6.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 67/1

1.1.1

El sector privado puede desempeñar un papel fundamental en la lucha contra la pobreza en el mundo ya que crea empleo, produce bienes y servicios, genera ingresos y beneficios y contribuye con sus impuestos a asumir el gasto público, siempre y cuando se atenga a los principios de cooperación al desarrollo reconocidos en la esfera internacional y que los empleos que se creen sean decentes, de conformidad con el Programa de Trabajo Decente de la OIT.

1.1.2

El Comité pide que el sector privado participe mucho más estrechamente en el programa de desarrollo para después de 2015 y a la nueva asociación mundial. La participación del sector privado en la determinación de los objetivos para erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible, así como un crecimiento justo e integrador que tenga en cuenta de igual modo la cantidad que la calidad, permitirá que este sector asuma su parte de responsabilidad en el cumplimiento de dichos objetivos.

1.1.3

Las organizaciones de la sociedad civil señalan no solo las ventajas, sino también los riesgos inherentes a la acción del sector privado; por ello, la ayuda que se preste al sector privado en los países en desarrollo debería basarse en los principios de transparencia, apertura de la contratación pública, eficiencia, eficacia de los medios invertidos y responsabilidad de los agentes públicos respecto de todas las partes interesadas en la ejecución de la estrategia de desarrollo adoptada. La cuota global en aumento de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) dedicada al desarrollo del sector privado no debería ir en detrimento de los medios financieros otorgados en el marco de la AOD a los países en desarrollo más pobres.

1.2.1

En el presente dictamen, el sector privado también incluye el sector social y agrupa a trabajadores autónomos, microempresas, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas multinacionales, cooperativas y otras empresas de la economía social, así como los empleados de las empresas privadas y sus organizaciones sindicales y las organizaciones no gubernamentales que cooperan en proyectos privados. La ayuda al sector privado y la cooperación con este sector deberían tener en cuenta la diferente naturaleza de cada una de las partes interesadas. En los países en desarrollo existe, asimismo, un amplio sector privado informal y la cooperación al desarrollo debería contribuir a combatir el trabajo informal así como las situaciones que lo fomentan.

1.2.2

Conviene asociar activamente a la sociedad civil al proceso de definición del papel del sector privado y al establecimiento de indicadores de su contribución a la cooperación internacional al desarrollo. A ello contribuiría la creación de una amplia plataforma a escala europea, con la participación de todas las partes interesadas.

1.2.3

Conviene emplear la AOD como factor multiplicador para asociar el capital privado a las inversiones en los países en desarrollo recurriendo a instrumentos financieros innovadores. Es preciso vincular la ayuda facilitada a objetivos claramente establecidos como, por ejemplo, la creación de más y mejores empleos, el aumento de la calidad de la producción, la transferencia de conocimientos sobre gestión al sector privado, etc.

1.2.4

Las asociaciones entre los sectores público y privado pueden convertirse en instrumentos esenciales para ejecutar las estrategias de desarrollo, siempre que se garantice previamente una combinación adecuada y una buena comunicación entre las partes interesadas.

1.3.1

En los países en desarrollo, para que el sector privado pueda desempeñar su papel en cuanto al desarrollo, es necesario un entorno empresarial favorable que incluya el respeto de los principios democráticos generalmente reconocidos, que facilite la creación y la evolución de las empresas, reduzca la sobrecarga burocrática, aumente la transparencia, frene la corrupción omnipresente y anime a los inversores extranjeros y locales.

1.3.2

La responsabilidad social de las empresas (RSE) debe entenderse como iniciativa voluntaria de las empresas que se adhieren a un espíritu empresarial ético. Convendría proponer algún tipo de marco para la RSE en el ámbito del desarrollo, que se ajustara a las «Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales» y otros principios reconocidos internacionalmente.

1.3.3

Cuando el sector privado crea nuevos puestos de trabajo, debería respetar los derechos económicos y sociales fundamentales, en particular los principales convenios de la OIT. Estos nuevos empleos deberían crearse con arreglo al Programa de Trabajo Decente de la OIT.

1.4.1

Es conveniente diseñar programas de desarrollo de las capacidades institucionales de la administración pública en los países en desarrollo en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales correspondientes dedicadas a la ayuda al desarrollo. Procede, además, mejorar las condiciones en las que, en particular, las pequeñas y medianas empresas desarrollan sus actividades, pues son las que atesoran un mayor potencial para crear empleo y reducir la pobreza.

1.4.2

En los países en desarrollo, las organizaciones empresariales necesitan adquirir competencias para mejorar su capacidad de ejercer una influencia positiva en el entorno empresarial. Hay que fomentar el desarrollo de sus capacidades aprovechando la contribución activa de organizaciones socias similares de países desarrollados. Por tanto, los programas europeos de ayuda exterior deberían financiar también la ayuda técnica que prestan las organizaciones empresariales europeas a sus socios en los países en desarrollo y reforzar su motivación.

1.4.3

La ayuda al desarrollo debería apoyar en mayor grado proyectos innovadores y modelos empresariales que favorecen la integración, incluido el apoyo a una sociedad sin barreras, lo que contribuiría a eliminar la pobreza entre los grupos de ciudadanos en situación de riesgo como, por ejemplo, las personas con discapacidad, las mujeres, las personas mayores, etc.

1.4.4

Hay que fomentar la cooperación del sector privado con las organizaciones no gubernamentales, recurriendo, por ejemplo, a voluntarios para trasladar a las empresas locales los conocimientos en materia de gestión y tecnología, entre otros. Los proyectos empresariales innovadores que tienen éxito merecen una publicidad reforzada y sistemática.

1.4.5

El desarrollo del sector privado requiere fomentar en mayor medida la formación y la adquisición de conocimientos sobre las tecnologías esenciales, en beneficio, en particular, de los trabajadores poco cualificados.

1.4.6

El Comité recomienda ampliar el programa Erasmus para jóvenes empresarios a las personas interesadas originarias de países en desarrollo o crear un programa con objetivos similares y asignarle los medios financieros necesarios para su realización.

1.4.7

Se debe prestar especial atención al sector minero y de materias primas, al que hay que aplicar con rigor las exigencias en materia de protección del medio ambiente, las condiciones sociales de los trabajadores y el carácter sostenible del desarrollo económico del Estado.

1.4.8

A menudo, los países en desarrollo carecen de estrategias para desarrollar las pequeñas y medianas empresas; por otra parte, la cooperación para el desarrollo debería contribuir mejor a compensar esta desventaja. La experiencia adquirida en Europa en materia de ayuda a las pequeñas y medianas empresas debería transmitirse de manera focalizada y pertinente a los países en desarrollo.

2.1

El Sr. Šefčovič, comisario europeo, dirigió una carta al presidente del CESE informándole de que la Comisión estaba elaborando propuestas para asociar más eficazmente al sector privado a la asociación mundial para el desarrollo después de 2015 y solicitando, por tanto, al Comité que elaborara un dictamen exploratorio sobre el papel del sector privado con vistas a impulsar en este mismo periodo un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, cuestión que se está debatiendo actualmente en las Naciones Unidas.

2.2

En su Dictamen REX/372 (1) sobre la Comunicación de la Comisión «Una vida digna para todos: Acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible», el CESE emitió una serie de recomendaciones para que la sociedad civil participe en la elaboración, la puesta en práctica y el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para después de 2015 a nivel mundial.

2.3

Desde hace tiempo, el Comité dedica muchos trabajos en el marco de sus dictámenes (2) a la cooperación para el desarrollo y a la cooperación exterior. Además, ha adquirido cierta experiencia y una serie de conocimientos concretos mediante sus iniciativas propias sobre cuestiones relativas a los países ACP, Euromed, la Asociación Oriental, las negociaciones comerciales internacionales y otros ámbitos vinculados a la problemática del desarrollo. Ha aprovechado plenamente esos activos al elaborar el presente dictamen.

3.1

El sector privado puede desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la pobreza en el mundo ya que crea empleo, produce bienes y servicios, genera ingresos y beneficios y contribuye con sus impuestos a asumir el gasto público, siempre y cuando se atenga a los principios de cooperación al desarrollo reconocidos en la esfera internacional. También después de 2015, aunque la ayuda pública al desarrollo seguirá siendo un importante catalizador del desarrollo, no bastará, por sí misma, para erradicar la pobreza (3).

3.2

Los objetivos de desarrollo del milenio estaban necesitados de una visión más clara de la manera de alcanzarlos y era preciso conectarlos entre sí; además, descuidaban el papel del sector privado en el desarrollo (4). Conviene que el sector privado participe mucho más estrechamente en el futuro marco de cooperación para el desarrollo para después de 2015, como socio estratégico y motor de crecimiento sostenible, todo ello respecto de cada uno de los tres pilares en los que este se apoya (el primero, económico; el segundo, social; y el tercero, medioambiental) y que se basan en indicadores no solo cuantitativos sino también cualitativos.

3.3

Las organizaciones de la sociedad civil (5) hacen hincapié tanto en las ventajas como en los riesgos que conlleva la participación del sector privado en la cooperación para el desarrollo. Para solventar estos riesgos, es necesario que la ayuda que se preste al sector privado con cargo a los fondos dedicados al desarrollo respete los principios de transparencia, eficiencia, eficacia de los medios empleados, apertura de la contratación pública y responsabilidad de los agentes públicos respecto de todas las partes interesadas en la ejecución de la estrategia de desarrollo adoptada.

3.4

El sector privado agrupa a trabajadores autónomos, microempresas, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas multinacionales, cooperativas y otras empresas de la economía social, así como instituciones financieras. En un sentido más amplio, se incluyen también en este sector los empleados de las empresas privadas y de sus organizaciones sindicales, así como las organizaciones no gubernamentales que cooperan en proyectos privados. Además de las empresas privadas que desarrollan legalmente sus actividades, existe, en particular en los países en desarrollo, un amplio sector privado informal. Al otorgar la ayuda para el desarrollo, hay que diferenciar a cada una de estas entidades privadas y los efectos de sus actividades para el desarrollo, en función de su tamaño, ámbito de actividad y nivel de desarrollo del Estado de que se trate (Estado poco desarrollado, medianamente desarrollado, en desarrollo o todavía vulnerable).

3.5

El sector privado debería contribuir, junto con los representantes de la sociedad civil, a definir las necesidades en materia de desarrollo en cada Estado y a establecer nuevos objetivos de desarrollo sostenible para después de 2015, de manera que asuma su parte de responsabilidad en su consecución. Estos objetivos deberían constituir la prolongación de los objetivos de desarrollo del milenio, deberían ser concretos y mensurables así como abarcar los ámbitos del agua, la agricultura, la seguridad alimentarias, la energía, las infraestructuras de transporte, la educación, el sector sanitario, la economía digital, la igualdad de género y la igualdad social.

3.6

Hay que reconocer al sector privado como elemento constitutivo esencial de la nueva asociación mundial para el desarrollo. Convendría crear una plataforma que agrupe a representantes de las empresas y los empleadores europeos. Además, debería estar abierta a otras partes interesadas, incluidos representantes de la sociedad civil, para dialogar con los representantes de las instituciones europeas y financieras sobre la participación del sector privado en la cooperación internacional para el desarrollo.

3.7

El sector privado de los Estados donantes participa en la cooperación para el desarrollo como proveedor de servicios y de equipos costeados por la AOD, como proveedor directo de ayuda para el desarrollo por motivos filantrópicos, en el marco de proyectos comunes con el sector público y las organizaciones no gubernamentales, y como inversor en proyectos que, además del interés que presentan para la empresa, arrojan resultados significativos en términos de desarrollo. Conviene apoyar prioritariamente los proyectos orientados hacia la innovación mediante el establecimiento de capacidades de innovación, servicios de asesoría, incubadoras y agrupaciones de empresas en los países beneficiarios. Las licitaciones para proyectos de desarrollo tienen que ser transparentes y abiertas.

3.8

La contribución del sector privado al desarrollo debería incluir, además, el apoyo a una sociedad sin barreras, lo que contribuiría a erradicar la pobreza entre los grupos de ciudadanos en situación de riesgo como, por ejemplo, las personas con discapacidad, las mujeres, las personas mayores o las que sufren lesiones temporales. A este respecto, el acuerdo marco sobre el mercado laboral integrador suscrito por los interlocutores sociales europeos en marzo de 2010 puede servir de inspiración para integrar esta exigencia en el futuro marco de desarrollo.

3.9

El sector privado de los países en desarrollo requiere de una ayuda sistemática para poder desempeñar su papel en materia de desarrollo. Por este motivo, la cuota de la AOD dedicada al desarrollo del sector privado va en aumento. No obstante, esta evolución no puede producirse en detrimento de la AOD brindada a los países menos avanzados, de la cual no pueden prescindir para resolver sus problemas más acuciantes.

3.10

Las inversiones privadas de grandes empresas multinacionales en proyectos de interés para el desarrollo constituyen una ocasión para asociar a su realización a las pequeñas y medianas empresas locales, existentes y nuevas, lo que permite a estas últimas, gracias a la colaboración de los socios de los países desarrollados, adquirir conocimientos técnicos y acceder a las tecnologías avanzadas adecuadas. Las empresas multinacionales deberían atenerse a los principios consagrados por las Naciones Unidas, la OCDE y otras organizaciones internacionales (6).

3.11

Las pequeñas y medianas empresas constituyen, en los países en desarrollo como en cualquier otro lugar del mundo, el principal potencial de desarrollo, que contribuyen a liberar, en particular, los microcréditos y los préstamos subvencionados por las instituciones europeas e internacionales dedicadas a la financiación del desarrollo. Además, las transferencias de ahorro y otros medios financieros de los emigrantes constituyen una fuente importante de inversión y hay que orientarlas más, mediante incentivos, hacia las necesidades de desarrollo del Estado de que se trate.

3.12

El Comité se congratula de las ideas que expone la Comisión Europea en su Comunicación «Después de 2015: Hacia un enfoque global e integrado para financiar la erradicación de la pobreza y la consecución del desarrollo sostenible» (7) y pide que el sector privado y la sociedad civil organizada participen en el debate propuesto sobre el enfoque integrado de la financiación.

3.13

Convendría emplear la AOD como principal factor multiplicador para asociar el capital privado a las inversiones en los países en desarrollo. Para ello, deberían utilizarse instrumentos innovadores, tales como el «blending» (combinación de recursos), los distintos mecanismos de garantía y los tipos de interés reducidos. En el cálculo del importe de la AOD, convendría tener en cuenta las garantías estatales para las inversiones en los países en desarrollo. Es preciso vincular la ayuda facilitada al capital privado a requisitos e indicadores claramente establecidos que tengan en cuenta la sostenibilidad del desarrollo, la protección del medio ambiente, la economía verde, la creación de empleo, el aumento de la calidad de la producción, la transferencia de conocimientos sobre gestión al sector privado, etc.

3.14

Conviene orientar aún más las inversiones hacia el reforzamiento de sectores como, por ejemplo, el bancario, los seguros, los servicios de telecomunicaciones, los transportes y los demás servicios de ayuda a las empresas, sin los cuales ni la industria ni la agricultura pueden desarrollarse adecuadamente. En este entorno, el Estado debe velar por que se mantenga un entorno competitivo y por una protección adecuada de las inversiones.

3.15

Las asociaciones entre los sectores público y privado pueden convertirse en instrumentos esenciales para ejecutar las estrategias de desarrollo, ya que aúnan el mecanismo de subvención de los fondos públicos y las iniciativas de inversión privadas para atender las necesidades de desarrollo de los beneficiarios finales. Para que estos proyectos sean un éxito, se requiere una información transparente y una comunicación abierta con las partes interesadas.

4.1

En los países en desarrollo beneficiarios, se tienen que cumplir una serie de condiciones fundamentales para que el sector privado pueda existir y desarrollar sus actividades para desempeñar su papel en el ámbito del desarrollo. Por tanto, la cooperación al desarrollo debería orientarse más hacia la mejora permanente del entorno empresarial, lo cual facilitaría la creación y la evolución de las empresas, reduciría la sobrecarga burocrática, aumentaría la transparencia y frenaría así una corrupción omnipresente. La consolidación del estado de Derecho estimula a los inversores extranjeros y locales y contribuye a la diversificación de las economías locales.

4.2

La creación de un entorno empresarial sano debe basarse en mecanismos de mercado, incluida la competencia económica, mercados financieros eficaces, la independencia de los tribunales, una aplicación generalizada de la legislación en vigor, especialmente en materia mercantil, el respeto de las normas del comercio internacional y el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Conviene atenerse a los usos culturales locales, en la medida en que no socaven la competencia económica y no degeneren en corrupción y una redistribución estéril de los fondos.

4.3

La responsabilidad social de las empresas (RSE) en el marco de la cooperación al desarrollo debe entenderse como una iniciativa voluntaria de las empresas, que se adhieren a un espíritu emprendedor ético. Las empresas escogen ellas mismas, en el marco fundamental de los principios reconocidos a nivel mundial (8), las disposiciones adecuadas para su actividad económica. El establecimiento de este marco permitirá garantizar una competencia justa con las demás empresas del sector.

4.4

El sector privado crea empleo y puede, de este modo, contribuir a erradicar la pobreza. No obstante, tiene que respetar al mismo tiempo los derechos económicos y sociales fundamentales. Hay que aplicar rigurosamente los principales convenios de la OIT (libertad sindical y negociaciones colectivas, prohibición del trabajo forzoso, del trabajo infantil y de cualquier discriminación en materia laboral).

4.5

Es indispensable que los nuevos puestos de trabajo se ajusten al Programa de Trabajo Decente de la OIT, que estipula que el empleo debe poder escogerse libremente, el trabajador debe gozar de protección social, el empleador debe respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y hay que instaurar un diálogo social. Es esencial que todos los inversores, y en particular aquellos que se acogen a ayudas públicas al desarrollo, respeten escrupulosamente estos principios cuanto ejecuten sus proyectos, y que ejerzan, sobre sus socios, una influencia positiva al respecto.

4.6

Los programas de desarrollo de las capacidades institucionales de la administración pública en los países en desarrollo deberían reforzar los principios del estado de Derecho y contribuir a mejorar el entorno empresarial y a reforzar las capacidades de absorción de las empresas locales. Estos programas deberían concebirse en estrecha colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones no gubernamentales interesadas.

5.1

Las organizaciones empresariales como, por ejemplo, las cámaras de comercio, las asociaciones y agrupaciones profesionales, las federaciones de empresarios y las organizaciones de economía social de los países donantes deberían ser asociadas activamente a los proyectos de ayuda al sector privado de los países en desarrollo durante todas las fases del ciclo del proyecto. Para ello, es preciso establecer un programa para apoyar a las organizaciones locales encargadas de representar a las pequeñas y medianas empresas, lo que permitiría a estas últimas adquirir experiencia, en particular en materia de comercialización, integración de las cadenas de suministro, certificación, logística, etc.

5.2

En los países en desarrollo, las organizaciones empresariales necesitan adquirir competencias para mejorar el entorno empresarial, reforzar la gobernanza democrática de sus instancias, lograr la adhesión de nuevos miembros y comunicar activamente con ellos. Hay que fomentar el desarrollo de sus capacidades aprovechando la contribución activa de organizaciones socias similares de la UE. Por tanto, los programas europeos de ayuda exterior deberían financiar también la ayuda técnica que prestan las organizaciones empresariales europeas a sus socios.

5.3

El desarrollo del sector privado debería incluir módulos de formación destinados a empresarios, incluidos periodos de formación en un país desarrollado. El Comité recomienda analizar la posibilidad de ampliar el programa Erasmus para jóvenes empresarios a las personas interesadas originarias de países en desarrollo o elaborar un programa con objetivos similares y otorgar los medios financieros necesarios para su realización.

5.4

Conviene fomentar en mayor medida la formación y el desarrollo de los conocimientos sobre las tecnologías esenciales, en beneficio, en particular, de los trabajadores poco cualificados. Desde hace tiempo se echan en falta programas de formación profesional, dándose la circunstancia de que los países donantes otorgan sobre todo becas para estudios de nivel superior. Sin embargo, en la industria y en otros ámbitos, el sector privado requiere competencias profesionales corrientes, que se adquieren en el sistema de aprendizaje tradicional, así como ciertos hábitos laborales necesarios cuando se trabaja para un inversor extranjero o para una empresa mixta.

5.5

La ayuda al desarrollo debería apoyar más proyectos innovadores y nuevos modelos empresariales que favorezcan la integración, ofrezcan un amplio espacio de cooperación entre el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. Cabe citar como ejemplo el envío de expertos voluntarios, que brinden asistencia al desarrollo del espíritu emprendedor en los países en desarrollo (9). Dar mayor publicidad a los proyectos empresariales innovadores en favor del desarrollo que han sido coronados con éxito contribuiría al intercambio mutuo de experiencias en los Estados miembros.

5.6

Ha de prestarse especial atención al sector minero y al sector de las materias primas. Los proyectos de inversión tienen que tener en cuenta retos tales como la protección del medio ambiente, las condiciones sociales de los trabajadores y la sostenibilidad del desarrollo. Los servicios públicos y los entes locales del país beneficiario deben definir un marco adecuado para cada sector de actividad y velar por su respeto, especialmente en materia de obligaciones fiscales. La ayuda debería permitir concebir este enfoque sistémico, estableciendo al mismo tiempo normas óptimas que limiten la carga administrativa excesiva y prevengan la propagación de la corrupción.

5.7

La ayuda al desarrollo debería apoyar la agricultura sostenible y las industrias locales de transformación para mejorar la transformación de los productos alimenticios y las materias primas. Hay que fomentar la creación de asociaciones de agricultores y de pequeños productores activos en la transformación de productos agrícolas e integrarlas en las cadenas de aprovisionamiento.

6.3.2014   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 67/6

1.1

La UE, sus Estados miembros y su sociedad civil son una fuente increíblemente rica de experiencia en materia de transición. Esta experiencia debería aprovecharse mejor para alcanzar la estabilidad mediante cambios que se han de introducir en Europa, en los países vecinos de la UE y en todo el mundo.

1.2

La UE está desempeñando un papel de vanguardia en los debates actuales de las Naciones Unidas sobre la agenda post-2015 en materia de desarrollo, y debe abogar por que se den pasos concretos hacia adelante, basados en la solidaridad y en la coherencia de las políticas. Este dictamen del CESE, junto con otros emitidos anteriormente sobre este tema, se han de tener en cuenta (1).

1.3

Se debe poner en práctica la experiencia en materia de transición disponible en la UE y sobre esta. La UE debe sistematizar mejor su experiencia positiva y negativa sobre transición, los instrumentos de ayuda existentes y los datos sobre los agentes relevantes. Deberá diseñarse un plan de acción sobre el uso de la experiencia de transición en el proceso de programación. El Compendio de Transición Europea y las demás sugerencias de documentos recientes de la UE tienen que llevarse a la práctica sin demora.

1.4

La política exterior de la UE debe pasar a ser más contundente, más participativa y abierta, eficaz y coherente. Esta política debe orientarse a la promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales (incluida las libertades de asociación y de reunión pacífica) y el Estado de Derecho, y debe ayudar a crear un entorno propicio y democrático que permita a los individuos y a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participar en la formulación de las políticas y en la supervisión de su ejecución. Es necesario un enfoque a largo plazo.

1.5

La sociedad civil y política de la UE y sus países socios debe desempeñar un papel esencial. Los acuerdos de asociación, programas de apoyo y subvenciones no deben aprobarse sin un diálogo estructurado con la sociedad civil, especialmente la sociedad civil organizada, con arreglo al principio de asociación de la UE. Debe hacerse especial hincapié en el diálogo con los distintos grupos sociales de los países socios, incluidas las minorías y los habitantes de regiones remotas, y en su participación.

1.6

Actualmente, a muchos promotores potenciales del desarrollo sostenible les está prohibido recibir ayuda de la UE en aplicación de normas administrativas discriminatorias, entre otras. La discriminación positiva (que impide cualquier tipo de manipulación) y el requisito de que los socios con experiencia reciente en materia de transición deberían participar en proyectos de desarrollo son necesarios para situar en igualdad de condiciones a los agentes cuyos resultados son inferiores en las evaluaciones actuales. La calidad de los proyectos y los resultados son lo primero.

1.7

Se han de lanzar nuevos mecanismos de cooperación y los existentes han de ampliarse (véase en particular los puntos 3.3.4, 3.3.6, 3.3.7 y 3.3.8, como por ejemplo el programa global Twinning, Taiex, Erasmus+, la nueva plataforma de intercambio, etc.).

1.8

Debería excluirse de la ayuda a los agentes vinculados a regímenes autoritarios y las prácticas no democráticas (como las GoONG -ONG gubernamentales-, sindicatos amarillos, etc.).

1.9

En general, es preciso prestar apoyo integral a un amplio sector de la sociedad en los países socios.

1.10

El mejor apoyo para lograr el cambio democrático, el desarrollo sostenible, el crecimiento económico integrador y un mercado estable, junto con un mayor empleo y bienestar, es una buena gobernanza y un enfoque sólido basado en los derechos. La experiencia demuestra que una sociedad civil fuerte, en particular si está organizada, es la mejor garantía para alcanzar el éxito.

2.1

El CESE apoya la visión más amplia sobre el desarrollo sostenible. Como señaló el Consejo de la UE, esta incluye aspectos tales como «la gobernanza democrática, los derechos humanos y el Estado de Derecho, el bienestar económico y social, así como la paz y la estabilidad» (2).

2.2

La transición puede definirse brevemente como «estabilización, apoyo a la democracia, creación de instituciones y consolidación de reformas para hacer sostenible el cambio». Se basa en la solidaridad y la acción de los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y otros.

2.3

El CESE ya ha estudiado algunos aspectos de la cooperación con las sociedades en transición (3). El objetivo del presente dictamen es ir más allá de las fuentes existentes y, además, reflejar los intereses especiales de la Presidencia lituana del Consejo de la UE y el interés general de la sociedad civil europea (también como contribución a la cumbre de la Asociación Oriental que se celebrará en Vilna en noviembre de 2013 y a las Jornadas Europeas del Desarrollo).

2.4

La evolución reciente en los Estados socios de la UE es un motivo más para actualizar la política existente. El CESE sigue preocupado por la sostenibilidad de la evolución de algunos de los vecinos orientales de la UE, varios países euromediterráneos y otros países socios. Pueden observarse varios cambios positivos en la región de los Balcanes (la adhesión de Croacia a la UE es muy importante en este contexto).

3.1.1

Para crear cambios sostenibles, las distintas políticas, programas y actividades de la UE dirigidas a las mismas regiones o ámbitos de política deben ser mejor coordinados para crear más sinergias y mantener la coherencia. La capacidad de acción exterior de la UE todavía necesita un mayor desarrollo, hasta el punto de que los valores y objetivos europeos comunes se puedan apoyar de manera eficiente a una escala verdaderamente europea (4).

3.1.2

La «coherencia de las políticas para el desarrollo» (CPD) debe garantizarse y supervisarse más pormenorizadamente. La obligación de la CPD, consagrada en el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en su versión modificada por el Tratado de Lisboa), debería estar en el centro de la formulación de las políticas y de la aplicación de todas las normativas de los instrumentos de la acción exterior, y por lo tanto aplicarse explícitamente en todas las políticas, programas y actividades de la UE. La coherencia con las nuevas iniciativas de la UE debe evaluarse en el 100 % de los casos. Todos los programas (incluyendo su evaluación y sus líneas presupuestarias) deberán reflejar los compromisos internacionales y las obligaciones en materia de derechos humanos y de desarrollo de la UE (incluido el Consenso de las Naciones Unidas sobre el enfoque basado en los derechos humanos), y deberán centrarse en los más marginados y vulnerables. También es importante controlar que, en el proceso de transición e integración en la UE, una evolución positiva en un ámbito político no vaya acompañada de una evolución negativa en otros.

3.1.3

Es necesaria una plataforma común que sintetice de forma práctica los instrumentos existentes (por ejemplo, subvenciones, concursos y programas, etc.) gestionados por la UE y sus Estados miembros que tengan un impacto exterior directo o indirecto. Pueden establecerse algunos paralelos o alguna colaboración con el portal Tu Europa. Se ha de velar por incluir información destinada a organizaciones más pequeñas, incluso subregionales. Otros destinatarios podrían ser las instituciones de los Estados miembros de la UE y de las sociedades en transición. La plataforma debería contar con el apoyo de un boletín informativo o un feed de Twitter, por ejemplo.

3.1.4

La UE debería aspirar a la puesta en común, la coordinación y la creación de sinergias entre las actividades de la UE y de sus Estados miembros en los países socios, para evitar una competencia interna excesiva. Los Estados miembros deberían considerar la posibilidad de compartir responsabilidades mediante el desarrollo de formas de cooperación exterior conjunta (coordinadores de transición, centros de transición, centros de asesoría jurídica, centros educativos, etc.) en su territorio o en el de sus países socios.

3.2.1

Los mecanismos de acción exterior de la UE deben ser lo más inclusivos, transparentes y participativos posible para garantizar la apropiación conjunta del desarrollo y de la cooperación. Actualmente, se constatan graves carencias. Se debería explorar el potencial del principio de asociación para unir a la sociedad civil y a las autoridades públicas, por ejemplo, como requisito previo para recabar subsidios.

3.2.2

Una participación estrecha y, preferiblemente, estructurada de los representantes de la sociedad civil y política es un requisito previo de su compromiso a largo plazo con las reformas. Véase también el punto 1.5 a este respecto. Se requiere la participación de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los interlocutores sociales tanto de la UE como de los países socios, para programar y realizar toda actividad de desarrollo y cooperación. Deben reforzarse las asociaciones existentes y fomentarse otras nuevas.

3.2.3

El CESE está dispuesto a contribuir, y sus socios dispersos por el mundo son activos valiosos, al igual que, por ejemplo, los foros permanentes existentes.

3.2.4

La UE debe intensificar sus esfuerzos para desarrollar la capacidad de las partes interesadas tanto europeas como de los países socios. Ello puede realizarse brindando apoyo económico, intercambio de experiencias, educación o formación, y por otros medios y programas.

3.2.5

Debe velarse por la igualdad de oportunidades para la participación de diferentes agentes gubernamentales y no gubernamentales, tanto en la UE como en los países socios. Debe eliminarse todo tipo de discriminación directa e indirecta persistente, incluidos los requisitos administrativos y técnicos excesivamente restrictivos, así como en materia de subvencionabilidad y tamaño de los proyectos; discriminación en cuanto a las nomas administrativas, incluidas las diferencias de remuneración y/o fiscalidad de los expertos de diferentes países o sectores que trabajen en los mismos proyectos; los requisitos de cofinanciación (problemas con la aceptación de contribuciones en especie); las actividades nacionales de lobbying que conducen a resultados distorsionados, etcétera (5). Véase el punto 1.6 a este respecto.

3.2.6

Las oportunidades tecnológicas que brinda el siglo XXI, incluida la administración electrónica, deberían aprovecharse y fomentarse en mayor medida en aras del diálogo y la participación. Se debería diseñar un programa especial 2.0 de asistencia a la democracia.

3.3.1

Al sistema actual de financiación y medidas de apoyo de la UE y vinculadas a la UE se le reprocha a menudo su carácter innecesariamente complicado. El CESE acoge favorablemente los planes anunciados para simplificar y racionalizar los instrumentos de financiación exterior de la UE, incluido el Instrumento Europeo de Vecindad, a partir de 2014 y fomentar mecanismos para la puesta en común de fondos.

3.3.2

La calidad ante todo. La experiencia específica en materia de transición y la capacidad de comprender las necesidades del país socio y adaptarse a ellas debería ser objeto de una evaluación objetiva y valorarse más que la experiencia previa en cuanto a la ejecución de proyectos de la UE.

3.3.3

La experiencia acumulada en la UE en materia de transición debe aprovecharse mejor a la hora de desarrollar las políticas externas de la UE, incluido el desarrollo (6). Los logros y las lecciones aprendidas deben sistematizarse plenamente y analizarse en detalle. Las conclusiones deben ser utilizadas, ser plenamente operativas e incorporadas al ciclo de programación. Se necesita un seguimiento tangible basado, entre otras cosas, en sus conocimientos a la hora de diseñar programas operativos así como de evaluar y asignar subvenciones para proyectos y dimensiones, etc.

3.3.4

El Compendio Europeo sobre Transiciones (European Transition Compendium) debe hacerse operativo, incluso para fines de programación, y completarse mediante una base de datos de expertos con experiencia en materia de transición, procedentes de sectores, gubernamentales o no gubernamentales. Debe lograrse que acudir a expertos resulte atractivo para los socios y ello debe fomentarse ampliamente, sobre todo en los países socios. La Comisión Europea y el SEAE deberían preparar una lista de verificación para las delegaciones de la UE sobre el uso del Compendio en la programación (entre otras cosas, podría establecerse como fuente obligatoria de información para los expertos que participen en actividades de la UE).

3.3.5

La Comisión Europea debe elaborar un plan de acción sobre la forma de aplicar mejor la rica experiencia de transición que tiene la UE en materia de programación. Sería de gran ayuda para garantizar que la experiencia sea utilizada sistemáticamente en aquellos ámbitos en los que es relevante. La Comisión Europea también debería dedicar recursos administrativos suficientes a la aplicación de dicho plan.

3.3.6

Teniendo en cuenta la gran cantidad de herramientas que ya existen en relación con el intercambio de experiencias de transición, sería conveniente que la Comisión llevara a cabo una gestión transversal para reunirlas y presentarlas en el mismo lugar mediante, por ejemplo, una plataforma o estructura única.

3.3.7

Hay que sopesar la posibilidad de una mayor expansión de los mecanismos de peritaje de la UE impulsados por la demanda, como SOCIEUX o MIEUX. Estos mecanismos son una excelente herramienta para reaccionar rápidamente ante las necesidades de los países socios. El ámbito geográfico de los mecanismos existentes basados en la necesidades para el intercambio de experiencias y otros programas, en particular, TAIEX, Twinning y Erasmus+, deben abrirse al mundo entero (en particular a los países ACP), sin por ello disminuir los fondos previstos para proyectos de los actuales fondos estatales.

3.3.8

Podría lanzarse un concepto de «hermanamiento de ONG», con la participación como mínimo de un socio de la UE-15, un socio de la UE-13 y un socio de un país en desarrollo (7). También debería fomentarse el intercambio de experiencias entre representantes del sector privado.

3.3.9

Debería lograrse que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional fuera más accesible para compartir experiencias recientes sobre procesos de transición en los Estados miembros de la UE.

3.3.10

Para transformar su experiencia en apoyo eficaz en materia de transición, la UE y sus Estados miembros han de garantizar una financiación y un apoyo público suficientes. Además, el CESE reitera que la transición y el papel de los ciudadanos, la sociedad civil y el Estado deben ser uno de los aspectos del Año Europeo del Desarrollo en 2015.

4.1.1

El desarrollo sostenible está supeditado a la consecución del consenso más amplio posible en las sociedades de los países socios. Es esencial recabar apoyo para la democracia, la buena gobernanza, las libertades fundamentales (incluidas las libertades de asociación y de reunión pacífica, de expresión, los medios de comunicación independientes, etc.), la educación cívica, el aprendizaje no formal e informal, y la justicia y la justicia social en todas las esferas y a todos los niveles.

4.1.2

Se debería hacer mayor hincapié en la eficacia y en los resultados de los proyectos y políticas. Los proyectos deben llevar aparejados programas administrativos y operativos así como medidas para apoyar a los ciudadanos. La eficacia no puede lograrse sin una mejor coordinación en los países socios. Se debe brindar apoyo y asesoría para la planificación.

4.1.3

La no discriminación, la igualdad de trato y el compromiso proactivo de los socios de la UE y de cada uno de los miembros de su sociedad (incluidos colectivos como las mujeres, minorías, etc.) es fundamental como principio general y como condición previa para la credibilidad de la UE. La diferenciación de las políticas en función de los requisitos del país socio es, por supuesto, imperativa y necesita mejorarse. Al mismo tiempo, la UE no debe ser más indulgente con los países «de importancia estratégica» solo por un limitado conjunto de intereses no relacionados con el desarrollo sostenible. El respeto de los derechos humanos es un ámbito en el que la UE y sus socios han de trabajar juntos.

4.1.4

Los representantes de la UE han de actuar a la vez como «moderadores/facilitadores» (analizando las necesidades locales y apoyando/promoviendo el diálogo entre las partes interesadas locales) y como «expertos» (compartiendo sus experiencias pasadas y aprovechando las lecciones aprendidas del trabajo de transición).

4.1.5

Un amplio sector de la sociedad en los países socios debe recibir un apoyo integral. En la actualidad, las instituciones gubernamentales, y en algunos casos las organizaciones de la sociedad civil (incluidos los interlocutores sociales), los jóvenes y los investigadores, son vistos como los principales grupos destinatarios de la ayuda de la UE. Los cambios relativos al desarrollo sostenible y a la democracia requieren un amplio apoyo y una estrecha cooperación con los «embajadores», «motores o gestores» o «rostros del cambio duradero» de la sociedad civil y sus líderes y redes, aunque también requiere ir más allá. Es necesario un apoyo universal, ampliamente accesible y muy visible para los socios y sus sociedades. La integración en la UE y las ayudas a los países vecinos no deben percibirse como una ganancia exclusiva para unos pocos privilegiados. Las mejoras visibles en ámbitos como la educación y la ciencia (incluyendo las reformas de la enseñanza y la formación profesional, las actividades dirigidas a la infancia, etc. (8)), una economía de bajas emisiones, las infraestructuras y los servicios públicos (incluidas las TIC, sanidad, zonas de juego, etc.), las oportunidades de trabajo decente y de empleo de calidad, la igualdad de género, el apoyo a los pueblos indígenas y a los pueblos social y económicamente vulnerables, los movimientos sociales y las condiciones que facilitan el desarrollo de las empresas (incluidos el refuerzo y la participación de los agentes sociales (9)), etc., fomentarán un cambio y un mayor consenso sobre una orientación proeuropea.

4.1.6

Por otra parte, en los países que presentan un déficit democrático es posible que la financiación concedida a las instituciones oficiales o a través de ellas no se gaste en objetivos sociales, sino en apoyar al régimen, y que a las organizaciones de la sociedad civil locales y que encarnan valores verdaderamente democráticos no se les dé la oportunidad de solicitarla. Indudablemente, el establecimiento del Fondo Europeo para la Democracia es un paso adelante importante y necesario desde hace largo tiempo. No obstante, tan diversos problemas no pueden resolverse solo con dicho Fondo. Parte de la solución estriba en confeccionar «un inventario exhaustivo de las organizaciones de la sociedad civil» y otros beneficiarios de ayudas presentes en la región (10). También es posible apoyar más las estructuras de la sociedad civil informales y de base; varios Estados miembros tienen experiencia financiación flexible de proyectos. Al mismo tiempo, la tasa de ayuda distribuida a través de la sociedad civil debe incrementarse, especialmente cuando se trate de regímenes autoritarios.

4.1.7

Conviene prestar también especial atención a las situaciones de transición en los países del Sur y el Este del Mediterráneo, donde se ciernen graves amenazas sobre la democracia, los derechos humanos y los derechos de las mujeres, así como a la necesidad de que la UE refuerce el apoyo que presta a la sociedad civil y a las organizaciones de mujeres.

4.1.8

En general, la UE tiene que realizar estudios pormenorizados y efectuar adaptaciones en función de las distintas capacidades de absorción y de las especificidades de los países socios.

4.1.9

La UE tiene que compartir su experiencia sobre la manera de brindar apoyo externo e interno para el desarrollo, incluida a la sociedad civil, una vez que se rebasan las primeras fases de la transición y se logra un relativo bienestar.

4.2.1

El crecimiento económico integrador y un mercado estable, junto con un mayor empleo y bienestar y una liberalización económica inteligente, deben desempeñar un papel clave en el desarrollo de las sociedades en transición (en consonancia con el concepto de «transformación económica» en los debates post-2015). Debe fomentarse un entorno seguro y acogedor para la inversión, protegido por acuerdos internacionales en marcos multilaterales como la OMC, la OCDE, etc.

4.2.2

La clave de la sostenibilidad es el Estado de Derecho, un sistema jurídico independiente que no pueda subvertirse por la corrupción o una dictadura. Las organizaciones independientes de la sociedad civil no pueden sufrir intimidación, siendo esenciales el acceso a la información, la protección social y las oportunidades de empleo decente, la cooperación científica y técnica, la eficiencia e independencia energéticas y la conservación del medio ambiente.

4.2.3

Se deben mejorar las condiciones comerciales y hacer un uso apropiado de acuerdos de libre comercio de alcance amplio y profundo, orientados a ir «más allá de las fronteras» para fomentar una aproximación cada vez mayor con las normas de la UE, los principios y los estándares en materia de reglamentaciones técnicas, así como su aplicación. Los socios de la UE deben tener como objetivo economías fuertes e integradoras que reduzcan progresivamente su dependencia de la ayuda exterior, siendo este otro ámbito donde es crucial intercambiar experiencias.

4.2.4

Debe darse prioridad al diálogo con empresas independientes y a la ayuda a las mismas (así como a los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil) a la hora de tratar con regímenes autoritarios. Debe garantizarse en todos los casos un papel más importante a las pymes como agentes de la sostenibilidad, la equidad y el desarrollo en la economía.Los consejos de inversores extranjeros u otros interlocutores de las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un papel adicional.

4.3.1

El CESE y otros organismos ya han señalado la necesidad de una cooperación estrecha y eficaz entre la UE, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en la agenda de desarrollo posterior a 2015.

4.3.2

La UE también ha de tener en cuenta otros acontecimientos recientes, entre ellos la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (una iniciativa de especial relevancia para el CESE y que refleja el principio de asociación mencionado). El impacto de la asociación transatlántica para el comercio y la inversión que se prevé crear, y de otros acuerdos semejantes, debe planificarse y evaluarse en relación con su efecto sobre la cooperación al desarrollo y la transición.

4.3.3

El papel y el potencial de la empresa privada a nivel mundial y los inversores extranjeros que comparten los valores de la UE deberían aprovecharse y apoyarse mejor, así como en cuanto al respeto de los derechos económicos y sociales fundamentales.

4.3.4

Debería programarse un estudio exhaustivo donde se examinen las mejores prácticas de las fundaciones y las organizaciones de la sociedad civil a nivel mundial y los instrumentos que utilizan en los países en transición.

6.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 67/11

1.1

El CESE valora positivamente la creación del Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria (EVHAC) o EU Aid Volunteers, entendiendo que puede servir para promover la participación de la ciudadanía europea en el ámbito humanitario, especialmente a través de las organizaciones de la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales (ONG) especializadas.

1.2

El EVHAC debe ser un instrumento para favorecer la incorporación de aquellos Estados miembros con menor tradición en las tareas humanitarias. A tal efecto el CESE propone que se considere la puesta en marcha de acciones específicas que potencien tanto la participación de personas voluntarias de eses países, como el fomento de las organizaciones sociales y humanitarias de los mismos.

1.3

Para promover el apoyo ciudadano a la acción humanitaria y al reconocimiento del rol del voluntariado, el CESE recomienda que se consideren también acciones de difusión y sensibilización sobre estos temas dirigidas hacia la población general.

1.4

El CESE comparte y asume lo expresado en el Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria sobre los objetivos y medios de la acción humanitaria y desea expresar su convicción de que la ayuda humanitaria incluye la protección de las víctimas de las crisis humanitarias y la salvaguarda de su dignidad y el respeto a sus derechos.

1.5

El CESE enfatiza ese concepto amplio de lo humanitario más allá de la mera prestación de asistencia, y recuerda el necesario respeto a los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia y a las normas jurídicas que rigen la acción humanitaria como algo esencial.

1.6

El CESE desea remarcar el carácter genuino de la acción voluntaria y los riesgos de la confusión con otro tipo de acciones de carácter laboral. En momentos de crisis económica como los actuales es este un aspecto especialmente relevante, tanto en el ámbito interior de la Unión, como en su acción exterior.

1.7

El CESE pone de manifiesto que la existencia de diversas legislaciones en materia de voluntariado en los diversos Estados miembros puede afectar negativamente a la iniciativa EU Aid Volunteers.

1.8

La incorporación de los voluntarios debe hacerse siempre sobre la base de las necesidades y tras un análisis y valoración de la situación y de las necesidades de las poblaciones afectadas por los desastres o las crisis complejas.

1.9

La propuesta de Reglamento (1) enfatiza la necesidad de establecer estándares para todos los pasos del proceso de participación de los voluntarios. El CESE comparte esta preocupación y sugiere que dichos estándares se basen en las buenas prácticas del sector humanitario y en las iniciativas de calidad ya existentes.

1.10

El voluntariado presta su colaboración a través de organizaciones sociales y, en menor medida, de instituciones públicas de carácter civil. La calidad de las instituciones es particularmente importante para el éxito del trabajo. El CESE comparte la necesidad de avanzar hacia mecanismos de certificación de las organizaciones que se basen en la experiencia y el acervo del sector humanitario. Los criterios de certificación deben ser también aplicables – aunque deban adaptarse - a las organizaciones receptoras de los países afectados.

1.11

El CESE quiere expresar su convicción de que el mecanismo de certificación debe construirse sobre la base de todas esas experiencias y que en su puesta en marcha debe incorporar los mayores criterios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidades, así como de rendición de cuentas. La iniciativa debe potenciar el que las ONG de países con menor tradición en la materia se incorporen a ella.

1.12

El CESE quiere expresar su convicción de que junto con la formación de carácter técnico profesional –evidentemente importante– debe incluirse y darse mayor importancia a la formación en valores, a la formación en el respeto a las poblaciones afectadas, a la dimensión intercultural, al respeto, a los aspectos psicosociales de la ayuda… en definitiva a muchas de las cuestiones que conforman el quehacer humanitario más allá de lo técnico.

1.13

Respecto a la participación de entidades empresariales que también cuentan con experiencias de voluntariado corporativo u otras, el CESE cree que es un tema que debe estudiarse en profundidad valorando también el papel de las pequeñas y medianas empresas.

2.1

Aunque el voluntariado y la acción voluntaria han formado parte del acervo comunitario, y desde hace décadas las instituciones europeas habían iniciado diversos proyectos y programas en este sentido, el Tratado de Funcionamiento de la UE solo incorpora una alusión específica al voluntariado en el artículo 214, apartado 5, dentro del apartado de ayuda humanitaria. En él se propone la creación de un Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria (EVHAC) para promover, se dice, la incorporación de los jóvenes europeos a la ayuda humanitaria.

2.2

Más allá de la sorpresa que produjo esta incorporación, por varios motivos –era la única referencia al voluntariado en el Tratado; el ámbito humanitario es tal vez uno de los más profesionalizados de la cooperación; no se incluían referencias al voluntariado en otros sectores en los que sí existía experiencia europea como la juventud, lo social, etcétera– el hecho es que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, las instituciones comunitarias han abordado la puesta en marcha de dicha iniciativa. Así, la Comisión inició diversos estudios sobre la factibilidad y posible impacto de la iniciativa y se han ido poniendo en marcha diversos proyectos con carácter piloto para extraer lecciones y concretar su aplicación (2). Entre los cambios que se han ido adoptando están el de pasar a denominarse iniciativa Aid Volunteers y el de haber avanzado en el proceso de discusión de un Reglamento que articule la puesta en marcha de la iniciativa.

2.3

El CESE desea recordar que el voluntariado ha formado siempre parte del quehacer de muchas organizaciones sociales europeas y que, por ello, dentro de los trabajos del CESE se ha ido prestando atención a su fomento, promoción, etcétera.

2.4

Al mismo tiempo, el CESE ha ido estableciendo posiciones a través de diversos dictámenes sobre aspectos de la cooperación para el desarrollo y la acción exterior de la Unión, poniendo especial énfasis en aquellos vinculados con su mandato: rol de la sociedad civil, derechos laborales y sociales, entre otros.

2.5

La ayuda humanitaria es uno de los componentes de la acción exterior de la Unión y es, precisamente, uno de los ámbitos en los que es más clara la participación y el protagonismo de la sociedad civil europea. Más del 47 % de la ayuda humanitaria de la Comisión Europea se canaliza a través de las ONG (3) y algo similar sucede en la mayor parte de los Estados miembros. Es, además, una de las políticas comunitarias que cuenta con más apoyo de la ciudadanía europea, tal como se refleja en los Eurobarómetros (4).

2.6

Desde el año 1996, con la aprobación del Reglamento (CE) no 1275/1996, la Comisión Europea cuenta con una base sólida para su trabajo humanitario que fue complementada mediante la adopción del Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria, suscrito en 2007 por las tres instituciones (el Consejo, la Comisión y el Parlamento) y que recoge el marco general de la política en materia de ayuda humanitaria. El texto define la visión común, los objetivos políticos y los principios de la ayuda humanitaria de la UE, y expone una visión de la UE que responde con una sola voz y con mayor eficacia a las necesidades humanitarias. Asimismo, define también el papel de los Estados miembros y de las instituciones comunes. Por último, el artículo 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece la ayuda humanitaria como política independiente.

2.7

El CESE comparte y asume lo expresado en el Consenso Europeo de Ayuda Humanitaria sobre que «el objetivo de la ayuda humanitaria de la UE es proporcionar una respuesta de emergencia basada en las necesidades y encaminada a salvar vidas, evitar o aliviar el sufrimiento humano y salvaguardar la dignidad humana dondequiera que surja la necesidad si los gobiernos y los agentes locales se encuentran excedidos, son incapaces de actuar o no están dispuestos a hacerlo. La ayuda humanitaria de la UE engloba operaciones de asistencia, socorro y protección destinadas a salvar y preservar vidas en las situaciones de crisis humanitaria o en el periodo inmediatamente posterior a éstas, pero también medidas dirigidas a facilitar o permitir el acceso a las personas necesitadas y la libre circulación de la ayuda. La ayuda humanitaria de la UE se proporciona en respuesta a catástrofes de origen humano (incluidas situaciones de emergencia complejas) y a catástrofes naturales, según se requiera» (5) El CESE valora muy positivamente las alusiones a la protección de las víctimas y a la salvaguarda de la dignidad humana, entendiendo que ello va más allá de la mera concepción asistencial de la ayuda.

2.8

Por ello, el CESE recalca que más allá de las definiciones del Derecho internacional humanitario, que definen derechos de las víctimas, o de los propios instrumentos jurídicos europeos citados más arriba, para algunas organizaciones humanitarias reconocidas, como Médicos Sin Fronteras, «La acción humanitaria es un gesto de sociedad civil a sociedad civil, de persona a persona, cuya finalidad es preservar la vida y aliviar el sufrimiento. A diferencia de otros tipos de ayuda, no aspira a transformar una sociedad sino a superar un periodo crítico. Su compromiso es con las personas, no con los Estados». El papel de la sociedad civil en materia humanitaria es fundamental.

2.9

El CESE desea remarcar que el concepto de ayuda humanitaria ha ido evolucionando en las últimas décadas e incorpora aspectos preventivos y de reducción del riesgo, de asistencia, de protección y de rehabilitación poscatástrofe o posbélica. La propia Unión Europea a través del Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria ha sido líder en esta materia. Al mismo tiempo, la ayuda humanitaria no solo se centra en la satisfacción de las necesidades sino que incorpora elementos del llamado «enfoque basado en derechos» y de búsqueda del restablecimiento de la dignidad de las personas. En esta concepción de enfoques basados en derechos humanos, el CESE puede aportar elementos singulares.

2.10

El CESE desea destacar también que el Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria o la iniciativa EU Aid volunteers pueden contribuir a incorporar a estas cuestiones a algunos Estados miembros con menor tradición pero con una gran potencialidad para aportar nuevas visiones, dinamismo y personas voluntarias. Esta debe ser una de las potencialidades de la iniciativa EU Aid Volunteers, promover la acción voluntaria en el ámbito humanitario de ciudadanos de toda la Unión Europea.

2.11

El CESE, por tanto, saluda la iniciativa EU Aid Volunteers y desea incorporar sus planteamientos al proceso de elaboración de un Reglamento sobre esta iniciativa, abordando, sobre todo, aquellos aspectos que entran con más fuerza en su misión y experiencia como organismo comunitario de consulta a la sociedad civil europea.

3.1

El CESE comparte las definiciones de voluntariado dadas en la propuesta de reglamentación y que se han incluido en otros dictámenes. El CESE desea remarcar el carácter genuino de la acción voluntaria y los riesgos de la confusión con otro tipo de acciones de carácter laboral. En momentos de crisis económica como los actuales es este un aspecto especialmente relevante, tanto en el ámbito interior de la Unión, como en su acción exterior. Por ello, el CESE propone evaluar en ciertos casos el posible impacto económico del voluntariado europeo en los países de destino.

3.2

El CESE desea recordar el tema de la necesidad de coherencia de las legislaciones sobre el voluntariado en la Unión Europea y, sobre todo, sobre la actuación internacional de los voluntarios. El CESE pone de manifiesto que la existencia de diversos marcos jurídicos en materia de voluntariado en los diversos Estados miembros puede afectar negativamente a la iniciativa EU Aid Volunteers (6).

3.3

Al mismo tiempo, el CESE está convencido de que una iniciativa como esta debe servir para potenciar la incorporación a cuestiones de voluntariado y ayuda humanitaria de los Estados miembros con menos tradición en la materia. La iniciativa deberá velar por posibilitar la participación de las organizaciones de esos países e impulsar la incorporación de voluntarios y voluntarias de toda la Unión en base a principios de igualdad de oportunidades. El CESE propone que se realicen acciones específicas para promover la participación tanto de las organizaciones como de los voluntarios de los Estados miembros con menor participación hasta ahora en tareas humanitarias.

3.4

Aunque en su origen la propuesta del TFUE restringía su labor a las cuestiones de ayuda humanitaria, de facto, una gran parte de los proyectos piloto financiados, y una buena parte de las tareas asignadas a los voluntarios se sitúan más en cuestiones de cooperación para el desarrollo, reducción de riesgos de desastres, rehabilitación y reconstrucción, mitigación, resiliencia… El CESE considera lógica esa adaptación y propone que se estudie cómo puede evolucionar en el futuro la acción voluntaria en la cooperación al desarrollo comunitaria.

3.5

Las labores de voluntariado en la ayuda humanitaria europea y, en general, en las acciones de cooperación al desarrollo deben ser coherentes con el resto de actuaciones de las instituciones comunitarias, complementarlas e integrarse en ellas. El CESE considera que el voluntariado puede ser útil para otras áreas de cooperación internacional para el desarrollo pero que su participación debe abordarse con criterios de prudencia, de «do no harm» o precaución, limitando los contextos en los que se movilizarían las personas voluntarias.

3.6

El CESE comparte, por tanto, el que el Parlamento Europeo haya limitado la posible participación de los voluntarios en contextos de conflicto, de amenazas para la seguridad o emergencia compleja. La seguridad de los beneficiarios, de los voluntarios y del personal en general, máxime en los escenarios en los que se desarrolla el trabajo humanitario, debe primar.

3.7

En ese sentido, el CESE propone avanzar en la definición de tipologías de proyectos más adecuados para la incorporación de voluntarios o, al menos, establecer con más rigor los tipos de acciones que no deberían ser objeto de la participación de voluntarios de la iniciativa. La acción humanitaria es muy amplia y diversa y debe buscarse, dentro de ella, aquellos contextos en los que el trabajo voluntario sea el más adecuado.

3.8

Asimismo, el CESE saluda el que se haya trascendido el planteamiento de voluntariado de jóvenes que emanaba del Tratado por uno más realista que aborde las diversas tipologías de voluntariado, sus capacidades requeridas, los valores diferenciales, etc. El CESE cree que debe trabajarse para conseguir un adecuado equilibrio de género en el proyecto.

4.1

Las instituciones comunitarias han planteado un enfoque prudente para llevar a la práctica la iniciativa EU Aid Volunteers. La evaluación de los proyectos piloto e iniciativas llevadas a cabo hasta la fecha debería ser fundamental para plantear y asumir algunos de los retos de futuro. Los resultados de estas evaluaciones deberían compartirse con todas las partes interesadas, y debatirse las lecciones aprendidas.

4.2

La incorporación de los voluntarios debe hacerse siempre sobre la base de las necesidades y demandas y tras un análisis y valoración de la situación y de las necesidades de las poblaciones afectadas por los desastres o las crisis complejas. La vinculación con los mecanismos de coordinación tanto a escala europea (Cohafa, mecanismos de la DG ECHO…) como internacional a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es fundamental.

4.3

Asimismo, deberían establecerse mecanismos claros con las redes especializadas en el sector humanitario (por el momento) como la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, VOICE (Organizaciones Voluntarias para la Cooperación en Situaciones de Emergencia) o el Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias (ICVA), entre otros.

4.4

La propuesta de Reglamento enfatiza la necesidad de establecer estándares para todos los pasos de la movilización de voluntarios a países terceros. El CESE comparte esta preocupación y sugiere que dichos estándares se basen en las buenas prácticas del sector humanitario y en las iniciativas de calidad relevantes ya existentes (7).

4.5

Dentro de estos estándares debe concederse una especial importancia a las cuestiones de seguridad y de aseguramiento de unas condiciones suficientes que permitan el desarrollo de la actividad de los voluntarios y su valor añadido en los proyectos humanitarios.

4.6

El voluntariado presta su colaboración a través de organizaciones sociales y, en menor medida, de instituciones públicas de carácter civil. La calidad de las instituciones es particularmente importante para el éxito de las actividades. El CESE comparte la necesidad de avanzar hacia mecanismos de certificación de las organizaciones que se basen en la experiencia y el acervo del sector humanitario. Así, el CESE propone analizar y valorar la experiencia aquilatada por la DG ECHO en torno a los contratos marco de asociación con las organizaciones no gubernamentales y con las agencias de la ONU (8).

4.7

El CESE quiere expresar su convicción de que el mecanismo de certificación debe construirse sobre la base de todas esas experiencias y que en su puesta en marcha debe incorporar los mayores criterios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de oportunidades, sí como de rendición de cuentas. La iniciativa debe potenciar el que las ONG de países con menor tradición en la materia se incorporen a ella. A tal efecto, el CESE propone que se diseñen acciones específicas que difundan la iniciativa EU Aid Volunteers y la acción humanitaria, en general en esos Estados miembros.

4.8

Los criterios de certificación deben ser también aplicables –aunque deban adaptarse– a las organizaciones receptoras de los países afectados. Las acciones de refuerzo de las capacidades de las organizaciones receptoras deben ser una prioridad y contar con el apoyo técnico, logístico y financiero del proyecto. La iniciativa puede ser un instrumento para apoyar a los socios del Sur y contribuir al fortalecimiento de las sociedades receptoras. El CESE ha sido especialmente sensible a este tema y ha aprobado diversos dictámenes en la materia (9).

4.9

El CESE enfatiza el carácter civil que deben tener las instituciones que envíen y acojan a los voluntarios como modo de garantizar el mantenimiento de los principios y valores humanitarios, así como su aceptación por parte de las comunidades afectadas.

4.10

Respecto a la participación de entidades empresariales que también cuentan con experiencias de voluntariado corporativo u otras, el CESE cree que es un tema que debe estudiarse en profundidad a fin de proponer algunos mecanismos para esta participación. En cualquier caso, el CESE considera que debe impulsarse también el rol de las pequeñas y medianas empresas y no solo, como en ocasiones ha sucedido, de las grandes corporaciones que cuentan con departamentos de RSC (responsabilidad social corporativa) o similar.

4.11

La formación de los candidatos a participar en la iniciativa EU Aid Volunteers es esencial para garantizar el buen desarrollo de las acciones. El CESE quiere expresar su convicción de que junto con la formación de carácter técnico profesional –evidentemente importante– debe incluirse y darse mayor importancia a la formación en valores, a la formación en el respeto a las poblaciones afectadas, a la dimensión intercultural, al respeto, a los aspectos psicosociales de la ayuda… en definitiva a muchas de las cuestiones que conforman el quehacer humanitario más allá de lo técnico. Si algo distingue la acción humanitaria es precisamente ese énfasis en principios y valores que debe ser esencial en la formación de los voluntarios.

4.12

Por ello, debe contarse con las entidades que ya tienen experiencia en la materia en los diversos Estados miembros y con las redes de formación de alcance europeo, no solo las de carácter universitario sino aquellas que surgen de instituciones no lucrativas. La valoración de las acciones de formación que se han incluido en los proyectos piloto ya realizados debe ser considerada especialmente. El CESE anima a que se recojan cuanto antes las buenas prácticas en la materia de modo que sirvan como valores de referencia (benchmarks) para propuestas futuras.

4.13

La propuesta de Reglamento considera la creación de una base de datos en la que puedan incluirse los voluntarios potenciales y que serían posteriormente movilizados a través de las organizaciones acreditadas o, eventualmente, los servicios de la Comisión. El CESE quiere llamar la atención sobre el hecho de que la incorporación de un voluntario a una organización no depende solo de los requisitos técnicos sino de una cierta afinidad en materia de valores comunes, aceptación de los mandatos y de la misión de la institución, entre otros. Por ello, sea cual sea la modalidad final de la base de datos de voluntarios que establezca la Comisión Europea, el CESE expresa su convicción de que este aspecto debe tenerse en cuenta.

4.14

La puesta en marcha de la iniciativa EU Aid volunteers supone una oportunidad para ampliar las acciones de sensibilización y de educación de la ciudadanía europea sobre la solidaridad, la necesidad de mantener flujos de ayuda incluso en tiempos de crisis y la promoción de los valores universales. Más allá de la mera «visibilidad» de las acciones, el CESE quiere manifestar, como lo ha hecho en otros dictámenes, la necesidad de estrechar los lazos con la ciudadanía. Y en esa tarea las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas representadas en el CESE, tienen un papel fundamental. El CESE apoya el que estas acciones de difusión pública se focalizaran en aquellos Estados miembros con menor tradición hasta la fecha en materia humanitaria.

6.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 67/16

1.1

El CESE señala que, en los últimos diez años, se han dado pasos muy importantes en la UE dirigidos a la equiparación de derechos, libertades y garantías vinculadas al estatuto de ciudadanía europea, reforzando el criterio de residencia en relación con el de la nacionalidad. La ciudadanía europea está evolucionando hacia una ciudadanía de residencia, vinculada a la Carta de los Derechos Fundamentales y a los valores y principios del Tratado (TFUE).

1.2

El Comité considera que es el momento de hacer una evaluación y analizar cuáles son las tareas inacabadas y los obstáculos que todavía persisten para que una ciudadanía europea más inclusiva, participativa y cívica esté abierta a la incorporación de todas las personas que residan de manera estable.

1.3

Los europeos del siglo XXI tenemos que afrontar un gran desafío: ampliar las bases de nuestras democracias, incluyendo a nuevos ciudadanos que sean iguales en derechos y en obligaciones, para lo cual el derecho a la nacionalidad de los Estados miembros y a la ciudadanía europea debe incluir a todas las personas de origen inmigrante, que aportan una gran diversidad nacional, étnica, religiosa y cultural. El Comité considera que las democracias europeas son sociedades libres y abiertas, y deben estar basadas en la inclusión de todos los ciudadanos, sean cuales fueran sus orígenes y referentes.

1.4

El CESE propone que se abra una reflexión sobre si las actuales bases normativas y políticas en las que se basa la política europea de inmigración, ciudadanía e integración son suficientes para las sociedades europeas de hoy, que son cada vez más plurales y muy ricas en diversidad.

1.5

La crisis económica ha desplazado de la agenda política la protección de los derechos fundamentales, la integración y la lucha contra la discriminación. El CESE advierte de los riesgos del aumento de la intolerancia, el racismo y la xenofobia contra los inmigrantes y las minorías. Es preciso que los responsables políticos, los dirigentes sociales y los medios de comunicación actúen con una alta responsabilidad y con una gran pedagogía política y social para prevenir estas conductas, y que las instituciones de la UE actúen con decisión en la protección de los derechos fundamentales.

1.6

El Comité quiere enviar un mensaje claro frente a quienes, desde un nacionalismo excluyente, definen la identidad nacional y la identidad europea de tal manera que deje fuera de los derechos de ciudadanía a millones de personas, con un estatuto jurídico débil, a causa de su origen nacional. Se debe mejorar la calidad de la democracia en Europa ampliando el acceso a la nacionalidad de los Estados miembros y a la ciudadanía europea.

1.7

Puesto que muchos Estados miembros tienen legislaciones restrictivas en lo relativo al acceso de la nacionalidad, el CESE recomienda que adopten legislaciones y procedimientos administrativos más flexibles, para que los nacionales de terceros países que tengan el estatuto de residencia de larga duración (1) puedan acceder a la nacionalidad.

1.8

El Comité anima a los Estados miembros a suscribir convenios con los países de origen de los inmigrantes para que estos puedan tener la doble nacionalidad.

1.9

Los Estados Miembros deben firmar y ratificar el Convenio Europeo sobre Nacionalidad de 1997 y el Convenio sobre la participación de extranjeros en la vida pública a nivel local de 1992, y respetar los principios de proporcionalidad, tutela judicial efectiva y no discriminación en sus políticas de acceso y pérdida de nacionalidad.

1.10

El CESE toma nota de las barreras que varios Estados Miembros mantienen para los derechos políticos: de voto, de asociación, de participación política; y recomienda que modifiquen sus legislaciones para que los nacionales de terceros países que residan de manera estable dispongan de los derechos políticos.

1.11

El Comité propone a la Unión Europea que, en el futuro, cuando se abra un nuevo proceso de reforma del Tratado (TFUE), modifique el artículo 20 para que también sean ciudadanos de la Unión las personas que, siendo nacionales de terceros países, residan de manera estable en la UE y dispongan del Estatuto de residencia de larga duración.

1.12

El criterio de la residencia de las personas debe ser utilizado para obtener la ciudadanía de la Unión. Tal como el CESE indicó en otro dictamen anterior (2), en el Derecho europeo la residencia constituye ya un criterio de atribución de diversos derechos y libertades económicas, sociales, culturales y civiles para los nacionales de terceros países. Muchos de estos derechos son de naturaleza parecida a la ciudadanía europea. Pero en la actualidad se excluyen algunos derechos políticos, como el voto. El CESE desea reiterar que «la residencia legal estable debe ser también un procedimiento para acceder a la ciudadanía de la Unión Europea» (3).

1.13

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE tiene carácter vinculante y crea un nuevo marco para las políticas europeas de inmigración, integración y ciudadanía. La Comisión debe analizar la manera en que la Carta afecta al estatuto y a los derechos de los nacionales de terceros países, para que ponga en marcha nuevas iniciativas que adapten la legislación de inmigración a las garantías de la Carta.

1.14

La Carta establece las bases generales de un nuevo concepto de ciudadanía cívica (conjunto común de derechos y obligaciones básicos) para los nacionales de terceros países. El Comité propone que el desarrollo de esta ciudadanía cívica debe ser una de las prioridades del nuevo programa político que suceda al Programa de Estocolmo a partir de 2014.

1.15

La UE debe adoptar un Código de la inmigración que aporte mayor transparencia y claridad jurídica sobre los derechos y libertades de los nacionales de terceros países que residen en la UE. El Comité considera que la legislación europea de inmigración debe garantizar la igualdad de trato y el principio de no discriminación.

1.16

La Comisión debe evaluar los problemas que persisten en la práctica en los Estados miembros para la protección de los derechos fundamentales de los nacionales de terceros países, especialmente en lo relativo a los derechos sociales, a la movilidad y al acceso a la tutela judicial efectiva.

1.17

La Comisión debe investigar los obstáculos que mantienen algunos Estados miembros para la aplicación del estatuto de larga duración, y de la Tarjeta azul (4), y concluir de manera efectiva los procedimientos de infracción contra aquellos Estados Miembros que incumplen la normativa comunitaria.

1.18

En el marco de la agenda de la integración, la Comisión debe realizar una evaluación de los procedimientos y obstáculos que tienen los Estados miembros para la adquisición y pérdida de la nacionalidad, y su impacto en la ciudadanía de la Unión.

1.19

El Comité solicita a la Comisión Europea que elabore un informe sobre la situación de los debates en la UE en relación con el Convenio de las Naciones Unidas sobre la protección de los trabajadores migrantes y sus familias (5). La Comisión debe preparar las condiciones de su ratificación.

2.1

El año 2013 ha sido proclamado como «Año Europeo de los Ciudadanos». La ciudadanía de la Unión constituye uno de los instrumentos más eficaces para forjar una identidad común de todos los europeos. El Comité considera de gran actualidad la filosofía política que ya estaba en los origines de la UE, cuando Jean Monnet dijo que «no coaligamos Estados, sino que unimos hombres».

2.2

La ciudadanía europea no es un concepto vacío de contenido, sino que representa un estatuto jurídico y político concreto compuesto por derechos y libertades. La democracia, la libertad, el Estado de Derecho, la igualdad y los derechos humanos son los valores fundamentales de la Unión, conforme al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.

2.3

El CESE considera que, en momentos tan difíciles como los actuales, con la grave crisis económica, social y política que asola Europa, es necesario poner en marcha estrategias innovadoras para promover una ciudadanía más abierta e inclusiva y reforzar la confianza de todas las personas que residen en la Unión Europea.

2.4

La Comisión Europea ha publicado el segundo informe sobre ciudadanía europea Ciudadanos europeos: tus derechos, tu futuro, en el que se analizan algunas de las barreras y los problemas existentes. El CESE da la bienvenida al informe de la Comisión, pero señala la falta de una acción política relativa a los nacionales de terceros países que tienen derechos y libertades europeas similares, pero no la ciudadanía plena.

2.5

El Comité está poniendo en marcha numerosas iniciativas para promover una ciudadanía europea más activa, pero llama la atención sobre la gravedad del problema que supone que muchos jóvenes, que son descendientes de inmigrantes de segunda o tercera generación, padecen graves situaciones de discriminación y de exclusión que debilita notablemente el sentido de pertenencia a una sociedad que los considera «ciudadanos de segunda clase».

3.1

El CESE propuso ya hace 10 años que la integración fuera una parte fundamental de la política común de inmigración y reclamó la puesta en marcha de una agenda europea. El Consejo aprobó en 2004 los Principios básicos comunes para la integración, entre los que se incluye: «El acceso de los inmigrantes a las instituciones y a los bienes y servicios tanto públicos como privados, en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales y sin discriminaciones es un requisito esencial para una mejor integración». Y «La participación de los inmigrantes en el proceso democrático y en la formulación de las políticas y medidas de integración, especialmente a escala local, favorece su integración».

3.2

La Comisión Europea, en colaboración con el CESE, está desarrollando la agenda europea de la integración e impulsando numerosas actividades de apoyo a los Estados miembros. El CESE y la Comisión han puesto en marcha el Foro Europeo de la Integración (6) para facilitar la participación de los inmigrantes y de las organizaciones de la sociedad civil.

3.3

El Comité ha contribuido a la agenda de la integración mediante la elaboración de diversos dictámenes (7).

3.4

El Foro ha analizado la importancia que para la integración tiene la participación de los inmigrantes en el proceso democrático y ha considerado que aquellos Estados miembros que facilitan el acceso a los derechos de ciudadanía a los inmigrantes mejoran la integración. Por eso el Comité recomienda a los Estados miembros que, en el marco de sus legislaciones nacionales, adopten legislaciones más flexibles para que los nacionales de terceros países que tengan el estatuto de residencia de larga duración puedan acceder a la nacionalidad.

3.5

El Comité aprecia que los sindicatos, las patronales y las ONG tengan una actitud integradora y faciliten la participación de los inmigrantes en la vida democrática de sus organizaciones. La sociedad civil se dirige a los nacionales de terceros países para que sean miembros activos de las organizaciones.

3.6

La integración es un proceso social bidireccional de adaptación mutua entre los inmigrantes y la sociedad de acogida, que se debe apoyar a través de una buena gobernanza en la Unión Europea, a nivel nacional, regional y local. Un enfoque común europeo tiene un gran valor añadido, pues vincula la integración con los valores y principios del Tratado, con la igualdad de trato y la no discriminación, con la Carta de los Derechos Fundamentales, con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y con la Agenda Europa 2020.

3.7

La legislación europea de inmigración debe garantizar la igualdad de trato y el principio de no discriminación. A este respecto, conviene mencionar la cuestión de los derechos y posibilidades en materia lingüística y de culto. El Comité considera que es una iniciativa muy positiva la que ha adoptado la Comisión proponiendo una Directiva (8) para facilitar el ejercicio de los derechos de los trabajadores europeos en el marco de la libre circulación.

3.8

Pero el CESE ha propuesto que todas las personas que residan en la UE deben recibir un trato justo, independientemente de su estatuto migratorio o nacionalidad, para lo que se deben superar algunas de las limitaciones que actualmente tiene el estatuto de ciudadanía de la Unión.

4.1

El Comité quiere actualizar la reflexión sobre la naturaleza de la ciudadanía europea en lo que se refiere a las personas que son nacionales de terceros países que residen legalmente y de manera estable en la UE. Es necesario volver al enfoque originariamente establecido en las conclusiones del Consejo de Tampere (9). El trato justo e igualitario entre los ciudadanos europeos y los nacionales de terceros países definido en Tampere (10) sigue constituyendo una de las prioridades políticas, pues los objetivos no se han alcanzado tras los catorce años de desarrollo de la política común de inmigración.

4.2

Corresponde a los Estados miembros otorgar la nacionalidad sobre la base de su propia legislación, pues el Tratado en la actualidad no otorga a la UE ninguna competencia de armonización legislativa, siendo por lo tanto un asunto de soberanía nacional.

4.3

Pero en todos los Estados miembros las organizaciones de inmigrantes, los sindicatos y las ONG desarrollan iniciativas y debates para reducir los plazos, flexibilizar los procedimientos de naturalización y acceso a la nacionalidad para los inmigrantes y facilitar la integración, teniendo en cuenta que no son integradores ni la sociedad y ni el Estado que excluyen de la igualdad de trato y de los derechos de participación a las personas que residen de manera estable.

4.4

El concepto de ciudadanía europea está firmemente anclado en los Tratados, en el Derecho comunitario y en la Carta de Derechos Fundamentales. El Tratado (TFUE), y en particular su artículo 20, dice que «será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla». La nacionalidad, tal y como se determina su adquisición y pérdida en cada ordenamiento legislativo nacional, constituye de esta manera «la llave maestra» para tener acceso a la ciudadanía de la UE (11).

4.5

El vínculo estrecho entre el estatuto de ciudadanía europea y la nacionalidad de los Estados miembros ha sido objeto de numerosos debates y críticas desde la instauración de la ciudadanía europea en 1992 con el Tratado de Maastricht. Dicho nexo implica, en principio, la exclusión formal de la ciudadanía de la Unión a los nacionales de terceros países con residencia legal en la UE, por lo que estas personas han permanecido «invisibles» en los debates europeos sobre la ciudadanía, y en la participación en la política y en la vida democrática.

4.6

Una lectura restringida de la ciudadanía de la Unión es aquella que afirma que hay un grupo homogéneo y claramente identificable de personas denominadas ciudadanos europeos y otro de personas calificadas como nacionales de terceros países que no son considerados como ciudadanos de Europa.

4.7

¿Pero quiénes son esos «ciudadanos» europeos? ¿Es adecuado limitar el ámbito personal de la ciudadanía de la Unión a aquellas personas que cuentan con la nacionalidad de los Estados miembros? ¿Tienen ya los nacionales de terceros países algunos derechos y libertades similares y comparables a los ciudadanos europeos? ¿Cuáles son las limitaciones y los desafíos actuales de la ciudadanía de la Unión? ¿Cuál es el papel de la participación política y el derecho a voto en este contexto? ¿Por qué muchos jóvenes descendientes de inmigrantes siguen siendo «ciudadanos de segunda clase»? Si la participación de los inmigrantes en el proceso democrático facilita su integración, ¿por qué están excluidos?

4.8

Hasta el presente, han sido los Estados miembros los que de manera indirecta han decidido quiénes son o no ciudadanos de la Unión. Esto debe cambiar para que la ciudadanía de la Unión sea el corazón de la integración europea.

5.1

La Carta de los Derechos Fundamentales establece las bases generales de un nuevo concepto de ciudadanía cívica, inclusiva y participativa que el Comité considera necesario desarrollar.

5.2

La Comisión ha indicado que la Carta de los Derechos Fundamentales es la referencia para el desarrollo del concepto de «ciudadanía cívica» para los nacionales de terceros países (con un conjunto común de derechos y obligaciones básicos).

5.3

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE tiene un carácter vinculante con un valor jurídico similar a los Tratados. La Carta ha transformado y consolidado los componentes del estatuto de ciudadanía de la Unión. Su ámbito personal de aplicación incluye tanto a los ciudadanos europeos como a los nacionales de terceros países. El título V está dedicado a «los derechos de los ciudadanos», pero incluso aquí el artículo 41 (derecho fundamental a la buena gobernanza o administración) y el artículo 45.2 (derecho fundamental a la libre circulación y residencia) incluyen también a nacionales de terceros países.

5.4

El CESE pone de manifiesto que el resto de las disposiciones de la Carta se aplican a todas las personas independientemente de su nacionalidad. La Carta limita la discrecionalidad de los Estados miembros en lo que se refiere a cuestiones relacionadas con la seguridad de residencia, reunificación familiar, expulsión e incluso adquisición y pérdida de la nacionalidad. Uno de los aspectos fundamentales es el capítulo VI sobre justicia, que incluye el derecho a una justicia efectiva y a la tutela judicial efectiva en caso de que algunos derechos fundamentales y de ciudadanía hayan sido violados.

5.5

El CESE considera que la combinación entre la ciudadanía de la Unión y la Carta puede tener efectos profundos a la hora de ampliar el ámbito personal del estatuto de ciudadanía europea. Uno de los mayores desafíos pendientes es asegurar un acceso a la tutela judicial efectiva de los nacionales de terceros países cuyos derechos y libertades fundamentales hayan sido sometidos a derogaciones o violaciones por parte de los Estados miembros y sus autoridades en el ámbito del Derecho europeo (12).

5.6

Durante los trabajos preparatorios de la Convención Europea, el CESE adoptó una Resolución en la que propuso «… Es necesario mejorar las políticas de integración de los inmigrantes. El Comité solicita que la Convención estudie la posibilidad de conceder la ciudadanía de la Unión a los nacionales de terceros países que tengan el estatuto de residentes de larga duración…» (13).

5.7

En su Comunicación sobre una política comunitaria de migración (14), la Comisión estableció el objetivo de desarrollar un marco legislativo europeo para la admisión y residencia de nacionales de terceros países y un estatuto jurídico común que se basaría en el principio de proporcionar derechos y responsabilidades sobre una base de igualdad con los ciudadanos europeos, pero diferenciados en función de la duración de la estancia.

5.8

El permitir a los emigrantes adquirir la ciudadanía una vez transcurrido un período mínimo de cinco años podría ser una garantía suficiente para que muchos emigrantes se establezcan con éxito en la sociedad, o podría ser un primer paso hacia la adquisición de la nacionalidad del Estado miembro.

5.9

El CESE, en su dictamen sobre Incorporación a la ciudadanía de la Unión Europea, indicó que la noción extensa de la ciudadanía europea se correspondía con la adoptada por la Comisión Europea bajo la denominación de «ciudadanía cívica».

5.10

El CESE ha respaldado que una «ciudadanía cívica» a nivel europeo debería entenderse como una «ciudadanía participativa e inclusiva» para todas las personas que residan de manera estable en el territorio de la Unión, y donde el principio de igualdad de todas las personas ante la ley sea uno de los ejes centrales. El CESE ya señaló en su dictamen sobre Incorporación a la ciudadanía de la Unión Europea que, de esta manera, se alcanzaría «un compromiso de un trato equitativo en orden a promover y facilitar la integración cívica de los nacionales de terceros países establecidos de manera estable y regular en alguno de los Estados miembros de la Unión Europea (igualdad ante la Ley)» y se conseguiría hacer frente a la discriminación actual que padecen los ciudadanos de terceros países.

6.1

Durante la última década, Europa ha puesto en marcha políticas, ha adoptado legislaciones y ha dictado jurisprudencia que son muy relevantes tanto para la ciudadanía de la Unión como para el estatuto de los nacionales de terceros países. Estos procesos han supuesto una expansión gradual de derechos, libertades y garantías propias de la ciudadanía Europea, sobre la base de la residencia. El CESE considera, sin embargo, que dicha expansión está incompleta, cuenta con demasiadas limitaciones.

6.2

Uno de los pasos más importantes en el ámbito legislativo ha sido la adopción de la Directiva sobre la ciudadanía 2004/38, que ha armonizado en un solo instrumento jurídico el anteriormente disperso y fragmentado marco normativo europeo sobre libre circulación y residencia. La UE ha sido particularmente activa en el reconocimiento de derechos y disposiciones antidiscriminación para los nacionales de terceros países que son familiares de ciudadanos europeos. La Directiva reconoce expresamente, para esos familiares que son nacionales de terceros países, diversos derechos y libertades que son de naturaleza muy similar a los conferidos a los ciudadanos europeos.

6.2.1

El CESE comparte la opinión de la Comisión, que ha señalado que uno de los desafíos más importantes es hacer accesibles los derechos previstos en la Directiva a todas las personas en la vida cotidiana, eliminando algunas malas prácticas nacionales, así como ofrecer una tutela judicial efectiva a aquellos cuyas libertades de ciudadanía hayan sido vulneradas.

6.2.2

Mientras que estos «derechos de ciudadanía» emanan directamente de la relación familiar, su acceso solo puede ser activado en el momento en el que los ciudadanos europeos y sus familiares ejercen la libre circulación o emigran a un segundo Estado miembro. El acto de movilidad intraeuropea sigue siendo una de las condiciones para que tenga lugar la protección conferida por la ciudadanía europea a los familiares (15). La Directiva también reconoce un derecho de residencia permanente a dichos familiares tras un período de residencia de cinco años.

6.2.3

Sin embargo, el CESE considera que las autoridades nacionales mantienen todavía legislaciones y prácticas que obstaculizan la libertad de circulación y de residencia de los familiares de los ciudadanos europeos. Igualmente persisten situaciones de discriminación inversa sufrida por familiares extranjeros de ciudadanos europeos, que deben ser solucionadas (16).

6.3

El Tribunal de Justicia de la UE ha sido muy activo y ha desempeñado un papel positivo para proteger e interpretar de manera proactiva los contornos normativos y los derechos individuales de la ciudadanía europea (17). El TJUE ha afirmado que la ciudadanía europea está destinada a ser el estatuto fundamental de los ciudadanos europeos (18).

6.3.1

El CESE da la bienvenida a la jurisprudencia que ha emanado del Tribunal de Luxemburgo sobre ciudadanía y señala que, con la adopción de la Directiva, se incorporó la mayor parte de la jurisprudencia del TJUE, ya que recopiló sus sentencias más relevantes en los asuntos relacionados con la libre circulación y la ciudadanía europea aparecidas hasta el 2004.

6.3.2

El TJUE ha desarrollado también una jurisprudencia amplia sobre los principios generales del Derecho europeo (19), como los relativos a la proporcionalidad y a la no discriminación, que son de aplicación a todas las personas independientemente de su nacionalidad o estatuto migratorio, que estén afectadas por acciones o por el Derecho de la Unión. La jurisprudencia ha alcanzado incluso a las competencias de los Estados miembros sobre cuestiones de adquisición y pérdida de la nacionalidad, y sus implicaciones sobre la ciudadanía europea y los derechos ligados a esta.

6.3.3

El Tribunal ha señalado en reiteradas ocasiones que, en el ejercicio de sus competencias sobre temas de nacionalidad, los Estados miembros tienen la obligación de prestar especial atención a las consecuencias de sus legislaciones y decisiones en el marco del Derecho europeo de ciudadanía y libre circulación, en particular, el ejercicio pleno de los derechos y libertades inherentes a la ciudadanía de la Unión (20).

6.4

Desde el año 2003 está en vigor un paquete de derecho europeo sobre inmigración, con instrumentos jurídicos relativos a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países, que ofrecen derechos y garantías, algunos de los cuales son similares a los proporcionados por la ciudadanía europea. La Directiva 2003/109  (21) relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración ha establecido un estatuto jurídico común para los nacionales de terceros países que residan legal e ininterrumpidamente en el territorio de un Estado miembro durante un período de cinco años.

6.4.1

El CESE destaca que la filosofía de la Directiva era la aproximación del estatuto entre los ciudadanos europeos y los nacionales de terceros países que son residentes de larga duración, así como la protección de su seguridad de residencia en la Unión. Sin embargo, el estatuto común no ofrece todavía una igualdad y ciudadanía plena a estas personas, sino que es una «cuasi igualdad» o «cuasi ciudadanía de tercer rango» sometida a un número de condiciones (22). Tal y como la Comisión Europea señaló en su informe sobre la aplicación de la Directiva (23), mientras que el artículo 11 de la Directiva prevé una «cuasi igualdad de trato» entre los residentes de larga duración y los nacionales, existe una falta de información grave en cuanto a la manera en la que se aplica, lo cual provoca problemas en su puesta en práctica efectiva.

6.4.2

Por otro lado, la Directiva prevé, como uno de los aspectos de su valor añadido, la posibilidad de ejercer la «libre circulación» o movilidad a un segundo Estado miembro y obtener un trato «cuasi igualitario». La inclusión de una dimensión de movilidad intraeuropea o libre circulación nos recuerda el mismo modelo de ciudadanía de la Unión que siguió el Derecho europeo de ciudadanía para fomentar la movilidad intraeuropea.

6.5

Otras directivas pertenecientes al derecho europeo de inmigración también incluyen un enfoque y dimensión de «movilidad intraeuropea» similar a la del estatuto de larga duración, para mejorar el atractivo de los mercados laborales europeos, como la Directiva 2009/50 sobre la Tarjeta azul para inmigrantes altamente cualificados.

6.6

Sin embargo, el CESE considera que, debido a una aplicación defectuosa de las Directivas por algunos Estados Miembros, las condiciones y criterios aplicables a los nacionales de terceros países y sus familias para residir y trabajar en un segundo Estado miembro diferente al que les concedió el permiso europeo están lejos de ser equiparables a la libertad de circulación transfronteriza de los ciudadanos europeos.

6.7

Además, el carácter fragmentado y sectorial del marco legislativo en materia de inmigración legal no favorece una igualdad de trato y un marco uniforme de derechos para los nacionales de terceros países que residen y quieren ejercer la libre circulación dentro de la UE (24).

7.1

El Comité he propuesto en otros dictámenes que se debe mejorar el diálogo político y social con los países de origen de los inmigrantes que vienen a Europa. El CESE acoge favorablemente que se hayan suscrito diversos acuerdos.

7.2

Este diálogo debe incluir también los derechos de ciudadanía. El Comité considera que los acuerdos entre Estados que permiten la doble nacionalidad son muy positivos para que los nacionales de terceros países puedan disponer de los derechos civiles, sociales y políticos.

7.3

Pero algunos Estados miembros condicionan los derechos políticos a la reciprocidad. El Comité señala que, aunque es un instrumento positivo, en algunos casos supone una limitación para los derechos de las personas cuando los países de origen no comparten el criterio de reciprocidad.

7.4

El CESE desea que la política exterior de la UE se comprometa a fondo con el impulso de una gobernanza mundial de las migraciones internacionales en el marco de las Naciones Unidas, sobre la base, entre otros instrumentos jurídicos internacionales de aplicación, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares (el Comité ha propuesto (25) a la UE su ratificación), el Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y los Convenios de la OIT.

6.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 67/23

1.1

La obsolescencia programada está vinculada al modelo de producción industrial que necesita una tasa mínima de renovación de sus productos. Aunque esta renovación de los productos puede parecer necesaria, hay que luchar contra algunos abusos. El Comité Económico y Social Europeo establece una clara distinción entre la presencia de defectos calculada deliberadamente y la aceleración de nuestros patrones de consumo. Aunque cabe cuestionar las prácticas de comercialización orientadas a fomentar las innovaciones de peso aun cuando, a menudo, son meramente accesorias, en este dictamen se trata de controlar los casos más flagrantes y de reforzar las garantías para los consumidores. El objetivo consiste en ayudar a reforzar la confianza en nuestras empresas europeas. Las propuestas son de carácter técnico, comercial, normativo, educativo e informativo. Forman parte del marco estratégico para lograr un mejor equilibrio, que sea justo y leal, de la cadena de producción, distribución y consumo.

1.2

El CESE aboga por la prohibición total de los productos cuyos defectos se calculan para provocar el fin de la vida útil del aparato. Estos casos, contados pero flagrantes, como el repercutido por los medios de comunicación de determinadas impresoras concebidas para dejar de funcionar al cabo de un cierto número de utilizaciones, no pueden sino provocar en los ciudadanos desconfianza respecto de las empresas.

1.3

El CESE recomienda a las empresas que faciliten la reparación de sus productos. Ello deberá efectuarse en torno a tres ejes, siendo el primero la posibilidad técnica (por ejemplo, las tabletas electrónicas cuyas baterías están soldadas a la carcasa del aparato para evitar cualquier reparación y obligar a comprar una nueva). A continuación, deberá mantenerse la posibilidad de que los consumidores puedan aprovisionarse de piezas de recambio durante un periodo de cinco años a partir de la adquisición. Por último, al comprar el producto, se debería proporcionar un manual en el que se detallen las posibilidades de reparación y las instrucciones para realizarla. De manera más general, mediante su dictamen el CESE hace un llamamiento a apoyar más decididamente la faceta social y las empresas de reparación. La iniciativa orientada a mejorar la confianza entre la empresa y sus clientes debe considerarse más concretamente en función de las perspectivas de apoyo al empleo que esta pueda generar.

1.4

Excluyendo la opción de una normativa obligatoria, el CESE fomenta las iniciativas voluntarias de certificación. A modo de ejemplo, en el ámbito doméstico, la garantía de reaprovisionamiento de diez o veinte años era un argumento de venta convincente. Esta garantía podría convertirse en una norma europea aplicable a todos los productos consumidos en los 28 países de la Unión para no penalizar a las empresas europeas. De igual modo, los fabricantes podrían comprometerse a publicar datos sobre las averías más frecuentes, puesto que conocen las más recurrentes. Podrían almacenar únicamente esas piezas o comprometerse a fabricarlas por encargo o buscar proveedores de la marca que pudieran producirlas. Ello podría constituir un compromiso fuerte por parte de determinadas empresas de garantizar la fiabilidad de su producto y, más allá de su relación con el consumidor, se correspondería con la idea de certificación voluntaria como compromiso de facilitar aquello que sea necesario para el mantenimiento de los productos y lograr que duren.

1.5

El CESE anima a los Estados a tener en cuenta los parámetros de lucha contra la obsolescencia programada en el marco de su política de contratación pública. Dado el volumen de la contratación pública en los Estados miembros de la Unión Europea (16 % del PIB), incumbe a las autoridades públicas un papel importante, y estas, por otra parte, han de ser ejemplares.

1.6

El CESE considera que la mejora de la calidad y de la sostenibilidad de los productos manufacturados generaría empleos duraderos en Europa y debe, por tanto, fomentarse. Esta evolución, acompañada de las formaciones adecuadas, contribuiría a superar la crisis que afecta gravemente a los trabajadores europeos.

1.7

El CESE preconiza un etiquetado sobre la duración de vida o el número estimado de utilizaciones de los productos para que el consumidor pueda escoger en el momento de la adquisición con pleno conocimiento de causa. Aboga por experimentar voluntariamente con un etiquetado en el que figure el precio por año estimado en función de la vida útil para fomentar la adquisición de productos sostenibles. A continuación, la previsión de duración de vida que se anuncie debería controlarse para evitar abusos cuya víctima sería el consumidor. Así, el consumidor podrá adquirir productos más caros en el momento de la compra pero más amortizables con el tiempo. Ello incitará, ciertamente, a nuestras empresas a producir objetos más sostenibles. Este etiquetado debería centrarse en la información pertinente que necesita el consumidor y diferenciarse en función de las categorías de productos para evitar efectos de sobreinformación en algunos envases.

1.8

El CESE considera útil establecer un sistema que garantice una duración de vida mínima de los productos adquiridos. Actualmente no existen otras legislaciones sobre la duración de la vida de los productos ni normas europeas que permitan evaluarla. No obstante, empiezan a surgir iniciativas en el marco del etiquetado medioambiental. Las empresas que producen o comercializan un producto deben internalizar las externalidades correspondientes a la asunción de los costes de reciclaje de productos cuya duración de vida sea inferior a cinco años, especialmente si el producto contiene sustancias nocivas para el medio ambiente.

1.9

El CESE propone ampliar el dispositivo de garantías vinculado a la compra mediante una garantía mínima de funcionamiento, de manera que las reparaciones se hagan a cargo del fabricante.

1.10

El consumidor costea en gran medida la reducción de la duración de vida de los productos y las dificultades derivadas de las posibilidades limitadas de reparación. Es el principal afectado por las políticas de aquellas empresas, y de algunos distribuidores que intentan a veces vender ampliaciones de garantías a partir del primer año, aún cuando es obligatoria la garantía de dos años. A menudo, el consumidor parece poco informado en cuanto a sus derechos. Una mejor comunicación, en particular mediante páginas web y redes sociales, podría reforzar la concienciación de los consumidores. Un observatorio europeo de la obsolescencia programada permitiría a los consumidores disponer de una mejor visión de las prácticas así como orientar mejor sus decisiones.

1.11

La concienciación de los consumidores es un requisito previo para el uso adecuado y sostenible de los productos. Además, es importante informar debidamente a los consumidores sobre la duración mínima de la vida de los productos, lo cual es relevante a la hora de tomar decisiones de compra. En tal contexto, sería interesante que se emprendieran iniciativas y actividades comerciales o empresariales con carácter voluntario.

1.12

Al consumidor le asalta a menudo la impresión de tener que afrontar una auténtica jungla legislativa. Aunque existen muchas directivas sobre la obsolescencia programada (prácticas comerciales, residuos, etc.), el conjunto de los textos sobre esta materia parece poco coordinado y debería armonizarse en forma de paquete legislativo.

1.13

El CESE recomienda que los Estados miembros fomenten, sobre todo en la fase de educación, el consumo responsable, para que los consumidores tengan en cuenta el impacto sobre el medio ambiente desde el punto de vista del ciclo de vida del producto, la huella ecológica y la calidad de los productos. El Comité recomienda encarecidamente que los representantes de los consumidores participen más activamente en el debate en curso sobre esta cuestión importante y sensible, lo cual garantizará un enfoque más integral.

1.14

El CESE recomienda a la Comisión Europea que emprenda estudios sobre esta cuestión para aclarar las numerosas informaciones a menudo contradictorias que circulan. Ello permitirá ofrecer una visión objetiva del impacto, en particular económico y social, de la obsolescencia programada, no solo en cuanto a las ventajas que se le atribuyen en términos tanto de rotación de las ventas de productos como de empleo y balanza comercial.

1.15

El CESE propone organizar en 2014 una gran mesa redonda europea sobre este tema. Esta mesa redonda reunirá a todas las partes interesadas en este ámbito: fabricantes, agentes financieros, distribuidores, sindicatos, asociaciones de consumidores, ONG, agencias de normalización, expertos, etc. Además, debería ser multisectorial para no limitarse solo a algunos sectores industriales. Por último, deberá completarse con un foro abierto a los ciudadanos de la Unión Europea, todo ello desde una perspectiva de fomento de una participación pública lo más amplia posible, figurando las redes sociales entre los canales de participación que se ha de privilegiar.

1.16

Con carácter más general, el CESE recomienda acelerar la investigación y las realizaciones en torno a tres ejes que constituyen frenos a la obsolescencia programada:

1.17

Mediante el mensaje que emite a nivel europeo, el CESE expresa su deseo de entrar en una fase de transición económica para pasar de una sociedad de despilfarro a una sociedad sostenible y para que el crecimiento se oriente de tal modo que pueda responder a las necesidades de los consumidores desde una perspectiva ciudadana en lugar de considerarse un mero objetivo en sí mismo.

2.1

La obsolescencia programada es una cuestión preocupante por diversas razones: dado que disminuye la duración de la vida de los productos de consumo, hace que aumente el consumo de recursos así como la cantidad de residuos que hay que procesar al final de la vida de los productos. Multiforme, se emplea para estimular las ventas y sostener el crecimiento económico al crear necesidades incesantes y circunstancias deliberadas que impiden la reparación de los bienes de consumo.

2.2

Consecuencia: el despilfarro de los recursos y la contaminación aberrante que se generan son tales que la sociedad civil y algunos representantes políticos contrarios a estas prácticas se están organizando para poner de relieve y combatir las incoherencias del sistema (acciones colectivas o «class actions» en Estados Unidos contra Apple, denuncia presentada en Brasil, proyecto de ley en Bélgica y Francia a principios de 2013).

2.3

Habitualmente se diferencian varios tipos de «obsolescencia programada» partiendo de la definición de obsolescencia como «la depreciación de un material o equipo antes de que se produzca su desgaste material» (diccionario: Le Petit Larousse) hasta el punto que se deprecia y caduca por razones independientes de su desgaste físico, aunque vinculadas al progreso técnico, a la evolución de los comportamientos, a la moda, etc.

2.4

Cabe distinguir varias formas de obsolescencia:

2.5

Aún no se han alcanzado un consenso definitivo al respecto. Este abanico de matices en cuanto a las definiciones demuestra hasta qué punto es necesario definir el concepto en su conjunto y adoptar medidas diferenciadas en función de los factores objetivos (técnicos) y de los factores subjetivos (influencia de la moda, comercialización de nuevos productos) de la obsolescencia. Puede haber productos cuyo carácter efímero represente una ventaja medioambiental. Por otra parte, la obsolescencia depende también del comportamiento de los consumidores.

2.6

El CESE considera aquilatado el enfoque que preconiza. No se trata de intentar alargar uniformemente la duración de vida de todos los productos, sino de razonar en función del uso de estos. De igual modo, se da preferencia a una orientación hacia la optimización de estos usos, teniendo en cuenta que tal optimización no implica prolongar ineluctablemente la duración de vida. El CESE desea contribuir a mejorar la percepción de la fiabilidad de los productos de las empresas europeas.

2.7

Las razones por las cuales la Unión Europea tiene que abordar la cuestión de la obsolescencia programada son múltiples y de carácter medioambiental, social, sanitario y cultural, aunque también económico. Se han de tener en cuenta también otros aspectos más intangibles, pero igualmente importantes, a saber los simbólicos y éticos.

2.8

Desde el punto de vista medioambiental, actualmente, nuestro consumo anual de materias primas es de aproximadamente 60000 millones de toneladas, lo que equivale a cerca de un 50 % más de recursos naturales que hace 30 años. Así, cada europeo consume 43 kilos de recursos al día, frente a diez kilos por africano. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) considera, basándose en los niveles conocidos en 1999, «que con una tasa de crecimiento anual de su producción primaria del 2 %, las reservas de cobre, plomo, níquel, plata, estaño y cinc no durarían más de 30 años, y las de aluminio y hierro entre 60 y 80 años. Por otra parte, cada año se generan en Europa (datos de 2012) diez millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), volumen que podría alcanzar los doce millones en 2020. Junto con las políticas de reciclaje e innovación, las políticas de recuperación consagradas por la nueva Directiva que entró en vigor el 13 de agosto de 2012 deben fomentarse paralelamente a la lucha contra la obsolescencia programada.

2.9

Desde el punto de vista social, la obsolescencia programada plantea tres tipos de problemas. En primer lugar, en un contexto de crisis, las lógicas derivadas de la obsolescencia programada de los bienes de consumo se integran en la dinámica de compra a crédito y en tasas de endeudamiento nunca alcanzadas hasta ahora. Las personas que más sufren por la obsolescencia son las que pertenecen a categorías sociales desfavorecidas que no pueden pagar más por productos sostenibles y se contentan, a menudo, con productos de baja gama más frágiles. A continuación, el nivel de empleo de las empresas de reparación puede sufrir las consecuencias negativas de la obsolescencia programada. Los datos que contiene el informe de la ADEME de 2007) (1) confirman esta tendencia: solo se repara el 44 % de los aparatos que se averían. En cuanto a los aparatos que ya no están bajo garantía, los distribuidores estiman que el 20 % de las intervenciones dan lugar a una reparación. El estudio de la ADEME de 2010 demuestra también una disminución significativa de la actividad de reparación en Francia entre 2006 y 2009, especialmente marcada en el caso de los electrodomésticos. El sector de las empresas de reparación presenta la ventaja de no poder deslocalizarse y de ofrecer mayoritariamente empleos estables.

2.10

Las consecuencias en materia de salud pública no son desdeñables y son de dos tipos, a saber: directas, ya que la incineración incide en las poblaciones aledañas dada la toxicidad de los componentes electrónicos y tiene, por otra parte, un alcance internacional. En efecto, la falta de infraestructuras que permitan tratar los residuos informáticos es tal que muchos productos inservibles se exportan ilegalmente a regiones del mundo en las que los vertidos se hacen a un coste inferior, pero con múltiples consecuencias para la población local (por ejemplo, en Ghana, dónde se extrae de los residuos chatarra que se envía Dubai o a China). Muchos de estos residuos se envían a países del Sur en dónde plantean problemas de salud medioambiental).

2.11

Otras consecuencias son de carácter cultural. Según determinados estudios, la duración de vida media de los electrodomésticos es de seis a ocho años, mientras que hace veinte años oscilaba entre diez y doce años. Los consumidores pueden plantearse legítimamente interrogantes sobre la reducción de la vida útil de los productos pese a que por todas partes se ensalza la innovación. La confianza de los ciudadanos europeos en su industria se construye a largo plazo y se ve socavada por la obsolescencia. Ahora que casi todas las encuestas de opinión indican un distanciamiento máximo entre los europeos y su industria, es evidente que la constatación por los consumidores de averías prematuras o de la imposibilidad de efectuar una reparación no puede ayudar a que se reconcilien con la empresa de que se trate. Ello contribuye a explicar que el 92 % de los europeos (2) soliciten un etiquetado sobre la duración de vida (o el número de utilizaciones) de los productos. La competitividad de las empresas europeas requiere también recuperar la confianza de los consumidores en las empresas.

2.12

Por último, las consecuencias son igualmente económicas. La gran mayoría de las empresas puestas en entredicho pertenecen al sector de la alta tecnología, cuyos productos se importan con frecuencia en Europa. Al abordar esta cuestión, la Unión Europea brinda a estas empresas una ocasión para diferenciarse mediante la práctica efectiva de la sostenibilidad.

2.13

El Comité Económico y Social Europeo no olvida otros aspectos más inmateriales pero igualmente importantes. Desde el punto de visto simbólico, aunque el conjunto de nuestros trabajos desarrollados en el espíritu de Río+20 se caracteriza por la importancia que otorgamos al desarrollo sostenible, reconocemos que la obsolescencia programada debe abordarse, por definición, como una faceta del desarrollo sostenible en el sentido que lo promovemos. En cuanto al lugar que reservamos a la ética en nuestras sociedades, nos resulta difícil aceptar que se encomiende a determinados ingenieros la tarea de poner a punto productos caracterizados por un envejecimiento acelerado o que publicistas lancen campañas para incitar a los consumidores a comprar productos aun sabiendo que no aumentarán su nivel de satisfacción.

6.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 67/27

1.1

La cerveza es una bebida que ha sido consumida por la población de toda Europa desde hace miles de años. Aunque en Europa, con diferentes tipos de cerveza y hábitos de consumo, la cultura de la cerveza varía considerablemente según los países, desempeña un papel importante en todos los países de la Unión Europea y forma parte integrante de la cultura, el patrimonio y la alimentación. El Comité Económico y Social Europeo subraya la constante evolución de este sector, así como su capacidad de adaptación y de resiliencia, incluso en la difícil coyuntura actual. Observa que el sector se ajusta a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en los diferentes ámbitos prioritarios de empleo, sostenibilidad, innovación, educación e inclusión social.

1.2

El Comité Económico y Social Europeo llama la atención de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo y los Estados miembros sobre las políticas clave que deberían tomarse seriamente en consideración para que el sector cervecero europeo pueda realizar plenamente su potencial de crecimiento. En particular, el CESE desea que los responsables de la toma de decisiones:

1.3

El Comité Económico y Social Europeo anima también a los Estados miembros y a los entes regionales y local a tomar medidas para:

1.4

En opinión del Comité Económico y Social Europeo, las empresas cerveceras deben:

2.1

La Unión Europea es uno de los principales territorios productores de cerveza del mundo. El volumen de producción en 2011 alcanzó más de 380 millones de hectolitros (1), elaborados en aproximadamente 4 000 fábricas de cerveza repartidas por toda Europa. Sus productos se distribuyen en todo el mundo. En términos de volumen, la UE es un actor clave, puesto que proporciona más de una cuarta parte de la producción mundial, solo superada recientemente por China, y por delante de Estados Unidos, Rusia, Brasil y México (2).

2.2

La industria cervecera es un sector muy heterogéneo en cuanto a su estructura. La integran principalmente pequeñas y medianas empresas que van desde microempresas a fábricas de ámbito local, regional o nacional, así como cuatro grandes empresas cerveceras establecidas en Europa que son líderes mundiales en su ámbito (3). El incremento de nuevas pequeñas empresas y microempresas cerveceras durante la última década es un signo notable del potencial innovador del sector y un triunfo para el objetivo de la sostenibilidad.

2.3

La cadena de abastecimiento vinculada al sector cervecero abarca operadores locales, pero también empresas líderes mundiales en fabricación de cerveza, proveedores de servicios y fabricantes de equipos técnicos. Los centros de fabricación en Europa también difunden sus conocimientos en todo el mundo. Acontecimientos como el Congreso de la Convención Cervecera Europea (European Brewery Convention) o las diversas conferencias sobre la cerveza atraen a visitantes de todo el mundo.

2.4

La cerveza es un producto agrícola transformado esencial, cuyo valor en exportaciones representa más de 2 000 millones de euros (4). Está incluida también en la política de calidad de los productos agrícolas de la UE (5) a través de sus regímenes específicos de DOP/IGP (6), que proporcionan más de 2 300 millones en valor de ventas con 23 indicaciones geográficas (7). Sin embargo, la diversidad geográfica de las cervezas de estos regímenes es limitada, ya que se reparten en menos de un tercio de los países de la UE.

2.5

Los componentes principales de la cerveza son de origen natural e incluyen agua, cereales, lúpulo y levadura. El agua, que representa por término medio cerca de un 92 % de la cerveza, es la materia prima más importante utilizada por el sector cervecero. Por lo tanto, la protección de las aguas subterráneas es un aspecto de suma importancia. Dada la necesidad de cereales (como cebada y trigo, además de otros tipos), que son la fuente esencial de almidón para la cerveza, la relación con la comunidad agrícola es indispensable para cerveceros y malteros.

2.6

La Unión Europea ocupa también el principal puesto en el mercado mundial de lúpulo, que se produce en catorce Estados miembros de la UE (8), a los que corresponde aproximadamente una tercera parte de la superficie mundial de cultivo de lúpulo (9), siendo el sector cervecero el cliente principal de los cultivadores de lúpulo en Europa. La competencia entre los productores de lúpulo, al igual que el trato diferenciado en las políticas agrícolas vigentes entre los Estados miembros de la UE, ha de replantearse si se quiere evitar que dé lugar a distorsiones del mercado, que a largo plazo podrían ser perjudiciales para los productores de cerveza.

2.7

La dependencia que sufren los productores de cerveza del sector agrícola para sus materias primas en estos últimos años ha provocado que el sector haya tenido que hacer frente a la subida de los precios de materias primas agrícolas necesarias para la producción de cerveza, debido a unas cosechas de calidad variable y a la volatilidad de los precios. En la medida de lo posible, y siempre que sea necesario, la relación entre los proveedores de materias primas y los productores de cerveza debe estar guiada por un enfoque sostenible y a largo plazo.

2.8

El total de las ventas de cerveza en 2010 ascendió a 106 000 millones de euros, IVA incluido, lo que representa el 0,42 % del PIB de la UE. Se calcula que más del 63 % de la producción de cerveza se adquiere en los supermercados y otros establecimientos de venta al por menor (el sector de consumo «no hostelero»). El restante 37 % se consume en el sector de la hostelería (por ejemplo, en bares y restaurantes: el sector de consumo «hostelero»).

3.1

En los últimos quince años el mercado europeo de la cerveza ha sido objeto de diferentes avances: progreso técnico, inversiones, fusiones, creación de nuevas empresas y hábitos de consumo. El fuerte descenso del consumo desde 2007 está teniendo una repercusión directa en la actividad de las empresas cerveceras. Después de años de expansión en la Unión Europea, la producción de cerveza acusó un fuerte descenso en 2011, pasando de 420 a 377 millones de hectolitros. No obstante, en los próximos años se espera una recuperación y un crecimiento potencial si la coyuntura económica y normativa se vuelve más favorable.

3.2

La crisis económica y el descenso del consumo han dado lugar a una reestructuración del sector en Europa, gracias a la consolidación de las actividades en el continente y a la inversión de grandes grupos internacionales y nacionales fuera de la UE. Al mismo tiempo, el número de fábricas de cerveza de menor tamaño ha aumentado en todos los países, ampliando la diversidad de la oferta al consumidor y confirmando el espíritu empresarial de las empresas cerveceras en consonancia con el Plan de Acción sobre Emprendimiento 2020 (10). Constituye además una evolución favorable en la perspectiva de la sostenibilidad, ya que ha generado repercusiones positivas con respecto al turismo regional al igual que ciclos a menudo más reducidos de producción y consumo, lo cual es beneficioso para el medio ambiente.

3.3

La coyuntura económica también ha dado lugar a que se consuma mayor cantidad de cerveza en casa, en lugar de en bares o restaurantes, lo que ha dado como resultado una reducción de puestos de trabajo, un menor valor añadido y menos ingresos públicos generados por cada litro de cerveza consumida en la UE (11). La mayor presión de los precios en el sector minorista también ha influido en esta tendencia.

3.4

El número creciente de empresas de elaboración de cerveza y la innovación de los productos también ha entrañado la aparición de nuevos productos, lo que redunda en beneficio de los consumidores, de la sociedad y del medio ambiente. La diversificación hacia cervezas de poco grado alcohólico y cervezas sin alcohol, que se ha traducido en un alza de las ventas, ha generado nuevas posibilidades para las empresas cerveceras, independientemente de su tamaño. Por otra parte, la disponibilidad de cervezas biológicas aumenta de forma regular.

3.5

El sector de la producción de cerveza proporciona beneficios sustanciales a los gobiernos nacionales en términos presupuestarios. Gracias a la producción y venta de cerveza, los gobiernos perciben sustanciales ingresos procedentes de los impuestos especiales, el IVA, los impuestos sobre la renta y las cotizaciones a la seguridad social abonadas por los trabajadores y sus empleadores en el sector cervecero, así como en otros sectores afines cuyos puestos de trabajo pueden atribuirse indirectamente a la actividad del sector del consumo de cerveza. En 2010, estos ingresos ascendieron aproximadamente a 50,6 millones de euros (12).

3.6

La resiliencia del sector cervecero ante las dificultades económicas actuales ha sufrido un revés debido a la creciente presión fiscal, principalmente de impuestos especiales, pero también de los tipos del IVA, en particular en el sector de la hostelería. Esos incrementos han agravado la difícil situación económica de las empresas cerveceras, en particular, en países como Hungría, Finlandia, Francia, Países Bajos y Reino Unido (13). El valor añadido total atribuido a la producción y venta de cerveza en la UE disminuyó en un 10 % en el período 2008-2010 y la recaudación fiscal total del sector cervecero de la UE descendió 3 400 millones de euros (14).

3.7

El sistema de impuestos especiales establecido a nivel nacional y de la UE debería reconocer las características únicas de la cerveza, en particular su grado alcohólico generalmente bajo, la contribución local del proceso de elaboración de cerveza y del sector de la producción de cerveza a la sociedad, a la creación de empleo y a la economía en general. Para ello, la cerveza, en tanto que bebida fermentada, debería disfrutar de unas condiciones de competencia equitativas, y, por lo tanto, el tipo mínimo (cero euros) aplicable al vino y otras bebidas fermentadas debería incluirse también en la legislación sobre impuestos especiales de la UE para la cerveza (15).

3.8

Una política en materia de impuestos especiales equilibrada a nivel nacional y un mejor uso de los mecanismos de cooperación existentes en la administración fiscal podrían servir para evitar el comercio influido por la fiscalidad y otras prácticas perjudiciales conexas, ayudando así a preservar la competitividad del sector cervecero, especialmente en las zonas fronterizas.

3.9

Dada la importancia del sector hostelero en la venta de cerveza (16), la política fiscal puede desempeñar también un papel generador de crecimiento en los sectores cervecero y hostelero y generar un impacto positivo sobre el empleo a nivel local.

3.10

Pese a las condiciones adversas, la industria cervecera sigue siendo resiliente y competitiva. Los cerveceros locales siguen manteniendo sus propios mercados más allá de las fronteras nacionales y de la UE. Aunque la mayor parte de la producción de cerveza en Europa se comercializa dentro del mercado único de la UE, las exportaciones a diferentes partes del mundo han aumentado constantemente desde el año 2000, con un crecimiento del 30 % desde 2007. Los mayores destinos de exportación son Estados Unidos, Canadá, Angola, China, Suiza, Taiwán, Rusia y Australia (17). Por otra parte, los fabricantes de cerveza europeos también son grandes inversores en todos los continentes y participan en diversas iniciativas de cooperación con los fabricantes y distribuidores locales.

3.11

No obstante, el potencial de la industria cervecera europea de mantener y ampliar su presencia en terceros países puede verse en peligro por las normativas locales, lo que constituye una barrera al comercio que obstaculiza las exportaciones de cerveza y las inversiones. Además de los aranceles aduaneros, estas barreras pueden adoptar la forma de medidas legislativas conexas, como la definición del producto (por ejemplo, en Rusia) o los procedimientos administrativos fiscales (por ejemplo, en Albania y Turquía). La Comisión Europea y los Estados miembros, en colaboración con el sector cervecero, tienen un papel fundamental que desempeñar para abordar esta y otras dificultades que surgen de vez en cuando en los mercados exteriores.

3.12

Así como la Unión Europea aplica un arancel aduanero de «cero euros» a la importación de cerveza en los diferentes acuerdos comerciales, varios países mantienen los derechos de aduana como medio de disuadir las importaciones de la competencia procedentes de Estados miembros de la UE. Las negociaciones en curso sobre acuerdos de libre comercio también tratan este aspecto, y los acuerdos más recientes (por ejemplo, entre la UE y Corea del Sur) prevén una reducción progresiva de los derechos de aduana, un planteamiento que debe ampliarse aún más.

3.13

La presencia potencial de marcas de cerveza europeas en los mercados exteriores se refuerza aún más mediante la promoción de eventos, como exposiciones y ferias, y los sistemas de consulta de la Comisión Europea en terceros países. La participación de las empresas cerveceras en las actividades respectivas sobre el terreno ha sido hasta ahora bastante baja debido al escaso conocimiento de los potenciales beneficios y a la insuficiente publicidad.

4.1

El sector cervecero va más allá de la producción de cerveza en sí. Abarca varias actividades, empezando por las materias primas agrícolas, que ocupan un lugar central en el proceso de elaboración, hasta los establecimientos de hostelería y el sector minorista. Las fábricas de cerveza en la Unión Europea proporcionan en su conjunto más de 128 800 empleos directos. Además, existen dos millones de puestos de trabajo que pueden atribuirse a la producción y venta de cerveza, lo que representa en torno al 1 % de todos los puestos de trabajo solo en la UE (18), con capacidades de empleo variables.

4.2

Los objetivos de la UE de lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador incluidos en la Estrategia Europa 2020 se reflejan en las características del sector cervecero. Las empresas cerveceras están presentes en todos los países europeos, sustentando más de dos millones de puestos de trabajo gracias a los elevados gastos en bienes y servicios y al volumen de negocios considerable creado en los sectores de la hostelería y sector de la venta al por menor. Más del 73 % de los puestos de trabajo creados por el sector cervecero pertenecen al área de la hostelería.

4.3

Dado que el sector de la hostelería también desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar el empleo y el crecimiento, no solo directamente en las empresas asociadas, sino indirectamente para amplios sectores de la economía europea, es esencial adoptar medidas para desarrollarlo, con vistas al empleo, especialmente entre los jóvenes y los trabajadores no cualificados, sin recurrir al trabajo precario y a la práctica de los bajos salarios.

4.4

Tal variedad excepcional permite combinar patrimonio, cultura y modernidad, y ofrece diversas posibilidades de utilización de mano de obra en las fábricas de cerveza y en su entorno. Además del trabajo que proporciona la cadena de abastecimiento y suministro, el potencial gastronómico y turístico debe desarrollarse más a fin de aumentar el empleo a través de las propias actividades de los cerveceros, así como de regímenes de financiación nacionales y de la UE.

4.5

El sector ha sufrido los efectos de la situación económica mundial con una disminución del empleo directo del 9 % entre 2008 y 2010, debido a la reducción del consumo. A pesar de la disminución del consumo debido a la difícil coyuntura económica en Europa, el número total de fábricas de cerveza (incluidas las microempresas) en Europa era más elevado en 2010 (3 638) que en 2008 (3 071 fábricas de cerveza), y está cifra está en constante aumento, por lo que ofrece un mayor potencial de creación de empleo. Este potencial no debería verse amenazado por medidas fiscales restrictivas de las ventas o perjudiciales, y debería mejorarse a través de la formación profesional, e incluso de formación de nivel superior, con el fin de generar empleos de más calidad en el sector.

5.1

La industria cervecera en Europa debe responder a diversos objetivos relacionados con la eficiencia energética, la reducción de emisiones de CO2 y el uso de los recursos como parte de su compromiso con la sostenibilidad. Las inversiones realizadas en los últimos años han dado lugar a un uso más reducido de recursos naturales, una menor producción de residuos y una reutilización regular de materiales secundarios del proceso de elaboración de la cerveza.

5.2

Los fabricantes de cerveza han demostrado su compromiso con el medio ambiente tomando medidas e invirtiendo, lo que ha dado como resultado una reducción del consumo energético y las emisiones de CO2, una menor producción de aguas residuales y cambios en los envases. El sector cervecero también ha elaborado directrices sobre las mejores técnicas disponibles (MTD), que ponen de relieve el papel de la gestión sostenible y pueden servir como referencia para todos los compromisos en favor de objetivos medioambientales. El uso de las evaluaciones del ciclo de vida como método de autoanálisis debería fomentarse para abarcar el espectro más amplio posible de la industria cervecera, teniendo en cuenta a la vez las limitaciones a este respecto de las pequeñas empresas cerveceras de carácter familiar debido a su menor capacidad.

5.3

Entre 2008 y 2010 el sector cervecero prosiguió sus esfuerzos a pesar del deterioro de la situación comercial, y los resultados apuntan a una reducción del consumo de agua del 4,5 % y un uso energético reducido del 3,8 % por hectolitro de cerveza. Se calcula que las emisiones de CO2 se redujeron también en un 7,1 % (19).

5.4

La calidad del agua y su uso son factores importantes del proceso de elaboración de cerveza. Por lo tanto, la correcta gestión del agua por parte de los proveedores y los fabricantes de cerveza es indispensable para garantizar la sostenibilidad de la producción de cerveza. En este contexto, deberían tomarse las precauciones debidas para garantizar que las exploraciones de gas de esquisto no contaminen las aguas subterráneas que abastecen a los consumidores, incluidos los usuarios industriales. En el sector de la producción de cerveza en concreto, el CESE señala que los cerveceros de los Países Bajos y Alemania siguen de cerca los acontecimientos en este campo con gran interés.

5.5

Hay otros productos valiosos (llamados productos secundarios) que se generan a partir de materias primas utilizadas en el proceso de elaboración de la cerveza. Son muy valorados como insumos para otros procesos industriales o como materias destinadas a usos finales específicos: por ejemplo, productos farmacéuticos, alimentos saludables, fuentes de energía renovables, aplicaciones industriales, alimentos para animales y productos agrícolas (20), cosméticos o productos para usos termales. Estas materias cumplen normas de calidad estrictas y se ajustan a una estricta legislación en materia de seguridad alimentaria, tanto para uso humano como animal. La importancia y el valor de estos productos secundarios ha llevado a las fábricas de cerveza a establecer desde hace tiempo acuerdos de suministro con los comerciantes y los usuarios finales.

6.1

A lo largo de los años, las empresas y asociaciones cerveceras de todos los países europeos han adoptado iniciativas destinadas a aumentar la sensibilización con respecto al consumo responsable, aumentar los conocimientos del consumidor, garantizar una publicidad y una mercadotecnia responsables, difundir mensajes de prevención y disuadir al consumidor de comportamientos irresponsables. Varias de esas iniciativas locales se han llevado a cabo en asociación y también han sido reconocidas por las autoridades nacionales como una aportación importante a la sociedad y se han adoptado a nivel europeo en el marco del Foro Europeo sobre Alcohol y Salud (21).

6.2

Basándose en estas actividades, los gobiernos, las empresas cerveceras, otros operadores económicos y los grupos de la sociedad civil deberían colaborar en campañas destinadas a fomentar un consumo de cerveza responsable, que pueda ser totalmente compatible con un estilo de vida adulto sano, así como para evitar el abuso del alcohol.

6.3

Debido al carácter local del mercado de la cerveza, los fabricantes europeos también están bien arraigados en sus comunidades locales y apoyan una amplia gama de actividades. El sector cervecero gasta más de 900 millones de euros al año en la Unión Europea en apoyo de la comunidad (22), a través de un amplio espectro de actividades a nivel local y regional.

6.4

Existe un fuerte compromiso de la industria y las partes interesadas en sentido amplio para apoyar la adopción de iniciativas de responsabilidad institucional y empresarial con el fin de luchar contra los efectos adversos del consumo nocivo. Este compromiso debería verse reconocido en un marco equilibrado en materia de comercialización y de comunicación comercial por parte de los fabricantes de cerveza (23).

6.5

Dado el importante papel que desempeña la cerveza en el ámbito de la cultura, el patrimonio y el consumo, debería considerarse la posibilidad de emprender una iniciativa de la UE para financiar la organización de cursos de formación especializada para los docentes de todos los niveles de enseñanza dedicados a los aspectos sanitarios, sociales y culturales del consumo de bebidas fermentadas.

7.1

El papel de la educación y la investigación es esencial para seguir manteniendo el compromiso del sector. Las actividades de educación e investigación se llevan a cabo a través de universidades, escuelas de elaboración de cerveza, institutos de tecnología alimentaria y a través de otras redes. La organización de foros de intercambio de conocimientos debe mantenerse a fin de que Europa siga siendo un centro de investigación destacado para los fabricantes de cerveza, sus socios, investigadores y otras personas interesadas.

7.2

La capacidad y el potencial de investigación deberían mejorarse, ya que los fabricantes de cerveza desempeñan un papel importante como socios industriales en diversos campos relacionados con las tecnologías de producción de alimentos y de cerveza, con el ámbito sanitario o con la eficiencia medioambiental. Una participación más activa en el Espacio Europeo de Investigación, en el marco de Horizonte 2020 y otras plataformas tecnológicas, reforzaría el potencial existente (24).

7.3

Respaldar los esfuerzos realizados por el sector cervecero para fomentar la excelencia con arreglo al más alto nivel científico en lo que respecta a las características de la cerveza, así como a sus efectos en la salud y el comportamiento, puede contribuir también a mejorar la información y la educación en este importante ámbito. Todas las partes activas en este sector deberían tomar en consideración reforzar su participación en los programas de cooperación y de financiación de la UE.

6.3.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 67/32

1.1

El CESE ha abordado la cuestión de la inmigración irregular en muchas ocasiones y desde distintos ángulos (1). El fenómeno de la inmigración irregular es muy complejo y multifacético, y requiere medidas a corto y a largo plazo. El presente dictamen se centrará en los siguientes aspectos:

1.2

En este contexto, el Comité expresa su profunda tristeza por la muerte de al menos 311 emigrantes africanos, y probablemente de muchos más, acaecida en las costas de Lampedusa en el reciente hundimiento de sus dos embarcaciones. Si bien no puede determinarse una única causa de esta tragedia, el Comité considera que estos incidentes son un síntoma del grave problema de la inmigración irregular por mar en la UE, y opina que existe un nexo causal entre estos dos sucesos y la aparente incapacidad de la UE para establecer una política satisfactoria y coherente sobre la inmigración irregular basada en la solidaridad, que incluya políticas en materia de búsqueda y rescate y desembarco. El Comité pide a la UE y a los Estados miembros que consideren estos hechos una llamada de atención para actuar sin tardanza sobre las recomendaciones formuladas en este dictamen antes de permitir que ocurra otra tragedia. Las tragedias de Lampedusa refuerzan la necesidad imperiosa de que la UE aborde la inmigración irregular y la vigilancia de fronteras como un asunto europeo.

1.3

Derechos humanos: El Comité observa con preocupación que en Europa crece la intolerancia, el racismo y la xenofobia contra los inmigrantes, contra «los diferentes», y expresa su temor de que los efectos sociales de la crisis financiera potencien estos fenómenos. Es preciso que los responsables políticos, los dirigentes sociales y los medios de comunicación actúen con una alta responsabilidad y con una gran pedagogía política y social para prevenir estas conductas. Los inmigrantes irregulares deben ser tratados en todo momento respetando plenamente los derechos humanos, en el momento de su salvamento o detención hasta que obtienen el estatuto de protección, cuando se encuentran en una situación irregular «sin papeles» o se produce su repatriación al país de origen.

1.4

Salvar vidas en el mar: Toda persona que se encuentre en situación de peligro en el mar o en situación de riesgo –esto incluye a los inmigrantes irregulares– debe ser rescatada.

1.5

Desembarco: La UE debe adoptar una política de desembarco que no aumente la carga existente para los Estados miembros que ya sufren una presión migratoria desproporcionada. La cuestión del desembarco debe regularse sobre la base del principio de desembarco en el lugar seguro más cercano, solo en la medida en que el país afectado se adhiera plenamente a todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos y sea objeto de control por parte de las organizaciones de derechos humanos.

1.6

Derecho y concesión de asilo: Se debe garantizar el principio de no devolución en la frontera y que todas las personas que necesiten de protección internacional puedan presentar su solicitud en la UE. Estas solicitudes deben ser tramitadas por las autoridades nacionales competentes. En este contexto, es necesario crear un sistema de examen de las solicitudes de asilo más eficiente. El CESE respalda la cooperación con los terceros países para que refuercen sus sistemas de asilo y el cumplimiento de las normas internacionales.

1.7

Repatriación de inmigrantes irregulares: La Directiva de Retorno (2) ofrece un marco Europeo de garantías jurídicas y procedimentales de protección (3), que el CESE valora, como por ejemplo el derecho efectivo a interponer un recurso contra decisiones de retorno ante un órgano jurisdiccional, una autoridad administrativa u otro órgano competente independiente; así como la asistencia jurídica y la representación legal gratuita, ciertas garantías a la espera de retorno y las condiciones de internamiento. El Comité propone que la política europea de retorno fomente el carácter voluntario y la más alta consideración hacia los valores humanitarios. De ello depende la legitimidad y credibilidad de la política de inmigración europea en el exterior. El artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales prohíbe expresamente las expulsiones colectivas y garantiza que nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes – el principio de no devolución (non-refoulement) (artículos 4 y 19 de la Carta).

1.8

Una política integrada europea en materia de inmigración irregular basada en la solidaridad: El CESE considera que, para garantizar el respeto de los derechos fundamentales, se debe mejorar la solidaridad de la UE con los Estados miembros, que, debido a su posición geográfica, tienen que atender a numerosas personas que llegan a través de procedimientos irregulares y que son víctimas de las redes de la delincuencia del tráfico ilegal y el contrabando. Las fronteras de la UE, incluidas las fronteras marítimas de los Estados miembros de la UE ribereños del Mediterráneo, son las fronteras de todos los Estados miembros de la UE, y como tales es responsabilidad de todos garantizar activamente su protección, de acuerdo con los Tratados. No es solamente una cuestión de solidaridad sino de que todos los Estados miembros de la UE asuman sus responsabilidades mediante mecanismos de reparto de la carga que entraña la inmigración irregular. Por consiguiente, es asimismo preciso mostrar solidaridad con y prestar apoyo a los Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la Unión mediante el desarrollo de mecanismos de reparto que posibiliten el reasentamiento de los solicitantes de asilo en la UE. El CESE apoya decididamente la aplicación de una Clave de Reparto de la UE, según se expone en el Informe del Parlamento Europeo sobre una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo (2012/2032 INI).

1.9

Acuerdos de cooperación con terceros países: Los Diálogos sobre Migración y Movilidad de la UE con los terceros países deben tener como objetivo principal facilitar que la migración se produzca de manera legal y ordenada, garantizar el derecho internacional de asilo, reducir la inmigración irregular y luchar contra las redes criminales de la trata de seres humanos. Muchas veces la cooperación con terceros países es esencial como condición previa para una gestión eficaz de los procedimientos de repatriación de los inmigrantes. Dicha cooperación debe reforzarse para lograr mejores resultados. Al mismo tiempo, debe prestarse asistencia a ciertos países de tránsito con el fin de que puedan gestionar mejor sus fronteras y también desarrollar la capacidad de otorgar protección a los que lo necesitan.

1.10

Agencia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex): Frontex debería seguir transformándose en una verdadera Agencia Europea de Fronteras Exteriores, con mayores responsabilidades para la coordinación de la acción conjunta de la UE en relación con las fronteras exteriores de los Estados miembros. A este respecto debería incidirse más en la idea de crear «equipos de agentes de la guardia de fronteras», tal como se señala en el Informe del Parlamento Europeo sobre Frontex (A7-0278/2011). Asimismo, su labor debe ampliarse para que la Agencia se dedique más activamente a la prevención. Está claro que, si se pretende que este organismo desempeñe un papel más eficaz, se necesitan más recursos, no menos. El despliegue de operaciones conjuntas coordinadas por la Agencia (y sus repercusiones sobre derechos fundamentales y garantías administrativas previstas en el Código de Fronteras) debe ser objeto de un control democrático por parte del Parlamento y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA).

1.11

EASO: La Oficina Europea de Apoyo al Asilo ha entrado en funciones recientemente. Por lo tanto, cabe esperar que asuma rápidamente sus cometidos con plena capacidad, especialmente en lo que respecta a su papel en la búsqueda de soluciones sostenibles y a su actuación proactiva en materia de solidaridad en la UE, en consonancia con las obligaciones expuestas en el Reglamento por el que se crea la Oficina. La Oficina deberá contar con capacidad para identificar de forma clara las diferencias que se producen en las prácticas de asilo de los Estados miembros, así como las diferencias legislativas, y proponer los cambios necesarios.

1.12

Prevenir y combatir el tráfico ilícito de personas: El CESE subraya también que hay que realizar todos los esfuerzos posibles para luchar enérgicamente contra la delincuencia organizada. No hay que escatimar recursos en la búsqueda y el enjuiciamiento de los «facilitadores» del tráfico de personas. En este sentido, es esencial que se solicite la ayuda de los gobiernos de terceros países.

1.13

Financiación: El CESE señala que la cuestión de controlar y gestionar los flujos migratorios en su conjunto es un asunto que incumbe a la UE, hecho que también debe reflejarse en la distribución de la carga financiera de los diferentes mecanismos que se necesitan para aplicar unas políticas efectivas. El Comité ha respaldado la propuesta de la Comisión para que el Fondo Asilo y Migración y el Fondo de Seguridad Interior se gestionen con más flexibilidad a partir de 2014.

2.1

La política común de inmigración debe adoptar un enfoque global que tenga en cuenta diversos aspectos como: la situación demográfica y de los mercados de trabajo; el respeto a los derechos humanos, la igualdad de trato y la no discriminación; la legislación de admisión de nuevos inmigrantes; la situación de los inmigrantes en situación irregular, la acogida y protección de los solicitantes de asilo; la lucha contra las redes criminales del tráfico ilegal de personas; la colaboración con los países terceros; la solidaridad europea; y la política social y la integración.

2.2

Durante los últimos años se han producido acontecimientos, declaraciones y decisiones políticas que el Comité observa con gran preocupación, pues una vieja y conocida enfermedad de los europeos se está extendiendo entre nosotros: la xenofobia y el nacionalismo excluyente. Las minorías y los inmigrantes son víctimas de descalificaciones, insultos y políticas agresivas y discriminatorias.

2.3

El tema de la inmigración irregular es especialmente grave y complejo, como se desprende de los cuadros que se incluyen en anexo al final de este documento; constituye un problema que atañe en su conjunto a la UE y así debe considerarse. Los inmigrantes irregulares que atraviesan las fronteras del Sur invariablemente buscan establecerse en otros países de la UE.

2.4

Como consecuencia de que en el espacio Schengen no existen las fronteras interiores, el problema de la inmigración irregular tiene repercusiones para Europa en su conjunto y debe afrontarse con una política europea común.

2.5

El Comité ha examinado la cuestión de la inmigración irregular en su totalidad y ha adoptado diversas posiciones al respecto en una serie de dictámenes que han sido aprobados por muy amplia mayoría.

2.6

Dichos dictámenes analizan las causas de la inmigración irregular en los países de la UE, a la vez que señalan la ausencia de una política integral de la UE en materia de migración irregular y la lentitud de los avances para que la UE disponga de una política común de inmigración y de asilo y una legislación que tenga un alto grado de armonización. También hacen referencia a las consecuencias del problema y proponen una serie de soluciones.

2.7

Miles de inmigrantes económicos irregulares entran en la UE cruzando fronteras marítimas, lo que implica que la cuestión de la inmigración irregular por mar, que según Frontex se centra principalmente en la zona euromediterránea, debe tratarse de modo separado.

2.8

El objetivo principal de este dictamen es examinar el fenómeno de la inmigración irregular por vía marítima, haciendo referencia también a algunas de las principales cuestiones relacionadas con el fenómeno de la inmigración irregular en general, con el fin de buscar soluciones integrales que conduzcan a una política de inmigración que sea efectiva, pero también humana y viable.

3.1.1

Los inmigrantes irregulares deben ser tratados en todo momento respetando plenamente los derechos humanos, desde el momento de su salvamento o detención hasta que obtienen el estatuto de protección o se produce su repatriación al país de origen. La inmigración irregular por vía marítima desemboca a menudo en la pérdida de vidas humanas. En este contexto, el CESE hace hincapié en la importancia de respetar en todo momento los derechos humanos fundamentales. El CESE ha propuesto que la Agencia de los Derechos Fundamentales vigile también las actuaciones de control de fronteras y las operaciones de Frontex. El Comité respalda las actividades del Foro consultivo de Frontex y pone de manifiesto su interés de colaboración.

3.2.1

Los Estados miembros y los buques privados están obligados a rescatar a toda persona que se halle en situación de peligro en el mar, lo cual incluye a quienes hayan asumido deliberadamente los riesgos de tales situaciones, ya sean inmigrantes o los que organizan las redes de tráfico ilegal y contrabando. En muchas ocasiones, las redes de delincuentes que llevan a cabo estas actividades de tráfico y contrabando con personas que son solicitantes de asilo o inmigrantes irregulares someten a estas personas a grandes riesgos. Las agencias y las ONG han informado que en el Mediterráneo todos los años mueren miles de personas en estas circunstancias, y en algunas ocasiones estas personas no han recibido la ayuda y el rescate de los buques que transitaban en las proximidades.

3.3.1

Cuando el rescate se produce en aguas internacionales en el Mediterráneo, en los últimos años se han producido algunas controversias jurídicas y políticas que han puesto en riesgo innecesario la vida de muchas personas. El CESE hace hincapié en que el problema del desembarco debe regularse sobre la base del desembarco en el lugar seguro más cercano, a condición de que el país afectado se adhiera plenamente a todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos y sea objeto de control por parte de las organizaciones de derechos humanos. En el caso de las misiones de Frontex, el Comité manifiesta su total desacuerdo con que los inmigrantes sean desembarcados siempre en el Estado miembro que acoja la misión de Frontex. Esta política da lugar, como poco, a dos problemas: (i) impone una presión migratoria aún mayor a los Estados miembros que ya soportan una fuerte presión, hasta el punto de que los Estados miembros que más necesitan la intervención de la Agencia no podrían hacerse cargo de acoger una misión de Frontex; (ii) también podría resultar perjudicial para las propias personas a las que se rescatase, en la medida en que se los conduciría hasta el Estado miembro que acogiera la misión de Frontex y no al lugar más adecuado en cada circunstancia (por lo general, el lugar seguro más cercano).

3.4.1

El CESE insta a que la UE siga dotándose de un sistema común de asilo que goce de un nivel elevado de armonización legislativa. El Reglamento de Dublín determina la responsabilidad de cada Estado miembro responsable de analizar las solicitudes de asilo. El Comité ya ha señalado que este sistema ocasiona numerosos problemas. Se debería preguntar al solicitante sobre el Estado miembro que desea que estudie su solicitud. El Comité propuso en el Dictamen sobre el Libro Verde (4) que «el solicitante de asilo tenga libertad para elegir el país al que dirige su solicitud y que, en esta perspectiva, se anime a los Estados miembros a aplicar la cláusula humanitaria prevista en el artículo 15.1 del Reglamento».

3.4.2

En el terreno de la cooperación entre Estados miembros se han puesto en marcha un conjunto de actividades que se realizan en el marco de Eurasil, un grupo de expertos nacionales que preside la Comisión. También se ha establecido un instrumento de solidaridad financiera, con la creación del Fondo Europeo para los Refugiados. A partir del año 2014, el Fondo de Inmigración y Asilo tendrá mayores recursos y también mayor flexibilidad para situaciones de emergencia.

3.4.3

Las demandas de protección de los solicitantes de asilo deben examinarse en el marco de la legislación europea en materia de asilo y de concesión de protección internacional. Aquellos que realmente necesitan protección deben recibirla.

3.4.4

El CESE reitera que el trato y las garantías que deben recibir los solicitantes de asilo en la frontera han de ser idénticos a los que reciben quienes presentan su solicitud en el territorio del Estado miembro.

3.4.5

El Comité solicita un mayor compromiso de la UE en la lucha contra las redes criminales que trafican con seres humanos, pero considera que algunas políticas de lucha contra la inmigración irregular están generando una grave crisis del asilo en Europa. El CESE ha propuesto en diversos dictámenes (5) que la lucha contra la inmigración ilegal no debe suponer nuevas dificultades para el asilo, y que los funcionarios encargados del control de las fronteras tengan una adecuada formación para garantizar el derecho de asilo.

3.4.6

El CESE respalda las propuestas realizadas por el ACNUR para la creación de equipos de expertos en materia de asilo que asistan en todas las operaciones de control de fronteras que se realizan en la UE.

3.4.7

Es muy importante tener en cuenta que más de miles de las personas que entran en la UE no solicitan asilo porque son inmigrantes económicos, y el motivo principal de su entrada en la UE es continuar hacia otros países de Europa antes que permanecer en el país por el que entran.

3.4.8

Las Asociaciones de Movilidad no deben implicar que los países socios asuman el coste íntegro de los procedimientos de asilo de las personas que transiten por su territorio. La UE debe dar muestras de su colaboración a través del Fondo de Asilo. Este fondo ayudará a crear mecanismos e infraestructuras que permitan un examen rápido y una toma de decisiones en plazos razonables en el marco de las garantías del derecho internacional.

3.4.9

El CESE insta a que la UE siga dotándose de un sistema común de asilo que goce de un nivel elevado de armonización legislativa. El examen de las solicitudes de asilo debe hacerse no solo en los países de entrada, sino también en los demás Estados miembros. Se debería preguntar al solicitante sobre el Estado miembro que desea que estudie su solicitud. El Comité propuso en el Dictamen sobre el Libro Verde (6) que «el solicitante de asilo tenga libertad para elegir el país al que dirige su solicitud y que, en esta perspectiva, se anime a los Estados miembros a aplicar la cláusula humanitaria prevista en el artículo 15.1 del Reglamento, reduciendo así el tiempo de espera para la revisión de las solicitudes y aligerando la carga burocrática a los países de entrada. El CESE es favorable a que la UE colabore con terceros países para que mejoren sus sistemas de asilo y los hagan conformes con las normas internacionales. En la dimensión exterior del asilo se ha avanzado en campos como el de la ayuda a terceros países con fuertes cargas de refugiados (cabe destacar los Programas de Protección Regional que se están implementando) o el de la reinstalación de refugiados en el territorio de la UE.

3.5.1

La repatriación de los inmigrantes que han entrado en la UE de forma irregular debe gestionarse con sumo cuidado. En este sentido, los acuerdos de retorno con terceros países son cruciales para garantizar que los derechos de los inmigrantes repatriados se respetan plenamente.

3.5.2

Por lo que respecta a los procedimientos de retorno, es necesario que las Asociaciones de Movilidad se planteen recurrir prioritariamente al retorno voluntario, acompañado de sistemas de apoyo (7). En caso de que se pongan en marcha procedimientos de retorno forzoso, hay que garantizar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas implicadas y tener en cuenta las recomendaciones del Consejo de Europa (8).

3.5.3

El Comité reclama mayor transparencia sobre los centros de internamiento dentro y fuera de la UE, que el ACNUR sea informado de la situación de las personas internadas, y que estas puedan ser asistidas adecuadamente por las ONG. El CESE considera que las mujeres embarazadas y los menores deben ser objeto de una protección especial, y deben ser recluidas en centros adecuados, con el apoyo financiero de la UE.

3.6.1

El CESE señala que el problema es de escala europea y no solo de los países mediterráneos; dada la existencia del Acuerdo de Schengen, la inmigración en la zona del Mediterráneo debe afrontarse en el marco de un esfuerzo común europeo. No es solamente una cuestión de solidaridad mutua, sino de que todos los Estados miembros de la UE asuman sus responsabilidades, adoptando una política europea común que sea propuesta por la Comisión y aprobada por el Consejo y el Parlamento.

3.6.2

Las fronteras de la UE, incluidas las fronteras marítimas de los Estados miembros de la UE ribereños del Mediterráneo, son las fronteras del conjunto de los Estados miembros de la UE, y como tales es responsabilidad de todos garantizar activamente su protección.

3.6.3

A este respecto, todos los Estados miembros deben colaborar y participar en: (i) la asignación de recursos requeridos para el control eficaz de las fronteras y las operaciones de rescate en el mar; (ii) el examen de las solicitudes de asilo, en el marco de sus responsabilidades; (iii) en situaciones extraordinarias, en la aplicación de los procedimientos de repatriación y expulsión; (iv) el realojamiento dentro de la UE de los inmigrantes procedentes de los pequeños Estados miembros mediterráneos; (v) la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de personas.

3.6.4

El realojamiento debe realizarse sobre la base de un sistema establecido de modo permanente. En este contexto, la Comisión debería presentar una propuesta legislativa para que se establezca un mecanismo de realojamiento permanente y efectivo en el seno de la UE, basado en una Clave de Reparto de la UE para la reubicación de los solicitantes de asilo, tal como se expone en el Informe del Parlamento Europeo sobre una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo (2012/2032 INI). Para garantizar el funcionamiento óptimo de este mecanismo, la propuesta legislativa debería tener en cuenta asimismo la experiencia práctica adquirida con el proyecto piloto Eurema para Malta (9).

3.7.1

La UE debe desplegar toda su influencia política y económica, especialmente ante los países que reciben ayudas financieras sustanciales, para que dichos países se comprometan a colaborar en cuestiones referentes a la inmigración. El Comité considera que las AM deben incluir los cuatro pilares del Enfoque Global: Facilitar y organizar la migración legal y la movilidad; prevenir y reducir la migración irregular y la trata de seres humanos; promover la protección internacional y potenciar la dimensión exterior de la política de asilo; y maximizar la repercusión en el desarrollo de la migración y la movilidad.

3.7.2

La solución de este problema debe ir más allá de las medidas policiales y basarse en medidas preventivas, que los terceros países deben tomar haciendo hincapié en desarrollar programas de cooperación en apoyo de la agricultura, la ganadería, las pymes, etc. La UE debe demostrar que tiene poder político para trabajar conjuntamente con los países con los que se supone que está cooperando y que reciben financiación considerable a cooperar en materia de seguridad, delincuencia organizada e inmigración irregular. El CESE saluda el reciente acuerdo con el Reino de Marruecos y la bienvenida a la iniciativa de establecer Asociaciones de Movilidad entre la UE y Túnez, Egipto y Libia. Sería necesario, sin embargo, llevar a cabo una evaluación independiente sobre la eficacia e impacto de las Asociaciones de Movilidad que están actualmente en funcionamiento. El CESE apoya la iniciativa de la Comisión de asegurar que las Asociaciones de Movilidad tengan un mecanismo eficiente de evaluación. Por otro lado, las Asociaciones de Movilidad, que son declaraciones políticas conjuntas legalmente no vinculantes para los Estados participantes, deberían transformase en acuerdos internacionales. El Comité considera que la UE y los Estados miembros deben suscribir nuevos acuerdos con otros países de la región. Debido a la especial relación de la UE con Turquía, las cuestiones migratorias deben ser reforzadas entre ambas partes, especialmente en lo relativo a la lucha contra las redes criminales.

3.7.3

Para garantizar un buen funcionamiento de los procedimientos administrativos y judiciales, también es sumamente importante que la UE solicite a los países de los que son nacionales los inmigrantes irregulares que procuren los documentos de viaje con prontitud.

3.7.4

Esta cuestión debe abordarse también en el marco del Diálogo Euromediterráneo, ya que un número considerable de las personas que entran irregularmente en la UE lo hacen a través de terceros países ribereños del Mediterráneo.

3.7.5

Debe prestarse asistencia a ciertos países de tránsito con el fin de que puedan gestionar mejor sus fronteras, establecer estructuras de asilo y desarrollar también la capacidad de otorgar por sí mismos protección a los que lo necesitan.

3.8.1

Frontex debería seguir transformándose en una verdadera Agencia Europea de Fronteras Exteriores, con mayores responsabilidades de coordinación y competencias en materia de prevención. Con esta finalidad, ha de ser reforzada con los medios financieros adecuados que le permitan prestar la asistencia requerida a los Estados miembros que están intentando hacer frente a los flujos de inmigración. Al mismo tiempo, deberá reforzarse el número de trabajadores en plantilla (especialmente policías de fronteras), así como los medios humanos y electrónicos de vigilancia y registro. A este respecto debería incidirse más en la idea de crear «equipos de agentes de la guardia de fronteras», tal como se señala en el Informe del Parlamento Europeo sobre Frontex (A7-0278/2011). Asimismo, debería empezar a considerarse seriamente el uso de las nuevas capacidades de que dispone Frontex (como la adquisición de equipos).

3.8.2

Debe reforzarse la red europea de patrullas EPN (European Patrols Network), que se encarga de la seguridad de las fronteras regionales, posibilitando la coordinación de los recursos nacionales y las intervenciones europeas, y reforzando la cooperación a nivel nacional y europeo.

3.9.1

La Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) deberá contar con capacidad para identificar de forma clara las diferencias que se producen en las prácticas de asilo de los Estados miembros, así como las diferencias legislativas, y proponer los cambios necesarios. Ha de tener también competencia para elaborar directrices comunes sobre la interpretación y aplicación de los distintos aspectos procesales y sustanciales del acervo de la UE en materia de asilo tal como proponía la Comisión en el Libro Verde.

3.9.2

Esta Oficina podría convertirse en un importante centro de intercambio de buenas prácticas, así como de desarrollo de actividades formativas sobre asilo, en especial para la guarda de fronteras. También podrá ser un centro de seguimiento y análisis de resultados de las nuevas medidas que la UE vaya desarrollando en materia de asilo. Igualmente, puede ser el lugar desde el que se establezcan y gestionen los equipos comunes de expertos en asilo.

3.9.3

La EASO deberá hacer un trabajo en red, colaborar con Eurasil y mantener estrechos vínculos con el ACNUR y con las ONG especializadas.

3.9.4

La Oficina ha entrado en funciones recientemente. Cabe esperar que asuma sin demora sus cometidos con plena capacidad, especialmente en lo que respecta a su papel en la búsqueda de soluciones sostenibles y en garantizar el reparto de la carga entre los Estados miembros, como se describe en el Reglamento por el que se crea la Oficina. Al mismo tiempo, debe mantener una actitud proactiva sobre la solidaridad en la UE, en consonancia con las obligaciones descritas en dicho Reglamento.

3.10.1

La inmigración irregular por mar es peligrosa y pone en peligro vidas humanas. Miles de personas han perdido la vida cruzando el Mediterráneo en embarcaciones no aptas para la navegación por mar. Estas peligrosas travesías son organizadas por redes criminales que hacinan a cientos de personas –entre ellas, mujeres y niños– sin la infraestructura ni los suministros adecuados (ni siquiera salvavidas), en embarcaciones que en su gran mayoría no están en condiciones de navegar. La Resolución adoptada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (Resolución 1872/2012), titulada «Vidas perdidas en el Mediterráneo: ¿Quién es el responsable?», describe de manera muy detallada el papel de los traficantes de personas en la organización de travesías peligrosas en el Mediterráneo, y debe tenerse en cuenta para comprender la gravedad del asunto.

3.10.2

Es preciso que los Estados miembros establezcan procedimientos y sanciones penales muy graves para los traficantes de seres humanos, con penas que lleven incluso a la cadena perpetua. Las personas explotadas por los traficantes deben tener siempre la consideración de víctimas inocentes.

3.10.3

El tráfico ilícito de personas incita a la criminalidad, ya que las redes de tráfico ilegal son las responsables de la organización de estos viajes y exigen una cuota per cápita, a menudo de forma violenta e inhumana. El CESE subraya que la UE debería colaborar con los países de origen y de tránsito con el fin de desmantelar los circuitos criminales implicados. Subraya asimismo que la UE debe intervenir con la mayor contundencia para evitar que las redes de tráfico ilícito actúen y pongan en peligro las vidas humanas.

3.10.4

La UE deberá considerar la posibilidad de alcanzar acuerdos con terceros países para el establecimiento de centros de acogida de inmigrantes, así como proporcionar apoyo financiero para la creación y el funcionamiento de estos centros. Los centros que se creen en dichos países podrían funcionar en conjunción con otros lugares de acogida para la identificación y la asistencia. La OIM, el ACNUR, la Agencia de Derechos Fundamentales y las ONG especializadas deberán seguir de cerca el funcionamiento de estos centros.

3.10.5

Asimismo, la UE debe emprender campañas de información en las que se disuada a los potenciales inmigrantes irregulares de entrar ilegalmente en la UE informándoles de los peligros y las dificultades que entraña la inmigración ilegal. Es preciso hacer que los potenciales inmigrantes irregulares sean conscientes de las dificultades que tendrán para encontrar empleo en Europa si entran indocumentados.

3.10.6

En los países de salida es preciso prestar apoyo, tanto moral como económico, a las organizaciones cuya labor reside en informar a la opinión pública de dichos países sobre las cuestiones mencionadas, con el fin de disuadir a los potenciales inmigrantes de emprender viajes peligrosos.

3.10.7

El CESE llama asimismo la atención sobre la necesidad de abordar las causas profundas del problema, que tienen que ver con el nivel de vida en los países de origen. En este sentido, es necesario poner en marcha programas específicos. Este tema debe ser íntegramente objeto de debate en el contexto de la Conferencia Euromediterránea.

3.11.1

Es preciso garantizar la financiación tanto para prevenir como para contener la inmigración irregular. Con respecto a la planificación de los centros de detención, debe hacerse una distinción entre los inmigrantes ilegales y los inmigrantes que solicitan asilo. Asimismo, se debe dar alojamiento a los menores y grupos vulnerables en centros separados, tal como ya se prevé, en un plazo de quince días. El coste diario de un inmigrante irregular, de acuerdo con un estudio italiano facilitado por Frontex, es de 48 euros por término medio. Teniendo en cuenta que, según datos de Frontex (10), cada año llegan unos 100 000 inmigrantes, multiplicando este número por 365 días, el coste total asciende a 1 752 millones por cada año que pasa.

3.11.2

El CESE saluda los esfuerzos de la Comisión Europea para simplificar los instrumentos financieros mediante la creación de dos Fondos, uno sobre Asilo y Migración (11), y el otro sobre Seguridad Interior (12), que están acompañados por un reglamento horizontal, con un conjunto de normas comunes sobre programación, información, gestión financiera, control y evaluación (13). El CESE apoya la propuesta de la Comisión de establecer un importe básico y otro de naturaleza variable o flexible a la hora de distribuir los recursos financieros entre los Estados miembros. En cuanto al importe flexible, el CESE considera esencial que cada Estado miembro elabore su programa anual vinculado con las prioridades de la UE e incluyendo la cooperación con otros Estados miembros. El Comité respalda que, a partir del año 2014, el Fondo de Inmigración y Asilo tenga mayores recursos, y también mayor flexibilidad, para situaciones de emergencia.

3.11.3

Con los cambios previstos se superarán los problemas actuales, pues los programas de la UE para la gestión de la inmigración y la creación de centros de detención son de carácter anual. También son de base anual su financiación y sus medidas. Sin embargo, resulta casi imposible finalizar las instalaciones de acogida y alojamiento partiendo de una periodicidad anual. Por esta razón, es imperativo que estos programas se organicen sobre una base más flexible.

3.11.4

Con respecto a los terceros países que constituyen etapas intermedias entre el destino final y el país de salida inicial, debe garantizarse también allí la financiación necesaria para la creación de los correspondientes centros de acogida y residencia.

Teniendo en cuenta el ejemplo económico anterior, hay que garantizar asimismo, con cargo al presupuesto de la UE, la financiación y el refuerzo de los medios de vigilancia y disuasión (barcos patrulla, guardacostas, helicópteros) y hay que velar por que Frontex y EASO cuenten con unos presupuestos anuales adecuados a fin de poder ejercer sus funciones con plena capacidad. Debe garantizarse también la financiación a los países de entrada para luchar eficazmente contra las redes criminales implicadas y proporcionar unas condiciones adecuadas a los inmigrantes que llegan.

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25.4.2002, sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a un método abierto de coordinación de la política comunitaria en materia de inmigración» (ponente: Sr. Pariza Castaños), DO C 221 de 17.9.2002;

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29.1.2004, sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea una Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores» (ponente general: Sr. Pariza Castaños), DO C 108 de 30.4.2004;

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27.10.2004, sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión no 2002/463/CE por la que se adopta un programa de acción relativo a la cooperación administrativa en los ámbitos de las fronteras exteriores, visados, asilo e inmigración (programa ARGO)» (ponente: Sr. Pariza Castaños), DO C 120 de 20.5.2005, y

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12.3.2008, sobre el «Libro verde sobre el futuro sistema europeo común de asilo» (ponente: Sra. Le Nouail-Marlière), DO C 204 de 9.8.2008.