ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 12

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Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

58° año
15 de enero de 2015


Número de información

Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

DICTÁMENES

 

Comité Económico y Social Europeo

 

502o Pleno del CESE de los días 15 y 16 de octubre de 2014

2015/C 012/01

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La fragilidad de los consumidores frente a las prácticas comerciales en el mercado único (Dictamen de iniciativa)

1

2015/C 012/02

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La mujer y la ciencia (Dictamen de iniciativa)

10

2015/C 012/03

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Desarrollar servicios para la familia a fin de elevar los índices de empleo y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo (Dictamen de iniciativa)

16

2015/C 012/04

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Impacto de los servicios a las empresas en la industria (Dictamen de iniciativa)

23

2015/C 012/05

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la iniciativa ciudadana europea El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público![COM(2014) 177 final] (Dictamen de iniciativa)

33

2015/C 012/06

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El papel de la sociedad civil en el Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón (Dictamen de iniciativa)

39

2015/C 012/07

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Situación de la sociedad civil ucraniana en el contexto de las aspiraciones de Ucrania (dictamen de iniciativa)

48

 

III   Actos preparatorios

 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

 

502o Pleno del CESE de los días 15 y 16 de octubre de 2014

2015/C 012/08

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Informe sobre la política de competencia 2013 [COM(2014) 249 final]

54

2015/C 012/09

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la difusión, con fines comerciales, de datos procedentes de satélites de observación de la Tierra [COM(2014) 344 final — 2014/0176 (COD)]

60

2015/C 012/10

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativo a la gobernanza de las estrategias macrorregionales [COM(2014) 284 final]

64

2015/C 012/11

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) no 604/2013 en lo que se refiere a la determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional de un menor no acompañado que no tenga a ningún miembro de la familia, hermano o pariente presente legalmente en un Estado miembro [COM(2014) 382 final — 2014/0202 (COD)]

69

2015/C 012/12

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, por el que se modifica el Reglamento (UE) no XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) y se deroga el Reglamento (CE) no 834/2007del Consejo [COM(2014) 180 final — 2014/0100 (COD)]

75

2015/C 012/13

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión — Hacia una hoja de ruta para el suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión, planificación y venta de billetes [SWD(2014) 194 final]

81

2015/C 012/14

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo Una nueva era de la aviación — Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y sostenible[COM(2014) 207 final]

87

2015/C 012/15

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos [COM(2014) 254 final/2]

93

2015/C 012/16

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (ISA2): La interoperabilidad como medio de modernización del sector público [COM(2014) 367 final — 2014/0185 (COD)]

99

2015/C 012/17

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador [COM(2014) 130 final]

105

2015/C 012/18

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial [COM(2014) 476 final — 2014/0218 (COD)]

115

2015/C 012/19

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) no 1343/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo) [COM(2014) 457 final — 2014/0213 (COD)]

116

2015/C 012/20

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la reducción del contenido de azufre de determinados combustibles líquidos (versión codificada) [COM(2014) 466 final — 2014/0216 (COD)]

117

ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Comité Económico y Social Europeo

502o Pleno del CESE de los días 15 y 16 de octubre de 2014

15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/1


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La fragilidad de los consumidores frente a las prácticas comerciales en el mercado único»

(Dictamen de iniciativa)

(2015/C 012/01)

Ponente:

Bernardo Hernández Bataller

El 22 de enero de 2014, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema

La fragilidad de los consumidores frente a las prácticas comerciales en el mercado único

(Dictamen de iniciativa).

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 23 de septiembre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre de 2014), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 92 votos a favor, 37 en contra y 5 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

La reducción progresiva del poder adquisitivo de las clases medias, auténticos motores de la sociedad de consumo y de todos los consumidores en general y las dificultades financieras que atraviesan pequeñas y medianas empresas para seguir subsistiendo han llevado, en el marco de la rigidez de beneficios en el clima empresarial actual, a revisar muchas de las prácticas comerciales habituales en el mercado.

1.2

Las repercusiones de las distorsiones que las prácticas desleales introducen en el mercado han propiciado la emergencia de consumidores cautivos de su situación económica sobrevenida, que se caracteriza por la pérdida de libertad de decisión y la dificultad de hacer valer sus derechos en este ámbito. Estos consumidores también deberían estar protegidos frente a estas políticas para evitar su exclusión.

1.3

Por otra parte, con la crisis económica se aprecia una tendencia generalizada y continuada de debilitamiento progresivo de los consumidores potenciales que hace prever que esta brecha de consumo pueda seguir expandiéndose. Hasta la fecha los poderes públicos no han propuesto medidas sistémicas que prevengan y preserven a los consumidores de este deterioro.

1.4

La corrección de estos desequilibrios mejorará, además, la posición de productores y pequeñas y medianas empresas, en la medida en que la transparencia y la libre competencia los alivien de las presiones a las que se ven sometidos (demanda menguante, precios predatorios, etc.) y que contribuyen al deficiente funcionamiento del mercado interior.

1.5

Se deben adoptar medidas tanto de índole preventiva y de protección, como de mitigación y recuperación, que, sin perjuicio de las propuestas que se formulan en el texto del dictamen, al menos incluyan las siguientes:

A.

Por parte de las instituciones europeas, medidas que tengan por objetivo:

1)

velar por una mejor aplicación de las normas del mercado único, especialmente las relativas a la seguridad de los productos y la vigilancia del mercado, la Directiva sobre prácticas comerciales desleales y el Reglamento de cooperación entre la Comisión y las autoridades de consumo;

2)

apoyar, complementar y supervisar las políticas de los Estados miembros en el ámbito de la protección de los consumidores;

3)

efectuar un seguimiento de los nuevos obstáculos aparecidos que dificultan el funcionamiento del mercado interior, tales como la violencia económica ejercida en la contratación de los consumidores y otras cuestiones, adoptando las medidas que correspondan para su correcta supresión.

B.

Por su parte, los Estados miembros deberían:

1)

efectuar las dotaciones financieras adecuadas a las asociaciones de consumidores para que estas puedan llevar a cabo su función de proteger los derechos de todos los consumidores. La posibilidad de crear un fondo utilizando el importe de las sanciones impuestas en temas de consumo para el desarrollo e implementación de políticas de protección de los consumidores, en especial para la ejecución de las acciones de interés general que beneficien a todos los consumidores, debería ser estudiada, sobre la base de la experiencia de los Estados miembros donde dichos fondos existen, para después crearlo y ponerlo en funcionamiento, según la legislación de cada Estado miembro;

2)

adoptar medidas en sus sistemas de protección social para evitar la exclusión social de los consumidores y de todos los ciudadanos que superan el 30 % del Índice de Pobreza Multidimensional, en especial en lo que respecta al acceso y suministro de los servicios básicos esenciales. A tal fin, cada Estado miembro contribuiría, según sus necesidades, elaborando y ejecutando un «plan de rescate ciudadano» que ayudase a reactivar las economías familiares y el poder adquisitivo de los consumidores.

1.6

Debe profundizarse la integración de los intereses de los consumidores en todas las políticas de la Unión. Así, los programas relevantes de la UE deberían dedicar una partida específica a fomentar la contribución de las organizaciones de representación de los consumidores, a través de actividades de interés general, para favorecer la inclusión de los consumidores económicamente débiles por razones sobrevenidas.

2.   Introducción

2.1

La duración y profundidad de la actual crisis económica y financiera, así como las medidas adoptadas por no pocos gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, han traído efectos colaterales en la oferta y demanda de bienes y servicios correlativos a la merma de poder adquisitivo que han sufrido la mayoría de los consumidores y que está desembocando en una fragmentación social.

2.2

Los recortes salariales han obligado a modificar los hábitos de consumo de la población para poder ajustar sus economías familiares a la nueva capacidad de gasto.

2.3

La pérdida de fuentes de ingresos — a un contando en algunos casos con la labor asistencial de las redes familiares — y su descapitalización creciente los ha conducido a engrosar la bolsa de consumidores económicamente débiles en riesgo de exclusión social, especialmente en lo que a determinados productos, suministros y servicios básicos se refiere, en lo que podría ser considerado como una forma de debilidad coyuntural.

2.4

Además, el desplazamiento de segmentos de consumidores hacia capas de menor poder adquisitivo, junto a la exclusión financiera y el desempleo, han propiciado nuevas limitaciones de acceso a los mercados convencionales de bienes y servicios, favoreciendo la emergencia de espacios y canales alternativos de comercialización que, en ocasiones, pueden generar disfunciones en el mercado.

2.5

Es importante la utilización, a efectos estadísticos, del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) (1) para evaluar y poder adoptar decisiones que eviten la exclusión social. Este índice (IPM) examina varios aspectos básicos como la educación, la sanidad y el nivel de vida mediante 10 indicadores (calidad de vida/bienestar social), considerando pobre a una persona que no tiene acceso en, al menos, el 30 % de los indicadores ponderados. Por ello, es importante que los Estados miembros adopten medidas para superar dicho umbral.

2.6

Asimismo, la débil posición económica que tienen los consumidores económicamente debilitados por la crisis les impide disponer de algunos de los medios necesarios para acceder a entornos virtuales de comercialización, lo que restringe su acceso al mercado de bienes y servicios de forma más favorable. La brecha digital incrementa así la «brecha social», al obstaculizarse la protección de los consumidores frente a los riesgos derivados de los efectos de la crisis económica y la complejidad de los mercados digitales.

2.7

También los consumidores vulnerables por razones económicas sobrevenidas sufren un déficit informativo y de protección de sus intereses económicos en las transacciones que llevan a cabo en los ámbitos de mercado que les son cada vez más propios.

2.8

Finalmente, la reducción de los recursos públicos puestos a disposición del consumidor, en el marco de las políticas de ajuste que vienen aplicando los gobiernos en los años recientes, merma de manera considerable la efectividad, en especial, de las actividades de control y vigilancia de mercado. También, la UE ha destinado menos fondos al Programa Plurianual de Consumidores para el periodo 2014-2020 (2), como ha hecho constar el CESE (3).

3.   Prácticas comerciales susceptibles de generar fragilidad en la protección de los consumidores por razón sobrevenida de la crisis económica

3.1

Son diversas las características y el impacto que las distintas prácticas comerciales desleales tienen en la escasa protección de los derechos de aquellos consumidores que, por razones sobrevenidas a la crisis económica, se han visto abocados a un deterioro en su capacidad de satisfacer las necesidades más básicas.

3.2

El cumplimiento de los estándares que garanticen la salud y la seguridad de los consumidores y usuarios no debe poder ser negociado por los proveedores, preservándoles de cualquier riesgo al respecto e impidiendo, por aplicación del principio de precaución (en los términos fijados en la Comunicación de la Comisión de 2 de febrero de 2000), la comercialización de aquellos productos, bienes y servicios que pongan en cuestión su integridad física y psíquica, o mermen sus legítimos intereses económicos, sin perjuicio de la obligación general de seguridad para cualquier producto destinado al consumidor o que pueda ser utilizado por los consumidores, incluyendo aquellos utilizados por los consumidores en el marco de la prestación de un servicio.

3.3

Las necesidades básicas de alimentación no sólo no pueden ser debidamente atendidas en situaciones de vulnerabilidad económica de los consumidores, sino que, además, pueden verse seriamente alteradas por una oferta de productos alimenticios cuyo valor nutritivo se encuentre devaluado en correspondencia con un precio menor.

3.4

Del mismo modo ocurre cuando se trata de la interpretación de las condiciones de conservación y venta de productos que, por su cualidad de perecederos, están sujetos a un marcado de fechas para su consumo.

3.5

Incluso pudieran tener lugar prácticas comerciales que –en aras de una reducción drástica del precio– proponen la venta de productos que ya no reúnen las exigencias para ser comercializados, y de forma análoga en lo que respecta a la prestación de servicios, por lo que deberán ser adoptadas al respecto todas las medidas que sean precisas para evitar, en su caso, la comercialización de dichos productos, con una intervención activa y vigilante por parte de los Estados miembros; como indicó el CESE (4), debería reforzarse la cooperación entre los órganos nacionales competentes y la Comisión aprobándose la revisión de la normativa sobre seguridad de los productos que debería entrar en vigor inmediatamente.

3.6

En este sentido se debe considerar igualmente la utilización intencionada de términos y denominaciones engañosos para el consumidor acerca de las características de los productos al amparo de promociones y descuentos comerciales. Y en el ámbito publicitario, en lo relativo tanto a las campañas engañosas de marketing amparadas en un pretendido fin ético que inducen a la compra mediante el señuelo emocional de lo solidario como a las afirmaciones engañosas relacionadas con el medio ambiente, cuya veracidad resulta difícil de comprobar.

3.7

También cabría vigilar la comercialización de productos amparados en la genérica denominación de «marcas blancas o propias» y que no se ajustan a las exigencias y requisitos de comercialización vigentes.

3.8

Igualmente en el ámbito alimentario resulta especialmente preocupante la proliferación de canales alternativos de comercialización que escapan al control administrativo como es el caso del denominado «fraude alimentario» (5), realizado mediante la falsificación de productos básicos, la venta ilegal de alimentos, la recirculación de alimentos desechados para el consumo humano, etc. Y del mismo modo en lo que se refiere a la venta de medicamentos sin receta, que no son OTC (6), y que son fabricados sin garantías, constituyendo falsificaciones que imitan al medicamento original autorizado, con grave riesgo para la salud.

3.9

Por otra parte, algunos productos están específicamente diseñados para tener una obsolescencia programada que haga expirar anticipadamente su duración, lo que obliga a la adquisición de otros nuevos, en contra de los criterios de sostenibilidad y gasto eficiente del consumidor, como ya expuso el CESE (7).

3.10

En general, produce inseguridad diferencial a los consumidores económicamente más vulnerables la oferta de productos de comercialización no convencional, incluida la digital, y que en muchas ocasiones busca segmentar su demanda en este colectivo, a partir de señuelos basados en el precio, las facilidades de pago, los descuentos ficticios (en ocasiones, a través de los «precios dinámicos» (8), que deberían ser expresamente prohibidos), cupones o bonos que, en no pocas ocasiones, suponen una clara inducción a la compra, basada en la posición asimétrica de quienes intervienen en la transacción comercial. En muchas ocasiones, en las páginas de Internet de comparación de precios no se revela claramente la identidad del comerciante que gestiona la página web y/o si los comerciantes pagan para mostrar sus productos o servicios.

3.11

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un aprovechamiento óptimo del potencial de las nuevas tecnologías proporciona también oportunidades para los consumidores económicamente débiles al ampliar el espectro de ofertas de productos y fomentar la competencia empresarial, abaratando a su vez los costes de distribución no inherentes al producto en cuestión.

3.12

En general, la práctica comercial que lleve aparejada una disminución de las garantías a las que tiene derecho el consumidor como contraprestación a una reducción en el precio del producto o servicio ofertado implica una mayor desprotección de sus derechos e intereses económicos. Todo esto tiene como consecuencia una mayor vulnerabilidad que favorece el desarrollo de retroalimentaciones negativas que puedan abocar al consumidor económicamente débil por razones sobrevenidas a nuevas dificultades.

3.13

Con especial incidencia también en la salud de los consumidores económicamente vulnerables, cabe destacar el impacto creciente de los efectos de la pobreza energética en aquellas regiones europeas donde las características climáticas son determinantes al respecto. Por ello, conviene atender también aquellas circunstancias de «tregua invernal» o cualquier otra que pueda ser considerada por las operadoras correspondientes en situaciones de riesgo derivadas de un corte de suministro en condiciones de dificultad de pago que obedece, especialmente, a circunstancias económicas sobrevenidas.

3.14

Y, en general, cabría añadir también las prácticas perjudiciales que algunas empresas pueden ejercer y que provocan, en muchas ocasiones, daños irreversibles en las maltrechas economías familiares, especialmente las relacionadas con determinadas entidades depositarias y de ahorros y productos financieros que no cuentan con una información veraz y las garantías oportunas de contratación — como es el caso de los créditos al consumo con tasas de interés anual muy altas —, lo que ha supuesto para muchos consumidores «la crisis de la crisis», o lo que es lo mismo, la aniquilación de sus expectativas de futuro, lo que ha llegado a derivar en situaciones de sobreendeudamiento familiar o incluso de insolvencia total de la familia.

3.15

Las circunstancias apuntadas en el epígrafe anterior pueden ser extendidas a parcelas más específicas como la crisis hipotecaria, los «infraseguros», etc., que inciden en una debilidad acumulada y continuada difícil de abordar para aquellos consumidores que se ven abocados a tal situación. Mención aparte merece el cobro abusivo de comisiones relacionado muchas veces con la ausencia de transparencia bancaria que conduce incluso a defraudar no solo a los pequeños ahorradores sino también a los inversores particulares en operaciones de valores a las que son inducidos por las propias entidades financieras u otras entidades que operan en el sector pero que carecen de autorización para hacerlo.

3.16

A nivel de intercambios transfronterizos, la aplicación dispar de la transposición de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales (9) entraña el riesgo de reducir su alcance y de no garantizar una mayor seguridad jurídica para las empresas. Una mejor transposición contribuiría a mejorar la protección de los consumidores. Así, la Comisión ahora deberá velar por su correcta aplicación en todos los Estados miembros, a lo que ayudaría una rápida aprobación de unas «Directrices» que facilitasen su interpretación, conforme al efecto útil de la Directiva.

3.17

Respecto de las prácticas comerciales desleales, resulta esencial que la Comisión supervise el aspecto relativo a las medidas necesarias que los Estados miembros establezcan por incumplimiento de lo preceptuado en la Directiva. La sanción que debería imponerse, como regla general, no debe ser inferior al beneficio obtenido mediante una práctica que se considere desleal o engañosa. También los procedimientos, incluidos los judiciales, deben ser adecuados y eficaces para el cumplimiento de los fines de la Directiva.

3.18

En el futuro, para garantizar una mayor coherencia con el Derecho de la Unión, se debería revisar, simultánea y sincronizadamente, la Directiva sobre prácticas comerciales desleales y la Directiva sobre publicidad engañosa y comparativa, como indicó el CESE (10).

3.19

En definitiva, se trata de impedir la transformación de un mercado único en otro bipolar cuya cara menos amable quede expuesta para los que menos tienen y más necesitan. La realización de las prácticas comerciales debe ser más escrupulosa cuando se dirija a aquellos consumidores más débiles económicamente. Se deben tomar en consideración las necesidades de los consumidores para acceder a los productos, servicios y suministros básicos con un abastecimiento suficiente y continuado para llevar una vida digna, lo que debe ser protegido por los poderes públicos correspondientes.

4.   Propuestas de acción institucional para combatir la fragilidad económica sobrevenida de los consumidores

4.1

El CESE insta a las autoridades competentes a que adopten medidas eficaces para garantizar un acceso seguro a los productos y servicios básicos, así como la protección expresa y efectiva de los derechos de aquellos consumidores y usuarios que, por causas económicas sobrevenidas, han sufrido un impacto mayor de la crisis económica y financiera, a fin de evitar su exclusión social, como ya se ha pronunciado el CESE, con medidas tales como la regulación del sobreendeudamiento de las familias (11), que pretende amortiguar la presión financiera de alta intensidad que sufren determinados segmentos de la población.

4.2

Por otra parte, proteger específicamente los derechos de los consumidores económicamente vulnerables por razones sobrevenidas, y especialmente su acceso al mercado de productos y servicios básicos de forma digna, debe suponer un reto básico en las políticas públicas europeas de protección al consumidor en la aplicación de las normas correspondientes.

4.3

Las diferentes medidas se pueden categorizar en cuatro tipos: preventivas, de protección, de mitigación y de recuperación.

4.4

La elaboración de un «plan de acción» deberá contemplar, al menos, acciones que atiendan estas distintas categorías de medidas de intervención.

4.5

En primer lugar, debería crearse un Fondo con el importe de las sanciones económicas impuestas a quienes cometan infracciones en materia de consumo, destinando sus importes a los fines de la política de protección de los consumidores, en especial para las acciones de interés general mediante el instrumento de las acciones colectivas, que beneficien a toda la población, desarrolladas por las asociaciones de consumidores, las administraciones públicas y otras entidades que puedan desarrollar acciones en la ejecución de esta política, conforme establezca cada Estado miembro.

4.6

Para los supuestos de cometerse infracciones graves con riesgo o daño efectivo para la salud de las personas y su seguridad, se deberá reforzar la potestad sancionadora de las administraciones competentes, facultándolas incluso para que puedan decidir el decomiso y/o incautación de los instrumentos o bienes utilizados y clausurar las actividades de la empresa, con pleno respeto de todas las garantías del Estado de Derecho.

4.7

Las medidas de carácter preventivo serán aquellas que inciden sobre los distintos factores externos que coadyuvan al incremento de consumidores económicamente vulnerables de forma sobrevenida por la crisis económica y a la aparición de situaciones y prácticas que puedan afectar a dichos consumidores de forma diferenciada.

4.8

Complementariamente a los factores externos, se deben adoptar medidas dirigidas a reforzar a los representantes de los consumidores, como interlocutores económicos y sociales, y alentarlos a integrarse, entre otros, en proyectos cooperativos, compras conjuntas o de economía colaborativa.

4.9

De modo análogo, una medida básica de carácter preventivo sería la creación de un observatorio para el seguimiento de las políticas estratégicas adoptadas en sectores críticos tales como los servicios de interés general, sector audiovisual, carburantes, banca, oligopolios de la energía, vivienda, etc., que pueden representar un riesgo al cual los consumidores más frágiles serán más vulnerables.

4.10

En definitiva, se trata de actuaciones relacionadas con los escenarios económicos, financieros y de empleo, así como con aquellos otros escenarios derivados del impacto adverso que puedan tener las nuevas tecnologías en el acceso al mercado de bienes y servicios, en el marco de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. En este sentido, deben incluirse las actividades publicitarias y de marketing que puedan provocar decisiones contrarias a la situación que atraviesan o que distorsionen sus criterios de compra.

4.11

Las medidas de protección serán aquellas que refuerzan los mecanismos de defensa de los consumidores y usuarios en situaciones de inferioridad o subordinación, especialmente las relativas al acceso a la protección técnica y jurídica, así como al resarcimiento y reparación de los daños, teniendo en cuenta la especial situación de los consumidores económicamente débiles por razones sobrevenidas.

4.12

Se debe fortalecer la cooperación entra las autoridades nacionales y la Comisión y proceder a una revisión exhaustiva del ámbito de aplicación, implantando mecanismos de verificación equivalentes, la armonización de las sanciones, la eficacia y los mecanismos de funcionamiento del Reglamento no 2006/2004 sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores. Asimismo, los consumidores deben poder disponer de productos y servicios seguros, lo que requiere una vigilancia eficaz de los mercados; por ello el CESE espera que se apruebe la revisión de la normativa sobre seguridad de los productos.

4.13

Las actuaciones de mitigación se refieren a aquellas dirigidas a los consumidores cuya situación económica ha devenido ya en vulnerabilidad por razón de la crisis económica, y cuyo objetivo es la asistencia para hacer frente a estas consecuencias, en la medida que les permita una futura satisfacción de sus necesidades básicas en términos de una calidad de vida digna.

4.14

Tanto en este tipo de medidas como en las de recuperación que puedan adoptar los Estados miembros es importante contemplar, en algunos de ellos, la asistencia de redes familiares y sociales de apoyo que, a su vez, deberían contar con el acompañamiento institucional necesario para ejercer dicho papel. También los Fondos Estructurales podrían ayudar a la creación de dichos fondos de solidaridad, para evitar la exclusión social, mediante el cumplimiento de sus fines.

4.15

Entre las medidas de recuperación quedan comprendidas todas aquellas que permitan promover alternativas de superación de la situación de debilidad económica en condiciones de viabilidad actual. A este respecto, se sugiere la elaboración y la ejecución de un «plan de rescate ciudadano» que contribuya a reactivar la economía familiar a partir de la recuperación del poder adquisitivo de los consumidores, que compense las pérdidas y recortes sufridos durante la crisis económica y que corresponda equitativamente a las medidas contempladas para los rescates bancarios de los que se beneficiaran las entidades financieras. Ello sería más acorde con lo dispuesto en las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor de 1999, punto 5, cuyo mandato es que «las políticas de fomento del consumo sostenible deben tener en cuenta como objetivos la erradicación de la pobreza, la satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad y la reducción de la desigualdad, tanto en el plano nacional como en las relaciones entre los países».

4.16

Por otra parte, el artículo 34.3 de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, con la finalidad de combatir la exclusión social y la pobreza, faculta a la Unión y a los Estados miembros para establecer modalidades que garanticen una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes.

4.17

Por último, se considera interesante la realización de estudios e investigaciones en lo referente a los factores que determinan y permiten el desarrollo de la debilidad económica de los consumidores.

4.18

Entre los factores que pueden obstaculizar el funcionamiento del mercado interior, está el tema de la violencia económica ejercida contra el consumidor, en el momento de la contratación, debido a la situación de desequilibrio y subordinación en que se encuentra este. Esta posición puede afectar a la voluntad del consumidor y constituir un vicio de la voluntad en la prestación del consentimiento a la hora de celebrar un contrato. En estos supuestos, se imponen a los consumidores contratos que no hubieran celebrado o aceptado, o cláusulas que contienen cargas desproporcionadas, que no hubieran aceptado de forma voluntaria en la adopción de sus decisiones.

4.19

El CESE debería reflexionar sobre este vicio que afecta al consentimiento contractual de los consumidores y la distorsión de la competencia que produce el inadecuado funcionamiento del mercado interior. Las otras instituciones de la Unión deberán prestarle la debida atención, adoptando las medidas necesarias para impedir que se produzca la violencia económica en la contratación de los consumidores, por su situación de inferioridad.

Bruselas, 15 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  Parámetro estadístico desarrollado por las Naciones Unidas y la Universidad de Oxford en 2010 para medir la índole y la intensidad de la pobreza.

(2)  DO L 84 de 20.3.2014, p. 42.

(3)  DO C 181 de 21.6.2012, p. 89.

(4)  DO C 271 de 19.9.2013, p. 86.

(5)  Investigado por la Unidad contra el Tráfico de Productos Ilícitos de Interpol (Operación Opson).

(6)  Over the counter o medicamento de venta libre, sin prescripción o receta.

(7)  DO C 67 de 6.3.2014, p. 23.

(8)  Herramienta de marketing que constituye un sistema flexible de fijación de precios en función de la oferta y la demanda en un momento dado, que hace creer al consumidor que se trata de un descuento, cuando en realidad no lo es.

(9)  DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.

(10)  DO C 271 de 19.9.2013, p. 61.

(11)  DO C 311 de 12. 9.2014, p. 38.


ANEXO

del dictamen del Comité Económico y Social Europeo

Las propuestas de enmienda siguientes, que obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates (artículo 54.3 del Reglamento interno):

a)   Punto 1.3

Modifíquese como sigue:

Por otra parte, con la crisis económica se aprecia una tendencia generalizada y continuada de debilitamiento progresivo de la situación económica de los consumidores potenciales que hace prever que esta brecha de consumo pueda seguir expandiéndose. Hasta la fecha no se han propuesto, por los poderes públicos, medidas sistémicas que prevengan y preserven a los consumidores de este deterioro.

Exposición de motivos

Es necesario definir qué es lo que se está debilitando.

Resultado de la votación:

Votos a favor:

49

Votos en contra:

86

Abstenciones:

3

b)   Punto 3.5

Añádase lo siguiente:

Incluso pudieran tener lugar prácticas comerciales abusivas que — en aras de una reducción drástica del precio — proponen la venta de productos que ya no reúnen las exigencias para ser comercializados, y de forma análoga en lo que respecta a la prestación de servicios, por lo que deberán ser adoptadas al respecto todas las medidas que sean precisas para evitar, en su caso, la comercialización ilegal de dichos productos, con una intervención activa y vigilante por parte de los Estados miembros; como indicó el CESE  (1) , debería reforzarse la cooperación entre los órganos nacionales competentes y la Comisión aprobándose la revisión de la normativa sobre seguridad de los productos que debería entrar en vigor inmediatamente.

Exposición de motivos

Los bienes o servicios que no cumplen los requisitos para ser comercializados no puede venderse, por tanto la venta de tales mercancías o servicios es ilegal.

Resultado de la votación:

Votos a favor:

42

Votos en contra:

77

Abstenciones:

14

Los siguientes puntos del dictamen de la Sección fueron modificados al aprobar la Asamblea las enmiendas correspondientes, pero obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos (artículo 54, apartado 4, del Reglamento interno):

c)   Punto 4.9

En definitiva, se trata de actuaciones relacionadas con los escenarios económicos, financieros y de empleo, así como con aquellos otros escenarios derivados del impacto adverso que puedan tener las nuevas tecnologías en el acceso al mercado de bienes y servicios, en el marco de la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. En este sentido, deben incluirse las actividades publicitarias y de marketing que puedan provocar decisiones contrarias a la situación que atraviesan, o bien que distorsionen sus criterios de compra.

Resultado de la votación:

Votos a favor:

60

Votos en contra:

58

Abstenciones:

9

d)   Punto 4.14 (nuevo punto 4.15)

Entre las medidas de recuperación quedan comprendidas todas aquellas que permitan promover alternativas de superación de la situación de debilidad económica en condiciones de viabilidad actual. Ello sería más acorde con lo dispuesto en las Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor de 1999, punto 5, cuyo mandato es que «Las políticas de fomento del consumo sostenible deben tener en cuenta como objetivos la erradicación de la pobreza, la satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad y la reducción de la desigualdad, tanto en el plano nacional como en las relaciones entre los países».

Resultado de la votación:

Votos a favor:

66

Votos en contra:

63

Abstenciones:

11


(1)  Dictamen «Vigilancia del mercado» — DO C 271 de 19.9.2013, p. 86.


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/10


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La mujer y la ciencia»

(Dictamen de iniciativa)

(2015/C 012/02)

Ponente:

Indré Vareikytė

El 22 de enero de 2014, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre

La mujer y la ciencia

Dictamen de iniciativa.

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 30 de septiembre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 169 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El futuro de la Unión Europea depende de la investigación y la innovación. Además, Europa necesita un millón de investigadores más de aquí a 2020 para mantener su competitividad en el mundo. Por otra parte, la investigación podría crear 3,7 millones de puestos de trabajo y aumentar el PIB anual de la UE en 7 95  000 millones de euros de aquí a 2025 si se cumple antes de 2020 el objetivo de invertir el 3 % del PIB de la UE en I+D (1).

1.2

La promoción de la igualdad de género y de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres figura entre los compromisos de la Unión Europea en todos sus ámbitos políticos de actuación, incluida la investigación y la innovación. Los datos disponibles a escala europea ponen de manifiesto un claro desequilibrio entre hombres y mujeres en el sector europeo de la investigación (2).

1.3

El equilibrio de género es fundamental para el buen funcionamiento del sistema de investigación. A fin de alcanzar sus objetivos políticos en materia de investigación, los Estados miembros y la UE en su conjunto deben aprovechar todo el capital humano a su disposición.

A la Comisión Europea

1.4

El Comité insta a la Comisión Europea a proponer a los Estados miembros una recomendación que contenga directrices comunes con vistas a un cambio institucional a fin de promover la igualdad de género en las universidades y los centros de investigación, tal como se anunció en la Comunicación de 2012 sobre el Espacio Europeo de Investigación (en lo sucesivo, «EEI»).

1.5

Dicha recomendación debería alentar a los Estados miembros a suprimir los obstáculos legales o de otro tipo que dificultan la contratación, el mantenimiento en el puesto y el ascenso de las mujeres investigadoras. Debería también combatir los desequilibrios de género en los procesos de toma de decisión y reforzar la dimensión de género en los programas de investigación.

1.6

El Comité solicita, además, a la Comisión que prosiga el desarrollo y la aplicación de programas de sensibilización para atraer un mayor número de niñas a los ámbitos CTIM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas) y a más mujeres al sector de la investigación.

1.7

Se debería garantizar una mayor cooperación entre las distintas direcciones generales de la Comisión (DG Educación y Cultura y DG Investigación e Innovación).

1.8

Por otra parte, el Comité recomienda recabar y difundir en el marco de Eurostat datos desglosados por sexo en materia de investigación e innovación.

A los Estados miembros

1.9

Los Estados miembros deberían esforzarse en mejorar sus marcos jurídicos y políticos sobre igualdad de género en materia de investigación, basándose en las recomendaciones emitidas en la Comunicación sobre el EEI y en el Programa Horizonte 2020.

1.10

El Comité insta a los Estados miembros a garantizar que el gasto en investigación y desarrollo alcance el 3 % del PIB, que es el umbral fijado en la Estrategia Europa 2020.

1.11

Además, los Estados miembros deberían poner los Fondos Estructurales europeos y demás regímenes de financiación a disposición de las iniciativas de reforma institucional, con arreglo a la Comunicación sobre el EEI.

1.12

La evaluación, acreditación y financiación de los centros y organizaciones de investigación deberían estar vinculadas a sus resultados en materia de igualdad de género.

1.13

Los Estados miembros, en colaboración con centros de investigación nacionales o públicos y los interlocutores sociales, deberían explorar formas de garantizar un equilibrio entre vida privada y vida laboral mediante el desarrollo y la aplicación de políticas favorables a las familias de los investigadores e investigadoras.

1.14

Los Estados miembros deberían respaldar y reforzar el diálogo entre centros de investigación, empresas e interlocutores sociales.

A las partes interesadas en la investigación

1.15

El CESE insta a los centros de investigación y a las universidades a garantizar un equilibrio de género en sus órganos de decisión y selección, entre otros órganos relevantes.

1.16

El trabajo por la igualdad de género debe incorporarse a los procesos de planificación de los centros de investigación y universidades, y de sus respectivos departamentos.

1.17

El Comité aboga por un mayor diálogo con los editores y redactores de las publicaciones científicas para erradicar los prejuicios sexistas y aumentar las contribuciones de mujeres investigadoras a publicaciones científicas, editoriales, estudios y artículos de investigación.

2.   Síntesis de la situación actual  (3)

2.1

Aunque en 2005 el Consejo de Europa fijó el objetivo de que las mujeres ocupasen el 25 % de los principales puestos de investigación del sector público, actualmente se mantiene el desequilibrio entre hombres y mujeres en los puestos de dirección: en 2010, en el sector de la enseñanza superior solo el 15,5 % de los directores de centros y el 10 % de los rectores eran mujeres.

2.2

En los distintos sectores económicos y ámbitos científicos persiste la segregación horizontal. La proporción de mujeres entre los investigadores es mayor en el sector público y en el nivel de educación superior que en el ámbito empresarial. En toda la UE, las tasas más elevadas de mujeres profesoras universitarias (grado A) corresponden a las carreras de humanidades y ciencias sociales (el 28,4 % y el 19,4 %, respectivamente), y las más bajas a los estudios de ingeniería y tecnología (7,9 %).

2.3

Además, la carrera académica de las mujeres se sigue caracterizando por una fuerte segregación vertical. En 2010, aunque la proporción de mujeres estudiantes (el 55 %) y de licenciadas universitarias (el 59 %) fue superior a la de los varones, hubo más hombres que mujeres estudiantes y titulados de doctorado (la tasa de alumnas universitarias se situó en el 49 % y la de doctoradas en el 46 %). Por otra parte, las mujeres constituyeron el 44 % del personal académico de grado C, el 37 % de grado B y solo el 20 % de grado A. La infrarrepresentación de las mujeres es aún más llamativa en los estudios científicos y de ingeniería, donde representan únicamente el 33 % del personal académico de grado C, el 23 % de grado B y solo el 11 % de grado A (4).

2.4

Alcanzar un equilibrio adecuado entre la vida profesional y familiar sigue siendo un elemento clave para lograr la igualdad de género. La carrera de las mujeres investigadoras no solo se ve obstaculizada por el denominado «techo de cristal», sino también por un «muro de la maternidad», ya que las mujeres siguen asumiendo la mayor parte de los cuidados y trabajos domésticos.

2.5

Entre los principales obstáculos a la contratación, el mantenimiento en el puesto y el ascenso de las mujeres en el sistema científico europeo figuran además: la falta de democracia y transparencia en la contratación y en los procedimientos de promoción, los prejuicios sexistas en la evaluación de los resultados, la opacidad de los órganos de toma de decisiones y los estereotipos persistentes sobre las niñas o mujeres y la ciencia. Los centros europeos de investigación siguen requiriendo una considerable modernización a fin de brindar las condiciones estructurales necesarias para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

3.   Ventajas de la igualdad de género en materia de investigación e innovación

3.1

La investigación y la innovación son motores fundamentales del crecimiento económico europeo y Europa necesita un millón de investigadores más para mantener su competitividad en el mundo. La investigación y la innovación no son solo requisitos previos para que la UE se convierta en una sociedad del conocimiento. También podrían crear 3,7 millones de puestos de trabajo y aumentar el PIB anual de la UE en 7 95  000 millones de euros de aquí a 2025 si se logra antes de 2020 el objetivo de invertir el 3 % del PIB de la UE en I+D (5).

3.2

La igualdad de género es fundamental para el buen funcionamiento del sistema de investigación. A fin de alcanzar sus objetivos en materia de política de investigación, los Estados miembros y la Unión en su conjunto deben aprovechar todo el capital humano a su alcance, en términos de talentos y recursos. Movilizar todo el potencial de conocimientos, competencias y cualificaciones de las mujeres contribuirá a impulsar el crecimiento, el empleo y la competitividad europea, que son palancas fundamentales de toda economía próspera.

3.3

Para que una investigación de alta calidad sea relevante para la sociedad, cabe considerar distintas soluciones. La mejor manera de lograrlo consiste en disponer de múltiples comunidades de investigación, con capacidad para cooperar en sí y de forma interdisciplinar. La investigación y la educación forman parte del proceso de formulación de políticas y de la administración pública, contribuyendo además a adoptar un enfoque más crítico, caracterizado por la diversidad y un debate público abierto (6).

3.4

Si se contratasen más mujeres en el sector de la investigación, aumentarían los recursos de conocimiento, mejoraría la calidad de la producción de conocimientos y se contribuiría a que el sector fuera más robusto y competitivo. Los estudios disponibles demuestran que los equipos de investigación heterogéneos son más sólidos e innovadores que los homogéneos (7) y que en ellos la diversidad de conocimientos y de capital social es importante para generar nuevas ideas (8). Además, las innovaciones con componente de género en los ámbitos científico, médico, de ingeniería y medio ambiente aprovechan los análisis por sexo y de género como recurso para estimular nuevas ideas, nuevos servicios y nuevas tecnologías (9).

3.5

De la comparación de los índices de género de los Estados miembros se desprende que los países con mayor puntuación en el índice de igualdad de género (siglas en inglés: «GEI») tienden a dedicar un mayor porcentaje de su PIB a la I+D, consiguiendo además mejores resultados en materia de innovación.

3.6

Integrar un análisis de género en el contenido de la investigación y la innovación garantiza que la investigación, así como las innovaciones actuales, tenga en cuenta adecuadamente las necesidades, los comportamientos y las actitudes tanto de los hombres como de las mujeres. Los estudios disponibles demuestran que la integración de los análisis por sexo y de género aumenta la pertinencia y la calidad de la investigación y la innovación. Aporta, además, un valor añadido a la sociedad y a las empresas haciendo que la investigación colme las expectativas de un amplio y variado colectivo de usuarios y generando procesos de innovación más integradores, como es el caso del proyecto «Gendered Innovation» (10).

4.   Acciones enmarcadas por la política europea

4.1

El Comité insta a la Comisión Europea a proponer una recomendación a los Estados miembros que contenga directrices comunes con vistas a un cambio institucional a fin de promover la igualdad de género en las universidades y los centros de investigación, como se anunció en la Comunicación de 2012 sobre el EEI. Dicha recomendación debería alentar a los Estados miembros a suprimir los obstáculos legales o de otro tipo que dificultan la contratación, el mantenimiento en el puesto y el ascenso de las mujeres investigadoras. Debería también combatir los desequilibrios de género en los procesos de toma de decisión y reforzar la dimensión de género en los programas de investigación. Asimismo, se debería incluir una lista exhaustiva de los ejemplos más eficientes de los países del EEI.

4.2

El Comité solicita, además, a la Comisión que siga desarrollando y aplicando programas de sensibilización para atraer un mayor número de niñas a los ámbitos CTIM (ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas) y a más mujeres al sector de la investigación, así como programas específicos de orientación y asistencia profesional. En este sentido, debería garantizarse una mayor cooperación entre las direcciones generales relevantes de la Comisión (DG Educación y Cultura y DG Investigación e Innovación). Dicha cooperación permitiría aunar esfuerzos para garantizar mejores resultados en términos de igualdad de género, investigación y educación en su conjunto.

4.3

La Comisión debería garantizar el equilibrio de género en materia de educación, investigación y programas de movilidad.

4.4

Además, el Comité recomienda recolectar y difundir en el marco de Eurostat datos desglosados por sexo sobre investigación e innovación, para garantizar la disponibilidad de indicadores más fiables y comparables, así como mayor fluidez en la recopilación de datos y los procesos de seguimiento, lo cual contribuiría al desarrollo de la estrategia para la igualdad de género a partir de 2015.

5.   Medidas nacionales e institucionales

5.1

El CESE insta a los Estados miembros a alinear sus políticas nacionales sobre igualdad de género en materia de investigación e innovación con las decisiones adoptadas a escala de la UE sobre el EEI y el Programa Horizonte 2020.

5.2

El Comité insta a los Estados miembros a garantizar que el gasto en investigación y desarrollo alcance el 3 % del PIB, que es el umbral fijado en la Estrategia Europa 2020. Actualmente, en la EU de los veintiocho el gasto medio en I+D es del 2,07 % (11), lo cual frena el crecimiento económico y la creación de empleo, e impide que los centros de investigación aprovechen plenamente la reserva de talentos.

5.3

Los Estados miembros deberían desarrollar y aplicar programas de sensibilización destinados específicamente a atraer un mayor número de niñas a los ámbitos CTIM y a más mujeres al sector de la investigación, empezando por la promoción de estas cuestiones en la escuela.

5.4

El CESE considera que una de las medidas más eficaces para mejorar el equilibrio de género en la educación y la investigación consiste en ofrecer incentivos financieros a los centros educativos y de investigación que progresen claramente hacia dicho equilibrio. Los Estados miembros deberían vincular la evaluación, acreditación y financiación de los centros y organizaciones de investigación a los resultados que arrojen en materia de igualdad de género.

5.5

Con el fin de proporcionar una base sólida para el cambio estructural tan necesario en Europa, los centros y organizaciones de investigación, los Estados miembros y sus respectivas instituciones deberían desarrollar una metodología para el seguimiento y la evaluación de la eficiencia de las medidas en materia de igualdad de género.

5.6

Los Estados miembros, junto con sus respectivos centros de investigación y de enseñanza e interlocutores sociales, deberían analizar la manera de garantizar un equilibrio entre vida privada y vida laboral mediante el desarrollo y la aplicación de políticas favorables a la familia tanto para los investigadores como para las investigadoras, por ejemplo sobre guarderías, teletrabajo, jornada parcial, etc.

5.7

El CESE insta a los centros de investigación a alcanzar un equilibrio de género en cuanto a los procesos de toma de decisiones y de selección, entre otros órganos relevantes.

5.8

El trabajo por la igualdad de género debe integrarse en los procesos de planificación de los centros de investigación y universidades, así como en sus respectivos departamentos. Deberán desarrollarse planes de acción a todos los niveles, previéndose la elaboración de informes anuales sobre objetivos cuantitativos, medidas y resultados. En este proceso deberán participar activamente los distintos departamentos, otorgándoseles la responsabilidad de decidir sobre sus propios objetivos y medidas. Las mujeres deberían participar también en esta planificación para garantizar que no se ignora a las investigadoras ni sus ámbitos de interés.

5.9

La ciencia y la innovación son especialmente beneficiosas para las empresas. Por tanto, los Estados miembros deberían apoyar y reforzar el diálogo entre centros de investigación, empresas e interlocutores sociales. Tal diálogo podría orientar más la investigación hacia las empresas y ayudar a los centros de investigación a diversificar sus presupuestos.

5.10

El Comité aboga por un mayor diálogo con los editores y redactores de publicaciones científicas con el fin de erradicar los prejuicios sexistas y aumentar las contribuciones de mujeres investigadoras a publicaciones científicas, editoriales, estudios y artículos de investigación.

5.11

También debería garantizarse el diálogo entre científicos de diferentes generaciones, reforzándose así la cooperación en materia de investigación y brindándose oportunidades de aprendizaje informal a investigadores jóvenes.

5.12

Los responsables jerárquicos ejercen gran influencia en las actividades de investigación y desempeñan un papel fundamental en el fomento de la calidad. Tanto las mujeres como los hombres deben acceder a la formación para alcanzar los puestos de nivel superior. Se debe dispensar a las personas con cargos de responsabilidad formación sobre cuestiones vinculadas a la igualdad de género en la investigación como ámbito específico de conocimientos.

5.13

El Comité apoya diversos galardones nacionales e internacionales, entre otros el programa UNESCO-l'Oréal «For Women in Science»  (12) y «Athena Swan»  (13), pues no solo animan a las mujeres a participar en actividades científicas y a las instituciones a emprender cambios estructurales, sino que además se convierten en herramientas de comunicación muy eficaces para promover la igualdad de género.

6.   Ejemplos de medidas organizativas y de política de personal

6.1

Una de las medidas adoptadas para promover el equilibrio de género ha sido la acción positiva de carácter moderado, con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y dentro de los límites establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este tipo de acción permite dar prioridad a aquellos candidatos de un sexo representado por menos del 40 % de los trabajadores de la misma categoría profesional, en caso de que varios candidatos ofrezcan aproximadamente las mismas cualificaciones.

6.2

Los centros de investigación y las universidades disponen de dos opciones para neutralizar posibles prejuicios de género en materia de selección de personal. La primera consiste en establecer directrices para garantizar que el consejo de facultad, el defensor de la igualdad de género u otro organismo responsable supervise los procedimientos de nombramiento. El segundo enfoque consiste en solicitar a las facultades un informe sobre la selección de personal para poder elaborar estadísticas desglosadas por sexo sobre los solicitantes de empleo, los candidatos preseleccionados y los contratados. Es importante contrarrestar el carácter informal de las prácticas de nombramiento, ya que tienden a favorecer a los hombres. Ello incluye propuestas informales para solicitar determinados cargos, así como la adaptación de las ofertas de empleo para ajustarse mejor a las cualificaciones y la experiencia de los hombres.

6.3

Se pueden crear programas y guarderías adaptados, evocándolo en las ofertas de empleo para atraer a los solicitantes. Ofrecer la prolongación opcional de una beca tras un permiso parental también resulta eficaz para atraer a más candidatos de ambos sexos.

6.4

Varios países europeos han creado bases de datos específicas de mujeres científicas y expertas. Resultan especialmente útiles a la hora de encontrar una investigadora o una científica en particular, con competencias específicas para un equipo de investigación o institución en el que las mujeres estén infrarrepresentadas.

6.5

Debe fomentarse la presupuestación con perspectiva de género, para garantizar una evaluación de los presupuestos y una distribución de los recursos que tengan en cuenta esta perspectiva. Se trata de incorporarla en todos los niveles del proceso presupuestario, permitiendo así la supervisión y la evaluación de la igualdad, así como las intervenciones específicas que sean necesarias.

6.6

Podrían crearse fondos nacionales o institucionales específicos para facilitar ayuda financiera a las investigadoras en aquellas disciplinas con escasa presencia de mujeres. Además, podría recompensarse mediante diversos programas de incentivación a las instituciones o los departamentos que fomenten activamente la igualdad de género y arrojen buenos resultados.

6.7

El equilibrio de género en los cargos de responsabilidad y los comités podría mejorarse animando a los departamentos a acoger a mujeres procedentes de terceros países como profesoras invitadas o miembros de los comités.

6.8

Los empresarios deberían evitar exigir un alto grado de especialización en los anuncios destinados a los becarios de investigación e investigadores de postdoctorado, para atraer a un mayor número de solicitantes y evitar la filtración de candidatos en una fase demasiado temprana.

6.9

Todos los comités de nombramiento deberían contar con mujeres entre sus miembros y con una representación equilibrada desde el punto de vista del género. Esto podría contribuir a que más mujeres soliciten y obtengan puestos.

6.10

Los programas de formación en gestión deberían prever la concienciación sobre la igualdad de género y la adquisición de conocimientos al respecto. Las cualificaciones en materia de igualdad de género pueden constituir un criterio para acceder a puestos de responsabilidad y para participar en las evaluaciones de gestión (14).

6.11

Es fundamental efectuar un seguimiento de la igualdad de género mediante indicadores adecuados relativos a los recursos humanos y la asignación de recursos financieros. Por lo tanto, los sistemas subyacentes de recopilación de datos deben garantizar siempre el desglose por sexo.

6.12

Los grupos de investigación tienen un efecto estimulante en el ámbito de la investigación. Los estudios disponibles ponen de manifiesto que aquellos equipos integrados por personas de orígenes diferentes son más proclives a adoptar un enfoque de investigación amplio. Demuestran también que los equipos mixtos de investigación crean mejores condiciones para la innovación y la creatividad, y aumentan la frecuencia de las publicaciones (15).

6.13

Los paquetes de ayudas iniciales (consistentes en fondos para gestionar proyectos, adquirir equipos y remunerar a los asistentes de investigación) pueden facilitar a las mujeres recién nombradas su establecimiento como investigadoras. La práctica demuestra que, en materia de investigación, las mujeres no negocian condiciones tan buenas como las de los hombres. Los paquetes de ayuda inicial son un intento para remediar esto y deberían tenerse especialmente en cuenta.

Bruselas, 15 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  P. Zagamé, L. Soete: «The cost of a non-innovative Europe», 2010.

(2)  En la segunda parte de este documento figura una síntesis de la situación actual.

(3)  Fuente de los datos estadísticos de la parte 2: «She Figures 2012: Gender in Research and Innovation», Comisión Europea, 2013.

(4)  Los grados A, B y C corresponden a la posición en la institución, a saber los niveles alto, medio y bajo respectivamente.

(5)  P. Zagamé, L. Soete: «The cost of a non-innovative Europe», 2010.

(6)  Women in science, Noruega, 2010.

(7)  Campbell LG, Mehtani S, Dozier ME, Rinehart J, «Gender-Heterogeneous Working Groups Produce Higher Quality Science», 2013.

(8)  http://www.genderinscience.org.uk/index.php/consensus-seminars/recommendations-report

(9)  Informe del Grupo de Expertos sobre «Innovación a través de la igualdad de género», Comisión Europea, 2013.

(10)  Informe del Grupo de Expertos «Innovation through Gender», Comisión Europea, 2013.

(11)  EUROSTAT, 2012.

(12)  http://www.loreal.com/Foundation/Article.aspx?topcode=Foundation_AccessibleScience_WomenExcellence

(13)  http://www.athenaswan.org.uk

(14)  IDAS — programa nacional de desarrollo en materia de gestión, cuyo objetivo es aumentar el número de mujeres en puestos académicos superiores en las universidades y colegios universitarios suecos.

(15)  «The Scientist», 7 de noviembre de 2005 y «Science», Vol. 309, 2005.


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/16


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Desarrollar servicios para la familia a fin de elevar los índices de empleo y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo»

(Dictamen de iniciativa)

(2015/C 012/03)

Ponente:

Béatrice Ouin

El 26 de febrero de 2014, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema

Desarrollar servicios para la familia a fin de elevar los índices de empleo y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo.

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el martes 30 de septiembre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 16 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 141 votos a favor, 17 en contra y 16 abstenciones el presente dictamen.

1.   Recomendaciones

1.1

A la Unión Europea:

promover el intercambio de buenas prácticas, mejorar los datos estadísticos,

establecer un conjunto de recomendaciones para los interlocutores sociales, que se base en una comparación de los empleos en términos neutros en cuanto a género,

organizar un premio a la innovación para fomentar el espíritu empresarial en los servicios para las familias, y

promover la innovación social en el desarrollo de servicios para la familia, independientemente de la forma que adopten estos servicios.

1.2

A los Estados miembros:

ratificar el Convenio no 189 de la OIT,

regularizar el trabajo no declarado a través de ayudas fiscales y unos sistemas sencillos de declaración para que los empleos relacionados con el hogar se consideren como cualquier otro empleo,

luchar contra los estereotipos para que las tareas de cuidados a las personas y limpieza del hogar se consideren mixtas,

establecer un marco general a fin de impulsar el surgimiento y desarrollo de un sector profesionalizado de servicios para la familia, de conformidad con las características específicas y prácticas culturales de cada Estado miembro, y

eliminar los obstáculos legales que hoy por hoy reducen significativamente el empleo directo declarado por parte de las familias.

1.3

A los interlocutores sociales:

homologar títulos y certificados de cualificaciones, que integren la validación de la experiencia acumulada en diferentes hogares, y

negociar convenios colectivos y tablas de clasificación de los empleos, que integren el conjunto de competencias, incluidas las psicológicas y relacionales.

1.3.1

A los empresarios:

crear empresas y cooperativas para ofrecer servicios a las familias y un estatuto de asalariado a los trabajadores.

1.3.2

A los sindicatos, organizaciones de empresarios y comités de empresa:

promover la imagen de los servicios para la familia y valorizar el empleo en este ámbito,

fomentar la formación de las personas interesadas y la certificación de las competencias adquiridas,

crear y establecer estructuras para reagrupar y organizar los servicios para la familia, en el respeto de las tradiciones y de las diferencias existentes entre los distintos países,

organizar la representación de los trabajadores domésticos y los empleadores, y

en el marco de las medidas destinadas a favorecer la igualdad profesional, reivindicar servicios que creen empleo y negociar una participación financiera de las empresas a fin de promover la conciliación de la vida laboral y familiar para todos.

2.   Contexto

2.1

El presente dictamen se refiere únicamente a los servicios y empleos en los domicilios particulares de las familias y no al conjunto de los servicios (guarderías, residencias de ancianos, comedores escolares, guarderías postescolares, etc.). Desarrollar y profesionalizar el trabajo doméstico es un elemento estratégico para alcanzar la igualdad en el empleo, ya que quienes lo realizan son principalmente mujeres, que son también quienes necesitan servicios de guardería, de ayuda a las personas mayores y de limpieza de la vivienda para poder estar en igualdad de condiciones con los hombres en su carrera profesional. Estos servicios son beneficiosos tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto, ya que crean nuevos puestos de trabajo, responden a las necesidades de una sociedad que envejece y facilitan la conciliación de la vida laboral y privada. Además, mejoran la calidad de vida y la inclusión social, y permiten a las personas mayores seguir viviendo en su domicilio.

2.2

Por lo que respecta a los servicios para la familia, conviene, sin embargo, distinguir tres grandes ámbitos: el mantenimiento de la vivienda, el cuidado de los niños y el cuidado de personas enfermas, personas con una discapacidad grave y personas ancianas. Una diferenciación de estos ámbitos es oportuna, ya que las competencias y cualificaciones requeridas difieren en parte, aunque suelen estar relacionadas entre sí, en la medida también en que, según los países, las estructuras institucionales y organizativas para los diferentes ámbitos o servicios difieren y, por consiguiente, también difieren la condición y el estatus, así como la percepción de las personas que prestan esos servicios.

2.3

Cabe señalar que una parte importante de la ayuda a las familias es prestada actualmente por trabajadores en negro, lo que es perjudicial para ellos mismos, pero también para las familias y los Estados.

2.4

A fin de desarrollar los servicios para la familia, hay que revalorizarlos, además de refutar las ideas preconcebidas que hacen que estos trabajos, que aún realizan gratuitamente las amas de casa, sigan considerándose poco cualificados.

2.5

Para que estos trabajos puedan desarrollarse es imprescindible sacarlos a la luz, profesionalizarlos y convertirlos en verdaderos oficios, con contratos de trabajo, formación, protección social, una progresión en la carrera profesional y derechos equivalentes a los que disfrutan los demás trabajadores.

2.6

El CESE ya ha formulado recomendaciones pertinentes sobre el desarrollo del sector de los servicios a la persona (1), la profesionalización del trabajo doméstico (2), la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado (3) y el impacto de la inversión social (4), que aquí solo evocaremos.

2.7

La Estrategia Europa 2020 fija como objetivo una tasa de empleo del 75 % para los hombres y mujeres de entre 25 y 65 años. La progresión de la tasa de empleo de las mujeres tropieza, entre otras cosas, con la cuestión de las responsabilidades familiares. Además, el objetivo de la igualdad en el trabajo tiene un obstáculo en la escasa participación de los hombres en esas mismas responsabilidades. La Estrategia se ve frenada por las medidas de austeridad, que disminuyen el gasto público en los servicios asistenciales, donde sobre todo se contrata a mujeres, y resultan en un incremento de las responsabilidades asistenciales en la familia. Esta disminución de la prestación de servicios asistenciales en muchos Estados miembros y las desigualdades entre hombres y mujeres en el reparto de las tareas familiares y domésticas no remuneradas impiden que se alcance el objetivo de la igualdad en el trabajo.

2.8

La desigualdad entre hombres y mujeres en el trabajo se mide por las diferencias salariales y la concentración de las mujeres en algunos sectores profesionales (carácter no mixto del empleo) y de los hombres en otros. Desarrollar los servicios a las familias permitiría aumentar la tasa de empleo a tiempo completo de las mujeres, y facilitaría su acceso a la formación profesional y su mayor progresión en la carrera profesional, tanto para quienes prestan los servicios como para quienes se benefician de ellos.

2.9

El hecho de crear en los servicios a domicilio para las familias empleos cuyas cualificaciones y competencias quedarían reconocidas por salarios más elevados y menor precariedad laboral contribuiría asimismo a atraer a los hombres hacia estas profesiones. También es necesario intervenir en la educación de los niños para que no perciban estas tareas como propias de las mujeres.

2.10

Desarrollar este tipo de servicios puede contribuir a crear millones de puestos de trabajo. Si cada familia externalizara una hora por semana de trabajo doméstico, se podrían crear 5,5 millones de puestos de trabajo (5). También hay margen para la innovación social y tecnológica, ya que con el envejecimiento de la población y la disminución de los servicios sociales a las familias, las necesidades van en aumento. A este respecto, es fundamental hacer hincapié en la libertad de elección de las familias para encontrar métodos adecuados que permitan responder a estas necesidades cambiantes de los hogares.

3.   Desarrollar servicios en los domicilios privados para conciliar la vida laboral y familiar

3.1

En todas las familias es preciso limpiar la casa y lavar la ropa, preparar la comida, cuidar a los niños y a los padres ancianos y ayudar a los enfermos. A menudo, la mujer debe trabajar a tiempo parcial para llevar a cabo estas tareas, en detrimento del oficio para el que recibió formación o del tiempo necesario para formarse.

3.2

Sin embargo, no se recurre a estos servicios de manera espontánea porque no es fácil dejar entrar a alguien en el domicilio privado y, sobre todo, porque el coste de los servicios es demasiado elevado.

3.3

Hoy por hoy, estos servicios para la familia suelen prestarlos mujeres insuficientemente remuneradas, a menudo no declaradas y en una situación laboral precaria, en particular inmigrantes, algunas de las cuales trabajan de forma ilegal. La concentración de mujeres en los oficios de la limpieza, los cuidados y la educación refuerza los arraigados estereotipos de género que actúan como una barrera para algunos hombres, se traduce en una situación de desigualdad entre hombres y mujeres y socava aún más los esfuerzos por salvar la brecha salarial que los separa. Esta concentración acentúa la idea del trabajo de las mujeres como un empleo de segundo rango.

3.4

El trabajador doméstico es aquel cuya actividad se desarrolla en el «domo», el domicilio privado. La OIT denomina a los empleados del sector «trabajadores domésticos», pero en algunos Estados miembros la palabra «doméstico» tiene una connotación negativa. Puesto que se utilizan muchos términos para designar este tipo de trabajo (6) (empleos de la familia, servicios a las personas, asistentas a domicilio, cuidadoras, niñeras, trabajadoras familiares o empleadas del hogar, etc.) no resulta fácil elaborar estadísticas.

3.5

Según estimaciones de la OIT, en la UE el número de trabajadores domésticos ascendería a cinco millones de personas, aunque probablemente se trate de una cifra subestimada, ya que solo en Francia, donde las ayudas fiscales han permitido regularizar buena parte del trabajo no declarado y, por tanto, contabilizar los puestos de trabajo, el número de trabajadores domésticos asciende a dos millones. Estos empleos se ejercen sobre todo como empleos pagados directamente por la familia o la persona beneficiaria al trabajador doméstico (60 %-70 % del sector), sin pasar por ningún tipo de intermediario.

4.   Obstáculos para el desarrollo de estos empleos

4.1   Empleos poco valorados

4.1.1

Cabe señalar que los empleos en cuestión, sobre todo en el ámbito del mantenimiento de la casa, aún suelen considerarse como empleos que no requieren conocimientos y competencias particulares. También se los considera empleos de transición (por ejemplo el de au pair) y no como una elección profesional.

4.1.2

En la mayoría de los casos las familias no exigen ningún título ni certificado, a pesar de que confían el cuidado de sus hijos o sus padres en edad avanzada y la llave de su domicilio a personas cuya fiabilidad no pueden comprobar. Para trabajar en un hogar y adaptarse a las exigencias de la familia se requiere un conjunto de competencias psicológicas y técnicas subestimadas, y no necesariamente bien definidas.

4.1.3

Debido a la imagen negativa que tiene la sociedad de estas tareas, son a menudo las inmigrantes quienes las realizan, dejando en su país de origen a hijos y padres ancianos para ocuparse de los demás en los países ricos, mientras que la Unión Europea sufre las consecuencias del paro. Con frecuencia, estos trabajadores tienen una mala imagen de sí mismos, pues han elegido este trabajo, considerado poco valorizador, a falta de otra opción. En la actualidad, muchas inmigrantes están sobrecualificadas, pero se las orienta hacia un sector que constituye una de las pocas opciones que tienen para trabajar y donde sus derechos como trabajadoras no suelen garantizarse ni respetarse. Este «despilfarro de cerebros» es muy preocupante, no solo para las propias inmigrantes, sino también para la sociedad en la que trabajan.

4.2   Empleos mal remunerados, precarios e insuficientemente protegidos

4.2.1

El sector recurre a mano de obra tanto no cualificada como sobrecualificada, empleada por particulares que, en ausencia de ayudas fiscales nacionales, no pueden pagar caro.

4.2.2

Trabajar para las familias puede ser precario, debido a los cambios que se van produciendo en el contexto familiar. En particular, cuando las familias solo necesitan algunas horas por semana, los trabajadores domésticos deben juntar muchos empleadores para mantenerse, y encontrar continuamente a otros nuevos para sustituir a los que ya no necesitan sus servicios.

4.2.3

Hasta hace poco, el trabajo en los domicilios privados estaba excluido de los convenios internacionales del trabajo de la OIT. Esto cambió con el Convenio 189, aprobado en 2012 y que solo han ratificado dos Estados europeos (7).

4.2.4

Como trabajan dispersos en domicilios privados, resulta difícil sindicar a los trabajadores domésticos. En muchos casos ni siquiera piden la sindicación. Sin embargo, sus demandas e intereses se verían más reconocidos si contaran con el apoyo y la defensa de sindicatos representativos fuertes. Solos frente a las familias empleadoras, les resulta difícil defender sus derechos. Esta situación se ve agravada cuando conocen mal el idioma, han sido víctimas de trata y no tienen acceso a sus documentos.

4.2.5

En los Estados miembros hay cada vez más ejemplos de planes para estructurar este sector, que progresan a ritmos diferentes y cuyo alcance varía. Permiten impulsar y desarrollar un sector económico específico y la negociación de convenios colectivos adaptados a los servicios para la familia. Cuando se negocian o renegocian convenios colectivos, es preciso tener en cuenta la complejidad de las cualificaciones y la dimensión de las relaciones humanas.

4.2.6

En el momento de adoptar medidas para mejorar la profesionalización del sector de los servicios a la persona, es importante tomar en consideración los diferentes tipos de empleadores del sector (intermediarios o particulares) a fin de evitar toda confusión en relación con la condición o las responsabilidades de cada uno.

4.2.7

Algunos casos de esclavitud moderna han sido llevados a los tribunales, pues la trata existe en el sector doméstico. Las inmigrantes se ven expuestas al riesgo de explotación laboral y sexual, lo que contribuye a la mala imagen del sector.

5.   Crear empleos dignos y servicios de calidad

5.1   Intervenir en relación con los costes: salir del trabajo en negro y poner en marcha las financiaciones múltiples

5.1.1

Para pasar de la situación actual (con predominancia del trabajo no declarado y múltiples empleadores) a auténticos empleos, con competencias que se evalúan como se hace para otros oficios, se necesitan un mejor reconocimiento y una mayor valorización de estos servicios con, entre otras cosas, salarios adecuados y al alcance de todos. Estos dos requisitos solo pueden cumplirse mediante una financiación combinada: ayudas fiscales, cheques parcialmente financiados (como ya es el caso de los vales de restaurante), prestaciones de la seguridad social y contribución de los usuarios. La eficacia de las ayudas fiscales a los particulares ha quedado demostrada en la renovación de viviendas en Suecia, donde se ha creado empleo en el sector de la construcción. En Francia, el trabajo doméstico salió de la economía sumergida cuando se adoptaron ayudas fiscales. Además, se ha creado un «cheque-empleo-servicio» para simplificar los trámites administrativos. Más tarde, la llegada de internet completaría este dispositivo, evitando recurrir a los formularios en papel.

5.1.2

Solo será posible profesionalizar los empleos y ofrecer servicios de calidad si se combinan fondos públicos (ayudas fiscales), sociales (prestaciones familiares, ayuda a las empresas, mutualidades y seguros de salud, comités de empresa, etc.) y privados (pago del servicio por los particulares). En el marco de los planes de igualdad entre hombres y mujeres y las medidas para conciliar la vida laboral y familiar, las empresas pueden participar en la financiación de los servicios de apoyo a las familias de sus empleados. Algunas ya lo hacen. La Comisión Europea debería determinar cuáles son estas prácticas y darlas a conocer, por ejemplo, para fomentar la creación de un sistema de títulos de pagos prefinanciados, que podría hacerse extensivo a todos los Estados miembros.

5.2

Actuar en relación con la precariedad laboral: desarrollo del diálogo social en el sector de acuerdo con las especificidades y prácticas culturales de cada Estado miembro.

5.2.1

Ante el aumento de las necesidades de las familias en el hogar, las posibilidades de elección entre los diversos servicios disponibles en los Estados miembros deben consolidarse y estabilizarse, al igual que el carácter complementario de estos servicios, a fin de crear un nuevo modelo para promover la innovación social en Europa.

La precariedad laboral en el sector solo puede abordarse haciendo hincapié en dos cuestiones de gran importancia: en primer lugar, la necesidad de profesionalizar el empleo, a fin de mejorar la calidad de los servicios prestados y asegurar un verdadero desarrollo profesional de los trabajadores domésticos (véase el punto 5.3); y en segundo lugar, la necesidad de reconocer oficialmente el diálogo social en el sector, ya que es una manera muy importante de asegurar el bienestar y un empleo digno tanto para los trabajadores domésticos como para las familias, independientemente de la forma que adopten esos servicios. A este respecto, es crucial ayudar a las familias a recurrir a servicios prestados por un sector profesionalizado y declarado (véase el punto 5.1), brindándoles la posibilidad de optar por la estructura de su elección.

Por otra parte, los servicios ofrecidos a las familias para ayudar en el cuidado de los niños y ancianos, o el cuidado de los miembros familiares con discapacidades graves, así como para contribuir al equilibrio laboral y familiar, no son como cualquier otro: afectan directamente a la intimidad y privacidad de los hogares y, por consiguiente, no pueden confiarse a un desconocido. Por ello, es imperativo asegurar el diálogo social sectorial de acuerdo con los valores de la Unión Europea y las características culturales específicas de cada Estados miembro.

5.2.2

Por otra parte, el desarrollo del sector requiere asimismo la creación de empresas (cooperativa, asociación o sociedad) que actúen como intermediarios entre quien necesita un servicio y quien está cualificado para prestarlo. La empresa se encarga de encontrar a los clientes y de proponer un calendario al asalariado. Esto le permite tener un único contrato de trabajo, lo que le facilita el acceso a la protección social y le permite financiar el tiempo de desplazamiento entre los domicilios de los clientes, tomar vacaciones o participar en cursos de formación. Este intermediario es también quien asume la responsabilidad de cara al cliente de enviarle empleados competentes, honestos, discretos y con una formación y de prestar el servicio incluso si la persona que lo realiza habitualmente enferma o está de vacaciones. El cliente ya no confía su domicilio o los miembros de su familia a una persona sino a la empresa.

5.2.3

Crear empresas permite hacer de estos trabajadores empleados asalariados como los demás. Este tipo de empresa ya existe. La Comisión Europea debería identificar y difundir los distintos modelos y analizarlos desde el punto de vista del servicio prestado al cliente y de las condiciones sociales de los trabajadores.

5.2.4

Además, cuando los clientes prefieren asumir la responsabilidad de empleador, lo que les permite elegir a la persona que hacen entrar en su domicilio, es necesario informarles de la necesidad de que respeten las normas. Los Estados miembros deberían velar por que estas normas sean razonables y su cumplimiento sea factible para una familia media.

5.3   Reformas en el sector

5.3.1

En Suecia se introdujo en 2007 un régimen de deducción fiscal para los servicios domésticos. Este crédito fiscal (tax credit) abarató considerablemente el coste de los servicios domésticos, al establecerse una reducción del 50 %. El cliente paga la mitad del precio del servicio y la administración tributaria abona la otra mitad a la empresa.

5.3.2

Anteriormente era difícil adquirir un servicio doméstico declarado. Actualmente, siete años después, los hechos demuestran que el crédito fiscal ha creado y sigue creando nuevas empresas y nuevos puestos de trabajo, sobre todo para las personas que se encontraban fuera del mercado laboral.

5.3.3

La reforma fiscal ha tenido un efecto positivo en un sector en el que la mayor parte de los servicios se prestaban en negro. La reducción del impuesto no solo ha beneficiado al sector y a sus clientes, sino a la sociedad en su conjunto.

5.3.4

En 2013, el sector registró un volumen de negocios equivalente a 500 millones de euros y más de 16  000 personas obtuvieron un contrato de trabajo. Se ha producido una progresión constante en los últimos años. Entre 2012 y 2013, la tasa de empleo en los servicios domésticos aumentó un 16 %.

5.3.5

La mayoría de las empresas han sido creadas por mujeres y, a menudo, por mujeres de origen inmigrante. Más de una tercera parte de los clientes de servicios domésticos tienen más de 65 años de edad (dos tercios son mujeres). En su conjunto, el 62 % de los clientes son mujeres, de todos los niveles de renta, pero principalmente de la clase media. Las familias se encuentran entre los que más utilizan estos servicios. Dos de cada tres trabajadores del sector de los servicios domésticos estaban anteriormente desempleados o tenían trabajos no declarados. Del conjunto de estos asalariados, alrededor del 80 % son mujeres y el 40 % nacieron fuera de Suecia.

5.3.6

La principal organización patronal del sector de los servicios concluyó con sus homólogos sindicales convenios colectivos para las empresas de servicios domésticos. Estos convenios colectivos contemplan normas en materia de remuneración, tiempo de trabajo, vacaciones remuneradas, formación, seguridad social y otros aspectos.

5.3.7

La reforma ha dado lugar a un aumento del empleo, una reducción del desempleo, una reducción de las bajas por enfermedad y, por último, un incremento de los ingresos fiscales, lo que hace que el sistema esté prácticamente autofinanciado.

5.4   Fomentar la profesionalización

5.4.1

Estas tareas no solo requieren conocimientos técnicos (normas de higiene, funcionamiento de las máquinas, utilización de los productos, lavar a un niño, ayudar a un adulto a levantarse, etc.) sino competencias relacionales: saber inspirar confianza, ser discreto y autónomo, saber adaptarse a cada cliente. Las tablas de clasificaciones deben jerarquizar las competencias en función de que haya que ocuparse únicamente de la vivienda o de que también haya niños o ancianos, de que el cliente esté presente o ausente, de que sea autónomo o tenga una dependencia física o mental.

5.4.2

La paradoja es que estas tareas estén mal consideradas por algunas personas, pese a ser más gratificantes que muchas otras. Limpiar una vivienda, ayudar a las personas, establecer vínculos con un niño aporta satisfacciones. Las instancias públicas podrían, por una parte, en cooperación con las organizaciones sindicales y patronales, promover la profesionalización de estos servicios, así como la formación de las personas interesadas y la certificación de las competencias adquiridas y, por otra, crear y establecer estructuras para reagrupar y organizar los servicios para la familia.

5.4.3

Para cambiar la forma en que se perciben estas tareas, deben enumerarse y evaluarse en el plano técnico y relacional, comparándose con las tareas equivalentes en otros sectores profesionales. Deben crearse títulos, cualificaciones y formaciones, dando un reconocimiento a la experiencia acumulada. Ya existen algunos.

5.4.4

También sería conveniente facilitar una evolución profesional hacia otras responsabilidades o incluso otros oficios en el mismo sector o en otros sectores. Esto es especialmente importante en el caso de las inmigrantes sobrecualificadas a las que se orienta hacia los servicios para la familia, a fin de evitar el desaprovechamiento del potencial intelectual.

5.4.5

Hay que emprender medidas para acabar con la trata de personas en todo lo relacionado con los servicios para la familia, ya que constituye una clara violación de los derechos humanos.

5.4.6

Con frecuencia, las organizaciones sindicales de trabajadores han infravalorado la sindicación de los trabajadores domésticos, que indudablemente es algo complejo debido a que los sindicatos carecen de acceso a los domicilios privados, así como a su falta de visibilidad y su dispersión. La sindicación de los trabajadores domésticos podría suponer un avance hacia la profesionalización del sector de los servicios para la familia. Esta profesionalización es una de las condiciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo.

Bruselas, 16 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  DO C 44 de 15.2.2013, pp. 16-22.

(2)  DO C 21/39 de 21.1.2011.

(3)  DO C 177 de 11.6.2014, p. 9.

(4)  DO C 226 de 16.7.2014, pp. 21-27.

(5)  Comisión Europea, documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el aprovechamiento del potencial de empleo de los servicios personales y domésticos (SWD(2012) 95 de 18.4.2012, p. 14).

(6)  Antiguamente, los empleados domésticos vivían en casa de su empleador. Esto sigue siendo el caso en algunas familias ricas o en las embajadas, pero por lo general, hoy en día los empleados del hogar solo trabajan algunas horas por semana para cada uno de sus empleadores o clientes.

(7)  Italia ratificó el Convenio 189 en enero de 2013, Alemania en septiembre de 2013. El Consejo Europeo autorizó a los Estados miembros a ratificar el Convenio en enero de 2014.


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/23


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Impacto de los servicios a las empresas en la industria»

(Dictamen de iniciativa)

(2015/C 012/04)

Ponente:

Sr. van Iersel

Coponente:

Sr. Leo

El 22 de enero de 2014, de conformidad con el artículo 29, apartado 2, de su Reglamento interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el

Impacto de los servicios a las empresas en la industria

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI), encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 16 de septiembre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 16 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 100 votos a favor, ninguno en contra y 2 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

Dada la estrecha interacción entre los servicios y la producción industrial y su incidencia en el crecimiento sostenible y el empleo en Europa, el CESE insta a la Comisión a que en su próximo mandato incluya los servicios a las empresas en su lista de prioridades. Esto es aún más necesario debido al nuevo modelo de producción que algunos denominan «la cuarta revolución industrial».

1.2

Se requieren iniciativas concretas de la UE en todos los ámbitos relacionados con la revolución digital y los cambios económicos y sociales a los que darán lugar. La principal condición previa es sensibilizar a las autoridades públicas y a la sociedad.

1.3

Los servicios a las empresas deberían formar parte de una política industrial activa y tenerse en cuenta explícitamente en la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020, prevista para 2015. El CESE observa que la Comisión y el Consejo hasta ahora han subestimado la importancia de estos servicios.

1.4

La mitad de las direcciones generales de la Comisión interviene, de una manera u otra, en el ámbito de los servicios, pero carece de un enfoque sistemático, y mucho menos estratégico. No hay una política clara ni un portavoz visible en este ámbito. Además, la decisión del Consejo de reducir de 9  000 millones, la cifra propuesta por la Comisión, a 1  200 millones de euros el presupuesto del Mecanismo «Conectar Europa» en el marco financiero plurianual no solo se considera muy decepcionante, sino que demuestra una falta de visión a largo plazo.

1.5

La UE debe decidir ahora si desea asumir un papel de liderazgo, contribuyendo así a un nuevo crecimiento sostenible y a crear nuevos puestos de trabajo, o si prefiere dejar que otros ocupen su sitio.

1.6

Por tanto, el CESE valora muy positivamente la iniciativa que emprendió la Comisión el año pasado para poner en marcha un debate fundamental en el seno de un Grupo de Alto Nivel sobre los Servicios a las Empresas (1). El CESE insiste en que esta iniciativa debe ir seguida en breve de:

un análisis detallado,

una coordinación eficaz entre los departamento competentes de la Comisión, y

una agenda europea (véase el punto 1.15).

1.7

Los servicios a empresas están en rápida expansión y ya son predominantes en la industria manufacturera. Una amplia y creciente gama de empresas, tanto industriales como de servicios, participa actualmente en la concepción y realización de nuevas generaciones de servicios a empresas. Las nuevas tecnologías hacen que los servicios sean aún más importantes para la producción industrial.

1.8

Además, el «internet de los objetos» y el «internet de los servicios» se consideran actualmente en Europa como la cuarta revolución industrial, en los albores de una nueva época posterior a la de la automatización.

1.9

Este salto cualitativo es el resultado de una cooperación vertical y horizontal de la máquina a internet, de la máquina al ser humano y de máquina a máquina a lo largo de la cadena de valor y en tiempo real. Se crearán islas de automatización que se verán interconectadas en una infinidad de redes y variaciones. Los programas informáticos y las redes permitirán conectar productos inteligentes, servicios digitales y clientes a los nuevos «productos» innovadores del futuro.

1.10

Esta perspectiva es objeto de un amplio debate. El proyecto alemán «Industry 4.0» es un enfoque económico y político pionero que presta debida atención tanto a los servicios a las empresas como al contexto económico más amplio, que actualmente experimenta una profunda transformación. Junto con iniciativas similares, debería constituir un componente básico de la agenda para la industria y una amplia gama de partes interesadas públicas y privadas. En los mercados digitales, los primeros en actuar se han beneficiado en el pasado de grandes ventajas competitivas.

1.11

Se prevén iniciativas estratégicas comparables a nivel mundial en los Estados Unidos, China y Corea. El Pentágono tiene previsto poner en marcha un programa de inversiones. Los gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Apple y Yahoo disfrutan de una ventaja natural en el mercado.

1.12

El factor humano es determinante. Las nuevas cadenas de valor y los nuevos modelos empresariales generan nuevas alianzas e interrelaciones entre las empresas, lo que incide enormemente en la organización del trabajo. Asimismo, se esperan cambios considerables en el mercado laboral. En el sector industrial y, en particular, en el sector de los servicios a las empresas, constantemente aparecen nuevas formas de organización del trabajo, del empleo y las competencias se actualizan debido a los rápidos avances de la tecnología digital. Hay que vigilar de cerca estas transformaciones. Las políticas específicas, que deben basarse en una investigación debidamente financiada, deben centrarse en promover condiciones favorables y mitigar los efectos negativos.

1.13

Muchos sectores de los servicios a las empresas carecen actualmente de una cultura de diálogo social, lo cual podría obrar en detrimento de la calidad del empleo en esos sectores. Es necesario un marco sólido para el diálogo social y la participación activa — también en vista de una educación e instalaciones de formación innovadoras — a nivel empresarial, sectorial, nacional y de la UE, teniendo en cuenta la frecuente restructuración de las empresas en el cambiante sector de los servicios a las empresas.

1.14

El reconocimiento de las cualificaciones y competencias a nivel transfronterizo y de la UE contribuirá a la movilidad de los trabajadores y la adquisición de conocimientos. Además, brindará nuevas y mejores oportunidades a las numerosas pequeñas empresas y microempresas en este ámbito.

1.15

El CESE suscribe en gran medida las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel de la UE y de los cinco grupos de trabajo de 2013. Habida cuenta de la gran importancia que revisten los servicios a las empresas para el objetivo de una producción industrial que represente el 20 % del PNB en 2020, así como las perspectivas de la cuarta revolución industrial, se necesita un programa o una hoja de ruta europeos para los servicios a las empresas. El CESE opina que debería incluir los siguientes aspectos:

A.

Conocimientos y apoyo político:

sensibilización y promoción del debate;

definición y clasificación de los servicios a las empresas; y

estadísticas pertinentes y fiables sobre los servicios a las empresas y su evolución.

B.

Ámbitos políticos:

reforzar la integración, luchar contra la fragmentación del mercado interior y eliminar los obstáculos al comercio en el territorio de la UE;

apoyar un marco normativo y plataformas europeas en materia de normalización;

fortalecer el mercado interior en el sector de las telecomunicaciones;

fomentar las inversiones en las infraestructuras necesarias para garantizar un mercado digital seguro para la comunicación, la cooperación y el intercambio de productos y servicios digitales;

proteger los datos y los derechos de propiedad intelectual; y

reducir las barreras legislativas y reglamentarias al comercio internacional de servicios a las empresas.

C.

Temas específicos:

el impacto de los datos masivos («Big Data») — el aumento significativo del volumen, la variedad y la velocidad de los datos — debido a la intensificación de la creación de redes y la generación de datos;

el nexo importantísimo entre la investigación, el sector industrial, los servicios y el empleo;

los contratos públicos;

el comportamiento medioambiental y la sostenibilidad; y

el impacto social de los servicios a las empresas en la sociedad en general y en el mercado de trabajo.

D.

Aspecto financiero:

recursos financieros.

2.   Introducción

2.1

En las economías avanzadas, los servicios representan más del 70 % de la producción y el empleo. El porcentaje de servicios y su complejidad están aumentando en todo el mundo.

2.2

Los servicios a las empresas son un importante factor de crecimiento. Según la Comisión Europea, entre 1999 y 2009 su tasa media de crecimiento fue del 2,38 %, mientras que la media de todos los sectores de la economía de la UE fue del 1,1 %. Durante el mismo período, la tasa de crecimiento del empleo en este sector fue del 3,54 %, mientras que la cifra correspondiente a todos los sectores de la economía de la UE solo fue del 0,77 %.

2.3

El desarrollo del sector de los servicios (o la «terciarización») en el conjunto de la actividad económica en la UE supera al de la industria manufacturera. La siguiente etapa es la «cuaternización», que se asocia al auge de los servicios basados en la información y el conocimiento.

2.4

El término «servicios» es de carácter genérico. Designa una gama muy amplia de actividades económicas y sociales correspondientes a empleos de todos los niveles, desde los más bajos hasta los más altos. El empleo aumenta en oficios que requieren una cualificación elevada o baja, mientras que la mano de obra correspondiente a oficios que requieren una cualificación media disminuye, lo que ejerce presión sobre la clase media.

2.5

En la interacción entre la industria y los servicios se identifican las siguientes categorías principales de servicios:

los servicios externos utilizados por la industria, es decir, servicios prestados por el sector de los servicios a las empresas. Estos servicios cubren toda la gama de servicios operativos (por ejemplo, limpieza industrial), servicios profesionales (por ejemplo, ingenieros) y otros servicios, incluidos los servicios intensivos en conocimientos (por ejemplo, informática);

los servicios internos utilizados por la industria, es decir, los servicios prestados internamente en la industria;

los servicios de apoyo prestados por la industria, es decir, los servicios prestados por la industria en relación con sus productos (por ejemplo, los servicios postventa);

los servicios integrados prestados por la industria, es decir, los servicios integrados en los productos fabricados por la industria (por ejemplo, los programas informáticos).

2.6

Los servicios a las empresas han experimentado un aumento considerable desde la década de los setenta. Actualmente representan un volumen de negocios de 2  000 millones de euros y dan empleo a 24 millones de personas. Aparte de los departamentos internos de prestación de servicios en las empresas de mayor envergadura, millones de empresas, en su mayoría pequeñas empresas y microempresas, operan en este ámbito. Los servicios a las empresas representan el 11,7 % de la economía de la UE.

2.7

El panorama es sumamente diversificado y no existe un denominador común. El tremendo impacto afecta a todos los estratos y relaciones sociales. Constituyen una de las fuerzas motrices del cambio y estimulan la revisión de los modelos empresariales. Contribuyen a una reorganización continua de las empresas públicas y privadas y los organismos públicos.

2.8

Durante las últimas décadas, los cambios se han visto impulsados de manera significativa por la automatización y las TIC (2). Asimismo, los acontecimientos en determinados sectores de servicios tienen a menudo efectos transversales sobre otros sectores.

2.9

Se están difuminando las fronteras tradicionales entre la producción industrial y los servicios. El desarrollo de la industria manufacturera ya no puede disociarse de los servicios, como en el pasado. En este contexto, el objetivo de la UE de aumentar el porcentaje de la industria manufacturera en el PNB europeo a un 20 % debe definirse nuevamente teniendo en cuenta el valor añadido de los servicios a las empresas. Sería más apropiado hablar de una cadena de valor centrada en la producción industrial (3).

2.10

En la escena internacional, Europa está obteniendo buenos resultados en líneas generales, aunque la industria europea está experimentando dificultades en algunos ámbitos. Un aumento de la productividad y la introducción dinámica de nuevas tecnologías puede tener un efecto positivo sobre la deslocalización. Por otra parte, se observa cierta reluctancia de la población a la renovación y una resistencia latente a la innovación. Esta tendencia merece especial atención por parte de los responsables políticos.

3.   El desarrollo de los servicios a las empresas y las interrelaciones en la industria

3.1

Los servicios a las empresas se encuentran en una fase muy dinámica. Debido a la revolución originada por internet, está aumentando el impacto de los servicios en las cadenas de producción y en el rendimiento general de las empresas. Las cadenas de producción funcionan actualmente con programas informáticos. La importancia de la mano de obra en la industria manufacturera está disminuyendo.

3.2

Esto contradice la teoría tradicional e indica que la industria manufacturera y los servicios a las empresas están cada vez más interrelacionados. Por consiguiente, cualquier distinción entre los dos a menudo es artificial. Hoy en día, las empresas utilizan insumos y producen bienes y servicios que incorporan componentes procedentes tanto de la industria manufacturera como del sector de los servicios. Esta interacción es un proceso bidireccional.

3.3

Puede sacarse la misma conclusión de los cambios que se están operando en la escena empresarial. Aunque los servicios suponen principalmente una actividad de apoyo, son factores clave en la fragmentación de las cadenas de valor. Entre otras cosas, contribuyen a la fragmentación de las empresas de mayor envergadura transformándolas de entidades relativamente estáticas en un conjunto de interacciones dinámicas combinadas entre elementos más o menos independientes, o al menos identificables, de dentro o fuera de la misma empresa (externalización). Como intermediarios flexibles y adaptables, los servicios apoyan estos procesos.

3.4

La fragmentación de la cadena de valor también reduce considerablemente las diferencias entre sectores, dado que las líneas divisorias entre estos se están difuminando. Se está dibujando un panorama totalmente nuevo, por ejemplo la producción de un automóvil por parte de Google, a sabiendas de que el 35 % de las inversiones en la producción de este tipo de vehículo se destina a programas informáticos y que se llega incluso al 50 % en la ingeniería y en la fabricación de maquinaria sofisticada.

3.5

Pese al reconocimiento general de la incidencia de los servicios en el conjunto de la economía y el empleo, sorprende la ausencia de análisis en profundidad a escala de la UE, que se debe en parte a los siguientes motivos:

dejando de lado algunas grandes empresas, el sector en general está formado por numerosas pequeñas empresas y microempresas que apenas están organizadas, por lo que la voz del sector de los servicios a las empresas a escala de la UE es muy débil;

es muy difícil, además, establecer clasificaciones fiables debido a un proceso dinámico y continuo de renovación e invención;

la atención exclusiva que desde hace tiempo se presta en la UE a la industria manufacturera le ha impedido analizar objetivamente la enorme repercusión de los servicios de apoyo.

3.6

Por tanto, los indicadores estadísticos tradicionales, que establecen claras distinciones entre la producción industrial y los servicios, no son capaces de reflejar la compleja estructura de las cadenas de valor. Las perspectivas de entrada/salida deberían poner de relieve, entre otras cosas, los sectores de servicios que ofrecen prestaciones a la industria manufacturera y en qué medida, y viceversa. Para ello, primero es necesario desarrollar nuevos conjuntos de indicadores estadísticos.

3.7

Unas estadísticas más precisas y detalladas constituirán un fundamento más adecuado para los debates políticos sobre la situación actual y los instrumentos que podrían utilizarse para mejorar la producción.

3.8

Las estadísticas también pueden ayudar a centrar el debate, entre otras cosas, en la supresión de barreras al comercio y la movilidad transfronterizos que tienen su origen en las reglamentaciones nacionales, la sobrerregulación y los derechos nacionales especiales que se conceden a profesiones del sector servicios, por ejemplo en materia de cualificaciones. La armonización y el reconocimiento transfronterizo de las cualificaciones profesionales debería facilitar la movilidad transfronteriza de las profesiones reguladas, lo que también resulta especialmente interesante para las pequeñas empresas y las microempresas.

3.9

Disponer de cifras globales para la UE pondrá de manifiesto las considerables diferencias existentes entre los países europeos. Un sector de servicios fuerte contribuye a una economía fuerte. Las infraestructuras, especialmente las de banda ancha, revisten una gran importancia. Es preciso protegerlas como es debido por motivos de protección de datos y para garantizar la continuidad del servicio. Algunos Estados miembros deberán realizar un esfuerzo considerable para ponerse al día en este ámbito.

3.10

Las cadenas de producción están más concentradas que en el pasado. El carácter interconectado de los mercados europeos y emergentes ha dado lugar a complejas redes económicas y de conocimientos, en las que los servicios constituyen una fuerza motriz. La deslocalización resultará menos eficaz, puesto que la industria dependerá de los servicios más especializados, intensivos en conocimientos y de alta calidad.

3.11

Europa conserva una ventaja comparativa en la producción de este tipo de servicio de gama alta, debido en especial a su mano de obra altamente cualificada y su nivel de I+D. Sin embargo, Europa no debe caer en el error de la complacencia. Además, debe tomar la iniciativa para mantener su ventaja competitiva. Para ello, en particular, se requieren políticas que fomenten niveles permanentemente elevados de inversión en I+D y una nueva mejora de las competencias de la mano de obra.

3.12

La interacción entre los proveedores de servicios y los clientes es de vital importancia. Los servicios a las empresas fomentan la producción — productos o instrumentos auxiliares — del cliente. Se han realizado avances gracias a una cooperación eficaz entre la oferta y la demanda, y la búsqueda de nuevas «arquitecturas». Con diferentes visiones y «lenguajes» se crean nuevas soluciones. En estos procesos, las soluciones creativas e individualizadas proceden de distintas disciplinas.

Cabe destacar la ausencia de empresas de tamaño medio. A excepción de los grandes prestadores de servicios como la empresa SAP, Europa está menos bien representada que los Estados Unidos en el importante sector de la prestación de servicios. En algunos sectores de tecnología punta Europa está prácticamente ausente a diferencia de los Estados Unidos. Los ejemplos de Google, Apple, Amazon y Microsoft, como maestros del juego en el que «el ganador se lo lleva todo», no hacen más que demostrar hasta qué punto resulta deplorable que Europa no esté representada en este campo.

3.13

En cuanto a los problemas que plantea la Directiva de servicios, la realización del mercado único de los servicios a las empresas debe ir acompañada de un compromiso de aprovechar las oportunidades de crecimiento y creación de empleo, manteniendo bajo control las posibles consecuencias negativas de la liberalización de los servicios como, por ejemplo, el dumping social y salarial.

3.14

En 2011, la Comisión hizo especial hincapié en la necesidad de una evaluación del papel de los servicios a las empresas intensivos en conocimientos. La conclusión general es que los servicios y, en particular los servicios a las empresas intensivos en conocimientos, desempeñan un papel cada vez más importante como insumos en los procesos de producción industrial. En realidad, estos dos elementos son inseparables y la producción del sector industrial depende cada vez más de la calidad de este tipo de servicios.

3.15

El mundo de la ciencia y las universidades también contribuyen de manera considerable a los servicios innovadores, interactuando con la industria. En el sector de los servicios a las empresas, se están creando start ups prometedoras en un número considerable de universidades. Esto se añade a la agrupación de la ciencia, las soluciones innovadoras y la industria. Además, esto genera otros efectos positivos ya que unos servicios de mayor calidad contribuyen a aumentar la cadena de valor en sectores en los que un país ya cuenta con capacidad tecnológica y una ventaja comparativa (4). La importancia de la industria manufacturera se ve considerablemente reforzada en el comercio internacional.

3.16

Dada la importancia de los servicios, se habla de la «terciarización de la industria manufacturera». La simbiosis entre la industria manufacturera y los servicios a menudo cambia la orientación de muchas empresas o incluso ámbitos de actividad en su totalidad. Los nuevos servicios permiten modificar los modelos de comercialización, porque ya no se centran en la venta de productos, sino en las necesidades (individuales) de los clientes. Otro ejemplo es que la industria manufacturera es cada vez más dependiente del diseño y la ejecución de los servicios a las empresas, que representan la parte más rentable de sus actividades.

3.17

En este contexto, aumentar al 20 % la parte la industria manufacturera en el PNB europeo de aquí a 2020 es un objetivo demasiado general. Más bien, se debería intentar crear las condiciones favorables para mejorar los procesos industriales de modo que la relación simbiótica entre la industria manufacturera y los servicios no solo permita ofrecer productos modernos mediante procesos de producción avanzados, sino que garantice la productividad.

3.18

La nueva ola de aplicaciones de las TIC es un proceso que se autoalimenta: los servicios generan servicios y, por consiguiente, su importancia para el conjunto de la economía aumenta de manera desproporcionada. Además, fomentan la productividad y estimulan los efectos transversales en todos los sectores de la economía, dando lugar a nuevas combinaciones. Darán también un nuevo impulso a la globalización.

3.19

Otro fenómeno es la comercialización simultánea, con los servicios, de un creciente número de productos que se agregan o incluso se incorporan a los mismos, lo cual conduce a su vez a nuevas alianzas y combinaciones.

4.   La cuarta revolución industrial: un cambio radical

4.1

La variedad y la repercusión de los servicios a las empresas se amplía considerablemente cuando se conecta con la cuarta revolución industrial, cuyo alcance es mucho mayor que el de los servicios a las empresas (5). Esta revolución sucede a las tres eras de mecanización, electricidad y TI. Ahora se trata únicamente de la introducción del internet de los servicios y el internet de los objetos.

4.2

Forman parte de este proceso varias iniciativas emprendidas en el ámbito empresarial y científico, algunas de las cuales contaban con el respaldo de autoridades públicas, destinadas a ajustar el procesamiento de la producción y crear nuevos productos. Una de estas iniciativas pioneras, puesta en marcha por el Gobierno alemán en 2012, es una hoja de ruta sobre la cuarta revolución industrial (6).

4.3

Existen actualmente otras iniciativas paralelas con características similares, por ejemplo:

la iniciativa neerlandesa «Industria Inteligente» de abril de 2014;

las estrategias de las regiones austríacas «Industria 4.0»;

las agrupaciones competitivas de la región valona;

el proyecto «El futuro de la industria manufacturera» patrocinado por el gobierno de Reino Unido;

la fundación Democenter — Sipe de la región de Emilia Romaña;

la Smart Manufacturing Leadership Coalition de EE. UU.; y

el centro de innovación Cyber-Physical Systems de la India (más amplio que el 4.0).

4.4

La fábrica inteligente del futuro es muy compleja y sofisticada, y se integra en una red que se ajusta con precisión gracias a aplicaciones y sistemas de software muy desarrollados. Esto dará lugar a una individualización progresiva — tanto para los clientes como los trabajadores — en el suministro y la explotación de productos y componentes inteligentes y hechos a medida.

4.5

El potencial para la industria y la economía es inmenso. Hay que promover la realización instantánea de los deseos del cliente, la flexibilidad, una optimización del proceso decisorio, una utilización eficaz de las materias primas y un valor añadido potencial gracias a los nuevos servicios. Es posible que estos avances encajen con las tendencias demográficas en Europa y sean positivos para el equilibrio entre la vida laboral y familiar, aumentando al mismo tiempo la competitividad en un entorno de renta alta.

4.6

En todos los sectores industriales, se contemplará la integración horizontal y vertical, así como la integración digital de la ingeniería de extremo a extremo en toda la cadena de valor. El libre acceso y la innovación impulsarán una puesta en red intensa.

4.7

Para no perder terreno ante competidores de terceros países, hay que poner en marcha plataformas comunes de la UE en materia de normalización de productos y servicios, que incluyan los elementos pertinentes en la cadena de valor.

4.8

Participarán empresas grandes y pequeñas. Las perspectivas de las pyme son buenas. Podrán recurrir con mucha mayor facilidad que en el pasado a los servicios y los sistemas de software. Se crearán nuevas oportunidades para las pymes de base regional, que también podrán integrarse más fácilmente en los procesos de internacionalización. Las pymes se beneficiarán en cualquier caso de la transferencia interdisciplinaria de conocimientos y tecnología.

4.9

Tal como se ha señalado anteriormente, la relación entre los clientes y los proveedores será mucho más estrecha en todas las categorías.

4.10

Las tecnologías informáticas existentes deben adaptarse a las exigencias específicas de la industria manufacturera y seguir desarrollándose. La investigación, la tecnología y las iniciativas de formación son necesarias para desarrollar metodologías en ámbitos como la ingeniería de la automatización, la modelización y la optimización de los sistemas.

4.11

Se necesita una infraestructura económica que incluya un desarrollo adecuado de infraestructuras de internet de banda ancha y medios de educación y formación adecuados. A este respecto, el CESE insiste una vez más en la necesidad de emprender una iniciativa de crecimiento, además de políticas presupuestarias saneadas (7). Los Estados miembros de la UE deberían sacar partido de la recuperación actual y aprovechar la oportunidad para intensificar urgentemente sus inversiones en las infraestructuras indispensables para la era de la «Industria 4.0».

4.12

«Industria 4.0» brindará a Europa una oportunidad irrepetible para perseguir varios objetivos con una sola inversión en infraestructuras. Su aplazamiento obraría en detrimento de la competitividad europea. Este tipo de inversión debería, por tanto, valorarse positivamente en las recomendaciones específicas para cada país en el marco del Semestre Europeo.

4.13

La hoja de ruta alemana tiene suficientemente en cuenta los aspectos sociales de este nuevo contexto. Involucra el conjunto de la sociedad y no únicamente la dirección y el personal de las empresas. Se trata de un cambio radical en el ámbito de la interacción entre el ser humano y la tecnología y el ser humano y su entorno. Las innovaciones tecnológicas deben situarse en su contexto sociocultural, ya que los cambios culturales y sociales también son en sí mismos importantes motores de innovación.

4.14

En el mismo orden de ideas, la innovación también se traduce en enfoques descentralizados en materia de dirección y gestión, así como en la responsabilidad de los trabajadores de tomar sus propias decisiones. Esto conlleva cambios fundamentales.

4.15

Deberían organizarse plataformas, seminarios y grupos de trabajo a escala nacional y de la UE, que asocien a las empresas, los interlocutores sociales, el mundo científico y las administraciones públicas. Estas plataformas y grupos de trabajo son fundamentales para definir la visión y las estrategias de gestión del proceso de transformación, procurando aprovechar las oportunidades y evitar escollos. El Grupo de Alto Nivel (véase más abajo) constituye un ejemplo de éxito en el diálogo entre las partes interesadas.

4.16

El nuevo mundo de las industrias y servicios digitales necesitará una plataforma de intercambio digital segura y fiable, con unos derechos de mercado claramente definidos y protegidos (8). En este mundo moderno e híbrido, es igualmente importante una plataforma de comunicación y cooperación.

5.   Consecuencias para la sociedad y los mercados de trabajo  (9)

5.1

Una sociedad dominada por el sector de los servicios y la digitalización tiene enormes consecuencias para el mercado de trabajo y la sociedad en su conjunto:

La «terciarización» de la economía conlleva una disminución del empleo en la clase media. Para detener e invertir esta tendencia, la creación de oportunidades laborales de ingresos medios debería ser un objetivo explícito de las políticas en materia de ajuste estructural. Para ello, instrumentos como las políticas activas del mercado laboral y las inversiones en educación y formación innovadoras deberían destacarse en las políticas de la UE para el sector industrial y el sector servicios. Deberían tomarse medidas encaminadas a examinar cómo los acuerdos colectivos pueden ayudar en este sentido.

Las personas, independientemente de su nivel, deben prepararse para adquirir un nuevo conjunto de aptitudes; por ello, en vistas del enorme desafío social, es muy importante fomentar planes educativos y un aprendizaje permanente actualizados. La transición afecta a todas las generaciones, por lo que también hay que brindar la oportunidad a los trabajadores de mayor edad a que actualicen continuamente sus aptitudes. Toda investigación o evaluación del proceso de transformación deberá ayudar a determinar debidamente cuáles son las cualificaciones y aptitudes necesarias para las profesiones.

El cambio está impulsado principalmente por (nuevas) pequeñas empresas y microempresas, mientras que las grandes empresas reducen su mano de obra. Este proceso se traduce en una fuerte progresión de las start-ups y los trabajadores por cuenta propia en toda Europa. Hoy en día, una persona puede crear una empresa de software durante el fin de semana, utilizando herramientas que se pueden adquirir fácilmente y que le permitirán desarrollar y probar rápidamente sus productos; se trata de un fenómeno denominado «lean start-up».

5.2

Resulta preocupante que este cambio radical en la economía, con todas sus consecuencias para la sociedad y el mercado de trabajo, siga sin analizarse suficientemente y debatirse ampliamente fuera de los círculos empresariales y científicos.

5.3

Por consiguiente, son muchas las razones por las que esta transición a perspectivas totalmente nuevas para la economía sea debatida ampliamente por los responsables políticos y la sociedad, tanto a escala nacional como de la UE. Este proceso incide en la vida cotidiana de numerosos ciudadanos en las regiones y pueblos, en términos tanto de empleo como de desempleo. Por tanto, también incidirá en las decisiones que tomen las personas sobre su propio futuro. Es preciso destacar y tener en cuenta suficientemente los aspectos sociales y culturales implicados.

5.4

La investigación sobre los rápidos cambios operados en el mercado de trabajo deben cartografiarse con precisión para sentar las bases de la educación y la formación del futuro y debería ser prioritaria en el marco del capítulo del programa Horizonte 2020 dedicado al «Liderazgo industrial».

5.5

Peligran numerosos empleos en situación vulnerable y, si este proceso no se gestiona correctamente, tendrá consecuencias sociales y políticas. La UE y los Estados miembros deben, por tanto, crear un entorno político y normativo que, además de proporcionar las nuevas tecnologías indispensables, garantice que se alcanzan los objetivos de mejorar las condiciones de vida y de trabajo, y evitar la polarización entre los grupos de renta baja y los de renta elevada.

5.6

La evolución es desigual de un país a otro. Es necesario revisar los programas tradicionales y adaptar los planes de estudios. El proceso ya está en curso en las empresas. La relación entre la educación y las empresas está cambiando para adaptarse al ritmo de las transformaciones industriales. Los trabajadores deben estar preparados para desarrollar aptitudes diferentes y, en general, más especializadas y deben estar capacitados para adaptarse a los cambios repentinos en la demanda de aptitudes.

5.7

Esta perspectiva no significa en modo alguno que haya que centrarse únicamente en las aptitudes técnicas. Las aptitudes intelectuales y sociales siguen siendo igual de importantes. Estos aspectos serán indispensables para seguir el ritmo de la evolución de la sociedad y de la necesidad de que la innovación social va de la mano con los cambios fundamentales de la economía.

5.8

En esta perspectiva global, el diálogo social a nivel empresarial, sectorial, nacional y europeo debe garantizarse a fin de examinar los cambios y las condiciones generales en la UE y en los Estados miembros, así como la manera de preparar debidamente la mano de obra.

6.   El Grupo de Alto Nivel sobre los Servicios a las Empresas: un primer paso

6.1

Durante demasiado tiempo, se ha desatendido la repercusión de la intensificación de los servicios a las empresas en el ámbito de la UE y en las políticas de la UE. El salto cualitativo que se espera hace que sea aún más necesario rectificar esta situación. Por tanto, el CESE acoge muy favorablemente, como primer paso, el informe del Grupo de Alto Nivel sobre los Servicios a las Empresas de 2013.

6.2

Aunque la Comisión participa en procesos que tiene relación con los efectos generales de los servicios a las empresas, en particular a través de la Agenda Digital y los proyectos de investigación e innovación, no se dispone de una visión de conjunto.

6.3

Los servicios a las empresas merecen un lugar destacado en una política industrial orientada al futuro. El informe del Grupo de Alto Nivel debería allanar el camino para obtener una visión completa de la situación y determinar las medidas convenientes a escala de la UE.

6.4

El Grupo de Alto Nivel define un gran número de servicios a las empresas, que van desde los servicios profesionales hasta los servicios de apoyo operativo, pasando por los servicios técnicos.

6.5

En particular, dejan claro que hasta la fecha los servicios a las empresas no se han tenido suficientemente en cuenta ni en la elaboración de las nuevas políticas de la Comisión, ni en los debates políticos del Consejo de Competitividad.

6.6

Paralelamente al Grupo de Alto Nivel, cinco grupos de trabajo han elaborado informes sobre: (i) el mercado único, (ii) la innovación, (iii) las competencias, (iv) las normas y (v) el comercio. Contienen numerosas observaciones analíticas y detalladas sobre el proceso en curso en los ámbitos examinados y los enfoques necesarios para las políticas y acciones de la UE.

6.7

Muchas de las observaciones y propuestas formuladas en los informes destacan la necesidad de realizar análisis en profundidad paralelamente a la prestación de un asesoramiento político mejor y más orientado a las pymes, conforme a lo que el CESE lleva años preconizado, al igual que numerosos expertos. El destacado papel que desempeñan las microempresas y las pequeñas empresas, así como el aumento exponencial de su número en el actual ciclo industrial, ponen de manifiesto una vez más la urgente necesidad de mejorar la reglamentación y las condiciones de las asociaciones para la innovación, y de centrarse especialmente en el acceso a la financiación.

6.8

Aparte de los obstáculos tradicionales a la prestación de servicios en comparación con los que afronta la industria manufacturera, el análisis muestra que, sorprendentemente, la actual fragmentación del mercado único de mercancías también tiene consecuencias perjudiciales adicionales para el desarrollo y el fomento de los servicios a las empresas. Europa sigue estando muy lejos de su objetivo de crear un gran mercado interior de servicios.

6.9

Las múltiples propuestas de mejora del entorno de los servicios a las empresas ponen de manifiesto el importante significado de estos en el nexo entre la industria manufacturera y los servicios y, por tanto, para la perspectiva del fortalecimiento de la industria manufacturera en Europa.

6.10

En consecuencia, el CESE opina que el trabajo del Grupo de Alto Nivel y los grupos de trabajo son un muy buen punto de partida para llevar a cabo un análisis detallado y para que la Comisión elabore propuestas concretas.

Bruselas, 16 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  El Grupo de Alto Nivel sobre los Servicios a las Empresas, constituido por la DG Empresa e Industria, presentó sus conclusiones en abril de 2014. En paralelo, cinco grupos de trabajo se centraron en ámbitos específicos.

(2)  Véase especialmente el dictamen del CESE TEN/549, «Configuración de la gobernanza de Internet», julio de 2014. (Pendiente de publicación en el DO).

(3)  Institut der Deutschen Wirtschaft, Colonia, 2013.

(4)  OECD Trade Policy Papers no. 148, «The role of services for competitiveness in manufacturing» (El papel de los servicios para la competitividad en el sector industrial), 2013.

(5)  En próximos dictámenes deberán debatirse más detenidamente las implicaciones de gran alcance de la industria 4.0.

(6)  Recomendaciones para aplicar la iniciativa estratégica de la industria 4.0, abril de 2013.

(7)  Véase el dictamen del CESE «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica. Actualización de la Comunicación sobre política industrial» aprobado en julio de 2013, especialmente el punto 1.2. DO C 327, 12.11.2013, p. 82.

(8)  Véase el dictamen del CESE TEN/550, «Ciberataques en la UE», aprobado en julio de 2014. (Pendiente de publicación en el DO)

(9)  Véase también el dictamen del CESE TEN/548, «Sociedad digital: acceso, educación, formación, empleo, herramientas para la igualdad», aprobado en julio de 2014. (Pendiente de publicación en el DO)


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/33


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión relativa a la iniciativa ciudadana europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!»

[COM(2014) 177 final]

(Dictamen de iniciativa)

(2015/C 012/05)

Ponente:

An LE NOUAIL MARLIÈRE

El 11 de septiembre de 2014, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 del Reglamento interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa al sobre la

Comunicación de la Comisión relativa a la Iniciativa Ciudadana Europea «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!»

COM(2014) 177 final.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 18 de julio de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 151 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

En su respuesta a la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) exitosa «El derecho al agua y el saneamiento como derecho humano. ¡El agua no es un bien comercial sino un bien público!», la Comisión afirma la importancia del derecho humano al agua y el saneamiento y la importancia del agua como bien público y recurso fundamental y reitera que «el agua no es un bien comercial».

1.2

En primer lugar, cabe congratularse del apoyo de los ciudadanos a esta ICE, así como del reconocimiento por parte de la Comisión de la especificidad de los servicios de agua y saneamiento y su importancia para «satisfacer las necesidades básicas de la población», lo que ha llevado a excluirlos de la Directiva sobre concesiones.

1.3

En términos más generales, el CESE valora positivamente el compromiso de la Comisión de actuar de conformidad con las normas del Tratado que exigen la neutralidad de la UE en relación con las decisiones nacionales que regulan el régimen de propiedad de las empresas del agua. A este respecto, el CESE está convencido de que ninguna decisión o acto relacionado con la actividad de la UE debería implicar una limitación de la libertad de los Estados miembros de elegir cómo organizar la prestación de los servicios relacionados con el agua.

1.4

Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión que emprenda iniciativas concretas para garantizar el cumplimiento permanente de este compromiso en todos los diferentes ámbitos de las políticas de la UE, tanto con respecto a los Estados miembros que se benefician del apoyo del Mecanismo Europeo de Estabilidad como en el marco actual de las negociaciones comerciales (como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el comercio de servicios), excluyendo expresamente de las citadas negociaciones comerciales los servicios relacionados con el uso del agua.

1.5

El Comité toma nota de determinados aspectos positivos de la respuesta de la Comisión Europea:

el reconocimiento de que la prestación de servicios relacionados con el agua es, por lo general, responsabilidad de los entes locales, que son los más cercanos a los ciudadanos;

el compromiso de promover el acceso universal al agua y el saneamiento en sus políticas de desarrollo mediante asociaciones sin fines lucrativos; y

la promoción de asociaciones público-públicas, que deberían ser reconocidas como un instrumento útil para incrementar la eficacia de las autoridades públicas y de los servicios del agua no solo en el ámbito del desarrollo internacional, sino también dentro de la UE.

1.6

El Comité señala que los servicios del agua son monopolios naturales, en razón de las enormes inversiones de capital necesarias y los considerables costes de transporte, tal y como ha constatado en un informe reciente la Agencia Europea de Medio Ambiente (Agencia Europea de Medio Ambiente, 2003, Assessment of cost recovery through water pricing (Evaluación de la recuperación de costes mediante la tarificación del agua), Luxemburgo; p. 28). Por tanto, las autoridades públicas deben estar en condiciones de ejercer un control considerable sobre la calidad y la eficiencia del servicio que prestan los servicios de abastecimiento de agua. En este contexto, el Comité apoya el reconocimiento por parte de la Comisión del papel clave que tiene que desempeñar la transparencia.

1.7

Por consiguiente, el Comité invita a la Comisión a que redoble los esfuerzos encaminados a la plena aplicación del artículo 14 de la Directiva marco sobre el agua (información y consulta del público) y respalda la intención de la Comisión de fomentar una evaluación comparativa («benchmarking») de los servicios del agua en lo que respecta a los indicadores de rendimiento en términos económicos, técnicos y de calidad. De esta forma, las relaciones entre el nivel de las inversiones, la tarifa promedio del agua y la calidad de las condiciones de trabajo podrán apreciarse con mayor claridad, lo que aumentará la transparencia del sector.

1.8

El CESE considera que la revisión de la Directiva marco sobre el agua y de la Directiva sobre el agua potable deberían brindar la oportunidad de integrar las indicaciones y principios sobre el principio del acceso universal y el principio de la Directiva marco sobre el agua de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua. El CESE invita a la Comisión Europea a proponer una legislación que convierta el acceso al agua y a un sistema de saneamiento en un derecho humano en el sentido que le otorgan las Naciones Unidas y a fomentar el suministro de agua y de servicios de saneamiento como servicios públicos esenciales para todos.

1.9

El CESE señala que, mediante su apoyo a la Iniciativa Ciudadana Europea, los ciudadanos de la Unión han expresado su voluntad de participar en la elaboración de las políticas de la UE y de dar su opinión respecto de la cuestión del agua como bien público y servicio de interés general. Esto requiere que todas las instituciones de la Unión abran la gobernanza de la política del agua de la UE a todas las partes interesadas y amplíen las oportunidades de debatir públicamente el futuro de los recursos hídricos.

2.   Introducción

2.1

La Iniciativa Ciudadana Europea, introducida por el Tratado de Lisboa para fomentar una mayor participación democrática de los ciudadanos en los asuntos europeos (1), permite a un millón de ciudadanos de la Unión Europea (UE), procedentes de al menos siete Estados miembros, hacer un llamamiento a la Comisión Europea para que proponga legislación en asuntos de competencia de la UE. Se trata del primer instrumento de democracia participativa a nivel europeo.

2.2

Desde el lanzamiento de la ICE en abril de 2012, más de cinco millones de ciudadanos han suscrito más de 20 iniciativas diferentes. El Comité Económico y Social Europeo ha invitado a varios iniciadores de campañas a participar en sus plenos.

2.3

La ICE sobre el agua y el saneamiento como derechos humanos tiene como finalidad presentar una propuesta legislativa para implementar el derecho humano al agua y el saneamiento en el sentido que le otorgan las Naciones Unidas y promover el suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para todos. Esta iniciativa fue presentada al CESE en el pleno de septiembre de 2013.

2.4

A modo de recordatorio, he aquí el texto original de la iniciativa:

El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano

Invitamos a la Comisión Europea a presentar una propuesta legislativa para implementar el derecho humano al agua y el saneamiento reconocido por la ONU y a promover el suministro de agua y el saneamiento como servicios públicos esenciales para todos.

El Derecho europeo debería obligar a los gobiernos a garantizar y facilitar a todos los ciudadanos servicios de saneamiento y el acceso a agua sana y potable en cantidad suficiente. Instamos a que:

1.

incumba a las instituciones europeas y los Estados miembros velar por que todos los ciudadanos tengan acceso al agua y a servicios de saneamiento;

2.

el abastecimiento de agua y la gestión de recursos hídricos no se rijan por «las normas del mercado interior» y que se excluyan los servicios de agua del ámbito de la liberalización;

3.

la Unión Europea redoble sus esfuerzos para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento.

2.5

El 17 de febrero de 2014, después de que la Comisión validara las 1 6 59  543 firmas procedentes de trece Estados miembros, el Parlamento Europeo procedió a una amplia audiencia del Comité de Ciudadanos de la Iniciativa Ciudadana para el Agua, en la que el CESE fue invitado a participar. El mismo día, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Šefčovič, recibió al Comité de Ciudadanos de la Iniciativa.

2.6

El 19 de marzo de 2014, la Comisión Europea publicó en forma de Comunicación su respuesta oficial a la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) exitosa, en la que se le pedía «incluir el Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano en la legislación europea».

2.7

El 15 de abril de 2014, Día de la Iniciativa Ciudadana Europea, el CESE organizó una conferencia titulada «Consolidar el éxito», en la que el Comité de Ciudadanos de la Iniciativa para el Agua también estuvo invitado a participar. En esta ocasión, «un número impresionante de activistas de las ICE y de partes interesadas se reunieron en el CESE para debatir sobre las lecciones extraídas hasta ahora y elaborar una lista de recomendaciones con el fin de que esta herramienta de la democracia directa sea más eficaz y fácil de emplear.»

3.   Observaciones generales

3.1

Como instrumento de debate público y de construcción de redes ciudadanas, la ICE ha demostrado su fuerza y su éxito.

3.2

Los obstáculos que deben superarse tienen que ver con la revisión de las normas de aplicación (2), porque no se corresponden con la naturaleza profunda de la Iniciativa Ciudadana Europea. Las normas imponen obligaciones comparables a las que serían apropiadas para un instrumento legalmente vinculante de democracia directa cuyo impacto legal sería el de un referéndum (datos personales, efecto posiblemente disuasorio, procedimientos desproporcionados) y someten a los organizadores a obligaciones jurídicas desproporcionadas que, además, difieren de un Estado miembro a otro. Las normas restringen el alcance de los temas que pueden ser objeto de un registro legal sometiéndolos a la apreciación soberana de la Comisión, que es la única que puede determinar si los temas tratados son de su competencia.

3.3

La extensión máxima del texto de presentación de la Iniciativa registrada, incluidos el título, el objeto y la descripción de los objetivos, debe ser de 800 caracteres, circunstancia que ha llevado a la Comisión a opinar que la iniciativa carecía de propuestas concretas.

3.4

Muchos ciudadanos europeos están convencidos de que no podrán tener voz en Europa y sobre Europa. La próxima Comisión Europea debería prestar atención a estos aspectos.

3.5

Como parte del Tratado de la UE (artículo 11.4), este instrumento es el único instrumento legal de que disponen los ciudadanos europeos de a pie para influir en la agenda política de la UE. En 2015 el Parlamento Europeo y el Consejo deberán revisar estas disposiciones de aplicación y extraer las conclusiones de estas primeras campañas.

4.   Observaciones específicas

4.1

El Comité toma nota con satisfacción de que la ICE «El Derecho al agua y el saneamiento como derecho humano» ha obligado a las instituciones europeas a abordar las preocupaciones de los ciudadanos europeos y a ser conscientes de que estas van más allá de las consideraciones reglamentarias habituales de la Comisión; observa además que la Comisión ha decidido excluir los servicios del agua y de saneamiento de la Directiva sobre las concesiones.

4.2

La Comisión recuerda, con razón, las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en el ámbito de la adopción de medidas destinadas a ayudar a las personas necesitadas.

4.3

Asimismo, reconoce que dispone de competencias para definir una serie de principios fundamentales en materia de políticas de tarificación del agua en los Estados miembros y recuerda lo dispuesto en el artículo 9 de la Directiva marco sobre el agua, que establece el principio de plena cobertura de los costes.

4.4

Sin embargo, le ha faltado una verdadera ambición en su respuesta a las expectativas expresadas por más de 1,6 millones de personas (1,9 millones de firmas recogidas) y no ha presentado una nueva propuesta al objeto de elaborar un instrumento de la UE para establecer un derecho humano al agua.

4.5

Basándose en ejemplos concretos observados en varias ciudades europeas, el Comité considera que la obligación de adoptar políticas adecuadas de tarificación del agua para proteger los recursos hídricos puede y debe conciliarse con la necesidad de garantizar un acceso universal a estos recursos a través de mecanismos de solidaridad adecuados.

4.6

El CESE considera que la revisión de la Directiva marco sobre el agua y de la Directiva sobre el agua potable deberían brindar la oportunidad de integrar las indicaciones y principios sobre el principio del acceso universal y el principio de la Directiva marco sobre el agua de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua.

4.7   Garantizar un agua de mejor calidad y mejorar el acceso a la misma

4.7.1

El Comité subraya que le sorprende observar cómo se responde a una iniciativa ciudadana de esta magnitud con una propuesta de consulta pública sobre la calidad del agua potable, algo que parece remitirse a formas más habituales de consulta, útiles pero que no responden a la ICE.

4.8   Garantizar la neutralidad en lo que se refiere a la prestación de los servicios del agua

4.8.1

Comprueba con satisfacción que la Comisión ha percibido la necesidad de transparencia en la toma de decisiones sobre la gestión del agua a nivel local, regional y nacional.

4.8.2

Debido a su carácter vital, el agua debe protegerse como recurso frágil y bien común. Deberá tenerse en cuenta el carácter prioritario de su uso para satisfacer necesidades humanas vitales. La Comisión Europea debería entender que hay que reconocer el acceso al agua y al saneamiento y el derecho a disponer de ellos en cantidad suficiente como un derecho humano fundamental, debido a su carácter vital y portador de dignidad y, por consiguiente, excluirlos permanentemente de las normas comerciales del mercado interior, proponiendo su recalificación como servicio no económico de interés general (3).

4.8.3

Los productos necesarios para la supervivencia deben ser objeto de un enfoque particular y excluirse del marco del libre comercio. A pesar de que existen textos oficiales en los que se afirma que «el agua no es un bien comercial» o que «toda persona tiene derecho a la alimentación», se siguen observando, aún hoy en día, fenómenos como la privatización de fuentes de agua, la especulación a gran escala con productos alimentarios básicos y el acaparamiento masivo de tierras agrícolas. Estos fenómenos suponen un peligro directo para la subsistencia de las personas más necesitadas.

4.8.4

Se invita a la Comisión Europea a proponer medidas vinculantes concretas a fin de responder a la iniciativa ciudadana en cuestión, lo que no ha hecho en su Comunicación. En particular, un texto europeo jurídicamente vinculante debería disponer que el beneficio no debe ser el objetivo perseguido por la gestión de las fuentes de agua y de los correspondientes servicios. De no ser así, carecería de sentido la afirmación según la cual «el agua es un bien público».

4.9   Garantizar el suministro de agua a través de un servicio público de interés humano

4.9.1

El Comité aboga por la adopción de un instrumento europeo que reconozca el derecho humano al agua y el saneamiento, de conformidad con la definición de las Naciones Unidas de julio de 2010, que es uno de los fundamentos de la ICE, y con el artículo 14 del TFUE sobre los servicios de interés económico general (SIEG) y el Protocolo no 26 sobre los servicios de interés general (SIG); aboga asimismo por que la Comisión Europea pueda recomendar a los Estados miembros que concreten este derecho por intermedio de un servicio no económico de interés general, que respete la neutralidad en la prestación de este servicio, distinto del uso comercial que pueda realizarse en un contexto industrial o agrícola.

4.10   Un enfoque más integrado de la ayuda al desarrollo

4.10.1

La política de desarrollo y los compromisos financieros de la UE ganarían mucho si se vincularan firmemente al reconocimiento por parte de todos los Estados miembros de la UE de un derecho humano reconocido oficialmente por las NU en julio de 2010. Ello permitiría, en particular, lograr una eficacia óptima, ya que declarar que la política de desarrollo y de ayuda en este ámbito va asociada a un derecho humano permitiría luchar contra la corrupción y comprometería a los operadores subcontratistas. El Comité fomenta y respalda el enfoque integrado y la creación de una sinergia entre agua y seguridad alimentaria. Sobre la sinergia entre agua y energía, el Comité espera los elementos que van a proponerse para poder juzgar si se ajustan al espíritu de la ICE en lo que se refiere a la protección del recurso como bien común.

La salud pública también debe ser un elemento fundamental de preocupación, que conduzca a la realización de sistemas de saneamiento allí donde no existan, aunque esto interese menos a los operadores.

4.11   Promoción de asociaciones público-públicas

4.11.1

El Comité aprueba el compromiso de la Comisión de impulsar estas asociaciones sin fines lucrativos en el sector del agua para desarrollar capacidades en el sector mediante la transferencia de experiencia y conocimientos entre los servicios públicos de agua y saneamiento, las autoridades locales y otros agentes del sector del agua, y subraya –como ya ha hecho en ocasiones anteriores– que la innovación y los frutos de la investigación y el desarrollo que hayan recibido apoyo público en el marco del Séptimo Programa Marco deberían ponerse a disposición del sector sin ánimo de lucro, las empresas de la economía social y solidaria, los ayuntamientos, etcétera (4).

4.12   Acciones realizadas en seguimiento de Río + 20

4.12.1

Para respaldar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben sustituir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio después de 2015 y que serán de alcance universal, la UE debería ponerse en consonancia con ellos y asumir que en su territorio viven también hoy en día entre uno y dos millones de ciudadanos europeos que no tienen acceso a estos recursos. Para poder poner remedio a esta situación, la UE debe mejorar el conocimiento de que disponen sus Estados miembros en términos de datos (personas sin domicilio fijo, gitanos, alojamientos precarios).

4.13

El Comité aprueba el compromiso de la Comisión Europea sobre la calidad del agua, la transparencia de la gestión y la instauración de un diálogo más estructurado entre las partes interesadas, pero subraya que su respuesta no responde a las cuestiones planteadas por la iniciativa ciudadana sobre la universalidad de un derecho humano, es decir, que cualquier ciudadano y habitante deben disponer de un mínimo vital de agua, con independencia de su situación respecto del alojamiento, la profesión u otro tipo de factores.

4.14

La Comisión Europea señala que la legislación de la UE siempre ha tenido en cuenta las especificidades de los servicios de agua y saneamiento y su importancia para satisfacer las necesidades básicas de la población.

El Comité considera que se trata de un papel esencial, y no solo importante, y que, dado que se trata en efecto de necesidades básicas, estas deben satisfacerse en el marco de servicios públicos no económicos de interés general.

4.15

El CESE ha recomendado a los Estados miembros y a las instituciones europeas que consolidaran esta política, teniendo en cuenta que el agua es un bien vital fundamental para los ciudadanos, la industria y la agricultura, así como para los entes locales. Hay que concederle una importancia central en todas las políticas europeas, subrayando los retos que plantean la lucha contra la pobreza, los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, la salud pública, la integración y la cohesión social.

4.16

El CESE recomienda:

evaluar el impacto y el coste de una política del agua que no integre las dimensiones sociales, medioambientales y económicas;

dotar de coherencia a las estrategias seguidas entre los diferentes intereses territoriales en los Estados miembros;

elaborar un planteamiento sostenible de la gestión de los recursos hídricos, dotándose de nuevos instrumentos de anticipación que permitan reaccionar a las catástrofes — naturales o relacionadas con la actividad humana — que amenazan y dañan los recursos hídricos a corto plazo;

reactivar la adopción de la Directiva sobre el suelo;

centrar también la atención en una reducción de la demanda a fin de preservar y proteger este recurso; e

incorporar el diálogo social y los interlocutores sociales para contribuir a garantizar el conjunto de las misiones en toda su diversidad y a todos los niveles del servicio del agua y el saneamiento.

4.17

Además, el CESE sugiere:

investigar sobre tecnologías que permitan mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores de los sectores del agua y el saneamiento;

valorizar el capital de conocimientos acumulados por determinadas ONG;

completar la lista de las sustancias contaminantes (nanoelementos, moléculas químicas carcinógenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción) que no deben hallarse en las aguas de superficie o en los acuíferos para proteger la salud de los ciudadanos y formular recomendaciones armonizadas sobre la reutilización de las aguas tratadas; y

acoger favorablemente las medidas para proteger los ecosistemas y apoyar la iniciativa para salvaguardar los acuíferos naturales.

4.18

La política del agua y de acceso al saneamiento debe integrarse en un enfoque de desarrollo sostenible que permita que este recurso responda a las necesidades reales de la población y se proteja para satisfacer las de las generaciones futuras.

Bruselas, 15 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  Reglamento (UE) no 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.

(2)  Reglamento (UE) no 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana.

(3)  DO C 177 de 11.6.2014, pp.24-31.

(4)  DO C 44 de 15.2.2013, pp. 147-152.


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/39


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de la sociedad civil en el Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón»

(Dictamen de iniciativa)

(2015/C 012/06)

Ponente:

Laure BATUT

Coponente:

Eve PÄÄRENDSON

En 19 de septiembre de 2013, de conformidad con el artículo 29, apartado 2, de su Reglamento interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre

El papel de la sociedad civil en el Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 18 de septiembre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre de 2014), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 133 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   Conclusiones

1.1.1

La UE y Japón representan juntos más de un tercio del comercio mundial. Una asociación basada en un Acuerdo de Libre Comercio (ALC)/Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre la UE y Japón, que sea ambicioso, global y beneficioso para ambas partes, impulsaría las inversiones y el comercio recíprocos, y podría mejorar sus economías y las oportunidades de empleo, así como contribuir a reforzar las reglas y normas internacionales. Sus ciudadanos, aunque están dispuestos a repartir equitativamente las ventajas esperadas, permanecen vigilantes y no quieren ver rebajadas sus respectivas normas.

1.1.2

El CESE acoge con satisfacción estas negociaciones con vistas a un ALC/AAE con Japón y, en particular, la decisión de proseguirlas tras la primera revisión anual. No obstante, el Comité lamenta la falta de información y de transparencia sobre las negociaciones en curso. Dado que el fomento y la protección de los intereses de los consumidores son instrumentos esenciales para que el Acuerdo recabe un amplio apoyo de la opinión pública, hace un llamamiento para que se instauren mecanismos de consulta similares a los empleados en el marco de las negociaciones de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (ATCI), con el fin de garantizar un mejor nivel de información a la sociedad civil sobre las ventajas comparativas que ofrecerá a las partes interesadas la apertura del mercado entre la UE y Japón. En tal contexto, el CESE insta a ambas partes a aumentar la transparencia y la difusión de información relativas a las negociaciones mediante la instauración de un mecanismo formal para mantener informada a la sociedad civil y, posteriormente, mediante la creación de una estructura de consulta enmarcada por el Acuerdo. Además, el Comité señala que las empresas de ambas socios ya han podido aprovechar la Mesa Redonda Empresarial UE-Japón como plataforma de participación y consulta.

1.2   Recomendaciones

1.2.1

El CESE insiste en que se le mantenga plenamente informado de la revisión del estudio de impacto de 2012. Solicita que se le notifique lo antes posible el correspondiente calendario de aplicación, en particular en cuanto a la armonización de las normas técnicas, y cree que antes de adoptar cualquier decisión debería publicarse en todas las lenguas oficiales de la UE un documento más preciso que el análisis del impacto.

1.2.2

El CESE exhorta a la UE a hacer todo lo posible para que:

este Acuerdo refleje los valores que defiende en el mundo, se preserven las normas medioambientales, sociales, sanitarias y culturales y las ventajas del Acuerdo se repartan lo más equitativamente posible entre ciudadanos, consumidores, trabajadores y empresas;

ambas partes sean ambiciosas no solo en cuanto a las reducciones arancelarias sino también respecto de las barreras no arancelarias, haciendo gala de coherencia reguladora ascendente, sin rebajar los estándares o normas, ni sus respectivas tasas de empleo, todo ello con total reciprocidad y sin reducir el grado de compromiso de la UE en favor del multilateralismo de la OMC;

ambas partes consideren primordial el fomento de los intereses y de la salud de los consumidores;

el Acuerdo consagre el principio de cautela y dote de cierta seguridad jurídica al comercio de productos agroalimentarios referidos a las indicaciones geográficas de ambas partes;

se dedique un capítulo específico a las pymes — ya que representan el 99 % de las empresas tanto en la UE como en Japón y son la principal fuente de empleo nuevo — mediante el que confían obtener un aumento de su competitividad y limitar los obstáculos. El objetivo consiste en mejorar el acceso recíproco al mercado y mantenerlas plenamente informadas acerca de las nuevas oportunidades comerciales que aportará este Acuerdo;

se incluya un capítulo sobre servicios que sea contundente y positivo, ofrezca suficientes garantías y se base en los acuerdos suscritos anteriormente por la UE, ya que constituye una gran oportunidad de estas negociaciones;

se preserve el carácter específico de los servicios públicos en la UE, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado;

se garantice, cuando proceda, la igualdad de acceso a la contratación pública por ambas partes, dotada de seguridad jurídica;

se reafirme el derecho de las partes a regular y definir sus prioridades y políticas en materia de desarrollo sostenible, laboral y medioambiental;

en el Acuerdo figure, a tal fin, un capítulo ambicioso sobre el desarrollo sostenible y se dé prioridad a la sociedad civil, que deberá abarcar como mínimo:

el cumplimiento, como base mínima, de las obligaciones derivadas de la adhesión de ambas partes a la OIT y de los ocho convenios fundamentales de la OIT;

el compromiso de promover y aplicar leyes y otras iniciativas en materia de medio ambiente;

el compromiso de gestionar y utilizar los recursos naturales de manera sostenible, en consonancia con los acuerdos internacionales,

La solución de diferencias entre inversores y Estados es una cuestión muy sensible, siendo divergentes los puntos de vista de las partes interesadas. El CESE acoge con satisfacción el ejercicio de consultas públicas iniciado por la Comisión relativo a las negociaciones comerciales transatlánticas y aguarda sus resultados con gran interés (1). El CESE considera que, dada la solidez de la democracia nipona, recabar los puntos de vista de las partes interesadas japonesas podría aportar información valiosa y facilitar las negociaciones.

1.2.3

El diálogo entre las sociedades civiles de la UE y de Japón servirá de valiosa contribución con vistas al Acuerdo ALC/AAE. El Comité recomienda que se instaure, como en otros acuerdos suscritos recientemente por la Unión Europea, un órgano consultivo mixto enmarcado por el Acuerdo ALC/AAE UE-Japón cuya función deberán debatir durante las negociaciones los representantes de sus respectivas sociedades civiles. Deberá otorgarse a dicho órgano la facultad de evocar todos los ámbitos del Acuerdo para hacer valer su punto de vista. El Comité recomienda encarecidamente que al menos la mitad de los miembros europeos sean designados por el CESE, en su calidad de órgano consultivo de la UE encargado de representar los intereses de la sociedad civil organizada europea.

1.2.3.1

El CESE ya ha establecido excelentes contactos con organizaciones sindicales, empresariales, de agricultores, de cooperativas, de consumidores, de ONG, de organizaciones sin ánimo de lucro y de profesores universitarios situadas en Japón (2). Con su Comité de Seguimiento sobre Japón ocupa un lugar privilegiado para fomentar el diálogo y la consulta de la sociedad civil de ambas partes

2.   Descripción de la situación

2.1.1

La UE y Japón han decidido reforzar sus relaciones emprendiendo la negociación de un acuerdo de libre comercio y de un acuerdo de asociación económica (ALC/AAE). Paralelamente, se está negociando un acuerdo de asociación estratégica (3). El Comité acoge con satisfacción las conclusiones positivas de la primera revisión anual y la decisión de proseguir las negociaciones. Si las predicciones se confirman, las exportaciones de la UE a Japón podrían aumentar en un 30 %, el PIB de la UE se incrementaría en un 0,8 % y se crearían 4 00  000 nuevos puestos de trabajo en la UE. El crecimiento del PIB japonés debería aumentar en un 0,7 % y sus exportaciones a Europa en un 24 %, mientras que el Acuerdo reforzaría también la posición que desempeña la UE como inversor y socio comercial importante en el este de Asia (4).

2.1.2

La UE y Japón comparten muchos valores y principios, entre otros, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y una economía de mercado con conocimientos tecnológicos muy elevados. Por otra parte, afrontan retos semejantes (entre otros, una población que envejece y disminuye) y necesitan encontrar nuevas fuentes de crecimiento y de empleo.

2.1.3

Pese a que no cabe calcar de una región a otra los órganos de la sociedad civil ni los mecanismos de consulta (5), un creciente diálogo entre dichos organismos sería un complemento muy valioso para el Acuerdo. Al institucionalizarlo, la UE ha convertido el diálogo social y civil en una piedra angular de su modelo social y le ha dado un marco institucional; y Japón reconoce la trascendencia de su sociedad civil, entendida en sentido amplio (Consejo de política laboral; Foro multilateral europeo).

2.2

En Japón, al igual que en la UE, se están tomando medidas para estimular la economía (6). Actualmente, la deuda pública japonesa sigue equivaliendo a casi el 230 % de su PIB. La cotización del yen perjudica a sus importaciones y, a raíz de la triple catástrofe de Fukushima, el comercio minorista disminuyó en un 2,3 % en un año (datos de febrero de 2013).

2.2.1

Los acuerdos bilaterales de libre comercio están abriendo Japón al comercio mundial y contribuyen a la creación de zonas de integración regional. Desde 2002, Japón ha firmado muchos acuerdos bilaterales no solo en Asia sino también en América Latina, así como con Suiza. Actualmente, está negociando un acuerdo trilateral con China y la República de Corea. Además, participa en las negociaciones de la Asociación Transpacífica (TPP).

2.2.2

Japón y la UE han firmado ya acuerdos importantes que facilitan las transacciones comerciales en materia de telecomunicaciones, productos químicos y farmacéuticos, actividades contrarias a la competencia, ciencia y tecnología, además de otros sobre cooperación y asistencia administrativa (7).

3.   Comercio y desarrollo sostenible

3.1

La búsqueda del crecimiento económico a través del comercio globalizado puede incidir en el medio ambiente (8). En su Dictamen sobre la negociación de nuevos acuerdos comerciales (9), el Comité destaca la necesidad de incluir en las negociaciones comerciales de la UE un capítulo sobre «comercio y desarrollo sostenible», que incorpore disposiciones sociales y medioambientales y que asigne un papel destacado de seguimiento a la sociedad civil.

3.2

Las negociaciones del AAE/ALC UE-Japón brinda a ambas partes la oportunidad de reafirmar su compromiso internacional en favor de los tres pilares del desarrollo sostenible, a saber: crecimiento económico, desarrollo social y protección del medio ambiente. Desde el Acuerdo de Libre Comercio firmado con la República de Corea, estos elementos constituyen el núcleo de todos los mandatos de negociación comercial y de todos los acuerdos comerciales firmados por la UE (10). La diversidad biológica, el cambio climático, la pesca, la silvicultura y la vida salvaje figuran entre las prioridades de la UE y del mundo. Las partes deberían reiterar sus compromisos derivados de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente (AMMA).

3.3

Cualquier nuevo acuerdo debería reafirmar el derecho de los Estados miembros de la UE y de Japón a regular y definir las prioridades en materia de desarrollo sostenible, así como animarles a respetar los niveles de protección laboral y medioambiental que ello requiere, con arreglo a sus compromisos relativos a los acuerdos y normas internacionales aplicables en estos dos ámbitos.

3.4

El AAE/ALC (11) brindará la oportunidad de reiterar este compromiso (mediante la eventual ratificación y aplicación efectiva de los convenios de la OIT) (12), así como de reforzar en la esfera bilateral el diálogo y estrechar la cooperación sobre cuestiones laborales, incluidos los ámbitos que abarca el Programa de Trabajo Decente.

3.4.1

Como representante de la sociedad civil europea en su conjunto, el CESE insiste en que las ventajas de un posible ALC/AAE podrían no favorecer de manera equitativa (13) a los distintos Estados miembros y sectores (14).

3.4.2

En la UE se prevé un aumento de los puestos de trabajo (en términos porcentuales) en los sectores de la maquinaria eléctrica, agricultura, silvicultura, pesca, industria alimentaria, seguros y construcción; no obstante, podría producirse una pequeña reducción en los sectores químico, de los vehículos de motor, metales y productos metálicos o de transporte aéreo (15). Habrá que proceder a una evaluación de estos escollos en una fase temprana con vistas a emprender las medidas adecuadas de ayuda y reconversión. Es importante que las ventajas favorezcan de forma equitativa a todas las empresas, empleados, consumidores y a la sociedad civil en general, previniéndose al mismo tiempo cualquier perturbación grave y garantizándose la posibilidad de obtener indemnización si fuera necesario (16).

4.   Consulta a la sociedad civil

4.1   Información y transparencia

4.1.1

Aunque se congratula de ser un interlocutor privilegiado de la Comisión en el ámbito de sus atribuciones, el CESE lamenta la falta de transparencia de las negociaciones en curso que han puesto de relieve las partes interesadas tanto de la UE como de Japón. El mandato concedido a la Comisión no se ha hecho público, pese a que las negociaciones deberían ser lo más abiertas y transparentes posible. Numerosas organizaciones de la sociedad civil tanto europea como japonesa se quejan de haber recibido meros recortes de información sobre las negociaciones. Ello influye en el contenido de las negociaciones y en las posibilidades de que la sociedad civil haga oír su voz al respecto. Como es sabido, la participación de la sociedad civil no solo puede mejorar nuestra comprensión mutua, sino también la calidad de las negociaciones en curso sobre el AAE/ALC en términos de conocimientos especializados.

4.1.2

Los ciudadanos europeos exigen la aplicación de los textos de la UE que consagran el principio de transparencia. El CESE pide que se comuniquen los textos a las partes interesadas en la fase más temprana posible.

4.1.3

Dada la legítima expectativa de los ciudadanos europeos para que se garantice la transparencia total de las negociaciones comerciales, el CESE llama la atención del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación estricta y coherente del artículo 218 del TFUE y, en particular, su apartado 10, que reza así: «Se informará cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento».

4.1.4

El CESE recomienda a la Comisión Europea que establezca un modelo de consulta de la sociedad civil a efectos de las negociaciones del AAE/ALC UE-Japón similar al de las negociaciones sobre la ATCI (sesión con las partes interesadas después de cada ronda de negociaciones y creación de un grupo consultivo formado por representantes de la sociedad civil, que debería incluir a miembros del CESE). El Comité también es consciente de que existe un mecanismo similar para las negociaciones transpacíficas entre Estados Unidos y Japón.

4.2   Consulta

4.2.1

Como figura anteriormente, todos los ALC concluidos recientemente por la UE incluyen un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible (17) que asigna un papel destacado de seguimiento a la sociedad civil, entendida como un conjuntos de organizaciones independientes y representativas ateniéndose a un equilibrio entre empresarios, trabajadores y otras partes interesadas. El CESE apoya los esfuerzos de la Comisión para obtener que se incluya dicho capítulo también en el Acuerdo con Japón.

4.2.2

Las autoridades japonesas aspiran a generar un crecimiento estable a través del desarrollo sostenible (en el sentido de la «abenomía» (18)). Los ALC concluidos por Japón con sus socios de Asia incluyen disposiciones sobre la creación de un subcomité encargado de supervisar los efectos del Acuerdo en el entorno empresarial. Aunque con alcance y modalidades distintos, la Unión Europea y Japón están familiarizados con el principio de seguimiento del impacto de los ALC y, por tanto, el CESE aboga por incluir un ambicioso capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible.

4.2.3

El Gobierno japonés ha creado una serie de comités internos y multilaterales encargados de consultar a las empresas nacionales sobre el impacto del ALC en su sector de actividad y dispone de órganos consultivos cuyo objetivo consiste en reunir, por una parte, a representantes del Gobierno y de las cooperativas y, por otra, a representantes del Gobierno y de los sindicatos. Existen además otras estructuras de consulta con base amplia, tales como el Foro Multilateral sobre Responsabilidad Social para un Futuro Sostenible (siglas en inglés: MSF) (19) o del Consejo de Política Laboral.

4.3

El modelo económico y social de la UE «hace (…) hincapié, por ejemplo, en unas estructuras institucionales fuertes para la gestión de los asuntos económicos, de empleo, sociales y ambientales (…); en un diálogo social y civil sólido, y en la inversión en capital humano y en la calidad del empleo» (20). El Comité constata que este modelo refleja los valores de la Unión y que todas sus instituciones deben promoverlo en el conjunto de sus políticas.

4.3.1

El Comité acoge con satisfacción los compromisos suscritos por la UE en el ámbito internacional (21):

para fomentar una participación más efectiva de los interlocutores sociales y demás representantes de la sociedad civil en la gobernanza mundial (OMC), la elaboración de las políticas y el seguimiento de la aplicación de los acuerdos comerciales;

en favor del fomento de los valores europeos en la era de la globalización (22).

4.3.2

Refiriéndose al ALC con Japón, el Parlamento Europeo ha recomendado a la Comisión que aborde la cuestión de las normas fundamentales en materia laboral y prevea un capítulo ambicioso sobre desarrollo sostenible, además de un foro de la sociedad civil «para observar y comentar su aplicación y la aplicación efectiva». El CESE insiste para que se le consulte y se tengan en cuenta estas recomendaciones.

4.4

El CESE recuerda a la Comisión que ha publicado una guía sobre la transparencia en las negociaciones de acuerdos comerciales, en la que vaticina que sus trabajos solo tendrán éxito si responden a las expectativas de los ciudadanos europeos y que las posturas de la sociedad civil tienen peso decisivo en la fase preparatoria de la negociación (23).

El CESE considera esencial que:

la Comisión logre reconocer el papel del CESE y lo mantenga informado de todos los aspectos del proceso de negociación;

se instaure durante todo el proceso de negociación un diálogo permanente entre el Parlamento, la Comisión y el CESE;

se mantenga un papel integrador para la sociedad civil a lo largo de todo el proceso de negociación;

la Comisión prevea en el acuerdo:

un mecanismo de seguimiento conjunto en el que participen las sociedades civiles europea y japonesa, que se instaure realmente en la fase de aplicación;

órganos consultivos internos que dirijan dictámenes y recomendaciones a cada parte y a las autoridades políticas conjuntas, así como a las autoridades conjuntas del acuerdo, y que estén autorizados a responder a solicitudes procedentes de otras partes interesadas (en particular, sobre el capítulo de desarrollo sostenible) así como a transmitirles sus dictámenes y recomendaciones;

la posibilidad de solicitar una consulta o de incoar un procedimiento de solución de diferencias si se constatan deficiencias en la aplicación a la luz de los objetivos del capítulo sobre desarrollo sostenible;

un órgano conjunto de la sociedades civiles europea y japonesa que enmarque, con carácter periódico y estructurado, un diálogo y una cooperación, así como intercambios con los representantes de los gobiernos europeos y de Japón.

4.5

Casi todos los representantes de las organizaciones de la sociedad civil europea y japonesa consultados (24) se mostraron favorables a crear un órgano conjunto de seguimiento en el marco del futuro acuerdo de libre comercio.

4.5.1

El mecanismo de seguimiento debe instaurarse teniendo en cuenta las estructuras existentes y las experiencias atesoradas hasta ahora por la UE y Japón. El CESE desea participar en la determinación del cometido, facultades y composición del grupo consultivo de la UE y del órgano conjunto de seguimiento. Todas las partes interesadas deberán ser consultadas y el CESE debe ser un factor fundamental de dicho proceso.

4.5.2

Un diálogo estructurado entre los representantes de las sociedades civiles de la UE y de Japón añadiría una dimensión importante al AAE/ALC, incluso en el ámbito cultural. El CESE considera realmente fundamental mantener relaciones estrechas con sus homólogos japoneses para garantizar que la forma, las facultades y la composición de un futuro mecanismo de seguimiento conjunto colmen las expectativas de ambas partes.

5.   Puntos clave

5.1   Negociaciones

5.1.1

El Comité acoge con satisfacción el hecho de que, en junio de 2014 (25), el informe favorable de los progresos realizados hizo que el Consejo de la Unión Europea decidiera proseguir las negociaciones.

5.1.2

El Acuerdo tiene por objetivo mejorar el acceso al mercado y garantizar la coherencia normativa, favoreciendo así el desarrollo del comercio recíproco y de la inversión. Debería impulsar el crecimiento sostenible y la creación de más y mejores puestos de trabajo, diversificar las opciones de consumo así como desarrollar la competitividad y la productividad de estas dos economías.

5.1.3

La prioridad de la Unión Europea estriba en eliminar las barreras no arancelarias. En su evaluación de impacto (26), la Comisión indica que estas barreras tienen, a menudo, un origen cultural y efectos proteccionistas. El CESE constata que es difícil modificarlas cuando se basan en normalizaciones que varían constantemente, aunque estén establecidas al más alto nivel. A veces protegen sectores enteros, como el ferroviario en Japón.

5.2   Comercio de mercancías

5.2.1

La eliminación de las barreras arancelarias deberá referirse a todos los productos, sin excluir los agrícolas y transformados, los automóviles que se consideran mercancías «sensibles», así como los productos químicos y farmacéuticos. Cuando sea necesario, deben preverse períodos de transición.

5.2.2

El comercio podría verse impulsado por el reconocimiento mutuo de los productos certificados con arreglo a normas sobre mercancías similares y equivalentes y la cooperación sobre la armonización de las normativas y de los sistemas siempre que sea posible. No obstante, será esencial garantizar que dicha cooperación con vistas a establecer normas mundiales no desemboca en una rebaja de las mismas.

5.2.3

Las barreras no arancelarias, que frenan las exportaciones de la UE, se emplean como medidas proteccionistas encubiertas. Estas deberán reducirse o eliminarse, especialmente aquellas que se identifiquen ya durante las negociaciones y las normas que se establezcan deberán ajustarse a las normas internacionales.

5.3   PYME

5.3.1

En la medida en que tanto en Japón como en Europa el tejido económico está constituido en un 99 % por pymes, las cuales crean entre el 70 y el 80 % del empleo, el CESE pide a la Comisión que preste especial atención a estas empresas.

5.3.2

Dada la limitación de los recursos de que disponen las pymes en razón de su tamaño, incluso cuando se tienen que conformar a la legislación nacional y a las normas comerciales, cabe esperar que el AAE/ALC entre la UE les beneficie y, sobre todo, la racionalización de las normas y la reducción de los costes administrativos. No obstante, necesitan ayuda para solventar los obstáculos que supone una mayor proyección internacional, a saber: barreras lingüísticas, culturas empresariales divergentes, costes de transporte elevados, escasez de personal con la cualificación adecuada, información sobre los mercados extranjeros y falta de recursos financieros suficientes.

5.3.3

Para maximizar las ventajas del AAE/ALC entre la UE y Japón también será esencial que ambas partes se esfuercen en aumentar la sensibilización de las pymes respecto de los servicios y programas de apoyo (27) que ofrecen el Centro de Cooperación Industrial UE-Japón (28) y la Oficina de Comercio Exterior de Japón (JETRO) (29), especialmente sobre las nuevas oportunidades que podría brindar este acuerdo. Por ejemplo, las pymes europeas podrían estar interesadas en los sectores japoneses de las TIC, la atención sanitaria (30), los servicios, las energías renovables y la alimentación ecológica (31) o gourmet.

5.4   Industria agroalimentaria

5.4.1

El proceso de liberalización del mercado podría garantizar nuevas oportunidades para los productos agroalimentarios de ambas partes (aumento del 200 %), pero la agricultura es uno de los ámbitos más reñidos de la negociación. El sector agrario japonés solo puede garantizar la suficiencia alimentaria en un 40 % y se muestra especialmente preocupado. Los agricultores japoneses solicitan que cinco tipos de productos queden excluidos de cualquier negociación de las limitaciones arancelarias con países extranjeros, a saber: el arroz, la carne de vacuno y de porcino; la leche y los productos lácteos, y el trigo y la cebada; los azúcares y los edulcorantes. La UE considera que la exportación en mayor cantidad de productos alimenticios transformados podría constituir una gran oportunidad, especialmente si Japón elimina la mayoría de sus barreras no arancelarias.

5.4.2

El CESE desea que se aborde la cuestión de los derechos de propiedad intelectual (DPI) (32) para proteger equitativamente las innovaciones europeas. La cuestión de la indicación geográfica protegida (IGP) suscita un vivo debate. La protección intelectual de las producciones agrícolas de calidad puede constituir una barrera oculta a la importación. En el marco de la OMC, la UE y Japón partieron ya de enfoques divergentes: la Unión deseaba ampliar el ámbito de aplicación de las IGP dotándolas de un nivel más elevado de protección con efecto vinculante (acuerdos ADPIC — propuesta de la UE de 1998); Japón proponía, junto con Estado Unidos (1999), que los miembros comuniquen sus indicaciones geográficas a la OMC para constituir un banco de datos que sirva de fuente de información para los demás socios, sin efecto vinculante. El CESE considera que se trata de un aspecto importante que conviene abordar con prudencia en el marco de las negociaciones.

5.5   Servicios

5.5.1

En Japón, tanto los agricultores como los consumidores participan activamente en el movimiento cooperativo, que ofrece mutuas de seguro y servicios bancarios. Perciben la liberalización de los servicios como una amenaza, aunque para muchos representa una oportunidad de envergadura vinculada, entre otras cosas, a la denominada «economía plateada». Los servicios son una de las claves para aumentar significativamente los intercambios comerciales.

5.5.2

En 2012, en cifras brutas la UE de los 27 exportó 24  200 millones de euros en servicios a Japón, mientras que las importaciones procedentes de Japón ascendieron a 15  600 millones, lo que arroja un excedente de 8  600 millones a favor de la UE de los 27, considerando evidentemente que la población japonesa es la cuarta parte de la de la UE. Casi todas las organizaciones japonesas consultadas que evocaron la liberalización de los servicios se pronunciaron en contra de la «lista negativa», en virtud de la cual podrían intercambiarse libremente todos los servicios que no queden explícitamente excluidos por el texto del Acuerdo. Aunque puede que los agricultores y los consumidores se opongan a la denominada lista negativa, las empresas están firmemente a favor. Según las autoridades públicas, esta lista negativa reduciría su margen de actuación. Los futuros servicios se incluirían automáticamente en el ámbito liberalizado. El CESE defiende el derecho inalienable de los estados a legislar en aras del interés público.

5.6   Contratación pública

5.6.1

Las empresas de la UE consideran esencial obtener el acceso a la contratación pública en Japón mediante la eliminación de las barreras normativas, el establecimiento de procedimientos transparentes y de requisitos de información idénticos para todas las partes interesadas, la eliminación de restricciones muy sensibles en el mercado ferroviario y la instauración de un sistema de acceso a la información. Más allá de la voluntad política anunciada, la negociación concreta requiere certeza jurídica.

5.6.2

La reciprocidad en cuanto a la lealtad en materia de competencia es indispensable. El Comité considera que el acuerdo debe aclarar plenamente qué autorizaciones requerirán, por una y otra parte, para obtener ayudas y subvenciones estatales.

5.6.3

La Unión Europea, los Estados miembros y Japón deben reservarse la posibilidad de seguir financiando objetivos de interés general establecidos con arreglo a sus procedimientos democráticos que abarquen, entre otros, el sector social, el medio ambiente y la salud pública. Los tratados imponen a la UE determinadas obligaciones en materia de contratación pública.

5.7   Inversiones  (33)

5.7.1

En 2012, las inversiones extranjeras directas (IED) efectuadas por la UE de los 27 en Japón ascendieron a 434 millones de euros, mientras que las IED de Japón en la UE de los 27 se elevaron a 3  374 millones de euros (34). Dado que el principio fundamental de todo ALC/AAE es la reciprocidad, si el Acuerdo implica pérdidas de empleo, el CESE insta a la Comisión a mantenerse vigilante al respecto y a considerar la posibilidad de acudir al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para compensarlas. De igual modo, el CESE señala que podría llegar a ser necesario compensar adecuadamente las pérdidas que sufran las empresas en términos de recursos humanos y aquellas tecnologías que fueron financiadas anteriormente con cargo a fondos públicos.

5.7.2

La UE y Japón deberían revisar sus legislaciones respectivas sobre las restricciones a la propiedad, las autorizaciones y los controles, así como la facilitación de las inversiones.

5.7.3

El CESE constata que, ya sea en Japón o en la UE, tanto la legislación como los órganos jurisdiccionales permiten resolver litigios de manera equitativa con arreglo a procedimientos ordinarios; los Estados miembros y Japón ofrecen a los inversores todas las garantías institucionales y judiciales. Dado el carácter extremadamente sensible del mecanismo de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS) y la divergencia de opiniones entre las distintas partes interesadas, el CESE acoge con satisfacción el ejercicio de consultas públicas iniciado por la Comisión relativo a las negociaciones comerciales transatlánticas. Acogería, asimismo, favorablemente que se emprendiera en Japón una iniciativa similar que tenga en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas niponas.

5.7.4

El CESE sugiere que se promueva un amplio diálogo sobre la solución de diferencias una vez que la Comisión haya fijado las condiciones y evaluado los resultados. En efecto, el Comité ya está elaborando su propio dictamen al respecto.

5.7.4.1

En ningún caso podrán las disposiciones sobre la solución de diferencias obstaculizar la capacidad de los Estados miembros de la UE para legislar en aras del interés público ni para perseguir los objetivos de sus políticas públicas. Conviene aclarar las definiciones de «inversión» y «trato justo y equitativo», sometiendo este aspecto a la negociación.

Bruselas, 15 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  Dictamen CESE, REX/390, EESC- 2013-05469, ponente J. Krawcyk; coponente: S. Boyle (4 de junio de 2014).

(2)  Japón cuenta con cuatro institutos europeos (consorcios universitarios) que recaban el apoyo financiero de la Comisión Europea; en Japón, los profesores de enseñanza superior son considerados agentes de la sociedad civil (http://www.eeas.europa.eu/eu-centres/eu-centres_en.pdf)

(3)  El acuerdo de asociación estratégica abarca los sectores de cooperación política, global y sectorial (como, por ejemplo, la investigación, la innovación, el espacio, la educación, la cultura, la energía, la cooperación al desarrollo, la gestión de catástrofes, etc.).

(4)  Comisión Europea, Informe de evaluación del impacto de las relaciones comerciales entre la UE y Japón, punto 5.1.3 (julio de 2013).

(5)  DO C 97/34 de 28.4.2007, p. 34.

(6)  Las «tres flechas» del primer ministro Shinzō Abe constituyen la denominada «abenomía», a saber: una combinación de medidas en tres áreas: política monetaria, incentivos fiscales y reformas estructurales para garantizar un crecimiento sostenible y a largo plazo de la economía japonesa y estimular las inversiones de capital procedentes del sector privado.

(7)  Se trata de los acuerdos siguientes: Acuerdo de Reconocimiento Mutuo UE y Japón; Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Actividades Contrarias a la Competencia; Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica y Acuerdo sobre Cooperación y Asistencia Administrativa Mutua.

(8)  COM(2006) 567 final, http://europa.eu/legislation_summaries/external_trade/r11022_es.htm

(9)  DO C 211 de 19.8.2008, pp. 82-89.

(10)  Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Corea (capítulo 13): DO L 127 de 14.5.2011, pp. 62-65.

(11)  Véase, por ejemplo, el artículo 13.4.3 del Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea (DO L 127 de 14.5.2011, pp. 62-65).

(12)  Convenios no 87 y no 98, sobre la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, no 29 y no 105, sobre la abolición del trabajo forzoso u obligatorio, no 138 y no 182, sobre la eliminación del trabajo infantil, y no 100 y 111, sobre la no discriminación en materia de empleo y profesión.

(13)  Comunicación COM(2010) 343 final.

(14)  Comisión Europea antes citada, puntos 5.2.2, 5.3 y 5.6.2.

(15)  Comisión Europea, Informe de evaluación del impacto de las relaciones comerciales entre la UE y Japón (2012), página 49.

(16)  Como es el caso del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).

(17)  TFUE, artículos 11 y 21, apartado 2, letra f.

(18)  La «abenomía» hace referencia a tres flechas para recuperar el crecimiento; véase http://www.eu.emb-japan.go.jp; http://en.wikipedia.org/wiki/Abenomics, así como el artículo de Wolff y Joshii titulado «Japón y la UE en la economía mundial», de abril de 2014, en la web http://bit.ly/1mLgY2r

(19)  MFS: http://sustainability.go.jp/forum/english/index.html

(20)  COM(2004) 383 final, de 18 de mayo de 2004, «La dimensión social de la globalización».

(21)  Comunicación de la Comisión sobre el trabajo digno, mayo de 2006, COM(2006) 249 final, puntos 2.3 y 3.5.

(22)  Conclusiones de la Presidencia del Consejo de los días 16 y 17 de diciembre de 2004, punto 53, y de los días 16 y 17 de junio de 2005, punto 31.

(23)  Véase «Transparency in EU Trade Negotiations» (la transparencia de las negociaciones comerciales entabladas por la UE), Comisión Europea, 2012; y también: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/june/tradoc_149616.pdf

(24)  Durante la audiencia celebrada el 15 de enero de 2014 en la sede del CESE, y la subsiguiente misión a Japón a finales de enero de 2014, aproximadamente 40 organizaciones, interlocutores sociales y otras partes interesadas fueron consultados e intercambiaron sus puntos de vista, expectativas y preocupaciones sobre el futuro acuerdo de libre comercio UE-Japón.

(25)  Consejo Europeo de los días 18 y 19 de octubre de 2012, punto 2.k; Consejo Europeo sobre Asuntos Exteriores (Comercio de la UE) del 29 de noviembre de 2012, mandato otorgado a la Comisión para negociar el Acuerdo de Libre Comercio con Japón; Consejo del 29 de junio de 2014.

(26)  Véase el informe de evaluación de impacto de las relaciones comerciales UE-Japón, Comisión Europea, 2012,http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149809.pdf

(27)  http://www.eu-japan.eu/smes-support; http://www.jetro.go.jp/en/database

(28)  http://www.eu-japan.eu/smes-support

(29)  https://www.jetro.go.jp/en/database/

(30)  Se prevé que en 2050 el 38 % de la población japonesa tenga 65 años o más.

(31)  La alimentación ecológica representa en Japón solo un 0,4 %, aproximadamente, del total de los alimentos comercializados (datos de EBC).

(32)  DO C 68 de 6.3.2012, p. 28.

(33)  Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea obtuvo competencias en materia de inversiones. Publicó una Comunicación titulada «Hacia una política global europea de inversión internacional», sobre la cual el Comité ha emitido un dictamen (DO C 318 de 29.10.2011, pp. 150-154).

(34)  Fuente: Eurostat 170/2013 — 18 de noviembre de 2013.


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/48


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Situación de la sociedad civil ucraniana en el contexto de las aspiraciones de Ucrania

(dictamen de iniciativa)

(2015/C 012/07)

Ponente:

Andrzej Adamczyk

El 27 de febrero de 2014, de conformidad con el apartado 2 artículo 29 de su Reglamento interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre

La situación de la sociedad civil ucraniana en el contexto de las aspiraciones europeas de Ucrania.

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 18 de septiembre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 16 de octubre de 2014), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 173 votos a favor, 2 en contra y 15 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El CESE ha de promover activamente la consolidación política, social y económica de Ucrania, incluida una solución pacífica del actual conflicto en las regiones de Donetsk y Lugansk. Las actividades del CESE en Ucrania apoyarán el proceso de democratización, la integridad territorial y el diálogo social y civil de todas las partes interesadas con legitimidad pública y representatividad.

1.2

El CESE tiene la intención de invitar a un amplio abanico de representantes de la sociedad civil ucraniana a participar en la cooperación y de incluir también a aquellos que siguen mostrándose escépticos u hostiles con respecto a la reciente transición política y la aproximación a la UE.

1.3

Se recomienda asimismo intensificar la cooperación sobre una base bilateral entre organizaciones socias en la UE y Ucrania, poniendo un énfasis especial en la creación de capacidades, el intercambio de buenas prácticas y el refuerzo del diálogo social y civil.

1.4

De acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo de Asociación, el CESE debe contribuir a la creación de una Plataforma de la Sociedad Civil conjunta compuesta por miembros del CESE y representantes de la sociedad civil ucraniana. Se creará un organismo similar con arreglo a las disposiciones del acuerdo sobre una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (DCFTA) con el fin de satisfacer el requisito de crear un mecanismo de supervisión de la sociedad civil. Ambos organismos deberán cooperar de la manera más estrecha posible.

1.5

El CESE desarrollará actividades de información sobre las consecuencias de la aplicación del Acuerdo de Asociación por parte de Ucrania, así como sobre la integración y las instituciones europeas y el acervo comunitario.

1.6

Deben suprimirse los requisitos de visado para los ciudadanos ucranianos tan pronto como sea técnicamente posible, a fin de fomentar los contactos entre los ciudadanos y de crear un clima de confianza.

1.7

Debería incluirse formalmente una perspectiva europea para Ucrania en la agenda de la UE.

2.   Asociación Oriental: la dimensión oriental de la política europea de vecindad como marco institucional para las aspiraciones europeas de Ucrania

2.1

Los trágicos acontecimientos que han sacudido a Ucrania en los últimos meses se iniciaron con la reacción de los ciudadanos ante la decisión del Gobierno de suspender los planes para la firma de un acuerdo de asociación en el marco de la Asociación Oriental.

2.2

Además de la celebración de acuerdos de asociación bilaterales, que sustituirán a los acuerdos de asociación y cooperación, la senda bilateral de la Asociación Oriental tiene también como objetivo facilitar los regímenes de exención de visados, así como desarrollar la cooperación sectorial, dando una oportunidad a los países socios para que participen en las agencias y los programas de la UE. También incluye un programa global de creación de instituciones, que es un instrumento destinado a mejorar las capacidades administrativas de los países socios para aplicar las reformas y disposiciones de los acuerdos de asociación. La dimensión multilateral de la Asociación Oriental se basa en cuatro plataformas multilaterales (Democracia, buena gobernanza y estabilidad; Integración económica y convergencia con las políticas de la UE; Seguridad energética; y Contactos entre ciudadanos), destinadas a fomentar la cooperación entre la UE y los países socios, y entre los propios países socios.

2.3

Una de las prioridades de la Asociación Oriental es que la sociedad civil organizada participe en su aplicación, tanto en los países socios como en la UE. Con este fin, en noviembre de 2009 se creó el Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental, con la participación del CESE.

2.4

No obstante, la política de la Asociación Oriental se encuentra actualmente en una encrucijada, a raíz del inesperado cambio de rumbo del compromiso de algunos países y de los trágicos acontecimientos en Ucrania. Las dificultades a las que se enfrentó la Asociación Oriental durante el pasado año en países que, hasta ahora, han realizado los mayores progresos hacia la firma de acuerdos de asociación son en gran medida el resultado de maniobras por parte de Rusia, que está intentando evitar el establecimiento de lazos más estrechos entre los países socios y la UE.

2.4.1

A pesar de la conclusión de las negociaciones con Armenia sobre el Acuerdo de Asociación, incluido el DCFTA, no se pudo dar inicio a la elaboración de estos documentos por el anuncio armenio en septiembre de 2013 de su intención de adherirse a la Unión Aduanera eurasiática iniciada por Rusia.

2.4.2

Pese a las presiones de Rusia y a la pérdida de dos de sus provincias (Abjasia y Osetia del Sur), que actualmente están bajo control de Rusia, Georgia sigue comprometida con la vía europea y se aseguró de la puesta en marcha del Acuerdo de Asociación y la DCFTA en la cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Vilna en noviembre de 2013, y su posterior firma en junio de 2014.

2.4.3

Moldavia, que rubricó igualmente el Acuerdo de Asociación en Vilna, también está sujeta a la presión de Rusia, que ha estacionado sus fuerzas armadas en Transnistria y controla actualmente la región. También con el apoyo de Rusia, se celebró un referéndum ilegal en otro territorio autónomo moldavo, Gagauzia, con un resultado favorable a la adhesión a la Unión Aduanera Euroasiática.

2.4.4

La adhesión a la OMC es una condición previa para iniciar las negociaciones sobre la DCFTA, por lo que Azerbaiyán y Bielorrusia, que no son miembros de la OMC, no pueden iniciar negociaciones. Por otra parte, debido al grave déficit democrático existente en Bielorrusia, la política bilateral de la UE en relación con este país sigue estando al nivel de diálogo crítico.

2.4.5

Ucrania es el mayor y más importante de los Estados de la antigua Unión Soviética después de Rusia y, por haber adoptado una posición proeuropea, ha perdido el control de Crimea y Sebastopol tras su anexión por parte de Rusia, y ha sido objeto de nuevos actos de sabotaje y subversión protagonizados por este país. Las acciones rusas son un ejemplo especialmente dramático de injerencia externa, que además de amenazar la integridad territorial y la soberanía de Ucrania también están teniendo una repercusión altamente destructiva para la sociedad civil y sus organizaciones. Estos actos no solo constituyen una clara violación del Derecho internacional sino que contravienen dos principios sine qua non para las relaciones pacíficas entre Estados independientes: en primer lugar, las fronteras no deben ser alteradas por la fuerza y, en segundo lugar, las naciones pueden adoptar de manera soberana decisiones acerca de su futuro sin injerencias externas.

3.   Las aspiraciones europeas de la sociedad civil ucraniana

3.1

La Revolución Naranja de 2004 contribuyó a un proceso de democratización a gran escala y a la introducción del Estado de Derecho en Ucrania — al menos durante un cierto tiempo —, así como a la libertad de prensa, que permanece intacta al día de hoy. Todo ello se vio acompañado por el establecimiento de vínculos más estrechos con la UE.

3.1.1

En 2005 se adoptó el Plan de Acción UE-Ucrania, sobre la base del Acuerdo de Colaboración y Cooperación de 1998 entre la UE y Ucrania. En 2007 se iniciaron las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación. La adopción de la política de la Asociación Oriental en mayo de 2009 dio un nuevo impulso a esta cooperación.

3.1.2

El establecimiento de unas relaciones más estrechas y de una auténtica cooperación en numerosos ámbitos, así como el amplio entusiasmo que siguió a la Revolución Naranja, hicieron que un porcentaje importante de la población y numerosas organizaciones de la sociedad civil percibiesen la eventual adhesión de Ucrania a la UE como una conclusión obvia y previsible, y que la adhesión solo estaba supeditada al calendario y ritmo de la transformación y la adaptación a las normas europeas.

3.1.3

La Asociación Oriental no trajo a Ucrania las esperadas perspectivas de adhesión a largo plazo a la UE, decepcionando y generando frustración a los partidarios de la orientación europea; esto se vio agravado por el progresivo abandono de las conquistas democráticas de la Revolución Naranja, el deterioro de la situación económica y los crecientes problemas sociales.

3.1.4

La frustración de los ciudadanos, que se tradujo en apatía entre las organizaciones de la sociedad civil, se agravó con el conflicto creciente entre los dirigentes de la Revolución Naranja, el presidente Víktor Yushchenko y la primera ministra Yulia Timoshenko. En ocasiones, este conflicto llegó a paralizar el proceso de toma de decisiones debido a la inoperatividad de las disposiciones de la Constitución ucraniana. La suma de la crisis económica mundial y las políticas inoperantes del Presidente Yanukovich (elegido en 2010) incluso agravó la situación.

3.2

El CESE ha venido persiguiendo durante mucho tiempo una política activa de cooperación con Ucrania. No obstante, el deterioro del clima político y social y la decepción de las organizaciones socias ante la ausencia de perspectivas de adhesión implicaron que las relaciones se estancasen en cierta medida en el período 2011-2012, con un cese de la actividad por parte de Ucrania y falta de interés en las relaciones.

3.3

Una vez puesto en marcha el Acuerdo de Asociación en diciembre de 2012, tras intensos esfuerzos y negociaciones con vistas a firmar el Acuerdo en la cumbre de la Asociación Oriental celebrada en Vilna en noviembre de 2013, surgió un interés renovado por la cooperación entre nuestros socios ucranianos y un relanzamiento de los vínculos activos con el CESE.

3.4

No obstante, estos contactos renovados pusieron de manifiesto que los interlocutores sociales, tanto por parte de los empresarios como de los sindicatos, estaban divididos sobre la firma del Acuerdo de Asociación. Dicho esto, un sector muy amplio de ONG y representantes de actividades diversas presentaron un frente proeuropeo relativamente unido.

3.5

Con independencia de la posición que adoptaron y del resultado por ellos previsto de las negociaciones conducentes a la firma del Acuerdo de Asociación, tanto las organizaciones de la sociedad civil como los representantes gubernamentales se vieron sorprendidos por el hecho de que el Gobierno ucraniano y la administración presidencial rompiesen las conversaciones y suspendieran los preparativos para la firma del acuerdo.

3.6

El hecho de que las conversaciones se hubiesen interrumpido de improviso, sin ninguna razón obvia, unos días antes de la cumbre de Vilna, sumado a la propuesta sorprendente del Gobierno ucraniano de proseguir las negociaciones con la UE con la participación de Rusia, condujeron a la rápida movilización de la sociedad civil ucraniana, que expresó sus opiniones de forma inequívoca en apoyo de una vía europea para Ucrania.

3.7

«Euromaidán» fue probablemente la mayor manifestación de la historia en apoyo de la integración europea, y la más larga llevada a cabo nunca con una convicción tan profunda. En una fase posterior, a los manifestantes se sumaron fuerzas que también introducían exigencias políticas para modificar el régimen, que respondió mediante una represión violenta que ocasionó víctimas humanas. Las manifestaciones dieron lugar a los cambios políticos que sirvieron de pretexto para provocar nuevos sucesos trágicos y dramáticos.

3.8

Ahora, tras el éxito de las elecciones presidenciales, parece claro que el establecimiento de estrechos vínculos con la UE se está convirtiendo en una de las prioridades de la nueva administración. Este cambio de rumbo debe percibirse como un enorme éxito del Euromaidán y de la sociedad civil ucraniana. Queda por ver si la situación general se estabilizará a lo largo de todo el territorio de Ucrania y si las organizaciones de la sociedad civil se beneficiarán de esta transformación política.

3.9

La actitud y la opinión acerca de los cambios políticos en el seno de la sociedad civil en el Este de Ucrania seguirán siendo confusas mientras sigan operando en la región grupos armados de mercenarios y guerrilleros y continúe amenazada la libertad de expresión. No obstante, debe tenerse en cuenta que el Este del país estaba considerablemente representado en el Euromaidán.

4.   Consecuencias de la firma del Acuerdo de Asociación y de la DCFTA

4.1

El Acuerdo de Asociación UE-Ucrania representa una nueva generación de acuerdo creado en beneficio de países que cooperan en el marco de la Asociación Oriental, y prevé el desarrollo de la cooperación con disposiciones vinculantes en casi todos los ámbitos. El Acuerdo de Asociación establece un plan de reformas para Ucrania basado en una amplia armonización de su legislación con las normas de la UE.

4.2

Aparte de la DCFTA, que consiste en un acuerdo comercial de repercusión considerable en normativas y regulaciones, los principales ámbitos de cooperación abarcan: la Justicia, el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, la política exterior y la seguridad, la reforma de la administración pública, el empleo, la política social, la igualdad de derechos y de oportunidades, la protección de los consumidores, la política industrial y el espíritu empresarial, la energía, el transporte y el medio ambiente. La aplicación del Acuerdo de Asociación y de la DCFTA implica que Ucrania tendrá que armonizar su legislación nacional con alrededor del 85 % del acervo comunitario de la UE relacionado con el comercio y la economía.

4.3

El Acuerdo de Asociación se firmó el 27 de junio de 2014 y fue posteriormente ratificado por el Parlamento Europeo y el Parlamento de Ucrania (Verkhovna Rada) el 16 de septiembre, lo que posibilita su entrada en vigor provisional incluso antes de ser ratificado por la totalidad de los 28 Estados miembros de la UE. No obstante, la ejecución del elemento DCFTA del Acuerdo se postergará hasta finales del año próximo, aunque la UE continuará aplicando con flexibilidad su normativa comercial a los bienes procedentes de Ucrania.

4.3.1

La aplicación del Acuerdo prevé la creación de una Plataforma de la Sociedad Civil como foro conjunto para el intercambio de puntos de vista, formada por miembros del CESE y representantes de la sociedad civil organizada de Ucrania. Dada la amplia gama de cuestiones cubiertas por el Acuerdo de Asociación, la Plataforma debe ser lo más representativa posible de toda la sociedad civil y por lo tanto debe incluir a representantes de los interlocutores sociales y de otros intereses diversos.

4.3.2

Además de ser un foro para el intercambio de información y el debate, el objetivo básico de la Plataforma es realizar el seguimiento de la aplicación del Acuerdo de Asociación y presentar los puntos de vista y propuestas de la sociedad civil organizada.

4.3.3

La Plataforma de la Sociedad Civil establecerá su propio reglamento interno. Actualmente se están celebrando conversaciones entre los representantes del CESE y la parte ucraniana sobre el procedimiento de creación de este órgano y su composición. Se prevé la adopción de los siguientes principios básicos:

La parte europea y la ucraniana tendrán el mismo número de representantes.

Los miembros tendrán un mandato de dos años y medio. Deberán celebrarse cinco reuniones durante este período.

La Plataforma tendrá dos copresidentes, uno por cada una de las partes, elegidos por un mandato de dos años y medio.

El procedimiento de selección de los miembros de la plataforma deberá ser totalmente transparente.

Las reuniones de la plataforma también deben estar abiertas a las organizaciones de la sociedad civil no representadas en ella.

4.3.4

El acuerdo sobre la DCFTA también prevé la creación de un mecanismo de seguimiento de la sociedad civil en el plazo de un año tras su entrada en vigor. El organismo que se cree a este fin deberá trabajar de la manera más estrecha posible con la Plataforma de la Sociedad Civil.

5.   Perspectivas de futuro para la sociedad civil ucraniana y el papel del CESE

5.1

El CESE ha de promover activamente la consolidación política, social y económica de Ucrania, incluida una solución pacífica del actual conflicto en las regiones de Donetsk y Lugansk. Una vez que la situación en Ucrania se haya estabilizado y se haya desactivado la amenaza de intervención exterior y el conflicto suscitado por las milicias armadas, la situación de la sociedad civil organizada tanto en el seno de las distintas organizaciones como ante las aspiraciones europeas de Ucrania será más clara.

5.1.1

Ucrania se encuentra actualmente inmersa en una profunda transformación política, incluida una reforma constitucional, que puede resultar más profunda que los cambios que siguieron a la Revolución Naranja. Esto puede dar lugar a una reestructuración y un cambio en el estatus de las instituciones ucranianas y las prácticas tanto del diálogo social como del diálogo entre las autoridades y la sociedad civil. Los cambios en la legislación ucraniana deberán facilitar un proceso de este tipo propiciando unas instituciones de diálogo social y civil más integradoras que den pie a verdaderas organizaciones independientes. El CESE seguirá la evolución y las posiciones que adopten nuestras organizaciones socias con respecto a estos cambios.

5.1.2

Tanto antes del comienzo del «Euromaidán» como durante las manifestaciones, se puso en tela de juicio la autenticidad y la independencia de algunas de nuestras organizaciones asociadas. Esto inició un proceso de cambio relativo a la forma en que funcionan algunas organizaciones, que, si no resulta ser un ejercicio superficial, puede empezar a restablecer la confianza de los ciudadanos en estas organizaciones. En particular, algunos sindicatos y organizaciones patronales eran percibidos por la opinión pública y las ONG como parte del establishment, y se les negaba el derecho a formar parte de la sociedad civil.

5.1.3

El CESE está dispuesto a intensificar sus contactos bilaterales con organizaciones asociadas en Ucrania y Rusia, a fin de contribuir a estrechar los vínculos entre sus sociedades civiles como una vía hacia la normalización de las relaciones entre ambos países.

5.2

Las actividades del CESE en Ucrania se basarán en el principio de apoyo al proceso de democratización del país, la integridad territorial y el diálogo civil y social entre todas las partes interesadas con legitimidad pública y representatividad. El CESE se centrará en las relaciones con sus socios naturales, es decir, las organizaciones de la sociedad civil ucraniana.

5.3

El CESE tiene intención de invitar a un espectro lo más amplio posible de la sociedad civil ucraniana a participar en la cooperación, y de incluir también a aquellos que siguen mostrándose escépticos u hostiles ante la reciente transición política y la aproximación a la UE, asegurándose de que no se pase por alto a ninguna organización importante y representativa. La Plataforma Nacional del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental y el Consejo Económico y Social Nacional Tripartito ayudarán a seleccionar a las organizaciones asociadas.

5.4

Se recomienda asimismo intensificar la cooperación sobre una base bilateral entre organizaciones socias en la UE y Ucrania, con especial atención a la creación de capacidades, al intercambio de buenas prácticas y al refuerzo del diálogo social y civil. Cabe la posibilidad de utilizar la cooperación transfronteriza con esta finalidad.

5.5

Aparte de las actividades institucionales basadas en el Acuerdo de Asociación y, a más largo plazo, en la DCFTA, el CESE participará en actividades de información más amplias sobre las consecuencias para Ucrania de la aplicación de los acuerdos, así como sobre la integración europea, el modo de funcionamiento de las instituciones europeas y el acervo comunitario.

5.6

Dada la ausencia de información fiable o simplemente la desinformación a veces difundida en los medios de comunicación, debido a la falta de conocimientos sobre la UE o a la propaganda intensiva de Rusia, es necesario planificar una cooperación regular con los periodistas y las asociaciones de los medios de comunicación.

5.7

La cooperación con organizaciones socias en Ucrania sobre cómo facilitar el acceso a una información fiable y también sobre cómo transmitir dicha información a todas las agrupaciones de la sociedad civil puede resultar crucial para las aspiraciones europeas de Ucrania. En efecto, la experiencia demuestra que la firma, la ratificación y la aplicación de un Acuerdo de Asociación pueden resultar problemáticas y que existen muchos factores internos y externos que pueden cambiar la actitud proeuropea entre las organizaciones de la sociedad civil si no se logra un consenso general, con la participación de todos los grupos sociales.

5.8

Un porcentaje importante de la población de Ucrania nunca ha cruzado sus fronteras, y el país de destino para los que lo hacen es mayoritariamente Rusia. Una de las razones para ello, que representa una molestia considerable para la sociedad ucraniana, es el mantenimiento de la exigencia de visado para visitar los países de la UE. La introducción de procedimientos simplificados para la solicitud de visados es, por supuesto, importante, pero la obligación de obtener un visado antes de viajar a la UE no genera confianza y hace que sea mucho más difícil fomentar los contactos entre los ciudadanos.

5.9

El euroescepticismo y la falta de entusiasmo de algunos sectores de la sociedad ucraniana para estrechar sus vínculos con la UE se deriva de la ausencia de perspectivas de adhesión. En el momento actual, no se trata de iniciar las negociaciones de adhesión, pero el hecho de que este asunto no figure de manera persistente y reiterada en la agenda de la UE implica que las reformas basadas en el Acuerdo de Asociación son percibidas por parte de la sociedad como un caro capricho que puede conducir a Ucrania a un callejón sin salida. Este es el caso concreto de la Ucrania oriental, donde se percibe la UE como una amenaza a sus intereses sociales y económicos.

Bruselas, 16 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


III Actos preparatorios

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO

502o Pleno del CESE de los días 15 y 16 de octubre de 2014

15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/54


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Informe sobre la política de competencia 2013

[COM(2014) 249 final]

(2015/C 012/08)

Ponente:

Paulo Barros Vale

El 1 de octubre de 2014, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Informe sobre la política de competencia 2013

COM(2014) 249 final.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 23 de septiembre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 127 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

Como es habitual, el CESE evalúa anualmente el Informe de la Comisión sobre la política de competencia, una política estructuradora de la Unión Europea. El CESE considera positivo el tenor del informe y lo apoya en general, si bien manifiesta su preocupación ante el contexto actual.

1.2

La libre competencia leal, que salvaguarde los intereses de los agentes económicos y de los consumidores, así como el interés público, merece todos los esfuerzos posibles. La contribución de la Comisión es esencial y el CESE acoge con satisfacción los esfuerzos efectuados en el cumplimiento de las normas internas y en la cooperación internacional.

1.3

En este trabajo continuo, se considera esencial la labor de las Autoridades Nacionales de Competencia (ANC), que deben disponer de los medios humanos y materiales que les permitan actuar de forma eficiente y proactiva, en lugar de reactiva como viene siendo habitual. El mayor énfasis en el trabajo preventivo puede evitar diversas situaciones ilegales y destructoras del mercado que tanto afectan en especial a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los consumidores.

1.4

Sin embargo, el CESE considera de sumo interés la adopción de la propuesta de directiva relativa a determinados aspectos de las acciones de indemnización en el ámbito de la defensa de la competencia, cuya transposición y aplicación deberán proseguir con diligencia los Estados miembros; no obstante, lamenta que la Directiva no vaya acompañada de un instrumento jurídico de la misma fuerza vinculante en lo que respecta a un marco jurídico horizontal para la protección colectiva en caso de violación de derechos e intereses colectivos.

1.5

Además de la regulación, habrá que permitir e incentivar la autorregulación, especialmente mediante la celebración de acuerdos entre organizaciones de productores, comerciantes y consumidores, cuyo buen ejemplo en Europa puede y debe seguirse.

1.6

Como quiera que, de acuerdo con el Tratado, no es posible uniformizar las políticas fiscales, la política de competencia deberá garantizar que la fiscalidad cause la mínima distorsión posible en la UE.

1.7

El mercado de la energía debe seguir siendo objeto de una especial atención, ya que el mercado único sigue sin completarse. El refuerzo de una red europea que permita el comercio transfronterizo y la inversión en energías renovables, la cual además de los evidentes beneficios medioambientales permite el acceso a la red de otros productores, deben perseguirse como objetivos para inducir una verdadera competencia en el sector conducente a la reducción de tarifas para las empresas y las familias.

1.8

El libre acceso de los consumidores a todos los mercados es esencial. A ello ha contribuido considerablemente el objetivo de la Agenda Digital de universalizar la banda ancha. Acceder al mercado digital, en el que muchas veces se aplican precios inferiores a los de los mercados tradicionales, permitiría que los consumidores dispusiesen de algunos bienes que, de otra forma, no podrían consumir.

1.9

La cooperación internacional ha sido el centro de muy diversos esfuerzos cuyos resultados son dignos de elogio. Pero no debe olvidarse todo el trabajo que aún queda por hacer. Además de los trabajos bilaterales, hay que dar continuidad a la cooperación con la OMC y la OIT. Europa sigue padeciendo una competencia desleal, dentro de sus fronteras y fuera de ellas, por parte de empresas, públicas y privadas, de terceros países en los que normalmente se conceden ayudas estatales ilegales (sobre todo en el área de la energía), en los que las normas medioambientales son más permisivas y en los que no rigen las mismas normas laborales (muchas veces en claro incumplimiento de las normas más básicas de los derechos humanos).

2.   Contenido del informe de 2013

2.1

El año 2013 se vio marcado por algunas señales de recuperación económica en Europa. El aumento de la confianza y de la competitividad sigue siendo el objetivo de las acciones políticas europeas para fomentar el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, objetivo central de la Estrategia Europa 2020.

2.2

En el informe se cita una conclusión del estudio de 2013 del Parlamento Europeo sobre la política de competencia, que demuestra su importancia para la consecución de tal objetivo «[…]la política de competencia, que intensifica la competencia, estimulará el crecimiento».

2.3

El informe está estructurado en ocho partes: Fomentar la competitividad mediante la lucha contra los cárteles; Garantizar la efectividad de la ejecución de la normativa de defensa de la competencia y del control de las concentraciones en interés de empresas y consumidores; Modernización de las ayudas estatales para encauzar los recursos públicos hacia objetivos que incrementen la competitividad; Promover un sector financiero justo y estable para apoyar la economía real; Energía: el sector en el que se necesita «Más Europa»; Ejecución de las normas de competencia en la economía digital para respaldar la Agenda Digital para Europa; Cooperación internacional en política de competencia para responder a los retos de la globalización; Diálogo en materia de competencia con las demás instituciones.

3.   Observaciones generales

3.1

Las pymes son indiscutiblemente el pilar para la recuperación económica en Europa. Pero por sus dimensiones también son las más vulnerables a las prácticas abusivas de posición dominante que, en muchos casos, las condenan a la desaparición. La cuestión del abuso de la posición dominante debe ser objeto de una especial atención en la política de competencia, sobre todo en el caso de los abusos perpetrados por los grandes grupos de distribución que paulatinamente han acabado por destruir a los pequeños proveedores y al pequeño comercio y, en última instancia, han condicionado los intereses de los consumidores. Si bien se acoge favorablemente y se considera de suma importancia la Directiva relativa a las acciones de indemnización basadas en las infracciones a los artículos 101 y 102 del TFUE, la prevención de esas mismas infracciones asume aún una mayor importancia y merece una cuidadosa reflexión para que las acciones preventivas sean eficaces.

3.2

El CESE considera que el trabajo de las ANC deberá obedecer a una actitud más proactiva, en lugar de reactiva como sucede en la mayoría de los casos en que solo intervienen a raíz de las denuncias de operadores o consumidores. La supervisión de algunas negociaciones, que en realidad deberían llamarse imposiciones, podría contribuir a prevenir ciertos abusos de posición dominante. Una gran mejora en el intercambio de información pertinente dentro de la cadena de producción es condición esencial para el necesario progreso.

3.3

También los sectores muy condicionados por los precios de las materias primas deben ser objeto de una especial atención por parte de las ANC, ya que, muchas veces, el aumento del precio de las materias primas (o el simple amago de aumento) se repercute en el precio final casi de inmediato, mientras que su reducción no produce el efecto contrario.

3.4

El CESE hace hincapié en la necesidad de que la política de competencia aborde los problemas del mercado de la contratación pública que, en la mayoría de los casos, sigue siendo un mercado bastante cerrado. En efecto, el mercado de la contratación pública sigue siendo un mercado fragmentado al que solo unos pocos consiguen acceder, a pesar de los trabajos en curso para que los contratos públicos puedan hacerse íntegramente de manera electrónica. La escasa competencia es lesiva para el interés público, pues la falta de alternativas no deja a los entes públicos margen de maniobra, por lo que la elección recae una y otra vez en los mismos, dando lugar, en algunas ocasiones, a relaciones demasiado próximas entre las empresas y el poder político.

3.5

Tampoco hay que olvidar la posición vulnerable frente a la competencia de las empresas con actividad en las regiones insulares y periféricas en las que el coste del transporte para acceder a otros mercados impide una sana competencia con los otros operadores. En estos casos se podría tratar de encontrar mecanismos que faciliten el acceso de las empresas a los mercados centrales promoviendo la sana competencia de todos en la UE.

3.6

Asimismo, considera de vital importancia la competencia a la que están sujetas las empresas europeas, tanto dentro de sus fronteras como en los otros mercados, por parte de empresas, públicas y privadas, de terceros países, protegidas por ayudas estatales ilegales que les confieren ventajas competitivas, normas medioambientales favorables y una legislación laboral permisiva que, muchas veces, no respeta los derechos humanos fundamentales ni los derechos de los ciudadanos y consumidores. El mantenimiento de los esfuerzos de cooperación internacional, dentro de la OMC y de la OIT, así como fuera de ellas, deben seguir siendo la prioridad de la diplomacia en la lucha contra esas desigualdades, para abordar el problema de la competencia e ir más allá en la defensa de los derechos humanos.

4.   La promoción de la competitividad por la lucha contra los cárteles y la legislación en materia de defensa de la competencia

4.1

La lucha contra los cárteles asume una especial importancia en la actividad de la política de competencia. Por ello se acogen favorablemente los esfuerzos que la Comisión ha venido haciendo para combatir esta práctica que afecta a toda la economía. Las actividades emprendidas en los mercados financieros, y muy especialmente en el mercado de las materias primas e intermedias, en los que la variación de los precios condiciona no solo el mercado interior, sino también la capacidad competitiva de Europa a nivel global, son esenciales para el crecimiento, en un momento en el que resulta imprescindible la conquista de nuevos mercados. Cabe subrayar la identificación y la imposición de sanciones a empresas participantes en tres cárteles en el sector de los cables, los derivados financieros y las gambas, así como el pliego de cargos a varios proveedores de circuitos integrados para tarjetas inteligentes.

4.2

El CESE ha apoyado los trabajos en el ámbito de la legislación en materia de defensa de la competencia, pues considera que son esenciales para la política de competencia. Y ahora quiere apoyar de nuevo el trabajo de la Comisión que ha contribuido a desincentivar la fragmentación artificial del mercado interior y celebrar la conclusión del proceso de defensa de la competencia sobre el proceso de normalización de los pagos por internet y el pliego de cargos dirigido a bancos por haber coordinado su comportamiento para impedir el acceso de las sociedades bursátiles al mercado CDS (permutas de cobertura por incumplimiento crediticio) y muy especialmente por la conclusión de la investigación de los asuntos de defensa de la competencia relativos a los tipos de referencia Libor, Euribor y Tibor, que vienen a aumentar la seguridad en el mercado.

4.3

El año 2013 se vio marcado por la adopción de una propuesta de Directiva sobre las acciones de indemnización en el ámbito de la defensa de la competencia. El CESE se pronunció a favor de ese documento, que combate las disparidades entre las legislaciones nacionales y las desigualdades de trato de las víctimas e infractores, protegiendo jurídicamente a los consumidores, que es una preocupación recurrente en los dictámenes de este Comité.

4.4

Si bien el CESE está a favor de la uniformización, emitió ciertas reservas en el sentido de que el texto puede ser demasiado favorable a las empresas infractoras que se benefician de programas de clemencia, a pesar del reconocido valor de este instrumento en la detección de cárteles secretos. Asimismo, recomendó una aproximación entre la propuesta de Directiva y la Recomendación sobre los recursos colectivos, lamentando que «la propuesta disocie el establecimiento de un procedimiento de acción colectiva en materia de competencia, que debería haber sido un dispositivo eficaz para los consumidores, y que se remita a una recomendación, que no tiene carácter vinculante, animando a los Estados miembros a dotarse de mecanismos de recurso colectivo» (1).

4.5

El CESE es favorable a la continuidad del trabajo de coordinación entre la Comisión y las Autoridades Nacionales de Competencia y la Red Europea de Competencia. Asimismo, pide que se haga más hincapié en el intercambio de información pertinente entre las diversas entidades. Sin embargo, quiere manifestar su preocupación por la dificultad de algunas ANC para conseguir ejercer efectivamente un poder regulador en ciertos sectores en los que se mantienen los comportamientos colusorios o abusivos en un clima de total impunidad.

4.6

La política de competencia deberá incluir la articulación con las demás DG para combatir eficazmente las acciones concertadas y los abusos de posición dominante que no respeten el cumplimiento de las normas sociales, medioambientales y de seguridad de productos, y que impiden la entrada de nuevos operadores en el mercado, en manifiesta posición de inferioridad.

5.   Modernización de las ayudas estatales

5.1

El CESE acoge favorablemente el proceso de modernización de las ayudas estatales, alineándolas con las iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020. La buena aplicación de las ayudas estatales que apoyen la política de cohesión y se dirijan a sectores que sirvan para el desarrollo de Europa es esencial. Los recursos públicos, escasos, deben utilizarse de acuerdo con los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020, permitiendo la convergencia de las regiones desfavorecidas, invirtiendo en sectores prioritarios, fomentando la economía y el empleo y facilitando la financiación de las pymes.

5.2

Sin embargo, la modernización de las ayudas estatales no debe olvidar las ayudas a los servicios públicos, que satisfacen necesidades sociales (como la sanidad, la educación y formación, el acceso al mercado de trabajo y la reinserción profesional, la acogida de niños y de personas de edad, el apoyo a grupos vulnerables para su integración social) y no pueden pasarse por alto. Antes habría que considerar las especificidades de sectores al servicio de la población, en los que, a pesar de la importancia de la eficiencia de la asignación de unos recursos cada vez más escasos, debe prevalecer la calidad de los servicios.

5.3

En un contexto de gran movilidad, hay que estudiar la hipótesis de la libertad de elección de los prestadores de servicios del sector de la sanidad, estudiando hipótesis que, sin cuestionar la calidad del servicio y la defensa de los más desfavorecidos, puedan evitar que los usuarios estén sujetos al poder discrecional del Estado o de las compañías de seguros. Esta cuestión es tan importante que merece ser objeto de un dictamen de iniciativa para tratarlo en profundidad.

5.4

El CESE ya se pronunció a favor de la modernización de la política de la UE en el ámbito de las ayudas estatales. Apoya en particular nuevas orientaciones relativas a las ayudas sobre los regímenes de comercio de los derechos de emisión de CO2 que previenen la deslocalización de las industrias a países en los que la legislación es más favorable. Sin embargo, lamenta que no se haya acatado la recomendación de aumentar el límite de ayuda de minimis a 5 00  000 euros, en lugar de los 2 00  000 euros actuales, a semejanza de lo que sucedió en el caso de los servicios económicos de interés general (SIEG) (2).

6.   La competencia a nivel sectorial

6.1   Equidad y estabilidad del sector financiero

6.1.1

Son conocidas las dificultades que el sector financiero está experimentando y sus consecuencias para la financiación de la economía real y la confianza en los mercados financieros. Se han hecho varios esfuerzos paras recuperar la confianza y aumentar la transparencia, reduciendo los riesgos sistémicos. Las ayudas estatales temporales al sector financiero lo han salvado del colapso, pero las noticias de nuevos escándalos que perturban un equilibrio muy débil parecen surgir siempre que aparecen señales de recuperación. Por ello, es de la mayor importancia que la supervisión del sector siga sometida a un control riguroso a fin de prevenir comportamientos irresponsables de las instituciones financieras, estén intervenidas o no.

6.1.2

A pesar de la fragilidad del sector, hay que dar continuidad a los procesos de investigación de las prácticas ilegales en curso, aunque no parezcan surtir gran efecto sobre los gigantes financieros que insisten en comportamientos penalizadores del mercado.

6.1.3

Cabe subrayar la propuesta de reglamento relativo a las comisiones interbancarias sobre los pagos con tarjeta, reclamada desde hace mucho tiempo y que vendrá a poner justicia en el espacio europeo al armonizar los costes de la utilización de las tarjetas.

6.2   El sector de la energía

6.2.1

Sigue sin completarse el mercado único de la energía. El precio de la energía sigue siendo elevado con un peso significativo en los presupuestos de las empresas y de las familias. La liberalización del mercado aún no ha conseguido reforzar la competencia y transparencia, y Europa sigue sufriendo las desventajas del elevado coste energético frente a los demás competidores mundiales. Incluso el suministro de energía transfronteriza merece una atención especial para asegurar el libre mercado interior.

6.2.2

El actual consenso sobre la necesidad de una política energética común, la inversión en infraestructuras, el aumento de la eficiencia energética y el recurso a energías renovables, debe aprovecharse en pro del desarrollo del sector de la energía. En efecto, las energías renovables no consiguen competir en pie de igualdad con las energías fósil y nuclear, que siguen siendo subvencionadas directamente por los presupuestos públicos e indirectamente por no internalizarse los costes medioambientales ni el impacto de su utilización en la salud. Las energías renovables aún se encuentran en una fase de desarrollo algo embrionaria, y merecen un mayor apoyo que les permita competir en un mercado justo.

6.2.3

Por otra parte, las energías renovables no deben ser vistas solo como una nueva fuente de energía. Su desarrollo brinda nuevas oportunidades al establecimiento de un modelo descentralizado de producción de energía en el que los ciudadanos y los entes locales puedan ser, al mismo tiempo, productores y consumidores. Este nuevo modelo merece ser apoyado con el establecimiento de un marco regulador apropiado que asegure el fácil acceso de los pequeños productores de electricidad a la red (3).

6.2.4

Las conexiones europeas en el área de la energía se consideran esenciales en la perspectiva de la política de competencia. La fragilidad de Europa en términos energéticos se hace notar con el reciente conflicto de Ucrania, que puede poner en peligro el suministro de gas al centro de Europa. Conectar los sistemas de energía existentes en la Península Ibérica a los países del centro de Europa no solo dejaría de colocar al mercado ibérico al margen del resto de la UE, sino que evitaría los problemas de la falta de suministro a partir de Rusia.

6.2.5

La reforma de la política europea de la energía es esencial, sobre todo en un momento en el que se preparan acuerdos comerciales con los Estados Unidos de América, en los que los costes de la energía son manifiestamente inferiores, lo que de entrada coloca a las empresas europeas en condiciones de desventaja.

6.3   La economía digital

6.3.1

Este es un sector particularmente vulnerable a las prácticas ilegales de la competencia, ya que es posible que las empresas de alta tecnología, sumidas en procesos constantes y rápidos de innovación, no tengan capacidad para esperar una decisión en los plazos de un procedimiento normal y acaben por desaparecer.

6.3.2

El CESE reitera su apoyo a las orientaciones en materia de ayudas estatales a la red de banda ancha, ya que sirven los objetivos de la Agenda Digital.

6.3.3

El mercado único de las telecomunicaciones sigue sin alcanzarse. A pesar de registrarse una reducción de las tarifas, siguen siendo elevadas en detrimento de las empresas y las familias. La disminución progresiva de las tarifas de itinerancia que culminará con su eliminación a finales de 2015, es un paso elogiable, pero hay que hacer hincapié en la reducción real de las demás tarifas y la puesta a disposición universal de una banda ancha de calidad. El CESE reafirma su convicción de que el establecimiento de un regulador único en la UE podría contribuir a conseguir estos objetivos.

6.3.4

Cabe prestar especial atención a la universalización de la banda ancha, ya que, sobre todo los hogares de familias con renta baja aún carecen de acceso. Y ello aleja del mercado digital a muchos ciudadanos que no pueden acceder a los mercados en los que los precios son, en muchos casos, ventajosos.

6.3.5

El CESE apoya los trabajos desarrollados en relación con las patentes esenciales porque contribuyen a combatir el abuso de posición dominante.

7.   Cooperación internacional

7.1

El CESE acoge con satisfacción el inicio de las negociaciones con Estados Unidos sobre un Acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio de Inversión y con Japón para un acuerdo de libre comercio, así como el desarrollo de diálogos de alto nivel con representantes de algunas autoridades de competencia de terceros países. También es importante la firma del acuerdo de cooperación con Suiza, que permitirá el intercambio de información entre las autoridades de competencia y que podrá facilitar algunos procesos, futuros y en curso, de investigación.

7.2

La competencia desleal de terceros países en los que no se respetan las normas más elementales ni los principios y derechos básicos sociales y medioambientales, pone en peligro el comercio exterior justo. Habrá que desarrollar la cooperación internacional al más alto nivel y en el ámbito de la OMC y de la OIT para garantizar no solo los derechos humanos, sino también las prácticas leales de competencia.

7.3

La globalización es una realidad y las exportaciones son esenciales para el crecimiento europeo. Conviene armonizar las prácticas para que la UE pueda competir en igualdad de condiciones en mercados en los que se mantiene la concesión de ayudas estatales ilegales o una legislación laboral ineficaz.

8.   Diálogo interinstitucional

8.1

Si bien la Comisión es plenamente competente por lo que respecta a la política de competencia, la DG de Competencia y su comisario siguen manteniendo un estrecho diálogo con el Parlamento Europeo. También se ha informado al CESE y el CDR sobre los trabajos de la DG de Competencia, con la presencia de funcionarios en las reuniones de las secciones y de los grupos de estudio.

8.2

El CESE se alegra de seguir cooperando con la Comisión. Sin embargo, hace hincapié en que la cooperación se puede mejorar, estrechando las relaciones entre las instituciones con un trabajo más permanente de acompañamiento que implique la participación de un grupo constituido por el CESE en la elaboración del informe final, lo que permitirá una respuesta más rápida de este Comité al trabajo de la Comisión.

Bruselas, 15 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  DO C 67 de 6.3.2014, p. 83.

(2)  DO C 67 de 6.3.2014, p. 74.

(3)  DO C 226 de 16.7.2014, p. 1.


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/60


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la difusión, con fines comerciales, de datos procedentes de satélites de observación de la Tierra

[COM(2014) 344 final — 2014/0176 (COD)]

(2015/C 012/09)

Ponente:

Thomas McDonogh

El 17 de julio de 2014, el Parlamento Europeo, y el 18 de julio de 2014, el Consejo de la Unión Europea, de conformidad con el artículo 114, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, decidieron consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la difusión, con fines comerciales, de datos procedentes de satélites de observación de la Tierra

COM(2014) 344 final — 2014/0176 (COD).

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 23 de septiembre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 151 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El asunto de la propuesta de Directiva es de crucial importancia para la Unión Europea. El futuro de los intercambios comerciales en el mundo y el bienestar de los ciudadanos europeos dependerán de forma sustancial del control y la explotación de los datos sobre el mundo en que vivimos. En la actualidad, la generación y el control de estos datos está en gran medida en manos de los Estados Unidos y otros países fuera de la UE. Resulta esencial que la Unión Europea potencie su programa espacial y la producción y difusión de los datos de observación de la Tierra, de modo que pueda pasar de su posición rezagada a una posición de liderazgo en esta industria de enorme importancia.

1.2

El Comité apoya encarecidamente el establecimiento de un marco reglamentario claro que permita facilitar el desarrollo de la industria espacial en Europa y la explotación de los datos de observación de la Tierra, a fin de respaldar el crecimiento sostenible y el bienestar de los ciudadanos europeos. Por este motivo, acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre la propuesta de Directiva relativa a la difusión, con fines comerciales, de datos procedentes de satélites de observación de la Tierra.

1.3

Asimismo, el Comité acoge positivamente esta propuesta en el contexto más amplio de la política espacial europea, que tiene una importancia vital para la prosperidad y seguridad de Europa en el futuro y la consecución del objetivo de crecimiento inteligente, sostenible e integrador formulado en la Estrategia Europa 2020 (1).

1.4

Por otra parte, el Comité coincide con la Comisión en la necesidad de una Directiva para establecer un marco jurídico transparente, justo y coherente, que permita el adecuado funcionamiento y desarrollo del mercado interior de los productos y servicios espaciales, en particular para crear un marco común para la distribución de los datos satelitales de alta resolución (DSAR).

1.5

El Comité se muestra satisfecho con las disposiciones de la Directiva, cuyo propósito es crear un estándar europeo para la explotación comercial de los DSAR.

1.6

No obstante, el CESE opina que el desarrollo de la industria espacial comercial en Europa ha sido demasiado lento, y que podrían haberse creado ya más puestos de trabajo y más prosperidad sobre la base de la tecnología espacial y los datos de observación de la Tierra. El Comité insta a la Comisión a acelerar el desarrollo de políticas y de un marco legislativo sobre el espacio que permita impulsar la seguridad, sostenibilidad y desarrollo económico del sector espacial y asegurar el funcionamiento adecuado del mercado interior de los productos y servicios espaciales.

1.7

El Comité está convencido de que esta política debe respaldar en mayor medida a las pymes de los veintiocho Estados miembros de la Unión que intentan competir y crecer en el mercado de los datos de observación de la Tierra. El Comité aprobaría, en particular, la adopción de políticas destinadas a suprimir los obstáculos no razonables existentes en el mercado interior en relación con la magnitud financiera mínima, que perjudican especialmente a las pymes.

1.8

El CESE pide que se presenten propuestas para instituir una política de contratación espacial europea a fin de desarrollar el sector comercial espacial, que depende en gran medida de la contratación pública.

1.9

Asimismo, solicita que las políticas fomenten la formación de más ingenieros, profesionales de las TIC y graduados en ciencias empresariales orientados a la industria espacial, en particular en los mercados en rápida expansión de los proveedores y distribuidores de datos, proveedores de servicios de valor añadido y proveedores de servicios de geoinformación.

1.10

El Comité reconoce que la seguridad tiene una importancia vital para los ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo, el CESE considera que, sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva, una política de seguridad común europea más amplia contribuiría, entre otras cosas, a evitar que unos pocos Estados miembros ejerzan un control extremadamente restrictivo de los DSAR.

1.11

El CESE pide asimismo al Consejo que colabore de forma armoniosa en el desarrollo y fomento de una política espacial europea, lo que permitiría impulsar la paz, la seguridad y el crecimiento económico gracias a la aplicación de un enfoque abierto y colaborativo al desarrollo y la explotación de la tecnología espacial y los datos que genera.

1.12

El Comité llama la atención de la Comisión sobre sus dictámenes anteriores sobre la política espacial (2).

2.   Propuesta de Directiva

2.1

La propuesta de Directiva trata el tema de la difusión con fines comerciales dentro de la Unión de datos procedentes de satélites de observación de la Tierra, en particular la cuestión de la definición y el control de los DSAR como una categoría diferente de datos, que requiere un régimen legislativo diferenciado cuando se difunde con fines comerciales.

2.2

Los DSAR se utilizan en el suministro de productos y la prestación de servicios geoespaciales, cuyo mercado se halla en plena expansión. Los DSAR se han hecho indispensables para la vigilancia del medio ambiente, la planificación urbana, la gestión de los recursos naturales y la gestión de catástrofes y emergencias.

2.3

Por otra parte, los DSAR también son importantes para la seguridad y defensa de los Estados miembros, por lo que su producción y difusión por parte de operadores comerciales están reguladas por los Estados en los que están registrados. Por este motivo, no existe un enfoque común en las legislaciones nacionales relativo al tratamiento de los DSAR ni de los productos y servicios derivados de ellos. El resultado es que Europa cuenta con un marco legislativo fragmentado, caracterizado por la falta de coherencia, transparencia y previsibilidad, que impide que el mercado desarrolle todo su potencial.

2.4

El objetivo de la propuesta de Directiva es garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior de los productos y servicios derivados de los DSAR por medio del establecimiento de un marco jurídico coherente para la distribución de estos datos y de un nivel adecuado y suficiente de información sobre la accesibilidad de los DSAR con fines comerciales, y facilitar la competencia entre proveedores de datos mediante el establecimiento de un marco jurídico transparente, previsible y equitativo en todos los Estados miembros, al mismo tiempo que se garantiza la libre circulación de estos datos en toda la UE.

2.5

Se pretende que la aplicación de la Directiva propuesta tenga importantes efectos positivos al mejorar la transparencia, la seguridad jurídica y la capacidad de previsión de las empresas en relación con la difusión de datos satelitales. Se prevén efectos beneficiosos para la creación de empresas y el crecimiento empresarial, la venta de datos de observación de la Tierra y la competitividad internacional. Además del crecimiento directo del empleo en las empresas de distribución de datos y servicios de valor añadido y las empresas proveedoras de datos, es probable que haya un crecimiento del empleo en otros niveles de la cadena de valor (como las empresas usuarias de DSAR y los fabricantes y operadores de satélites), como resultado de unos servicios de mayor calidad y unos precios más competitivos. Se espera asimismo un crecimiento adicional del empleo indirecto, ya que la creación de un nuevo puesto en la industria espacial genera hasta cinco nuevos puestos en otros sectores.

2.6

Las principales disposiciones de la Directiva son las siguientes:

a)

una definición clara de los DSAR basada en los parámetros técnicos esenciales para su producción;

b)

una especificación de los procedimientos que deberán seguir los Estados miembros para el análisis y la divulgación de los DSAR con fines comerciales;

c)

el régimen de presentación de informes por los Estados miembros, que permita a la Comisión supervisar de manera satisfactoria el funcionamiento de la Directiva.

2.7

Los Estados miembros deberán transponer la Directiva a sus respectivas legislaciones nacionales a más tardar el 31 de diciembre de 2017.

3.   Observaciones generales

3.1

El desarrollo de la tecnología y los productos y servicios espaciales reviste una importancia crucial para el futuro de Europa. Como ha señalado con anterioridad el Comité: «No se puede sobreestimar la importancia del espacio a la hora de aumentar los conocimientos, la prosperidad, el poder económico y la innovación» (3). Un mercado próspero de las aplicaciones espaciales europeas aportaría beneficios económicos, sociales y medioambientales sustanciales.

3.2

La Unión Europea tiene una capacidad única para desarrollar y fomentar una política espacial, lo que permitiría impulsar la paz, la seguridad y el crecimiento económico gracias a la aplicación de un enfoque abierto y colaborativo al desarrollo y la explotación de la tecnología espacial y los datos que genera.

3.3

Aunque reconoce que la seguridad tiene una importancia vital para la Unión, el CESE considera que, sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva, una política de seguridad común europea más amplia contribuiría, entre otras cosas, a evitar que unos pocos Estados miembros ejerzan un control extremadamente restrictivo de los DSAR.

3.4

Europa necesita una industria espacial comercial dinámica en todos los sectores de la cadena de valor (4), a fin de mantener su acceso independiente a la tecnología espacial y a los datos procedentes de satélites de observación de la Tierra y de desarrollar una industria espacial sólida e independiente.

3.5

La UE ha tardado en exceso en desarrollar políticas y marcos jurídicos destinados a garantizar el funcionamiento adecuado del mercado interior de productos y servicios espaciales e impulsar una industria dinámica de creación y explotación de los datos espaciales. El lento desarrollo de la actividad empresarial relacionada con las aplicaciones espaciales derivadas en Europa implica que los EE.UU., Rusia, China y otros países han tomado la delantera en términos de innovación, creación de riqueza y posición en el mercado global.

3.6

Europa necesita una estrategia comercial proactiva para desarrollar su tecnología, productos y servicios espaciales en un mercado global en rápido crecimiento. Esta estrategia debe acordarse y coordinarse a nivel europeo para garantizar la supresión de los obstáculos al desarrollo en el interior de la UE.

3.7

La estrategia comercial debe incluir un marco regulador coherente y estable, una base industrial sólida, incluida una base sustancial de pymes, competitividad y eficiencia desde el punto de vista de los costes, mercados de aplicaciones y servicios y un acceso tecnológico independiente al espacio y la tecnología, los productos y los servicios espaciales. Estos requisitos están respaldados de forma explícita por la política de la UE sobre industria espacial (5).

3.8

Para garantizar la existencia de una industrial espacial comercial sólida en Europa, es preciso que la Unión respalde a una masa crítica de empresas europeas, desde pymes hasta amplias organizaciones globales, que operen en el desarrollo y la explotación de productos y servicios basados en datos satelitales.

3.9

Se necesitan políticas que fomenten la formación de más ingenieros, profesionales de las TIC y graduados en ciencias empresariales orientados a la industria espacial, en particular en los mercados en rápida expansión de los proveedores y distribuidores de datos, proveedores de servicios de valor añadido y proveedores de servicios de geoinformación.

3.10

El desarrollo del sector espacial comercial depende en gran medida de la contratación pública. La adopción de una normativa que instituyese una política de contratación pública espacial supervisada a nivel de la UE resultaría beneficioso para el sector.

4.   Observaciones específicas

4.1

El Comité reconoce que la seguridad tiene una importancia vital para los ciudadanos de la Unión Europea. Sin embargo, un control excesivamente restrictivo de los DSAR por parte de unos pocos Estados miembros está inhibiendo en gran medida el desarrollo de un mercado comercial europeo de datos de observación de la Tierra y permitiendo que los competidores de terceros países se aprovechen de esta situación.

4.2

Falta información adecuada sobre el tamaño y la actividad de la industria europea implicada en el desarrollo de aplicaciones y servicios derivados de datos satelitales. Debería llevarse a cabo un estudio en las diferentes partes de la cadena de valor implicadas en el desarrollo de aplicaciones espaciales derivadas. El hecho de disponer de datos apropiados sobre el potencial de los diferentes sectores en términos de creación de empleo y riqueza constituiría un estímulo para el mercado y se traduciría en un mayor respaldo político.

4.3

En comparación con los EE.UU., que se beneficia de un mercado único, el mercado de los DSAR de la UE está insuficientemente desarrollado. La sólida posición de las industrias estadounidenses de observación de la Tierra se basa en sistemas satelitales técnicamente avanzados, un marco regulador claro y una importante demanda de DSAR comerciales y servicios relacionados por parte del sector público. Además, los competidores estadounidenses se benefician de las sinergias de gran eficacia creadas entre los sectores civil y militar en relación con la I+D. A la fuerte competencia estadounidense se suman las de la India, China, Canadá, Corea y Taiwán, que ofrecen DSAR en el mercado europeo a través de distribuidores de datos.

Bruselas, 15 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  Europa 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, COM(2010) 2020.

(2)  DO C 67 de 6.3.2014, p. 88DO C 327 de 12.11.2013, p. 38DO C 341 de 21.11.2013, p. 29; DO C 299 de 4.10.2012, p. 72; DO C 43 de 15.2.2012, p. 20; DO C 44 de 11.2.2011, p. 44DO C 339 de 14.12.2010, p. 14DO C 162 de 25.6.2008, p. 24.

(3)  CCMI/115 — CES2861-2013, punto. 3.1.

(4)  La cadena de valor incluye a operadores de satélites, proveedores de datos, distribuidores de datos (distribución de DSAR procedentes de operadores de satélites y proveedores de datos tanto de la UE como de terceros países), proveedores de servicios de valor añadido, proveedores de servicios de geoinformación, institutos de investigación, gobiernos y clientes.

(5)  COM(2013) 108 final.


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/64


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativo a la gobernanza de las estrategias macrorregionales

[COM(2014) 284 final]

(2015/C 012/10)

Ponente:

Sr. Baráth

El 20 de mayo de 2014, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativo a la gobernanza de las estrategias macrorregionales

(COM(2014) 284 final).

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 25 de septiembre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre de 2014), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 148 votos a favor, y 4 abstenciones el presente dictamen.

1.   Dictamen y recomendaciones

1.1

El informe, que es de actualidad, se ha elaborado sobre la base de la posición del Consejo de Asuntos Generales. Tiene como finalidad reforzar la gobernanza de las estrategias macrorregionales y, a tal fin, proporciona orientaciones importantes para mejorar la planificación de las estrategias y la gobernanza de su aplicación.

1.2

El CESE considera necesario que la política macrorregional se convierta en una política de pleno derecho de la Unión Europea.

1.3

En el caso de las estrategias macrorregionales, cabe lamentar que, debido a la naturaleza del ejercicio, el concepto de «gobernanza» en el informe comprenda exclusivamente la cooperación de carácter político, institucional y vinculada a la organización administrativa.

1.4

El informe de la Comisión no confiere más que un papel totalmente subalterno a los «interlocutores». Ni siquiera menciona a los medios económicos y sociales y solo se refiere a los agentes de la sociedad civil en su calidad de partes interesadas que serán informadas.

1.5

El Comité considera que es necesario elaborar un nuevo modelo de gobernanza en el que participen los interlocutores económicos y sociales.

1.6

Cabe señalar que, si bien a nivel europeo, el CESE es un órgano de cooperación llamado a emitir un dictamen, a nivel intermediario macrorregional o regional no se plantea en absoluto una relación de asociación, ni en la elaboración de la estrategia ni en el marco del proceso decisorio.

1.7

Esta laguna es particularmente evidente por lo que respecta a la aplicación, en la que las principales partes interesadas deberían ser los agentes económicos y la sociedad civil. La eficacia y eficiencia de la aplicación dependen en gran medida de la participación previa de los interlocutores, que deben estar bien informados y dar su visto bueno, así como de que se tenga en cuenta su experiencia en el proceso de elaboración de la estrategia. El nuevo modelo recomendado podría considerarse prometedor desde el punto de vista del «valor añadido europeo» que cabe esperar.

1.8

El CESE señala que las experiencias macrorregionales en curso en el marco de la Estrategia para el Atlántico y de la región mediterránea son buenos ejemplos de la fuerza que reside en la cooperación en asociación.

1.9

El CESE estima que el Grupo de Alto Nivel, cuyos miembros proceden de los veintiocho países de la UE, brinda una excelente oportunidad para diluir la gobernanza de la Unión, demasiado centralizada y administrativa, y completarla con un órgano «estratégico» conforme con la noción, prácticamente descuidada, de subsidiariedad, velando por una aplicación coherente del principio de asociación.

1.10

Convendría, sobre todo, que la política de desarrollo de nivel macrorregional sea parte integrante de la política paneuropea. Para ello convendría proceder, a nivel europeo, a la evaluación de las «actuales» relaciones macrorregionales que funcionen bien, tanto desde el punto de vista territorial como sectorial.

1.11

El CESE recomienda pasar revista a los desafíos y posibilidades de nivel macrorregional cuyo fomento y explotación podrían contribuir a los esfuerzos de desarrollo del tipo del Mecanismo «Conectar Europa» y, por ende, a reforzar la integración europea.

1.12

El CESE aprueba la concentración de los recursos y la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia. Pero señala que el análisis no se centra en las cuestiones vinculadas a la mensurabilidad de la aplicación de las estrategias y de los planes de acción. El análisis no se refiere a los indicadores cuantitativos y cualitativos que son indispensables para establecer la relación entre inversión y resultado, es decir, el «valor añadido». Los «puntos de contacto técnicos» (technical points) podrían tener como misión establecer un sistema de seguimiento uniforme y preparar las evaluaciones ex-ante y ex-post.

1.13

El CESE considera que los organismos de diferentes niveles y de composición compleja, así como algunos foros, pueden contribuir en gran medida a reforzar la identidad europea de la sociedad civil y de los agentes económicos, sociales y políticos. Podría tratarse de una sólida contribución al desarrollo del modelo europeo, conscientemente edificado también a partir de «la base».

1.14

Conviene definir más precisamente, desde un punto de vista jurídico e institucional, lo que significa la «gobernanza» en materia de elaboración y aplicación de las estrategias macrorregionales.

1.15

El CESE opina que la regla de los «tres noes» ya es obsoleta: las perspectivas financieras prevén recursos a medio plazo (2014-2020), se ha puesto en marcha un sistema administrativo e institucional para facilitar la gestión y el marco estratégico común incluye la regulación necesaria.

1.16

Manteniendo la posibilidad de elegir libremente las formas de organización, pero en aras de una mejor coordinación y para garantizar la «masa crítica» de los próximos pasos, cabe prever recursos adicionales que actúen como catalizadores y puedan crear sinergias entre las intenciones y los recursos de los agentes nacionales, regionales y locales.

2.   Introducción

2.1

En su análisis, la Comisión señala que las dos estrategias macrorregionales adoptadas hasta ahora y que ya están dando sus frutos (las estrategias para el mar Báltico y para el Danubio) demuestran «sobre el terreno» las expectativas en materia de valor añadido. Se han adoptado importantes decisiones comunes, se han podido movilizar recursos hasta ahora inutilizables, por ejemplo, en los ámbitos de la protección del medio ambiente, de la navegabilidad, de la protección contra las riadas y del mantenimiento de la calidad del agua.

2.2

Las dos cooperaciones macrorregionales lanzadas recientemente pueden basarse en la experiencia adquirida hasta el momento. Por lo que respecta a la región del Adriático y del Jónico y el Espacio Alpino, se han revelado importantes desequilibrios en el plan de urbanización y desarrollo económico y social. El análisis también se refiere a la utilización de la experiencia adquirida a lo largo de la costa atlántica.

2.3

Según el CESE, la cuestión central a la hora de preparar y aplicar las estrategias macrorregionales es la de la buena gobernanza, en armonía con las misiones específicas.

2.4

En su análisis, la Comisión distingue tres ámbitos en relación con la gobernanza, que constituyen las claves del éxito:

el liderazgo político (orientación y estructura de la gobernanza), la «apropiación» (ownership), la importancia de la relación de identidad con la estrategia, la comunicación y la obligación de rendir cuentas;

la coordinación, como instrumento de aplicación de la estrategia; y

la gestión del proceso de aplicación, los planes de acción que determinan la ejecución cotidiana de las tareas, la cooperación y su apoyo.

2.5

El análisis de la Comisión describe el concepto de gobernanza como una actividad que, en general, determina cómo se alcanzan los resultados. Sin embargo, hay que señalar a este respecto que el liderazgo político y las organizaciones que intervienen en la aplicación de la estrategia son de naturaleza muy distinta y que, por tanto, el concepto de apropiación se refiere igualmente a ambos tipos de agentes.

2.6

El CESE considera que la elaboración y la aplicación de las estrategias macrorregionales requieren un sistema de gobernanza específico, basado en la cooperación y la coordinación, y en cuyo marco puede y debe crearse un vínculo entre, por una parte, la apropiación de los diferentes programas, proyectos y acciones y, por otra, cada actividad concreta y cada agente responsable de su ejecución. Gracias a un sistema de estas características, las diferentes actividades podrán ser eficaces, eficientes y mensurables.

2.6.1

El análisis confirma que las estrategias macrorregionales ofrecen un marco específico para la cooperación, en un territorio geográfico dado, entre la Unión Europea, los Estados miembros, sus regiones y algunos terceros países. Los instrumentos de aplicación de las estrategias son los planes de acción, que garantizan una posibilidad de participación a nivel económico y social.

2.7

La cumbre de la estructura de gobernanza la ocupa el Grupo de Alto Nivel, que dirige los trabajos de los «coordinadores de ámbitos de acción prioritarios» (Priority Area Coordinators), los «responsables de las acciones horizontales» (Horizontal Action Leaders), los «coordinadores de pilares» (Pillar Coordinators) y los «comités de dirección» (Steering Groups). Esta estructura institucional (red) se completa con los puntos de contacto nacionales, a fin de reforzar la coordinación a nivel nacional.

3.   ¿Cuáles son los elementos necesarios para mejorar la aplicación de las estrategias macrorregionales?

3.1

El CESE considera que el análisis de la Comisión resume bien los principales ámbitos en los que conviene reforzar la gobernanza. Para garantizar una aplicación eficaz de las estrategias macrorregionales, hay que satisfacer las siguientes condiciones:

una gobernanza política más firme;

además de la definición y adopción de objetivos horizontales, una valorización más evidente de estos últimos a nivel nacional, en el marco de los trabajos internos de los gobiernos.

3.1.1

El CESE considera que se deberían hacer los esfuerzos necesarios para aplicar de manera más intensa las asociaciones a nivel europeo y entre las instituciones europeas.

3.1.2

Hay que procurar que en el desarrollo de la gobernanza participen las organizaciones que, en la región afectada, trabajen a nivel transnacional. Por otra parte, conviene velar por que encuentren un interés en ello.

3.2

Sería beneficioso facilitar el acceso a los diversos recursos disponibles y desarrollar los instrumentos sectoriales, incluidos los destinados al sector privado.

3.3

Las condiciones sine qua non de la aplicación de las estrategias macrorregionales son la previsibilidad, la garantía de un entorno fiable para los agentes clave, el desarrollo constante de las capacidades, una mejor información de la sociedad civil y su participación en la aplicación de los planes de acción, un mayor recurso a los útiles de la administración en línea y de información y comunicación y, en general, el refuerzo de la identidad territorial y regional y una mejor adaptación a la estrategia.

4.   Recomendaciones para el desarrollo de los principales elementos de la gobernanza

4.1

La cooperación entre responsables políticos y estratégicos (liderazgo), los socios de la cooperación y los agentes de la apropiación

4.1.1

El análisis de la Comisión, si bien sugiere mejoras, apoya los actuales marcos de gobernanza. Asimismo, señala que encuentros regulares más frecuentes en los diferentes niveles, desde el estadio de la concepción de la estrategia al de su aplicación, pasando por la elaboración de los planes de acción, no solo permitirían a los principales agentes disponer de una mejor visión de conjunto, sino que también permitirían al nivel político apreciar de manera más fiable, más allá de las declaraciones y con mejor conocimiento de los procesos en juego, el valor del trabajo efectuado.

4.1.2

Una de las principales recomendaciones prácticas se refiere al refuerzo por la Comisión Europea del papel de las estrategias macrorregionales entre las políticas de la Unión, sin por ello invadir la esfera de competencia en cuanto al apoyo y el funcionamiento de estas estrategias.

4.1.3

Podría resultar muy útil organizar encuentros temáticos en torno a los problemas que puedan plantearse en el curso de la elaboración y aplicación de las estrategias. Estos problemas, que tienen repercusiones a nivel europeo, interactúan con las políticas europeas y requieren una coordinación de alto nivel.

4.1.4

Asimismo, el CESE estima necesario reforzar el papel de los puntos de contacto nacionales, ya que constituyen el vínculo entre el nivel político y el de la aplicación. Por otra parte, considera que el nombramiento de un representante especial es una propuesta sumamente importante desde el punto de vista del atento seguimiento y de la evaluación de la aplicación de las diferentes estrategias y de la calidad de los informes que se comunican en las consultas de los responsables o ministros competentes.

4.1.5

El análisis de la Comisión Europea subraya la importancia que cabe conceder a la adhesión de los principales agentes, socios de la cooperación y partes interesadas de los diferentes países y regiones, a la elaboración conjunta de los planteamientos que cabe adoptar, a la de un calendario para los objetivos económicos y su realización, a la regularidad de los debates, a la sensibilización y, en general, a la eficacia de la participación.

4.1.6

El CESE comparte la opinión de que los agentes decisivos son ante todo los responsables nacionales, regionales y locales y la sociedad civil, incluidas las asociaciones de trabajadores y las patronales, los representantes del mundo científico y de la investigación y, globalmente, de las organizaciones del sector no gubernamental.

4.1.6.1

El refuerzo de la participación de estos diferentes agentes es una prioridad, aunque ya existen múltiples buenos ejemplos en la materia, tanto por lo que respecta a los responsables políticos como a los representantes de la sociedad civil.

4.1.7

En cuanto al futuro, el análisis (1) de la Comisión estima particularmente importante el desarrollo de los trabajos llevados a buen término por los foros, una mayor participación de los Parlamentos y de sus comisiones, la contribución de los representantes de la esfera civil en el conjunto de la macrorregión, su participación en una mejor definición de los diferentes objetivos temáticos y de las diferentes misiones, y la consideración de sus dictámenes.

4.1.8

También podría ser muy útil, desde el punto de vista de la elaboración y aplicación de las estrategias, reforzar la cooperación entre la teoría (las universidades) y la práctica (las empresas, las pymes) y desarrollar las relaciones entre estudiantes de diferentes universidades.

4.1.9

Por último, pero no por ello menos importante, es esencial que las delegaciones y las representaciones de la Comisión participen en estos procesos, sobre todo desde el punto de vista de la explotación de los sistemas de información.

4.2   Coordinación

4.2.1

Se está constituyendo el Grupo de Alto Nivel compuesto por representantes de los 28 Estados miembros de la UE, y su primer encuentro anual está en fase de organización. Es una necesidad si se espera reforzar la coordinación a nivel europeo y acordar mejor los procesos cotidianos con los diferentes niveles políticos. Las relaciones con los otros agentes clave también forman parte de las misiones del grupo. A juicio del Comité, el buen funcionamiento del grupo también justifica el establecimiento de una estrategia macrorregional paneuropea.

4.2.2

Al igual que lo que ya hacen los diferentes puntos de contacto, el grupo de alto nivel también tendrá por misión velar por la coherencia entre los recursos financieros destinados a apoyar la aplicación de las estrategias europeas, por una parte, y las estrategias macrorregionales, por otra. Las plataformas llamadas de «coordinación nacional» vienen a completar los marcos institucionales al facilitar los intercambios consultivos entre los diversos agentes ministeriales, regionales y locales, las organizaciones de la sociedad civil, los centros científicos y las partes interesadas.

4.2.3

El análisis de la Comisión subraya el papel de primer orden de los puntos de contacto nacionales en el seno de los marcos de coordinación. Además de sus tareas básicas, como ajustar entre ellos y coordinar los diferentes procesos, asegurar el seguimiento y velar por la circulación de la información entre los órganos decisorios, observar, informar a los agentes políticos, así como, sobre una base anual, a diferentes instituciones como, por ejemplo, los parlamentos afectados por la estrategia macrorregional, los puntos de contacto también se encargan de colaborar en la recopilación de los recursos nacionales y regionales y eventualmente velar por su buena coordinación.

4.3   Aplicación

4.3.1

El CESE está de acuerdo, como subraya el análisis, en que es necesario reforzar significativamente la situación de los agentes encargados de la aplicación tanto en el plano político como en el administrativo, además de aumentar sus recursos financieros y humanos.

4.3.2

La aplicación de las estrategias macrorregionales requiere una coordinación por parte de agentes independientes, reconocidos a escala nacional, bien arraigados en el contexto local y que dispongan de la experiencia necesaria con, en su caso, la ayuda de comités de dirección adaptados al nivel que corresponda.

4.3.3

El CESE comparte la opinión de que el hecho de que la nueva normativa permita también utilizar los fondos europeos para apoyar directamente las estrategias macrorregionales constituye un cambio significativo.

4.3.4

En su análisis, la Comisión afirma que corresponde, ante todo, a los ministros competentes aclarar la situación para los agentes encargados de la aplicación, poniendo a su disposición los medios necesarios. En efecto, no se puede exigir un valor añadido adecuado cuando no se satisfacen las condiciones necesarias para ello.

4.3.5

Los coordinadores constituyen el vínculo entre el nivel político, por una parte, y los proyectos concretos y su aplicación, por otra. En colaboración con los comités de dirección, constituyen la instancia de aplicación verdaderamente competente.

4.3.6

El análisis hace hincapié en la existencia ya a nivel europeo de los correspondientes recursos organizativos y financieros con los cuales es posible, e incluso necesario, evitar los solapamientos y el trabajo por partida doble en la gobernanza, la coordinación y la aplicación. Ello permitirá un ahorro sustancial. Es deseable proseguir el desarrollo de los conocimientos y de las prácticas actuales.

4.3.7

En cuanto a la aplicación, convendría aumentar la frecuencia de los encuentros y reforzar el contenido de la cooperación, así como la coordinación entre los diferentes ámbitos temáticos, procediendo, entre otras cosas, para este último punto, a establecer mejores relaciones en los propios servicios de la Comisión.

4.3.8

La cooperación entre los distintos países y regiones difiere de una macrorregión a otra. Cabe evitar el establecimiento de marcos institucionales demasiado convencionales y seguir más bien el buen ejemplo del Foro Atlántico, constituido para el desarrollo de la costa atlántica, y otras iniciativas innovadoras.

4.3.9

El análisis de la Comisión hace hincapié en una posibilidad susceptible de concretarse en el marco de la cooperación entre los diferentes países y de ofrecer ventajas considerables. El CESE también considera que los llamados «puntos de contacto técnicos» (technical points) pueden contribuir a la circulación de la información, a las tareas de organización, a la preparación de informes, a la difusión de buenas prácticas, a la constitución de los diferentes comités y grupos de trabajo, a la dirección de las sesiones y a la preparación de la documentación en previsión de las mismas.

Bruselas, 15 de octubre de 2014.

El presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  COM(2014) 284 final.


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/69


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) no 604/2013 en lo que se refiere a la determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional de un menor no acompañado que no tenga a ningún miembro de la familia, hermano o pariente presente legalmente en un Estado miembro

[COM(2014) 382 final — 2014/0202 (COD)]

(2015/C 012/11)

Ponente:

Grace Attard

El 3 de julio de 2014, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Parlamento Europeo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) no 604/2013 en lo que se refiere a la determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional de un menor no acompañado que no tenga a ningún miembro de la familia, hermano o pariente presente legalmente en un Estado miembro

COM(2014) 382 final — 2014/0202 (COD).

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 30 de septiembre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 143 votos a favor y 1 en contra el presente dictamen.

1.   Recomendaciones y consideraciones

1.1

El CESE apoya la propuesta de modificación del Reglamento (UE) no 604/2013. No obstante, es necesario desmantelar barreras como la complejidad de los sistemas judiciales, administrativos y de otro tipo en los Estados miembros, la falta de información y el miedo a ser denunciados, de modo que se garantice que ningún menor quede en situación de inseguridad jurídica o se convierta en apátrida.

1.2

El CESE recomienda encarecidamente que el principio del «interés superior del menor» tenga prioridad sobre el resto de normativas nacionales e internacionales.

1.3

El CESE señala que la propuesta objeto de examen no proporciona criterios sobre quién debe fijar el «interés superior del menor» y de qué manera. Esta definición debería respetar las reglas y normas de los convenios internacionales sobre derechos humanos.

1.4

El Comité recomienda que el personal que trabaje con menores no acompañados tenga formación adecuada en materia de derechos de los menores.

1.5

Para evitar los conflictos de intereses y garantizar el trato por parte de personal cualificado, el organismo que determine el interés superior del menor debería ser un organismo independiente no vinculado con las autoridades de inmigración. Lo ideal sería que se tratara del organismo nacional responsable de las cuestiones de protección de la infancia (1).

1.6

El CESE destaca que debería ponerse fin con carácter urgente y prioritario al internamiento de menores, tanto si están acompañados como si no, y con independencia del procedimiento al que estén sujetos.

1.7

A los menores no acompañados y separados de su familia nunca debería denegárseles la entrada a un país, en consonancia con las obligaciones de no devolución derivadas de los derechos humanos internacionales, el derecho humanitario y el derecho de los refugiados.

1.8

El CESE recomienda que la Comisión fije procedimientos uniformes y plazos adecuados y flexibles para los casos contemplados en los artículos 4 ter, 4 quater y 4 quinquies, de modo que entre los Estados miembros se establezcan acuerdos que protejan el interés superior del menor.

1.9

Los términos «informará» y «oportunidad real» tienen que estar claramente definidos para garantizar que el menor esté asistido por trabajadores sociales adecuadamente formados, intérpretes independientes y un representante cualificado que actúe como tutor legal, de modo que pueda comprender las implicaciones de todo el proceso de presentación de una solicitud de protección internacional en cualquier Estado miembro de la UE.

1.10

El CESE considera que un tutor legal debería ser un «representante cualificado» que ha de tener experiencia en el trato con menores y conocimientos del Derecho nacional en materia de extranjería y de la legislación sobre protección de la infancia.

1.11

El CESE insta encarecidamente a los Estados miembros a que garanticen que todos sus procedimientos de determinación de la edad se fundamenten en el interés superior del menor, con el objetivo principal de confirmar que este goza de los derechos y la protección que le corresponden. La evaluación debería llevarse a cabo en presencia de un tutor legal.

1.12

El CESE recomienda encarecidamente que, en aquellas situaciones en que el menor alcanza la mayoría de edad durante el proceso de determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional, la edad de la persona se fije como la que tenía en el momento de presentar la solicitud inicial.

1.13

Debe revisarse una serie de programas políticos de la UE sobre protección de menores inmigrantes indocumentados (2). Entre estos se incluyen la regularización como instrumento de la política de inmigración, la información y apoyo a las familias indocumentadas, el desarrollo de una base de datos de pruebas, el registro de nacimientos y la protección de datos, así como el derecho a la educación y la formación profesional, los servicios sanitarios y el alojamiento.

1.14

El CESE considera que se necesita una definición más extensa de «menores no acompañados que se encuentran en situación de inmigración irregular» para englobar las distintas circunstancias que se plantean en la práctica y que el Reglamento propuesto no contempla.

1.15

El CESE destaca la importancia de consultar a expertos de la sociedad civil y a profesionales del Derecho que tengan experiencia con menores inmigrantes, y espera colaborar con la Comisión en este proceso.

2.   Síntesis de la propuesta de la Comisión

2.1

La propuesta objeto de examen tiene como objetivo modificar el artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) no 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Reglamento Dublín III).

2.2

La propuesta se ha elaborado a la luz de una reciente sentencia (3) del Tribunal de Justicia de la UE, que aclara cuál es el Estado miembro responsable de examinar las solicitudes presentadas por menores no acompañados. Mejorará la situación de los menores solicitantes de protección internacional que no tienen familiares, hermanos o parientes en el territorio de la UE.

2.2.1

El párrafo 4 bis codifica la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-648/11 y afirma que «cuando el menor no acompañado no tenga a ningún miembro de la familia, hermano o pariente presente legalmente en un Estado miembro con arreglo a los apartados 1 y 2, el Estado miembro responsable será aquel en que el menor no acompañado haya presentado una solicitud de protección internacional y en el que se encuentre, siempre que esto redunde en el interés superior del menor».

2.2.2

El apartado 4 ter aborda la situación en la que un menor que sea el solicitante a que se refiere el apartado 4 bis se encuentre en el territorio de un Estado miembro en el que no ha presentado ninguna solicitud. Este Estado miembro informará al menor no acompañado de que tiene derecho a presentar una solicitud y le dará la oportunidad real de presentarla en este Estado miembro, siempre que esto redunde en el interés superior del menor.

2.2.3

Por consiguiente, el menor tiene dos opciones: presentar una solicitud de protección internacional o no presentarla.

2.2.4

De conformidad con el apartado 4 quater, en este último caso, es decir, en el caso de un menor que decida no presentar una nueva solicitud en el Estado miembro en el que se encuentre, una situación que no se aborda en el asunto C-648/11, el menor será transferido al Estado miembro que el interés superior del menor muestre como el más adecuado. Esta norma tiene por objeto garantizar que exista certeza a la hora de determinar el Estado miembro responsable mediante la introducción de una norma segura y previsible y que el procedimiento no se alargue innecesariamente. Las garantías para los menores previstas en el artículo 6 del Reglamento no 604/2013 se aplican a todos los menores que sean objeto de los procedimientos establecidos en el presente Reglamento, pero la propuesta también introduce, en el apartado 4 quater, la obligación para el Estado miembro al que se solicite la readmisión y para el Estado miembro que la solicite de cooperar a la hora de evaluar el interés superior del menor.

3.   Antecedentes

3.1

Los retos a los que se enfrentan los menores no acompañados son múltiples y complejos y requieren enfoques multilaterales, globales y holísticos.

3.2

El CESE recomienda que todos los menores reciban información sobre sus derechos adaptada a su edad y basada en la Convención de las Naciones Unidas, garantizando así que los menores, en particular los menores que son «invisibles» y carecen de los cuidados adecuados, estén facultados para obtener protección.

3.3

En 2013, unos 1 20  000 solicitantes de asilo en la UE eran menores, lo que representa más de una cuarta parte del número total de solicitantes de asilo. Los menores no acompañados solicitantes de asilo fueron 12  685 (4). La proporción de los menores no acompañados que solicitan asilo en Europa se ha mantenido estable a lo largo de los últimos diez años, en torno al 5 % del total de las solicitudes de asilo en Europa.

3.4

Es posible que la situación de los «niños en movimiento» difiera en las distintas fases de su viaje y que estos se encuentren con numerosas situaciones diferentes de vulnerabilidad (5), todas las cuales es necesario abordar.

3.5

Pueden viajar con su familia, o de forma independiente, o con personas no emparentadas con ellos, o dejar de estar acompañados tras entrar en el territorio del Estado miembro. Asimismo, los padres o los cuidadores de estos menores pueden estar indocumentados, por ejemplo, aquellos que han entrado de forma irregular o han sobrepasado los plazos de los permisos familiares de residencia o de los visados. También puede ocurrir que los padres o los cuidadores estén en situación de inmigración regular, por ejemplo, cuando los menores llegan a Europa para reagruparse con su familia pero no entran en el ámbito de los regímenes de reagrupación. Los menores que nacen en Europa también pueden carecer de documentación por el hecho de que sus padres carezcan de ella. Además, los menores pueden quedarse atrás en caso de que se produzca una deportación.

3.6

Los Estados miembros están legalmente obligados a garantizar que las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia, en particular en el asunto C-648/11, que es pertinente para el Reglamento no 604/2013, y las normas de las Convenciones de las Naciones Unidas en materia de protección, se transpongan a la legislación nacional, y deben respetar dos principios fundamentales de la Convención sobre los Derechos del Niño: 1) el principio de no discriminación (artículo 2), y 2) el interés superior del niño (artículo 3). Toda política o práctica que sea contraria a la legislación europea o internacional debería ser impugnada como ilícita, y deberían ponerse en marcha procedimientos de infracción cada vez que se violen los derechos del menor.

4.   Observaciones generales

4.1

La propuesta de Reglamento garantizará que los Estados miembros cumplen la Observación General no 6 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que versa sobre el trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen.

4.2

El Convenio de La Haya de 1996 (6) establece que el límite de edad para «niños» o «menores» SIEMPRE es 18 años, independientemente de la legislación nacional.

4.3

Los principios fundamentales sobre derechos de los menores deben integrarse en la elaboración, aplicación y seguimiento de las leyes, políticas, procedimientos y prácticas que afectan a los menores inmigrantes no acompañados.

4.4

Los menores cuya solicitud haya sido previamente rechazada en cualquier Estado miembro deberían estar cubiertos por esta propuesta legislativa.

4.5

El personal que trabaje con menores no acompañados (policía, autoridades judiciales, entrevistadores, intérpretes, trabajadores del ámbito social y juvenil, profesionales sanitarios, tutores, representantes legales, funcionarios de policía y guardias de fronteras, entre otros) debería tener formación adecuada para respetar los derechos de los menores.

4.6

El Convenio de las Naciones Unidas obliga a los Estados a tratar a los menores indocumentados de la misma forma que a «todos» los niños, sin distinción. Sin embargo, en la práctica existe tensión entre los marcos jurídicos nacionales que regulan el control de la inmigración y los relativos a la protección de los niños. El CESE insta a los Estados miembros a garantizar que los menores en situación irregular gocen de suficiente consideración y protección como niños, en primer lugar y ante todo, conforme a los sistemas nacionales de protección de la infancia.

5.   Observaciones específicas

5.1

El CESE ha manifestado con firmeza sus puntos de vista sobre las políticas y las prácticas relativas a los derechos fundamentales de los inmigrantes en situación regular o irregular mediante una amplia gama de dictámenes (7) y su participación en el Foro Europeo de la Integración.

5.2

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otras convenciones internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, deberían garantizarse condiciones de acogida adaptadas a los menores para todos aquellos en situación de inmigración regular o irregular, tanto documentados como indocumentados, incluso en caso de inmigración intraeuropea.

5.3

A la llegada de un menor no acompañado o separado de su familia, debería proporcionársele inmediatamente asistencia jurídica gratuita y designársele un tutor legal independiente y cualificado que preste apoyo, asesore y proteja al menor hasta que este se reúna con su familia o reciba una atención adecuada.

5.4

Aunque la legislación de la UE reconoce la importancia de una tutela legal, no define los deberes de un tutor legal. El tutor legal debería ser un «representante cualificado» que tenga experiencia en el trato con menores y conocimientos del Derecho nacional en materia de extranjería y de la legislación sobre protección de la infancia. Debería tener la facultad de representar al menor en todos los procesos de toma de decisiones, siempre que este dé su consentimiento (8). El tutor deberá disponer de los recursos financieros necesarios que le permitan recurrir a expertos en caso de que el interés superior del niño lo requiera.

5.5

A lo largo de todo el proceso de determinación del Estado miembro responsable, los menores no acompañados deberían tener acceso a alojamiento, educación y formación y servicios sanitarios en igualdad de condiciones con el resto de menores que se encuentran en el Estado miembro de acogida, teniendo en cuenta en particular el estado psicológico del menor.

5.6

Las opiniones de los menores y los relatos de sus experiencias deben incorporarse a la formulación de políticas y planes de acción para los niños. Las investigaciones realizadas sobre la necesidad de disponer de pruebas centradas específicamente en los menores, incluido su derecho a expresar sus opiniones libremente en todos los asuntos que les afectan, han proporcionado información valiosa y de primera mano para el Plan de acción sobre los menores no acompañados (2010-2014) (9).

5.7

Los términos «informará» y «oportunidad real» tienen que estar claramente definidos para garantizar que el menor esté asistido por trabajadores sociales adecuadamente formados, intérpretes independientes y un tutor legal, de modo que pueda comprender las implicaciones de todo el proceso de presentación de una solicitud de protección internacional en cualquier Estado miembro de la UE, en un idioma que pueda entender. Además, el menor debe conceder o negar su consentimiento por escrito si fuera necesario.

5.8

En ninguna fase del procedimiento de solicitud de protección internacional debería mantenerse al menor en régimen de internamiento. Por otra parte, el internamiento no permitirá a los menores ejercer su derecho a desplazarse a otro Estado miembro con el fin de presentar allí una solicitud (10).

5.9

Cualquier decisión adoptada de conformidad con los Reglamentos Dublín II y III y relativa a los menores no acompañados que soliciten asilo debería ajustarse a la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (11).

5.10

Los acuerdos y protocolos con diferentes Estados miembros que propugna el Reglamento propuesto deberían cumplir lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

5.11

El CESE está plenamente de acuerdo en que, a raíz de la adopción de este Reglamento modificado, la Comisión debería llevar a cabo una revisión de los actos delegados, tal como se establece en el Reglamento Dublín III y sobre la base del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

5.12

Debe especificarse el término «hermano adulto» en relación con el derecho del menor a la reunificación familiar, de modo que se garantice que el adulto puede cumplir sus deberes para con el menor de manera responsable y con arreglo a la legislación.

5.13

El CESE recomienda que los Estados miembros proporcionen la asistencia necesaria y cuidados especiales a los menores vulnerables, incluidos los niños con problemas psicológicos, discapacidades mentales o físicas o problemas de salud, al igual que los menores en situaciones de emergencia, tales como los menores que provienen de regiones conflictivas en las que ellos o sus familias han vivido experiencias traumáticas o como las adolescentes embarazadas o los padres de edad inferior a 18 años.

5.14

El CESE insta encarecidamente a los Estados miembros a que garanticen que todos los procedimientos de determinación de la edad: (i) se basan en el interés superior del menor (12), (ii) exigen la presencia de un tutor legal, y (iii) son gestionados por una serie de profesionales independientes, incluidos psicólogos infantiles, trabajadores sociales y profesionales del Derecho, que formarán parte de un equipo de expertos compuesto por hombres y mujeres. El proceso de evaluación y la decisión deberían documentarse de forma precisa.

5.15

Hasta que la evaluación haya finalizado, toda persona que alegue ser menor de edad debería ser considerada y tratada como tal.

5.16

La evaluación de la edad debería realizarse principalmente sobre la base de pruebas documentales. Una reciente sentencia de los tribunales españoles ha establecido que la documentación no debería cuestionarse.

5.17

El menor debería ser plenamente informado sobre el proceso de determinación de la edad y sus consecuencias, y sus opiniones deberían tenerse debidamente en cuenta con arreglo a su edad y grado de madurez.

5.18

En ausencia de documentación o en caso de dudas fundadas sobre la edad del menor, como medida de último recurso podrán realizarse pruebas médicas y físicas, respetando la cultura del menor, su dignidad y su integridad física y moral, ya que algunas evaluaciones físicas pueden ser especialmente estresantes, invasivas y traumáticas. Debería pedirse y obtenerse su consentimiento informado cuando las pruebas médicas y físicas se consideren necesarias. Las pruebas médicas y físicas irán acompañadas de una evaluación sociopedagógica realizada por expertos. Ambos procedimientos deberían ser acumulativos.

5.19

Los resultados de cualquier procedimiento deberían estar sujetos a recurso.

5.20

La situación jurídica de los menores no acompañados que alcanzan la mayoría de edad es compleja y difiere entre los Estados miembros. Si bien la Directiva sobre asilo establece las normas de procedimiento en esta cuestión, es necesario fijar normas relativas a los derechos de la persona que alcanza los 18 años durante el procedimiento.

5.21

El CESE recomienda encarecidamente que, en tales situaciones, la edad se determine en las fases iniciales de la solicitud para reducir el riesgo de que el menor caiga en una situación irregular y desaparezca.

5.22

La respuesta de los Estados miembros a la trata de menores no debe venir determinada por la condición de inmigrante o la solicitud de asilo del menor, sino por su interés superior.

5.23

Los menores en situación de inmigración irregular nunca deberían ser objeto de un proceso penal por motivos exclusivamente relacionados con su condición de inmigrante o cuando su participación en actividades delictivas sea el resultado de explotación.

5.24

Los Estados miembros tienen hasta finales de julio de 2015 para aplicar la Directiva sobre protección de asilo, que incluye, entre otras cosas, la obligación para los Estados miembros de determinar en una fase temprana los casos de menores vulnerables no acompañados.

Bruselas, 15 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  Como la Oficina de Protección de Menores en España o el servicio social para menores en Alemania.

(2)  Sarah Spencer, COMPAS, Universidad de Oxford.

(3)  Asunto C-648/11, MA y otros/Secretary of State for the Home Department, Reino Unido.

(4)  Eurostat (2014), estadísticas sobre asilo, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statistics

(5)  Documento de trabajo del Foro Europeo para los Derechos de la Infancia (2012) http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/background_cps_children_on_the_move_en.pdf

(6)  Convenio de La Haya de 1996 relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños http://www.hcch.net/index_es.php?act=conventions.text&cid=70

(7)  (DO C 128/29, 18.5.2010), (DO C 48/6, 15.2.2011), (DO C 67, 6.3.2014), (DO C 317/110, 23.12.2009).

(8)  Convenio de La Haya de 1996.

(9)  FRA (2009): Elaboración de indicadores para la protección, el respeto y el fomento de los derechos del niño en la Unión Europea.

(10)  Comité de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, Observación General no 6: Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen, CRC/GC/2005/6.

(11)  Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 6 de junio de 2013, asunto C-648/11.

(12)  Red Europea de Defensores del Menor (ENOC), www.ombudsnet.org


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/75


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, por el que se modifica el Reglamento (UE) no XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales) y se deroga el Reglamento (CE) no 834/2007del Consejo

[COM(2014) 180 final — 2014/0100 (COD)]

(2015/C 012/12)

Ponente:

Armands Krauze

El 2 de abril de 2014 y el 28 de abril de 2014, respectivamente, el Parlamento Europeo y el Consejo decidieron, de conformidad con los artículos 43, apartado 2, y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, por el que se modifica el Reglamento (UE) no XXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento sobre controles oficiales] y se deroga el Reglamento (CE) no 834/2007 del Consejo

COM(2014) 180 final — 2014/0100 (COD)

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 2 de octubre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 16 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 61 votos a favor y 5 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1.

El CESE acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la Comisión y su intención de fomentar el desarrollo de la agricultura ecológica en Europa paralelamente al desarrollo de la demanda y está de acuerdo en que es necesario subsanar las carencias del sistema actual. La Comisión debería fomentar tanto el desarrollo de la agricultura ecológica como la confianza de los consumidores en los productos ecológicos.

1.2

No obstante, el CESE expresa su preocupación ya que la evaluación de impacto de la Comisión no sopesa adecuadamente la incidencia de una nueva reglamentación en el desarrollo ulterior de la agricultura ecológica en Europa. Tampoco sopesa la incidencia en los productores ecológicos y los efectos de esta reglamentación en la continuidad de la producción.

1.3

El CESE respalda la intención de la Comisión de alentar a las pequeñas explotaciones a involucrarse en la agricultura ecológica y de reducir las cargas administrativas en toda la cadena de los productos ecológicos.

1.4

La UE es un importador neto de productos ecológicos; no obstante, los costes de producción y la carga administrativa que no cesan de aumentar y pesan sobre los agricultores de la UE no permiten al sector desarrollar adecuadamente la producción ecológica en los Estados miembros de la UE para responder a la demanda creciente de los consumidores.

1.5

En general, el CESE apoya el objetivo de la Comisión de una reconversión completa de las explotaciones mixtas existentes hasta la fecha a la agricultura ecológica, siempre que se establezcan excepciones para determinados casos específicos. Hay que tomar medidas adicionales de apoyo para facilitar la transición de las explotaciones agrícolas hacia una agricultura exclusivamente ecológica.

1.6

El CESE pide a la Comisión que afine la propuesta de Reglamento en lo referente a los materiales de multiplicación vegetativa y las semillas, ya que será difícil para los productores ecológicos conseguir utilizar de aquí a 2021 semillas exclusivamente ecológicas.

1.7

El CESE confía en que las negociaciones con vistas a la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI), y de otros acuerdos que puedan suscribirse, no obren en detrimento de las normas ecológicas de la UE ni pongan en entredicho o modifiquen las normas aplicables a la producción, comercialización y certificación de los productos ecológicos.

1.8

En las explotaciones ecológicas deben aplicarse en muchos niveles normas más estrictas en materia de bienestar animal que en las explotaciones convencionales; no obstante, en algunos casos, los productores ecológicos pueden tener dificultades para cumplir requisitos más estrictos. El CESE recomienda a la Comisión que analice e identifique detenidamente las posibilidades de establecer excepciones a las disposiciones específicas sobre el bienestar animal aplicables en el marco de la agricultura ecológica, con el fin de mantener las normas y los métodos de crianza tradicionales aplicados desde tiempo inmemorial a las razas autóctonas.

1.9

El CESE insta a la Comisión a examinar y tener en cuenta las divergencias históricas, climáticas y de tradición existentes entre los Estados miembros y las regiones de la UE, así como las especificidades nacionales de producción, manteniendo cierta flexibilidad en la aplicación de las excepciones y garantizando al mismo tiempo cierto nivel de armonización.

1.10

Los productores ecológicos deben poder respetar los compromisos contraídos, razón por la cual tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento convendría garantizar a los productores, a la mitad del periodo de financiación 2014-2020 de los programas de desarrollo rural, la posibilidad de mantener sus compromisos previos o de acogerse al nuevo Reglamento. Se ha de garantizar que las modificaciones al marco jurídico actual introducidas durante el período de vigencia de un contrato no den lugar a sanciones retroactivas para los productores que no puedan adaptarse a los nuevos requisitos.

1.11

El CESE pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta las características específicas de las zonas ultraperiféricas europeas para que puedan desarrollar una agricultura ecológica local (acceso a semillas, falta de diversidad de suministro, problemas sanitarios).

1.12

El CESE pide a la Comisión Europea que aclare la situación de la jalea real, del polen y de la cera de abeja, mediante su inclusión en la lista de los otros productos enumerados en el anexo del proyecto de Reglamento AB.

1.13

El CESE pide a la Comisión que asigne ayudas adecuadas a la innovación y a la formación en materia de agricultura ecológica, prestando especial atención a la formación profesional de los jóvenes y al aprendizaje permanente por parte de los productores en activo.

1.14

El CESE pide a la Comisión que trabaje en una propuesta de Reglamento que avance en la implementación de la venta directa y los canales cortos, para productos ecológicos.

1.15

El CESE insta a que la Comisión facilite en el Reglamento las herramientas necesarias para fomentar la compra pública y colectiva de alimentos ecológicos en colegios y hospitales y otros centros públicos.

2.   Observaciones generales

Información general sobre las posiciones de las partes interesadas

2.1

La agricultura ecológica es un sistema global de producción basado en la gestión de los recursos naturales, que impone estrictas limitaciones sobre el empleo de insumos químicos y de síntesis, prevé renunciar a los abonos minerales y prohíbe el uso de organismos modificados genéticamente.

2.2

La agricultura ecológica no se reduce a una modalidad particular de producción o de elaboración de ciertos productos, sino que la incorpora a un concepto más amplio. La agricultura ecológica tiene en cuenta tanto al medio ambiente físico en que se desarrolla como sus condicionantes sociales. Se trata de una forma de producir con una visión mucho más amplia donde también se tiene en cuenta la dimensión socioeconómica, política y sociocultural.

2.3

Generalmente, las explotaciones ecológicas ofrecen una mayor biodiversidad, albergando más especies vegetales y de insectos que las explotaciones no ecológicas. En su suelo abundan mucho más los organismos vivos, que contribuyen a mantener su estructura y una tasa elevada de materia orgánica, mejorando así su aireación y drenaje.

2.4

La calidad del agua en los alrededores de estas explotaciones es más elevada, ya que los agricultores ecológicos no utilizan ni plaguicidas ni abonos minerales sintéticos nocivos. Una rotación adecuada de los cultivos contribuye a la mejora de la fertilidad del suelo y la eficacia de los elementos nutritivos. Las comparaciones realizadas entre explotaciones demuestran que la filtración de los nitratos por hectárea es inferior en un 57 % en las explotaciones ecológicas.

2.5

La agricultura ecológica favorece la creación de «empleos verdes». De un estudio llevado a cabo en 2011 en el Reino Unido y en Irlanda sobre los niveles de empleo en las explotaciones ecológicas se desprende que estas últimas proporcionan un 135 % más de empleo a tiempo completo con respecto a las explotaciones convencionales (1).

2.6

En la consulta en línea realizada por la Comisión en 2013, las organizaciones de partes interesadas subrayaron que la revisión de la legislación en este ámbito debería basarse en los logros de la legislación en vigor y permitir a la UE desarrollar la producción ecológica. Entre las alternativas barajadas por la Comisión, la mayoría de las partes interesadas se inclinaron por la opción política de un statu quo mejorado, es decir, mejorar la aplicación de la legislación vigente y adaptar dicha legislación.

2.7

Pese a los puntos de vista de las partes interesadas y las organizaciones de la sociedad civil con respecto a la nueva legislación, la Comisión Europea ha elaborado y presentado una iniciativa legislativa que aporta cambios significativos.

Información general sobre las iniciativas legislativas de la Comisión Europea

2.8

La propuesta de la Comisión se centra en tres objetivos principales: mantener la confianza de los consumidores, mantener la confianza de los productores y facilitar a los agricultores la transición hacia la agricultura ecológica.

2.9

La Comisión propone reforzar y armonizar las normas (aplicables tanto en la Unión Europea como a los productos importados) mediante la eliminación de muchas de las excepciones actuales en términos de producción y control, abordar mejor la dimensión internacional del comercio de productos ecológicos adoptando nuevas disposiciones sobre las exportaciones, y reforzar los controles basándolos en el riesgo.

2.10

Uno de los objetivos clave de la Comisión consiste en facilitar a los pequeños agricultores la transición a la agricultura ecológica, al introducir la posibilidad de que se acojan a un sistema de certificación en grupo, y en simplificar la legislación para reducir los costes administrativos de los agricultores y mejorar la transparencia.

3.   Observaciones generales y particulares

3.1

El CESE está de acuerdo en que es necesario subsanar las carencias del sistema actual. Por ejemplo, es indispensable alentar a las pequeñas explotaciones a involucrarse en la agricultura ecológica y reducir las cargas administrativas con el fin de garantizar la igualdad de condiciones y reforzar la confianza de los consumidores en la agricultura ecológica.

3.2

Al aumentar los niveles de calidad de la producción ecológica y establecer normas más severas para la producción, se puede reforzar la confianza de los consumidores y justificar, asimismo, la diferencia de precio con relación a los productos convencionales. No obstante, no debe olvidarse que las pequeñas explotaciones que deseen cumplir estas normas podrían sufrir dificultades económicas.

3.3

El CESE pide a la Comisión que aclare si los aspectos fundamentales del Reglamento vigente quedan recogidos en el nuevo Reglamento en lugar de mediante actos delegados, y si seguirán en vigor. Habría que estudiar, con la debida antelación y tras consultar a las partes interesadas, los casos que requieren actos de ejecución y aquellos que precisan actos delegados.

3.4

El CESE señala que la agricultura ecológica es incompatible con la utilización de organismos modificados genéticamente en el proceso de producción, así como con el cultivo de plantas modificadas genéticamente en las explotaciones ecológicas y sus alrededores.

3.5

El CESE exhorta a la Comisión Europea a tener en cuenta los estudios científicos sobre la polinización. La polinización, que se ha desarrollado a lo largo de millones de años con el fin de fertilizar las plantas con flores, se efectúa fortuitamente (2) dentro del radio de vuelo de los polinizadores, en particular de las abejas (Apis mellifera). Pues bien, actualmente los polinizadores pueden también transportar polen que contenga genes modificados. Por ejemplo, con arreglo a determinados estudios científicos, la abeja, que figura entre los principales polinizadores, puede volar hasta 14 km.

3.6

El CESE teme que la introducción de límites máximos diferenciados para los productos de la agricultura ecológica, como está previsto en particular en la Directiva 2006/125/CE, pueda suponer costes adicionales considerables para los agricultores. Ello obstaculizaría o impediría un desarrollo adecuado del sector, lo que afectaría primordialmente a los productores ecológicos más pequeños. El CESE parte del supuesto de que los agricultores ecológicos están expuestos a las mismas condiciones medioambientales que todos los demás agricultores. Por ello, debería renunciarse a establecer límites máximos diferenciados. La protección de los consumidores no debería dividirse.

3.7

El CESE señala que el nivel de residuos en los productos de la agricultura ecológica es fundamentalmente inferior al de los productos de la agricultura convencional, pese a que aún no se han establecido dichos límites sobre residuos. Así pues, el CESE recomienda que se empiece por llevar a cabo un estudio detallado que incluya una evaluación de impacto. Además, el CESE hace hincapié en que la UE carece de normas uniformes en lo que respecta a los equipos de laboratorio, los métodos empleados o los umbrales de retirada existentes en los organismos de certificación. Esta armonización debería ser un requisito previo para cualquier otro sistema de fijación de un umbral de retirada europeo. Es esencial que esta iniciativa vaya acompañada de un mecanismo europeo de indemnización o compensación para los operadores que sufran daños económicos como consecuencia de una contaminación fortuita o inducida.

3.8

En general, el CESE puede entender el objetivo de la Comisión de realizar una transición completa a la agricultura ecológica. No obstante, actualmente existen muchas explotaciones agrarias mixtas, parte de las cuales se gestiona con arreglo a los requisitos aplicables a la producción ecológica y el resto como una explotación convencional. La propuesta legislativa tiene por objetivo suprimir gradualmente las explotaciones mixtas de aquí a 2017. El CESE sostiene que será difícil para muchas explotaciones agrícolas proceder a una reconversión completa. Además, no está nada claro cuáles serían las consecuencias de una aplicación estricta de este principio. Una división estratégica de las explotaciones o un mayor abandono de la producción ecológica sería más bien contraproducente, por lo que el CESE recomienda mantener un planteamiento flexible en determinados casos.

3.9

El CESE preconiza otorgar excepciones en casos específicos de producción paralela (explotaciones con productos ecológicos y productos convencionales). La inaplicación de una excepción puede obstaculizar el desarrollo de la agricultura ecológica. Deben mantenerse las excepciones en los casos siguientes: 1) para los institutos científicos que realizan estudios sobre la agricultura tanto ecológica como convencional; 2) en cuanto a los productos no alimentarios, por ejemplo de las explotaciones ecológicas que se dedican al agroturismo, las cuales deberían poder tener caballos de montar convencionales; 3) para el consumo personal, por ejemplo en explotaciones de producción vegetal cuyos propietarios poseen algunas vacas o gallinas para atender sus propias necesidades; 4) para las explotaciones situadas en zonas geográficas diferentes, por ejemplo, si parte de las tierras y de las edificaciones de la explotación están en áreas de montaña, mientras que otra parte está en el valle; o bien si antaño se juntaron dos explotaciones, aunque les separen varias decenas de kilómetros, garantizándose que los productos ecológicos no sufran contaminación alguna por productos convencionales; 5) para los cultivos perennes, concretamente la arboricultura, la viticultura o las plantas aromáticas, etc.; 6) para los cultivos que no pueden comercializarse en el mercado de la agricultura ecológica.

3.10

En las explotaciones ecológicas deben aplicarse a muchos niveles normas más estrictas en materia de bienestar animal que en las explotaciones convencionales. El CESE recomienda a la Comisión que examine cuidadosamente los requisitos específicos impuestos a los productores ecológicos y analice la posibilidad de prever excepciones respecto de prohibiciones específicas (corte de la cola, mantenimiento de animales atados, etc.) aplicables al sector de la agricultura ecológica en el marco del bienestar animal. Por citar un ejemplo, en varios Estados miembros de la UE tras muchos años de selección en las razas ovinas tradicionales el corte de cola se ha convertido en indispensable, para evitar que los animales sufran. El CESE señala que determinadas prohibiciones, al igual que la ausencia de excepciones, pueden menoscabar el bienestar de los animales si se impide la aplicación de las normas y de los métodos de crianza tradicionales practicados desde tiempo inmemorial en el caso de las razas autóctonas. Las prohibiciones pueden provocar incluso la desaparición de algunas razas de producción, lo que supondría una gran pérdida en términos de recursos genéticos.

3.11

La excepción por la que se permite emplear semillas no ecológicas se suprimirá progresivamente de aquí a 2021. Las organizaciones de agricultores ecológicos informan de que, en muchos Estados miembros, a los agricultores que cultiven especies concretas les será difícil lograr de aquí a 2021 emplear semillas exclusivamente ecológicas. Para prevenir las dificultades que podrían afrontar los agricultores ecológicos en este ámbito, el CESE pide a la Comisión que afine la propuesta de Reglamento; no obstante, la excepción solo debería aplicarse a los cultivos para los cuales no existen en el mercado semillas adaptadas al clima y a las especificidades locales.

3.12

La Comisión debe prever mecanismos de apoyo al desarrollo de la producción de semillas y añadir las disposiciones necesarias para la consecución de este objetivo, a saber, la utilización de semillas y materiales de reproducción vegetativa exclusivamente ecológicos.

3.13

Además, debe prestarse especial atención a otros aspectos del mercado de las semillas ecológicas. Por ejemplo, no se puede cercenar el derecho de los agricultores a intercambiar sus semillas entre ellos. Se trata de una condición esencial para lograr semillas exclusivamente ecológicas. Este intercambio es indispensable para la selección que realizan los agricultores a nivel local. Esta opción permite a los agricultores obtener variedades adaptadas a las condiciones climáticas locales de su región específica y cultivarlas sin emplear abonos minerales ni plaguicidas, respetando las diferencias históricas y climáticas y las especificidades nacionales de producción.

3.14

El CESE llama la atención sobre la importancia de la producción ecológica de ecotipos de variedades y cultivos locales que no figuran en el registro de variedades. Convendría fomentar el refuerzo de la función de los agricultores en la producción de semillas y la búsqueda de nuevas variedades. Uno de los principales argumentos esgrimidos es la falta de semillas ecológicas, en particular de hortalizas. En la agricultura convencional, se hace hincapié en los productos pertinentes para el mercado mundial, a saber, la utilización a escala mundial de variedades híbridas que son propiedad de empresas multinacionales y que, como es sabido, se cultivan de forma convencional y son inservibles para la producción ecológica.

3.15

El logotipo europeo para los productos ecológicos, que es nuevo, sigue siendo bastante desconocido. Los logotipos ecológicos nacionales son importantes para los consumidores y su utilización debe mantenerse. Por ello, el CESE recomienda brindar a los Estados miembros la posibilidad de imponer requisitos más estrictos y de establecer normas nacionales o privadas para las especies animales que no están incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento (por ejemplo, los cérvidos, las codornices o los jabalíes), así como en materia de restauración colectiva.

3.16

El CESE está de acuerdo en que es necesario realizar controles más estrictos para los productos de terceros países con el fin de garantizar que cumplen las exigencias de la UE. Es posible reforzar los controles de las importaciones sustituyendo la equivalencia por el cumplimiento en todo lo relacionado con el reconocimiento de los organismos de control de terceros países. Sin embargo, aún no se han identificado plenamente los efectos negativos potenciales de la sustitución de la equivalencia por el cumplimiento en los mercados nacionales de los Estados miembros de la UE. En 2001, por ejemplo, establecer nuevos requisitos de importación en Japón se tradujo por un declive del mercado ecológico nacional. Hace falta una evaluación de impacto más detallada.

3.17

En cuanto a los intercambios y acuerdos comerciales con terceros países, el CESE considera que se debe garantizar que los productos destinados a la exportación hacia la UE cumplen normas de producción tan estrictas como las establecidas para la producción ecológica europea. El CESE apoya la introducción de certificados electrónicos para las partidas de productos, expedidos con arreglo a bases de datos seguras, que permitan a los Estados miembros reaccionar con prontitud en caso de que se cometan infracciones, bloqueando la circulación de productos no conformes.

3.18

El CESE parte del principio de que el nivel de exigencia de la UE relativo a los productos ecológicos no debe rebajarse y que las condiciones relativas a la producción, la venta y la certificación de los productos ecológicos no deben ponerse en entredicho ni modificarse en el marco de las negociaciones sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI).

3.19

La agricultura ecológica es un método de producción que se define con arreglo a su proceso; por tanto, no cabe caracterizarla por los productos acabados que cumplan una o varias normas en vigor. Es importante que el control siga centrado en el proceso de producción.

3.20

El CESE está de acuerdo con el mantenimiento de controles anuales en las explotaciones y considera que deben basarse en el principio de evaluación de riesgos, enfoque que debe armonizarse a escala de la UE. Los costes de los controles deben ser proporcionados para no aumentar los gastos de los productores ecológicos y garantizar a los consumidores la posibilidad de adquirir productos ecológicos a un precio razonable. Sin embargo, en caso de que un control basado en el riesgo resulte ser seguro y creíble para el sistema de control, podría ajustarse el intervalo de las inspecciones en las explotaciones.

3.21

El CESE es partidario de la certificación de grupo en el caso de los pequeños agricultores, prevista por la Comisión en su propuesta, con el fin de reducir los costes de inspección y certificación y la consiguiente carga administrativa, así como garantizar que los agricultores de la Unión compitan en igualdad de condiciones con los operadores de terceros países. Al mismo tiempo, el CESE reconoce que se trata de un ejercicio complejo, cuya aplicación debe ir concretándose.

3.22

El CESE considera inoportuno suprimir la disposición legislativa que permite a los minoristas acogerse a las excepciones, pues de lo contrario las empresas que comercializan productos ecológicos preenvasados deberían solicitar su certificación. Este requisito obstacularizaría el comercio de productos ecológicos, reduciría el número de puntos de venta y el acceso de los consumidores a estos productos. Por ejemplo, los pequeños comercios podrían negarse a dedicar fondos a la obtención de un certificado para comercializar productos ecológicos si tratan solo de vender algunos de ellos en temporada. Los productores ecológicos podrían tener entonces grandes dificultades para comercializar sus productos.

3.23

El CESE destaca la necesidad de adoptar medidas a escala de la UE en materia de vigilancia del mercado para recabar información sobre la disponibilidad de los diferentes productos en el mercado europeo y las tendencias del mercado, en particular, la disponibilidad de semillas ecológicas en los distintos Estados miembros.

3.24

El CESE se congratula de que la Comisión se disponga a elaborar un plan de acción para el desarrollo de la producción ecológica en la Unión Europea, así como de sus objetivos; señala, no obstante, que dicho plan podría resultar muy general e incompleto. Es indispensable que la Comisión defina con claridad y precisión las medidas que figuren en su plan de acción. Por ejemplo, en algunos ámbitos, la Comisión se limitará a proponer, asesorar, ayudar, reflexionar o fomentar, pese a que los agricultores y la sociedad aguardan acciones concretas.

3.25

El CESE considera que una de las prioridades del plan de acción debería ser la coexistencia entre productores ecológicos, productores convencionales y aquellos que cultivan plantas modificadas genéticamente, con el fin de reducir los riesgos de contaminación por parte de los OMG. Solo una comunicación interpersonal a su debido tiempo, un debate sobre los problemas existentes y una búsqueda de soluciones permitirán obtener resultados y garantizar la coexistencia de los distintos sectores. El CESE anima a la Comisión Europea a prever los medios necesarios para informar a las partes interesadas y hacer que participen en el proceso de toma de decisiones.

3.26

La sensibilización sobre los instrumentos de la UE destinados a apoyar la agricultura ecológica, prevista en el plan de acción, no bastará para aumentar la competitividad de los productores ecológicos de la UE o los volúmenes de producción. El CESE recomienda recurrir a una campaña financiada por la UE para facilitar más información sobre el sistema de producción ecológico europeo en su conjunto, así como sobre el nuevo logotipo europeo para productos ecológicos.

3.27

El CESE considera que la Comisión debería apoyar más la formación profesional de los jóvenes, el aprendizaje permanente y la innovación en materia de agricultura ecológica, asignándole medios en el marco de los programas de desarrollo rural y otros programas europeos. El CESE recomienda a la Comisión que complete la legislación y los programas correspondientes, previendo la posibilidad de que las escuelas de formación profesional, los colegios y otros centros de enseñanza obtengan ayudas para desarrollar la formación y la innovación en el sector de la agricultura ecológica.

3.28

Además, la producción ecológica se consolida como una de las grandes puertas de entrada de jóvenes al sector agrario. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la incorporación de jóvenes del mundo urbano a través de la producción ecológica abren una gran oportunidad para que este sector se convierta en motor de la innovación en zonas desfavorecidas.

Bruselas, 16 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  Morison, J., Hine, R. y Pretty, J., 2005. Véase una encuesta y un estudio sobre el empleo en las explotaciones ecológicas de Reino Unido y de la República de Irlanda. International Journal of Agricultural Sustainability, Volumen 3 (1).

(2)  «Displaced honey bees perform optimal scale-free search flights»; Rothamsted Research, Harpenden, Hertfordshire AL5 2JQ United Kingdom, Freie Universität Berlin, FB Biologie/Chemie/Pharmazie, Institut für Biologie — Neurobiologie, Königin-Luise-Str. 28/30, 14195 Berlin, Germany, Natural Resources Institute, University of Greenwich, Chatham, Kent ME4 4TB United Kingdom,

Ecology, 88(8), 2007, pp. 1955–1961.


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/81


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión — Hacia una hoja de ruta para el suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión, planificación y venta de billetes

[SWD(2014) 194 final]

(2015/C 012/13)

Ponente:

Jan SIMONS

El 13 de junio de 2014, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión — Hacia una hoja de ruta para el suministro de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión, planificación y venta de billetes

SWD(2014) 194 final.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 1 de octubre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre de 2014), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 147 votos a favor y 3 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El Comité acoge con satisfacción el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, como primer paso para lograr un mercado de los sistemas de información, planificación de trayectos y venta de billetes para los desplazamientos multimodales a escala de la UE, si bien señala que, por razones de claridad, en el título debería quedar claramente indicado que la propuesta se refiere al transporte de pasajeros.

1.2

Apoya el planteamiento de la Comisión de establecer un marco que posibilite crear un amplio mercado de la UE en lugar de imponer medidas legislativas.

1.3

En este sentido, apoya la creación de una plataforma de concertación, que tenga en cuenta y aproveche las experiencias adquiridas hasta ahora en los foros de diálogo y en la que estén representadas todas las partes. El objetivo es que dicha plataforma sirva de catalizador para dar lo antes posible la posibilidad de suministrar información en tiempo real sobre los desplazamientos, la planificación de los trayectos y las tarifas. El CESE se muestra dispuesto a participar en esta plataforma, en particular para velar por los intereses de la sociedad civil.

1.4

Si la cooperación entre los representantes de los usuarios (viajeros), los proveedores de servicios de transporte, las autoridades nacionales y de la UE no tiene éxito, el Comité opina que la Comisión debería examinar si es conveniente aplicar medidas legislativas, y en caso afirmativo, en qué ámbitos.

1.5

El Comité toma nota con preocupación de la brecha cada vez mayor que existe entre las posibilidades de que disponen los viajeros para obtener información sobre los viajes en tiempo real — por ejemplo, a través de aplicaciones de telefonía móvil — y la insuficiente oferta por parte de los proveedores de servicios de transporte. En su opinión, es preciso prestar más atención a mejorar la situación de los grupos de viajeros vulnerables, como las personas con necesidades especiales, así como los derechos de los pasajeros, que además varían según el modo de transporte. En este contexto, deberán considerarse los derechos de los pasajeros con respecto a los proveedores, pero también las relaciones jurídicas de los proveedores entre sí y con respecto a los derechos de los pasajeros.

1.6

Constituyen obstáculos permanentes los problemas que plantea la recogida de datos y, sobre todo, la distribución de los ingresos entre los proveedores de los distintos modos de transporte. A este respecto, el Comité recomienda que se estudie con detenimiento la creación de una cámara de compensación (clearing house), como la que existe en Japón, con el objetivo de que a largo plazo el viajero no tenga que comprar más que un billete.

2.   Introducción

2.1

El 13 de junio de 2014, la Comisión solicitó formalmente al Comité un dictamen sobre el documento de trabajo de los servicios de la Comisión (denominado en lo sucesivo el «documento de trabajo») titulado «Una hoja de ruta para la prestación de servicios de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión, planificación y venta de billetes».

2.2

El Comité acoge con satisfacción la publicación del documento de la Comisión, ya que su objetivo, a saber, mejorar el acceso de los ciudadanos de la UE a la información sobre los desplazamientos multimodales, la planificación de los trayectos y las tarifas, es un tema de gran importancia para los ciudadanos de la UE.

2.3

La consulta pública que precedió a la publicación del documento de trabajo reveló la existencia de una serie de problemas importantes que deben resolverse antes de poder hablar de un mercado transparente de información sobre transportes multimodales para los pasajeros en la UE:

el acceso a los datos es insuficiente;

existen problemas importantes en el ámbito de la interoperabilidad;

los flujos de datos e información no se han armonizado;

entre las empresas con mayor peso en el mercado se registran tendencias hacia la concentración en sistemas privados.

2.4

La Comisión desearía conocer las propuestas del CESE sobre la manera de lograr, teniendo en cuenta los problemas enumerados en el punto 2.3, un mercado de transporte multimodal de pasajeros transparente que permita al viajero acceder a la información en tiempo real sobre los viajes, la planificación y las posibilidades de adquirir en línea un único billete para cada desplazamiento efectuado dentro de la UE.

2.5

El Comité ya señaló la importancia de este asunto antes de la publicación, el 28 de marzo de 2011, del Libro Blanco «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (COM(2011) 144 final).

2.5.1

El 13 de mayo de 2009 emitió un dictamen (1) sobre la propuesta de la Comisión relativa a una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el marco para el despliegue de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte.

2.5.2

En este dictamen, el Comité recomienda que se desarrolle rápidamente la estructura de los sistemas de transporte inteligentes a nivel nacional, basada en la utilización creciente de un gran volumen de datos, con una visión a largo plazo que tenga en cuenta los futuros avances del sistema, así como la protección de los datos personales.

2.6

Ahora, cinco años después, el Comité lamenta tener que reconocer que la situación no ha cambiado fundamentalmente. Sigue existiendo el problema de la escasa o nula accesibilidad a la información en línea y, lo que es más, los datos son incompletos e incompatibles. Esto hace que a los creadores de plataformas de movilidad y, en última instancia, a los viajeros individuales que desean desplazarse dentro de la UE, les sea imposible tener una visión directa y adecuada de los desplazamientos en cuanto a la planificación, la forma, el tiempo y los costes de viaje, por lo que no pueden hacer un uso óptimo de los distintos modos de transporte para viajar dentro de la UE.

3.   Contenido del documento de trabajo

3.1

Las propuestas de la Comisión, tal y como se formulan en su documento de trabajo, son coherentes con la visión presentada en el Libro Blanco sobre el transporte, de 2011, en el que se hacía hincapié en la necesidad de lograr una mayor integración de los distintos modos de transporte a fin de que la movilidad sea más eficaz y más fácil de utilizar.

3.2

El objetivo político de la Comisión en el Libro Blanco sobre el transporte es la creación de un marco para el transporte multimodal de información y los servicios de pago, que debería entrar en funcionamiento para el año 2020. Se hace hincapié en que la disponibilidad de la información es esencial para lograr una movilidad puerta a puerta sin discontinuidad.

3.3

Es preciso además establecer las condiciones marco para el desarrollo y uso de sistemas inteligentes interoperables y multimodales de planificación de trayectos, información, reservas en línea y expedición de billetes inteligentes.

3.4

La Comisión señala en su documento de trabajo que actualmente existen más de cien planificadores de desplazamientos multimodales en la UE y, sin embargo, la información a disposición de los viajeros es incompleta, por lo que estos no pueden tomar decisiones basándose en una información exhaustiva. Lo mismo ocurre con los billetes. No es posible comprar un único billete para un viaje multimodal que atraviese diversas fronteras dentro de la UE.

3.5

Durante la reunión informal del Consejo de Ministros del 17 de julio de 2012 en Nicosia, los ministros destacaron la necesidad de garantizar la disponibilidad y el acceso a la información sobre los desplazamientos multimodales a escala europea y el tráfico en tiempo real, así como la necesidad de adoptar normas destinadas a garantizar la interoperabilidad. Por otra parte, se pidió a la Comisión que estudiase las posibilidades de mejorar el acceso a los datos de transporte.

3.6

Ya se han lanzado iniciativas, como el primer concurso a favor de una movilidad inteligente (Smart Mobility Challenge) — cuyo fin es que la industria y otras partes interesadas desarrollen ideas para poner en marcha un planificador de viajes multimodales global en Europa —, la creación de un sistema inteligente de expedición de billetes (Smart Ticket Alliance) para mejorar la interoperabilidad entre los sistemas de billetes electrónicos en los transportes públicos a nivel regional y nacional, y la creación de un «modelo de servicio integral» (Full Service Model): una iniciativa de las partes interesadas del sector ferroviario para crear una norma estándar de intercambio de datos ferroviarios, incluido el desarrollo de la movilidad puerta a puerta.

3.7

La Comisión acoge con satisfacción estas iniciativas que, sin embargo, siguen limitándose a abordar una parte del problema. No se plantean a escala de toda la UE, no incluyen todas las modalidades de transporte de pasajeros y no son plenamente utilizables en tiempo real.

3.8

En el documento de trabajo, la Comisión señala que, en su opinión, es preciso solucionar los siguientes obstáculos si se quiere conseguir una movilidad puerta a puerta sin discontinuidad:

acceso insuficiente a los datos de tráfico y viajes multimodales;

disponibilidad insuficiente de datos de tráfico y viajes multimodales de buena calidad;

falta de formatos de datos interoperables y falta de protocolos de intercambio de datos;

falta de cooperación entre las partes interesadas.

3.9

A juicio de la Comisión, estos obstáculos pueden eliminarse mediante un enfoque integrado basado en seis líneas de acción:

a)

un acceso libre y equitativo a los datos de tráfico y desplazamientos multimodales;

b)

disponibilidad óptima de datos de tráfico y desplazamientos multimodales fiables;

c)

formatos de datos armonizados e interoperables y protocolos para el intercambio de datos;

d)

fomentar la interconexión de los servicios existentes;

e)

facilitar una cooperación eficaz de las partes interesadas;

f)

dar a conocer las ventajas de unos servicios de información sobre viajes multimodales, planificación y venta de billetes.

3.10

La Comisión ha integrado estas líneas de acción en un calendario indicativo y señala que está llevando a cabo una evaluación de impacto.

4.   Observaciones generales

4.1

El Comité es un firme partidario de eliminar los obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior, sobre todo en lo que se refiere al enorme mercado del transporte de pasajeros. En aras de la claridad, el título del documento también debería incluir una referencia explícita al transporte de pasajeros.

4.2

Asimismo, cabe señalar que a este respecto se plantea una contradicción: por un lado, las posibilidades de información a disposición de los viajeros aumentan a un ritmo acelerado; al mismo tiempo, un instrumento como la legislación, que debe estar al servicio del consumidor, queda a la zaga; todo ello dejando aparte la cuestión de si los proveedores de datos apoyarían la legislación.

4.3

A juicio del Comité, la solución de esta contradicción pasa por establecer una estrecha cooperación entre los viajeros y sus representantes, los proveedores de los diferentes modos de transporte y las autoridades nacionales y europeas. Esta cooperación podría adoptar la forma de una plataforma de concertación permanente en la que se debatan los problemas de forma conjunta y se tengan en cuenta las experiencias de los diferentes foros que existen en la materia en torno a la Comisión Europea. El CESE se muestra dispuesto a participar en esta plataforma de concertación, por ejemplo, como mediador.

4.4

Ahora bien, para el correcto funcionamiento de dicha plataforma es condición indispensable que los proveedores de los servicios de transporte estén dispuestos a incluir en las negociaciones, de forma abierta y equitativa, sus datos y las informaciones de que disponen, sobre todo en relación con las tarifas. Una actitud reticente o un comportamiento proteccionista no tienen cabida en este contexto.

4.5

Las razones de esta reticencia por parte de los proveedores tienen que ver sobre todo con los derechos de los pasajeros según el tipo de transporte, los problemas relacionados con la recogida de datos y, sobre todo, la distribución de los ingresos. Posiblemente un problema sea la competencia que se exige dentro de los modos de transporte y entre ellos, pero una solución sería crear una cámara de compensación (clearing house) para distribuir los pagos entre los proveedores de servicios de transporte. En Japón existe un sistema de estas características que funciona satisfactoriamente.

4.6

A juicio del Comité, la normalización de la tecnología NFC (Near Field Communication) (2) y de otras tecnologías existentes o futuras debería permitir efectuar desplazamientos sin problemas con diferentes transportistas y atravesando diferentes países con ayuda de un teléfono móvil que estuviera equipado con alguna de estas tecnologías.

4.7

Actualmente se están desarrollando sistemas combinados de información, planificación y tarificación de los desplazamientos multimodales que abarcan prácticamente toda Europa: por ejemplo, el sistema Qixxit (www.Qixxit.de) de los ferrocarriles alemanes (DB), ya en funcionamiento, o el proyecto piloto del consorcio científico mundial «Enhanced Wisetrip», que recibe financiación de la UE. Se trata de avances prometedores, pero que siguen limitándose a unos planificadores de los desplazamientos meramente informativos. Corresponde a los proveedores de servicios sensibilizar al público sobre estas posibilidades.

4.8

Por otra parte, el Comité subraya que suscribe el enfoque adoptado por los servicios de la Comisión, que consideran que su papel es promover, facilitar e innovar, y no tanto crear nueva legislación.

4.9

No obstante, el Comité quiere destacar que si las partes integrantes de la plataforma no logran alcanzar verdaderas soluciones, la Comisión debería examinar la posibilidad de adoptar medidas complementarias, en forma de legislación marco si fuera necesario.

5.   Observaciones específicas

5.1

El Comité observa un desequilibrio en rápido crecimiento entre, por un lado, la necesidad creciente de los viajeros de obtener información en tiempo real sobre los desplazamientos, la planificación de los trayectos y las tarifas y, por otra parte, la oferta insuficiente para responder a esta necesidad.

5.2

En cuanto a las innovaciones tecnológicas, deberían establecerse interfaces normalizadas para la comunicación entre los diferentes sistemas informáticos de información y de reserva, respetando los modelos comerciales y las estrategias de comercialización. En ello están trabajando tanto los operadores como terceras partes.

5.3

El Comité destaca que en la mayoría de los ferrocarriles europeos los datos disponibles en lo que respecta a los horarios son de buena calidad. Puede haber excepciones, pero el Reglamento (UE) no 454/2011 de la Comisión relativo a las aplicaciones telemáticas para los servicios de viajeros (ETI ATM) dispone que todas las empresas ferroviarias titulares de una licencia deberán cumplir sus obligaciones en los próximos años. El reto es poder compartir estos datos con otros modos de transporte respetando las normas del mercado.

5.4

A modo de ejemplo, mantener incondicionalmente un enfoque de datos abiertos plantea el riesgo de generar divergencias en los canales de información y, por ende, en los resultados que obtienen los clientes. El cliente no necesita datos, sino información fiable. Es absolutamente esencial que los operadores, en su calidad de proveedores de datos, den acceso a la información sobre horarios, pero para ello deben velar por que se garantice que la información facilitada acerca de sus servicios sea de la máxima calidad y que la responsabilidad en caso de error esté bien definida.

5.5

A la hora de crear un planificador de viajes multimodal, integrar distintos formatos de datos de los modos de transporte en los sistemas de los operadores de redes de transporte y de otros proveedores de información es una cuestión compleja y costosa. También lo es la conectividad entre estos sistemas privados.

5.6

Por otra parte, los formatos de datos han demostrado su eficacia en su ámbito de aplicación. Satisfacen en gran medida las demandas actuales y están constantemente mejorando a medida que evolucionan las necesidades de los clientes y de las empresas y a medida que avanza la tecnología. Prescribir formatos de datos específicos para los diferentes modos de transporte no tiene por qué ayudar necesariamente a solucionar los problemas de conectividad.

5.7

Al contrario, se corre el riesgo de que, al tener que encontrar un mínimo común denominador, la calidad de los datos se diluya, al igual que el suministro de información al cliente. El uso preceptivo de formatos de datos en todos los sectores también plantea el riesgo de que pierdan su función y que los operadores sean menos proclives a hacer uso de los avances tecnológicos a medida que se produzcan.

5.8

La iniciativa Full Service Model (FSM) del sector ferroviario, aplicada en colaboración con otros agentes, permite actualmente elaborar interfaces para el mercado ferroviario en un contexto multimodal. Es importante que se respete el principio de no discriminación y que todas las partes interesadas tengan las mismas oportunidades de desarrollar sus propias ideas. La iniciativa se basa en este principio gracias a su estructura informática descentralizada y ofrece a los proveedores de tecnología la posibilidad de, en función de las especificaciones, crear sus propias plataformas, aplicaciones o cualesquiera otros avances tecnológicos que el futuro traiga consigo.

5.9

Con un objetivo similar, la IATA ha puesto en marcha su nueva iniciativa de distribución (New Distribution Capability, NDC). En el transporte público, la UITP prosigue su alianza para establecer un sistema inteligente de expedición de billetes (Smart Ticketing Alliance, STA) destinado a posibilitar un intercambio de datos basado en una tarjeta inteligente interoperable. Estas iniciativas demuestran que las soluciones llegan al mercado a través de iniciativas impulsadas por la industria para superar las dificultades que entraña integrar formatos de datos.

5.10

Para poder disponer de datos suficientes para crear un planificador de viajes y permitir un desplazamiento con distintos modos de transporte sin interrupciones es necesario que haya una cooperación eficiente entre modos de transporte, municipios y otros agentes. Hay que reconocer, sin embargo, que el mercado de los planificadores de viajes multimodales es relativamente joven y se está desarrollando con gran fuerza: varias empresas de nueva creación (por ejemplo, fromAtoB, GoEuro, Waymate), así como empresas ya establecidas en el sector de la movilidad (por ejemplo, Daimler con Moovel, DB con Qixxit) han desarrollado ya estos planificadores.

5.11

En opinión del Comité, los proveedores de servicios de transporte de todos los modos de transporte no deben quedarse estancados en un enfoque puramente comercial, sino que deben unir sus fuerzas para crear una oferta diferenciada de suministro de información sobre viajes y tarifas y que esté a la vez orientada a los deseos, que por otra parte son divergentes, de los viajeros.

5.12

El objetivo de la Comisión de conseguir un sistema integrado de emisión de billetes, es decir, un billete único para todos los modos de transporte, cuenta con el firme apoyo del Comité; no obstante, en el contexto de este mercado, se trata justamente del mayor, y probablemente último, obstáculo que haya que superar.

5.13

Se detectan avances esperanzadores. Por ejemplo, en junio de este año, en el sector de los ferrocarriles se puso en marcha una plataforma multimodal, que integra también datos sobre el transporte aéreo, junto con otros modos de transporte, como los servicios de transporte de pasajeros por autobús o de información sobre alquiler de bicicletas; no obstante, por el momento desgraciadamente no incluye información sobre los billetes.

5.14

El Comité es consciente de que, si bien actualmente es posible establecer todo tipo de conexión fuera de línea, hacerlo en línea aún no lo es. Este es precisamente el punto débil. Lo que desea el viajero es información en línea y poder adquirir un único billete para efectuar un viaje internacional dentro de la UE utilizando distintos modos de transporte.

Bruselas, 15 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  DO C 277 del 17.11.2009, p.85.

(2)  DO C 24 del 28.1.2012, p. 146.


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/87


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo «Una nueva era de la aviación — Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y sostenible»

[COM(2014) 207 final]

(2015/C 012/14)

Ponente:

Jan Simons

El 15 de mayo de 2014, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Una nueva era de la aviación — Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y sostenible

COM(2014) 207 final.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 1 de octubre de 2014.

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales elaboró un dictamen complementario (ponente: Jan Simons, coponente: Marcel Philippe), que aprobó el 16 de septiembre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre de 2014), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 168 votos a favor y 8 abstenciones el presente dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

Europa goza de una posición muy favorable que le permite aprovechar las ventajas de la industria en expansión de los sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS), lo que fomenta el empleo y afianza el papel de Europa como centro de conocimientos en materia de tecnología y desarrollo. La financiación europea que ya existe para las pymes podría estimular aún más el desarrollo de la industria de los RPAS.

1.2

Los términos RPAS y UAV (vehículo aéreo no tripulado) se ajustan a la normativa internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La OACI no utiliza el término «dron», pero esta denominación ya se ha establecido en el lenguaje popular. Con el fin de evitar la confusión jurídica, también en lo que se refiere a la responsabilidad y los seguros, es recomendable que en el contexto europeo se procure utilizar la terminología de la OACI.

1.3

Nadie pone en duda la necesidad de integrar plenamente los RPAS en las modalidades existentes de aviación, incluido el reconocimiento e identificación de cada aeronave. A esto contribuye, especialmente en Europa, el creciente interés por las aplicaciones comerciales de RPAS de pequeño tamaño (menos de 150 kilos).

1.4

En particular, la explotación comercial de RPAS más pequeños hará que sea necesario realizar ajustes adicionales (por ejemplo, una delimitación más precisa de la responsabilidad hacia terceros, introducción de categorías más ligeras de RPAS por debajo de los 500 kilos, adaptación de los niveles de riesgo asociado con las características de vuelo de RPAS muy pequeños, etc.).

1.5

Una de las condiciones básicas para el uso de RPAS de pequeño tamaño es la existencia de normas armonizadas, en particular para los operadores de RPAS, en materia de seguridad y formación, además de normas y disposiciones adecuadas en materia de privacidad, protección de datos, responsabilidad y seguros. Esto exige normas nuevas o más estrictas que sean de aplicación para uso tanto comercial como privado y que, por ejemplo, permitan identificar RPAS más pequeños, ofrezcan protección contra la piratería informática y eviten que terceros se hagan con el control. El Comité recomienda que la Comisión asuma un papel proactivo.

1.6

El Comité respalda plenamente la finalidad de la Comunicación (1) objeto de examen, que consiste en crear en la Unión Europea un excelente clima de inversión para las actividades tanto de producción como de operación de los RPAS. Asimismo, destaca los efectos positivos sobre el empleo directo e indirecto y el correspondiente incremento general de la productividad.

1.7

Por lo que se refiere al futuro, es preciso que en Europa se coordinen los avances civiles y militares en este ámbito y se haga uso de las sinergias cuando sea posible.

1.8

Es necesario tener una visión lo más precisa posible del tráfico aéreo de los RPAS en relación con todas las aeronaves que ya están en circulación. Para lograr este objetivo deben utilizarse los medios adecuados.

2.   Introducción

2.1

Desde hace muchos años los RPAS son de uso generalizado, tanto militar como civil, pero solo recientemente ha cobrado impulso un debate más sustancial sobre sus aplicaciones comerciales y su integración en el resto del tráfico aéreo civil, así como sobre aspectos relacionados con la seguridad como la legislación, la certificación y la formación, y otras cuestiones relativas a la privacidad, la responsabilidad y los seguros. El uso puede provocar que la sociedad dé un giro hasta cierto punto comparable con el de internet: aunque procedente de la esfera militar, este sistema se adaptó y democratizó, transformó muchas profesiones y creó otras nuevas.

2.2

La utilización de RPAS civiles, en particular, se ha incrementado de forma exponencial, tanto en cantidad, tamaño y peso como en la diversidad de usos, cuyo número sigue aumentando. Hasta ahora se han determinado cinco grandes mercados: ocio, información y medios de comunicación, control e inspección (electricidad, oleoductos y gasoductos, instalaciones industriales), ciencias de la Tierra (agricultura, medio ambiente) y seguridad civil (búsqueda y rescate, contaminación, actividades policiales, control de multitudes, etc.).

2.3

La disponibilidad de RPAS menos costosos, muy flexibles y menos invasivos asumirá solo parcialmente el papel de las aeronaves tripuladas y, en particular, de los helicópteros. Con todo, la mayor utilidad de los RPAS vendrá dada por los muchos y nuevos usos que pueden proporcionar instrumentos de pequeño tamaño, muy polivalentes y económicos que se desplazan por el aire. Esto generará nuevas aplicaciones, lo que incidirá en el empleo directo e indirecto y tendrá efectos en la economía general, como el incremento de la productividad.

2.4

Ya no se plantea la cuestión de si es posible, sino de cómo y cuándo tendrá lugar la integración de los RPAS en las modalidades existentes de aviación. A esto contribuye, en particular en Europa, el creciente interés por las aplicaciones comerciales de los RPAS de pequeño tamaño (menos de 150 kilos).

2.5

Por lo tanto, a su debido tiempo, se deberá prestar atención a estos elementos al plantear la integración de los RPAS tanto en el contexto europeo como en el marco de la OACI. Además de la armonización de la normativa pertinente, los problemas de seguridad y privacidad desempeñarán un papel crucial en la aceptación pública de los RPAS en Europa y fuera de sus fronteras.

2.6

La Comunicación de la Comisión (2) ofrece una buena visión, muy exhaustiva, de los problemas existentes, así como del statu quo del uso en Europa de RPAS más pequeños y de las iniciativas regulatorias de la Comisión previstas.

3.   Contenido de la Comunicación de la Comisión

3.1

Se estima que hacia 2050 la aviación civil dispondrá de muchos tipos diferentes de aeronaves en diversos formatos. Algunas de esas aeronaves estarán tripuladas, otras no. Por lo tanto, es importante establecer un mercado europeo para los RPAS, también conocidos como «drones». Los drones forman parte de una categoría más amplia de sistemas aéreos no tripulados (UAS), que se pueden programar para volar autónomamente. Por el contrario, los RPAS son controlados a distancia por un piloto.

3.2

Esta tecnología ha madurado rápidamente y ahora puede utilizarse también fuera del contexto militar. Por consiguiente, los RPAS deberían poder volar en el espacio aéreo abierto y formar así parte habitual del tráfico aéreo civil. Hasta el momento, la tecnología se ha utilizado, por ejemplo, para realizar fotografías o vigilar infraestructuras, pero en el futuro también podría utilizarse para transportar personas o mercancías.

3.3

En la Comunicación queda reflejada la postura de la Comisión sobre la manera en que los RPAS pueden integrarse en un marco político a escala europea y sobre el modo en que puede desarrollarse este mercado para que el interés general siga estando protegido. La normativa y las actividades de I+D deberán basarse en iniciativas procedentes de una serie de actores, en particular:

la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA);

las autoridades nacionales de aviación civil;

la Organización Europea de Equipos de Aviación Civil (Eurocae);

EUROCONTROL;

las Autoridades Conjuntas de Regulación de los Sistemas Aéreos No Tripulados (JARUS).

3.4

La seguridad operacional es una prioridad de la política europea de aviación. La normativa actual obstaculiza el desarrollo de un mercado europeo, ya que las autorizaciones nacionales no gozan de reconocimiento mutuo por parte de los Estados miembros y, por consiguiente, de toda Europa. El marco reglamentario debe tener en cuenta la amplia variedad de aeronaves y tendrá que centrarse en primer lugar en las tecnologías ya maduras. De forma progresiva pueden introducirse normas más detalladas, lo que finalmente permitirá llevar a cabo operaciones de RPAS más complejas.

3.5

Aún no se dispone de cierto número de tecnologías que son necesarias para la integración segura de los RPAS. Por lo tanto, los esfuerzos de las distintas autoridades en materia de I+D deberán centrarse en el desarrollo adicional de dichas tecnologías. Se trata, en particular, de cuestiones de mando y control, tecnologías de detección y evasión, protección contra diferentes formas de ataque, procedimientos de emergencia transparentes y armonizados, capacidades de decisión para asegurar un comportamiento de vuelo previsible y factores humanos.

3.6

Por supuesto, es asimismo importante que se implanten garantías de seguridad de los datos transferidos desde los RPAS y hacia ellos. También se requiere que se puedan transferir de forma segura los datos que los distintos operadores intercambian para garantizar el buen funcionamiento del sistema.

3.7

Las operaciones llevadas a cabo por los RPAS no pueden conducir a violaciones de los derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad. Si es imprescindible recoger datos, deben respetarse las normas en materia de protección de datos según lo establecido en la Directiva 95/46/CE sobre protección de datos o en la Decisión marco 2008/977. La apertura del mercado de los RPAS implica, por lo tanto, que deberán evaluarse medidas destinadas a garantizar los derechos fundamentales.

3.8

Dado que siempre se producirán accidentes, es igualmente imprescindible considerar la cuestión de los seguros y las indemnizaciones. La Comisión examinará si es necesario modificar las actuales disposiciones. También prestará apoyo al naciente mercado de los RPAS y estimulará la competitividad de las empresas que operan en este ámbito, entre las que se cuentan muchas pymes y empresas emergentes.

4.   Observaciones generales

4.1

Si bien los RPAS civiles y militares se utilizan desde hace tiempo y su uso ha experimentado un fuerte crecimiento sobre todo en los últimos años, solo muy recientemente ha cobrado impulso el debate sobre normativa y supervisión internacional y nacional.

4.2

La terminología actual que se utiliza para referirse a las aeronaves civiles o militares no tripuladas es variada: dron, vehículo aéreo no tripulado (UAV), sistema aéreo no tripulado (UAS), sistema de aeronave pilotada de forma remota (RPAS) o aeronave pilotada de forma remota (RPA). Estas descripciones no siempre muestran con claridad las características específicas de los diversos aparatos y sistemas. La palabra «dron» tiene origen militar pero en ocasiones se usa también en el ámbito civil.

4.3

Los términos RPAS y RPA se centran en las normas de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), en consonancia con la normativa vigente en materia de aeronaves tripuladas. El manual de la OACI sobre los RPAS se refiere a las RPA como a un tipo determinado de aeronaves no tripuladas. Todos los tipos de aeronaves civiles no tripuladas entran dentro de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de Chicago (3). La OACI no utiliza el término «dron». Con el fin de evitar la confusión, también en lo que se refiere a la responsabilidad y los seguros, es recomendable que en el contexto europeo se procure utilizar la terminología de la OACI.

4.4

En consonancia con la Comunicación de la Comisión, en este proyecto de dictamen el término UAV se utiliza para un vehículo aéreo no tripulado que funciona de modo autónomo. Un RPAS es un vehículo aéreo pilotado de forma remota. En el lenguaje popular ya se ha establecido el término «drones» para todos los tipos. No obstante, a fin de evitar la confusión jurídica, parece más adecuado utilizar la terminología formal que aparece en la normativa.

4.5

La hoja de ruta europea en materia de RPAS (4) describe la evolución e integración de los RPAS civiles en un espacio aéreo común en un plazo de quince años. La hoja de ruta describe tres pilares específicos: (1) investigación y desarrollo; (2) normativa en materia de seguridad operacional, armonización de las normas técnicas y medidas adicionales, tales como la privacidad y la protección de datos; (3) seguros y responsabilidad. Las propuestas relativas a la creación de un espacio aéreo común en el que participen RPAS civiles se centran en el año 2016 y los años posteriores.

4.6

Al mismo tiempo, la OACI ha comenzado a poner en práctica la normativa largamente esperada para la integración de vehículos aéreos no tripulados (UAV). En 2011 el Grupo de estudio de la OACI sobre UAS elaboró una circular (328) sobre los UAS (sistemas de aeronaves no tripuladas) y propuso enmiendas a los anexos 2, 7 y 13 del Convenio de Chicago sobre la utilización de RPAS en la aviación civil internacional. Se espera que en el transcurso de 2014 se publique un nuevo manual sobre los RPAS, que tratará cuestiones como los requisitos de los certificados de aeronavegabilidad, la aprobación operacional de los RPAS, la certificación de los operadores y las nuevas condiciones de aeronavegabilidad, mantenimiento y operación.

4.7

La OACI tiene la intención de introducir en el período 2016-2018 SARP (standards and recommended practices, normas y prácticas recomendadas) y PAN (procedures for air navigation, procedimientos de navegación aérea) para los RPAS en materia de aeronaves, usuarios, patentes, detección y evasión, comunicaciones y normas de control del tráfico aéreo. Según indica el Grupo de estudio sobre UAS, en 2018 la OACI habrá publicado la totalidad de la normativa sobre los RPAS.

4.8

Los debates sobre la normativa tienen lugar tanto en el seno de la OACI como a escala europea; un papel importante lo desempeñan las discusiones mantenidas en el marco de JARUS (Autoridades Conjuntas de Regulación de los Sistemas Aéreos No Tripulados), un grupo internacional de expertos de las autoridades nacionales de aviación civil y de los organismos encargados de la seguridad de la aviación regional. Debería prestarse especial atención a la seguridad y las medidas contra el uso delictivo de los sistemas grandes o pequeños.

4.9

Al tratar de los RPAS es conveniente prestar atención tanto a los aspectos generales de las aeronaves de gran tamaño pilotadas de forma remota como a la variante que crece más rápido en Europa: los RPAS de pequeño tamaño. Además de las funciones de policía, gestión de emergencias y operaciones de búsqueda, que pueden considerarse de carácter más público, se ha incrementado de manera espectacular la utilización comercial de sistemas (muy) pequeños destinados a la observación, la fotografía, la supervisión y el control a escala nacional. Por consiguiente, es importante crear un mercado europeo para este uso de los RPAS.

4.10

La protección de los derechos fundamentales, como la privacidad de imágenes y datos, que ya representaba un problema en relación con aeronaves y helicópteros tripulados, se agrava ahora especialmente por la utilización de RPAS pequeños, lo que hace necesario consolidar y gestionar la protección de los datos personales y comerciales y la privacidad y respetar los derechos fundamentales. Sigue siendo necesario contar con normas adecuadas. En conexión con la adopción gradual y el proceso de aprendizaje correspondiente, también pueden desempeñar un papel importante las normas temporales y un «código de buena conducta» o una «carta de privacidad» para las empresas.

5.   Observaciones específicas

5.1   Apoyo del mercado europeo

5.1.1

El Comité constata con satisfacción que la Comisión tiene igualmente en cuenta los intereses comerciales de los operadores de RPAS de pequeño tamaño. Europa goza de una posición muy favorable que le permite aprovechar las ventajas de una industria en expansión en el ámbito de los RPAS. Un sólido sector de RPAS fomenta el empleo y afianza el papel de Europa como centro de conocimientos en materia de tecnología y desarrollo.

5.1.2

La fragmentación del sector y la probabilidad de consolidación implican que solo las empresas más innovadoras y aquellas que dispongan de mayor capacidad económica o reciban el apoyo de grandes consorcios saldrán victoriosas de la competición. Por lo tanto, es importante que a esas empresas se les ofrezcan recursos, visibilidad y estabilidad normativa para hacer frente a los retos y aprovechar el potencial de desarrollo de este sector. Las capacidades para innovar y realizar actividades de I+D propiciadas por la posibilidad de acceder a la financiación encabezan la lista de los recursos necesarios. También es importante facilitar a las empresas mencionadas la utilización de instrumentos jurídicos y normativos. Podría ser útil tomar las medidas necesarias para que varios operadores se presten servicios mutuos.

5.1.3

A fin de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado único europeo, los reguladores deben hacer frente al reto de establecer un marco legal claro pero a la vez flexible, que allane el camino a la inversión en nuevas tecnologías y aplicaciones de los RPAS, como las impresoras 3D y el internet industrial. En este contexto, la financiación europea que ya existe para las pymes podría estimular aún más el desarrollo de la industria de los RPAS. Del mismo modo, el actual programa de la Empresa Común SESAR proporciona una excelente plataforma para ofrecer más financiación a la investigación y el desarrollo (I+D) sobre una mayor integración de los RPAS. Los programas SESAR 2020 y Horizonte 2020 deberán reflejar esa particularidad adecuadamente.

5.1.4

Por una parte, los fabricantes que actualmente producen pequeñas cantidades tendrán que empezar a producir cantidades más elevadas, lo que significa que deberán adaptar sus medios de producción. Esa adaptación no debe hacerse a expensas de la alta calidad de sus productos y tiene que ir acompañada de un mayor desarrollo de su enfoque comercial. Por el contrario, para otros tipos la innovación y las soluciones a medida estimulan la creación y el crecimiento de las empresas, en particular de las pymes.

5.1.5

La evolución prevista del uso civil de drones producirá importantes cambios. A fin de evitar la pérdida de puestos de trabajo y apoyar la aparición de nuevas profesiones, es necesario prever lo que estos procesos significarán en términos de empleo. Para ello, todos los interlocutores sociales deberán participar desde el inicio. Es necesario llevar a cabo análisis y estudios piloto sobre estos aspectos, incluida la posibilidad de poner en práctica soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente y de combatir la contaminación electrónica. La educación y la formación deberán anticipar estos cambios de manera eficiente.

5.1.6

Los intereses comerciales de la industria de los RPAS se beneficiarán de un enfoque proactivo por parte de la Unión Europea durante las negociaciones de la UIT sobre asignación de frecuencias, así como de las acciones de la UE destinadas a impedir la competencia desleal por parte de terceros. En particular, esto reviste gran importancia en el contexto de las actuales negociaciones sobre libre comercio con EE. UU.

5.2   Responsabilidad y seguros

5.2.1

Una condición básica para la utilización de los RPAS es una normativa adecuada, ya sea existente o nueva, que defina las responsabilidades del operador y del usuario de RPAS con respecto a terceros. Existe consenso sobre el hecho de que la responsabilidad hacia terceros en el caso de los RPAS debe basarse en las disposiciones pertinentes para las aeronaves tripuladas.

5.2.2

Formación de pilotos: en función de las condiciones en que se utilizan los RPAS civiles, pueden surgir riesgos, en ocasiones importantes, tanto para los usuarios como para las posibles víctimas, y pueden producirse daños materiales. Para optimizar las condiciones de uso, es imprescindible establecer, con la cooperación de las autoridades reguladoras y los organismos profesionales de RPAS civiles u organizaciones similares, un marco reglamentario que defina los requisitos de formación de los pilotos y operadores que controlen aeronaves de forma remota, así como para la concesión de licencias. De este modo se reducirá la incertidumbre por lo que se refiere a los aspectos de seguros y responsabilidad legal.

5.2.3

Es plausible, también por el alto grado de automatización, que el operador de un RPAS sea considerado directamente responsable. El actual régimen de responsabilidad de las compañías y operadores aéreos se rige por el Reglamento (CE) no 785/2004, además de otras normativas. Este Reglamento no tiene en cuenta los aspectos particulares de responsabilidad y seguros en el caso de los RPAS.

5.2.4

En particular, la explotación comercial de RPAS más pequeños hará que sea necesario realizar ajustes adicionales (por ejemplo, una delimitación más precisa de la responsabilidad hacia terceros, introducción de categorías más ligeras de RPAS por debajo de los 500 kilos, adaptación de los niveles de riesgo asociado con las características de vuelo de RPAS muy pequeños, etc.).

5.2.5

Es posible contratar seguros para los RPAS, pero la mayoría de las misiones llevadas a cabo por RPAS las realizan aeronaves estatales, por lo que la demanda es reducida. El cálculo de las primas se basa normalmente en los vuelos tripulados (peso en el despegue). También este sistema debe adaptarse a los RPAS de menor tamaño.

5.3   Privacidad

5.3.1

El uso comercial de RPAS más pequeños (menos de 150 kilos), que permiten almacenar mucha información e imágenes, debe ir acompañado desde el principio por claras garantías para la protección de la vida privada. Entre otras cosas, se podría proponer bloquear las imágenes o conectar y desconectar las cámaras, así como proteger la información visual o de otro tipo. Existe una clara necesidad de normas nuevas o más estrictas que sean de aplicación para el uso tanto comercial como privado y que, por ejemplo, permitan identificar los RPAS pequeños, ofrezcan protección contra la piratería informática y eviten que terceros se hagan con el control.

5.3.2

En la actualidad las propuestas de adaptación de la normativa de la UE vigente en materia de protección de datos personales se encuentran en una fase avanzada de negociación. En esas propuestas se clarifican, entre otras cosas, las responsabilidades y obligaciones de los fabricantes y usuarios de los RPAS. Está justificado esperar un enfoque proactivo por parte de la Comisión, sobre todo a la luz de la cuestión de si tales normas deberían elaborarse y aplicarse a escala europea o nacional.

5.4   Cooperación civil y militar

5.4.1

La utilización civil y militar del espacio aéreo por parte de vehículos tripulados y no tripulados y las normas de seguridad correspondientes representarán una carga mayor para los servicios de tráfico aéreo. Por consiguiente, se apoya la intención de la Comisión de adoptar iniciativas al respecto, así como la cooperación entre los ámbitos civil y militar, de modo que se puedan ensayar aplicaciones e innovaciones comerciales y se haga uso de las sinergias cuando sea posible. Asimismo, es indudable que también deberán tenerse en cuenta las prioridades regulatorias y la relación entre la legislación internacional y la europea.

Bruselas, 15 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  Una nueva era de la aviación — Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y sostenible; COM(2014) 207 final de 8.4.2014.

(2)  Ibid.

(3)  Artículo 8. Vehículos aéreos no tripulados

Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin piloto sobre el territorio de un Estado contratante sin permiso especial de dicho Estado y de conformidad con los términos de dicho permiso. Todos lo Estados contratantes se comprometen a velar por que el vuelo de aeronaves sin piloto en las regiones abiertas al vuelo de aeronaves civiles se regule de tal modo que evite todo peligro a las aeronaves civiles.

(4)  Roadmap for the integration of civil Remotely-Piloted Aircraft Systems into the European Aviation System. Informe final del Grupo Director del RPAS europeo, junio de 2013.


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/93


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos

[COM(2014) 254 final/2]

(2015/C 012/15)

Ponente:

Seamus Boland

Coponente:

Gonçalo Lobo Xavier

El 13 de mayo de 2014, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos

COM(2014) 254 final/2.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 1 de octubre de 2014.

En su 502o pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 143 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención el presente dictamen.

1.   Síntesis de las conclusiones y recomendaciones

1.1

El CESE acoge favorablemente el documento de la Comisión, que tiene por objeto aprovechar al máximo el potencial de empleo de nuestros mares y océanos a través de la innovación, con especial énfasis en la biotecnología marina, la energía oceánica y la explotación minera de los fondos marinos.

1.2

El CESE expresa su preocupación por la falta de coordinación de las medidas emprendidas por los sectores público y privado, y constata la existencia de tensiones similares entre Estados miembros. De la misma manera, la falta de datos adecuados y de los sistemas de datos necesarios para obtener información exacta sobre nuestros mares y su potencial frena el desarrollo de la innovación, a pesar de los esfuerzos realizados por varias universidades e institutos científicos en los Estados miembros. El CESE considera que mientras estas cuestiones estén por resolver, los europeos se ven privados de la oportunidad de acceder a nuevos empleos potenciales.

1.3

El CESE opina que la iniciativa emblemática «Unión por la innovación» de la UE es fundamental para desarrollar la economía azul, pero precisa de mayor apoyo por parte de la Comisión. Este apoyo incluye el respaldo legislativo necesario, así como ayudas financieras a largo plazo acompañadas de más información sobre los programas de innovación existentes.

1.4

El CESE recomienda encarecidamente a la Comisión y a los Estados miembros que respondan con carácter de urgencia a las deficiencias señaladas en la iniciativa emblemática «Unión por la innovación».

1.5

El CESE recomienda que, como complemento al enfoque científico de la propuesta, se integren en el proceso estrategias de turismo costero, no solo para avivar el interés de la sociedad civil en la materia, sino también para extraer beneficios de una cooperación integrada entre estas dos visiones.

1.6

El CESE recomienda que las comunidades costeras e insulares, cuyas industrias tradicionales, incluida la pesca, sufren un importante declive, se incorporen plenamente a todas las fases del desarrollo de la economía azul, a fin de garantizar un adecuado equilibrio entre las actividades de I+D y las turísticas que permita crear empleo y prosperidad. Con esta recomendación, el CESE pone de relieve la importancia de que todas las comunidades afectadas por la economía azul estén representadas en un diálogo constructivo entre todas las partes interesadas. Además, estas comunidades, y en particular las islas, tienen un claro potencial en este sentido y pueden contribuir de manera específica a la innovación en la economía azul.

1.7

En el desarrollo de estrategias para impulsar el empleo en la economía azul es esencial integrar la innovación en sectores como la construcción naval, la acuicultura, las infraestructuras portuarias y la pesca. Dada la necesidad creciente de respetar diversas exigencias medioambientales, el CESE recomienda que toda medida en el ámbito de la política marina formulada por la Comisión se centre en el potencial de empleo que ofrece la adaptación a estas nuevas exigencias.

1.8

No hay duda de que, con la política actual, la creación de empleo a través de la innovación en la economía azul será muy lenta. En este contexto, el CESE recomienda encarecidamente a la Comisión Europea que busque el consenso de todas las partes en torno a un calendario inteligente que centre las medidas para lograr una ejecución rápida de todas las estrategias.

1.9

Aun cuando acoge positivamente las medidas propuestas por la Comisión, está firmemente convencido de que su número es insuficiente y de que carecen del compromiso adecuado por parte de los Estados miembros. En este contexto, es preciso celebrar antes de 2016 una cumbre de la UE dedicada a la innovación en la economía azul, en la que participen los ministros de Asuntos Marítimos y otros ámbitos de competencia asociados. Su propósito sería priorizar estrategias clave y acordar calendarios para su aplicación que resulten razonables para todos los Estados miembros, en el respeto de las características de cada uno. El Comité recomienda asimismo que la sociedad civil, incluidos los trabajadores y los grupos marginalizados, se hallen debidamente representados en el Foro de los colectivos científicos y empresariales de la economía azul, cuya celebración se propone para 2015.

2.   Explicación y antecedentes

2.1

En 2011 la Comisión Europea aprobó una Comunicación sobre el crecimiento azul (1), que mostraba el potencial de empleo que podría generar el apoyo a los océanos, mares y costas de Europa. Asimismo, destacaba el papel que podría desempeñar la energía oceánica para aumentar las oportunidades de empleo.

2.2

En la actualidad se calcula que entre el 3 y el 5 % del PIB de la UE procede del sector marítimo en su conjunto, que emplea a unos 5,6 millones de personas y genera 4 95  000 millones EUR en la economía europea. El 90 % del comercio exterior y el 43 % del comercio interior de la UE se lleva a cabo por vía marítima. La construcción naval europea y sus sectores asociados representan el 10 % de la producción mundial. En torno a Europa operan unos 1 00  000 buques, ya sea en el sector de la pesca o en el de la acuicultura. También se está desarrollando otro tipo de actividades más novedosas, como la extracción de minerales y los parques eólicos (véase The European Union explained — Maritime affairs and fisheries, 2014, http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/fisheries_en.pdf)

2.3

Asimismo, es sabido que el uso insostenible de nuestros mares, que amenaza el frágil equilibrio de los ecosistemas marinos, despierta inquietud tanto en el conjunto de los Estados miembros como en las instituciones de la UE. Esto, a su vez, supone un reto para las iniciativas en el ámbito marino orientadas a crear empleo y contribuir a la Estrategia Europa 2020.

2.4

Además, la Comisión es consciente de las deficiencias puestas de relieve por la iniciativa emblemática «Unión por la innovación»: inversión insuficiente en el conocimiento, acceso deficiente a la financiación, coste elevado de los derechos de propiedad intelectual, establecimiento lento de normas interoperables, utilización ineficaz de la contratación pública y duplicaciones en la investigación. En su Informe Anual sobre el Crecimiento 2014, la Comisión añade otras deficiencias, como la colaboración insuficiente entre los sectores público y privado en materia de innovación, la escasa transferencia de los resultados de la investigación a los bienes y servicios y el creciente déficit de mano de obra cualificada.

2.5

Los limitados datos disponibles sobre las características de los fondos marinos, por ejemplo mediante una cartografía de sus hábitats, su geología u otros datos inciertos relacionados con el mar, frenan un desarrollo más rápido de la innovación.

2.6

Cabe señalar el número considerable de iniciativas gestionadas por la política de la Comisión Europea, entre las que se encuentran:

la puesta a disposición de datos sin restricciones,

la integración de los sistemas de datos,

la aprobación de la Estrategia europea de investigación marina.

2.7

A pesar de la reforma de la política pesquera común, miles de comunidades costeras se hallan en declive. Muchas se dan cuenta de que no pueden competir en el mar y necesitarían ayudas considerables para modernizar sus flotas pesqueras. También están en declive los sectores auxiliares como la construcción naval, el mantenimiento de buques y la prestación de servicios asociados.

2.8

Los mares que rodean Europa son: los mares Adriático y Jónico, los océanos Ártico y Atlántico, el Mar de Irlanda, el Báltico, el Mar Negro, el Mediterráneo y el Mar del Norte.

3.   Contexto de la Comunicación de la Comisión

3.1

El pasado 8 de mayo, la Comisión Europea presentó un Plan de acción sobre la innovación en la economía azul. El propósito general de esta Comunicación es aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo de nuestros mares y océanos. En ella se propone una serie de iniciativas para adquirir nuevos conocimientos sobre el océano, mejorar las competencias necesarias para la aplicación de las nuevas tecnologías en el entorno marino y reforzar la coordinación de la investigación en este ámbito. Las medidas propuestas son las siguientes:

realizar para 2020 un mapa digital de todo el lecho marino correspondiente a aguas europeas;

crear para finales de 2015 una plataforma de información en línea que recoja los proyectos de investigación marina incluidos en el programa Horizonte 2020, así como las actividades de investigación marina financiadas a nivel nacional, y difunda los resultados de los proyectos ya finalizados;

constituir un Foro de los colectivos científicos y empresariales de la Economía Azul en el que participaría el sector privado, los científicos y las ONG al objeto de dar forma a la economía azul del futuro y de compartir ideas y resultados. La primera reunión tendrá lugar coincidiendo con la celebración en 2015 del Día Europeo del Mar, que tendrá lugar en el Pireo (Grecia);

exhortar a los agentes de la investigación, el empresariado y la educación a hacer para 2016 un análisis de las necesidades de personal y las cualificaciones que se requerirán en el ámbito marítimo del mañana;

examinar la posibilidad de que algunos grandes operadores de los sectores de la investigación, el empresariado y la educación formen una comunidad de conocimiento e innovación (o KIC) para la economía azul después de 2020. Las KIC, que están integradas en el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), pueden estimular la innovación de múltiples formas, por ejemplo a través de la realización de programas de formación y educación, facilitando la transición entre la fase de investigación y la de explotación en el mercado y estableciendo proyectos de innovación y viveros de empresas.

3.2

Entre los sectores que conforman la economía azul se cuentan la acuicultura, el turismo costero, la biotecnología marina, la energía oceánica y la explotación minera de los fondos marinos.

3.3

Aunque, en términos económicos, la economía azul garantiza la sostenibilidad de 5,4 millones de puestos de trabajo y genera un valor añadido bruto de casi 5 00  000 millones EUR al año, es preciso recordar que la biotecnología marina, la energía oceánica y la explotación minera de los fondos marinos todavía deben desarrollarse como contribuidores netos a la economía.

3.4

En opinión de la Comisión, cada uno de estos sectores puede contribuir sustancialmente a la economía azul de las siguientes maneras:

la biotecnología marina ofrece la posibilidad de explorar el mar para llevar a cabo secuenciaciones del ADN gracias a las nuevas tecnologías submarinas. La masa crítica alcanzada por todos los Estados miembros implicados estimulará el desarrollo de nichos de mercado lucrativos;

la energía oceánica es todavía un sector emergente. Si se gestiona adecuadamente, tiene el potencial de contribuir a los objetivos de energía renovable y reducción de los gases de efecto invernadero. A la vista de los progresos realizados, el potencial de crecimiento económico resultado de las tecnologías innovadoras más recientes se considera realista;

la explotación minera de los fondos marinos tiene el potencial de crear empleo, pues sabemos que la cantidad de minerales que se encuentran en él puede ser enorme. Teniendo en cuenta los aspectos medioambientales, la extracción de estos minerales podría colmar algunas lagunas del mercado en aquellos casos en que el reciclado no es posible o adecuado o en que las minas en tierra están sobrecargadas. Este sector, hoy todavía modesto, tiene el potencial de generar crecimiento sostenible y empleo para las generaciones futuras.

3.5

La economía azul se beneficia de la iniciativa emblemática «Unión por la innovación» de la UE, que aspira a crear un entorno favorable a la innovación. Dotado con 79  000 millones EUR, el nuevo programa Horizonte 2020 se ha convertido en el mayor programa de investigación e innovación de la UE.

3.6

No obstante, el documento de la Comisión también menciona una serie de deficiencias de la iniciativa: inversión insuficiente en el conocimiento, acceso deficiente a la financiación, coste elevado de los derechos de propiedad intelectual, lentitud en el establecimiento de normas interoperables, utilización ineficaz de la contratación pública y duplicaciones en la investigación.

3.7

Las medidas propuestas por la Comisión incluyen:

a partir de 2014, establecer un proceso sostenible que garantice que los datos sobre el medio marino sean fácilmente accesibles e interoperables y estén libres de restricciones de uso;

antes de enero de 2020, elaborar una cartografía multirresolución de todos los fondos marinos de las aguas europeas;

antes de finales de 2015, crear una plataforma de información sobre investigación marina en todo el programa Horizonte 2020, así como sobre información relativa a los proyectos de investigación marina financiados a escala nacional;

en 2015, primera reunión del Foro de los colectivos científicos y empresariales de la economía azul;

durante el período 2014-2016, establecer una alianza de competencias sectoriales en el ámbito marino.

3.8

Cabe señalar que el documento de la Comisión no establece una definición de «economía azul». No obstante, el CESE toma nota de la definición incluida en el tercer informe intermedio de la UE (marzo de 2012) titulado Scenarios and drivers for sustainable growth from oceans, seas and coasts, que define el «crecimiento azul» como un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en términos económicos y de empleo, que tiene su origen en los océanos, los mares y las costas. Conforman la economía marítima todas las actividades económicas sectoriales e intersectoriales relacionadas con los océanos, los mares y el litoral. Aunque estas actividades se inscriben en su mayoría en un entorno geográfico específico, esta definición incluye también las actividades de apoyo directo e indirecto necesarias para el funcionamiento de los sectores económicos del mar. Estas actividades pueden situarse en cualquier lugar, incluso en países sin litoral. Se considera empleo marítimo el empleo (medido como empleo a tiempo completo) generado por las actividades mencionadas relacionadas con los océanos, el mar y las costas.

4.   Observaciones generales

4.1

Para aprovechar el potencial de la economía azul en Europa es preciso que los Estados miembros y todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, desarrollen políticas y soluciones locales que solventen las numerosas deficiencias señaladas por la iniciativa emblemática «Unión por la innovación», así como las enumeradas en el Informe Anual sobre el Crecimiento 2014.

4.2

Esta iniciativa emblemática es fundamental para desarrollar la economía azul. No obstante, para poder aprovechar plenamente el potencial económico de nuestros mares se necesita un desarrollo y un respaldo considerablemente mayores.

4.3

En el contexto del Semestre Europeo, la Comisión debe asegurarse de que las políticas generales de los planes nacionales de reforma de los Estados miembros reflejen las prioridades del crecimiento azul.

4.4

La contaminación marina, originada mayoritariamente en tierra, es una realidad con implicaciones concretas para la sostenibilidad futura de la economía azul. De forma similar, los aspectos medioambientales planteados por la explotación minera de los fondos marinos, la necesidad de mejores infraestructuras portuarias y las mejoras de la calidad medioambiental del sector del transporte marítimo limitarán, si no se resuelven con rapidez, las posibilidades de creación de empleo de la economía azul.

4.5

Deberá prestarse particular atención a la situación de las comunidades costeras, que se han visto afectadas por la amplia crisis económica europea y dependen de la economía azul, asociándolas en mayor medida a los programas de la UE, como la política pesquera común.

4.6

En Europa, la fragmentación de las políticas y medidas destinadas a mejorar el valor económico de nuestros mares y océanos ha constituido un obstáculo para lograr economías sostenibles en los diferentes sectores. Asimismo, el potencial de los acuerdos en materia de economía azul entre Europa y los EE.UU y otros agentes globales puede contribuir a la creación de empleo.

4.7

La economía azul depende del desarrollo de la industria naval, que cuenta en Europa con unos ciento cincuenta grandes astilleros, de los que alrededor de cuarenta operan en el mercado mundial de grandes buques mercantes. Los astilleros de la Unión Europea (civiles y militares, que se ocupan de la construcción y reparación de buques) dan trabajo directo a unas 1 20  000 personas. El documento de la Comisión debería reflejar más pormenorizadamente la contribución del transporte marítimo a la economía azul en su conjunto.

4.8

Como complemento al enfoque científico de la propuesta, es preciso integrar en el proceso estrategias de turismo costero, no solo para avivar el interés de la sociedad civil en la materia, sino también para extraer beneficios de una cooperación integrada entre estas dos visiones. En todo desarrollo subyace la necesidad de adaptarse a las exigencias medioambientales y de detectar las oportunidades que se ofrecen.

4.9

El documento de la Comisión se centra en gran medida en la investigación científica, que obviamente es necesaria para mantener un ecosistema en buenas condiciones, pero en la elaboración de políticas se precisa también un enfoque integrado. Por este motivo, debe determinarse de forma científica cuáles son los efectos de la explotación minera de los fondos marinos, para tenerlos en cuenta en todo momento en la elaboración de las políticas. Resulta esencial encontrar el buen equilibrio entre la necesidad de preservar los mares y su sostenibilidad económica, de modo que tanto la investigación como los agentes económicos y la sociedad en general puedan salir beneficiados.

4.10

Un análisis de la economía azul que no preste suficiente atención al declive de sus sectores tradicionales, como la pesca artesanal, el transporte marítimo y el turismo perderá solidez. Asimismo, conviene mencionar los efectos de la reducción del presupuesto de la UE en este sector.

4.11

No se debe minar la capacidad de los sectores tradicionales de contribuir a la creación de empleo. En el sector de la acuicultura, la UE todavía no es capaz de cubrir su propia demanda de pescado. En cuanto a la construcción naval, su potencial de creación de empleo también es inmenso. Además, responder a la necesidad de modernización de las infraestructuras portuarias supondrá un aumento significativo de las oportunidades de empleo.

4.12

Las estrategias de innovación de algunos Estados miembros ya respaldan la idea de sostenibilidad y el océano como prioridad nacional. Por ejemplo, el documento portugués «National strategy for research and innovation for a smart specialisation 2014-2020» ilustra el uso correcto de un transporte marítimo eficiente en el plano ecológico en un espacio marítimo sin fronteras, que permite explorar mejor las posibilidades de la industria naval y su integración en la logística portuaria y global. Es una muestra del compromiso de los Estados miembros en este sentido, de la importancia de la economía azul y del liderazgo europeo en este ámbito.

4.13

El CESE considera que las islas deben desempeñar un papel específico en la economía azul en los tres ámbitos considerados de innovación para el sector, y de forma particular en el área de la energía oceánica. Por este motivo, insta a la Comisión a que en el contexto de esta Comunicación preste especial atención a las islas europeas, no solo por la incidencia que la economía azul tendrá en ellas sino también por su posible contribución a la innovación.

Bruselas, 15 de octubre de 2014.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Henri MALOSSE


(1)  Crecimiento azul: Oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible, COM(2012) 494 final.


15.1.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 12/99


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (ISA2): La interoperabilidad como medio de modernización del sector público

[COM(2014) 367 final — 2014/0185 (COD)]

(2015/C 012/16)

Ponente único:

Sr. Etherington

El 3 de julio de 2014 y el 17 de julio de 2014, respectivamente, el Parlamento Europeo y el Consejo decidieron, de conformidad con los artículos 172 y 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (ISA2): La interoperabilidad como medio de modernización del sector público

COM(2014) 367 final — 2014/0185 (COD).

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 1 de octubre de 2014.

En su 502o Pleno de los días 15 y 16 de octubre de 2014 (sesión del 15 de octubre) el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 151 votos a favor y 5 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   Conclusiones

1.1.1

El Comité acoge con satisfacción la propuesta de un nuevo programa relativo a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas, la sociedad civil y los ciudadanos («ISA2»). Se trata de una propuesta correctamente argumentada que puede contribuir a la Agenda Digital para Europa garantizando la posibilidad de que las administraciones públicas compartan datos de forma eficaz y eficiente sobre la base de unas normas e instrumentos comunes.

1.1.2

Aun cuando ISA2 se centra en las administraciones públicas, el CESE considera que este programa entraña también un posible beneficio para la sociedad civil que espera pueda materializarse plenamente.

1.1.3

No obstante, existen dos cuestiones principales que, una vez gestionadas, podrían reforzar ISA2.

1.1.4

En primer lugar, los ciudadanos son cada vez más conscientes y muestran una preocupación mayor por la recopilación y el uso de datos personales –o de datos en general– que hacen las administraciones. Del mismo modo, saben que una mayor interoperabilidad incide en la manera en que se pueden compartir y utilizar los datos. La propuesta no hace ninguna referencia a estos riesgos y preocupaciones, ni de cara a los ciudadanos ni al éxito en la aplicación del programa ISA2. El CESE desearía también remitir a uno de sus dictámenes precedentes acerca de la protección de datos –y el parecer del Supervisor Europeo de Protección de Datos–, y destacar la necesidad de reforzar las garantías de los ciudadanos (1) (véase la carta del Supervisor Europeo de Protección de Dato sobre la propuesta de Reglamento general de protección de datos: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultatio/Comments/2014/14-02-14_letter_Council_reform_package_EN.pdf)

1.1.5

En segundo lugar, las ISA2 podrían llegar a falsear el mercado actual de las soluciones de interoperabilidad a través, en particular, de las actividades de los «viveros».

1.2   Recomendaciones

1.2.1

El CESE valora positivamente el programa ISA2 sobre interoperabilidad y apoya esta propuesta.

1.2.2

El Comité recomienda que el programa se fundamente en el actual programa ISA, entre otros programas, para contribuir a la ejecución de la Agenda Digital para Europa.

1.2.3

El CESE desearía que se le mantuviera informado acerca de los progresos realizados por el programa ISA2.

1.2.4

La confianza de los ciudadanos y la confianza en las administraciones públicas y en su capacidad para gestionar la información personal y respetar la privacidad suscitan preocupación. La propuesta no menciona la confianza de la ciudadanía como un riesgo, como tampoco señala ningún otro peligro o desventaja para la interoperabilidad. También ha de tenerse presente cualquier preocupación que el Supervisor Europeo de Protección de Datos pueda albergar sobre el procesamiento de los datos personales en más de un Estado miembro. Se trata de circunstancias que deberán abordarse con mayor claridad en las actividades del programa.

1.2.5

El Resumen para el ciudadano debe redactarse de modo que se aborden con solidez las preocupaciones sobre la relación calidad-precio y se justifiquen las prestaciones sociales contempladas en el programa.

1.2.6

Además, se debe hacer un mayor uso de los casos prácticos a fin de demostrar la necesidad práctica, a efectos de los ciudadanos, de una interoperabilidad entre las administraciones públicas nacionales.

1.2.7

El Comité recomienda que se haga un esfuerzo especial para dar a conocer la labor que desempeña ISA2 entre la sociedad civil, toda vez que las organizaciones podrían beneficiarse de las actividades en materia de interoperabilidad o contribuir al éxito del programa.

1.2.8

El funcionamiento de los «viveros» y los «puentes de soluciones» puede llegar a dar lugar a un falseamiento del mercado. Habida cuenta de lo anterior:

la Comisión debería cerciorarse de que estas actividades no constituyen un factor de distorsión para el mercado ni se traducen en una menor oferta comercial de soluciones de interoperabilidad en el ámbito de las TIC;

la selección de nuevas soluciones y la elección de soluciones de apoyo a largo plazo en pos de la sostenibilidad deben someterse a un ensayo y una evaluación rigurosas en el marco de un procedimiento en el que las partes interesadas puedan depositar su confianza, y

aun cuando la distorsión del mercado es una preocupación legítima, los viveros deberían pasar a centrarse en el desarrollo o la adopción de normas y bibliotecas de servicios, en lugar de proporcionar soluciones «llave en mano».

1.2.9

Restringir los fines no comerciales puede limitar la repercusión de ISA2: si la sociedad civil no puede aprovechar los trabajos de las ISA2 con una finalidad comercial, será menos proclive a implicarse en el programa.