5.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 170/1

1.1

El CESE considera que la región mediterránea necesita una estrategia macrorregional de la UE que ayude a las regiones a afrontar retos que no pueden ser tratados satisfactoriamente por las regiones o los países solos a través de los medios usuales. Esta estrategia serviría de ayuda a las regiones en cuestión para afrontar las causas de incertidumbre que dominan la región del Mediterráneo aumentando el valor añadido de los resultados positivos de las iniciativas ya iniciadas y los objetivos de la Estrategia Europa 2020. El éxito de la estrategia macrorregional mediterránea tendrá un efecto positivo en el conjunto de la UE.

1.2

Las regiones costeras mediterráneas de la UE tienen las características idóneas para formar una plataforma de cooperación que podría resultar sumamente importante, desde un punto de vista estratégico, para reforzar los vínculos políticos, económicos y sociales –entre ellas y con las de los países mediterráneos no pertenecientes a la UE– sobre aspectos específicos (inmigración, transporte marítimo, seguridad marítima, protección del medio ambiente, etc.). Las regiones costeras mediterráneas tienen el potencial de catalizar el proceso de crecimiento económico y transformación empleando vías específicamente nuevas.

1.3

Por otra parte, en vista de la gran extensión de la zona, el CESE propone que la estrategia macrorregional de la UE para el Mediterráneo se subdivida en tres submacrorregiones, definidas sobre una base geográfica (proximidad regional) y con un funcionamiento a través de planes de acción basados en un enfoque funcional para hacer frente a los retos comunes.

1.4

El CESE está a favor de una estrategia macrorregional de la UE basada en la «regla de los tres síes»: más financiación complementaria, más coordinación institucional y más proyectos nuevos, que refuerce las sinergias entre las distintas políticas de la UE y coordine los esfuerzos de una amplia gama de partes interesadas de las regiones costeras mediterráneas de la UE.

1.5

El CESE respalda el desarrollo de una estrategia macrorregional de la UE que integre todos los objetivos de la Estrategia Europa 2020, en particular las prioridades definidas como crecimiento inteligente: fomentar una economía basada en el conocimiento apoyando la «innovación» y las nuevas tecnologías; crecimiento sostenible: promover una economía sostenible, más verde y competitiva; crecimiento integrador: promover una economía centrada en la creación de empleo y la reducción de la pobreza para apoyar la cohesión social y territorial.

1.6

El CESE señala cinco «motores de cambio» que pueden contribuir a la aplicación con éxito de las políticas de cohesión europea en las regiones costeras mediterráneas de la UE para el periodo 2014-2020:

1.7

El CESE llama la atención sobre la gran importancia que reviste apoyar una estrategia de «crecimiento azul», que tiene el potencial de desarrollar la competitividad en la zona mediterránea, facilitar la aplicación de políticas más ecológicas y la transición a una economía hipocarbónica en todos los sectores. El Comité también respalda el principio de adoptar una estrategia macrorregional mediterránea de la UE que tenga también en cuenta la estrategia europea en materia de discapacidad  (1) y la estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres  (2). Estas tres estrategias deben reforzarse mutuamente durante el proceso de aplicación.

1.8

El CESE valora positivamente la propuesta de la Comisión Europea para el Mediterráneo en el marco de la política marítima integrada; No obstante, desea proponer un enfoque más ambicioso, consistente en una estrategia macrorregional que incorpore los pilares marítimo y territorial, teniendo en cuenta la experiencia adquirida en las regiones del Báltico y del Danubio, así como el informe del Parlamento Europeo sobre la evolución de las estrategias macrorregionales de la UE en el Mediterráneo y el informe de la Comisión Europea sobre el valor añadido de las estrategias macrorregionales.

1.9

El CESE observa que la estructura de gobernanza de las regiones costeras mediterráneas de la UE debería basarse en un enfoque multinivel que integre a instituciones regionales, nacionales y europeas, y no debería considerarse como una actividad o un esfuerzo adicional de dichas instituciones.

1.10

El CESE considera que el principio fundamental de la aplicación de la estrategia macrorregional mediterránea de la UE es el enfoque integrado, que debe definirse en primer lugar organizando mesas redondas y reforzarse posteriormente con la creación de un Foro Macrorregional Euromediterráneo con el fin de promover la plena participación de todos los agentes institucionales y la sociedad civil (partes interesadas) y combinar las políticas existentes con objetivos funcionales para configurar una política común y compartida. El Foro propuesto utilizará la experiencia acumulada en la elaboración, seguimiento y evaluación de los asuntos marítimos. El Foro se convertirá en el instrumento macrorregional que defina las líneas estratégicas de actuación comunes y desempeñará un papel activo a la hora de definir los proyectos prioritarios para la cohesión territorial de las regiones mediterráneas.

1.11

Teniendo en cuenta el apoyo del CESE y del Comité de las Regiones para hacer realidad una estrategia de fomento de la cohesión en el Mediterráneo, el CESE cree que es estratégicamente conveniente que ambas instituciones acojan y lideren el Foro Macrorregional Mediterráneo. Esto se logrará mediante la constitución de un «grupo de liderazgo» que esté integrado por el Parlamento Europeo, la Comisión, el CESE y el CDR. Este grupo ayudará a garantizar un apoyo sistemático durante el proceso de diseño de la estrategia y su futura coordinación.

1.12

El CESE comparte la opinión de que la estrategia no debe considerarse solo un documento. Por encima de todo debe ser un proceso. Esto significa que la estrategia deberá aplicarse con el paso del tiempo. El CESE espera que las conclusiones positivas extraídas de la aplicación de las estrategias macrorregionales para el mar Báltico y el Danubio se apliquen a la región mediterránea, contribuyendo así a una realización efectiva y oportuna de la nueva estrategia macrorregional mediterránea que aporte beneficios concretos a los ciudadanos de las regiones afectadas en un plazo razonable.

2.1

Es importante establecer una definición común de lo que constituye una macrorregión. En general, una macrorregión se define como «una zona formada por territorios de distintos países o regiones que comparten una o varias características o dificultades […], que pueden ser geográficas, culturales, económicas o de otra índole» (3).

2.1.1

La Comisión ha establecido el marco en el que debe inscribirse una estrategia macrorregional, que comprende los tres elementos siguientes:

2.2

En la actualidad la Unión Europea ha adoptado dos estrategias macrorregionales, una para la región del mar Báltico, aprobada en 2009, y otra para la región del Danubio, aprobada en 2011. Hay una estrategia macrorregional para los mares Adriático y Jónico, propuesta originalmente por el Comité de las Regiones (CDR) en 2011 (4), que está en proceso de aprobación; hay también una estrategia para el Atlántico, basada en un enfoque de cuenca marítima, que ya ha sido aprobada.

2.2.1

El debate sobre las estrategias macrorregionales debe entenderse en relación con los diversos avances que se han producido en el marco político de la UE: con el Tratado de Lisboa, la cohesión territorial se ha convertido en un objetivo central de la política de la UE; con la Estrategia Europa 2020 la gobernanza territorial es el factor clave para apoyar el logro de los objetivos de la política de cohesión de la UE para el próximo período de programación (marco financiero plurianual 2014-2020).

2.2.2

En 2012, la Comisión publicó una Comunicación en la que evaluaba las necesidades y el potencial de las actividades marítimas en la región de los mares Adriático y Jónico, y establecía un marco «para poder avanzar hacia una estrategia marítima coherente, acompañada del correspondiente plan de acción, en el año 2013», añadiendo que «si los Estados miembros de la UE deciden solicitar a la Comisión que elabore una estrategia de la UE para la región del Adriático y del Jónico, dicha estrategia marítima puede constituir la primera piedra de una estrategia macrorregional de la UE que abarque asimismo otros ámbitos» (5).

2.3

Dado que el enfoque «macrorregional» aparece cada vez más en la política de la UE, el CESE considera que el término «macrorregión» en sí mismo requiere una definición más clara. Por otra parte, el CESE –en consonancia con dictámenes anteriores (6)– apoya esta importante estrategia política, así como la Resolución del Parlamento Europeo sobre las perspectivas macrorregionales en la cuenca del Mediterráneo (7).

2.3.1

Cabe distinguir dos grandes objetivos en las estrategias macrorregionales: el primero aborda los problemas que no pueden ser tratados satisfactoriamente por las regiones o los países por sí solos (por ejemplo, los problemas medioambientales); el segundo se ocupa de la cooperación que beneficia a las regiones y los países involucrados. Esta clasificación refleja la diferencia entre lo que es un problema transnacional y un problema común (diferencia utilizada en el debate sobre la transnacionalidad y la subsidiariedad de los fondos de la UE). Las características geográficas, socioeconómicas y administrativas de la zona mediterránea indican claramente que la primera categoría de objetivos es la más relevante para la estrategia macrorregional mediterránea.

2.4

La cuenca mediterránea comparte similares características ambientales, históricas y culturales, y por estas razones podría considerarse como una sola macrorregión (8). El CESE considera que en la cuenca del Mediterráneo debe aplicarse una única estrategia macrorregional para las 149 regiones costeras mediterráneas de la UE (incluidas 7 de Croacia), pertenecientes a España, Francia, Croacia, Italia, Malta, Eslovenia, Grecia y Chipre, que se definen en el nivel NUTS 3 (9).

2.5

En 2009, la población activa residente en las regiones costeras mediterráneas de la UE era de 32,4 millones de personas, de las cuales aproximadamente el 41 % eran mujeres. En promedio, esta población corre un mayor riesgo de desempleo, con una tasa media en las regiones costeras mediterráneas de la UE en torno al 12,9 % en 2009 (8,9 % en la UE). En 2007, el producto interior bruto (PIB) de estas regiones representó 1 715 000 000 000 EPA (estándar de poder adquisitivo), es decir, el 13,9 % del PIB de la UE. El PIB medio per cápita –en estas regiones– fue de 23 000 EPA, menor que en la UE (24 000 EPA per cápita) (10).

2.5.1

Dada la gran extensión de la zona, el CESE considera que la macrorregión mediterránea de la UE debe subdividirse como mínimo en tres submacrorregiones. En consultas recientes llevadas a cabo por el Parlamento Europeo sobre la evolución de las macrorregiones se puso de relieve una preferencia por la opción de establecer tres submacrorregiones diferentes: (i) una en el Mediterráneo occidental, (ii) otra en el Mediterráneo central –para llevar a la práctica la macrorregión Adriático-Jónico–, y (iii) la tercera en el Mediterráneo oriental, con planes de acción específicos coordinados entre sí.

2.5.2

Por lo que se refiere a la submacrorregión del Mediterráneo central, y de acuerdo con la opinión del Parlamento Europeo y la distribución geográfica llevada a cabo por Eurostat, el CESE considera que es indispensable contar con la participación de Sicilia y Malta en la macrorregión Adriático-Jónico. Aún más importante, los países y regiones situados en las fronteras imaginarias de las submacrorregiones también deberían poder participar en más de una submacrorregión, con el fin de garantizar una mejor coordinación y eliminar duplicaciones innecesarias y conflictos.

3.1

El Mediterráneo en su conjunto ha sido objeto de una atención intermitente de la Unión Europea con diversas iniciativas e instrumentos lanzados a lo largo de los años. Estas iniciativas han dado lugar a algunos resultados positivos, pero no han conseguido abordar de pleno los objetivos de desarrollo social, político y económico que inicialmente se proponían. Ahora es también el momento de complementar la labor que está llevando a cabo la UE a través de la Unión por el Mediterráneo y su política de vecindad como parte de su política exterior poniendo en marcha una política más integrada para sus regiones mediterráneas.

3.1.1

La existencia de estrategias claras y compartidas para la región en su conjunto y sus subregiones, acompañadas de los pertinentes planes de acción, podría ayudar a resolver algunas de las incertidumbres en materia de política regional que han surgido a raíz del fracaso de las políticas asociadas con las políticas exteriores de la UE en la región, como la Unión por el Mediterráneo y la política de vecindad de la UE. Tales estrategias claras también pueden ayudar a incorporar y rescatar algunos de los logros positivos y proyectos en curso asociados a las políticas exteriores de la UE en vigor.

3.2

El CESE está a favor de un enfoque macrorregional que refuerce la sinergia entre las distintas políticas de la UE y coordine los esfuerzos de una amplia gama de grupos de interés que existen en las regiones costeras mediterráneas de la UE. En términos generales, una estrategia macrorregional debe aspirar a ofrecer un valor añadido a las medidas que ya se toman dentro de una macrorregión, con vistas a coordinar los fondos europeos, nacionales y regionales en pro de unos objetivos y metas comunes, crear un sentimiento de logro compartido entre los protagonistas y reunir a las organizaciones y entes de todos los niveles en torno a unas oportunidades y retos clave. Más concretamente, en este período muy particular de severas restricciones fiscales que están incidiendo fuertemente sobre la capacidad del sector privado para reactivar el motor de la economía, hay una necesidad imperiosa de lograr el mayor grado posible de eficiencia de Pareto en el uso de los recursos disponibles.

3.3

La actual situación económica provocada por la crisis financiera mundial de 2008 exige un esfuerzo continuo para promover nuevas áreas de crecimiento que puedan ayudar a los países a salir de la crisis económica y permitirles crear los puestos de trabajo que tanto se necesitan. Las zonas costeras de la UE en el sur de Europa tienen el potencial de convertirse en centros innovadores de crecimiento dinámico, aprovechando sus características únicas.

3.3.1

Sin embargo, esto requerirá un esfuerzo sin precedentes para coordinar todo el trabajo que están llevando a cabo las principales partes interesadas de la región con el objetivo de lograr una mayor integración entre dichas áreas de crecimiento, para lo cual los interlocutores sociales y la sociedad civil desempeñan un papel importante.

3.3.2

Opinamos que ya hay una amplia gama de instrumentos y políticas que podrían contribuir de manera significativa a la aplicación de una estrategia macrorregional. Nos referimos a los proyectos financiados con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y al Fondo Social Europeo (FSE), los llamados fondos estructurales y los fondos diseminados en el marco de los objetivos de convergencia, competitividad regional y empleo, el objetivo de la cooperación territorial europea, los programas para el desarrollo del transporte y la cohesión territorial (asignados a Europa 2020), en particular los que tienen un componente marítimo específico como el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), el Mecanismo «Conectar Europa», así como el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y los fondos nacionales.

3.3.2.1

En este sentido, es pertinente señalar que todos los Estados miembros de la UE (y más específicamente las 163 regiones del Mediterráneo) están elaborando actualmente sus acuerdos de asociación individuales, que definirán el modo en que cada Estado miembro hará uso de los fondos del MEC. Si bien es cierto que los acuerdos incluyen un elemento de cooperación territorial, el CESE considera que se está perdiendo la oportunidad de lograr una mayor coordinación entre los países y las regiones del Mediterráneo.

3.3.2.2

No obstante, el CESE insiste en que deben adoptarse disposiciones provisionales para favorecer la aplicación de una estrategia macrorregional y estas medidas deberán estar plenamente puestas en marcha cuando se lleve a cabo la evaluación intermedia de los acuerdos de asociación que se están negociando con los Estados miembros de la UE.

3.3.3

Para garantizar que estos instrumentos sean específicos y estén optimizados, es necesario que haya una coordinación multinivel entre las instituciones participantes para dirigir el proceso y para asegurar que los recursos se aprovechan al máximo y se evita la duplicación. La coordinación interregional se ha convertido en un elemento esencial y urgente, sobre todo porque aún queda mucho por lograr contando con el mismo nivel (o menor) de financiación. De ahí que sea preciso establecer instrumentos apropiados y eficaces para garantizar la coordinación y la eficacia.

3.3.3.1

En un mundo de competencia globalizada, las 163 regiones tienen que ser capaces de competir con competidores tanto cercanos como lejanos, por lo que la necesidad de liderazgo y la toma de decisiones a su debido tiempo cobra una importancia decisiva.

3.3.4

Las regiones periféricas y marítimas que son miembros de la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas (CRPM) y el Comité de las Regiones han instado reiteradamente a la Comisión Europea a establecer un «pacto territorial» para que todos los grupos económicos de las regiones de Europa puedan hacerse cargo mejor de la Estrategia Europa 2020 (11).

3.4

Lo que se requiere es una combinación de políticas destacadas con una toma de decisiones descentralizada que contribuya a garantizar que los recursos se coordinan de tal manera que se utilicen donde más impacto puedan tener en términos de crecimiento y empleo.

3.4.1

Solo una estrategia bien pensada que sea sencilla y se base en el consenso más amplio posible puede ayudar a mostrar las vías y las opciones a que se enfrentan las regiones, ciudades y puertos de las regiones costeras mediterráneas de la UE.

3.4.2

También es importante diseñar un método para medir la eficacia de las políticas dentro de la macrorregión mediterránea de modo que se puedan adoptar oportunamente medidas correctivas. Anteriormente, la falta de un criterio con el que medir con exactitud el éxito o el fracaso de las políticas, unido a la falta de coordinación, la duplicación de esfuerzos y el despilfarro, y a la no asunción de responsabilidades, impidió la oportuna acción correctiva, lo que en última instancia agravó el fracaso de las políticas.

3.4.3

La estrategia debe ir acompañada de un plan de acción que defina claramente qué proyectos se elegirían principalmente por su impacto entre las regiones y por su importancia para el crecimiento económico, así como las fuentes de financiación que se movilizarán para su realización. Esto es esencial y debe completarse preferiblemente dentro de los dos primeros años después del comienzo del marco financiero plurianual 2014-2020.

3.4.4

Es sumamente importante reducir los requisitos burocráticos de notificación y cumplimentación de formularios impuestos a las partes interesadas y a las empresas. La ingente tarea que supone cumplir todos los trámites burocráticos y la falta de capacidad para ello a menudo disuade de participar a las ONG, las pymes y las autoridades regionales, sobre todo las de regiones pequeñas. Aun reconociendo la necesidad de que haya controles y equilibrios, es crucial que los beneficiarios puedan dedicar su tiempo y recursos a asegurar unas prestaciones reales para la sociedad y la economía en general.

3.4.5

El CESE considera que el fracaso en el cumplimiento de los planes de acción impedirá que las regiones capitalicen una oportunidad para generar crecimiento. El coste de oportunidad de tal fracaso será muy alto, sobre todo en estos tiempos de crisis. El CESE está convencido de que gracias a la colaboración innovadora pueden producirse significativas mejoras de eficiencia en la utilización de los recursos que permitan lograr un crecimiento más dinámico. Los riesgos del fracaso mencionado son preocupantes también para los líderes políticos regionales y sus ciudadanos. Las perspectivas de crecimiento no son muy buenas para los próximos dos años en la mayoría de las regiones involucradas y este retroceso se agravará aún más si las regiones emprenden vías que pasen por alto las oportunidades que ofrece una estrategia macrorregional y no logran utilizar los recursos humanos y naturales de la región de una manera eficaz y sostenible (12).

3.4.6

El punto de partida de esta estrategia debe ser enumerar los principales objetivos e identificar los programas nacionales y regionales de la UE en vigor, así como las autoridades y asociaciones de la sociedad civil a nivel regional y local que puedan llevar a cabo los necesarios esfuerzos de coordinación. Hay varios proyectos financiados por la UE dentro de la estrategia macrorregional de la UE que, si se coordinan bien, podrían aumentar significativamente el valor añadido que generan. Estos proyectos ya existentes, por lo menos en el papel, y otros nuevos que sin duda se pondrán en marcha en el futuro, pueden resultar útiles para lograr algunos de los objetivos de la estrategia macrorregional de la UE.

4.1

El objetivo principal es promover la definición de una macrorregión mediterránea multinivel acompañada de una estrategia macrorregional en la que las actividades se lleven a cabo mediante planes de acción específicos basados en la «regla de los tres síes»: más financiación complementaria, más coordinación institucional y más proyectos nuevos.

4.2

Las regiones mediterráneas necesitan un compromiso común de trabajar en conjunción con la estrategia en todos los niveles de acción, que haga posible capitalizar los objetivos de Europa 2020, promoviendo así la integración entre las políticas y los fondos de la UE (cooperación territorial). La estrategia macrorregional debe aplicarse para ayudar a las regiones y territorios a afrontar los retos que no pueden resolverse únicamente con medios nacionales.

4.3

El CESE considera que el desarrollo de una estrategia macrorregional para el Mediterráneo debe basarse en los tres pilares del crecimiento:

4.3.1

El «crecimiento inteligente» se apoyará teniendo en cuenta el concepto de «crecimiento azul». El 13 de septiembre de 2012, la Comisión Europea publicó una Comunicación sobre crecimiento azul en la que destacó cinco «cadenas de valor» que tienen el potencial de lograr el crecimiento sostenible y el empleo en la economía azul, que son: energía azul, acuicultura, turismo marítimo, costero y de cruceros, recursos minerales marinos y biotecnología marina (13).

4.3.1.1

El «crecimiento azul» refleja las opciones que han elegido las regiones marítimas para mejorar su competitividad y crecimiento económico aprovechando su posición geográfica y sus particularidades, a saber, las actividades marinas y marítimas; en resumen, centrándose en lo que pueden hacer mejor.

4.3.1.2

El reto del «crecimiento inteligente» para la macrorregión mediterránea de la UE es doble:

4.3.1.3

El uso sostenible de los recursos del Mediterráneo ofrece la oportunidad de crear riqueza y empleo. La investigación de los sistemas ambientales y tecnologías avanzadas debe desarrollarse para apoyar las actividades tradicionales del Mediterráneo que están en declive, generando así nuevas oportunidades.

4.3.1.4

Estos desafíos requieren la participación de las comunidades científica, tecnológica y económica, junto con los interlocutores sociales. Conviene apoyar las actividades en campos como la infraestructura, la industria, la formación, las políticas de inversión en I+D, la cooperación entre las universidades y la creación de clusters.

4.3.1.5

El sector náutico es muy pujante y participa en estrategias de desarrollo. El turismo náutico genera actividad económica y empleo y además contribuye a desarrollar la identidad euromediterránea.

4.3.2

Los principales objetivos del «crecimiento sostenible» y los sectores implicados están todos conectados entre sí de muchas maneras. El logro de la sostenibilidad y la aplicación de políticas más ecológicas, así como el cambio hacia una economía hipocarbónica en todos los sectores, contribuirá a la consecución de los objetivos en materia de cambio climático y adaptación al mismo. Hay que utilizar los recursos de manera eficiente, reforzar las sinergias, identificar y desincentivar el despilfarro y la duplicación de esfuerzos. Las infraestructuras clave como las de transporte terrestre y marítimo, transporte de energía y redes de TI deben actualizarse constantemente para asegurar que no se producen cuellos de botella asfixiantes.

4.3.2.1

La sostenibilidad costera y la sostenibilidad marítima están relacionadas entre sí y ambas son susceptibles a la presión de la actividad humana, lo que incluye la contaminación del suelo que finalmente desemboca en el Mediterráneo y las emisiones de CO2 procedentes de los buques (14). La gestión integrada de las zonas costeras no debe limitarse exclusivamente a la actividad económica costera y la contaminación. Es preciso ofrecer todos los incentivos posibles para alentar al sector marítimo y a los buques que navegan por el Mediterráneo a adoptar las formas más modernas de las tecnologías «verdes».

4.3.2.2

La Unión Europea y ocho de sus Estados miembros son parte del Convenio de Barcelona de 1975 para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación y sus protocolos, concluido bajo los auspicios del PNUD. Mediante un acto del Consejo aprobado a finales de 2012, la UE pasó a ser parte del «Protocolo para la protección del Mediterráneo contra la contaminación resultante de la exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del mar y su subsuelo» (Protocolo Offshore), adscrito a dicho Convenio. Las regiones costeras mediterráneas pueden beneficiarse enormemente de este Convenio y deben prestarle mucha atención, también en el contexto de conseguir el «crecimiento azul».

4.3.2.3

El potencial de energías renovables en el Mediterráneo constituye una inmensa fuente de energía limpia que está aún sin explotar. En consonancia con los objetivos de Europa 2020, las medidas de prevención y adaptación al cambio climático deben incluirse en la estrategia macrorregional de la UE.

4.3.2.4

La Estrategia macrorregional de la UE necesita adoptar medidas en materia de transporte sostenible para reducir las emisiones de dióxido de carbono. El transporte por carretera debe ser transferido al transporte marítimo (15). Por otra parte, el transporte marítimo debe continuar avanzando hacia el uso de un combustible más limpio. La seguridad marítima y la cooperación en la prevención y respuesta a situaciones de catástrofe deben estar incluidas.

4.3.3

La estrategia macrorregional de la UE debería incluir una fuerte dimensión social en apoyo del «crecimiento integrador» en las regiones costeras mediterráneas de la UE. El desarrollo económico y la creación de nuevos empleos deben facilitar que las poblaciones que residen en estas regiones mejoren la calidad de vida. Las autoridades regionales deben promover el diálogo social y la participación de los interlocutores sociales y de la sociedad civil. Desde un enfoque integrado de la cohesión territorial, es necesario tener en cuenta la situación «integradora» de las ciudades y áreas metropolitanas, zonas rurales, pequeñas ciudades costeras e islas. La accesibilidad de las personas con discapacidad a las infraestructuras, las tecnologías y los servicios debe interrelacionarse con el desarrollo sostenible como requisito previo esencial del crecimiento integrador.

4.3.3.1

Las tecnologías de la información deben desarrollarse, sobre todo en las zonas periféricas, mejorando la conectividad, para apoyar la cohesión territorial y social en general de las regiones del Mediterráneo a través de un enfoque pluridisciplinar. Debe fomentarse el desarrollo de la TIC.

4.3.3.2

También es importante destacar la necesidad de desarrollar más aeropuertos y servicios aéreos en la macrorregión mediterránea para reforzar la integración económica de la región. Las infraestructuras de los servicios aéreos y el transporté aéreo tienen un enorme potencial sin explotar y necesitan mayores inversiones.

4.3.3.3

Las instituciones de educación y formación tienen un papel clave de apoyo al «crecimiento integrador» en la cuenca mediterránea. Es preciso definir objetivos educativos comunes de amplio alcance para la macrorregión mediterránea de la UE.

4.3.3.4

El CESE considera que el diálogo entre los interlocutores sociales y civiles y las instituciones de educación y formación debe reforzarse y debe darse prioridad a la formación en materias marítimas y náuticas, así como a la colaboración entre las universidades y los centros de formación.

4.3.3.5

Los desempleados de las regiones costeras mediterráneas de la UE también tienen que ser escuchados a la hora de formular una estrategia de futuro que tenga por objeto proporcionarles oportunidades para volver a incorporarse al mercado laboral. También es fundamental que se hagan esfuerzos reales y tangibles para implicar a los líderes de los grupos sociales «excluidos», como las comunidades de inmigrantes, las personas con discapacidad y las organizaciones de mujeres. El CESE apoya plenamente las políticas de la UE encaminadas a prevenir la discriminación por motivos de origen racial o étnico, discapacidad, edad, orientación sexual o de género.

4.3.3.6

Teniendo en cuenta las perspectivas europeas de envejecimiento de la población, debe incluirse una acción específica para apoyar un envejecimiento saludable y activo en las regiones costeras mediterráneas de la UE. Las regiones mediterráneas también tienen que poner en marcha un plan de viabilidad a largo plazo de flujo controlado de inmigrantes y trabajadores estacionales para compensar el envejecimiento de la población y abordar la ratio cada vez mayor de personas dependientes. Es CESE está a favor de que la UE realice esfuerzos mucho más intensos para ayudar a las regiones mediterráneas a hacer frente al reto de la inmigración y a integrar a los inmigrantes en la sociedad.

4.3.3.7

El CESE cree que es esencial desarrollar la estrategia macrorregional mediterránea de la UE teniendo en cuenta las prioridades europeas destinadas a mejorar la inclusión social, el bienestar y el pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad, así como la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en la zona mediterránea. Por lo tanto, es crucial garantizar la autonomía individual, la dignidad y la libertad de las personas con discapacidad y de reforzar el papel de la mujer en el mercado laboral mediterráneo, en la sociedad y en los puestos de toma de decisiones.

5.1

La aplicación de una estrategia macrorregional mediterránea ofrece muchas oportunidades, sobre todo al proporcionar un marco de referencia relevante para la política de cohesión y fomentar la cooperación intersectorial en un espacio común de prestación de servicios. Este marco puede orientar la inversión hacia una mayor complementariedad y puede influir en las prioridades respectivas de cada plan de desarrollo regional para una macrorregión europea, lo que garantiza una visión general y una auténtica sinergia dentro de un enfoque integrado.

5.2

Una estrategia macrorregional de la UE garantizaría una mayor participación y una mejor cooperación entre los distintos mecanismos de intervención de la UE, más allá de los créditos asignados a la política de cohesión, poniendo en común los recursos de las regiones y los Estados miembros a través de la gobernanza multinivel. Esto representa una estrategia beneficiosa para todos los grupos de interés local.

5.3

Los beneficios de la estrategia macrorregional mediterránea se derivan, en gran medida, de su enfoque integrador, integral y multinivel, capaz de promover sinergias entre las políticas y programas de la UE, así como la complementariedad de la financiación.

5.4

La aplicación de la estrategia macrorregional mediterránea promoverá la realización de actividades estratégicas en el litoral y las zonas insulares, y aumentará la cooperación entre las administraciones, regiones, ciudades y puertos del Mediterráneo y donde sea necesario en el nivel de las autoridades nacionales.

5.5

Se llevarán a cabo actividades relacionadas con la «política marítima integrada» y el «crecimiento azul», haciendo hincapié en las interdependencias y sinergias que existen entre actividades aparentemente no relacionadas con el sector marítimo.

5.6

Las medidas propuestas se centrarán en los tres pilares del crecimiento previamente definidos. A la hora de elegir las medidas, cada una deberá cumplir los siguientes criterios:

—

región con una frontera marítima (372 regiones responden a este criterio);

—

región en la que más de la mitad de su población vive a 50 km del mar (73 regiones responden a este criterio);

—

la región alemana de Hamburgo, que no responde a los criterios de definición, se ha añadido a la lista de regiones costeras de la UE habida cuenta de su fuerte influencia marítima.

5.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 170/11

1.1

Teniendo en cuenta que el voluntariado es:

1.1.1

un motor importante del crecimiento integrador, que contribuye tanto al capital social como al humano, y fomenta la solidaridad entre generaciones, al tiempo que ofrece un valor económico importante,

1.1.2

un factor clave en numerosas políticas sociales y un indicador del impacto de las políticas públicas, que debería medirse eficazmente y supervisarse a fin de ofrecer un conocimiento adecuado a los responsables de las decisiones,

1.1.3

un tema de investigación, que actualmente se evalúa de manera insuficiente debido a que las encuestas son incoherentes y excesivamente restrictivas, pues dejan de lado cuestiones como la ayuda voluntaria prestada directamente a ciudadanos fuera de toda estructura organizativa, y no tienen en cuenta el valor económico del trabajo voluntario.

1.2

El Comité pide a la Comisión Europea:

1.2.1

que establezca las condiciones necesarias para iniciar trabajos metodológicos e investigaciones piloto, con el fin de definir los principios subyacentes a la investigación sobre el trabajo voluntario por parte de las oficinas nacionales de estadística de los Estados miembros de la UE; que al hacerlo se utilice el Manual de medición del trabajo voluntario de la Organización Internacional del Trabajo, así como la experiencia previa de países que ya han realizado investigación utilizando las soluciones recomendadas en este manual;

1.2.2

que en los próximos años trabaje en una metodología normalizada para la investigación sobre el trabajo voluntario y garantice su adopción mediante un Reglamento adecuado de la Comisión Europea relativo a la investigación ordinaria realizada por los Estados miembros;

1.2.3

que adopte medidas para alentar a las oficinas de estadística de los Estados miembros a que participen en la investigación sobre el trabajo voluntario antes de la introducción del Reglamento;

1.2.4

que recabe y ponga a disposición información coherente resultante de la investigación sobre el voluntariado realizada en distintos países o a nivel de la UE;

1.2.5

que introduzca medidas legales, vinculantes a nivel de la UE y los Estados miembros, que permitan al sector sin ánimo de lucro cofinanciar las subvenciones públicas, estimándose el valor económico del trabajo voluntario sobre la base de datos estadísticos fiables, recabados con los instrumentos estadísticos desarrollados conforme a lo recomendado en el presente Dictamen.

1.3

Además, el CESE aprovecha la oportunidad para reiterar la necesidad de un entorno favorable y de apoyo a las actividades de voluntariado. En el marco del Año Europeo del Voluntariado 2011, se desarrollaron sugerencias concretas relativas a la creación de un entorno favorable para el voluntariado, incluido un apoyo sostenible a las actividades de voluntariado que contribuyen de manera importante al bien común (1).

2.1

Conforme a la definición ampliamente utilizada (en las instituciones de la UE) de este término, «voluntariado» se refiere a todas las formas de actividad voluntaria, formal o informal, que realiza una persona por propia voluntad, elección y motivación, sin ánimo de lucro.

2.2

Coherente con esta noción de voluntariado, aunque más precisa, es la definición de trabajo voluntario del Manual de medición del trabajo voluntario de la Organización Internacional del Trabajo, utilizado como marco conceptual para medir el trabajo voluntario formal e informal en distintos contextos culturales y jurídicos. Según esta definición, trabajo voluntario significa «trabajo no remunerado y no obligatorio, es decir, tiempo sin remuneración que las personas dedican a actividades, ya sea a través de una organización o directamente para otras personas que no pertenecen al hogar del voluntario» (2). Esta definición, que describe con precisión las características del voluntariado, debe utilizarse en la investigación comparativa internacional. Ello se debe a la necesidad de tener en cuenta todas las características importantes del trabajo voluntario en las definiciones utilizadas en distintos países, garantizando así la definición uniforme del ámbito de estudio, con independencia de las circunstancias locales.

2.3

En los últimos años, en particular en conexión con el Año Europeo del Voluntariado 2011, en muchos documentos de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo, así como del CESE, el CDR y las organizaciones de la sociedad civil europeas, se ha señalado que el voluntariado está asociado a valores clave de la UE tales como la participación cívica y la solidaridad con los necesitados. Se ha destacado que el voluntariado presta una contribución importante a esa parte del bienestar social que no se mide por el PIB, y tiene una influencia fundamental en la calidad de vida de los ciudadanos. Desde un punto de vista sistémico, el trabajo voluntario ayuda a crear capital social, construyendo y consolidando relaciones de confianza y de cooperación, y cultivando al mismo tiempo normas y valores sociales ampliamente aceptados. El voluntariado informal es una forma importante de inversión en capital humano, por ejemplo, mediante el cuidado y la educación informal de niños y jóvenes, mientras que el voluntariado formal juega un papel clave, entre otras cosas, en el desarrollo de competencias transversales y la adquisición de nuevas cualificaciones profesionales. Asimismo, la asistencia voluntaria prestada a personas mayores y por estas últimas es de suma importancia para una sociedad europea en proceso de envejecimiento. Todas estas características, que apuntan al papel del voluntariado en la creación de cohesión social y en la facilitación del empleo, implican que se lo considera un elemento importante del crecimiento integrador, que constituye uno de los tres pilares de la estrategia de desarrollo de la UE, Europa 2020.

2.4

Un elemento clave del debate fueron las recomendaciones por las que se destacaba la necesidad de recabar datos comparables que reflejen la importancia tanto social como económica del voluntariado. En este contexto se hizo referencia a la metodología propuesta en el Manual de la OIT como modelo adecuado para realizar investigación estadística en este ámbito (3).

2.5

En estas recomendaciones se hacía mención expresa de la circunstancia de que no se disponía de datos suficientes sobre el voluntariado, afirmación que sigue siendo válida en la actualidad.

2.6

En algunos países se ha desarrollado cierta actividad de investigación sobre el voluntariado, que ha abarcado numerosos aspectos clave del voluntariado (no solo el nivel de participación en el voluntariado y el perfil demográfico de las personas implicadas en este trabajo, sino también, por ejemplo, su motivación). Un obstáculo para el aprovechamiento de esta investigación para los análisis realizados a escala de la UE es la falta de coherencia en cuanto al alcance de la definición de voluntariado y los medios para definirlo, así como otras diferencias metodológicas (por ejemplo, el periodo cubierto por la investigación, las incoherencias en los grupos de edad utilizados para las poblaciones encuestadas, métodos de investigación diferentes, exactitud de los resultados), además de diferencias en cuanto a las fechas de la investigación. Como se señala en el informe elaborado por encargo de la Comisión Europea por la consultora ICF GHK, las diferencias en los resultados pueden ascender a menudo a 30-40 puntos porcentuales (4).

2.7

Los datos sobre el voluntariado, recabados con regularidad y comparables a nivel internacional, son bastante limitados en cuanto a su alcance, y se refieren sobre todo al grado de participación en el trabajo voluntario (con sus distintas definiciones) realizado a través de organizaciones (voluntariado formal), y al perfil demográfico de las personas que participan en este tipo de actividad. En ocasiones la investigación aborda otras cuestiones, como la frecuencia del voluntariado (5). Parte de esta investigación no se limita a una pregunta general sobre el voluntariado, definido de una u otra manera, sino que se centra más bien en múltiples tipos (hasta una docena) de organización o de actividad a la que se ha dedicado el tiempo libre (6). Comparativamente, la pregunta abordada con menos frecuencia es el número de horas que trabajan los voluntarios (7).

2.8

A pesar de que existen diferencias importantes en los resultados de estudios internacionales concretos, así como entre los resultados nacionales e internacionales, aún puede decirse que el voluntariado –aun cuando solo se tenga en cuenta el voluntariado formal– está muy extendido. Las estimaciones sobre el número de voluntarios en la UE mayores de quince años oscilan entre 92 y 150 millones, lo que implicaría que entre un 22 y un 36% de los adultos de todos los países de la UE participan en actividades de voluntariado no remuneradas en distintos tipos de organizaciones (8). Las posiciones adoptadas por las principales instituciones de la UE sobre el voluntariado se basan en una estimación relativamente baja del número de voluntarios, no superior a los 100 millones (9).

2.9

Tomando como base los datos actualmente disponibles sobre el voluntariado, no es posible realizar el análisis que se solicita en los documentos de la CE, el Parlamento, el Consejo Europeo o el CESE. En la actualidad resulta imposible hacer un seguimiento fiable de la importancia económica del voluntariado o su contribución a las políticas de la UE. No es posible determinar la cantidad total de tiempo dedicado al trabajo voluntario o su valor económico, y evaluar así su importancia en términos de indicadores económicos universales como el empleo nacional (el número de personas que trabajan en la economía nacional) o el PIB. Los únicos datos actualizados disponibles, que no obstante se limitan al voluntariado formal realizado en organizaciones sin ánimo de lucro y evaluados siguiendo métodos no muy coherentes, proceden del Comparative Nonprofit Sector Project, coordinado por la Universidad Johns Hopkins. Estos datos determinaban el porcentaje de trabajo voluntario realizado en organismos sin ánimo de lucro en relación con el PIB y la mano de obra potencial de la población activa desde el punto de vista económico en solo tres países de la UE: la República Checa (0,2 % del PIB, 0,5 % de la población activa desde el punto de vista económico), Francia (1,4 %, 3,2 %) y Bélgica (0,7 %, datos no disponibles) (10).

2.10

Tomando como base los principios metodológicos establecidos en el Manual de la OIT, las oficinas nacionales de estadística de tres países de la UE (Polonia, Hungría e Italia) ya han llevado a cabo encuestas sobre el alcance y el valor del trabajo voluntario, mientras que algunos otros países tienen previsto hacer lo propio (11). Los datos de 2011 correspondientes a Polonia están actualmente disponibles. Muestran que, en general, el voluntariado formal e informal representó el equivalente del trabajo del 9,6% de los trabajadores de la economía nacional en general (incluido el trabajo voluntario) y el 2,8% del PIB definido en términos generales. En Polonia, donde los lazos familiares de todo tipo son especialmente fuertes, el trabajo voluntario incluía sobre todo el voluntariado informal –su porcentaje con respecto al número de trabajadores de la economía nacional, que también incluye al voluntariado, ascendió al 8% y su contribución al PIB definido en términos generales fue del 2,2%. El voluntariado formal representó el 1,6% y el 0,6%, respectivamente, de las categorías antes mencionadas (12).

3.1

Como ya se ha señalado anteriormente, el Manual de medición del trabajo voluntario publicado bajo los auspicios de la OIT se menciona en casi todos los documentos de la UE sobre el voluntariado como un modelo adecuado para realizar investigaciones estadísticas en este ámbito. La Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo también ha hecho hincapié en que las soluciones metodológicas previstas en este manual constituyen una base adecuada para investigar sobre el trabajo voluntario. Se propone incluir el trabajo voluntario en las estadísticas oficiales sobre el trabajo (13). Las soluciones propuestas en el manual también han logrado el apoyo de las partes interesadas del tercer sector, donde muchas ONG están fomentando este modelo para realizar investigaciones sobre el voluntariado (14).

3.2

El enfoque metodológico propuesto en el Manual de la OIT es también una respuesta a la falta de datos disponibles sobre el voluntariado en el tercer sector, o a la incoherencia de los mismos, un problema señalado por el Comparative Nonprofit Sector Project, y destacado posteriormente como un obstáculo importante para la elaboración de estadísticas precisas sobre las cuentas nacionales y la cuenta satélite del sector sin ánimo de lucro (15).

3.3

El enfoque metodológico se basa en una definición operativa del fenómeno descrito como «trabajo voluntario» en el manual. No tiene como base un término o términos específicos utilizados de manera uniforme para la investigación en los países encuestados, sino que es más bien una definición descriptiva que destaca tres características fundamentales. Se define el trabajo voluntario como aquellas actividades que:

El Manual de la OIT contiene numerosas explicaciones adicionales, que ayudan a resolver cualquier posible duda sobre la interpretación de los criterios (16).

3.4

El amplio alcance previsto para la investigación en el manual hace posible satisfacer las necesidades de información de muchas partes interesadas. La definición principal del trabajo voluntario que figura en el manual implica una amplia gama de investigación, que incluye tanto al voluntariado formal (denominado «trabajo voluntario indirecto» por la OIT) como al voluntariado informal (denominado «trabajo voluntario directo» por la OIT). Además, no se centra en un único sector, sino que incluye, por ejemplo, al voluntariado en el tercer sector y en las instituciones del sector público, y pide que los datos se clasifiquen por ámbito y por sector institucional. Los datos recabados deben estar claramente definidos y ser flexibles desde el punto de vista de los usuarios.

3.5

El modelo de investigación propuesto en el Manual de la OIT se basa en una serie de principios generales que garantizan la coherencia, independientemente del tipo de encuesta que sirva de base para la investigación:

3.6

La metodología propuesta hace posible centrar los esfuerzos de investigación sobre todo en recabar los datos necesarios para cuantificar el volumen y el valor del trabajo voluntario en unidades económicas estándar, permitiendo la comparación con el empleo o el PIB nacionales. Los datos recabados pueden usarse para determinar el volumen y el valor de distintos tipos de trabajo voluntario por sector económico e institucional, tipo de actividad, región, nivel de urbanización, etc.

3.7

Sobre la base de los datos recabados mediante la utilización del módulo relativo al trabajo voluntario, también es posible realizar numerosos análisis de carácter social. Es posible analizar el volumen y el grado de intensidad del trabajo voluntario, las formas que adopta (para las personas u organizaciones); en el caso de estructuras formales, es posible especificar el ámbito de actividad o sector. Este análisis puede tener en cuenta las diversas características de los voluntarios: características demográficas (por ejemplo, edad, sexo, situación familiar), localización (por ejemplo, región, tamaño de la localidad) y estatus profesional, educativo y material. Añadiendo preguntas adicionales al módulo sobre el trabajo voluntario también es posible analizar la motivación de los voluntarios, los motivos para no participar en el trabajo voluntario, etc.

3.8

Habida cuenta de que, por lo general, los encuestados solo son capaces de aportar datos pormenorizados y fiables en relación con el pasado reciente, el manual propone un período de referencia de cuatro semanas para las preguntas sobre el trabajo voluntario. Esto viene dictado por la necesidad de determinar el número de horas dedicadas al voluntariado con la mayor precisión posible. Al mismo tiempo, el periodo de cuatro semanas es bastante más corto que el típico plazo de doce meses fijado para la mayor parte de las investigaciones sobre el trabajo voluntario. El menor periodo de referencia se traduce en cifras más bajas para el volumen de trabajo voluntario (número de voluntarios), y genera el riesgo de obtener resultados sesgados por las fluctuaciones estacionales. Por consiguiente, se recomienda mantener el período de cuatro semanas por motivos de comparabilidad y encontrar, al mismo tiempo, un método que permita compensar la estacionalidad y garantizar un tamaño de la muestra adecuado para contar con un número suficiente de voluntarios en la encuesta y realizar nuevas estimaciones del número de horas en diferentes grupos.

3.9

El método de investigación sobre el trabajo voluntario recomendado por la guía adopta la forma de una encuesta de población activa (EPA) u otro módulo de las encuestas sobre los hogares. La utilización de la EPA como plataforma tiene una serie de ventajas:

3.10

La investigación sobre el voluntariado utilizando un módulo EPA también implica determinadas limitaciones y problemas que se resuelven de acuerdo con las condiciones locales tomando como base un enfoque global:

3.11

El Manual de medición del trabajo voluntario es exhaustivo, e incluye orientaciones sobre la organización y el desarrollo de la investigación, así como recomendaciones sobre la obtención y presentación de los resultados. A la hora de medir el valor del trabajo voluntario, el manual recomienda el enfoque del costo de reposición, utilizando el salario promedio en la economía nacional para el tipo de actividad (profesión) y el sector económico e institucional al que pertenece el organismo para el que se realiza el trabajo voluntario.

3.12

Con independencia del enfoque global de las soluciones propuestas y de la justificación sólida para las mismas, el Manual de la OIT mantiene una flexibilidad considerable con respecto a numerosas cuestiones que pueden abordarse por los distintos países en función de las condiciones locales. Esto afecta a cuestiones como la adaptación de las definiciones a las circunstancias locales, y la manera más o menos detallada de calcular el valor del trabajo voluntario (en el punto 3.10 se dan algunos otros ejemplos). No obstante, a fin de garantizar la comparabilidad internacional de los datos, deberían utilizarse los elementos clave de las definiciones del trabajo voluntario.

3.13

La flexibilidad del manual se deriva del deseo de hacerlo universal y garantizar una aplicación amplia del mismo, con independencia de las importantes diferencias culturales y sociales a nivel mundial. En la UE estas diferencias son relativamente pequeñas, lo cual hace posible desarrollar una metodología más uniforme y, por ende, obtener datos más comparables.

4.1

Dada la fuerte necesidad de disponer de datos sobre el voluntariado, debido a su papel clave en la generación de crecimiento integrador y en el refuerzo de la cohesión social, el capital social y humano, la educación informal, la integración en el mercado laboral y la solidaridad entre generaciones, es necesario a nivel de la UE garantizar condiciones que apoyen una investigación sistemática y comparable del trabajo voluntario en los Estados miembros. El CESE reconoce que cualquier nueva actividad que emprendan las instituciones de la UE y los Estados miembros deberá contar con una financiación estable y, por consiguiente, manifiesta su voluntad de seguir explorando todos los medios posibles de apoyar y financiar la investigación sobre la medición del trabajo voluntario, incluida la propuesta formulada en el punto 4.2.

4.2

Siguiendo las recomendaciones incluidas en los documentos de la UE que piden a los Estados miembros desarrollar la investigación sobre el voluntariado tomando como base el Manual de la OIT, el CESE insta a la Comisión Europea a que, en los próximos años, trabaje en una metodología normalizada para la investigación sobre el trabajo voluntario y garantice su adopción mediante el Reglamento correspondiente relativo a la investigación ordinaria desarrollada por los Estados miembros.

4.3

Antes de la adopción del Reglamento, la Comisión Europea debería tomar medidas para apoyar el trabajo metodológico y los estudios piloto, con miras a establecer principios coherentes para la investigación sobre el trabajo voluntario por las oficinas nacionales de estadística, utilizando los principios más importantes del Manual de la OIT y la experiencia de los países que ya han llevado a cabo estudios usando las soluciones descritas en el mismo. Al desarrollar los pormenores del Reglamento, deberían tomarse medidas para reducir al mínimo los costes y la burocracia. Para este fin, el planteamiento más adecuado consistiría en combinar la investigación sobre el trabajo voluntario con uno de los otros ámbitos de investigación que están llevando a cabo actualmente las oficinas estadísticas nacionales de los Estados miembros.

4.4

Dada la necesidad apremiante de datos sobre el volumen del trabajo voluntario formal e informal y su impacto en el nivel general de bienestar, así como sobre determinados ámbitos de la vida pública en los distintos países y en toda la UE, deben establecerse las condiciones adecuadas para garantizar que la Comisión Europea recabe y ponga a disposición datos correctamente armonizados a partir de los estudios realizados en los Estados miembros y a nivel de la UE. Una posible vía para investigar sobre los efectos del voluntariado podría ser, por ejemplo, la encuesta sobre la educación de adultos, que permitiría recabar y analizar datos sobre la incidencia del trabajo voluntario en la adquisición de competencias útiles para conseguir el empleo deseado.

4.5

Las autoridades públicas deben reconocer y apreciar el valor económico del trabajo voluntario. La Comisión Europea y los Estados miembros deberían introducir una normativa que permita que el valor económico del trabajo voluntario constituya una forma de cofinanciar los proyectos subvencionados con fondos públicos. La experiencia y los datos adquiridos en la investigación sobre el valor económico del voluntariado –llevada a cabo sobre la base de una metodología única en toda la UE– serán muy útiles a la hora de concebir soluciones prácticas.

5.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 170/18

1.1

El CESE acoge con satisfacción el debate sobre las mediciones del impacto social generado por las empresas sociales, pero insiste en la importancia de dedicar más tiempo a esta difícil cuestión. En una primera fase, la Comisión Europea debería emprender una recopilación de datos con vistas no solo a un análisis comparativo de la medición del impacto social en los Estados miembros, sino también para seguir analizando este asunto en el contexto de la dimensión social de Europa.

1.2

El CESE considera que un enfoque inadecuado o precipitado podría resultar contraproducente para el objetivo de las instituciones europeas, consistente en impulsar el desarrollo y el crecimiento del sector de las empresas sociales. Dada la falta de sensibilización sobre este sector en muchos Estados miembros, el CESE insta a la Comisión Europea a dar prioridad a la concienciación y plena aplicación de la agenda de la Iniciativa en favor del emprendimiento social.

1.3

Con la evaluación del impacto social se pretende medir los efectos y el impacto sociales generados por actividades específicas de las empresas sociales y no la propia empresa, aunque las estructuras intrínsecas a las empresas de la economía social contribuyen a generar valor añadido. Se trata de un proceso permanente e integrado en la actividad de la empresa, así como una importante herramienta de planificación estratégica.

1.4

Dada la dificultad de abogar por un método único, el CESE recomienda, en lugar de desarrollar un nuevo método, que la Comisión Europea sensibilice acerca de los principios aplicados más frecuentemente. Su denominador común estriba en que son iniciativas basadas en un enfoque de «abajo a arriba» y diseñadas para lograr un cambio social fundamentado en necesidades y actividades reales.

1.5

Cualquier método de medición debe desarrollarse partiendo de los resultados básicos de la empresa social, respaldar sus actividades, ser proporcionado y no obstaculizar la innovación social. El método debe aspirar a un equilibrio entre los datos cualitativos y cuantitativos, asumiendo que la «narración» es esencial para medir el éxito. Hay que constatar también la necesidad de seguir afrontando las dificultades que supone trasladar los resultados de la evaluación del impacto social del nivel micro al macro (dentro de la UE).

1.6

Constatada la necesidad de métodos de medición del impacto social, en particular a efectos de las normas sobre los fondos EuSEF (1) y el programa PCIS (2), el CESE recomienda en una primera fase dirigir, seguir de cerca y revisar si fuera necesario las normas al respecto. El objetivo de todo ello consiste en no obstaculizar el acceso de las empresas sociales a la financiación a través de estos instrumentos. Ello permitirá a la Comisión Europea elaborar orientaciones y principios comunes sobre qué medir en lugar de cómo medir.

1.7

El CESE proseguirá su análisis de esta cuestión y seguirá de cerca la labor de la Comisión Europea con vistas a aplicar un método que no obstaculice el desarrollo de la empresa social en Europa. Además, seguirá participando en un debate más amplio sobre la manera en que debería tenerse en cuenta el impacto social en otros ámbitos.

2.1

La Comunicación de la Comisión «Acta del Mercado Único II — Juntos por un nuevo crecimiento» (3) pone de manifiesto la necesidad de desarrollar métodos para medir los beneficios sociales y económicos generados por las empresas sociales en cuanto a la aplicación de los fondos de emprendimiento social europeos y el Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación Sociales (PCIS).

2.2

En consecuencia, se ha encomendado a un subgrupo (4)del Grupo de expertos sobre las empresas sociales (GECES) de la Comisión que le proporcione orientaciones sobre la manera en que las empresas sociales pueden evaluar su impacto social.

2.3

Este dictamen refleja el punto de vista de las empresas sociales en el desarrollo de un método de evaluación del impacto social de la UE, esencialmente en el marco de los fondos de emprendimiento social europeos y el Programa PCIS. No obstante, al tratarse de una cuestión importante, el CESE insiste en que, idealmente, la evaluación del impacto social debería tenerse en cuenta, por lo tanto, en otros ámbitos para evitar un enfoque fragmentado.

2.4

Distintas iniciativas recientes de la UE se centran en las empresas sociales. Además, el CESE ha realizado una labor significativa sobre esta cuestión (5), en particular, sobre los retos relativos a los fondos de emprendimiento social europeos y las empresas sociales (6). Un elemento esencial ha sido el lanzamiento por la Comisión Europea de la Iniciativa en favor del emprendimiento social (siglas en inglés SBI) (7), cuyo objetivo consiste en impulsar el desarrollo y el crecimiento del emprendimiento social y de las empresas sociales en la UE.

2.5

Las empresas sociales se crean con un objetivo social y actúan en la economía social. Para salvaguardar este modelo, el CESE insiste en que la definición de empresa social en el sentido de la Iniciativa en favor del emprendimiento social debería servir de base para cualquier legislación derivada, normas o programas, en la medida en que considera a la empresa social en sentido amplio de manera que encaje con los distintos tipos existentes en los Estados miembros.

2.6

Es importante señalar que el objetivo de este dictamen no consiste en esgrimir argumentos en general para evaluar el impacto social de las empresas. Tampoco hay que confundir este asunto con las iniciativas sobre responsabilidad social de las empresas (RSE) ni con la obligación, de todos los empresarios, de ofrecer condiciones laborales decentes y de ajustarse a todos los convenios colectivos existentes. Además, conviene constatar que las responsabilidades en cuanto al rendimiento y a la infraestructura sociales siguen incumbiendo a los Estados miembros.

2.7

Aunque el dictamen solo tiene en cuenta el impacto social y los resultados de las actividades de las empresas sociales, y no las empresas sociales como tales, su estructura y modelos operativos constituyen de por sí elementos esenciales para generar un impacto social, mediante la internalización de los costes sociales y la generación de externalizaciones positivas.

3.1

Durante mucho tiempo, el indicador preponderante para medir el desarrollo de los países y las organizaciones estuvo basado en los resultados económicos, independientemente de que la motivación principal de los avances fuese un beneficio económico o un beneficio para la sociedad. Para lograr un mundo sostenible, debe darse prioridad a un enfoque más holístico que tenga en cuenta las consecuencias sociales, medioambientales y económicas.

3.2

En los últimos años esta visión ha ido ganando terreno. En 2008, el CESE aprobó su Dictamen de iniciativa «Más allá del PIB — Indicadores para un desarrollo sostenible» (8), que ponía de relieve la necesidad de adoptar nuevos métodos para medir la sostenibilidad y el bienestar, a fin de responder a los desafíos que se plantean a la sociedad. La Comisión respondió a esta iniciativa en 2009 con su Informe «Más allá del PIB: Evaluación del progreso en un mundo cambiante» (9), en el que destacaba la necesidad de establecer nuevos instrumentos de medición y seguimiento para describir el desarrollo social. Además, otros agentes también han tomado la iniciativa de crear nuevos instrumentos como, por ejemplo, el Índice para una vida mejor (Better Life Index) de la OCDE (10).

3.3

Para Europa, que atraviesa una crisis que está alterando los modelos de bienestar social, es más importante que nunca centrarse en la creación de valor auténtico. Esto se ha puesto de relieve muy recientemente en las iniciativas para el fomento de la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria (11), mediante la propuesta de indicadores y actuaciones para completar las evaluaciones económicas. Actualmente, este tipo de argumentación se refleja en varios documentos de la UE en los que la medición y el seguimiento del valor añadido social, el cambio y el impacto figuran como condiciones para la ejecución con éxito de directivas, programas y actividades.

3.4

La evaluación del impacto social es una cuestión importante y esencial para reconstruir la dimensión social de Europa. Por consiguiente, el CESE pone en entredicho el enfoque extremadamente precipitado de la Comisión Europea en este ámbito y urge a que se dedique más tiempo a debatir en profundidad sobre esta cuestión, en sentido amplio, para garantizar la adopción de las metodologías más adecuadas. En este contexto hay que mencionar que, dado que el objetivo general consiste en apoyar a las empresas sociales en el cumplimiento de su misión, la Comisión Europea tiene que actuar con cautela a la hora de desarrollar herramientas que podrían resultar contraproducentes.

3.5

Esto se ve reforzado por un nivel muy bajo de sensibilización y de reconocimiento de la empresa social y de la economía social en muchos Estados miembros. Entablar un debate desde el punto de vista del impacto social en lugar de fomentar un entorno que favorezca el desarrollo de empresas sociales puede ser perjudicial para la evolución de este sector. Por tanto, el CESE anima a la Comisión a que dé prioridad al despliegue completo de la «Iniciativa en favor del emprendimiento social» para garantizar condiciones justas y transparentes a las empresas sociales de todos los Estados miembros antes de emprender otra iniciativa para evaluar el impacto social.

4.1

Evaluar el impacto social es beneficioso para todos los sectores de la sociedad. El objetivo esencial de la empresa social es lograr un impacto social positivo, lo cual a menudo forma parte de sus actividades empresariales permanentes y estatutarias. Es importante disociar los resultados sociales de los resultados empresariales ya que se trata de evaluar el impacto social, no la organización.

4.2

Existen similitudes en cuanto a la manera en que las partes interesadas describen el impacto social, aunque también diferencias. El CESE insiste en la importancia de alcanzar un común acuerdo y sugiere que este se defina como los resultados y el impacto sociales de determinadas actividades de una empresa social.

4.3

Es importante, asimismo, señalar que la medición del impacto no solo trata de evaluar si se alcanzan los efectos deseados, sino el conjunto de todos ellos (deseados o no) y su impacto.

4.4

Evaluar el impacto social es todo un reto ya que puede ser difícil demostrar la relación entre la actividad y el resultado. A menudo, los efectos positivos son cualitativos y en ocasiones solo se aprecian a más largo plazo. Un empecinamiento por reflejar la actividad en cifras puede conllevar riesgos significativos de que la información obtenida no mida lo que se desea medir, o no lo haga de la manera adecuada. Por tanto, no se debe de presionar a las empresas sociales para que equiparen la medición con la cuantificación, centrándose únicamente en actividades que pueden medirse, cuantificarse o reconocerse exteriormente con facilidad.

4.5

La cuantificación debe considerarse una manera de medir, complementaria de enfoques más cualitativos, como por ejemplo las narraciones. Esta alternativa o enfoque complementario para recabar relatos que contienen mucha información procedente de los beneficiarios es esencial para evaluar el «valor añadido» de las actividades de las empresas sociales. Es preciso clarificar asimismo que la medición de la creación de valor no debe necesariamente traducirse en cifras finales, sino que puede perfectamente adoptar la forma de una combinación de cifras y texto.

4.6

Para examinar esta complejidad más detalladamente, el CESE recomienda que la Comisión Europea emprenda una recopilación de datos sobre los métodos existentes como punto de partida de un análisis comparativo entre los Estados miembros.

5.1

Un requisito previo de un método europeo para evaluar el impacto social en el contexto actual de la UE (EuSEF y PESI) es la participación de las partes interesadas, entre las que figuran principalmente las empresas sociales, los usuarios, los responsables políticos, los proveedores de fondos así como los prestadores de servicios sociales, las autoridades públicas y, cuando proceda, los interlocutores sociales. El enfoque, basado en las partes interesadas, impulsa un proceso de asentamiento de la confianza orientado a compartir una visión común del impacto deseado.

5.2

Un requisito previo de este enfoque basado en las partes interesadas consiste en alcanzar un acuerdo común sobre los conceptos básicos relativos a la evaluación del impacto social. A menudo se asignan significados diferentes, según los ámbitos, a conceptos como intervención , resultado , efecto o impacto . Es importante que las partes interesadas compartan una visión común acerca de estos conceptos.

5.3

Si solo se tienen en cuenta los resultados (por ejemplo, el número de las personas que participan en un curso), se pasa por alto la evaluación del impacto real de la actividad. Por tanto, es importante reconocer que la medición del impacto social supone una evolución desde la evaluación de los resultados hacia la del impacto. De esta manera se puede apreciar el valor añadido real, sin dejar de tener en cuenta la complejidad ni la evolución multidisciplinaria de la medición del impacto social.

5.4

Hay que constatar la necesidad de seguir afrontando las dificultades que supone trasladar los resultados de la medición del impacto social del nivel micro al macro (dentro de la UE), así como explorar la manera de que los métodos de evaluación se ajusten a los derechos y las necesidades de los particulares y de las empresas.

6.1

Hay muchas maneras diferentes de medir el impacto social, por lo que resulta difícil defender un método en particular o incluso establecer comparaciones (12). Se han desarrollado múltiples métodos, muchos de los cuales proceden de distintos proyectos EQUAL (13). Estos tienen en común que son iniciativas basadas en un enfoque de «abajo a arriba» diseñadas para lograr un cambio social determinado y basadas en necesidades y actividades reales.

6.2

Los métodos más conocidos son el «rendimiento social de la inversión» (Social Return On Investment, SROI), que es un concepto que se basa en los efectos obtenidos para entender la creación de valor social, medioambiental y económico de una organización, y el «balance social», que es un método para planificar, medir y evaluar los objetivos sociales de una organización (14). Hay otros ejemplos de métodos que se utilizan más generalmente para explicar un valor social añadido, como el «Global Reporting Index» (GRI), que es un sistema de elaboración de informes de sostenibilidad que ofrece un marco aplicable a los informes sociales, medioambientales y económicos. Pero junto con este se utilizan también muchos otros métodos (15).

6.3

El denominador común de estos métodos estriba en que han sido elaborados desde un enfoque basado en los objetivos de las actividades de la empresa social, en lugar de en modelos procedentes de otros sectores. En vez de medir únicamente los resultados en un período determinado, suelen abarcar un proceso más amplio como la denominada «teoría del cambio» (16) que, en resumidos términos, implica un proceso de definición, cuantificación y rastreo. Basándose en tales enfoques, el propio proceso de evaluación se incorpora a la planificación de la actividad empresarial y constituye una importante herramienta de mejora interna.

6.4

Al diseñar métodos de evaluación del impacto social, hay que velar por que estos sean proporcionados y sirvan de apoyo a la empresa social. Muchas empresas sociales son pequeñas y de nueva creación, con unos recursos limitados para aplicar métodos complicados. Por consiguiente, el CESE recomienda que, para garantizar que las cargas administrativas sean limitadas y proporcionadas, las otras partes interesadas (UE, gestores financieros) asuman el coste de la evaluación del impacto, en lugar de las empresas sociales.

6.5

En cuanto a los indicadores, el CESE sugiere que sean seleccionados por las empresas sociales mediante entrevistas con los usuarios y las partes interesadas. Entre los indicadores podrían figurar, por ejemplo, los «costes evitados a la sociedad» el o «impacto causado» por la empresa social, aunque también se podría añadir la labor de defensa realizada por la empresa, así como su estructura y sus modelos operativos.

6.6

Basándose en los métodos existentes, la Comisión Europea debería plantearse desarrollar un marco europeo que, con arreglo a las recomendaciones del CESE, se ajuste a las normativas específicas en vigor en algunos Estados miembros y en sus modelos de organizaciones de bienestar, así como en las propias empresas sociales.

7.1

Dada la extrema dificultad de abogar por un solo método o por indicadores normalizados para evaluar el impacto social, la primera tarea de la Comisión Europea consiste en sensibilizar sobre los principios y métodos más frecuentes y animar a las empresas a aplicarlos. De estas experiencias, la Comisión Europea podrá extraer orientaciones comunes para medir los efectos sociales, en lugar de resultados, con vistas a establecer un marco de principios sobré qué medir en lugar de intentar determinar cómo evaluar el impacto social.

7.2

Dada la complejidad de este asunto, el CESE recomienda dirigir en una primera fase los métodos desarrollados a efectos de los fondos EuSEF y el programa PCIS. Ello permitirá a la Comisión Europea seguir de cerca el impacto de la aplicación de estos métodos y revisarlos si procede. Todas las recopilaciones de datos deberán desglosarse por género, de manera que se pueda constatar el papel de la mujer en el emprendimiento social y que se garantice una asignación transparente de los fondos. Esto contribuirá a asegurarse de que los métodos empleados no restringen el acceso a los fondos a efecto de los objetivos establecidos.

7.3

Para reestructurar estos proyectos piloto, la Comisión Europea también tendrá que considerar aspectos como, por ejemplo, las atribuciones y el objetivo de la función de «auditoría» y de las partes interesadas. Ello está estrechamente vinculado con los costes añadidos y la motivación de dichas partes interesadas. El CESE insta a la Comisión Europea a esforzarse por minimizar estos costes al diseñar requisitos de medición, así como a evitar generar una carga burocrática excesiva o distorsionar el desarrollo social.

7.4

Existe el riesgo de que el método de medición que se elabore específicamente para el FESE y el PCIS sirva de precedente para la aplicación de otros instrumentos y normativas relativos al emprendimiento social a nivel nacional, regional y local. Una aplicación defectuosa o incorrecta de la medición del impacto social podría frenar la innovación y la experimentación sociales. Para limitar este riesgo, la Comisión Europea debería emprender programas de sensibilización y formación en los Estados miembros.

7.5

El presente dictamen constituye una primera fase de la labor del CESE sobre la medición del impacto social, en respuesta a los trabajos que realiza actualmente la Comisión Europea sobre esta cuestión. No obstante, el CESE considera esencial proseguir y ampliar el debate, de manera que realizará un seguimiento de la labor de la Comisión Europea y seguirá trabajando sobre esta cuestión en otros ámbitos de sus atribuciones políticas.

5.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 170/23

1.1

La falta de reformas estructurales, unida al impacto social y económico negativo de la crisis, que alimenta la pobreza y la exclusión en Europa en un contexto de envejecimiento demográfico, aumento de los flujos migratorios y creciente euroescepticismo requiere con carácter urgente adoptar un modelo político capaz de reforzar la solidaridad y los valores fundamentales del acervo social europeo.

1.2

cree que en la difícil coyuntura actual, el establecimiento de una renta mínima europea contribuirá a la cohesión económica, social y territorial, a la protección de los derechos humanos fundamentales, al equilibrio entre los objetivos económicos y sociales y al reparto equitativo de los recursos y la renta;

1.3

señala que en los órganos del CESE se celebró un debate en profundidad sobre esta cuestión y subraya la acuciante necesidad de garantizar una renta mínima adecuada en la Unión Europea mediante una Directiva marco dirigida a combatir la pobreza facilitando la inclusión en el mercado de trabajo, tal y como han solicitado el Comité de las Regiones (1) y varias organizaciones de lucha contra la pobreza (2), e insta a la Comisión a emprender una acción concertada que responda a la Resolución adoptada por el Parlamento Europeo en 2011 (3);

1.4

invita a la Comisión a estudiar posibilidades de financiación de una renta mínima europea, prestando especial atención a la perspectiva de establecer un fondo europeo adecuado;

1.5

pide que se tomen más medidas para garantizar que se alcancen realmente los objetivos de la Estrategia Europa 2020 relativos al empleo, la pobreza y la exclusión social. Dichas medidas deberían incluir 1) la prosecución de objetivos de empleo transversales; 2) la definición de objetivos de reducción para los tres indicadores de que consta el indicador compuesto de la pobreza y la exclusión social, 3) la fijación de subobjetivos a escala europea y nacional, para los grupos con un riesgo de pobreza superior al de la población en general (por ejemplo, niños y hogares monoparentales) y para los trabajadores pobres, 4) la revisión del modo en que los Estados miembros calculan los niveles de pobreza y establecen sus objetivos nacionales, y 5) conseguir que los Estados miembros renueven su compromiso con el fin de garantizar que los esfuerzos conjuntos permitan lograr el objetivo global de la Unión Europea;

1.6

pide que se proceda a una evaluación efectiva del impacto social de las medidas incluidas en los Programas Nacionales de Reformas (PNR) y en los Informes Sociales Nacionales (ISN) así como en los paquetes de consolidación financiera, con el fin de que no empeoren los niveles de pobreza o exclusión social, y de garantizar una mayor participación de la sociedad civil en la preparación de los PNR y los ISN;

1.7

pide un mayor seguimiento de la agravación de la pobreza y la exclusión social y solicita a la Comisión que proponga, siempre que sea necesario y país por país, recomendaciones específicas en materia de inclusión social, en el marco de su evaluación de los Programas Nacionales de Reformas y de los Informes Sociales Nacionales. Dichas recomendaciones deberían aplicarse igualmente a los países que son objeto de un programa especial de ayuda por parte de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional;

1.8

subraya que tener un empleo digno es la mejor garantía contra la pobreza y la exclusión social e insta a la Comisión a que, en colaboración con los Estados miembros, ponga en marcha medidas del Pacto por el Crecimiento y el Empleo para impulsar el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo; acoge con satisfacción la intención expresada por el Comisario Tajani de establecer un pacto en favor de la industria para reforzar el sector industrial en la UE y su potencial de creación de empleo;

1.9

destaca, en particular, la importancia de aumentar la participación de los trabajadores, los desempleados y todos los grupos sociales vulnerables en la formación permanente, así como de mejorar el nivel de cualificaciones profesionales y la adquisición de nuevas competencias, lo cual podría contribuir a agilizar la integración en el mercado laboral, aumentar la productividad y ayudar a las personas a encontrar un mejor trabajo.

2.1

La renta mínima garantizada es una ayuda a los ingresos que no está basada en el pago de cotizaciones y que proporciona una red de seguridad para las personas que no pueden optar a las prestaciones de la seguridad social (4). Como última salvaguardia contra la pobreza, está indisolublemente unida al derecho a llevar una vida digna de las personas que no tienen otra forma de asegurar sus ingresos y al de las personas que están a su cargo (5). La «renta mínima garantizada» no debe confundirse con el «salario mínimo», que se fija por medio de convenios colectivos o de la legislación.

2.2

El artículo 10, párrafo 2, de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores (1989) (6) establece el derecho a «prestaciones y recursos suficientes» para las personas que estén excluidas del mercado de trabajo y que no dispongan de suficientes medios de subsistencia.

2.3

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), que como parte integrante del nuevo Tratado de Reforma es jurídicamente vinculante, establece, en su artículo 1, que «La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida» y, en el apartado 3 de su artículo 34, que «Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes».

2.4

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículo 153, apartado 1, letra h) permite a la Unión aprobar legislación que apoye y complemente las actividades de los Estados miembros en materia de integración de las personas excluidas del mercado laboral. Entre los imperativos que la Unión deberá tener presentes para definir y aplicar sus políticas y acciones, su cláusula social horizontal (artículo 9) recoge, en particular, un nivel de empleo elevado, una protección social adecuada y la lucha contra la exclusión social.

2.5

La Recomendación 92/441/CEE (7) invita a los Estados miembros a que reconozcan «el derecho fundamental de la persona a recursos y prestaciones suficientes (…) y que adapten en consecuencia, (…) sus sistemas de protección social», y a que establezcan criterios comunes de aplicación, sin especificar, no obstante, un umbral mínimo a nivel de la UE.

2.6

La Recomendación de la Comisión de 2008 (8) reconoce el apoyo adecuado a la renta como uno de los tres pilares de la inclusión activa, y hace hincapié en que los beneficiarios deben estar disponibles para su incorporación al mercado de trabajo, la formación u otras medidas de inclusión social.

2.7

La lucha contra la pobreza y la exclusión social constituye un objetivo principal de la Estrategia Europa 2020, que estableció la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social (9). Por primera vez define el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social en al menos 20 millones de personas para 2020, basándose en una combinación de tres indicadores. Estos tres indicadores son: el riesgo de pobreza (definido como el porcentaje de personas por debajo del 60 % de la mediana de la renta nacional), la privación material severa (personas con falta de recursos según una lista especificada de bienes) y la intensidad laboral muy baja (el hecho de vivir en un hogar sin empleo) (10). El CESE acogió con satisfacción este compromiso e insistió en que las políticas de la UE no deberían aumentar el riesgo de pobreza (11).

2.8

El gran objetivo establecido por la Estrategia Europa 2020 para reducir la pobreza y la exclusión social se basa en la reducción de un número concreto de personas, lo que difiere del enfoque seguido para los demás grandes objetivos (12): estos se establecen en términos de porcentaje, lo que ayuda a los Estados miembros a alcanzar el mismo objetivo, expresado en un tanto por cierto.

2.9

Los Estados miembros deciden cómo definen sus objetivos nacionales, y los distintos enfoques que deben adoptar para alcanzarlos. Sin embargo, la suma de los objetivos nacionales se sitúa bastante por debajo del objetivo de 20 millones de personas fijado en la Estrategia Europa 2020: se estima que hay una diferencia de entre 5 y 8 millones entre el gran objetivo de la Estrategia Europa 2020 y la suma de los objetivos nacionales (13). Además, numerosos PNR adolecen de claridad sobre cómo se conseguirá el objetivo de reducción de la pobreza, y carecen de medidas adecuadas de inclusión social (14). Los países que reciben ayuda especial de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional no están obligados a presentar PNR específicos (15): solo deben rendir cuentas con arreglo a lo estipulado en los memorandos de entendimiento; ahora bien, estos no prevén medidas dirigidas a reducir la pobreza o la exclusión social.

2.10

La Resolución de 2010 del Parlamento Europeo (16) invita a los Estados miembros a introducir unos regímenes que garanticen una renta mínima equivalente al 60 % de la mediana de la renta nacional, y pide a la UE que formule recomendaciones más contundentes, mientras que la Resolución de 2011 (17) insta a la Comisión a realizar una consulta sobre la posibilidad de una iniciativa legislativa para lograr una renta mínima razonable.

3.1

El CESE reconoce que la pobreza constituye una violación de los derechos humanos, que hace aún más necesarios los esfuerzos suplementarios para lograr los objetivos establecidos en el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, y considera que vencer la pobreza constituye un desafío en toda Europa.

3.2

La falta de reformas estructurales y la crisis han provocado mayores riesgos de pobreza y exclusión social y del mercado laboral (18) en muchos países desde 2008; las cifras más recientes de Eurostat (19) confirman que el 24,2 % de la población de la Unión Europea, 119,7 millones de personas (20), se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Este índice aumentó en 2011 en 19 Estados miembros y, entre 2008 y 2011, el número de personas en situación de pobreza o exclusión social aumentó en 4 millones. Los tres indicadores que conforman el «riesgo de pobreza o exclusión social» también han empeorado desde 2008: ahora se sitúan en el 17 % para el riesgo de pobreza, el 9 % para la privación material severa y el 10 % para las personas que viven en hogares con intensidad laboral muy baja. En muchos países, los pobres son cada vez más pobres (21).

3.3

Con una tasa del 27,1 %, los niños (menores de 18 años) son uno de los grupos más expuestos al riesgo de pobreza o exclusión social de toda la población (22). En algunos países, el índice de riesgo de pobreza es relativamente alto para las personas mayores de 65 años (23).

3.4

Las diferencias de renta y las desigualdades sociales aumentan en todos los Estados miembros, así como entre Estados y regiones, y se han agravado considerablemente a raíz de la crisis (24). Además, los grupos de población más desfavorecidos antes de la crisis se hallan ahora en una situación aún peor (25).

3.5

La crisis está revelando nuevas formas de pobreza, como el problema de las personas sin hogar, la pobreza energética, la exclusión financiera (la falta de acceso a los servicios bancarios básicos y al crédito) o el endeudamiento excesivo de los hogares; mientras que la exposición a los riesgos sociales es mayor para las mujeres que para los hombres. Al mismo tiempo, los grupos de población más vulnerables, como las personas de edad avanzada (especialmente las personas de edad muy avanzada y las mujeres de edad avanzada), las personas con discapacidad, las personas con enfermedades crónicas graves, los hogares monoparentales, las familias de renta baja, los migrantes y determinadas minorías étnicas (como la población romaní), se ven afectados desproporcionadamente por múltiples formas de privación.

3.6

El empleo y la situación social en la Unión Europea se encuentran en niveles críticos. El desempleo sigue subiendo: en enero de 2013, afectaba a 26,2 millones de personas, es decir el 10,8 % de la población activa de la Unión (19 millones y 11,9 % de la población activa, respectivamente, en la zona del euro). Asimismo, la situación económica de los hogares es alarmante (26). El desempleo juvenil ha alcanzado máximos en toda la Unión Europea: el 23,6 % de los jóvenes en edad de trabajar están desempleados y tienden a permanecer así durante periodos cada vez más largos.

3.7

El CESE está seriamente preocupado por el creciente número de trabajadores pobres, debido, entre otros motivos, a la generalización de los trabajos precarios y los bajos salarios. En 2011, el 8,9 % de los desempleados vivían bajo el umbral de la pobreza y constituían un tercio de todos los adultos en edad de trabajar en riesgo de pobreza (27).

4.1

El CESE ha publicado varios dictámenes (28) sobre asuntos directa o indirectamente relacionados con la renta mínima y la pobreza, y ha formulado las recomendaciones correspondientes. Las observaciones y recomendaciones que presentó en 1989 (29) son aún más urgentes en la actualidad, debido al nefasto efecto de la crisis. Entre otros aspectos, apoya a la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, y considera que el método abierto de coordinación, junto con la cláusula horizontal, pueden contribuir a los esfuerzos realizados para garantizar una renta mínima y luchar contra la pobreza y la exclusión social.

4.2

La apremiante necesidad de un sistema de renta mínima se puso de relieve en la audiencia pública (30) que el CESE organizó con motivo de la elaboración de su dictamen, y que congregó a expertos y personalidades comprometidas en favor de una reflexión sobre la mejora de la medición de la pobreza y los desafíos que deben superarse para adoptar un sistema europeo de renta mínima.

4.3

La naturaleza multidimensional de la pobreza (31) y la exclusión social requiere una dimensión social reforzada en la gobernanza europea: unas políticas macroeconómicas socialmente sostenibles constituyen un requisito previo para salir de la crisis y lograr la cohesión social. La pobreza y la exclusión persistentes son perjudiciales para la economía, ya que reducen la renta disponible y la demanda, socavan la competitividad y suponen una carga excesiva para los presupuestos nacionales.

4.4

A este respecto, el CESE está convencido de la necesidad de reevaluar las prioridades y las políticas, en particular las políticas monetarias, incluido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, las políticas de competencia y comercio exterior así como las políticas presupuestarias y fiscales.

4.5

El CESE acoge con satisfacción la actualización del Paquete de inversión social, de 20 de febrero de 2013 (32), que invita a los Estados miembros a diseñar un apoyo a la renta que sea eficiente y adecuado y que tenga en cuenta las necesidades sociales detectadas a nivel local, regional y nacional, y a establecer presupuestos de referencia que incluyan una lista de bienes y servicios que una familia de un tamaño y composición determinados necesita para vivir con un nivel determinado de bienestar, junto con los correspondientes costes anuales o mensuales estimados.

4.6

El CESE insta a la Comisión a que acelere el cumplimiento de su promesa (33) de respaldar la actuación de los Estados miembros siguiendo las reformas de inclusión activa mediante la elaboración de un método para establecer presupuestos de referencia y vigilando la pertinencia de la ayuda a la renta, recurriendo a dichos presupuestos en cuanto hayan sido elaborados en colaboración con los Estados miembros.

4.7

El CESE está firmemente convencido de que la mejor manera de reducir la pobreza y evitar la exclusión social es restablecer el crecimiento, impulsar la competitividad y crear condiciones marco favorables para las empresa europeas (incluido, por ejemplo, evitar las cargas administrativas excesivas y garantizar el acceso a la financiación), a fin de permitirles expandirse y crear empleos para personas con las cualificaciones apropiadas.

4.8

El Comité destaca la necesidad de prestar especial importancia a los programas de formación permanente, como instrumento básico para combatir la pobreza y la exclusión social, impulsar la empleabilidad y acceder al conocimiento y al mercado laboral. Es importante aumentar la participación de los trabajadores, los desempleados y todos los grupos sociales vulnerables en la formación permanente, así como mejorar el nivel de cualificaciones profesionales y la adquisición de nuevas competencias, lo cual podría contribuir a agilizar la integración en el mercado laboral, aumentar la productividad y ayudar a las personas a encontrar un mejor trabajo.

4.9

El CESE también apoya un enfoque global del emprendimiento social, con una mayor financiación para el Fondo de Emprendimiento Social Europeo y un mejor entorno jurídico y administrativo, que promueva las empresas de la economía social que se dedican a luchar contra la pobreza como motores de crecimiento, innovación y empleo.

4.10

El CESE acoge con satisfacción la reciente Recomendación sobre la pobreza infantil (34); sin embargo, lamenta la actual exposición de muchos niños al riesgo de pobreza, transmitido de generación en generación, y que revela las insuficiencias en las políticas actuales.

4.11

El CESE expresa su preocupación por el hecho de que no se logre el objetivo en materia de pobreza y exclusión social (menos de 20 millones de personas en situación de pobreza para 2020 en la Unión) establecido por la Estrategia Europa 2020.

4.12

El CESE ya ha constatado que el nivel de participación de la sociedad civil en la preparación de los Programas Nacionales de Reformas difiere de manera significativa en los distintos Estados miembros y que, en algunos de ellos, se hace muy poco por prever su inclusión (35).

4.13

La falta de datos actualizados sobre la renta y las condiciones de vida constituye un obstáculo para la aplicación de la Estrategia Europa 2020.

5.1

El CESE es consciente de que asignar a la Unión Europea un papel central específico en materia de protección a través de la renta mínima sería una operación de política excepcionalmente compleja, debido a las disparidades económicas entre los Estados miembros, la diversidad de los regímenes de renta mínima (36) y de las estructuras de protección social, la subsidiariedad, el entramado de derechos y obligaciones ligados a la protección a través de la renta mínima, y la compleja interacción entre, por una parte, las políticas existentes y sus resultados y, por otra, el sentido de solidaridad en la Unión.

5.2

El CESE, no obstante, destaca la necesidad de introducir y reforzar los regímenes de renta mínima dado que, tras veintidós años transcurridos desde la Recomendación 92/441/CΕE, todos los Estados miembros no cuentan aún con estos regímenes, su accesibilidad y funcionamiento adecuado no están garantizados en todas partes y los objetivos acumulados de los Estados miembros para reducir la pobreza y la exclusión social se sitúan significativamente por debajo del objetivo de la Estrategia Europa 2020 (37).

5.3

Teniendo en cuenta la dinámica entre la pobreza y la economía, el CESE desea subrayar el potencial estabilizador de los regímenes de renta mínima, que pueden mitigar el impacto social de la crisis y provocar un efecto anticíclico, proporcionando recursos adicionales para impulsar la demanda en el mercado interior.

5.4

El CESE manifiesta una gran preocupación por el hecho de que los regímenes de renta mínima, que varían considerablemente en la mayoría de los Estados miembros respecto de la cobertura, universalidad y eficacia, no consigan atenuar suficientemente la pobreza y teme que su falta de utilización merme aún más su eficacia (38).

5.5

El CESE acoge con satisfacción los resultados positivos del método abierto de coordinación en el ámbito social, pero lamenta que no se hayan explorado plenamente los instrumentos y estructuras existentes y que los avances en la lucha contra la pobreza y la exclusión social hayan sido limitados.

5.6

Para completar el método abierto de coordinación en materia de política social, el CESE apoya la introducción de una Directiva europea que amplíe los regímenes de renta mínima a todos los Estados miembros, aumente la eficacia de los regímenes existentes tomando en cuenta los distintos contextos nacionales y envíe así un potente mensaje sobre el pilar social europeo.

5.7

La propuesta de Directiva debería establecer normas e indicadores comunes, proporcionar métodos para realizar el seguimiento de su aplicación y permitir la participación de los interlocutores sociales, los beneficiarios y demás partes interesadas a la hora de establecer o revisar los regímenes nacionales de renta mínima.

5.8

El CESE opina que, como condición previa para fortalecer la solidaridad y la cohesión social dentro de los Estados miembros y entre ellos, las políticas presupuestarias y macroeconómicas, en el marco de la aplicación de las políticas existentes y la utilización de los instrumentos y estructuras disponibles, también deberían contribuir a los objetivos de inversión social de la Estrategia Europa 2020.

5.9

El CESE está convencido de que los esfuerzos de la Unión Europea por mejorar la protección a través de la renta mínima deben consistir en ayudar a los Estados miembros –en especial a aquellos más necesitados– a abrir mercados y aplicar políticas macroeconómicas eficientes, así como en utilizar de manera más eficiente y específica los recursos ya existentes y examinar sin más dilación las posibilidades de ampliar los recursos necesarios.

5.10

El CESE recuerda que, aunque es cierto que los regímenes de renta mínima están directamente vinculados a los sistemas de protección y prestaciones sociales, no deberían inducir una dependencia con respecto a estos, y reitera, a este respecto, las condiciones que ya estableció en 1989 (39). A tal fin, los regímenes de renta mínima deberían ir acompañados de políticas generales y disposiciones específicas, como las políticas activas del mercado laboral (PAML), destinadas a ayudar a las personas sin empleo a reincorporarse en el mercado de trabajo, servicios de colocación, una gestión de las prestaciones y los programas relativos al mercado laboral, como la formación y la creación de empleo apoyadas por estrategias de activación adecuadas, para dar mayores oportunidades a las personas en busca de empleo. Son esenciales, asimismo, unos organismos eficaces del mercado laboral, atención sanitaria y políticas de vivienda, así como servicios públicos asequibles y accesibles de gran calidad.

5.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 170/32

1.1.

El sector europeo de la ingeniería (1) desempeña un papel fundamental en la recuperación económica de Europa y en el ambicioso objetivo de aumentar de aquí a 2020 la producción industrial para que represente más del 20 % del PIB. Sin embargo, es necesaria una mayor inversión de las empresas para generar dicho crecimiento, invertir la tendencia actual y sacar a la población de las listas del paro.

1.2.

Para alcanzar todo esto, Europa ha de dotar al sector de una perspectiva y un objetivo claros. De ese modo se logrará una acción coordinada y claramente centrada en la competitividad de la industria europea que abarcará otros ámbitos de actuación y hará de Europa un lugar más atractivo para crear una empresa.

1.3.

Europa debe desarrollar un enfoque más positivo hacia la transformación de la industria, en particular con vistas al éxito de la transición de los PECO (países de Europa Central y Oriental).

1.4.

Europa debería ser más consciente de sus activos, desarrollarlos y fortalecerlos: trabajadores bien capacitados y motivados, un panorama educativo diverso, un inmenso conocimiento científico, numerosas agrupaciones regionales de empresas que son líderes a escala mundial, cadenas bien integradas de proveedores y servicios, una infraestructura de transporte bien desarrollada, un inmenso mercado interior con más de 500 millones de consumidores y una sólida cooperación de los agentes sociales.

1.5.

Con el fin de generar nuevas inversiones, Europa debe seguir una estrategia que mantenga a su industria a la vanguardia de la innovación tecnológica; al mismo tiempo, a fin de alcanzar el volumen necesario de producción y empleo como una herramienta fundamental para reforzar la competitividad, debe ofrecer un mayor atractivo para las empresas dedicadas a la producción masiva de bienes, ya sean de alto nivel tecnológico o de nivel bajo y medio. El CESE solicita a la Comisión Europea que inicie una estrategia para examinar la manera de atraer más inversión en las empresas de alta tecnología –entre las que se cuentan las fábricas modernas que son fruto de la cuarta revolución industrial– y competencias de alta cualificación para fomentar la innovación en toda la cadena de valor.

1.6.

La financiación europea de la investigación debe estar vinculada en mayor medida a las necesidades industriales, implicando a las empresas en una etapa temprana del proceso de innovación y apoyando la ingeniería creativa en las PYME, con el fin de aplicar las nuevas ideas de manera más fácil y rápida a nuevos productos. Deben promoverse y apoyarse las agrupaciones de empresas de fabricación y estructuras de investigación.

1.7.

La Comisión Europea debería desplegar un mayor esfuerzo para hacer la vida más fácil a las empresas europeas y, en particular, a las PYME. Únicamente debe considerarse nueva legislación técnica y administrativa si sus objetivos no pueden obtenerse de ninguna otra manera. La Comisión Europea debe centrarse más en la aplicación coherente de las normas existentes en todos los Estados miembros, armonizando y fortaleciendo la vigilancia del mercado. Asimismo, la Comisión debe promover una aplicación equilibrada de dicho enfoque a escala mundial con respecto a otras regiones del mundo.

1.8.

Deben reducirse las desventajas, como la dificultad para acceder a la financiación, los elevados costes de la energía o los costes derivados de las cargas administrativas y debe reducirse la legislación mediante la adopción de una legislación más coherente y predecible.

1.9.

Solo podrá mantenerse un elevado nivel de empleo en Europa si los trabajadores están mejor formados que en las economías competidoras. Deben adoptarse medidas para atraer a los jóvenes, tanto hombres como mujeres, a profesiones tecnológicas con maquinaria y servicios cada vez más sofisticados. Debe fomentarse la cooperación de las empresas con las universidades y escuelas, así como la formación y el aprendizaje permanente.

2.1.

La industria de la ingeniería en Europa es un sector muy amplio y diverso que abarca los códigos NACE 25, 26, 27, 28, 29.3, 32.11 y 33, a excepción de los códigos 33.15 a 33.17. Tradicionalmente, la industria de la ingeniería ha estado representada por el sector de la maquinaria y las ingenierías mecánica y eléctrica, la electrónica, así como la metalurgia y los artículos metálicos.

2.2.

El sector de la ingeniería en Europa está integrado por unas 130 000 empresas que emplean a más de 10,3 millones de personas con un nivel elevado de cualificación y capacitación, y que generan una producción estimada en unos 1,84 billones de euros y cerca de un tercio de todas las exportaciones de la UE.

2.3.

Este sector, que fabrica una gran variedad de productos finales y suministra a otros sectores componentes, piezas, herramientas, maquinaria, instalaciones, sistemas, tecnología, etc., desempeña un papel clave en el nivel tecnológico de otros muchos sectores y define el desarrollo de la sociedad en cuanto a eficiencia energética, sanidad, movilidad, comunicaciones y seguridad.

2.4.

Debido a su enorme volumen, su alto índice de empleo y su marcada orientación a la exportación, el sector europeo de la ingeniería desempeña un papel fundamental en la recuperación económica de Europa y en el ambicioso objetivo establecido en la Comunicación de la Comisión Europea «Una industria Europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» de invertir la tendencia actual y aumentar de aquí a 2020 la producción industrial para que represente más del 20 % del PIB.

2.5.

El sector europeo de la ingeniería debe considerarse y analizarse en el contexto del desarrollo económico de la UE, y las industrias de este sector constituyen eslabones integrales y esenciales de la cadena de valor respectiva. Consideradas desde este punto de vista, afrontan esencialmente los mismos problemas que sus contrapartes en la cadena (la industria siderúrgica, el sector eléctrico, etc.).

3.1.1.

Los sectores europeos de la ingeniería exportan una parte considerable de su producción. En los últimos años, las inversiones han estado por debajo de las realizadas en otras regiones del mundo. Ello entraña una peligrosa deslocalización de cadenas de valor fuera de Europa y una creciente competencia en todo el mundo para los sectores europeos de la ingeniería.

3.1.2.

Norteamérica ha adoptado una estrategia destinada a la reindustrialización que se basa, en particular, en un bajo coste de la energía y un menor coste de la mano de obra dentro del TLCAN. China y algunos países del sudeste asiático han atraído una considerable inversión especialmente en los sectores eléctrico y electrónico y, recientemente, en el sector de la maquinaria. Con planes de desarrollo respaldados por el Estado, dichas industrias no solo compiten con salarios más bajos, sino que pronto producirán bienes con un mayor valor añadido. Japón está obteniendo una mayor competitividad debido a la reciente devaluación del yen en aproximadamente un 30 %. Por último, África y Oriente Próximo han logrado en los últimos años atraer inversiones al sector manufacturero.

3.1.3.

El objetivo de alcanzar un aumento del 20 % en la parte del PIB correspondiente a la industria requiere la creación de al menos 400 000 nuevos empleos cada año. Solo si Europa puede atraer más inversión se crearán empleos y riqueza suficientes para que puedan mantenerse los elevados niveles de protección social en el continente y alcanzarse los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Y solo se realizarán inversiones en Europa si esta es competitiva.

3.1.4.

Es evidente que un número tan elevado (más de diez millones) de empleos, predominantemente bien retribuidos, no puede mantenerse si Europa se concentra únicamente en el nivel superior del mercado de la ingeniería. Aunque las empresas de alta tecnología desempeñan un papel decisivo en el liderazgo tecnológico e impulsan la innovación en toda la cadena de valor industrial, es fundamental que Europa siga siendo un lugar de producción de todo tipo de productos y servicios de ingeniería, inclusive en el sector de la tecnología de nivel bajo y medio. Además de crear empleo, esto es decisivo para la red integrada de proveedores, que es uno de los principales activos para los productores en Europa y permite un rápido intercambio de conocimientos, una rápida adopción de la producción y beneficios a partir de las agrupaciones regionales.

3.2.1.

El sector de la ingeniería se encuentra particularmente a la vanguardia de la transformación hacia una economía ecológica y con bajas emisiones de carbono a través de los productos, sistemas y tecnologías que sus empresas fabrican. El sector se está moviendo con mucha rapidez hacia la cuarta revolución industrial (2), que permitirá dar el salto hacia la producción personalizada masiva, lo cual hará posible que el sector responda a los retos sociales con soluciones a medida.

3.2.2.

Europa cuenta con los conocimientos científicos y la competencia en materia de investigación necesarios para la transformación hacia una economía más ecológica, pero el camino hacia los productos innovadores requiere algo más. Europa posee una clara ventaja científica en muchos ámbitos tecnológicos, pero las industrias que se benefician de dichos conocimientos se han establecido en otros países, es decir, Europa no resulta un lugar de fabricación lo suficientemente atractivo para aplicar dichas innovaciones al mercado, y la fuga de conocimientos a economías rivales se convierte en una amenaza real.

4.1.1.

Al evaluar las posibilidades de que la UE lleve a cabo la política industrial que realmente se necesita se plantean graves problemas inherentes que afectarían a la transición requerida. En primer lugar, desgraciadamente, la UE carece de visión y liderazgo, lo que produce demasiadas iniciativas incoherentes y una notable incoherencia en el marco normativo. En segundo lugar, el concepto de sostenibilidad, que podría utilizarse como estrategia de integración, debe otorgar la misma importancia a los tres pilares (medioambiental, social y económico).

4.1.2.

El declive actual de la confianza por parte de los inversores (3) en la economía de la UE es un dato alarmante, y resulta crucial recuperar esta confianza. La salida de la actual situación de declive podría pasar por aplicar verdaderamente la Estrategia Europa 2020 e incentivar y motivar el entorno empresarial.

4.1.3.

Se necesita mucha más inversión y crecimiento para invertir el continuo declive de la industria en Europa. Será imposible alcanzar el objetivo del 20 % y la creación de nuevos puestos de trabajo si Europa no dota a la industria de una perspectiva y un plan de acción claros. De ese modo se deberá lograr una acción coordinada y claramente centrada en la competitividad de la industria europea que abarcará otros ámbitos de actuación y hará de Europa un lugar atractivo para crear empresas.

4.1.4.

Las empresas de ingeniería están sujetas a una regulación excesiva, a veces inadecuada, y a muchas leyes nacionales que se solapan con el Derecho de la UE. Las PYME, en particular, no pueden hacer frente a dichas leyes. La principal labor de las empresas de ingeniería debería ser hallar las soluciones técnicas y no emplear una parte considerable de sus recursos en enfrentarse a los últimos reglamentos. La manera más directa de mitigar este problema es reducir la cantidad de legislación nueva.

4.1.5.

Como ejemplo de nueva legislación innecesaria, se ha convertido en una costumbre que la mayor parte de las refundiciones de los reglamentos y directivas ya existentes vayan seguidas de enmiendas. Con frecuencia, la aplicación de las normas existentes puede resolver mejor un problema que la creación de nuevas disposiciones. Por tanto, las nuevas normas deberían ser el último recurso.

4.1.6.

El legislador europeo intenta a menudo regular determinados ámbitos con demasiado detalle. Aunque tiene sentido en el caso de alguna normativa técnica, puede resultar inadecuado en otros ámbitos, por ejemplo, las PYME tienen muchas dificultades para cumplir las normas sobre campos electromagnéticos. Por tanto, la Estrategia 2013-2014 de la Comisión Europea sobre salud y seguridad en el trabajo ha de garantizar un nivel adecuado de protección en los puestos de trabajo, aunque también deberá ser, al mismo tiempo, coherente, breve y fácil de aplicar.

4.1.7.

La legislación europea debe volverse más predecible. Esto supone, con respecto a los ciclos de inversión de las empresas, que las metodologías no se modificarán una vez establecidas y que los objetivos se elevarán de manera predecible y con una perspectiva a largo plazo. Un ejemplo en el que se está perdiendo el enfoque originalmente holístico de la Comisión es la Directiva sobre diseño ecológico. En un principio, se centró en la energía y debe mantenerse la sólida metodología utilizada (MEErP). Las frecuentes refundiciones crean problemas específicos. En el caso de algunos productos, las modificaciones de la legislación se dan aproximadamente en intervalos de cinco años –un dato especialmente devastador para el sector de la ingeniería–, mientras que la perspectiva de la inversión se extiende desde los diez a los treinta años.

4.1.8.

Desgraciadamente, las evaluaciones de impacto de la Comisión Europea no incluyen de manera suficiente los costes de la nueva legislación para las empresas y, en particular, las PYME. El principal coste de la legislación adicional, que, de hecho, no se tiene en cuenta, está en las inversiones y en las nuevas empresas que Europa pierde y que se establecen fuera de la UE.

4.1.9.

De manera similar, las normas sobre contratación pública deben ser fáciles de entender. Si no es así, las PYME no pueden presentar ofertas, la competencia se reduce, resulta más difícil comprobar las decisiones del proceso de adjudicación y la contratación pública se ve más expuesta al fraude. Por consiguiente, hay que centrarse en la simplificación y la transparencia.

4.1.10.

Los costes energéticos en Europa son mucho más elevados que en las economías de la competencia. La medida más urgente con vistas a hacer la energía más asequible estriba en la creación de un verdadero mercado europeo de la energía. Además, es importante abstenerse de introducir legislación que dé lugar a nuevas subidas de precios. La descarbonización ha de ser asequible y tecnológicamente neutra, y basarse en las leyes del mercado.

4.2.1.

La protección frente a productos peligrosos no conformes y a las falsificaciones es una condición previa para una competencia justa. En la actualidad, menos del 1 % de los productos manufacturados importados a través de los grandes puertos europeos se comprueba a su llegada para verificar su conformidad con las disposiciones de la UE y muchos productos peligrosos o falsificados, especialmente eléctricos, entran en el mercado interior.

4.2.2.

Los organismos de control y vigilancia de los Estados miembros difieren en gran medida. En algunos Estados miembros, el sistema proporciona mecanismos para la protección necesaria de las empresas; en otros, dichos organismos son inusuales, incompletos e insuficientes o la legislación se aplica de manera diferente. La UE debería mejorar y ampliar la coordinación entre dichos organismos con el fin de alcanzar un sistema europeo adecuado y homogéneo.

4.3.1.

La normalización en Europa se ha convertido en un elemento decisivo para el éxito del mercado interior. La normalización contribuye a que los productos sean intercambiables y, por tanto, comerciables en todo el mundo y en amplias cadenas de valor. No obstante, en los últimos años, las PYME se quejan de la cantidad de obligaciones de normalización impuestas por la Comisión Europea y del hecho de que la normalización vaya más allá de los requisitos técnicos. Hay que animar y apoyar a las PYME para que participen en el proceso de normalización.

4.3.2.

Dado que las PYME participan cada vez más en las cadenas de valor, debería dárseles la posibilidad de contribuir de manera adecuada al establecimiento de las normas. Deben adoptarse medidas prácticas con el fin de establecer igualdad entre las partes interesadas, por ejemplo, un mayor apoyo a escala nacional para la participación de las PYME con menos recursos económicos.

4.4.1.

Las empresas de la industria de la ingeniería son motores clave a la vanguardia de la innovación en la fabricación de los equipos necesarios para hacer posible la «revolución verde». La eficiencia energética, la reducción del CO2 y el respeto por el clima están influyendo positivamente en el desarrollo sostenible del sector. Además de crear nuevos productos, la innovación de las empresas de ingeniería conduce a menudo a nuevos modos de producción, así como bienes y sistemas aún más avanzados desde el punto de vista medioambiental que son, al mismo tiempo, más productivos y asequibles para los clientes.

4.4.2.

Europa ha alcanzado un alto nivel de investigación y de resultados de la investigación. En 2012 se registraron más de 250 000 solicitudes de patente en Europa. No obstante, el camino desde la investigación hasta los productos innovadores requiere algo más que conocimientos y competencia en la investigación. Durante mucho tiempo, Europa ha contado con una clara ventaja científica en muchos ámbitos de la tecnología, pero los sectores que en último término se beneficiaban de dichos conocimientos a menudo se establecían fuera de Europa. Este escaso nivel de explotación del conocimiento existente en Europa solo puede superarse mediante la participación de la industria en los programas de investigación en una etapa temprana, así como mediante un marco apropiado que les permita aprovechar de manera oportuna los conocimientos adquiridos. Deben fomentarse mediante fondos públicos nuevas estructuras que aúnen industria e investigación: agrupaciones, parques tecnológicos y centros de intercambio de tecnología.

4.4.3.

Con el fin de mejorar la adopción por parte de la industria de los nuevos descubrimientos científicos, la financiación de la investigación y la innovación debe estar mejor dirigida hacia las necesidades de la industria y debe llevarse a cabo en la forma de una asociación público-privada, como es el caso de la iniciativa «Fábricas del futuro». Con el fin de aumentar la participación de las empresas, en particular de las PYME, las directrices y disposiciones para la participación y la aprobación de los proyectos deben ser más sencillas. Deben adoptarse medidas para fomentar el establecimiento de fábricas modernas, fruto de la 4a revolución industrial.

4.5.1.

La enorme cantidad de empleos de este sector demuestra que tiene un papel fundamental en la superación del elevado índice de desempleo actual en la UE y que posee un gran potencial para nuevos empleos, siempre que Europa sea capaz de generar inversiones para la próxima recuperación económica. Si se crearan dichos empleos podría superarse el elevado e inaceptable nivel de desempleo juvenil. El esfuerzo actual de la UE por crear una «garantía juvenil» parece una buena medida para la crisis actual. No obstante, a largo plazo, el empleo sostenible solo puede proceder de empresas sólidas que inviertan aquí.

4.5.2.

Son numerosos los sectores de fabricación que se enfrenta con una escasez de jóvenes profesionales. Los sistemas educativos y de formación profesional han de orientarse mucho más hacia las necesidades, actuales y futuras, de las empresas, Las administraciones y la propia industria han de adoptar medidas para atraer a los jóvenes a este sector sin dejar de mejorar al mismo tiempo su imagen. Hay que solucionar la falta de profesionales de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas que existe en algunas regiones de Europa apoyando, por ejemplo, la movilidad de estos profesionales por toda Europa.

4.5.3.

Todavía son pocas las mujeres que se inclinan por una carrera profesional en el campo de la ingeniería. En muchos países europeos, la industria de la ingeniería ha emprendido campañas centradas en atraer a las mujeres jóvenes a puestos de aprendizaje en este sector y el Fondo Social Europeo ha respaldado proyectos destinados a disminuir la barrera psicológica de las jóvenes con respecto a las carreras de ingeniería. No obstante, queda mucho por hacer. En los centros educativos, debería impartirse tecnología e ingeniería de manera que se inspire a los alumnos.

4.5.4.

Uno de los factores decisivos que ha permitido a muchas empresas europeas resistir la crisis actual ha sido su excelente mano de obra. Gracias al sistema de formación, sus trabajadores poseen un conocimiento exhaustivo de las bases teóricas y del proceso real de producción. Están capacitados para integrar de manera rápida la innovación en las distintas etapas de la cadena de valor. La política europea de empleo debe alentar a los países a adoptar dichos sistemas de formación a escala empresarial. Debe fomentarse la cooperación de las empresas con las escuelas y las universidades, las bolsas de trabajo específicas para encontrar el primer empleo y los períodos de prácticas.

4.5.5.

Las agrupaciones industriales y los sindicatos pueden adoptar iniciativas apoyadas por sus Gobiernos para evaluar la formación en el sector y mejorar las vías que puedan contribuir a llenar los vacíos existentes en la cualificación laboral de un sector que proporciona maquinaria y servicios técnicos cada vez más sofisticados, y que requieren nuevas capacitaciones.

4.5.6.

El aprendizaje permanente ha de ser un deber común de empleadores y empleados. Los trabajadores que pierden su empleo deben poder acceder a una rápida actualización de sus cualificaciones. Deben impulsarse políticas activas del mercado de trabajo y acelerarse el intercambio de buenas prácticas, como las cofinanciadas por el FSE y el FEDER.

4.5.7.

Los sectores industriales están sujetos a cambios permanentes. Se produce una continua creación de empleos y productos, al tiempo que otros resultan superfluos. La restructuración necesaria debe organizarse mediante un proceso de anticipación. Todos los interlocutores sociales –sindicatos y patronal– y los gobiernos y las instituciones de la UE deben integrarse en un diálogo para adoptar un enfoque más flexible y positivo con vistas a la transformación de la industria. Es prioritario evitar los despidos, con el fin de mantener una mano de obra cualificada y capacitada en las empresas. La pérdida inevitable de empleo debe organizarse y amortiguarse desde una perspectiva social aceptable. En algunos PECO podemos encontrar ejemplos de modernización de la economía para que sea más productiva, más limpia y cree nuevos puestos de trabajo bien retribuidos.

4.5.8.

El Gobierno, las asociaciones industriales y los sindicatos deben hallar soluciones para ajustarse a las fluctuaciones cíclicas de la actividad empresarial. El despliegue rápido y efectivo de personal cualificado es vital si las empresas europeas de fabricación quieren responder a la creciente presión de la competencia mundial. La legislación laboral debe aceptar, tanto externa como internamente, unas condiciones laborales que tengan en cuenta la necesidad de imprimir eficiencia al proceso productivo, además de las cuestiones en materia de sanidad y seguridad, y la conciliación entre vida laboral y familiar. No hay que valerse de los instrumentos de la necesaria flexibilización para menoscabar las normas sociales existentes en Europa.

4.5.9.

Los agentes sociales nacionales tienen una gran responsabilidad en las negociaciones colectivas. Competir con éxito con los niveles actuales de coste laboral supone un reto. Se debe mantener el poder adquisitivo de los asalariados. La mejora de la competitividad de las empresas europeas no debe conseguirse mediante la reducción de los salarios. Para preservar y mejorar el empleo los esfuerzos deben centrarse tanto en la competitividad no relacionada con los precios como en el control de los costes de producción. Las mejoras de productividad deberían dar lugar a un reparto entre el aumento de los salarios, la inversión y la remuneración de los accionistas.

4.6.1.

En los últimos años, la Comisión Europea ha reconocido que ayudar a las PYME en la exportación es clave para lograr una economía más fuerte. Para muchas PYME, el primer paso es exportar a otro país de la UE. Por ese motivo es tan importante la competencia en el mercado interior, ya que la experiencia obtenida puede motivar a las empresas a exportar fuera de Europa. Dado que la exportación fuera de Europa es difícil para las PYME, es importante que estas no se encuentren solas en esos mercados. Asimismo, debe mejorarse el acceso de las PYME a instrumentos de financiación de la exportación.

4.7.1.

Aunque los presupuestos públicos siguen teniendo limitaciones, no deben retrasarse las inversiones necesarias en infraestructura energética, ya que ello podría menoscabar la competitividad en Europa.

4.7.2.

Hoy en día, la mayor parte de las inversiones en energía y eficiencia en el uso de los recursos se llevan a cabo únicamente si se alcanza el umbral de rentabilidad en menos de tres años, lo cual supone que se pierdan muchos posibles beneficios. A pesar de que resultarían útiles, muchas inversiones privadas que no se llevan a cabo dado que el umbral de rentabilidad podría alcanzarse normalmente en un período de tres a cinco años. Este dilema podría superarse si los futuros beneficios de dichas inversiones crearan un flujo de efectivo ya en el momento de realizarse la inversión. Por tanto, podrían establecerse fondos en el BEI o en los bancos nacionales que proporcionaran créditos a empresas y hogares para dichas inversiones a cambio de los beneficios generados por el ahorro resultante hasta la devolución del préstamo. Este modelo hace posibles dichas inversiones sin subvenciones públicas.

4.8.1.

En la fase actual de precios elevados de las materias primas, los fabricantes europeos se han beneficiado de los esfuerzos realizados previamente para reciclar mejor los residuos. Hoy en día, la mayor parte de los metales, que son la base de la mayoría de los productos, son reciclados. Sin embargo, el acceso a materias primas importadas sigue siendo crucial para la competitividad del sector de la ingeniería. Por tanto, la UE debe insistir en que el comercio de materias primas no se vea obstaculizado por restricciones incompatibles con la OMC, especialmente en materia de tierras raras. Así pues, hay que tener en cuenta el cumplimiento de las normas éticas, sociales y ecológicas.

4.9.1.

Las empresas europeas deberían examinar y utilizar mucho mejor el potencial de los nuevos Estados miembros de la UE. Este enfoque podría transformar en una ventaja para Europa los problemas derivados de las excesivas diferencias económicas entre las distintas regiones europeas.

4.9.2.

El CESE insta a la CE a vigilar la situación del comercio internacional de materias primas críticas. El CESE recomienda que se elaboren varias hipótesis plausibles, incluyendo la peor de todas, para describir las amenazas y las soluciones potenciales. Se debería reforzar la cooperación con otros países en situación similar (Estados Unidos, Japón, Corea del Sur).

5.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 170/38

1.1

El sector del mantenimiento, la reparación y la transformación naval (cuyas siglas en inglés son SMRC) tiene una dimensión estratégica para Europa y su desarrollo sostenible, ya que desempeña un papel clave en áreas como la protección del medio ambiente, el transporte, la seguridad y la eficiencia energética.

1.2

El CESE considera que, habida cuenta de su avanzado conocimiento técnico y especializado, la actual red de astilleros SMRC de la UE está bien preparada y es capaz de satisfacer la creciente demanda con respecto al desarrollo sostenible, la tecnología, la innovación, las cualificaciones de los trabajadores y el equipamiento de los astilleros.

1.3

El Comité considera que están surgiendo oportunidades para el sector a pesar del difícil clima económico. Estas oportunidades están relacionadas con el aumento de la flota mundial y una proporción cada vez mayor de buques más antiguos y, en particular, con la creciente demanda para la transformación y modernización, debido a los requisitos medioambientales, energéticos y climáticos. A corto plazo, esto incluye una demanda creciente de buques eficientes desde el punto de vista energético, el funcionamiento y desarrollo de instalaciones de energía eólica offshore y la extracción de recursos naturales del mar.

1.4

A medio y largo plazo, la apertura de rutas marítimas en el mar Ártico y la minería en alta mar representan nuevas oportunidades para el sector.

1.5

El Comité señala que, a pesar de estas oportunidades prometedoras, debido a la crisis actual, los armadores y astilleros SMRC todavía afrontan estrangulamientos financieros –como, por ejemplo, en el acceso al crédito– y, por consiguiente, condiciones económicas difíciles para las empresas. Mantener la masa crítica representa otro desafío para el sector.

1.6

Para afrontar este problema, el subsector SMRC debe colaborar estrechamente con la cadena de valor marítima para mejorar su perfil y obtener apoyo de la UE, los Estados miembros y las regiones, teniendo en cuenta la existencia de una competencia cada vez mayor por parte de terceros países.

1.6.1

El Comité considera que las siguientes medidas serán beneficiosas y útiles para el sector:

1.7

El CESE señala que, aunque las cualificaciones actuales de los trabajadores de este sector en la UE son suficientes, deben ser constantemente evaluadas y actualizadas; estos esfuerzos deben ser apoyados, con carácter prioritario, por ejemplo, en el marco de la iniciativa LeaderSHIP 2020. En este sector existe un riesgo real de pérdida de masa crítica, especialmente debido al envejecimiento de la mano de obra cualificada.

1.8

En opinión del CESE, la atracción de nuevos trabajadores, así como de trabajadores jóvenes, al sector debe ser una preocupación principal, junto con medidas encaminadas a mejorar la imagen del sector. Esto debería ir acompañado de ayuda financiera para las escuelas y universidades que impartan especialidades correspondientes al sector SMRC.

1.9

El Comité considera que la Comisión y los interlocutores sociales y otras partes interesadas (aplicando, por ejemplo, el concepto de consejo sectorial sobre las distintas competencias) deben desarrollar un plan para la adaptación continua de las cualificaciones a los nuevos cometidos del sector SMRC, incluyendo, entre otros, instalaciones off-shore (plataformas, parques eólicos, etc.), puertos, nuevas unidades técnicas flotantes, instalaciones y buques para el abastecimiento de gas natural licuado (GNL), etc. Ello requiere la supervisión de las cualificaciones, el progreso permanente de la formación y el fomento de la movilidad dentro de Europa.

1.10

Un amplio conjunto de principios y normas (protección del medio ambiente, seguridad, puertos, disposiciones sobre transporte, montaje, reciclado) afecta de manera importante al funcionamiento del sector y a la demanda de sus servicios. Por este motivo, el CESE considera que el SMRC y la industria de la construcción de nuevos buques deben realizar consultas frecuentes y sistemáticas con la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) para garantizar que los buques sean más ecológicos, más seguros y se puedan controlar con eficacia.

1.11

El CESE considera que el conjunto de nuevas normas y requisitos relacionados con las tecnologías avanzadas no debe considerarse como perjudicial o problemático para el sector, sino como una oportunidad para el mismo. En este contexto, y a fin de conseguir mejores resultados, los astilleros SMRC y de construcción de nuevos buques y el sector de la fabricación de acero deben trabajar más unidos. El Comité propone que la DG MOVE tenga en cuenta al sector SMRC en el desarrollo de su política estratégica (incluida la cuestión del transporte marítimo de corta distancia).

El CESE considera que, con arreglo a unas previsiones a medio plazo (tres años) que indican una fuerte demanda de reciclado de buques efectuado en Europa, el sector SMRC tiene instalaciones para llevar a cabo estos proyectos. También dispone del capital humano necesario para cumplir los requisitos con vistas a un reciclado de buques que no sea perjudicial para el ser humano o el medio ambiente. Al mismo tiempo, en este sector se tiene en cuenta el hecho de que esta es una actividad nueva y diferente, con aspectos de carácter sensible que requieren un enfoque cuidadoso. El Comité opina que el reciclado de buques será una actividad de importancia cada vez más estratégica en la industria europea.

1.12

En opinión de Comité, las actividades clave a corto plazo que requieren apoyo público para financiar las transformaciones efectuadas en el sector SMRC de la UE son la instalación de torres de limpieza y sistemas de tratamiento de agua de lastre (que pueden afectar a un máximo de 65 000 buques en todo el mundo de acuerdo con el Registro de Lloyd), y las transformaciones asociadas a la eficiencia energética (incluida la instalación de motores alimentados por gas natural licuado, la instalación de equipos para el abastecimiento de GNL en el mar y los sistemas de recuperación de calor, así como la modernización de unidades para slow steaming o navegación lenta, etc.).

1.13

El Comité tiene el firme convencimiento de que el sector SMRC reviste una gran importancia para las flotas de la Marinas de Guerra europeas respectivas, y que esta cuestión debería incluirse en otros dictámenes del Comité sobre el sector de los armamentos.

1.14

El CESE considera que la puesta en práctica de las normas de la OMI, en particular del Convenio sobre la gestión del agua de lastre, tiene una importancia clave para el sector. Por lo tanto, este convenio debe aplicarse de manera adecuada y eficiente, con expectativas claras.

2.1

La construcción naval incluye a todas las empresas que participan en la construcción, el mantenimiento, la transformación y la reparación de todo tipo de buques y otras estructuras marítimas relevantes. El nombre abreviado utilizado en inglés para los astilleros de mantenimiento, reparación y transformación es SMRC. Las encuestas de clasificación también se incluyen en este ámbito de actividad. Existen astilleros de este tipo en dieciséis países de la UE, y emplean entre 50 000 y 55 000 personas (cifra media del periodo 2007-2011).

2.2

El sector SMRC es un segmento específico de la industria de construcción naval. Este sector está aumentando su importancia con la expansión de la flota mundial y del transporte marítimo (y la navegación interior), así como con el desarrollo de tecnologías navales y mayores exigencias para este modo de transporte relacionadas con el desarrollo sostenible.

2.3

La UE disfruta actualmente de una posición privilegiada en este sector. Su cuota actual en el mercado mundial es de un 35 %, lo que muestra la importancia estratégica de este sector para Europa. Es necesario preservar esta posición, e incluso reforzarla, a fin de garantizar un alto nivel de seguridad en el transporte marítimo y unas normas medioambientales y de eficiencia energética estrictas.

2.4

El sector SMRC se diferencia del sector de la construcción de nuevos buques en numerosos aspectos. El sector SMRC puede dividirse en los siguientes subsectores: reparación, mantenimiento y modernización, así como transformación de buques.

2.5

El mantenimiento y la reparación es por lo general una operación de corta duración. El barco está varado en dique seco la mayor parte del tiempo, y por lo general permanece allí entre diez y doce días.

2.6

La programación de las reparaciones es relativamente sencilla y los astilleros pueden influir en la decisión del propietario de los buques sobre la elección de las instalaciones. Las reparaciones no programadas, que se efectúan tras una avería de sistema, mecánica o estructural, han de realizarse forzosamente en los astilleros más cercanos. En estos casos es difícil influir en la decisión del armador.

2.7

Según el informe de la OCDE de 2008 (1), la elección del astillero de reparación adecuado ha pasado a ser sumamente importante para los propietarios de los buques, que a menudo deben decidir entre una opción de bajo coste, económicamente atractiva, y la necesidad de garantizar la fiabilidad y sofisticación tecnológica. Los factores más importantes a la hora de decidir dónde se reparará un buque son por lo general: el coste, la duración de las reparaciones (incluidos los costes de desvío) y, en menor medida, el tipo de tecnología utilizada.

2.8

Con el fin de lograr economías de escala, las actividades de nueva construcción y de reparación naval se están interconectando en distintos lugares del mundo. Los países líderes en la industria de la construcción naval normalmente separan las actividades de nueva construcción y SMRC para lograr una mayor concentración de la mano de obra y aumentar la productividad.

En algunos países de la UE (como, por ejemplo, Polonia, Alemania y los Países Bajos) y en India existen vínculos funcionales y empresariales entre los astilleros de construcción de nuevos buques y SMRC. Este modelo parece funcionar eficazmente en estos países mediante el uso de departamentos e instalaciones comunes (así como de otras unidades organizativas (2)) para ambos tipos de astilleros, aprovechando al mismo tiempo la diversificación de la cartera de productos y pedidos y reduciendo al mínimo los riesgos derivados de la desaceleración económica.

2.9

Realidad de mercado del sector

2.10

En las últimas décadas las publicaciones especializadas han venido utilizando la expresión «siempre joven» para describir el desarrollo del sector SMRC. El fuerte crecimiento de la flota mundial, de 660 millones de TPM en 1990 hasta 1 468 millones de TPM en 2011, genera un crecimiento paralelo de oportunidades para el sector SMRC. La facturación anual de este sector en todo el mundo se cifraba en unos 12 000 millones de dólares de EE.UU. a finales de 2010 (3).

2.11

La facturación del sector europeo de la reparación naval ascendió a 3 160 millones de euros en 2010 (y alcanzó una cifra récord en 2008 con 4 000 millones de euros). En el anexo 1 se desglosa la facturación de los astilleros de reparación naval en distintos países europeos entre 2006 y 2010.

2.12

El sector SMRC europeo estaba en una situación bastante buena antes de la crisis. Desde 2010 los armadores han recortado los gastos o pospuesto los pedidos para intentar reducir los costes. En el segundo semestre de 2010 se lograron compensar las pérdidas, como demuestra el hecho de que los plazos de espera para las reparaciones volvieron a aumentar (de una a tres semanas).

2.13

Hay astilleros SMRC en todo el mundo. Aunque los astilleros asiáticos hacen reparaciones navales a más bajo coste (debido a sus bajos costes de mano de obra), muchos armadores eligen astilleros más caros porque estos astilleros pueden ofrecer unos plazos de finalización más cortos (evitando así costes de desvío) y conocimientos técnicos más sofisticados.

2.14

El proceso de transformación y modernización es más similar en algunos aspectos a la construcción de nuevos buques que a los trabajos de reparación y mantenimiento. La transformación de buques lleva por lo general más tiempo que las reparaciones convencionales. Las actividades de que consta la transformación de un barco pueden describirse como un proceso de producción.

2.15

Según Sea Europe (4), la transformación naval está más próxima a las actividades de los astilleros de construcción de nuevos buques en lo que se refiere a escalas de tiempo, aunque la transformación exige un enfoque totalmente distinto que implica flexibilidad. Esta flexibilidad garantiza que pueda modificarse el plan de trabajo en función de las exigencias del cliente y la naturaleza específica del buque elegido para su transformación.

2.16

Poco antes de la crisis, el mercado existente para los astilleros dedicados a la transformación de buques era muy bueno. No obstante, los pedidos empezaron a caer en 2009, y la mayor caída se registró a principios de 2010. En esa época, la mayoría de registros de pedidos para trabajos de transformación estaban vacíos. La situación experimentó cierta mejora en el segundo semestre de 2010, pero actualmente muchos armadores están limitando los pedidos de transformación debido a retos financieros.

2.17

Recientemente, las reparaciones, la transformación y la modernización de buques auxiliares e instalaciones flotantes off-shore (incluidas las plataformas de perforación) han desempeñado un papel cada vez más importante. Dado el elevado coste de los buques (y de las instalaciones flotantes off-shore) de nueva construcción y los largos plazos de espera para su entrega (de hasta cuatro años), los armadores están optando por transformar las unidades off-shore y las instalaciones flotantes existentes. En Europa, no obstante, hay una gran tentación de utilizar astilleros baratos para llevar a cabo estas transformaciones.

3.1

Recientemente se llevó a cabo un estudio y análisis de la competitividad del sector SMRC en la UE, dentro del programa de investigación Eco Refitec (5), en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación. Los resultados de este estudio figuran en el anexo 2.

4.1

En el ámbito internacional, no se han celebrado hasta ahora (por ejemplo, bajo los auspicios de la OMC) debates sobre los acuerdos multilaterales en materia de competitividad, que podrían afectar al sector SMRC. Las posibilidades de llegar a un acuerdo de este tipo a corto plazo son bastante escasas.

4.2

A nivel bilateral, la UE ha negociado acuerdos de comercio, que han tenido una repercusión indirecta en la competencia con EE.UU., Canadá, Japón y Corea del Sur, pero su influencia en el sector SMRC es más bien insignificante.

A nivel europeo, la legislación de la UE incluye el «marco relativo a las ayudas estatales a la construcción naval». En virtud de este marco, la Comisión puede autorizar ayuda regional y para la innovación destinada a los astilleros o, en el caso de los créditos a la exportación, ayudas a los armadores. En lo que se refiere al sector SMCR, el marco afecta a la ayuda a la reparación naval y a la transformación en el caso de la ayuda regional y la ayuda a la innovación, y a la ayuda a la transformación naval exclusivamente en el caso de los créditos a la exportación.

4.2.1

El actual marco está en vigor desde el 1 de enero de 2012 y tiene una vigencia de dos años. La Comisión prevé que, transcurrido ese periodo, será posible integrar el marco relativo a la construcción naval en la futura versión de las directrices de la UE relativas a las ayudas estatales a la investigación y la innovación, así como a las ayudas regionales, porque actualmente se están revisando tanto el marco general de la UE como el marco más específico de la nueva construcción naval.

4.3

4.4.1

El Convenio sobre la gestión del agua de lastre resuelve el problema del traslado de especies marinas invasoras entre las distintas zonas marinas mediante la descarga de agua de lastre transportada por barcos. La entrada en vigor del Convenio está prevista para principios de 2014.

4.4.2

Su impacto sobre el sector SMRC será muy importante, ya que muchos barcos necesitarán modernizarse y/o transformarse, lo que puede afectar a un máximo de 65 000 unidades en el mundo según el Registro de Lloyd.

4.4.3

Otros posibles efectos de este convenio para los astilleros SMRC son, principalmente, los riesgos derivados de la manipulación de sustancias químicas nuevas y de su almacenamiento y el aumento de los requisitos legales para su uso.

4.5.1

Este convenio, que entró en vigor en 2013, tiene como objetivo reducir las emisiones de gases contaminantes procedentes de los buques, en particular de SOx y NOx.

4.5.2

Con el fin de evitar restricciones innecesarias impuestas a la industria marítima, el anexo VI del Convenio establece que la reducción de emisiones puede lograrse mediante el uso de combustibles alternativos, o mediante la adopción de una tecnología de limpieza de gases.

4.5.3

El Convenio crea oportunidades para los astilleros SMRC, ya que las tecnologías para reducir las emisiones tendrán que ser instaladas a bordo de buques que forman parte de las flotas ya existentes. Entre los posibles riesgos para los astilleros que instalan dispositivos ecológicos se encuentran una dependencia creciente con respecto a los proveedores de equipos y la necesidad de determinadas inversiones en los astilleros.

4.6.1

Este convenio tiene por objeto garantizar las condiciones necesarias para que el riesgo para el medio ambiente, la salud y la seguridad durante la operación de reciclaje de buques se mantenga en un nivel aceptable.

4.6.2

En virtud de las disposiciones del Convenio, los propietarios de los buques deberán estar plenamente informados de todos los materiales que se utilizan durante el mantenimiento, la reparación y la transformación, y garantizar que materiales no deseados no se usen nunca en los astilleros. Esto puede crear nuevas oportunidades para asegurar nuevos pedidos especializados a los astilleros de la UE que poseen un elevado nivel de conocimientos técnicos.

4.7

El reciclado de buques será una actividad estratégica cada vez más importante dirigida a proporcionar suministros, por ejemplo, desechos y otras materias primas para los sectores de la fabricación en la UE (acero, aluminio, cobre), con vistas a reducir el impacto medioambiental tanto directo como indirecto y a prevenir unas condiciones sociales y laborales inaceptables.

5.1

El sector SMRC y su entorno deben tener en cuenta las oportunidades y posibilidades de financiación por parte del BEI mediante la ampliación de las actividades de préstamo de este banco. Las medidas del BEI deberían estudiarse y fomentarse, sobre todo prestando especial atención a los proyectos relacionados con la «navegación verde», la energía marina renovable y las transformaciones. Como cuestión prioritaria, se propone que la DG ENTR organice «talleres» para concretar el apoyo por parte del BEI.

5.2

Los Estados miembros y las regiones costeras deben explorar la posibilidad de asignación de recursos de los Fondos Estructurales para la diversificación de la tecnología de la industria marítima, en conexión con los nuevos sectores del mercado. Esto está relacionado, en particular, con las estrategias regionales para la especialización inteligente.

5.3

En cuanto a las posibles medidas de financiación a largo plazo por parte de la UE, la Comisión Europea debería estudiar la posibilidad de medidas para financiar la construcción y modernización de buques. Los Estados miembros, los operadores financieros y la industria de la tecnología marítima y otras partes interesadas deberían revisar la disponibilidad de garantías de mercado.

5.4

El sector de la construcción naval (incluido el SMRC), en cooperación con la Comisión Europea, los Estados miembros o las regiones, debería incluirse en las actividades de investigación, mediante el recursos a colaboraciones público-privadas (CPP) entre otras cosas, teniendo plenamente en cuenta la estructura de los sectores marítimos y las normas relevantes sobre ayudas estatales.

5.4.1

El CESE está de acuerdo con el argumento de LeaderSHIP2020 consistente en que, para cumplir los objetivos generales en materia de CPP para el sector naval, será necesario un fuerte compromiso con los programas de investigación. En cuanto a los objetivos a corto plazo, la competitividad sostenible del sector SMRC deberá apoyarse en medidas adecuadas de fomento de la innovación en las empresas.

5.5

El CESE apoya la inclusión del Comité de diálogo sectorial de la construcción naval en los trabajos relativos a la definición e implementación de políticas en el marco de la iniciativa LeaderSHIP 2020. En la actualidad, la función específica del Comité debería centrarse en la aplicación de la parte de la iniciativa relativa a mejorar la identificación y la comparabilidad de las cualificaciones y competencias con miras a asegurar la prosperidad a largo plazo del sector.

5.6

El CESE espera ver avances positivos en los trabajos del Comité de diálogo en relación con las normas sociales en el sector europeo de la construcción de nuevos buques y SMRC.

5.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 170/45

1.1

En principio, el CESE considera positivo el funcionamiento a día de hoy del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) (1), cuya creación apoyó desde el principio (2).

1.2

El CESE considera necesaria la modificación inmediata del Reglamento (CE) no 2012/2002 relativo al funcionamiento del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, algo que debió hacerse hace mucho tiempo (3), y respalda los esfuerzos de la Comisión pese a que la nueva propuesta es especialmente conservadora, opinión que también comparte el Parlamento Europeo (4).

1.3

El CESE considera que el rechazo de la propuesta (5) de la Comisión por parte del Consejo en 2005 constituyó una oportunidad perdida para introducir nuevas bases en el funcionamiento del Fondo.

1.4

El CESE considera que es preciso adoptar todas las medidas necesarias para reducir la burocracia en el funcionamiento del FSUE y agilizar sus procedimientos (6).

1.5

El CESE comparte los cambios propuestos en la nueva propuesta del Reglamento (7) relativo al establecimiento de anticipos, la especificación de los términos «catástrofes graves» y «catástrofes regionales extraordinarias» y la adopción de medidas contra los Estados miembros que no actúen con la debida diligencia en la prevención de catástrofes.

1.6

El CESE opina que, pese a la coyuntura financiera especialmente difícil que atraviesa la UE, deberá asignarse una cantidad mayor del presupuesto al funcionamiento del FSUE en el desafortunado caso de que se produzca una catástrofe especialmente grave.

1.7

El CESE considera necesario que se aclaren completamente las condiciones de funcionamiento del FSUE con el objeto de que no se creen falsas expectativas y no se convierta en un instrumento de ejercicio político, y para no decepcionar a la población ya sometida a duras pruebas.

1.8

El CESE cree que instrumentos como el Fondo constituyen una magnífica oportunidad para que la UE demuestre su unidad y su solidaridad, siempre que se empleen de un modo adecuado y que las ayudas y los esfuerzos europeos se comuniquen a los ciudadanos.

1.9

El CESE opina que entre las acciones previstas del Fondo también deben incluirse las catástrofes que aparecen súbitamente causadas por el «efecto invernadero» debido al cambio climático en general, así como las catástrofes causadas por acciones terroristas.

1.10

El CESE se pregunta por qué los umbrales para declarar una catástrofe como «grave» deben situarse tan alto, lo cual obliga al Fondo a emplear sus recursos solo con carácter excepcional utilizando únicamente las cláusulas de excepción, y opina que los umbrales más bajos de los valores relativos a los daños verificados son demasiado elevados y deben reducirse.

1.11

La cláusula de subsidiariedad que el Consejo utiliza de forma estricta es un factor que dificulta significativamente los esfuerzos de la Comisión. El CESE solicita que dicha cláusula se aplique de un modo más flexible.

1.12

El CSE opina que en muchos casos podrían y pueden evitarse las grandes catástrofes si se hubiesen empleado los mecanismos y fondos europeos existentes, así como los conocimientos técnicos vigentes.

1.13

El CESE expresa su acuerdo con el principio de que «quien daña paga».

1.14

El CESE constata que, lamentablemente, en los últimos años han aumentado significativamente las catástrofes graves en Europa.

1.15

El CESE pide a los Estados miembros que mejoren sus operaciones y procedimientos internos para facilitar la labor de la Comisión, con la presentación oportuna de la información necesaria, que ha de ser fidedigna, oportuna y documentada.

1.16

Considera que el plazo de entre nueve y doce meses para el pago de las ayudas es excesivamente dilatado y no cumple la finalidad de prestar ayuda urgente e inmediata.

1.17

El CESE considera necesario definir normas de publicación y promoción de la labor del Fondo para difundirla entre los ciudadanos.

2.1

El FSUE se creó en 2002 como respuesta a las graves inundaciones que azotaron Europa central y septentrional, con el objetivo de ofrecer una ayuda subsidiaria a los Estados miembros y a los países candidatos a la adhesión en los casos de catástrofe natural grave con miras a restablecer la actividad económica y social en las regiones afectadas.

2.2

EL FSUE se creó con carácter de urgencia cuando la UE descubrió que había dispuesto importantes fondos para hacer frente a posibles catástrofes naturales en todo el planeta, pero no había dispuesto los instrumentos adecuados para hacer frente a catástrofes similares dentro de su territorio o en los países candidatos a la adhesión.

2.3

Desde su fundación, el FSUE ha actuado en muchas ocasiones con resultados satisfactorios, aunque también se han observado algunos problemas de funcionamiento de naturaleza organizativa y burocrática que la Comisión ha intentado corregir mediante la propuesta de Reglamento de 2005, propuesta que, pese al dictamen favorable del Parlamento Europeo, se encontró con el rechazo del Consejo.

2.4

El umbral presupuestario máximo anual del Fondo asciende a 1 000 millones de euros, una suma que hasta la fecha ha resultado ser suficiente.

3.1

El actual Reglamento fundacional del FSUE incluye los siguientes aspectos esenciales:

3.1.1

fue creado para prestar ayuda a los Estados miembros y los países candidatos a la adhesión en caso de catástrofes naturales y para permitir que la UE pueda actuar con urgencia y eficacia;

3.1.2

se aplica a los Estados miembros y a los países cuya adhesión está en proceso de negociación;

3.1.3

constituye un instrumento complementario y ofrece ayuda subsidiaria para refinanciar las actividades de emergencia;

3.1.4

establece que los principales aspectos que se ven afectados por las catástrofes graves son las condiciones de vida, el medio natural y la economía;

3.1.5

debe considerarse como catástrofe grave cualquier catástrofe que, por lo menos en uno de los Estados afectados, produzca daños importantes en términos financieros o de porcentaje de la renta nacional bruta (RNB) (8);

3.1.6

establece que el FSUE deberá emplear procedimientos especialmente diligentes y tomar decisiones inmediatas;

3.1.7

el Estado beneficiario seguirá siendo responsable de la ejecución de la ayuda.

3.2

El Reglamento establece que es conveniente garantizar una transparencia máxima y que la gestión financiera sea prudente.

3.3

Asimismo, introduce cláusulas de excepción como consecuencia de las elevadas cantidades establecidas como «catástrofe grave de carácter natural», que se aplican a las «catástrofes regionales extraordinarias» y las catástrofes «en países vecinos», aunque con criterios muy estrictos y hasta un máximo de 75 millones de euros. Las cláusulas de excepción constituían al final la norma de intervención del FSUE, debido a las cantidades especialmente elevadas definidas inicialmente para las catástrofes graves.

3.4

Con arreglo al Reglamento, las prioridades básicas del FSUE en caso de una catástrofe grave son:

3.4.1

restablecimiento inmediato del funcionamiento de las infraestructuras y el equipamiento en los sectores de la energía, el agua, el saneamiento, las telecomunicaciones, los transportes y la enseñanza;

3.4.2

facilitación de alojamientos provisionales y financiación de servicios de auxilio;

3.4.3

adopción de medidas de protección del patrimonio cultural;

3.4.4

limpieza inmediata de las zonas siniestradas.

3.5

Lo antes posible y, a más tardar, en un plazo de diez semanas a partir del inicio de la catástrofe, el Estado miembro afectado debe presentar una solicitud de ayuda a la Comisión, que definirá también su cuantía.

4.1

En la propuesta objeto de debate por la que se modifica el Reglamento (CE) no 2012/2002 relativo al funcionamiento del FSUE se prevén los siguientes cambios:

4.1.1

se incorpora el funcionamiento del FSUE al nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020;

4.1.2

se ofrece una clara definición del ámbito de aplicación del Fondo, con objeto de que se limite a las catástrofes naturales, incluidas las catástrofes de origen humano;

4.1.3

se establece como umbral el porcentaje del 1,5 % del PIB regional en el nivel NUTS 2 (regiones con una población de entre 800 000 y 3 000 000 de personas) para las «catástrofes regionales»;

4.1.4

se ofrece la posibilidad de obtener anticipos rápidos, a petición del Estado miembro afectado, por una cuantía de hasta un 10 % del importe previsto de la ayuda económica, hasta un máximo de 30 millones de euros;

4.1.5

por primera vez se contemplan las catástrofes de desarrollo lento, como las sequías;

4.1.6

se introducen disposiciones que fomentan una prevención más eficaz de las catástrofes y se anima a que se haga uso de la legislación de la Unión en materia de prevención, al mismo tiempo que se permite que la Comisión pueda rechazar las solicitudes cuando se produzca una grave negligencia por parte de un Estado miembro o se produzca una catástrofe similar por segunda vez;

4.1.7

se prevén nuevas disposiciones para la subvencionabilidad del IVA y se excluye la asistencia técnica;

4.1.8

en casos extraordinarios, se permite establecer excepciones a ciertas disposiciones del Reglamento Financiero;

4.1.9

se establece un importe de 3 000 millones de euros para calificar una catástrofe como grave o un 0,6 % de la renta nacional bruta.

5.1

El CESE está conforme con la necesidad de modificar el Reglamento (CE) no 2012/2002 relativo al funcionamiento del FSUE, con el objetivo de:

5.1.1

ofrecer un mecanismo de apoyo más eficaz a los Estados miembros, los países candidatos a la adhesión y los países vecinos en casos de catástrofes naturales;

5.1.2

adquirir competencias de intervención también ante catástrofes causadas por accidentes industriales o tecnológicos.

5.2

El CESE considera que los fondos previstos son escasos en caso de catástrofes masivas que puedan afectar a una gran parte de la UE —como, por ejemplo, un accidente nuclear o una pandemia—, y pide a la Comisión que preste especial atención a esta cuestión.

5.3

Suscribe sin reserva los esfuerzos de la Comisión por acelerar los procedimientos de funcionamiento del FSUE, siempre que estos sean fiables, con normas de funcionamiento sencillas y absolutamente claras.

5.4

Pide a los Estados miembros que utilicen con cuidado los mecanismos del Fondo para no generar impresiones negativas e injustas sobre la UE.

5.5

Está de acuerdo con el procedimiento en materia de anticipos, así como la aplicación de la categoría «daños prolongados», como ocurre en el caso de las sequías. Considera además que en las obras de rehabilitación programadas después de una catástrofe natural debe incluirse la reforestación.

5.6

Considera que la Comisión debe mostrarse especialmente estricta en caso de que los Estados muestren negligencia como consecuencia de la cual se produzcan grandes catástrofes, pese a la existencia de legislación de la Unión a tales efectos y financiación europea especial.

5.7

Considera que el cambio climático provocará en el futuro más catástrofes naturales y por esta razón pide a la Comisión que tenga en cuenta esta circunstancia en el Reglamento objeto de revisión.

5.8

Considera que la sociedad civil desempeña siempre un papel esencial en casos de grandes catástrofes, y pide a la Comisión que incluya en la modificación del Reglamento la posibilidad de financiar también a estas organizaciones especializadas y certificadas, que disponen de las estructuras y los conocimientos necesarios para prestar sus servicios.

5.9

Considera que el funcionamiento eficaz de mecanismos como el FSUE brindan a la UE la oportunidad de demostrar su solidaridad en la práctica y de manera eficaz, y pide a la Comisión que tome todas las medidas necesarias para que los ciudadanos europeos conozcan la labor de la Unión.

5.10

El CESE opina que la financiación del Fondo debe incluirse en el presupuesto ordinario de la UE, a fin de que se reduzcan los retrasos causados por los lentos trámites burocráticos en los que participan el Consejo, el Parlamento y la Comisión, pero, asimismo, estima que sería conveniente contar con un mecanismo para aumentar la financiación en caso de que una catástrofe sea extraordinariamente grande y se requiera ayuda adicional.

5.11

El CESE coincide con el Parlamento Europeo en que el umbral establecido en un porcentaje del 1,5 % del PIB regional en el nivel NUTS 2 es excepcionalmente elevado y no permite el acceso al Fondo de un gran número de catástrofes graves, lo que provoca la decepción de la ciudadanía. Propone también que se reduzca al 1 % para que cubra principalmente a los países con bajos parámetros demográficos.

5.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 170/50

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se congratula de que la Comisión Europea haya presentado finalmente la tan esperada –y anunciada en varias ocasiones– propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos del mercado monetario.

1.2

El mercado del «sistema bancario en la sombra» reviste gran importancia: las estimaciones del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) indican que su tamaño es de 51 000 billones de euros a nivel mundial, es decir, entre el 25 % y el 30 % de todo el sistema financiero. En Europa la mayor parte de los fondos del mercado monetario (FMM), –aproximadamente el 80 % de los activos y el 60 % de los fondos, opera en el ámbito de la Directiva 2009/65/CE sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). Desde julio de 2013, el resto de los FMM operan con arreglo a las normas de la Directiva 2011/61/UE, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA).

1.3

La exigencia de regular el denominado «sistema bancario en la sombra» (SBS) ha estado determinada por dos razones principales: la posibilidad de que este sistema bancario en la sombra sea utilizado para eludir las normas, en particular los requisitos de capital, o para llevar a cabo actividades que pueden gestionarse en el marco del sistema tradicional regulado, incrementando de este modo la probabilidad de una perturbación sistémica. La otra razón importante radica en que las actividades financieras del sistema bancario en la sombra se valen de un apalancamiento considerable, por lo que exponen al sector financiero, al igual que a los bancos tradicionales, al pánico y a una reacción sistémica.

1.4

El CESE respalda la decisión de la Comisión de optar por un Reglamento en vez de una Directiva para introducir requisitos uniformes en el sector. Habida cuenta de las características de los FMM, que operan a escala mundial pero que están domiciliados principalmente en tres países, Francia, Irlanda y Luxemburgo, es fundamental disponer de normas uniformes y directamente aplicables. Esta opción respeta plenamente los principios de proporcionalidad y subsidiariedad.

1.5

A petición del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) redactó una primera tanda de recomendaciones en octubre de 2012 con objeto de orientar a los reguladores sobre la manera de invertir en los mercados de los FMM. En noviembre de 2012 fue el CEF el que presentó un documento con orientaciones sobre regulación, con el objetivo de reducir la sensibilidad de los FMM a los movimientos precipitados de desinversión y el 20 de noviembre de 2012 fue el Parlamento Europeo quien emitió sus propias observaciones y orientaciones. Finalmente, en diciembre de 2012 (1), la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) emitió su recomendación.

1.6

En Estados Unidos, la SEC (Security and Exchange Commission) ha publicado la norma 2-a7 que regula este ámbito y, el 19 de noviembre de 2012 (2), el FSOC (Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera), la autoridad de regulación de Estados Unidos, llevó a cabo una revisión de las normas en vigor, proponiendo soluciones muy similares a las que ha presentado la Comisión Europea: obligación de mantener un colchón de protección, transformación obligatoria de los fondos con valor liquidativo constante (CNAV) en fondos de valor liquidativo variable (VNAV) y requisitos sobre la inversión a muy corto plazo, así como una transmisión más frecuente de información al mercado sobre la composición de la cartera de inversiones. El CESE recomienda que, dada la gran integración de los mercados, se acuerden con las autoridades del otro lado del Atlántico normas uniformes y eficaces.

1.7

El CESE coincide con la afirmación que figura en el documento de la JERS. «Aunque los FMM no causaron la crisis financiera de 2007 y 2008, su actuación durante las turbulencias financieras puso de relieve su potencial para extender o incluso amplificar una crisis. La experiencia de la crisis de 2007 y 2008 ha mostrado que los FMM pueden sufrir fugas de inversores y necesitar el apoyo de los promotores, en particular para mantener su valor liquidativo constante».

1.8

El Comité reitera que «aunque es indudable la necesidad de liquidez del sistema financiero que, desde antes de la crisis financiera, viene dependiendo en buena medida del sistema bancario en la sombra (SBS), la experiencia de la crisis aconseja que en el proceso regulatorio se dé prioridad a la imprescindible estabilidad del sistema financiero». De hecho, «no deberían existir actividades “en la sombra”, por lo que el SBS debe estar sometido a las mismas exigencias regulatorias y prudenciales que el conjunto del sistema financiero». «La nueva regulación debe tener también como objetivo un alto nivel de protección de los consumidores europeos.»

1.9

Hace tiempo que el Comité, al hilo de las recomendaciones del CEF, había expresado su deseo de que se elaborara rápidamente el Reglamento (3). Es indispensable que el Parlamento y el Consejo adopten lo antes posible las medidas necesarias para concluir el Reglamento objeto de examen, teniendo en cuenta las propuestas de modificación presentadas por el CESE. El riesgo más inminente es que la reglamentación quede varada durante muchos meses en razón del final de los mandatos institucionales del Parlamento y la Comisión.

1.10

El CESE considera que la opción más acertada y apropiada para el fin que se persigue es la recomendación elaborada por el CEF y la JERS (4) sobre los riesgos de los fondos con valor liquidativo constante (CNAV), que deberían ser transformados en fondos de valor liquidativo variable (VNAV). El colchón de capital equivalente al 3 % del valor total de los activos parece insuficiente, –sobre todo si se tiene en cuenta que el máximo riesgo posible que se ha afrontado era superior al 6 %– para hacer frente a las solicitudes de liquidez en un momento en que todos los operadores tuvieran que atender graves turbulencias en el mercado y se precipitaran a retirar sus inversiones.

2.1

La propuesta de Reglamento de la Comisión es la continuación del Libro Verde sobre el «sistema bancario en la sombra» (shadow banking) (véanse IP/12/253 y MEMO/12/191). En ella se resume la labor realizada hasta ahora y se explica cuál será la hoja de ruta para la adopción ulterior de posibles medidas reglamentarias en este importante ámbito.

2.2

Los hechos ocurridos durante la crisis financiera han arrojado luz sobre muchos aspectos de los FMM, que los hacen vulnerables en caso de dificultades en los mercados financieros; además pueden contagiar o amplificar los riesgos a otros mercados.

2.3

Un año después, únicamente doce Estados miembros aplican las directrices adoptadas por el Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores (CERV) para crear un terreno común mínimo, lo que demuestra la persistencia de normas nacionales divergentes. Ello hace necesaria una intervención oportuna y decidida.

2.4

Los FMM no podrán operar con derivados, fuera de los circuitos habituales de protección del riesgo de cambio y del riesgo relacionado con los tipos de interés.

2.5

Los FMM también tendrán que reducir el riesgo de contraparte mediante la diversificación de las inversiones: el importe agregado de efectivo proporcionado a una misma contraparte en pactos de recompra inversa no podrá exceder del 20 % de los activos de este.

2.6

Los gestores deberán abstenerse de recurrir a una valoración de agencias externas especializadas; además, deberán someter periódicamente a los FMM a pruebas de resistencia que revelen la existencia de puntos vulnerables.

2.7

El objetivo de la propuesta de Reglamento publicada es aumentar la transparencia mediante los siguientes elementos:

2.8

La propuesta de Reglamento también propone un cambio sustancial en los fondos del mercado monetario, imponiéndoles condiciones de liquidez más exigentes. A juicio de la Comisión, esto garantizaría que, en caso de retirada de capitales por parte de los inversores, los fondos fueran capaces de reembolsar sin que ello tuviera repercusiones sobre el sistema.

2.9

En concreto, en su cartera los fondos deberán tener un 10 % de sus activos, como mínimo, constituido por activos con vencimiento diario y otro 20 % constituido por activos con vencimiento semanal; su exposición en relación con un mismo emisor no podrá exceder del 5 % de sus activos. Además deberá garantizarse que se mantiene un colchón de protección equivalente al 3 % para los fondos con un valor liquidativo constante.

3.1

El sistema bancario en la sombra desempeña una función importante en la financiación de la economía real. El sistema bancario en la sombra ha contribuido a la «financiarización» de la economía y a la burbuja inmobiliaria que a partir de 2007 empezó a estallar en varios países desarrollados, empujando a sus economías al borde del colapso. Por consiguiente, cabe atribuir al sistema bancario en la sombra una responsabilidad de fondo –aunque no exclusiva– de la enorme recesión que se ha abatido sobre Estados Unidos y muchos Estados miembros de la UE. «El sistema financiero en todas sus manifestaciones debe estar al servicio de la economía real». (5) Las pymes, en particular, están atravesando graves problemas derivados de las dificultades que experimentan para acceder al crédito. El sistema bancario no parece estar en condiciones de desempeñar su función primaria de apoyo a la economía real.

3.2

Los FMM ponen en contacto la demanda y la oferta de excedentes de caja a corto plazo.

3.3

El Consejo de Estabilidad Financiera y otras importantes instituciones, como la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) y la Junta Europea de Riesgo Sistémico, han concluido que, pese a tener una importancia sistémica, los FMM no han sido abordados por los reguladores en medida suficiente. El CESE comparte esta observación.

3.4

En el lado opuesto, la Federación Bancaria Europea (FBE) plantea algunas inquietudes respecto a las consecuencias que puedan tener estas propuestas para los fondos del mercado monetario; las considera restrictivas y de difícil aplicación por parte de los fondos y afirma que los recursos de estos fondos «pueden ser utilizados por los bancos para apoyar los préstamos a la economía real».

3.5

Mientras tanto, el G-20 también ha empezado a ocuparse de esta cuestión. La atención se centra en las actividades (y no en las entidades) del sector. Las distintas observaciones formuladas por los países integrantes del G-20 se inclinan por regular el sector mediante un enfoque flexible para evitar que se produzcan sacudidas excesivas en los flujos financieros mundiales habida cuenta del importante papel que el sistema bancario en la sombra desempeña a la hora de proporcionar liquidez al sector bancario.

3.6

Por lo que se refiere a las entidades y actividades afectadas, las estimaciones difundidas en 2011 por el Consejo de Estabilidad Financiera indican que el tamaño del sistema bancario en la sombra es de aproximadamente 51 billones de euros en todo el mundo, es decir, aproximadamente entre el 25 % y el 30 % de todo el sistema financiero y la mitad de las actividades bancarias (zona del euro, 17 billones aproximadamente; Reino Unido, en torno a 7 billones; y Estados Unidos, 17,5 billones (6)).

3.7

Entre los distintos intermediarios que intervienen en este sistema, los FMM tiene una importancia sistémica y constituyen una importante fuente de financiación a corto plazo para las instituciones financieras, las empresas y los gobiernos. Por esta razón, el funcionamiento de los fondos del mercado monetario se sitúa en el centro de la labor de reglamentación internacional objeto de negociaciones en la actualidad.

3.8

En Europa, alrededor del 22 % de los valores representativos de deuda a corto plazo emitidos por los Estados o por las empresas están en manos de los FMM. Estos son también titulares del 38 % de la deuda a corto plazo emitida por el sector bancario, que equivale a aproximadamente un billón de euros.

3.9

Por lo que se refiere a su distribución geográfica, en la UE los FMM están domiciliados sobre todo en Francia, Irlanda y Luxemburgo y recurren a ellos principalmente las empresas de Alemania y Reino Unido, sobre todo a fondos de valor liquidativo constante.

4.1

El sector de los FMM está estrechamente interconectado con los bancos, que con frecuencia son los que gestionan estos fondos, a los que, además, recurren para financiarse. La Comisión afirma que la mayoría de los FMM cuenta con el apoyo de los bancos: nueve de cada diez de los principales gestores de FMM están de hecho financiados por bancos comerciales. Esta estimación pone de manifiesto el elevado grado de interconexión no solo entre los dos sectores, sino sus vínculos con las finanzas públicas y de las empresas.

4.2

Para las empresas, los FMM constituyen una modalidad alternativa para invertir su excedente de caja a corto plazo. De hecho, estos instrumentos permiten a las empresas obtener un mayor rendimiento con sus reservas en vez de depositarlas en un banco. El CESE, aunque reconoce la validez potencial de estas formas de uso del dinero, denuncia los peligros que entrañan. En efecto, a diferencia de los bancos, si las cosas salen mal, los fondos no tienen acceso a ninguna ayuda de los bancos centrales.

4.3

De hecho, en el mundo de los FMM no existen sistemas de garantía de depósitos. Los intermediarios del sistema bancario en la sombra (fondos de alto riesgo, FMM o vehículos de inversión estructurada) proporcionan financiación.

4.4

Con arreglo al mecanismo de funcionamiento actual, un FMM puede dar en préstamo todo el dinero recaudado de particulares o empresas. El CESE señala que, en caso de que uno o dos prestatarios no puedan devolver el importe de su deuda, los FMM pueden quebrar, ya que si en ese mismo momento algunos de los depositantes/inversores solicitan la devolución de su dinero, el fondo se hallará en la imposibilidad de restituírselo. Si no se interviene fijando normas prudenciales, este mecanismo puede desencadenar una nueva crisis.

4.5

Habida cuenta de estas observaciones y dado que, como ya se ha señalado, los principales financiadores/patrocinadores de los FMM son precisamente los bancos, el CESE afirma tajantemente que el sector de los FMM debería haber sido sometido a reglas y controles similares a los establecidos para el sistema bancario.

4.6

El CESE señala que la disposición de la Comisión encaminada a obviar este riesgo, consistente en imponer un colchón de protección del valor liquidativo equivalente al 3 %, no es suficiente para hacer frente a posibles riesgos derivados de los fondos de valor liquidativo constante, habida cuenta de que se han registrado riesgos superiores al 6 %.

4.7

La insuficiencia de las disposiciones de la Comisión se revela también en las recomendaciones del CEF y de la JERS. Tanto el CEF como la JERS, desde un enfoque prudencial de salvaguardia del sistema, han sugerido a la Comisión que adopte un mecanismo de evaluación de los fondos basado en el valor liquidativo variable (VNAV), de modo que el valor del fondo pudiera ajustarse en función de las fluctuaciones de los precios. Sin embargo, el Reglamento ha mantenido el mecanismo del valor liquidativo constante inicialmente previsto, limitándose a añadir un «colchón» de protección del valor liquidativo para hacer frente a posibles variaciones desfavorables del valor de los activos. El CESE considera que las recomendaciones de los dos órganos reguladores del mercado se corresponden en mayor medida con el principio de la salvaguardia de la estabilidad del sistema financiero, tal como se pone de manifiesto en el cuadro que figura a continuación.

Fondo del mercado monetario (FMM) de valor liquidativo constante (CNAV — Constant Net Asset Value) (Art. 25)

Cuadro comparativo (7)

En cuanto los productos que se ofrecen, el CESE pide que se reflexione sobre la posibilidad de que los productos que circulan ahora por el circuito bancario tradicional y que, por ello, están regulados, acaben transitando por este sistema bancario paralelo, a fin de evitar los controles más rigurosos de la supervisión bancaria.

4.8

Al CESE le inquieta la posibilidad de que estos riesgos se vean replicados ahora en el sistema en la sombra para eludir la supervisión. Por consiguiente, el Comité considera conveniente que se aplique el principio de «las mismas actividades = las mismas normas».

4.9

El CESE reitera el principio defendido en numerosas ocasiones de que un buen grado de transparencia y un nivel adecuado de supervisión garantizarían que el sector financiero funcionara al servicio de la economía, lo que reportaría ventajas en términos de confianza, eficiencia y, por ende, eficacia.

Por otra parte, la propuesta legislativa prohíbe las calificaciones crediticias externas de los fondos del mercado monetario. El objetivo de esta disposición es evitar que una posible rebaja de dichas calificaciones puede propagar el pánico en los mercados. El CESE, aunque esta disposición vaya en contra del principio de la transparencia y eficiencia y pueda dañar la plena simetría informativa, considera que en el mercado de los FMM intervienen operadores profesionales y que las agencias de calificación pueden, simplemente por un cambio de opinión, desencadenar el pánico entre los inversores. Las medidas de calificación interna, el refuerzo de los procedimientos y de las protecciones de la gestión del riesgo y una vigilancia más rigurosa y estrecha podrán contribuir a salvaguardar de modo eficaz la calidad de los activos de referencia y de las obligaciones garantizadas de los fondos.

5.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 170/55

1.1

El CESE acoge favorablemente la Comunicación, por considerarla una contribución coherente al esfuerzo positivo de reforma de los servicios financieros con vistas a restablecer el buen funcionamiento y la estabilidad en este sector crucial y a reducir los riesgos sistémicos.

1.2

El Comité considera importante la contribución positiva que aporta la nueva reglamentación de los mercados financieros a la salud de la economía, y subraya su convicción de que la estabilidad del sector financiero y el éxito de las reformas son una condición previa indispensable para el desarrollo económico sostenible, el empleo y la realización del mercado interior de la UE.

1.3

El CESE considera que la hoja de ruta con las medidas ya adoptadas y las futuras medidas avanza en la dirección adecuada, y reconoce los progresos realizados, aunque subraya la necesidad de acelerar otras vías de actuación y de llevar a buen término las iniciativas legislativas pendientes.

Con respecto a la evaluación de los cinco ámbitos prioritarios para la actuación futura (1), el CESE:

1.4

Considerando que en la reforma de los servicios financieros es fundamental abordar la cuestión del arbitraje, acoge favorablemente el paquete global de medidas propuesto (2) y, en particular, el refuerzo del marco prudencial en el sector bancario con vistas a limitar el riesgo de transmisión y de arbitraje (3).

1.5

Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para aumentar la transparencia y, en particular, las medidas específicas dirigidas a crear un marco de supervisión del sistema bancario en la sombra en la UE, desarrollar referentes centrales para los productos derivados del ámbito de aplicación del Reglamento EMIR (4), revisar la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID) (5), aplicar el código de identificación de la persona jurídica (entidad jurídica) e incrementar la transparencia de las operaciones de financiación de valores.

1.6

Reconoce que se han realizado algunos progresos en la creación de un marco reforzado de disposiciones para determinados fondos de inversión, cuya medida más importante es mejorar la liquidez y la estabilidad, en particular para los fondos del mercado monetario (FMM) que tengan su sede o se vendan en Europa.

1.7

Considera que, en el ámbito de «la reducción de los riesgos asociados a las operaciones de financiación de valores», la Comunicación se limita a unas conclusiones generales que, aunque son reflejo de la realidad, no están a la altura de las circunstancias críticas que imperan en la actualidad. El CESE recomienda acelerar y precisar las medidas previstas, en particular la legislación sobre valores mobiliarios, dado que las operaciones de financiación de valores, principalmente las operaciones de acuerdos de recompra o las operaciones de préstamos de valores, han desempeñado un papel central en el endeudamiento excesivo del sector financiero.

1.8

Del mismo modo, señala el retraso e insta a intensificar los esfuerzos y aclarar con prontitud la cuestión esencial del refuerzo de la supervisión del sistema bancario en la sombra, cuestión que solo se refleja en algunos puntos y sobre la que solo se menciona una actuación en el futuro, en el contexto de la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) que la Comisión pondrá en marcha en 2013.

1.9

Dado que las principales víctimas de la crisis económica y financiera, aun de manera no intencionada, son los ciudadanos en su calidad de contribuyentes, trabajadores, ahorradores y consumidores, el CESE recomienda que se refuercen las iniciativas legislativas referentes a la protección de los ciudadanos mediante la transparencia, la información adecuada, la responsabilidad social del sector financiero y la protección de los consumidores y los pequeños inversores, y recuerda los puntos clave formulados para la participación de la sociedad civil en la regulación de los mercados financieros (6).

1.10

El Comité considera importante la mención que hace la Comisión en su Comunicación de que el sistema bancario en la sombra no debe considerarse únicamente desde el punto de vista de los riesgos que plantea. También constituye un canal de financiación alternativo adicional que puede ser útil para la economía real.

2.1

El sistema bancario en la sombra se define como un «sistema de intermediación crediticia conformado por entidades y actividades que están fuera del sistema bancario tradicional» (7) y se basa en dos pilares interrelacionados. En primer lugar, las entidades dedicadas principalmente a actividades tales como la aceptación de fondos con características similares a las de los depósitos, la transformación de vencimientos o de liquidez, la transferencia del riesgo de crédito y la utilización de apalancamiento financiero directo o indirecto; en segundo lugar, las «actividades», que constituyen importantes fuentes de financiación de las entidades no bancarias, que incluyen la titulización, los préstamos de valores y las operaciones con compromiso de recompra («repos»).

2.2

Las entidades con cometido especial constituyen vehículos de titulización como sociedades vehiculares de pagarés de empresa respaldados por activos (ABCP), vehículos de inversión estructurada (SIV) y otras entidades con cometido especial; fondos del mercado monetario (FMM) y otros tipos de fondos o de productos de inversión con características similares a las de los depósitos, que los hacen vulnerables a retiradas masivas («pánico bancario»); fondos de inversión, incluidos los fondos cotizados (que conceden créditos o están apalancados); sociedades financieras y sociedades de valores que conceden créditos o garantías de crédito o que realizan la transformación de vencimientos o de liquidez sin estar reguladas como un banco; y empresas de seguros y reaseguros que emiten o garantizan productos crediticios.

2.3

El punto de partida de las actividades bancarias en la sombra fue la desregulación del sistema financiero que se inició en los años ochenta en Gran Bretaña y se extendió en la década de los noventa en EE.UU. y otros países (8). Los primeros acuerdos de Basilea también desempeñaron un importante papel en este proceso, por regular estrictamente los balances de los bancos mientras que no se controlaban las actividades especulativas que quedaban fuera de los balances (9).

2.4

La derogación o flexibilización de normas y acuerdos (10) permiten a las instituciones financieras ampliar sus actividades a nuevos ámbitos y modelos complejos, mientras que la promesa de alto rendimiento repercute en millones de personas en todo el mundo con un mínimo entendimiento de los productos y el funcionamiento del sistema bancario en la sombra.

2.5

En 2007, el G20 decidió una serie de medidas reglamentarias para la seguridad y la viabilidad del sistema financiero, ya que el grave impacto social y económico de la crisis de 2008 mostró los riesgos asociados a las actividades bancarias en la sombra y las carencias de la reglamentación, la ineficacia de la supervisión, la opacidad de los mercados y la complejidad excesiva de los productos, destacando el papel desempeñado por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en sus siglas en inglés).

2.6

La Unión Europea desempeña un papel de liderazgo en los esfuerzos internacionales desplegados a través del G20 y el FSB, y señala los importantes progresos en el cumplimiento de los compromisos fijados en la hoja de ruta para la reforma del sector financiero y el desarrollo de nuevas estructuras de supervisión. Muchas reformas ya se han reflejado en la legislación, por ejemplo, los derivados OTC, etc.

2.7

El informe del FSB de octubre de 2011 representa el primer esfuerzo internacional global para abordar una supervisión reforzada del sistema bancario en la sombra centrada en a) la definición de principios para la supervisión y la regulación, b) la definición y evaluación de los riesgos sistémicos y c) la determinación del ámbito de aplicación de las medidas reglamentarias en cinco líneas de actuación (11), mientras que la Comisión publicó un Libro Verde centrado en los riesgos potenciales del sistema bancario en la sombra en la UE y en los enfoques para resolverlos por medio de disposiciones reglamentarias.

3.1

La Comunicación aborda en primer lugar las medidas ya adoptadas, en dos ejes. Las medidas dirigidas a las entidades financieras se centran en el endurecimiento de los requisitos impuestos a los bancos y a las compañías de seguros en sus relaciones con el sistema bancario en la sombra y el desarrollo de un marco armonizado para los gestores de fondos de inversión alternativos. Las medidas para reforzar la integridad de los mercados se centran en los instrumentos de transferencia del riesgo, el refuerzo del marco de la titulización y un marco reforzado para las agencias de calificación.

3.2

Asimismo, establece cinco frentes de actuación prioritarios en los que la Comisión tiene la intención de adoptar medidas adicionales:

3.2.1

En cuanto a la transparencia del sistema bancario en la sombra, los esfuerzos por recopilar e intercambiar información completa y fiable de datos se complementan con iniciativas para desarrollar un marco de seguimiento de los riesgos del sistema bancario en la sombra y crear registros centrales para los derivados en el marco del mencionado Reglamento EMIR (12), la revisión de la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID) (13), la aplicación del identificador de entidades jurídicas (Legal Entity Identifier — LEI) y el aumento de la transparencia de las operaciones de financiación de valores.

3.2.2

Con respecto a los fondos de inversión y, principalmente, los organismos de inversión colectiva (OIC) que tienen su sede o se venden en Europa, se proponen nuevas normas para mejorar la liquidez y la estabilidad y reformar las normas aplicables a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).

3.2.3

En cuanto a limitar los riesgos asociados a las operaciones de financiación de los valores, se han emprendido notables esfuerzos para conseguir una mejor comprensión de los problemas y extraer lecciones para resolverlos, y la Comisión está considerando presentar una propuesta legislativa sobre la legislación relativa a los valores mobiliarios.

3.2.4

La supervisión prudencial ejercida en el sector bancario con el fin de reducir los riesgos de contagio y de arbitraje se ve reforzada por la introducción de normas más estrictas en relación con los requisitos de capital adicionales para los bancos en sus operaciones con las entidades financieras no reguladas, por una reglamentación más estricta sobre solvencia y nuevas normas de liquidez, principalmente con la aplicación a partir del 1 de enero de 2014 del Reglamento sobre requisitos de capital (RCC) (14) y de la Directiva sobre requisitos de capital (DRC IV) (15). Se prevé una posible ampliación del ámbito de aplicación de las normas prudenciales con el fin de reducir los riesgos de arbitraje.

3.2.5

Con respecto a mejorar la supervisión, se hace hincapié en la naturaleza amplia, diversa y dinámica del sistema bancario en la sombra y los retos que plantea la supervisión prudencial, por ejemplo, la posibilidad de elusión transfronteriza de las normas. A escala europea, hay en curso trabajos preliminares en la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) y las Autoridades Europeas de Supervisión. Estos aspectos, la necesidad de abordar la cuestión del arbitraje, así como la «posible necesidad» de clarificar el papel institucional de cada autoridad, se tratarán en el marco de la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), que tendrá lugar en 2013.

4.1

Desde el comienzo de la crisis financiera, el CESE ha puesto de manifiesto en una serie de dictámenes (16) los puntos de vista de las organizaciones de la sociedad civil sobre una amplia gama de cuestiones relacionadas con el funcionamiento del sistema financiero, y ha formulado observaciones y recomendaciones clave de carácter general y, en particular, en materia de rescate y resolución de entidades de crédito (17).

4.1.1

El Comité acoge favorablemente el Libro Verde sobre el sistema bancario en la sombra (18) como un importante paso en la dirección adecuada para abordar los problemas existentes, si bien señala, entre otras cosas, la necesidad de eliminar las actividades «en la sombra», que deben estar sujetas a los mismos requisitos en materia de regulación prudencial que se aplican a todo el sistema financiero.

4.2

El CESE aprueba el planteamiento de supervisión prudencial en un contexto mundial con el objetivo de ampliar la regulación y la supervisión de todas las entidades financieras de importancia sistémica, los instrumentos y los mercados (19). Acoge con satisfacción la adopción de las recomendaciones realizadas por el FSB en la reciente cumbre del G20 (20), que son plenamente coherentes con la Comunicación examinada.

4.3

El CESE pide a la Comisión que aporte clarificaciones y un calendario para el marco de acción destinado a mejorar la supervisión del sector bancario en la sombra gracias a la ejecución de un mecanismo de supervisión coherente, clarificando sin demora el papel de las autoridades de supervisión en el contexto de la revisión del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF).

4.4

Dado que algunas de las entidades y actividades en la sombra pueden someterse o no a reglamentación en función del país, es especialmente importante garantizar la igualdad de condiciones de competencia entre los países y entre el sector bancario y las entidades del sistema bancario en la sombra mediante mecanismos adecuados para evitar un arbitraje reglamentario que provocaría una distorsión de los incentivos derivados de la reglamentación.

4.5

El CESE destaca en particular que en el análisis de datos se impone la necesidad de que las autoridades de reglamentación adopten un planteamiento global común, con marcos de referencia comunes y normas sectoriales abiertas, a fin de posibilitar el intercambio rápido de datos y la actuación eficaz y oportuna para prevenir el riesgo sistémico y proteger la estabilidad financiera.

4.6

El CESE considera que el tamaño y la tasa de crecimiento del sistema bancario en la sombra constituyen un factor importante de riesgo sistémico y recuerda que, según datos del Consejo de Estabilidad Financiera (2012) (21), este alcanzó 67 000 millones de dólares en 2011 (frente a 26 000 millones en 2002) y equivale al 111 % del PIB acumulado de los países examinados por el FSB.

4.7

El CESE considera asimismo que sería conveniente adoptar un enfoque analítico centrado en las actividades, y no en las entidades, del sector bancario en la sombra, porque la supervisión y el control de dichas actividades representan un reto esencial para el éxito de las medidas adoptadas.

4.8

El CESE considera que este problema de las dimensiones y las prácticas nocivas no concierne solo al sistema bancario en la sombra. Ha quedado demostrado que el modelo bancario sobredimensionado, combinado con la falta de transparencia, conlleva un riesgo de desestabilización de la economía cuya consecuencia es transferir al conjunto de la sociedad los costes del rescate de instituciones que son «demasiado grandes o demasiado interconectadas como para dejar que se hundan».

4.9

El CESE subraya que el aumento de la competitividad y la estabilidad del sector financiero europeo requiere que, además de la reforma del sistema bancario en la sombra, se aborde la cuestión de los bancos cuyas dimensiones imposibilitan su fracaso, mediante el aumento de la transparencia, la racionalización de la escala de actividad de los grandes conglomerados y la reducción de las interdependencias dentro de los grupos.

4.10

Por lo tanto, junto con las medidas de supervisión, el CESE considera necesario abordar de manera efectiva toda desviación del sector financiero en su conjunto, así como las reformas estructurales, e insta a la Comisión a que acelere los procedimientos para establecer un mecanismo único de resolución teniendo en cuenta las recomendaciones del informe Liikanen y el reciente informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo sobre la reforma del sector bancario de la UE (22).

4.11

Dado que la naturaleza difusa, multifacética y adaptable del sistema bancario en la sombra hace compleja y difícil una supervisión eficaz, el CESE insta a la Comisión a que clarifique oportunamente si las autoridades de supervisión nacionales y europeas competentes cuentan con las competencias requeridas y los suficientes recursos y herramientas de control, incluido el mecanismo único de supervisión (MUS).

4.12

El CESE considera que, para tener éxito, la supervisión debe ir acompañada de mecanismos de sanción eficaces, disuasorios y proporcionados, así como de la publicación de los niveles de las sanciones y la información sobre quienes incumplen las normas, y pone de relieve el problema del incumplimiento de la normativa europea por parte de las personas físicas o jurídicas de terceros países.

4.13

El CESE subraya la necesidad de ofrecer a los consumidores de productos financieros una protección contra las prácticas desleales, contra los productos o servicios engañosos o sin solvencia, así como contra las cláusulas abusivas en los contratos, y recuerda su propuesta de creación de una Agencia Europea de Protección de los Consumidores de Servicios Financieros destinada a reforzar la protección de los consumidores, la transparencia y una gestión más eficaz de las reclamaciones.

4.14

Los sitios web accesibles y otras herramientas modernas de información pueden ofrecer a los consumidores la posibilidad de comparar y seleccionar los productos y servicios, contribuyendo así a la competencia y la autorregulación del mercado financiero.

4.15

El CESE insta a la Comisión a que acelere la realización de los estudios de impacto necesarios para finalizar las nuevas normas de liquidez y a que lleve a cabo un estudio de rentabilidad sobre la pertinencia y la proporcionalidad de los numerosos actos legislativos que se han adoptado desde el inicio de la crisis financiera, con el fin de hacer una evaluación acumulativa del impacto de la legislación sobre los mercados de productos financieros de la UE.

4.16

Asimismo, el CESE señala la necesidad de reforzar este esfuerzo normativo por medio de una competencia e investigación científica avanzadas para la recopilación y el intercambio de datos y, de manera más general, para garantizar un mejor seguimiento de la evolución dinámica de las actividades en la sombra y determinar qué aspectos son beneficiosos para la economía real y cuáles pueden exacerbar situaciones de vulnerabilidad y nuevas fuentes de riesgo sistémico.

5.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 170/61

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que las asociaciones ofrecen numerosas ventajas para desarrollar la innovación y que sus posibilidades podrían aprovecharse mejor.

1.2

El CESE considera importante respaldar las diez iniciativas propuestas y establecer sinergias entre ellas con el apoyo financiero de Horizonte 2020, ya que son distintas, por sus instrumentos, forma y esencia, de otros tipos de asociación.

1.3

El CESE destaca la importancia de garantizar a estas iniciativas unas perspectivas financieras a largo plazo y un marco reglamentario estable, a fin de reducir los factores de alto riesgo que las caracterizan y contribuir a la realización de los objetivos generales de la UE: desarrollo sostenible, empleo y formación en nuevos perfiles profesionales cualificados.

1.4

El CESE considera que estos instrumentos son elementos importantes para garantizar más fondos para las inversiones en investigación e innovación, siempre que sean flexibles, sencillos y no burocráticos, abiertos y transparentes, y tengan un efecto de palanca para lograr financiación adicional y una mayor participación de las empresas pequeñas, en especial en las regiones menos favorecidas.

1.5

En opinión del CESE, los objetivos han de ser mensurables, centrarse en las innovaciones y en su conversión en metas industriales y en nuevos empleos, y basarse en una visión común a medio y largo plazo en el marco de un sistema de gobernanza equilibrado y transparente, con indicadores claros de rendimiento técnicos, científicos y socioeconómicos.

1.6

En lo que respecta a las asociaciones público-privadas (APP) institucionales, el CESE recomienda que se preste más atención a los mecanismos que impiden el abuso de información privilegiada (insider trading); se aproveche más el efecto de palanca; se garantice más espacio, en los programas y proyectos, a todos los tipos de empresas pequeñas, incluidas las de la economía social; y se aplique una política sólida de comunicación, reservando un papel proactivo al foro de las partes interesadas en todas las empresas comunes.

1.7

En cuanto a las asociaciones público-públicas, el CESE considera necesario que el presupuesto de la investigación e innovación (I+i) europea contribuya a establecer un mayor equilibrio en la distribución de los recursos de la UE y que se preste más atención a las pymes de alta intensidad tecnológica, y a las innovaciones clínicas, médicas y tecnológicas que favorezcan el bienestar de todos los ciudadanos, por ejemplo a través del envejecimiento activo y la asistencia a las personas de más edad.

1.8

El Comité pide una política proactiva de comunicación sobre la evolución de las diez iniciativas adoptadas y recomienda que se organicen conferencias anuales con todas las partes interesadas de la sociedad civil organizada, en las que se presenten los informes anuales sobre los resultados alcanzados y las estrategias futuras, así como guías prácticas multilingües que faciliten una participación inteligente en las diversas formas de asociación que funcionan a escala de la UE.

1.9

El CESE recomienda a la Comisión que desarrolle esta política proactiva, incluida la institución de los premios CESE para la innovación económica y social. A tal fin, el interés debe centrarse en tres sectores principales: los medios científicos y empresariales interesados; los usuarios de los resultados innovadores en el mercado; y el conjunto de los ciudadanos de la Unión, a fin de dar respuesta a las necesidades de la sociedad, por ejemplo en términos de empleo y formación. El Comité propone la institución de un «Premio Europeo a la Innovación», que recompense las aplicaciones innovadoras en el ámbito industrial, económico o social y otorgue una visibilidad destacada al valor añadido europeo.

2.1

Horizonte 2020 prevé la constitución de asociaciones público-privadas en sectores clave, en los que la investigación y la innovación podrían contribuir a:

2.2

Hay que precisar que existen varias formas de asociación para la investigación y la innovación:

2.3

La experiencia con las APP institucionales, como organismos de la Unión de conformidad al artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002, demostró que debían añadirse otras categorías a fin de incrementar la gama de instrumentos, introduciendo para los socios privados instrumentos más flexibles y accesibles que los aplicables a las instituciones de la UE.

2.4

Las APP de Horizonte 2020 pueden definirse como instrumentos financieros innovadores, identificados y aplicados de un modo abierto y transparente sobre la base de una evaluación efectuada por expertos independientes, y que se caracterizan por:

2.5

Las iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC) constituyen fórmulas de colaboración público-privada en el ámbito de la I+D con un éxito demostrado.

2.6

Las ITC se derivan principalmente de las plataformas tecnológicas europeas (PTE), sobre las cuales ya se ha pronunciado (1) el CESE, y, en particular, de las PTE en las que los instrumentos normales de apoyo a las actividades de I+D, existentes no serían suficientes para alcanzar los objetivos previstos en las agendas estratégicas.

2.7

El CESE considera que las asociaciones ofrecen numerosas ventajas y que sus posibilidades podrían aprovecharse mejor. Por ello, acogió con satisfacción «la iniciativa de la Comisión de crear y promover cooperaciones de innovación europea (CIE) en el marco de la iniciativa emblemática “Unión para la innovación”».

2.8

El CESE resaltó además «la importancia decisiva de la innovación para la Estrategia Europa 2020» y subrayó que «la innovación no es necesariamente el resultado de una sucesión lineal», sino que surge de un proceso complejo (2).

2.9

Si bien la investigación y la innovación son muy interdependientes, «ni la innovación se debe subordinar a la investigación, ni la investigación a la innovación. Con ello se empobrecerían culturalmente los valores fundamentales europeos» […]» (3).

2.10

El CESE reitera el apoyo al fomento de la innovación social, sobre todo en el marco de los programas de financiación de la UE, como los Fondos Estructurales o el Programa para el cambio y la innovación sociales, como medio para facilitar un sostén adicional para el desarrollo de las capacidades de financiación de las empresas sociales (4).

2.11

El CESE destaca la importancia de las asociaciones para aumentar el atractivo de Europa, como protagonista de la escena mundial, en el ámbito de la I+i.

2.12

El CESE reitera su apoyo a la función de la asociación de agrupar a los agentes del sector público europeo y nacional en asociaciones público-públicas y público-privadas (APP) (5), a fin de afrontar los grandes retos sociales y mejorar la posición competitiva de la UE. Del análisis de:

se han podido extraer elementos muy positivos (6).

2.13

El CESE aprueba el método de la Comisión para desarrollar estas diez propuestas del Paquete de inversiones para la innovación, sobre la base de los resultados de consultas públicas, evaluaciones de impacto y varias hojas de ruta.

2.14

Por su parte, el 31 de octubre el CESE organizó una audición sobre el paquete de iniciativas propuestas, que contó con la participación de un nutrido grupo de representantes de las partes interesadas de la sociedad civil, de la dirección de varias de las empresas comunes existentes y de la propia Comisión.

3.1

El CESE respalda resueltamente el paquete de iniciativas de la Comisión y considera que, tanto las propuestas de APP con arreglo al artículo 187 del TFUE como las relativas a las asociaciones público-públicas con arreglo al artículo 185 del TFUE constituyen instrumentos poderosos para hacer frente a los grandes retos que repercuten en la competitividad de Europa y en su desarrollo económico y social sostenible.

3.2

El CESE considera importante respaldar las diez iniciativas propuestas con el apoyo financiero de Horizonte 2020, ya que son distintas, por sus instrumentos, forma y esencia, de otros tipos de asociación, si bien en ocasiones sus objetivos convergen o coinciden en parte con otros, evitando duplicaciones, superposiciones y posibles conflictos y poniendo de manifiesto, por el contrario, las sinergias y complementariedades con otras iniciativas. En cualquier caso, los Estados miembros no están exentos de sus responsabilidades en los ámbitos a los que atañen estas iniciativas de asociación.

3.3

El CESE destaca la importancia de que la UE garantice unas perspectivas presupuestarias seguras en temas de I+i y un marco reglamentario simplificado estable y que, por parte de las empresas, se aseguren iniciativas para reducir los factores de alto riesgo que las caracterizan. Considera, por otra parte, que el reparto de las ayudas financieras entre las distintas iniciativas debería ser más equilibrado, prestando más atención a la domótica orientada a la ayuda para una vida activa y al programa para las pymes de alta tecnología.

3.4

En cuanto a los instrumentos en sí mismos, constituyen elementos importantes para garantizar más fondos para las inversiones en I+i, a condición de que sean flexibles, sencillos y no burocráticos, abiertos y transparentes, y se resuelvan los problemas relacionados con el equilibrio y/o el conflicto potencial entre normas de competencia y fomento de la innovación, protección de la propiedad intelectual y difusión y divulgación de los resultados, con el objetivo de mejorar el servicio final que se presta a los ciudadanos contribuyentes y a los consumidores.

3.5

En particular, el CESE recuerda que «para llevar a buen puerto estos objetivos, será necesario seguir garantizando la titularidad de los derechos y la propiedad intelectual de los investigadores y sus organizaciones» y que «el libre acceso a una selección razonable de los datos que constituyen la base de las publicaciones de libre acceso puede ser útil, sobre todo en los casos en que exista una simetría global entre Europa y los Estados no europeos» (7).

3.6

En opinión del CESE, los objetivos han de ser mensurables, estar vinculados no solo a la estrategia industrial de sector, sino sobre todo a la solución de los problemas que plantean la sociedad y el desarrollo económico y social sostenible, en particular en términos de empleo, basándose en una visión común a medio y largo plazo, en el marco de un sistema de gobernanza equilibrado y transparente, con indicadores claros de rendimiento técnicos, científicos y socioeconómicos.

3.7

El CESE, al tiempo que valora de forma positiva las experiencias de asociación público-privada como instrumento para combinar distintas financiaciones, se declara favorable a unos modelos de financiación de los costes radicalmente simplificados, a fin de mejorar la fiabilidad del modelo, reducir el riesgo de irregularidades en las declaraciones de gastos de los beneficiarios, simplificar la contabilidad del proyecto y eliminar verificaciones no estrictamente necesarias, facilitando y acelerando el proceso de aplicación.

3.8

Por tanto, para garantizar unas condiciones equitativas a todas las empresas activas en el mercado interior, el CESE considera necesario que la financiación aportada por Horizonte 2020 a las APP y las asociaciones público-públicas respete la disciplina prevista para las ayudas estatales, a fin de garantizar la eficacia del gasto público e impedir distorsiones del mercado, y el respeto de todos los requisitos éticos.

3.9

En particular, a juicio del Comité la creación de asociaciones público-privadas se debería supeditar a condiciones que permitan mantener un entorno competitivo efectivo y garantizar a los nuevos operadores la oportunidad de incorporarse en cualquier momento, así como a permitir la incorporación sistemática en los programas y proyectos de grupos de utilizadores finales.

3.10

En opinión del CESE, es necesario reconocer la importancia de los derechos de propiedad intelectual. En particular, hay que alentar la celebración de acuerdos de explotación conjunta de patentes, a fin de hacer posible la puesta en común de datos científicos y aumentar los esfuerzos de cooperación e investigación en sectores tecnológicos específicos, evitando situaciones de patent thicket o maraña de patentes (8).

3.11

El CESE recomienda elaborar un «manual de instrucciones» para los usuarios finales que incluya los numerosos instrumentos comunitarios para la innovación, y las diferentes formas de asociación, iniciativas conjuntas, iniciativas emblemáticas, comunidades de conocimiento, plataformas y otras acciones comunitarias similares en materia de I+i. Por lo demás, la introducción de transversalidades potenciaría las inversiones (por ejemplo en nanotecnologías y asistencias a las personas mayores) y permitiría asociar, por otra parte, a todos los tipos de empresas.

3.12

Para el CESE es indispensable simplificar y hacer más transparente el complejo sistema de medidas, sinergias y políticas de la UE afectadas –desde la política de investigación e innovación a la política regional y de cohesión y la política industrial–, por ejemplo para las pymes, las organizaciones de menor tamaño y de la economía social.

3.13

Asimismo, el CESE considera importante garantizar visibilidad, publicidad —también lingüística— y transparencia a todo el paquete y a las iniciativas e instrumentos vinculados o que puedan llegar a vincularse, mediante una política proactiva de comunicación y conferencias anuales con todas las partes interesadas de la sociedad civil organizada, donde puedan presentarse informes regulares sobre los resultados conseguidos y las estrategias futuras.

3.14

Teniendo en cuenta la importancia de los recursos asignados y la multiplicidad de situaciones y necesidades reales en los Estados miembros, el CESE recomienda elaborar una política de comunicación centrada en cuatro tipos de destinatarios:

3.15

El Comité considera que podría instituirse un premio CESE a la innovación económica y social, con objeto de demostrar el valor de los resultados de las diez asociaciones propuestas en las distintas disciplinas en los 28 Estados miembros, en el que participen los foros de partes interesadas previstos en el estatuto de las empresas comunes. Además, el CESE pide a la Comisión que desarrolle una importante acción de sensibilización y formación respecto de las asociaciones público-privadas.

4.1

El CESE se congratula de que se registre una clara tendencia hacia un mayor uso de las APP en materia de salud pública y cielos limpios, gestión de los espacios aéreos, electrónica e informática y pilas de combustible e hidrógeno. Sin embargo, advierte de la necesidad de establecer sinergias con otras asociaciones e iniciativas existentes en otras áreas, y en el ámbito de otras políticas de la UE.

4.2

En cuanto a la iniciativa «Medicamentos innovadores», el CESE recomienda dar un mayor margen al desarrollo de medicamentos accesibles a las capas más pobres de la población en casos de administración prolongada y tratamiento de enfermedades raras. Por otra parte, el CESE recomienda incluir entre las prioridades la comercialización en la UE de productos de la investigación europea y la fijación de normas de precio basadas en el gramo de sustancia activa, que tengan en cuenta las dificultades por las que atraviesan los presupuestos públicos y los sistemas sociales de los Estados miembros.

4.3

En lo relativo a la iniciativa FCH 2 «Pilas de combustible e hidrógeno», el CESE considera importante que se incluya entre los objetivos, en particular, el desarrollo de tecnologías que no generen CO 2 para la generación de hidrógeno.

4.4

En la iniciativa «Cielos limpios», es preciso dar más relevancia a las repercusiones de los resultados –incluso intermedios– de los proyectos de demostración mencionados, así como de la gestión de los riesgos para la seguridad y el medio ambiente en la APP «Cielo único».

4.5

En la iniciativa para el desarrollo de la bioindustria a partir de materiales biológicos, bioagrícolas y biomateriales es necesario velar por que estas tecnologías respeten plenamente el mundo de los seres vivos, el medio ambiente y la sostenibilidad agroalimentaria, de conformidad con el principio de precaución. El CESE confía en que esta iniciativa obtenga resultados positivos, concretos y visibles.

4.6

Al gran esfuerzo, también financiero, dedicado a la iniciativa ECSEL, para las tecnologías digitales y la nanoelectrónica –ya previsto también en los capítulos temáticos de Horizonte 2020– debería corresponder un beneficio concreto también para los ciudadanos contribuyentes, en términos de un mejor acceso, más fácil y sin costes, a dichas tecnologías (9).

4.7

Asimismo, el CESE apoya resueltamente las cuatro iniciativas de asociaciones público-públicas, pero subraya la importancia de dos de ellas, para las que pide un refuerzo, sobre todo de recursos asignados:

4.8

En particular, en el caso del programa AAL el CESE recomienda tomar en consideración las diferentes situaciones que se dan en los Estados miembros, también desde la perspectiva de que estos problemas se agraven por la evolución demográfica de aquí a 2024 y posteriormente; a este respecto, el nivel de financiación de la UE debería incrementarse considerablemente respecto del concedido para el Séptimo Programa Marco, teniendo en cuenta la opinión que las diferentes categorías representativas de la sociedad civil pudieran expresar en el comité ad hoc de las partes interesadas que está previsto crear.

4.9

El CESE recomienda que, a fin de acelerar el desarrollo y aumentar las posibilidades de creación de empleo y de nuevos perfiles profesionales más cualificados, estas asociaciones institucionales se lleven a cabo en estrecha sinergia y coordinación con otras acciones similares que puedan emprenderse en el marco de las iniciativas emblemáticas de la política industrial y la especialización inteligente, en la política de cohesión y en las estrategias regionales de innovación.

4.10

Por lo que respecta a la participación en el Programa de Metrología, el CESE se remite a su dictamen al respecto (10) y recomienda incrementar el apoyo, incluso financiero, a la participación de las empresas de menor tamaño y los grupos de usuarios; en lo tocante a la cooperación entre Europa y los países en desarrollo, se remite a su dictamen sobre la relación UE/África (11) y formula específicamente la recomendación de no descuidar los síntomas que indican el retorno a Europa de las enfermedades objeto de la investigación y de supervisar que en los protocolos se respeten plenamente los principios éticos.

5.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 170/68

1.1

El CESE lleva más de dos décadas solicitando la creación de mecanismos de recurso colectivo a escala de la Unión que permitan una protección judicial efectiva en caso de producirse una violación de los derechos colectivos. Las medidas de protección judicial colectiva deberían cubrir todos los ámbitos en los que los ciudadanos estén protegidos por el Derecho de la Unión y, al mismo tiempo, deberían tenerse en cuenta las distintas tradiciones jurídicas de los Estados miembros.

1.2

El CESE acoge favorablemente que la Comisión Europea haya tomado finalmente la iniciativa y que exija a los Estados miembros la introducción de sistemas nacionales para la interposición de recursos colectivos sobre la base de unos principios europeos comunes. Esta iniciativa era necesaria desde hacía mucho tiempo. Los mecanismos de recurso colectivo redundan en interés tanto de los ciudadanos de la UE como de las empresas que actúan de forma justa y legítima. Su objetivo es proteger la economía contra la competencia desleal y reforzar la confianza de los ciudadanos europeos en la economía.

1.3

El CESE lamenta que la Comisión Europea no haya presentado ninguna propuesta de Directiva. Una simple Comunicación y Recomendación no basta para garantizar la necesaria aplicación uniforme en los Estados miembros. Por tanto, el CESE solicita de la Comisión Europea que presente una propuesta de Directiva. La acción colectiva es el único procedimiento capaz de garantizar un recurso completo y efectivo en la Unión Europea.

1.4

El CESE reconoce los esfuerzos de la Comisión Europea por aplicar un planteamiento equilibrado que garantice los derechos procesales básicos de las partes y evite los abusos. El CESE apoya que la Comisión Europea tenga intención de prever tanto acciones de cesación como acciones por daños y perjuicios. Debería estudiarse una ampliación de los tipos de acciones.

1.5

El CESE acoge favorablemente que la Comisión Europea rechace el modelo estadounidense de las «class actions»: precisamente una acción colectiva conforme al Derecho europeo no puede constituir una «class action» del tipo existente en los EE. UU. Las medidas de seguridad previstas por la Comisión Europea a este respecto son adecuadas y razonables. Es justo que se rechacen los pactos de cuota litis por la prestación de servicios jurídicos –que incentivan los litigios– y las sanciones punitivas. Deben revisarse las normas relativas a la legitimación de los demandantes y la imposición de las costas desde el punto de vista del acceso a la justicia.

1.6

El CESE coincide con la postura de la Comisión Europea de que debe reconocerse el derecho de las personas individuales a sumarse a acciones colectivas mediante procedimientos que den la posibilidad de participar en ellos de forma voluntaria (opt-in). No obstante, el CESE observa también que hay otros casos en los que un procedimiento de desvinculación voluntaria (opt-out) presentaría ventajas: en particular, en el caso de que existan muchos perjudicados con perjuicios muy reducidos puede resultar conveniente ampliar la acción colectiva a todos los posibles perjudicados. No queda claro si la Comisión Europea consideraría jurídicamente admisible en estos casos un procedimiento de desvinculación voluntaria. Por este motivo, el CESE solicita a la Comisión Europea que defina con mayor precisión su propuesta. Asimismo, el CESE recomienda la creación de un registro central europeo de demandas para la información de los potenciales demandantes.

1.7

El CESE siempre ha subrayado el potencial de los procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos. Por tal motivo, acoge con satisfacción el planteamiento elegido por la Comisión Europea de prever estos procedimientos como instrumentos complementarios y adicionales de forma voluntaria para las partes y asignar al juez la tarea de potenciar la resolución extrajudicial de los conflictos.

1.8

El CESE recomienda que se prevean normas específicas en materia de conflicto de leyes para las demandas colectivas de protección judicial. Deben completarse las disposiciones relativas a la financiación del recurso colectivo. Las organizaciones sin ánimo de lucro deben poder asumir el riesgo económico. A este respecto, existen normas en los Estados miembros.