1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/1

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/2

—

Anule el auto recurrido.

—

Anule la estimación de la inadmisibilidad y en particular la afirmación de que «una declaración del Eurogrupo no puede ser considerada un acto destinado a producir resultados jurídicos frente a terceros» y en consecuencia frente a la recurrente y que con la declaración impugnada el Eurogrupo «procedió, de manera muy general, a dar cuenta de algunas medidas acordadas en el plano político con la República de Chipre».

—

Anule el auto recurrido en la medida en que imputó a la República de Chipre la reducción de los depósitos sin imputar ningún comportamiento, acto o resolución al Eurogrupo, a los recurridos o a éstos por medio del Eurogrupo.

—

Anule la condena de las recurrentes al pago de las costas.

1.

El auto recurrido adolece de insuficiente motivación y fue dictado con error de hecho y de Derecho en relación con el órgano real y auténtico que adoptó la resolución sobre la reducción de los depósitos «bail in».

2.

El auto recurrido fue dictado vulnerando los principios generales de Derecho en la medida en que el Tribunal General interpretó erróneamente que, con independencia de la forma que adoptó la resolución impugnada del Eurogrupo, ésta podía en el presente asunto ser objeto de recurso de anulación.

3.

El Tribunal General incurrió en error al dictar el auto recurrido al no analizar el vínculo real y jurídico entre la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo, ni examinar el hecho de que con arreglo al principio de causalidad y al criterio del verdadero causante los actos del Eurogrupo constituían actos del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, quienes deberían actuar de modo conforme con el Tratado y los Protocolos de la Unión Europea así como con arreglo al Derecho europeo derivado y secundario.

Como consecuencia, el Tribunal General no examinó en esencia las alegaciones y el litigio de las recurrentes, desestimando de ese modo erróneamente el recurso de anulación.

4.

En cuanto se estime el presente recurso de casación, las recurrentes no deben ser condenadas a las costas de la presente instancia ni a las de la primera instancia.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/3

—

Anule el auto recurrido.

—

Anule la estimación de la inadmisibilidad y en particular la afirmación de que «una declaración del Eurogrupo no puede ser considerada un acto destinado a producir resultados jurídicos frente a terceros» y en consecuencia frente a la recurrente y que con la declaración impugnada el Eurogrupo «procedió, de manera muy general, a dar cuenta de algunas medidas acordadas en el plano político con la República de Chipre».

—

Anule el auto recurrido en la medida en que imputó a la República de Chipre la reducción de los depósitos sin imputar ningún comportamiento, acto o resolución al Eurogrupo, a los recurridos o a éstos por medio del Eurogrupo.

—

Anule la condena de la recurrente al pago de las costas.

1.

El auto recurrido adolece de insuficiente motivación y fue dictado con error de hecho y de Derecho en relación con el órgano real y auténtico que adoptó la resolución sobre la reducción de los depósitos «bail in».

2.

El auto recurrido fue dictado vulnerando los principios generales de Derecho en la medida en que el Tribunal General interpretó erróneamente que, con independencia de la forma que adoptó la resolución impugnada del Eurogrupo, ésta podía en el presente asunto ser objeto de recurso de anulación.

3.

El Tribunal General incurrió en error al dictar el auto recurrido al no analizar el vínculo real y jurídico entre la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo, ni examinar el hecho de que con arreglo al principio de causalidad y al criterio del verdadero causante los actos del Eurogrupo constituían actos del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, quienes deberían actuar de modo conforme con el Tratado y los Protocolos de la Unión Europea así como con arreglo al Derecho europeo derivado y secundario.

Como consecuencia, el Tribunal General no examinó en esencia las alegaciones y el litigio de la recurrente, desestimando de ese modo erróneamente el recurso de anulación.

4.

En cuanto se estime el presente recurso de casación, la recurrente no debe ser condenada a las costas de la presente instancia ni a las de la primera instancia.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/4

—

Anule el auto recurrido.

—

Anule la estimación de la inadmisibilidad y en particular la afirmación de que «una declaración del Eurogrupo no puede ser considerada un acto destinado a producir resultados jurídicos frente a terceros» y en consecuencia frente a la recurrente y que con la declaración impugnada el Eurogrupo «procedió, de manera muy general, a dar cuenta de algunas medidas acordadas en el plano político con la República de Chipre».

—

Anule el auto recurrido en la medida en que imputó a la República de Chipre la reducción de los depósitos sin imputar ningún comportamiento, acto o resolución al Eurogrupo, a los recurridos o a éstos por medio del Eurogrupo.

—

Anule la condena de las recurrentes al pago de las costas.

1.

El auto recurrido adolece de insuficiente motivación y fue dictado con error de hecho y de Derecho en relación con el órgano real y auténtico que adoptó la resolución sobre la reducción de los depósitos «bail in».

2.

El auto recurrido fue dictado vulnerando los principios generales de Derecho en la medida en que el Tribunal General interpretó erróneamente que, con independencia de la forma que adoptó la resolución impugnada del Eurogrupo, ésta podía en el presente asunto ser objeto de recurso de anulación.

3.

El Tribunal General incurrió en error al dictar el auto recurrido al no analizar el vínculo real y jurídico entre la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo, ni examinar el hecho de que con arreglo al principio de causalidad y al criterio del verdadero causante los actos del Eurogrupo constituían actos del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, quienes deberían actuar de modo conforme con el Tratado y los Protocolos de la Unión Europea así como con arreglo al Derecho europeo derivado y secundario.

Como consecuencia, el Tribunal General no examinó en esencia las alegaciones y el litigio de las recurrentes, desestimando de ese modo erróneamente el recurso de anulación.

4.

En cuanto se estime el presente recurso de casación, las recurrentes no deben ser condenadas a las costas de la presente instancia ni a las de la primera instancia.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/5

—

Anule el auto recurrido.

—

Anule la estimación de la inadmisibilidad y en particular la afirmación de que «una declaración del Eurogrupo no puede ser considerada un acto destinado a producir resultados jurídicos frente a terceros» y en consecuencia frente a la recurrente y que con la declaración impugnada el Eurogrupo «procedió, de manera muy general, a dar cuenta de algunas medidas acordadas en el plano político con la República de Chipre».

—

Anule el auto recurrido en la medida en que imputó a la República de Chipre la reducción de los depósitos sin imputar ningún comportamiento, acto o resolución al Eurogrupo, a los recurridos o a éstos por medio del Eurogrupo.

—

Anule la condena de la recurrente al pago de las costas.

1.

El auto recurrido adolece de insuficiente motivación y fue dictado con error de hecho y de Derecho en relación con el órgano real y auténtico que adoptó la resolución sobre la reducción de los depósitos «bail in».

2.

El auto recurrido fue dictado vulnerando los principios generales de Derecho en la medida en que el Tribunal General interpretó erróneamente que, con independencia de la forma que adoptó la resolución impugnada del Eurogrupo, ésta podía en el presente asunto ser objeto de recurso de anulación.

3.

El Tribunal General incurrió en error al dictar el auto recurrido al no analizar el vínculo real y jurídico entre la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo, ni examinar el hecho de que con arreglo al principio de causalidad y al criterio del verdadero causante los actos del Eurogrupo constituían actos del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, quienes deberían actuar de modo conforme con el Tratado y los Protocolos de la Unión Europea así como con arreglo al Derecho europeo derivado y secundario.

Como consecuencia, el Tribunal General no examinó en esencia las alegaciones y el litigio de la recurrente, desestimando de ese modo erróneamente el recurso de anulación.

4.

En cuanto se estime el presente recurso de casación, la recurrente no debe ser condenada a las costas de la presente instancia ni a las de la primera instancia.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/6

—

Anule el auto recurrido.

—

Anule la estimación de la inadmisibilidad y en particular la afirmación de que «una declaración del Eurogrupo no puede ser considerada un acto destinado a producir resultados jurídicos frente a terceros» y en consecuencia frente a la recurrente y que con la declaración impugnada el Eurogrupo «procedió, de manera muy general, a dar cuenta de algunas medidas acordadas en el plano político con la República de Chipre».

—

Anule el auto recurrido en la medida en que imputó a la República de Chipre la reducción de los depósitos sin imputar ningún comportamiento, acto o resolución al Eurogrupo, a los recurridos o a éstos por medio del Eurogrupo.

—

Anule la condena de la recurrente al pago de las costas.

1.

El auto recurrido adolece de insuficiente motivación y fue dictado con error de hecho y de Derecho en relación con el órgano real y auténtico que adoptó la resolución sobre la reducción de los depósitos «bail in».

2.

El auto recurrido fue dictado vulnerando los principios generales de Derecho en la medida en que el Tribunal General interpretó erróneamente que, con independencia de la forma que adoptó la resolución impugnada del Eurogrupo, ésta podía en el presente asunto ser objeto de recurso de anulación.

3.

El Tribunal General incurrió en error al dictar el auto recurrido al no analizar el vínculo real y jurídico entre la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo, ni examinar el hecho de que con arreglo al principio de causalidad y al criterio del verdadero causante los actos del Eurogrupo constituían actos del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, quienes deberían actuar de modo conforme con el Tratado y los Protocolos de la Unión Europea así como con arreglo al Derecho europeo derivado y secundario.

Como consecuencia, el Tribunal General no examinó en esencia las alegaciones y el litigio de la recurrente, desestimando de ese modo erróneamente el recurso de anulación.

4.

En cuanto se estime el presente recurso de casación, la recurrente no debe ser condenada a las costas de la presente instancia ni a las de la primera instancia.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/7

1)

¿Se opone el ordenamiento jurídico de la Unión — en particular el considerando 31 y el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE (1) — a una normativa nacional (en particular, el artículo 71 sexies de la LDA [Ley sobre derechos de autor] italiana, en relación con el artículo 4 del [decreto de] 30 de diciembre de 2009) que establece que, en lo que se refiere a soportes y dispositivos adquiridos con fines manifiestamente ajenos a la copia privada — es decir, para uso exclusivamente profesional —, la determinación de los criterios de exención ex ante del canon se encomienda a la contratación — es decir, a la «libre negociación» — privada, en especial en lo que atañe a los «protocolos de aplicación» mencionados en el artículo 4, antes citado, y no contiene ninguna disposición de carácter general ni garantías de igualdad de trato entre la SIAE [Sociedad italiana de Autores y Editores] y las personas obligadas al pago de la compensación o sus asociaciones sectoriales?

2)

¿Se opone el ordenamiento jurídico de la Unión — en particular el considerando 31 y el artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29/CE — a una normativa nacional (en particular, el artículo 71 sexies de la LDA italiana, en relación con el [decreto de] 30 de diciembre de 2009 y con las instrucciones impartidas por la SIAE en materia de devolución) que establece que, en lo que se refiere a soportes y dispositivos adquiridos con fines manifiestamente ajenos a la copia privada — es decir, para uso exclusivamente profesional —, la devolución sólo puede exigirla el usuario final y no el fabricante de tales soportes y dispositivos?

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/8

1)

¿Procede considerar que la intervención de un Estado miembro consistente en imponer al operador histórico la obligación de proponer al consumidor final el suministro de gas natural a tarifas reguladas, pero sin impedir que tanto el suministrador histórico como los suministradores alternativos propongan ofertas competidoras a precios inferiores a dichas tarifas, da lugar a una determinación del nivel del precio del suministro del gas natural al consumidor final con independencia del libre juego del mercado y constituye, por su propia naturaleza, un obstáculo a la consecución de un mercado del gas natural competitivo a la que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE (1)?

2)

En el supuesto de que se responda afirmativamente a la primera cuestión, ¿en función de qué criterios debería valorarse la compatibilidad con la Directiva 2009/73/CE de esa intervención del Estado en el precio de suministro del gas natural al consumidor final?

En particular:

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/9

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/9

1)

¿Debe interpretarse el artículo 20 TFUE en el sentido de que se opone a que un Estado miembro prive del derecho de residencia en dicho Estado miembro a un nacional de un Estado tercero encargado del cuidado diario y efectivo de su hijo menor de edad, que es nacional de dicho Estado miembro?

2)

¿Resulta relevante para responder a esta cuestión el hecho de que la carga legal, económica y/o afectiva no recaiga por completo en este progenitor y, además, no se excluya que el otro progenitor, nacional del referido Estado miembro, pueda estar efectivamente en condiciones de hacerse cargo del menor? En este supuesto, ¿deberá acreditar el progenitor/nacional de un Estado tercero que el otro progenitor no puede asumir la custodia del hijo, de suerte que éste se vería obligado a abandonar territorio de la Unión si se denegara el derecho de residencia al progenitor/nacional de un Estado tercero?

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/10

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/11

1)

Anular el Reglamento (CE) no 954/2009 de la Comisión, de 13 de octubre de 2009, por el que se modifica por centésimo decimocuarta vez el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, en la medida en que afecta al Sr. Chafiq Ayadi.

2)

La Comisión Europea cargará, además de con sus propias costas, con las costas en que haya incurrido el Sr. Ayadi y estará obligada a reembolsar a la caja del Tribunal las cantidades anticipadas en concepto de justicia gratuita.

3)

Irlanda y el Consejo de la Unión Europea cargarán con sus propias costas.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/12

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

El Sr. Giovanni Conte, Casa del Pescatore Soc. coop, rl, Guidotti Giovanni & Figli Snc, Organizzazione di produttori della pesca di Civitanova Marche Soc. coop. rl y Consorzio gestione mercato ittico Manfredonia Soc. coop. rl (Cogemim) cargarán con sus propias costas y con las del Consejo de la Unión Europea.

3)

La Comisión Europea cargará con sus propias costas.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/12

1)

Sobreseer el recurso.

2)

Condenar en costas a la parte demandante.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/13

—

Anule los artículos 1, apartado 2, 2, apartado 4, 3, 4 y 5 de la Decisión de la Comisión Europea de 23 de julio de 2014 relativa a la ayuda estatal SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) ejecutada por Francia en favor de la Cámara de Comercio e Industria de Angulema, SNC-Lavalin, Ryanair y Airport Marketing Services.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la violación del principio de buena administración consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del derecho de defensa de las demandantes, en la medida en que la Comisión no dio acceso a las demandantes al expediente de la investigación y no les puso en una situación en la que pudieran dar a conocer efectivamente su punto de vista.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, en tanto la Comisión imputó erróneamente la conclusión del acuerdo de servicios aeroportuarios y del acuerdo de servicios de comercialización al Estado francés.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, en cuanto la Comisión no aplicó correctamente el criterio del «inversor privado en una economía de mercado».

Las demandantes alegan que la Comisión se negó erróneamente a basarse en un análisis comparativo, que le habría llevado a concluir la inexistencia de una ayuda a las demandantes. En cambio, la Comisión utilizó datos manifiestamente insuficientes, no comprobados y no fiables para calcular la rentabilidad del aeropuerto, aplicó un horizonte temporal excesivamente corto, no tuvo en cuenta las externalidades de red que el aeropuerto podía esperar ganar gracias a su relación con Ryanair, no atribuyó un valor adecuado a los servicios de comercialización, y rechazó las razones que justifican la decisión del aeropuerto de adquirir tales servicios.

4.

Cuarto motivo, basado en la infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 2, en tanto la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación y en un error de Derecho al considerar que la ayuda a Ryanair y a Airport Marketing Services era igual a las pérdidas marginales acumuladas del Aeropuerto de Angulema en vez del beneficio real de Ryanair y Airport Marketing Services. La Comisión debería haber examinado en qué medida el supuesto beneficio se había transferido efectivamente a los pasajeros de Ryanair. Además, la Comisión no cuantificó la ventaja competitiva de la que disfrutó Ryanair mediante flujos de pagos (supuestamente) inferiores al coste. Por último, la Comisión no explicó correctamente por qué la recuperación del importe de la ayuda precisado en la Decisión era necesario para garantizar el restablecimiento de la situación anterior al pago de la ayuda.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/14

—

Anule la decisión ED/108/2014 del director ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, de 12 de diciembre de 2014, que actualiza y completa la entrada existente sobre la sustancia DEHP en la lista de sustancias que podrían ser eventualmente incluidas en el anexo XIV del Reglamento (CE) no 1907/2006 (1).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en el carácter ultra vires de la decisión impugnada.

La demandante afirma que la decisión impugnada es ultra vires, porque (i) conforme al Reglamento no 1907/2006 la demandada no está facultada para actualizar, a través de tal decisión, la lista para una eventual inclusión en el anexo XIV en el sentido del artículo 59, apartado 1, de dicho Reglamento, (ii) porque la adopción de la decisión impugnada está precedida de un procedimiento de la demandada contrario al artículo 59 del Reglamento no 1907/2006 y (iii) porque la decisión impugnada y el procedimiento de la demandada que condujo a su adopción eluden el procedimiento previsto a tal fin por el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.

2.

Segundo motivo, basado en que la decisión impugnada es contraria al principio de seguridad jurídica.

La demandante alega que la decisión impugnada es contraria el principio de seguridad jurídica, dado que (i) identifica la sustancia di(2-etilhexil)ftalato (DEHP) como una sustancia que altera el sistema endocrino, cuando el Derecho de la Unión no proporciona una definición de tal sustancia ni los criterios para su identificación y dicha definición o los criterios han sido elaborados por la Comisión Europea sobre la base de reglamentos y decisiones del Consejo y del Parlamento Europeo, y (ii) que la decisión se ha adoptado en el marco de un procedimiento que aún está en tramitación, aunque en un estado avanzado, relativo a la autorización de la sustancia DEHP identificada como una sustancia tóxica para la reproducción en el sentido del artículo 57, letra c), del Reglamento no 1907/2006.

3.

Tercer motivo, basado en que la decisión impugnada no se basa en constataciones científicas convincentes y objetivas.

La demandante afirma que la decisión impugnada es contraria a Derecho porque no se basa en constataciones científicas convincentes y objetivas que demuestren que la sustancia DEHP cumple todos los criterios que enuncia el artículo 57, letra f), del Reglamento no 1907/2006.

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración de los derechos de la demandante y en la violación de los principios consagrados en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La demandante alega que la decisión impugnada y el procedimiento de la demandada que condujo a su adopción violan sus derechos y vulneran los principios consagrados en la Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el principio de seguridad jurídica, el derecho a un derecho a un proceso equitativo y el derecho al respeto de la propiedad.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/15

—

Anule los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Decisión de la Comisión Europea, de 15 de octubre de 2014, relativa a ayuda de Estado SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) establecida por Eslovaquia para NCHZ.

—

Reembolse a la demandante las costas del presente recurso.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1

Se señala que la Decisión de la Comisión por la que se declara a la compañía Novácke chemické závody, a.s. v konkurze (en lo sucesivo, «NCHZ») una compañía estratégica en el sentido de la Ley eslovaca de 5 de noviembre de 2009 sobre determinadas medidas estratégicas relativas a compañías estratégicamente importantes en bancarrota (en lo sucesivo, «la Ley») constituían ayuda de Estado en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, infringe dicho artículo, ya que no se cumplen todos sus elementos constitutivos.

La demandante alega que la declaración no produjo una transferencia de recursos estatales, ya que no se produjo ninguna carga adicional para el Estado con respecto a la situación que se hubiera producido si se hubiesen aplicado las normas ordinarias en materia de insolvencia. Tampoco se concedió una ventaja económica a NCHZ, dado que, en primer lugar, los acreedores habrían optado por la continuidad de las operaciones de cualquier forma, y la prohibición temporal de realizar despidos favorecía únicamente al Estado, no a la compañía. En segundo lugar, la aplicación de la Ley supera la prueba del operador de economía de mercado, dado que era ventajosa para los acreedores públicos.

Por último, la demandante alega que incluso si se declarase que la Comisión tenía razón y la aplicación de la Ley fuera considerada ayuda de Estado a favor de NCHZ, la Comisión cometió un manifiesto error de evaluación al calcular el importe de la ayuda estatal.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de la obligación de llevar a cabo un examen diligente e imparcial

La demandante alega que la Comisión tiene la obligación, por una parte, de informar al Gobierno eslovaco del hecho de que consideraba insuficiente el nivel de detalle del análisis expost aportado por éste y, por otra parte, de indicar qué información adicional o clarificación debía aportar el Gobierno eslovaco. Además, la demandante alega que la Comisión no solicitó información sobre las cifras finales antes de tomar una decisión de recuperación de las ayudas.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 296 TFUE, apartado 2, y del deber de motivación

La demandante alega que la Comisión no aportó razón alguna sobre por qué en este asunto concreto NCHZ no habría continuado operando sin la aplicación de la Ley ni tampoco respondió a los argumentos del Gobierno eslovaco sobre los intereses económicos de los acreedores públicos en el mantenimiento de las operaciones.

4.

Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y 108 TFUE, apartado 2, y del artículo 14, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento al extender la recuperación de la ayuda a la demandante

La demandante alega que no hubo ayuda estatal a su favor, dado que el precio de venta era a valor de mercado. Según la demandante, la argumentación de la Comisión y las dudas sobre si los precios pagados por Via Chem y posteriormente por Fortishem por los activos de NCHZ representaban los precios de mercado es errónea por diversas razones. Se señala, en primer lugar, que dado que la carga de la prueba recae en la Comisión no es suficiente con que la Comisión exprese dudas. En segundo lugar, dado que la venta se llevó a cabo en el marco de un procedimiento de insolvencia bajo la supervisión de un tribunal de insolvencias, bajo la obligación de actuar en beneficio de los acreedores de la compañía insolvente, existe una presunción de que los activos se vendieron al precio más alto posible. En tercer lugar, el procedimiento de licitación fue abierto, transparente e incondicional por lo que garantizó la obtención del precio más alto factible en el mercado; la opción para asumir determinados compromisos no tuvo ningún impacto en el precio de venta. En cuarto lugar, sin perjuicio de que las condiciones de la venta entre Via Chem y Fortischem no son relevantes dado el precio de mercado de la primera venta, se presume que los precios de venta negociados entre operadores privados del mercado son precios de mercado incluso sin un procedimiento de licitación.

La demandante señala además que es evidente que la transmisión de los activos de NCHZ a Via Chem y posteriormente a la demandante no puede considerarse un intento de eludir la Decisión de la Comisión de recuperación de las ayudas por dos razones. En primer lugar, el caso dista tanto del típico caso de elusión que incluso la Comisión admite que no tiene evidencia alguna de la intención de eludir la recuperación de las ayudas. En segundo lugar, a pesar de ello, llega a la conclusión de que existe continuidad económica, por lo que puede ampliar la recuperación a la demandante. Sin embargo, la conclusión de la Comisión resulta de un análisis erróneo basado en una interpretación incorrecta de los criterios individuales, un desprecio por la carga de la prueba y una comprensión errónea del concepto de continuidad económica en asuntos de ayuda estatal.

Por último, la demandante alega que el enfoque de la Comisión es destructivo económicamente e innecesario desde un punto de vista del Derecho de la competencia. Según la demandante, la Comisión pretende crear una nueva jurisprudencia, mucho más estricta, conforme a la cual el alcance de la operación debe ser el criterio decisivo, mientras que el precio de venta sería, como mucho, un criterio auxiliar, en caso de ser tomado en consideración.

5.

Quinto motivo, con carácter subsidiario, basado en la infracción de los artículos 107 TFUE, apartado 1, 108 TFUE, apartado 2, y del artículo 14, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, al no limitar el alcance de la Decisión de Recuperación al 60 % de la supuesta ayuda de Estado

6.

Sexto motivo, basado en la infracción del artículo 296 TFUE al proporcionar razones inapropiadas con respecto a la continuidad económica

La demandante alega que resulta de las observaciones formuladas con respecto al primer motivo, que el razonamiento de la Comisión es insuficiente para permitir al Tribunal llevar a cabo una revisión jurisdiccional de la Decisión impugnada, y que la demandante no puede entender las razones que llevaron a la Comisión a concluir respecto a la continuidad económica.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/17

—

Anule la Decisión del BCE de 5 de enero de 2015 (BCE/SSM/15/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/3) y ordene el manteniendo los efectos de la sustitución de la Decisión del BCE, de 1 de septiembre de 2014 (BCE/SSM/14/1 — 0SK1ILSPWNVBNQWU0W18/1).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en que el BCE aplicó un criterio de examen inadecuado en lo que concierne a la apreciación de las circunstancias particulares.

2.

Segundo motivo basado en la comisión de errores manifiestos de apreciación en lo que concierne a la calificación de los hechos.

3.

Tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación.

4.

Cuarto motivo, basado en que el BCE ha incurrido en desviación de poder al no ejercer su facultad de apreciación.

5.

Quinto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de examinar y tomar en consideración todas las circunstancias relevantes del caso de autos

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/19

—

anule parcialmente la decisión de Ejecución de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en la medida en que excluyen:

—

condene en costas a la institución demandada.

1.

La corrección impuesta a tanto alzado por un importe neto de 5 4 53  227,79 euros (ayudas directas disociadas) es contraria a los artículos 27.1 del Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión, 31 del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo 3 y 52 del Reglamento (UE) no 1306/2013, por dos motivos:

2.

La corrección impuesta por un total de 2 1 23  619,66 euros («Desventajas naturales» y «Medidas agroambientales») debe anularse por los siguientes motivos:

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/20

—

Anule parcialmente la Decisión de Ejecución (UE) 2015/103 de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en el ejercicio irregular por parte de la Comisión Europea de su facultad de excluir importes de la financiación de la Unión Europea

2.

Segundo motivo, basado en la insuficiente e inadecuada motivación de la Decisión impugnada

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de proporcionalidad

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/21

—

admita y estime los motivos de anulación planteados en esta demanda;

—

anule el artículo 1 de la Decisión, en la medida en que declara que la nueva interpretación administrativa del artículo 12.TRLIS adoptada por la administración española debe considerarse una ayuda de Estado incompatible con el mercado interior;

—

anule el artículo 4.1 de la Decisión en la medida en que requiere al Reino de España que ponga fin a lo que considera un régimen de ayudas tal y como descrito en el artículo 1;

—

anule los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 4 de la Decisión en la medida en que imponen al Reino de España la recuperación de los importes considerados por la Comisión como una ayuda de Estado;

—

subsidiariamente limite el alcance de la obligación de recuperación impuesta al Reino de España en el artículo 4.2 de la Decisión en los mismos términos que en las Decisiones Primera y Segunda, y

—

condene a la Comisión a las costas de este procedimiento.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/22

—

Declare nulo y sin efecto y, en cualquier caso, anule el escrito con referencia Ares (2015) 528512, de 9 de febrero de 2015, de la Comisión Europea — Director General de Agricultura y Desarrollo Rural, Jerzy Plewa, dirigido al Sr. Scabin, representante legal de la demandante, y recibido en la misma fecha, por la que se deniega la solicitud presentada por la demandante, el 13 de enero de 2015, al objeto de obtener una medida con arreglo al artículo 219, apartado 1, y 221 del Reglamento (UE) no 1308/2013 y, en particular, la fijación de restituciones a la exportación conforme al artículo 196 del mismo Reglamento, en el sector de la carne de aves de corral.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la existencia de un error manifiesto de apreciación y en la vulneración del artículo 219, apartado 1, y del artículo 221 del Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que el derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 (DO L 347, p. 671).

2.

Segundo motivo, basado en el incumplimiento de requisitos esenciales de forma y, en particular, en la infracción del artículo 5 del Reglamento (UE) no 182/2011.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/23

—

Anule la resolución impugnada.

—

Declare la nulidad del signo «NEUSCHWANSTEIN» — marca comunitaria no 10 144 392.

—

Condene en costas a la OAMI.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento no 207/2009.

—

Infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/24

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/25

—

Que se anule la decisión tácita desestimatoria de 20 de febrero de 2015, contraria a la reclamación de la demandante dirigida contra la omisión por parte de la AFPN de adoptar las medidas de ejecución respecto de la sentencia dictada el 26 de febrero de 2013 en el asunto F-124/10.

—

Que se condene al Comité Económico y Social Europeo (CESE) a abonar a la demandante, en concepto de perjuicio moral, la cantidad de 50,00 euros diarios desde el 14 de diciembre de 2007 hasta el día en que se apliquen las medidas de asistencia descritas en el escrito de 27 de mayo de 2010 del Secretario General del Comité de las Regiones, y la cantidad de 100,00 euros diarios desde el 26 de febrero de 2013 hasta el día en que se adopten las medidas de ejecución respecto de la sentencia del Tribunal.

—

Que se condene al CESE a abonar a la demandante intereses de demora sobre dichas cantidades desde el 20 de octubre de 2014 hasta el día de su pago efectivo, al tipo fijado por el Banco Central Europeo para las principales operaciones de refinanciación incrementado en dos puntos.

—

Que se condene en costas al CESE.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/25

—

Que se anule la decisión de 14 de abril de 2014 de la Alta Representante de la Unión Europea, Vicepresidente de la Comisión Europea, de desestimar la denuncia por acoso moral presentada por el demandante contra el Chief Operating Officer del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

—

Que se condene en costas al SEAE.

1.6.2015   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/26

—

Que se anule la decisión de 19 de mayo de 2014 de la AFPN por la que se deniega la solicitud del demandante de que se le abone la indemnización por gastos de reinstalación correspondiente al segundo mes de su sueldo base.

—

Que se condene a la parte demandada a cargar con las costas de la presente instancia.

1.6.2015   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/26

—

Con carácter principal, que se declare la ilegalidad de la decisión de la AFPN de 18 de junio de 2014 de no asumir determinados gastos no médicos, no reembolsados por el Régimen común del seguro de enfermedad (RCAM), derivados de la minusvalía del hijo del demandante.

—

Con carácter subsidiario, que se ordene la designación de un perito con arreglo al artículo 75 del Reglamento de Procedimiento para determinar el grado de incapacidad resultante de la minusvalía.

—

Que se condene en costas al Parlamento Europeo.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/27

—

Que se anule la decisión de la Comisión de 15 de octubre de 2014 por la que se establece el cálculo de la bonificación de los derechos de pensión adquiridos por el demandante antes de su entrada al servicio de la Comisión.

—

Que se condene en costas a la Comisión Europea.

1.6.2015   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/27

—

Que se anule el informe de evaluación relativo a la demandante correspondiente al año 2013.

—

Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

1.6.2015   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/28

—

Que se anule la decisión no 17/2014/DIR de CEPOL de 23 de mayo de 2014, mediante la que se ordena el traslado de CEPOL a Budapest, Hungría, a partir del 1 de octubre de 2014 y se comunica a los demandantes que «el incumplimiento de esta orden se considerará una dimisión con efectos a 30 de septiembre de 2014».

—

Que se anulen asimismo, en la medida necesaria, las decisiones de CEPOL de 28 de noviembre de 2014 por las que se desestiman las reclamaciones interpuestas por los demandantes entre el 8 y el 21 de agosto de 2014 contra la decisión anteriormente citada.

—

Que se anulen asimismo, en la medida necesaria, las decisiones de CEPOL de 22 de diciembre de 2014 por las que CEPOL «aceptó» la dimisión de dos de los demandantes.

—

Que se indemnice el perjuicio material sufrido por los demandantes.

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Que se indemnice el perjuicio moral sufrido por los demandantes.

—

Que se condene a CEPOL a cargar con todas las costas en que incurran los demandantes en relación con el presente recurso.

1.6.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/28

—

Que se anule la decisión por la que se determinan sus retribuciones para el mes de mayo de 2014, en la medida en que no le ha hecho beneficiarse de ningún coeficiente corrector.

—

Que se condene en costas a la parte demandada.

1.6.2015   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 178/29

—

Anular la decisión impugnada.

—

Condenar en costas a la Comisión.