25.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/1

25.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/2

—

la Presidencia del Tribunal General seguirá siendo ocupada por el Presidente Sr. Jaeger;

—

la Vicepresidencia del Tribunal General seguirá siendo ocupada por el Vicepresidente Sr. Kanninen;

—

las Presidencias de las Salas de cinco y de tres Jueces seguirán siendo ocupadas por el Vicepresidente Sr. Kanninen y por los Presidentes de Sala Sra. Martins Ribeiro, Sr. Papasavvas, Sr. Prek, Sr. Dittrich, Sr. Frimodt Nielsen, Sr. van der Woude, Sr. Gratsias y Sr. Berardis;

—

continuarán aplicándose la decisión de adscripción de los Jueces a las Salas de 23 de octubre de 2013 (DO 2013, C 344, p. 2), modificada en último lugar por la decisión de 9 de junio de 2016 (DO 2016, C 243, p. 2), las decisiones de 13 de mayo de 2015 sobre la composición de la Gran Sala y sobre el modo de designar al Juez que sustituirá al Juez que padezca un impedimento (DO 2015, C 213, p. 2) y las decisiones de 23 de septiembre de 2013 sobre los criterios para la atribución de los asuntos a las Salas y sobre la composición de la Sala de Casación (DO 2013, C 313, pp. 4 y 5).

25.7.2016   

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C 270/3

1)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

2)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

25.7.2016   

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C 270/4

1)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

2)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

25.7.2016   

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C 270/4

1)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

2)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

25.7.2016   

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C 270/5

1)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

2)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

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C 270/6

1)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

2)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

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C 270/7

1)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

2)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

25.7.2016   

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C 270/7

1)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

2)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

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C 270/8

1)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

2)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

25.7.2016   

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C 270/9

1)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

2)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

25.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/10

25.7.2016   

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C 270/10

1)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

2)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

25.7.2016   

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C 270/11

1)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE y los principios de igualdad de trato y de efectividad deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional relativa a los juegos de azar, como la controvertida en el litigio principal, que ordena convocar una nueva licitación para la adjudicación de concesiones de menor duración que las adjudicadas anteriormente, a causa de una reorganización del sistema mediante la equiparación de las fechas de vencimiento de las concesiones.

2)

Los artículos 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una disposición nacional restrictiva, como la controvertida en el litigio principal, que obliga al concesionario de juegos de azar a ceder a título gratuito, al término de la actividad por la expiración del período de concesión, el uso de los bienes materiales e inmateriales propios que constituyen la red de gestión y recogida de apuestas, siempre que esa restricción vaya más allá de lo necesario para la realización del objetivo efectivamente perseguido por esa disposición, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/12

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/13

25.7.2016   

ES

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C 270/13

25.7.2016   

ES

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C 270/14

25.7.2016   

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C 270/14

25.7.2016   

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C 270/14

25.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/15

25.7.2016   

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C 270/15

25.7.2016   

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C 270/15

25.7.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/16

25.7.2016   

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C 270/16

25.7.2016   

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C 270/16

1)

¿Es conforme al artículo 47, en particular a sus apartados 1, letra a), y 4, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, (1) sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, la actuación de una autoridad nacional que, en el marco de un procedimiento de licitación para la adjudicación de un contrato de un valor estimado de 3 millones de euros, ha considerado que no se cumplen los requisitos establecidos en el anuncio de licitación relativos a la capacidad económica y financiera de un licitador, sobre la base de una declaración jurada presentada por dicho licitador y de la información facilitada por el banco, según la cual el interesado podía obtener un crédito bancario especial sin una finalidad concreta por un importe máximo superior a la cuantía del contrato?

2)

Las circunstancias propias del mercado de servicios bancarios de un Estado miembro, conforme a las cuales el banco, en su promesa de crédito vinculante, supedita la concesión de recursos económicos al cumplimiento de los requisitos previstos en el contrato de crédito, que no están definidos de forma concreta en el momento de la licitación ¿pueden constituir a efectos del artículo 47, apartado 5, de la citada Directiva 2004/18 una razón que justifique que el licitador no pueda facilitar los documentos solicitados por el poder adjudicador, es decir, en ese supuesto puede demostrarse la capacidad económica y financiera mediante una declaración jurada que acredite la existencia de una relación de crédito suficiente con el banco?

3)

En el ámbito del control jurisdiccional de la decisión de la autoridad nacional competente en materia de contratos públicos de excluir a un licitador, el hecho de que los distintos contratos ya hayan sido ejecutados prácticamente en su totalidad por el licitador adjudicatario ¿se puede considerar un impedimento objetivo a causa del cual el órgano jurisdiccional nacional no pueda aplicar lo dispuesto en el artículo 47, párrafos primero y segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con los artículos 1, apartado 1, y 2, apartados 3, 6, 7 y 8 de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, (2) relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras?

25.7.2016   

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C 270/17

25.7.2016   

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C 270/17

1.

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/49/CE, (1) en relación con el artículo 1, apartado 4, de ésta, en el sentido de que una sociedad domiciliada en un Estado miembro a efectos del artículo 3 de la Directiva que, en circunstancias como las del caso de autos, recibe intereses de una filial establecida en otro Estado miembro es el «beneficiario efectivo» de esos intereses a efectos de la Directiva?

2.

¿Para que un Estado miembro pueda invocar el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, relativo a la aplicación de disposiciones nacionales destinadas a impedir el fraude fiscal y los abusos, o el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, es necesario que el Estado miembro de que se trate haya adoptado una disposición nacional específica que aplique el artículo 5 de la Directiva, o que la legislación nacional contenga disposiciones o principios generales sobre el fraude fiscal, los abusos y la evasión fiscal que puedan interpretarse de conformidad con el artículo 5?

3.

¿Una disposición de un convenio de doble imposición concluido entre dos Estados miembros y redactado conforme al Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, en virtud de la cual la sujeción a impuesto de los intereses depende de que el receptor de los intereses sea considerado el beneficiario efectivo de éstos, constituye una disposición contractual contra los abusos a efectos del artículo 5 de la Directiva?

4.

¿Existe abuso, etc., con arreglo a la Directiva 2003/49/CE, si, en el Estado miembro en el que está domiciliado el pagador de intereses, se permiten las deducciones fiscales para los intereses, mientras que, en el Estado miembro en el que el receptor de los intereses, éstos están exentos?

5.

Si un Estado miembro no desea reconocer que una sociedad de otro Estado miembro es el beneficiario efectivo de unos intereses y sostiene que dicha sociedad es lo que se denomina una sociedad instrumental artificial, ¿está en tal caso obligado con arreglo a la Directiva 2003/49/CE o al artículo 10 CE a manifestar quién considera dicho Estado miembro que es el beneficiario efectivo?

6.

Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo a la Directiva 2003/49/CE en cuanto a los intereses recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial) y este último Estado miembro considera que la sociedad matriz está sujeta a impuesto por obligación real en este Estado miembro respecto a dichos intereses, ¿se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE, a una legislación en virtud de la cual el último Estado miembro exige a la sociedad responsable de la retención en origen (la filial) abonar intereses moratorios sobre la deuda tributaria en caso de impago de la retención en origen, a un tipo de interés más elevado que el aplicado por este mismo Estado miembro a los impagos de la deuda tributaria en materia de impuesto de sociedades (incluyendo los ingresos por intereses) contra una sociedad domiciliada en dicho Estado miembro?

7.

Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo a la Directiva 2003/49/CE en cuanto a los intereses recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial) y este último Estado miembro considera que la sociedad matriz es un sujeto pasivo por obligación real en este Estado miembro respecto a dichos intereses, ¿se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE, (o, alternativamente, en relación con el artículo 56 CE), por separado o conjuntamente, a una legislación en virtud de la cual,

Se solicita que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluya la respuesta a la cuestión 6 en su respuesta a la cuestión 7.

25.7.2016   

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C 270/20

1)

¿Para que un Estado miembro pueda invocar el artículo 1, apartado 2, de la Directiva, (1) relativo a la aplicación de disposiciones nacionales destinadas a evitar fraudes y abusos, es necesario que el Estado miembro de que se trate haya adoptado una disposición nacional específica que aplique el artículo 1 , apartado 2, de la Directiva, o que la legislación nacional contenga disposiciones o principios generales sobre el fraude, los abusos y la evasión fiscal que puedan interpretarse de conformidad con el artículo 1, apartado 2?

2)

¿Una disposición de un convenio de doble imposición concluido entre dos Estados miembros y redactado conforme al Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, en virtud de la cual la sujeción a impuesto de los dividendos distribuidos depende de que el receptor de los dividendos sea considerado el beneficiario efectivo de éstos, constituye una disposición convencional contra los abusos a efectos del artículo 1, apartado 2, de la Directiva?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2, ¿corresponde entonces a los órganos jurisdiccionales nacionales definir el contenido del concepto de «beneficiario efectivo», o bien dicho concepto, al aplicar la Directiva 90/435/CEE, debe interpretarse en el sentido de que se le ha de otorgar un significado propio del Derecho de la Unión, sujeto al control del Tribunal de Justicia de la UE?

4)

En caso de que la respuesta a la cuestión 2 sea afirmativa y de que se responda a la cuestión 3 que no corresponde al juez nacional definir el concepto de «beneficiario efectivo», ¿debe interpretarse dicho concepto en el sentido de que una sociedad domiciliada en un Estado miembro que, en circunstancias como las del litigio principal, recibe dividendos de una filial domiciliada en otro Estado miembro es el «beneficiario efectivo» de esos dividendos, tal como dicho concepto ha de entenderse conforme al Derecho de la Unión?

5)

Si, en el presente caso, se asume que existen «disposiciones nacionales […] necesarias a fin de evitar fraudes y abusos» (véase el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435/CEE); que una sociedad (A) domiciliada en un Estado miembro ha distribuido dividendos a una sociedad matriz (B) establecida en otro Estado miembro y esta última los ha transferido a su sociedad matriz (C), domiciliada fuera de la UE/EEE, la cual, a su vez; ha distribuido los fondos a su propia sociedad matriz (D), también domiciliada fuera de la UE/EEE; que no existe un convenio de doble imposición entre el primer Estado miembro mencionado y el Estado en el que D está domiciliada, y que el primer Estado miembro mencionado, con arreglo a su propia legislación, no habría podría exigir retenciones en origen sobre los dividendos distribuidos de A a D si A hubiera sido propiedad directa de D, ¿existe un abuso a efectos de la Directiva de manera que B no puede ampararse en ésta?

6)

Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435/CEE en cuanto a los dividendos recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial), ¿se opone el artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 54 TFUE, a una legislación en virtud de la cual el último Estado miembro impone un gravamen sobre los dividendos a cargo de la empresa matriz domiciliada en el otro Estado miembro, cuando el Estado miembro en cuestión considera no sujetas a impuestos sobre tales intereses a las sociedades matrices residentes que, por lo demás, se hallan en circunstancias similares?

7)

Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435/CEE en cuanto a los dividendos recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial) y este último Estado miembro considera que la sociedad matriz está sujeta a impuesto por obligación real en este Estado miembro respecto a dichos dividendos, ¿se opone el artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 54 TFUE, a una legislación en virtud de la cual el último Estado miembro exige a la sociedad responsable de la retención en origen (la filial) abonar intereses moratorios sobre la deuda tributaria en caso de impago de la retención en origen, a un tipo de interés más elevado que el aplicado por este mismo Estado miembro a los impagos de la deuda tributaria en materia de impuesto sobre sociedades de una sociedad domiciliada en dicho Estado miembro?

8)

Si el Tribunal de Justicia responde afirmativamente a la cuestión 2 y la respuesta a la cuestión 3 es que no corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales definir el concepto de «beneficiario efectivo», y si una sociedad (matriz) domiciliada en un Estado miembro no puede, en consecuencia, considerarse no sujeta a retenciones en origen con arreglo a la Directiva 90/435/CEE respecto a dividendos recibidos de una sociedad residente en otro Estado miembro (filial), ¿está el último Estado miembro obligado con arreglo a la Directiva 90/435/CEE o al artículo 4 TUE, apartado 3, a manifestar a quién considera «beneficiario efectivo»?

9)

Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo a la Directiva 90/435/CEE en cuanto a los dividendos recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial), ¿se opone el artículo 49 TFUE, en relación con el artículo 54 TFUE (o, alternativamente, en relación con el artículo 63 TFUE), por separado o conjuntamente, a una legislación en virtud de la cual

Se solicita que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluya las respuestas a las cuestiones 6 y 7 en su respuesta a la cuestión 9.

10)

Cuando:

¿se opone el artículo 63 TFUE a una legislación en virtud de la cual el Estado miembro en el que está establecida la filial grava los dividendos de que se trata, mientras que dicho Estado miembro considera no sujetas a impuesto sobre dichos dividendos a las sociedades residentes que cumplan el requisito de capital establecido por la Directiva 90/435/CEE, es decir, que posean en el ejercicio fiscal de 2011 al menos un 10 % de participación en el capital de la sociedad que distribuye los dividendos?

25.7.2016   

ES

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C 270/22

1)

¿Para que un Estado miembro pueda invocar el artículo 1, apartado 2, de la Directiva, (1) relativo a la aplicación de disposiciones nacionales destinadas a evitar fraudes y abusos, es necesario que el Estado miembro de que se trate haya adoptado una disposición nacional específica que aplique el artículo 1 , apartado 2, de la Directiva, o que la legislación nacional contenga disposiciones o principios generales sobre el fraude, los abusos y la evasión fiscal que puedan interpretarse de conformidad con el artículo 1, apartado 2?

2)

¿Una disposición de un convenio de doble imposición concluido entre dos Estados miembros y redactado conforme al Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, en virtud de la cual la sujeción a impuesto de los dividendos distribuidos depende de que el receptor de los dividendos sea considerado el beneficiario efectivo de éstos, constituye una disposición convencional contra los abusos a efectos del artículo 1, apartado 2, de la Directiva?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 2, ¿corresponde entonces a los órganos jurisdiccionales nacionales definir el contenido del concepto de «beneficiario efectivo», o bien dicho concepto, al aplicar la Directiva 90/435/CEE, debe interpretarse en el sentido de que se le ha de otorgar un significado propio del Derecho de la Unión, sujeto al control del Tribunal de Justicia de la UE?

4)

En caso de que la respuesta a la cuestión 2 sea afirmativa y de que se responda a la cuestión 3 que no corresponde al juez nacional definir el concepto de «beneficiario efectivo», ¿debe interpretarse dicho concepto en el sentido de que una sociedad domiciliada en un Estado miembro que, en circunstancias como las del litigio principal, recibe dividendos de una filial domiciliada en otro Estado miembro es el «beneficiario efectivo» de esos dividendos, tal como dicho concepto ha de entenderse conforme al Derecho de la Unión?

5)

Si, en el presente caso, se asume que existen «disposiciones nacionales […] necesarias a fin de evitar fraudes y abusos» (véase el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435/CEE); que una sociedad (A) domiciliada en un Estado miembro ha distribuido dividendos a una sociedad matriz (B) establecida en otro Estado miembro y esta última los ha transferido a su sociedad matriz (C), domiciliada fuera de la UE/EEE, la cual, a su vez; ha distribuido los fondos a su propia sociedad matriz (D), también domiciliada fuera de la UE/EEE; que no existe un convenio de doble imposición entre el primer Estado miembro mencionado y el Estado en el que D está domiciliada, y que el primer Estado miembro mencionado, con arreglo a su propia legislación, no habría podría exigir retenciones en origen sobre los dividendos distribuidos de A a D si A hubiera sido propiedad directa de D, ¿existe un abuso a efectos de la Directiva de manera que B no puede ampararse en ésta?

6)

Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435/CEE en cuanto a los dividendos recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial), ¿se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE (y/o el artículo 56 CE), a una legislación en virtud de la cual el último Estado miembro impone un gravamen sobre los dividendos a cargo de la empresa matriz domiciliada en el otro Estado miembro, cuando el Estado miembro en cuestión considera no sujetas a impuestos sobre tales intereses a las sociedades matrices residentes que, por lo demás, se hallan en circunstancias similares?

7)

Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo al artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435/CEE en cuanto a los dividendos recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial) y este último Estado miembro considera que la sociedad matriz está sujeta a impuesto por obligación real en este Estado miembro respecto a dichos dividendos, ¿se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE (y/o el artículo 56 CE), a una legislación en virtud de la cual el último Estado miembro exige a la sociedad responsable de la retención en origen (la filial) abonar intereses moratorios sobre la deuda tributaria en caso de impago de la retención en origen, a un tipo de interés más elevado que el aplicado por este mismo Estado miembro a los impagos de la deuda tributaria en materia de impuesto sobre sociedades de una sociedad domiciliada en dicho Estado miembro?

8)

Si el Tribunal de Justicia responde afirmativamente a la cuestión 2 y la respuesta a la cuestión 3 es que no corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales definir el concepto de «beneficiario efectivo», y si una sociedad (matriz) domiciliada en un Estado miembro no puede, en consecuencia, considerarse no sujeta a retenciones en origen con arreglo a la Directiva 90/435/CEE respecto a dividendos recibidos de una sociedad residente en otro Estado miembro (filial), ¿está el último Estado miembro obligado con arreglo a la Directiva 90/435/CEE o al artículo 10 CE, a manifestar a quién considera «beneficiario efectivo»?

9)

Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo a la Directiva 90/435/CEE en cuanto a los dividendos recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial), ¿se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE (o, alternativamente, en relación con el artículo 56 CE), por separado o conjuntamente, a una legislación en virtud de la cual

10)

Cuando:

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/25

1)

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/49/CE, (1) en relación con el artículo 1, apartado 4, de ésta, en el sentido de que una sociedad domiciliada en un Estado miembro a efectos del artículo 3 de la Directiva que, en circunstancias como las del caso de autos, recibe intereses de una filial establecida en otro Estado miembro es el «beneficiario efectivo» de esos intereses a efectos de la Directiva?

2)

¿Para que un Estado miembro pueda invocar el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, relativo a la aplicación de disposiciones nacionales destinadas a impedir el fraude fiscal y los abusos, o el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, es necesario que el Estado miembro de que se trate haya adoptado una disposición nacional específica que aplique el artículo 5 de la Directiva, o que la legislación nacional contenga disposiciones o principios generales sobre el fraude fiscal, los abusos y la evasión fiscal que puedan interpretarse de conformidad con el artículo 5?

3)

¿Una disposición de un convenio de doble imposición concluido entre dos Estados miembros y redactado conforme al Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, en virtud de la cual la sujeción a impuesto de los intereses depende de que el receptor de los intereses sea considerado el beneficiario efectivo de éstos, constituye una disposición contractual contra los abusos a efectos del artículo 5 de la Directiva?

4)

¿Existe abuso, etc., con arreglo a la Directiva 2003/49/CE, si, en el Estado miembro en el que está domiciliado el pagador de intereses, se permiten las deducciones fiscales para los intereses, mientras que, en el Estado miembro en el que el receptor de los intereses, éstos están exentos?

5)

¿Puede acogerse a las disposiciones de la Directiva 2003/49/CE una sociedad domiciliada en Luxemburgo, constituida y registrada conforme al Derecho societario luxemburgués como una «société en commandite par actions» [sociedad comanditaria por acciones] (S.C.A.) y clasificada también como una «société d’investissement en capital à risque» [sociedad de inversión en capital riesgo] (SICAR) conforme a la Ley luxemburguesa de 15 de junio de 2004 sobre sociedades de inversión en capital riesgo (SICAR)?

6)

Si un Estado miembro no desea reconocer que una sociedad de otro Estado miembro es el beneficiario efectivo de unos intereses y sostiene que dicha sociedad es lo que se denomina una sociedad instrumental artificial, ¿está en tal caso obligado con arreglo a la Directiva 2003/49/CE o al artículo 10 CE a manifestar quién considera dicho Estado miembro que es el beneficiario efectivo?

7)

Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo a la Directiva 2003/49/CE en cuanto a los intereses recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial) y este último Estado miembro considera que la sociedad matriz está sujeta a impuesto por obligación real en este Estado miembro respecto a dichos intereses, ¿se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE, a una legislación en virtud de la cual el último Estado miembro exige a la sociedad responsable de la retención en origen (la filial) abonar intereses moratorios sobre la deuda tributaria en caso de impago de la retención en origen, a un tipo de interés más elevado que el aplicado por este mismo Estado miembro a los impagos de la deuda tributaria en materia de impuesto de sociedades (incluyendo los ingresos por intereses) contra una sociedad domiciliada en dicho Estado miembro?

8)

Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo a la Directiva 2003/49/CE en cuanto a los intereses recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial) y este último Estado miembro considera que la sociedad matriz es un sujeto pasivo por obligación real en este Estado miembro respecto a dichos intereses, ¿se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE, (o, alternativamente, en relación con el artículo 56 CE), por separado o conjuntamente, a una legislación en virtud de la cual,

Se solicita que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluya la respuesta a la cuestión 7 en su respuesta a la cuestión 8.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/27

1)

¿Debe interpretarse el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2003/49/CE, (1) en relación con el artículo 1, apartado 4, de ésta, en el sentido de que una sociedad domiciliada en un Estado miembro a efectos del artículo 3 de la Directiva que, en circunstancias como las del caso de autos, recibe intereses de una filial establecida en otro Estado miembro es el «beneficiario efectivo» de esos intereses a efectos de la Directiva?

2)

¿Para que un Estado miembro pueda invocar el artículo 5, apartado 1, de la Directiva, relativo a la aplicación de disposiciones nacionales destinadas a impedir el fraude fiscal y los abusos, o el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, es necesario que el Estado miembro de que se trate haya adoptado una disposición nacional específica que aplique el artículo 5 de la Directiva, o que la legislación nacional contenga disposiciones o principios generales sobre el fraude fiscal, los abusos y la evasión fiscal que puedan interpretarse de conformidad con el artículo 5?

3)

¿Una disposición de un convenio de doble imposición concluido entre dos Estados miembros y redactado conforme al Modelo de Convenio Tributario de la OCDE, en virtud de la cual la sujeción a impuesto de los intereses depende de que el receptor de los intereses sea considerado el beneficiario efectivo de éstos, constituye una disposición contractual contra los abusos a efectos del artículo 5 de la Directiva?

4)

Si un Estado miembro no desea reconocer que una sociedad de otro Estado miembro es el beneficiario efectivo de unos intereses y sostiene que dicha sociedad es lo que se denomina una sociedad instrumental artificial, ¿está en tal caso obligado con arreglo a la Directiva 2003/49/CE o al artículo 10 CE a manifestar quién considera dicho Estado miembro que es el beneficiario efectivo?

5)

Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo a la Directiva 2003/49/CE en cuanto a los intereses recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial) y este último Estado miembro considera que la sociedad matriz está sujeta a impuesto por obligación real en este Estado miembro respecto a dichos intereses, ¿se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE, a una legislación en virtud de la cual el último Estado miembro exige a la sociedad responsable de la retención en origen (la filial) abonar intereses moratorios sobre la deuda tributaria en caso de impago de la retención en origen, a un tipo de interés más elevado que el aplicado por este mismo Estado miembro a los impagos de la deuda tributaria en materia de impuesto sobre sociedades (incluyendo los ingresos por intereses) de una sociedad domiciliada en dicho Estado miembro?

6)

Si se considera que, de hecho, una sociedad domiciliada en un Estado miembro (sociedad matriz) no está exenta de la retención en origen con arreglo a la Directiva 2003/49/CE en cuanto a los intereses recibidos de una sociedad domiciliada en otro Estado miembro (filial) y este último Estado miembro considera que la sociedad matriz es un sujeto pasivo por obligación real en este Estado miembro respecto a dichos intereses, ¿se opone el artículo 43 CE, en relación con el artículo 48 CE (o, alternativamente, en relación con el artículo 56 CE), por separado o conjuntamente, a una legislación en virtud de la cual:

Se solicita que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea incluya la respuesta a la cuestión 5 en su respuesta a la cuestión 6.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/29

1)

2)

En la medida en que no esté excluida de antemano la aplicación de los Tratados a la extradición de los Estados miembros a los Estados Unidos de América:

¿Deben interpretarse el artículo 18 TFUE, párrafo primero, y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto en el sentido de que un Estado miembro infringe injustificadamente el principio de no discriminación establecido en el artículo 18 TFUE, párrafo primero, cuando, basándose en una norma constitucional (en este caso, el artículo 16, apartado 2, primera frase, de la GG), trata de forma diferente en cuanto a las solicitudes de extradición a los propios nacionales y a los nacionales de otros Estados miembros, al extraditar sólo a estos últimos?

3)

En el supuesto de que en los casos anteriores exista una infracción del principio general de no discriminación que establece el artículo 18 TFUE, párrafo primero:

¿Debe interpretarse la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de que, en un caso como el presente, en que la autorización de la extradición por parte de la autoridad competente, exige un control de legalidad mediante un procedimiento judicial cuyo resultado, sin embargo, sólo vincula a la autoridad si se declara ilegal la extradición, puede existir ya una infracción suficientemente caracterizada cuando se produce una infracción simple del artículo 18 TFUE, párrafo primero, o es necesaria una infracción manifiesta?

4)

En caso de que no sea necesaria una infracción manifiesta:

¿Debe interpretarse la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de que en un caso como el presente procede negar la existencia de una infracción suficientemente caracterizada desde el momento en que, a falta de jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la situación concreta (en este caso, la aplicabilidad material del principio general de no discriminación establecido por el artículo 18 TFUE, párrafo primero, a la extradición de un Estado miembro a los Estados Unidos de América), el más alto órgano del ejecutivo nacional puede invocar, en la motivación de su decisión, la conformidad con las resoluciones anteriores de los órganos jurisdiccionales nacionales recaídas en el mismo asunto?

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/30

1)

Si es compatible con el Derecho comunitario —en particular con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, (1) así como con la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interior, (2) y con el Tratado constitutivo— una normativa nacional que impide que las empresas mercantiles ofrezcan a los particulares servicios de videograbación remota, en su modalidad denominada cloud computing, de copias privadas de obras protegidas por los derechos de autor, mediante una intervención activa por su parte en la grabación, sin el consentimiento del titular de los derechos.

2)

Si es compatible con el Derecho comunitario —en particular con el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, así como con la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico, en el mercado interior, y con el Tratado constitutivo— una normativa nacional que permite que las empresas mercantiles ofrezcan a los particulares servicios de videograbación remota, en su modalidad denominada cloud computing, de copias privadas de obras protegidas por los derechos de autor, aunque ello implique una intervención activa por su parte en la grabación, sin el consentimiento del titular de los derechos, contra el pago de una compensación remuneratorio a tanto alzado en favor del titular de los derechos, que queda sometido esencialmente a un régimen de licencia obligatoria.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/31

1)

¿Se opone el artículo 49 TFUE a una normativa finlandesa según la cual en una situación en la que una sociedad nacional transmite activos de un establecimiento permanente situado en otro Estado miembro de la Unión mediante aportación de empresa a una sociedad situada en este Estado y obtiene a cambio participaciones sociales nuevas, y la transmisión de activos es gravada de inmediato en el ejercicio en que se produce la transmisión, mientras que la imposición en un supuesto interno análogo se difiere al momento de materialización de las plusvalías?

2)

¿Constituye una discriminación directa o indirecta el hecho de que Finlandia grave de inmediato la operación en el ejercicio en que se produce la transmisión de empresa, antes de la materialización de las plusvalías, mientras que en situaciones internas lo difiera al momento de la materialización de las plusvalías?

3)

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones 1 y 2, ¿puede estar justificada la restricción de la libertad de establecimiento por causas como una razón imperiosa de interés general o la salvaguardia de la potestad tributaria interna? ¿Es compatible la restricción prohibida con el principio de proporcionalidad?

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/32

—

Que se anule la sentencia dictada por el Tribunal General (Sala Cuarta) el 16 de marzo de 2016, y notificada a la Comisión con fecha 17 de marzo de 2016, en el asunto T-586/14, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd/Comisión.

—

Que se desestime, por carente de fundamento, la primera parte del primer motivo de la demanda de primera instancia.

—

Que se devuelva el caso al Tribunal General para que éste se vuelva a pronunciar sobre la segunda parte del primer motivo y sobre los motivos segundo a cuarto, todos ellos de la demanda de primera instancia.

—

Que se reserve la decisión sobre las costas de los procedimientos de primera instancia y casación.

—

Primera parte: las medidas de aplicación del plan quinquenal se heredan de la economía anterior, no sujeta a las leyes del mercado.

—

Segunda parte: en las economías de mercado, el apoyo a sectores empresariales estratégicos («selección de ganadores») no constituye un objetivo legítimo.

—

Tercera parte: en las economías de mercado, las subvenciones no son adaptables, sino que se vinculan con una inversión.

—

Cuarta parte: las medidas analizadas no se pueden comparar con las ayudas de Estado ilegales e incompatibles que se constaten en la Unión.

—

Quinta parte: interpretación errónea del concepto de «economía no sujeta a las leyes del mercado».

—

Primera parte: el Tribunal General decidió sobre un asunto que escapa a su competencia (ultra vires), violó el principio de que el objeto del litigio lo definen las partes, e infringió el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los artículos 44, apartado 1, y 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del propio Tribunal General, en la redacción de los mismos que estaba vigente en el momento de la interposición del recurso en primera instancia.

—

Segunda parte: no se concedió audiencia a la Comisión en relación con si efectivamente son comparables las medidas analizadas y la ayuda de Estado que se menciona en las sentencias que se citan en el apartado 66 de la sentencia impugnada.

—

Tercera parte: el Tribunal General no entró en las alegaciones realizadas por la Comisión respecto de la definición de «economía no sujeta a las leyes del mercado».

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/33

(1)

¿Los artículos 1, apartado 5, y 2, apartado 18, del Reglamento (UE) 2015/751, (1) al exigir que un régimen de tarjetas de pago tripartito que emita instrumentos de pago basados en una tarjeta con marca combinada con un socio o a través de un agente se considere un régimen de tarjetas de pago cuatripartito, únicamente se aplican si el socio o agente actúan como «emisor» en el sentido del artículo 2, apartado 2, y del considerando 29 de dicho Reglamento (es decir, cuando dicho socio o agente tiene una relación contractual con el ordenante, en virtud de la cual se obliga a proporcionar a éste un instrumento de pago para el inicio y el procesamiento de las operaciones de pago con tarjeta del ordenante)?

(2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿los artículos 1, apartado 5, y 2, apartado 18, de dicho Reglamento, en la medida en que disponen que tales acuerdos deben considerarse un régimen de tarjetas de pago cuatripartito, son inválidos por alguna de las siguientes razones:

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/34

1)

Si un vendedor directo vende bienes (en lo sucesivo, «ayudas a las ventas») a un distribuidor no registrado como sujeto pasivo del impuesto o, si este distribuidor compra bienes y servicios a un tercero (en lo sucesivo, «bienes y servicios de terceros») que, en ambos casos son utilizados por los distribuidores no registrados como sujetos pasivos como apoyo en su actividad económica de venta de otros bienes que también son adquiridos al vendedor directo y el objeto de acuerdos administrativos adoptados en virtud de una excepción autorizada muy recientemente mediante la Decisión 89/534/CEE del Consejo de 24 de mayo de 1989 (1) (en lo sucesivo, «excepción»), ¿vulneran las autorizaciones pertinentes, la legislación de desarrollo y/o los acuerdos administrativos disposiciones y/o principios pertinentes de Derecho de la Unión en la medida en que obligan al vendedor directo a declarar el IVA repercutido en el precio de venta de los distribuidores no registrados como sujetos pasivos de los demás bienes, sin reducción del IVA soportado por el distribuidor no registrado como sujeto pasivo por tales ayudas a las ventas y/o bienes o servicios de terceros?

2)

¿Estaba sujeto el Reino Unido a la obligación de informar a la Comisión en el momento de solicitar una autorización del Consejo para la excepción, de que los distribuidores no registrados como sujetos pasivos del impuesto soportaron el IVA por las compras de ayuda a las ventas y/o bienes y servicios de terceros utilizados para las necesidades de sus actividades económicas y de que, por consiguiente, debe introducirse en la excepción un ajuste que refleje tal impuesto soportado no recuperable?

3)

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera y/o segunda:

4)

De conformidad con el artículo 27 de [la Directiva 77/388] (actual artículo 395 de [la Directiva 2006/112]), ¿debe calcularse la «evasión o elusión fiscal» como la pérdida neta de ingresos fiscales (teniendo en cuenta el impuesto repercutido pagado y el impuesto soportado recuperable en el sistema que da lugar a la evasión o elusión fiscal) para el Estado miembro o bien la pérdida bruta de ingresos fiscales (teniendo únicamente en cuenta el impuesto repercutido en la operación que da lugar a la evasión o elusión fiscal) para el Estado miembro?

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/36

—

Que se anule la sentencia.

—

Que se anule la Decisión (1) en la medida en que ordena a la República Italiana recuperar la ayuda o, en caso contrario.

—

Que se devuelva el asunto al Tribunal General.

—

Que se condene en costas a la Comisión.

1.

El Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar la sentencia de 10 de diciembre de 2013 en la medida en que se consideró obligado a declarar que la publicación de la decisión de incoación del procedimiento el 2 de febrero de 2002 puso fin a la confianza legítima de Eurallumina.

2.

Como consecuencia de este error, el Tribunal General no respondió al propio objeto del recurso y no examinó las alegaciones de Eurallumina relativas a la continuidad de su confianza legítima, o bien las examinó en un marco jurídico falseado y de manera errónea.

3.

Incluso en la aplicación de ese marco jurídico falseado, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al declarar que el retraso no razonable de la Comisión en la realización de la investigación no podía haber dado lugar a una confianza legítima por parte de Eurallumina que impidiera la recuperación de la ayuda.

4.

El Tribunal General interpreta erróneamente la Directiva 2003/96 (2) contra legem, en infracción del Derecho de la Unión y de sus principios de interpretación.

5.

El Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar las alegaciones de Eurallumina basadas en sus inversiones en la planta sarda.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/37

1)

Desestimar el recurso.

2)

Magic Mountain Kletterhallen GmbH, Kletterhallenverband Klever eV, Neoliet Beheer BV y Pedriza BV cargarán solidariamente con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido la Comisión Europea.

3)

Deutscher Alpenverein eV y Deutscher Alpenverein, Sektion Berlin eV cargarán con sus propias costas.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/38

1)

Anular el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 157/2013 del Consejo, de 18 de febrero de 2013, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bioetanol originario de los Estados Unidos de América, en la medida en que concierne a Patriot Renewable Fuels LLC, Plymouth Energy Company LLC, POET LLC y Platinum Ethanol LLC.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

Growth Energy y Renewable Fuels Association, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol cargarán con sus propias costas.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/38

1)

Anular el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 157/2013 del Consejo, de 18 de febrero de 2013, por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de bioetanol originario de los Estados Unidos de América, en la medida en que afecta a Marquis Energy LLC.

2)

El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas y con las de Marquis Energy.

3)

La Comisión Europea y ePURE, de Europese Producenten Unie van Hernieuwbare Ethanol cargarán con sus propias costas.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/39

1)

Anular la Decisión C(2013) 8681 final de la Comisión, de 6 de diciembre de 2013.

2)

Condenar en costas a la Comisión Europea.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/40

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas al Fútbol Club Barcelona.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/41

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/41

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Loops, LLC.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/42

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Monster Energy Company.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/43

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Monster Energy Company.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/43

1)

Sobreseer el recurso.

2)

Condenar en costas a REWE-Zentral AG.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/44

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Istituto di ricerche economiche per la pesca e l’acquacoltura — IREPA Onlus cargará con sus propias costas y con aquéllas en que hayan incurrido la Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/45

1)

Desestimar el recurso por carecer manifiestamente de fundamento jurídico alguno.

2)

Condenar a Kohrener Landmolkerei GmbH y a DHG Deutsche Heumilchgesellschaft mbH a cargar con sus propias costas, así como con las de la Comisión Europea.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/45

—

Anule la Decisión de Ejecución (UE) 2016/175 de la Comisión, de 8 de febrero de 2016, relativa a una medida adoptada por España de conformidad con la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, para prohibir la comercialización de un tipo de hidrolimpiadora de alta presión (DO 2016, L 33, p. 12).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento de requisitos de forma esenciales.

La demandante alega que la Decisión impugnada no cumple la obligación de motivación que prevé el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, por cuanto los considerandos son contradictorios y poco claros.

La Decisión impugnada vulnera asimismo el principio según el cual la Comisión debe apreciar correctamente los hechos. En el considerando 4, la Comisión afirma erróneamente que la demandante se remitió a la norma EN-60335-2-67-2009 en la declaración CE de conformidad, lo que es inexacto.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 11 de la Directiva 2006/42/CE. (1)

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/46

—

Anule la resolución impugnada y, en consecuencia, desestime la oposición y autorice el registro de la marca solicitada.

—

Condene a la EUIPO y la interviniente a cargar con las costas de los procedimientos ante el Tribunal de Justicia y la Sala de Recurso.

—

Infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 207/2009.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/47

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción de los artículos 15, 51, apartado 1, letra a), 57, apartado 1, 63, apartado 2, 64, 75, 76, apartado 2, y 77, del Reglamento n.o 207/2009.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/48

—

Anule la resolución impugnada y, en consecuencia, declare la caducidad total, por falta de uso efectivo de la marca controvertida, también en lo que se refiere a los productos «insignias de metal» de la clase 6.

—

Condene en costas a la EUIPO.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/48

—

Anule la Decisión (PESC) 2016/318 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/311 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la medida en que afecta al demandante.

—

Con carácter subsidiario, declare que (i) el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/119/PESC de 5 de marzo de 2014 (en su versión modificada) y ii) el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 208/2014 del Consejo de 5 de marzo de 2014 (en su versión modificada), son inaplicables en la medida en que afectan al demandante debido a su ilegalidad

—

Condene al Consejo al pago de las costas del demandante.

1.

Primer motivo, en apoyo del recurso de anulación, basado en que el Consejo no identifico una base jurídica adecuada para las medidas impugnadas

2.

Segundo motivo, en apoyo del recurso de anulación, basado en la vulneración de los derechos del demandante con arreglo al artículo 6, en relación con los artículos 2 TUE y 3 TUE, y a los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea debida a la asunción del Consejo de que los procedimientos judiciales en Ucrania respetaban los derechos humanos fundamentales.

3.

Tercer motivo, en apoyo del recurso de anulación, basado en que el Consejo incurrió en errores manifiestos de apreciación al considerar que se cumplió el criterio para incluir en la lista al demandante del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/119/PESC del Consejo de 5 de marzo de 2014 (en su versión modificada) y del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 208/2014 del Consejo de 5 de marzo de 2014 (en su versión modificada).

4.

Cuarto motivo, en apoyo del recurso de anulación, basado en que el Consejo vulneró el derecho de defensa del demandante y el derecho a una buena administración y a la tutela judicial efectiva. En particular, según el demandante, el Consejo no examinó detallada e imparcialmente si las supuestas razones que justificaban que se le volviese a incluir en la lista estaban bien fundadas a la luz de las observaciones hechas por el demandante con anterioridad a su nueva inclusión en la lista.

5.

Quinto motivo, en apoyo del recurso de anulación, basado en que el Consejo vulneró, sin justificación ni proporción, los derechos fundamentales del demandante, incluido su derecho a la protección de su propiedad y de su honor. Según el demandante el impacto de las medidas impugnadas es muy grande para su propiedad y su honor a nivel mundial. El Consejo no ha demostrado que la congelación de sus bienes y recurso económicos guarde relación con un objetivo legítimo o esté justificada por tal objetivo y aún menos que sea proporcionada con respecto a ese objetivo.

6.

Sexto motivo, en apoyo de la pretensión de ilegalidad, basada en que si, contrariamente a los argumentos invocados en el tercer motivo, el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/119/PESC del Consejo de 5 de marzo de 2014 (en su versión modificada) y el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 208/2014 del Consejo de 5 de marzo de 2014 (en su versión modificada) han de interpretarse como que comprenden a) cualquier investigación llevada a cabo por las autoridades ucranianas con independencia de que exista o no alguna decisión o procedimiento judicial que le de base o que la controle o supervise; y/o b) cualquier «abuso de un cargo público con el fin de obtener una ventaja injustificada» con independencia de que exista alguna alegación de apropiación indebida de fondos estatales, el criterio de inclusión en la lista, habida cuenta de la arbitraria amplitud y arbitrario alcance a que daría lugar una interpretación tan amplía, carecería de una base legal adecuada y/o sería desproporcionado con respecto a los objetivos del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/119/PESC del Consejo de 5 de marzo de 2014 y del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 4 208/2014 de 5 de marzo de 2014. En consecuencia, las disposiciones serían ilegales.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/50

—

Anule la Decisión (PESC) 2016/318, de 4 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, así como el Reglamento de Ejecución (EU) 2016/311 del Consejo, de 4 de marzo de 2016, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 208/2014 relativo a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania.

—

Condene al Consejo a cargar con las costas del presente procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en la ilegalidad de que adolece la inclusión en la lista, pues fue modificada con el fin de permitir tal inclusión por el mero hecho de estar incurso en un procedimiento penal, sin ninguna exigencia de respaldo judicial.

2.

Segundo motivo, basado en que el Consejo ofreció una motivación insuficiente y estereotipada, al limitarse a copiar el texto de la normativa sobre la inclusión en la lista.

3.

Tercer motivo, basado en que el Consejo incurrió en un error manifiesto de apreciación, ya que carecía de base fáctica suficientemente sólida para incluir al demandante en la lista por el hecho de estar incurso, en Ucrania, en un procedimiento penal por apropiación indebida de fondos o de activos públicos.

4.

Cuarto motivo, basado en que las medidas adoptadas por el Consejo no constituyen, respecto del demandante, medidas de política exterior, sino de cooperación internacional en procedimientos penales, por lo que fueron adoptadas sobre una base jurídica incorrecta.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/51

—

Anule la Decisión de 3 de marzo de 2016 del BCE por la que se retiraba la licencia bancaria a Trasta Komercbanka AS.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en que el BCE no analizó ni realizó una apreciación minuciosa e imparcial de todas las cuestiones de hecho, incluido, a mero título de ejemplo, que el BCE no dio una respuesta adecuada a las inexactitudes de los datos y documentos presentados por la autoridad regulatoria letona.

2.

Segundo motivo, basado en que el BCE violó el principio de proporcionalidad al pasar por alto la existencia de medidas alternativas.

3.

Tercer motivo, basado en que el BCE violó el principio de igualdad de trato.

4.

Cuarto motivo, basado en que el BCE infringió el artículo 19 y el considerando 75 del Reglamento del MUS (1) e incurrió en desviación de poder.

5.

Quinto motivo, basado en que el BCE violó el principio de protección de la confianza legítima y el principio de seguridad jurídica.

6.

Sexto motivo, basado en que el BCE vulneró formalidades de procedimiento, incluidos el derecho a ser oído, el derecho de acceso al expediente, el derecho a que se motive la resolución de modo suficiente, el artículo 83, apartado 1, del Reglamento Marco del MUS (2) y el derecho a un procedimiento administrativo equitativo.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/52

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la parte demandada.

—

Infracción del artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento n.o 207/2009.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/52

—

Anule la Decisión de Ejecución (UE) 2016/417 de la Comisión, de 17 de marzo de 2016, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) (DO L 75, p. 16), en la medida en que excluyó de la financiación un importe de 385 762,22 euros, por gastos declarados por Portugal en el marco de la Medida de Ayuda Específica establecida con arreglo al artículo 68 del Reglamento (CE) n.o 73/2009 del Consejo, de 19 de enero, en los ejercicios contables de los años 2011, 2012 y 2013.

—

Condene en costas a la Comisión Europea.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 46, apartado 2, del Reglamento n.o 1122/2009 de la Comisión — Observancia por las autoridades portuguesas de todas las normas relativas a los controles del «pago suplementario por cabeza equivalente de vaca lechera», en el ámbito de la Ayuda Específica establecida por el Gobierno portugués con arreglo al artículo 86 del Reglamento n.o 73/2009.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 31, apartado 2, del Reglamento n.o 1290/2005 del Consejo, por no reunirse los requisitos establecidos por la Comisión en las directrices uniformes incluidas en el documento n.o VI/5330/97, para la aplicación de una corrección financiera a tanto alzado del 2 %.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/53

—

Anule la Decisión de Ejecución (UE) 2016/417 de la Comisión, de 17 de marzo de 2016, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), notificada con el número C(2016) 1509 y publicada en el Diario Oficial de la UE L 75 de 22.3.2016, p. 16:

—

Condene en costas a la Comisión.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/55

—

Anule la resolución impugnada.

—

Disponga que la EUIPO y, en caso de que presente observaciones escritas, la otra parte en el procedimiento ante la EUIPO, cargarán con sus propias costas y que las condene a cargar con las costas causadas por la parte demandante en el procedimiento ante el Tribunal General y en el recurso ante la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

—

Infracción de los artículos 75 y ss. del Reglamento n.o 207/2009.

—

Incumplimiento de la obligación de la EUIPO de ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión Europea.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/56

—

Anule en lo que a la demandante se refiere la Decisión (PESC) 2016/411 del Consejo, de 18 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2011/172/PESC relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO 2016, L 74, p. 40).

—

Declare inaplicables en lo que a la demandante se refiere el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/172/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO 2011, L 76, p. 63) y el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 270/2011 del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO 2011, L 76, p. 4) y, en consecuencia, anule la Decisión (PESC) 2016/411 en lo que concierne a la demandante.

—

Condene al Consejo a cargar con las costas en que haya incurrido la demandante.

1.

Primer motivo, basado en que el Consejo no ha proporcionado una base jurídica adecuada para el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/172/PESC (en lo sucesivo, «Decisión») ni para el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 270/2011 (en lo sucesivo, «Reglamento»). Según la demandante no se ha aportado la prueba de que el Consejo haya controlado la base jurídica del artículo 1, apartado 1, de la Decisión al adoptar la Decisión impugnada, a pesar de que el artículo 5 de la Decisión impone expresamente tal obligación. A su parecer, el hecho de que el artículo 1, apartado 1, pudiera haber tenido una base jurídica válida cuando fue adoptado inicialmente el 21 de marzo de 2011 no confiere a dicha disposición una base jurídica que siga siendo válida en 2016 o más allá.

2.

Segundo motivo, basado en que la presunción del Consejo de que los procedimiento jurisdiccionales en Egipto son conformes a los derechos humanos fundamentales vulnera los derechos que el artículo 6 TUE, en relación con los artículos 2 TUE y 3 TUE, y con los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, confiere a la demandante.

3.

Tercer motivo, basado en que el Consejo incurrió en errores manifiestos de apreciación al considerar que concurría el criterio para incluir a la demandante en la lista establecido en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión, y en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento.

4.

Cuarto motivo, basado en que el Consejo no motivó adecuadamente su decisión de volver a designar a la demandante.

5.

Quinto motivo, basado en que el Consejo vulneró el derecho de defensa y los derechos a una buena administración y a la tutela judicial efectiva de la demandante. En particular, la demandante aduce que el Consejo no examinó con atención e imparcialidad si las supuestas razones para justificar la nueva designación eran fundadas, atendiendo a las alegaciones expuestas por la demandante antes de ésta.

6.

Sexto motivo, basado en que el Consejo infringió sin justificación y de modo no proporcionado los derechos fundamentales de la demandante, incluidos los derechos a la protección de su propiedad y de su reputación. Según la demandante, la Decisión (PESC) 2016/411 del Consejo afecta en gran medida a la demandante, tanto en lo que respecta a su propiedad, como a su reputación mundial. A su parecer, el Consejo no demostró que la congelación de los capitales y los recursos económicos de la demandante se relacionara con, o se justificara por, un objetivo legítimo, y aún menos que fuera proporcionada a ese objetivo.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/57

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Anule en lo que a los demandantes se refiere la Decisión (PESC) 2016/411 del Consejo, de 18 de marzo de 2016, por la que se modifica la Decisión 2011/172/PESC relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO 2016, L 74, p. 40).

—

Declare inaplicables en lo que a los demandantes se refiere el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/172/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO 2011, L 76, p. 63) y el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 270/2011 del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Egipto (DO 2011, L 76, p. 4) y, en consecuencia, anule la Decisión (PESC) 2016/411 en lo que a los demandantes se refiere.

—

Condene al Consejo a cargar con las costas en que hayan incurrido los demandantes.

1.

Primer motivo, basado en que el Consejo no ha proporcionado una base jurídica adecuada para el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2011/172/PESC (en lo sucesivo, «Decisión») ni para el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 270/2011 (en lo sucesivo, «Reglamento»). Según los demandantes no se ha aportado la prueba de que el Consejo haya controlado la base jurídica del artículo 1, apartado 1, de la Decisión al adoptar la Decisión (PESC) 2016/411 (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), a pesar de que el artículo 5 de la Decisión impone expresamente tal obligación. A su parecer, el hecho de que el artículo 1, apartado 1, pudiera haber tenido una base jurídica válida cuando fue adoptado inicialmente el 21 de marzo de 2011 no confiere a dicha disposición una base jurídica que siga siendo válida en 2016 o más allá.

2.

Segundo motivo, basado en que la presunción del Consejo de que los procedimiento jurisdiccionales en Egipto son conformes a los derechos humanos fundamentales vulnera los derechos que el artículo 6 TUE, en relación con los artículos 2 TUE y 3 TUE, y con los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, confieren a los demandantes.

3.

Tercer motivo, basado en que el Consejo incurrió en errores manifiestos de apreciación al considerar que concurría el criterio para incluir a los demandantes en la lista establecido en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión, y en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento.

4.

Cuarto motivo, basado en que el Consejo no motivó adecuadamente su decisión de volver a designar a los demandantes.

5.

Quinto motivo, basado en que el Consejo vulneró el derecho de defensa y los derechos a una buena administración y a la tutela judicial efectiva de los demandantes. En particular, los demandantes aducen que el Consejo no examinó con atención e imparcialidad si las supuestas razones para justificar la nueva designación eran fundadas, atendiendo a las alegaciones expuestas por los demandantes antes de ésta.

6.

Sexto motivo, basado en que el Consejo infringió sin justificación y de modo no proporcionado los derechos fundamentales de los demandantes, incluidos los derechos a la protección de su propiedad y de su reputación. Según afirman, Decisión impugnada afecta en gran medida a los demandantes, tanto en lo que respecta a su propiedad, como a su reputación mundial. A su parecer, el Consejo no demostró que la congelación de los capitales y los recursos económicos de los demandantes se relacionara con, o se justificara por un objetivo legítimo, y aún menos que fuera proporcionada a ese objetivo.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/58

—

Anule la Decisión (UE) C(2015) 8236 de la Comisión Europea, de 26 de noviembre de 2015, relativa a la ayuda de Estado SA.38869 (2014/N) que Polonia desea conceder a su servicio de Correos como compensación por los costes netos en que incurrió éste durante los años 2013 a 2015 en el contexto de la obligación de la prestación del servicio universal.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 106 TFUE, apartado 2, error de apreciación sobre el cumplimiento de los requisitos del número 19 (apartado 2.6) del Marco [de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011)], violación de los principios de contratación pública que se recogen en el TFUE e interpretación errónea del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO 1998, L 15, p. 14; en lo sucesivo, «Directiva postal»).

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 106 TFUE, apartado 2, y error de apreciación sobre el cumplimiento de los requisitos de los números 14 (apartado 2.2) y 60 (apartado 2.10) del Marco [de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011)]

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 106 TFUE, apartado 2, error de apreciación sobre el cumplimiento de los requisitos del número 52 (apartado 2.9) del Marco [de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011)] e infracción del artículo 7, apartados 1, 3 y 5, de la Directiva postal

4.

Cuarto motivo, basado en infracción del artículo 7, apartado 1, de la Directiva postal, porque la Comisión Europea acepta que los costes del servicio universal se financien mediante una pluralidad de derechos exclusivos y especiales que se concedieron al servicio de Correos polaco

5.

Quinto motivo, basado en la infracción del artículo 102 TFUE, en relación con el artículo 106 TFUE, apartado 1

6.

Sexto motivo, basado en la infracción de los artículos 16 y 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos de la Unión Europea

7.

Séptimo motivo, basado en el incumplimiento de requisitos sustanciales de forma y de la obligación de motivación recogida en el artículo 296 TFUE

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/60

—

Anule la Decisión (UE) C(2015) 8236 de la Comisión Europea, de 26 de noviembre de 2015, relativa a la ayuda de Estado SA.38869 (2014/N) que Polonia desea conceder a su servicio de Correos como compensación por los costes netos en que incurrió éste durante los años 2013 a 2015 en el contexto de la obligación de la prestación del servicio universal.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 106 TFUE, apartado 2, error de apreciación sobre el cumplimiento de los requisitos del número 19 (apartado 2.6) del Marco [de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011)], violación de los principios de contratación pública que se recogen en el TFUE e interpretación errónea del artículo 7, apartado 2, de la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (DO 1998, L 15, p. 14; en lo sucesivo, «Directiva postal»).

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 106 TFUE, apartado 2, y error de apreciación sobre el cumplimiento de los requisitos de los números 14 (apartado 2.2) y 60 (apartado 2.10) del Marco [de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011)]

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 106 TFUE, apartado 2, error de apreciación sobre el cumplimiento de los requisitos del número 52 (apartado 2.9) del Marco [de la Unión Europea sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (2011)] e infracción del artículo 7, apartados 1, 3 y 5, de la Directiva postal

4.

Cuarto motivo, basado en infracción del artículo 7, apartado 1, de la Directiva postal, porque la Comisión Europea acepta que los costes del servicio universal se financien mediante una pluralidad de derechos exclusivos y especiales que se concedieron al servicio de Correos polaco

5.

Quinto motivo, basado en la infracción del artículo 102 TFUE, en relación con el artículo 106 TFUE, apartado 1

6.

Sexto motivo, basado en la infracción de los artículos 16 y 17, apartado 1, de la Carta de los Derechos de la Unión Europea

7.

Séptimo motivo, basado en el incumplimiento de requisitos sustanciales de forma y de la obligación de motivación recogida en el artículo 296 TFUE

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/61

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 207/2009.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/62

—

Con carácter principal, anule la Decisión de Ejecución (UE) 2016/417 de 17 de marzo de 2016, en la medida en que excluye de la financiación de la Unión Europea respecto al reino de Bélgica un importe de 9 601 619,00 euros (partida presupuestaria 6701).

—

Con carácter subsidiario, anule parcialmente dicha Decisión de excluir de financiación comunitaria el importe de 4 106 470,02 euros de los que ya disfrutó el FEAGA con anterioridad.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 31, apartado 1, y del artículo 32, apartado 8, del Reglamento (CE) n.o 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO 2005, L 209, p. 1), debido a que la Comisión no demostró que el gasto efectuado por el organismo pagador belga no es conforme con el Derecho comunitario y que la falta de recuperación o la irregularidad tiene origen en una irregularidad o una negligencia imputable al Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB).

2.

Segundo motivo, alegado con carácter subsidiario, basado en la vulneración del artículo 31, apartado 2, del Reglamento n.o 1290/2005 y del principio de proporcionalidad debido a que el importe excluido no corresponde a la importancia de la no conformidad apreciada y que no tuvo en cuenta el perjuicio causado a la Unión Europea.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/63

—

Anule el Informe Final OF/2013/0086/B1 THOR (2015) 40189, de 26 de noviembre de 2015, habida cuenta de las graves ilegalidades de que adolece.

—

En consecuencia, anule la Recomendación sobre las medidas que deben adoptarse a raíz de la investigación de la OLAF THOR (2015) 4257, de 9 de diciembre de 2015.

—

Condene a la parte contraria a pagar las costas y los gastos del procedimiento.

1.

Primer motivo, de naturaleza prejudicial, basado en la impugnabilidad de los actos objeto del recurso con arreglo al artículo 263 TFUE.

2.

Segundo motivo, basado en los vicios de legalidad de los actos impugnados.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/64

—

Condene a la Comisión Europea a reparar el daño sufrido por Escarp. S.C.P., Agropecuaria Sebcar, S.L. y Rusfal 2000, S.L., como consecuencia de sus acciones y omisiones en relación con las perturbaciones que sufrieron los mercados de melocotones y nectarinas durante la campaña de 2014 y, en particular por la adopción del Reglamento Delegado (UE) no 913/2014 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) no 932/2014.

—

Condene a la Comisión Europea a abonar:

—

Condene en costas a la Comisión Europea.

—

Adoptó un mecanismo de crisis que ella misma había considerado previamente inadecuado e ineficaz, al no ser utilizado por las organizaciones de productores, por ser éstas demasiado pequeñas y carecer de medios para utilizarlo.

—

No recabó información sobre el mercado.

—

Actuó sin recabar datos adecuados, en relación con las medidas de retirada.

—

Intervino tardíamente.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/66

—

Declare la admisibilidad del presente recurso y lo estime.

—

Declare que la Comisión Europea incurrió en responsabilidad extracontractual.

—

Condene a la parte demandada a indemnizar el perjuicio sufrido por la parte demandante, evaluado en 496 000 euros, sin perjuicio de que esta cantidad pueda incrementarse.

—

En todo caso, condene a la parte demandada a cargar con la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo, basado en violaciones suficientemente caracterizadas de normas jurídicas que la Comisión supuestamente cometió, al haber activado, sobre la base de la Decisión 2008/969/CE, Euratom de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, relativa al sistema de alerta rápida para uso de los ordenadores de la Comisión y de las agencias ejecutivas (DO 2008, L 344, p. 125), la alerta «W3b» contra la parte demandante en el sistema de alerta rápida (SAP), a raíz de una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que identificó el nivel de riesgo asociado a la parte demandante como adjudicataria del contrato público de servicios relativo a un proyecto para intensificar la lucha contra el trabajo no declarado en la antigua República Yugoslava de Macedonia. Este motivo se articula en cinco partes:

2.

Segundo motivo, basado en el perjuicio sufrido por la parte demandante y en la relación de causalidad entre el comportamiento ilegal de la Comisión y dicho perjuicio.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/67

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/67

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/67

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/68

1)

Desestimar el recurso.

2)

La Comisión Europea cargará con sus propias costas y con las de la Sra. Elia Fernández González.

25.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 270/69

1)

Desestimar el recurso.

2)

HI cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.