarias de compraventa (OMC) a la hora de reducir los tipos de interés sobre los depósitos para evitar las reformas estructurales dirigidas a aumentar el potencial de crecimiento y a lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo; que las tendencias en materia de empleo y reducción de la pobreza ponen en riesgo la consecución de los objetivos nacionales de la Estrategia Europa 2020;

E.

Considerando que durante 2013 el Banco Central Europeo (BCE) bajó sus tipos de interés básicos en mayo y, de nuevo, en noviembre, con lo que el tipo de las operaciones principales de financiación se redujo al 0,25 %; que, además de las medidas adicionales de política monetaria anunciadas desde el comienzo de 2014, el tipo principal de financiación se encuentra actualmente en el 0,05 % y el tipo de la facilidad de depósito, en el -0,20 %;

F.

Considerando que la reducción de los tipos de interés reales no se ha traducido ni en un incremento del crédito a las familias y las empresas ni en crecimiento del PIB ni en creación de empleo;

G.

Considerando que el estado financiero consolidado del Eurosistema alcanzó los 2 285 billones de euros a finales de 2013, cifra que representa una caída del 25 % aproximadamente durante 2013;

H.

Considerando que los activos no negociables constituyeron el principal componente de los activos presentados como garantías al Eurosistema durante 2013, ascendiendo a aproximadamente el 25 % del total; considerando que los valores no negociables junto con los bonos de titulización de activos representan aproximadamente el 40 % de los activos totales presentados como garantía;

I.

Considerando que, según las previsiones de los servicios de la Comisión de otoño de 2014, la tasa media de inflación en la zona del euro fue del 1,4 % en 2013, frente al 2,5 % registrado en 2012; que la inflación en la zona del euro ha seguido descendiendo desde el comienzo de 2014, se estima en un 0,5 % para 2014, y alcanzó un valor mínimo del 0,3 % en septiembre; considerando que la tasa de inflación global del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) cayó hasta valores del 0 % o inferiores en septiembre de 2014, y que permanecerá por debajo del objetivo en 2015;

J.

Considerando que los bajos precios de la energía, en particular del petróleo, han sido una de las principales causas de la reducción de las tasas de inflación en la zona del euro;

K.

Considerando que el nivel de inversión pública y privada en la zona del euro ha estado estancado en niveles significativamente inferiores a los registrados antes del inicio de la crisis; que las grandes empresas han aprovechado el entorno de dinero barato para recomprar acciones propias en lugar de realizar nuevas inversiones; que el porcentaje relativo de inversiones respecto del PIB ha descendido de manera continuada incluso desde antes de la crisis, y ha de impulsarse con carácter de urgencia;

L.

Considerando que la tasa de crecimiento interanual de M3 ha continuado desacelerándose, pasando del 3,5 % en diciembre de 2012 al 1 % en diciembre de 2013;

M.

Considerando que el crédito al sector privado se ha adentrado aún más en territorio negativo, con una tasa de variación interanual del -2,3 % en diciembre de 2013, en comparación con el -0,7 % registrado en diciembre de 2012; que la falta de crédito que afecta a las pymes en algunos Estados miembros es uno de los principales problemas que retrasan la recuperación económica; que la concesión de crédito a las pymes experimentó una caída de alrededor de un 35 % entre 2008 y 2013; considerando que resulta fundamental facilitar el flujo de crédito a las pymes, ya que estas proporcionan empleo al 72 % de la población activa de la zona del euro y poseen tasas brutas de creación de empleo superiores a las de las grandes empresas;

N.

Considerando que la fragmentación financiera sigue siendo un problema grave, por cuanto las pymes han de hacer frente a costes de endeudamiento mucho mayores —sobre todo en los países de la zona del euro que ya se han visto afectados por una difícil situación económica—, lo que genera distorsiones en el mercado único, ralentiza la recuperación y amplía las divergencias entre los países; que los resultados de la evaluación global de los bancos europeos deben repercutir positivamente en las políticas monetarias vigentes y en la voluntad de los bancos de incrementar sus actividades crediticias, en particular con respecto a la economía real;

O.

Considerando que el tamaño del balance del Eurosistema se ha venido reduciendo constantemente durante 2013, reflejando el reembolso de los fondos obtenidos en las operaciones de financiación a plazo más largo (OFPML) por parte de los bancos;

P.

Considerando que en julio de 2013 el Consejo de Gobierno del BCE decidió ofrecer indicaciones sobre la orientación futura de la política monetaria, afirmando que esperaba que los tipos de interés básicos se mantuviesen en los niveles actuales o en niveles inferiores durante un período de tiempo prolongado;

Q.

Considerando que es probable que los efectos de una posible expansión cuantitativa en la zona del euro se vieran mermados por la excesiva intermediación crediticia del sector bancario;

R.

Considerando que, en virtud del artículo 282 del TFUE, el objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) es mantener la estabilidad de precios; que el artículo 127 del TFUE dispone que, sin perjuicio de este objetivo principal, el SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Unión; que el artículo 123 del TFUE y el artículo 21 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo prohíben la adquisición directa por parte de los bancos centrales nacionales o del BCE de instrumentos de deuda emitidos por la UE o por autoridades u organismos públicos nacionales; que esto era una condición indispensable para la adhesión de diversos Estados miembros a la Unión Económica y Monetaria; que dichas adquisiciones se permiten en los mercados secundarios;

1.

Reconoce la rápida reacción del BCE ante un entorno muy difícil, y el hecho de que la política monetaria se haya dirigido a reducir el nivel de tensión de los mercados financieros de la zona del euro y restablecer la confianza de los inversores en la moneda única; elogia la disposición del BCE a hacer todo lo necesario para salvar el euro; observa la reducción general positiva de los rendimientos de la deuda pública a largo plazo —sobre todo en los países más endeudados de la zona del euro— hasta niveles sin precedentes desde el comienzo de la crisis; toma nota de que los bajos rendimientos no han dado lugar a la creación de empleo ni al crecimiento, y que la falta de estos compromete la estabilidad financiera;

2.

Señala que el recurso a las operaciones principales de financiación, las operaciones de refinanciación a medio y largo plazo con plena asignación a tipos fijos, la facilidad marginal de crédito, la provisión urgente de liquidez y la facilidad de depósito permanecieron a unos niveles considerablemente altos durante todo 2013, lo cual es síntoma del actual deterioro del mecanismo de transmisión monetaria y del mercado de préstamos interbancarios de la zona del euro, aunque se observó una mejora significativa en la situación con respecto a años anteriores, como pone de manifiesto la estabilización de los diferenciales, la progresiva normalización de los mercados interbancarios y la reducción de los desequilibrios de Target II;

3.

Encuentra alentadora la estabilización de los niveles de desequilibrio de Target II a lo largo de 2013; destaca que el sistema de liquidación Target II ha desempeñado un papel esencial a la hora de salvaguardar la integridad del sistema financiero de la zona del euro;

4.

Manifiesta su profunda preocupación por que la actividad económica siga siendo débil, habida cuenta de que la zona del euro presenta en 2013 un crecimiento negativo del PIB por segundo año consecutivo, de que el crecimiento del PIB ha sido débil durante los tres primeros trimestres de 2014 y de que en muchos Estados miembros de la zona del euro se registran tasas de desempleo elevadas que han alcanzado niveles que ponen en riesgo la estabilidad de la misma y socavan el apoyo popular y político al proyecto europeo;

5.

Subraya su preocupación por la continua caída de la tasa de inflación en la zona del euro desde 2011 y por los diferenciales de las tasas de inflación entre los Estados miembros; destaca la importante brecha que se observa actualmente entre el objetivo explícito del BCE de mantener las tasas de inflación en niveles inferiores, aunque próximos, al 2 % a medio plazo y las actuales tasas de inflación, cuyos valores se sitúan cerca, o incluso por debajo, del cero en varios Estados miembros de la zona del euro; le preocupa que, como reconoció el presidente del BCE, las actuales tendencias deflacionarias puedan desembocar en un desenganche de medio a largo plazo de las expectativas de inflación;

6.

Reconoce que el proceso en curso de ajuste del balance en el sector financiero y fuera de este, junto con un desempleo elevado, siguió frenando la actividad económica en la zona del euro en 2013;

7.

Observa con atención los posibles riesgos deflacionarios; recuerda que una tasa de inflación próxima a cero en la zona del euro reduce la eficacia de la política monetaria; entiende que el BCE atribuye la causa de la muy baja inflación a los efectos a corto plazo y que confía en que se cumpla el objetivo a medio plazo sin una fase deflacionaria; señala, sin embargo, que el BCE revisó aún más a la baja (entre un 0,1 y un 0,2 %) las previsiones de inflación para 2015 y 2016;

8.

Recalca que el nivel de inflación inferior al objetivo previsto para los próximos años repercutirá en los programas de reducción de la deuda de varios Estados miembros;

9.

Indica que, ante la perspectiva de más políticas acomodaticias como la expansión cuantitativa, y dados los recursos interpuestos contra el programa de OMC, resulta fundamental garantizar claridad y seguridad jurídicas a fin de permitir la aplicación eficaz de tales instrumentos, teniendo en cuenta las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Pedro Cruz Villalón, presentadas en el asunto C-62/14, de 14 de enero de 2015;

10.

Hace hincapié en que la rebaja de los costes de endeudamiento por parte los Estados miembros va de la mano con el aumento de las deudas públicas, que en muchos casos alcanzan valores próximos o superiores al 100 % del PIB, y advierte de que una nueva crisis podría provocar una reevaluación del riesgo por parte de los mercados financieros;

11.

Señala que las previsiones del BCE publicadas en 2013 no habían anticipado la actual conjunción de un crecimiento plano y una inflación muy baja, incluso con signos de deflación; pide, en este contexto, que se tomen con precaución las previsiones actuales de mayor crecimiento económico y subida de la inflación en 2015 y 2016;

12.

Considera que los malos balances no afectan solo a los bancos sino que también tienen repercusiones negativas para las empresas y otros actores del sector privado, pues la falta de capital y de financiación inhibe la capacidad de las empresas para seguir siendo competitivas, crecer y, en último término, mantener y crear puestos de trabajo;

13.

Estima de suma importancia generar condiciones para un repunte de la inversión en la zona del euro, tanto pública como privada, teniendo en cuenta que, a pesar de que el BCE ha proseguido sus acciones para mantener condiciones favorables de financiación, la inversión sigue sin repuntar; pide, en este contexto, a los Estados miembros que aborden las causas subyacentes de la fragmentación financiera, tales como las divergencias en las estructuras de riesgo que encarecen el crédito en determinados países; solicita asimismo a los Estados miembros que introduzcan las reformas estructurales pertinentes a fin de restablecer un entorno favorable para las empresas, en particular mediante la aplicación de las recomendaciones específicas por país;

14.

Anima al BCE a tener en cuenta en su política de expansión del balance la adquisición de obligaciones para la financiación de proyectos del BEI, que sufragan algunas de las inversiones más productivas de la zona del euro, en particular las relativas a aquellos proyectos que, tras haberse sometido a un análisis de coste-beneficio, han sido seleccionados por la Comisión por aportar un valor añadido europeo, como es el caso de los proyectos RTE-T en materia de energía y transporte, y los proyectos relacionados con el mercado único digital;

15.

Toma nota de que, en su discurso pronunciado el 22 de agosto de 2014 en el simposio anual de bancos centrales de Jackson Hole, Mario Draghi afirmó que necesitamos actuar en ambos lados de la economía, e indicó que las políticas de demanda agregada tienen que acompañarse de políticas y reformas estructurales nacionales; en el lado de la demanda, la política monetaria puede y debe desempeñar un papel central, lo que actualmente se traduce en una política monetaria acomodaticia durante un período de tiempo prolongado; existe un margen para que la política fiscal desempeñe un papel más relevante junto con la política monetaria, y debe tenerse en cuenta, al mismo tiempo, la sostenibilidad de la deuda pública; y que, si bien se precisa un impulso a la inversión pública para estimular la inversión privada y favorecer reformas estructurales, debe ponerse énfasis también en las medidas de política fiscal adecuadas;

16.

Coincide con el presidente Draghi en que la flexibilidad existente en las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento podría utilizarse para abordar mejor la débil recuperación y acomodar el coste de las reformas estructurales necesarias;

17.

Se muestra de acuerdo con el presidente Draghi en que existe margen para una composición de las políticas fiscales más favorable al crecimiento y para reducir la carga impositiva de manera que no afecte al presupuesto;

18.

Conviene con el presidente Draghi en que también parecen necesarias medidas complementarias a nivel de la UE que aseguren tanto una posición agregada adecuada como un amplio programa de inversión pública;

19.

Observa que, además de la bajada de sus tipos de interés básicos y el aumento de sus operaciones de financiación, el BCE ha adoptado instrumentos innovadores como las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO) y nuevas estrategias de comunicación, como la indicación de la orientación futura de su política;

20.

Considera que el mecanismo de transmisión no está funcionando correctamente, y que los instrumentos de política monetaria que el BCE lleva utilizando desde el inicio de la crisis, aunque suponen un gran alivio de las tensiones de los mercados financieros, no pueden ser eficaces por sí mismos en la lucha contra la fragmentación financiera, el estímulo del crecimiento ni la mejora de la situación del mercado de trabajo; anima al BCE a que se asegure de que sus políticas se ajustan mejor a la economía real, en particular, en relación con las pymes;

21.

Estima que, como el mecanismo de transmisión de la política monetaria se ve gravemente afectado, los efectos positivos de las decisiones de reducir los tipos de interés básicos del BCE están limitados; recuerda que, a largo plazo, unos tipos de interés demasiado bajos pueden causar distorsiones en el sector empresarial y perjudicar al ahorro privado y a los planes de pensiones;

22.

Acoge con agrado las medidas anunciadas por el BCE en junio de 2014 dirigidas a mejorar el funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria; observa que las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico introducen por primera vez un vínculo entre los préstamos al sector privado no financiero que conceden las entidades de crédito y el importe de la financiación que estas pueden solicitar; espera que los resultados de la revisión de la calidad de los activos mejoren la utilización de las OFPML por parte de los bancos europeos, fomentando así el traspaso de liquidez a la economía real;

23.

Observa que el BCE ha anunciado que realizará compras de bonos de titulización de activos (BTA) y bonos garantizados para potenciar el impacto de las OFPML en la relajación del crédito; destaca que dichas intervenciones en el mercado de los BTA deben ser lo suficientemente importantes para repercutir en los tipos de interés de los préstamos a las pymes y reducir la fragmentación, y realizarse con transparencia y sin que se generen riesgos excesivos para el balance del BCE;

24.

Resalta su preocupación por la considerable fragmentación de las condiciones de concesión de crédito a pymes de los diversos países de la zona del euro, y por la brecha existente entre los tipos de financiación para las pymes y los tipos de financiación para las empresas más grandes; insiste en que las recientes medidas anunciadas por el BCE para impulsar el crédito bancario no abordan adecuadamente estos viejos problemas, y en que el BCE debe estudiar los factores subyacentes que obstaculizan el acceso de las pymes al crédito; pide al BCE que investigue si existe alguna correlación entre esta brecha y la concentración en el sector bancario;

25.

Subraya que, con las medidas anunciadas en junio y septiembre de 2014, se espera que el balance del BCE se acerque al tamaño que tenía al comienzo de 2012; observa que este aumento previsto requiere una vigilancia estrecha por parte del BCE con respecto a los riesgos de crédito que en última instancia soporta;

26.

Opina que el importe total de las subvenciones implícitas proporcionadas hasta la fecha debe recuperarse progresivamente en beneficio de los contribuyentes cuando la situación económica se normalice;

27.

Observa que el BCE ha afirmado reiteradamente su disposición a utilizar otros instrumentos no convencionales adicionales dentro de su mandato y a alterar el tamaño o la composición de sus intervenciones, en caso de un período excesivamente largo de inflación baja; sigue abierto a la utilización de medidas no convencionales adicionales, si bien subraya que estas medidas no serán suficientes sin la combinación adecuada de política fiscal, inversión y reformas estructurales;

28.

Destaca que no deben sobrestimarse las repercusiones en la economía real de las medidas no convencionales de política monetaria actualmente en vigor; subraya que estas medidas tienen carácter transitorio y que su finalidad es dar a los Estados miembros tiempo para consolidar su situación presupuestaria y aplicar las reformas estructurales necesarias con el fin de estimular el crecimiento económico y la mejora del mercado de trabajo;

29.

Señala que el ejercicio de políticas monetarias no convencionales durante un período prolongado de tiempo podría agravar las distorsiones en el mercado de capitales; pide al BCE que procure encontrar el equilibrio adecuado entre el riesgo de abandonar de forma prematura su política monetaria acomodaticia y los riesgos y costes derivados de las distorsiones que podrían ocasionar dichas políticas; pide, por tanto, al BCE que calibre las políticas no convencionales de modo que limiten tales distorsiones;

30.

Recuerda que la política monetaria por sí sola no puede estimular la demanda agregada a menos que esté complementada por políticas fiscales y reformas estructurales nacionales adecuadas;

31.

Subraya que, tal como se desprende de la experiencia adquirida en los años anteriores a la crisis, las tasas de inflación estables, en consonancia con el objetivo a medio plazo definido por el BCE, pueden asociarse con dinámicas insostenibles de deuda privada, destacando la importancia de gestionar las burbujas de activos y el crecimiento del crédito incluso cuando está garantizada la estabilidad de los precios;

32.

Recuerda que la independencia del BCE en cuanto a la ejecución de su política monetaria, tal y como se consagra en los Tratados, es crucial para el objetivo de salvaguardar la estabilidad de precios, es decir, mantener la inflación en niveles inferiores, aunque próximos, al 2 %; indica asimismo que todos los Gobiernos y autoridades públicas nacionales deben abstenerse de pedir medidas al BCE;

33.

Recuerda que todos los miembros del Consejo General del BCE se encuentran vinculados por las decisiones adoptadas, que tendrán carácter confidencial salvo que se haya decidido hacerlas públicas;

34.

Pide al BCE que dé un paso atrás con respecto a su cometido en la troika con el fin de reforzar su independencia de las decisiones políticas;

35.

Recuerda que el artículo 127 del TFUE establece que el BCE, sin perjuicio de su objetivo principal, apoyará las políticas económicas generales de la Unión, como se estipula también en el artículo 282 del TFUE; destaca, en este sentido, la importancia del diálogo monetario;

36.

Recalca que, en aras de una clara separación entre la política monetaria y la fiscal, la autoridad monetaria no debe proporcionar subvenciones a entidades beneficiarias de aportaciones de liquidez, ya que tales subvenciones se corresponden con la política fiscal;

37.

Lamenta que el BCE se haya excedido en su mandato con arreglo a los Tratados, como ponen de manifiesto las cartas enviadas por su antiguo presidente a los Gobiernos español, italiano e irlandés;

38.

Acoge con agrado el paso adelante dado por el BCE al decidir la publicación de las actas de sus reuniones y el inicio de esta práctica en enero de 2015; se felicita por que el Consejo de Gobierno del BCE haya accedido a esta petición, formulada por el Parlamento Europeo en todos sus informes anuales sobre el BCE;

39.

Considera que los bancos centrales de todo el mundo deben colaborar activamente para evitar la adopción de políticas que puedan repercutir de forma negativa sobre los demás; observa que algunos bancos centrales piden a otros bancos centrales que acepten las posibles repercusiones negativas de las políticas monetarias mucho después de haber adoptado de forma unilateral sus propias políticas;

40.

Estima que la reciente información que ha salido a la luz pública destaca la importancia de utilizar con prudencia las líneas de provisión urgente de liquidez en el futuro; subraya que no puede volver a aceptarse que el sector bancario de un Estado miembro se endeude de esta forma por un importante porcentaje de su PIB;

41.

Anima al BCE a seguir mejorando la política de género que aplica en sus nombramientos con vistas a eliminar la brecha existente; acoge favorablemente el nombramiento de Danièle Nouy como encargada de la supervisión del sector bancario europeo, en particular por sus distinguidos méritos y su excelente currículo;

42.

Considera que una mayor atención al crecimiento y a la inversión pública (por ejemplo, el paquete de inversión de 300 000 millones de euros que ha propuesto el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker) serviría para completar los esfuerzos del BCE por aumentar el empleo y el crecimiento en Europa;

43.

Se congratula de que el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el primer pilar de la Unión Bancaria, esté plenamente operativo desde el 4 de noviembre de 2014; observa que este paso fundamental en la integración financiera europea se ha logrado gracias a la culminación satisfactoria del trabajo preparatorio, incluida la revisión de la calidad de los activos; agradece al BCE que utilice su credibilidad para respaldar el sistema bancario europeo; subraya que las funciones de supervisión y de política monetaria del BCE no deben mezclarse;

44.

Observa que la revisión de la calidad de los activos y la prueba de resistencia realizados por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) en cooperación con el MUS han revelado que aún existen debilidades en el sistema bancario europeo; espera que los resultados hayan tenido debidamente en cuenta todos los riesgos a fin de evitar la «japonización» de la banca europea y la perpetuación de préstamos imposibles de reembolsar;

45.

Considera que el BCE tiene una responsabilidad capital a la hora de velar por que las futuras recapitalizaciones bancarias se lleven a cabo mediante recapitalización interna cuando sea difícil o imposible acceder a los mercados;

46.

Pide al BCE que garantice en sus prácticas cotidianas la total delimitación entre la política monetaria y su función de supervisor bancario;

47.

Destaca que el MUS tiene por objeto asegurar la confianza en el sector bancario de la zona del euro y, por ende, garantizar la estabilidad financiera; recuerda que la rendición de cuentas democrática del nuevo MUS ante el Parlamento Europeo es crucial para avalar la credibilidad del nuevo régimen de supervisión; subraya, por tanto, la importancia del Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento y el BCE, celebrado en noviembre de 2013, relativo a las normas prácticas de ejecución de la rendición de cuentas democrática en relación con el MUS, y de su plena aplicación;

48.

Apoya la idea de que, con el fin de mejorar la credibilidad y la eficacia de la recapitalización interna, la legislación europea debe potenciar la separación entre la banca tradicional y las actividades de inversión de mayor riesgo;

49.

Opina que las últimas pruebas de resistencia pusieron claramente de manifiesto los límites de la actual configuración interinstitucional, ya que en ellas no se contempló un supuesto de deflación a pesar de que los riesgos deflacionarios distaban mucho de ser anecdóticos;

50.

Observa que, pese a su rentabilidad relativamente baja, las entidades de crédito de la zona del euro han seguido reforzando sus posiciones de capital mediante una combinación de incrementos y reducciones de capital en activos ponderados por riesgo, así como de ayudas públicas; reconoce que en varias ocasiones se han efectuado incrementos de capital en el contexto de programas de asistencia financiera de los Estados miembros;

51.

Manifiesta su preocupación por la continua dependencia de muchas entidades de crédito de la zona del euro de financiación a cargo del banco central; considera fundamental que se cree una unión de mercados de capitales bien regulada con vistas a reducir la excesiva dependencia de las economías de la zona del euro respecto del sistema bancario;

52.

Hace hincapié en que la consolidación de una buena gobernanza de las entidades de crédito reforzará la confianza en el sector bancario, lo que contribuirá asimismo a incrementar la estabilidad financiera;

53.

Señala que la actividad relacionada con los valores emitidos por las administraciones públicas sigue siendo una fuente esencial de beneficios para las entidades de crédito de la zona del euro, aun cuando continúa la atonía del crédito al sector privado no financiero; considera que deben agilizarse los trabajos técnicos y legislativos en materia de riesgos asociados a la deuda soberana; pide al BCE que emita una advertencia a los bancos que sigan aumentando su tenencia de bonos del Estado y disminuyendo al mismo tiempo el crédito al sector privado;

54.

Acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la Comisión Europea sobre la reforma estructural del sector bancario; observa que ya se han introducido reformas similares en varios Estados miembros; pide al BCE que colabore con las demás instituciones pertinentes para lograr una reforma estructural sostenible a escala europea que ponga fin a las subvenciones de las actividades comerciales de las grandes entidades financieras y genere unas condiciones de competencia equitativas para la prestación de servicios financieros;

55.

Recuerda que el Mecanismo Único de Resolución (MUR), el segundo pilar de la Unión Bancaria, entrará en vigor antes del inicio de 2015; subraya la necesidad de seguir desarrollando el tercer pilar de la Unión Bancaria;

56.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Banco Central Europeo.

30.8.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 316/37

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Visto el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Vistas sus resoluciones sobre anteriores informes anuales de la Comisión y de la Oficina para la Lucha contra el Fraude (OLAF),

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Vistos el informe de la Comisión, de 17 de julio de 2014, titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude — Informe anual 2013» (COM(2014)0474) y los documentos de trabajo adjuntos (SWD(2014)0243, SWD(2014)0244, SWD(2014)0245, SWD(2014)0246, SWD(2014)0247 y SWD(2014)0248),

—

Visto el Informe anual de la OLAF de 2013,

—

Visto el Informe de actividades del Comité de Vigilancia de la OLAF relativo al periodo comprendido entre febrero de 2013 y enero de 2014,

—

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2013, junto con las respuestas de las instituciones,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de septiembre de 2014, sobre la protección del presupuesto de la UE hasta finales de 2013 (COM(2014)0618),

—

Visto el informe de la Comisión, de 3 de febrero de 2014, titulado «Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE» (COM(2014)0038),

—

Visto el Eurobarómetro especial no 397 sobre la corrupción,

—

Vistos los informes de la Comisión sobre la brecha del IVA,

—

Visto el Reglamento (UE) no 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que se establece un programa para la promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (programa «Hércules III») y por el que se deroga la Decisión no 804/2004/CE (1),

—

Vista la propuesta de Reglamento del Consejo, de 17 de julio de 2013, relativo a la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534),

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo (2),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2012, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2012)0363),

—

Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (3),

—

Vistas su Resolución de 15 de septiembre de 2011 sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción (4), su Resolución de 18 de mayo de 2010 sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción (5), y la Comunicación de la Comisión de 6 de junio de 2011 titulada «Lucha contra la corrupción en la UE» (COM(2011)0308),

—

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (6),

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,

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Vistos los Convenios de Derecho Civil y Derecho Penal sobre la Corrupción, del Consejo de Europa,

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Visto el artículo 52 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0024/2015),

A.

Considerando que el presupuesto de la UE, al que cada Estado miembro contribuye de manera proporcional según criterios objetivos comunes, sirve para apoyar la aplicación de las políticas de la Unión y representa la expresión de una unidad y un instrumento para avanzar en la integración europea;

B.

Considerando que la protección de los intereses financieros de la UE, junto con el principio de buena gestión financiera, deben garantizar que los ingresos y los gastos del presupuesto contribuyen al logro de las prioridades y los objetivos de la UE, así como a aumentar la confianza de los ciudadanos garantizándoles que su dinero está siendo utilizado de forma transparente, en plena conformidad con los objetivos y las políticas de la UE, y en interés de los ciudadanos de la Unión;

C.

Considerando que la diversidad de sistemas jurídicos y administrativos en los Estados miembros conforma un entorno difícil para superar las irregularidades y combatir el fraude, mientras que cualquier utilización incorrecta de los fondos de la UE supone pérdidas no solo individuales, sino también colectivas, y obstaculiza los intereses de cada Estado miembro y de la Unión en su conjunto;

D.

Considerando que, a fin de mejorar las medidas actuales, como el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades (Convenio PIF), para combatir el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión, la Comisión ha presentado dos propuestas de instrumentos de Derecho penal, a saber, la Directiva PIF y el Reglamento sobre la creación de una Fiscalía Europea, destinados a garantizar una investigación más eficaz y una mejor protección del dinero de los contribuyentes en todo el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia;

E.

Considerando que la lucha contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales en la Unión debe ser una prioridad de la acción política de las instituciones de la UE, y que, por ello, la cooperación policial y judicial entre los Estados Miembros es fundamental;

1.

Toma nota del informe titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude — Informe anual 2013» (el «informe anual» de la Comisión); acoge con satisfacción la amplia gama de medidas legales y administrativas adoptadas por la Comisión desde 2011, perfilando así un nuevo panorama para la mejora de la política de protección de los intereses financieros de la Unión; hace hincapié en que los actuales resultados insuficientes en la lucha contra el fraude no se deben a la ausencia de reglamentación, sino a su aplicación insatisfactoria; pide a la Comisión que, en su próximo informe, responda con mayor rapidez a las peticiones hechas por el Parlamento en sus anteriores informes PIF anuales;

2.

Recuerda que, en el contexto de las dificultades económicas que atraviesan actualmente los Estados miembros y de la insuficiencia de recursos en el presupuesto de la UE, reviste especial importancia la protección de los intereses financieros de la Unión; destaca que los recursos de la UE deben gestionarse adecuadamente y utilizarse del modo más eficiente posible;

3.

Toma nota de que en 2013 se notificaron a la Comisión 15 779 irregularidades —de las cuales 14 170 eran no fraudulentas, y 1 609, fraudulentas—, por un importe total de 2 140 millones de euros, de los que cerca de 1 760 millones de euros se referían a gastos del presupuesto de la UE, lo que representa el 1,34 % de todos los pagos, mientras que los 380 millones restantes representaban el 1,86 % de todos los recursos propios tradicionales (RPT) recaudados;

4.

Señala que, si bien el impacto financiero general de las irregularidades no fraudulentas notificadas en 2013 disminuyó a cerca de 1 840 millones de euros, lo que representa un 38 % menos que en 2012, el número de esas mismas irregularidades objeto de registro aumentó un 16 % con respecto al año anterior; toma nota, además, de que el número de irregularidades fraudulentas notificadas en 2013 aumentó un 30 % en comparación con 2012, mientras que su impacto financiero, que ascendió a 309 millones de euros en financiación de la UE, disminuyó un 21 %;

5.

Toma nota de que, debido a la disponibilidad de nueva información como resultado de cambios significativos en la manera en que los Estados miembros y la Comisión notifican las irregularidades, el informe anual de la Comisión de 2013 ha desplazado el foco desde las irregularidades tratadas en términos generales a las notificadas como fraudulentas; pide a la Comisión que mantenga este enfoque en su próximo Informe anual relativo a la protección de los intereses financieros de la UE — Lucha contra el fraude; insta, no obstante, encarecidamente a la Comisión a que siga aumentando la disponibilidad de información y mejore los análisis sobre el alcance, los tipos y el impacto de las irregularidades no fraudulentas a la vista del número tan elevado de las mismas y del consiguiente impacto económico negativo para los intereses financieros de la UE; 1

6.

Hace hincapié en que corresponde tanto a la Comisión como a los Estados miembros hacer todo cuanto esté en sus manos para luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otro tipo de actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; señala que una cooperación y coordinación estrechas entre la Comisión y los Estados miembros son fundamentales para garantizar la protección eficaz de los intereses financieros de la Unión y que, por lo tanto, se debe reforzar esta clase de cooperación y coordinación con carácter prioritario, dotándola de la mayor eficacia posible; señala que la protección de los intereses financieros de la Unión requiere el mismo nivel de vigilancia tanto por lo que respecta a los recursos como a los gastos;

7.

Señala que la tendencia general de detección y notificación de posibles irregularidades fraudulentas en los últimos cinco años muestra una lenta disminución, aunque el número de irregularidades no identificadas como fraudulentas se haya incrementado de forma progresiva; pide a la Comisión que examine más a fondo los principales motivos subyacentes a este aumento y que realice un análisis que determine si la tendencia se debe a un cambio hacia la detección de casos irregulares o a la manera en que los Estados miembros clasifican los casos;

8.

Está convencido de que los medios de Derecho penal incluidos en la Directiva PIF solo serán efectivos si logran ofrecer una definición clara de los delitos PIF, las penas de reclusión mínimas y máximas aplicables en todos los Estados miembros participantes y las normas mínimas sobre el régimen de prescripción, y a condición de que estas disposiciones se apliquen después de manera uniforme y eficaz por todos los Estados miembros;

9.

Celebra el hecho de que el 98 % de los RPT se recauda sin problemas significativos, y observa que las irregularidades fraudulentas notificadas representan el 0,29 % del importe bruto de los RPT establecidos (por un valor de 61 millones de euros), mientras que las irregularidades no fraudulentas representan el 1,57 % de los RPT (por un valor de 327,4 millones de euros); señala que los casos de fraude e irregularidades detectados en 2013 alcanzaron una cifra de 380 millones de euros, de los cuales los Estados miembros recuperaron un total de 234 millones de euros; señala en particular el hecho de que esta tasa de recuperación del 62 % de los RPT en 2013 representa el mejor resultado logrado hasta la fecha en esta última década; 8

10.

Muestra su preocupación por el hecho de que, en 2013, la mayoría de las cantidades recogidas en la base de datos OWNRES para la Europa de los Veintiocho estaban relacionadas con el régimen aduanero de despacho a libre práctica, tanto para casos de fraude (93 %) como de irregularidad (87 %); pide a la Comisión que tome medidas adecuadas con el fin de reforzar el régimen aduanero de despacho a libre práctica para hacer que sea menos propenso al fraude y a las irregularidades;

11.

Muestra su preocupación por que, en 2013, en la base de datos OWNRES, la tasa de recuperación para los casos de fraude fue solo del 23,74 %, una cifra inferior a la media de 33,5 % del periodo comprendido entre 2008 y 2012; señala que la tasa de recuperación para los casos de irregularidades notificados en 2013 es del 67,9 %; subraya, en general, la responsabilidad de las autoridades de los Estados miembros y de los servicios de la Comisión en lo que respecta a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas, y les pide que asuman esta responsabilidad como corresponde y aumenten sustancialmente la tasa de recuperación en los casos de fraude, ya que se encuentra, en general, a un nivel considerablemente bajo en comparación con la tasa de recuperación de las irregularidades no fraudulentas;

12.

Acoge con satisfacción que la Unión Europea firmara en 2013 el Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco de las Naciones Unidas; indica que quince Estados miembros firmaron el Protocolo pero que, actualmente, solo lo ha ratificado Austria; pide, por consiguiente, al resto de Estados miembros que concluyan sus respectivos procesos de ratificación lo antes posible;

13.

Subraya que el contrabando de mercancías altamente gravadas provoca importantes pérdidas de ingresos para los presupuestos de la UE y de los Estados miembros, y que se calcula que las pérdidas directas de ingresos aduaneros derivadas del contrabando de cigarrillos ascienden, por sí solas, a más de 10 000 millones de euros al año; llama asimismo la atención sobre el tráfico de mercancía de marca falsificada que perjudica tanto a las autoridades fiscales de los Estados miembros como a las empresas europeas;

14.

Señala las labores en curso para mejorar los datos sobre la renta nacional bruta (RNB) y las cuestiones tratadas en el Informe Especial no 11/2013 del Tribunal de Cuentas Europeo, en el que se pide una verificación más rápida y precisa de las cifras sobre RNB y una mejora de la notificación y la coordinación de los resultados, de forma que el sistema de la RNB pase a ser incluso más fiable en su contribución al cálculo de los ingresos de la UE;

15.

Señala que la inclusión de la economía oculta en las cuentas nacionales debe contribuir a garantizar datos sobre la RNB más completos y fiables, y pide a la Comisión y a Eurostat que intensifiquen la cooperación con las instituciones nacionales de estadística para garantizar que en todos los Estados miembros se gestiona este elemento de forma coherente y comparable, utilizando la información más actualizada;

16.

Hace hincapié en que, en numerosos Estados miembros, la brecha del IVA se mantiene siempre elevada debido al fraude y a la elusión en materia de IVA; destaca que la Comisión tiene competencia para controlar y supervisar las medidas tomadas por los Estados miembros; pide, por consiguiente, a la Comisión que haga pleno uso de sus poderes para ayudar a los Estados miembros a luchar contra el fraude en materia de IVA y la elusión fiscal;

17.

Señala asimismo que, en 2013, los Estados miembros registraron 133 casos de contrabando de cigarrillos que afectaban a unos RPT estimados en siete millones de euros aproximadamente; destaca que esta tendencia representa una reducción significativa en comparación con 2012, cuando se notificaron 224 casos que afectaban a aproximadamente 25 millones de euros; muestra una gran preocupación por el hecho de que Dinamarca, Estonia, España, Francia, Chipre, Luxemburgo, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia no notificaran casos de contrabando de cigarrillos a la Comisión en 2013, y cuestiona la eficiencia del proceso de notificación de estos Estados miembros; insiste a todos los Estados miembros para que notifiquen los casos de contrabando y falsificación ante la Comisión de forma precisa y oportuna, de modo que se puedan determinar mejor los RPT afectados negativamente;

18.

Señala que la Comisión publicará un estudio sobre la viabilidad de establecer un sistema de localización y seguimiento para los productos del tabaco; destaca que se trata de un avance significativo en la lucha contra el contrabando; pide a la Comisión que establezca y diseñe un sistema de localización y seguimiento abierto y competitivo, de forma que el diseño y la forma de aplicación del sistema no favorezcan a un solo proveedor de soluciones o a un número reducido de ellos;

19.

Recuerda que:

20.

Llama la atención sobre el aumento alarmante del 76 % en el número de irregularidades notificadas como fraudulentas en lo que respecta a los gastos de la UE, e insta a las autoridades competentes a que adopten todas las medidas necesarias para evitar esa tendencia negativa en los próximos años;

21.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en el sector agrícola, el número tanto de irregularidades en general como de actividades fraudulentas en particular haya aumentado significativamente en 2013 con respecto a 2012; señala que, en 2013, se produjo una nueva tendencia de infracción significativa relacionada con el hecho de que el beneficiario no tenía la cualidad necesaria, y se notificaron 51 casos de irregularidades fraudulentas; considera que esas tendencias requieren medidas específicas destinadas, por un lado, a eliminar prácticas que puedan conducir a infracciones involuntarias y, por otro, a combatir enérgicamente los comportamientos corruptos y delictivos;

22.

Reconoce que, en el sector del desarrollo agrícola y rural, los Estados miembros recuperaron 197 millones de euros de los beneficiarios en el ejercicio 2013, pero que, a finales de dicho ejercicio, aún quedaban por recuperar 1 318,3 millones de euros de los beneficiarios, de los cuales 1 097,1 millones de euros corresponden al presupuesto de la UE en virtud de la aplicación del mecanismo 50/50; muestra su preocupación por que la recuperación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se encuentre por debajo de la media general y por que, a finales de 2013, no se hayan recuperado ni la mitad de las irregularidades detectadas en 2009;

23.

Señala las diferencias considerables que existen entre Estados miembros en cuanto a su capacidad para recuperar sumas perdidas como resultado de pagos irregulares detectados en el marco de la política agrícola común (PAC), e insta a los Estados miembros con porcentajes de recuperación inferiores a un 33 % a que mejoren considerablemente sus resultados en 2015 y en adelante;

24.

Reconoce que, tras la reforma de la PAC de 2013, los Estados miembros disfrutan de una mayor flexibilidad para la aplicación de las políticas y que, en particular, se les permite adaptarlas a sus capacidades y prioridades regionales o nacionales, así como realizar transferencias entre sus diferentes pilares; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que el incremento de la flexibilidad no se realizará a costa de los sistemas de seguimiento y evaluación; señala asimismo que, en el marco de la nueva PAC, la Comisión está trabajando en un programa de simplificación; pide a la Comisión que adapte plenamente el programa de simplificación a la estrategia de lucha contra el fraude de la DG AGRI, y que mantenga el equilibrio entre la simplificación y una gestión sólida de los fondos de la UE garantizando controles apropiados;

25.

Muestra asimismo su preocupación por el hecho de que el plazo medio transcurrido entre el momento en el que se produce la irregularidad, su detección y, finalmente, su notificación a la Comisión sea de 6,3 años en el sector agrícola y de 2,75 años en otros sectores; recuerda que, tras la detección de una irregularidad, se inician otros procedimientos (órdenes de ingreso, investigaciones de la OLAF, etc.); pide a la Comisión que determine la duración media, mínima y máxima de una irregularidad detectada bajo una gestión común para cada sector de política;

26.

Espera que el aumento significativo del 475 % de las irregularidades notificadas en el sector de la pesca en 2013 corresponda a un pico aislado relacionado con el retraso en la aplicación de programas en el sector, y que no represente una tendencia negativa que perjudique la percepción del valor de la política pesquera de la UE;

27.

Toma nota con preocupación de que, en el ámbito de la política de cohesión, se ha registrado un aumento del 15 % en los casos de irregularidad notificados; no obstante, señala igualmente que se han constatado disminuciones del 49 % en las sumas relativas a los casos no fraudulentos, y de un 22 % en los casos de fraude;

28.

Observa que, en relación con la política de cohesión, se notificaron 321 irregularidades como fraudulentas y 4 672 como no fraudulentas; constata que en las dos categorías el número de notificaciones aumentó en un 15 % con respecto a 2012 y que, al igual que en ejercicios anteriores, el mayor porcentaje de importes que conllevaron irregularidades en 2013 (63 %) sigue estando relacionado con la política de cohesión; señala, no obstante, que en ambas categorías se redujeron los importes correspondientes, pudiendo observarse una mejora gradual basada en la experiencia de años anteriores, y que por vez primera la política de cohesión no fue el ámbito de gasto presupuestario con el mayor número de irregularidades notificadas como fraudulentas;

29.

Lamenta, sin embargo, la falta de información disponible sobre las cantidades que deben recuperarse y las tasas de recuperación relacionadas específicamente con la política de cohesión para el ejercicio 2013; pide a la Comisión que facilite información pormenorizada al respecto en su próximo informe anual;

30.

Señala que, por lo que respecta a los gastos en gestión centralizada, con una perspectiva de cinco años, la tasa de recuperación para irregularidades identificadas como fraudulentas es del 54,4 %, y del 63,9 % para las irregularidades no fraudulentas; insta a la Comisión a seguir mejorando el proceso de recuperación y a conseguir que sea más oportuno;

31.

Pide a la Comisión que asuma la plena responsabilidad de la recuperación de los fondos indebidamente pagados con cargo al presupuesto de la UE y que establezca principios uniformes de notificación en todos los Estados miembros con el fin de recopilar datos comparables, fiables y adecuados;

32.

Expresa su preocupación por que, para las órdenes de ingreso identificadas como irregularidades (tanto las notificadas como fraudulentas como las que no) y emitidas entre 2009 y 2013 en virtud de la gestión centralizada, el plazo medio transcurrido entre el momento en el que se produjo la irregularidad y su detección sea de 3,4 años: más de la mitad de los casos (54 %) se detectaron en los cuatro años posteriores a la comisión de la irregularidad, y la otra mitad (46 %), en un plazo de entre cuatro y trece años; recuerda que, tras la detección de una irregularidad, se inician otros procedimientos (órdenes de ingreso, investigaciones de la OLAF, etc.); pide a la Comisión que determine la duración media, mínima y máxima de una irregularidad detectada bajo una gestión centralizada;

33.

Se congratula de que el número de casos notificados como fraudulentos correspondientes al Fondo Social Europeo en 2013 fue un 40 % inferior al de los años 2009 y 2010, y que 2013 fue el tercer año consecutivo en el que se ha mantenido esta tendencia positiva;

34.

Toma nota con satisfacción de que, para el periodo de programación 2007-2013, las verificaciones administrativas, los controles en el terreno y las operaciones de auditoría condujeron a un porcentaje considerablemente más elevado en la detección de irregularidades fraudulentas, concretamente de un 63 % en comparación con un porcentaje inferior al 20 % en el anterior periodo de siete años, pese a un ligero descenso al 55 % en 2013;

35.

Observa que, en 2013, la Comisión cerró 217 casos de interrupción de pagos en el ámbito de la política de cohesión, y que 131 seguían abiertos a finales del ejercicio, lo que representa una cantidad de 1 977 000 euros; reconoce asimismo que la Comisión adoptó quince decisiones de suspensión en 2013, y dos en enero de 2014;

36.

Reconoce que, como parte de la ayuda de preadhesión, en 2013 se notificaron como fraudulentas 33 irregularidades, lo que representaba un importe de 14,4 millones de euros, y que dichas irregularidades están relacionadas principalmente con el Programa Especial de Adhesión para el Desarrollo Agrícola y Rural (SAPARD); señala, asimismo, que en el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) se notificaron nueve irregularidades fraudulentas que representaban una cantidad de 1,2 millones de euros; observa que, entre 2003 y 2013, las tasas de recuperación de la ayuda de preadhesión alcanzaron el 37,36 % y el 29,22 % para casos de irregularidad y casos fraudulentos, respectivamente; pide a la Comisión y a los países beneficiarios del IAP que tomen medidas para garantizar una tasa de recuperación superior en virtud del IAP;

37.

Aboga por propuestas para reducir el número de programas de gasto, especialmente cuando se superpongan parcialmente y, cuando resulte posible, para destinar los programas a los Estados miembros que más apoyo necesitan, de forma que no todos los programas beneficien necesariamente a actividades en todos los Estados miembros;

38.

Expresa su preocupación por que en varios proyectos financiados por el BEI se hayan dado casos de fraude y corrupción; considera que, en el documento del BEI de fecha 8 de noviembre de 2013 en el que se define la política preventiva y disuasoria del BEI ante el fraude, la corrupción, la colusión, las coacciones, la obstrucción, el blanqueo de capitales 4y el terrorismo financiero, se observa, en un determinado número de casos, una falta de control suficiente en la fase de ejecución de los proyectos financiados por el BEI; expresa su preocupación por el hecho de que en 2013 el BEI financiase el proyecto «Passante di Mestre» por un total de 350 millones de euros y por el hecho de que, a pesar de que dicho proyecto se haya visto afectado por un caso de corrupción y fraude que ha conllevado la detención de varias personas involucradas, el BEI esté considerando su refinanciación por un importe adicional de 700 millones de euros a través de obligaciones para la financiación de proyectos; pide, por consiguiente, que en aquellos casos en los que el fraude y la corrupción hayan quedado demostrados, el BEI esté obligado a suspender y/o bloquear cualquier financiación prevista o en curso del proyecto en cuestión;

39.

Subraya su preocupación por las constantes amenazas al presupuesto de la UE que se derivan tanto del incumplimiento de las normas (irregularidades no fraudulentas) como de faltas y delitos intencionados (es decir, fraudes); insiste en una cooperación mejorada entre los Estados miembros y la Comisión con vistas a asegurar medidas y vías pertinentes y adecuadas para evitar y rectificar las irregularidades no fraudulentas y combatir el fraude;

40.

Hace hincapié en que el hecho de que los Estados miembros no faciliten datos a tiempo o no faciliten datos precisos es algo que se viene repitiendo desde hace ya muchos años; reitera su preocupación por que sigan existiendo diferentes enfoques en los distintos Estados miembros a la hora de detectar y notificar irregularidades fraudulentas y no fraudulentas, también en los ámbitos de la política de cohesión y la agricultura, y por que, en algunos casos, se realicen interpretaciones no normalizadas al aplicar el marco jurídico; señala que esto impide que el Parlamento, la Comisión y la OLAF establezcan comparaciones, realicen una evaluación objetiva y emitan recomendaciones; pide a la Comisión que elabore directrices e indicadores comunes para reducir la brecha entre los diferentes enfoques de los Estados miembros, y que cree un banco unificado y amplio de información sobre las irregularidades efectivamente cometidas y sobre las medidas adoptadas, incluidos los casos de fraude y corrupción en los que estén implicados funcionarios, proporcionando así a las autoridades y a los ciudadanos datos fiables, comparables y centralizados para poder aplicar medidas correctoras eficaces y evaluar objetivamente la verdadera gravedad —y no la basada en meras impresiones— de las infracciones y de las partes responsables;

41.

Observa que las recomendaciones realizadas por la Comisión a los Estados miembros en 2012, cuyo estado de aplicación queda reflejado en el informe anual 2013 de la Comisión, especialmente sobre los servicios de coordinación de la lucha contra el fraude, las normas comunes sobre fraude, la reforma de la contratación pública, las irregularidades fraudulentas notificadas y los sistemas de verificación y control y de evaluación de riesgos, fueron generalmente apropiadas, y considera lamentable que no se abordaran por completo diversas preocupaciones; señala, por ejemplo, que no todos los Estados miembros iniciaron los preparativos para la aplicación del marco financiero plurianual (MFP) para 2014-2020 y de sus disposiciones sobre prevención del fraude; pide a los Estados miembros que den seguimiento a las recomendaciones realizadas por la Comisión en 2012, que garanticen un seguimiento exhaustivo de las recomendaciones formuladas en el informe de 2011, así como en el de 2013, y que proporcionen una explicación razonada para aquellos casos en los que no hayan sido capaces de poner en práctica dichas recomendaciones;

42.

Reconoce que las irregularidades no fraudulentas se deben a menudo a desconocimiento de las normas y a reglamentaciones y requisitos demasiado complejos; señala que las modificaciones de las normas relativas a los ingresos y gastos, incluidas las que tienen por objeto una simplificación, requieren tiempo para que las autoridades competentes las adopten y apliquen correctamente; insta a los Estados miembros y a la Comisión, en este contexto, a que mejoren la coordinación de la interpretación del marco jurídico y su rigurosa aplicación, y a que pongan en práctica medidas específicas y oportunas para reforzar las capacidades administrativas, tanto en las administraciones públicas como entre las partes interesadas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, recurriendo para ello, entre otros medios, a la orientación y la formación y al establecimiento de regímenes para conservar al personal cualificado y competente; pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que realicen una evaluación intermedia para determinar si la nueva arquitectura normativa de la política de cohesión previene y reduce en mayor medida el riesgo de irregularidades, y que evalúen la posibilidad de una mayor simplificación de las normas en vigor;

43.

Considera que se debe respaldar y alentar a los Estados miembros que, por iniciativa propia, detectan y notifican irregularidades, incluidos casos de fraude, para que sigan mejorando sus sistemas de notificación y gestión; manifiesta su preocupación por la incapacidad de la Comisión para establecer si el bajo número de irregularidades y de casos de fraude detectados por algunos Estados miembros y las importantes diferencias en el número de casos notificados relativos a diferentes años se deben o no a la ineficacia de los sistemas de control de esos Estados miembros;

44.

Lamenta que únicamente algunos Estados miembros destinen recursos suficientes a la lucha contra el fraude y considera inaceptable que, en los casos de irregularidades fraudulentas, determinados Estados miembros se limiten a aplicar medidas correctoras sin proceder a investigar el posible delito penal y sancionar a los responsables, faltando así a su obligación de proteger adecuadamente los intereses financieros de la UE y de los contribuyentes particulares; observa que las estadísticas relativas a los asuntos penales y su desenlace son incompletas, lo que dificulta la evaluación de la eficacia de la investigación del fraude y de los procesos judiciales en los Estados miembros; considera, por consiguiente, que la adopción de decisiones que introduzcan la responsabilidad penal a escala de la UE y la creación de la Fiscalía Europea como herramienta para iniciar y coordinar investigaciones sobre estas irregularidades debería servir para disuadir en gran medida a posibles infractores a la hora de cometer actos ilegales y para evitar la no incoación de un proceso adecuado de enjuiciamiento y sanción de comportamientos corruptos y delictivos que dañan los intereses financieros de la UE;

45.

Opina que una acción eficaz contra la corrupción es posible siempre y cuando las medidas penales se respeten y complementen con otras medidas como una transparencia y una responsabilidad mayores; insiste, por consiguiente, en que los Estados miembros demuestren una firme voluntad política de combatir la corrupción, tanto a nivel nacional como a escala de la UE, mediante la adopción de legislación anticorrupción efectiva y mediante la ejecución de las propuestas existentes en la UE, y pide a los ciudadanos que presionen a los Gobiernos para convencerlos de emprender con ahínco políticas de auténtica lucha contra la corrupción;

46.

Acoge con satisfacción el primer Informe de lucha contra la corrupción de la UE de febrero de 2014 como herramienta útil para realizar el seguimiento de la lucha contra la corrupción y evaluar los esfuerzos realizados en este sentido, y reafirma el especial interés de reforzar el intercambio de las actuales mejores prácticas destacadas en dicho informe; acoge asimismo con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la lucha contra la corrupción en la UE (COM(2011)0308), que explora las medidas necesarias para aplicar mejor los instrumentos anticorrupción existentes y que propone formas de integrar reflexiones sobre anticorrupción más firmes en varias áreas de política interior y exterior; señala, no obstante, la importancia de ampliar el alcance del informe de lucha contra la corrupción al elemento de corrupción a escala transfronteriza y de la UE, así como a la evaluación de las medidas adoptadas para seguir mejorando la integridad de las instituciones de la UE, y hace hincapié en la necesidad de una estrategia anticorrupción global y coherente que abarque todas las políticas de la UE y que aborde, entre otras, las preocupaciones suscitadas en el primer Informe de lucha contra la corrupción de la UE; pide a la Comisión que informe al Parlamento y al Consejo sobre la aplicación por parte de las instituciones de la UE de sus políticas internas contra la corrupción, incluidas las obligaciones que les corresponden en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción;

47.

Hace hincapié en la necesidad de una coordinación estructurada entre las autoridades de gestión y los organismos de lucha contra el fraude, así como en la importancia de coordinar e intercambiar mejores prácticas entre Estados miembros y entre las diversas administraciones dentro de un mismo Estado miembro, con el fin de homogeneizar lo máximo posible el enfoque utilizado para luchar contra el fraude; pide a la Comisión que cree un mecanismo de intercambio de información entre autoridades nacionales competentes que permita llevar a cabo una comparación cruzada de los registros contables relativos a las operaciones entre dos o más Estados miembros, a fin de ayudar a detectar cualquier fraude transnacional en el marco del nuevo MFP 2014-2020, en relación con la macrocategoría de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondo Social Europeo — FSE; Fondo Europeo de Desarrollo Regional — FEDER; Fondo de Cohesión; Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural — Feader; Fondo Europeo Marítimo y de Pesca — FEMP), con objeto de garantizar un enfoque horizontal en la protección de los intereses financieros de la Unión Europea;

48.

Subraya que una mayor transparencia que permita un control adecuado es la clave para detectar mecanismos de fraude; recuerda que, en años anteriores, el Parlamento instó a la Comisión a que adoptara medidas para garantizar un control unificado de la transparencia de todos los beneficiarios de los fondos de la UE en todos los Estados miembros, publicando en la página web de la Comisión una lista de todos los beneficiarios, independientemente del administrador de los fondos y sobre la base de categorías normalizadas de información que deben proporcionar todos los Estados miembros en al menos una lengua de trabajo de la Unión; pide a los Estados miembros que cooperen con la Comisión y le faciliten información completa y fiable sobre los beneficiarios de los fondos de la UE gestionados por los Estados miembros; lamenta que esta medida no se haya puesto en práctica y pide a la Comisión que la aplique urgentemente; lamenta asimismo que la Comisión no haya tenido en cuenta esta petición, de carácter recurrente;

49.

Pide a la Comisión que promueva una legislación adecuada sobre la protección de los denunciantes, el acceso a la información y la transparencia de los grupos de presión, ya que estos elementos resultan esenciales para garantizar el control cívico de los Gobiernos y las instituciones de la UE, así como para someter sus prácticas a control público, y que emplee los fondos de la UE para respaldar las labores de las organizaciones independientes en esta área, entre otros fines, para ofrecer apoyo financiero al periodismo de investigación transfronterizo;

50.

Alienta a la Comisión a que siga mejorando su papel de supervisora con respecto al presupuesto de la UE mediante actividades de auditoría, control e inspección, planes de acción correctores y el envío de cartas de advertencia antes de presentar reclamaciones de pago; pide a los Estados miembros y a sus autoridades que redoblen sus esfuerzos y aprovechen su potencial para detectar y corregir los errores antes de solicitar el reembolso de la Comisión, haciendo pleno uso de la información de que disponen; subraya, a este respecto, el valor particular de las acciones encaminadas a prevenir desembolsos ilegales eliminando de este modo la necesidad de acciones subsiguientes para recuperar los fondos malversados;

51.

Acoge con satisfacción la adopción de las Directivas relativas a la contratación pública y la Directiva relativa a la adjudicación de concesiones, y celebra el hecho de que diez Estados miembros hayan introducido ya medidas específicas o conjuntos de medidas relativas a la contratación pública, con el fin de reducir la corrupción y reforzar la transparencia y la eficacia de la gestión y de los mecanismos de control y auditoría; pide a la Comisión que proceda a la aplicación de las normas relativas a la contratación pública con el fin de prestar el apoyo necesario a los Estados miembros mediante orientación, puesta en común de las mejores prácticas y formación; pide a la Comisión que realice un seguimiento continuado e imparcial del cumplimiento de las directivas vigentes por parte de los Estados miembros y que, si procede, inicie procedimientos de infracción;

52.

Toma nota de que el nivel de irregularidades y fraude derivado del incumplimiento de las normas sobre contratación pública sigue siendo elevado; pide a los Estados miembros que, a fin de seguir paliando el riesgo de irregularidades y fraude, transpongan lo antes posible a sus ordenamientos nacionales las recientemente aprobadas Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública (8), Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (9) y Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (10).

53.

Celebra la creación del Centro de Competencia sobre la capacitación administrativa con el fin de apoyar a las administraciones públicas que gestionan el FEDER y el Fondo de Cohesión, y la introducción del plan de acción en materia de contratación pública desarrollado por el Centro de Competencia en colaboración con los servicios competentes de la Comisión; pide, no obstante, a la Comisión que informe de los resultados concretos logrados hasta la fecha como consecuencia de las actividades del Centro y de la aplicación del plan de acción mencionado;

54.

Insta a la Comisión a que mantenga su política estricta de interrupciones y suspensión de pagos;

55.

Acoge con satisfacción el informe sobre la aplicación de la Estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión (CAFS) y las orientaciones proporcionadas a las autoridades de gestión de los Estados miembros sobre la aplicación de las disposiciones antifraude pertinentes; insiste, no obstante, en que, en los actos delegados y de ejecución pertenecientes a los Fondos Estructurales y de Inversión europeos, la Comisión adopte normas más simplificadas, facilitando una absorción efectiva y eficaz y asegurando que estos actos delegados y de ejecución no minen el nivel de la lucha contra el fraude;

56.

Acoge con satisfacción la creación de los servicios de coordinación de la lucha contra el fraude (AFCOS) en los Estados miembros, tal y como requiere el artículo 3, apartado 4, del nuevo Reglamento de la OLAF, y el hecho de que Alemania haya vuelto a confirmar su acuerdo de cooperación con la OLAF; señala que los AFCOS tienen por finalidad facilitar una cooperación efectiva y el intercambio de información con la OLAF, e insta a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que procedan sin demora a la asignación de AFCOS; espera que los AFCOS ayuden a facilitar una mejor notificación de las irregularidades y contribuyan a una interpretación equilibrada de los actos de la UE pertinentes; muestra, no obstante, su preocupación por las discrepancias significativas que ya existen entre los diferentes AFCOS establecidos en los Estados miembros en términos de funciones, tareas y poderes, así como entre los recursos humanos asignados; reconoce que el Reglamento (UE, Euratom) no 883/2013 no define de forma detallada el mandato, el marco institucional ni las tareas de los AFCOS, aunque considera que unos AFCOS que funcionen de forma independiente gracias a un amplio mandato que incluya competencias de investigación son una referencia a la que todos los Estados miembros deben aspirar;

57.

Toma nota de la notificación de la Comisión sobre los resultados del programa Hércules II; constata que, en 2013, el presupuesto para el programa Hércules II se redujo a 14 millones de euros en créditos de compromiso y a 9,9 millones de euros en créditos de pago en comparación con 2012, lo que generó dificultades para cumplir los compromisos financieros asumidos en 2013 y en años anteriores; señala con satisfacción que las actividades del programa Hércules II son objeto de un interés cada vez mayor por parte de los Estados miembros, tal y como demuestra el incremento continuado del número de solicitudes recibidas tras las convocatorias de propuestas; acoge con satisfacción los resultados positivos logrados en 2013, por ejemplo en Alemania, en España y en Rumanía, gracias al despliegue de equipos técnicos compatibles sumamente sofisticados y transnacionales adquiridos con cargo a dicho programa;

58.

Acoge con satisfacción la adopción del Reglamento por el que se establece el programa Hércules III para el ejercicio comprendido entre 2014 y 2020, que permite incrementar el porcentaje máximo de cofinanciación para subvenciones de asistencia técnica hasta el 80 % de los costes subvencionables, y hasta el 90 % en casos excepcionales y debidamente justificados, en lugar del máximo del 50 % previsto en la Decisión sobre el programa Hércules II; señala que en 2014 se inició satisfactoriamente la primera convocatoria de propuestas; muestra, no obstante, su preocupación por que el programa se vea ya especialmente afectado por los pagos pendientes, que generan posibles efectos adversos para los proyectos financiados y para futuros proyectos; recuerda la importancia que revisten unos instrumentos financieros sólidos, como Pericles 2020 y Hércules III, en el contexto de la lucha contra las actividades ilegales que afectan a los recursos de la Unión;

59.

Celebra los buenos resultados de numerosas operaciones aduaneras conjuntas que han contado con la cooperación de la OLAF y de los Estados miembros con diversos servicios de terceros países, junto con el respaldo activo de la DG Fiscalidad y la Unión Aduanera, Europol y Frontex, que se han traducido en la incautación, por ejemplo, de 68 millones de cigarrillos de contrabando, 124 kg de cocaína y 140 000 litros de combustible diésel;

60.

Señala que, en 2013, la OLAF emitió 353 recomendaciones de medidas administrativas, disciplinarias, financieras o judiciales que debían adoptar las instituciones, los organismos, las oficinas y las agencias de la UE competentes, o las autoridades nacionales competentes, y que se recomendó que se recuperaran aproximadamente 402,8 millones de euros; muestra su preocupación por que el índice de imputación tras las recomendaciones judiciales de la OLAF para el periodo comprendido entre 2006 y 2013 sea únicamente del 54 %; manifiesta su inquietud por que el bajo índice de imputación refleje también de forma negativa la calidad y empleabilidad de los resultados de las investigaciones de la OLAF; pide a la Comisión que mejore con carácter de urgencia la efectividad de la Oficina; considera que es indispensable que el Comité de Vigilancia de la OLAF tenga una perspectiva general total y adecuada de los asuntos de la Oficina (sin interferir en las investigaciones en curso), por lo que insta a la Comisión y a la Oficina a mejorar la situación actual, en la que el Comité de Vigilancia no puede cumplir su cometido; lamenta, además, la falta de información sobre el índice de condenas en casos que implican delitos contra el presupuesto de la Unión;

61.

Toma nota de que, en 2013, la OLAF obtuvo, según sus informes, la mayor cantidad de información registrada hasta la fecha, y afirma haber emitido un número sin precedentes de recomendaciones; señala que también se ha modificado el método para calcular la información recibida y las recomendaciones emitidas; pide al Comité de Vigilancia que analice las repercusiones de estos cambios de datos, así como la calidad de las recomendaciones emitidas por la OLAF;

62.

Pide al Comité de Vigilancia de la OLAF que informe al Parlamento sobre la duración de las investigaciones de la OLAF y sobre el método de cálculo empleado, puesto que se modificó en 2012; señala que este cambio puede reducir de forma artificial la duración aparente de las investigaciones; pide al Comité de Vigilancia que analice de cerca la calidad de la información facilitada por la OLAF, incluidos los informes dirigidos a las instituciones;

63.

Señala la adopción de nuevos acuerdos de trabajo entre la OLAF y su Comité de Vigilancia y pide que se resuelvan rápidamente las cuestiones pendientes entre ambas instituciones;

64.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas Europeo, al Comité de Vigilancia de la OLAF y a la OLAF.

30.8.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 316/48

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Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de Salónica, de 19 y 20 de junio de 2003, y el anexo a las mismas titulado «Programa de Salónica para los Balcanes occidentales: avanzar en la integración europea»,

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Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra (1), de 29 de marzo de 2010,

—

Vistos los resultados de la Conferencia de adhesión entre la UE y Montenegro de 16 de diciembre de 2014,

—

Vistos el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 22 de mayo de 2012, sobre los avances de Montenegro en la ejecución de las reformas (COM(2012)0222) y las Conclusiones del Consejo, de 26 de junio de 2012, en las que manifiesta su decisión de iniciar las negociaciones de adhesión con Montenegro el 29 de junio de 2012,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2014, titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2014-2015» (COM(2014)0700), acompañada del documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el informe de 2014 relativo a los progresos realizados por Montenegro (SWD(2014)0301), así como el documento de estrategia indicativo (2014-2020) adoptado el 19 de agosto de 2014,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales, de 16 de diciembre de 2014, sobre la ampliación y el proceso de estabilización y asociación,

—

Vistas la declaración y las recomendaciones de la novena reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro, de los días 1 y 2 de diciembre de 2014,

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre Montenegro,

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Vista la labor de Charles Tannock como ponente de turno sobre Montenegro en la Comisión de Asuntos Exteriores,

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Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que Montenegro es actualmente el único país de la región que ha abierto y cerrado de forma provisional capítulos de negociación con la UE, lo cual debe celebrarse; que se considera que este rol de liderazgo supone una mayor responsabilidad también en un contexto regional y en lo que respecta al proceso de ampliación en su conjunto;

B.

Considerando que se evalúa a cada uno de los países candidatos según sus méritos y que los nuevos avances dependerán de la puesta en marcha eficiente de las estrategias y los planes de acción de reforma del país;

C.

Considerando que el diálogo sostenible y la cooperación constructiva entre el Gobierno y la oposición son importantes para lograr avances en los preparativos para la adhesión y para garantizar la confianza de los ciudadanos en el proceso electoral y en las instituciones estatales; considerando que todas las fuerzas políticas deberían seguir centrándose en el proceso de adhesión a la UE del país;

D.

Considerando que Montenegro debe desarrollar en mayor medida un historial sólido en el ámbito del Estado de Derecho, lo cual constituye un requisito previo fundamental para la adhesión a la UE y para asumir las obligaciones que conlleva la pertenencia a la Unión; considerando que la corrupción sigue siendo un problema muy grave;

E.

Considerando que la sociedad civil desempeña un papel importante en el proceso de reforma y de adhesión a la UE;

F.

Considerando que la libertad de expresión y de los medios de comunicación sigue siendo una preocupación; considerando que, aunque se comunicó su descenso, durante el período de notificación se produjeron nuevos casos de violencia contra medios de comunicación; considerando que las autoridades competentes deben mejorar la investigación y el enjuiciamiento de incidentes antiguos y nuevos y crear un entorno propicio para que los medios de comunicación funcionen de forma libre e independiente;

1.

Acoge con satisfacción el progreso realizado en las negociaciones de adhesión y señala que se han abierto hasta ahora dieciséis capítulos, entre ellos, los capítulos 23, 24 y 31, y que dos (ciencia e investigación, y educación y cultura) se han cerrado de forma provisional;

2.

Alienta a que prosigan las negociaciones de adhesión conforme a las reformas llevadas a cabo y a los resultados concretos obtenidos, especialmente en lo que respecta al Estado de Derecho, al entorno de los medios de comunicación y a la lucha contra la corrupción; acoge con satisfacción la aprobación, el 16 de diciembre de 2014, de una serie de actos legislativos acordes al Plan de acción del capítulo 23; opina que los avances en las negociaciones y la mejora del marco estratégico, normativo e institucional deben ir acompañados de un progreso real sobre el terreno, con atención a la aplicación de los planes de acción y estrategias pertinentes;

3.

Se felicita por la consolidación de las estructuras de negociación, incluida la creación de un Consejo del Estado de Derecho; pide al Gobierno que refuerce la coordinación intrainstitucional y amplíe las consultas interministeriales;

4.

Reitera que las reformas relacionadas con el Estado de Derecho constituyen el centro del proceso de integración europeo y son una condición esencial para el progreso en los diálogos de adhesión generales; considera que la voluntad política sigue siendo esencial para lograr y mantener un progreso sustancial en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, que constituye una prueba de fuego para la independencia, la eficiencia y la profesionalidad del sistema judicial;

5.

Señala la importancia de garantizar el carácter integrador del proceso de reformas, con la participación activa de la sociedad civil, de cara a conseguir los avances necesarios en las negociaciones; insta a que se realice una supervisión parlamentaria más activa a este respecto;

6.

Se felicita por la adopción del plan de acción 2014 para el fortalecimiento de la supervisión parlamentaria y por la del código de ética parlamentaria en diciembre de 2014; destaca la necesidad de reforzar las capacidades del Parlamento y de realizar un seguimiento del informe técnico adoptado por el Parlamento en julio de 2013 sobre la presunta malversación de fondos públicos con fines políticos partidistas y que el seguimiento judicial siga siendo incompleto; invita al Gobierno a tomar en consideración las recomendaciones pertinentes del Parlamento de Montenegro y a mejorar el acceso parlamentario a la correspondiente información;

7.

Manifiesta su preocupación por el ambiente profundamente polarizado en el país, que ha derivado en el boicot de algunas sesiones parlamentarias, en particular las preguntas del Primer Ministro, por parte del principal partido de la oposición, lo que mina el funcionamiento democrático de las instituciones; por consiguiente, insta a todas las fuerzas políticas, tanto del Gobierno como de la oposición, a que se centren en el proceso de adhesión a la UE del país y a que entablen un diálogo sostenible y una cooperación constructiva, especialmente en el seno del Parlamento; subraya que se requiere una firme voluntad política para una aplicación satisfactoria y para la fortaleza institucional;

8.

Invita al Gobierno a poner en marcha de forma efectiva las recomendaciones de la OSCE/OIDDH, de la Comisión de Venecia y del GRECO sobre la legislación electoral conforme a las normas europeas y las mejores prácticas, incluidos el derecho a presentarse como candidato independiente, la financiación pública proporcional que facilite unas condiciones equitativas para todos los candidatos y la auditoría de los partidos políticos; señala que las elecciones locales se vieron empañadas por acusaciones de irregularidades electorales; hace hincapié en que deben investigarse estas acusaciones y, si fuera necesario, deben enjuiciarlas las autoridades competentes;

9.

Hace hincapié en la importancia de que exista una separación clara entre los planteamientos estatales y los de los partidos; acoge con satisfacción la nueva ley adoptada en diciembre de 2014 sobre la financiación de los partidos políticos e insta a todos los partidos políticos a crear un historial de su puesta en marcha efectiva, que debe destinarse a reducir de forma significativa el margen de uso indebido de fondos públicos; lamenta que elementos importantes de la legislación pertinente se adoptaran sin que existiera un consenso entre los partidos;

10.

Acoge con satisfacción el mayor énfasis de la Comisión en la reforma de la administración pública en el proceso de adhesión; acoge con satisfacción que se estén realizando avances en este sentido, pero señala que pueden tomarse medidas adicionales para mejorar la calidad de la legislación y de la administración local; comparte la preocupación por la politización de la administración pública; pide que se logren avances en el aumento de la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas de las administraciones públicas central y local, y que se mejore su coordinación así como la de los órganos de autogobierno local entre sí, especialmente en los ámbitos de la inversión, la planificación de proyectos y su ejecución; considera esencial abordar deficiencias en materia de contratación, despido y criterios de evaluación, la falta de ejecución de las evaluaciones de rendimiento y la debilidad de las capacidades administrativas, de supervisión y de inspección;

11.

Anima a que se realicen esfuerzos adicionales para reforzar las capacidades de la oficina del Defensor del Pueblo en lo relativo a casos de lucha contra la discriminación;

12.

Se felicita por la nueva estrategia para la reforma judicial 2014-2018, señalando con satisfacción que el plan de acción pertinente se ejecuta, en general, de manera oportuna y que se ha llevado a cabo el nombramiento del nuevo Fiscal General del Estado; acoge con satisfacción las nuevas disposiciones legales para mejorar la transparencia en la elección de los fiscales del ministerio público; señala que el progreso registrado en materia de reforma judicial facilitó la apertura de cuatro capítulos más en la Conferencia intergubernamental de diciembre de 2014; alienta a que se realicen mayores esfuerzos por supervisar y reducir aún más el número de casos pendientes y la duración de los procedimientos judiciales, así como por incrementar la eficiencia del Tribunal Constitucional;

13.

Acoge con satisfacción el progreso realizado por Montenegro en lo relativo a la aplicación de reformas destinadas a garantizar la independencia y una mayor eficiencia del poder judicial; sigue manifestando una gran preocupación por las influencias indebidas en la independencia judicial, especialmente en lo que respecta a la selección y la carrera profesional de los jueces y los fiscales; insta a mejorar los criterios de selección para los nombramientos y los ascensos, así como a cumplir los principios de legalidad y proporcionalidad en los procedimientos disciplinarios; pide medidas de reforma fundamentales en lo que se refiere a la selección, la promoción y los sistemas disciplinarios para los jueces y los fiscales; señala que algunos de estos problemas se abordarán en un paquete de legislación organizativa sobre el poder judicial;

14.

Muestra su preocupación por la acumulación de casos pendientes ante el Tribunal Constitucional, especialmente los relacionados con la posible violación sistemática de derechos humanos, como la iniciativa para examinar la constitucionalidad de la Ley sobre delitos menores;

15.

Manifiesta su preocupación por que no se haya realizado ningún esfuerzo serio por abordar la cuestión de la impunidad en los casos de crímenes de guerra; insta a las autoridades competentes a enjuiciar los casos de crímenes de guerra de manera oportuna y al más alto nivel; insta a las autoridades competentes a investigar, enjuiciar, juzgar y castigar de manera efectiva los crímenes de guerra de conformidad con las normas internacionales, a fin de garantizar la aplicación de las sentencias judiciales y que las víctimas tengan acceso rápido a la justicia y a una compensación justa;

16.

Muestra su preocupación por que, a pesar de los sustanciosos recursos financieros entregados por donantes internacionales a las autoridades, los progresos en materia de lucha contra la corrupción sean tan limitados, ya que sigue constituyendo una amenaza al funcionamiento correcto y la estabilidad de las instituciones democráticas, al Estado de Derecho y al desarrollo económico; pide un papel más proactivo para la Comisión Nacional para la Aplicación de la Estrategia para la Lucha Contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada como unidad clave de coordinación contra la corrupción; insta a que exista una participación más activa y una cooperación más eficaz entre el Gobierno, todos los sectores de la vida pública y la sociedad civil a la hora tanto de prevenir como de reforzar el marco legislativo y proteger a los denunciantes;

17.

Urge a las autoridades a que mejoren las capacidades de los fiscales, los jueces, la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley, y a que desarrollen un historial sólido de investigaciones, enjuiciamientos y condenas a todos los niveles, incluidos los casos de corrupción de alto nivel; acoge con satisfacción la aprobación de leyes contra la corrupción, en particular sobre los grupos de interés, sobre los procedimientos administrativos generales y sobre la contratación pública, así como las enmiendas a las leyes sobre prevención de conflictos de intereses; pide una aplicación eficaz que permita una mayor cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y mejorar el sistema de verificación de los conflictos de intereses y la declaración de bienes; pide a la Comisión que siga de cerca la aplicación de dichas leyes; estima importante reforzar las instituciones para que adopten un enfoque más proactivo contra la corrupción y que la nueva comisión parlamentaria participe plenamente en la supervisión del trabajo realizado por la Agencia Anticorrupción, que debería recibir recursos suficientes; hace hincapié en que las deficiencias relacionadas con la independencia y la rendición de cuentas del sistema judicial siguen siendo un asunto de gran preocupación y obstaculizan la lucha contra la corrupción;

18.

Asimismo, pide al poder judicial que trabaje de manera más transparente en casos de corrupción y de delincuencia organizada, especialmente en lo relativo a la publicación de nombres de empresas, particulares y funcionarios implicados en estos casos en los veredictos;

19.

Señala que los cambios frecuentes de la legislación pueden obstaculizar la lucha contra el crimen organizado; pide la mejora de las capacidades de las autoridades competentes, especialmente en lo que se refiere a la realización de investigaciones complejas y la gestión de casos difíciles; se felicita por las enmiendas al Código Penal para prevenir y vigilar el radicalismo y el extremismo religioso; acoge con satisfacción la nueva ley que criminaliza a los «combatientes extranjeros», incluidos los yihadistas; en este sentido, pide a las autoridades competentes que apliquen de manera eficaz las disposiciones jurídicas pertinentes, con el fin de evitar y supervisar cualquier posible amenaza para la seguridad de los ciudadanos de Montenegro; subraya la importancia de combatir toda forma de extremismo;

20.

Acoge con satisfacción la firma del Acuerdo de Cooperación Estratégica y Operativa entre Montenegro y la Europol, el progreso en las negociaciones sobre la conclusión del acuerdo con Eurojust y la consecución del estatuto de observador para las instituciones montenegrinas en las redes judiciales europeas pertinentes; anima a establecer una estrecha cooperación operativa con los órganos judiciales europeos pertinentes, también en lo relativo a la cuestión de la trata de seres humanos;

21.

Toma nota de los esfuerzos realizados recientemente para reforzar los mecanismos de consulta a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) con el fin de lograr una mayor transparencia en la elaboración de las políticas y la legislación mediante un proceso inclusivo; acoge con satisfacción los debates públicos sobre la revisión de los planes de acción para los capítulos 23 y 24; invita a las autoridades competentes a que sigan ampliando la financiación pública sostenible de las OSC y desarrollando un marco institucional apropiado; se felicita por que el Gobierno haya nombrado un nuevo consejo para el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales; solicita a las autoridades competentes que ajusten el marco jurídico y las prácticas con el fin de proteger a los activistas de la sociedad civil frente a los ataques y el odio supuestamente propagado desde algunos periódicos, y que generen un clima en el que puedan trabajar sin temor a represalias;

22.

Reitera la importancia de la libertad de expresión como uno de los valores centrales de la Unión Europea; considera esencial que los periodistas tengan independencia plena; expresa su profunda preocupación por la situación de deterioro de la libertad de los medios de comunicación y los bajos estándares éticos de sus profesionales en Montenegro; lamenta profundamente la persistencia de los actos dirigidos contra los periodistas y el patrimonio de los medios; toma nota del establecimiento por parte del Gobierno de Montenegro de una comisión para investigar los ataques contra periodistas; insta a las autoridades competentes a aplicar las recomendaciones de dicha comisión y a lograr un registro coherente de los enjuiciamientos y las sentencias finales a los responsables; considera esencial para la profundización de las normas democráticas que existan medios de comunicación públicos independientes, con una línea editorial independiente, estables y sostenibles desde el punto de vista financiero; destaca la responsabilidad que incumbe a todos los políticos y los medios de comunicación de crear un clima de tolerancia con las opiniones diferentes; destaca que las declaraciones públicas en apoyo de la libertad de los medios de comunicación ayudan a crear un clima favorable para el respeto y la protección de los periodistas; acoge con satisfacción el acuerdo entre los representantes de los medios para revisar el código ético de la profesión como un primer paso hacia la mejora de su autorregulación; considera necesario adoptar un marco legislativo claro que establezca normas relativas a la propiedad y a la financiación de los medios de comunicación;

23.

Considera que una gestión transparente del pasado totalitarista, incluida la apertura de los archivos de los servicios secretos, es una medida positiva hacia una mayor democratización, rendición de cuentas y fortaleza institucional;

24.

Se felicita por que la ley antidiscriminación se ajuste casi por entero al acervo; invita a resolver las deficiencias pendientes en lo que se refiere a la discriminación racial y las disposiciones sobre sanciones; pide a las autoridades que faciliten todos los recursos financieros y administrativos necesarios al Consejo Antidiscriminación; si bien reconoce algunos avances en la inclusión social y en la educación de la comunidad romaní, muestra su preocupación por las altas tasas de abandono escolar y la baja proporción de estudiantes romaníes en comparación con el número total de estudiantes; pide que se fomenten iniciativas en apoyo de su vivienda, salud, educación y empleo, así como la capacitación de las mujeres romaníes y la educación de las estudiantes de esta comunidad; acoge con satisfacción los esfuerzos de las autoridades competentes por proteger los derechos de las personas LGBTI durante el segundo Día del Orgullo, que se desarrolló sin incidentes; sin embargo, muestra su preocupación por el hecho de que se sigan produciendo ataques a miembros y a activistas de la comunidad LGBTI; insta a los agentes tanto políticos como de la sociedad civil a que luchen contra la hostilidad y la violencia extendidas frente a minorías sexuales, en especial mediante esfuerzos por educar e informar a los ciudadanos que faciliten un cambio de actitud y facilitando formación para policía, fiscales y jueces;

25.

Acoge con satisfacción las mejoras del marco jurídico en lo relativo a los derechos de las personas con discapacidad; señala que se requieren medidas adicionales para cumplir el acervo de la UE; insta al Gobierno a acelerar el progreso relacionado con la accesibilidad de los edificios para personas con discapacidad y lamenta que la mayoría de las instituciones estatales y locales, incluidos los edificios prioritarios seleccionados (como el parlamento o los tribunales), sigan sin ser accesibles para personas con discapacidad; mantiene su preocupación por la elevada tasa de abandono escolar de estudiantes con discapacidad del sistema escolar una vez finalizada la educación primaria y después del instituto; indica la importancia de garantizar suficiente transparencia en lo relativo al fondo de rehabilitación profesional y empleo para personas con discapacidades y al gasto que conlleva;

26.

Hace hincapié en la necesidad de reforzar en mayor medida la aplicación y el seguimiento de la legislación y las políticas relacionadas con los menores y facilitar las capacidades adecuadas; pide que se mejore la calidad de la educación infantil y que se intensifiquen las iniciativas de apoyo a niños vulnerables; hace hincapié en la importancia de ampliar la reforma en materia de justicia juvenil también a menores en diligencias judiciales administrativas, civiles o penales con el fin de promover un acceso más amplio a la justicia;

27.

Muestra su preocupación por el hecho de que los avances en relación con los derechos de las mujeres, la igualdad de género, la presencia de la mujer en la política y en el mercado laboral, así como la lucha contra la violencia doméstica, siguen siendo limitados; urge, en este sentido, a que se aceleren los avances en relación con los derechos de las mujeres, la igualdad de género, la presencia de la mujer en la política y en el mercado laboral, así como la lucha contra la violencia doméstica; pide, a este respecto, una mayor participación del Parlamento, una cooperación más estructurada con la sociedad civil y el refuerzo de las capacidades institucionales, incluida la mejora de la cooperación entre los servicios sociales y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley; insta a que se sitúen los derechos de las víctimas en el centro de todas las medidas y que se aborden con la debida diligencia la prevención, la investigación, el castigo y la reparación de los actos de violencia doméstica;

28.

Acoge con satisfacción las políticas de Montenegro destinadas a crear un clima de tolerancia e inclusión para todas las minorías nacionales; anima firmemente a las autoridades de Montenegro a que sigan protegiendo la identidad multinacional de la región de Boka Kotorska y a que incrementen su cooperación cultural y económica con los Estados miembros de la UE colindantes;

29.

Acoge con satisfacción el hecho de que se siga garantizando y reforzando la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; señala que siguen existiendo tensiones entre las iglesias ortodoxas serbias y las montenegrinas, especialmente por cuestiones de propiedad; pide que se adopte una nueva ley sobre el estatuto jurídico de las comunidades religiosas;

30.

Insta al Gobierno a ejecutar reformas económicas sostenibles, incluidas disposiciones jurídicas relativas a mecanismos contra la competencia, a impulsar la competitividad y resolver debilidades estructurales, hacer frente al gran sector informal y mejorar el entorno empresarial en general; pide el refuerzo del diálogo social entre los distintos interlocutores; pide, además, que se refuercen las capacidades, incluida la participación en consultas públicas, para la formulación y coordinación de la política económica, también para reducir la disparidad regional; insiste en la necesidad de combatir la evasión fiscal de manera efectiva; manifiesta su preocupación por que las incertidumbres legales y judiciales, incluidas las relativas a la concesión de licencias, la administración tributaria y la ejecución de los contratos, puedan entrañar riesgos para los agentes económicos y minar la capacidad de Montenegro para atraer inversión extranjera; destaca la urgente necesidad de solucionar disputas comerciales con inversores extranjeros que son fundamentales para la economía de Montenegro; comparte la preocupación por la falta de mejoras tangibles en la situación del mercado laboral y las persistentes altas tasas de desempleo juvenil y de larga duración, y pide, por tanto, medidas activas en relación con el mercado laboral;

31.

Señala que el diálogo entre los interlocutores sociales es aún escaso y exige un mayor fortalecimiento del derecho de las personas a fundar nuevas organizaciones sindicales; se felicita de las enmiendas presentadas al Derecho laboral para regular los derechos de los empleados en caso de quiebra; insta al Gobierno a acelerar el trabajo sobre su primer programa de reforma social y de empleo con vistas a identificar y abordar los retos principales de Montenegro en materia de política de empleo, inclusión social y reducción de la pobreza;

32.

Elogia la aplicación de la «Small Business Act» para Europa, así como de la adhesión al Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) de la UE; pide que se aceleren los programas de apoyo del sector público para pymes como uno de los motores principales que dirigen el desarrollo económico;

33.

Sigue profundamente preocupado por el retraso en la resolución del procedimiento de quiebra de la principal empresa industrial de Montenegro, la planta de aluminio KAP, que contraviene las obligaciones del país en virtud del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA); insta al Gobierno y a las partes implicadas a que alcancen una solución sostenible para KAP de conformidad con las normas sobre ayudas estatales del AEA, y sobre la base de la transparencia y el Estado de Derecho;

34.

Lamenta que Montenegro haya ignorado el requerimiento del tribunal chipriota en lo relativo a la venta de la planta KAP y pide a Montenegro que reconozca plenamente las decisiones pertinentes de las autoridades judiciales de los Estados miembros de la UE;

35.

Anima a Montenegro a que siga progresando en materia de protección ambiental y cambio climático mediante el refuerzo de la capacidad administrativa, el desarrollo de políticas energéticas sostenibles y la promoción de un modelo económico respetuoso con el medio ambiente que estimule las inversiones, con el fin de garantizar la adaptación al acervo ambiental y climático; recuerda la necesidad de elaborar una estrategia nacional de energía que tenga en cuenta las diferentes fuentes de energía renovable y la necesidad de respetar el patrimonio natural y las zonas protegidas y que hayan recibido reconocimiento internacional; insta a realizar consultas en proyectos transfronterizos;

36.

Pide una planificación a largo plazo en relación con el turismo en la costa y la creación de mecanismos reforzados que impidan la destrucción del medio ambiente y la corrupción en el ámbito de la planificación del territorio y la construcción;

37.

Elogia la participación proactiva y el papel constructivo de Montenegro en la cooperación regional e internacional, así como en el proceso de reconciliación regional; felicita al Gobierno por la adaptación plena a la PESC de la UE y anima a las autoridades a que sigan adaptando la postura de política exterior del país a la de la UE, especialmente en la situación actual de amenaza terrorista internacional; felicita al Gobierno por ser el único país de los Balcanes Occidentales candidato a la adhesión a la UE, junto con Albania, que se ha alineado plenamente con la posición y las decisiones de la UE sobre la situación en Ucrania; pide a las autoridades montenegrinas que intensifiquen la cooperación con los interlocutores políticos y económicos internacionales con el fin de reforzar la resistencia del país frente a presiones externas y a intentos por desestabilizar el país y la región; acoge con satisfacción la participación del país en misiones civiles y militares de la UE, de la OTAN y de las Naciones Unidas;

38.

Pide a todos los miembros de la OTAN, y especialmente a los Estados miembros de la UE que pertenecen a la OTAN, que apoyen activamente la adhesión de Montenegro a la alianza de la OTAN, con objeto de ofrecer una mayor seguridad en el Adriático, donde el resto de países ya pertenecen a la OTAN, y fomentar así la seguridad regional;

39.

Anima a Montenegro a hacer frente a las cuestiones bilaterales pendientes con sus vecinos lo antes posible en el proceso de adhesión, con un espíritu constructivo y de vecindad; reitera la necesidad de que se resuelvan rápidamente las cuestiones pendientes acerca de las delimitaciones fronterizas y de la secesión con Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia y Kosovo; insta a una mayor cooperación con los países vecinos compartiendo experiencias sobre las negociaciones de adhesión; da la bienvenida al estatuto de observador de Montenegro en el Tratado sobre la Carta de la Energía;

40.

Insta a que se resuelva la cuestión fronteriza con Croacia mediante un acuerdo mutuo sin demora y, en el caso de que resulte imposible encontrar una solución de mutuo acuerdo, pide que se resuelva la controversia en el Tribunal Internacional de La Haya, de conformidad con las normas y los principios del Derecho internacional;

41.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Montenegro.

30.8.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 316/54

—

Vista la decisión del Consejo Europeo, de 16 de diciembre de 2005, de conceder a la Antigua República Yugoslava de Macedonia el estatuto de país candidato a la adhesión a la UE, así como sus conclusiones de 17 de diciembre de 2013, Vistas las conclusiones del Consejo Europeo del 16 de diciembre de 2014,

—

Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales,

—

Vistas las conclusiones de la undécima reunión del Consejo de Estabilización y Asociación entre el país y la UE, celebrada el 23 de julio de 2014,

—

Vistos el Informe de evolución de la Comisión (SWD(2014)0303) y la Comunicación de 8 de octubre de 2014 titulada «Estrategia de ampliación y principales retos para 2014-15» (COM(2014)0700), así como el documento de estrategia indicativo (2014-2020) aprobado el 19 de agosto de 2014,

—

Vistas las Resoluciones 817(1993) y 845(1993) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

—

Vista la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación del Acuerdo Provisional de 13 de septiembre de 1995,

—

Visto el dictamen de la Comisión de Venecia sobre las siete enmiendas a la Constitución del país, aprobado el 10 y 11 de octubre de 2014,

—

Vistos los resultados de la misión de observación internacional de la OSCE/OIDDH del proceso electoral llevada a cabo para las elecciones presidencial y parlamentaria temprana,

—

Vista la duodécima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Antigua República Yugoslava de Macedonia celebrada los días 26 y 27 de noviembre de 2014,

—

Vistas sus anteriores resoluciones,

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Vista la labor de Ivo Vajgl como ponente de turno sobre el país en la Comisión de Asuntos Exteriores,

—

Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Antigua República Yugoslava de Macedonia es candidata a la adhesión a la UE desde hace nueve años y es el país más avanzado en términos de adaptación al acervo;

B.

Considerando que la Comisión ha recomendado al Consejo por sexta vez consecutiva la apertura de negociaciones; que el país está preparado para negociar con la UE; que durante los últimos ocho años el Parlamento Europeo ha solicitado en repetidas ocasiones el inicio de las negociaciones de adhesión con el país y que más demoras en el inicio de dichas negociaciones puede generar un impacto negativo para los procesos de reforma del país y para la credibilidad de la UE en la región;

C.

Considerando que el Consejo bloquea el paso a la fase siguiente del proceso de adhesión a causa de la cuestión de la denominación, no resuelta con Grecia; que las cuestiones bilaterales no deben obstaculizar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea; que la falta de progresos en el proceso de integración en la UE puede incrementar los costes para la estabilidad regional y la credibilidad de la UE así como dar lugar a un declive en los estándares democráticos del país;

D.

Considerando que este nuevo aplazamiento se suma a la creciente frustración de la opinión pública de la Antigua República Yugoslava de Macedonia acerca del estancamiento del proceso de integración en la UE y corre el riesgo de empeorar los problemas nacionales y las tensiones internas;

E.

Considerando que cada país candidato (potencial) será juzgado por sus propios méritos y que la rapidez y calidad de las reformas necesarias determina el calendario de adhesión;

F.

Considerando que las cuestiones bilaterales deben abordarse a la mayor brevedad posible con un espíritu constructivo, teniendo en cuenta los principios y valores de las Naciones Unidas y de la UE;

G.

Considerando que la ausencia de un diálogo constructivo e inclusivo entre el Gobierno y la oposición y el boicot poselectoral por parte de la oposición han plagado de dificultades el trabajo parlamentario; que tanto el Gobierno como la oposición comparten la responsabilidad de garantizar una cooperación política sostenible, que es fundamental para la evolución democrática del país y para seguir adelante con la agenda europea; que las elecciones se celebraron con una cobertura informativa sesgada y con falta de separación entre las actividades del partido y las del Gobierno;

H.

Considerando que en la duodécima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta no se pudo adoptar una recomendación conjunta; que una Comisión Parlamentaria Mixta que funcione plenamente contribuye materialmente a garantizar el control parlamentario sobre el proceso de adhesión;

I.

Considerando que Estado de Derecho, la libertad de los medios de comunicación, la cooperación regional y las buenas relaciones de vecindad son elementos esenciales del proceso de ampliación de la UE;

J.

Considerando que la corrupción y la delincuencia organizada siguen siendo problemas graves; que la libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación siguen amenazadas;

1.

Reitera por novena vez consecutiva su petición al Consejo de que fije sin más dilación una fecha para el inicio de las negociaciones de adhesión con el fin de no perder el impulso, promover las reformas relacionadas con el acervo y reforzar el proceso de democratización; reitera su parecer de que la cuestión de la denominación, que es un asunto bilateral, no debe suponer un obstáculo para el inicio de las negociaciones de adhesión, aunque deberá estar resuelta antes del final del proceso de adhesión; apoya la opinión de la Comisión de que el hecho de que las partes no hayan alcanzado un acuerdo después de casi dos decenios de conversaciones con mediación está teniendo un impacto directo y negativo en las aspiraciones europeas del país y de su población; insta a ambos Gobiernos a que tomen medidas concretas para encontrar una solución aceptable para ambas partes; reitera la importancia y la necesidad de enfocar de modo constructivo los retos con los vecinos en lo que respecta a estas cuestiones bilaterales;

2.

Recuerda el compromiso asumido por los Estados miembros de volver sobre la cuestión en 2015 con miras a la apertura de negociaciones de adhesión; considera que iniciar las negociaciones con la UE no puede sino tener una influencia positiva en los esfuerzos por resolver los litigios bilaterales, aparte de generar nuevas reformas que son muy necesarias, especialmente en lo relativo al Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y la lucha contra la corrupción; hace hincapié en que seguir demorando la apertura de negociaciones conlleva un coste creciente e imprevisible para el país y también para la estabilidad regional; destaca que seguir prolongando el statu quo merma la credibilidad y la eficacia de la política de ampliación de la UE y su posición en la región;

3.

Reitera su postura de que no se debería recurrir a cuestiones bilaterales con el fin de lastrar el proceso de adhesión; dichas cuestiones no deberían suponer un obstáculo para la apertura oficial de negociaciones de adhesión, sino que deberían abordarse lo antes posible en el marco del proceso de adhesión; es consciente que una de las partes ha incumplido la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 5 de diciembre de 2011 sobre la aplicación del Acuerdo Provisional de septiembre de 1995; pide a Grecia que renueve su compromiso contraído en el marco del Programa de Salónica de 2003 y cree un entorno favorable a la solución de diferencias bilaterales en el espíritu de los valores y principios europeos; pide mayores progresos —incluidos contactos gubernamentales de alto nivel— en las relaciones bilaterales con Bulgaria, destinadas a la negociación de un acuerdo sobre las buenas relaciones de vecindad, que abordaría problemas comunes; reitera su preocupación por el uso de argumentos históricos en el debate que se está celebrando actualmente con los vecinos y acoge con satisfacción todos los esfuerzos orientados a llevar a cabo celebraciones de acontecimientos y personajes históricos comunes con los Estados miembros vecinos; considera que esto podría contribuir a una mejor comprensión de la historia y a unas buenas relaciones de vecindad;

4.

Pide una participación más activa de la UE en la cuestión de la denominación y apoya un enfoque proactivo por parte de los líderes políticos de la UE; insta a la nueva Alta Representante/Vicepresidenta (AR/VP) a desarrollar nuevas iniciativas para superar el estancamiento actual y trabajar, en cooperación con el Representante Especial de las Naciones Unidas, en dirección a una solución mutuamente aceptable; pide al Consejo que celebre un debate exhaustivo sobre las perspectivas de adhesión de la Antigua República Yugoslava de Macedonia en la primera mitad de 2015; insiste en que todos los países candidatos y los países candidatos potenciales deben recibir en el proceso de integración un trato conforme a sus méritos respectivos; cree que la continuación del Diálogo de Alto Nivel para la Adhesión con la Comisión aportaría más calidad al proceso de reforma;

5.

Pide a los miembros de la OTAN, y especialmente a todos los Estados miembros de la UE que forman parte de dicha organización, a que respalden activamente la adhesión del país a la OTAN, con objeto de lograr una mayor seguridad y estabilidad política en Europa Sudoriental;

6.

Anima a establecer una cooperación transfronteriza en materia de historia, cultura, educación y promoción de los valores europeos, que respalde las iniciativas a favor de cambios democráticos; en ese sentido, pide a los Estados miembros vecinos que, con espíritu de buenas relaciones de vecindad, respalden la voluntad de introducir cambios democráticos, es decir, que apoyen el inicio del proceso de negociación;

7.

Anima al país a constituir comités conjuntos de expertos sobre historia y educación, con el fin de contribuir a una interpretación objetiva de la historia, reforzar la cooperación académica y promover actitudes positivas hacia los vecinos entre las jóvenes generaciones;

8.

Anima encarecidamente a las autoridades y a la sociedad civil a que tomen las medidas adecuadas para lograr una reconciliación histórica, a fin de superar la división entre los distintos grupos étnicos y nacionales y en el seno de dichos grupos, incluidos los ciudadanos de identidad búlgara;

9.

Toma nota del paquete de modificaciones de la Constitución propuesto; opina que algunas propuestas, incluidas las disposiciones relativas a la definición de matrimonio y a la creación de zonas financieras internacionales, podrían ser objeto de mejoras en consonancia con las recomendaciones de la Comisión de Venecia; recuerda, asimismo, que es necesario respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y tener en cuenta el acervo de la UE; destaca que es necesario preparar cuidadosamente la normativa de aplicación en cualquier modificación constitucional; subraya que el proceso de modificación constitucional duradera requiere un amplio respaldo político, un diálogo constructivo y cooperación entre todas las fuerzas políticas; hace hincapié en la necesidad de que se produzca un debate público completo, una consulta detallada y un consenso con los partidos de la oposición, con la sociedad civil y con las partes interesadas pertinentes;

10.

Le preocupa la polarización del clima nacional; insta al Gobierno a que respete el papel del Parlamento facilitando suficiente margen y tiempo para consultas, también sobre las modificaciones constitucionales, con miras a hacer posible un control parlamentario pleno e independiente; pide al Gobierno y a todos los partidos políticos que trabajen de forma constructiva en pro de la mejora de relaciones a fin de mantener la estabilidad política, asegurar una cooperación política constructiva y sostenible y agilizar la agenda europea; recuerda que transigir es fundamental para que una democracia funcione; subraya la necesidad de mejorar la inclusividad y la transparencia del proceso de adhesión; destaca que el boicot poselectoral es un problema que debe resolverse en el espíritu de la responsabilidad compartida entre el Gobierno y la oposición para con el correcto funcionamiento del Parlamento; invita a la AR/VP a colaborar con todas las partes para facilitar el diálogo político;

11.

Expresa su profunda preocupación por el empeoramiento de las relaciones entre el Gobierno y la oposición, en particular con respecto al reciente anuncio del Primer Ministro de acusaciones contra el líder de la oposición y, a su vez, por las acusaciones en su contra de infracciones penales; condena todo tipo de vigilancia ilegal y pide que se publiquen y se comuniquen libremente todas las acusaciones; pide una investigación independiente de todas las acusaciones y de la vigilancia realizada, con pleno respeto de los principios de transparencia, imparcialidad y presunción de inocencia; reitera la importancia de observar el principio fundamental de la libertad de expresión; pide a todos los actores políticos que tomen parte en un diálogo constructivo para mantener la atención en las prioridades estratégicas del país y de sus ciudadanos;

12.

Lamenta la ausencia de la oposición en la labor periódica de la Comisión Parlamentaria Mixta; considera esencial garantizar el correcto funcionamiento de la Comisión Parlamentaria Mixta mediante la representación adecuada en sus procedimientos de todos los partidos parlamentarios;

13.

Expresa su preocupación al observar que la coexistencia interétnica sigue siendo frágil y plantea un reto al país; manifiesta su preocupación por la creciente tensión interétnica que revela la falta de confianza entre las comunidades; condena firmemente el uso de lenguaje etnocéntrico y divisivo, en especial durante las campañas electorales; hace hincapié en que el inicio de las conversaciones de adhesión a la UE puede ayudar al país a abordar mejor este reto, reforzando la cohesión interétnica en torno a este objetivo común; condena todas las formas de nacionalismo y etnocentrismo extremos, que acentúan la división de la sociedad; pide a todos los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil que promuevan activamente una sociedad multiétnica y pluriconfesional inclusiva y tolerante y que protejan los derechos fundamentales de todas las personas que pertenecen a minorías étnicas; recuerda que la educación desempeña un papel fundamental a la hora de lograr la tolerancia y el respeto entre los diferentes pueblos; pide a la Comisión que intensifique aquellos proyectos y programas destinados a reforzar el diálogo interétnico y el entendimiento mutuo;

14.

Celebra que el programa de la UE siga siendo la prioridad estratégica del país; alienta al país a que siga consolidando las reformas y cambiando las políticas y prácticas que todavía podrían obstaculizar su futuro europeo, y a que garantice el progreso con respecto a la aplicación de las prioridades de la reforma relacionada con la UE, también en el contexto del Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión;

15.

Constata que la OSCE/OIDDH consideró que las elecciones presidencial y parlamentaria temprana celebradas en abril de 2014 se habían gestionado eficazmente; no obstante, comparte la preocupación por la separación difusa entre las actividades del Gobierno y las del partido, contrarias a las normas internacionales para unas elecciones democráticas, la información sesgada en los medios de comunicación y las acusaciones por intimidación a los votantes; celebra las reformas electorales pero insta a las autoridades a que investiguen las presuntas irregularidades que se produjeron antes de las elecciones y durante su desarrollo; pide al Gobierno que atienda todas las recomendaciones de la OIDDH a tiempo para mejorar el procedimiento electoral, entre otras cosas, en lo relativo a la gestión y la exactitud del censo electoral; recuerda además, a este respecto, la necesidad de elaborar listas electorales con arreglo a las normas internacionales;

16.

Insta al Gobierno a que ponga remedio a las deficiencias de la aplicación de la ayuda del IPA, como los problemas sistémicos de control del sistema, la insuficiente coordinación intrainstitucional e interinstitucional, los retrasos en la contratación, la baja tasa de absorción y la baja capacidad de las instituciones; pide que se mejore el vínculo entre la ayuda de la UE y las estrategias de reforma nacionales y que se utilicen los fondos del IPA para generar una descentralización presupuestaria mucho mayor en el país; pide que se eviten nuevas pérdidas de ayuda y que se acelere la ejecución del programa a fin de aumentar el impacto de la ayuda de la UE;

17.

Celebra la adopción del nuevo marco legislativo para la función pública y el empleo público en febrero de 2014, como un paso adelante para ofrecer una administración pública unida, transparente y responsable; expresa su preocupación al observar que la administración pública, a pesar de los progresos legislativos, sigue fragmentada, politizada y sufriendo influjo político; insta encarecidamente a que se mejore su profesionalidad y su independencia a todos los niveles; apoya los esfuerzos por aplicar la ley respetando plenamente los principios de transparencia, mérito y representación equitativa; pide al Gobierno que adopte un programa de reforma de la gestión financiera;

18.

Insta a aplicar completamente el Acuerdo Marco de Ohrid; pide que se complete la revisión de su aplicación de manera que dé lugar a recomendaciones políticas; recomienda encarecidamente tomar en consideración el Acuerdo Marco de Ohrid como un elemento esencial del Estado de Derecho, las relaciones intercomunitarias y la continuación de la descentralización; anima vivamente a que se desarrolle la gobernanza local y se promuevan medidas a largo plazo de creación de confianza a nivel político, como la celebración de debates públicos para explicar los beneficios del Acuerdo Marco de Ohrid; pide al Gobierno y a las autoridades locales competentes que sigan adelante con la aplicación de la Estrategia de Educación Integrada y que faciliten una mayor financiación para dicho fin; considera importante la incorporación de organizaciones de la sociedad civil al proceso; recomienda un enfoque más dinámico, con el fin de garantizar las identidades étnicas, culturales y lingüísticas de todas las comunidades;

19.

Acoge con satisfacción el alto nivel de adaptación al acervo legislativo y la mejora de la eficiencia y profesionalidad de los tribunales resultante de reformas judiciales generalizadas; manifiesta su preocupación, no obstante, por las influencias políticas indebidas en determinados procedimientos judiciales y hace hincapié en que el poder judicial debe ser independiente de toda presión exterior ejercida por el poder legislativo y el poder ejecutivo; destaca la necesidad de velar por una aplicación adecuada de las normas judiciales, en línea con las normas y las mejores prácticas europeas; pide que se unifique la jurisprudencia para garantizar un sistema judicial predecible y obtener la confianza de la opinión pública; pide una mejor calidad de la administración de justicia, un mayor uso de recursos extrajudiciales y de resolución alternativa de litigios, una mejor planificación estratégica, un mejor acceso a la justicia para los miembros vulnerables de la sociedad y más participación de organizaciones profesionales y de la sociedad civil en el seguimiento de la independencia judicial;

20.

Toma nota de evoluciones positivas en la aplicación de los programas anticorrupción 2011-2015, el refuerzo del sistema de integridad personal e institucional y la cooperación interinstitucional e internacional; señala cuestiones de importancia aún pendientes, también de carácter transfronterizo, relacionadas con la aplicación de la legislación sobre el blanqueo de dinero, la realización de evaluaciones nacionales de riesgo y la mejora de la eficiencia operativa; reitera que un Comité nacional para la prevención de la corrupción, independiente y plenamente funcional, debe ser la institución estatal que lidere la lucha contra este problema; con el fin de mejorar la labor de dicho Comité, pide a las autoridades competentes que mejoren la interconectividad informática entre los tribunales y la fiscalía y que creen un registro central de funcionarios públicos;

21.

Pide una aplicación más eficiente de las medidas y la legislación anticorrupción, en particular en la política, la administración pública, la contratación pública y la garantía del cumplimiento de la ley, así como el aumento de las capacidades administrativas; insta al país a elaborar un historial de condenas para combatir la corrupción, también en los casos de alto nivel; pide a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios de comunicación independientes que publiquen los casos de corrupción y reclamen investigaciones y juicios independientes e imparciales; pide a la fiscalía que permita la investigación oportuna y pertinente de estas reclamaciones;

22.

Observa con satisfacción que se ha establecido el marco jurídico e institucional con respecto a la lucha contra la delincuencia organizada; elogia la activa cooperación regional e internacional del país, también a través de Eurojust y Europol; celebra el hecho de que se hayan llevado a cabo con éxito una serie de operaciones policiales efectuadas contra grupos organizados, a saber, el corte de las rutas internacionales de tráfico de estupefacientes y de tráfico ilícito de inmigrantes;

23.

Condena todas las formas de extremismo político o religioso y observa la necesidad de una cooperación transfronteriza con otros países de los Balcanes Occidentales y Estados miembros de la UE; acoge con satisfacción las modificaciones del Código penal orientadas a tipificar el delito de participar en actividades relacionadas con el extremismo político o religioso y determinar las penas aplicables; insiste encarecidamente en la necesidad de elaborar una estrategia común proactiva de política exterior, seguridad y defensa, teniendo en cuenta la amenaza terrorista internacional actual; recuerda que la política pública debe combatir todas las formas de extremismo y que se debe evitar cuidadosamente la estigmatización de cualquier grupo religioso en este contexto;

24.

Lamenta la falta de cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y las partes públicas interesadas en la elaboración de leyes; señala que esta cooperación debería basarse en la voluntad real del Gobierno de consultar a varias partes interesadas durante la elaboración tanto de leyes como de políticas; destaca el papel crucial que estas organizaciones pueden desempeñar para aumentar la concienciación de la sociedad sobre el proceso de integración, haciendo que sea más transparente, que se rindan cuentas del mismo y que sea más inclusivo; alienta al Gobierno a que contribuya al desarrollo de la sociedad civil también en las zonas rurales; pide al Gobierno que inicie un debate intenso con las universidades, profesores y estudiantes sobre la reforma de la enseñanza superior;

25.

Anima a las autoridades a que recuperen de Serbia los archivos pertinentes del servicio secreto yugoslavo; opina que una gestión transparente del pasado totalitario, incluida la facilitación de los archivos de los servicios secretos, es un avance hacia la democratización, la rendición de cuentas y la consolidación institucional;

26.

Expresa su profunda preocupación ante las presiones políticas y económicas que merman notablemente la independencia de los medios de comunicación; lamenta el continuo deterioro de la libertad de expresión, que ha dado lugar al peor registro de la región en cuanto a libertad de prensa; lamenta, en este contexto, que el puesto del país en el índice de Reporteros sin Fronteras haya pasado del 34 en 2009 al 117 en 2015; toma nota cada vez con mayor preocupación del control del Estado sobre los medios de comunicación, con una persistente dependencia del presupuesto público, una extendida autocensura y unas deficientes normas profesionales y deontológicas; observa con inquietud el uso de la difamación en el contexto político y de los medios de comunicación; lamenta, si bien se han dado algunos pasos para restablecer el diálogo entre el Gobierno y la comunidad de los medios de comunicación, que se haya modificado la ley relativa a los servicios audiovisuales mediante un procedimiento acelerado y sin la debida consulta con las partes interesadas del sector;

27.

Insta al Gobierno a que aplique medidas de refuerzo del pluralismo de los medios y la diversidad de opiniones y a que garantice la independencia de la radiodifusión pública y el regulador de los medios de comunicación; observa con preocupación que la radiodifusión pública ha demostrado un sesgo a favor de los partidos gobernantes, tanto durante las campañas electorales (según consta en los informes de la OIDDH de la OSCE) como en otras circunstancias (según consta en el Informe de evolución de la Comisión); celebra que el Gobierno publicase datos sobre la publicidad gubernamental; pide al Gobierno, no obstante, que aumente la transparencia de los criterios aplicados en la asignación de fondos; recomienda vivamente a la Comisión que sea más activa en el control y el asesoramiento relativos a acontecimientos políticos y en el fomento del diálogo entre todas las partes interesadas del sector de los medios de comunicación;

28.

Recuerda al Gobierno y a los partidos políticos la responsabilidad que tienen a la hora de crear una cultura de tolerancia e inclusión; pide que la ley contra la discriminación se armonice plenamente con el acervo, pues no prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual; condena todas las formas de violencia contra la comunidad LGBTI y pide que se lleve ante la justicia a quienes perpetren estos actos, incluidos los responsables de los violentos incidentes contra el centro de ayuda para personas LGBTI de Skopie; subraya la necesidad de combatir los prejuicios y la discriminación que sufre la comunidad romaní y de adoptar medidas adicionales que mejoren su situación, en particular en el ámbito de la vivienda, la salud, la educación y el empleo; pide a las autoridades que garanticen una perspectiva de género en todos los ámbitos políticos, con vistas a asegurar la igualdad entre mujeres y hombres; reitera su preocupación ante la persistencia de estereotipos de género en la sociedad y ante la violencia doméstica; anima al Gobierno a que aborde el desequilibrio estructural de género y salarial en los ámbitos económico, político y social; pide a la Comisión que cumpla su propio compromiso de hacer que el capítulo de empleo y política social sea una prioridad en el proceso de adhesión, presentando una iniciativa a este respecto en el Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión con el país;

29.

Sigue preocupado por los elevados índices de pobreza infantil y la falta de capacidad de las instituciones responsables para aplicar políticas y medidas estratégicas en este ámbito; insta al Gobierno a que redoble sus esfuerzos a la hora de aplicar la estrategia nacional revisada en materia de pobreza y exclusión social; insta a que se preste más atención a garantizar un acceso justo y eficaz de todos los menores a la justicia; subraya la necesidad de que el Gobierno redoble los esfuerzos para ayudar a los niños con discapacidad y a los niños pertenecientes a la comunidad romaní; pide medidas adicionales destinadas a mejorar la salud y nutrición de los niños, en particular de los niños de etnia romaní;

30.

Celebra que el país siga siendo el líder regional en cuanto a la facilidad para hacer negocios y acoge con satisfacción su mejor rendimiento en la clasificación del Banco Mundial, pues ha pasado del puesto 31 en 2013 al 30 en 2014; observa, no obstante, que la dificultad para hacer respetar los contratos y los frecuentes cambios legislativos sin las consultas adecuadas plantean graves desafíos al clima empresarial; subraya, al mismo tiempo, la importancia de avanzar en relación con la legislación laboral y de reforzar el diálogo social; destaca la necesidad de seguir mejorando el entorno empresarial apoyando a las pymes, reduciendo las disparidades regionales y vinculando las entidades de I+D con el sector empresarial y del empleo;

31.

Celebra que los flujos de inversión extranjera directa se mantengan estables y permitan una mayor diversificación de la exportación; observa que el 80 % de la totalidad del volumen de inversión extranjera directa provienen de empresas de la UE y que los flujos de comercio de bienes y servicios con la UE han aumentado aún más; reitera la importancia que reviste atraer inversión extranjera y cree que el retraso en el proceso de adhesión a la UE podría obstaculizar una integración económica más profunda; reconoce que es necesario aumentar los ingresos públicos y crear empleo en sectores de alta productividad, pues la estructura general de la economía sigue centrada en actividades de productividad baja; pone de relieve que todas las normas relativas a las zonas financieras internacionales deben estar en consonancia con el acervo y los requisitos internacionales;

32.

Se congratula de la reducción de la tasa de desempleo global, que ha pasado del 29,9 % en el primer trimestre de 2013 al 27,9 % en el tercer trimestre de 2014; pide al Gobierno que redoble sus esfuerzos por reducir el desempleo estructural y de larga duración, en particular entre los jóvenes (superior al 50 %) y la población vulnerable, en particular la comunidad romaní; pide que se adopten reformas para aumentar la tasa de actividad y la movilidad laboral y reducir el extenso sector informal, que sigue obstaculizando la competencia; expresa su preocupación por que el nivel de educación y formación de la mano de obra a menudo no se corresponda con las necesidades reales de la economía y por el gran número de trabajadores jóvenes cualificados que se ven obligados a emigrar por las dificultades para hallar oportunidades de empleo adecuadas en el país; manifiesta su preocupación por los últimos cambios legislativos que cuestionan el derecho a la huelga y pide a las autoridades que los revisen junto con las normas de la OIT;