20.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/1

Ponente:

José María ZUFIAUR NARVAIZA

1.1.

El CESE comparte la necesidad de revisar la actual Estrategia Europea de Seguridad (EES) de 2003, para responder a un contexto internacional que ha variado sustancialmente. Y, como órgano consultivo de las instituciones europeas y representante de la Sociedad Civil Organizada (SCO), considera imprescindible ser consultado en el proceso de elaboración de la nueva estrategia, así como la participación estructurada de la sociedad civil en la misma. En opinión del CESE, sería necesario realizar revisiones de la estrategia global en plazos más cortos. Por ejemplo, cada cinco años coincidiendo con mandatos del Parlamento y de la Comisión.

1.2.

La UE se enfrenta a crisis cuyas características principales son la desintegración social, la interdependencia, la debilidad institucional y el carácter global de la desigualdad. Hemos entrado en la era en la que la exclusión social es un factor esencial de conflictos, en relación con los cuales la intervención militar es claramente insuficiente.

1.3.

La mayor efervescencia de la competencia geopolítica y geoeconómica, y la persistencia de algunas potencias en dividir el mundo en esferas de influencia incide sobre el modelo estratégico europeo, basado en la cooperación y la condicionalidad positiva, lo que requiere una adaptación de la misma.

1.4.

En opinión del CESE, en un escenario internacional tan complejo, los europeos solo serán capaces de defender sus valores e intereses desde una mayor unidad de objetivos, políticas y medios. La política exterior europea comienza en casa, ya que el nexo entre las políticas internas y externas es inseparable.

1.5.

Los ciudadanos europeos solo darán un viraje a la actual desafección, se sentirán europeos y se comprometerán con la Unión si la UE cambia de rumbo y se posiciona como promotor de su seguridad, libertad y prosperidad —como el defensor de la igualdad— en Europa y en el resto del mundo.

1.6.

Es imprescindible aumentar la integración política europea para aspirar a la soberanía en un mundo globalizado, para tomar decisiones que relancen el entusiasmo por el proyecto europeo, por un contrato social renovado y para afrontar el déficit democrático.

1.7.

La política exterior y la política europea de seguridad y defensa, a las que convendría dotar de más medios, exigen recurrir a métodos de trabajo más flexibles, al tiempo que más coordinados, entre los Estados miembros y las instituciones europeas.

1.8.

La defensa de la UE exige una mayor coordinación y planificación común, en la perspectiva de ir hacia una Unión de Defensa Europea. Para ello es necesario una mayor dotación financiera y el desarrollo de la industria de defensa europea, evitando duplicidades en el gasto a través de instrumentos de pooling and sharing (mancomunación y puesta en común). En el mismo sentido es clave una mejor gobernanza y una estructura institucional consistente, además de la promoción de grandes proyectos conjuntos. Todo ello sin perjuicio de la Relación Trasatlántica y la estrecha colaboración con las alianzas y organismos de los que forman parte la mayoría de los países de la UE, como la OTAN.

1.9.

A juicio del CESE, las prioridades de la nueva estrategia global deberían ser las siguientes: a) reforzar la vía de adhesión de los países candidatos, en particular de los Balcanes Occidentales, y estabilizar la vecindad oriental y meridional, incluida la atención de los flujos migratorios y de refugiados; b) impulsar una política común de seguridad y defensa (PCSD) más capaz, eficaz y visible, asentada en una base industrial y tecnológica de la defensa europea (BITDE) fuerte y más claramente definida; c) reforzar un sistema multilateral eficaz y reformado para la seguridad, la gobernanza económica y social y las cuestiones de desarrollo, y d) impulsar el comercio y las inversiones. Y dos dimensiones transversales deberían impregnar dichas prioridades: el desarrollo sostenible en sentido amplio y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.

1.10.

Con su tradicional diplomacia preventiva y multilateral, la UE debería ser una potencia normativa y constructiva que fomente una gobernanza inclusiva, apostando por la participación de las economías emergentes en las instituciones multilaterales.

1.11.

La UE, que nació para consolidar la paz en Europa, ha de tener como objetivo esencial en su estrategia global, el mantenimiento y la promoción de la paz, siendo para ello fundamentales las políticas de seguridad y defensa, la acción diplomática y el papel de la sociedad civil.

1.12.

En relación con la crisis de refugiados, el CESE considera vital que la UE se dote de una política de refugio, asilo e inmigración común ejecutada por una institución europea, lo que garantizaría que los Estados europeos hagan frente a sus responsabilidades de forma conjunta, proporcional y solidaria.

1.13.

En opinión del CESE, deberían introducirse cambios en el sistema de concesión de fondos europeos al desarrollo para hacerlos más ágiles, polivalentes y adaptados a las circunstancias concretas.

1.14.

Un conjunto de mega-acuerdos comerciales en vías de negociación o de ratificación están adquiriendo, más allá de sus aspectos propiamente comerciales, una dimensión geopolítica innegable. Abordar el impacto geopolítico de este tipo de acuerdos, reforzar sus relaciones multilaterales y evitar tensiones entre bloques comerciales será un componente fundamental de la futura estrategia global de la UE. Y, en la medida en que los mismos afectan a los modos de vida, es imprescindible, en opinión del CESE, atender las demandas y preocupaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general respecto a los mismos.

1.15.

El fortalecimiento de la sociedad civil, de su acción y vínculos paralelos a la acción diplomática es, en opinión del CESE, esencial para llevar a cabo la política exterior y de seguridad de la UE. En consecuencia, el CESE propugna que se introduzca en la PESC, de manera expresa, este componente entre sus objetivos prioritarios.

1.16.

Consideramos que el CESE, en tanto que órgano consultivo de las instituciones europeas y representante de todas las grandes organizaciones de la Sociedad Civil Organizada de los Estados miembros, está en las mejores condiciones para ser una contraparte esencial de las instituciones de la UE que intervienen en la política exterior y de seguridad común de la UE, especialmente el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y la Comisión Europea.

1.17.

A tal efecto, el CESE propone explorar de forma conjunta dichas prioridades y la manera de formalizar una cooperación entre el SEAE y el CESE.

1.18.

El CESE se ofrece a asistir al SEAE en la realización de un informe de evaluación sobre la actual participación de la sociedad civil en el ámbito de la política exterior europea.

1.19.

Proponemos la organización en el CESE, con la presencia de la Alta Representante, de una audición anual sobre la política exterior y de seguridad con la participación de las principales organizaciones europeas de la sociedad civil.

2.1.

El CESE señala que es necesaria una estrategia que englobe todos los instrumentos de acción exterior de la UE, incluidos los de seguridad y defensa, dentro de un marco general coherente y actualizado. Son necesarios, por tanto, cambios en los objetivos, prioridades, intereses e instrumentos de la acción exterior europea, con una perspectiva integral que supere los enfoques parciales y las resistencias estatales y refuerce la coordinación y la flexibilidad (1)  (2).

2.2.

A pesar de los grandes avances sociales en diversos aspectos englobados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, otros fenómenos, como la pérdida de peso de Occidente, la consolidación de las nuevas potencias emergentes, el creciente impacto de las tecnologías de la información, las tendencias demográficas y una mayor desigualdad dejan vislumbrar un contexto geopolítico mundial más complejo, en el que el avance de un modelo basado en normas y valores propios de sociedades abiertas encontrará mayores resistencias. Ello sucede en el marco de unas instituciones multilaterales que no se han adaptado a un nuevo mundo multipolar. Como consecuencia de ello, las normas internacionales se están erosionando al tiempo que se redimensiona la relevancia de la geopolítica. Con un mayor número de actores, incluidos los no estatales y las empresas supranacionales, y el desarrollo de tecnologías disruptivas, lo que dificulta el establecer una agenda estratégica y la gestión de entornos complejos.

2.3.

Los retos más inmediatos que afectan a la UE son: la gestión de los flujos migratorios, la protección del continente ante las amenazas terroristas y la disuasión frente a posibles agresiones militares y cibernéticas contra los Estados miembros de la UE. Los otros retos, amenazas y peligros son ahora esencialmente globales: cambio climático, crisis financieras y económicas, evasión fiscal, corrupción, crimen organizado, pandemias, crisis humanitarias, etc. La Unión tiene un papel que desempeñar en todos ellos. La PESC tiene que convertirse en un instrumento eficaz, mucho más que en la actualidad, para defender los intereses de la Unión y de los Estados miembros, lo que es, a su vez, esencial para que aquellos se involucren en mucha mayor medida en la política exterior y de seguridad de la UE. Como ha señalado la AR/VP «Necesitamos una estrategia para proteger de forma proactiva nuestros intereses, teniendo presente que el fomento de nuestros valores es parte integral de nuestros intereses».

2.4.

Dos son los cambios estructurales que, sustancialmente, se han producido desde la estrategia de 2003:

2.4.1.

El primero es que nos enfrentamos a crisis cuyas características principales son la desintegración social, la interdependencia, la debilidad institucional y el carácter global de la desigualdad. Hoy, la globalización implica proximidad, visibilidad y densidad poblacional. La desigualdad se ha convertido en un parámetro global. Esta intensidad de los contrastes sociales está en la base de los desplazamientos masivos. Y este mundo cada vez más unificado y extremadamente desigual es fuente de inestabilidad e inseguridad. Hemos entrado en la era de los conflictos de exclusión social, en relación con los cuales la intervención militar es claramente insuficiente. Estamos ante una cuestión social global que es necesario diagnosticar y responder, como se hizo, en los siglos XIX y XX en los Estados nacionales europeos. Y, en el ámbito internacional, con la pionera Declaración de Filadelfia, de 1944. Para lo que serán necesarias políticas de regulación, solidaridad y cooperación.

2.4.2.

El segundo consiste en que la competencia geopolítica vuelve a tener más peso, y no solamente en la vecindad europea. Nuestra ubicación geográfica nos condiciona. Los conflictos en Ucrania, Siria, Irak, Libia y el Sahel, por ejemplo, nos afectan directamente en términos comerciales, en el terrorismo yihadista, en el suministro energético o en el movimiento de refugiados o inmigrantes. Ello incide sobre el modelo estratégico europeo, basado en la cooperación y la condicionalidad positiva.

2.4.3.

Sigue siendo cierta la afirmación de la Estrategia actualmente vigente: «la mejor protección para nuestra seguridad es un mundo de Estados democráticos bien gobernados». Pero esta estrategia ha puesto en evidencia algunas lagunas: 1) Esa concepción, en general, no ha dado los resultados esperados, salvo en algunos casos, especialmente vinculados a procesos de adhesión a la UE; 2) Existen otras narrativas, desde lecturas específicas de la religión, como el autodenominado Estado Islámico, o de un cierto nacionalismo autoritario, como en el caso de Rusia, China (grandes potencias que influyen directamente en el vecindario ampliado de la UE), que tienen una concepción de la geopolítica basada en las zonas de influencia; 3) A menudo no se ha tenido en cuenta la diversidad entre los países con los que la UE ha tratado de establecer asociaciones; 4) Frecuentemente, ha habido una incoherencia entre el discurso realizado por la UE y las políticas prácticas llevadas a cabo; 5) No se ha tenido suficientemente en cuenta que la democracia y el Estado de Derecho no se implantan desde fuera, sino que tienen que germinar desde dentro.

2.5.

Defendiendo sus principios y valores universales, la UE está llamada a adecuar su estrategia para impulsarlos de manera más eficaz, mediante lo que el SEAE ha denominado un «idealismo pragmático».

3.1.

Que la política exterior es una prolongación de la política interna es una afirmación de universal aceptación. Es por ello que, para ser eficaces, han de responder a los mismos objetivos, estar integradas, coordinadas y no dispersas en sus aspectos centrales y comunes. En opinión del CESE, los dos pilares esenciales de una estrategia global de política exterior de la UE se construyen en casa.

3.1.1.

El primero de ellos es el elemento básico del atractivo de la UE en el mundo: su modelo de vida, basado en la libertad y los Derechos Humanos y en la cohesión social del conjunto de la población. No parece realista pensar en una política exterior y de seguridad más estructurada, compartida y eficaz de la UE sin revertir el incremento de las desigualdades económicas y sociales entre sus miembros, el debilitamiento de su modelo social, los síntomas de insolidaridad y desconfianza, el repliegue hacia los espacios nacionales, las dificultades para acordar las decisiones comunes, la creciente desafección ciudadana o el crecimiento de los movimientos populistas, xenófobos y eurófobos. Es imprescindible aumentar la integración política europea, probablemente mediante el recurso a las cooperaciones reforzadas que prevén los Tratados, para aspirar a la soberanía en un mundo globalizado, para tomar decisiones que relancen el entusiasmo por el proyecto europeo, por un contrato social renovado y para equiparar toma de decisiones y democracia.

3.1.2.

El segundo pilar hace referencia a una mayor integración europea y al establecimiento de políticas e instrumentos de acción comunes, en áreas como los flujos migratorios, el suministro energético, el cambio climático, el terrorismo internacional, la seguridad alimentaria, la política comercial, la lucha contra la delincuencia organizada, un eficaz plan europeo de inversiones y de creación de empleo, una dimensión social europea, o completar el mercado interior. Los ciudadanos europeos solo darán un viraje a la actual desafección, se sentirán europeos y se comprometerán con la Unión si la UE cambia de rumbo y se posiciona como promotor de su seguridad, libertad y prosperidad —como el defensor de la igualdad— en Europa y en el resto del mundo.

3.2.

En opinión del CESE, perfeccionar el mercado único europeo —la política industrial, el sistema financiero, las políticas de telecomunicaciones y transporte, las tecnologías digitales, las industrias de defensa— es una prioridad para la UE. Igualmente, la política exterior debe abordar un número cada vez mayor de temas relacionados con las políticas de la UE en los ámbitos social, medioambiental, energético, digital, económico, industrial o de transporte, entre otros. Del mismo modo, debemos definir una visión a largo plazo en la que la política económica exterior sea un pilar fundamental para promover el comercio y las inversiones. Además, es muy urgente tener una política energética común, y una de migración y asilo también común.

3.3.

La UE, ante la nueva configuración geoestratégica global, no tiene otra opción que desarrollar sus capacidades en el ámbito de la seguridad y defensa. Ello exige inevitablemente una política exterior más integrada —los Estados miembros son progresivamente menos relevantes a un nivel internacional y actuar conjuntamente les beneficia a todos— e implica dar mayor espacio a la política europea de defensa. Todo esto, asumiendo una concepción de la seguridad y defensa mucho más amplia que el uso de la fuerza. Pero también afirmando que una política de defensa está para utilizarse de manera preventiva, que tiene también una función disuasoria, pero que igualmente existe para ser un instrumento de último recurso, cuando los intereses vitales y la responsabilidad de proteger no pueden defenderse de otra manera. Ello requiere más y mejor utilización de los recursos. Pese a tener 28 estructuras militares diferentes, la UE gasta el 40 % de lo que financian los Estados Unidos en defensa nacional. A lo que habría que añadir notables duplicidades y escaso desarrollo de la industria de defensa, entre otras cuestiones, lo que requiere mayor dotación financiera e instrumentos comunes de planificación y control. Los gobiernos y los ciudadanos de la UE han de ser conscientes de que seguridad, prosperidad y libertad son indisociables. Una mayor autonomía estratégica de la UE en términos de defensa no debe ser, sin embargo, ni incompatible ni antagónica con la Relación Transatlántica y cooperativa con las alianzas y organismos de los que la mayor parte de los países de la UE forman parte, especialmente la OTAN, que sigue siendo el fundamento de su defensa colectiva.

3.4.

La política europea de defensa debería concentrarse en dos ámbitos fundamentales: 1) La actual geopolítica determina que la UE, como proveedora de seguridad fuera de sus fronteras, se centre en la vecindad ampliada, junto al apoyo de los derechos humanos y la contribución al desarrollo de los países vecinos; 2) Contribuir a la libertad de acceso a los bienes públicos mundiales y a un orden internacional basado en normas.

3.5.

La industria de defensa de la UE debe desempeñar un papel importante en la obtención de la autonomía estratégica de la Unión Europea. Su competitividad es un valor que va mucho más allá del interés del sector privado. Es preciso superar su fragmentación; el éxito de este proceso está fuertemente relacionado con la aplicación de algunas herramientas clave, tales como la puesta en marcha de proyectos de colaboración, la asignación de los fondos adecuados para la próxima Acción Preparatoria (3) y el establecimiento de una línea presupuestaria específica en el próximo marco financiero plurianual.

3.6.

La idea de que la estabilidad de nuestra vecindad real —nuestros vecinos y los vecinos de nuestros vecinos— es indispensable para nuestra propia estabilidad es aplicable de forma muy directa a la amenaza terrorista proveniente del autodenominado Estado Islámico. Eso quiere decir, por ejemplo, que encontrar una solución política a la guerra de Siria es una responsabilidad que afecta directamente a la UE. Porque implica actuar sobre una de las causas del problema. Ello también implica una mejora de las tareas de coordinación en materia antiterrorista y de inteligencia. El incremento del intercambio de información entre los Estados miembros debería ser un imperativo, incluso la creación de un servicio europeo de inteligencia. Además, es necesaria la elaboración de una estrategia global antiterrorista que analice sus causas, que evite una confrontación entre concepciones religiosas y que, por el contrario, fomente la cooperación entre comunidades con creencias diferentes en la lucha contra el fanatismo terrorista. Es de particular importancia apoyar al mundo árabe-islámico (el más castigado por los ataques del mal llamado Estado Islámico) para que se alce contra esta amenaza en su propio seno. Del mismo modo, actuar sobre la venta y el tráfico de armas o las fuentes de financiación debería formar parte de una estrategia europea contra la acción terrorista. Las relaciones entre la sociedad civil con nuestra vecindad ampliada puede desempeñar un papel positivo en tal empeño.

3.7.

Convendría incrementar la flexibilidad de la acción exterior. Un mayor grado de flexibilidad no debe conducir a una fragmentación, sino que debe lograrse haciendo pleno uso de los instrumentos previstos por el TUE y el TFUE. Así pues, es necesario incrementar la abstención constructiva de los Estados miembros en el Consejo en el ámbito de la PESC y la PCSD. En este contexto, en lo que se refiere al refuerzo de la seguridad internacional, el CESE se remite una vez más a la necesidad de mantener determinados valores en materia de política exterior, en particular el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. No obstante, cuando en el marco de los instrumentos existentes no pueda hallarse una solución satisfactoria, será necesario establecer grupos ad hoc, con presencia en los mismos del Alto Representante o, en su defecto, otros órganos de las instituciones europeas, a fin de que el principio de unanimidad no paralice las posibilidades de la Unión en la política exterior. La Red de Diplomacia Verde (RDV), creada en un principio para promover la integración de los objetivos medioambientales en las relaciones exteriores de la UE, y que ha desempeñado un importante papel en la movilización y la coordinación de acciones diplomáticas de la UE con vistas a la COP 21, puede servir de modelo para otras redes.

3.8.

La UE no debería esperar a la próxima crisis para dotarse de más medios en política exterior. Los medios deben ir acompasados con los objetivos y no variar sustancialmente en función de la coyuntura. Una planificación adecuada debería identificar las áreas en las que la Unión está infradotada. De esta manera se evitaría la actuación reactiva que, ante diferentes crisis, ha caracterizado la actuación de la UE durante los últimos años. Es necesario un incremento del presupuesto de la UE destinado a la acción exterior, especialmente en los ámbitos humanitario, migratorio, de desarrollo, educativo, contraterrorista y diplomático, así como al fortalecimiento de la sociedad civil organizada.

4.1.

El CESE opina que la nueva estrategia implica una revisión del análisis que ha llevado a cabo la UE del contexto internacional y el papel que pretende desempeñar en el futuro. Es vital encontrar nuevas narrativas, basadas en la implicación activa en la igualdad entre los ciudadanos en sus dimensiones de seguridad, libertad y prosperidad, y es importante resaltar las fortalezas con que cuenta la UE. Entre ellas, ser el mayor mercado interior del mundo, una activa política comercial, la política de cooperación y de ayuda humanitaria más dotada del mundo, un modo de vida fundado en el respeto del Estado de Derecho y los principios democráticos, un modelo social basado en la cohesión económica y social, la defensa de un modelo de desarrollo sostenible basado en la lucha contra la desigualdad y la protección del medio ambiente, definiendo unos objetivos firmes de política climática.

4.2.

La falta de cohesión interna y de voluntad política han limitado tradicionalmente el papel de la UE en el mundo. La Unión no aspira a ser una superpotencia, sino a proyectar su poder de forma más eficiente. De manera que debe centrarse en las áreas en las que su acción aporte valor añadido y pueda tener un impacto más relevante, especialmente en su entorno y en instituciones internacionales como las Naciones Unidas, el FMI, el Banco Mundial o el G-20, donde la coordinación entre los Estados miembros es escasa, limitando su capacidad de influencia. El CESE considera positiva, en este sentido, la propuesta de la Comisión, de octubre de 2015, en pro de una representación unificada de la zona del euro en el FMI y en otros organismos internacionales.

4.3.

La UE debe continuar con su tradicional diplomacia preventiva y multilateral, aspirando a ser una potencia normativa y constructiva. La defensa de un orden global basado en normas y abierto es un rasgo básico de la identidad de la Unión en el ámbito internacional. Como gran potencia comercial la UE se beneficia de un mundo conectado ya sea en el ámbito energético, financiero, del ciberespacio o de las vías marítimas (alrededor del 90 % del comercio exterior de la UE es marítimo). La seguridad nuclear y la seguridad energética deben seguir estando en el centro de atención.

4.4.

Asimismo, debe proseguir con la cooperación con los diversos procesos de integración regional como Cedeao, ASEAN o Mercosur.

4.5.

La UE debe potenciar una gobernanza democrática e inclusiva, fomentando la participación de las economías emergentes en las instituciones multilaterales, con el fin de aliviar tensiones de forma pacífica y desalentar la creación de mecanismos de gobernanza alternativos u hostiles a los actuales.

4.6.

La UE debe mantener sus valores y principios, la universalidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos, la lucha contra la pena de muerte y la violencia contra mujeres y niñas, la protección de los derechos de las personas con distintas identidades sexuales (LGBTI). Debe así, basar su política exterior y de seguridad en el modelo social que le caracteriza y que es el fundamento de su seguridad, libertad y prosperidad.

5.1.

La versión actual de la estrategia global debería reflejar claramente la importancia de la vecindad oriental y meridional de Europa en aras de la seguridad y prosperidad de la propia Europa, y debería aportar a la UE un mayor impacto e influencia en los importantes sucesos ocurridos en esas zonas respondiendo a los flujos migratorios y de refugiados y regulándolos. Y dos dimensiones transversales deberían impregnar dichas prioridades: el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (4)  (5).

5.2.

El vecindario ampliado o estratégico (desde el Sahel, hasta el Golfo y desde Asia Central hasta el Ártico) es el área de mayor importancia ya no solo para la acción exterior europea, sino para la dimensión interna de los Estados miembros. Este espacio vive hoy una profunda desintegración social e institucional provocada por múltiples causas como los conflictos bélicos, los desplazamientos forzosos, el terrorismo internacional, el colapso de las estructuras estatales, la corrupción, el crimen organizado, regresiones autoritarias como en el caso de Turquía, o la asertividad de potencias como Rusia y las agresionaes militares o híbridas. Ello conlleva desafíos estructurales profundos a largo plazo y un fuerte impacto en la Unión.

5.3.

Ante esta realidad desalentadora la UE debe asumir una mayor responsabilidad en la mejora de la situación económica, social y de seguridad de su vecindario. La UE no debe renunciar a la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos y sociales fundamentales —entre los que se incluyen la libertad de asociación y el derecho de negociación colectiva— en su vecindario, para lo que es clave el apoyo a la sociedad civil local, incluyendo a los interlocutores sociales, así como la preservación de su independencia.

5.4.

El CESE considera positiva la revisión de la política europea de vecindad y la constatación de un vínculo entre la inestabilidad, la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, que pueden incrementar la vulnerabilidad a la radicalización. En este sentido la acción exterior puede crear sinergias a la hora de aunar seguridad, desarrollo y comercio. Para alcanzar este fin es crucial acabar con las vulneraciones del derecho de asociación y de libre organización de los empresarios, los trabajadores u organizaciones del tercer sector. También es importante potenciar instrumentos de alerta temprana para prevenir posibles crisis futuras.

5.5.

El CESE aboga por el mantenimiento de un enfoque estricto pero no restrictivo en materia de ampliación y liberalización de visados, siempre condicionadas a reformas fiscalizables.

5.6.

Estrechamente vinculado a este vecindario está el continente africano que, en opinión del CESE, debería ser la segunda área geográfica prioritaria de la política exterior de la UE. No solo porque de ahí provienen gran parte los retos, sino también por las posibilidades de alianzas que pueden contribuir al desarrollo económico y a la gobernanza global (6). La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Clima brindan claras oportunidades para crear y reforzar los marcos de asociación con África.

5.7.

Desde un punto de vista geopolítico, la estabilidad de nuestra vecindad ampliada implica, así mismo, ocuparse de las grandes potencias que más inciden en ella, especialmente Rusia y China. La renovada asertividad rusa y la política china «Un cinturón, una ruta» (UCUR — Inversiones masivas en infraestructuras de conectividad) hace más necesario que nunca que la UE actúe con una sola voz ante estas dos potencias y no con 28.

5.8.

En relación con la crisis de refugiados, el CESE considera vital que la UE se dote de una política de asilo y refugio común ejecutada por una institución europea, lo que garantizaría que los Estados europeos hagan frente a sus responsabilidades de forma conjunta, proporcional y solidaria. Reforzar los canales para la migración regular es, a su vez, fundamental tanto para responder a las demandas de empleo y de refugio como para atender a las necesidades de migrantes en la UE como consecuencia de su declive demográfico, así como para evitar el tráfico de personas. También es imprescindible el respeto de la legalidad internacional y de la UE, una respuesta comunitaria a la crisis humanitaria que afecta a las personas que ya están en el territorio de la Unión, así como el aumento de los recursos destinados a la protección de las fronteras comunes y al salvamento y rescate marítimo, así como la creación de la Guardia Europea de Fronteras y Costas como propuso la Comisión Europea.

6.1.

La UE debe alinear las políticas internas y externas con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En su política de desarrollo, la UE debería hacer especial hincapié en la Agenda de Acción de Addis Abeba. El acuerdo sobre cambio climático de París ha puesto de manifiesto que el mundo está orientándose de manera inexorable hacia una economía verde, proceso en el que la UE desempeña un papel pionero.

6.2.

El CESE acoge favorablemente las actuaciones para redirigir la ayuda oficial al desarrollo (AOD) hacia los países menos adelantados (PMA), la financiación del «New Deal de los Estados frágiles», la evaluación estratégica de la ayuda para la igualdad de género, el aumento de la dotación para la protección de la biodiversidad y los compromisos del BEI en la lucha contra el cambio climático, así como la ayuda financiera a los países en desarrollo, de 100 000 millones de dólares anuales de aquí a 2020, prometida en el Acuerdo de París.

6.3.

La dimensión económica de la política exterior y de seguridad europea debería reforzarse, no limitándose al ámbito comercial. Es necesario apoyar, igualmente, la formación, la innovación y el emprendimiento, ya que la estabilización de nuestros vecinos pasa por su desarrollo económico y social. Países como Túnez, Líbano o Jordania, entre otros, deberían beneficiarse de un Plan de Desarrollo que permita potenciar su economía. Asistir a los terceros países en la transición a una economía hipocarbónica, entre otras cosas a través de una transferencia de tecnología y una cooperación eficaces, comporta oportunidades recíprocas.

6.4.

El CESE observa que el cambio climático es un factor que contribuye a la migración como consecuencia de la fragilidad de los Estados, la inseguridad y la escasez de recursos. La UE ha de apoyar a los países en desarrollo, especialmente los más vulnerables, y ayudarlos para que pasen directamente a una economía hipocarbónica y refuercen su resistencia al clima.

6.5.

EL CESE recalca que, pese a las actuales restricciones presupuestarias en muchos Estados miembros, el objetivo del desembolso de, al menos, el 0,7 % de la renta nacional bruta (RNB) en AOD debe ser prioritario. También es necesario potenciar la coherencia de las políticas para el desarrollo (CPD) y fomentar la coordinación entre los Estados miembros y las instituciones de la UE (7).

6.6.

Es imprescindible involucrar a todo tipo de actores a la hora de financiar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), incluidas la sociedad civil y las instituciones financieras para el desarrollo (IFD). Y también, incluir en mayor medida a los interlocutores sociales en la gestión de proyectos (8).

6.7.

En opinión del CESE, deberían introducirse cambios en el sistema de concesión de fondos europeos al desarrollo para hacerlos más ágiles, polivalentes y adaptados a las circunstancias concretas. Sería necesario, en este sentido, introducir, entre otras, modalidades como los «acuerdos marco», las subvenciones operativas, las subvenciones en cascada, los convenios plurianuales, los fondos para casos urgentes o la implementación de la «caja de herramientas», definida en el Diálogo Estructurado (9).

7.1.

El CESE apoya el libre comercio, uno de los pilares de la propia Unión Europea. Expresa, al mismo tiempo, la necesidad de tener en cuenta las asimetrías de las partes negociadoras y el respeto de los derechos laborales fundamentales, así como de las normas medioambientales. A su vez, sigue apoyando el enfoque multilateral de la regulación comercial de la OMC. La participación, consultiva y real, de las organizaciones más representativas de la sociedad civil organizada en el cuerpo de los acuerdos ha de ser, en opinión del CESE, profundamente replanteada (10).

7.2.

Los mega-acuerdos como el TTP, el CETA, el TTIP, los Acuerdos de Libre Comercio con Japón y con India o el RCEP, están adquiriendo, más allá de sus aspectos propiamente comerciales, una dimensión geopolítica innegable. Y atrayendo un interés creciente de la sociedad civil, por cuanto afectan a reglas y estándares con importantes repercusiones sobre sus modos de vida. Ello es especialmente relevante en cuanto al impacto, en la toma de las decisiones democráticas, de los mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados y de los comités de cooperación legislativa.

7.3.

El desafío al que se enfrenta la UE en este campo es que, al tiempo que abre perspectivas económicas y geoestratégicas, ha de asegurar las normas y estándares europeos, los servicios públicos y la preservación de los ámbitos esenciales de la regulación política como las normas sanitarias, laborales y de protección del medio ambiente (11). La opinión del CESE, como la de la sociedad civil, es favorable a que la protección de los inversores sea asegurada por los tribunales ordinarios o, en su defecto, por un tribunal internacional independiente creado por Naciones Unidas. Y a una participación efectiva de la sociedad civil organizada en los acuerdos, que vaya vinculada a una política de transparencia informativa, en tiempo real, tanto en las negociaciones como en las decisiones que afectan a la sociedad civil (12).

8.1.

En opinión del CESE, la sociedad civil organizada es uno de los elementos constituyentes de la democracia. Una sociedad civil con libertad y con derechos, con interlocutores sociales fuertes, con participación efectiva en las decisiones y con reconocimiento institucional es esencial para acceder y consolidar la democracia, evitar derivas autoritarias, favorecer el desarrollo económico, la construcción de la paz, impulsar la cohesión social, luchar por la igualdad en sus diversas facetas, promover y hacer posible un modelo de desarrollo sostenible y enriquecer la institucionalidad democrática. Es también clave para estrechar vínculos con las sociedades civiles de otros países y regiones del mundo, mediante una actuación paralela a la diplomática que es esencial para estrechar historias, culturas, creencias y objetivos globales.

8.2.

En consecuencia, el CESE propugna que se introduzca en la PESC, de manera expresa, este componente entre sus objetivos prioritarios. Utilizando para tal fortalecimiento diversos medios, como los fondos de cooperación y de desarrollo de los Derechos Humanos; la acción y las exigencias diplomáticas; una participación real y efectiva, consultiva y no solo «auditiva» de la sociedad civil, en el seno de los acuerdos comerciales o de Asociación, formando parte de los mismos y con atribuciones sobre el conjunto de sus materias; el refuerzo de la política tendente a que las empresas europeas con presencia en otros países o regiones cumplan los convenios fundamentales de la OIT y desarrollen las políticas de Responsabilidad Social Corporativa que defiende la UE.

8.3.

A tal fin, el CESE considera necesario que la PESC implique a la sociedad civil organizada europea en la definición e implementación de sus objetivos y prioridades. El CESE sugiere que el papel de la sociedad civil podría mejorarse:

9.1.

Consideramos que el CESE, en tanto que órgano consultivo de las instituciones europeas y representante de todas las grandes organizaciones de la sociedad civil de los Estados que componen la UE, es quien está en mejores condiciones para ser una contraparte esencial del SEAE y de la Comisión Europea con el fin de reforzar y seguir desarrollando una política exterior y de seguridad común de la UE eficaz. Avalan esta afirmación su composición tripartita, una visión global, su dilatada experiencia y sus relaciones con la sociedad civil de otras partes del mundo, basadas, en su mayor parte, en mandatos recibidos por parte de acuerdos internacionales de diferente tipo firmados por la UE: acuerdos de asociación, asociaciones estratégicas, acuerdos de libre comercio, acuerdos con los países candidatos a la adhesión (13).

9.1.1.

Proponemos la organización en el CESE, con la presencia de la Alta Representante, de una audición anual sobre la política exterior y de seguridad con la participación de las principales organizaciones europeas de la sociedad civil.

9.2.

El CESE entiende que sería muy positivo el establecimiento de una relación estratégica con el SEAE, fundada en la convicción, compartida por ambas partes, de la importancia de la sociedad civil en el marco de la política exterior de la UE, especialmente en la realización de determinados objetivos prioritarios. A tal efecto, el CESE propone explorar de forma conjunta dichas prioridades y la manera de formalizar una cooperación entre el SEAE y el CESE.

9.3.

El CESE puede asistir al SEAE a la hora de realizar un informe de evaluación sobre la actual participación de la sociedad civil en el ámbito de la política exterior europea.

9.4.

En el ámbito de la política exterior y de seguridad común el CESE intensificará su colaboración con organizaciones de Naciones Unidas como la OIT o la FAO.

20.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/11

Ponente:

Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ

Coponente:

Dorthe ANDERSEN

1.1

El CESE considera que en el actual contexto político tanto la Comisión como los Estados miembros deben hacer un esfuerzo especial para garantizar y promover la libre circulación de los trabajadores en la UE, eliminando toda discriminación por razón de nacionalidad, evitando restricciones injustificadas tanto para trabajadores como para empresas, en la medida en que constituyen libertades fundamentales consagradas en el TFUE y uno de los logros más apreciados del proceso de construcción europea. El CESE apoya las iniciativas que fomenten y promuevan una movilidad laboral justa en el seno de la UE, como queda de manifiesto también en el objetivo de impulsar la movilidad expresado por la Presidencia neerlandesa y la Comisión.

1.2

La movilidad laboral, cuando se ejerce sobre la base de condiciones justas y responde a una opción positiva, puede resultar enriquecedora y beneficiosa para trabajadores, empleadores y la sociedad en su conjunto. La movilidad laboral es una de las piedras angulares del mercado interior y puede contribuir a crear oportunidades de empleo y prosperidad para los ciudadanos y las empresas europeas. Puede constituir un elemento importante para la consecución de los objetivos de empleo y crecimiento económico de la UE, ayudando a equilibrar los diferentes niveles de empleo en los Estados miembros aportando mano de obra y talento allí donde hace falta, puede permitir una mejor asignación de los recursos humanos y también puede promover la transferencia de conocimiento, la innovación y desarrollo de competencias, lo que es fundamental en un mundo de cambio tecnológico. Al mismo tiempo puede contribuir a paliar los efectos del envejecimiento de la mano de obra en el país de destino.

1.3

No obstante, la movilidad laboral puede también provocar, en algunos casos y en algunos sectores, lo que se ha dado en denominar «fuga de cerebros», cuando los jóvenes se desplazan, en particular, desde algunos países con altas tasas de desempleo, en busca de empleo o mejores oportunidades laborales. Al mismo tiempo, el valor positivo de la libre circulación de los trabajadores no debe verse debilitado o cuestionado por el temor infundado de que se produzcan todo tipo de abusos.

1.4

Para evitar estas situaciones, el CESE insta a la Comisión y a los Estados miembros a promover unas políticas económicas orientadas a potenciar el crecimiento y la productividad y a generar empleo de calidad en todos los Estados miembros para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos europeos.

1.5

Una movilidad justa requiere garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de trato y de no discriminación por razón de nacionalidad, de conformidad con el acervo europeo, para los trabajadores móviles europeos que ejercen el derecho a la libre circulación y están sujetos a las condiciones laborales y reglas de fijación de salarios del país de acogida, en pleno respeto de los sistemas nacionales de negociación colectiva y de relaciones laborales.

1.6

El CESE insta a la Comisión a abordar, en consulta con los interlocutores sociales, todas las cuestiones necesarias en relación con los trabajadores desplazados para hacer frente a prácticas desleales que conducen al dumping social. Asimismo, cualquier nueva medida a nivel europeo ha de respetar las competencias nacionales de negociación colectiva y los diferentes sistemas de relaciones laborales.

1.7

Por lo que respecta a los trabajadores transfronterizos/fronterizos, el CESE considera que es necesario efectuar un seguimiento de la situación y recoger datos a nivel de la UE, a fin de suprimir posibles obstáculos y garantizar la movilidad libre y justa de estos trabajadores.

1.8

El CESE pide a la Comisión que, en coherencia con su voluntad manifestada de acabar con el dumping social y los abusos, no permita que otras iniciativas en materia de mercado interior, acaben permitiéndolos (incluido el pasaporte de servicios previsto).

1.9

La inspección de trabajo está llamada a jugar un papel fundamental para garantizar una movilidad justa. Para que esto sea posible, el CESE insta a los Estados miembros a formar debidamente y a dotar de personal y recursos suficientes a las inspecciones nacionales y a las autoridades de control del mercado laboral, al tiempo que apoya la mejora de instrumentos europeos transfronterizos de inspección del mercado laboral, incluida la mejora de la ejecución transfronteriza de las sanciones.

1.10

El CESE apoya la simplificación de las reglas de coordinación de los sistemas de seguridad social y la cooperación entre los Estados miembros para su aplicación, y subraya la necesidad de que cualquier revisión del Reglamento n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) respete en todo caso el principio de igualdad de trato de los trabajadores móviles para evitar que pierdan derechos adquiridos o se queden sin derechos por trasladarse a trabajar a otro Estado miembro.

2.1

El CESE elabora este Dictamen exploratorio sobre una movilidad laboral más justa en la UE a solicitud de la Presidencia neerlandesa, que en sus prioridades afirma que la movilidad de los trabajadores puede estimular el crecimiento económico y el empleo pero que, para ello, es preciso contrarrestar los inconvenientes para reforzar el apoyo público a la libre circulación de trabajadores.

2.2

La libertad de circulación de los trabajadores constituye una de las libertades básicas del mercado interior y uno de los pilares del proceso de integración europea. Es además uno de los logros más apreciados por la ciudadanía europea. Asentado sobre la base de la libertad de circulación, el mercado interior ha contribuido a generar crecimiento económico, empleo y oportunidades para los ciudadanos, los trabajadores y las empresas. La movilidad laboral ejercida en condiciones justas puede resultar beneficiosa para trabajadores, empresas y la sociedad en su conjunto y, por lo tanto, debe ser facilitada eliminando, en la medida de lo posible, los obstáculos a la misma. No deberá aceptarse la competencia desleal o la discriminación de los trabajadores en el mercado interior.

2.3

La movilidad laboral puede conllevar también una serie de inconvenientes que deben ser abordados a fin de reducir sus riesgos y permitir que tanto trabajadores como empresas puedan beneficiarse plenamente de las oportunidades que esta ofrece.

2.4

La UE está trabajando para aumentar la movilidad laboral justa en Europa, eliminando obstáculos que la dificultan. La Comisión Europea ha anunciado en su Programa de trabajo para 2016 que propondrá propuestas de movilidad laboral en las que figurarán «medidas para combatir los abusos mediante una mejor aplicación y coordinación de los sistemas de seguridad social, así como una revisión específica de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores (2) para hacer frente a prácticas desleales que conducen al dumping social y la fuga de cerebros, asegurándonos de que un mismo trabajo en un mismo puesto tiene la misma remuneración», y medidas para promover la movilidad laboral en la UE.

2.5

Es objeto de este Dictamen abordar los diferentes aspectos que suscita la movilidad laboral en un contexto de mercados laborales que siguen acusando elevadas tasas de desempleo y que están sometidos a profundos cambios, con la globalización, los cambios sociales y la innovación tecnológica como telón de fondo.

2.6

Tras décadas en las que la movilidad intracomunitaria ha sido muy reducida, la ampliación de la UE, la crisis iniciada en 2008 y el aumento del desempleo han provocado un incremento de la movilidad de trabajadores. En 2014, había en torno a 15 millones de personas móviles en la UE, frente a casi 12 millones en 2006 (3). En el mismo año el número de trabajadores móviles en edad laboral que trabajaban y vivían en otro Estado miembro era de 8,3 millones de personas, lo que equivalía al 3,4 % del conjunto de la fuerza laboral, además de los 1,6 millones de personas que vivían en un país pero trabajaban en otro (trabajadores transfronterizos) (4).

2.7

La libre circulación de ciudadanos y trabajadores en la UE se encuentra, sin embargo, puesta en entredicho en estos días como consecuencia de diversos factores. Al CESE le preocupa la evolución de la situación. Tanto las restricciones que se están imponiendo al espacio Schengen por parte de algunos Estados miembros con motivo de la afluencia de refugiados (5) como las excepciones a la igualdad de trato de los trabajadores móviles intra-UE que se han acordado con el Reino Unido durante la reunión del Consejo Europeo de los días 18 y 19 de febrero de 2016 (6) podrían afectar a uno de los logros más apreciados del proceso de construcción europea.

2.8

La libertad de circulación de los trabajadores y la eliminación de toda discriminación por razón de nacionalidad son principios fundamentales consagrados en el TFUE que deben ser garantizados y promovidos. Asimismo el espacio Schengen constituye un elemento central en el proceso de integración europeo y para el correcto funcionamiento de su economía. Garantizar que las fronteras estén abiertas y que sus ciudadanos puedan circular, vivir y trabajar en igualdad de condiciones en cualquiera de sus Estados miembros debe constituir una prioridad y una responsabilidad para la UE y sus Estados miembros.

2.9

Dado que afecta especialmente a los trabajadores y a las empresas, la Comisión debe consultar a los interlocutores sociales, tanto a nivel sectorial como intersectorial, sobre la necesidad de cualquier iniciativa en este ámbito y sobre su posible contenido. Asimismo, cualquier nueva medida a nivel europeo ha de respetar las competencias nacionales de negociación colectiva y los diferentes sistemas de relaciones laborales.

3.1

La libertad de circulación de los trabajadores se encuentra regulada en los artículos 3, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea y los artículos 4, apartado 2, letra a), 20, 26 y 45 a 48 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Implica la abolición de toda discriminación por razón de nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. Permite el acceso a derechos de movilidad, residencia y derechos económicos y sociales, cuya regulación básica está contenida en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (7) sobre libre circulación y residencia en la UE y la Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (8) sobre medidas para facilitar el ejercicio del derecho a trabajar en otro Estado miembro.

3.2

La libre circulación de los trabajadores establece el derecho a desplazarse libremente y residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales. Comprende por tanto la libertad de circulación en sí misma y el derecho a la igualdad de trato en relación, entre otras cuestiones, al empleo, a los servicios sociales, a la educación y a la formación.

3.3

La movilidad laboral, ejercida en condiciones justas, puede resultar beneficiosa para trabajadores, empresas y la sociedad en su conjunto. Puede constituir una gran oportunidad para el desarrollo personal, económico y social de los ciudadanos y trabajadores y en consecuencia debe ser facilitada.

3.4

La movilidad es un factor clave de empleabilidad y desarrollo de talentos y puede ser un medio para hacer frente a la divergencia en los niveles de empleo de los diferentes Estados miembros que puede ayudar a compensar la escasez de mano de obra allí donde se produzca y a aprovechar mejor las competencias de los trabajadores. Aporta mayores oportunidades de empleo para los trabajadores y ofrece un mayor campo a los empleadores en su búsqueda de talentos. En este sentido la movilidad puede constituir un elemento importante en la consecución de los objetivos de empleo y crecimiento económico de la Estrategia Europa 2020.

3.5

La movilidad laboral puede servir también para promover la transferencia de conocimientos, la innovación y el desarrollo del capital humano, esencial en un contexto de rápidos cambios tecnológicos y de globalización. En condiciones apropiadas, una movilidad laboral justa debería favorecer la interacción entre ciudadanos europeos y mejorar el mutuo conocimiento y aceptación y contribuir así a una sociedad más tolerante e inclusiva.

3.6

Pero tampoco podemos ignorar que la movilidad laboral presenta también una serie de inconvenientes. Los trabajadores europeos que trabajan en otro Estado miembro a veces, y por diferentes motivos, son más vulnerables al abuso y a la discriminación en ámbitos como la seguridad social, las condiciones de trabajo y los salarios, el acceso a prestaciones sociales y a la educación, en materia fiscal, etc. Todo lo cual puede igualmente generar una distorsión de la competencia entre las empresas, especialmente en sectores intensivos de mano de obra como la construcción con una alta concentración de empresas muy pequeñas. La movilidad puede además conllevar la separación de las familias y dificultades para la integración en otro país, consecuencia de barreras lingüísticas, culturales y de otro tipo. El CESE ha elaborado numerosos dictámenes sobre la importancia de apoyar la movilidad en el seno de la UE y de eliminar esos obstáculos (9).

3.7

La persistencia de perspectivas económicas negativas, altas tasas de desempleo y la falta de perspectivas laborales que se dan en algunos países de la UE están llevando a algunos trabajadores, especialmente jóvenes, a buscar empleo o mejores salarios y condiciones laborales en otros países. Esto puede tener un lado positivo, en la medida en que permite a los jóvenes trabajar en otro país, ganando experiencia y desarrollando sus capacidades, en lugar de estar en el desempleo en su país de origen. Además, una vez de regreso, la experiencia adquirida resultará beneficiosa para su país. Pero al mismo tiempo puede generar un problema de lo que se denomina «fuga de cerebros» y agravar las consecuencias del envejecimiento de la población en los países de origen.

3.8

Además, una alta movilidad puede dar lugar a importantes retos y generar tensiones en el mercado laboral de los países de destino, sobre todo si la situación económica no garantiza un nivel adecuado de crecimiento y de creación de empleo que evite el aumento del desempleo.

3.9

Una condición previa imprescindible para maximizar las ventajas de la movilidad laboral en el seno de la UE, y al mismo tiempo reducir sus riesgos y permitir que tanto trabajadores como empresas puedan beneficiarse plenamente de las oportunidades que ofrece la misma, radica en promover una política económica orientada a potenciar el crecimiento, la productividad y la creación de empleo, que permita mejorar las condiciones de vida en todos los países.

3.10

La percepción pública en algunos países de que la movilidad laboral puede conllevar dumping social y salarial, junto con la creencia infundada de que los trabajadores móviles abusan de los servicios públicos y sociales —el llamado «turismo social»—, contribuye a alimentar un sentimiento de hostilidad hacia la movilidad laboral. Frente a esa creencia, diferentes estudios concluyen que no existen evidencias de que una razón significativa para la movilidad laboral sea la existencia de prestaciones de asistencia social más elevadas en unos Estados en relación con las de los países de origen. Esto se corrobora por la utilización más reducida de estas prestaciones por los trabajadores móviles intracomunitarios en relación con los nacionales. Cuando usan más intensivamente algunas prestaciones, ello se debe a circunstancias socioeconómicas específicas de los trabajadores móviles (10). Los estudios demuestran que la relación entre la movilidad y las prestaciones sociales es mínima, siendo mucho más determinante la tasa de desempleo existente en el país, o el nivel salarial (11).

4.1.1

Del mismo modo, es preciso superar las barreras administrativas, institucionales y lingüísticas que siguen obstaculizando la movilidad laboral, adoptando para ello medidas concretas en materias como la facilitación de información y asesoramiento a los trabajadores móviles, en colaboración con la red EURES y la Red de la Unión de Servicios Públicos de Empleo, medidas de refuerzo de competencias lingüísticas, de reconocimiento de cualificaciones profesionales, etc. en línea con las propuestas contenidas en anteriores Dictámenes del CESE (12).

4.1.2

Una movilidad laboral justa necesita además ir acompañada de medidas que garanticen el crecimiento y la creación de empleo en todos los países de la UE para evitar la profundización de las diferencias existentes entre ellos y conseguir que todos resulten beneficiados de la misma.

4.1.3

Solo con estas condiciones se puede garantizar una movilidad laboral justa, entendida como una opción positiva para los trabajadores, y no como una elección que se ven forzados a hacer.

4.2.1

Los trabajadores desplazados tienen un régimen legal diferenciado en la medida en que no están haciendo uso de los derechos de libre circulación, sino que es el empleador el que se está acogiendo a la libre prestación de servicios para destinar trabajadores a otro país temporalmente. Tanto el empresario como el trabajador se benefician de no tener que cambiar el lugar de trabajo del contrato y pueden mantener las contribuciones a la seguridad social en el país de origen.

4.2.2

El régimen legal de estos trabajadores desplazados se regula en la Directiva 96/71/CE (13) y su Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (14) para la aplicación de la legislación sobre el desplazamiento de los trabajadores, adoptada en mayo de 2014.

4.2.3

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre los salarios de los trabajadores desplazados, en un informe encargado por la Comisión Europea (15) se constata que en los sectores de la construcción y de los transportes perciben salarios inferiores que los de los trabajadores locales en un porcentaje que puede alcanzar hasta un 50 %. Estas diferencias pueden explicarse por la incorrecta aplicación de los salarios mínimos y por otras razones, tales como la tendencia a clasificar a los trabajadores desplazados en un bajo nivel en la escala de la clasificación convencional. También existen diferencias, aunque menores, en otros sectores productivos que varían según los países. Es destacable la heterogeneidad de las fuentes de información: inspecciones de trabajo, informes de los sindicatos y de las organizaciones patronales, medios de comunicación (16).

4.2.4

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha abordado la cuestión del salario de aplicación a los trabajadores desplazados, contribuyendo con su jurisprudencia a generar una gran controversia. Esa situación llevó a la Comisión a proponer la Directiva 2014/67/UE (17), destinada a mejorar la lucha contra el fraude y el uso abusivo del desplazamiento de trabajadores. Los Estados miembros tienen de plazo hasta el 18 de junio de 2016 para transponer la Directiva de aplicación. El CESE ya ha considerado que esta Directiva, si bien supone un paso en la dirección de reforzar la dimensión social del mercado interior, no es suficiente para satisfacer las exigencias del Comité (18).

4.2.5

En el marco del paquete de movilidad laboral, la Comisión anunció la revisión específica de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores «para hacer frente a prácticas desleales que conducen al dumping social y la fuga de cerebros, asegurándonos de que un mismo trabajo en un mismo puesto tiene la misma remuneración» (19). El día 8 de marzo hizo pública su propuesta legislativa de revisión de la Directiva (20), con carácter previo a la presentación del Paquete de movilidad laboral y antes del vencimiento del plazo de transposición de la Directiva de aplicación. El CESE abordará todas las cuestiones relativas a este asunto en un dictamen específico sobre la propuesta de la Comisión.

4.2.6

En cualquier caso, el CESE toma nota con interés de la intención declarada por la Comisión Europea de querer acabar con el dumping social. El CESE reitera la opinión expresada en el Dictamen SOC/460 y «resalta la importancia de garantizar la protección de los trabajadores desplazados, respetar los diferentes modelos de mercado laboral de los Estados miembros y poner freno al dumping social y a la competencia desleal». Es importante —también con vistas al futuro— encontrar el equilibrio apropiado entre la necesidad de fomentar la libre prestación de servicios y la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores desplazados. El CESE volverá a tratar esta cuestión.

4.2.7

El CESE pide a la Comisión que, en coherencia con su voluntad manifestada de acabar con el dumping social y los abusos, no permita que otras iniciativas en materia de mercado interior, acaben permitiéndolos (incluido el pasaporte de servicios previsto).

4.4.1

El CESE considera que la inspección de trabajo nacional tiene que desempeñar un papel fundamental en la lucha contra las empresas ficticias, los salarios inferiores y el trabajo no declarado, haciendo respetar y cumplir los derechos de los trabajadores móviles y los desplazados, e impidiendo los abusos. Esto permitirá igualmente prevenir la distorsión de la competencia entre las empresas.

4.4.2

La falta de control existente en algunos países, ya sea por falta de una estructura de inspectores de trabajo adecuada, por falta de competencias o conocimientos apropiados o por la falta de los recursos necesarios, favorece los abusos. Los inspectores de trabajo y las demás autoridades de la supervisión del mercado laboral solo pueden ser eficaces si disponen de una dotación financiera y de personal suficiente con una formación adecuada. En este sentido, son necesarias normas de ámbito europeo, incluida la mejora de la ejecución transfronteriza de las sanciones, así como un apoyo para los Estados miembros que tengan dificultades para crear dichas infraestructuras.

4.4.3

Combinado con ello, la mejora de instrumentos europeos de inspección transfronteriza, como se sugiere en la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de enero de 2014 (21) ayudaría a detectar y combatir los casos de dumping social, en particular mediante la detección de sociedades ficticias.

4.4.4

Esto estaría totalmente en línea con la recientemente creada Plataforma europea para la lucha contra el trabajo no declarado.

4.5.1

El CESE apoya la simplificación de las reglas de coordinación de los sistemas de seguridad social y la cooperación entre los Estados miembros para su aplicación, y subraya la necesidad de que cualquier revisión del Reglamento (CE) n.o 883/2004 respete en todo caso el principio de igualdad de trato de los trabajadores móviles para evitar que pierdan derechos adquiridos o se queden sin derechos por trasladarse a trabajar a otro Estado miembro.

4.5.2

Garantizar la portabilidad de los derechos sociales de los trabajadores móviles es igualmente un aspecto clave para una movilidad justa, tanto para quien se marcha a trabajar a otro país como para quien regresa a su país de origen tras haber trabajo en otro.

4.5.3

Con el objeto de facilitar la libre circulación de personas y promover la movilidad laboral se ha desarrollado en la UE la vía de la coordinación de los sistemas de la seguridad social que tiene por objetivo regular las relaciones entre sistemas nacionales, sin alterar el contenido de sus normas.

4.5.4

En desarrollo de los Tratados se promulgaron normas de coordinación de los sistemas de seguridad social. Entre otras, los Reglamentos (CEE) n.o 1408/71 (Reglamento base) y (CEE) n.o 574/72 (Reglamento de aplicación), sustituidos por los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 (Reglamento base) y (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (22) (Reglamento de aplicación). En la actualidad está en trámite una revisión del Reglamento (CE) n.o 883/2004.

4.5.5

El CESE prevé emitir un informe detallado tan pronto como la Comisión le remita la propuesta de revisión del Reglamento (CE) n.o 883/2004. Tal como ya expuso en un Dictamen anterior, el marco legislativo debe adaptarse a la realidad cambiante del mundo del trabajo, a las nuevas formas de empleo y, en particular, a las nuevas formas de movilidad (23).

4.5.6

El CESE considera que los principios de igualdad de trato, totalización de los períodos, exportabilidad de las prestaciones y determinación de la legislación aplicable (principio de unicidad) son fundamentales para la libre circulación de los trabajadores y deberán garantizarse en cualquier futura revisión del Reglamento (CE) n.o 883/2004.

4.5.7

Por lo que respecta a la libre circulación de solicitantes de empleo en otro país, el CESE toma nota de la declaración de la comisaria Thyssen en Dublín el 13 de noviembre de 2015: «A nuestro juicio, también debe admitirse el derecho a la libre circulación de los solicitantes de empleo, en particular a la luz de las enormes divergencias en los niveles de desempleo entre los Estados miembros. Es fundamental, no obstante, que ello no se haga a expensas del régimen de seguridad social del país de acogida. Con esta idea en mente, queremos posibilitar que una persona que está desempleada pueda transferir sus prestaciones de desempleo a otro país en el que pueda tener más posibilidades de encontrar un puesto de trabajo. En la actualidad, esto ya es posible por un período de tres meses». La Comisión quiere prorrogarlo a seis meses.

4.5.8

La complejidad de la regulación del Reglamento (CE) n.o 883/2004 requiere una estrecha cooperación entre las autoridades de los Estados miembros para garantizar que la diversidad de las regulaciones estatales no dificulte la libre circulación, así como la máxima claridad posible en la información para que los beneficiarios de las prestaciones y las empresas conozcan sus derechos y obligaciones. Asimismo, se debe reforzar la utilización de medios electrónicos y la cooperación entre los Estados miembros de forma que se minimicen las exigencias de información a los trabajadores y empresas.

20.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/19

Ponente:

Christa SCHWENG

Coponente:

Panagiotis GKOFAS

2.1.

El CESE tiene el convencimiento de que la integración es necesaria para nuestras sociedades si queremos conservar la cohesión social.

2.2.

A juicio del CESE, resulta imperativo desarrollar de inmediato un sistema europeo común de asilo y llevar a cabo una profunda reforma del Reglamento de Dublín, así como un plan europeo de migración, en aras de la eficacia y de recuperar la confianza en los valores de nuestras sociedades.

2.3.

El CESE señala que la integración es un proceso bidireccional. Las mejores prácticas en materia de políticas de integración no solo se centran en los refugiados, sino que también incluyen a la población local. Un enfoque de esta naturaleza es esencial para la aceptación de las medidas de integración. Los medios de comunicación, los entes locales, los sindicatos, las organizaciones patronales y las ONG desempeñan un papel importante en este proceso. Con vistas a crear un clima positivo hacia los refugiados en los países de acogida —especialmente en momentos en que las previsiones de crecimiento económico son bajas y el mercado de trabajo es reducido en ciertos países—, es preciso destinar, tanto a la población local como a los refugiados, medidas de integración e inversiones sociales que cubran las necesidades específicas de cada grupo destinatario.

2.4.

Si cabe esperar una decisión positiva sobre el estatuto de asilo, se ha de ofrecer formación lingüística apenas formalizado el registro. Esta formación deberá incluir también información básica sobre valores, culturas y procesos, a la vez que se deberán establecer las capacidades y cualificaciones. El Cedefop podría colaborar elaborando métodos que permitieran determinar las capacidades adquiridas en el país de origen.

2.5.

El CESE recomienda que se preste especial atención a los menores, en particular a los no acompañados, que frecuentemente se encuentran traumatizados y necesitan apoyo sociopedagógico. Deben ser objeto de una rápida integración en el sistema escolar o recibir orientación sobre las oportunidades de formación profesional.

2.6.

El CESE hace hincapié en que los refugiados deben disponer de acceso a información sobre los derechos y obligaciones de la sociedad de acogida, en general, y del mercado laboral, en particular. Los refugiados deben recibir el mismo trato que los autóctonos en el mercado de trabajo para evitar la competencia desleal y el dumping social y salarial.

2.7.

El CESE reitera su elogio de la solidaridad mostrada por segmentos de la sociedad civil, sindicatos, patronal, particulares y empresas, en particular microempresas y pymes artesanales, que han asistido voluntariamente a los solicitantes de asilo. El CESE recalca la importancia de proteger y apoyar tales compromisos individuales con incentivos adecuados, especialmente durante emergencias humanitarias, para promover la solidaridad entre la sociedad civil.

2.8.

El CESE destaca la necesidad de que la UE base su respuesta inmediata en la situación de solidaridad y justo reparto de las responsabilidades y costes, tal como se prevé en el artículo 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

2.9.

Los Estados miembros y las autoridades competentes de la UE, también en los países de tránsito, deben cooperar con las organizaciones de la sociedad civil en la supervisión, la actualización de la información y las actividades de coordinación para contar con una política de asilo común más eficaz a escala de la UE. Es preciso desarrollar sistemas estadísticos comunes, armonizados y actualizados con el fin de definir las opciones políticas de la UE y los Estados miembros.

2.10.

El éxito duradero de la integración de los refugiados requiere, en el marco del Plan Juncker y más allá, mayores esfuerzos en inversión para impulsar el crecimiento de la economía y el empleo. Debería asignarse una inversión adicional a medidas de integración e inversiones sociales, destinadas a la población local y los refugiados por igual, que cubran las necesidades específicas de cada grupo destinatario. El CESE ha referido los posibles efectos positivos para la hacienda pública de introducir un impuesto sobre las operaciones financieras, ya que garantiza una contribución más justa del sector financiero. Habida cuenta de las circunstancias excepcionales, y en consonancia con el Pacto de estabilidad y crecimiento, los costes adicionales que se deriven de la acogida de refugiados no deben, tras un examen exhaustivo, computarse en el déficit público de los Estados miembros. Invertir en medidas de integración es costoso a corto y medio plazo, pero debería verse como una inversión en la población que dará sus frutos a largo plazo. Si la integración se lleva a cabo con éxito, traerá cohesión social, crecimiento económico y creación de empleo. Asimismo, deberían incrementarse adecuadamente los recursos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y del Fondo Social Europeo (FSE), en particular en los Estados miembros que hayan superado la cuota de refugiados, a fin de lograr una mejor cofinanciación de las medidas de integración de los refugiados.

3.1.

Los conflictos en Oriente Medio han provocado un flujo de refugiados hacia Europa sin precedentes: personas originarias de países azotados por la guerra junto con personas que querían abandonar su país por razones económicas. Todos los países europeos han firmado la «Convención de Ginebra» de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, que confiere derechos básicos a los refugiados para proteger a este grupo vulnerable. Habida cuenta del elevado número de personas, y para dar cumplimiento a la Convención de Ginebra y los principios generales de derechos humanos, resulta crucial distinguir claramente entre los migrantes económicos y los refugiados, es decir, las personas que precisan un estatuto de protección (en particular, asilo o protección subsidiaria).

3.2.

Si bien desde un punto de vista individual es totalmente comprensible que las personas abandonen su país para encontrar mejores condiciones económicas en el extranjero, la situación actual y el clima social en la mayor parte de los Estados miembros exigen esta clara distinción. Los migrantes económicos han de regresar a sus países de origen si solicitan un estatuto de protección por motivos injustificados. Los Estados miembros han de respetar el plan de acción de la UE en materia de retorno, así como el manual de retorno, en caso de denegación de una solicitud de protección internacional.

3.3.

Para ello es preciso un sistema europeo común de asilo que prevea protecciones eficaces de las fronteras exteriores, un registro adecuado en los denominados «puntos críticos» y una tramitación rápida de las solicitudes de asilo y, en caso de que no se reconozca el estatuto de beneficiario de protección internacional y se rechace la solicitud de asilo, el retorno al país de origen o a un tercer país con el que se haya celebrado un acuerdo de readmisión. Asimismo, podría resultar importante y eficaz establecer puntos críticos en los terceros países fronterizos con la UE y signatarios de acuerdos en materia de política migratoria para el registro y la solicitud de asilo.

3.4.

Los acontecimientos que se produjeron durante la segunda mitad de 2015 han demostrado que muchas veces los nacionales de terceros países llegan a Europa con falsas expectativas y una imagen idílica de la vida en la UE que normalmente les transmiten los traficantes. Al darse de bruces con la realidad, la reacción de los nacionales de estos terceros países es de decepción y, en algunos casos, el retorno voluntario. En el marco de un programa retorno voluntario, los participantes podrían ayudar a componer una imagen más realista de la vida en Europa a los ciudadanos de sus países de origen, lo que podría evitar que otros se embarquen en el peligroso viaje hacia Europa.

3.5.

Aparte de la necesidad de dotar al sistema europeo común de asilo de plena operatividad, de establecer un reparto sostenible y equitativo de las responsabilidades y los costes, y para reducir la presión sobre el actual sistema de asilo, será necesario adoptar rápidamente un nuevo enfoque europeo para la migración, así como una profunda reforma del Reglamento de Dublín que permita atajar los retos a corto y a largo plazo, tal como ha anunciado el presidente Juncker para el primer trimestre de 2016. El CESE expresará su parecer al respecto en un dictamen específico.

3.6.

En su Resolución sobre los refugiados, aprobada en diciembre de 2015, el CESE hace hincapié en que «la situación actual exige que la UE establezca corredores humanitarios seguros para los refugiados procedentes de países en guerra y amenazados por el terrorismo, y que lo haga conjuntamente con los países en los que se concentran mayoritariamente dichos refugiados». El CESE reitera que el proceso de registro debería realizarse antes de entrar en la UE.

3.7.

La guerra, el cambio climático y la falta de expectativas en terceros países pueden provocar un flujo continuado, e incluso creciente, de refugiados y migrantes. Limitar los factores que empujan a la migración en general es un desafío a nivel mundial. No obstante, el presente dictamen aborda únicamente la integración de los individuos que han recibido el estatuto de protección o de quienes solicitan dicho estatuto.

4.1.

La Presidencia neerlandesa pidió que se extrajesen experiencias de integración a partir de crisis anteriores que generaron grandes desplazamientos de refugiados. El CESE ha llegado a la conclusión de que la actual crisis de refugiados no es comparable a las anteriores, en primer lugar por el número de personas desplazadas —en 2015 más de 900 000 migrantes atravesaron las fronteras de la UE por Grecia—, y en segundo lugar por la rapidez de la evolución, que contribuye a aumentar la incertidumbre entre la población local. Tomando como ejemplo el caso austriaco, en el que a principios de los años noventa del siglo pasado llegaron unos 90 000 refugiados que huían de la guerra en la antigua Yugoslavia, es posible ver las diferencias con bastante claridad: con frecuencia las personas procedentes de Bosnia tenían familia en Austria o ya habían trabajado en el país. Las cualificaciones obtenidas en el país de origen eran aprovechadas inmediatamente por las empresas austriacas y las mujeres estaban habituadas a participar plenamente en el mercado de trabajo. Este hecho aumentó la renta familiar y dotó a las familias de mayor movilidad, lo que evitó la creación de zonas designadas y favoreció una mezcla social mejor en los centros escolares y en el mercado de trabajo.

4.2.

Las experiencias de la situación de los años noventa no son totalmente comparables a la situación actual. Las personas que llegan ahora provienen de contextos más diversos. Si algunos ostentan títulos universitarios que pueden compararse con los europeos, otros poseen cualificaciones que podrían no ser de utilidad inmediata en Europa, mientras que otros presentan un nivel educativo muy limitado y numerosas mujeres nunca han participado en el mercado laboral. Además, la actitud de las personas en los países de acogida, que aún padecen las secuelas de la crisis económica, suele ser bastante reservada con los extranjeros, que suponen una competencia en el mercado de trabajo.

5.1.

Según el ACNUR, no hay consenso sobre la definición de integración de inmigrantes en el contexto de los países desarrollados y el Derecho internacional sobre refugiados no contempla una definición formal. Un entendimiento en sentido amplio de la integración como un proceso de carácter individual y bidireccional sustenta numerosas tentativas gubernamentales y académicas por definir lo que se entiende por integración o una sociedad integrada.

5.2.

«En el núcleo de la definición del ACNUR reside el concepto de integración como proceso bidireccional cuya premisa es la “adaptación” de una de las partes y la “acogida” por parte de la otra. Sin embargo, no obliga al refugiado a renunciar a su identidad cultural, por lo que integración no es lo mismo que asimilación» (1). Esta definición se corresponde con el punto de vista del CESE (2).

5.3.

El CESE ha destacado la necesidad de vincular la integración con los valores y principios definidos en el Tratado, con la Carta de los Derechos Fundamentales, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, con la Estrategia Europa 2020, así como con las políticas de empleo y la agenda social. Esta referencia es fundamental para el CESE teniendo en cuenta la existencia de una crisis de valores en algunos sectores sociales y políticos de Europa. La integración y la cohesión económica y social son dos caras de la misma moneda (3). Al garantizar unas condiciones y perspectivas de vida dignas para todos se propiciará la aceptación de las medidas de integración.

5.4.

Los principios básicos comunes para la política de integración de los inmigrantes (2004) y el vehículo para su aplicación, el Programa Común para la Integración (2005), forman la base sobre la que se formula la integración de los migrantes en la UE, y en ellos se contempla la integración de la siguiente manera:

5.5.

Aunque estos principios no diferencian entre la integración de migrantes y la de refugiados, el CESE también ve estos principios como base para la integración de refugiados. Sin embargo, dado el elevado número de personas que llegan a Europa, son necesarios esfuerzos adicionales para prestar formación lingüística, vivienda e integración en el mercado de trabajo.

5.6.

Con vistas a crear un clima positivo hacia los refugiados en los países de acogida —especialmente en momentos en que las previsiones de crecimiento económico son bajas y el mercado de trabajo es reducido en ciertos países—, es preciso destinar tanto a la población local como a los refugiados medidas de integración e inversiones sociales que cubran las necesidades específicas de cada grupo destinatario. El CESE ya se ha pronunciado sobre la importancia de conectar y generalizar los objetivos sociales en el contexto de la integración (4).

5.7.

El CESE tiene el convencimiento de que la integración de refugiados es totalmente indispensable para nuestras sociedades si queremos preservar la cohesión social. La falta de integración puede posibilitar que surjan sociedades paralelas que desestabilicen a los países de acogida. Por tanto, redunda en nuestro propio beneficio iniciar las medidas de integración desde las fases más tempranas. Hay que animar a los medios de comunicación para que reconozcan la importancia de la integración y del papel que desempeñan para crear un clima político y social positivo.

5.8.

Las tendencias demográficas en la mayor parte de los países europeos muestran un descenso de la población en edad de trabajar. Para que nuestros sistemas sociales sigan siendo sostenibles para las generaciones venideras, es prioritario integrar en el mercado de trabajo a toda la población activa, independientemente, por ejemplo, de su sexo, edad, capacidad física, religión, orientación sexual u origen (étnico). Invertir en medidas de integración es costoso a corto y medio plazo, pero debería verse como una inversión en la población que dará sus frutos a largo plazo. Si la integración se lleva a cabo con éxito, traerá cohesión social, crecimiento económico y creación de empleo.

5.9.

El ámbito local debe desempeñar un papel decisivo en la integración, ya que es el lugar en el que conviven las personas y en el que primero se palpa la falta de integración. Las comunidades deben recibir asesoramiento y orientación en materia de medidas de integración efectivas, por ejemplo invitando a refugiados a participar en asociaciones de voluntarios locales (como sindicatos, ONG, bomberos o clubes deportivos).

5.10.

El sitio web de la Comisión Europea sobre integración (5) recoge gran cantidad de información sobre ejemplos de integración. Utilizando filtros de búsqueda es posible encontrar ejemplos de mejores prácticas en función, por ejemplo, del país, el ámbito de integración o el grupo destinatario. Debería darse a conocer más este sitio web como inspiración de los Estados miembros, los entes locales, las ONG y los interlocutores sociales en relación con las actividades de integración.

5.11.

Sobre la base de una propuesta del CESE, ya se ha establecido una colaboración estructurada entre las organizaciones de la sociedad civil, el CESE y la Comisión Europea a través del Foro Europeo de la Migración, que aborda todas las cuestiones del ámbito de la migración, el asilo y la integración. De manera complementaria, podría resultar útil ampliar el mandato del comité consultivo sobre la libre circulación de personas a la integración de refugiados, ya que se trata del órgano a través del cual los Gobiernos debaten e intercambian puntos de vista con los interlocutores sociales. Este comité podría aportar un lugar más en el que compartir buenas prácticas.

6.1.

Los solicitantes de asilo que llegan a Europa después de un viaje agotador en la mayoría de los casos, y muy a menudo traumatizante, lo primero que necesitan es un lugar en el que cobijarse y descansar. Las autoridades deberían utilizar este período para registrarlos debidamente y evaluar, en líneas generales, si tienen posibilidades de recibir el estatuto de refugiado. En este caso, las medidas de integración deberían iniciarse desde las primeras fases. De acuerdo con un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud, resulta necesario ofrecer tratamiento médico especial a los refugiados aquejados de trastornos causados por el estrés postraumático, ya que este es, con frecuencia, un factor importante que obstaculiza la integración.

6.2.

La integración es inconcebible sin disponer, como mínimo, de un dominio básico del idioma del país de acogida. Por ello, la formación lingüística debería comenzar tan pronto como sea posible a lo largo del procedimiento de asilo. Esto exige la creación de nuevas estructuras operativas, así como una mejor gestión de la interfaz para hacer frente al gran número de solicitantes de asilo. Los cursos de idiomas también deben utilizarse para familiarizar a los solicitantes de asilo con los valores (por ejemplo, la igualdad de trato de hombres y mujeres, la libertad de expresión, la prohibición de la violencia doméstica) y la cultura del país de acogida. Dichos cursos también deberían utilizarse para proporcionar a los solicitantes de asilo unas directrices básicas sobre cuestiones de información y relativas a organizaciones e instituciones a las que acudir en caso de que surjan problemas. Normalmente los solicitantes de asilo proceden de culturas muy diferentes. Las acciones derivadas de la falta de conocimiento de los valores, derechos y obligaciones básicos de los países de acogida pueden dificultar la integración.

6.3.

Los niños refugiados deberían asistir a los centros escolares con niños locales tan pronto como sea posible y recibir apoyo en el aprendizaje de la lengua nacional. Debe prestarse especial atención a los menores, en particular a los no acompañados, que frecuentemente se encuentran traumatizados. Si, por su edad, ya no pueden asistir a los centros escolares, deben poder contar con una oferta adecuada concebida para este grupo a fin de prevenir la frustración. Los Estados miembros deberían ser conscientes de las necesidades especiales de los niños traumatizados y los menores no acompañados y ofrecer apoyo sociopedagógico (por ejemplo, la ciudad de Viena hace lo posible por alojar a los niños no acompañados en familias de acogida valiéndose de los marcos existentes).

6.4.

Es primordial identificar y clasificar con prontitud los certificados, las habilidades y las cualificaciones para garantizar la rápida integración en el mercado laboral. Es preciso delimitar, ya en la fase inicial del procedimiento de asilo, las cualificaciones y habilidades profesionales del solicitante de asilo con la ayuda de expertos en el mercado de trabajo. Estos aspectos son indispensables para la promoción lingüística específica, el comienzo de un curso de formación, el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la prestación de las cualificaciones secundarias necesarias y la búsqueda eficaz de un empleo idóneo. Sin embargo, la identificación de habilidades puede ser un proceso difícil. Son muchos los refugiados que ni siquiera disponen de sus documentos personales, menos aún de las declaraciones o certificados que demuestren su nivel de cualificaciones. Los métodos que se están desarrollando para comprobar las habilidades y competencias varían de un Estado miembro a otro (por ejemplo, Alemania o Austria). El Cedefop podría proporcionar una plataforma de aprendizaje mutuo e intercambio de buenas prácticas en este ámbito.

6.5.

En numerosas ocasiones los procedimientos de asilo se prolongan mucho, lo que deja al solicitante de asilo en una posición de incertidumbre. Durante este largo período, en el que el solicitante de asilo no puede llevar una vida independiente, se pueden producir situaciones de inestabilidad psicosocial, pérdida de confianza en uno mismo y síndrome de dependencia, lo que puede obstaculizar las posibilidades de conseguir empleo incluso con el reconocimiento del estatuto de refugiado. Esto afecta a los niños incluso en mayor medida, ya que necesitan un entorno estable. Por consiguiente, el CESE pide a los Estados miembros que tomen una decisión con respecto a los procedimientos de asilo lo antes posible. Según la OCDE (6), en el ámbito del apoyo a la integración para los solicitantes de asilo, la tramitación más rápida de los procedimientos de asilo se da en Grecia, Bélgica y Dinamarca, e incluye formación lingüística combinada con educación para adultos y formación laboral.

6.6.

Con respecto a las previsiones de crecimiento económico y la situación del mercado de trabajo, los países pueden probar medidas para reducir los tiempos de espera para acceder al mercado de trabajo. Mientras Alemania y Hungría ya han reducido los tiempos de espera para acceder al empleo, Finlandia, Bélgica y Luxemburgo han emprendido alguna medida para reducirlos. Una normativa justa, transparente y razonable para garantizar a los solicitantes de asilo acceso al mercado de trabajo evita el empleo no declarado e incrementa la aceptación entre la población local. Al mismo tiempo, las personas que han obtenido un estatuto de protección deberían contar con la perspectiva de permanecer en el país de acogida si se han integrado en el mercado laboral o en la sociedad de acogida. Los solicitantes de asilo han de ser conscientes de que su acceso al mercado de trabajo depende del país en el que solicitaron asilo. Por ignorancia, algunos viajan a otros Estados miembros con la esperanza de encontrar allí empleo, y, en la práctica, se encuentran de repente en situación irregular, algo que podría evitarse fácilmente con la información adecuada.

6.7.

La vivienda es de suma importancia para la integración: los centros de acogida suplen la necesidad inmediata de un lugar para descansar —y a menudo por un período más extenso del previsto—, pero las estancias de mayor duración dificultan la integración. En Austria se ha lanzado el proyecto «Kosmopolis» de viviendas privadas. Se ha reservado un número determinado de apartamentos para refugiados que ya están trabajando en una zona de reciente construcción. Para evitar los malentendidos entre los refugiados y el resto de personas que allí viven se ha abierto un centro de información en las inmediaciones. En Portugal existe un protocolo entre el Ayuntamiento de Lisboa y las ONG portuguesas que ha permitido conceder viviendas para refugiados y acceso a los servicios municipales a efectos de formación, educación e integración en el mercado de trabajo (7).

6.8.

En cuanto el refugiado recibe el estatuto de asilo, debe encontrar vivienda por su cuenta. Con frecuencia este período es de extrema dificultad, puesto que el apoyo que inicialmente otorgaba el Estado termina y el refugiado debe encontrar un empleo en las mismas condiciones que los nacionales del país de acogida.

6.9.

Los servicios públicos de empleo deben desempeñar una función clave en este contexto. Antes de nada, deberían cumplir activamente su papel como facilitadores de un empleo sostenible. Por otro lado, también deben decidir cuáles son las cualificaciones adicionales que el refugiado podría requerir para tener éxito en el mercado de trabajo. Cabe destacar y tenerse en cuenta que, incluso después del cuarto año de estancia, únicamente el 25 % de los refugiados está trabajando y que, incluso en el décimo año, esta cifra apenas ronda el 50 % (8). Podría celebrarse un contrato de integración individual con cada refugiado en el que se incluyan las acciones pertinentes que deben llevarse a cabo (formación adicional, número de solicitudes, etc.) para integrarse plenamente en el mercado de trabajo. El CESE hace hincapié en que los refugiados deben recibir el mismo trato que los autóctonos en el mercado de trabajo para evitar la competencia desleal y el dumping social y salarial. Si las probabilidades de que el refugiado encuentre un trabajo en un tiempo razonable son nulas, puede proponerse el voluntariado en servicios comunitarios como una buena alternativa. Podría servir de apoyo a la adquisición de competencias lingüísticas adicionales y ayudar al refugiado a integrarse en la sociedad.

6.10.

Un buen ejemplo es el de Alemania, que recientemente ha decidido emitir un documento de identidad específicamente para los solicitantes de asilo. Después de registrarse por primera vez, el documento se convierte en el medio fundamental y obligatorio para identificarse, y está vinculado a una base de datos central que contiene información relativa a la persona, como por ejemplo la formación académica y la experiencia profesional.

6.11.

Entre los refugiados, al igual que ocurre con la población local, hay personas con intereses y competencias empresariales. Estas personas deberían recibir información y orientación sobre cómo crear una empresa y convertirse en empresarios.

6.12.

En Alemania y Eslovaquia se están debatiendo en la actualidad formas para admitir al mercado laboral a los refugiados altamente cualificados en profesiones con escasez de mano de obra especializada a través de procedimientos acelerados.

6.13.

Los refugiados precisan de información sobre el mercado de trabajo en general, las oportunidades de formación profesional y los empleos disponibles. Puesto que un porcentaje elevado de los refugiados tienen la edad de un estudiante estándar, entre 16 y 25 años, antes de que la formación pueda comenzar es necesario ofrecer información básica o cursos preparatorios en distintos ámbitos profesionales. Las cámaras de comercio e industria alemanas han lanzado una serie de iniciativas para ayudar con los períodos de prácticas, como por ejemplo entrevistas con el formato de «cita rápida». Asimismo, las cámaras apoyan a las empresas a la hora de ofrecer cualificaciones y formación a los refugiados a través del proyecto «Compromiso con la formación». También intentan captar patrocinadores voluntarios que cuiden de los refugiados y las empresas, ofreciendo orientación a ambas partes. Las cámaras también ofrecen apoyo a los refugiados que deseen crear su propia empresa.

6.14.

En Austria se ha lanzado un proyecto cuyo objetivo es ubicar a jóvenes refugiados en puestos de aprendizaje sin cubrir con el apoyo del servicio público de empleo y de tutores. La firma de un acuerdo de aprendizaje puede estar precedida por un período de prácticas. Por otra parte, la empresa federal de ferrocarriles de Austria ÖBB puso en marcha un proyecto denominado «La diversidad como oportunidad» («Diversität als Chance») y ofreció prácticas de aprendizaje a 50 refugiados no acompañados con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años.

6.15.

Con vistas a facilitar la integración de inmigrantes altamente cualificados, la Cámara Económica Federal Austriaca ha desarrollado un programa de tutoría para migrantes, que se ha ampliado para incluir a los refugiados altamente cualificados. En este programa, los tutores son personas bien integradas en el mercado de trabajo de Austria y que apoyan al migrante durante su búsqueda de empleo facilitándole información o incluso acceso a su propia red profesional. Este programa también ayuda a evitar los malentendidos culturales.

6.16.

En algunos Estados miembros existe la figura de los denominados «padrinos» que se ocupan de los refugiados. Participan de manera voluntaria en una serie de organizaciones y se reúnen periódicamente con un refugiado para entablar una relación personal. Esto es tanto más importante porque un gran número de refugiados son menores no acompañados que han dejado a sus familias atrás. Los padrinos también pueden ejercer de defensores para mejorar la imagen de los refugiados en su país.

6.17.

Las organizaciones de interlocutores sociales de algunos Estados miembros, como por ejemplo España, Francia, Alemania, República Checa o Austria, han instado a sus Gobiernos a trabajar con mayor eficacia en la integración de los refugiados. En España se incluyó una medida adicional en las políticas del Plan Anual de Empleo destinada específicamente a la integración laboral de los refugiados.

6.18.

Dinamarca utiliza el denominado «modelo en escalera» para la integración de los refugiados en el mercado de trabajo: en el primer peldaño, entre cuatro y ocho semanas, se identifican las competencias de cada refugiado y se imparten clases de danés. En el segundo peldaño, entre 26 y 52 semanas, se asigna al becario a una empresa, sin ningún coste para ella, y este recibe clases de danés adicionales. Tras ello, el refugiado está listo para aceptar un trabajo con una subvención salarial. Una aplicación eficaz de estos modelos debería fomentar la creación de oportunidades de empleo adicionales y evitar desplazar a los residentes locales (sin efectos de «puertas giratorias»).

6.19.

Para garantizar una competencia justa, las condiciones de trabajo, salarios incluidos, deben ser escrupulosamente respetadas, independientemente de la nacionalidad o el estatuto del trabajador (lex loci laboris). Los Estados miembros deben garantizar medidas eficaces, mecanismos y capacidades administrativas para su ejecución. Los sindicatos apoyan a los trabajadores refugiados o migrantes indocumentados a reclamar sus derechos («Ecole des solidarités» — Bélgica, «UNDOK» — Austria).

7.1.

El CESE señala que cualquier medida deberá estar convenientemente financiada para que tenga un impacto positivo duradero en nuestra sociedad. El éxito duradero de la integración de los refugiados requiere, en el marco del Plan Juncker y más allá, mayores esfuerzos en inversión para impulsar el crecimiento de la economía y el empleo. Debería asignarse una inversión adicional a medidas de integración e inversiones sociales, destinadas a la población local y los refugiados por igual, que cubran las necesidades específicas de cada grupo destinatario. El CESE ha referido los posibles efectos positivos para la hacienda pública de introducir un impuesto sobre las operaciones financieras, ya que garantiza una contribución más justa del sector financiero. Habida cuenta de las circunstancias excepcionales, y en consonancia con el Pacto de estabilidad y crecimiento, los costes adicionales que se deriven de la acogida de refugiados no deben, tras un examen exhaustivo, computarse en el déficit público de los Estados miembros (9).

7.2.

Los Estados miembros de primera acogida como Italia, Malta, España y Grecia deberán recibir ayuda financiera directa por cada refugiado o inmigrante, a fin de gestionar una tramitación correcta y rápida de las solicitudes de asilo o disponer el retorno si no se cumplen las condiciones para la concesión del asilo. Los Estados miembros que asuman la responsabilidad de integrar en sus sociedades un número de refugiados que supere lo requerido por el principio de solidaridad deberían poder contar también con asistencia económica de la UE.

7.3.

Los recursos financieros del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) deberían incrementarse al objeto de mejorar la participación de los Estados miembros a la hora de financiar la integración de los refugiados, en particular en lo relativo a los programas ejecutados por los entes locales y las ONG. El Fondo Social Europeo deberá incrementarse suficientemente para facilitar la integración social de los refugiados, la igualdad de la mujer, el apoyo a las empresas y la integración de los refugiados en el mercado laboral, todo lo cual requiere diálogo y colaboración con los interlocutores sociales. Además, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional debería trabajar con recursos adicionales para aquellas zonas urbanas que apliquen los acuerdos necesarios para la acogida e integración de los refugiados.

7.4.

Es necesario plantearse la cooperación internacional en todo lo relacionado con la financiación de la integración de los refugiados, con la colaboración particular del ACNUR y de la Organización Internacional para las Migraciones.

20.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/28

Ponente:

Vitas MAČIULIS

1.1.

La energía es una parte inseparable de la política internacional y es una máxima prioridad en la agenda de la UE. Dado que algunos actores internacionales intentan usar la energía como una herramienta para alcanzar objetivos políticos, la UE debe mantenerse alerta en cuestiones energéticas por el propio interés de los ciudadanos europeos.

1.1.1.

Tres factores son esenciales desde el punto de vista de la dimensión exterior de la energía: diversificar, hablar con una sola voz y desarrollar adecuadamente un sistema energético interior.

1.2.

Diversificar las fuentes de energía, los proveedores y las rutas de la UE es esencial para la política energética exterior. Como se subraya en la Estrategia para una Unión de la Energía, un reto clave para la UE reside en que se importa más de la mitad de la energía que se consume, lo que implica que esta importación debe garantizarse mediante determinadas políticas comerciales.

1.2.1.

El círculo de socios en la importación de energía debe expandirse mediante una búsqueda continua y dialogando con nuevos proveedores que sean fiables y predecibles.

1.2.2.

Los nuevos proyectos de grandes infraestructuras en la UE, que contribuyen a los objetivos de diversificación, deben cumplir los objetivos de la Estrategia para una Unión de la Energía y ser completamente conformes al acervo de la Unión. También deben ser plenamente coherentes con el objetivo de desarrollar un sistema energético descentralizado, en el que las fuentes de energía renovables desempeñan un papel fundamental.

1.2.3.

Conviene fomentar la cooperación entre los representantes del sector privado y el mundo político, a fin de encontrar los medios y los socios más adecuados para un desarrollo energético externo. Además, nunca deberán perderse de vista los objetivos de seguridad energética y sostenibilidad.

1.3.

En cuanto al objetivo de «hablar con una sola voz», deberá proseguirse a pesar de las diferentes combinaciones energéticas, las variadas estructuras de importación de la energía y los distintos socios tradicionales entre los Estados miembros. Una posición energética interior común en la UE es clave para una fuerte dimensión exterior.

1.3.1.

El CESE insta a los Estados miembros a coordinar sus intereses energéticos individuales y mantener constantemente la solidaridad y transparencia entre sí.

1.3.2.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión del 16 de febrero de 2016 por la que se fortalece el actual mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuerdos intergubernamentales y los instrumentos no vinculantes.

1.3.3.

Aplicar unas normas comunes de seguridad nuclear y medioambiental en los proyectos energéticos que se ejecuten en los países vecinos de la UE debe ser un aspecto importante de la política energética exterior de la UE. Convendría limitar las compras de energía a países que no cumplan dichas normas.

1.4.

Un sistema energético interior fuerte es la piedra angular para reducir el impacto exterior. En efecto, uno de los aspectos fundamentales de la Unión de la Energía es la creación de un mercado energético interior en la UE completamente operativo y transparente. Se traduciría directamente en un enfoque de la UE más eficaz de cara a las cuestiones energéticas exteriores.

1.4.1.

Deberán establecerse todas las partes necesarias de la infraestructura energética, permitiendo así optimizar y racionalizar la importación de recursos energéticos en la UE.

1.4.2.

El CESE subraya la necesidad de integrar completamente las redes y los sistemas energéticos de todos los Estados miembros en el mercado interior de la UE y de garantizar su plena sincronización.

1.4.3.

Es preciso preservar la competitividad de los productores de energía de la UE, estableciendo unas condiciones de competencia equitativas entre los productores de energía europeos y no europeos.

1.4.4.

El CESE insta a que en el diseño e implantación de la política energética exterior de la UE se tenga en consideración la necesidad de garantizar a la industria europea, y en particular a la industria intensiva en el uso de energía, la disponibilidad de un suministro energético competitivo, estable y predecible, para poder operar en igualdad de condiciones con sus competidores internacionales.

1.5.

Una política energética orientada hacia el futuro, que contribuya al logro de los objetivos de la política externa de la UE, especialmente en el contexto del acuerdo COP 21, debería, en primer lugar, tener en cuenta sistemáticamente los objetivos de la política climática europea y el esfuerzo global de la comunidad internacional por limitar los desajustes climáticos, en particular, mediante el desarrollo de tres factores clave: unas fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y la investigación y el desarrollo.

1.5.1.

Las fuentes renovables de energía constituyen el elemento esencial para aumentar la seguridad energética y reducir la dependencia de las importaciones.

1.5.2.

La UE debe hacer todo lo posible por mantener la posición de liderazgo en el sector.

1.5.3.

La eficiencia energética es uno de los pilares básicos de acción para reducir el volumen de consumo de energía en la UE y, por tanto, reducir el volumen de importación de energía. Por tanto, es fundamental reducir los gastos de los consumidores privados y comerciales.

1.6.

La investigación y el desarrollo deben financiarse adecuadamente, lo que se traducirá en una mayor eficacia y una disminución de los costes de producción de energía. La cooperación internacional también reviste especial importancia en este contexto.

1.7.

Para que la energía sea asequible para los consumidores y contribuya a la competitividad de la industria, el CESE pide a la Comisión y a los gobiernos nacionales que concedan un papel importante a la sociedad civil, los interlocutores sociales y las organizaciones de consumidores. En este sentido, el CESE pide que se entable un diálogo europeo sobre la energía y se cree un Foro Europeo de la Energía en los que participen todas las partes interesadas. Esto es fundamental si se quiere desarrollar una política energética exterior de la UE inteligente, eficiente y sostenible.

1.7.1.

El CESE debe movilizar a los organismos internacionales pertinentes para que desempeñen un papel activo en la creación de una política energética exterior de la UE sólida y eficiente.

2.1.

Las cuestiones energéticas no han adquirido una importancia significativa en los debates políticos de la UE hasta hace poco, cuando han pasado a ocupar el primer lugar en la agenda de la Comisión Europea. El CESE también contribuye activamente a la dimensión exterior de la política energética y ha emitido ya una serie de dictámenes sobre este tema (1).

2.2.

Dado que la UE depende cada vez más de las importaciones de energía, sobre todo de petróleo y gas, la dimensión exterior de la política energética de la UE es crucial para reforzar la seguridad de los suministros de energía.

2.2.1.

Más de la mitad (53,2 %) del consumo interior bruto de energía de la UE proviene de importaciones. La UE importa el 44,2 % de los combustibles sólidos (de los que más de la mitad es carbón), el 87,4 % del petróleo y sus productos, y el 65,3 % del gas natural (datos de Eurostat, 2013).

2.2.2.

Estas cifras indican claramente el grado de dependencia europeo del comercio con proveedores de terceros países. Por lo tanto, si el proveedor resultara poco fiable o imprevisible o si las infraestructuras no se conservaran en un buen estado de mantenimiento, podría verse gravemente afectada la seguridad energética del conjunto de la UE.

3.1.

La UE debe buscar nuevas oportunidades para cooperar y fortalecer las asociaciones energéticas existentes con terceros países en lo que se refiere a la diversificación de las fuentes de energía, proveedores y rutas.

3.2.

Es muy probable que Rusia siga siendo el principal socio en cuanto a importaciones de la UE en el futuro cercano. Es especialmente importante en términos de gas de gasoducto.

3.2.1.

Una prioridad fundamental para Rusia es al menos mantener su posición favorable en el mercado energético de la UE, que es tanto su mayor mercado de exportación como su cliente más fiable.

3.2.2.

El proyecto de gasoducto Nord Stream II es en estos momentos un asunto clave en la agenda energética de Rusia, dirigida a aumentar sus exportaciones de gas natural a la UE. Han surgido preocupaciones dentro de la UE respecto a si este proyecto podría ir en contra de la estrategia de diversificación del suministro de gas de la Unión de la Energía. El CESE considera que el papel más importante de la Comisión será llevar a cabo una evaluación detallada del proyecto Nord Stream II y su conformidad con el acervo comunitario, incluido el tercer paquete energético, así como los objetivos de la Estrategia para una Unión de la Energía, sobre todo en lo relativo a la diversificación de las fuentes de energía, suministradores y rutas.

3.2.3.

Deben tenerse en cuenta los intereses de todos los Estados miembros al acordar una posición común de la UE respecto al proyecto Nord Stream II. Los aspectos comerciales no deben ser el único factor que afecte a la decisión, sobre todo teniendo en cuenta la tendencia de Rusia a utilizar la energía como una herramienta con fines geopolíticos.

3.3.

Noruega es un socio valioso de la UE en la escena internacional con prioridades políticas comunes, incluido en el sector energético. Como miembro del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, Noruega forma parte del mercado interior de la UE.

3.3.1.

La importancia de la dimensión septentrional es probable que aumente, al igual que la cooperación en las zonas del norte en lo que se refiere a los yacimientos de petróleo y gas en el Océano Ártico. Sin embargo, conviene hacer especial hincapié en el delicado contexto medioambiental en caso de que una empresa empiece a explorar seriamente los recursos potenciales en esta zona.

3.4.

La cooperación energética de la UE con sus socios en el sur y este del Mediterráneo ha cobrado un nuevo impulso con la reciente creación de plataformas que abarcan ámbitos como el gas, la electricidad, las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética. Estas plataformas están diseñadas para facilitar y fomentar la cooperación energética.

3.5.

Teniendo en cuenta que Asia Central es una región de importancia estratégica y rica en recursos energéticos, la Unión Europea se ha comprometido a establecer una relación duradera y estable con esta región. Como se señala en las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre la estrategia de la UE para Asia Central adoptadas el 22 de junio de 2015, la UE pide consolidar los vínculos energéticos, lo que contribuiría a la seguridad energética mutua.

3.6.

La conexión de la región del mar Caspio con el mercado de la UE mediante el Corredor Meridional de Gas abrirá nuevas posibilidades para el comercio de gas natural y contribuirá al objetivo de diversificación de la UE. El gasoducto de gas natural transanatolio (TANAP) será una parte central de la interconexión junto con el gasoducto transadriático (TAP).

3.7.

Las relaciones energéticas con los Estados Unidos son cada vez más importantes en la agenda de la UE, como quedó reflejado en Consejo de Energía UE/EE. UU. Los EE. UU. están atravesando actualmente una época de gas a menor precio como consecuencia de la producción de gas no convencional. La UE debería aprovechar este momento y fomentar el desarrollo del comercio transatlántico de gas natural licuado (GNL), contribuyendo así notablemente a la diversificación del abastecimiento energético.

3.7.1.

La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) puede llegar a ser una herramienta importante para promover, en particular, la seguridad energética a nivel transatlántico. El CESE insta a las partes a hacer todo lo posible por abordar de forma adecuada los asuntos energéticos en el acuerdo.

3.8.

La seguridad energética de la UE está muy unida a los asuntos energéticos de los países vecinos, por lo que la UE debe seguir colaborando estrechamente con sus vecinos para extender la influencia de una cooperación mutuamente beneficiosa.

3.8.1.

El CESE pide a la Comisión que fortalezca aún más la Comunidad de la Energía, sobre todo respecto de la aplicación del acervo energético de la UE en lo que concierne a las Partes contratantes (2).

3.8.2.

El objetivo principal de la Comunidad de la Energía es la expansión del mercado energético interior de la UE. La UE debe seguir fortaleciendo la cooperación con los países vecinos y sus sociedades civiles con el objetivo de establecer un auténtico mercado energético paneuropeo. El CESE acoge con satisfacción la propuesta de reglamento de la Comisión sobre medidas para garantizar la seguridad de suministro, que incluye directamente a los países de la Comunidad de la Energía.

3.9.

Tras la retirada de las sanciones internacionales a Irán, la UE debe aprovechar las circunstancias y restablecer las relaciones energéticas, dado el papel potencial que Irán puede desempeñar en la diversificación de las fuentes de suministro energético de la UE.

3.10.

La UE también debería acelerar e intensificar sus esfuerzos por reforzar asociaciones sólidas con terceros países diversos pero importantes, como Canadá, Turquía y Argelia. El CESE acoge con satisfacción que se celebraran diálogos de alto nivel sobre la energía con estos países en 2015.

3.11.

La dimensión energética debería reflejarse debidamente en los acuerdos comerciales con terceros países. Además, los acuerdos energéticos con proveedores de terceros países deben cumplir todas las disposiciones legales y los principios de seguridad energética de la UE.

4.1.

El 20 de julio de 2015, el Consejo de Asuntos Exteriores aprobó un plan de acción de la UE en materia de diplomacia energética para apoyar a la dimensión exterior de la Estrategia para una Unión de la Energía. El plan está dirigido a fortalecer aún más la capacidad de la UE para hablar con una sola voz sobre los asuntos energéticos importantes y para cumplir los objetivos energéticos en un clima de solidaridad e interés común, en vez de renacionalizar las políticas energéticas.

4.1.1.

Los aspectos fundamentales del plan de acción incluyen el apoyo diplomático para la diversificación de las fuentes de energía, suministradores y rutas, aumentar la cooperación con los países de tránsito (sobre todo Ucrania) y con los principales socios de la UE, reforzar aún más la Comunidad de la Energía y mantener los contactos estratégicos de la UE en el marco de las iniciativas multilaterales esenciales en relación con la energía.

4.2.

Mediante una Decisión adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 25 de octubre de 2012 se estableció un mecanismo de intercambio de información con respecto a los acuerdos intergubernamentales para garantizar la claridad y transparencia legal de los acuerdos, así como su conformidad con la legislación de la UE. En febrero de 2016 la Comisión presentó una propuesta para reforzar el actual mecanismo.

4.2.1.

El CESE acoge con satisfacción que se intente dotar de conformidad jurídica y transparencia a los acuerdos de la UE con terceros países (3), por lo que apoyaría que se fortalezca el actual mecanismo de intercambio de información.

4.3.

La UE debe mantener su compromiso de promover la mejora continua de las normas de seguridad nuclear y medioambiental en terceros países.

4.3.1.

Debe prestarse especial atención a las plantas nucleares que se construyen en terceros países cercanos a las fronteras de la UE (por ejemplo, la planta nuclear de Astraviec en Bielorrusia, que se demostró que no cumplía con las disposiciones del Convenio de Espoo). La UE debería señalar a terceros la importancia de garantizar la seguridad completa de este tipo de proyectos, conforme a la Convención sobre Seguridad Nuclear del OIEA y otros acuerdos internacionales pertinentes. La Comisión debe intensificar sus esfuerzos con vistas a garantizar que los terceros países que hayan aceptado realizar pruebas de resistencia según las normas de la UE cumplan este compromiso lo antes posible. Además, debería restringirse el acceso de las centrales no seguras a la energía de la UE.

5.1.

Un sistema energético interior fuerte se traduce directamente en una sólida posición exterior. Así pues, la UE debería aspirar a racionalizar su enfoque interior respecto de las cuestiones energéticas.

5.2.

La Estrategia para una Unión de la Energía es una iniciativa prioritaria que pretende consolidar una respuesta común a nivel de la UE para los retos energéticos. Dado que la seguridad energética sustenta la prosperidad económica y social de la UE, se convierte en una responsabilidad conjunta de los Estados miembros, los productores de energía, los consumidores, los países de tránsito y la comunidad internacional, puesto que todos participan en el mercado energético global de hoy en día.

5.2.1.

Un pilar fundamental de la Unión de la Energía es la mejora de las interconexiones entre los Estados miembros y la aplicación total del acervo del mercado energético interior. Una integración total del mercado interior de la UE aumentará la competencia entre los proveedores de energía, lo que a su vez se traducirá en mejores precios para los consumidores finales.

5.2.2.

El gas natural licuado está cada vez más disponible a nivel mundial, lo que brinda a la UE nuevas oportunidades para diversificar el suministro de gas. Conviene, por tanto, reforzar y desarrollar las infraestructuras internas de este tipo de gas. En este contexto, el CESE acoge con gran satisfacción la estrategia de la UE para el gas natural licuado y el almacenamiento del gas aprobada por la Comisión en febrero de 2016.

5.2.3.

La integración total de la UE significa que no haya más regiones energéticas aisladas. El CESE subraya la necesidad de integrar completamente las redes y sistemas energéticos de todos los Estados miembros en el mercado interior de la UE, tanto desarrollando la infraestructura física para conectar las redes como solucionando finalmente la cuestión de la sincronización de los tres Estados bálticos (4), puesto que actualmente sus sistemas eléctricos dependen de un operador de un tercer país (Rusia).

5.2.4.

Debe preservarse la competitividad de los productores de energía de la UE. Debe alcanzarse una igualdad de condiciones entre los productores de energía europeos y no europeos, con el fin de garantizar que las normas de competencia de la UE son respetadas por todos los participantes en el mercado energético.

6.1.

Las fuentes renovables de energía proporcionan una oportunidad directa para la UE no solo de reducir su dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, sino también de hacer que su producción energética doméstica sea más sostenible. El CESE considera que el desarrollo de las fuentes renovables de energía es una de las acciones más importantes para un futuro energético más seguro. Sin embargo, la UE no debe confiar únicamente en sus éxitos pasados, sino que debe hacer todo lo posible por mantener la posición de liderazgo en el sector. Además, los funcionarios de la UE deberían animar a los terceros países a fijar objetivos ambiciosos en materia de energías renovables.

6.1.1.

La UE ya mira más allá de 2020 y se ha marcado unos objetivos aún más ambiciosos para 2030. El objetivo común de obtener al menos un 27 % de la energía de fuentes renovables requerirá una mayor cooperación a nivel regional entre los Estados miembros, consolidando aún más el sector energético de la UE.

6.1.2.

En el ámbito de la lucha contra el cambio climático, el CESE acoge con satisfacción el acuerdo de la COP 21 y el compromiso de la UE de reducir las emisiones de gases al menos un 40 % (respecto a los niveles de 1990) para 2030, como se establece en el marco estratégico en materia de clima y energía. La UE no solo debe animar a sus socios a trabajar activamente sobre el terreno, sino que ha de proporcionar ayuda práctica en caso necesario.

6.1.3.

La descentralización de la producción de energía, así como las cooperativas energéticas, ayudarían a cumplir los objetivos de la UE en materia de clima y energía. Permite una mayor participación de la sociedad en el trabajo hacia la independencia y seguridad energética en sus países, así como en el conjunto de la UE. Por ello, deben adoptarse las mejores prácticas para promover la autogeneración y el consumo eficientes de energía.

6.2.

La eficiencia energética también es una manera indirecta de abordar el asunto de los altos niveles de importación en la UE. A nivel de la UE se ha establecido un objetivo de mejora de un 27 % en la eficiencia energética para 2030 (el mismo que para las fuentes renovables), junto con los esfuerzos de la Comisión por aplicar el principio de «primero, la eficiencia energética». A su vez, la Unión de la Energía seguirá promoviendo un mejor acceso a los instrumentos de financiación para la eficiencia energética, sobre todo en el sector de la construcción y el transporte, y alentará a los Estados miembros a que consideren en primer lugar la eficiencia energética al elaborar sus propias políticas.

6.3.

Una asignación de recursos adecuada para el campo de la investigación y el desarrollo es crucial para mantener los avances tecnológicos en la producción energética y la distribución inteligente. Esto es especialmente importante en el campo de las energías renovables, con el fin de conseguir que su producción sea más económica y fiable. Además, debe mantenerse el desarrollo de las tecnologías avanzadas, como el uso de hidrógeno, las pilas de combustible y la fusión nuclear en la generación de energía.

6.4.

El CESE insta a la UE a asumir una posición de liderazgo al abordar los asuntos energéticos de los países en desarrollo de manera sostenible, mediante políticas e iniciativas encaminadas a aumentar la asistencia económica, técnica y legal. La ayuda a la educación y formación en los campos relacionados debe ser la principal herramienta para la expansión de la cooperación con los países en desarrollo.

7.1.

Dado que los consumidores esperan que la energía sea accesible y ayude a la competitividad industrial, el CESE pide a la Comisión y a los gobiernos nacionales que incluyan a la sociedad civil, a los agentes sociales y a las organizaciones de consumidores al abordar asuntos energéticos y que mantengan un diálogo abierto. Esta forma de proceder contribuirá de forma significativa a mejorar la comprensión de las cuestiones energéticas en cuestión.

7.1.1.

La pobreza energética es un problema global que no puede obviarse en la política energética interior y exterior de la UE. Debe proporcionarse una mayor ayuda a quienes se encuentran en mayor riesgo.

7.2.

La sociedad civil debe mostrarse más proactiva en los procesos de elaboración de las políticas energéticas. El CESE acoge con satisfacción la declaración conjunta sobre la energía firmada por la Plataforma de la Sociedad Civil UE-Ucrania el 11 de febrero de 2016, dirigida a reforzar el papel de la sociedad civil y preparar recomendaciones sobre el estado de derecho para las autoridades pertinentes.

7.2.1.

Las cuestiones de energía deben formar parte de la agenda de las reuniones internacionales del CESE y ser un tema importante de debate con la sociedad civil de los países socios.

1)

Dictamen CESE sobre «La contribución de la sociedad civil a la revisión de la Estrategia de la UE para Asia Central» (DO C 242 de 23.7.2015, p. 1).

2)

Dictamen del CESE «Marco estratégico de la Unión de la Energía» (DO C 383 de 17.11.2015, p. 84).

3)

Dictamen del CESE sobre «La energía, factor de desarrollo y consolidación del proceso de adhesión en los Balcanes Occidentales» (DO C 32 de 28.1.2016, p. 8).

4)

Dictamen del CESE sobre el tema «Garantizar las importaciones esenciales para la UE mediante la actual política comercial de la UE y sus demás políticas relacionadas» (DO C 67 de 6.3.2014, p. 47).

5)

Dictamen del CESE sobre «Los acuerdos intergubernamentales entre los Estados miembros y terceros países en el sector de la energía» (DO C 68 de 6.3.2012, p. 65).

6)

Dictamen del CESE sobre el tema «Participación de la sociedad civil en el establecimiento de una futura Comunidad Europea de la Energía» (DO C 68 de 6.3.2012, p. 15).

7)

Dictamen del CESE sobre el tema «La dimensión exterior de la política energética de la UE» (DO C 182 de 4.8.2009, p. 8).

20.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/35

Ponente:

Milena ANGELOVA

1.1.

El CESE acoge con satisfacción el objetivo declarado por la Comisión al publicar el Libro Verde y el hecho de que la Comisión ya esté dando pasos y tenga un ambicioso programa para aplicar el Plan de acción para la creación de una unión de los mercados de capitales (1).

1.2.

El CESE respalda la idea de la Comisión de esforzarse por facilitar la penetración transfronteriza de los servicios financieros al por menor y las posibilidades de los consumidores a la hora de cambiar de proveedor. Estas medidas deberían garantizar una estructura de mercado más competitiva y aumentar la comodidad de los servicios financieros para los consumidores, incluso promoviendo el acceso a mecanismos de resolución extrajudicial de litigios en todos los Estados miembros (2).

1.3.

El CESE acoge positivamente el enfoque planteado por la Comisión en el Libro Verde consistente en buscar políticas adecuadas para estimular las dos vertientes del mercado de servicios financieros al por menor: la oferta y la demanda.

1.4.

El CESE respalda la idea de que los consumidores deberían tener la oportunidad, cuando sea posible, de comparar diferentes productos a fin de tomar una decisión con conocimiento de causa. En este sentido, el CESE apoya totalmente la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID) II (al tiempo que está preparando su dictamen sobre las revisiones propuestas recientemente (3)) y el Reglamento relativo a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros, que requieren una mayor transparencia y difusión de la información (4).

1.5.

Uno de los objetivos del Libro Verde es reducir la fragmentación del mercado de los servicios financieros al por menor. En este sentido, el CESE querría señalar que no hay ninguna prueba totalmente fiable de que las diferencias de precios se deban únicamente a una deficiencia del mercado en la UE. Los factores nacionales y locales también influyen en los precios de los productos y los servicios, dificultando, por tanto, la armonización de precios entre los distintos Estados miembros. Por ejemplo, la prima de la póliza del seguro de automóvil de un consumidor en un Estado miembro y la prima equivalente en otro Estado miembro podrían ser totalmente diferentes debido al índice de siniestralidad, que se calcula a partir del número de accidentes de tráfico o el número de casos de fraude en cada uno de estos países. De manera similar, los tipos de interés de los créditos al consumo pueden variar según los Estados miembros en función del índice de morosidad. Aunque el Libro Verde menciona debidamente estos factores locales, se requiere un análisis más profundo. Por tanto, el CESE espera con interés los resultados de la consulta e invita a la Comisión a que siga buscando pruebas de la falta de competencia y a que halle razones más claras que expliquen las diferencias de precio detectadas. Asimismo, debería llevar a cabo este examen en la evaluación de impacto previa a las propuestas jurídicas previstas.

1.6.

Al mismo tiempo, el CESE quiere hacer hincapié en que muchos de los problemas señalados en el Libro Verde de 2007 sobre los servicios financieros al por menor (5) siguen vigentes, ocho años después, en el actual Libro Verde. En general, el CESE apoyó el Libro Verde anterior (6) y elogió las medidas emprendidas para encontrar algunas soluciones prácticas (7). Sin embargo, a pesar de que ha habido algunos resultados positivos, el avance ha sido limitado y aún no se han resuelto los problemas relativos al funcionamiento de un mercado único de servicios financieros al por menor. Por consiguiente, desde el punto de vista del CESE, esta vez los resultados de las consultas sobre el presente Libro Verde deben traducirse en un programa más ambicioso que ponga fin a los problemas que se vienen arrastrando.

1.7.

El Libro Verde tiene en cuenta una gran variedad de productos financieros, para los que las mayores posibilidades de elección y oportunidades no pueden producirse simultáneamente para todos. Resulta obvio que cada producto requerirá una priorización y un calendario diferentes. El CESE sugiere que los resultados del proceso de consulta se apliquen de forma prioritaria a los productos más sencillos para los que los factores locales tengan una repercusión relativamente menor. De esta manera el proceso de creación de un mercado único de productos financieros adquirirá impulso y confianza. Algunos ejemplos de este tipo de productos son los servicios de pago, los productos paneuropeos de pensiones individuales, las cuentas de ahorro y los seguros de automóvil y de vida. Uno de los primeros pasos podría ser la aplicación en todos los Estados miembros del sistema de «bonus/malus» en los seguros de automóvil, ya que se reduce la importancia de los factores locales y se liga estrechamente la prima del seguro al perfil del individuo. Los productos como las hipotecas, los créditos al consumo, los seguros profesionales y la gestión de activos deberían ir a continuación en el calendario.

1.8.

Mientras que el Libro Verde hace hincapié principalmente en las tecnologías digitales, el CESE considera que hay dos factores importantes para aumentar la demanda transfronteriza de productos que también deberían tenerse en cuenta:

1.9.

El CESE considera indispensable hacer todo lo posible para evitar que se revisen las directivas que se acaban de adoptar (como la Directiva revisada sobre servicios de pago y la Directiva sobre créditos hipotecarios (9)). Hay que conceder algún tiempo para que las medidas se apliquen efectivamente y ser cautelosos a la hora de introducir nuevas medidas reguladoras a fin de no sobrerregular los mercados financieros.

2.1

La Comisión Europea publicó el Libro Verde en relación con el Plan de acción para la creación de una unión de los mercados de capitales (10) con el objetivo de examinar cómo puede profundizarse la apertura del mercado europeo de servicios financieros al por menor, a saber, seguros, préstamos, pagos, cuentas corrientes y de ahorros, y otros productos de inversión al por menor, a fin de obtener mejores resultados para los consumidores y las empresas, al tiempo que se mantiene un nivel adecuado de protección de los consumidores y de los inversores a escala europea y nacional.

2.2.

El Libro Verde presta especial atención a dar una respuesta a los retos de la digitalización, lo que puede ayudar a reducir los precios y mejorar la comparabilidad de los productos y, en consecuencia, capacitar a los consumidores para tomar decisiones financieras. A largo plazo, la digitalización debería permitir a las empresas ofrecer sus productos en toda la Unión, lo que acercaría más a la realidad la idea de un mercado único europeo.

2.3.

Otra cuestión importante que se aborda en el Libro Verde es la forma de generar confianza y seguridad, ya que son dos factores clave para la expansión del mercado único de servicios financieros al por menor. A fin de lograr estos objetivos, el documento se centra en cómo hacer que los productos y los servicios sean más comprensibles.

2.4.

El Libro Verde también analiza qué se puede hacer para ayudar a que el mercado único de servicios financieros aporte mejoras tangibles a la vida de los ciudadanos de la UE, así como para crear nuevas oportunidades de mercado para los proveedores, lo que contribuiría a apoyar el crecimiento de la economía europea y a generar nuevos empleos.

3.1.

El CESE cree que la fragmentación de los mercados de servicios financieros al por menor señalada en el Libro Verde se debe al efecto combinado de factores nacionales y locales en los precios de los productos y los servicios (especificidades legales, reglamentarias culturales y de sistemas públicos de protección social), así como a una serie de retos del mercado desde el punto de vista de la demanda y la oferta que tendrán que abordarse en el futuro.

3.2.

Los principales retos desde el punto de vista de la oferta son:

3.3.

Los principales retos desde el punto de vista de la demanda son:

3.4.

El CESE también está de acuerdo en que el desarrollo de la digitalización crea un nuevo entorno y amplía considerablemente las posibilidades de prestar nuevos servicios y fomentar la actividad transfronteriza. No obstante, debe prestarse atención a garantizar que los avances digitales no se utilicen para confundir al consumidor facilitando información sobre los servicios financieros que resulte demasiado compleja, irrelevante o difícil de comparar.

3.5.

El CESE señala que los conocimientos financieros de los ciudadanos aún varían mucho de un lugar a otro y son relativamente bajos en comparación con otros países desarrollados, como Estados Unidos, Australia y Canadá (12). El asesoramiento financiero previo a la venta no está convenientemente regulado y no garantiza que los consumidores elijan los productos más adecuados. Además, los servicios de asesoramiento financiero profesional no están lo suficientemente desarrollados en comparación con algunos terceros países.

3.6.

Las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y el aumento de la oferta, incluida la transfronteriza, crean oportunidades, pero van acompañadas también de algunos riesgos potenciales. Podrían desembocar en niveles de endeudamiento elevados, mora hipotecaria y más casos de insolvencia si los clientes carecen de los conocimientos financieros necesarios. Los clientes que adquieren productos de seguros y de pensiones en línea podrían estar en riesgo porque no suelen investigar lo suficiente y es posible que acaben firmando contratos sin saberlo (13). Por consiguiente, los reguladores nacionales deberían garantizar que las empresas que venden productos en línea cumplen con el «deber de asesoramiento» para proteger a los consumidores. Hay argumentos más que suficientes para demostrar la importancia de la educación financiera y el asesoramiento adecuado.

3.7.

Los consumidores que no comprenden el concepto de «interés compuesto» acumulan mayores deudas y soportan mayores tipos de interés y comisiones de transacción (14), mientras que los que poseen conocimientos financieros se planifican mejor, ahorran más para la jubilación (15) y diversifican los riesgos financieros (16). Lo mismo se aplica también a nivel macroeconómico, donde se puede considerar que la cultura financiera tiene un importante efecto positivo en el ahorro nacional y la acumulación de riqueza (17). Para ello, se recomienda encarecidamente hacer una distinción más clara entre las actividades relacionadas con la comercialización de productos y las relacionadas con la venta de productos, en particular en los casos en los que se brinde asesoramiento. Bajo ningún concepto se debería usar el asesoramiento como una herramienta de comercialización, y los asesores deberían ser verdaderamente independientes. La información precontractual se debería proporcionar y presentar de forma clara y comprensible. El CESE está firmemente convencido de que, a fin de restaurar la confianza en los mercados de servicios financieros, aumentar la actividad transfronteriza y mejorar la portabilidad de los productos financieros, se necesitan medidas específicas orientadas a educar a los inversores individuales y mejorar el asesoramiento financiero.

4.1.1.

El Libro Verde incluye preguntas relativas a distintos productos y servicios bancarios y no bancarios, pero hay diferencias considerables entre los principales productos transaccionales (como las cuentas corrientes o los depósitos a plazo fijo) y los productos contractuales (como las hipotecas o los productos de ahorro y de inversión). En el caso de los productos de ahorro e inversión, habrá otros instrumentos jurídicos de la UE, como la MiDIF o la iniciativa sobre la creación de una unión de los mercados de capitales, que repercutirán en el mercado cuando entren en vigor.

4.1.2.

Para todos los productos mencionados en el Libro Verde, el suministro transfronterizo tiene el potencial de aumentar la competencia en los mercados nacionales. Sin embargo, los que más potencial tienen en esta fase son, sin duda, los productos de pensiones y seguros. El sistema de la Comisión basado en cuadros de indicadores sitúa el mercado de estos productos como el peor de 31 mercados de consumo (18). Los productos de pensiones ofrecidos se caracterizan por el localismo y las elevadas comisiones. Si se tienen en cuenta la inflación, las comisiones de gestión y los pagos adicionales, estos productos suelen producir un rendimiento real negativo y presentan peores resultados que los índices de mercado pertinentes (19). Por este motivo, el CESE apoya firmemente la idea de un mercado único de productos de pensiones y, más concretamente, de desarrollar un producto paneuropeo de pensiones individuales (20) que daría lugar a mayores economías de escala, precios más bajos y más opciones para los consumidores.

4.1.3.

Con respecto a los productos de seguros, la portabilidad de algunos de ellos es sencilla, como en el caso de los productos de seguros de vida, que protegen al cliente incluso cuando se desplaza fuera de los límites locales. Sin embargo, hay otros productos que incluyen elementos regulados a escala local y que necesitan adaptaciones cuando las empresas intentan distribuirlos en distintos países. El artículo 11 de la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo (21) sobre la distribución de seguros (versión refundida) dispone que los Estados miembros deben establecer un punto de contacto único responsable de ofrecer información sobre las normas de interés general en su Estado miembro respectivo y encarga a la AESPJ incluir en su sitio web los hiperenlaces correspondientes a los sitios web de las autoridades competentes en los que figure la información sobre estas normas de interés general. Además, el pleno suministro transfronterizo seguirá sin ser posible (o ni siquiera deseable) a causa de las necesidades reales del cliente cubiertas por los productos y de las diferencias en el comportamiento y los factores de riesgo que influyen en las condiciones de los productos. El CESE espera que se presenten soluciones para ayudar a paliar la falta de portabilidad de los productos y recomienda que en determinados casos se busquen al menos soluciones parciales, como la posibilidad de que los tomadores paguen solo la diferencia entre la mayor cobertura y la menor cobertura en diferentes Estados miembros.

4.1.4.

Los principales obstáculos desde el punto de vista de la oferta figuran en el punto 3.2. Para superarlos es necesario:

4.1.5.

Los principales obstáculos desde el punto de vista de la demanda figuran en el punto 3.3.

4.1.6.

Gracias a las nuevas tecnologías y a la digitalización en particular, es posible, por primera vez, lograr un avance real en el suministro transfronterizo de productos financieros. Podrían desempeñar un papel notable a la hora de facilitar más información y de mayor calidad, así como de cara al aumento de la transparencia y la comparabilidad de los productos y la identificación de los clientes. Asimismo, podrían ofrecer ventajas en términos de reducción de costes, al eliminar la necesidad de mantener puntos de contacto físicamente localizados. Sin embargo, no son un sustituto para la superación de otros obstáculos importantes, como la desigualdad en el grado de armonización de los regímenes jurídicos y la protección de los consumidores.

4.1.7.

No cabe duda de que, en el futuro, aún habrá personas que, por un motivo u otro, no sepan usar las tecnologías digitales. Esto no debería ser un impedimento para seguir esforzándose por fomentar el uso de tales tecnologías en el suministro de productos financieros. Esto es así porque, en primer lugar, los medios tradicionales usados para suministrar estos productos seguirán existiendo durante mucho tiempo y, en segundo lugar, esas personas podrán acceder a un abanico más amplio de productos sobre la base de unos servicios de asesoramiento financiero convenientemente regulados.

4.1.8.

El uso generalizado de las tecnologías digitales dará lugar, sin duda, a una serie de retos relacionados con la seguridad de la información y la protección de los consumidores y los datos. Por tanto, además de las distintas normas para regular la oferta y la demanda de productos financieros a través de las tecnologías mencionadas, se debería llevar a cabo una evaluación de los riesgos que presentan estos retos y proponer medidas para reducirlos al mínimo.

4.1.9.

No hay una definición comúnmente aceptada para «productos financieros seguros, sencillos y comprensibles». Sin embargo, la interpretación general es que estos productos deberían tener una serie de características como la transparencia de precios, la idoneidad y comprensibilidad en el lenguaje desde el punto de vista del usuario para lograr una comunicación eficaz, la posibilidad de compararlos con otros productos similares, la claridad y los resultados directos. Conseguir que se reúnan todas no es fácil en un mundo tan complejo como el del mercado financiero.

4.1.10.

Rara vez están disponibles en los mercados productos que cumplan en sentido estricto todas las características descritas, de modo que los consumidores no pueden acceder a ellos fácilmente. Esto es así tanto para los países con mercados financieros muy desarrollados como para aquellos con mercados menos desarrollados. La amplia gama de productos existente en algunos Estados miembros no implica necesariamente que las cosas sean más sencillas para los consumidores, ya que esta variedad puede conducir a confusión, dificultar la toma de decisiones y provocar que se haga una elección final equivocada.

4.1.11.

Se podría facilitar el acceso a estos productos estableciendo una categoría básica de productos financieros (22) a escala europea que cumpla unos requisitos normalizados concretos en función de las necesidades que estén destinados a cubrir. Deberían estar certificados y tener un nombre específico para que los consumidores los pudieran reconocer fácilmente. Esta categoría básica podría incluir productos comunes tales como diferentes cuentas de ahorro y seguros de vida a plazo fijo. La tasa de comercialización transfronteriza relativamente elevada de los OICVM da motivos para esperar que sea posible crear un producto paneuropeo de pensiones individuales basado en los factores de éxito de los OICVM e incluirlo en la misma categoría. Además, la existencia de la mencionada categoría de productos contribuiría a aumentar la confianza en los mercados financieros.

4.1.12.

Se ha observado que en muchos países se dan una «sobrerregulación» (23), distintas interpretaciones de la legislación europea, un retraso en la armonización y diferencias en cuanto a la incorporación de la legislación europea a la legislación nacional, así como diferencias en la aplicación concreta, de tal modo que se crea un número excesivo de requisitos y obstáculos administrativos. A su vez, todo ello es un obstáculo para la integración y tiene un efecto negativo en la confianza de los consumidores.

4.1.13.

Las autoridades europeas de supervisión son las responsables de la protección de los consumidores. El CESE apoya la realización de esta tarea, siempre de conformidad con los siguientes principios:

4.1.14.

Por último, las autoridades europeas de supervisión deberían favorecer siempre las prácticas que resulten más beneficiosas para los consumidores. Se debería dar prioridad a:

4.1.15.

El Libro Verde trata adecuadamente las tendencias actuales predominantes, a saber, la escasa competencia transfronteriza en el ámbito de los servicios financieros al por menor y las limitadas posibilidades de elección de productos financieros que tienen los consumidores.

4.2.1.1.

Informar mejor a los clientes y facilitarles los cambios

4.2.1.1.1.

Sin duda, mejorar los conocimientos financieros y el acceso al asesoramiento financiero es indispensable. Los consumidores no solo deberían contar con información accesible, sino también ser capaces de comprenderla o de tener acceso a servicios de asesoramiento de calidad y adecuados.

4.2.1.2.

A pesar de la creciente tendencia de los consumidores a usar servicios digitales para recabar información, buena parte de ellos aún prefiere el contacto personal, sobre todo a la hora de negociar productos. Sin embargo, dado el estado actual del conocimiento, el comportamiento y las preferencias de los consumidores, los bancos podrían buscar canales más adecuados para fomentar el conocimiento de los consumidores en relación con los servicios financieros (por ejemplo, un sitio web paneuropeo para consumidores). Habría que considerar en más profundidad las fuentes de financiación de tal sitio web, pero pueden combinar los esfuerzos de los gobiernos nacionales, autoridades locales y terceros agregadores. Al crear este instrumento, habría que tener en cuenta que la comparación de seguros debe hacerse, en primer lugar, en un contexto de entendimiento cultural nacional. Por lo tanto, será muy difícil que un servicio paneuropeo de comparación de seguros pueda hacer frente a la diversidad de usuarios/clientes en Europa, especialmente en lo que se refiere a la comparación de los riesgos que deben cubrirse, que existen en un contexto cultural, jurídico, fiscal, social, etc. nacional y local.

4.2.1.2.1.

El CESE apoya los esfuerzos por hacer que el mercado sea más eficaz, flexible y transparente, y respalda el hecho de que la iniciativa reguladora actual se centre en mejorar la protección de los consumidores. Considera que también se podría aumentar la calidad de los servicios que acompañan a la prestación de servicios financieros mediante un mejor aprovechamiento de la digitalización y la explotación del potencial de los distintos intermediarios, empleando un personal convenientemente formado y cualificado y una metodología apropiada para facilitar información completa, objetiva y comparable de cara a la elección de los consumidores.

4.2.1.2.2.

La información facilitada debería ser precisa, comprensible y relevante para los usuarios. Se debería evitar abrumar a los usuarios con información, así como simplificar en exceso la realidad a fin de hacer hincapié en la mejora de los rendimientos. Un buen ejemplo de ello es la práctica para el cambio de proveedor de servicios financieros que se lleva a cabo en el Reino Unido, donde la precisión del cambio entre el banco emisor y el banco receptor se garantiza mediante la intervención de un tercero independiente que se asegura de que el proceso de cambio se realice de manera simple y transparente y en un plazo máximo de siete días hábiles. Otra de las mejores prácticas es la portabilidad de los préstamos hipotecarios en Italia, introducida en 2006 (25).

4.2.1.3.

Hacer frente a las complejas y costosas comisiones por efectuar transacciones extranjeras

4.2.1.4.

El Reglamento (CE) n.o 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (26) ya ha eliminado las diferencias en materia de gastos aplicables a los pagos transfronterizos en euros respecto a los pagos correspondientes en euros a escala nacional. Podría llevarse a cabo una evaluación ad hoc para comprobar si la aplicación de esta disposición a todas las monedas dentro de la UE (es decir, el alineamiento de las comisiones nacionales y transfronterizas por un pago denominado en una moneda determinada) tendría sentido y beneficiaría a los consumidores. En cuanto a la información facilitada a los usuarios de servicios de pago, con arreglo a la nueva Directiva de servicios de pago (DSP2) (27), los proveedores de servicios de pago han de informar al cliente —el usuario de servicios de pago— antes de que esté vinculado por un contrato u oferta, sobre todas las tasas que deba abonar a los proveedores de servicios de pago, así como el tipo de cambio efectivo o de referencia que se deberá aplicar a la operación de pago, en caso de que se aplique una conversión de divisa. Una vez se haya ejecutado la transacción, la DSP2 recoge disposiciones similares sobre la información que los proveedores de servicios de pago deben facilitar al ordenante y al beneficiario. El CESE considera que no es necesario adoptar nuevas medidas, dado que la DSP2 ya impone unos claros requisitos de transparencia a los proveedores de servicios de pago. Por otra parte, la aplicación del Reglamento (CE) n.o 924/2009 sobre los pagos transfronterizos podría hacerse extensiva a otras monedas distintas del euro en la UE.

4.2.1.5.

El CESE considera que la DSP2 impone claros requisitos de transparencia que permitirán que tanto los ordenantes como los beneficiarios sean debidamente informados acerca del tipo de cambio aplicado antes y después de efectuar una transacción transfronteriza. La Directiva debe incorporarse a la legislación nacional antes del 13 de enero de 2018, por lo que no es necesario adoptar nuevas medidas.

4.2.2.1.

Para los aseguradores el criterio de residencia tiene importancia porque:

Se deben tener en cuenta algunos factores locales como el clima o la sismología a la hora de, por ejemplo, decidir las condiciones y fijar los precios de los seguros de vida; sin cierta masa crítica, es imposible prestar servicios de forma conveniente. Los modelos de los actuarios operan con un amplio margen de error cuando el número de sucesos usado para hacer los cálculos no es lo suficientemente alto. Además, en cuanto a la cobertura de riesgos mediante un reaseguro, cada modelo de reaseguro conlleva un cálculo diferente del precio de la cobertura en función de la ubicación.

4.2.2.2.

Aumentar la portabilidad de los productos

4.2.2.2.1.

En términos generales, la portabilidad de los productos de seguros que consisten en entregar una remuneración o un simple pago debería ser más sencilla que la de los que consisten en brindar un servicio o en tramitar reclamaciones.

4.2.2.2.2.

Ya existe una cierta portabilidad en los productos de seguros de vida desde el punto de vista de que el cliente está cubierto cuando viaja al extranjero, excepto en determinados casos si viaja a países de alto riesgo. Los seguros de vida locales también le proporcionan cobertura sin importar donde se encuentre. Sin embargo, aún hay que dar respuesta al caso en el que el tomador del seguro se traslada a otro país no como viajero, sino como residente permanente. En tal situación, el tomador debería tener la posibilidad de mantener su seguro ajustando la prima o la cobertura de la póliza. Todos estos casos son supuestos en los que los productos de seguros consisten en proporcionar una cantidad de dinero determinada.

4.2.2.2.3.

En cambio, la portabilidad de otros productos de seguros no es fácil per se, ya que sus condiciones están intrínsecamente vinculadas a una serie de elementos nacionales. Por ejemplo, en el caso de los seguros de salud, el diseño y la fijación del precio del producto depende en gran medida de la cobertura que preste el sistema de salud pública de cada país en concreto.

4.2.2.2.4.

En relación con esto, también hay una cuestión de escala: aunque en teoría es posible adaptar de manera específica el producto a cada cliente según las condiciones que pueda requerir cuando viva en el extranjero, ello implicaría renunciar a la posibilidad de lograr economías de escala. El producto estaría demasiado adaptado al caso concreto del cliente y la empresa que lo suministrase sería menos competitiva que los proveedores locales. En esta situación, la mejor opción sería fomentar la colaboración entre las aseguradoras presentes en distintos países europeos.

4.2.2.3.

Otro caso de productos de seguros que consisten en la prestación de servicios es el de los seguros de hogar y de automóvil. Los productos que ofrecen la reparación de daños o se ocupan de los accidentes de tráfico exigen que la aseguradora tenga acuerdos con proveedores de servicios en todo el país, lo que a su vez exige una determinada escala para que sea comercialmente viable. Sin embargo, una opción factible es fomentar la cooperación con las empresas (de seguros) locales para ofrecer este servicio en otros países.

4.2.2.4.

Facilitar el acceso y el reconocimiento transfronterizo del seguro de responsabilidad profesional

16.

4.2.3.

Una forma de permitir el acceso transfronterizo al seguro de responsabilidad profesional obligatorio sería armonizar las cantidades y las condiciones de este seguro.

4.2.3.1.

Generar en las personas la confianza para beneficiarse de oportunidades en otros lugares de Europa

4.2.3.2.

Facilitar el acceso y el reconocimiento transfronterizo del seguro de responsabilidad profesional

4.2.3.2.1.

El CESE considera que los sitios web independientes que facilitan información y permiten comparar los productos y los servicios específicos ofrecidos por distintos proveedores en los diferentes Estados constituyen una buena opción posible para aumentar la concienciación. Asimismo, apoya firmemente la idea de un sitio web oficial creado expresamente y que podría estar a cargo de un administrador asignado a nivel legislativo, mientras que los proveedores tendrían la obligación de actualizar ellos mismos la información cada cierto tiempo, o bien a cargo de una red creada por las organizaciones de consumidores de los Estados miembros. También se podrían enlazar distintos sitios web en un sistema descentralizado e interconectado.

Cuando las soluciones digitales se emplean para la comparación, las plataformas deberían proporcionar información clara que permita comparar los productos que sean similares y los riesgos que podrían correr los consumidores al usarlos. Cuando haya más diferencias de las que la plataforma pueda comparar (las plataformas se suelen centrar en los precios), se debería indicar claramente cuáles son las características no comparadas. Asimismo, se deberían enumerar todas las condiciones relacionadas con la diferenciación del producto. Habría que advertir claramente a los consumidores sobre los posibles riesgos que entraña el uso de las plataformas de comparación (por ejemplo, cuando introducen sus datos personales).

4.2.3.2.2.

La comparación debería centrarse en los parámetros significativos y no confundir al consumidor. Se debería limitar el uso de los datos personales al mínimo necesario para ofrecer una ventaja a los consumidores, y la información se debería presentar de forma clara y fácilmente comprensible.

4.2.3.3.

Mejorar los mecanismos de recurso en el sector de los servicios financieros al por menor

4.2.3.3.1.

La resolución extrajudicial de litigios es un procedimiento considerablemente más flexible que el de los procedimientos judiciales: más barato, más rápido y con muchos menos trámites. Este tipo de procedimiento es especialmente útil a escala internacional y, en vista de la voluntad de aumentar el suministro y la demanda transfronterizos de servicios financieros, se debería conceder un papel más importante a la red FIN-NET. Lamentablemente, el conocimiento que tienen los consumidores sobre lo que la red FIN-NET puede ofrecer es relativamente bajo en este momento, por lo que se deberían adoptar medidas para cambiar la situación. Además, no todos los Estados miembros (solo 22 de 28) forman parte de la red FIN-NET (29). Obviamente, si la situación persiste, no será posible que la red FIN-NET se use como una infraestructura para facilitar la creación de un mercado único de servicios financieros. En vista de ello, se debería estudiar con detenimiento la posibilidad de una exigencia reglamentaria a este respecto.

4.2.3.3.2.

En la mayoría de los casos no reciben esta indemnización. El concepto de «venta abusiva» aún no se comprende bien y no tiene una aplicación práctica debido a su formulación confusa y a la falta de experiencia por parte de las autoridades reguladoras (30). En muchos lugares, las pruebas para determinar los productos financieros adecuados para los consumidores son formales y no tienen como resultado la selección de los productos más apropiados para ellos.

4.2.3.3.3.

Sería posible garantizar el acceso a la indemnización financiera si se introdujera una definición única, precisa y práctica de «venta abusiva» y se aplicara una práctica reguladora paneuropea para sancionar este tipo de ventas (31).

4.2.3.4.

Protección de las víctimas en caso de insolvencia de las compañías de seguros de automóvil

4.2.3.5.

Hay un ejemplo de buena práctica en España. El ente español «Consorcio de Compensación de Seguros» actúa como asegurador en caso de que ninguna aseguradora acepte el riesgo o a falta de una aseguradora (en caso de insolvencia, por ejemplo, y siempre de manera subsidiaria). La garantía de este ente solo se aplica a entidades españolas. A fin de garantizar que las víctimas de accidentes de tráfico tengan el mismo grado de cobertura, la Comisión Europea tendrá que exigir un sistema de garantía similar en todos los Estados miembros. Se podría prever la implantación de un instrumento parecido a escala europea en los países donde no exista.

4.2.3.6.

Aumentar la transparencia y la comparabilidad de los seguros complementarios

4.2.3.6.1.

La nueva Directiva sobre la distribución de seguros (32) ha endurecido los requisitos de transparencia de la información impuestos a los distribuidores de seguros, incluidos (aunque con algunas restricciones, como el «umbral») los intermediarios de seguros complementarios. Además, cinco importantes empresas de alquiler de coches se comprometieron en 2015 a hacer cambios en sus sitios web para informar mejor a los consumidores de las renuncias opcionales y los productos de seguros. Se trata de pasos en la dirección correcta. Los Estados miembros tienen hasta el 23 de febrero de 2018 para transponer la Directiva sobre la distribución de seguros, de modo que aún es muy pronto para saber si se necesitan medidas adicionales. Al mismo tiempo, parece aconsejable que la Comisión controle si las empresas de alquiler de coches han cumplido sus compromisos (no solo se trata de los productos de seguros) y estudie medidas adicionales para aumentar la transparencia y prevenir el perjuicio a los consumidores.

4.2.3.6.2.

En el caso del sector del alquiler de coches, es importante tener en cuenta que los requisitos de los productos de seguros opcionales suelen variar en función del perfil de riesgo del arrendatario (normalmente vinculado al límite de la tarjeta de crédito) o del número de reclamaciones relacionadas con seguros de automóviles u otras características del mercado del Estado miembro de que se trate. Pero, en cualquier caso, la información precontractual y los esfuerzos por hacer que las distintas ofertas sean comparables son importantes para los consumidores, de modo que sería recomendable esperar hasta que las exigencias de la Directiva se apliquen totalmente para analizar si se necesitan medidas adicionales.

4.3.1.1.

Ayudar a las empresas a efectuar un mejor uso de la digitalización

4.3.1.1.1.

El CESE acoge favorablemente la promoción de servicios financieros digitales innovadores en toda Europa. Sin embargo, reconoce que los bancos son los mayores proveedores de servicios financieros y que también hay que animarles a aprovechar activamente las oportunidades que brinda la revolución digital. Para ello, deben estar sujetos a las mismas normas que los competidores que ofrecen servicios similares, lo que requiere una revisión de los principales estratos de la normativa bancaria en un gran número de ámbitos a fin de que se apliquen unas condiciones de competencia idénticas en cuanto a:

4.3.1.2.

Habilitar firmas electrónicas y la verificación de identidad

4.3.1.2.1.

Aún hay diferencias entre las normas relativas a la identificación electrónica y las obligaciones de conocimiento del cliente y lucha contra el blanqueo de capitales: La normativa vigente exige que se efectúe una identificación personal y se lleven a cabo una serie de evaluaciones personales para que los clientes sean aceptados de forma permanente. Estas exigencias limitan el desarrollo de unos servicios financieros totalmente digitales, lo que, a su vez, contribuye a interponer importantes obstáculos para la aceptación de nuevos clientes y a aumentar los costes.

4.3.1.2.2.

Se requieren más medidas para superar la falta de un mecanismo europeo para la identificación y firmas electrónicas debido a las diferencias en las prácticas nacionales: aunque las normas establecen unos requisitos comunes para la firma digital en los distintos Estados miembros, la forma en que los operadores locales aplican estos requisitos a escala nacional impide el reconocimiento transfronterizo de las firmas digitales; Los operadores digitales locales no están interconectadas y esto limita su capacidad para ofrecer a los consumidores europeos servicios financieros totalmente digitalizados.

4.3.1.2.3.

Sí, se necesitan medidas en lo que respecta a:

4.3.1.3.

Mejorar el acceso y las posibilidades de uso de los datos financieros

4.3.1.3.1.

Aunque hay un acuerdo general sobre qué aspectos de la situación financiera de un cliente se deberían usar para evaluar su solvencia, las entidades de crédito recurren a sus propias evaluaciones realizadas por expertos y a sus propios métodos internos para evaluar y tramitar cada caso en particular. Por este motivo, se deberían evitar las iniciativas que obliguen a los bancos o a otras entidades de crédito a compartir la información sometida a tratamiento que hayan recabado en relación con la solvencia de sus clientes. Sin embargo, sí se podrían compartir los datos en bruto (no procesados), siempre con el permiso del cliente afectado y de conformidad con las normas de la UE de protección de datos. Con ello se mejoraría la comparabilidad de la evaluación de la solvencia.

4.3.1.3.2.

Las entidades financieras se esfuerzan por familiarizarse con el comportamiento de los clientes a fin de diversificar y personalizar con mayor éxito sus productos y servicios. Sin embargo, no hay normas claras sobre cómo se deberían usar los datos recabados, incluso cuando los clientes otorgan su consentimiento. El CESE considera que sería bueno aportar una mayor claridad sobre la aplicación de las normas en este ámbito a fin de garantizar la protección de los clientes y, al mismo tiempo, permitirles beneficiarse de las innovaciones financieras.

4.3.1.3.3.

Los historiales de seguros contienen datos personales confidenciales de los clientes. La aseguradora de origen no puede transmitir esta información a otra parte interesada, sino solamente al cliente en cuestión. Depende del cliente facilitar el historial a una nueva aseguradora. Esto no constituye la creación de un obstáculo para los servicios transfronterizos, ya que el cliente puede trasladar su historial al país que prefiera. Por su parte, la Comisión, con la colaboración de la AESPJ, debería examinar distintas formas de fomentar la normalización del intercambio del historial de solicitudes entre aseguradoras y la aceptación de los sistemas bonus/malus.

4.3.1.4.

Facilitar la prestación de servicios posventa

4.3.1.4.1.

Los servicios posventa en otro Estado miembro no deberían diferir de los del país en el que los productos en cuestión estén disponibles. Esto significa que el producto y los servicios posventa relacionados con él deberían ser considerados como un todo de cara al suministro transfronterizo de productos financieros. Se debe garantizar la aplicación de este principio, ya que, de lo contrario, los consumidores se encontrarían en condiciones de desigualdad. Es importante que las autoridades reguladoras pertinentes controlen la aplicación de este principio.

4.3.1.4.2.

Las plataformas que apoyen a las empresas (compañías) a la hora de ofrecer sus productos a escala transfronteriza deberían incluir también secciones para los servicios posventa. Una forma práctica de ofrecer estos servicios posventa es alentar a las empresas a formar grupos y trabajar juntas para conseguir una escala de operaciones suficiente.

4.3.1.5.

Hacia la armonización de los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, tasación de bienes y ejecución de garantías

4.3.1.5.1.

El principal problema en este sentido es el cobro forzoso de deudas en caso de que los prestatarios no puedan cumplir las obligaciones del contrato de crédito. A la luz de esta situación, las entidades de crédito no consideran que la concesión transfronteriza de créditos hipotecarios sea una propuesta atractiva, de modo que se necesitan nuevas medidas para estimular el mercado interior de la UE en este ámbito.

4.3.1.5.2.

Las hipotecas y los préstamos se encuentran entre los productos financieros cuya comercialización a escala transfronteriza afronta numerosos obstáculos difíciles de superar. De hecho, puede que, de toda la gama de servicios financieros, estos sean los productos para los que se requiera más tiempo para superar los obstáculos. Por consiguiente, en esta fase, es mejor centrar los esfuerzos iniciales en otros servicios financieros al por menor para los que haya menos obstáculos y adquirir experiencia práctica e impulso trabajando activamente en ellos.

4.3.2.

4.3.2.1.

Facilitar a las empresas el cumplimiento de los requisitos legales aplicables en otros Estados miembros

4.3.2.1.1.

La aplicación de la legislación europea en muchos ámbitos, como el de la oferta de productos de inversión por mencionar uno, no es coherente y presenta contradicciones en los distintos Estados miembros. Como resultado, se necesita el apoyo de las autoridades nacionales para eliminar la sobrerregulación.

Otra buena iniciativa es la red SOLVIT, que presta a las empresas apoyo a escala europea cuando afrontan problemas con las autoridades públicas que no están aplicando correctamente la normativa de la UE. Por su parte, las ventanillas únicas ofrecen ayuda a las empresas con respecto a sus obligaciones en la prestación de servicios transfronterizos (33).

4.3.2.1.2.

Capitalizando la experiencia de SOLVIT, resulta lógico que se hagan esfuerzos por conseguir una solución orientada específicamente a los productos financieros, así como a una mejor cooperación y coordinación entre los reguladores nacionales, incluida la ayuda de los reguladores para que las empresas innovadoras comprendan sus obligaciones.

4.3.2.2.

Aprovechar plenamente la libertad de establecimiento

Para los aseguradores, suele ser necesaria una presencia local, con el fin de mejorar el conocimiento de los consumidores sobre el terreno y de los riesgos que deben cubrirse. La libertad de establecimiento sobre el terreno es, por lo tanto, esencial para los aseguradores como las compañías mutuas de seguros. El hecho de que no exista un reconocimiento europeo de las formas de empresas de economía social, incluidas las mutuas de seguros, impide el establecimiento de este tipo de empresas en los Estados miembros que no las reconocen, lo que dificulta su desarrollo transfronterizo, así como el desarrollo de los mercados y la competencia. El CESE pide a la Comisión, al Consejo de la Unión Europea, al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que impulsen el reconocimiento del modelo mutualista en la Unión Europea.

4.3.2.3

Crear regímenes autónomos o más armonizados en toda la UE

4.3.2.3.1.

Desde el punto de vista de la distribución transfronteriza, merecen atención las siguientes cuestiones:

4.3.2.3.2.

La ubicación del riesgo suele ser el lugar de residencia habitual del tomador del seguro, con algunas excepciones en casos de bienes inmuebles para los que se toma como referencia la ubicación del inmueble. Este principio suele estar normalizado en todo el mundo y tiene consecuencias legales y fiscales para las partes implicadas. El CESE considera que el principio de la ubicación del riesgo en los seguros es adecuado para el fin pretendido. Sin embargo, entiende que las normas relativas al «interés general» necesitan ser revisadas, ya que dan a los Estados miembros la posibilidad de adoptar una legislación que es probable que obstaculice la distribución transfronteriza de productos de seguros.

20.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/51

Ponente:

Denis MEYNENT

1.1.

El CESE lamenta que, en la Comunicación sometida a examen, la Comisión no presente propuestas más concretas y se limite a enumerar las posibilidades sin pronunciarse al respecto, lo que va en detrimento de la correcta estructuración del debate.

1.2.

Los derechos de autor siguen siendo un medio fundamental para la protección y justa remuneración de los autores y los participantes en la difusión de las obras y espectáculos por las redes digitales interconectadas.

1.3.

El CESE pide que se ratifique rápidamente el Tratado de Marrakech; las excepciones en materia de educación, investigación científica e intercambio de conocimientos también deben ser una prioridad; asimismo, defiende la digitalización de las obras huérfanas.

1.4.

El CESE considera que es posible y deseable una unificación europea en materia de copia privada. Un porcentaje significativo de los ingresos procedentes de la remuneración por copia privada lógicamente debería orientarse hacia la financiación de la creación literaria y artística y la promoción de la diversidad cultural, así como los bienes comunes en materia de educación e investigación, por ejemplo.

1.5.

El CESE aconseja crear un contexto jurídico que favorezca al mismo tiempo la creación de obras amparadas por el derecho de autor y la participación de nuevos modelos de licencias y nuevos modelos de negocio en la construcción del mercado único europeo, preservando al mismo tiempo la libertad contractual y los derechos de los autores y creadores a beneficiarse plenamente de los resultados de su creación.

1.6.

El CESE considera que el reglamento es el instrumento preferido de la construcción del mercado único digital; asimismo, debería consolidarse el derecho vigente.

1.7.

El CESE insta a la Comisión a realizar estudios e investigaciones en profundidad sobre los modelos de negocio relacionados con las licencias libres, sobre su importancia económica actual y potencial, sobre los ingresos y los puestos de trabajo que podrían generar en los diversos campos, así como sobre las eventuales propuestas jurídicas que podrían ser útiles para su promoción y uso.

1.8.

El CESE estima que la diversidad cultural de Europa ocupa un lugar central en la identidad europea y debe fomentarse y promoverse entre los Estados miembros.

1.9.

En la lucha contra las infracciones de los derechos de autor, es prioritario eliminar y castigar las violaciones a escala comercial; la cooperación y el intercambio de información entre los órganos policiales y las administraciones judiciales de los Estados miembros son indispensables a este respecto.

1.10.

Debería abordarse la cuestión de la transferencia de valor en el entorno en línea del que actualmente se benefician intermediarios autoproclamados que eluden la obligación de obtener el consentimiento de los creadores y remunerarlos.

2.1.

El plan de acción que se examina pretende modernizar las normas europeas sobre los derechos de autor. En su Comunicación, la Comisión establece los elementos esenciales para hacer realidad su estrategia para un mercado único digital: ampliar el acceso a los contenidos en toda la Unión Europea, prever excepciones a los derechos de autor, crear un mercado más justo y luchar contra la piratería comercial fomentando al mismo tiempo la unificación a largo plazo de los derechos de autor.

2.2.

La Comunicación presenta en concreto una propuesta de Reglamento sobre la portabilidad transfronteriza de los servicios de contenidos en línea (1) que constituiría un nuevo derecho para los consumidores europeos y debería convertirse en una realidad en 2017, año en que también se abolirán las tarifas de itinerancia (o roaming) en la Unión.

3.1.

Los movimientos digitales entre los Estados europeos son muy bajos (4 % del total), mientras que la mayoría de los servicios digitales se encuentran en los Estados Unidos y el resto de los movimientos se realiza dentro de las fronteras. Por ahora, el mercado único digital europeo está muy poco desarrollado. Las barreras se mantienen y obstaculizan en especial los intercambios culturales para numerosas minorías lingüísticas europeas, distribuidas a ambos lados de varias fronteras nacionales.

3.2.

En su programa «Un nuevo comienzo para Europa» (2), el presidente de la Comisión da prioridad a la realización de un gran mercado digital conectado para todos los Estados de la UE, sin discriminación nacional.

3.3.

Los derechos de autor constituyen el sustento jurídico de la creación y el fundamento de la remuneración de los autores, creadores, intérpretes y otros titulares de derechos, y más en general del ecosistema de las actividades e industrias culturales y creativas. El derecho de autor es un derecho territorial, diferente de un Estado miembro a otro. Confiere derechos exclusivos y sustantivos en todos los casos a los titulares de los derechos, que perciben ingresos no solo por las licencias, sino también por mera posibilidad de que la obra se pueda copiar en otros soportes o pueda ser cedida a un tercero por parte del adquiriente de una licencia, sin que sea necesario probar que dicha copia se ha realizado efectivamente (canon por copia privada e impuesto sobre los soportes vírgenes susceptibles de ser utilizados para una copia ilegal); incluso pueden ser constitutivas de delito acciones que los usuarios realizan de buena fe y de manera honrada, frente a otros Estados en las que se permiten.

3.4.

Las exclusiones y las limitaciones a los derechos de autor son mínimas en todos los Estados. Concebidos en la época de la impresión en papel, y para las tecnologías del momento, en primer lugar la edición de libros y posteriormente la publicación de periódicos y revistas y la impresión de partituras, los derechos de autor no se han adecuado completamente a la civilización digital y a las redes interconectadas de banda ancha, en evolución permanente, lo que debe señalarse. En otras áreas como las nuevas formas de acceso a la música y las creaciones audiovisuales, la complejidad de la gestión de los derechos ha aumentado como consecuencia de la fragmentación del repertorio, lo que deberá resolver la nueva Directiva sobre la gestión colectiva de los derechos de autor (3). Desde el disco de cera hasta el DVD, poco había cambiado, sobre todo en lo que respecta a la distribución o el préstamo de obras. Las nuevas tecnologías han transformado por completo el modelo, y casi todas las tiendas de venta de discos y de DVD han desaparecido en favor de nuevas formas de distribución o de préstamo digital en línea. Lo mismo ocurre con el cine, la televisión y todas las artes que se puedan emitir en línea.

3.5.

La falta de una evolución significativa del derecho aplicable impide aprovechar plenamente todas las posibilidades que brindan la digitalización de las obras y las creaciones inmateriales, y su circulación en una red que se desarrolla y se universaliza con mucha rapidez.

4.1.

El CESE lamenta que, en la Comunicación sometida a examen, la Comisión no presente propuestas más concretas y se limite a enumerar las posibilidades sin pronunciarse al respecto, lo que va en detrimento de la correcta estructuración del debate.

4.2.

En su dictamen de 26 de octubre de 2006 (4), el CESE insta especialmente a la Comisión a presentar propuestas para la promoción y la protección de las licencias libres, en concreto la Licencia Pública General (GPL) para la documentación técnica o la licencia «Creative Commons» para las obras literarias y artísticas. Pero a pesar de la importancia de este tema, la gran mayoría de servidores y granjas de servidores en todo el mundo operan con licencias libres, como Debian, o GPL para GNU/Linux, y es obligado señalar que desde entonces la Comisión no ha presentado ninguna propuesta en este sentido.

4.3.

Esto es perjudicial para el desarrollo de los movimientos de datos y de servicios fuera de las fronteras en el mercado único europeo. Las licencias «Creative Commons» y el dominio público constituyen en efecto nuevos territorios universales que han traído consigo la digitalización y la red interconectada, mientras que la fragmentación del Derecho crea tantos obstáculos como barreras fronterizas para los intercambios transfronterizos.

4.4.

Los derechos deben permitir la liberación del fabuloso potencial que internet ofrece a los autores y creadores, por un lado, y a los usuarios, por otro lado, en lugar de imponerles obligaciones y limitaciones. La legislación europea debería permitir eliminar un máximo de obstáculos en los intercambios transfronterizos respecto de las lenguas minoritarias dentro de la Unión Europea y para facilitar el acceso a los servicios y a las obras.

4.5.

En lugar de temer estos avances, los titulares de derechos deberían más bien aprovechar las oportunidades. Libre no significa automáticamente gratuito, y los sistemas informáticos libres, por ejemplo, permiten un modelo de negocio diferente, basado en el servicio y creador de empleos, a diferencia de determinadas prácticas actuales que favorecen la renta del propietario y su protección jurídica.

4.6.

El CESE insta una vez más a la Comisión a realizar estudios e investigaciones en profundidad sobre los modelos de negocio relacionados con las licencias libres, sobre su importancia económica actual y potencial, sobre los ingresos y los puestos de trabajo que podrían generar en los diversos campos, así como sobre las eventuales propuestas jurídicas que podrían ser útiles para su promoción y uso.

4.7.

Experiencias como la puesta en línea con licencias libres de publicaciones científicas, informes de investigaciones realizadas con la contribución de subvenciones públicas, series de estudios universitarios para compensar el coste desproporcionado de la educación superior en algunos Estados, a imagen de todos los cursos ofrecidos por el MIT, merecen una gran atención y deben estudiarse de cara a su posible aplicación en la UE (MOOC). En esta perspectiva, la educación superior y la cultura se convierten en bienes comunes que promueven la realización de la sociedad del conocimiento cuyo desarrollo deseamos en la UE.

4.8.

El modo de producción cambia y los bienes y servicios inmateriales distribuidos por las redes interconectadas constituyen un nuevo horizonte de desarrollo económico y de creación de empleo y de empresas innovadoras. Los patrones de consumo han empezado a cambiar y estos nuevos métodos se imponen con rapidez, pero hay que ser claros: a pesar de esto, el mercado único europeo todavía no existe con respecto a los proveedores de servicios inmateriales actuales. Ello se debe en primer lugar a las preferencias y prácticas culturales diferentes en los distintos Estados miembros, la lengua hablada por los consumidores y también a la fragmentación de las normas sobre los derechos de autor que no facilita el desarrollo del mercado europeo ni la creación de licencias multiterritoriales e incluso europeas.

4.9.

El CESE aconseja crear un contexto jurídico que favorezca al mismo tiempo la creación de obras amparadas por el derecho de autor y la participación de nuevos modelos de licencias y nuevos modelos de negocio en la construcción del mercado único europeo, preservando al mismo tiempo la libertad contractual y los derechos de los autores y creadores a beneficiarse plenamente de los resultados de su creación. Estos nuevos modelos se pueden desarrollar de forma paralela a los modelos que figuran en los tratados de la OMPI. Esta cuestión debe ser parte integrante de la estrategia digital que la Comisión anunció en mayo de 2015 y del plan de modernización de los derechos de autor sometido a examen.

4.10.

Las excepciones constituyen otra barrera; el CESE pide a los Estados miembros que ratifiquen lo antes posible el Tratado de Marrakech por el que se establece una excepción para las personas ciegas o con discapacidad visual. La UE firmó este Tratado, pero solo los Estados miembros pueden ratificarlo a título individual para su entrada en vigor. El CESE recomienda a la Comisión que siga el dictamen del Parlamento Europeo de 9 de julio de 2015 y aliente a los Estados miembros a que ratifiquen lo antes posible este importante Tratado, cuya negociación resultó muy difícil debido a las actitudes conservadoras de determinadas partes interesadas. Por lo demás, el Comité insta al Consejo Europeo a que haga todo lo posible para acelerar el proceso de ratificación.

4.11.

También debe reforzarse la producción de obras accesibles a las personas ciegas o con discapacidad visual, ya que no pueden consultar más del 95 % de los libros en la actualidad.

4.12.

Se deberían tener en cuenta otras excepciones relacionadas con la digitalización y las redes, en particular en lo que respecta a la investigación pública, la digitalización por parte de las bibliotecas universitarias y públicas de las obras literarias de dominio público o huérfanas, el préstamo de libros digitales y de soportes de audio y vídeo, dado el rápido crecimiento de los lectores digitales y de una amplia variedad de nuevos soportes. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que algunas industrias tecnológicas intentan recuperar la protección de lo que ya es de dominio público, restringiendo el acceso por motivos comerciales.

4.13.

La zonificación geográfica también obstaculiza la difusión de las obras. Esto afecta a todos los usuarios potenciales, pero sobre todo a las numerosas minorías lingüísticas en la UE, debido a las diferencias entre el mapa político y el mapa lingüístico de Europa, un legado de la historia y el resultado de las guerras de los siglos XIX y XX. El auge de los discursos populistas y nacionalistas confiere una dimensión política urgente a la solución del problema. La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias fue ampliamente ratificada pero, por ejemplo, el impacto cultural de los programas de televisión en lenguas regionales se reduce en gran medida por las barreras actuales.

4.14.

El CESE estima que la diversidad cultural de Europa ocupa un lugar central en la identidad europea y debe fomentarse y promoverse entre los Estados miembros.

4.15.

Estas cuestiones son una prioridad para el CESE, que anima a la Comisión a considerar sus propuestas, que no entran en conflicto con los tratados internacionales sobre derechos de autor y pueden abrir nuevos espacios para la realización del mercado único digital de la UE.

5.1.

Se necesitarán cambios más sustanciales en un futuro muy cercano, en referencia a la estrategia de dieciséis iniciativas publicada en mayo de 2015 y a las observaciones generales anteriores que ofrecen una iniciativa nueva e importante para promover los bienes comunes, la interoperabilidad y las relaciones transfronterizas y las licencias libres. En sus dictámenes sobre los derechos contractuales digitales (INT/775) y la economía colaborativa y la autorregulación (INT/779), el CESE reconoce la importancia que revisten los derechos de autor para la delimitación correcta de los derechos de las partes interesadas en los contratos digitales y la economía colaborativa.

5.2.

El CESE observa con interés que la Comisión establece claramente que es necesario adaptar las normas sobre derechos de autor de la UE, de manera que todos los agentes del mercado y los ciudadanos puedan aprovechar las oportunidades que ofrece este nuevo entorno, y que se precisa un marco jurídico más europeo que supere la fragmentación y las fricciones dentro de un mercado único operativo. El Comité comparte este objetivo pero señala que los gobiernos se están posicionando en una defensa de la territorialidad como única forma de garantizar la financiación de la creación. Existen otros medios y deben ser explorados, y no se debe cerrar la puerta antes de que se puedan estudiar las alternativas de manera objetiva.

5.3.

El Comité no cree que el inmovilismo y la negativa a realizar cambios relacionados con los derechos de autor respondan a los rápidos cambios tecnológicos y a las innovaciones en materia de servicios y de distribución que se producen y se desarrollan necesariamente con la evolución de internet y de las redes, así como de la banda ancha. Está de acuerdo con la Comisión en que convendría «en su caso, adaptar la normativa sobre derechos de autor a las nuevas realidades tecnológicas, a fin de que siga respondiendo a sus objetivos».

5.4.

Se pone de manifiesto una gran variabilidad, que podría verse incrementada en el futuro en lo que respecta a las excepciones que están estrechamente relacionadas con la educación, la investigación y el acceso al conocimiento. Esto puede ir desde el simple uso con fines de ejemplo o ilustración hasta —en la práctica cuando no en la ley— la disponibilidad sin limitaciones de obras, libros o cursos para la enseñanza.

5.5.

La Directiva 2001/29 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) sobre los derechos de autor contiene una lista de excepciones. La cuestión de la aplicación de los elementos de esta lista y su evolución debería debatirse de acuerdo con las prácticas de la democracia participativa, a fin de hacer progresar las opiniones individuales y colectivas y obtener una normativa europea coherente y unificada relativa a las excepciones, que deberán precisarse y definirse mejor con objeto de facilitar su aplicación. El CESE coincide con la Comisión en que las excepciones en materia de educación, investigación científica e intercambio de conocimientos deben ser una prioridad; al mismo tiempo, se debe emprender el estudio de otros bienes comunes a fin de prepararse para el futuro.

5.6.

El CESE considera que es posible y deseable una unificación europea en materia de copia privada. Apoyará la acción de la Comisión en este sentido, tan pronto como sea posible, porque las diferencias nacionales constituyen un obstáculo considerable para el mercado único de bienes electrónicos, a pesar de que han surgido nuevos soportes. La coherencia es esencial para la libre circulación de los bienes que requieren tales soportes. La distribución de los ingresos derivados de los cánones sobre los soportes debe tener en cuenta que la mayoría de ellos no están destinados a la copia de obras protegidas por derechos de autor; una parte sustancial de los recursos se debería orientar lógicamente a la financiación de la creación y la promoción de la diversidad cultural, como ya ocurre en determinados Estados, y a los bienes comunes en materia de educación e investigación, por ejemplo.

5.7.

El Comité está convencido de que el principio de neutralidad debe seguir siendo un elemento consustancial a internet con el fin de garantizar la igualdad estricta de los consumidores independientemente de su poder económico. La neutralidad de la red es un principio fundamental de internet que asegura que los operadores de telecomunicaciones no discriminan las comunicaciones de sus usuarios, sino que siguen siendo simples transmisores de información. Este principio permite a todos los usuarios, independientemente de sus recursos, el acceso a la misma red en su conjunto. Esta definición y la afirmación de la protección de dicha neutralidad deben figurar de manera clara en la legislación europea.

5.8.

En la lucha contra las infracciones de los derechos de autor, es prioritario eliminar y castigar las violaciones a escala comercial que privan a los autores de una gran parte de sus rentas. El Comité ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre los problemas de la lucha contra los productos falsificados y todas las formas de violación de los derechos de autor y derechos conexos; por lo tanto, remite a sus dictámenes anteriores, teniendo en cuenta que siguen siendo plenamente válidos (6).

5.9.

Los derechos de autor siguen siendo un medio fundamental para la protección de los autores y los participantes en la difusión de las obras y espectáculos por las redes digitales interconectadas. Para adaptarse a los veloces cambios tecnológicos y a las innovaciones en materia de distribución y servicios, los derechos de autor tienen que evolucionar. Esta modernización ha de producirse en un marco que permita garantizar los derechos de los creadores e intérpretes, una remuneración justa por su esfuerzo creativo, su vinculación al éxito comercial de las obras y el mantenimiento de un elevado nivel de protección y financiación de las obras. En particular, es necesario revisar el estatuto jurídico de los servicios de las plataformas en línea desde el punto de vista de los derechos de autor. Aunque constituyen el medio principal a través del cual los usuarios acceden actualmente a los contenidos en línea, los prestadores de servicios de plataforma afirman que son meros intermediarios técnicos, por lo que se niegan a remunerar a los creadores de contenidos. Este tipo de planteamiento socava la eficiencia del mercado, distorsiona la competencia y reduce el valor global de los contenidos culturales en línea.

5.10.

La negativa a adaptarse a la naturaleza global de internet, a la banda ancha y a las nuevas expectativas de los consumidores puede poner en peligro un derecho útil para el progreso de las obras intelectuales y su difusión. Sin embargo, habrá que aceptar excepciones justificadas por los derechos de otras partes interesadas, cuyas necesidades sociales están cambiando, como las personas con discapacidad, los estudiantes o las bibliotecas públicas. Será necesario que los Estados miembros adopten nuevos cambios de cara a la «europeización» continua de los derechos de autor y de los derechos conexos, ya que de hecho son los Estados los que tiene las principales claves de acceso jurídicas a los cambios que se avecinan.

5.11.

El CESE considera que el reglamento es el instrumento preferido de la construcción del mercado único digital, ya que la diversidad de las legislaciones nacionales demuestra, sin duda, el bloqueo casi total que esta constituye y que habrá que superar mediante el diálogo entre todos los interesados sin discriminación, incluidos los representantes de las licencias de software y contenidos libres y de los nuevos servicios y modelos comerciales resultantes. También se debe profundizar en el análisis de los obstáculos para la concesión de licencias multiterritoriales y las formas de superarlos.

5.12.

La fuerza de los intereses diversos y los prejuicios en materia de derechos de autor es tal que puede que solo sea posible progresar paso a paso, sobre la base de una evaluación rigurosa y respuestas proporcionadas, pero se ha de hacer todo lo posible para entrar verdaderamente en la sociedad del conocimiento y de la información, la única capaz de sacar a Europa del bache y de la crisis que ponen en peligro los fundamentos mismos de la idea europea. El interés general debería prevalecer sobre determinados intereses particulares en una economía social de mercado dinámica.

20.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 264/57

Ponente:

Jorge PEGADO LIZ

1.1.

El CESE apoya la necesidad y la conveniencia de regular algunas de las cuestiones contempladas en la Comunicación de la Comisión [COM(2015) 633 final], en particular las recogidas en la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos digitales.

1.2.

No obstante, considera que otros factores, que identifica, son mucho más importantes que la regulación de los derechos contractuales en los contratos de compraventa de bienes muebles materiales en línea, y más decisivos y prioritarios para los objetivos que la Comisión se propone de crear un mercado único digital, pues representan obstáculos mayores al desarrollo del comercio transfronterizo.

1.3.

Aun así, en relación con los aspectos abordados, el CESE discrepa del fundamento jurídico elegido por la Comisión y propone el artículo 169 del TFUE.

1.4.

Y de ello se desprende que, en principio, las medidas que adopte deban basarse en las directivas de armonización mínima, como se desprende del apartado 2, letra a), y el apartado 4 del mismo artículo, lo que en general ha sido aceptado por el legislador europeo.

1.5.

El CESE considera que la regulación de estas materias mediante dos directivas, en lugar de un único instrumento, solo es aceptable por motivos de urgencia y de oportunidad en la regulación del comercio en línea de contenidos digitales.

1.6.

También considera que no está suficientemente justificada la opción elegida de la plena armonización en lugar de optar por otra como, por ejemplo, la de los contratos modelo certificados por un sello de la UE o una armonización mínima con arreglo al artículo 169 del TFUE.

1.7.

En cuanto a los aspectos ahora regulados de forma aislada en la propuesta relativa a los contratos de compraventa de bienes muebles materiales en línea, considera más correcta su regulación conjunta en el momento de la revisión de la Directiva 1999/44/CE, en la que se les dedica un capítulo en el marco del programa REFIT relativo a la legislación en materia de consumidores.

1.8.

Por otra parte, con la propuesta de la venta en línea de bienes materiales, la Comisión creó dos sistemas, dispensando un tratamiento distinto a la venta de bienes en línea y fuera de línea, lo que es inaceptable.

1.9.

De confirmarse la intención de la Comisión en su forma actual, el CESE formula toda una serie de mejoras de las propuestas con el fin de no rebajar los derechos de los consumidores y garantizar, tal como exige el TFUE, un alto nivel de protección.

1.10.

Se hace especial hincapié en la regulación de la venta de contenidos en línea, que considera prioritaria, y sobre la que, por razones pragmáticas, acepta la fórmula propuesta por la Comisión de armonización máxima selectiva.

1.11.

Sin embargo, en este ámbito se registran grandes faltas de previsión y defectos de formulación, incompatibles con una armonización máxima, lo que genera dificultades insuperables de transposición y aplicación en los Estados miembros, que pretenden corregir con una serie de propuestas específicas.

2.1.

Con la Comunicación sometida a examen, la Comisión da el primer paso en la ejecución de la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa (1) y lleva a cabo una de las medidas más importantes de su programa de trabajo para 2015 (2). La propuesta se propone «mejorar el acceso de los consumidores y las empresas a los bienes y servicios en línea en toda Europa» y está integrada por los dos instrumentos jurídicos siguientes:

2.2.

Consciente de que, desde un punto de vista sistemático, los principales aspectos de estas dos propuestas están estrechamente relacionados con la Directiva sobre la venta de bienes de consumo (3), la Comisión señala que «son lo más coherentes posible». Explica, no obstante, que decidió «adoptar dos instrumentos legislativos, dado que la especificidad del contenido digital requiere varias normas que deben ser reguladas de manera diferente a los bienes» y que «el rápido desarrollo tecnológico y comercial de los contenidos digitales exigirá una revisión de la aplicación de dicha Directiva», y también para justificar la «integración [de esas disposiciones] en un único instrumento jurídico, a saber, la Directiva sobre el suministro de contenidos digitales».

2.3.

Con estas dos propuestas, la Comisión pretende alcanzar cinco objetivos:

2.4.

La Comisión considera que en ambos casos la armonización «selectiva» es el método más adecuado. Se armonizarán plenamente las normas aplicables a los contratos de suministro de contenidos digitales y de compraventa de bienes en línea, así como los derechos y obligaciones imperativos de las partes en los contratos de suministro de contenidos digitales y de compraventa de otros bienes en línea. Esto abarca casi todas las disposiciones de la Directiva, salvo las normas relativas a la celebración, la validez y los efectos de los contratos, incluidas las consecuencias de la resolución de un contrato (artículo 1, apartado 4, de la propuesta de Directiva relativa a la venta a distancia), y a determinados aspectos de su ejecución.

2.5.

La Comisión limita de forma expresa el ámbito de aplicación a las cláusulas de Derecho contractual que rigen las interacciones entre empresas y consumidores, por no haber, como se indica en la evaluación de impacto (p. 23), pruebas que sugieran que las diferencias en el Derecho contractual impiden a las empresas de la UE comprar en línea a otros Estados miembros. Reconoce que las pymes, por ser los actores más débiles con menor poder de negociación, también afrontan problemas relacionados con el Derecho contractual, especialmente cuando utilizan contenidos digitales. Sin embargo, teniendo en cuenta, en particular, las posiciones expresadas por terceros interesados y por los Estados miembros, la Comisión decidió analizar esta cuestión en el contexto de otras iniciativas anunciadas en la Estrategia para el Mercado Único Digital.

2.6.

En cuanto al instrumento jurídico elegido, la Comisión justifica la elección de una directiva en vez de un reglamento por la convicción de que las directivas son instrumentos más adecuados, ya que conceden a los Estados miembros libertad en la forma de transposición al Derecho nacional. A su juicio, esta elección, sumada a una armonización plena y selectiva de los derechos imperativos del consumidor, garantizará un equilibrio adecuado entre un alto nivel de protección del consumidor en la UE y oportunidades significativamente mayores para las empresas.

2.7.

Al parecer, la Comisión encuentra la justificación económica de las presentes Directivas en determinados presupuestos, entre los que destacan:

2.8.

Sin embargo, para alcanzar los resultados anunciados no bastan las dos Directivas ahora propuestas; forman parte de un paquete mayor de medidas, en el que la Comisión destaca, en particular:

2.9.

Por último, la Comisión destaca la importancia de «actuar sin más dilación» antes de que sea demasiado tarde, ya que todo retraso en el ámbito de los contenidos digitales conlleva el riesgo de que surjan disposiciones nacionales que provoquen la fragmentación del mercado único e interpongan obstáculos a la participación de consumidores y proveedores en las transacciones transfronterizas.

3.1.

Supuestamente, en el estudio adjunto de evaluación de impacto se deberían encontrar los fundamentos de naturaleza económica y psicológica que demostrarían la relación entre las medidas legislativas propuestas y el aumento de volumen del comercio electrónico, así como su necesaria repercusión en el crecimiento a escala europea. Sin embargo, de un análisis detallado no se desprende con certeza que los datos de que se parte y a los que se llega sean absolutamente fiables, que no influyan en ellos otros factores y que otras opciones no producirían mejores resultados.

3.1.1.

Incluso admitiendo como seguros los datos estadísticos de partida, según los cuales el 62 % (p. 10) de los comerciantes europeos, que corresponden a más de 122 000 empresas, y más del 13,5 % (p. 13) de los consumidores, es decir, más de 8 a 13 millones de consumidores, lo que elevaría el número total a 70 millones, empezarían a realizar operaciones transfronterizas en línea si se eliminasen los obstáculos indicados y los costes adicionales directamente resultantes del sistema legal en vigor, no se puede determinar con certeza el aumento del volumen de negocios que justificaría el consiguiente aumento estimado del PIB europeo en un 0,03 %, equivalente a unos 4 000 millones EUR, como consecuencia necesaria y exclusiva; ahora bien, no hay duda, en cambio, de que cada empresa tendrá que soportar como promedio un coste de 7 000 EUR para adaptar los instrumentos contractuales al nuevo régimen.

3.1.2.

Por otro lado, tampoco se cuantifica debidamente en dicho estudio que otros factores, como la cuestión lingüística o los regímenes fiscales, la calidad, el coste y la disponibilidad de servicios de internet de alta velocidad, el riesgo de fraude, los costes judiciales, la seguridad de los medios de pago, la certificación de la identidad y la idoneidad de los vendedores o la falta de confianza en los procedimientos de resolución de conflictos judiciales o extrajudiciales, no seguirán influyendo de forma decisiva en la elección de efectuar transacciones transfronterizas en línea, tal vez más que el actual sistema jurídico (descrito en las páginas 7 y ss., y 18 y ss., de la evaluación de impacto).

3.1.2.1.

Especialmente relevantes en este contexto, y como tales se mencionan en todos los estudios encargados por la Comisión, son el retraso en la transposición, la dificultad de aplicación y la inoperancia de ciertos sistemas de ADR creados por la Directiva 2013/11/UE (5) por motivos relacionados en muchos casos con la falta de medios financieros de determinados Estados miembros y, todavía más, la evidente falta de operacionalidad del sistema de ODR establecido por el Reglamento (UE) n.o 524/2013 (6), que entró en vigor el 15 de febrero de 2016 y que resulta esencial para el funcionamiento de un mercado único digital.

3.1.3.

Tampoco parece clara cuál es la importancia relativa de la elasticidad de la oferta y la demanda en el cálculo de la saturación del mercado en términos de competencia perfecta, lo que, en cualquier caso, al ser una hipótesis meramente teórica, es esencial para la credibilidad del modelo; por no hablar de los factores externos de la política macroeconómica que determinan de forma decisiva las decisiones de compra de los consumidores, como las consecuencias de las políticas de austeridad, en comparación con las políticas de crecimiento basadas en el consumo y en la inversión de tipo keynesiano.

3.1.4.

Por último, la valoración de la Comisión subrayó el modelo propuesto y no tuvo debidamente en cuenta las consecuencias económicas de los otros cuatro modelos que estaban en opción (evaluación de impacto, p. 23 y ss.), que también contribuirían a la eliminación de estos obstáculos, de manera que sea posible un examen comparativo, en particular la opción 5 —un modelo de contrato europeo optativo combinado con una marca de confianza de la UE (p. 25)—, a pesar de que sería simple, tendría pocos costes y entrañaría poca carga burocrática (p. 38 y ss.), es decir, la que mejor correspondía a los principios del paquete «Legislar mejor» (7) y REFIT (8), y que recabó apoyo en las consultas preparatorias.

3.2.

Tampoco está debidamente justificada la elección de directivas de armonización máxima. El CESE ha manifestado, de forma general, que es más favorable a la adopción de reglamentos, tan detallados como sea necesario, cuando se trate de armonizar materias que dependan principalmente del funcionamiento del mercado interior, al tiempo que también ha manifestado que, en materias que traten especialmente de los derechos de los consumidores, prefiere las directivas de armonización mínima, como también resulta, por otra parte, del precepto expresado en el TFUE (artículo 169, apartado 4).

3.2.1.

En cambio, el CESE se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en contra de la tendencia dominante de la Comisión, en los últimos años, a adoptar directivas de armonización máxima que brinden un nivel de protección bajo y respondan mal a los intereses de los operadores (9).

3.2.2.

En el caso que nos ocupa, hay toda una serie de cuestiones que las directivas no abordan y que es esencial armonizar, como pueden ser: la capacidad de los menores para celebrar contratos en el entorno digital (que en la última versión de la Directiva sobre protección de datos se sitúa entre los trece y los dieciséis años); la definición de categorías de cláusulas abusivas específicas de los contratos en línea, no previstas en la Directiva 93/13/CEE (10); la práctica reciente del botón «pague ahora» (pay now) en las páginas de algunas redes sociales sin remisión a ninguna plataforma responsable y la inclusión aconsejable de una cláusula tipo sobre corregulación.

3.3.

Tampoco está justificada la elección de dos directivas en vez de una, lo que duplica inútilmente determinadas disposiciones legales, entraña un mayor esfuerzo de transposición para mantener la coherencia con las disposiciones internas de cada Estado miembro y obliga a un mayor esfuerzo de hermenéutica, totalmente innecesario si se tomara como base el texto de la Directiva sobre la venta en línea de bienes materiales y las especialidades de la venta de bienes inmateriales se incluyesen como excepciones al régimen base, pues la distinción entre un bien material y un contenido digital no siempre es perceptible, en especial cuando están intrínsecamente unidos.

3.4.

Según la Comisión, la elección del instrumento se realizó sobre la base de las 189 respuestas recabadas en el marco de una consulta a todas las categorías de interesados de toda la UE, de una consulta a un grupo integrado por 22 organizaciones representativas de una amplia gama de intereses, que se reunió siete veces, de seminarios con los Estados miembros y de reuniones con las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la ley en el marco de la reunión del Comité de Cooperación en materia de Protección de los Consumidores y con las autoridades nacionales responsables de la política del consumidor en la reunión de la Red de altos funcionarios de política de los consumidores (mayo de 2015), que posteriormente impugnó la validez de la muestra debido a sus reducidas dimensiones (11).

3.4.1.

Sin embargo, según los resultados conocidos y publicados (12), no se registra una mayoría clara a favor de la opción elegida: las organizaciones de consumidores se oponen con claridad a cualquier forma de aplicación de la ley del vendedor, mientras que la mayoría de las organizaciones de profesionales y algunos académicos están a favor de esta opción. Por su parte, la mayoría de los Estados miembros pusieron en entredicho la necesidad de una nueva legislación relativa a las compras a distancia (que ya incluye las ventas en línea) y, en particular, la adecuación de las dos directivas, habida cuenta de la dificultad de extraer unas orientaciones precisas y claramente definidas. A primera vista, de un análisis objetivo de las respuestas a las consultas se desprende que la opción 5 obtiene un consenso general entre los operadores y los consumidores —dependiendo evidentemente del tenor de las normas contractuales tipo que acuerde el sector y del nivel de uso y aceptación del sello de confianza de la UE por parte de las empresas— en particular porque es la que conlleva menos costes para los operadores.

3.5.

Por último, es importante recordar que, en materia de derechos de los consumidores en el entorno digital, el CESE ya tuvo ocasión de pronunciarse ampliamente en varios dictámenes, en los que define una orientación fundamental según la cual los derechos que se reconocen en el mundo «físico» fuera de línea (en los contratos cara a cara) deben ser coherentes con el universo en línea, sin perjuicio de las características específicas de las transacciones de contenidos digitales (inmateriales) o de formas adecuadas a las mismas, pero siempre en el sentido de su refuerzo y no de su disminución o debilitamiento. Con la propuesta de la venta en línea de bienes materiales, la Comisión creó dos sistemas, dispensando un tratamiento distinto a la venta de bienes en línea y fuera de línea, lo que es inaceptable.

4.1.

Las observaciones anteriores no significan que el CESE no apoye plenamente la necesidad y conveniencia de regular algunas de las materias incluidas en las propuestas de Directiva consideradas, sobre todo por lo que se refiere a la venta en línea de contenido digital. En cuanto a la venta en línea de bienes materiales, el CESE recomienda que su adopción se haga oportunamente en el marco del programa REFIT. En las observaciones que ahora se formulan a cada uno de los textos de las propuestas solo se indican, por limitaciones obvias de espacio, los puntos de desacuerdo con respecto a las disposiciones propuestas.

4.2.

4.2.1.

Por lo que respecta al fundamento jurídico y de forma coherente con anteriores dictámenes del CESE, los representantes de los consumidores, al igual que la mayoría de los miembros del CESE, entienden que debe ser el artículo 169, apartado 2, del TFUE, dado que se trata de regular fundamentalmente los derechos de los consumidores y su protección y defensa, y no solo la realización del mercado único; algunos miembros del CESE, y concretamente los representantes de los profesionales, que valorizan el aspecto de la realización del mercado único, están de acuerdo con la Comisión.

4.2.2.

Como quiera que se ha optado por una directiva, el CESE entiende que debería ser de armonización mínima, siguiendo el modelo de la actual Directiva sobre determinados aspectos de la venta y las garantías (Directiva 1999/44/CE), ya que la opción elegida conduce a una mayor «fragmentación», menor seguridad jurídica y dos clases de protección, pues las «mejoras» ahora introducidas se deberían aplicar asimismo a las ventas en el «mundo físico».

4.2.3.

Dada la complejidad de la legislación en materia de defensa del consumidor, la propuesta interactúa con otras normas, complementándolas (13), pero exigiendo un esfuerzo innecesario y difícil de interpretación, contrario a las buenas normas del paquete «Legislar mejor» y creando mayores dificultades de transposición para hacerla compatible con las normas nacionales vigentes, destinadas a transponer y completar dichas normas comunitarias, que divergen de un Estado miembro a otros.

4.2.4.

Por esta razón, el CESE preferiría que las normas recogidas en la propuesta de Directiva sometida a examen acompañasen la revisión de la Directiva 1999/44/CE en el marco del programa REFIT.

4.2.5.

Se proponen a continuación modificaciones concretas de algunas disposiciones de la propuesta:

1.

El concepto de garantía comercial debería abarcar otras formas de compensación, pues de otro modo podrían no considerarse abarcadas por las normas contempladas en el artículo 15.

2.

El concepto de artículo mueble material no está definido de forma positiva, lo que puede dar lugar a diversas interpretaciones por los Estados miembros.

3.

Tampoco se encuentran excluidos otros tipos de productos con legislación propia, como los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos, excluidos de la aplicación de otras normativas de protección de los consumidores.

4.

No se define si las plataformas en línea pueden considerarse «vendedores».

5.

Tampoco se define el concepto de productor a efectos de su responsabilización directa ante el consumidor con arreglo al artículo 16.

1.

Debe integrarse el criterio de «durabilidad» (14), que condicionará el período de validez de la garantía.

2.

La definición de los requisitos de conformidad debe realizarse de forma negativa, a fin de eximir expresamente al consumidor de la carga de la prueba de la no conformidad de un bien, que corresponde al vendedor.

3.

La redacción de las excepciones al artículo configura una situación de exclusión genérica de la responsabilidad del vendedor que no puede oponerse al consumidor sin perjuicio del derecho de recurso (aplicable en el asunto VW).

1.

Añádase al final del apartado 2 «salvo en aquellas situaciones en las que la especial complejidad de la instalación imponga un plazo superior, acordado con el vendedor».

2.

Los derechos conferidos por la propuesta en la relación con el vendedor se deben transmitir a cualquier poseedor de buena fe.

1.

La disposición excluye como opción inicial la posibilidad de devolución inmediata del bien y reembolso del pago, lo que vulnera los derechos de los consumidores en varios Estados miembros, con variantes significativas (Grecia, Portugal, Irlanda, Reino Unido, Dinamarca y Lituania).

2.

El concepto de «plazo razonable» es subjetivo y deja margen a distintas transposiciones en una cuestión esencial, incompatible con la naturaleza de una armonización máxima. Por ejemplo, en países como Bulgaria, Francia, Portugal y Luxemburgo, el plazo es de treinta días, mientras que en Hungría, Rumanía, Grecia y Estonia es de quince. La disposición debe establecer un plazo que se corresponda con el máximo practicado en algunos países de la UE, es decir, quince días.

3.

La expresión «imposibles» en el apartado 3, letra a), debe sustituirse por «tecnológicamente imposibles».

4.

Del mismo modo, el concepto de «inconvenientes mayores» también es subjetivo y debería suprimirse o sustituirse por la fórmula de la ley austríaca «el menor inconveniente posible», e ir acompañado de la posibilidad de inmediata puesta a disposición del consumidor de un bien similar en sustitución temporal hasta la conclusión de la reparación.

5.

La propuesta de la Comisión no tiene en cuenta la exigencia, que ya figura en varias legislaciones nacionales (Francia, Malta, Grecia, Rumanía, Portugal y Eslovenia), de que los productores profesionales mantengan o faciliten a su debido tiempo a los vendedores una reserva adecuada de piezas de recambio durante la vida útil prevista del bien, cuestión relacionada con la obsolescencia programada y el período de garantía de la pieza sustituida.

6.

La Comisión debería imponer al vendedor la obligación de la sustitución temporal.

1.

La Comisión no prevé la suspensión de la garantía legal durante el período de reparación o sustitución, lo que sí hacen la mayoría de las leyes nacionales. Lo mismo vale para el período de posibles mediaciones, arbitrajes o recursos judiciales.

2.

En caso de sustitución, el bien sustituido deberá gozar de un nuevo período de garantía, idéntico al anterior, a partir de la fecha de entrega.

1.

Por las razones antes indicadas, se debe suprimir el concepto «importante».

2.

En caso de defectos reiterados, el consumidor debe tener automáticamente la posibilidad de rescindir el contrato.

1.

Es muy discutible la obligación del consumidor de pagar por el uso, el deterioro o la destrucción del bien en caso de que ponga fin al contrato.

2.

Además, el Tribunal de Justicia ya indicó que, en caso de ejercicio del derecho de sustitución, no se puede exigir al consumidor que pague una compensación por el uso del producto defectuoso [asunto Quelle (15)].

3.

No está claro cuál es el importe que se debe reembolsar cuando la compra se haya efectuado por un precio global de varios bienes, sin distinción.

1.

Añádase en el apartado 1 una nueva letra d): otras garantías ofrecidas por el vendedor en nombre de terceros que tengan por objeto conceder una garantía (seguros de equipos, garantías de marca, etc.).

2.

También debe constar la información sobre la posibilidad de transmitir la garantía comercial a terceros.

1.

La no armonización de este aspecto constituye una fuente importante de divergencias en la aplicación de la Directiva, con consecuencias nefastas para el comercio.

2.

La norma debería prever la responsabilidad directa y solidaria del fabricante ante el consumidor en los casos en que este opte por la reparación o la sustitución del bien.

3.

También habría que prever que, en caso de devolución del vendedor al productor, el vendedor tenga derecho a percibir el importe íntegro de los gastos efectuados.

4.

Del mismo modo, debería contemplar la responsabilidad solidaria de la plataforma en línea en la que el consumidor haya adquirido el bien.

4.3.

4.3.1.

Como afirma la propia Comisión, los fundamentos de la propuesta, la recopilación de conocimientos especializados y las evaluaciones de impacto se refieren a las dos propuestas, ya que ambas se consideran un paquete con objetivos comunes. Por esta razón, el CESE no repetirá cuestiones de carácter general comunes a las dos propuestas y se limitará a efectuar observaciones sobre aspectos específicos. No obstante, es importante indicar desde ahora que, en general, merece el acuerdo de principio del CESE, en especial por lo que se refiere a:

4.3.2.

Se proponen seguidamente algunas modificaciones concretas de algunas disposiciones de la propuesta, integrada por veinticuatro artículos (y no por veinte, como se indica erróneamente en algunas versiones, punto 5):

1.

El CESE puede aceptar que el pago se realice en especie («contraprestación no dineraria»), siempre que este concepto se defina de forma precisa en cuanto a su contenido y, en caso de suministro de datos personales o de otro tipo, se especifique cuáles y en qué circunstancias.

2.

También habrá que aclarar si están incluidos determinados servicios, como la televisión de pago («pay TV»), o los servicios Google y Facebook Messenger, y si determinadas plataformas físicas de acceso o el internet de las cosas corresponden a bienes materiales o inmateriales.

3.

No está claro si la exclusión del apartado 5, letra a), abarca la atención sanitaria, los servicios de juegos de azar o los servicios financieros. Esta cuestión requiere más aclaraciones para no generar inseguridad jurídica.

4.

No está claro si el ámbito abarca también los denominados «pagos ocultos», es decir, servicios que se prestan de forma gratuita, pero que, durante su ejecución, engloban otros servicios que sí son de pago.

5.

El ámbito de aplicación de los datos cuyo tratamiento es necesario, en el artículo 3, apartado 4, debe abarcar no solo la ejecución, sino también la «celebración del contrato»; el tratamiento de esos datos debe autorizarse de conformidad con las normas previstas por la legislación en materia de datos personales.

6.

También es fundamental aclarar la diferencia entre productos y servicios prestados en línea, y los que están totalmente conectados a bienes materiales, como sucede con las denominadas «computadoras corporales» («wearables») o con el internet de las cosas, en los que la mayoría del procedimiento es digital, aunque exista un bien material en su base.

7.

Debe quedar claro que los servicios de centro de datos, sobre todo los denominados de computación en la nube deben identificarse con claridad en la propuesta, independientemente de que sean gratuitos o sujetos a contrapartida, habida cuenta de que muchas veces están asociados a otros servicios o productos que se prestan a los consumidores, con lo que se corre el riesgo de que queden excluidos del alcance de la Directiva.

8.

También es necesario aclarar en el marco de este instrumento si está incluida la combinación de servicios de contenido digital con servicios de comunicaciones como Facebook Messenger o Google Hangout, ya que no están regulados en la actualidad por la Directiva 2002/21/CE relativa a los servicios de comunicaciones electrónicas, y se ha estimado que algunos de estos servicios deben considerarse servicios de comunicaciones electrónicas, con una protección mayor del consumidor.

9.

Del mismo modo, tampoco está clara la distinción entre las situaciones en que los datos personales obtenidos tienen por objeto únicamente la ejecución del contrato o el cumplimiento de normas legales. Por este motivo, el CESE sugiere, por precaución, la aplicación de la Directiva a todos los servicios que se presten mediante el suministro de datos personales, exceptuando solo aquellos en los que el proveedor demuestre, de forma expresa, que solo tienen por objeto la ejecución del contrato o el cumplimiento de requisitos legales.

10.

También por lo que respecta al apartado 4, será necesario aclarar cuándo la recogida de datos personales se destina a la ejecución del contrato o al cumplimiento de requisitos legales, habida cuenta de que en otros sectores, como las telecomunicaciones o la energía, los datos personales, aun estando autorizados para la ejecución del contrato, se utilizan en muchas ocasiones para campañas comerciales de las propias empresas y, en particular, se aplica a otro tipo de contrapartidas además del dinero.

1.

En el apartado 1, suprímase «cuando proceda».

2.

En el apartado 1, letra b), después de «para el uso concreto requerido por el consumidor», añudase «o para el que legítimamente pueda esperar de ellos».

3.

En el apartado 2, letra b), suprímase «cuando proceda».

1.

En el apartado 2, letra b), sustitúyase «el proveedor adoptará todas las medidas que podrían esperarse para abstenerse» por «el proveedor deberá abstenerse».

2.

Las letras c), d) y e) dependen de la normativa sobre derechos de autor, que todavía no se conoce.