13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/1

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/2

—

Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, apartado 1, 24, apartado 1, y 133 de la Directiva 2006/112/CE (1) del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «Directiva del IVA»), en relación con su artículo 132, apartado 1, letra m), eximiendo del IVA el alquiler de embarcaderos y cobertizos para embarcaciones en favor de socios de clubes de deportes acuáticos que, para la prestación de sus servicios relativos a actividades de navegación o de recreo que no pueden ser equiparados con la práctica del deporte o de la educación física, no emplean personal que trabaja para ellos.

—

Que se declare que el Reino de los Países Bajos ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2, apartado 1, 24, apartado 1, y 133 de la Directiva 2006/112/CE, en relación con su artículo 132, apartado 1, letra m), circunscribiendo, si el alquiler de embarcaderos y cobertizos para embarcaciones se realiza en favor de socios que practican deporte y si se relaciona directamente y es imprescindible para la práctica de dicho deporte, la exención de dicho alquiler a clubes de deportes acuáticos que, para la prestación de sus servicios, no emplean personal que trabaja para ellos.

—

Que se condene en costas al Reino de los Países Bajos.

1.

La Directiva 2006/112/CE obliga a los Estados miembros a eximir determinadas prestaciones de servicios, directamente relacionadas con la práctica del deporte o de la educación física, facilitadas por organismos sin fin lucrativo a las personas que practican el deporte o la educación física.

2.

El artículo 11, apartado 1, letra e), de la Nederlandse Wet Omzetbelasting 1968 (Ley neerlandesa del impuesto sobre el volumen de negocios de 1968) exime del IVA a los servicios prestados por clubes deportivos en favor de sus socios, con excepción de los servicios prestados por organizaciones deportivas acuáticas que, para la prestación de sus servicios, emplean personal que trabaja para ellas según las necesidades de la organización, siempre que dichos servicios consistan en la prestación, con ayuda de dicho personal, de actividades relacionadas con embarcaciones y en la puesta a disposición de embarcaderos y cobertizos para embarcaciones.

3.

A juicio de la Comisión, esa exención neerlandesa es, al mismo tiempo, demasiado amplia y demasiado estricta.

4.

En primer lugar, la Comisión no está de acuerdo con que la exención no se circunscriba al alquiler a los socios deportistas de la asociación sin ánimo de lucro, sino que se extienda también al alquiler a los socios de la asociación que hagan un uso meramente recreativo o quizás incluso residencial, sin abandonar el muelle, de la embarcación situada en el embarcadero o cobertizo alquilado. En esta medida, considera que la exención es contraria a los artículos 2, apartado 1, 24, apartado 1, y 133, de la Directiva del IVA.

5.

En segundo lugar, la Comisión no está de acuerdo con que para acogerse a la exención, las asociaciones en cuestión no puedan tener personal contratado. Estima que, de este modo, los Países Bajos añaden un requisito que va más allá de lo que autoriza el artículo 133 [en relación con el artículo 132, apartado 1, letra m)] de la Directiva del IVA.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/3

1)

La interpretación de «no vinculación» que realiza el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE (1). ¿Es compatible en estos supuestos con una interpretación que determine que la declaración de nulidad de la citada cláusula no obstante extiende sus efectos hasta que se declare la misma? Y por tanto que aunque se declare su nulidad se entenderá que los efectos que ha producido durante su vigencia no quedarán invalidados o ineficaces.

2)

El cese en el uso que pudiera decretarse de una determinada cláusula (de conformidad a los apartados primeros de los artículos 6 y 7) en una acción individual ejercitada por un consumidor cuando se declare su nulidad: ¿Es compatible con una limitación de los efectos de dicha nulidad? ¿Es posible moderar (por los tribunales) la devolución de las cantidades que haya pagado el consumidor — a que esté obligado el profesional — en aplicación de la cláusula, posteriormente declarada nula desde el origen, por defecto de información y/o transparencia?

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/4

1)

¿Es aplicable el plazo de protección establecido en el artículo 10, en relación con el artículo 13, apartado 1, de la Directiva relativa al plazo de protección (1) a los derechos de autor inicialmente protegidos por la legislación nacional en materia de derechos de autor, pero que expiraron antes del 1 de julio de 1995 como consecuencia de la falta de cumplimiento (dentro de plazo) de un requisito formal, en concreto la falta de presentación (dentro de plazo) de una declaración de conservación en el sentido del artículo 21, apartado 3, de la BTMW [Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen] (antigua)?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

¿Debe interpretarse la Directiva relativa al plazo de protección en el sentido de que se opone a una norma legal nacional que implica que el derecho de autor relativo a una obra de artes aplicadas que ha expirado antes del 1 de julio de 1995 por el incumplimiento de un requisito formal se sigue considerando extinguido?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión:

Si debe considerarse, conforme a la legislación nacional, que el derecho de autor en cuestión ha de restablecerse o se ha restablecido en algún momento, ¿en qué fecha se producirá tal situación?

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/4

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/5

1)

¿Está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/96/CE (1) una normativa nacional (como la pertinente en el procedimiento principal) que, por un lado, establece una definición de «empresas de elevado consumo energético» compatible con la de la Directiva y que, por otro lado, reserva a esa categoría de empresas incentivos en materia de pagos para cubrir los gastos generales del sistema eléctrico (y no incentivos relativos a la imposición de productos energéticos y de la electricidad en cuanto tal)?

2)

¿Se opone el ordenamiento jurídico de la Unión, en particular los artículos 11 y 17 de la Directiva 2003/96/CE, a una normativa y a una práctica administrativa (como las vigentes en el ordenamiento jurídico italiano expuestas en la presente petición) que, por un lado, introducen un sistema de ventajas por el consumo de productos energéticos (electricidad) por parte de empresas «de elevado consumo energético» en el sentido del citado artículo 17 y, por otro, reservan la posibilidad de acogerse a esas ventajas a las empresas de elevado consumo energético que operan en el sector industrial, excluyéndolas para las empresas que operan en otros sectores productivos?

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/6

1)

¿La expresión «para inválidos» significa «únicamente» para inválidos?

2)

¿Cuál es el significado del término «inválidos»? En particular:

3)

¿Modifica la nota explicativa de la Nomenclatura Combinada de 4 de enero de 2005 (2005/C 1/03) (2) el significado de la partida 8713 de la NC al excluir a los electromóviles que tienen una columna de dirección separada?

4)

¿Afecta a la clasificación arancelaria la posibilidad de que una persona no inválida utilice un vehículo si se puede afirmar que dicho vehículo tiene unas características particulares que palian los efectos de una discapacidad?

5)

En caso de que la idoneidad para el uso por personas no discapacitadas sea una circunstancia pertinente, ¿en qué medida las desventajas de dicho uso han de ser también pertinentes para determinar dicha idoneidad?

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/6

1)

¿El artículo 29, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2913/92 (1) del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, debe interpretarse en el sentido de que el método establecido en dicho artículo también es de aplicación cuando la importación de las mercancías y su despacho a libre práctica en el territorio aduanero de la Comunidad se hayan producido como consecuencia de que durante el procedimiento de tránsito han sido sustraídas a la vigilancia aduanera, tratándose de mercancías sujetas a derechos de importación y que no han sido vendidas para su exportación con destino al territorio aduanero de la Comunidad sino para su exportación fuera de la Comunidad?

2)

¿La expresión «de forma sucesiva», que figura en el artículo 30, apartado 1, del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en relación con el derecho a una buena administración que se consagra en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y junto con el principio de motivación de los actos administrativos, debe interpretarse en el sentido de que, para poder llegar a la conclusión de que es de aplicación el método que figura en el artículo 31, la Administración aduanera tiene la obligación de argumentar en cada acto administrativo por qué en esas circunstancias concretas no se pueden utilizar los métodos de determinación de valor de las mercancías en aduana que figuran en los artículos 29 o 30?

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/7

—

Que se declare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 2007/23/CE (1) al establecer, en el Primer Reglamento de desarrollo de la Ley relativa a los explosivos [Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV)], más allá de las exigencias incluidas en dicha Directiva, que, con independencia de que se haya realizado previamente una valoración de la conformidad de los artículos pirotécnicos, dichos artículos deben ser objeto, antes de su comercialización, del procedimiento previsto en el artículo 6, apartado 4, del citado Reglamento y que la Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung [organismo notificado alemán] está facultada, con arreglo al artículo 6, apartado 4, quinta frase, del mismo Reglamento para examinar y, en su caso, modificar las instrucciones de todos los artículos pirotécnicos.

—

Que se condene en costas República Federal de Alemania.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/8

—

La anulación por el Tribunal de Justicia de la Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 5 de marzo de 2015, Rose Vision y Seseña contra Comisión, T-45/13, EU:T:2015:138.

—

La declaración por el Tribunal de Justicia de la nulidad de la suspensión de pagos adoptada por la Comisión y por otros órganos de la Unión (en particular, la Agencia Ejecutiva de Investigación) en el marco de las auditorías 11-INFS-025 y 11-BA119-016, con las consecuencias señaladas en el apartado 51 del recurso de casación.

—

La declaración por el Tribunal de Justicia de que la Comisión ha incurrido en una infracción de las estipulaciones contractuales del contrato de subvención del proyecto FutureNEM relativas a la obligación de confidencialidad, por lo que la Comisión debe indemnizar a Rose Vision en los términos indicados en el apartado 93 del recurso de casación.

—

La declaración de que la Comisión ha incurrido en responsabilidad extracontractual en relación con Rose Vision al incluirla en el nivel de alerta W 2 del Sistema de Alerta Rápida (SAR) establecido por la Decisión 2008/969/CE (1), Euratom, relativa al SAR para uso de los ordenadores de la Comisión y de las agencias ejecutivas, y al suspender los pagos, por lo que debe indemnizarla en los daños patrimoniales o económicos y los daños morales señalados en los apartados 122 del recurso de casación.

1.

Error de derecho consistente en considerar que existía una prórroga del plazo establecido en el apartado 5 del punto II.22 de las condiciones generales FP7 para la presentación de los informes finales de auditoría 11-INFS-025 y 11-BA119-016 (apartados 93 y 95 de la Sentencia recurrida) y que la Comisión no ha incumplido el acuerdo de subvención (apartado 97 de la Sentencia recurrida).

2.

Error de derecho consistente en falta de motivación de la afirmación de que el borrador de informe de auditoría 11-INFS-025 «ya ponía de manifiesto la existencia de determinados costes de personal que no eran subvencionables, así como la infracción de determinadas estipulaciones contractuales, lo cual quedó confirmado en la versión definitiva del mencionado informe de auditoría» (apartado 99 de la Sentencia recurrida).

3.

Error de derecho consistente en afirmar, con referencia al informe de auditoría 11-INFS-025, que Rose Vision «no ha presentado ningún elemento que permita cuestionar las conclusiones de dicho informe de auditoría» (apartado 101 de la Sentencia recurrida) y que la Comisión no ha incumplido el acuerdo de subvención (apartado 102 de la Sentencia recurrida).

4.

Error de derecho consistente en negar la existencia de una infracción de las estipulaciones contractuales del contrato de subvención del proyecto FutureNEM relativas a la obligación de confidencialidad (apartado 104 de la Sentencia recurrida).

5.

Error de derecho consistente en rechazar la responsabilidad de la Unión por los daños resultantes de la inscripción de Rose Vision en el nivel de alerta W 2 del Sistema de Alerta Rápida (SAR) establecido por la Decisión 2008/969/CE, y de la suspensión de pagos a Rose Vision (apartado 120 de la Sentencia recurrida).

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/10

1)

Anular la Decisión de Ejecución 2013/123/UE de la Comisión, de 26 de febrero de 2013, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la Sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en la medida en que aplica una corrección financiera a la República Francesa en el marco de las medidas de ayuda al desarrollo rural para los ovinos por los que no se han solicitado primas por ganado ovino correspondientes a los ejercicios financieros 2008 y 2009.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

Condenar a la República Francesa a cargar con tres cuartas partes de sus propias costas y con tres cuartas partes de las costas de la Comisión Europea.

4)

Condenar a la Comisión Europea a cargar con una cuarta parte de sus propias costas y con una cuarta parte de las costas de la República Francesa.

5)

El Reino de España cargará con sus propias costas.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/11

1)

Sobreseer el recurso.

2)

Condenar a la parte demandante a cargar con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la parte demandada.

3)

La parte coadyuvante cargará con sus propias costas.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/11

1)

Sobreseer el recurso.

2)

La parte demandante cargará con sus propias costas, así como con las de la parte demandada. La parte coadyuvante cargará con sus propias costas.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/12

1)

Sobreseer el recurso.

2)

Condenar a la demandante y a la coadyuvante a cargar con sus propias costas, y, cada una de ellas, con la mitad de las costas de la demandada.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/13

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

APRAM — Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA, cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión Europea.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/13

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

No procede pronunciarse sobre las demandas de intervención presentadas por la European Seed Association (ESA).

3)

Ackermann Saatzucht GmbH & Co. KG y los otros demandantes cuyos nombres figuran en el anexo cargarán con sus propias costas, así como con aquellas en que hayan incurrido el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/14

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

No procede pronunciarse sobre las demandas de intervención presentadas por la European Seed Association (ESA) y la Asociación Internacional de Productores de Horticultura (AIPH).

3)

ABZ Aardbeien Uit Zaad Holding BV y los demás demandantes cuyos nombres figuran en el anexo cargarán con sus propias costas, así como con aquellas en que hayan incurrido el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/15

—

Anule el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/872/PESC del Consejo, de 4 de diciembre de 2014 («segunda Decisión modificadora»), que modifica la Decisión 2014/512/PESC del Consejo, relativa a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania y la Decisión 2014/659/PESC por la que se modifica la Decisión 2014/512/PESC (1).

—

Anule el artículo 1, apartados 3 a 8, del Reglamento (UE) no 1290/2014 del Consejo, de 4 de diciembre de 2014 («segundo Reglamento modificador»), que modifica el Reglamento (UE) no 833/2014 relativo a medidas restrictivas motivadas por acciones de Rusia que desestabilizan la situación en Ucrania y el Reglamento (UE) no 960/2014 por el que se modifica el Reglamento (UE) no 833/2014 (2).

—

Además o con carácter subsidiario, anule la Decisión 2014/872/PESC y el Reglamento (UE) no 1290/2014 del Consejo, en la medida en que se aplican a las partes demandantes.

—

Condene en costas al Consejo.

1.

Primer motivo, basado en que las nuevas medidas modificadoras no están suficientemente motivadas para permitir un control de legalidad y vulneran el derecho de defensa de las demandantes y su derecho a la tutela judicial efectiva.

2.

Segundo motivo, basado en que el objetivo perseguido por las nuevas medidas modificadoras no constituye un objetivo legítimo de la PESC.

3.

Tercer motivo, basado en que las nuevas medidas modificadoras son contrarias a las obligaciones que incumben a la Unión conforme al Derecho internacional en virtud del Acuerdo de Colaboración y Cooperación con Rusia y/o el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).

4.

Cuarto motivo, basado en que el segundo Reglamento modificador no pone de manifiesto que exista un vínculo racional entre los objetivos de la decisión y los medios para ponerla en práctica.

5.

Quinto motivo, basado en que el segundo Reglamento modificador no aplica de manera adecuada las disposiciones de la decisión desde el punto de vista material.

6.

Sexto motivo, basado en que las nuevas medidas modificadoras son contrarias a los principios de igualdad de trato y de ejercicio no arbitrario del poder.

7.

Séptimo motivo, basado en que las nuevas medidas modificadoras son desproporcionadas en relación con la finalidad de la decisión y, por lo tanto, cercenan las competencias legislativas de la Unión y suponen una injerencia desproporcionada en los derechos fundamentales de las demandantes.

8.

Octavo motivo, basado en que las nuevas medidas modificadoras son constitutivas de una desviación de poder.

9.

Noveno motivo, basado en que las nuevas medidas modificadoras son contrarias al principio de seguridad jurídica debido a la falta de claridad de los términos esenciales.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/16

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la OAMI a cargar con sus propias costas y las de la demandante.

—

Infracción del artículo 1 quater, apartado 2, del Reglamento no 216/96 en la medida en que un miembro de la Sala de Recurso que adoptó la resolución original de 2009 de la Sala de Recurso era también miembro de la Sala que adoptó la resolución impugnada.

—

Infracción del artículo 50 del Reglamento de Desarrollo al basarse en pruebas nuevas no invocadas ante la OAMI en la primera vista de la oposición.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 al no imponer a la oponente la carga de la prueba en la oposición para demostrar la similitud de los bienes controvertidos.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 en la medida en que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho en relación con la identificación del público relevante y, en general, al apreciar la probabilidad de confusión.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/17

—

Anule la decisión de 13 de febrero de 2015 (302534) del Vicepresidente del Parlamento Europeo por la que se deniega la solicitud confirmatoria de la demandante para acceder a documentos del Parlamento Europeo relacionados con todas las peticiones de ofertas en los lotes de la licitación no ITS08 — Prestación de servicios informáticos externos IT 2008S/149-199622 (de conformidad con el Reglamento (CE) no 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión) y por la que se confirma la decisión del Secretario General del Parlamento de 18 de diciembre de 2014.

—

Condene al Parlamento a cargar con las costas y los gastos legales y de otro tipo causados en relación con este recurso, incluso si se desestima el recurso.

1.

Primer motivo, la demandante afirma que el Parlamento no procedió a una evaluación individual de los documentos solicitados y denegó incluso un acceso parcial a los documentos solicitados, infringiendo el artículo 4, apartado 6, del Reglamento no 1049/2001 (1).

2.

Segundo motivo, la demandante mantiene que deben ser desestimadas por ser completamente infundadas las justificaciones dadas por el Parlamento respecto a la protección de la seguridad pública, la vida privada de las personas, los intereses comerciales de una persona física o jurídica y la toma de decisiones.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/17

—

Anule la decisión del Parlamento Europeo, comunicada a las demandantes mediante el escrito D(2015)7680, que clasificó en tercer lugar la oferta de las demandantes en una de las ocho secciones y en particular en la sección 3, en el marco del procedimiento abierto de licitación 2014/S 066-111912, denominado «PE/ITEC-ITS14 External provision of IT services».

—

Obligue al Parlamento a reparar el perjuicio de las demandantes por la oportunidad que perdieron de ser clasificadas en el primer lugar en la sección 3 del contrato marco ITS14, que estiman ex aequo et bono en un millón quinientos mil euros (1 5 00  000,00 euros), junto con los intereses desde la fecha en que se adoptó la decisión o desde otra que considere el Tribunal.

—

Condene al Parlamento a la totalidad de las costas procesales de las demandantes.

1.

Incumplió su obligación de motivación, al motivar insuficientemente la valoración de la oferta técnica de las demandantes con la que participaban en el procedimiento de licitación controvertido, y no facilitarles los datos de las ofertas económicas de los consorcios seleccionados.

2.

Vulneró las condiciones contractuales (prescripciones del procedimiento de licitación y directrices adicionales), que él mismo había elaborado, al aplicar en la valoración de las ofertas económicas de los licitadores un método distinto al establecido en los citados documentos.

3.

Vulneró las condiciones contractuales e infringió el Derecho de la Unión, al no circunscribir y examinar la cuestión de las ofertas presentadas excesivamente bajas.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/18

—

Anule el artículo 1, apartados 1 y 2, y los artículos 3, 4 y 5, en cuanto guardan relación con dicho artículo 1, apartados 1 y 2, de la Decisión de la Comisión Europea de 23 de julio de 2014 en el asunto de ayuda estatal SA.22614, que declaró que Ryanair y Airport Marketing Services habían recibido una ayuda estatal ilegal de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pau-Béarn incompatible con el mercado interior; y

—

Condene en costas a la Comisión Europea.

1.

Primer motivo, basado en que la decisión infringe el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el principio de buena administración y el derecho de defensa de las demandantes, ya que la Comisión no les concedió acceso al expediente de su investigación ni les permitió exponer oportunamente su punto de vista.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, porque la Comisión atribuyó erróneamente las medidas discutidas al Estado.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, puesto que la Comisión se negó a erróneamente a considerar un análisis comparativo que habría llevado a la conclusión de la inexistencia de ayuda a favor de las demandantes. Alternativamente, la Comisión no atribuyó el valor adecuado a los servicios de marketing, refutó erróneamente la razón que sustentaba la decisión por el aeropuerto de contratar esos servicios, negó erróneamente la posibilidad de que una parte de los servicios de marketing se hubieran contratado para fines de interés general, omitió apreciar los acuerdos de marketing desde los puntos de vista separados del propietario y del explotador del aeropuerto como operadores en una economía de mercado, basó sus conclusiones para el cálculo de la rentabilidad del aeropuerto en datos incompletos e inapropiados, se sirvió de un horizonte temporal excesivamente corto, apoyó erróneamente su apreciación sólo en las rutas acordadas y no consideró las externalidades de red que el aeropuerto podía esperar conseguir de su relación con Ryanair. En cualquier caso, si hubiera existido una ventaja a favor de las demandantes, la Comisión no demostró que fuera selectiva.

4.

Cuarto motivo, subsidiario, basado en la infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 2, ya que la Comisión cometió un error manifiesto de apreciación y un error de Derecho al considerar que la ayuda a favor de Ryanair y AMS era igual a las pérdidas acumuladas marginales del aeropuerto de Pau, en lugar del beneficio real para Ryanair y AMS. La Comisión debió haber examinado en qué grado el supuesto beneficio había repercutido en los pasajeros de Ryanair. Además, la Comisión no cuantificó una supuesta ventaja competitiva que Ryanair hubiera obtenido a través de los supuestos pagos por debajo de los costes del aeropuerto de Pau. Finalmente, la Comisión no explicó apropiadamente por qué la recuperación del importe de ayuda especificado en la decisión era necesaria para asegurar el restablecimiento de la situación anterior a la concesión de la ayuda.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/19

—

Anule la resolución impugnada.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/20

—

Anule la resolución impugnada.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/20

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la parte demandada a pagar las costas en que haya incurrido el titular de la marca.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento no 207/2009.

—

Infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/21

—

Anule la resolución impugnada.

—

Infracción del artículo 41, apartado 1, del Reglamento no 207/2009.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/22

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la OAMI.

—

Interpretación y aplicación erróneas del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento no 207/2009.

—

Infracción de los artículos 76 y 83 del Reglamento no 207/2009.

—

Infracción de los artículos 6 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en lo que respecta, respectivamente, al derecho a un juicio justo y a la prohibición de discriminación.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/23

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la OAMI.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/23

—

Anule la Decisión (PESC) 2015/364 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 62, p. 25), y el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/357 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 208/2014 relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO L 62, p. 1), en la medida en que afecten a la parte demandante.

—

Con carácter subsidiario, declare que el artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, en su versión modificada, y el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) no 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, en su versión modificada, son inaplicables en la medida en que afecten a la parte demandante por ser ilegales.

—

Condene en costas al Consejo.

1.

Primer motivo, basado en que la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, en su versión modificada (en lo sucesivo, «Decisión»), en la medida en que impone medidas restrictivas contra la parte demandante, no es conforme con los objetivos de la Decisión invocados expresamente (a saber, la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos), y no se incardina en los principios y objetivos de la Política exterior y de seguridad común (PESC) que prevé el artículo 21 TUE. Por lo tanto, la Decisión no cumple los requisitos para basarse en el artículo 29 TUE. Dado que la Decisión carecía de validez, el Consejo no podía basarse en el artículo 215 TFUE, apartado 2, para adoptar el Reglamento (UE) no 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento»). Hechos recientes han puesto de manifiesto claramente que la parte demandante no será tratada de manera justa, independiente e imparcial por las autoridades ucranianas judiciales o encargadas de la investigación.

2.

Segundo motivo, basado en que la parte demandante no cumplía los criterios para su inclusión en el anexo de la Decisión y el Reglamento (conjuntamente, «actos impugnados»). La parte demandante no era objeto, en el momento de su inclusión en la lista, de ningún procedimiento penal incoado por las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos o abuso de funciones que ocasionara un perjuicio a fondos o activos públicos ucranianos.

3.

Tercer motivo, basado en que el Consejo violó el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte demandante. No se aportaron a la parte demandante pruebas serias, creíbles o concretas que fundamenten la imposición de medidas restrictivas en su contra. En particular, no existen pruebas de que se haya examinado con atención e imparcialidad si los supuestos motivos invocados para justificar la redesignación son fundados a la luz de lo manifestado por la parte demandante.

4.

Cuarto motivo, basado en que el Consejo no dio a la parte demandante una motivación suficiente para su inclusión. La motivación no es detallada, consistiendo simplemente en una formulación general y estereotipada.

5.

Quinto motivo, basado en que el Consejo vulneró gravemente los derechos fundamentales de la parte demandante a la propiedad y a su reputación. Las medidas restrictivas no fueron «establecidas por la ley»; se impusieron sin las adecuadas garantías que permitieran a la parte demandante exponer sus alegaciones de manera efectiva ante el Consejo; no se limitan a bienes concretos de los que se afirme que representan fondos públicos objeto de apropiación indebida ni a la cuantía de los fondos supuestamente objeto de apropiación indebida; han sido tratadas como una indicación de culpabilidad que lleva a acciones contrarias en otros ámbitos.

6.

Sexto motivo, mediante el que se alega que el Consejo se basó en hechos sustancialmente inexactos. Se puede demostrar que es falsa la afirmación de que la parte demandante es objeto de algún procedimiento penal incoado por las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos o abuso de funciones que ocasionara un perjuicio a fondos o activos públicos ucranianos o que pudiera ser responsable de ello.

7.

Séptimo motivo, invocado en apoyo de la declaración de ilegalidad, mediante el que se alega que si el artículo 1, apartado 1, de la Decisión y el artículo 3, apartado 1, del Reglamento deben interpretarse de manera que comprendan: a) cualquier investigación de una autoridad ucraniana con independencia de que exista un procedimiento o resolución judicial que la respalde, controle o supervise; y/o b) cualquier «abuso de funciones de un cargo público a fin de obtener una ventaja injustificada» con independencia de que exista una imputación de apropiación indebida de fondos públicos, el criterio de la designación, dada la amplitud y alcance arbitrarios a que daría lugar una interpretación tan amplia, carecería de base legal adecuada; y/o sería desproporcionado con respecto a los objetivos de la Decisión y el Reglamento. En consecuencia, el criterio de la designación sería ilegal.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/25

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/25

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/25

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/25

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/25

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/26

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/26

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/26

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/26

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/27

1)

Anular la decisión de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 9 de octubre de 2013, por la que se elabora la lista de los funcionarios promovidos en el marco del ejercicio de promoción de 2013 en la medida en que no figura el nombre del Sr. Gross.

2)

El Servicio Europeo de Acción Exterior cargará con sus propias costas y con las costas soportadas por el Sr. Gross.

13.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/27

1)

Desestimar el recurso.

2)

El Sr. Bedin cargará con sus propias costas y con las soportadas por la Comisión Europea.