15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/1

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/2

1)

¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43/CEE (1) del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva sobre los hábitats), en el sentido de que un proyecto de construcción de un puente ya autorizado antes de la inclusión de una zona en la lista de lugares de importancia comunitaria y no dedicado directamente a la gestión de la zona debe someterse, antes de su ejecución, a una evaluación de sus repercusiones, si el lugar ha sido incluido en la lista después haberse concedido la autorización pero antes de comenzar la ejecución, y antes de concederse la autorización sólo tuvo lugar una evaluación de riesgos o evaluación preliminar?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

Al realizar la evaluación a posteriori, ¿debe la autoridad nacional observar los preceptos del artículo 6, apartados 3 y 4, de la Directiva sobre los hábitats si ya pretendió atenerse a ellos cautelarmente en la evaluación de riesgos o evaluación preliminar que precedió a la concesión de la autorización?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión y negativa a la segunda:

¿Qué exigencias deben imponerse con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats a una evaluación a posteriori de una autorización concedida para un proyecto y a qué momento se ha de referir la evaluación?

4)

En un procedimiento complementario dirigido a subsanar un error detectado en una evaluación a posteriori con arreglo al artículo 6, apartado 2, de la Directiva sobre los hábitats o en una evaluación de las repercusiones con arreglo al artículo 6, apartado 3, de la Directiva sobre los hábitats, ¿debe tenerse en cuenta, mediante las correspondientes modificaciones de las exigencias de la evaluación, que la obra fue construida y puesta en servicio porque la decisión de aprobación del proyecto era inmediatamente ejecutoria y no prosperó un procedimiento de medidas provisionales, sin que hubiera posibilidad de recurso? ¿Resulta aplicable lo anterior, en todo caso, a la necesaria evaluación a posteriori de soluciones alternativas con motivo de una decisión con arreglo al artículo 6, apartado 4, de la Directiva sobre los hábitats?

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/3

1)

¿Es necesario que la circunstancia excepcional en el sentido del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (1) se refiera directamente al vuelo reservado?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿cuántos trayectos anteriores realizados por la aeronave prevista para el vuelo son relevantes para determinar la concurrencia de una circunstancia excepcional? ¿Existe un límite temporal en relación con la consideración de las circunstancias excepcionales relativas a trayectos anteriores? Y, de ser así, ¿cómo se fija dicho límite?

3)

En caso de que las circunstancias excepcionales que se produzcan durante los trayectos anteriores también sean relevantes para un vuelo posterior, ¿deben limitarse las medidas razonables, que, con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Reglamento, debe tomar el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo, a evitar la circunstancia excepcional o también deben tener por objeto evitar que se produzca un mayor retraso?

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/4

1)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, no 72 [en los asuntos acumulados C-72/10 y C-77/10], en el sentido de que se oponen a que se convoque una licitación relativa a una concesión por una duración inferior a las concedidas anteriormente, si la citada licitación ha sido convocada con la finalidad manifestada de subsanar las consecuencias derivadas de la exclusión ilegal de un determinado número de operadores de las anteriores licitaciones?

2)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que la exigencia de que los vencimientos de las concesiones coincidan en el tiempo constituya una justificación adecuada para que la duración de las concesiones objeto de la licitación sea menor respecto a la de las anteriores concesiones adjudicadas en el pasado?

3)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que se obligue a ceder a título gratuito el uso de los bienes materiales e inmateriales de propiedad que constituyen la red de gestión y de recaudación del juego en caso de cese de la actividad por vencimiento del plazo final de la concesión o por efecto de medidas de resolución o revocación?

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/4

1)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, no 72 [en los asuntos acumulados C-72/10 y C-77/10], en el sentido de que se oponen a que se convoque una licitación relativa a una concesión por una duración inferior a las concedidas anteriormente, si la citada licitación ha sido convocada con la finalidad manifestada de subsanar las consecuencias derivadas de la exclusión ilegal de un determinado número de operadores de las anteriores licitaciones?

2)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que la exigencia de que los vencimientos de las concesiones coincidan en el tiempo constituya una justificación adecuada para que la duración de las concesiones objeto de la licitación sea menor respecto a la de las anteriores concesiones adjudicadas en el pasado?

3)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que se obligue a ceder a título gratuito el uso de los bienes materiales e inmateriales de propiedad que constituyen la red de gestión y de recaudación del juego en caso de cese de la actividad por vencimiento del plazo final de la concesión o por efecto de medidas de resolución o revocación?

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/5

1)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, no 72 [en los asuntos acumulados C-72/10 y C-77/10], en el sentido de que se oponen a que se convoque una licitación relativa a una concesión por una duración inferior a las concedidas anteriormente, si la citada licitación ha sido convocada con la finalidad manifestada de subsanar las consecuencias derivadas de la exclusión ilegal de un determinado número de operadores de las anteriores licitaciones?

2)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que la exigencia de que los vencimientos de las concesiones coincidan en el tiempo constituya una justificación adecuada para que la duración de las concesiones objeto de la licitación sea menor respecto a la de las anteriores concesiones adjudicadas en el pasado?

3)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que se obligue a ceder a título gratuito el uso de los bienes materiales e inmateriales de propiedad que constituyen la red de gestión y de recaudación del juego en caso de cese de la actividad por vencimiento del plazo final de la concesión o por efecto de medidas de resolución o revocación?

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/6

1)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, no 72 [en los asuntos acumulados C-72/10 y C-77/10], en el sentido de que se oponen a que se convoque una licitación relativa a una concesión por una duración inferior a las concedidas anteriormente, si la citada licitación ha sido convocada con la finalidad manifestada de subsanar las consecuencias derivadas de la exclusión ilegal de un determinado número de operadores de las anteriores licitaciones?

2)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que la exigencia de que los vencimientos de las concesiones coincidan en el tiempo constituya una justificación adecuada para que la duración de las concesiones objeto de la licitación sea menor respecto a la de las anteriores concesiones adjudicadas en el pasado?

3)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que se obligue a ceder a título gratuito el uso de los bienes materiales e inmateriales de propiedad que constituyen la red de gestión y de recaudación del juego en caso de cese de la actividad por vencimiento del plazo final de la concesión o por efecto de medidas de resolución o revocación?

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/6

1)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, no 72 [en los asuntos acumulados C-72/10 y C-77/10], en el sentido de que se oponen a que se convoque una licitación relativa a una concesión por una duración inferior a las concedidas anteriormente, si la citada licitación ha sido convocada con la finalidad manifestada de subsanar las consecuencias derivadas de la exclusión ilegal de un determinado número de operadores de las anteriores licitaciones?

2)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que la exigencia de que los vencimientos de las concesiones coincidan en el tiempo constituya una justificación adecuada para que la duración de las concesiones objeto de la licitación sea menor respecto a la de las anteriores concesiones adjudicadas en el pasado?

3)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que se obligue a ceder a título gratuito el uso de los bienes materiales e inmateriales de propiedad que constituyen la red de gestión y de recaudación del juego en caso de cese de la actividad por vencimiento del plazo final de la concesión o por efecto de medidas de resolución o revocación?

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/7

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/8

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/8

1)

El artículo 3, apartado 2, letra a), de la versión vigente del Reglamento (CE) no 297/95 del Consejo, de 10 de febrero de 1995 (1), ¿debe interpretarse en el sentido de que, por lo que se refiere a las modificaciones de autorizaciones de comercialización de tipo I —y en particular, por lo que respecta al litigio principal, de tipo IA—, en el supuesto de modificaciones idénticas que afecten a varias autorizaciones de comercialización del mismo titular, debe abonarse una única tasa por el importe indicado en dicha norma o tantas tasas como autorizaciones se vean afectadas por la modificación?

2)

En las circunstancias del presente procedimiento, ¿existe la facultad o la obligación, como sostiene esta Sala, de plantear la cuestión al Tribunal de Justicia?

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/9

—

Que se declare que al no adoptar, en el caso de cada uno de los vertederos identificados en el punto 26 del presente recurso [vertederos de residuos no peligrosos de Ortuella, en el País Vasco, y de Zurita y de Juan Grande, en Canarias], las medidas necesarias para solicitar a la entidad explotadora la elaboración de un plan de acondicionamiento y asegurar la ejecución completa de dicho plan conforme a los requisitos de la Directiva, con excepción de aquellos que figuran en el punto 1 del anexo I, dentro de un plazo de ocho años a partir de la fecha a que se refiere el apartado 1 del artículo 18 de la Directiva 1999/31/CE (1) del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que para cada uno de los vertederos mencionados le incumben en virtud del artículo 14, letra c), de dicha Directiva.

—

Que se declare que al no adoptar, en el caso de cada [uno] de los vertederos identificados en el punto 37 del presente recurso [9 vertederos de residuos no peligrosos [Vélez Rubio (Almería), Alcolea de Cinca (Huesca), Sariñena (Huesca), Tamarite de Litera (Huesca), Somontano — Barbastro (Huesca), Barranco de Sedases (Fraga, Huesca), Barranco Seco (Puntallana, La Palma), Jumilla (Murcia) y Legazpia (Guipuzkoa)] y 19 vertederos de residuos inertes [Sierra Valleja (Arcos de la Frontera, Cádiz), Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Jaén), Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Jaén), Cerrajón (Castillo de Locubín, Jaén), Las Canteras (Jimena y Bedmar, Jaén), Hoya del Pino (Siles, Jaén), Bellavista (Finca El Coronel, Alcalá de Guadaira, Sevilla), El Patarín (Alcalá de Guadaira, Sevilla), Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Arahal, Sevilla), Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Sevilla), El Chaparral (Écija, Sevilla), Carretera A-92, KM 57,5 (Morón de la Frontera, Sevilla), Carretera 3118 Fuente Leona — Cumbres mayores (Colina Barragona, Huelva), Llanos del Campo (Grazalema — Benamahoma, Cádiz) Andrada Baja (Alcalá de Guadaira, Sevilla), Las Zorreras (Aldeira, Granada), Carretera de los Villares (Andújar, Jaén) La Chacona (Cabra, Córdoba) y el Chaparral — La Sombrerera (Puerto Serrano, Cádiz)]] las medidas necesarias para cerrar lo antes posible, con arreglo a lo dispuesto en la letra g) del artículo 7 y en el artículo 13 de la Directiva 1999/31, las instalaciones que no hayan obtenido, de conformidad con el artículo 8 de la misma, autorización para continuar sus actividades, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben para cada uno de los vertederos mencionados en virtud del artículo 14, letra b), de dicha Directiva.

—

Que se condene en costas al Reino de España.

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/10

—

Anule el auto del Tribunal General dictado el 10 de julio de 2014 en el asunto T-271/10, H/Consejo de la Unión Europea, Comisión Europea y «MPUE», en la medida en que desestima la pretensión formulada por la parte demandante dirigida a obtener la anulación de la decisión de 7 de abril de 2010, firmada por el jefe del personal de la MPUE, por la que la demandante fue destinada al puesto de «Criminal Justice Adviser — Prosecutor» en la oficina regional de Banja Luka (Bosnia y Herzegovina) y, en la medida en que resultara necesario, de la decisión de 30 de abril de 2010, firmada por el jefe de la misión contemplado en el artículo 6 de la Decisión 2009/906/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2009, relativa a la Misión de Policía de la Unión Europea (MPUE) en Bosnia y Herzegovina (1), y, en segundo lugar, una indemnización de daños y perjuicios.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General.

—

Condene a las partes demandadas en la primera instancia al pago de las costas de los procedimientos.

—

Vulneración del derecho de defensa.

—

Infracción del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento.

—

Error de Derecho.

—

Infracción del Derecho de la Unión.

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/11

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/12

1)

¿Debe interpretarse el concepto de «procedimiento administrativo» contenido en el artículo 4, apartado 1, inicio y letra a), de la Directiva 87/344/CEE (1) del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica, en el sentido de que incluye el procedimiento tramitado ante el UWV [Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen], en el que el empresario solicita una autorización de despido al objeto de poner fin al contrato de trabajo con el trabajador (que ha contratado un seguro de defensa jurídica)?

2)

Si la respuesta a la cuestión 1 depende de las características del procedimiento específico, en su caso en relación con los hechos y circunstancias del asunto, ¿en función de qué características, hechos y circunstancias deberá determinar el órgano jurisdiccional nacional si el procedimiento debe calificarse de procedimiento administrativo en el sentido del artículo 4, apartado 1, inicio y letra a), de la Directiva?

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/12

1)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, no 72 [en los asuntos acumulados C-72/10 y C-77/10], en el sentido de que se oponen a que se convoque una licitación relativa a una concesión por una duración inferior a las concedidas anteriormente, si la citada licitación ha sido convocada con la finalidad manifestada de subsanar las consecuencias derivadas de la exclusión ilegal de un determinado número de operadores de las anteriores licitaciones?

2)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que la exigencia de que los vencimientos de las concesiones coincidan en el tiempo constituya una justificación adecuada para que la duración de las concesiones objeto de la licitación sea menor respecto a la de las anteriores concesiones adjudicadas en el pasado?

3)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos a la luz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen a que se obligue a ceder a título gratuito el uso de los bienes materiales e inmateriales de propiedad que constituyen la red de gestión y de recaudación del juego en caso de cese de la actividad por vencimiento del plazo final de la concesión o por efecto de medidas de resolución o revocación?

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/13

1)

¿Deben interpretarse los artículos 3 y 94, apartados 1 y 3, del Reglamento no 1408/71 (1) en el sentido de que se oponen a que a un antiguo marino que formaba parte de la tripulación de un buque con puerto de amarre en un Estado miembro, que no tenía residencia en tierra firme y que no era nacional de un Estado miembro, una vez que el Estado cuya nacionalidad tiene dicho marino se ha adherido a (un predecesor jurídico de) la Unión o que el Reglamento no 1408/71 ha entrado en vigor respecto a dicho Estado, se le deniegue (parcialmente) una pensión de jubilación por la única razón de que el antiguo marino no tenía la nacionalidad del Estado miembro (citado en primer lugar) durante el período de supuesto seguro?

2)

¿Deben interpretarse los artículos 18 TFUE y 45 TFUE en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual un marino que formaba parte de la tripulación de un buque con puerto de amarre en dicho Estado miembro, que no tenía residencia en tierra firme y que no era nacional de ningún Estado miembro, fuera excluido del seguro a efectos de la pensión de jubilación, pese a que, en virtud de dicha normativa, se considera asegurado a un marino que es nacional del Estado miembro en el que el buque tiene su puerto de amarre y que se halla por lo demás en las mismas circunstancias, si el Estado cuya nacionalidad ostenta, en el momento de la fijación de su pensión, el marino mencionado en primer lugar se ha adherido entretanto a (un predecesor jurídico de) la Unión o si el Reglamento no 1408/71 ha entrado entretanto en vigor respecto a dicho Estado?

3)

¿Deben responderse del mismo modo las cuestiones 1 y 2 en el caso de que un (antiguo) marino que, en la época de su actividad laboral, tenía la nacionalidad de un Estado que en un momento posterior se adhirió a (un predecesor de) la Unión, pero que, en el momento de dicha adhesión o de la entrada en vigor del Reglamento no 1408/71 respecto a dicho Estado y en el momento de hacer valer su derecho a pensión, no es nacional de un Estado miembro, pero le es aplicable el Reglamento citado en último lugar en virtud del artículo 1 del Reglamento no 859/2003 (2)?

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/14

1)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos también a la luz de los principios afirmados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, no 72 [en los asuntos acumulados C-72/10 y C-77/10], en el sentido de que se oponen a que se convoque una licitación relativa a una concesión por una duración inferior a las concedidas anteriormente?

2)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos también a la luz de los principios afirmados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, no 72, en el sentido de que se oponen a que la exigencia de que los vencimientos de las concesiones coincidan en el tiempo constituya una justificación adecuada para que la duración de las concesiones objeto de la licitación sea menor respecto a la de las anteriores concesiones adjudicadas en el pasado?

3)

¿Deben interpretarse los artículos 49 TFUE y siguientes y 56 TFUE y siguientes, leídos también a la luz de los principios afirmados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, no 72, en el sentido de que se oponen a que se obligue a ceder a título gratuito el uso de los bienes materiales e inmateriales de propiedad que constituyen la red de gestión y de recaudación del juego en caso de cese de la actividad por vencimiento del plazo final de la concesión o por efecto de medidas de resolución o revocación?

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/15

1)

¿Es contrario al Reglamento Reach (1) que la persona que importa con carácter comercial en Suecia un producto químico —respecto al cual existe una obligación de registro conforme a dicho Reglamento— deba notificar, con arreglo a la legislación sueca, dicho producto a la Kemikalieinspektionen para su inscripción en el Registro de Productos sueco?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial, ¿se opone el artículo 34 TFUE, habida cuenta de las excepciones previstas en el artículo 36 TFUE, a la normativa sueca que impone la obligación de notificación?

15.12.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/16

1)

Desestimar el recurso.

2)

Vtesse Networks Ltd cargará, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea y British Telecommunications plc.

3)

La República de Polonia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/17

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar a Computer Resources International (Luxembourg) SA a cargar con las costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/17

1)

Anular la Decisión ejecutiva de la Comisión de 14 de octubre de 2011, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo a la sección de Garantía del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA), al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en la medida en que impone a la República Helénica una corrección a tanto alzado relativa a la concesión de los derechos de la reserva nacional a los nuevos agricultores.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

La Comisión Europea y la República Helénica cargarán con sus propias costas.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/18

1)

Desestimar el recurso.

2)

FIS’D — Formazione integrata superore del design cargará con sus propias costas y con las costas de la Comisión Europea.

3)

La Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) cargará con sus propias costas.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/19

1)

Desestimar el recurso en el asunto T-307/12.

2)

No ha lugar a pronunciarse sobre el recurso en el asunto T-408/13.

3)

Condenar en costas al Sr. Adib Mayaleh.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/20

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a los Sres. Eugen Popp y Stefan M. Zech.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/20

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Condenar en costas a la Comisión Europea.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/21

1)

Sobreseer el recurso en lo que respecta a la pretensión de anulación de la Decisión 2013/72/PESC del Consejo, de 31 de enero de 2013, por la que se modifica la Decisión 2011/72/PESC relativa a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Túnez, en la medida en que se refiere al Sr. Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

El Sr. Ben Ali y el Consejo de la Unión Europea cargarán cada uno de ellos con sus propias costas.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/22

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Condenar al Sr. Konstantinos Mallis y a la Sra. Elli Konstantinou Malli a pagar, además de sus propias costas, las de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/22

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Condenar a Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou a pagar, además de sus propias costas, las de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/23

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Condenar al Sr. Petros Chatzithoma y a la Sra. Elenitsa Chatzithoma a pagar, además de sus propias costas, las de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/24

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Condenar a la Sra. Lella Chatziioannou al pago de sus propias costas y de las de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/24

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Condenar al Sr. Marinos Nikolaou al pago de sus propias costas y de las de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/25

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Condenar a las Sras. Chrysanthi Christodoulou y Maria Stavrinou a pagar, además de sus propias costas, las de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE).

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/26

—

Anule parcialmente la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la OAMI.

—

Infracción del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento no 207/2009.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/26

—

Anule el artículo 45, apartado 8, del Reglamento Delegado (UE) no 639/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) no 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y que modifica el anexo X de dicho Reglamento, en la parte en que contiene la siguiente expresión: «seleccionando de la lista elaborada de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) no 1307/2013 las especies más convenientes desde el punto de vista ecológico, excluyendo así las especies que no sean claramente indígenas».

—

Condene en costas a la Comisión.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/27

—

Anule la decisión de la Comisión, contenida en el escrito de 15 de julio de 2014, en la que ésta pide a la República Eslovaca que ponga a su disposición los recursos económicos correspondientes a la pérdida de recursos propios tradicionales.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la incompetencia de la Comisión

Según la República Eslovaca, la Comisión no es competente para adoptar la decisión impugnada. Ninguna disposición del Derecho de la Unión confiere a la Comisión la facultad de actuar como lo hizo al adoptar la decisión impugnada, es decir, la facultad —a raíz de la cuantificación del importe de la pérdida de recursos propios tradicionales en forma de derechos de importación no recaudados— de obligar a un Estado miembro, que no era responsable de la estimación y recaudación de tales derechos, a poner a su disposición recursos económicos por el importe establecido por la Comisión que, según ésta, corresponde a dicha pérdida.

2.

Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la exigencia de seguridad jurídica

Según la República Eslovaca, la Comisión, aun cuando fuera competente para adoptar la decisión impugnada (quod non), en el presente caso violó el principio de seguridad jurídica. La obligación impuesta en la decisión impugnada a la República Eslovaca no era, en opinión de ésta, razonablemente previsible antes de su adopción.

3.

Tercer motivo, basado en un incorrecto ejercicio de competencia por parte de la Comisión

Aun cuando la Comisión fuera competente para adoptar la decisión impugnada y, al hacerlo, hubiese actuado conforme al principio de seguridad jurídica (quod non), según la República Eslovaca no ejerció su competencia correctamente en el presente caso. En primer lugar, la Comisión incurrió en error manifiesto de apreciación, en la medida en que reclama recursos económicos a la República Eslovaca pese a que la pérdida de recursos propios tradicionales no se ha producido en absoluto o no se ha producido como consecuencia directa de los acontecimientos que la Comisión imputa a la República Eslovaca. En segundo lugar, la Comisión vulneró el derecho de defensa de la República Eslovaca y violó el principio de buena administración.

4.

Cuarto motivo, basado en una insuficiente motivación de la decisión impugnada

En el marco de este motivo, la República Eslovaca afirma que la motivación de la decisión impugnada presenta varios vicios por los que debe considerarse insuficiente, lo que constituye un vicio sustancial de forma y al mismo tiempo conculca la exigencia de seguridad jurídica. Según la República Eslovaca, la Comisión no indicó en la decisión impugnada la base jurídica de ésta. Además, no explicó el origen ni el fundamento de algunas de sus conclusiones. Por último, según la República Eslovaca, la motivación de la decisión impugnada es confusa en varios aspectos.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/28

—

Anule la decisión DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014) de la Comisión Europea, de 11 de julio de 2014, mediante la que la Comisión clasificó la oferta de las demandantes en el cuarto puesto, por lo que se refiere al lote 1 del procedimiento de licitación controvertido.

—

Anule la decisión DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014) de la Comisión Europea, de 31 de julio de 2014, mediante la que la Comisión desestimó la oferta de las demandantes por lo que se refiere al lote 2 del procedimiento de licitación controvertido.

—

Anule la decisión DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014) de la Comisión Europea, de 31 de julio de 2014, mediante la que la Comisión clasificó la oferta de las demandantes en el tercer puesto, por lo que se refiere al lote 1 del procedimiento de licitación controvertido.

—

Condene a la Comisión a indemnizar el perjuicio causado a las demandantes como consecuencia de la pérdida de la posibilidad de estar clasificadas en primer lugar en los tres lotes del contrato marco, perjuicio que calculan en ochocientos mil euros (8 00  000,00 euros), en relación con el lote 1, en cuatrocientos mil euros (4 00  000,00 euros), en relación con el lote 2, y en doscientos mil euros (2 00  000,00 euros), en relación con el lote 3, incrementados en los intereses desde el día en que se dicte la presente sentencia.

—

Condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las costas procesales de las demandantes.

1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento, por parte de la Comisión, de la obligación de motivación, al haber proporcionado una motivación insuficiente en relación con la oferta técnica de las demandantes.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción, por parte de la Comisión, del Reglamento financiero y del Reglamento de ejecución y de los documentos contractuales, en lo que atañe a la cuestión de las ofertas anormalmente bajas.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración, por parte de la Comisión, del principio de libre competencia, porque la Comisión impuso requisitos vinculantes en relación con la presentación de las ofertas económicas y no permitió la libre formación de las ofertas económicas por parte de los candidatos, para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/29

—

Anule la Decisión de la Comisión de 15 de julio de 2014 en el asunto AT.39899 — Concesión de licencias sobre los derechos de propiedad intelectual relativos a coleccionables de fútbol, por la que se desestimó la reclamación de la demandante en la que alegaba que una serie de federaciones nacionales de fútbol y de asociaciones de futbolistas así como Panini S.p.A., Union des Associations Européennes de Football, Fédération Internationale de Football Association, Fédération Française de Football, Associazione Italiana Calciatori, Real Federación Española de Fútbol, y Deutscher Fußball-Bund habían infringido los artículos 101 y 102 of del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en que la demandada vulneró gravemente los derechos procesales de la demandante, y en este sentido, la demandada incurrió en error de Derecho.

2.

Segundo motivo, en virtud del cual la demandante alega que la Decisión de la demandada se basaba en hechos incorrectos e incurría en error manifiesto de apreciación, de modo que la demandada incurrió en un error de Derecho y/o de apreciación de los hechos.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/30

—

Se lleve a cabo un peritaje con el fin de examinar el resultado del informe de auditoría por parte de la empresa KPMG AG, admitido erróneamente y de modo contrario a Derecho por la Comisión Europea, según el cual existe «falta de pruebas alternativas para certificar los gastos de personal solicitados». El dato en cuestión reviste una importancia fundamental para el desarrollo del asunto, dado que los gastos de personal repercuten en el resto de los gastos indirectos. La demandante sostiene que el informe de auditoría elaborado por KPMG AG, respecto del cual la sociedad DAVNET AEVE formuló objeciones por escrito y cuyo reexamen solicitó aportando a tal efecto numerosos elementos de prueba, fue admitido con una motivación insuficiente o con una respuesta insuficiente sobre las pruebas.

—

Declare, por un lado, que la nota de adeudo con el número 3241409008, enviada a la demandante el 31 de julio de 2014 y con la cual se solicita el pago de 64  574,73 euros, por el contrato de la obra FP7-SME-2007-222303 «FIREROB» sobre la base de la conclusión de la auditoría 12-BA176-003, constituye un incumplimiento de las obligaciones contractuales de la Comisión y carece de fundamento, y por otro lado, que los gastos que impuso en el marco del contrato controvertido son subvencionables y, en consecuencia, que obligue a la Comisión a emitir una nota de crédito por un importe de 64  574,73 euros.

1.

Primer motivo, basado en la cláusula de arbitraje. La demandante sostiene, en primer lugar, que con los medios de prueba aportados se acredita completamente que los trabajadores de la demandante estaban empleados en la obra «FIREROB», en segundo lugar, que en ningún punto del informe de auditoría se hace referencia a que el personal de la demandante no ejecutara la obra realizada en el marco del contrato «FIREROB» o que la demandante declarara datos falsos, en tercer lugar, que la demandante se comprometió a aportar personal correspondiente a 12,2 meses de trabajo sin solicitar modificación del presupuesto aprobado.

2.

Segundo motivo, basado en el abuso en el ejercicio del derecho. La demandante sostiene que la solicitud de la Comisión del pago de 64  574,73 euros, es decir de un importe cercano al quíntuple de la financiación directa de la demandante (13  474,00 euros) por la obra ejecutada por la demandante con el mejor medio posible, es desproporcionada y contraria a la ejecución de buena fe de los contratos.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de confianza legítima. La demandante sostiene que no se le ofreció el derecho a presentar objeciones legales directamente al auditor designado por la Comisión y explicar las alegaciones caducas de quien elaboró el proyecto de informe de auditoría.

4.

Cuarto motivo, basado en el principio de proporcionalidad. La demandante sostiene que la cláusula II.24, apartado 1, del anexo II del contrato «FIREROB», ofrece la oportunidad a la Comisión de no exigir el pago de la indemnización, dado que la demandante presentó un trabajo objetivamente muy positivo, que de conformidad con el pliego de condiciones técnicas de la Comisión Europea lograron resultados científicos de nivel muy elevado.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/31

—

Anule en su totalidad la Decisión de la Comisión de 9 de julio de 2014 relativa a un procedimiento de los artículos 101 y 102 TFUE [asunto Comp/AT. 39 612 — perindopril (Servier)] y, en cualquier caso, anule o reduzca la multa impuesta, en la medida en que afecta a Unichem.

—

Condene a la Comisión al pago de sus propias costas y al pago de las costas de Unichem en relación con este procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión no es competente para dirigir una decisión a Unichem con arreglo al artículo 101 TFUE, apartado 1.

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión no ha aplicado el correcto criterio jurídico de «necesidad objetiva» para determinar si el acuerdo de transacción en materia de patentes se encuentra dentro del ámbito de aplicación del artículo 101 TFUE, apartado 1.

3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión ha violado el principio de igualdad de trato al no aplicar las directrices del Reglamento de exención por categorías de transferencia de tecnología al acuerdo de transacción de Unichem.

4.

Cuarto motivo, basado en que la Comisión ha cometido un error de Derecho al calificar el acuerdo de infracción «por el objeto» del artículo 101 TFUE, apartado 1.

5.

Quinto motivo, basado en que la Comisión ha aplicado incorrectamente su propio y alegado criterio jurídico de infracción «por el objeto» del artículo 101 TFUE, apartado 1, a la específica situación de hecho de Unichem.

6.

Sexto motivo, basado en que la Comisión ha cometido un error de Derecho al concluir que el acuerdo de transacción tuvo efectos contrarios a la competencia.

7.

Séptimo motivo, basado en que la Comisión ha incumplido la obligación que le incumbe en virtud del artículo 296 TFUE de indicar las razones por las que estima que se puede considerar a Unichem directamente responsable por una infracción del artículo 101 TFUE, apartado 1, cuando no es competidor potencial de Servier.

8.

Octavo motivo, con carácter subsidiario, basado en que la Comisión ha cometido un error de Derecho al no admitir que el acuerdo de transacción cumple los criterios de exención del artículo 101 TFUE, apartado 3.

9.

Noveno motivo, basado en que la Comisión ha vulnerado el derecho de defensa, violado el principio de buena administración e incumplido su obligación de no actuar de manera opresiva para obtener documentos amparados por el secreto profesional con la intención de usarlos contra Unichem.

10.

Décimo motivo, basado en que la Comisión ha violado el principio general del Derecho de la Unión de igualdad de trato al calcular la multa otorgando a Unichem un trato distinto del otorgado a Servier sin justificación objetiva.

11.

Undécimo motivo, basado en que, al imponer una multa a Unichem, la Comisión ha violado el principio general del Derecho de la Unión de proporcionalidad, sus propias directrices en materia de multas y su práctica establecida anteriormente.

12.

Duodécimo motivo, basado en que la Comisión ha incumplido la obligación de motivación que le incumbe en virtud del artículo 296 TFUE con respecto al cálculo de la multa y a su apreciación de la gravedad de la supuesta infracción de Unichem.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/32

—

Anule la Decisión de Ejecución 2014/488/PESC del Consejo, de 22 de julio de 2014, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, y el Reglamento de Ejecución (UE) no 793/2014 del Consejo, de 22 de julio de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, en la medida en que afectan a la demandante.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en que el Consejo no ha cumplido el criterio para la inclusión en la lista, a saber, que las personas afectadas sean «responsables de la represión violenta contra la población civil en Siria», «que se beneficien del régimen o que lo apoyen», o que estén asociadas con tales personas. El consejo no ha probado la justificación de las razones que invoca contra la entidad afectada.

2.

Segundo motivo, basado en que el Consejo vulneró el derecho de defensa de la demandante y el derecho a la tutela judicial efectiva. A la demandante no se le han proporcionado en ningún momento «pruebas serias y creíbles» ni «elementos concretos de prueba y de información» en apoyo de argumentos que justifiquen medidas restrictivas contra ella, según requiere la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

3.

Tercer motivo, basado en que el Consejo no ha facilitado a la demandante una motivación suficiente para su inclusión en la lista.

4.

Cuarto motivo, basado en que el Consejo violó gravemente el derecho de la demandante a la propiedad y a su reputación. Las medidas restrictivas se impusieron sin garantías adecuadas que permitieran a la demandante defenderse adecuadamente frente al Consejo. El Consejo no ha demostrado que la interferencia altamente significativa con el derecho de propiedad de la demandante esté justificada y sea proporcional. La interferencia que se produce con respecto a la demandante va más allá del impacto económico, afectado también negativamente a su reputación.

5.

Quinto motivo, basado en que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación. Contrariamente a la única razón alegada para su inclusión en la lista, no existe información ni pruebas disponibles acerca de que, de hecho, la demandante haya «prestado apoyo al régimen sirio» o se haya beneficiado de él.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/33

—

Declare que la EFSA actuó infringiendo el Convenio de Aarhus, el Reglamento (CE) no 1049/2001 y el Reglamento (CE) no 1367/2006, en relación con la Decisión de la Comisión de 10 de agosto de 2011.

—

Anule la resolución de la EFSA de 30 de julio de 2014.

—

Condene en costas a la EFSA.

1.

Primer motivo, basado en que, al adoptar la resolución impugnada, la EFSA infringió el artículo 4, apartado 4, del Convenio de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de 25 de junio de 1998 (en lo sucesivo, «Convenio de Aarhus»), en los términos aprobados mediante la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005, así como el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus (en lo sucesivo, «Reglamento de Aarhus»), y el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. En la resolución impugnada, la EFSA no reconoció, infringiendo esas disposiciones, la obligación de divulgar información relativa a emisiones al medio ambiente incluidas en el documento solicitado.

2.

Segundo motivo, basado en que, al adoptar la resolución impugnada, la EFSA infringió el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001 e incumplió su obligación de actuar de acuerdo con una interpretación conforme al Convenio de Aarhus del motivo de desestimación establecido en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001, sobre la base del artículo 4, apartado 4, del Convenio de Aarhus.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/34

—

Anule la Decisión de Ejecución 2014/678/PESC del Consejo, de 26 de septiembre de 2014, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria y el Reglamento de Ejecución (UE) no 1013/2014 del Consejo, de 26 de septiembre de 2014, por el que se aplica el Reglamento (UE) no 36/2012 relativo a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria, en la medida en que afectan a la demandante.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en que el Consejo no ha cumplido el criterio para la inclusión en la lista, a saber, que las personas afectadas sean «responsables de la represión violenta contra la población civil en Siria», «que se beneficien del régimen o que lo apoyen», o que estén asociadas con tales personas. El consejo no ha probado la justificación de las razones que invoca contra la entidad afectada.

2.

Segundo motivo, basado en que el Consejo vulneró el derecho de defensa de la demandante y el derecho a la tutela judicial efectiva. A la demandante no se le han proporcionado en ningún momento «pruebas serias y creíbles» ni «elementos concretos de prueba y de información» en apoyo de argumentos que justifiquen medidas restrictivas contra ella, según requiere la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

3.

Tercer motivo, basado en que el Consejo no ha facilitado a la demandante una motivación suficiente para su inclusión en la lista.

4.

Cuarto motivo, basado en que el Consejo violó gravemente el derecho de la demandante a la propiedad y a su reputación. Las medidas restrictivas se impusieron sin garantías adecuadas que permitieran a la demandante defenderse adecuadamente frente al Consejo. El Consejo no ha demostrado que la interferencia altamente significativa con el derecho de propiedad de la demandante esté justificada y sea proporcional. La interferencia que se produce con respecto a la demandante va más allá del impacto económico, afectado también negativamente a su reputación.

5.

Quinto motivo, basado en que el Consejo cometió un error manifiesto de apreciación. Contrariamente a la única razón alegada para su inclusión en la lista, no existe información ni pruebas disponibles acerca de que, de hecho, la demandante haya «prestado apoyo al régimen sirio» o se haya beneficiado de él. El Consejo también ha identificado erróneamente a la demandante como «Tri Ocean Trading a.k.a. Tri-Ocean Energy», sugiriendo que las dos personas jurídicas son una sola. La demandante es una sociedad autónoma y distinta de Tri Ocean Trading.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/35

—

Anule el artículo 4 de la Decisión 2014/512/PESC del Consejo de 31 de julio de 2014.

—

Anule los artículos 3 y 4, apartados 3 y 4, del Reglamento (UE) no 833/2014 del Consejo de 31 de julio de 2014.

—

Condene en costas al Consejo.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 296 TFUE.

2.

Segundo motivo, basado en que las disposiciones impugnadas tienen una base jurídica inadecuada.

3.

Tercer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad y de derechos fundamentales.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/36

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la OAMI.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), y del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/37

—

Estime el presente recurso y anule la resolución impugnada.

—

Condene a la OAMI y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso a pagar las costas, si comparecen como partes en el presente procedimiento.

—

Infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) no 207/2009 y de la regla 22, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2868/95.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/38

1)

Desestimar el recurso.

2)

DH cargará con sus propias costas y es condenado a cargar con las costas en que haya incurrido el Parlamento Europeo.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/38

1)

Sobreseer el recurso.

2)

Cada parte cargará con sus propias costas.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/39

—

Que se anule la decisión de la parte demandada con la referencia HR.D.2/AS/ac/Ares(2014), de 5 de junio de 2014, relativa a su reclamación registrada el 12 de febrero de 2014 en la HR.D.2 — «Oficina de reclamaciones y control de procedimientos» con el número de referencia R/227/14.

—

Que se obligue a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos a reconocer a su hija de manera ininterrumpida y retroactiva desde el 1 de septiembre de 2013 como hijo a cargo que sigue una formación escolar y con este fundamento continúe concediendo la asignación por hijo a cargo con respecto a su hija de manera ininterrumpida y retroactiva desde el 1 de septiembre de 2013 y continúe reintegrando los gastos médicos de su hija de manera ininterrumpida y retroactiva desde el 1 de septiembre de 2013.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/40

—

Que se anulen tanto la decisión adoptada por la parte demandada el 5 de marzo de 2014 por la que se desestimó la solicitud de indemnización presentada por la demandante el 16 de diciembre de 2013 como la decisión denegatoria implícita de su oportuna reclamación de 24 de marzo de 2014 y, con carácter subsidiario, que se anule la decisión denegatoria fechada el 29 de julio de 2014, que fue extemporánea y venía de un remitente irreconocible.

—

Que se condene a la demandada a abonar a la demandante el importe de 30  000 euros en concepto de indemnización por el perjuicio moral sufrido, más intereses de demora calculados usando el tipo básico, incrementado en cinco puntos porcentuales, a contar a partir del 1 de febrero de 2014 para el importe de 25  000 euros y a partir del 1 de mayo de 2014 para los otros 5  000 euros.

—

Que se condene a la demandada a cargar con las costas de este procedimiento, las del procedimiento administrativo previo y cualesquiera gastos y otros desembolsos indispensables efectuados por la demandante.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/40

—

Anule, con arreglo al artículo 270 TFUE, la Comunicación al personal («CP») 13/14 (Decisión no 2/2014), de 9 de enero de 2014, que modificó el régimen aplicable a la licencia por viaje, a raíz de la aplicación a partir del 1 de enero de 2014 de lo dispuesto en el artículo 7 del anexo V del Estatuto y la Comunicación al personal («CP») 9/14 (Decisión no 12/2014), que modificó el régimen de los gastos de viaje a raíz de la aplicación a partir del 1 de enero de 2014 de lo dispuesto en el artículo 8 del anexo VII del Estatuto, modificados por el Reglamento (UE, Euratom) no 1023/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, por el que se modifica el Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, publicado en el Diario Oficial no L 287 de 29 de octubre de 2013. El recurso de anulación se limita a la parte de estas CP que vincula el derecho a los gastos de viaje y a la licencia por viaje a la indemnización por expatriación o por residencia fuera del país de origen y al artículo 6 de la CP 9/14, que estableció nuevos criterios para determinar el lugar de origen.

—

Condene a la parte demandada a pagar a la demandante un importe de 1 69  051,96 euros por los perjuicios materiales sufridos y un importe de 40  000 euros por los daños morales.

—

Condene a la demandada al pago de intereses de demora y compensatorios al tipo del 6,75 % por los daños y perjuicios morales y materiales sufridos.

—

Condene en costas al Consejo.

15.12.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 448/41

—

Que se declaren la ilegalidad de los artículos 7 del anexo V del Estatuto y 8 del anexo VII del Estatuto.

—

Que se anule la decisión de no conceder a los demandantes, a partir del año 2014, ni la licencia por viaje ni el reembolso de los gastos de viaje anuales.

—

Que se condene en costas al Consejo.